ORGANIZACIÓN MUNDIAL  
DEL COMERCIO  G/ADP/AHG/W/158 
23 de marzo de 2004 
 
 (04-1291) 
Comité de Prácticas Antidumping 
Grupo de Trabajo sobre la Aplicación Original:   inglés 
 
 
 
ARTÍCULO 13 - REVISIÓN JUDICIAL, ARBITRAL O ADMINISTRATIVA 
 
Documento de las Comunidades Europeas  
 
 
 La siguiente comunicación, de fecha 18 de ma rzo de 2004, se distribuye a petición de la 
Delegación de la Comisión Europea.  
_______________ 
 
  De conformidad con el acuerdo alcanzado en  el Grupo de Trabajo sobre la Aplicación de 
examinar temas adicionales de debate, conforme lo indicado en el documento G/ADP/W/433, las CE 
presentan el siguiente documento para explicar cómo  se contemplan en el sistema de las CE los 
procedimientos de revisión judicial, de conformi dad con el artículo 13 del Acuerdo Antidumping, que 
dispone lo siguiente: 
"Cada Miembro en cuya legislación naciona l existan disposiciones sobre medidas 
antidumping mantendrá tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otros fines, a la pronta revisión de las medidas administrativas vinculadas a las determinaci ones definitivas y a los exámenes de las 
determinaciones en el sentido del artículo 11.   Dichos tribunales o procedimientos 
serán independientes de las autoridades en cargadas de la determinación o examen de 
que se trate."  
I. LA ORGANIZACIÓN DE LA REVISIÓN JUDICIAL EN LAS CE 
 En las CE, la administración del instrument o antidumping está a cargo exclusivamente de las 
autoridades de las CE (el Consejo y la Comisión), en tanto que incumbe a las autoridades aduaneras 
nacionales la labor de recaudar los derechos antidum ping.  Los actos emanantes de las autoridades de 
las CE no se pueden impugnar directamente ante los tribunales nacionales, están sujetos a revisión 
únicamente por el Tribunal de Primera Instancia (T PI) del Tribunal de Justicia de las CE (TJCE) 
(ambos situados en Luxemburgo), según el caso. 
 El derecho a revisión judicial en relaci ón con las determinaciones antidumping no está 
establecido en el Reglamento Antid umping (texto básico) de las CE
1 y se desprende en cambio 
directamente de las disposiciones del Tratado de las CE. 
                                                      
1 Reglamento (CE) del Consejo Nº 384/96 de 22 de diciembre de 1995 relativo a la defensa contra las 
importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea, Diario Oficial L 56, 6.3.1996, página 1, modificada por última vez por el Reglamento (CE) Nº 1972/2002 (DO L 305, 
7.11.2002, página 1). 
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  El Tribunal de Primera Instancia es compet ente para ejercer en primera instancia la 
jurisdicción sobre los siguientes recursos in terpuestos por personas físicas o jurídicas: 
- recurso para la anulación de actos de la Comisión y del Consejo, de conformidad con 
el artículo 230 4) del Tratado de las CE;   
- recurso por no actuar, de conformidad c on el artículo 232 3) del Tratado de las CE; 
- recurso para obtener indemnización por da ños, de conformidad c on el artículo 235 del 
Tratado de las CE. 
 El recurso para la anulación es con mucho el más importante.  No se volverá a hacer 
referencia a los demás tipos de recursos, pues sólo se plantean raramente. 
 A fin de proporcionar una visión completa, es preciso señalar que los recursos para la 
anulación interpuestos por los Estados miembros, po r el Consejo o por la Comisión, de conformidad 
con el artículo 230 2) del Tratado de las CE, son de la competencia del TJCE.  No obstante, esta 
cuestión carece de relevancia práctica en la práctica de la Comunidad. 
 Puede recurrirse ante el TJCE contra todos los fallos del TPI relativos a una cuestión de 
derecho. 
II. LOCUS STANDI  
 De conformidad con el artículo  230 2) del Tratado de las CE, lo s Estados Miembros de la UE, 
el Consejo o la Comisión podrán interponer un recu rso de anulación contra medidas antidumping, sin 
tener que satisfacer condiciones de locus standi  específicas. 
 Todos los demás solicitantes tienen locus standi , de conformidad con el  artículo 230 4) del 
Tratado de las CE, si la medida impugnada es en substancia una decisión que afecta directa e 
individualmente al demandante.  E llo dependerá en particular de la  naturaleza del acto en cuestión 
(aviso de iniciación, decisión en la que se acep tan los compromisos, reglamento por el que se 
imponen medidas provisionales o definitivas, et c.) y del solicitante (reclamante, exportador, 
importador, asociación de consumidores, etc.). 
 Los terceros países también tienen derecho a impugnar las medidas antidumping cuando 
reúnan los requisitos de interés directo e individual. 
 A continuación se describen brevemente las principales situaciones que pueden darse. 
1. Iniciaciones 
 Los Tribunales han sostenido que la iniciación de un procedimiento antidumping no es más 
que un acto preparatorio y, por tanto, no está en principio sujeto a revisión.  No obstante, los solicitantes pueden invocar la ilegalidad de una in iciación en tanto que funda mento para la anulación 
de toda medida que se adopte en última instancia.
2 
                                                      
2 Fallo del TPI, Caso T-134/95, Dysan Magnetics Ltd. y Review Magnetics (Macao) Ltd. v. 
Commission  [1996] ECR II-181. 
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  A la inversa, en los casos en que se rechace una reclamación, no existen más etapas 
definitivas en el procedimiento que los reclamantes puedan impugnar.  Por tanto, la negativa a iniciar 
un procedimiento antidumping es un acto sujeto a revisión.3 
2. Reglamentos por los que se imponen medidas antidumping  
 Pueden impugnar estos reglamentos todas las part es a las que ellos afecten de manera directa 
e individual.   
 Ocurre así por regla general en el caso de  los productores y exportadores que participaron en 
la investigación y a los que se identifica en el reglamento. 
 De conformidad con la jurisprudencia, los importadores pueden satisfa cer el requisito de 
interés directo e individual si su participación en la  investigación ha afectado directamente el nivel de 
las medidas impuestas (el caso, por ejemplo, de los importadores que están relacionados con los 
exportadores o han contraído con ést os un acuerdo compensatorio), o si tienen ciertos atributos que 
les son propios y que les diferencian de todas las de más personas.  No es posible definir fácilmente el 
alcance preciso de este último grupo de importadores, dado que las características particulares que confieren atribuciones en este contexto dependen en gran medida de las circunstancias específicas del 
caso.
4 
 Los reclamantes no satisfechos con el resultado de un procedimiento pueden reunir también 
las condiciones de interés directo e individual, en particular si el reglamento impugnado se basaba en 
gran medida en su contribución. 
 Los usuarios y los consumidores tienen locus standi únicamente en condiciones muy 
estrictas.5 
3. Terminación sin medidas 
 Los productores de la Comunidad reclamantes disfrutan de locus standi frente a una decisión 
de la Comisión que ponga fin a un procedimiento antidumping sin la imposición de medidas.  No 
obstante, en razón de que la decisión no afect a desfavorablemente la posición jurídica de los 
productores o exportadores en el país e xportador en cuestión éstos carecen del locus standi . 
III. FUNDAMENTOS SUSTANTIVOS PARA LA REVISIÓN JUDICIAL 
 El artículo 230 2) del Tratado de las CE dispone  que el Tribunal podrá revisar la legalidad de 
los actos de las instituciones por razones de incomp etencia, vicios sustanciales de procedimiento, 
violación del Tratado o de cualquier norma relativa a su ejecución, o abuso de poder. 
                                                      
3 Fallo del TJCE, Caso 191/82, EEC Seed Crushers’ y Oil Processors’ Federation (Fediol) v. 
Commission [1983] ECR 2913. 
 
4 Véase, por ejemplo, el fallo del TJCE, Caso C-358/89, Extramet Industrie SA v. Consejo  [1991] 
ECR I-2501. 
 
5 Véase el fallo del TPI, Caso T-256/97, BEUC v. Commission  [2000] ECR II-101.  Según esta 
jurisprudencia, para ser considerado parte interesada a los efectos del pr ocedimiento antidumping es necesario 
probar en particular que existe una vinculación objetiva entre las actividades de la parte, por un lado, y el 
producto objeto de la investigación, por otro. 
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  Cabe señalar que, aunque  la función del Tribunal no es sus tituir las evaluaciones hechas por 
las instituciones de la Comunidad por sus propias evaluaciones de situaciones económicas complejas, 
el Tribunal comprueba en particular que los h echos sobre los que se basan las conclusiones son 
exactos, que no ha habido ningún error manifiesto de  valoración y que el razonamiento ofrecido es 
adecuado. 
IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL ANTE LOS TRIBUNALES DE LAS CE 
 Los procedimientos de los tribunales se divi den normalmente en dos etapas, a saber, el 
procedimiento escrito y el procedimiento oral.  El procedimiento escrito consiste en las fases 
siguientes: 
- Solicitud:  de conformidad con el artículo 230 5) del Tratado de las CE, el plazo para 
presentar recursos es de dos meses a partir , según los casos, de la publicación del acto 
o de su notificación al recurrente o, a falta de ello, del día en que éste haya tenido 
conocimiento del mismo.
6 
- Defensa por el Consejo o la Comisión, según el caso. - Respuesta del solicitante. 
- Réplica del Consejo o la Comisión, según el caso. 
 El procedimiento oral consiste en una audien cia, precedida a veces por las respuestas escritas 
de las partes a preguntas específicas formuladas por el Tribunal. 
 Una característica particular de los casos que se plantean al TJCE es que, antes de emitir el 
fallo, un Abogado General presenta por escrito al Tr ibunal su opinión consultiva acerca del caso.  No 
obstante, esa opinión de ningún modo es vinculante para el Tribunal.   
 La duración total de los procedimientos del Tribunal puede variar considerablemente según 
las circunstancias del caso, y puede llegar a ser de dos años o más. 
 La aceptación de la demanda en virtud del ar tículo 230 da por resultado la anulación del acto 
impugnado con respecto al solicitante, ya que el fallo sólo surte efecto inter partes .  En los casos en 
que los motivos de la anulación sean tales que aún puedan ser corregidos (por ejemplo, error en el 
método de cálculo, la falla  de mención de un factor de daño determinado, etc. ), la Comisión reanudará 
normalmente la investigación con vist as a alcanzar una nueva determinación. 
V. RECURSOS JURÍDICOS ANTE LOS TRIBUNALES NACIONALES 
 Como se mencionó anteriormente, las medidas adoptadas por las autoridades de las CE no 
pueden impugnarse ante los tribunales nacionales de los Estados miembros.  No obstante, cuando las 
autoridades nacionales recauden derechos en aplicaci ón de los reglamentos de las CE por los que se 
imponen medidas antidumping, las decisiones rela tivas a la recaudación de los derechos podrán 
someterse a revisión en el plano nacional.  Las partes interesadas, que carecerían de locus standi  ante 
los tribunales de las CE debido a que no tienen un interés directo e individual (por ejemplo, la 
mayoría de los importadores que no están relacionados  con los exportadores), tienen así la posibilidad 
                                                     
 
6 De conformidad con el Reglamento de Procedimie nto del Tribunal, cuando el plazo empiece a correr 
a partir de la publicación de una medi da, dicho plazo deberá contarse a partir  del final del 14º día siguiente a la 
fecha de la publicación.  Además, los plazos procesales se  ampliarán, por razón de la  distancia, en un plazo 
único de 10 días.  Por tanto, el plazo total de facto es de 2 meses y 24 días (véase el artículo 102 del Reglamento 
de Procedimiento del TPI).  G/ADP/AHG/W/158 
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 de impugnar ante los tribunales n acionales decisiones relativas a la  recaudación de los derechos 
antidumping impuestos. 
 Cuando en el curso de tales procedimientos nacionales se cuestione la validez del Reglamento 
por el que se imponen los derechos antidumping, la s jurisdicciones nacionales podrán pedir al TJCE 
que se pronuncie con carácter prejudi cial de conformidad con el artíc ulo 234 del Tratado de las CE.  
No obstante, ese recurso será inadmisible si en el procedimiento ante el tribunal nacional el 
demandante, teniendo claramente locus standi para impugnar la medida antidumping en cuestión 
mediante un recurso directo de anulación ante el TPI , no hizo tal cosa.  El fallo del TJCE sobre la 
validez y la interpretación del Reglamento en el que se basaba la recaudación de los derechos es 
vinculante para los tribunales nacionales. 
 
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