ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOWT/WGTCP/W/183
19 de abril de 2002
(02-2236)
Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de CompetenciaOriginal:  inglés
COMUNICACIÓN DEL CANADÁ
Se ha recibido de la Misión Permanente del Canadá la siguiente comunicación, de fecha 18 de
abril de 2002, con la solicitud de que se distribuya a los Miembros.
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Dos principios de la asistencia técnica en relación con la política de competencia
La mundialización y la liberalización de los mercados mundiales han impulsado un interés
internacional cada vez mayor por la política de competencia.  Esto se origina en parte en la mayor
orientación hacia el mercado que manifiestan los gobiernos en todo el mundo y el creciente
reconocimiento del papel fundamental que la competencia puede desempeñar en la eficiencia de losmercados.  Paralelamente se reconoce que la política de competencia puede contribuir al ajuste
estructural y ayudar a la economía a soportar y adaptarse a los cambios y presiones internacionales de
la economía.  La promoción de la legislación en materia de competencia no constituye un fin en sí
misma;  se realiza porque la rivalidad en la economía fomenta el mejor aprovechamiento de los
recursos limitados.  Con tal perspectiva, este documento señala en la asistencia técnica un aspecto que
hace de ella un proceso de política apto para abordar los fundamentos económicos básicos de la
política de competencia y para adaptar esta idea en la elaboración de nuevos sistemas de competenciaconvenientes para la economía de cada país.
En esta nota se establecen dos conceptos económicos amplios que tienen importancia para la
eficacia de cualquier legislación sobre la competencia y cualquier programa para su observancia, con
independencia del régimen jurídico concreto en que funcionen:
- el concepto de eficiencia económica;- la protección de la competencia y del proceso competitivo, y no de los competidores.
Lo ideal es que estos dos principios respalden las opciones iniciales que se adopten respecto
de la política de competencia y su desarrollo.  Con una perspectiva de política amplia, el objetivo
primordial de la asistencia técnica consiste en impulsar la elaboración y adopción de normas sobre la
competencia, válidas para toda la economía, que fomenten el bienestar y promuevan una base sólida
para el crecimiento y el desarrollo.  La flexibilidad y la adaptabilidad, apoyadas por una legislación yuna política de competencia convenientes, son características esenciales de una economía exitosa y
capaz de generar un desarrollo económico y social sostenido.  La política de competencia tiene un
importante aspecto social:  promueve una sociedad basada en los logros y los méritos.  Asegura que
los recursos y el capital humanos se aprovechen con la máxima eficiencia.  La legislación sobre la
competencia promueve los objetivos de desarrollo económico y social, abre paso a la inversión,
incluso de capacidad humana, y suministra incentivos eficaces para generar el crecimiento y el
desarrollo sostenido.WT/WGTCP/W/183
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Aunque la política de competencia está arraigando en diversos entornos sociales y
económicos, y en consecuencia comprende múltiples puntos de vista sobre cuestiones concretas,
también se afianza el reconocimiento de que la elaboración de un sistema eficaz de política de
competencia tiene que apoyarse en principios básicos.  Al elegir dos de esos principios para esta nota,procuramos no centrar el tema en las diferencias específicas que pueden existir entre diversos
regímenes de competencia.  El objetivo es presentar una breve introducción de dos conceptos que son
importantes para cualquier legislación en materia de competencia y cualquier programa para su
observancia independientemente de su grado de madurez y de las consideraciones legales, de régimen
jurídico o institucionales conforme a las cuales funcionen.
La protección de las transacciones mutuamente provechosas:  la función medular de la
eficiencia económica
La competencia obliga a las empresas a adquirir eficiencia y a ofrecer una mayor diversidad
de productos y servicios a precios competitivos.  En una economía de mercado competitiva, las
indicaciones de precios y de beneficios tienden a estar relativamente libres de distorsiones, y ello creaincentivos para que las empresas redistribuyan los recursos destinándolos a utilizaciones más
apreciadas conforme a las preferencias del consumidor.  El objetivo de la política de competencia es
promover la competencia eliminando o evitando aquellas limitaciones privadas que influyen
negativamente en el proceso competitivo.
En casi todos los países en que existe una legislación antimonopolio y una institución
encargada de su observancia, la política de competencia debe adoptarse reflexionando sobre los
beneficios que puede rendir un aprovechamiento menos dispendioso de los recursos humanos, físicos
y de capital.  El concepto de eficiencia económica tiene un significado económico bastante claro.  Se
refiere al ideal de asegurar la utilización de los recursos que los haga más productivos, generandoaquellos bienes y servicios que la sociedad más aprecia.  Respecto de cada transacción, la mejora de la
eficiencia se determina a menudo en relación con el  precio, la calidad, la producción, la innovación y,
en última instancia, el bienestar del consumidor.
El concepto de eficiencia económica apoya objetivos de desarrollo:  impulsa a cada
jurisdicción a destinar sus recursos al aprovechamiento más deseable desde el punto de vista social.
El objetivo de la eficiencia económica conduce a la distribución óptima de los recursos sobre la basede precios que correspondan adecuadamente a los costos.
Se reconoce que los mercados determinan la distribución de los ingresos y que, en
condiciones competitivas, el resultado habrá de basarse en parte en la productividad individual.  Los
regímenes de mercado libre promueven el crecimiento económico sostenido al facilitar la distribucióneficiente de la capacidad humana y de la inversión.  El crecimiento amplía las perspectivas
económicas y sociales en beneficio de todos los participantes.  Sin embargo, la alternancia
consiguiente entre los beneficiarios y los perjudicados por la competencia conduce a que la
legislación en la materia tenga en cuenta otros objetivos, que en la bibliografía se clasifican en general
como consideraciones de equidad:  por ejemplo, la protección de los pequeños minoristas, losconsumidores o determinados sectores profesionales.  Si, en cualquier jurisdicción, la política de
competencia ha de referirse en parte a problemas de equidad, será preciso que se forje un consenso
acerca de lo que representa el interés publico:  es decir, una fórmula que equilibre la eficiencia
económica con las consideraciones de equidad.
En uno de los extremos de ese debate se sitúa la idea de que la política de competencia no
tiene otro propósito que maximizar la riqueza y el crecimiento totales.  Este punto de vista deja poco
margen de justificación para criterios sociales y políticos como los de justicia y equidad.  El criterio
opuesto, desde luego, es que la política de competencia debe basarse también en ciertasWT/WGTCP/W/183
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consideraciones de equidad que correspondan a diversas preferencias sociales, que no deben
desconocerse según sostienen los que propugnan esta posición.  El espectro abarca diversas opiniones
sobre el peso relativo que debe asignarse a los distintos factores.
Las tentativas de tomar en consideración múltiples objetivos en la administración de la
política de competencia pueden dar origen a conflictos y a resultados contradictorios.  Por ejemplo, la
protección de las pequeñas empresas y el mantenimiento del nivel de empleo en determinadas
circunstancias puede chocar con el objetivo de mejorar la eficiencia económica.  La protección puede
orientarse a los competidores y no a la competencia.  Esos objetivos múltiples no son fáciles de
cuantificar, y suelen dar lugar a transacciones.
Al mismo tiempo es preciso obrar con cautela para que los conceptos de justicia y equidad no
se utilicen con el fin de obtener una igualdad de resultados en el mercado o de respaldar el
proteccionismo.  Esto hace que el examen de la eficiencia deba permanecer siempre como objeto
central de la evaluación de la competencia.
La protección de la competencia y no de los competidores:  política industrial y rivalidades de
mercado
La política industrial se refiere a las medidas que puede adoptar un país para influir en la
combinación de sus actividades económicas de distintas ramas.  Los países adoptan una política
industrial porque tienen preferencias colectivas respecto de la composición de sus sectoresindustriales.
Cuando los mercados funcionan, todos los participantes prosperan.  Se acude a una política
industrial cuando se considera que los mercados han fallado.  Las funciones naturales de la política
industrial se vuelven entonces evidentes, según Caves, Frankel y Jones en World Trade and
Payments :  "corregir cualquier defecto de los mercados de factores que impida la igualación del
rendimiento de un factor entre las industrias, y corregir cualquier defecto del mercado de un producto
que lo haga utilizar un número insuficiente de factores (como en el caso de un monopolio) o un
número excesivo (limitación de la movilidad hacia el exterior)".
Los defensores de la política industrial invocan a menudo una distribución de los recursos por
ramas de actividad motivada por una combinación de factores:  la tentativa de rectificar fallas delmercado, la convicción de que el país debe tener presencia en determinado sector, o el deseo de
favorecer diversos intereses.  En consecuencia, en su sentido más amplio la política industrial se
refiere a toda la gama de medidas que los gobiernos utilizan para promover una estructura industrial
eficiente.  En un sentido más estrecho, la expresión se refiere a un subconjunto de medidas
económicas destinadas a otorgar ventajas especiales o asistencia a determinadas industrias oempresas.
Si se adopta el concepto más amplio, la propia política de competencia constituye un
elemento clave de una política industrial eficaz.  Fortalece los incentivos para la innovación
permanente y el mejoramiento sistemático de los productos y los procesos de producción.  Por otrolado, ciertas aplicaciones de la política industrial en sentido limitado, como los aranceles o la creación
de monopolios por disposiciones normativas, pueden ser antitéticas de los objetivos de eficiencia
económica.  En efecto, la bibliografía económica indi ca que en muchos casos esas medidas tienen por
efecto frustrar el funcionamiento de las fuerzas co mpetitivas, favoreciendo con ello los intereses de
determinados grupos de la sociedad.
Los economistas se han mostrado tradicionalmente escépticos sobre los efectos prácticos que
se logran escogiendo a empresas nacionales ejemplares y sobre lo que ello aporta a la obtención de
resultados económicos sostenidos.  Uno de los motivos de tal escepticismo se relaciona con la idea deWT/WGTCP/W/183
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la búsqueda de beneficios.  Está reconocido que, en la práctica, el apoyo gubernamental a
determinadas industrias sufre la influencia de las presiones que ejercen los interesados.  Debido a ello,
los objetivos legítimos relacionados con la eficiencia económica pueden quedar desplazados por el
proteccionismo y el mantenimiento injustificado de industrias ineficientes.
La política de competencia desempeña una doble función en relación con la política
industrial.  Por un lado contribuye directamente a una política industrial eficaz a través del
mantenimiento de la rivalidad entre las empresas.  Determinados aspectos específicos de la legislación
sobre la competencia, como el régimen aplicado a las mejoras de eficiencia y a las empresas conjuntas
de investigación y desarrollo, también pueden contribuir a la eficiencia del ajuste estructural.  Por otro
lado, la política de competencia tiene en las economías modernas la función fundamental de poner en
tela de juicio las medidas de política industrial que restringen la competencia sin un fundamentoválido relacionado con la eficiencia.
En términos generales, la legislación antimonopolio y su observancia no deberían caer en una
búsqueda de triunfadores ni en el respaldo de las perspectivas de empresas nacionales ejemplares.  La
política de competencia debe concentrarse en el mantenimiento del proceso competitivo y no enasegurar una posición privilegiada a los que la tienen ni en repartir el mercado entre un número
determinado de participantes.  Esto no significa, desde luego, desconocer que el principio enunciado
sufrirá adaptaciones y ajustes para responder a problemas y circunstancias particulares.
Todas las economías habrán de tropezar con problemas relacionados con fallas de mercado.
En esas circunstancias, la política de competencia debe desempeñar una función aún más decisiva y
acentuada:  impulsar un debate basado en la debida información acerca de las ventajas y los costos de
las respuestas de política industrial escogidas para resolver las fallas que se atribuyen al mercado.
Consecuencias para la asistencia técnica
La función medular de la eficiencia económica y la protección del proceso competitivo son
dos grandes principios en que se apoyan la política de competencia y las medidas tendientes a su
observancia.  Estos dos principios forman parte de las bases económicas de la política de
competencia.  Desde el punto de vista práctico, suministran a los responsables de la elaboración de la
política económica cierto grado de flexibilidad para responder a los cambios de las circunstancias
socioeconómicas y adaptarse a ellos.  A medida que los países van creando un marco para el análisisde la política de competencia, la legislación respectiva y su observancia, estos principios tendrán que
abordase y ajustarse a las condiciones particulares.  Las posibilidades de éxito en la preparación de
nuevas leyes o la elaboración de nuevas instituciones para imponer su observancia mejorarán
probablemente si tales iniciativas se apoyan en los principios económicos básicos de la política de
competencia y están fundadas en un estudio cuidadoso sobre la mejor forma de adaptar estosprincipios al contexto social y económico propio de cada país.
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