# Políticas y sistemas alimentarios en América Latina: elementos de introducción

Jean-François Le Coq, Paulo Niederle, Catia Grisa, Stéphane Guéneau

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Jean-François Le Coq, Paulo Niederle, Catia Grisa, Stéphane Guéneau. Políticas y sistemas alimentarios en América Latina: elementos de introducción. Le Coq Jean-François (ed.); Grisa Catia (ed.); Guéneau Stéphane (ed.); Niederle Paulo (ed.). Políticas públicas y sistemas alimentarios en América Latina, E-papers, pp.9-26, 2021, 978-65-87065-26-7. hal-05177459

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# Políticas y sistemas alimentarios en América Latina: elementos de introducción

Jean-François Le Coq, Paulo Niederle, Catia Grisa, Stéphane Guéneau

Este libro presenta los resultados de un esfuerzo colectivo de investigación coordinado por la Red Políticas Públicas y Desarrollo Rural en América Latina (PPAL), una plataforma interinstitucional creada en 2011 para posibilitar el diálogo académico y político regional sobre el diseño e implementación de políticas de desarrollo rural. Motivado por los resultados de proyectos anteriores<fnref n="1" />, en septiembre de 2018 el comité de coordinación de la Red propuso una nueva investigación sobre "Políticas públicas y seguridad alimentaria en la perspectiva de un sistema alimentario sostenible". Entre marzo de 2019 y marzo de 2021, investigadores de diez países trabajaron en este proyecto buscando respuestas a un conjunto de preguntas orientadoras planteadas por los coordinadores de la investigación y de esta publicación. En esta presentación volvemos a estas preguntas y describimos brevemente el camino del proyecto hasta la publicación de los capítulos de este libro.

Empezamos por el concepto de seguridad alimentaria y nutricional (SAN). Utilizado en América Latina a partir de los años noventa. El concepto sintetiza un movimiento por medio del cual los problemas centrales relacionados a los alimentos pasaron de estar centrados en la erradicación del hambre (Chonchol, 1987) para volver a la cuestión más amplia del derecho humano a la alimentación saludable, que incorpora la discusión sobre el acceso a los alimentos en cantidad y calidad adecuados, pero también elementos relacionados con la ciudadanía y la preservación del medio ambiente (FAO, 2011). O sea, el concepto de SAN adquirió nuevas dimensiones que se integraron a políticas públicas de varios países

<footnote n="1">1 Ver: Sabourin, E.; Samper M.; Sotomayor O. (Orgs). *Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: nuevas perspectivas*. San José: IICA, 2015; Sabourin, E.; Patrouilleau M.; Le Coq J.F.; Vasquez L.; Niederle P. (Orgs). *Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y el Caribe*. Porto Alegre: Red PP-AL, 2017; Goulet, F.; Le Coq, J-F.; Sotomayor, O. (Orgs.). *Sistemas y políticas de innovación para el sector agropecuario en América Latina*. Rio de Janeiro: E-papers, 2019.</footnote>
latinoamericanos a mediados de la década de 2000 (Almeida Filho y Ramos, 2010).

Las discusiones que sustentaron la construcción de las políticas de SAN enfatizaron que los problemas de desnutrición o la malnutrición no se deben tanto a la falta de alimentos como a los problemas de acceso a alimentos inocuos y nutritivos (Maluf, Burlandy y Alexandre, 2020). Esta es una de las razones por las cuales algunos países de América Latina han implementado políticas para mejor distribuir los alimentos o subsidiar los precios al consumidor. Fue desde esta perspectiva que se desarrolló, por ejemplo, el programa brasileño "Fome Zero" (Hambre Cero), lanzado en 2003 para erradicar el hambre y la pobreza extrema en Brasil (Graziano da Silva, Del Grossi y França, 2010), o el Programa Nacional de Alimentación (PNA) en Nicaragua, para aumentar el suministro de alimentos básicos y mejorar el acceso a alimentos saludables (Freguin-Guesh y Cortes, 2018). Además, países como Brasil, Colombia, Uruguay y Ecuador también han aplicado políticas para la adquisición pública de alimentos para su redistribución en comedores escolares e instituciones públicas para personas vulnerables (Clark, 2016; Wittman y Blesh, 2017; Grisa, Perafán y Calderón, 2018, Schneider y Bohórquez, 2019). El rasgo común de estas políticas es que su objetivo es combatir el hambre y la malnutrición, no solo mediante mecanismos que permitan a las poblaciones vulnerables tener un acceso menos costoso a los alimentos, sino también estimulando el suministro de productos alimenticios baratos y de calidad.

No obstante la difusión de estas políticas en varios países de la región latinoamericana (Sabourin y Grisa, 2018; Lopes Filho, 2018; Caldas e Ávila, 2018; Grisa y Niederle, 2019), datos recientes muestran que los problemas del hambre y la malnutrición han reaparecido con un alto nivel de prevalencia (FAO, 2020; 2018). En primer lugar, las crisis económicas y políticas han provocado una fuerte subida de los precios, lo que ha afectado directamente a los países importadores netos de alimentos, pero también a los exportadores. Hoy en día, incluso los países más ricos del continente, donde la inseguridad alimentaria y nutricional era considerada baja por la FAO, están en una situación muy difícil. Este es el caso, por ejemplo, de Brasil, donde la desnutrición regresó y afectaba a más de 5,2 millones de personas en 2017 (FAO-OPS-PMA-UNICEF, 2018) y, al final de 2020, ya bajo los efectos de la pandemia, 19 millones de personas (9% de la población) pasaban hambre (inseguridad alimentaria grave) y otros 43,4 millones (20,5%) no tenían suficientes alimentos (inseguridad alimentaria moderada o grave) (Rede Penssan, 2021).

Además de los problemas de hambruna y malnutrición, en América Latina se ha prestado cada vez más atención a las cuestiones de inocuidad de los alimentos.
Esto es consecuencia de una serie de acontecimientos como el crecimiento de la población urbana, la reestructuración de las principales cadenas de suministro de alimentos, la creciente influencia de los supermercados, el aumento del consumo de alimentos fuera del hogar y de comida rápida (Popkin y Reardon, 2018; Schubert, Schneider y Dias-Mendez, 2017). La calidad biofísico-química y nutricional de los alimentos y la información al consumidor sobre los riesgos para la salud se convirtieron en uno de los objetivos centrales de las políticas de SAN en razón de repetidos escándalos y crisis alimentarias (Schubert y Ávalos, 2020).

La producción de alimentos a gran escala se ha beneficiado de los cambios en las normas de inocuidad de los alimentos, porque, hasta ahora, estas se han centrado en una visión higiénica y estadística de los riesgos de contaminación. Este sistema de valores, que ha tendido a estandarizar los alimentos según criterios esencialmente sanitarios, ha excluido efectivamente de las políticas alimentarias sostenibles a una gran parte de los productos no industrializados de la agricultura familiar (Cintrão, 2017). Además, debido a la adopción de reglamentos de inocuidad de los alimentos, el suministro de alimentos ultraprocesados ha agudizado la doble tendencia hacia la concentración de la industria alimentaria y la estandarización de los alimentos.

Otro efecto es que las personas de las zonas urbanas e incluso rurales de América Latina han experimentado una rápida transformación de sus dietas que, junto con una disminución de la actividad física, ha conducido a un rápido aumento de la obesidad en varios países en los cuales estos problemas ya eran alarmantes, como México, o han aumentado bruscamente desde la década de 2000 después de un declive en la década de 1990, como en Brasil (Rivera et al., 2004; Monteiro et al., 2019; Popkin y Reardon, 2018; Fernandéz et al., 2017). Hoy en día, más de la mitad de las mujeres y más del 20% de los niños tienen sobrepeso o son obesos (Corvalán et al., 2017).<fnref n="2" /> En algunos países como Chile y México, estos indicadores alcanzan a dos tercios de las mujeres y a más de la mitad de los hombres (Popkin y Reardon, 2018). Por supuesto, la mala calidad nutricional es también responsable de las altas tasas de diabetes, hipertensión y otras enfermedades que afectan cada vez más a las poblaciones de América Latina y el Caribe (Anauati, Galiani y Weinschelbaum, 2015).

Frente a este escenario, la acción pública tiene que abordar un doble problema alimentario y nutricional, que resulta de la coexistencia de la malnutrición y la obesidad en el mismo entorno y a menudo en el mismo hogar. En este sentido, se desarrollan nuevas dinámicas de acción, tanto públicas como privadas, que

<footnote n="2">2 Según datos sobre obesidad en América Latina, el porcentaje de niños menores de 5 años con sobrepeso aumentó de 49,8% en 2000 a 59,6% en 2018, y el porcentaje de niños de 5 a 19 años con sobrepeso aumentó de 21,6% a 30,6% (FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF, 2019).</footnote>
contradicen este marco de referencia de la SAN centrado solamente en la inocuidad alimentaria (Triches, Gerhardt y Schneider, 2015). Esto se manifiesta en particular a través de movimientos a favor de la agroecología, la alimentación sostenible y la reubicación de la oferta de alimentos, con especial atención a la acción pública para fortalecer la contribución de las nuevas formas de producción agrícola en pequeña escala (agroecología, agricultura urbana y periurbana, agricultura familiar) a la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares más pobres (Cabañas, Nigh y Pouzenc, 2020; Preiss e Schneider, 2020; Portilho, 2020; Moura, Souza y Canavesi, 2016; Guarín, 2013).

Además, en las zonas urbanas, donde cada vez son más los consumidores que buscan productos más sanos, pero también más auténticos en relación con determinados territorios, las cuestiones alimentarias van más allá del estricto marco de la nutrición. Implican, cada vez más, cuestiones culturales y sociales relacionadas con la inclusión social de los productores más desfavorecidos y el mantenimiento de ciertos tipos de alimentos o recetas elaborados por comunidades rurales o tradicionales (Cabañas, Nigh y Pouzenc, 2020; Guéneau et al., 2017; Niederle y Wesz Junior, 2020). Estas cuestiones también se refieren de manera creciente a cuestiones medioambientales, dado el deseo de una franja de consumidores de minimizar el impacto de los procesos de producción (Portilho, 2020). Además, en algunas ciudades latinoamericanas, la creciente demanda de cadenas alimentarias locales ha favorecido el desarrollo de redes alimentarias alternativas, que se traducen en el desarrollo de la agricultura urbana y la participación de los consumidores en la producción de alimentos, como parte del creciente número de "comunidades de apoyo a la agricultura" (Leisa, 2019).

La alimentación se afirma así como un signo social que expresa formas de ser mucho más complejas. El comensal contemporáneo hace cada vez más elecciones de alimentos como un acto político (Paredes et al., 2020; Portilho, 2020), lo que lleva a una demanda creciente no solo de un suministro de alimentos más diversificado, sino también de nuevas prácticas de producción, distribución y consumo. El acortamiento de las cadenas de suministro, la aparición de consumidores "coagricultores", la multiplicación de restaurantes que ofrecen platos preparados a partir de plantas alimenticias no convencionales o productos derivados de la "socio-biodiversidad", son algunos ejemplos de la dinámica innovadora en curso en los principales centros urbanos (Duarte et al., 2021; Guéneau et al., en este libro). La mayoría de sus innovaciones se basan en la creencia, real o no, de que contribuyen al desarrollo sostenible, como la idea de que la producción local de alimentos es ecológica (Moustier, 2017).

Esta dinámica de transición hacia sistemas alimentarios alternativos forma parte de un contexto de prácticas de consumo que cambian rápidamente, sobre
todo en las zonas urbanas, y especialmente en las zonas urbanas más extensas. La proporción de la población que vive en estos espacios está aumentando considerablemente en América Latina. En las principales ciudades brasileñas, los presupuestos alimentarios de los consumidores se destinan cada vez más a las comidas fuera del hogar, donde los patrones de consumo se están diversificando (comida rápida, food trucks, restaurantes de comida por peso, etc.) (Zaneti, 2017; Schubert, Schneider y Dias-Mendez, 2017). Además, nuevos actores como los chefs están cada vez más presentes en los medios de comunicación y en los programas de televisión dedicados a la gastronomía, que se desarrollan con fuerza y son cada vez más populares. Chefs latinoamericanos como el peruano Gastón Acurio y el brasileño Alex Atala están desempeñando un papel real como emprendedores políticos para colocar el tema de la sostenibilidad alimentaria en la agenda política (Zaneti, 2017).

Si bien estos diversos factores no parecen haber conducido todavía a un cambio fundamental en los sistemas alimentarios, sí nos llevan a plantear la hipótesis de un cambio en la perspectiva de la acción pública referente a los desafíos alimentarios: mientras que hasta ahora las políticas se han pensado desde lo “productivo”, desde “arriba” y de lo rural a lo urbano, algunas jugadas de actores en entornos urbanos sugieren una nueva dinámica desde el “consumo”, desde “abajo” y de lo urbano a lo rural, que involucra a los consumidores y tiende a posicionar el tema de los sistemas alimentarios en la agenda política. Aunque algunos trabajos se centran en las numerosas iniciativas innovadoras y las nuevas políticas locales destinadas a transformar el sistema alimentario y permitir que los consumidores recuperen el control de sus alimentos (Paredes et al., 2020; Blay-Palmer 2016; Preiss, Charão-Marques y Wiskerke 2017), la investigación aún no ha captado toda la importancia de la dinámica en curso en las ciudades para la elaboración de políticas alimentarias sostenibles. Por esta razón, nuestra investigación empezó con el intento de arrojar luz sobre las siguientes cuestiones:

- ¿Cómo tienen en cuenta las políticas públicas los nuevos desafíos de la seguridad alimentaria y la promoción de sistemas alimentarios sostenibles? ¿Cuáles son las iniciativas destinadas a diseñar políticas públicas para una alimentación sostenible en las zonas rurales y urbanas?

- ¿Cuáles son las reconfiguraciones de las coaliciones de actores en torno a la cuestión de los sistemas alimentarios sostenibles? ¿Cómo renueva la acción pública la noción de sistema alimentario sostenible?

- ¿Cómo se vinculan las políticas alimentarias con las políticas agrícolas, de desarrollo rural, de salud, de educación, ambientales y urbanas para abordar los desafíos alimentarios de las poblaciones urbanas y rurales?
- ¿En qué medida las políticas alimentarias pueden constituir nuevos vectores para cambiar los modelos de producción agrícola hacia una mayor sostenibilidad y una transformación profunda del mundo rural?

La mayor dificultad del proyecto fue que la investigación se realizó en arenas movedizas. Además de la crisis sanitaria del Covid-19, que agravó severamente las condiciones de inseguridad alimentaria y aumentó exponencialmente las dificultades de los Estados para responder a los problemas alimentarios, fuertes cambios políticos y económicos marcaron a América Latina y el Caribe a lo largo de los dos años del proyecto. En 2018, cuando comenzamos el trabajo, el escenario político latinoamericano apuntaba a un ascenso conservador, que ya estaba poniendo en marcha un proceso acelerado de desmantelamiento de políticas públicas de desarrollo rural, seguridad alimentaria y de apoyo a la agricultura familiar (Sabourin et al., 2020). Y fue precisamente con este escenario que muchos investigadores se encontraron durante su investigación. Sin embargo, en 2021, algunos países ya daban señales de que la ola conservadora podría durar menos de lo inicialmente proyectado y gobiernos de países como Argentina y Bolivia volvían a estar bajo el liderazgo de coaliciones políticas progresistas. Todo esto para decir que, en los últimos dos años, América Latina se ha convertido en un mosaico político mucho más complejo.

Los efectos más directos de la incertidumbre sobre la trayectoria política del continente se expresan en la agenda y dinámica de los bloques multilaterales que, en las dos primeras décadas de la década del 2000, jugaron un papel muy importante en la difusión regional de las políticas de seguridad alimentaria (Sabourin y Grisa, 2019; Grisa y Niederle, 2019). El Mercosur y, en particular, su Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF), fue vaciado por el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, para quien el bloque es un obstáculo para las relaciones bilaterales directas y para la liberalización de los mercados. Asimismo, en la medida en que terminar con el bloque tiene un costo político muy alto y encuentra resistencias de otros países, el gobierno brasileño exige la adopción de una agenda enfocada a la apertura de mercados y acuerdos comerciales que permitan exportar productos agrícolas. Temas como participación social, democracia e integración regional fueron retirados de las discusiones, al mismo tiempo que se desalentaron o extinguieron los innumerables espacios de diálogo para la construcción de políticas de seguridad alimentaria.

La situación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es aún más dramática. En el primer caso, la entidad se convirtió en escenario de fuertes conflictos políticos entre países con matices ideológicos muy distintos. Nuevamente, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, tomó la delantera y, en
enero de 2020, suspendió la participación del país en CELAC alegando no poder dialogar con gobiernos que imponen regímenes no democráticos, lo que, considerando su propio sesgo autoritario, representó solamente su rechazo a los gobiernos de izquierda. A su vez, Unasur se extinguió tras una sucesión de deserciones. A principios de 2018, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú anunciaron su salida transitoria. A fines del mismo año, Colombia se retiró definitivamente y, al año siguiente, esa decisión fue seguida por Ecuador y Bolivia. En 2020 le tocó el turno a Uruguay.<fnref n="3" />

Estos conflictos, además de los efectos del Covid-19, han comprometido severamente la agenda de seguridad alimentaria y, como resultado, han contribuido al regreso de los flagelos sociales tan conocidos por la población latinoamericana: pobreza, hambre, desigualdad, autoritarismo. Si hasta principios de la década de 2010 se reconocía a América Latina como una de las regiones que más rápidamente avanzaba en el tratamiento de estos problemas, en los últimos años se la ha identificado como uno de los contextos donde se observan algunos de los mayores retrocesos. En 2019, América Latina y el Caribe ha respondido por casi un tercio de la inseguridad alimentaria moderada o grave en el mundo (precedida solo por África, que ha respondido por más de la mitad de la población mundial) y, si las tendencias recientes se mantienen, tendrá el incremento del hambre hasta 2030, alejándose de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (FAO, 2020).

Desde el punto de vista económico, el escenario no es menos complejo. En los últimos dos años el precio de los productos básicos agrícolas (*commodities*) se ha disparado en los mercados internacionales, contribuyendo, por un lado, al aumento de las exportaciones de varios países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, entre otros). Por otro lado, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de la población (reducción de la demanda interna), el crecimiento de la demanda internacional, la crisis de devaluación de las monedas nacionales frente al dólar y la ausencia de regulación de los mercados resultó en el aumento del precio de los alimentos en los mercados domésticos, agravando las crisis alimentarias, en particular de las poblaciones más vulnerables, urbanas y rurales. Al mismo tiempo, estos procesos repercuten en la expansión acelerada de las prácticas neoextractivistas y de todos los procesos sociales asociados a ellas, como el acaparamiento de las tierras agrícolas, la deforestación y la violencia en el campo (Sosa Varroti y Gras, 2020; Sauer, 2018).

<footnote n="3">³ En lugar de estas entidades, en 2017, cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú crearon el Grupo de Lima, con el objetivo declarado de “abordar la situación crítica de Venezuela y explorar formas de contribuir a la restauración de la democracia en ese país”. Sin embargo, en 2021, en una señal de apoyo al gobierno venezolano, Argentina se retiró del grupo.</footnote>
El aumento de los precios de los alimentos, la crisis de desempleo y la reducción de los ingresos para la población más pobre (compradora neta de alimentos), estimula el consumo de alimentos industrializados y ultraprocesados, los cuales son más baratos y de fácil acceso, ya que se distribuyen ampliamente a través de las grandes cadenas de supermercados. Así, a pesar de los avances que se han producido en la región en la discusión sobre la producción y consumo de alimentos saludables, una gran parte de la población no tiene acceso a ellos sino con el apoyo de políticas públicas, las cuales que han perdido fuerza en razón de la crisis fiscal de los Estados y, más que eso, por el ascenso de gobiernos alineados con los intereses de la industria alimentaria.

Estas dificultades también son relevantes cuando se discuten las políticas de SAN con el intento de construir sistemas alimentarios sostenibles. En sí mismo, el aumento del precio de las *commodities* agrícolas es ya un factor que impulsa la expansión de los monocultivos, el uso de plaguicidas y la reducción de la biodiversidad. Sin embargo, algunos gobiernos latinoamericanos se han manifestado en contra de la corriente global de preocupaciones asociadas a los efectos del cambio climático y, ante eso, se comprometieron con la construcción de modelos de producción, distribución y consumo más sostenibles. Así, en muchos países, en lugar de fortalecer políticas que respondan a estas preocupaciones, la sociedad civil, con el apoyo de segmentos específicos del mundo académico y de la prensa, no ha podido hacer mucho más que presionar a ciertos gobiernos para reducir el daño ambiental causado por el apoyo al agronegocio de exportación (Sabourin et al., 2020).

Fue en este caldo de controversias y abruptos cambios económicos y políticos, agravados por la pandemia, donde producimos las reflexiones que se presentan en este libro. Antes de llevarlas al público, realizamos seminarios y debates entre los miembros del equipo. El objetivo era producir una interpretación articulada que pudiera explicar la dinámica alimentaria hegemónica en el continente. Al final, como era de esperar, lo que se ve en el conjunto de capítulos es que el caleidoscopio político y económico en que se ha convertido América Latina alberga una variedad de sistemas y políticas alimentarias. Esta variedad responde a los diferentes matices ideológicos que han prevalecido en cada país –en los gobiernos, pero también en los grupos de interés, las organizaciones sociales y en el ámbito académico– y a las diferentes dinámicas de construcción de la alimentación como problema político en cada contexto, lo que ya en el primer capítulo denominamos “politización de la alimentación” (Grisa et al., en este libro).

El libro consta de cinco partes. La primera está conformada por tres artículos que presentan una mirada transversal a las dinámicas regionales, enfocándose en la diversidad de referenciales que orientan las políticas alimentarias en
América Latina (Capítulo 1), un análisis de los estudios prospectivos que fueron producidos en la región en términos de políticas alimentarias (Capítulo 2), y una revisión del papel de las organizaciones internacionales en su difusión (Capítulo 3). La segunda parte presenta un panorama histórico de las políticas alimentarias nacionales basado en la experiencia de cuatro países: Nicaragua (Capítulo 4), Paraguay (Capítulo 5), México (Capítulo 6), Bolivia (Capítulo 7) y Chile (Capítulo 8). Luego, la tercera parte se centra en los cambios recientes en las políticas alimentarias nacionales, explorando los casos de Argentina (Capítulo 9), Perú (Capítulo 10) y Paraguay (Capítulo 11). La cuarta parte examina experiencias innovadoras a escala local, para lo cual se analizan las políticas construidas en las ciudades de Brasilia (Capítulo 12), Cali (Capítulo 13), San Ramón (Capítulo 14) y Antioquia (Capítulo 15). Finalmente, la última parte del libro se centra en los desafíos para la construcción de políticas específicas: los programas de compra de alimentos de los gobiernos estatales brasileños (Capítulo 16), las regulaciones de sanidad alimentaria en el contexto argentino (Capítulo 17), las compras públicas en Uruguay (Capítulo 18) y la interface entre las políticas y las culturas alimentarias de los pueblos indígenas de Paraguay (Capítulo 19).

En el capítulo 1, **Catia Grisa, Paulo Niederle, Stéphane Guéneau, Jean-François Le Coq, Clara Craviotti, Graciela Borrás, Daniel Campos Ruiz Diaz, Héctor Ávila-Sánchez, Sandrine Freguin-Gresh, Junior Miranda Scheuer y Jorge Albarracin** proponen una mirada de la evolución de los referenciales movilizados en América Latina para atender a los desafíos alimentarios. A partir de un análisis de las políticas en los países de la región, se identifican ocho referenciales principales, los cuales conllevan valores y normas distintas y se manifiestan a través de diferentes instrumentos de políticas. Además, se muestra que las políticas han evolucionado desde un referencial de "alimentación por el mercado" hacia referenciales más "integradores" que buscan lograr consumo adecuado, saludable, sostenible y responsable a través de un amplio conjunto de herramientas de políticas.

En el capítulo 2, **Maria Mercedes Patrouilleau, Diego S. Taraborrelli, Ignacio Alonso** analizan los estudios de prospectiva realizados en la región latinoamericana. Este capítulo muestra una multiplicación de dichos estudios desde los años 2000, y una revalorización de las cuestiones alimentarias en los últimos años.

En el capítulo 3, **Fernanda C. França de Vasconcellos** analiza cómo las narrativas y los referenciales utilizados por las agencias internacionales se traduje-ron en las recomendaciones de políticas de SAN en América Latina y el Caribe. A partir de una revisión bibliográfica, focalizada en cuatros organizaciones (FAO, PMA, IICA y FIDA), la autora evidencia una articulación coherente de los
referenciales de políticas públicas, incluso cuando estos coexisten en la narra-
tiva, de manera que no plantean propuestas conflictivas. Se observa también que
las narrativas se volvieron cada vez más catastróficas, al articular el aumento del
número de personas hambrientas, el incremento de la obesidad, el sobrepeso y las
enfermedades causadas por la malnutrición, con propuestas de políticas integra-
doras, siguiendo las premisas de la agenda internacional constituida por los ODS.

En la segunda parte, el libro presenta un panorama histórico de las políticas alimentarias nacionales. En el caso de **Nicaragua**, **Sandrine Freguin-Gresh** y **Geneviève Cortes** muestran la existencia de un período de coyuntura crítica a finales de la década de 2000 que llevó a un cambio institucional gradual de las políticas hacia una priorización de la agricultura familiar y de la lucha contra la pobreza y el hambre, que se traduce en la creación de dos programas emblemáticos, los programas “Hambre Cero” y “Merienda Escolar”. Sin embargo, no obstante los avances, estos programas encuentran límites significativos en términos de gobernanza, particularmente en el proceso de selección de beneficiarias, lo que cuestiona su universalidad.

El caso de **Paraguay**, **Daniel Campo Ruiz Diaz** y **María C. Benavidez** concluyen que la construcción de un sistema de seguridad alimentaria y nutricional que garantice el pleno ejercicio del derecho a la alimentación está aún muy rezagada. A pesar de algunas leyes y políticas a favor de la agricultura familiar y programas que impulsan la seguridad alimentaria en carácter de protección social, en el país no se han iniciado cambios profundos que puedan promover estrategias de una política de Estado en materia de seguridad y soberanía alimentaria, articulando la participación de todos los sectores sociales, privados y públicos, incluyendo a los grupos vulnerables que son, en su mayoría, del sector rural y periurbano.

En el caso de **México**, **Héctor Ávila-Sánchez** muestra el fuerte intervencio-
nismo estatal en las cuestiones agrarias a lo largo de la historia. El autor evidencia
un giro reciente de las políticas bajo el actual gobierno, que retoma los antece-
dentes de luchas y movimientos sociales, y reivindica el rol de los pequeños y
medianos productores, así como sugiere la intención de vincular los programas
y políticas rurales a la soberanía alimentaria. Al mismo tiempo que presenta un
amplio conjunto de políticas y programas para promover la SAN, el autor con-
cluye cuestionando la capacidad real de implementación de estas políticas foca-
lizadas en pequeños y medianos productores en un entorno donde predomina la
producción convencional de grande empresas y la expansión monopólica de las
agroindustrias transnacionales.

Para el caso de **Bolivia**, **Jorge Albarracín** destaca una historia agraria dual y conflictiva entre la agroindustria y el agronegocio, de un lado, y la agricul-
tura familiar e indígena, del otro. Bolivia ha mantenido y reforzado un sistema alimentario, enfocado en la producción de productos y alimentos que sigue la estructura del modelo agroindustrial y del agronegocio, posicionándose como proveedora de materias primas para el mundo. Por su parte, los sistemas productivos más tradicional sufren de una inversión pública deficiente tanto en el apoyo a la producción como en la construcción de mercados locales, lo que conlleva a mantener y agravar los problemas de malnutrición en las zonas andina y de los valles.

En **Chile, Michel Leporati Néron y Pablo Villalobos Mateluna** proponen un análisis institucional, político y económico de las políticas públicas que han ido conformado el sistema alimentario chileno desde sus orígenes hasta nuestros días. Inicialmente, los autores discuten la evolución de las políticas de protección social, alimentación saludable y de modernización del sistema de gestión de inocuidad y calidad de los alimentos. Después, hacen un recorrido histórico sobre la evolución de las políticas de desarrollo agrícola y de fomento. A partir de estos componentes históricos, al final del capítulo discuten el desempeño del sistema alimentario chileno con una mirada prospectiva respecto de los desafíos presentes y futuros.

En la tercera parte del libro, se analizan cambios recientes en las políticas alimentares. En **Argentina, Cecilia Inés Aranguren, Ana María Costa, Susana Brieva y Graciela Borrás** analizan la agendas y los procesos de construcción social de la política alimentaria desde 2001. Las autoras muestran que, desde la crisis de inicios de los años 2000, la temática alimentaria se ha convertido en un problema público con centralidad en la agenda de la política socioeconómica del país. Tras un análisis detallada de dos programas, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y el Plan Nacional Argentina Saludable (PNAS), concluyen que hubo una escasa participación ciudadana en la construcción de estos programas, y llaman al desarrollo de una alianza más estrecha entre el sector público y la sociedad civil para generar sistemas alimentarios sostenibles y saludables, incorporando los intereses de los actores involucrados en todas las etapas de las cadenas alimenticias.

En **Perú, Carolina Trivelli y Carlos E. Urrutia** analizan la evolución de los programas alimentarios y los cambios en el patrón de consumo del 2004 al 2018. Los autores muestran que las principales políticas públicas sobre seguridad alimentaria, en sus objetivos específicos, se encuentran profundamente desarticuladas entre, de un lado, políticas alimentarias centradas en el acceso a alimentos y con una visión productiva y, del otro lado, políticas sociales enfocadas en los problemas de salud. Además, rescatan la evolución de 2004 a 2019 de estos programas, donde presentan el panorama errático de la intervención pública. Final-
mente, muestran que la evolución del sistema de consumo estuvo marcada por el aumento sostenido del valor de la canasta alimenticia a lo largo de estos últimos años. Por esta razón, los autores llaman a prestar más atención a la calidad de los alimentos en los estudios sobre estos programas de seguridad alimentaria.

En **Paraguay, Silvia A. Zimmermann, Diana Jazmin Britez Cohene y Noelia Riquelme** analizan las dimensiones *policy-politics-polity* de las políticas alimentarias. Las autoras muestran que las políticas públicas nacionales destinadas a combatir el hambre y la desnutrición comenzaron a partir de la década del 2000, con la creación de tres programas nacionales, el *Tekoporã*, PANI y Abrazo. Luego, las políticas evolucionaron con los cambios de gobiernos sucesivos, en particular con la creación del PLANAL, que articulaba diferentes acciones y fue un importante intento de coordinación institucional entre el 2009 y el 2012. La evolución de las políticas muestra una gran sensibilidad a los cambios de gobiernos y una tendencia reciente a tratar el problema alimentario como un tema de asistencia y protección social, y no de cuestionar el modelo de desarrollo y sus implicaciones para la seguridad y la soberanía alimentaria.

La cuarta parte del libro analiza iniciativas innovadoras de políticas y acciones alimentarias desde los territorios y ciudades.

Stéphane Guéneau, Mauro G.M. Capelar, Janaína Deane de Abreu Sá Diniz, Jessica Pereira Garcia y Tainá Bacellar Zaneti analizan el proceso de politización de la cuestión alimentaria en la ciudad de Brasilia (Brasil). Los autores muestran cómo se desarrollan iniciativas locales y políticas en respuesta a un deseo de cambio expresado por una parte de la población urbana (especialmente la de mayor educación e ingresos), en relación con el deseo de acceder a alimentos saludables, respondiendo a condiciones ambientales y sociales, de un mejor manejo de los residuos y del desperdicio de alimentos. Los autores muestran que así se han generado dinámicas con el protagonismo de actores locales que asumieron el reto de recuperar el control de los problemas públicos gestionados en instancias superiores, nacionales e internacionales, con una fuerte intervención de los poderosos actores privados del sector agroalimentario. Los autores también muestran que el cambio hacia sistemas alimentarios más sostenibles fue expresado inicialmente a través de actores del mundo agrícola alternativo, y que su inserción en las políticas depende en gran medida de la acción de una coalición centrada en la transición agroecológica.

Ruby Elisabeth Castellanos Peñaloza, Guy Henry y Sara Rankin anali-
isan la construcción de la política alimentaria urbana de Cali (Colombia). Par-
tiendo del concepto de sistemas alimentarios sostenibles, los autores presentan la
dinámica de construcción de la política pública municipal de Seguridad y Sober-
anía Alimentaria y Nutricional (PSSAN), la cual fue creada a partir de una colab-
oración entre la administración municipal, centros de investigación y universi-
dades, y actores locales de la sociedad civil en el marco de la Mesa de Seguridad
Alimentaria. Los autores rescatan la dimensión de confianza entre actores que se
desarrolló durante el proceso como un factor clave de la creación de este plan.

**Jairo Rojas Meza, Pedro Pablo Benavídez y Francisco Chavarría Aráuz** analizan las transformaciones de los sistemas alimentarios en un territorio rural de **Nicaragua**, el municipio de **San Ramón**. Los autores muestran que el sistema alimentario actual del municipio de San Ramón es el resultado de un proceso histórico de políticas públicas agrícolas y de las relaciones con el mercado nacional e internacional. El acceso de las familias rurales sin tierra a los productos alimenticios depende de los ingresos generados, los cuales son inciertos. Las políticas públicas expresadas en programas de capitalización de las unidades campesinas, como el Bono Productivo Alimentario (Hambre Cero), ha tenido un desempeño discutible. La transformación agroecológica de las unidades de producción campesina ha sido producto fundamentalmente de organizaciones gremiales y sociales. Al finalizar, los autores concluyen que la coherencia entre las políticas nacionales y las locales, los mecanismos de coordinación y la intersectorialidad aún es insuficiente.

**José Anibal Quintero Hernández** analiza la evolución y los cambios de la política pública de SAN en el **departamento de Antioquia (Colombia)**. El autor presenta el proceso de creación e implementación del Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia (MANA), que se inició en 2001, y que representa un programa pionero al nivel departamental en términos de seguridad alimentaria. Esta política pretende atender a la población con mayores dificultades, especialmente a los niños menores de 14 años, y se ha apoyado sobre programas de compras públicas para alimentación escolar. Los autores describen las cinco etapas sucesivas que ha conocido esta política y subrayan que ha logrado integrar de manera importante grandes sectores, académicos, políticos y económicos en torno de la problemática de la seguridad alimentaria. Finalmente, el autor concluye que, mientras esta política ha posibilitado que los niños del departamento resuelvan en parte el problema de la SAN, el problema sigue vigente y su solución demanda mayor participación de organizaciones sociales.

La última parte del libro proporciona un análisis más focalizado en herra-
mientas e innovaciones de políticas alimentarias específicas. Primeramente, **Catia Grisa, Mário Lúcio de Ávila y Rafael Cabral** analizan la politización de los 12 programas de compras públicas de alimentos para la agricultura familiar de los gobiernos estatales de **Brasil**. Los autores rescatan que las innovaciones y resultados del PAA y del PNAE a nivel nacional, la crisis financiera y política del PAA (2013 en adelante), el desmantelamiento de las políticas públicas para la agricul-
tura familiar y la seguridad alimentaria y nutricional, así como los cambios políticos nacionales y estatales y la pandemia del nuevo coronavirus fueron elementos que contribuyeron a marcar la agenda pública y a politizar las compras públicas de alimentos. Frente a un gobierno federal que ha hecho poco para enfrentar los problemas alimentarios, son las movilizaciones, el protagonismo y las acciones de diversos actores sociales, ya sea a través del activismo alimentario de los movimientos sociales y sindicales de la agricultura familiar, el tránsito institucional de sus representantes ante el gobierno, o incluso el activismo institucional de la burocracia de nivel medio o “de calle”, los que han fortalecido la agenda de políticas alimentarias. Entre los actores involucrados en la construcción de los programas estatales, los autores subrayan el predominio de las organizaciones de la agricultura familiar, que ejercen presión, interactúan y se relacionan con la burocracia y los actores gubernamentales, pero no observan todavía la implicación de los consumidores, de las organizaciones de consumidores, de otras categorías profesionales o de las áreas de gestión pública en la modificación de los decretos alimentarios en vigor a nivel de los estados brasileños.

**Clara Cravioti** propone un análisis del proceso de sanción de normas relativas a la elaboración de alimentos de la agricultura familiar en **Argentina**, iniciado hacia fines de los 2000. Partiendo de la premisa de que las normas sanitarias no solo son objetos técnicos, sino también políticos, la autora analiza la formulación e incorporación de estas normas en el Código Alimentario Argentino. A partir de esto, evidencia una serie de etapas en el proceso de formulación relacionadas con la capacidad de instalar la problemática de la agricultura familiar dentro de la agenda institucional relacionada con la actualización de las normas sanitarias. Se rescata el rol de una coalición proagricultura familiar en un proceso de negociación donde se resolvieron las controversias y que desembocó en la incorporación de un artículo específico en el Código Alimentario Argentino. La autora subraya las distintas operaciones de traducción que fueron necesarias por parte de la coalición proagricultura familiar para negociar esta innovación institucional.

**Junior Miranda Scheuer** propone un análisis de los programas de compras públicas de productores familiares y pescadores en **Uruguay**. El autor muestra que la ley de compras públicas (LCP) en Uruguay surgió de los debates regionales promovidos por la Reunión Especializada en Agricultura Familiar (REAF) y luego de una adaptación por el estado uruguayo. A diferencia de Brasil, donde los programas estatales de compra de agricultura familiar tienen un fuerte sesgo de desarrollo rural y de sistemas alimentarios sostenibles, la LCP renuncia a parte de esta connotación por un papel principal en el suministro de productos alimentarios al Estado, dando preferencia a los productores familiares y a los pescadores artesanales. Sin embargo, el autor identifica varios limitantes de esta
ley: no determina específicamente lo que pretende abordar; aunque el público objetivo está definido, la ley permite que los productores no familiares pueden acceder a las compras públicas; no fomenta la producción sostenible (orgánica o agroecológica) de alimentos, ni proporciona un mecanismo para diferenciar el valor de los productores familiares que trabajan de forma sostenible. Frente a esto, el autor subraya la importancia de articular esta ley con otras políticas con el objetivo de fomentar un *policy mix* que genere soluciones más integrales para fortalecer sistemas alimentarios sostenibles desde la agricultura familiar.

Finalmente, **Silvia Aparecida Zimmermann**, **Diana Jazmin Britez Cohene** y **Noelia Riquelme** indagan la cuestión alimentaria de los pueblos indígenas y de las políticas públicas en **Paraguay** a través de un análisis detallado de la realidad productiva, de recolección y de consumo de los pueblos indígenas, su sistema agroalimentario, y las iniciativas de políticas públicas nacionales de soberanía y seguridad alimentaria que intentan garantizar el *tekoporã* (Buen vivir) de los pueblos indígenas. Las autoras destacan un reconocimiento muy reciente de los pueblos indígenas en las políticas de Paraguay. Estos pueblos enfrentan la degradación de su situación alimentaria como resultado de problemas estructurales y, en particular, de la expansión del agronegocio, principalmente de la producción de soja y la ganadería, que reducen sus territorios. Frente a esta situación, el Censo de los Pueblos Indígenas fue fundamental para su visibilidad y la reciente construcción del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas (PNPI), gracias a la movilización de la sociedad civil, ha sido un avance significativo. Sin embargo, la reducción de los fondos de inversión del Instituto Paraguayo del Indígena pone en peligro estos primeros avances. Las autoras concluyen en la necesidad de no solamente garantizar la implementación del PNPI, sino también de repensar el desarrollo rural del Paraguay, el avance del agronegocio, así como sus formas de producción y explotación de la naturaleza, para resolver los problemas alimentarios de las poblaciones indígenas del país.

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