RESTRICTED  ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  WT/CTE/M/26 
30 de marzo de 2001 
 (01-1941) 
Comité de Comercio y Medio Ambiente  
  
INFORME SOBRE LA REUNIÓN CELEBRADA LOS DÍAS  
13 Y 14 DE FEBRERO DE 2001  
 
Nota de la Secretaría
 
  1. El Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) se reunió los días 13 y 14 de febrero 
de 2001 bajo la presidencia de la  Embajadora Yolanda Biké.  Se ad optó el orden del día propuesto en 
el documento WTO/AIR/1474. 
Calendario de reuniones
 
 2. El CCMA celebrará una sesión informativa c on los acuerdos multilaterales sobre medio 
ambiente (AMUMA) en su reunión de los dí as 27 y 28 de junio de 2001.  Se acordó
 invitar a las 
secretarías de la Convención sobre el Comercio Inte rnacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, el Protocolo de Montreal  relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono, el Convenio sobre la Diversidad Biológica,  la Convención Marco de  las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y las convenciones de l PNUMA relativas al consentimiento fundamentado 
previo y los contaminantes orgánicos persistentes.  La presidencia indicó que, habida cuenta del gran 
interés por esas sesiones, podría r esultar necesario prolongar en medio día la reunión de junio para 
disponer de tiempo suficientes para el debate. 
3. A la luz de los preparativos para la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, que se 
celebraría en Qatar, se acordó trasladar a los días 3 y 4 de octubre la reunión final del presente año. 
4. En el documento WT/CTE/INF/3 figura una lista  actualizada de los documentos distribuidos 
en el CCMA. 
Condición de observador para las organizaciones intergubernamentales  
 5. A la espera de que se examine en el Consej o General la cuestión de la condición de 
observador para las organizaciones intergubernamentales, se acordó
 aplazar el examen de las 
solicitudes de la OPEP, la Liga de Estados Árabes y la Organización del Golfo para el Asesoramiento 
Industrial. 
Punto 7 : La cuestión de la exportación de las mercan cías cuya venta está prohibida en el país 
de origen  
 6. El representante de Egipto
 dijo que la importancia de la Lista consolidada de las Naciones 
Unidas de productos cuyo consumo o venta han sido  prohibidos, retirados, sometidos a restricciones 
rigurosas o no aprobados por los gobiernos ("Lista consolidada"), que figura en el documento 
WT/CTE/W/161, reside en que abarca una amplia gama de productos farmacéuticos, agrícolas, 
industriales y de consumo, así como de medidas de  reglamentación de los gobiernos.  En anteriores 
reuniones Egipto había planteado la preocupación de los países en desarrollo, principalmente del 
África subsahariana, respecto de los jabones y cosm éticos que contenían me rcurio fabricados en 
Europa y comercializados en países en desarrollo .  El documento WT/CTE/W/161 mostraba que el 
mercurio y los cosméticos se clasificaban por separad o en la Lista de las Naciones Unidas.  La Lista WT/CTE/M/26 
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permitía a los países cotejar los productos en ella enumerados con las importaciones, y ayudaba a las 
autoridades nacionales a adoptar medidas que podían abarcar desde la revisión de las disposiciones, 
leyes y reglamentos sobre licencias hasta la aplic ación de nuevas leyes y reglamentos.  Todos los 
países interesados reconocían la im portancia de la Lista de las Naciones Unidas y de que se publicara 
anualmente.  Por consiguiente, Eg ipto exhortaba a la Secretaría de las Naciones Unidas a que 
preparara oportunamente la séptima edición de la Li sta, habida cuenta de su importancia para los 
países en desarrollo que recibían importaciones de me rcancías cuya venta estaba prohibida en el país 
de origen, que representaban un pelig ro para la vida humana y la salud pública.  Egipto era partidario 
de divulgar la Lista de las Naciones Unidas por Internet para facilitar el acceso a ella de los 
organismos reguladores.  El fomento de la capacida d y la asistencia técnica eran fundamentales para 
permitir a los países en desarrollo y a los países me nos adelantados abordar en mejores condiciones el 
problema de las mercancías cuya venta está prohibida en el país de origen.  Egipto celebraba que se 
hubieran distribuido en la OMC ejemplares de la List a de las Naciones Unidas y pidió a la Secretaría 
que se coordinara con las Naciones Unidas para dist ribuir las versiones primera a cuarta y la de 
próxima publicación. 
7. El representante de la India
 apoyó la declaración de Egipto.  Observó que la Lista de las 
Naciones Unidas no especificaba si los productos se e xportaban a pesar de restricciones aplicadas en 
el país de origen, lo que  constituía una laguna importante.  La Secretaría de las Naciones Unidas había 
advertido de que las decisiones adoptadas por algunos gobiernos sobre un determinado producto 
podían no ser representativas, en particular teniendo en  cuenta diferentes análisis de riesgo-beneficio.  
Por consiguiente, el que un producto resultara o no  nocivo dependería de las circunstancias de la 
sociedad de que se tratara.  Un país en desarro llo importador necesitaba conocer las condiciones de 
utilización interna del producto para poder llevar a ca bo un análisis independiente de riesgo-beneficio 
a la luz de sus circunstancias concretas.  En ap licación del principio de responsabilidad común pero 
diferenciada, los países desarrollados debían informar  al país importador de su análisis de riesgo-
beneficio y de las reglamentaciones que aplicaban a las exportaciones de mercancías cuya venta está 
prohibida en el país de origen. 
8. El representante de la Argentina  destacó la importancia de l documento WT/CTE/W/161 para 
el debate sobre las mercancías cuya venta está prohibi da en el país de origen , cuestión relacionada con 
la de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB ).  El Reino Unido había prohibido en 1988 la 
utilización de harina de huesos para la alimentaci ón del ganado, y en 19 96 la exportación de ese 
producto.  Por consiguiente, durante  ocho años había expor tado harina de huesos a todo el mundo.  La 
Organización Mundial de la Salud había señalado recientemente que era posible que esa práctica 
hubiera propagado la EEB a países hasta entonces libr es de riesgo.  Afortunadamente, no era ése el 
caso de la Argentina, que nunca había utilizado ha rina de huesos para la alimentación animal.  
El CCMA debía analizar ese caso de un producto que , prohibido en el país de origen, había sido 
exportado, con consecuencias de gran alcance.  La aportación de la OMC debía comprender un 
análisis de la cuestión y de lo que de bía hacerse para evitar su repetición.  
9. El representante del Canadá  señaló que consideraba engañosa la referencia en el 
documento WT/CTE/W/161 al Protocolo de Cartag ena sobre la seguridad biológica, pues podía 
inducir a la conclusión equivocada de que el Protocol o trataba de las sustancias peligrosas.  Varios de 
los AMUMA existentes se referían a los producto s considerados peligrosos a nivel nacional, por 
ejemplo, el consentimiento fundamentado previo es tipulado en el Convenio de Rotterdam para el 
comercio internacional de determin ados productos químicos peligrosos requería la enumeración de las 
sustancias prohibidas o cuya utilización estaba severamen te restringida.  El análisis de riesgos a nivel 
nacional e internacional había mostrado que esas sustan cias eran extremadamente dañinas, por lo que 
debía desalentarse su utilización.  Esas sustancias se habían incluido por consenso en la lista de 
consentimiento fundamentado previo.  El proy ecto de instrumento internacional jurídicamente 
vinculante sobre los contaminantes orgánicos persis tentes, el proyecto de Convenio de Estocolmo, 
trataba de las sustancias, los productos químicos i ndustriales y los plaguicidas a los que se atribuían 
efectos ambientales negativos.  Sin embargo, el caso  del Protocolo de Cartagena era diferente.  Los  WT/CTE/M/26 
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productos desarrollados mediante la biotecnología no se consideraban a priori  peligrosos para el 
medio ambiente;  se trataba de productos nuevos que, co mo tales, debían ser objeto de una evaluación 
de sus repercusiones ambientales.  No existía  presunción alguna de que los productos de la 
biotecnología fueran peligrosos.  En el Canadá esos productos estaban  sujetos a evaluación de riesgos, 
como todos los productos nuevos, con el fin de dete rminar si entrañaban riesgos para el medio 
ambiente. 
10. El representante de las Comunidades Europeas  consideraba útil que la Secretaría impulsara un 
conocimiento más amplio de la Lista de las N aciones Unidas, que podía difundirse también por 
Internet.  Las CE proponían que la Secretaría comunicara a las Naciones Unidas que el CCMA había 
examinado la Lista y consideraba que, por su utilidad, debía recibir mayor difusión.  Éste era un 
ejemplo de cómo podían los Miembros contribu ir a la coherencia entre las organizaciones 
intergubernamentales. 
11. La Presidenta  recordó la importancia de esa cuestión, en particular para los países en 
desarrollo y los países menos adelantados, y propus o que se invitara a la Secretaría de las 
Naciones Unidas a participar en la reunión que se cel ebraría los días 27 y 28 de junio de 2001 para 
que facilitara más información sobre la Lista cons olidada de las Naciones Unidas.  También señaló a 
la atención del Comité la celebración en Marruecos,  del 8 a 12 de enero de 2001, de la primera 
Conferencia Continental de África sobre la prevenci ón y la gestión ambientalmente adecuada de los 
desechos peligrosos, cuyo informe había distribui do a los miembros del CCMA la Secretaría del 
Convenio de Basilea.  Recordando el document o WT/CTE/W/141, presentado por Bangladesh, señaló 
que los Miembros debían seguir facilitando informaci ón sobre su experiencia nacional en materia de 
sustancias cuya venta está prohibida en el país de origen.  
12. El CCMA aprobó  la propuesta de que se invitara a su próxima reunión a la Secretaría de las 
Naciones Unidas. 
Punto 8 : Las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio  
 
13. El representante del Perú  presentó el documento WT/CTE/W/176, sobre la experiencia 
nacional de su país en materia de conocimientos tradicionales y acceso a los recursos genéticos.  Por 
su emplazamiento geográfico, el Perú era uno de los diez países con mayor diversidad biológica del 
mundo, conocidos también como "paí ses megadiversos" por su amplia  gama de ecosistemas, especies, 
recursos genéticos y culturas autóctonas con conocim ientos valiosos.  Con el fin de preservar esa 
riqueza de recursos genéticos, el Gobierno, los sec tores de producción y la sociedad civil habían 
realizado un esfuerzo conjunto para aplicar políticas en caminadas a mejorar la calidad de vida de la 
población peruana y utilizar en forma sostenible los grandes recursos genéticos.  La incorporación de 
consideraciones ambientales en el proceso de ela boración de decisiones a nivel nacional, regional e 
internacional empezaba por la promulgación de le gislación y la participación en los organismos 
internacionales.  El Perú había adoptado reciente mente un nuevo enfoque para  la adopción y el uso 
sostenible de la diversidad biológica, los recursos  genéticos y los conocimient os tradicionales, y había 
promovido el planteamiento de la cu estión a nivel mundial.  La Estrategia Nacional elaborada en 1994 
tenía por objetivos:  a) conservar la diversidad biológica de los ecosistemas esenciales, las especies, 
los genes y los procesos ecológicos de los que dependí a la supervivencia de las especies;  b) promover 
una participación justa y equitativa en los beneficios  derivados de la utilizac ión de la diversidad 
biológica;  c) promover la educación, el aumento de la capacidad en materia de recursos humanos e 
institucionales, el intercambio de información, la  investigación científica y la transferencia de 
tecnología;  y d) promover el desarrollo económico de l Perú sobre la base de la utilización sostenible 
de la diversidad biológica y de la participación del sector privado. 
14. En el documento WT/CTE/W/176 se enumeraban  los principales instrumentos jurídicos 
promulgados en el Perú en el decenio de 1990, que eran el Código del Medio Ambiente, la Estrategia WT/CTE/M/26 
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Nacional y la Ley sobre Conservación y Aprovechamie nto Sostenible de la Diversidad Biológica, la 
Ley de Áreas Nacionales Protegidas, y la propuest a de Régimen de Protección de los Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas y la Regulaci ón del Acceso a los Recursos Genéticos.  Respecto 
de esa última cuestión, el Perú había establecido un sistema sui generis  que reconocía el derecho de 
los pueblos indígenas a decidir cómo debían utili zarse sus conocimientos tradicionales, a través del 
consentimiento fundamentado previo.  Se había cr eado un fondo para los pueblos indígenas sobre la 
base de productos desarrollados a partir de conocimientos  tradicionales.  En el Reglamento de Acceso 
a los Recursos Genéticos se establecían diversos requisitos y se disponía la creación de un fondo para 
la conservación y el desarrollo de los recursos genéticos. 
15. En el documento del Perú también se hacía refe rencia a instrumentos regionales tales como el 
Régimen Común Andino de Acceso a los Recursos Ge néticos.  Eran importantes los esfuerzos en el 
plano internacional, como el Programa 21  y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que 
debían acompañarse de un marco internacional de re glamentación para dar efecto a los derechos de 
propiedad intelectual de las comunidades locales e indígenas y regular el acceso a los recursos 
genéticos.  El reconocimiento internacional de los conocimientos tradicionales daría a los poseedores 
de éstos la posibilidad jurídica de hacer valer su s derechos fuera de sus propios países, lo que 
entrañaría beneficios económicos.  También pe rmitiría reducir la apropiación indebida y la 
explotación no autorizada de conocimientos y propor cionaría alternativas a nivel internacional para 
tener en cuenta la protección de las nuevas obtenci ones vegetales prevista en el párrafo 3 b) del 
artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como  la obligación dimanante del CDB de respetar, 
preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales.  El Perú solicitó que el doc umento WT/CTE/W/176 se distribuyera en el Consejo 
de los ADPIC. 
16. El representante del Brasil
 presentó el documento de su país, WT/CTE/W/186, distribuido 
también en el Consejo de los ADPIC, sobre las cuestiones que planteaba el examen del párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.  En relación con las "cuestiones técnicas relacionadas 
con la protección mediante patentes prevista en el  párrafo 3 b) del artículo 27", el Brasil consideraba 
que el párrafo 3 b) del artículo 27 debía preservar la  flexibilidad de los Miembros para excluir de la 
patentabilidad las plantas y animales, pero consider aba necesaria una clarificación tendente a fijar una 
definición precisa de términos tales como "microorganismo" con el fin de determinar el alcance de la 
patentabilidad en el párrafo 3 b) del artículo 27,  pues ese término podía tene r diversos significados, 
según se utilizase en un contexto científico, jurídico o de mercado.  En lo referente a las "cuestiones 
técnicas relacionadas con la protección sui generis  de las obtenciones vegetales", el párrafo 3 b) del 
artículo 27 debía preservar también la flexibilidad de los Miembros para decidir los sistemas 
sui generis  más eficaces para la protección de las obtenciones vegetales.  Los instrumentos 
internacionales tales como el UPOV (1978 y 1991), la FAO y el CDB, al igual que los sistemas 
nacionales, constituían referencias ú tiles para los sistemas de protección sui generis  de las 
obtenciones vegetales. 
17. El Brasil otorgaba particular importancia a "la relación con la conservación y el uso sostenible 
del material genético".  Consideraba que el Acue rdo sobre los ADPIC y el CDB debían apoyarse 
mutuamente y garantizar el uso sostenible de los r ecursos genéticos.  Con el fin de evitar conflictos en 
la aplicación de ambos Acuerdos, el Brasil proponía que  se modificara el párrafo 3 b) del artículo 27 
para incluir las siguientes condiciones:  a) la especi ficación del origen del material genético;  b) los 
conocimientos tradicionales conexos  utilizados para obtener ese material;  c) pruebas de que se 
comparten los beneficios de forma justa y equitativ a;  y d) pruebas de consentimiento fundamentado 
previo del Gobierno o de la comunidad indígena para  la explotación del objeto de la patente.  Debería 
introducirse asimismo una nota interpretativa al párrafo  3 b) del artículo 27 para aclarar que estaban 
excluidos de la patentabilidad los descubrimient os de materiales presentes espontáneamente en la 
naturaleza.  WT/CTE/M/26 
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18. Respecto de "la relación con los conceptos de c onocimientos tradicional es y de derechos de 
los agricultores", el Brasil dijo que la protección de  los conocimientos tradicionales podía examinarse 
desde dos perspectivas complementarias.  Por una pa rte, la revisión del párrafo 3 b) del artículo 27 
debía garantizar que los conocimientos tradiciona les no se patentaran sin aplicar debidamente los 
principios de consentimiento fundamentado previo y participación justa y equitativa en los beneficios.  
Por otra parte, el Brasil estaba dispuesto a exam inar formas multilaterales adecuadas de proteger los 
conocimientos tradicionales.  Habida cuenta de  su relación con el desarrollo, la revisión del 
párrafo 3 b) del artículo 27 constitu ía una ocasión adecuada  para abordar los sistemas de protección 
sui generis .  Por consiguiente, era necesario que se establecieran sinergias entre el Consejo de 
l o s  A D P I C  y  o t r o s  f o r o s ,  c o m o  e l  C D B ,  l a  O M P I ,  l a  F A O  y  l a  U N C T A D .   E l  C C M A  d e b í a  
desempeñar un papel en los debates sobre los conocimientos tradicionales para garantizar la nitidez de 
las relaciones entre las disposiciones del Acuerd o sobre los ADPIC y del CDB.  En la reunión 
del CCMA celebrada los días 24 y 25 de octubre de 2000, varios Miembros habían indicado algunas 
incoherencias en la posición de otro s Miembros, que eran partidarios de  clarificar el párrafo 3 b) del 
artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de la relación entre éste y el CDB, pero se 
mostraban reacios a clarificar el contenido del artículo XX del Acuerdo General respecto de la 
relación entre la OMC y los AMUMA.  El Brasil señaló que esa posición era comprensible, habida cuenta de que el Acuerdo General trataba del come rcio de mercancías, mientras que el Acuerdo sobre 
los ADPIC se refería a los derechos de propiedad inte lectual.  Además, el párrafo 3 b) del artículo 27 
estaba en proceso de revisión, y podría ser nec esario modificarlo para clarificar determinadas 
disposiciones. 
19. El Brasil apreciaba la aportación del Perú, cuya  experiencia en materia de protección de la 
diversidad biológica y de los conocimientos tradicio nales constituía un modelo para otros países.  Era 
importante la participación en las actividades ec onómicas de todos los sectores de la sociedad, 
incluidas las comunidades locales.  Al promulgar la legislación propuesta, el Perú había tenido plenamente en cuenta el concepto de participación equitativa en los beneficios y la protección de los 
conocimientos tradicionales.  El Brasil tambié n estaba aplicando programas que conjugaran el 
fomento del desarrollo sostenible, la protección de los conocimientos tradicionales y la participación 
equitativa en los beneficios.  En junio de 2000 se había promulgado legislación tendente a regular el 
acceso a los recursos genéticos, la protección de lo s conocimientos tradiciona les conexos y el acceso a 
ellos, la participación en los beneficios, y el acceso a la tecnología y su transferencia.  Era importante 
que otros países expusieran también sus experiencias nacionales. 
20. El observador de la Organización Mundi al de la Propiedad Intelectual
 hizo una declaración, 
distribuida con la signatura WT/CTE/W/182-IP/C /W/242, sobre las actividades de la OMPI en 
materia de propiedad intelectual, diversidad bi ológica y conocimientos tradicionales y el nuevo 
Comité Intergubernamental de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folklore, cuya pr imera reunión se había celebrado del 30 de abril al 
3 de mayo. 
21. El representante de Tailandia  encomió la comunicación del Perú, que mostraba los esfuerzos 
de ese país por aplicar una estrategia nacional para la protección de los recurs os genéticos teniendo en 
cuenta factores socioeconó micos y ambientales.  Ese enfoque sistemático constituía un ejemplo para 
los países que, como muchos países en desarrollo , contaban con diversidad biológica y recursos 
genéticos.  Los esfuerzos del Pe rú demostraban que un sistema sui generis  resultaba eficaz y podía 
promover los derechos de propiedad intelectual y la  utilización sostenible de los recursos genéticos, 
así como proteger los conocimientos tradicionales y garantizar la participación equitativa en los 
beneficios.  Tailandia propugnaba un sistema arm onizado para la protección de los derechos de 
propiedad intelectual que fuera acorde con los objet ivos del CDB, y defendía el acceso equitativo a 
los recursos genéticos y la participación en los bene ficios, incluidos los derechos de los agricultores, 
según se reconocían en las negociaciones en curso en  el marco del Compromiso Internacional sobre 
Recursos Genéticos Vegetales.  Se garantizaría así que todas las partes interesa das participaran en los 
beneficios y que se utilizaran en form a sostenible los recursos genéticos. WT/CTE/M/26 
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22. En 1999, Tailandia había promulgado la Ley de Promoción y Protección de la Medicina 
Tradicional y la Ley de Protección de las Obtencio nes Vegetales, que guardaban conformidad con los 
sistemas internacionales de protección de las obtenciones vegetales y con los principios de participación equitativa en los beneficios y de prot ección de los derechos de los agricultores y de los 
conocimientos indígenas.  La nueva Constitución de Tailandia, pr omulgada en 1997, apoyaba el 
derecho de las comunidades tradicionales a conserva r sus costumbres, conocimientos, arte y cultura.  
Esas comunidades tenían también el derecho legal de participar en la gesti ón, la conservación y la 
explotación de los recursos naturales.  Mientras el Acuerdo sobre los ADPIC no reconociera el concepto de participación justa y equitativa en lo s beneficios para los poseedores de conocimientos 
tradicionales y recursos genéticos, el párrafo 3 b)  del artículo 27 no debía modificarse.  Los Estados 
seguirían así teniendo el derec ho soberano de proteger las nuevas obtenciones vegetales mediante 
patentes, sistemas sui generis  o una combinación de ambos métodos .  Para garantizar que todas las 
partes resultaran beneficiadas, Tailandia apoyaba el pá rrafo 3 b) del artículo 27 , que disponía que las 
nuevas obtenciones vegetales debían ser compatib les con la conservación de los conocimientos 
tradicionales, las innovaciones y las prácticas de  las comunidades indígenas y locales, según lo 
estipulado en el CDB, y los derechos de los ag ricultores, según lo estipulado en el Compromiso 
Internacional.  
23. El representante de las Comunidades Europeas
 dijo que éste era el punto sobre el que más 
vivo había sido el debate en los últimos tiempos, una cuestión interdisciplinaria en la que era evidente 
la necesidad de realizar progresos en la OMC.  En comió los documentos del Perú y del Brasil y señaló 
la importancia del amplio proceso legislativo del Perú.  Aclaró que las Comunidades estaban 
dispuestas a abordar todas las cuestiones relacionad as con los ADPIC que tuvieran interés para los 
países en desarrollo, incluidas las comprendidas en el examen de los ADPIC y cualesquiera otras que 
los Miembros desearan examinar en negociaciones amp lias.  Las CE tenían un interés vital en algunas 
cuestiones, en particular la de las indicaciones geográficas, que guardaban relación con la ordenación 
del medio ambiente.  Como el Brasil, percibía n una vinculación entre esa cuestión y los AMUMA  
Era positivo que se reconociera el vínculo entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB, y era 
conveniente analizar por qué algunos AMUMA tenían  efectos en el comercio y cómo conseguir que 
ese vínculo fuera positivo. 
24. Las CE convenían con el Brasil en que el hec ho de que muchos Miembros estuvieran apenas 
empezando a estudiar la necesidad de introduci r legislación nacional sobre conocimientos 
tradicionales no significaba que no fuera necesaria t odavía la adopción de medidas internacionales.  
La disponibilidad internacional de da tos sobre conocimientos tradiciona les era esencial, y constituía la 
esfera en que más eficaz en función de los costos  resultaría la adopción de medidas.  En algunos 
casos, como los del turmérico y el neem, tras otorgarse patentes se habían rescindido al plantearse un conflicto.  Esas patentes se habían otorgado porque las oficinas de patentes no disponían de datos 
sobre conocimientos tradicionales anteriores en ot ros países.  Aunque era deseable la adopción de 
medidas en el plano internacional, los países individuales eran libres de desarrollar sistemas de 
protección y establecer mecanismos apropiados.  Las CE apoyaban ese proceso, incluida la promulgación de legislación naciona l para controlar el acceso a los recursos genéticos.  Había que 
tener en cuenta las cuestiones de la proporcionalid ad y de las repercusiones internacionales de la 
legislación, sobre las que el CCMA tenía conocimie ntos.  Era importante que la legislación que se 
elaborara no resultara engorrosa.  Cabía recordar que  en el CDB se estipulaba que debía facilitarse el 
acceso en condiciones mutuamente acordadas.  Ello entr añaba el fin de la biopiratería, pero también el 
establecimiento de un equilibrio en la legislación entre la explotación sostenible de los conocimientos 
tradicionales y los recursos genéticos.  Por consi guiente, las condiciones propuestas por el Brasil para 
la concesión de patentes planteaban dificultades para  las CE.  Por ejemplo, resultaba difícil aportar 
pruebas de una división justa y equitativa de ac tivos o de consentimiento fundamentado previo 
cuando los países no contaban con un marco legi slativo que permitiera a las empresas y a los 
poseedores de conocimientos tradici onal o recursos genéticos certificar  esa situación.  Había llegado, 
pues, el momento de la adopción de medidas intern acionales, que debía incluirse en el programa de un 
amplio proceso de negociación.  WT/CTE/M/26 
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25. El representante de la India  dijo que esa cuestión era importante para su país.  Se refirió a la 
comunicación del CDB en que se pedía a la OMC que  reconociera las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo sobre los ADPIC.  Remitiéndose a anteri ores referencias a la coherencia entre las 
organizaciones internacionales, la India exhortó a los Miembros a que aceptaran la solicitud de la 
condición de observador en el Consejo de los ADPIC re cibida de la CDB, de la  que la mayoría de los 
Miembros de la OMC eran signatarios. 
26. La India encomió la legislación nacional del Perú sobre la diversidad biológica, que 
incorporaba el principio de participación justa y equitativa en los beneficios de la utilización de 
conocimientos tradicionales y r ecursos genéticos, así como el procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo.  Debía explorarse ulteriorment e la relación entre el Ac uerdo sobre los ADPIC y 
el CDB.  El reconocimiento internacional de lo s conocimientos tradicionales proporcionaría a los 
poseedores de éstos la posibilidad jurídica de hacer valer sus derechos fuera de su propio país o 
jurisdicción.  En la mayoría de los casos, los po seedores de conocimientos tradicionales no disponían 
de los medios necesarios para beneficiarse de ellos ni  para protegerlos contra la apropiación indebida.  
Los vínculos entre el comercio y el medio ambiente  que debían desarrollarse para armonizar el  CDB 
y el Acuerdo sobre los ADPIC consistían en:  i)  disponer el reconocimie nto internacional de los 
sistemas sui generis  establecidos a nivel nacional para el acceso a los recursos biológicos y a los 
conocimientos tradicionales y la participación en su s beneficios, incluida la condición de que en las 
solicitudes de patente constara el origen del materi al biológico o de los c onocimientos tradicionales 
utilizados en una invención;  y ii) facilitar a los países en desarrollo tecnologías y productos 
ambientalmente adecuados en las condiciones m ás equitativas y favorables dando operatividad a las 
disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC. 
27. En el Consejo de los ADPIC la India había apoyado el documento del Brasil, 
WT/CTE/W/186, que planteaba cuestiones important es para los países en desarrollo.  El Brasil 
observaba correctamente que el examen del párrafo 3 b) del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC 
planteaba varias cuestiones respecto de las ob ligaciones contraídas por los Miembros en otros 
acuerdos, como el CDB.  También era acertado plantear  la cuestión del vínculo entre el párrafo 3 b) 
del artículo 27 y las cuestiones de desarrollo, que debían estudiarse ulteriormente en el CCMA y el 
Consejo de los ADPIC.  La India convenía en que el párrafo 3 b) del artículo 27 debía preservar la 
flexibilidad de los Miembros para excluir de la patentabilidad las plantas y los animales, y en que 
debía introducirse una definición más precisa de términos tales como "microorganismos" para 
determinar el alcance de la patentabilidad en el párrafo 3 b) del artículo 27.  También estaba de 
acuerdo en que esa disposición contemplaba sistemas sui generis  de protección que permitieran a los 
países establecer los sistemas más adecuados a sus ne cesidades.  Convenía mant ener esa flexibilidad;  
no debía prejuzgarse lo que debía entenderse por sui generis  desde el punto de vista de su relación con 
el UPOV.  El Brasil tenía razón al referirse a la necesidad de aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB de manera que se apoyaran mutuamente.  Po r consiguiente, la India apoyaba la propuesta del 
Brasil de modificar el párrafo 3 b) del artículo 27 para incluir los siguientes requisitos:  i) la 
especificación del origen del material genético;  ii)  los conocimientos tradic ionales conexos utilizados 
para obtener ese material;  iii) pruebas de que se comp arten los beneficios de forma justa y equitativa;  
y iv) pruebas de que se cuenta con el consentimi ento fundamentado previo del Gobierno o de la 
comunidad indígena.  Era de esperar que los países  desarrollados respondieran a esas inquietudes.  La 
India consideraba que la OMPI había hecho una a portación útil a las deliberaciones.  Consideraría 
preocupante que se propusiera a la OMPI como único  foro para examinar las cuestiones relacionadas 
con la diversidad biológica y los conocimientos tr adicionales.  Puesto que esas cuestiones afectaban a 
aspectos importantes del Acuerdo sobre los ADPIC, ese examen debía llevarse a cabo ante todo en 
la OMC. 
28. El representante del Japón  encomió la comunicación del Perú, que constituía una aportación 
útil, en particular a la hora de examinar la forma en  que debía aplicarse el CDB.  La legislación que se 
proponía promulgar el Perú para la protección de  los conocimientos cole ctivos de los pueblos 
indígenas tenía tres objetivos principales:  a) ase gurar que tanto el Estado peruano como los pueblos WT/CTE/M/26 
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indígenas recibieran una compensación justa por el uso y la explotación comerc ial de esos recursos;  
b) promover la inversión privada nacional y extran jera, así como la investigación científica;  y 
c) evitar la explotación irracional de los recursos.  Sin embargo, el régimen del Perú planteaba algunas 
inquietudes para el Japón.  El Perú informaba de que se había creado un fondo para el desarrollo de 
los pueblos indígenas que recibiría el 0,5 por ciento  de las ventas resultantes de la comercialización de 
productos desarrollados sobre la base de conocimie ntos tradicionales.  Según la reglamentación 
propuesta, entre las condiciones mínimas para el acceso se contaba el compromiso de pagar a la 
autoridad nacional el 5 por ciento del valor de la transacción convenida entre el proveedor del recurso 
y el solicitante.  El Japón no consideraba pr ocedente que se obligara a los solicitantes a pagar 
derechos y se impusiera una  rígida norma de partic ipación en los beneficios  cuando los conocimientos 
tradicionales todavía no se habían definido con prec isión como derecho de propiedad intelectual.  
Convendría examinar ulteriormente esa cuestión. 
29. En el artículo 22 del CDB se estipulaba que las disposiciones de éste no debían afectar a los 
derechos y obligaciones de cualesquiera de las part es dimanantes de acuerdos existentes.  Si la 
legislación adoptada para aplicar el CDB era in compatible con otros acuerdos internacionales o 
dificultaba innecesariamente el acceso de otras pa rtes a los derechos de propiedad, era dudoso que 
pudiera beneficiar al país de que se tratara, y proba blemente no contribuiría a la conservación ni a la 
utilización sostenible de la diversidad biológica.  Debía examinarse constructivamente esa cuestión en 
el marco del CDB.  El Perú había expresado la opi nión de que para dar efecto a los principios del 
CDB se necesitaban un marco internacional de re glamentación y medidas de aplicación.  El Japón 
consideraba que debía prestarse atención a las deliberaciones de las organizaciones internacionales 
con conocimientos pertinentes.  En la OMPI se había creado el Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, C onocimientos Tradicionales y Folklore, cuyas 
deliberaciones comenzarían en mayo de 2001.  En  la FAO se estaba examin ando la compatibilidad 
con el CDB del Compromiso Internacional sobre Recursos Genéticos Vegetales.  En lo referente a la legislación del Perú, el Japón señaló que los bene ficios económicos derivados de los recursos 
genéticos variaban según las activid ades comerciales que se realizaran ;  por consiguiente, no convenía 
imponer normas uniformes para garan tizar una participación equilibrada  en los beneficios de los 
proveedores y de los usuarios de los recursos.  Era preferible abordar esa cuestión caso por caso 
atendiendo al principio de aprobación mutua.  La imposición de normas rígidas para la participación 
en los beneficios podría dificultar el acceso a los recursos genéticos. 
30. El representante de Noruega
 encomió las iniciativas del Perú para proteger la diversidad 
cultural y biológica del país.  Habida cuenta de la  gran importancia de la diversidad biológica del 
Perú, resultaba alentadora la información sobre la cooperación regional andina para la protección del 
medio ambiente y el desarrollo de los recursos  sostenibles.  La OMPI también había hecho 
aportaciones a las deliberaciones del CCMA.  No ruega convenía con la India en que esas 
deliberaciones ponían de manifiesto la relación entr e la OMC y los AMUMA, y la pertinencia del 
examen de esa relación.  El examen concreto de ese punto demostraba las repercusiones que podía 
tener un AMUMA en un Acuerdo de la OMC, y viceversa , lo que contribuía a clarificar la relación 
entre la OMC y los AMUMA.  El Acuerdo sobre lo s ADPIC y el CDB debían apoyarse mutuamente.  
Al aplicar ambos acuerdos, los Miembros debían tener presentes los principios en que se sustentaban.  El párrafo 5 del artículo 16 del CDB obligaba a las Partes a velar por la compatibilidad entre el CDB 
y otros acuerdos, como el Acuerdo sobre los AD PIC.  El Acuerdo sobre los ADPIC contenía 
disposiciones sobre normas mínimas.  Aunque lo s ámbitos de aplicación del CDB y del Acuerdo 
sobre los ADPIC eran diferentes, la aplicación de  uno tenía repercusiones en el otro.  Ambos 
instrumentos debían interpretarse en forma lo suficientemente flexible para que los Miembros 
pudieran adoptar medidas no incompatibles entre sí para la aplicación de ambos.  La biotecnología era una de las esferas de investigación y desarrollo más prometedoras e importantes.  Un aspecto 
importante de esa nueva esfera era la patentabilid ad de plantas y animales, microorganismos y 
procesos microbiológicos.  Se planteaban cuestion es éticas, sociales y ambientales de importancia 
fundamental respecto del desarrollo sostenible, el acceso a los recursos y su transferencia, y la  WT/CTE/M/26 
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participación en los beneficios.  Noruega era con sciente de las preocupaciones de los países en 
desarrollo al respecto. 
31. El CDB estipulaba que los Estados tenían derec hos soberanos sobre sus recursos genéticos y 
podían exigir consentimiento fundamentado previo pa ra la transferencia de recursos.  El Acuerdo 
sobre los ADPIC no hacía del consentimiento fundament ado previo un requisito para la concesión de 
protección mediante patente;  no trataba esa cuesti ón.  Durante una nueva ronda de negociaciones de 
la OMC, Noruega apoyaría la intr oducción en el Acuerdo sobre los ADP IC de la obligación de revelar 
el origen de los recursos genéticos al solicitar una patente.  Noruega era par tidaria de la utilización de 
incentivos para el establecimiento de reglamen taciones nacionales que protegieran los derechos 
soberanos sobre los recursos internos.  Sin emba rgo, los países debían proporcionar flexibilidad 
suficiente para permitir el acceso a los recursos genéticos vegetales para la producción agrícola y 
alimentaria.  Las negociaciones en curso de la FA O deberían permitir el lib re intercambio de esos 
recursos para lograr la seguridad alimentaria.  Debía prestarse a los países en desarrollo que la 
solicitaran asistencia técnica para la elab oración de los instrumentos pertinentes. 
32. Los objetivos principales del CDB eran la c onservación de la diversidad biológica y el 
desarrollo sostenible.  Se suponía que los países  en desarrollo no otorgarían prioridad a la 
conservación ni al desarrollo  si eran empresas de países desarrollados las que patentaban sus recursos 
genéticos.  Para reducir las pr obabilidades de que se diera esa situación, debería promoverse una 
participación justa y equitativa en los resultados de las patentes.  Debían establecerse sistemas de 
participación en los beneficios que tuvieran en cuenta los intereses de los proveedores y de los 
usuarios de recursos genéticos.  La participación en los benefici os no se contemplaba explícitamente 
en el Acuerdo sobre los ADPIC.  Debía introducirse un sistema de participación en los beneficios en 
la legislación nacional de aplicación del CDB, que debía contener también una cláusula sobre el 
consentimiento fundamentado previo .  Los conocimientos tradicional es eran valiosos para los países 
en desarrollo.  Las patentes de recursos genéticos podían limitar la utilización de los materiales y los 
conocimientos en cuestión.  El Ac uerdo sobre los ADPIC no contenía ninguna disposición al respecto.  
Los Miembros tenían libertad para legislar, por ejempl o, sobre los derechos de los agricultores, con el 
fin de proteger los conocimientos tradicionales.  Noruega apoyaba la labor tendente a garantizar los 
derechos de los países en desarrollo en esa esfera.  En el Acuerdo sobre los ADPIC se contemplaban 
sistemas sui generis  para la protección de obtenciones vegetales.  Un sistema sui generis  nacional 
podía abarcar los derechos de los agricultores y los conocimientos tradicionales sobre plantas. 
33. El representante de Cuba  encomió las comunicaciones del Perú y del Brasil.  Cuba apoyaba la 
labor para la aplicación del Programa 21  y el CDB, así como el establecimiento de un régimen marco 
en esa esfera, según lo recomendado por la Reunión  de Expertos de la UNCTAD.  Apoyaba los 
procedimientos de consentimiento fundamentado pr evio, como los expuestos en el documento del 
Perú.  Hacía suyas asimismo las conclusiones cont enidas en los párrafos 42 a 48 del documento del 
Brasil, y era partidaria de otorgar al CDB condi ción de observador en el Consejo de los ADPIC. 
34. El representante de Chile  agradeció al Perú su comunicación.  Una de las características de 
los conocimientos tradicionales y de los recursos  genéticos era que no reconocían fronteras políticas y 
se desarrollaban en zonas que podían formar part e de más de un país.  Convendría que el Perú 
explicara cómo se preveía en su propuesta abor dar los posibles conflictos transfronterizos entre 
pueblos indígenas, cuál era el mecanismo de a dopción de decisiones de las comunidades indígenas 
para acceder a la explotación de un determinado r ecurso, cuál era la duración de la protección de los 
conocimientos tradicionales, y qué tipo de sistema tributario se proponía para la distribución de los 
beneficios derivados de regalías. 
35. El representante de Colombia  agradeció las contribuciones del Perú, el Brasil y la OMPI.  
Colombia era el segundo país con mayor diversid ad biológica, y, como el Perú, consideraba 
esenciales la protección de los conocimientos tradiciona les y el acceso a los recursos genéticos.  En la 
Comunidad Andina se habían promulgado leyes para  garantizar la protección de los conocimientos WT/CTE/M/26 
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tradicionales.  En relación con la aplicación del Programa 21  y del CDB, Colombia consideraba 
necesario establecer un marco institucional de reglam entación y adoptar medidas de aplicación con el 
fin de garantizar la protección de los conocimientos tradicionales. 
36. El representante de Guatemala
 encomió la comunicación del Perú y pidió que se distribuyeran 
las preguntas de Chile y las respuestas del Perú.  También consideraba muy positiva la comunicación 
del Brasil, sobre la que formularía observaciones más adelante.  Solicitó información sobre la 
asistencia técnica de la OMPI en esa esfera. 
37. El representante de Venezuela  encomió las aportaciones del Perú, el Brasil y la OMPI.  
También Venezuela había elaborado leyes para aplicar  la legislación andina en materia de protección 
de los conocimientos tradicionales,  y había encontrado dificultades de aplicación interna.  Destacó la 
importancia que tenía para los países en desarrollo  garantizar la protección de los conocimientos 
tradicionales y el derecho a regular el acceso a la  diversidad biológica.  La Comunidad Andina la 
reunía regularmente para el seguimiento de la ap licación y para garantizar que la legislación no 
constituyera un obstáculo al acceso a los recursos ge néticos.  Al adoptar medidas para la protección de 
esos recursos, los países debían actuar con flex ibilidad, teniendo en cuenta las dificultades que 
podrían surgir, por ejemplo con el sector privado, institutos de investigación y poblaciones indígenas, 
aunque sin menoscabo del derecho a lo s países andinos a proteger sus recursos genéticos.  Venezuela 
convenía con el Brasil en la necesidad de modificar el párrafo 3 b) del artículo 27 para tener en cuenta 
los conocimientos tradicionales y el acceso a los re cursos genéticos.  Se fe licitaba del reconocimiento 
por Noruega de la importancia de  los conocimientos tradicional es y de la necesidad de que las 
disposiciones internacionales fueran flexibles. 
38. El representante de los Estados Unidos  agradeció al Perú su informativa comunicación, que 
ayudaba a las delegaciones a entender la perspec tiva del Perú en materia de protección y utilización 
sostenible de la diversidad biológica, los recurs os genéticos y los conocimientos tradicionales.  
Convenía en que las deliberaciones sobre el Acuerdo s obre los ADPIC y  el CDB tuvieran lugar en el 
Consejo de los ADPIC, el órgano competente en materi a de derechos de propiedad intelectual.  A la 
luz de las preguntas formuladas por algunas delegaci ones sobre si las cuestiones no relacionadas con 
la propiedad intelectual planteadas en el contexto  del CDB eran pertinentes para los exámenes del 
Consejo de los ADPIC, los Estados Unidos acogían con satisfacción el establecimiento por la OMPI 
del Comité Intergubernamental sobre Propiedad In telectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folklore.  También consideraban  muy útil el documento de la OMPI, y eran 
partidarios de que las deliberaciones sustantivas sobr e las cuestiones originariamente planteadas en el 
contexto del CDB se llevaran a cabo en el Comité  Intergubernamental de la OMPI.  Agradecían 
asimismo el documento del Brasil, sobre el que fo rmularían observaciones posteriormente.  Indicaron 
su convencimiento de que, en la medida en que  estaban relacionados entre sí, el Acuerdo sobre 
los ADPIC y el CDB eran compatibles. 
39. El representante de Costa Rica  encomió las comunicaciones del Perú y el Brasil.  La 
experiencia del Perú era paralela a la de Costa Rica.  Costa Rica formularía observaciones sobre el 
documento del Brasil más adelante. 
40. El representante de Côte d'Ivoire agradeció al Perú y al Brasil sus comunicaciones, aunque 
todavía no estaban disponibles en francés.  En Cô te d'Ivoire las cuestiones relacionadas con los 
recursos naturales estaban íntimamente relacionadas con los conocimientos trad icionales.  Eran muy 
pertinentes las observaciones de la India sobre l as dificultades de los países en desarrollo para 
proteger los conocimientos tradicionales. 
41. El representante de Suiza  encomió las comunicaciones del Perú y el Brasil.  Suiza preguntó 
cómo se proponía el Perú aplicar el régimen propuest o para el acceso a los recursos genéticos y la 
protección de los conocimientos tradicionales.  Pidió asimismo al Perú que explicara los 
"componentes intangibles" del sistem a andino para el acceso a los recursos genéticos y cómo encajaba  WT/CTE/M/26 
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ese nuevo instrumento con el Acuerdo sobre los ADPIC.  Apreciaba la comunicación de la OMPI y acogía con satisfacción el establecimiento por la  OMPI de un Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocim ientos Tradicionales y Folklore.  Como no tenía 
sentido tratar por duplicado la cuestión de los c onocimientos tradicionales, Suiza proponía que no se 
abordara en la OMC, sino sólo en el Comité Intergubernamental de la OMPI. 
42. El representante de Kenya
 encomió las comunicaciones del Brasil, el Perú y la India, que 
apoyaban la propuesta del Grupo Africano en el Cons ejo de los ADPIC.  Convenía tener presentes los 
objetivos del CDB de conservación, utilización sosten ible y participación en los beneficios de los 
recursos genéticos en relación con el Acuerdo s obre los ADPIC.  En lo referente a la seguridad 
alimentaria, tanto el CDB como el Acuerdo sobre los ADPIC tenían que desempeñar un papel.  
Ambos acuerdos, además de servir como mecanismos de control, debían garantizar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos gené ticos.  Kenya esperaba con interés la labor de 
la UNCTAD y la OMPI. 
43. El representante de la India  expresó el agrado de su delegación por las observaciones de 
Noruega y su esperanza de que otros países d esarrollados mostraran una flexibilidad similar. 
44. El representante del Perú  agradeció a los Miembros sus observaciones y preguntas sobre el 
documento de su delegación.  Consideraba necesa rio mejorar los instrumentos jurídicos para la 
protección de los conocimientos tradicionales y el acc eso a los recursos genéticos.  La experiencia del 
Perú no era sólo nacional, sino también regional.   Como había señalado la CE, para proteger los 
conocimientos tradicionales era necesario disponer  de mejor información.  La propuesta legislativa 
del Perú contenida en los párrafos 15 a 18 del documento WT/CTE/W/176 se estaba examinando en 
el contexto interno.  El Perú había tomado not a de las inquietudes del Japón respecto del Fondo para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como de las de Chile sobre la resolución de las diferencias 
transfronterizas que pudieran surgir en relación co n los derechos de propiedad de las poblaciones 
indígenas, así como sobre la duración de la protecci ón propuesta.  Señaló que el sistema tributario 
propuesto era sui generis, y reconocía los derechos de propiedad  y derechos conexos de los pueblos 
indígenas sobre sus conocimientos tradicionales, así como su derecho a decidir cómo debían utilizarse 
esos conocimientos.  Ello se relaciona ba con un registro voluntario y con la posibilidad de licencias 
directas y contratos con poblaciones indígenas.  La Comunidad Andina estaba preparando una estrategia regional sobre diversidad  biológica que abordaría esa cuestión.   El Perú seguiría realizando 
consultas sobre la legislación propuesta a nivel nacional, regional e internacional. 
45. El representante del Brasil
 dijo que la OMPI debía desemp eñar un papel importante en el 
fomento del debate sobre la protección de los c onocimientos tradicionales y la relación entre 
propiedad intelectual, recursos genéticos y folklore .  Por consiguiente, había que congratularse por la 
creación del Comité Intergubernamental de la OMPI.  El Brasil participaría activamente en ese foro, 
en particular para impulsar la sinergia entre la OMC y la OMPI en esas esferas.  Convenía con la 
observación de la India de que la OMPI era un foro  adecuado para el examen de la cuestión de los 
conocimientos tradicionales, pero no el único  existente.  También la UNCTAD podía hacer 
aportaciones al debate.  La OMC se encontraba en el  centro del examen de esa cuestión, en particular 
en el contexto del examen del párrafo 3 b) del artículo 27, así como de las amplias deliberaciones 
del CCMA. 
46. El Brasil dijo que Noruega había mostrado una posición abierta en el CCMA y en el Consejo 
de los ADPIC.  Sería útil que Noruega distribuye ra en el CCMA el documento que había presentado 
en relación con el examen del párrafo 3 b) del artíc ulo 27 en el Consejo de los ADPIC.  La CE había 
formulado observaciones interesantes sobre la necesida d de adoptar medidas en el plano internacional 
sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.  Resultaba alentador el enfoque 
constructivo de la CE.  El Brasil no se oponía a la biotecnología, sino a la biopiratería.  Como país 
rico en recursos genéticos, estaba objetivamente interesado en alentar la biotecnología y obtener 
beneficios de ella.  De ahí la im portancia que otorgaba a la particip ación en los beneficios.  El Brasil WT/CTE/M/26 
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había indicado en el Consejo de los ADPIC que  un resultado del examen del párrafo 3 b) del 
artículo 27 debía ser la modificación de esa disposición para incluir en ella, por ejemplo, como condiciones para presentar una solicitud de patent e, la especificación del material genético en 
cuestión, conocimientos tradici onales conexos, pruebas de la existencia de mecanismos de 
participación en los beneficios, y consentimiento fundamentado previo.  El Brasil estaba de acuerdo 
con la CE en que la le gislación nacional no debía ser engorrosa, pero los requisitos que proponía no lo 
resultarían más que los actuales requisitos para la  solicitud de patentes.  Los requisitos propuestos 
constituían ya la práctica habitual de los cont ratos bilaterales entre empresas y comunidades 
tradicionales.  Esos requisitos debían incluirse en el párrafo 3 b) del artículo 27 para garantizar que 
pudieran aplicarse fácilmente y para establecer un entorno predecible para el acceso a los recursos 
genéticos y la protección de los conocimientos trad icionales.  Resultarían también importantes para 
promover la biotecnología en forma equilibrada y so stenible.  El Brasil no comprendía plenamente la 
inquietud del Japón respecto del requisito del Perú de  que los titulares de pate ntes pagaran derechos a 
las comunidades tradicionales peruanas.  El pago de  derechos a los titulares de patentes no era nada 
extraño, y las comunidades tradicionales debían beneficiarse del importante papel que desempeñaban 
al facilitar el acceso a su material genético. 
47. El observador de la OMPI
 dijo que su Organización contaba con un amplio programa de 
asistencia técnica, que abarcaba asi stencia, asesoramiento e informaci ón sobre propiedad intelectual y 
conocimientos tradicionales y recu rsos genéticos, incluido lo rel acionado con el párrafo 3 b) del 
artículo 27.  También proporcionaba asesoramiento jurí dico sobre la elaboración de leyes, incluidas 
leyes sobre propiedad intelectual para proteg er los conocimientos tradicionales, o leyes sui generis .  
La OMPI invitó a los gobiernos a que solicitaran asistencia al respecto. 
48. El observador de la UNCTAD  informó sobre la Reunión de Ex pertos de la UNCTAD sobre 
Sistemas y Experiencias Nacionales para la Protec ción de Conocimientos Tradicionales, Innovaciones 
y Prácticas, celebrada en Ginebra del 30 de octubre al 1º de noviembre de 2000, con la participación 
de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, comunidades indígenas y locales, organizaciones 
no gubernamentales, empresas e instituciones académic as.  Habían participa do en la reunión más 
de 200 expertos de 80 países, que  habían tratado de los objetivos de los sistemas de protección de los 
conocimientos tradicionales y de los medios de  alcanzarlos, entre ellos el consentimiento 
fundamentado previo, el acceso y la participación en  los beneficios, el fortalecimiento del derecho 
consuetudinario, los instrumentos sobre der echos de propiedad intelectual, los sistemas sui generis  y 
la documentación de los conocimient os tradicionales;  así como de las medidas tendentes a alentar 
innovaciones basadas en conocimientos tradicionales y la elaboración de productos derivados de esos 
conocimientos.  La Reunión de E xpertos se había planeado en consulta con la OMPI, el CDB, 
la FAO, la OMS, la OMC y otros organismos.  El resultado se había distribuido en el Consejo de los ADPIC con la signatura IP/C/W/230, y podía consul tarse en www.unctad.org/trade_env/index.htm.  
49. El CCMA tomó nota
 de la carta del Conveni o sobre la Diversidad Biológica en la que se 
informaba a los órganos pertinentes de la OMC de  la Decisión V/26 adoptada por las Partes en el 
CDB en mayo de 2000, en la que se invitaba a la  OMC a que "tuviera en cuenta las disposiciones 
pertinentes del CDB y el hecho de que las dispos iciones del Acuerdo sobre los ADPIC y las del CDB 
están interrelacionadas, y explorar ulteri ormente esa interrelación".  Se decidió  que la Secretaría 
respondería remitiendo sus documentos más recientes.  
ACCESO A LOS MERCADOS  
 
Punto 2 : La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas 
ambientales que tengan efectos comercial es significativos, y las disposiciones del 
sistema multilateral de comercio  
 
50. El observador del PNUMA dijo que el Programa había veni do elaborando metodologías para 
la evaluación ambiental de la liberalización del come rcio desde 1998.  Había encargado proyectos por  WT/CTE/M/26 
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países para evaluar las repercusiones en el medio am biente de las políticas comerciales, y un grupo de 
expertos internacionales estaba colaborando en la redacción de un Manual de Referencia para la 
evaluación integrada de las políticas  relacionadas con el comercio.   El término "integrada" se refería 
a las relaciones entre los efectos ambientales, ec onómicos y sociales de las políticas relacionadas con 
el comercio y requería un examen  de esas relaciones.  Se estab a realizando una segunda serie de 
proyectos por países, que abarcaba a la Argen tina (pesca), China (algodón), el Ecuador (plátanos), 
Nigeria (cacao y caucho), el Senegal (pesca) y Tanzan ía (silvicultura).  La experiencia obtenida de 
esas evaluaciones se utilizab a en la elaboración del Manual de Referencia , que permitiría a los países 
seleccionar metodologías de evaluación conforme a su s necesidades y condiciones.  Expertos de las 
instituciones nacionales encargadas de los proyectos  formaban parte también del grupo de expertos 
internacionales establecido para examinar el Manual de Referencia.    
51. Entre las enseñanzas derivadas de esos proyectos de evaluación se contaban las siguientes:  
i) las metodologías de evaluación tendrían siempre que adaptarse a las condiciones, necesidades y 
prioridades locales;  ii) el aprendizaje por la ac tuación práctica era el mejo r método tanto para el 
fomento de la capacidad como para el desarrollo del instrumento de evaluación;  iii) un proceso de 
evaluación abierto, transparente y fundamentado en el  que participaran todas las partes interesadas y 
que permitiera intercambiar  perspectivas, conocimientos y experi encias era fundamental para lograr 
una evaluación acertada y la aceptación de las políticas que se adoptaran sobre la base de la evaluación;  y iv) el fomento de la capacidad era la  clave para facilitar la utilización de la evaluación 
por los países en desarrollo para maximizar los be neficios netos de las políticas comerciales para el 
desarrollo.  Los proyectos por países indicaban claram ente que existía en esos países la voluntad de 
impulsar la protección del medio ambiente, y lo que se necesitaba era fortalecer su capacidad de 
realizar evaluaciones y elaborar conjuntos eficaces de medidas.  Los proyectos por países y el Manual 
de Referencia  se examinarían en una Reunión Ministerial que  se celebraría en Berlín del 20 al 22 de 
marzo bajo los auspicios del Ministerio Federal de  Medio Ambiente de Alemania y del PNUMA.  En 
esa  reunión se examinaría la labor del PNUMA y de otros organismos en materia de evaluación y se 
estudiarían formas de promover la sinergia entre la OMC y los AMUMA.  Los Ministros de medio 
ambiente y de comercio examinarían formas de  promover la coherencia entre las políticas de 
comercio, de medio ambiente y de desarrollo en el  plano nacional y en el internacional.  El PNUMA 
presentó a las instituciones de investigación de la Argentina y del Senegal a las que había encargado 
evaluaciones monográficas. 
52. El instituto de investigación de la Argentina
 (Centro de Estudios Ambientales (CEDEA)) 
presentó el estudio monográfico del PNUMA sobre l as repercusiones ambientales de la liberalización 
del comercio en el sector pesquero de la Argen tina, en el que se abordaban también los efectos 
socioeconómicos.  En la publicación del PNUMA Global Environmental Outlook 2000  se indicaba 
que la explotación pesquera de la Argentina era la que estaba experimentando el crecimiento más 
rápido del mundo, como resultado de la liberalización del comercio.  La aplicación en la Argentina de 
políticas de ajuste estructural en el decenio de 1990 había tenido repercusiones importantes en la 
estructura económica del país.  Los efectos positi vos de los cambios estructurales (como la 
estabilización de precios y el establecimiento de ti pos de cambio fijos) habían creado condiciones que 
alentaban el crecimiento en el sector pesquero.  Ese crecimiento se había acompañado de la apertura 
del comercio para los productos pesqueros de la  Argentina en mercados extranjeros y de la 
disminución de los recursos marinos en la jurisdicción de los países desarrollados.  De ahí el 
incremento en la producción y las exportaciones pesquer as;  la mejora y el crecimiento de las flotas 
pesqueras y la introducción de innovaciones tecnol ógicas;  y la transferencia de la capacidad 
excedente de las flotas de algunos países a la Arge ntina, estimulada por subvenciones.  La explotación 
pesquera había sido escasa en la Argentina hasta qu e, con la liberalización de la economía, había 
registrado un aumento sin precedentes, que la habí a convertido en uno de los sectores más dinámicos 
de la Argentina y en el sector pesquero con ma yor crecimiento del mundo.  El valor añadido había 
crecido ininterrumpidamente, y las exportaciones se habían incrementado en un 478 por ciento 
de 1985 a 1995.  En algunos años, las exportacion es pesqueras habían llegado a superar las de los 
productos agropecuarios tradicionales. WT/CTE/M/26 
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53. La actual estructura del sector presentaba una marcada dimensión internacional, representada 
no sólo por el crecimiento del comercio y la de pendencia de los mercados  extranjeros (el 10 por 
ciento de los productos pesqueros se consumía en el país y el 90 por ciento se exportaba), sino 
también por la globalización del capital.  Como c onsecuencia de un acuerdo con la UE, la capacidad 
pesquera había aumentado considerablemente de  1990 a 1995.  El crecimiento no regulado del 
comercio había tenido efectos negativos sobre lo s recursos, como la degradación de la biomasa 
pesquera, que había llegado al borde del colapso en  el caso de algunas especies;  fluctuaciones de la 
actividad pesquera;  degradación ecológica;  aument o del costo de la regulación y el control de la 
pesca;  incremento de los costos fiscales y subvenc iones;  crecimiento de la corrupción;  escasa 
diversificación de las capturas (alrededor del 90 por ciento de la captura total corresponde a sólo tres 
especies);  y exceso de capitalización de la flota.  Las repercusiones socioeconómicas consistían en el 
aumento del desempleo y el empeoramiento de las condiciones laborales.  Otro efecto negativo 
surgido en períodos de escasez habían sido los conf lictos sociales.  Un análisis cuantificable de 
costos-beneficios indicaba que la situación registrada  en el decenio de 1990 (caracterizada por pesca 
incontrolada y carencia de instrumentos económicos  adecuados) había entrañado un costo directo neto 
de alrededor de 500 millones de dólares EE.UU. que afectaba a las especies objeto de una explotación 
más intensa.  Aplicando un análisis similar a una situación hipotética de máximo rendimiento 
sostenible, esa política habría rendido un benefici o neto de alrededor de 5.100 millones de 
dólares EE.UU.  Para obtener beneficios del come rcio de productos pesqueros y al mismo tiempo 
preservar el capital natural, promover el desarroll o del sector y generar empleo podían utilizarse 
instrumentos económicos de gestión sostenible, co mo la modificación de la estructura económica y de 
producción del sector (para añadir valor al recurso);  el redimensionamiento de las flotas pesqueras;  y 
la aplicación de contingentes transferibles.  Otras posibles medidas de gestión eran la introducción de 
adaptaciones tecnológicas en las artes de pesca, la mejora de los mecanismos de dirección y control y 
la aplicación efectiva de medidas de ordenación sostenible. 
54. El instituto de investigación del Senegal
 (ENDA Tiers Monde) presentó el estudio 
monográfico del PNUMA sobre la repercusión ambien tal de la liberalización del comercio en el 
sector pesquero del Senegal.  La economía sen egalesa había dependido considerablemente de los 
fosfatos y el cacahuete.  Desde los años de sequía y la consiguiente crisis agrícola, la pesca se había 
convertido en el principal sector económico.  Como componente esencial del desarrollo rural, la pesca 
era una actividad con fines múltiples fuertemente inte grada en la estructura socioeconómica del país.  
Desempeñaba un papel estratégico en  el fomento del crecimiento económico sostenido al contribuir a 
reducir el déficit de la balanza de pagos (los productos pesqueros re presentaban la tercera parte del 
valor de las exportaciones) y a aumentar el empleo (el sector pesquero empleaba a alrededor del 15 por ciento de la fuerza de trabajo).  La el aboración en pequeña escala y el comercio de pescado 
desempeñaban un papel importante en la economía , especialmente desde el punto de vista de la 
seguridad alimentaria, pues el pescado representa ba el 75 por ciento del consumo de proteínas 
animales.  Los objetivos del proyecto eran analiz ar los factores que habían favorecido el rápido 
crecimiento de las exportaciones p esqueras, evaluar los efectos soci oeconómicos y ambientales de las 
estrategias de exportación y establecer un marco para la  ordenación sostenible de la pesca.  Con el fin 
de proteger las poblaciones de peces y optimizar su valor, el Senegal había promulgado en 1976, 1987 
y 1998 legislación tendente a definir los der echos de pesca y las normas correspondientes. 
55. Se habían adoptado medidas para alentar el cr ecimiento impulsado por las exportaciones en el 
marco de un ajuste estructural.  La demanda ex terior había aumentado como resultado de una 
devaluación del 50 por ciento de la moneda del país a raíz del ajuste estructural.  Los acuerdos de 
pesca concertados desde principios del decenio de 1980, en particular el acuerdo con la UE, también 
habían contribuido a promover las exportacion es, que se duplicaron de 1980 a 1990.  El nuevo 
Convenio de Lomé preveía la eliminación gradual de  las ventajas comerciales de los países de África, 
el Caribe y el Pacífico (ACP).  Se preveía además que el proceso de reducción de los aranceles en la 
OMC mermaría ulteriormente las preferencias comerciales de que gozaban los países ACP.  El Convenio de Lomé contenía disposiciones en ma teria de pesca y contemplaba la prestación de 
asistencia técnica y financiera para mejorar los c onocimientos pesqueros en los países ACP con el fin  WT/CTE/M/26 
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de incrementar la aportación de la pesca al desarro llo mediante el aumento de las capturas, de las 
actividades de elaboración y de las exportaciones.  El  apoyo de la UE alentaba el aprovechamiento 
sostenible de la pesca y promovía el desarrollo de la  actividad pesquera en pequeña escala.  El sector 
pesquero del Senegal había experime ntado graves desequilibrios en la explotación de los recursos y el 
suministro, así como un desplazamiento de las cap turas hacia determinadas especies.  Las poblaciones 
costeras de peces demersales (de fondo) con elev ado valor de mercado y utilizadas fundamentalmente 
para la exportación estaban siendo objeto de expl otación excesiva que podía dar lugar a escasez de 
suministro en el mercado local.  También se habían reducido las poblaciones de peces pelágicos (de superficie), de consumo predominantemente loca l, lo que suponía una amenaza para la seguridad 
alimentaria.  Habida cuenta de los diversos fines de  la actividad pesquera en el Senegal, las soluciones 
que se adoptaran debían tener en cuenta factores so cioeconómicos y ambientales.  Entre las medidas 
que podían adoptarse para promover la sostenibilidad de la pesca se contaban sistemas de ordenación 
de los recursos;  medidas más específicas de apoyo al sector;  aplicación de reglamentos y contingentes pesqueros;  y desarrollo de infraestru cturas portuarias y de almacenamiento para añadir 
valor a las exportaciones.  Ese estudio sería exam inado a nivel nacional, con participación de las 
comunidades de pescadores, con el fin de sacar  conclusiones sobre las medidas de política que 
procedía adoptar. 
56. El representante del Japón
 manifestó la inquietud de su delegación por los posibles efectos 
negativos de la liberalización del comercio en la  sostenibilidad de las actividades pesqueras.  Los 
estudios monográficos sobre la Argentina y el Sene gal indicaban que, en determinadas circunstancias, 
la promoción del comercio podía tener repercusiones negativas, que ponían en peligro la seguridad 
alimentaria y la sostenibilidad de la pesca.  En  el caso de la Argen tina, el agotamiento de los recursos 
pesqueros había sido causado por subvenciones y otr as medidas de promoción del comercio.  El caso 
del Senegal ilustraba los efectos nega tivos del comercio en la sostenib ilidad de la actividad pesquera.  
Al promover el comercio debían tenerse presentes las consideraciones relacionadas con la ordenación de la pesca.  En ausencia de un régimen de orden ación sostenible de la pesca, la liberalización del 
comercio debía llevarse a cabo con gran prudenc ia, pues podía establecer incentivos para la 
intensificación de la actividad pesquera. 
57. El representante de la India
 pidió que se clarificara el análisis de costos-beneficios realizado 
en el estudio de la Argentina. 
58. El instituto de investigación de la Argentina  dijo que, aunque no era posible determinar si las 
subvenciones eran la causa o el efecto de la mala g estión, lo cierto era que podían agravar la situación 
y conducir a la pesca excesiva.  Las subvenciones habían sido uno de los errores de las políticas 
aplicadas, que planteaban también problemas  de dirección y control.  A nivel práctico resultaba 
difícil determinar dónde terminaba un instrument o de política y empezaba otro.  La cifra de 
500 millones de dólares EE.UU. mencionada en el estudio era el resultado de la aplicación del análisis estándar de costos-beneficios.  La biomasa de merlu za en la Argentina estaba al borde del colapso, y 
su recuperación requeriría tiempo y el establecimiento de sistemas de ordenación apropiados. 
59. El instituto de investigación del Senegal
 dijo que la finalidad de los estudios monográficos era 
permitir a los países situar las políticas comerciales en un marco amplio y llegar a una mejor comprensión de sus repercusiones.  La actual s ituación del sector pesquero del Senegal había sido 
causada por diversos factores.  Lo  determinante no era tanto qué se exportaba sino cómo se exportaba.  
Durante el proceso de liberalización del comercio de bía estudiarse la forma de establecer un marco en 
que pudiera sostenerse un crecimiento impulsado por las exportaciones. 
60. El representante del Canadá
 presentó un documento de su país, publicado con la signatura 
WT/CTE/W/183, en el que se esbozaba un proceso pa ra la realización de evaluaciones ambientales 
estratégicas de las negociaciones comerciales de co nformidad con la direc tiva de 1999 del Gobierno 
Federal sobre la evaluación ambiental de los pl anes de política y los programas propuestos.  El 
objetivo general de esas evaluaciones era integrar permanentemente consideraciones ambientales en el WT/CTE/M/26 
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proceso de adopción de decisiones desde sus pr imeras etapas.  Las evaluaciones ambientales 
contribuían a que la adopción de decisiones por el Gobierno Federal fuera un proceso más abierto, gracias a la participación de representantes de otros niveles de la administración, el público, el sector privado y organizaciones no gubernamentales, y at endían a inquietudes de la opinión pública al 
mostrar cómo se tenían en cuenta los factores am bientales en las negociaciones comerciales.  Las 
evaluaciones ambientales podían aumentar también la  coherencia de las políticas a nivel nacional al 
proporcionar a los encargados de la adopción de d ecisiones los medios para integrar consideraciones 
ambientales en las primeras etapas del proceso de elaboración de políticas comerciales.  Las 
evaluaciones se centraban en gran medida en el me dio ambiente canadiense.  Lo ideal sería que las 
cuestiones ambientales se examinar an en un contexto mundial.  Sin embargo, lo limitado de los datos 
disponibles, cuestiones de soberanía y consideraci ones prácticas habían hecho necesario centrarse en 
las repercusiones que las negociaciones comerciales podían tener en el medio ambiente del Canadá.  
Aunque el marco propuesto preveía una evaluación de  ámbito nacional, se examinarían los efectos 
ambientales transfronterizos, regionales y mundiales en la medida en que af ectaran directamente al 
medio ambiente canadiense.  El Canadá exhortó  a los Miembros que realizaran evaluaciones 
ambientales a que intercambiaran información al respecto en el CCMA, por ejemplo sobre los 
criterios e indicadores utilizados y las posibles consecu encias ambientales.  La nota de la Secretaría 
sobre las evaluaciones ambientales podría actualizar se a medida que evolucionara la situación. 
61. El representante de las Comunidades Europeas
 presentó el documento de su delegación sobre 
el principio de cautela, publicado con la signatura WT/CTE/W/181-G/SPS/GEN/225-G/TBT/W/154, 
en el que figuraba la Resolución adoptada en la re unión del Consejo de Europa celebrada en Niza en 
diciembre de 2000.  Se trataba de la respuesta de los Estados miembros a la Comunicación de la 
Comisión sobre la aplicación óptima del principio de  cautela, que se había distribuido en el CCMA, 
el CMSF y el COTC.  En el documento se indicaban los criterios que debían regir la aplicación del 
principio de cautela al promulgar legislación en la  CE.  El Consejo había adoptado un enfoque basado 
en la intervención de la ciencia para la evaluaci ón de los riesgos y la definición de gestión de los 
riesgos.  Se propugnaba un proceso transparente en  todas sus etapas, que entrañaba la consulta más 
temprana posible de las partes interesadas europeas y de  otros lugares, así como de la sociedad civil.  
Se destacaba la importancia de aplicar el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta los riesgos 
a corto plazo y a largo plazo.  El Consejo señalaba que la aplicación de las medidas no debía dar lugar 
a discriminaciones arbitrarias o injustificadas y qu e siempre que fuera posible debía optarse por las 
medidas con menores efectos de restricción del comercio.  Ése era un aspecto importante de la 
aplicación del principio de cautela.  La CE cons ideraba asimismo necesario buscar la congruencia 
entre las diferentes decisiones y realizar un análisis de costos y beneficios de  la adopción de medidas 
y de la inacción.  Las decisiones adoptadas con arregl o al principio de cautela debían examinarse a la 
luz de la evolución de los conocim ientos científicos.  De ahí el r econocimiento de la  necesidad de 
supervisión e investigación permanentes.  Esos principios, que representaban un nuevo conjunto de 
obligaciones para las legislaturas y las instancias ej ecutivas de la CE, podían también examinarse con 
provecho en el CCMA, pues ilustraban claramente cómo podían apoyarse entre sí el principio de 
cautela y el de liberalización del comercio.  Al  extenderse la aplicación del principio de cautela, 
resultaba de interés general una reflexión al respecto para determinar si era posible en la OMC definir 
más claramente un conjunto de criteri os para la aplicación del principi o de cautela.  En la Resolución 
se enunciaban los principios que la CE se comprome tía a aplicar.  La CE esperaba que con ello se 
convencería a sus interlocutores comerciales de  que la cautela no era un pretexto para el 
proteccionismo, y se conduciría el diálogo hacia la aplicación de principios similares que permitieran conjugar el libre comercio con la cautela. 
62. La CE señaló también a la atención del Comité una nota no oficial en la que se trataba la 
cuestión del comercio sostenible, The Non-Trade Impacts of Trade Policy - Asking Questions, Seeking 
Sustainable Development  (Las repercusiones no comerciales de las políticas comerciales - Planteando 
preguntas y buscando el desarrollo sostenible), aporta ción de la Dirección General de Comercio de la 
Comisión al debate interno de la CE;  en el docum ento se abordaba la relación entre las cuestiones 
incluidas en el programa de la OMC y el desarrollo sostenible, incluido el programa de la Cumbre  WT/CTE/M/26 
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Mundial para el Desarrollo Sostenible que habría  de celebrarse en 2002, y podría consultarse en 
www.cc.cec.8082/com/tr ade/index_en.htm .  La CE esperaba con interés observaciones sobre ese 
documento, en el que se trataban cuestiones de am plio alcance relacionadas con la labor del CCMA. 
63. El representante de la República Checa  encomió las actividades del PNUMA y su 
cooperación con la OMC en materia de evaluaci ón ambiental, así como la Reunión Ministerial 
celebrada en Berlín del 20 al 22 de marzo de 2001 bajo los auspicios del PNUMA y del Ministerio 
Federal del Medio Ambiente de Alemania.  La Re pública Checa presentó un reciente estudio iniciado 
en 1999 por el Ministerio del Medio Ambiente sobre Efectos de las políticas comerciales y los 
acuerdos comerciales internacionales sobre el me dio ambiente, y efectos adversos de las políticas y 
acuerdos ambientales sobre el comercio internacional.   Ese estudio se había concebido como 
preparación para una nueva ronda de negociaci ones comerciales multilaterales en la Tercera 
Conferencia Ministerial de la OMC, en diciembre de 1999.  Contenía una evaluación ambiental de la 
liberalización del comercio en los sectores de la agricultura, la energía y los servicios relacionados con el medio ambiente, y utilizaba dos publicaciones de la OCDE, Methodologies for Environmental 
and Trade Reviews (Metodologías para los exámenes del comercio y el medio ambiente) (1994),  y 
Methodologies for Assessing the Environmental Effects of Trade Liberalization Agreements 
(Metodologías para la evaluación de los efectos am bientales de los acuerdos de liberalización del 
comercio) (2000);  podía consultarse en www.env.cz . 
64. Se había escogido el sector agrícola como objeto prioritario de evaluación, habida cuenta de 
que la agricultura era parte de las negociaciones inco rporadas de la OMC, y de la importancia de la 
preparación de la República Checa para su adhesión a la Unión Europea.  Se había analizado la 
situación agroambiental en la República Checa.  La proporción del PIB correspondiente a la 
producción agropecuaria bruta había disminuido del 7 por ciento en 1989 al 2 por ciento en 1997.  A través de un proceso de restituciones, priva tizaciones y transformaciones, se había llevado a cabo 
una transición de la propiedad colectiva a la propiedad privada.  También se había reducido 
considerablemente la ayuda al sector, de un promedio  del 54 por ciento en 1989-1991 a sólo un 17 por 
ciento en 1999.  Los principales efectos ambiental es de la agricultura eran los relacionados con el 
consumo de abonos, de plaguicidas y de agua y la calidad de ésta.  La proporción de gases con efecto 
invernadero en las emisiones totales, que era de  alrededor del 3,4 por ciento en 1993, había 
disminuido en un 30 por ciento.  El paisaje checo había sido modelado por actividades agrícolas y forestales a lo largo de alrededor de un milenio.  La colectivización de las explotaciones en el decenio 
de 1950, en la que se destruyeron los lomos de tierra que separaban los campos de los pequeños 
agricultores, con el gran aumento consiguiente del tamaño de los campos de las cooperativas agrarias, 
había afectado negativamente a la diversidad biológi ca, por lo que en la actua lidad estaban en peligro 
el 45 por ciento de las especies de plantas superior es, el 35 por ciento de las de mamíferos, el 57 por 
ciento de las de aves, el 28 por ciento de las de pe ces y la totalidad de las de  reptiles.  Los organismos 
y los cultivos genéticamente modificados también habí an sido un tema controvertido en la República 
Checa.  Gracias a las medidas adoptadas en 1991 para  regular la alimentación del ganado no habían 
surgido problemas en relación c on la carne de bovino y la EEB. 
65. Se dedicaba a la agricultura el 54 por ciento de  la tierra, de la que el 72 por ciento era 
cultivable.  La contaminación de la tierra tenía su  origen en actividades industriales (extracción de 
materias primas, estaciones de energía térmica, metalu rgia, etc.).  El principal riesgo que planteaban 
esas sustancias era su elevado contenido en el aire (90 por ciento de contaminación de plomo, 70 por 
ciento de mercurio y 60 por ciento de cadmio).  Los abonos eran la fuente del 32 por ciento de la 
contaminación por cadmio y el 40 por ciento de la contaminación por cromo.  Se aplicaban diversas 
medidas de ayuda a la agricultura;  por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente proporcionaba 
subvenciones positivas en forma de préstamos en condiciones de favor para programas de protección 
ambiental, y el Ministerio de Desarrollo Regi onal contaba con programas de rehabilitación de 
pueblos. WT/CTE/M/26 
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66. Se había escogido el sector de la energía por los importantes efectos ambientales que en él se 
manifestaban.  Durante la época socialista era el sector más contaminante de la economía checa.  La 
producción de electricidad se basaba principalmen te en la combustión de carbón bituminoso en 
centrales.  Desde entonces, se habían realizado esf uerzos para equipar a las centrales con técnicas 
modernas de combustión y limpieza y unidades de desazuframiento, gracias a lo cual de 1985 a 1999 
las emisiones de SO
2 habían disminuido en un 86 por ciento, las de NO x en más del 80 por ciento y las 
de partículas sólidas en suspensión en un 92 por ci ento.  La proporción de energía eléctrica producida 
por centrales nucleares aumentaría del actual 20 por ciento a un 40 por ciento tras la terminación de la central de Temelin.  La República Checa podría cump lir así su compromiso dimanante del Protocolo 
de Kyoto de disminuir en un 8 por ciento para 2010 las emisiones de gases con efecto invernadero, 
respecto de los niveles de 1990.  El 1º de enero de 2001 entrarían en vigor nuevas leyes en materia de 
energía y gestión energética que incrementarían la eficiencia en la utilización de energía y reducirían 
la demanda por unidad de producción, en la actua lidad relativamente elevada.  El Gobierno checo 
había aprobado también en 2001 un Programa Estata l de Conservación de Energía y Utilización de 
Fuentes Renovables. 
67. La República Checa apoyaba la liberalización del co mercio de servicios relacionados con el 
medio ambiente.  En el AGCS se especificaban cuatro  tipos de métodos para la prestación de servicios 
relacionados con el medio ambiente.  La Re pública Checa había reconocido muy pronto la 
importancia de la limpieza de la contaminación y la protección del medio ambiente.  Ya durante la 
época socialista habían desarrollado activid ades políticas organizaciones no gubernamentales de 
carácter ecológico.  A raíz de la reestructuración de la industria checa habí an proliferado pequeñas 
empresas dedicadas a proporcionar bienes y servicios re lacionados con el medio ambiente.  La actual 
Lista de Clasificación de Servicios de la OMC era insuficiente en lo que atañía a los "servicios 
relacionados con el medio ambiente".  Por carecerse de estadísticas sobre los servicios ambientales, en el estudio se utilizaban, para un cálculo aproximado del volumen datos tales como los referentes al "mercado ambiental" y a los servicios ambientales de gestión de desechos.  La República Checa 
exportaba servicios relacionados con el medio ambiente en materia de técnicas de producción.  Se 
habían obtenido alrededor de 1.000 millones de co ronas checas por concepto  de exportaciones de 
bienes y servicios ambientales a 21 países.  El principal objetivo de los proveedores checos era 
introducirse en los mercados de los países europeos  poscomunistas, Rusia y, posteriormente, China, 
Indonesia y Tailandia.  Con la introducción de pr ocedimientos de contabilidad ambiental, la 
República Checa dispondría de datos más precisos sobre el sector.  Cabía esperar que pudiera 
mejorarse la clasificación de los bienes y servicios relacionados con el medio ambiente, quizás sobre 
la base de las propuestas de la CE, los Estados Uni dos y otras delegaciones en el Consejo del AGCS. 
68. El representante de Australia
 dijo que en el CMSF y en el CCMA se había planteado la 
cuestión del principio de cautela.  Al examinar ese tema, era necesario tener presente que el principio de cautela estaba relacionado con toda una serie de políticas y enfoques más amplios que entrañaban 
la necesidad de actuar con cautela  en situaciones en las que la in formación científica disponible era 
incompleta o de carácter preliminar.  Australia pl anteaba ese concepto más amplio de cautela en la 
esperanza de introducir claridad en un debate difí cil y abstracto.  No se trataba de un principio 
monolítico, sino de una necesidad general de cautela en situaciones en que los datos científicos no 
eran concluyentes y existían riesgos importantes.  Respecto de la Resolución del Consejo de Europa, 
Australia señaló que contenía referencias a las normas de la OMC que tenían en cuenta el principio de 
cautela, y convenía en que esas normas podían dar cabid a a una utilización razonable de ese principio.  
La Resolución se refería a la necesidad de evitar me didas disfrazadas, arbitrar ias e injustificadas de 
discriminación comercial.  Australia estaba de acuerdo en esa necesidad, y destacaba que esos 
conceptos eran parecidos a formulaciones de la OMC y resultaban fundamentales para lograr la 
predecibilidad y transparencia perse guidas en la OMC.  Ese enfoque s obre el principio de cautela y su 
relación con las normas de la OMC podía aplicarse también a otras esf eras de adopción de decisiones 
basadas más genéricamente en la cautela, en las que también se planteaban riesgos de discriminación.  
La Resolución contenía referencias a la ciencia y a la importancia de incorporar información científica 
en el proceso de adopción de  decisiones cuando la  incertidumbre daba lugar a fundadas inquietudes.   WT/CTE/M/26 
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Australia consideraba que la adopción de decision es debía basarse en la mayor medida posible en 
información científica, aunque convenía en que debían  tenerse en cuenta también otros factores, como 
los económicos. 
69. Se conocían varios ejempl os de situaciones en las que la ciencia había planteado inquietudes, 
aunque sin llegar a un consenso, sobre problemas  graves que requerían la adopción de políticas 
públicas, y esas advertencias no se habían tenido debidame nte en cuenta en el proceso de adopción de 
decisiones, lo que había dado lugar a graves perjuicios.  Era fundamental utilizar debidamente la información científica.  Australia se refirió asimismo a la mención en la Resolución de la CE en la necesidad de examinar las situaciones "caso por caso" y a las características concretas de las 
situaciones en que podía ser necesario actuar con cau tela, lo que constituía un elemento importante en 
un debate que se había centrado a menudo en el concep to general del principio de cautela y su papel 
en el derecho internacional.  La cuestión fundament al a la que se enfrentaban los gobiernos era la 
aplicación del principio de cautela, que variaría se gún las circunstancias, pero que debía recibir una 
atención prioritaria, dadas la creciente complejid ad de la tecnología humana y sus interacciones 
ambientales.  A la luz de esa complejidad, Austra lia estaba de acuerdo en  la conveniencia de que 
la OMC contribuyera a explicar las cuestiones relacionadas con su ámbito de conocimientos.  
Las disciplinas de la OMC no sólo ofrecían posibilid ades de aplicar el principio de cautela en la 
adopción de decisiones en las esferas de intersecci ón entre el comercio y el medio ambiente, sino que 
imponían límites a la posible utilización abusiva o de masiado amplia del principio de cautela.  Debía 
mantenerse ese equilibrio.  Australia solicitó expli caciones sobre la referencia en el párrafo 25 de la 
Resolución a la posible necesidad de que en la OMC se tuviera más en cuenta el principio de cautela.  
Preguntó también cómo afectaría la Resolución a otra s esferas de adopción de decisiones en la CE en 
las que suscitara inquietudes la incertidumbre de  la información científica disponible para la 
definición de políticas públicas. 
70. El representante del Brasil
 preguntó si el Canadá abordaría la evaluación de las repercusiones 
ambientales dentro de sus propias fronteras o fuera de e llas.  En cuanto a la Resolución de la CE sobre 
el principio de cautela, consideraba que, a la luz de  la incertidumbre científi ca, los países adoptaban 
medidas basadas en la cautela.  En el Brasil se  estaban analizando, con participación de varios 
sectores de la sociedad, los efectos ambientales de los organismos genéticamente modificados.  Puesto 
que no se disponía de suficiente información científi ca al respecto, se trataba de un buen ejemplo de 
actitud cautelosa.  La cautela era, pues, una necesi dad, aunque cabía preguntarse si podía considerarse 
un principio.  El Brasil no veía la necesidad de integr ar ulteriormente ese concepto en la OMC.  En el 
propio preámbulo de la Resolución de la CE se af irmaba que la necesidad de cautela se tenía en 
cuenta en determinadas disposiciones de la OMC,  como el artículo XX del Acuerdo General, el 
párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo MSF y, de una manera implícita, el párra fo 2 del artículo 2 del 
Acuerdo OTC.  El Brasil no consideraba necesario integrar ulteriormente ese principio en la OMS ni establecer directrices para clarificar la aplicación de  medidas de cautela.  En relación con la propuesta 
de integrar mejor el principio de cautela, la CE no había aportado una definición de éste.  El Brasil no 
discrepaba de la CE en lo referente al recurso a opiniones minoritarias, pero cabía preguntarse de qué 
opiniones se trataba y cuándo se tomarían en consider ación.  El Brasil preguntó asimismo quién fijaría 
el nivel deseado de protección previsto en la Resolu ción de la CE, y en qué conocimientos científicos 
se basaría un examen de las medidas cautelares.  En la Resolución de la CE no se habían clarificado 
suficientemente las cuestion es para que se pudiera aceptar la propuesta de la CE. 
71. El representante de Noruega
 encomió la comunicación de la CE sobre el principio de cautela.  
En general, Noruega compartía la opinión de la CE sobre ese principio, pero deseaba formular 
observaciones sobre su aplicación.  La adaptación pr áctica del principio de cautela debía desarrollarse 
en relación con instrumentos internacionales específi cos y atendiendo a la evaluación concreta de los 
riesgos de cada sector.  Se observaban diferencias en la descripción de ese principio en los acuerdos 
internacionales, como el Convenio sobre la Diversid ad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre la 
Seguridad Biológica, así como el párrafo 7 del artíc ulo 5 del Acuerdo MSF y la labor sobre el Codex 
Alimentarius.  El principio debía adecuarse al cont exto en el que se aplicar a.  Noruega estaba de WT/CTE/M/26 
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acuerdo con la CE en que la aplicación del principi o de cautela debía concebirse como componente de 
la gestión de los riesgos, y no de la evaluación cien tífica de éstos.  Como señalaba la CE, el principio 
no debía confundirse con el elemento de cautela que aplicaban los científicos en la evaluación de los 
resultados de las investigaciones.  La decisión sobr e lo que constituía un nivel aceptable de riesgo y la 
elección de las medidas que procedía adoptar eran  en última instancia políticas, y dependerían del 
sector del que se tratara y de las disposiciones,  normas y directrices internacionales aplicables. 
72. Los principios propuestos eran aplicables a tod as las medidas de gestión de riesgos, y no sólo 
a las basadas en la cautela.  Puesto que la premisa básica era una situación de incertidumbre científica, 
también resultaban inciertos los efectos/beneficios de cualquier medida.  Las directrices propuestas 
podrían considerarse como uno entre varios elemento s pertinentes para ayudar a los responsables a 
adoptar las decisiones políticas adecuadas a la luz de  la incertidumbre inherente que entrañaba la 
aplicación del principio de cautela.  En cuanto a la proporcionalidad, Noruega estaba de acuerdo con 
la CE en que las medidas basadas en el principio de cautela debían ser proporcionales al nivel deseado 
de protección contra un riesgo.  Debían tenerse en cuenta los riesgos a largo plazo y a corto plazo, así como los derivados de efectos acumulativos.  Sin embargo, la incertidumbre también afectaba a la 
relación entre causa y efecto.  Ante esa insegur idad, los gobiernos responsables debían poder "pecar 
por exceso de prudencia".  En cuanto al análisis de  costos-beneficios, la comparación de los costos y 
los beneficios era necesaria para lograr la efi cacia en función de los costos y evitar innecesarias 
restricciones comerciales.  El análisis debía ab arcar todos los costos y beneficios, sin que la 
incertidumbre subyacente lo sesgara al excluir los fa ctores a los que resultara difícil asignar valores 
económicos.  Sin embargo, podría ser inviable un an álisis completo de costos-beneficios de la acción 
o la inacción, por las incertidumbres que necesariamente entrañaría un caso en el que hubiera de 
aplicarse el principio de cautela, por problemas metodológicos para el cálculo de los costos y 
beneficios, etc. 
73. Noruega encomió el documento del Canadá, que  arrojaba luz sobre cuestiones que Noruega 
estaba abordando actualmente en relación con la ev aluación ambiental.  Noruega otorgaba gran 
importancia a la evaluación ambiental y de la so stenibilidad y a la información contenida en el 
documento WT/CTE/W/171, que podría actualizarse para incluir análisis de otros países y 
organizaciones.  Tras un proceso interministerial , en 1999 se había decidido realizar evaluaciones 
ambientales de la liberalización del comercio en esferas de importancia para Noruega.  El objetivo era evaluar las repercusiones ambientales de la ulterior  liberalización del comercio y de la evolución del 
sistema multilateral de comercio en los sectores de los servicios de transporte (aéreo, marítimo, por 
carretera y por ferrocarril), y de la pesca y la ela boración de productos pesqueros.  También se estaban 
abordando cuestiones de reglamentación.  Se estaban preparando asimismo estudios sobre la 
agricultura y el medio ambiente.  Se había acorda do que en esos estudios sectoriales se aplicaran la 
metodología de 1994 de la OCDE para la ev aluación ambiental de las políticas y acuerdos 
comerciales, y los indicadores ambientales de la OCDE.  Por consiguiente, las repercusiones 
ambientales se evaluarían a través de los efectos de escala, los efectos estructurales y los efectos en 
los productos.  También se había acordado que la fi nalidad de esas evaluaciones previas era mejorar el 
fundamento de las decisiones relacionadas con las ne gociaciones de la OMC y contribuir a integrar 
consideraciones ambientales en el sistema multilateral de comercio.  Debían ponerse de manifiesto las 
repercusiones ambientales para in crementar el apoyo a la introducción de consideraciones ambientales 
en las negociaciones comerciales.  La Oficina de Estadística de Noruega había realizado asimismo un 
estudio macroeconómico posterior para evaluar los ef ectos que la liberalización del comercio llevada 
a cabo en el decenio de 1990 había tenido en la contaminación del aire y la generación de desechos. 
74. De las evaluaciones sectorial es eran responsables los minist erios correspondientes, y del 
estudio macroeconómico el Ministerio del Medio Ambi ente y el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
aunque la labor concreta se había encargado a ins titutos de investigación externos.  Los exámenes 
sectoriales y el estudio macroeconómico serían obj eto de amplias consultas con organizaciones 
empresariales, comerciales y ambientales para garantizar un amplio debate que creara un clima de 
transparencia a nivel nacional.  Puesto que los exám enes ambientales eran una actividad relativamente  WT/CTE/M/26 
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nueva, los institutos de investigaci ón noruegos habían encontrado di ficultades para su realización.  
Habían realizado una valiosa labor organizaciones internacionales tales como la OCDE, el PNUMA y el Banco Mundial, organizaciones no gubernamen tales como el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), e institutos de investigación nacionales.  Noruega apoyaba los esfuerzos por 
establecer metodologías para las evaluaciones ambientales. 
75. El representante de la India
 dijo que el Brasil había plant eado preguntas importantes sobre la 
Resolución de la CE.  En la Declaración de Río  el principio de cautela se refería no sólo a la 
evaluación científica, sino también a daños ambientales irreversibles y al análisis de costos-beneficios.  Por consiguiente, la India entendía que para que se aplicara el principio de cautela debía 
darse un conjunto de circunstancias claramente definidas, en las que  no quedara otra opción, por ser 
irreversibles los daños ambientales.  La India estaba interesada en estudiar el aspecto de 
irreversibilidad. 
76. La India subrayó que las evaluaciones ambientales se realizaban a nivel nacional.  Su objetivo 
debía ser el de alentar la liberalización del comercio  a través de políticas internacionales, con el fin de 
obtener los dividendos económicos que ayudarían a lo s países en desarrollo a dedicar más recursos 
financieros a medidas de protección del medio am biente.  La India convenía en que cuando se 
determinara que la liberalización de l comercio podía tener repercusion es ambientales transfronterizas, 
éstas debían abordarse por medio de la cooperación  multilateral.  La impor tancia otorgada a los 
factores que había que tener en cuenta en la eval uación de los efectos ambientales podía variar de un 
país a otro.  También podían ser diferentes el gra do de prioridad asignado a las cuestiones ambientales 
y de desarrollo, la capacidad de absorción del medi o ambiente y la importancia económica de sectores 
concretos.  La India era, pues, consciente de la  dificultad de elaborar un enfoque multilateral de las 
evaluaciones que sirviera para todos los paí ses, pero consideraba positivo que los Miembros 
intercambiaran sus experiencias nacionales en materia de evaluación ambiental.   
77. El representante de los Estados Unidos
 señaló que el fondo de la Resolución del Consejo de 
Europa sobre el "principio de cautela" era similar al de las comunicaciones presentadas anteriormente 
por la CE al CCMA y a otros Comités de la OMC.   Los Estados Unidos compartían algunas de las 
opiniones de la UE sobre el principio de cautela.  Como la UE, se esforzaban por lograr el mayor nivel posible de protección de los consumidores y para ello procuraban actuar con precaución.  
Estaban de acuerdo en la necesidad de aplicar el principio de cautela en forma no discriminatoria y 
sobre una base científica para proteger a la población y al medio ambiente, así como en la de garantizar que el proceso de adopción de decisi ones sobre la cautela fuera transparente y sin 
exclusiones.  También estaban de acuerdo en que la necesidad de cautela se contemplaba en 
disposiciones de la OMC, como demo straba el Acuerdo MSF.   Sin emba rgo, al igual que el Brasil, no 
estaban de acuerdo en que existiera un "principio  de cautela" reconocido como parte del derecho 
internacional consuetudinario, y consideraban so rprendente que en la Resolución se propusieran 
criterios para la aplicación de ese "principio de cautela" que el Consejo no definía.  La amplia 
experiencia de los Estados Unidos en la aplicaci ón de medidas de cautela, que se inició en 1906 en 
relación con la seguridad alimentaria, indicaba que la cautela estaba vinculada a contextos concretos y 
se utilizaba en formas diferentes según el contex to, por ejemplo, según se tratara de seguridad 
alimentaria, medio ambiente, o pesca.  Por consig uiente, los Estados Unidos no podían aceptar la 
existencia de un denominado "princ ipio de cautela" en el derec ho internacional consuetudinario. 
78. Los Estados Unidos manifestaron su agradecimiento al Canadá y a la Secretaría por sus 
respectivos documentos sobre la evaluación ambien tal.  Esperaban con interés que otros países 
presentaran sus experiencias nacionales, y considerab an muy positivo el debate sobre tan importante 
cuestión. 
79. El representante de México
 destacó la importancia de di sponer de información sobre las 
experiencias nacionales en materia de evaluación ambiental.  Preguntó qué ocurriría de resultar 
negativos los resultados de las evaluaciones ambienta les.  Por ejemplo, si el Canadá llegaba a la WT/CTE/M/26 
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conclusión de que las repercusiones ambientales internas de las reducciones arancelarias serían 
negativas, ¿dejaría por ello de negociar esas reducci ones?  Si un país llevaba a cabo una evaluación 
ambiental sobre un producto que había sido obj eto de negociaciones en la Ronda Uruguay, y 
determinaba que las concesiones comerciales habí an tenido repercusiones negativas en el medio 
ambiente, ¿aceptaría el Canadá la retirada de las concesiones otorgadas por ese país cuando todavía 
no se conocían sus efectos ambientales?  La justif icación de la retirada de las concesiones sería el 
hecho de que hubieran causado daños ambientales.  A ese respecto, el artículo XXVIII contemplaba la 
posibilidad de indemnizaciones financieras.   Ese aspecto suscitaba inquietudes.  
80. La CE había afirmado que el principio de cau tela era ya compatible con la OMC, pero 
requería clarificación.  México preguntó qué era lo que había que clarificar y por qué, y si las 
disposiciones existentes de la OMC impedirían a la CE aplicar el principio de cautela.  El principio 
debía aplicarse cuando no se dispusiera de suficien te fundamento científico para una decisión, lo que 
resultaba problemático, puesto que las decisiones podían adoptarse con fines proteccionistas.  Todo Miembro podía aplicar el principio de cautela con a rreglo a las disposiciones de la OMC y, si ello 
daba lugar a una violación de los derechos de otros Miembros, debía pagarse una indemnización 
financiera adecuada. 
81. El representante de Malasia
 dijo que la evaluación de los efectos ambientales del comercio 
era una actividad compleja para la que se estaban  elaborando metodologías, que diferirían según las 
circunstancias de cada país.  En las comunicaciones del Canadá, la Argentina y el Senegal se habían 
utilizado enfoques diferentes de la evaluación ambien tal.  Los estudios realizados por el PNUMA en 
la Argentina y el Senegal tomaban en consider ación diversos criterios, entre ellos criterios 
económicos, mientras que la experiencia nacional del Ca nadá se centraba en los efectos ambientales.  
Puesto que las circunstancias de cada país eran di ferentes, resultaba más adecuado que esos exámenes 
se realizaran a nivel nacional, aplicando los crite rios pertinentes en cada caso, y no a nivel 
multilateral.  Malasia consideraba muy positivo el intercambio de experiencias nacionales. 
82. Malasia estaba de acuerdo con las observaciones de México sobre la Resolución de la CE 
relativa al principio de cautela.  La OMC tení a una posición clara sobre la aplicación de medidas 
cautelares.  El CMSF y el COTC permitían aplicar un enfoque de análisis científico de los riesgos, 
con adopción de medidas que no restringieran el co mercio más de lo necesar io.  Aunque la cautela 
pudiera reconocerse como principio internacional de protección del medio ambiente, en el contexto del comercio debía adecuarse a disposiciones y consideraciones relacionadas con el comercio.  Malasia estaba de acuerdo en que la OMC contemplab a ya un uso razonable de la cautela y en que no 
existía ninguna alternativa razonable a un enfoque basado en la ciencia, que introduciría certidumbre 
y predecibilidad en esa esfera de adopción de decisiones. 
83. El representante de la Argentina
 recordó que la evaluación de  los beneficios ambientales 
resultantes de la eliminación de restricciones y di storsiones del comercio estaba comprendida en el 
punto 6.  Puesto que el objetivo de la OMC er a la liberalización del comercio, la Argentina 
consideraba que la aportación de la OMC debía c onsistir en la evaluación de las consecuencias 
ambientales de las restricciones y distorsiones de l comercio existentes.  Esa evaluación no debía 
realizarse sobre la base de las políticas comerciale s nacionales, sino analizando las restricciones y 
distorsiones sectoriales del comercio, como las s ubvenciones a actividades agropecuarias.  Era 
necesario evaluar los efectos ambientales de las ac tuales distorsiones del comercio para examinar 
sobre esa base los posibles efectos de la libera lización.  Aunque los estudios nacionales eran 
interesantes, cabía ser escéptico respecto de su  objetividad, pues era poco probable que los países 
criticaran sus propias políticas comerciales.  Por ej emplo, difícilmente admitiría un país que las 
políticas que aplicaba en el sector azucarero tení an repercusiones ambientales negativas en 
determinados hábitat nacionales o que los productos utilizados para la alimen tación de su ganado  
afectaban negativamente a la salud de los consumid ores.  No obstante, las evaluaciones ambientales 
podían resultar útiles a nivel nacional.  WT/CTE/M/26 
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84. La Argentina apoyó las observaciones de la India, el Brasil y México respecto de la 
Resolución de la CE sobre el principio de caute la.  El párrafo 7 del ar tículo 5 del Acuerdo MSF 
contenía elementos que permitirían la aplicación de las medidas cautelares, pero uno de ellos, el 
carácter provisional de las medidas basadas en la insuficiencia de los testimonios científicos 
pertinentes, no figuraba en la Resolución de la CE.  Las medidas de cautela debían aplicarse con 
carácter provisional, por un período de tiempo razonable,  y revisarse a la luz de los datos científicos.  
La ciencia permitía vincular sin ambigüedad do s fenómenos;  podía determinar la existencia 
inequívoca de una relación de causa y efecto, pero  no permitía afirmar que dos acontecimientos no 
estuvieran nunca relacionados entre sí.  Para determinar  la inexistencia de esa relación debía fijarse un 
plazo para la investigación científica.  De ahí la  importancia fundamental de que las medidas de 
cautela tuvieran carácter provisional, en ausencia de testimonios científicos pertinentes.  La Argentina 
seguiría estudiando la Resolución de la CE, pero no estaba de acuerdo en que existiera en el derecho 
internacional un principio de cautela. 
85. El representante del Japón  formuló observaciones preliminares sobre la resolución de la CE 
relativa al principio de cautela.  En ella no se espec ificaba claramente que las medidas con efectos de 
restricción del comercio tenían que ser compatibles con la OMC.  Desde la propia concepción del 
principio de cautela, se echaba en falta en de finición adecuada y una determinación clara de la 
relación entre evaluación y gestión de los riesgos.  Debían seguirse las deliberaciones de los expertos del PNUMA y del Codex para determinar la me jor forma de abordar esa cuestión en la OMC. 
86. El representante de Suiza
 dijo que la aplicación del principio de cautela era importante para la 
elaboración de políticas en su país.  En el párrafo 2 del artículo 1 de la Le y Federal de Suiza sobre 
protección del medio ambiente se estipulaba explícita mente la adopción de un enfoque cautelar.  Era 
importante el análisis de la CE del principio de caute la y de su relación con la OMC, en particular la 
clara afirmación de que la cautela debía aplicarse a la  gestión de los riesgos y no a su evaluación.  El 
principio de cautela no debía confundirse con la prude ncia con que los científicos debían evaluar los 
datos.  Ésta formaba parte del método científico, mi entras que el principio de cautela sólo entraba en 
juego una vez concluida la evaluación científica, en el caso de que los resultados de ésta no disiparan 
la incertidumbre.  Suiza compartía la opinión de la  CE de que el principio de cautela no debía servir 
nunca para justificar el proteccionismo, y de que el proceso de adopción de decisiones debía ser 
transparente.  La Resolución de la CE había contribuido al debate en la OMC respondiendo a 
interpretaciones erróneas de ese principio.  
87. El representante del Canadá  dijo que en la evaluación ambiental del Canadá se estudiaría 
cómo afectaban al medio ambiente del país los cambios económicos provocados por el comercio.  El 
Canadá acometía esas evaluaciones con una actitud de ir aprendiendo de la experiencia práctica.  La 
evaluación ambiental era un instrumento no vinculante que debía servir a los encargados de la adopción de decisiones para aument ar la coherencia de las medid as que adoptaran.  También habría 
posibilidades de mitigación al margen de un acuerdo comercial.  En el caso de que la valoración 
económica de la degradación ambiental fuera superior  a los beneficios económ icos esperados de la 
liberalización, se justificaría una reevaluación sobre el camino a seguir, en particular a largo plazo si se estuviera degradando la base de producción. 
88. El Canadá consideraba la cautela como un el emento ampliamente presente en las políticas 
ambientales y de salud.  El Canadá contaba con un procedimiento in terno que permitía dar 
operatividad y aplicación práctica al concepto de cau tela, con principios orientadores tales como los 
relativos a la información científica rigurosa y la transparencia. 
89. El representante de las Comunidades Europeas
 se congratuló de que el CCMA estuviera 
avanzando en sus deliberaciones sobre la cautela.  Iban desapareciendo las suspicacias al observarse 
que los países estaban aplicando el concepto de cautela  en formas similares.  Aunque la CE confiaba 
en que el principio de cautela se reconocería como componente del derecho internacional, esa 
cuestión no representaba un problema en el presente estadio.  Respecto de la observación de la India WT/CTE/M/26 
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sobre la pertinencia de la cautela sólo cuando  las consecuencias fueran irreversibles, la CE 
consideraba que debía abordarse esa cuestión si se consideraba necesario establecer una definición monolítica.  La irreversibilidad se mencionaba en la Declaración de Río , pero no explícitamente en 
otros contextos.  En la Resolución de la CE se abordaban los efectos a corto y a largo plazo, y la 
irreversibilidad se entendía como un extremo de toda  una gama de posibilidades.  La CE mencionaba 
el ejemplo del agotamiento de la capa de ozono y del Protocolo de M ontreal, en cuyo marco los países 
habían adoptado medidas de caute la por considerar que las consecuencias de la inacción podrían 
resultar irreversibles.  La reducción del agujero en  la capa de ozono demostraba que si los países 
adoptaban prontamente medidas podían mitigar se hasta los daños ambientales más graves. 
90. Resultaba complejo distinguir entre identificación, evaluación y gestión de los riesgos.  La 
identificación de los riesgos podía consistir en determinar que, atendiendo a los conocimientos 
científicos, de adoptarse la medida A podría ocurri r B, aunque no era seguro que ocurriera.  La 
evaluación de los riesgos consistía en calcular la probabilidad de que ocurriera B como consecuencia 
de A.  Una vez calculada esa probabilidad, la g estión de los riesgos determinaba cómo manejar la 
situación con el fin de reducir o eliminar la probab ilidad de que ocurriera B como resultado de A.  En 
la identificación o evaluación de los riesgos no interven ía la cautela.  En su gestión, en cambio, el 
hecho de que una evaluación no condujera a una certidumbre absoluta hacía necesario aplicar el 
enfoque cautelar.  Por consiguiente, resultaba difí cil determinar con total certeza la probabilidad de 
que ocurriera B como consecuencia de A.  Por opi nión minoritaria de expertos debían entenderse las 
opiniones de científicos reputados con conocimie ntos pertinentes.  Las instituciones políticas 
determinarían el nivel de protección a través del pro ceso democrático, teniendo en cuenta el nivel de 
riesgo que la sociedad estaba dispuesta a soportar.  La CE estaba de acuerdo en que se trataba de una 
cuestión que había que examinar caso por caso, pero no creía que el hecho de que el principio de 
cautela se aplicara de esa manera significara que no era posible formular normas generales.  En muchas esferas existían principios de buena gestión pública o prácticas administrativas que se aplicaban caso por caso. 
91. La CE preguntó si los Miembros podían suscribir  los principios contenidos en los párrafos 7 
a 22 de la Resolución del Consejo de Europa que fi guraba en el documento WT/CTE/W/181, y si era 
aceptable la invocación del principio de cautela con arreglo al párrafo 2 del Acuerdo OTC.  En la 
presente etapa era importante abordar esas cuestiones operacionales.  Se estaba llevando a cabo un proceso de clarificación de lo que debía entenders e por cautela.  La referencia a indemnizaciones 
invalidaría de hecho el concepto de cautela sólo  en el caso de que se pagaran indemnizaciones como 
si las medidas de cautela constituyeran una forma de  incumplimiento de los derechos y obligaciones 
en la OMC.  Ello era en principio incompatible  con la interpretación de  la CE del Acuerdo de 
la OMC.  La CE estaba de acuerdo con la Ar gentina en que la ciencia no permitía probar la 
inexistencia de una relación y en que estaba suje ta a un grado cada vez mayor de incertidumbre.  Aun 
cuando se contaba con una sólida base científica, no era posible evitar la ambigüedad, y se precisaban 
medidas provisionales basadas en la cautela.  Desd e la perspectiva del comercio, la cuestión de la 
cautela debía examinarse teniendo presentes dos obje tivos:  garantizar que la  adopción de un enfoque 
amplio de esa cuestión no creara obstáculos injustifi cados al comercio;  y conseguir incorporar la 
cautela a las disposiciones de la OMC.  Era necesario  clarificar el principio de cautela, en particular 
en el contexto europeo, en el que se temía que la OMC pudiera socavarlo.  Existían, pues, motivos 
políticos de peso para esa clarificación.  Si l as respuestas a las preguntas que había formulado eran 
positivas, podría concluirse en breve la labor sobre esta cuestión. 
92. El observador de la UNCTAD
 presentó un panorama general de las actividades del Grupo de 
Trabajo PNUMA-UNCTAD de fomento de capacidad sobre comercio, medio ambiente y desarrollo 
(GTFC).  El GTFC tenía por objeto ayudar a los países en desarrollo y a los países con economías en transición a abordar a nivel nacional las cuestiones re lacionadas con el comercio, el medio ambiente y 
el desarrollo, y a promover su participación efectiv a a nivel internacional.  El Grupo de Trabajo se 
había creado en marzo de 2000 y hasta la fecha se habí an recibido para el primer año de actividades 
contribuciones de Alemania, Noruega y el Reino Uni do.  Se necesitaban contribuciones para apoyar  WT/CTE/M/26 
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las actividades del Grupo de Trabajo en 2001.  Se había distribuido un llamamiento para que los 
gobiernos y las instituciones nacionales de investig ación propusieran actividades para el Grupo de 
Trabajo, al que habían contestado más de 25 países,  proponiendo 40 proyectos.  Se había concluido la 
evaluación de esas propuestas, y ya estaban en marc ha siete proyectos, con el siguiente contenido: 
i) instrumentos económicos para la ordenación de los recursos na turales y ambientales (Indonesia);  
ii) liberalización del comercio y medio ambiente (Líb ano);  iii) reciclado de desechos (El Salvador);  
iv) aplicación del programa TrainForTrade del Grupo de Trabajo, referente al comercio, el medio ambiente y el desarrollo (a nivel nacional para C uba y Viet Nam y a nivel regional para los países 
menos adelantados de África);  y v) un diálo go sobre políticas en marzo de 2001 (México), para 
examinar perspectivas regionales, con financiación ad icional del Canadá y de la Fundación Ford.  En 
la actualidad el Grupo de Trabajo no estaba en condiciones de apoyar otros proyectos, pero si se 
aportaban fondos adicionales aumentarían la escala y el alcance de sus actividades.  El 31 de enero 
de 2001 el Grupo de Trabajo hizo un nuevo llamamiento  para que se le presentaran propuestas;  puede 
consultarse información al respecto en www.unep-unctad.org/cbtf.  
Punto 3 b
): Las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de 
normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, 
etiquetado y reciclado  
 93. El Presidente del Grupo de Trabajo Técnico de  los Países Nórdicos sobre Criterios de 
Etiquetado Ecológico para el Sector Pesquero  (Islandia) presentó el informe del Grupo de Trabajo al 
Consejo de Ministros de los Países Nórdicos  titulado An Arrangement for the Voluntary Certification 
of Products of Sustainable Fishing  (Arreglo para la certificación vol untaria de productos de la pesca 
sostenible), de fecha 21 de junio de 2000 (disponibl e en:  http://fisk.norden/fisk/sk/kriterier.pdf).  La 
creación por Unilever-Fondo Mundial para la Natura leza (WWF) del Consejo de Ordenación Marina 
en 1996 promovió los debates sobre el etiquetado eco lógico en el sector pesquero.  El Consejo de 
Ministros de los Países Nórdicos  consideraba importante garantizar  que la ordenación de la pesca 
fuera responsabilidad de los gobiernos por motivos prácticos.  La puesta en marcha del etiquetado 
ecológico requería un diálogo que los gobiernos tenían  que organizar;  las f unciones relacionadas con 
el etiquetado ecológico debían estar bien diferenc iadas y estar a cargo de elementos que actuaran de 
manera independiente.  Respecto del alcance de los criterios, el etiquetado era de carácter voluntario y 
no debía suponer una condición para el acceso a lo s mercados;  debían establecerse los medios 
necesarios para verificar el cumplimiento de esos cr iterios.  Se había acordado hacer hincapié en la 
sostenibilidad de las capturas, es d ecir en la forma en que la ordenación de la pesca permitía evitar la 
pesca excesiva y los efectos negativos sobre el eco sistema.  En Europa, la pesca excesiva era la 
cuestión fundamental que se examinaba en los de bates sobre etiquetado ecológico en el sector 
pesquero.  El mandato del Grupo de Trabajo no in cluía los aspectos relacionados con la seguridad 
alimentaria, la salud y la calidad, que eran r esponsabilidad de los gobiernos.  El informe no se 
ocupaba de las actividades de elaboración del pesca do y de otros procesos que se realizaban en tierra 
porque esos aspectos se debían tratar de manera unifo rmes para todos los productos alimentarios.  Se 
había incluido el proceso de ordenación, que abar caba desde el asesoramiento científico hasta la 
determinación del total de capturas permisibles y lo s controles gubernamentales.  Se consideraba que 
los criterios se deberían basar en el enfoque de la  ordenación de la pesca orientado a la prevención, 
definido en el Código de Conducta de la FAO pa ra la Pesca Responsable y desarrollado para el 
Atlántico Norte por la Comisión Internaci onal para la Exploración de los Mares. 
94. La primera categoría de criterios para el etiquetado ecológico de los productos pesqueros 
estaba relacionada con la ordenación del sector.  Co mo había indicado la FAO, se debía establecer un 
plan de ordenación de la pesca basado en el asesorami ento científico regular sobre la situación de las 
poblaciones de peces y en recomendaciones para su e xplotación sostenible, que incluyera medidas de 
ordenación convenidas previamente que entraran en vigor de inmediato si se alcanzaban los puntos de 
referencia preventivos.  Se podía estudiar la posib ilidad de adoptar diversos tipos de medidas de 
ordenación, incluidas reducciones de la captura tota l permisible, reducciones de la actividad pesquera 
y reducciones de la flota.  Era preciso establecer mecanismos eficaces de vigilancia y control.  Con WT/CTE/M/26 
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arreglo al Código de Conducta de la FAO, otra categoría de efectos eran los relacionados con el 
ecosistema.  A fin de evitar efectos negativos sobre el ecosistema, se proponían los siguientes 
criterios:  que no se utilizaran prácticas de pesca dest ructivas, como los explosivos;  que se redujeran 
al mínimo los descartes de pescado, crustáceos y moluscos utilizando la mejor tecnología disponible;  
y el establecimiento de planes de protección de los ecosistemas. 
95. El etiquetado ecológico proporcionaba a las co munidades pesqueras incentivos relacionados 
con el mercado para apoyar una ordenación responsable  de la pesca;  el etiquetado ecológico brindaba 
la oportunidad de comercializar a mayor precio la s exportaciones.  Los gobiernos tenían un incentivo 
para establecer prácticas de ordenación del sector p esquero y mejorar los mercados para los productos 
de la pesca.  La FAO tenía un incentivo para tr abajar en el establecimiento de un enfoque de 
prevención con respecto a la ordenación de la p esca.  La propuesta nórdica sobre etiquetado ecológico 
era idónea para el Atlántico Norte pero no resultaba  necesariamente aplicable a otras regiones.  Por 
consiguiente, las demás regiones debían llevar a ca bo esa misma labor de manera independiente.  El 
Grupo de Trabajo Nórdico consideraba importante ma ntener un debate internacional abierto sobre la 
cuestión, evitar el monopolio privado respecto del et iquetado ecológico y la proliferación de etiquetas 
que pudieran confundir a los consumidores, y evitar los obstáculos técnicos al comercio y los costosos 
procesos de verificación. 
96. El representante de Islandia
, hablando en nombre del Consejo de Ministros de los Países 
Nórdicos , dijo que su delegación había presentado el informe y la propuesta del Grupo de Trabajo 
Técnico de los Países Nórdicos sobre Criterios de E tiquetado Ecológico para el Sector Pesquero como 
forma de promover el etiquetado ecológico en el se ctor.  Ello estaba relacionado con el alcance del 
etiquetado ecológico;  la función de las distinta s partes interesadas, incluidos los gobiernos;  la 
transparencia;  el carácter voluntario del eti quetado ecológico;  la necesidad de asesoramiento 
científico;  y la necesidad de criterios verificables.  La aplicación a nivel mundial de esas premisas requería que se desarrollaran, de ma nera paralela, criterios aplicables a otras regiones, especialmente a 
los países en desarrollo.  Islandia consideraba que  sería de desear que se pudieran establecer unos 
criterios básicos comunes para el etiquetado ecol ógico de los productos procedentes de la pesca 
sostenible.  Islandia se refirió al documento WT /CTE/W/150, en el que se ponía de manifiesto la 
preocupación por la proliferación de etiquetas eco lógicas y la necesidad de establecer unos criterios 
comunes en la materia.  Se requerían criterios com unes para garantizar que el etiquetado ecológico de 
los productos de la pesca no se convirtiera en un obstácu lo para el comercio;  para evitar la confusión 
entre los consumidores;  y para reducir la posib ilidad de que etiquetas privadas se hicieran con 
monopolios.  La posibilidad de establecer criterios co munes para el etiquetado ecológico de la pesca 
se debía examinar en foros internacionales, como el CCMA y la FAO.  La OMC era el foro con 
competencia para abordar los aspectos comerciales.   En Europa ya se habían establecido etiquetas 
ecológicas privadas para productos pesqueros en res puesta a las fuerzas del mercado.  Las etiquetas 
ecológicas podían considerarse como una amen aza o como una oportunidad;  era importante 
garantizar, especialmente a los pa íses en desarrollo, las mismas oport unidades de beneficiarse de las 
nuevas tendencias del mercado respecto de lo s productos de la pesca, y proporcionar a los 
consumidores información verificable sobre el us o sostenible de los recursos marinos vivos. 
97. El representante del Japón
 dio las gracias a Islandia y a la Secretaría por sus documentos, y 
destacó la importancia de la pesca sostenible.  El  etiquetado ecológico podía contribuir a lograr 
alcanzar esa meta si se basaba en un enfoque científico y objetivo.  Habida cuenta de que el concepto 
de etiquetado ecológico de los productos pesqueros es taba relacionado con la or denación de la pesca, 
como se indicaba en el informe de los Países Nó rdicos, el Japón consideraba que los criterios 
científicos y objetivos para establecer etiquetas ecológicas debían examinarse en la FAO.  Esa Organización había celebrado una consulta técnica sobr e etiquetado ecológico en el sector pesquero, y 
tenía previsto celebrar otra en 2000,  pero en la  reunión del Subcomité sobr e Comercio Pesquero de 
la FAO, celebrada en Bremen en febrero de 20 00, los países en desarrollo se habían mostrado 
contrarios a la idea, por lo que las consultas se ha bían suspendido.  Al parecer, había un malentendido 
entre países en desarrollo que entendían que, una v ez que la FAO hubiera establecido los criterios, el  WT/CTE/M/26 
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etiquetado ecológico de los productos de la pesca podía ser obligatorio.  Sin embargo, no era el caso, 
pues en el mundo había muchas etiquetas ecológicas, en  su mayoría privadas.  Si  no se establecían 
criterios objetivos y científicos, proliferarían planes privados de etiquetado que  serían subjetivos, y los 
países en desarrollo exportadores de pescado serían lo s más afectados por esa situación.  Por lo tanto, 
el Japón preguntó a los países en desarrollo si sería mejor que se establecieran criterios objetivos o 
que no se establecieran tales criterios y aparecier an más etiquetas ecológicas que respondieran a 
criterios subjetivos.  La cuestión se plantearía en el Comité de Pesca de la FAO en marzo de 2001. 
98. El etiquetado ecológico de los productos de la pesca estaba relacionado con el uso sostenible 
de los recursos pesqueros, pero tenía también re percusiones comerciales.  Se debía estudiar la 
aplicación de las disposiciones pertinentes del Ac uerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.  
Aunque era la FAO la que debía ocuparse de esta cues tión, el Japón era también partidario de que la 
cuestión se examinara en el CCMA y de que se pr esentaran estudios sobre casos concretos a fin de 
contribuir a la labor de la FAO.  Ello también impr imiría mayor diversidad en los debates sobre pesca 
que se desarrollaban en el CCMA, que, hasta la fecha, se habían centrado exclusivamente en las subvenciones.  En el futuro, Islandia podría expli car cómo se aplicarían los criterios propuestos a las 
distintas especies del Atlántico nororiental.  Como se reconocía en el informe de los Países Nórdicos, 
los criterios del etiquetado ecológico debían estar ad aptados a la zona y a las especies.  Por lo tanto, 
los criterios tenían que ser flexibles a fin de permitir  reflejar la situación de las distintas zonas y las 
diferentes características biológicas de las especies.  También se debía estudiar la forma de aplicar el plan. 
99. El representante de Nueva Zelandia
 dijo que, al preparar su plan para el etiquetado ecológico 
de los productos pesqueros, Islandia había obser vado que era necesario tener en cuenta que las 
condiciones que se consideraban idóneas en la re gión nórdica no se debían aplicar automáticamente a 
los productos de otras regiones.  Ello abundaba en el concepto de equivalencia que se había 
examinado en el CCMA y en el Comité de Obstáculo s Técnicos al Comercio, en virtud del cual se 
podía estudiar la posibilidad de reconocer como equivalentes los planes de otros países.  
Nueva Zelandia preguntó si se había estudiado ese con cepto en relación con los planes de los Países 
Nórdicos y si se habían estudiado los enfoques de otras regiones para determinar si se podía promover 
la equivalencia.  Si no tenían en cuenta la situaci ón de las distintas regiones, muchos de los planes 
nacionales y regionales podían ser excesivamente preceptivos. 
100. El representante de la India  hizo observaciones preliminares acerca de la propuesta nórdica 
sobre criterios para el etiquetado ecológico de los productos de la pesca, que eran específicos para una 
región determinada.  Tal vez fuera mejor que se ocupara de esta cuestión una organización 
internacional en la que estuvieran representadas l as diversas regiones a fin de preparar un programa 
amplio.  Convenía estudiar las consecuencias come rciales del etiquetado ecológico de los productos 
pesqueros, especialmente para los pa íses en desarrollo.  Sería aconsejable estudiar los resultados de la 
FAO y la equivalencia de las normas.  Los princi pios que se recogieran en el plan no debían ser 
discriminatorios ni crear obstáculo s innecesarios al comercio.  Aunque  la India estaba de acuerdo en 
general en que el etiquetado ecológico de los pr oductos de la pesca podía contribuir a desarrollar unas 
prácticas más sostenibles, no se podía pretender que eso s criterios fueran relativ amente simples ni que 
pudieran aplicarse sin demora.  Habida cuenta de la  complejidad de los recursos pesqueros y de los 
distintos intereses económicos, podía no ser posible aplicar de inmediato esos criterios, como en el 
caso de la India.  Se debían abordar los aspect os relacionados con el desarrollo, incluidas las 
preocupaciones comerciales. 
101. La representante de Tailandia  dijo que, dado que su país era uno de los principales 
exportadores de productos pesqueros, estaba preoc upado por los criterios de etiquetado ecológico 
propuestos por los Países Nórdicos, y tendría que es tudiar la propuesta.  Todas las medidas que se 
estudiaran debían ser compatibles con las normas de la OMC, como las previstas en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio. WT/CTE/M/26 
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102. El representante de Malasia
 agradeció a Islandia su exposición del enfoque de los Países 
Nórdicos respecto del etiquetado ecológico de los productos de la pesca, según el cual los planes 
debían basarse en un debate internacional abierto, ser voluntarios, y estar dirigidos por los gobiernos, 
a fin de evitar la proliferación de etiquetas y unos procesos costosos de verificación.  Malasia preguntó cómo se coordinarían las consultas internacionales con la FAO y otras partes, como los 
países exportadores.  Ello sería importante para  que el proceso fuera transparente y no 
discriminatorio.  En los estudios que se citaban en el documento WT/CTE/W/150, se hacía referencia 
a la experiencia de algunos países sobre la multiplic idad de etiquetas, que tendía a confundir a los 
consumidores e incrementaba los costos para el sector.  Un sistema de etiquetado ecológico gestionado adecuadamente, basado en consultas c on los órganos internacionales competentes y que 
tuviera en cuenta los intereses de  los países en desarrollo, sería el más idóneo para garantizar que esos 
programas fueran transparentes y no discriminatorios. 
103. El representante de Venezuela
 manifestó su agradecimiento por la exposición de Islandia 
sobre los criterios de etiquetado ecológico para los productos pesqueros de los Países Nórdicos.  
Venezuela se hizo eco de las preocupaciones manif estadas por la India, Tailandia y Malasia.  La 
experiencia de Venezuela con el etiquetado eco lógico de los productos pesqueros había sido 
frustrante, especialmente en el caso de las exportaciones de atún a América del Norte.  Venezuela 
consideraba que, pese a ser voluntarios, esos plan es se habían convertido en un instrumento que 
distorsionaba el comercio y que constituía un obst áculo al acceso a los mer cados.  Aunque Venezuela 
seguía dispuesta a examinar la cuestión, estaba pr eocupada por sus posibles repercusiones negativas 
sobre el acceso a los mercados. 
104. El representante de Corea  dijo que, dada la importancia que su pa ís otorgaba a la 
sostenibilidad de los recursos p esqueros, agradecía la iniciativa nórdica de establecer criterios 
voluntarios para el etiquetado ecológico.  En esa in iciativa se debía tener en cuenta la situación 
concreta de cada país.  En principio, Corea a poyaba el etiquetado ecológi co por considerar que 
promovería la ordenación sostenible de la pesca y garantizaría el derecho de los consumidores a 
recibir información sobre los aspectos ambientales de  los productos pesqueros.  Sin embargo, al 
aplicar planes de etiquetado ecológico se debían  tener en cuenta las diferencias entre las 
circunstancias, las preferencias y las prioridades de  los distintos países y re giones, especialmente de 
los países en desarrollo.  Dadas las diferencias ex istentes entre las distintas industrias pesqueras y 
culturas culinarias, la introducción rápida del eti quetado ecológico podía tener repercusiones adversas 
sobre su eficacia, que se basaba en su carácter volun tario y objetivo.  Convendría aplicar primero un 
plan de etiquetado ecológico en algunos países y re giones antes de empezar a aplicarlo en otros. 
105. El representante de México  compartía las opiniones manifestadas por Venezuela sobre el 
etiquetado ecológico, especialmente el destinado a ga rantizar que el atún se hubiera pescado con artes 
de pesca inocuos para los delfines.  Era evidente  que incluso las etiquetas voluntarias daban lugar a 
presiones sobre la comercialización de determina dos productos si éstos no llevaban una etiqueta 
determinada.  La legitimidad de esas etiquet as voluntarias era problemática a nivel práctico y 
suscitaba preocupaciones relacionadas con los obstácu los al acceso a los mercados.  Los criterios por 
los que se regían esas etiquetas no reflejaban necesar iamente las diferentes situaciones de los países 
exportadores y podían condicionar el acceso a los mercados. 
106. El representante de las Comunidades Europeas  se mostró de acuerdo co n las observaciones de 
México sobre la relación entre las etiquetas ecológic as y el comercio en el mundo real.  Si un mercado 
era lo suficientemente grande y si las etiquetas importaban a los consumidores, por voluntario que 
fuera el etiquetado la posibilidad de utilizarlo en  un producto determinado se convertiría en condición 
necesaria para vender el producto en ese mercado.  Por lo tanto, era necesario aclarar la forma de 
establecer los criterios de etiquetado y elabor ar un enfoque inclusivo respecto del etiquetado 
ecológico.  Pese a no ser necesariamente una cuestión jurídica, la cuestión tenía importancia en el 
mundo real.  El CCMA debía buscar la forma  de enfo car de manera práctica el etiquetado ecológico.  
La CE consideraba que, en este ámbito, se requerían  aclaraciones con respecto a la negociación de las  WT/CTE/M/26 
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definiciones de reglamentos y normas en el ma rco del Acuerdo sobre Ob stáculos Técnicos al 
Comercio.  No era cierto que la experiencia de redacción de tales normas demostrara claramente que se excluían los procesos y métodos de producción (PMP ).  De la primera frase de las definiciones de 
reglamento técnico y norma podía deducirse eso, pero la segunda frase indicaba otra cosa.  Uno de los 
motivos por los que preocupaba a la CE abordar esa cuestión era que sería necesario reactivar el mito 
de que la cuestión de los PMP se había solucionado.  La CE no creía que si el etiquetado ecológico se 
abordaba en las próximas negociaciones, fuera posible  resolver la cuestión de los PMP.  El debate 
sobre el etiquetado presentaba zonas grises que podían  resultar peligrosas.  Tanto si éstas se resolvían 
como si no, había otras cuestiones prácticas relacion adas con la legitimidad de los procesos internos 
de adopción de decisiones en los que podrían reali zarse progresos que resultarían beneficiosos para el 
comercio mundial. 
107. El representante de Indonesia
 dijo que, habida cuen ta de que su país er a uno de los principales 
exportadores de pescado, su delegación se hacía eco de las preocupaciones ma nifestadas acerca del 
etiquetado ecológico.  Indonesia reconocía que el  etiquetado ecológico era un instrumento para 
promover la ordenación sostenible de la pesca y pr oporcionar información a los consumidores.  Pese a 
que las etiquetas ecológicas eran de carácter voluntario, podían convertirse en obstáculos al acceso a 
los mercados.  Indonesia estaba dis puesta a debatir esta cuestión pero consideraba que las etiquetas 
ecológicas debían ser compatibles con las disposiciones de la OMC. 
108. El representante de Islandia  agradeció a los Miembros sus observaciones sobre la propuesta 
de los Países Nórdicos relativa al sector pesque ro, que ponía de manifiesto la necesidad de establecer 
unos criterios básicos comunes, como el uso de dato s científicos y verificables.  Islandia aclaró que la 
propuesta que contenía el informe del Grupo de Trab ajo de los Países Nórdicos no era todavía un plan 
de etiquetado ecológico.  Su país todavía no había in iciado el proceso de consultas internacionales.  
Islandia esperaba debatir esta cuestión en marzo de 2001  en el Comité de Pesca de la FAO.  Por lo 
que respectaba a la aplicabilidad de los criterios a otros países y regiones, las deliberaciones de los 
Países Nórdicos habían puesto de manifiesto la n ecesidad de adoptar unas normas internacionales para 
el establecimiento de cr iterios que fueran equivalentes.  A unque los tipos de criterios que podían 
aplicarse de manera realista diferi rían según la región, había aspectos que  eran similares.  Por lo tanto, 
resultaría útil coordinar la labor en las distintas re giones.  Por el momento, todavía se tenía que seguir 
trabajando en el establecimiento de criterios aplicabl es.  Al presentar el informe, la intención de los 
Países Nórdicos era informar a los demás de la labor que estaban desarrollando en ese ámbito. 
Punto 4 : Las disposiciones del sistema multilateral de  comercio con respecto a la transparencia 
de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales y las medidas y 
prescripciones ambientales que tienen efectos comerciales significativos  
 109. La Secretaría estaba actualizando la Base de Da tos sobre el Medio Ambiente correspondiente 
al año 2000, que contenía las notificaciones a la  OMC relacionadas con el medio ambiente.  Los 
Miembros estaban invitados a hacer sugerencias a la Secretaría resp ecto de las palabras de búsqueda 
que utilizaba en su compilación. 
Punto 6
: El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo 
relativo a los países en desarrollo, en par ticular los países menos adelantados, y los 
beneficios resultantes para el medio ambiente  de la eliminación de las restricciones y 
distorsiones del comercio  
 
110. El representante de la India  presentó el documento de su delegación, WT/CTE/W/177, en el 
que se analizaban los efectos de las medidas ambienta les sobre el acceso a los mercados de los países 
en desarrollo.  En comparación con los países d esarrollados, las repercusiones de las medidas 
ambientales sobre el acceso a los mercados de lo s países en desarrollo eran mucho más agudas y 
perjudiciales, en especial para las empresas pe queñas y medianas, por lo que respectaba a la 
disponibilidad de información y a los costos por c oncepto de cumplimiento de las medidas.  Aunque WT/CTE/M/26 
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cabía reconocer que las consideraciones ambien tales podrían generar opor tunidades comerciales 
positivas, las empresas pequeñas y medianas carecían de los recursos, la capacidad y la tecnología 
necesarios para aprovechar esos nichos del merca do.  Aunque la India era partidaria de la 
armonización de las normas ambientales frente a una proliferación de normas, entre los países en desarrollo se registraban grandes diferencias en las normas ambientales que respondían a sus 
respectivas prioridades nacionales, lo que hací a difícil y desaconsejable la armonización en 
comparación con el reconocimiento mutuo y la equiva lencia.  El documento in cluía ejemplos de la 
India, Filipinas y Sudáfrica en diversos sectores, a fin de ilustrar los problemas de acceso a los 
mercados con los que se enfrentaban los países en desarrollo.  Por lo que respectaba a los procesos y 
métodos de producción no relacionados con los productos, cuestión a la que se había referido la CE, 
existían obstáculos para el acceso a los mercados  relacionados con el etiquetado y basados en 
consideraciones relacionadas con el ciclo vital.  Como había indicado México en relación con el punto 3, esas medidas, pese a ser voluntarias, afectaban  al acceso a los mercados.  En el documento, la 
India proponía un camino adelante pragmático d estinado a mitigar las repercusiones de las 
prescripciones ambientales sobre el acceso a los mercados, que incluía la adopción de medidas por 
parte de los países en desarrollo, como la mejora de la coordinación interna y la mayor difusión de 
información sobre las medidas ambientales a nive l nacional.  La India hizo hincapié en la 
transferencia de tecnología, el desarrollo de la capacidad y la asistencia técnica, así como en las 
inversiones en infraestructuras a nivel nacional.  De bía incrementarse la participación de los países en 
desarrollo en el proceso de elaboración de norma s multilaterales.  Los países desarrollados debían 
promover la participación de los países en desa rrollo antes de adoptar medidas ambientales. 
111. El representante de Noruega
 manifestó su interés por el documento de la India, en el que se 
citaban ejemplos prácticos de los efectos de las normas sobre el acceso a los mercados, y se proponían 
medidas concretas para seguir avanzando.  Los ejemplos ponían de manifiesto que las medidas 
ambientales podían convertirse en obstáculos no aran celarios al comercio.  Sin embargo, la opinión 
pública de los países ejercía presión política para que se garantizaran la salud y la seguridad.  Había 
resultado más fácil afrontar el problema de los obstáculos arancelarios, que se podían eliminar 
gradualmente.  Noruega consideraba que la India había presentado sugerencias constructivas, como 
una mayor participación de los países en desarro llo en los procesos de normalización, por lo que 
respectaba al mejor modo de abordar la cuestión de  las medidas ambientales.   El Marco Integrado 
también podía utilizarse para canalizar el desarrollo de  la capacidad y la asistencia técnica con miras a 
permitir a los países en desarrollo responder a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente que 
repercutían sobre el comercio.  Era preciso resolv er problemas de índole prác tica.  Noruega agradecía 
los esfuerzos de la India en relación con el  Modo 4 en las negociaciones sobre servicios. 
112. El representante de las Comunidades Europeas  agradeció a la India su constructiva 
contribución, que destacaba las oportunidades que existían para los países en desarrollo en los 
mercados de exportación en los que se respondía a l as necesidades ambientales a nivel local.  Podía 
haber obstáculos de índole práctica para los exportado res de los países en desarrollo.  Según la CE, lo 
importante no era que los requisitos en los merc ados de exportación guardaran relación con los 
procesos y métodos de producción o fueran requis itos relacionados con los productos, sino que sería 
necesario cambiar lo que se estaba produciendo.  Lo s procesos de elaboración de normas debían ser 
inclusivos para que los representantes de los fabr icantes exportadores de los países en desarrollo 
pudieran participar desde las primeras etapas, y se debía reducir la multiplicidad de medidas.  Las 
empresas y las organizaciones no gubernamentales est aban propiciando el diálogo entre las distintas 
partes interesadas en el desarrollo de un Centro Europeo de Comercio Sostenible que facilitara 
información sobre las posibles normas y redujera al mínimo los obstáculos relacionados con la capacidad.  
113. El representante de la Argentina 
manifestó su apoyo al documento de la India, en el que se 
subrayaba la relación existente entre la pobreza y la protección del medio ambiente.  Cuando los 
gobiernos adoptaban políticas ambientales, se elegía entre aplazar los beneficios a corto plazo para 
invertir en sostenibilidad y permitir a los producto res obtener mayores beneficios a corto plazo sin  WT/CTE/M/26 
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tener plenamente en cuenta los efectos ambientale s.  Las distintas opciones abiertas a los países en 
desarrollo por lo que a la protección ambiental respec taba entrañaban importantes costos por concepto 
de cumplimiento de las medidas ambientales, como  se ponía de manifiesto en el documento de la 
India.  La Argentina siempre había subrayado que la pobreza rural era una de las principales causas de 
degradación del medio ambiente, especialmente en la  agricultura.  Aunque los países desarrollados 
podían adoptar medidas ambientales de buena fe, habi da cuenta de las diferencias en los niveles de 
ingresos, esas mismas medidas podían tener repercus iones negativas tanto en los ingresos como en el 
medio ambiente de los países en desarrollo. 
114. El representante de Malasia  acogió con satisfacción el documento  de la India, en el que se 
subrayaban los efectos de las medidas ambientale s sobre el acceso a los mercados de los países en 
desarrollo. Malasia afirmó que podía resultar más fáci l pagar los gastos e impuestos que satisfacer los 
requisitos relacionados con las normas y reglamentos t écnicos y el reciclado.  Como se indicaba en el 
documento de la India, esas prescripciones entrañab an unos costos prohibitivos por concepto de 
cumplimiento de las medidas y dificultades para evaluar las tecnologías, y podían no ser la forma menos restrictiva para el comercio de alcanzar objetivos ambientales.  Las empresas pequeñas y 
medianas se encontraban en situación de especial d esventaja a la hora de adaptarse a la proliferación 
de prescripciones en los mercados de exportación,  incluidas las prescripciones relacionadas con el 
Proyecto de Análisis de Riesgos y Controles Crític os (HACCP), y las prescripciones en materia de 
certificación y prueba.  Malasia se refirió a la posib le prohibición por la CE del uso de sustancias 
peligrosas en el equipo electrónico y eléctrico, lo  que requería sustituir determinados materiales 
peligrosos en la producción de ese tipo de equipo.   Existía la posibilidad de que las empresas 
pequeñas y medianas de los países en desarrollo no dispusieran de esos materiales de sustitución, o 
que éstos resultaran costosos, lo que favorecería a empresas más grandes o empresas locales que dispusieran de la tecnología nece saria.  Cuando existían medios alte rnativos de proteger al medio 
ambiente, Malasia consideraba que se debía optar por los que resulta ran menos restrictivos para el 
comercio.  La experiencia de Malasia con las prescripciones para la exportación de camarones ponía 
de manifiesto que la alternativa al incumplimiento de una norma concreta solía tener como resultado 
la pérdida de mercados de exportación.  El documen to de la India estaba orientado hacia el futuro e 
incluía propuestas prácticas.  Malasia subrayó la importancia de celebrar c onsultas previas con las 
partes afectadas, de establecer períodos más largos pa ra la introducción de las medidas en los países 
en desarrollo, y de adoptar medidas positivas a fin de mitigar las repercusiones negativas de las 
medidas ambientales. 
115. El representante de Filipinas
 dio las gracias a la India por su aportación, que destacaba los 
problemas a los que tenían que hacer frente los países  en desarrollo para lograr un equilibrio entre las 
exigencias de la liberalización del comercio, que no er a un fin en sí misma, y el desarrollo sostenible, 
que era el objetivo primordial.  La India se refería a las dificultades que experimentaban los fabricantes de semiconductores de Filipinas para adaptarse a la norma de certificación 14001 de 
la ISO.  Ese caso era un ejemplo de la vulnerab ilidad de los países en desarrollo respecto de las 
medidas ambientales, a saber, los costos que en trañaba el cumplimiento de las normas ambientales 
internacionales.  Los esfuerzos de Filipinas por cu mplir las obligaciones que habían contraído en el 
marco del Convenio de Basilea podrían estar obliga ndo tanto a los usuarios intermedios como a los 
usuarios finales de acumuladores usados de plomo a abastecerse de fuentes nacionales.  Sin embargo, no podía considerarse que la prohibición de las im portaciones de acumuladores usados de plomo sólo 
afectara al comercio de los países de los que, en otras circunstancias, Filipinas habría importado los 
acumuladores;  también afectaba al desarrollo sosten ible de Filipinas.  Si bien el objetivo del 
Convenio era reducir los desechos nocivos para el medio ambiente, las opciones tecnológicas 
limitadas y la falta de acceso suficiente a materi as primas inocuas para el medio ambiente podían 
llevar a la aparición en Filipinas de empresas de re ciclado más pequeñas e "informales", lo que iría 
contra el espíritu del acuerdo.  Tal era el caso, especialmente dado que no se disponía a nivel nacional 
de una legislación o una política normativa equivalente.   Filipinas subrayó que su Ley de protección 
de la calidad del aire suponía un intento serio de reducir la contaminación.  Sin embargo, las 
condiciones que imponía, incluida la prohibición de los incineradores, no eran discriminatorios y se WT/CTE/M/26 
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aplicaban por igual a los inversores extranjeros y a los nacionales.  Aunque pudiera afectar al 
comercio de incineradores, la cuestión ponía de manifiesto que no todo lo que afectaba al comercio era necesariamente una cuestión comercial.  La legislación filipina prohibía la fabricación, la 
importación, la distribución y/o la venta de detergen tes de uso doméstico e industrial que contuvieran 
agentes tensoactivos duros y promovía la utilizaci ón de productos oleoquímicos naturales, incluidos 
aceites naturales derivados de plantas, como la palma, la almendra de palma, el girasol, la nabina y el 
coco.  En el documento de la India se justificab a la distinción entre los detergentes derivados del 
petróleo, que no se consideraban biodegradabl es, y los detergentes basados en productos 
oleoquímicos naturales, que sí lo eran. 
116. El representante de Egipto
 dijo que el documento de la India abordaba las preocupaciones de 
los países en desarrollo con respecto a los obstácu los prácticos para el acceso a los mercados, y 
definía vías de avance que destacaban la importancia de la asistencia técnica, la transferencia de 
tecnología y el desarrollo de la capacidad para la elaboración de normas.  La India se refería a los costos que entrañaba el cumplimiento de las pres cripciones ambientales para las empresas pequeñas y 
medianas, cuestión de especial importancia para lo s países en desarrollo.  Malasia había destacado la 
Directiva de la CE sobre el equipo electrónico y el éctrico, cuestión que Egipto había planteado ante el 
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio.  Serí a necesario celebrar consultas sobre las sugerencias 
que figuraban en el documento de la India. 
117. El representante del Brasil
 dijo que el documento de la India ponía de manifiesto las 
preocupaciones comunes de los países en desarroll o acerca de los obstáculos para el acceso a los 
mercados derivados de las medidas ambientales.   Incluso las medidas voluntarias de etiquetado 
ecológico tenían efectos sobre el acceso a los mercados de l as exportaciones de los países en 
desarrollo.  El Brasil había experimentado dificult ades con las exportaciones de madera.  La cuestión 
estribaba en evitar que las oportunida des comerciales se convirtieran en obstáculos al comercio.  En el 
Brasil, la sociedad civil también había desemp eñado un papel importante en la promoción del 
etiquetado ecológico.  El Brasil estaba de acuerdo c on la India en la importa ncia de establecer normas 
que fueran incluyentes, transparentes y accesibles para los países en desarrollo. 
118. La representante de Venezuela  dijo que el documento de la India reflejaba las preocupaciones 
de los países en desarrollo.  Los ejemplos prácticos que contenía permitían apreci ar la repercusión real 
sobre el acceso a los mercados de las medidas ambi entales, especialmente para las exportaciones de 
los países en desarrollo.  Como Venezuela ya observó refiriéndose al etiquetado ecológico, esas 
preocupaciones se debían tener en cuenta a la hor a de buscar soluciones.  Venezuela apoyaba las 
sugerencias de la India acerca de cómo encontrar,  por medio de la cooperación, una solución a esas 
preocupaciones.  Venezuela estaba comprometida en la protección del medio ambiente, pero sus 
exportaciones habían tenido que afrontar obstáculo s para el acceso a los mercados relacionados con 
las medidas ambientales que no tenían en cuenta la situación concreta del país. 
119. El representante de los Estados Unidos  acogió con interés la propuesta de la India de que el 
proceso que seguían los países para desarrollar sus medidas ambientales fuera transparente e 
incluyente.  Los Estados Unidos señalaron la atenci ón que se prestaba en el documento de la India a 
las oportunidades de las que todas las partes se beneficiaban por igual, por lo que "correspondía a los gobiernos y a las empresas aprovechar la ventaja co mpetitiva de sus productos, en particular de los 
productos inocuos para el medio ambiente, con el  objeto de aumentar su participación en los 
mercados con conciencia ecológica".  En los debates sobre comercio y medio ambiente, era 
importante centrarse en las oportunidades de conflu encia de intereses, frente a la divergencia de 
intereses entre la protección del medio ambiente y la liberalización del comercio y los posibles 
conflictos de ello derivados.  Ce ntrarse en las oportunidades de las que todas las partes se beneficiaran 
por igual permitiría que las deliber aciones se desarrollaran en un cl ima menos negativo y señalaría el 
camino hacia la adopción de inicia tivas concretas o "viables" que pudieran mostrar claramente los 
ámbitos en los que los gobiernos podían promove r al mismo tiempo los intereses de los sectores 
ecologistas y los sectores comerciales.  WT/CTE/M/26 
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120. El representante de Cuba  manifestó su interés por el documento de la India, que presentaba 
ejemplos pertinentes sobre las dificultades de acce so a los mercados con las que se enfrentaban las 
exportaciones de los países en desarrollo como re sultado de medidas ambientales.  En estudios 
realizados en Cuba se habían dete rminado las exportaciones respecto de las cuales se había planteado 
ese tipo de preocupación, como la miel y las langost as.  Entre las soluciones propuestas por la India, 
Cuba destacó la necesidad de asistencia técnica y de trato especial y diferenciado. 
121. El representante de Kenya  dijo que en el documento de la India se exponían las 
preocupaciones de los países en desarrollo con resp ecto a las medidas ambientales adoptadas por los 
países desarrollados.  En algunos casos, las nor mas aplicadas a los productos en los países 
desarrollados no se cumplían en el caso de las expor taciones procedentes de esos países.  Ello suponía 
una contradicción.  Kenya hacía un llamamiento a favor del trato especial y diferenciado y de la 
flexibilidad para que los países en desarrollo pudieran integrarse en un sistema de comercio 
multilateral. 
122. El representante de Suiza  señaló que el documento de la I ndia constituía un punto de partida 
constructivo para los debates.  Los países en desarro llo podían beneficiarse de las normas ambientales 
derivadas de la creciente concienc ia ambiental en los países desarr ollados y de los nuevos mercados 
para los productos inocuos para el medio ambiente, como el café, el té y las frutas tropicales orgánicas.  Aunque las normas ambientales podían cau sar problemas de ajuste, también se crearían 
nuevas oportunidades de mercado. 
123. El representante de Chile
 dijo que los países en desarrollo  podían aprovechar las ventajas 
comparativas de exportar sus productos a mercados  con conciencia ecológica.  Chile estaba de 
acuerdo con las sugerencias de la India sobre las vías de avance con respecto a la transparencia.  Chile 
añadió que la cooperación con los interlocutor es comerciales era importante para resolver los 
problemas ambientales relacionados con las expo rtaciones, incluido el marco de los acuerdos 
comerciales, como en el caso del Canadá.  Chile pidió que la India diera más explicaciones sobre la forma de utilizar la cooperación para resolver las dificultades que pudieran plantearse en ese ámbito. 
124. El representante de México
 consideraba que el documento de la India contenía ejemplos útiles 
de la vulnerabilidad de los países en desarrollo c on respecto a los efectos negativos de las medidas 
ambientales sobre el acceso a los mercados de sus exportaciones.  Era frecuente que los países en 
desarrollo experimentaran dificultades para aj ustarse al creciente número de prescripciones 
ambientales en sus mercados de exportación.  La India también había expuesto formas de hacer 
avanzar las deliberaciones y de incrementar las posibilid ades de los países en desarrollo de ajustarse a 
las prescripciones ambientales.  México señaló que el enfoque de coope ración expuesto en las 
propuestas de la India era constructivo y promoverí a las oportunidades que beneficiarían por igual a 
todas las partes.  La imposición de medidas co merciales para acelerar el logro de objetivos 
ambientales era contraproducente;  impedir el acceso a los mercados de los países en desarrollo sólo 
reduciría los recursos financieros disponibles para la protección del medio ambiente y para satisfacer 
las prescripciones ambientales establecidas en los me rcados de exportación.  Por ejemplo, se había 
tardado más de la cuenta en progresar en la con servación de los delfines por parte de los pescadores 
de atún de México por no disponer de recursos fi nancieros suficientes que destinar al logro de ese 
objetivo.  Para alcanzar soluciones a través de la cooperación, se requerían políticas transparentes y 
amplias, que incluyeran períodos suficientes de  introducción para que los países en desarrollo 
pudieran cumplirlas y adaptarse a los requisitos relacionados con el medio ambiente. 
125. El representante de Indonesia  manifestó su apoyo a la posición expuesta en el documento de 
la India de que los efectos de las medidas ambien tales sobre el acceso a los mercados se debían 
examinar desde la perspectiva amplia y equilibrad a del desarrollo sostenible con el fin de lograr 
oportunidades de las que todas las partes se beneficiaran  por igual.  Si sólo se hacía hincapié en la 
protección del medio ambiente a expensas del desarro llo económico, el acceso a los mercados de los 
países en desarrollo podía sufrir a expensas del medi o ambiente.  Indonesia destacó la importancia de WT/CTE/M/26 
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las prescripciones ambientales, aunque señaló que ha bía que ser cautos;  era difícil aceptar que esas 
normas dieran necesariamente lugar a obstáculos no arancelarios al comercio, que impusieran condiciones al acceso a los mercados de los países en desarrollo sin tene r en cuenta su situación.  Las 
prescripciones ambientales se debían complementar  con medidas positivas de cooperación técnica, 
transferencia de tecnología y desarrollo de la capa cidad.  De ese modo, los países en desarrollo 
podrían mejorar su capacidad de satisfacer los requi sitos del mercado y tomar conciencia de los 
factores relacionados con el medi o ambiente en el comercio. 
126. El representante de Tailandia
 manifestó su apoyo a la propuesta de la India de que antes de 
elaborar normas ambientales se celebraran consult as con los países en desarrollo.  Con respecto al 
diálogo de las partes interesadas de la CE con el sector privado y las organizaciones no 
gubernamentales, Tailandia preguntó si se incluiría en el diálogo a las partes interesadas de los países 
en desarrollo. 
127. El representante del Perú  consideraba de suma importanci a las cuestiones planteadas en el 
documento de la India.  Las normas ambientales, incluidas las que figuraban en acuerdos ambientales 
multilaterales, podían representar obstáculos al comerc io.  Existían procedimientos para establecer 
una base científica para el desarrollo de normas, aunque fueran voluntarias.  Sin embargo, con 
respecto al etiquetado ecológico voluntario, las disp osiciones del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos 
al Comercio no eran suficientemente claras y era preciso examinar más a fondo su base científica.  
Las normas voluntarias podían tener mayor impacto que otras normas y dar lugar a obstáculos no arancelarios al comercio.  Los paí ses en desarrollo debían tener mayor participación en el proceso de 
elaboración de normas a fin de que se tuvieran en cu enta sus intereses y de que dispusieran de tiempo 
suficiente para adaptarse a esas normas.  El Perú  preguntó qué otras condiciones consideraba la India 
que se debían aplicar en el proceso de elaboración de normas a fin de garantizar que se tuvieran en cuenta  los intereses de los países en desarrollo  y que sus exportaciones no quedaran marginadas. 
128. En representante de la India
 agradeció a las delegaciones el apoyo manifestado al documento 
presentado por su delegación.  El comentario de  Chile sobre cooperación suponía una aportación 
importante que reforzaba las referencias de la Indi a a las iniciativas multilaterales.  Refiriéndose a la 
observación del Perú, en el documento de la India se citaban ejemplos concretos de dificultades de 
acceso a los mercados que tenían que afrontar lo s países en desarrollo y se proponía una vía de 
avance.  El CCMA debía aclarar la gama de medi das ambientales en los principales mercados de 
exportación para los sectores de importancia para lo s países en desarrollo, como la agricultura, los 
textiles, los productos tropicales y las materias prim as.  La India propuso que los países desarrollados 
facilitaran ejemplos del proceso de elaboración de las medidas ambientales, incluidas las 
deliberaciones de las partes interesadas con los co nsumidores.  Ello permitiría a los países en 
desarrollo entender el proceso y proponer medios de  mejorar las lagunas existe ntes en la transparencia 
y la participación.  De ese modo, el  CCMA podría comprender de manera práctica la situación de los 
países en desarrollo con respecto a los efectos de las medidas ambientales sobre el acceso a los 
mercados. 
Agricultura  
 129. El representante de la Argentina
 se refirió al documento presentado por su delegación al 
Comité de Agricultura, G/AG/NG/W/88, sobre las preocupaciones no comerciales legítimas que se debían tener en cuenta en las negociaciones sobre agricultura:  la pobreza rural, el desempleo y la 
degradación del medio ambiente.  La Argentina pr esentaría también ese documento al CCMA.  La 
Argentina planteó una cuestión relacionada con la salud y las medidas fitosanitarias con 
consecuencias para el medio ambiente, la ence falopatía espongiforme bovina .  Ese problema estaba 
relacionado con la ganadería intens iva, que había dado lugar a unos aranceles elevados, y a medidas 
de apoyo de los precios y subvenciones a la producción de carne en la CE.  Se había reconocido que el 
origen del problema era el fomento por la CE del uso de harina de huesos para la fabricación de 
piensos.  La Argentina destacó l as consecuencias de prácticas que distorsionaban los precios sobre la  WT/CTE/M/26 
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salud, el desarrollo rural y el medio ambiente.  Las consecuencias sanitarias para la CE eran conocidas;  las consecuencias para los importadores de  piensos de la CE estaban siendo evaluadas por 
la Organización Mundial de la Salud.  Las consecu encias para los países en desarrollo que competían 
con las exportaciones subvencionadas de la CE tamb ién eran cruciales.  La Política Agrícola Común 
de la CE había dado lugar a una producción totalm ente desmedida de carne, que se exportaba a 
precios subvencionados.  Esa competencia deslea l era causa de pobreza rural y de desempleo, y 
reducía la seguridad alimentaria. 
Energía
 
 130. El representante de las Comunidades Europeas
 presentó el documento de su delegación sobre 
medidas y políticas perjudiciales para el medio ambien te y con efectos de distorsión del comercio en 
los mercados de la energía, WT/CTE/W/185, que se basab a en la nota de la Secretaría que figuraba en 
el documento WT/CTE/W/67.  En este último documen to se indicaba que existía una serie de medidas 
que tenían efectos perjudiciales para el comercio y para el medio ambiente.  Sobre la base de los 
últimos acontecimientos, la CE proponía que se actua lizara la labor sobre el sector de la energía, 
incluida la labor que se estaba desarrollando en la OCDE y en el Organismo Internacional de Energía.  
Dicha actualización debía seguir la misma estructura expuesta en el documento WT/CTE/W/67, teniendo en cuenta la especificidad de la energía y el hecho de que se trataba de un bien intermedio, y 
examinando el comercio de productos energéticos, en particular la relación entre el medio ambiente y 
la liberalización del comercio de electricidad.  Podría resultar útil incluir en la actualización la 
cuestión de los efectos sobre el medio ambiente y el cambio climático de las políticas y medidas 
vigentes comparándolos con los resultantes de los ca mbios que se podrían introducir en las políticas, 
incluido el comercio de emisiones de gases con efecto invernadero, y los posibles efectos de distorsión del comercio de iniciar operaciones come rciales (derechos de emis iones) con diferentes 
principios y países.  La importancia de las cuestione s relacionadas con la energía para el comercio y el 
medio ambiente requería que se actualizara el documento WT/CTE/W/67 y que se prestara 
regularmente más atención a ese sector. 
131. El observador del PNUMA
 informó al CCMA de que el Programa y el Organismo 
Internacional de Energía (OIE) habían organizado conjuntamente una serie de cuatro seminarios 
regionales sobre la posible contribución de la reform a de las subvenciones del sector de la energía al 
desarrollo sostenible.  La finalid ad de esos seminarios era comprender mejor los efectos sociales, 
económicos y ambientales de la reforma de las subve nciones del sector de la energía.  Ya se habían 
realizado tres seminarios, cada uno de los cuales  había contado con la participación de entre 40 
y 50 expertos en energía que habían examinado caso s concretos correspondientes a cuatro regiones:  
i) el Seminario de París, celebrado los días 6 y 7 de noviembre de 2000, se centró en los países de la OCDE y los países europeos c on economías en transición;  ii) la s subvenciones del sector de la 
energía en los países de África se abordaron en el Seminario de Durban, que tuvo lugar los días 15 
y 16 de diciembre de 2000;  iii) las subvenciones del sector de la energía en Asia se examinaron en 
Bangkok, los días 16 y 17 de enero de 2001;  y iv) el  último seminario se celebraría en Santiago, los 
días 27 y 28 de marzo de 2001, se dedicaría a la región de América Latina e incluiría una sesión de clausura en la que se consolidarían las conclusiones a las que se hubiera llegado en los cuatro seminarios.  
132. Las recomendaciones preliminares de esos seminari os eran las siguientes:  i) las subvenciones 
tradicionales del sector de la energía solían crear desi ncentivos para la inversión en fuentes de energía 
renovables y en sistemas de ahorro de energía;  y ii) era frecuente que las subvenciones no alcanzaran 
los objetivos que las motivaban, como el desarrollo  socioeconómico y la seguridad energética.  Sin 
embargo, las subvenciones al sector de la ener gía podían resultar beneficiosas en determinadas 
circunstancias, por ejemplo las subvenciones a la  investigación y el desarrollo y a las industrias 
nacientes, si esas subvenciones se suprimían tan pront o como la tecnología o la industria conseguían 
ser competitivas.  Las preocupaciones sociales y la falta de acceso suficiente a la energía eran más 
acuciantes en los países en desarro llo, y era preciso centrarse en el componente social del desarrollo WT/CTE/M/26 
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sostenible a la hora de establecer las subvenciones.  Por lo general, era preciso reformar, en lugar de 
suprimir, las subvenciones del sector de la energía, lo  que debía formar parte de la reforma general de 
la política energética.  Había que definir y evalua r con mayor exactitud las subvenciones del sector de 
la energía, y desarrollar una labor más analítica sobre las repercusiones ambientales, sociales y 
económicas de las subvenciones del sector de la en ergía y su reforma.  Los encargados de la 
formulación de políticas debían examinar los benefici os de la reforma de la s subvenciones para el 
desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las circ unstancias concretas de cada país.  Era necesario 
educar a la ciudadanía y promover la sensibilización de la población.  Se debía hacer mayor hincapié 
en las tecnologías energéticas renovables, que podían  constituir una alternativa eficaz y competitiva a 
las fuentes tradicionales, especial mente en las zonas rurales.  El  PNUMA y el OIE presentarían una 
síntesis de las conclusiones de esos seminarios al noveno período de sesiones de la Comisión sobre el 
Desarrollo Sostenible, en abril de 2001, y orga nizarían una reunión paralela sobre energía. 
133. El representante de México
 preguntó si resultaría útil actualizar a todos los sectores que se 
enumeraban en el documento WT/CTE/W/67. 
134. La representante de Venezuela  señaló que las cuestiones relativas a la energía relacionadas 
con el Protocolo de Kyoto eran complejas y que tendría que celebrar consultas con su Gobierno 
acerca de las propuestas de la CE a ese respecto. 
135. Se acordó  que la Secretaría actualizara la sección relativa a la energía del documento 
WT/CTE/W/67 con arreglo a los informes y los estudios disponibles. 
Pesca  
 
136. El observador de la FAO  informó al CCMA acerca de las reuniones de la FAO sobre pesca y 
acuicultura, incluida la segunda reunión de la F AO y de los órganos regionales no dependientes de 
la FAO, celebrada los días 20 y 21 de febrero de 2001 ;  la segunda consulta t écnica sobre pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada, celebrada los días 22 y 23 de febrero de 2001, y el 24º período de 
sesiones del Comité de Pesca, que tuvo lugar del 26 de febrero al 2 de marzo de 2001.  La 
información estaba disponible en www.fao.org/fi .  Desde octubre de 1999, la FAO venía facilitando al 
CCMA información acerca de la ejecución de su plan  de trabajo sobre subvenciones a la pesca.  
En 2000, la FAO había estudiado los efectos de las subvenciones sobre el comercio del pescado y los 
productos de pescado, y sus efectos sobre la sostenib ilidad de las reservas de peces en estado natural, 
y examinó los conceptos de subvenciones a la pesca.   La consulta de expe rtos de la FAO sobre 
incentivos económicos y pesca responsable, que se celeb ró en Roma del 28 de noviembre al 1º de 
diciembre de 2000, y en la que participaron expert os procedentes de África, Asia, América Latina, 
Europa, América del Norte, Oceanía y la  OMC, pasó revista a esos trabajos. 
137. La consulta de expertos se centró en:  i) la de finición de las subvenciones y su clasificación en 
categorías;  ii) las repercusiones de las subvenciones en la sostenibilidad de lo s recursos pesqueros;  y 
iii) la repercusión de las subvenciones en el comercio  del pescado y los productos de pescado.  En la 
consulta se aprobó un informe para que lo examinara el Comité de Pesca de la FAO en su 24º período 
de sesiones.  Los expertos debatieron una defini ción operacional de "subvención" a los fines de 
analizar los efectos sobre la sostenibilidad de los recursos y el comercio.  Se definieron 
cuatro categorías de subvenciones.  La categoría  1 correspondía a "las transf erencias financieras del 
Gobierno que reducían los costos y/o incrementaban los ingresos de los productores a corto plazo".  
Las categorías 2, 3 y 4 ampliaban ese concepto.  La categoría 2 de subvenciones comprendía 
"cualquier intervención del Gobierno, entrañara o no transferencias financieras, que redujera los 
costos y/o incrementara los ingresos de los producto res a corto plazo".  La categoría 3 ampliaba la 
categoría 2 añadiendo:  "los beneficios a corto plazo para los productores resultantes de la no 
intervención de los gobiernos para corregir distor siones (imperfecciones) en la producción y en los 
mercados que pudieran afectar a los recursos pesque ros y al comercio".  La categoría 4 comprendía 
"todas las medidas gubernamentales, incluida la  ausencia de medidas co rrectivas, que pudieran  WT/CTE/M/26 
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afectar, positiva o negativamente, a los beneficios deri vados de los activos de las empresas del sector 
pesquero, también a largo plazo".  Los expertos recomendaron que en futuros análisis se hiciera 
referencia a esas categor ías de subvenciones. 
138. Los expertos clasificaron las subvenciones en f unción de sus efectos sobre la empresa.  Los 
expertos consideraron que los conocimientos em píricos relativos a las repercusiones de las 
subvenciones sobre el comercio y la sostenibilidad de  los recursos pesqueros eran deficientes.  Sin 
embargo, hubo acuerdo general en que las repercusiones sobre la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros dependían de manera crític a de la eficacia de la ordenación de la pesca, y eran menores 
cuando existía un control total sobre las actividades pesqueras.  Basándose en los datos disponibles y 
en los métodos de análisis, así como en la s estimaciones conocidas de  la magnitud de las 
subvenciones, los expertos identificaron los aspec tos prioritarios de las repercusiones de las 
subvenciones que convenía estudiar.  A fin de faci litar ese análisis, se acordó que no era esencial 
utilizar las mismas categorías al estudiar las repercus iones sobre los recursos y las repercusiones sobre 
el comercio.  Con respecto a las repercusiones sobr e los recursos pesqueros, en un futuro estudio se 
debía examinar prioritariamente la "ampliación de los bienes de capital", las "exenciones y moratorias 
fiscales" y la "ayuda en materia de precios".  Con respecto a las repercusiones sobre el comercio, se 
debían examinar prioritariamente las medidas que  "reducían el precio relativo de los insumos" y 
"reducían la actividad pesquera", y las "medidas  de gestión y reglamentación".  Los expertos 
examinaron también los métodos más adecu ados para llevar a cabo esos estudios. 
139. Pese a que no se conocían la naturaleza ni la magnitud exacta de las repercusiones de la 
mayoría de las categorías de subvenciones, la c onsulta permitió comprender relativamente bien la 
magnitud de varios tipos de subvenciones y de los mecanismos por los que esas subvenciones 
afectaban a los costos y los ingresos.  Sin emba rgo, sólo se disponía de conocimientos empíricos 
limitados sobre la magnitud y la naturaleza exact a de las repercusiones de la conducta de las 
empresas, modificada como resultado de las subvenc iones, sobre el comercio, los recursos y el 
desarrollo.  En la consulta se llegó a la conclu sión de que se disponía de métodos para realizar 
estudios empíricos sobre las repercusiones;  la cuestión era determinar por dónde empezar, quiénes 
debían participar en los estudios y qué forma de bían tomar éstos.  Al definir las categorías de 
subvenciones, la consulta propor cionó un instrumento útil para facilitar el análisis de las 
repercusiones de las subvenciones y aclarar el debate sobre políticas.  La nueva versión del Estado 
Mundial de la Pesca y la Acuicultura  (SOFIA 2001) se presentaría al 24º período de sesiones del 
Comité de Pesca. 
140. El observador de la OCDE  informó acerca del estudio que la Organización estaba llevando a 
cabo sobre la liberalización del mercado, cuyo fin era examinar las cuestiones, los problemas y las 
corrientes del comercio mundial y regional del pesca do, y analizar cómo podían afectar al comercio y 
a la producción del sector pesquero las reducciones de  los niveles arancelarios vigentes y los cambios 
en los obstáculos no arancelarios.  El estudio exam inaría también los efectos de los cambios en las 
restricciones de la inversión, el acceso a los servi cios, las subvenciones a la pesca y otros factores 
pertinentes.  Del 5 al 7 de marzo de 2001, el Com ité de Pesca de la OCDE examinaría los progresos 
realizados en las cuatro esferas principales que abarcaba el estudio:  i) había aumentando la 
transparencia de los inventarios de  medidas al disponer de informaci ón adicional;  ii) la labor incluía 
una evaluación preliminar de las medidas vigentes;   iii) el Comité de Pesca se ocuparía del marco 
conceptual desarrollado para analizar cómo, y en  qué circunstancias, afectaban las medidas al 
comercio y a la sostenibilidad de los recursos;  y iv) se había desarrollado un marco analítico con el 
fin de identificar las prioridades que se debían seguir estudiando. 
141. El observador del PNUMA  dijo que el objetivo del Seminario del PNUMA sobre 
Subvenciones a la Pesca, celebrado el 12 de febrer o de 2001, era desarrollar la comprensión y el 
consenso sobre la reforma de la política pesquera a fi n de contribuir a la ordenación sostenible de la 
pesca.  En el Seminario habían participado m ás de 120 representantes de gobiernos, organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales, y expertos.  El resumen del Presidente figuraba WT/CTE/M/26 
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en el documento WT/CTE/W/187,  y podía consulta rse, junto con los demás documentos preparados 
para la reunión, en www.unep.ch/etu .  En los párrafos 6 a 9 del resumen del Presidente se recogían los 
resultados fundamentales del Seminario y las posibl es opciones para futuras actuaciones.  El PNUMA 
informaría a los Miembros de las actividades de  seguimiento.  El Programa agradeció a Nueva 
Zelandia el apoyo financiero prestado al Seminari o, que había permitido una  mayor participación de 
expertos en pesca procedentes de países en desarrollo. 
142. El representante de Nueva Zelandia
 manifestó su agradecimiento a la FAO, la OCDE y 
el PNUMA por los informes presentados sobre su labor  en la esfera de la pesca.  Las deliberaciones 
del CCMA sobre cuestiones relacionadas con la p esca, especialmente las subvenciones, habían 
contribuido considerablemente a promover la sen sibilización internacional respecto de los problemas 
del comercio y el desarrollo sostenible relacionados con las transferencias financieras de los gobiernos 
en el sector pesquero y habían suscitado mayor interés por esta cuestión en las organizaciones internacionales.  Buena parte de la labor realizada hasta la fecha sobre las repercusiones negativas de 
las subvenciones a la pesca se habían centrado fundame ntalmente en la sostenib ilidad de los recursos.  
La información disponible demostraba de manera co ncluyente que las subvenciones a la pesca estaban 
detrás de buena parte de las actividades de pesca exc esiva y de los resultados adversos en materia de 
conservación y ordenación.  Las subvenciones a la  pesca constituían un problema no sólo para la 
sostenibilidad de los recursos sino también por sus efectos sobre el comercio y el desarrollo 
sostenible.  Nueva Zelandia subrayó la importancia de  garantizar, en el contexto de las deliberaciones 
de la OMC, que se abordara y examinara a f ondo la cuestión de sus importantes dimensiones 
comerciales.  Como se indicaba en el documento de Nueva Zelandia (WT/CTE/W/134), el nivel de las 
subvenciones al sector pesquero seguía siendo eleva do y representaba hasta un 30 por ciento del valor 
de las capturas al desembarque en algunos de los principales países exportadores desarrollados.  Esas 
transferencias tenían importantes efectos de dist orsión del comercio que inhibían el desarrollo  
sostenible, especialmente en los países en desarrollo y países menos adelantados exportadores.  Los 
análisis realizados hasta la fecha ponían de manifi esto el importante papel de la OMC a la hora de 
buscar soluciones a los problemas en materia de come rcio y desarrollo sostenible derivados de las 
subvenciones a la pesca.  Por consiguiente, el CCMA debía seguir ocupándose de esta cuestión a fin 
de permitir a los Miembros estudiar la adopción de medidas concretas encamina das a hacer frente con 
eficacia a los efectos adversos de las subvencio nes al sector pesquero.  La reforma de las 
subvenciones a la pesca representaría la medida concre ta más beneficiosa para el comercio, el medio 
ambiente y el desarrollo identificada hasta la fecha en el CCMA.  Dada la experiencia de la OMC en 
la esfera de las normas comerciales y las s ubvenciones, su contribución sería valiosa. 
143. La OMC debía tomar parte activa en la labor que se estaba desarrollando en otros foros sobre 
la dimensión comercial de las subvenciones al sector pesquero.  Algunas de las preocupaciones 
manifestadas en la OMC no habían quedado refl ejadas debidamente en la labor que se estaba 
desarrollando en alguno de esos foros. Nueva Zelandi a manifestó su satisfacción por la labor de 
la OMC sobre las subvenciones a la pe sca, pero señaló que el informe de la consulta de expertos de la 
FAO incluía una observación general sobre su objeti vo de estudiar las dimensiones comerciales:  los 
expertos partían del supuesto de que  el Comité de Pesca de la FAO se interesaba en primer lugar por 
la situación de los conocimientos relativos a la medida en la que los productores de un país 
determinado podían mejorar su pos ición en relación con las ramas de producción competidoras de 
otros países como resultado de las subvenciones, ya  fuera mediante un aumento de las exportaciones o 
mediante el desplazamiento de las importacion es.  Ello ponía de manifiesto que no se habían 
entendido claramente los mensajes procedentes de l as deliberaciones de la OMC en el sentido de que 
se debía hacer hincapié en las repercusiones de las subvenciones a la pesca que distorsionaban el 
comercio.  Era preciso seguir atentamente todos lo s debates sobre las dimensiones comerciales.  
Nueva Zelandia consideraba muy útiles las actua lizaciones de los documentos WT/CTE/W/167, sobre 
los trabajos en curso relacionados con las subvenciones, y WT/CTE/W/80/Add.1, sobre las 
notificaciones presentadas de conformidad con el  artículo 25 del Acuerdo SMC. La falta de 
información clara sobre las subvenciones al sector pesquero seguía impidiendo estudiar las 
posibilidades de reforma.  Además de pedir a los Miembros que cumplieran sus obligaciones en  WT/CTE/M/26 
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materia de notificación, Nueva Zelandia les alentó  a que colaboraran con los foros internacionales 
competentes facilitándoles la información que requirieran  para avanzar en el análisis empírico de esta 
cuestión. 
144. El representante de Filipinas  dio las gracias a la FAO y a la OCDE por informar acerca de la 
labor que habían realizado recientemente sobre pesca sostenible, que suponía una contribución al 
análisis integrado que se estaba desarrollando en el marco del CCMA;  y al PNUMA por su Seminario 
sobre Pesca, que había permitido comprender mejor l as subvenciones al sector pesquero y facilitado el 
intercambio de opiniones al respecto por parte de  los Miembros.  Pese a que seguían existiendo 
lagunas sobre los efectos de las subvenciones, se di sponía de información suficiente para empezar a 
actuar.  El problema fundamental no estribaba en llevar a cabo un análisis de la cuestión, sino en 
movilizar la voluntad que se requería para tomar la s medidas necesarias.  La cuestión se debía abordar 
de manera amplia a la vez que ef icaz, lo que no significaba que todo el trabajo tuviera que realizarse 
en una única organización;  las distintas cuestion es podían abordarse en los órganos competentes.  
Filipinas solicitó que la actualización del documento  WT/CTE/W/167 reflejara la labor que se estaba 
realizando en otros foros. 
145. El representante de Islandia  dio las gracias a la FAO, la OCDE y el PNUMA por sus 
informes, que ponían de manifiesto la seriedad c on la que se estaban examinando las subvenciones al 
sector pesquero.  Islandia celebraba la creciente aten ción que se estaba prestando a esta cuestión.  Para 
resolverla, se requerían los conocimientos especia lizados de todas las organizaciones internacionales 
competentes a fin de avanzar en la comprensión co nceptual de las subvenciones a la pesca y mejorar 
los conocimientos empíricos acerca de su práctica.  Los informes de la FAO y el PNUMA 
confirmaban el acuerdo generalizado que existía entre los expertos en el sentido de que las 
subvenciones a la pesca promovían la capitalización excesiva y el exceso de actividades pesqueras y, 
por consiguiente, las capturas excesivas.  Los in formes promovían un análisis conceptual de las 
cuestiones y hacían hincapié en la necesidad de abandonar las definiciones abstractas o legalistas y 
avanzar hacia el análisis de las repercusion es de las subvenciones sobre el comercio y la 
sostenibilidad de los recursos en el mundo real.  Cabía lamentar que los informes no incluyeran la 
justificación empírica de sus conclusiones.  Pese a que suponían una contribución al análisis de las 
subvenciones al sector pesquero, el enfoque de eso s informes se limitaba a la sostenibilidad de los 
recursos y a las repercusiones de las subvenciones s obre la actividad pesquera.  Si el análisis se 
limitaba a las consecuencias de las subvenciones en las circunstancias internas en las que se 
aplicaban, la conclusión tenía necesariamente que se r que las subvenciones sólo eran responsables en 
parte de la pesca excesiva, y que el grado de su s repercusiones dependía del contexto en que se 
aplicaban, fundamentalmente de si existía un sistema de  ordenación de la pesca y de las características 
de ese sistema.  Ello enmascaraba la realidad al p asar por alto la cuestión, más importante, de las 
consecuencias sistémicas de la di storsión de los mercados mundiales. 
146. La mayor parte de las capturas pesqueras se destinaban a la exportación, y los ingresos 
económicos dependían del costo de su producción  y de las condiciones del mercado en que se 
vendían.  La distorsión del mercado de exportación s uponía un incentivo para incrementar la oferta a 
fin de compensar unos beneficios bajos.  Por consigui ente, el impacto sistémico de la distorsión de las 
condiciones del mercado por las subvenciones a la  pesca promovían las presiones internas para 
aumentar las capturas, incluso más allá de la capacidad de producción de las poblaciones de peces.  
Por lo tanto, la distorsión de las condiciones del mercado mundial socavaba la ordenación sostenible 
de la pesca a nivel nacional y reducía los benefici os de los países exporta dores.  Sus repercusiones 
negativas podían observarse en la situación de los países en los que se aplicaban, y en el mercado 
mundial debido a las distorsiones del mercado.  Só lo sería posible observar los daños que ocasionaban 
al comercio, la sostenibilidad de los recursos y el  desarrollo sostenible las subvenciones a la pesca, y 
los beneficios que se derivarían de su supresión, si  las cuestiones se examinab an desde la perspectiva 
del comercio y la sostenibilidad de los recursos.  Los beneficios que entrañar ía la eliminación de las 
subvenciones eran especialmente importantes para lo s países en desarrollo que representaban más del 
50 por ciento del comercio de pescado.  Por esa razón, la OMC, que tenía competencia y disponía de WT/CTE/M/26 
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conocimientos para abordar las cuestiones en el c ontexto del mercado mundial, debía ocuparse de la 
cuestión.  Era el mercado mundial el que condicionaba  la capacidad de los países concretos de ordenar 
de manera sostenible sus recursos pesqueros.  Is landia instó a la OMC a continuar la labor en ese 
ámbito y celebró que la FAO prosiguiera su labor técnica.  Islandia agradeció las actualizaciones del 
documento WT/CTE/W/167 y de las notificaciones presen tadas de conformidad con el artículo 25 del 
Acuerdo SMC.  
147. El representante de las Comunidades Europeas
 dio las gracias a la FAO y a la OCDE por sus 
exposiciones.  La CE dio las gracias al PNUMA por el Seminario sobre Pesca y se mostró de acuerdo con las conclusiones del Presidente recogidas en el documento WT/CTE/W/187.  Para conocer mejor 
los efectos de las subvenciones se requería más información sobre su volumen y naturaleza, como 
habían reconocido algunos de los participantes en el Seminario del PNUMA  Habida cuenta de la 
importancia de las notificaciones a la OMC en ese proceso, la CE se sumó a Nueva Zelandia en su 
llamamiento a los Miembros para que incrementaran el número de notificaciones.  También resultaba útil un enfoque identificado en el Seminario del PN UMA, que combinaba en una matriz los tipos de 
subvenciones con otros factores clave, como el régimen de ordenación del sector pesquero y la 
situación de las reservas pesqueras.  Al evaluar la s subvenciones sería precis o tener en cuenta la 
dimensión de desarrollo.  La CE estaba de acuerdo c on las Filipinas en que todos los foros tenían una 
contribución que hacer al examen de la cuestión, dependiendo de su especialidad.  La CE consideraba 
que, dado el número de sus Miembros, la FAO debía desempeñar una función preponderante. 
148. El representante de la Argentina
 agradeció las exposiciones de la FAO y la OCDE y el 
Seminario sobre Pesca del PNUMA.  La Argentina destacó su compromiso para con una mayor 
transparencia indicando que el estudio encargado por el PNUMA procedía de una organización no 
gubernamental, el Centro de Estudios Ambientale s (CEDEA), que era totalm ente independiente del 
Gobierno y que el análisis era crítico con la form a en que el anterior Gobierno argentino había 
gestionado los recursos.  La Argentina manifestó su apoyo a las observaciones de Nueva Zelandia y 
pidió también que se actualizaran el documento WT/CTE/W/167 y las notificaciones presentadas de 
conformidad con el Acuerdo SMC.  Señaló que  la Argentina atravesaba por un grave problema 
relacionado con las subvenciones y la ordenación de bido a la explotación excesiva del calamar justo 
fuera de la Zona Económica Exclusiva de 200 millas de jurisdicción argentina por parte de flotas 
pesqueras de altura.  Pese a que estaba aumentando la actividad pesquera, las capturas no cesaban de 
disminuir.  Si esas flotas no dispusieran de in centivos a la producción en forma de subvenciones que 
enmascararan los costos y los riesgos privados , la explotación excesiva de esas poblaciones de 
calamar sería menos probable.  Este caso no podía r esolverse mediante la mejora de la ordenación 
pesquera en la Argentina dado que se estaba producie ndo fuera de su Zona Económica Exclusiva.  No 
se podían justificar los incentivos económicos a la producción pesquera si esos incentivos daban lugar 
a una explotación excesiva de los recursos y agra vaban los problemas ambientales y comerciales.  
Aunque no se podía pasar por alto la ordenación p esquera, las subvenciones también formaban parte 
del problema.  La OMC tenía que participar en  la búsqueda de una solución y el CCMA debía 
proseguir su labor en esta esfera. 
149. El representante de la Argentina señaló que su Gobierno no era responsable del estudio 
independiente patrocinado por el PNUMA sobre el sector pesquero argentino.  La Argentina señaló 
que las cifras a las que el Japón había hecho refe rencia procedían de un estudio de la OCDE.  La 
conclusión del estudio era que las subvenciones agravaban los problemas relacionados con la 
ordenación de los recursos.  Con respecto a las flotas de altura que faenaban fuera de la Zona 
Económica Exclusiva de la Argentina, no deseaba d esvelar su nacionalidad en esa reunión.  Esos 
buques amenazaban la capacidad de la Argentina de sostener las poblaciones de calamar y de utilizar 
ese recurso en su Zona Económica Exclusiva. 
150. El representante de los Estados Unidos  dio las gracias al PNUMA por las amplias 
deliberaciones que se habían desarrollado en el Semina rio sobre Pesca acerca de la forma de abordar 
las subvenciones al sector pesquero desde la perspe ctiva de la sostenibilidad de los recursos y del  WT/CTE/M/26 
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comercio mundial.  Los Estados Unidos se most raron de acuerdo con las observaciones de Nueva 
Zelandia, Islandia, Filipinas y la CE sobre la nec esidad de abordar las dimensiones comerciales de las 
subvenciones a la pesca.  Los Estados Unidos eran partidarios de que prosiguiera la labor del CCMA 
sobre las subvenciones a la pesca, especi almente con miras a la actualización del 
documento WT/CTE/W/167 y de las notificaciones de  subvenciones presentadas de conformidad con 
el artículo 25 del Acuerdo SMC.  Los Estados Un idos señalaron que si bien todas las organizaciones 
podían contribuir a los debates sobre las subvenciones a la pesca, habida cuen ta de sus respectivas 
esferas de especialización, convendría coordinar esa  labor.  Los Estados Unidos observaron que el 
CCMA debía seguir centrándose en la eliminación de  las subvenciones al sector pesquero, iniciativa 
que ofrecía la oportunidad de obtener resulta dos que beneficiaran a todas las partes. 
151. El representante de México  señaló que el Seminario sobre Pesca del PNUMA había permitido 
a los Miembros comprender mejor la cuestión.  Pese a que no había transcurrido mucho tiempo, 
México era partidario de que se actualizaran el documento WT/CTE/W/167 y las notificaciones 
presentadas de conformidad con el Acuerdo SMC, qu e debían ser de carácter descriptivo y no emitir 
juicios sobre las subvenciones ni clasificarlas por cat egorías.  Las subvenciones eran un instrumento a 
disposición de los países que se regía por el Ac uerdo SMC, en el que se estipulaba que existían 
subvenciones recurribles y no recurribles. 
152. El representante de Corea  dio las gracias a la FAO y a la OCDE por su labor sobre las 
subvenciones al sector pesquero, y al PNUMA por su  Seminario sobre Pesca, que habían brindado la 
oportunidad de profundizar en el  conocimiento de esa compleja cuestión.  Durante años se había 
debatido si las subvenciones a la pesca afectaban a la  sostenibilidad de los recursos y distorsionaban 
el comercio.  Esos debates seguían sin estar claros porque algunos argumentos se basaban en 
previsiones infundadas.  Era preciso investigar a nivel multilateral y de manera transparente las 
relaciones existentes entre las subvenciones y la sosten ibilidad de la pesca.  Se debía formar una red 
de organizaciones internacionales que estudiaran las subvenciones, que incluyera al organismo 
especializado en pesca, la FAO.  El alcance de las deliberaciones no debía limitarse a la relación entre 
la sostenibilidad y las subvenciones al sector pesque ro, sino abarcar todos los factores que afectaban a 
la sostenibilidad de los recursos, incluidas las prácticas pesqueras no restrictivas, como la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada (IUU), los regímenes de acceso abierto y los efectivos de la rápida 
liberalización del comercio.  Sólo entonces se podría  averiguar si las subvenciones tenían un efecto 
negativo sobre la sostenibilidad de la pesca y si  era preciso seguir examinando otros factores.  
Además de la eficacia económica y ambiental, se  debían incluir los efectos socioeconómicos 
resultantes de las subvenciones a la pesca.  La rá pida industrialización relegaba al sector pesquero, 
que no podía cambiar con rapidez, a una situación más desfavorecida.  Se debía respetar la finalidad 
multifuncional de las subvenciones por lo que respectab a a la seguridad alimentaria, la conservación 
del medio ambiente marino, la prevención de la urbanización y la evitación de los elevados costos 
sociales de la reeducación laboral.  Corea si empre había estado sumamente interesada en los 
programas de pesca sostenible, como el programa para la conservación de la riqueza de los recursos 
pesqueros, cuyo objetivo era reducir las flotas p esqueras, la suelta con retorno, los arrecifes 
artificiales, y la suelta de crías y alevines;  y en el sistema del HACCP, el registro de las fábricas de 
elaboración, la fijación de capturas totales pe rmisibles, los sistemas de "descanso" para la 
recuperación de los caladeros basados en la legislaci ón de ordenación de los caladeros.  Corea alentó a 
los demás a compartir su experiencia en el ámbito de la pesca sostenible y a promover la cooperación 
internacional. 
153. El representante de Chile  manifestó su agradecimiento por el Seminario sobre Pesca 
del PNUMA y por las exposiciones de la FAO y la OCDE.  Chile rechazó el uso de instrumentos, 
como las subvenciones, que tenían repercusiones ad versas en la sostenibilidad de la pesca.  Cada 
organización tenía su ámbito de competencia, y la OMC era la encargada de las medidas que 
distorsionaban el comercio, como las subvenciones.   Chile era partidario de la actualización del 
documento WT/CTE/W/167 y de las notificaciones presen tadas de conformidad con el Acuerdo SMC.  
Chile preguntó cómo podía resultar aceptable la mul tifuncionalidad de la pe sca subvenci onada para WT/CTE/M/26 
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países como Chile, que, por una parte, podían tene r preocupaciones similares, pero que, por otra, 
consideraban que esas preocupaciones se debían  abordar con medios que  no distorsionaran el 
comercio como hacían las subvenciones. 
154. El representante del Japón
 dio las gracias al PNUMA, la FAO y la OCDE por sus 
exposiciones.  El informe de la c onsulta de expertos de la FAO se debatiría en el Comité de Pesca de 
esa Organización y serviría de base de la labor futura .  El Japón manifestó su apoyo al papel de la 
FAO de promover la labor sobre las subvenciones a la  pesca desde la perspectiv a de la sostenibilidad.  
El Japón entendía que el informe de la consulta de expertos de la FAO sobr e subvenciones a la pesca 
se examinaría en la próxima reunión del Comité de Pesca, por lo que se abstuvo de formular 
observaciones al respecto.  Era evidente que todaví a quedaba trabajo por hacer.  El Japón consideraba 
que la labor sobre las subvenciones al sector pesque ro debía proseguir en la FAO.  El Japón estaba 
planteándose la posibilidad de proponer que se celebrara una segunda c onsulta de expertos, 
posiblemente seguida de una cons ulta gubernamental.  El Japón señ aló que el estudio de la OCDE 
sobre los efectos de la liberalización del comercio en  el sector pesquero incluía los efectos positivos y 
los negativos.  Los dos estudios del PNUMA sobre los efectos de las subvenciones al sector pesquero 
en la sostenibilidad de los recursos en la Arge ntina y el Senegal eran de sumo interés ya que 
demostraban que las subvenciones te nían repercusiones negativas sobre la sostenibilidad de la pesca 
cuando la ordenación del sector pesquero era inad ecuada, lo que corroboraba la afirmación formulada 
por el Japón en el pasado.  Esos estudios ponían de  manifiesto que la promoción del comercio tenía 
repercusiones negativas sobre la sostenibilidad.  El lo era importante habida cuenta del mandato de 
la OMC, que incluía tanto los efectos del comercio  como las subvenciones.  Si los Miembros se 
centraban exclusivamente en l as subvenciones y no prestaban atención a los posibles efectos 
negativos del comercio sobre la sostenibilidad, el enfoque sería sesgado. 
155. El Japón consideraba sorprendentes las declar aciones de Nueva Zelandia e Islandia.  El 
debate inicial sobre las subvenciones a la pesca había tratado de sus efectos negativos sobre la 
sostenibilidad de los recursos, y ahor a se hacía hincapié en las distorsiones del comercio.  Si tal era el 
caso, el Japón se preguntaba por qué no se podían abordar las preocupaciones comerciales en el 
ámbito del Acuerdo SMC.  Dicho Acuerdo prohib ía determinadas subvenciones y proporcionaba a 
la OMC el marco para hacer frente a las subvenci ones recurribles y a sus efectos de distorsión del 
comercio.  Por lo demás, la FAO era el foro ad ecuado para examinar las cuestiones relacionadas con 
la ordenación sostenible de los recursos.  En res puesta a la Argentina, el Japón señaló que los buques 
japoneses que se dedicaban a la pesca del calamar no r ecibían subvenciones, por lo que el problema 
estribaba en la forma de repartir las poblaciones tran szonales entre las flotas de altura que faenaban en 
alta mar y las flotas pesqueras de las naciones co steras.  Al Japón no le constaba que se estuvieran 
agotando los recursos de calamar en esa zona, co mo afirmaba la Argentina, y desearía que se le 
facilitaran pruebas científicas a ese respecto.   El Japón se mostró de acuerdo con que se actualizara el documento WT/CTE/W/167 y se incluyera el est udio que había llevado a cabo recientemente 
la APEC, cuya conclusión difería de la antigua versión que se citaba en  el documento de la Secretaría. 
156. El representante de Australia
 dio las gracias a la FAO, la OCDE y el PNUMA por sus 
exposiciones.  Las subvenciones al sector pesquero  debían seguir siendo uno de los puntos del orden 
del día del CCMA en 2001, dado el apoyo manifestado a la prosecución de esa labor en la etapa preparatoria de la Conferencia Ministerial de S eattle.  Los debates de la OMC estaban volviendo a 
centrarse en una posible nueva ronda de negociaciones que se pondría en marcha en un futuro 
próximo, posiblemente a finales de 2001.  Ello bri ndaría la oportunidad de obtener mayor apoyo para 
las negociaciones sobre las subvenciones a la pesca.  Australia era partidaria de  que:  i) se determinara 
en qué medida se estaban notificando las subvencion es de conformidad con el Acuerdo SMA;  ii) se 
determinara si las disciplinas existentes en la OM C en relación con esas subvenciones eran eficaces 
para limitar las repercusiones de la producción excesi va;  iii) se determinara si se requerían disciplinas 
adicionales para reducir el nivel general de apoyo y garantizar que éste se prestara de las formas que 
resultaran menos distorsionantes y, si se estim aba necesario, qué forma debían adoptar esas 
disciplinas;  y iv) se estudiara la mejor forma de coordinar la labor de la  OMC con la de otras  WT/CTE/M/26 
 Página 43 
 
 
organizaciones internacionales.  La Secretaría debía ocuparse de las subvenciones a la pesca, en particular a fin de facilitar una vi sión general de la labor que se esta ba realizando para clasificar las 
subvenciones a la pesca, lo que ayudaría al CCMA a identificar las subvenciones que eran 
perjudiciales para el medio ambiente y distorsionaba n el comercio, y determinar en qué medida eran 
adecuadas las normas de la OMC para reformarlas. 
157. El representante del Canadá
 agradeció al PNUMA el valioso Seminario sobre Pesca.  El 
Canadá compartía las preocupaciones manifestadas  por los Miembros sobre las subvenciones y la 
posibilidad de que agravaran el exceso de ca pacidad, sometieran a diversas presiones a las 
poblaciones de peces y al medio ambiente marino y distorsionaran el comercio.  La FAO debía ocuparse de los problemas del exceso de capacidad , la pesca excesiva y otras cuestiones relacionadas 
con la ordenación del sector pesquero.  El Plan  Internacional de Acción de la FAO sobre la 
Ordenación de la Capacidad Pesquera tenía por obje to hacerla más eficaz, equitativa y transparente. 
El Plan de Acción aplicaba un enfoque holístico para  abordar la cuestión del exceso de capacidad y 
recomendaba que en la ordenación de la capacidad p esquera se tuvieran en cuenta todos los factores 
pertinentes en aguas nacionales e internacionales, uno de los cuales eran las repercusiones de las 
subvenciones.  Los Miembros debían reconocer la  función de la FAO, la OCDE, la APEC y el 
PNUMA en la preparación de directrices para la  ordenación de la capacidad.  El CCMA no debía 
duplicar la labor que estaban realizando ya otros fo ros.  Las subvenciones al sector pesquero tenían 
también una dimensión comercial, por lo que la OMC tenía un papel que desempeñar en esas 
deliberaciones.  Sin embargo, el debate incluí a un componente de ordenación del sector pesquero, 
como se reconocía en el Plan de Acción de la FAO. 
158. Con respecto al documento de Corea, el Canadá consideraba que era interesante que los 
Miembros compartieran su experiencia nacional sobre la pesca y la función de las subvenciones.  Se 
debían examinar todos los aspectos de las transf erencias financieras de los gobiernos, incluida su 
posible función positiva.  Corea ha bía facilitado ejemplos prácticos de  programas financiados por el 
Estado que contribuían a la conservación del medi o ambiente marino y a la sostenibilidad de los 
recursos.  Los Miembros debían asegurarse de que esas contribuciones positivas se tuvieran en cuenta 
en las deliberaciones del CCMA.  El Canadá compartía la opinión de que los posibles efectos sobre el medio ambiente del apoyo financie ro oficial al sector pesquero no se podían aislar de otras 
consideraciones.  El punto de partida para el CCM A debía ser la definición de las subvenciones.  
El Acuerdo SMC incluía la definición de subve nciones de la OMC, que se aplicaba al sector 
pesquero.  El Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias debía determinar cómo se aplicaba 
esa definición a las subvenciones del sector pesque ro.  Si bien el CCMA tenía una función positiva 
que desempeñar, la eliminación de las subvenciones a la pesca sólo era uno de los aspectos de la 
solución del exceso de capacidad y la pesca excesiva a nivel mundial.  La FAO era el foro más idóneo 
para examinar esta cuestión desde un enfoque amplio. 
159. El representante de Noruega
 dio las gracias a la FAO, la OCDE y el PNUMA por sus 
exposiciones.  Noruega reconoció que, en muchos caso s, las transferencias financieras oficiales al 
sector pesquero agravaban el exceso de capacidad, la explotación excesiva y el agotamiento de la 
población de peces.  Era preciso reducir las subvenciones a la pesca.  Sin embargo, dichas subvenciones eran sólo uno de los elementos que  podían tener repercusiones negativas sobre la 
sostenibilidad de la pesca.  La inexistencia de  regímenes de ordenación pesquera era un factor 
esencial que conducía a la insostenibilidad y a la pe sca excesiva.  Si se quería llegar a un acuerdo a fin 
de incluir las subvenciones a la pesca en las negoc iaciones de la OMC, era preciso identificar y 
clasificar por categorías dichas subvenciones.  Se requerían medidas c oncretas que permitieran 
avanzar hacia la supresión de subvenciones con repe rcusiones perjudiciales para el medio ambiente y 
efectos de distorsión del comercio.  Era preciso se guir estudiando la cuestión.  La labor que se estaba 
realizando en la FAO y la OCDE, así como en el PNUMA, contribuía al establecimiento de categorías 
de subvenciones a la pesca.  En ese contexto, la  OMC tenía un papel fundamental que desempeñar.  
Noruega manifestó su apoyo a la actualización de l documento WT/CTE/W/167 a la luz de la labor 
que había concluido recientemente, y era partidar ia de promover la cooperación entre las secretarías WT/CTE/M/26 
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de la FAO y el CCMA a fin de proporcionar una b ase científica suficiente a los futuros trabajos 
del Comité. 
160. El representante de la Argentina
 señaló que su Gobierno no era responsable del estudio 
independiente, patrocinado por el PNUMA, sobre el sector pesquero argentino.  La Argentina señaló 
que las cifras a las que se había referido el Japón pro cedían de un estudio de la OCDE.  La conclusión 
del estudio era que las subvenciones agravaban los problemas de ordenación de los recursos.  Con 
respecto a las flotas de altura que faenaban fuera de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina, no 
deseaba revelar su nacionalidad.  Esas flotas amenazaban  la capacidad de la Argentina de sostener las 
poblaciones de calamar y de utilizar ese recurso en su Zona Económica Exclusiva. 
161. El representante de Nueva Zelandia  aclaró que su delegación nunca había considerado que 
esta cuestión fuera exclusivamente una cuestión comercial, ambiental o de desarrollo.  La 
contribución de Nueva Zelandia había consistido en destacar la imbricación de esas cuestiones.  Lo que preocupaba a Nueva Zelandia era que, a la luz del análisis del CCMA, varios de los Miembros 
desearan minimizar la dimensión comercial del debate  amparándose en la noción de que se trataba de 
una cuestión compleja relacionada con la sostenib ilidad, por lo que la OMC no podía ocuparse de las 
subvenciones dado que se trataba sólo de un aspect o de la cuestión de la sostenibilidad.  El 
Acuerdo SMC se aplicaba al sector pesquero, aunque se había planteado la cuestión de determinar si 
sus disposiciones eran adecuadas para resolver todos los aspectos relacionados con las subvenciones a 
la pesca, el comercio y los problemas de la sosten ibilidad en un sentido más amplio.  La labor que se 
estaba realizando para estudiar las distintas transf erencias financieras en el sector pesquero y 
clasificarlas por categorías sugería que todavía quedaban preguntas sin responder a ese respecto. 
162. El representante de Islandia
 manifestó su apoyo a la respuesta de Nueva Zelandia al Japón.  
Islandia no había modificado su posición sobre la cues tión.  Los elementos que estaban en juego eran 
el comercio, la sostenibilidad de lo s recursos y el desarrollo sostenib le.  Los debates que habían tenido 
lugar en el marco del Seminario sobre Pesca del PNUMA y en el CCMA habían suscitado la cuestión 
de si era posible centrarse en uno de esos aspectos.  Islandia insistió en que las repercusiones sobre la 
sostenibilidad de los recursos no podían aislarse de l comercio;  las subvenci ones tenían consecuencias 
a nivel nacional y en los mercados mundiales distor sionados, lo que socavaba la sostenibilidad de los 
recursos.  Islandia subrayó tambié n el papel fundamental de la OMC a la hora de resolver esas 
cuestiones. 
163. Se acordó  que la Secretaría actualizara el documento WT/CTE/W/167 a fin de reflejar los 
trabajos que se habían realizado recientemente en  los órganos internacionales competentes sobre las 
subvenciones al sector pesquero. 
Metales no ferrosos  
 164. El representante de Chile
 se refirió a las iniciativas internacionales encaminadas a preparar un 
plan de acción para el desarrollo sostenible de lo s metales no ferrosos, que contaba con el apoyo de 
los Grupos Internacionales de Estudios sobre el Cobre,  el Plomo y el Zinc.  En su calidad de primer 
productor de cobre, Chile había participado en el Grupo sobre el Cobre junto con más de 20 países, 
así como productores, consumidores, orga nizaciones internacionales y organizaciones no 
gubernamentales, con miras a promover el uso sostenible en el sector.  La labor se centraba en promover la producción, el uso, el reciclado y la  reutilización de los productos y la fabricación de 
productos de alto rendimiento e inocuos para el me dio ambiente.  El objetivo de la iniciativa era 
establecer unas bases comunes respecto de las nuevas nor mas de calidad y prepararse para resolver los 
problemas medioambientales a fin de evitar una penalización injustificada del sector.  El sector tenía que cumplir determinadas normas que reflejaban las car acterísticas de cada país y región.  En el sector 
de los metales no ferrosos se había invertido en po líticas, tecnología y recursos humanos a fin de 
promover la ordenación sostenible de los recurs os.  Chile esperaba que el CCMA prestara mayor 
atención a los metales no ferrosos a fin de mejorar la  capacidad de abordar las cuestiones ambientales.  WT/CTE/M/26 
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RELACIÓN ENTRE LOS PROGRAMAS MULTILATERALES DE MEDIO AMBIENTE Y DE 
COMERCIO  
 Puntos 1 y 5
: La relación entre las disposiciones del sist ema multilateral de comercio y las medidas 
comerciales adoptadas con fines ambientales, con inclusión de las adoptadas en 
aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA);  y la 
relación entre los mecanismos de solución de  diferencias del sistema multilateral de 
comercio y los previstos en los AMUMA  
 165. El representante de Nueva Zelandia
 se refirió a la comunicación de su delegación que 
figuraba en el documento WT/CTE/W/162, en la que se hacía hincapié en que la negociación de los 
AMUMA seguía siendo un mecanismo fundamental para alcanzar objetivos ambientales.  
Los AMUMA seguirían utilizando medidas comerc iales y, por consiguiente, era importante 
comprender mejor y aclarar la relación entre estos acuerdos y las normas de la OMC.  Nueva Zelandia subrayó también que no se debía exagerar la ga ma de posibles conflictos entre los AMUMA y la 
OMC.  Sin embargo, la situación podía ser conf usa cuando las disposiciones de un AMUMA no 
expresaban claramente qué medidas era preciso adoptar , incluso entre las partes en el Acuerdo, o en 
los casos en los que las partes en el AMUMA aplicaran medidas comerciales contra un Estado que no 
fuera parte en dicho Acuerdo.  En el contexto de esas observaciones, Nueva Zelandia proponía, entre 
otras cosas, que se estudiara la posibilidad de crear  un mecanismo consultivo que ayudara a aclarar la 
relación entre la OMC y los AMUMA.  En la re unión celebrada los días 24 y 25 de octubre de 2000, 
los Miembros manifestaron su interés por esa propuesta y solicitaron más información.  En la 
comunicación publicada como documento WT/CTE/ W/180, Nueva Zelandia respondía a esa solicitud 
detallando con mayor precisión la forma en que podría funcionar en la práctica un mecanismo 
consultivo de esa índole. 
166. Nueva Zelandia señaló que el mecanismo consu ltivo sería de carácter puramente voluntario.  
Habida cuenta de que lo importante era el pro ceso, el mecanismo no tenía por objeto prescribir una 
solución única para todos.  Nueva Zelandia reconocía  la importancia de la cuestión planteada por los 
Miembros en la reunión de octubre en el sentido de que, dependiendo de las circunstancias, siempre 
se podría estudiar una amplia gama de opciones de  política posibles.  Una solución válida en un caso 
podría no serlo en otro.  La utilización del mecanis mo voluntario propuesto no descartaría el recurso a 
medidas comerciales adoptadas en aplicación de AMUMA.  Nueva Zelandia reconocía que, en 
determinadas circunstancias, las medidas comerc iales podían desempeñar un papel importante y 
proporcionar soluciones eficaces pa ra resolver problemas ambientales.  El recurso al mecanismo 
voluntario no impedía a las partes que participaran  en el proceso consultivo tomar otras medidas. 
167. Nueva Zelandia consideraba que el uso de un in strumento voluntario de consulta permitiría:  
i) comprender mejor los distintos aspectos de prob lemas concretos;  ii) identificar una gama más 
amplia de respuestas/soluciones para una situación determinada;  iii) incrementar al máximo las 
posibilidades de alcanzar una solu ción consensuada que fuera satisfact oria para todas las partes;  
iv) reducir al mínimo las posibilidades de conflicto  entre las partes sobre las políticas comerciales y 
ambientales, y evitar que los resultados para la economía y el medio ambiente fueran de bajo 
rendimiento;  v) garantizar la participación sustan tiva de los países en la id entificación de las mejores 
soluciones políticas;  y, en particular, vi) mejora r la transparencia y reducir las posibilidades de 
adopción de medidas discriminatorias o arbitrarias.  
168. El mecanismo consultivo podía contribuir de ma nera práctica a los intentos de llegar a un 
acuerdo sobre la complejidad de esa relación.  Debí a entenderse que la propuesta de Nueva Zelandia 
complementaba otras propuestas formuladas en el CCMA, que tenían por objeto aclarar la relación entre la OMC y los AMUMA.  Nueva Zelandia era partidaria de que las secretarías de los AMUMA 
intercambiaran de manera con tinuada información sustantiva.  Nueva Zelandia también estaba 
dispuesta a estudiar la posibilidad de preparar un "código de conducta" para  la adopción de medidas 
comerciales en el marco de los AMUMA.  A mediano plazo, los negociadores de los AMUMA que WT/CTE/M/26 
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representaban a países que eran Miembros de la OMC debían estudiar la posibilidad de incluir 
mecanismos consultivos voluntarios en los nuevos AMUMA con arreglo a lo propuesto por 
Nueva Zelandia.  Entretanto, Nueva Zelandia recomendó a los Miembros de la OMC que eran parte en los AMUMA vigentes que estudiaran la posibil idad de recurrir a un mecanismo de consulta 
voluntario para determinar si una medida comercial era el instrumento más eficaz y eficiente para 
resolver un problema ambiental. 
169. El representante de la India
 manifestó su apoyo al enfoque de Nueva Zelandia respecto del 
mecanismo consultivo, que se contra ponía al enfoque por el que habían optado la CE y Suiza.  La 
India entendía que ese enfoque:  i) reconocía que  las medidas comerciales no eran las mejores 
soluciones para todos los problemas ambientales, lo que  coincidía con la posición de la India;  ii) no 
trataba, como hacían otros enfoques, de ampliar au tomáticamente la ventana ambiental prevista en el 
artículo XX del GATT ni de modificar de manera  fundamental los Acue rdos sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio y sobre la Aplicación de Medi das Sanitarias y Fitosanitarias:  y iii) subrayaba la 
importancia de la adopci ón de medidas multilaterales, frente a la  de medidas unilaterales, lo que 
obligaría a los que preveían adoptar una medida comercial a examinar soluciones más adecuadas con 
los países exportadores antes de recurrir a la aplicación de medidas comerciales.  La India preguntó si 
sería posible incluir en los mecanismos consultivos  la dimensión de desarrollo y estudiar más a fondo 
la adopción de medidas positivas para los países en desarrollo, como la asistencia financiera, el 
fomento de la capacidad y la transferencia de te cnología.  Ésos eran con diferencia los mejores 
instrumentos de política para alcanzar objetivos ambientales. 
170. El representante de México  manifestó su apoyo a las opiniones de Nueva Zelandia, que 
ponían de manifiesto que las medidas comerciales no  siempre eran adecuadas para alcanzar objetivos 
ambientales.  México dio el ejemplo de una s ituación en la que un país en desarrollo no pudiera 
cumplir las disposiciones de un AMUMA por motivos diversos.  Como resultado de ello, ese país no 
podría alcanzar el objetivo ambiental y sería penaliz ado desde una perspectiva comercial, ya que no 
sería capaz de explotar plenamente sus recursos.  Ése era el motivo por el que México se oponía a la 
inclusión de medidas comerciales en los AMUM A.  México apoyaba el documento de Nueva 
Zelandia porque exponía de manera clara que las medidas comerciales no eran necesariamente la 
mejor solución en todos los casos.  Existían otras opc iones que se debían estudiar antes de recurrir a la 
aplicación de medidas comerciales.  México albe rgaba algunas dudas acerca de las conclusiones de 
Nueva Zelandia, en particular respecto de la aplicación del mecanismo propuesto en los nuevos 
AMUMA.  La mejor opción consistiría en incluir directamente en el AMUMA todas las opciones y 
medidas a las que Nueva Zelandia se había referi do, en lugar de crear un mecanismo consultivo 
voluntario fuera del AMUMA.  Según México, el enfoque de Nueva Zelandia se debía incluir en el propio AMUMA de manera que generara oblig aciones para las Partes en el Acuerdo. 
171. También preocupaba a México la propuesta de Nueva Zelandia de que se creara un 
mecanismo consultivo que se aplicara a los AMUMA vigentes.  Existían dos posibilidades.  México 
entendía que Nueva Zelandia partía de la premis a de que el Miembro que aplicaba una medida 
comercial tenía derecho a hacerlo.  Por consiguien te, en el enfoque que promovía la creación de un 
mecanismo consultivo existía ya la  presunción de que una de las Pa rtes no cumplía las disposiciones 
de un AMUMA.  México también se refirió a la  propuesta de que, en lugar de recurrir a un 
mecanismo voluntario, los Miembros de la OMC que no fueran partes en un AMUMA y que 
estuvieran aplicando una medida comercial se cerciorasen de que esa medida estuviera en 
conformidad con sus obligaciones en el marco de la  OMC.  México subrayó que la OMC disponía de 
diversos procedimientos que se podían utilizar, como  la celebración de consultas.  México preguntó 
dónde se desarrollaría el proceso de consultas del mecanismo, si en el marco de la OMC o del 
AMUMA.  Asimismo, solicitó que se aclarara la est ructura y el funcionamiento del mecanismo, y 
señaló que, en esa etapa, no consideraba viable formular recomendaciones sobre la cuestión. 
172. El representante de Hong Kong, China
 afirmó que el enfoque de Nueva Zelandia, que 
abogaba por la creación de un mecan ismo consultivo voluntario era un paso en la buena dirección.   WT/CTE/M/26 
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Sin embargo, Hong Kong, China no estaba seguro de que ese mecanismo resultara pragmático y 
pudiera proporcionar la certidumbre jurídica que buscaban algunos en este debate.  El éxito del 
mecanismo propuesto dependía, entre otras cosas, de la voluntad de colaborar de los países Partes en 
la controversia.  La probabilidad  de que los países adoptaran instrumentos de política diversos en 
función de sus distintas circunstancias era moti vo de preocupación por lo que respectaba a la 
coherencia y la discriminación.  Hong Kong, China examinaría el mecanismo propuesto en detalle;  
Hong Kong, China se mostró de acuerdo con México  en que se requerían aclaraciones sobre algunos 
aspectos. 
173. El representante de Corea  destacó dos aspectos del documento de Nueva Zelandia.  Las 
deliberaciones sobre la relación entre los AMUM A y la OMC no habían concluido dadas las 
importantes diferencias de opinión de los Miembros .  En primer lugar, la propuesta de Nueva 
Zelandia proporcionaba una forma práctica de re solver posibles conflictos entre la OMC y los 
AMUMA.  En segundo lugar, Nueva Zelandia aborda ba las preocupaciones manifestadas por muchos 
Miembros, al tiempo que aceptaba la eficacia de las medidas comerciales para alcanzar objetivos ambientales a nivel mundial.  Las medidas comerciale s eran una de las posibles opciones previstas en 
los AMUMA a las que se debía recurrir en última instancia, utilizándolas sólo cuando se hubieran 
agotado las demás opciones.  El mecanismo c onsultivo propuesto por Nueva Zelandia suponía un 
proceso que permitiría a las Partes encontrar la forma más adecuada de resolver posibles diferencias.  
El CCMA debía examinar la idea de hacer más vinc ulante el mecanismo propuesto, de manera que, si 
una parte indicaba que se proponía recurrir a ese mecani smo, la otra parte tuviera que responder a esa 
petición. 
174. El representante del Brasil
 señaló que la propuesta de Nueva Zelandia suponía un enfoque 
constructivo respecto de la cuestión de la comp atibilidad entre la OMC y los AMUMA.  Habida 
cuenta de que Nueva Zelandia no había propuesto que  se modificaran, se cambiaran ni se aclararan los 
Acuerdos de la OMC, el Brasil apoyaba el mecanis mo consultivo por considerarlo un paso adelante, 
aunque manifestó ciertas dudas sobre su funcionami ento. Si se preveía que el mecanismo funcionara 
entre las Partes en los AMUMA, sería innecesario, da do que la mayoría de esos acuerdos ya contenían 
mecanismos para resolver las medidas relacionada s con el comercio, por ejemplo el Convenio de 
Basilea y la CITES.  El siguiente paso debía ser  examinar cómo se integrarían en los AMUMA el 
mecanismo consultivo propuesto por  Nueva Zelandia.  El Brasil entendía que Nueva Zelandia se 
refería a casos que afectaran a un país Parte en un AMUMA y a un país que no fuera parte que estuviera aplicando una medida relacionada con el co mercio que afectara a la parte en el AMUMA.  
En esa situación, el mecanismo propuesto por Nueva Ze landia resultaría útil.  El Brasil preguntó si el 
mecanismo propuesto sería de carácter bilateral, como sugería México, o de carácter multilateral, 
situación que no estaría contemplada en el propio AM UMA en caso de estar involucrado un país que 
no fuera parte en el acuerdo.  El Brasil solicitó acl araciones respecto de la puesta en funcionamiento 
del mecanismo propuesto, y manifestó su preocupación por la inclusión de un mecanismo de esa 
índole en la OMC.  Tal vez fuera posible seguir examinando la propuesta en la reunión de 
información del CCMA. 
175. El representantes de Malasia
 dijo que convenía seguir examinando la propuesta de Nueva 
Zelandia.  Ese país proponía un enfoque en virtud  del cual los países Partes en los AMUMA y los 
países que no fueran partes podían reunirse para ex aminar la gama de opciones disponibles, en 
particular las medidas compatibles con el artículo XX , para resolver posibles diferencias.  Malasia se 
mostró de acuerdo con México y con la India en  que la medida más adecuada rara vez era una 
restricción del comercio, sino que solían serlo las medidas que proporcionaban incentivos y asistencia 
para resolver el problema ambiental.  Malasia se mostró de acuerdo en que el mecanismo propuesto podía no ofrecer soluciones mutuamente satisfactor ias, y señaló que no se debían adoptar medidas 
comerciales antes de celebrar las correspondientes consultas.  Los países debían esperar a la 
conclusión de esas consultas antes de adoptar medida s comerciales.  Malasia preguntó en qué medida 
sería voluntario el mecanismo;  si podrían participar  terceras partes, como los Miembros interesados 
de la OMC;  si las partes tendrían que estar de acuerdo en que la opción más idónea no tenía por qué WT/CTE/M/26 
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ser necesariamente una medida comercial antes de iniciar las consultas;  si ello circunscribiría el derecho a recurrir al mecanismo de solución de dife rencias de la OMC en caso de que el resultado no 
fuera mutuamente satisfactorio;  y si las medidas co merciales estarían sujetas a las disposiciones del 
artículo XX. 
176. El representante de las Comunidades Europeas
 dijo que el documento de Nueva Zelandia era 
una contribución constructiva al examen de la re lación entre la OMC y los AMUMA.  La idea de 
establecer un mecanismo voluntario de consulta mer ecía ser tenida en cuenta.  La CE consideraba 
que, probablemente, para seguir adelante habría que  encontrar una combinación de elementos, como 
propuso la CE en la reunión de los días 24 y 25 de octubre de 2000.  La propuesta de Nueva Zelandia 
contenía enfoques de procedimiento que podían resulta r útiles para afrontar de manera más directa y 
eficaz los problemas ambientales, de la manera que  supusiera una menor dist orsión del comercio, pero 
reconociendo que en ocasiones los AMUMA requerirían la aplicación de medidas comerciales.  Pese 
a que el carácter voluntario del mecanismo de cons ulta podía desempeñar una función útil dentro de 
un conjunto de elementos, la CE consideraba que en ese conjunto de elementos complementarios 
también habría que incluir algún tipo de mecanismo de  ajuste para abordar la  cuestión de los países 
que no fueran partes.  La CE recordó los bene ficios derivados de los AMUMA, a saber, que 
constituían el medio más eficaz de hacer frente a los problemas ambientales a nivel mundial, y que 
garantizar el apoyo a esos acuerdos contribuía a desalentar la adopción de medidas unilaterales. 
177. La representante de los Estados Unidos  manifestó que su delegación estaba de acuerdo con la 
importancia que Nueva Zelandia otor gaba a la redacción de disposiciones claras relacionadas con el 
comercio en el marco de los AMUMA.  Los Estados Unidos señalaron que muchas de las Partes que 
habían participado en las últimas negociaciones de  AMUMA eran Miembros de la OMC y que sus 
delegaciones habían incluido a expertos en comerc io.  Los Estados Unidos consideraban que esa 
colaboración entre expertos en comercio y expertos en medio ambiente, y la mayor claridad de las disposiciones relacionadas con el comercio que c ontenían los AMUMA, eran sugerencias valiosas.  
Con respecto a la propuesta neozelandesa de que se estableciera un mecanismo consultivo, los 
Estados Unidos deseaban plantear algunas cuestiones clave antes de abordar el fondo de la propuesta.  
Los Estados Unidos preguntaron cuál sería la forma del mecanismo propuesto y dónde se crearía, 
señalando que esos aspectos eran cruciales para su  opinión acerca del mecanismo.  En concreto, los 
Estados Unidos preguntaron si el mecanismo estar ía encuadrado en los AMUM A, en la OMC, o en 
otro lugar. 
178. El representante del Canadá
 dijo que el documento de Nueva Zelandia era constructivo.  El 
Canadá examinaría las últimas propuestas sobre la relación entre la OMC y los AMUMA y formularía 
observaciones al respecto en la reunión de junio. 
179. El representante de Indonesia   se mostró de acuerdo con Nu eva Zelandia en que las medidas 
comerciales rara vez eran la política más idónea pa ra alcanzar objetivos ambientales, y en que en 
muchos casos los problemas ambientales no podían resolverse con medidas comerciales.  Era 
necesario determinar cuál era la causa que originab a el problema ambiental y encontrar la forma de 
resolverlo.  Además, las medidas comerciales sólo eran uno de los instrumentos que se utilizaban para 
atender a preocupaciones ambientales.  Las soluci ones también diferían en función del nivel de 
desarrollo del país.  Por lo tanto, la mejor forma de resolver un problema era el consenso entre las 
partes en una posible diferencia.  Aunque la posibilidad de que surg ieran conflictos entre la OMC y 
los AMUMA era limitada, Indonesia consideraba que  las propuestas de Nueva Zelandia representaban 
un instrumento interesante para lograr una mayor si nergia entre el comercio y el medio ambiente. 
180. El observador del PNUMA  dijo que el resumen del Presidente de la reunión patrocinada por 
el PNUMA sobre la mejora de la sinergia y el  apoyo mutuo entre los AMUMA y la OMC, que se 
celebró en Ginebra el 23 de octubre de 2000, se había publicado como documento WT/CTE/W/184.  En el seguimiento de esa reunión, el PNUMA estab a colaborando con las Secretarías de la OMC y de 
los AMUMA con el fin de preparar un documento acerca del cumplimiento y de la solución de  WT/CTE/M/26 
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diferencias en los AMUMA y la OMC, que eran  temas fundamentales para el PNUMA y los 
AMUMA, así como para la OMC.  El PNUMA tenía también intención de distribuir ese documento conjunto en el marco de los preparativos de su reunión del 26 de junio sobre esta cuestión.  El 
Secretario Ejecutivo de la Secretaría del Convenio so bre la Diversidad Biológica había manifestado su 
interés por colaborar con el PNUMA en la evalu ación de las repercusion es sobre la diversidad 
biológica de la especialización en el sector agrí cola.  La Convención de las Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación y la CITES también habían manifestado su interés por estudiar el uso de 
evaluaciones ambientales para identificar las posibl es oportunidades beneficiosas para todas las Partes 
derivadas de la OMC y de los AMUMA.  Esas posibilidades se estudiarían en la Reunión Ministerial del PNUMA que se celebraría del 20 al 22 de marzo.  La posibilidad de mejorar la transferencia de 
tecnología identificando las sinergias entre los AM UMA pertinentes y el Acuerdo sobre los ADPIC 
podía reforzar la aplicación de los AMUMA, y benefi ciar al desarrollo sostenible.  Para ello sería 
preciso estudiar las disposiciones sobre transferencia de tecnología comprendidas en la OMC y los AMUMA.  Quizás fuera conveniente examinar primero la cuestión en el contexto de un AMUMA determinado, como, por ejemplo, el Convenio de B asilea, que había mostrado su interés por examinar 
más a fondo esta cuestión.  La condición de observadores de los AMUMA y el PNUMA en los 
órganos de la OMC, incluidos el Consejo General, el Consejo de los ADPIC y el Comité de Agricultura, era fundamental para promover la tr ansparencia y la colaboración, especialmente con 
respecto a la sinergia entre los AMUMA, el PNUMA y la OMC.  Por lo tanto, el PNUMA instó a los 
Miembros a que aceptaran las solicitudes pendientes de la condición de observador ante los órganos 
competentes de la OMC.  En las futuras actividad es del PNUMA sería preciso tener en cuenta la 
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible que  se celebraría en Johannesburgo en 2002, en la 
que se pasaría revista a la aplicación del Programa 21 , aprobado en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sosten ible celebrada en 1992.  El PNUMA esperaba que los esfuerzos 
encaminados a mejorar la sinergia entre los AMUMA y la OMC dieran lugar a un análisis de políticas 
que resultara útil para la Cumbre Mundial. 
181. El representante de Suiza
 dio las gracias a  Nueva Zelandia por sus constructivas propuestas.  
Suiza compartía la opinión de Nueva Zelandia de que las normas de la OMC permitían recurrir al uso 
de medidas comerciales con fines no comerciales, pe ro que, sin embargo, existía la posibilidad de que 
surgieran conflictos entre los AMUMA y la OMC.   La aparición de dichos conflictos debía 
prevenirse:  a) redactando las disposiciones re lacionadas con el comercio comprendidas en los 
AMUMA de manera clara y precisa;  b) establecien do mecanismos fiables de solución de diferencias 
en el marco de los AMUMA;  c) teniendo en cuen ta a los mecanismos consultivos;  y d) estableciendo 
mecanismos oficiosos para propiciar  un debate más amplio de los asp ectos relativos a la relación entre 
la OMC y los AMUMA, que podrían incluir a las Se cretarías de la OMC, el PNUMA y los AMUMA, 
así como a las organizaciones no gubernamentales y a los intereses empresariales.  Suiza consideraba 
que los mecanismos consultivos desempeñaban una función importante en la prevención de 
conflictos, especialmente en los casos en los que  las medidas comprendidas en los AMUMA no 
estaban redactadas de manera explícita y precisa.  Cuando las medidas comerciales previstas en 
los AMUMA estaban redactadas con precisión, las c onsultas no eran tan importantes.  Suiza indicó 
que la cuestión de los mecanismos consultivos, pese a ser importante, no era el problema principal, lo 
que seguía sin estar claro era la relación entre la  OMC y los AMUMA.  Suiza estaba convencida, 
como había indicado en sus comunicaciones, de que resultaría útil aclarar esa relación mediante un 
enfoque de apoyo mutuo.  De ese modo, la OM C y los AMUMA se centrarí an en sus esferas de 
competencia respectivas y respetaría n las competencias del otro.  Determinar si una medida concreta 
era discriminatoria o proteccionista sería de la competencia de la OMC, mientras que determinar la necesidad y la proporcionalidad de una medida para  alcanzar un objetivo ambiental quedaría dentro 
del ámbito de competencia del AMUMA. 
182. En respuesta a la India y a otros países, el representante de Nueva Zelandia
 afirmó que sería 
imposible incluir en el mecanismo medidas de d esarrollo y otras medidas positivas.  El mecanismo 
propuesto por Nueva Zelandia podía incluir una serie de opciones de política clasificadas por su grado 
de idoneidad, en las que el análisis de la opción más idónea permitiera  obtener unos resultados WT/CTE/M/26 
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económicos y ambientales adecuados.  Respecto de  las observaciones formuladas por México, Nueva 
Zelandia señaló que era difícil referi rse a la idea de incluir todas la s opciones de política en las futuras 
negociaciones sobre AMUMA.  El objetivo del mecanismo consultivo era reunir a las partes a fin de resolver posibles conflictos.  La cuestión del lugar en el que el mecanismo se reuniría debía resolverse 
de manera pragmática.  Si el conflicto se planteaba entre dos partes en un AMUMA, el lugar lógico 
para la celebración de consultas abiertas sería la sede del propio AMUMA.  Si uno de los países 
interesados no era parte en el AMUMA, el PNUMA podía ser un foro  adecuado.  Nueva Zelandia no 
había abordado esta cuestión en su documento por que esperaba que pudiera estudiarse más a fondo en 
el marco de los debates.  Por lo que respectaba a la forma y a los procedimientos del mecanismo, 
Nueva Zelandia prefería adoptar un enfoque práctico,  en virtud del cual las partes pudieran establecer 
condiciones mutuamente aceptables, en lugar de fijar estructuras rígidas y procedimientos concretos.  
En respuesta a la pregunta de Malasia, Nueva Zela ndia dijo que si se hubiera propuesto la creación de 
un mecanismo de carácter vinculante , el debate hubiera sido muy co rto.  Por ello, Nueva Zelandia 
había propuesto que se creara un mecanismo voluntar io.  La decisión de que terceras partes 
participaran en las consultas debía tomarse por mutuo acuerdo de las partes interesadas.  La finalidad 
del instrumento propuesto no era limitar los pro cedimientos jurídicos de la OMC, sino crear un 
mecanismo consultivo de carácter voluntario. 
Punto 10
: Disposiciones apropiadas que han de adoptarse en lo que respecta a las relaciones con 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a las que se hace 
referencia en el artículo V del Acue rdo por el que se establece la OMC   
 
183. El representante del Canadá  dijo que, en la reunión del CCMA celebrada los días 24 y 25 de 
octubre, el Canadá manifestó su interés por los seminarios regionales de la OMC sobre comercio y 
medio ambiente y confirmó que financiaría el semi nario para la región del Caribe que se celebraría a 
finales de 2001.  El Canadá sugirió también que el CCMA estudiara la posibilidad de celebrar otros 
simposios sobre comercio y medio ambiente, sigui endo las líneas de los celebrados en 1997, 1998 
y 1999.  Esa propuesta respondía al deseo del Canadá de  incrementar la transparencia de la OMC.  El 
Canadá consideraba que esas reuniones contribuirían a in formar a la opinión pública de la función de 
la OMC y a incrementar el apoyo al sistema multilatera l de comercio.  Sin embargo, a la vista de los 
esfuerzos que entrañaba organizar esos simposios, y de las limitaciones prácticas de la Secretaría, especialmente en el marco de los preparativos de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC que se celebraría en Qatar, se debían examinar enfoques alternativos ya que tal vez no fuera aconsejable 
celebrar un simposio en los próximos meses.  El Canadá consideraba importante que la Secretaría 
prosiguiera sus esfuerzos por llegar a la opinión  pública a fin de promover un diálogo constructivo 
sobre comercio y medio ambiente y de lograr que se comprendiera mejor la labor de la OMC. 
184. El representante del Perú
 recordó que había sido sede de un seminario para América Latina, 
celebrado en marzo de 2001, destinado a promover un a mejor comprensión del comercio y el medio 
ambiente y de la OMC. 
185. El representante de los Estados Unidos  dio las gracias al Canadá por su propuesta, que 
abundaba en la línea de los esfuerzos realizados en  el pasado para informar a la opinión pública y 
promover la transparencia. 
186. El representante de las Comunidades Europeas  pidió que en los preparativos de la Cuarta 
Conferencia Ministerial de la OMC que se celebraría en Qatar se previeran las actividades de 
información pública pertinentes. 
Observaciones finales de la Presidenta  
 187. La Presidenta
 resaltó la importancia de las contribuc iones de los Miembros para el progreso 
de los trabajos del CCMA y la profundización del aná lisis.  La Presidenta alentó a los países en 
desarrollo, especialmente de África, a seguir pa rticipando en la labor del CCMA y subrayó la  WT/CTE/M/26 
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necesidad de buscar recursos financieros que permitieran  la participación, si fuera posible, de expertos 
procedentes de los propios países.  También era necesario incrementar la coordinación a nivel nacional entre los diversos ministerios responsabl es del comercio y el medio ambiente, especialmente 
en los países en desarrollo.  La Presidenta manif estó también su preocupación por la gestión de los 
desechos peligrosos, que constituía una situación de emergencia en África, y que se debía resolver lo 
antes posible. 
188. Los Miembros
 manifestaron su agradecimiento a la  Embajadora Biké por su conducción de 
los trabajos y por los progresos rea lizados en el Comité ese año.  La inteligencia y los conocimientos 
de la Presidenta habían permitido celebrar un debate constructivo e intercambiar ideas sobre la amplia 
gama de cuestiones comprendidas en el mandato del CCMA. 
189. Además, la Presidenta  declaró que las comunicaciones de las delegaciones habían acelerado 
el debate sobre determinados aspectos especialment e importantes del orden del día.  Esas aportaciones 
y comunicaciones habían sido la mejor forma de llevar a cabo un análisis más detenido y de hacer progresar el debate, que había sido muy activo y productivo.  La Presidenta concluyó dando las 
gracias a la Secretaría por su apoyo y a todas las delegaciones por un debate y un intercambio de ideas 
muy constructivos. 
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