MONARQUÍA Y CIUDADES DE REALENGO EN CASTILLA
SIGLOS XII A XV

MIGUEL-ANGEL LADERO QUESADA

Universidad Complutense (Madrid)

SUMARIO

Introducción.- I. Los fundamentos, desde la segunda mitad del siglo XI: 1. Areas regionales y tipos de ciudades; 2. El ordenamiento jurídico. El derecho "local". Los Fueros; 3. Las formas de gobierno y administración; 4. El deaarrollo de los patriciados u oligarquías concejiles.- II. El siglo de las reformas y consolidaciones 1252-1350: 1. Alfonso X y los poderes concejiles; 2. La crisis (1282-1325); 3. Las soluciones en el reinado efectivo de Alfonso XI (1325-1350).- III. Permanencias y transformaciones en el siglo de los Trastámara (1369-1474): 1. Circunstancias generales; 2. Las situaciones de la vida política local.- IV. Nuevos equilibrios y repartos de poder en época de los Reyes Católicos (1475-1515): 1. Los medios para el establecimiento de la nueva situación; 2. La Hermandad; 3. Los conversos; 4. La gestión hacendística; 5. Los reyes y el "común"; 6. Los límites fluctuantes del equilibrio.

INTRODUCCIÓN

Presento en estas páginas un esbozo de síntesis y reflexión general
destinado a explicar las causas de la situación vigente a finales del siglo XV
en la relación entre poder monárquico y ciudades de realengo castellanas.
He preferido una exposición diacrónica, que distingue varias épocas con
homogeneidad interna a partir de los orígenes de la cuestión, en la segunda
mitad del siglo XI, pero he procurado tener en cuenta, dentro de cada una
de ellas, los aspectos principales a través de los que se puede observar qué
características tiene la relación y el reparto de poder entre rey y ciudades en los planos socio-político y jurídico-institucional. Por el contrario, no se alude a otras cuestiones sobre la realidad social, económica, urbanística y cultural de las ciudades, salvo cuando atañen directamente al objeto de un- estro estudio.

Los aspectos a que antes aludía son los siguientes, brevemente ex- puestos: cuáles son las atribuciones de cada parte en materia de potestad normativa y cuáles en el ejercicio de la justicia, gobierno y administración. De qué manera interviene el rey, excepcional o habitualmente, en el cam- po, más o menos autónomo, de la administración municipal de cada ciudad. Cuáles son y qué papel político tienen en cada momento los órganos de relación global -de la monarquía con el conjunto de las ciudades o con mu- chas de ellas- tales como Cortes y Hermandades. Cuáles son los medios de presencia y ejercicio directo del poder real que afectan a la vida política de las ciudades: no se trata sólo de evaluar el peso de la presencia en la ciudad de oficiales o instituciones regios de ámbito de actuación territorial o gene- ral, sino también la misma presencia física del rey, la de edificios, residen- cias, fiestas y otros actos vinculados a su persona y al desarrollo de la sim- bología y propaganda regias. Y, desde luego, las consecuencias que tiene el ejercicio de la potestad regia de gracia y merced, a través de privilegios, franquezas y concesiones diversas. Por último, requieren atención especial dos medios fundamentales para sustentar el ejercicio del poder a través de cuyo estudio se observa con claridad cuáles eran las partes que en cada momento correspondían al rey y a las ciudades: se trata de la fiscalidad y de la capacidad de organización y movilización militar.

Es conveniente no perder de vista que las ciudades castellanas vi- vieron y se transformaron en aquellos siglos siempre dentro de un campo político común, el de la Corona de Castilla y León -denominación que es preferible a la de Reino de Castilla, pues los reinos eran varios aunque integrados indisolublemente en una administración monárquica común a todos ellos en los últimos siglos medievales-. En Castilla no ocurrió una gran fragmentación feudal del poder político en los siglos X al XII sino que éste se organizó en torno a la institución monárquica, aunque las relaciones de poder en aquella sociedad se atuvieran a las características generales propias del sistema feudal. No hubo muchos señoríos -si exceptuamos los grandes dominios eclesiásticos- sino que la nobleza y los patriciados locales ejercieron sus poderes dentro de la casa común cuya cúpula era el poder del rey. Cuando se multiplicaron los grandes señoríos de la nobleza, sobre
todo desde mediados del siglo XIV, era ya tarde para volver a una "edad feudal" clásica: aquellos señoríos y los otros aspectos del poder nobiliario crecieron dentro del edificio del estado moderno monárquico, fueron una parte o componente de su arquitectura.

Otro componente esencial, y más antiguo en su origen, eran las ciudades, situadas la gran mayoría en el territorio de dominio y jurisdicción real plenos o realengo, aunque también hubo algunas de señorío episcopal y, ya en el siglo XV, otras estuvieron sujetas a señorío nobiliario. Aquí trataré sólo de las de realengo, que fueron la mayoría y las más importantes, aunque sin olvidar su relación con la alta nobleza que completaba, en la Edad Media tardía, el triángulo político castellano. Por otra parte, la evolución socio-política e institucional de las ciudades de señorío es muy semejante a la que experimentaron las de realengo, aunque suelen tener ciertas peculiaridades debidas a su dependencia mayor y más directa del señor.

# I. LOS FUNDAMENTOS, DESDE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XI

## 1. Areas regionales y tipos de ciudades

Conocemos bastante bien las condiciones generales en que ocurrió la formación de la red urbana de la Corona de Castilla y León desde mediados del siglo XI hasta comienzos del XIV: crecimiento de población hasta finales del XIII; conquistas territoriales frente a Al Andalus que permitieron la incorporación y población del espacio comprendido entre la línea del río Duero y el Estrecho de Gibraltar en menos de dos siglos; ordenación de la sociedad hispanocristiana de acuerdo con patrones comunes a Occidente, aunque con variantes específicas; aparición de poderes municipales autónomos, al mismo tiempo que las ciudades se convertían en centros organizadores y directivos de casi toda la organización del territorio, especialmente en las tierras nuevamente ocupadas, al S. del río Duero<fnref n="1" />.

<footnote n="1">¹Este trabajo se presentó en el coloquio *Principi e città alla fine del Medioevo*, celebrado en el Centro di Studi sulla Civiltà' del Tardo Medioevo, San Miniato (Italia) en octubre de 1994. En sus notas sólo se alude a algunos estudios de diversas características, casi siempre publicados en los últimos años hasta 1994 inclusive. A menudo, su contenido afecta a varias partes de la ponencia, aunque se los cite sólo una vez generalmente. La bibliografía valiosa es mucho más extensa y en parte está recogida en algunos libros clásicos: Luis GARCÍA DE</footnote>
Pero es preciso estudiar los fenómenos urbanos de acuerdo con criterios a la vez cronológicos y regionales. Recordemos, en primer lugar, cómo, al N. del Duero, el Camino de Santiago fue un gran eje de renacimiento urbano, entre mediados del siglo XI y finales del XII, desde Logroño hasta Santiago de Compostela, pasando por viejas ciudades como Burgos o León. Además, la colonización interior y la promoción jurídica de los núcleos urbanos hizo surgir o renacer a otras plazas, como Zamora o Valladolid, también al N. del río, y favoreció el renacimiento urbano en Galicia y en la costa cantábrica, desde mediados del XII hasta comienzos del XIV, en un movimiento único, a menudo más antiguo al O. que al E., que abarca desde Tuy y La Coruña hasta San Sebastián y Bilbao, pasando por las polas (pueblas) de Asturias y por las villas de la Marina de Castilla (actual Cantabria).

Es diferente y muy original el modelo de ciudad que se establece desde finales del siglo XI en las extremaduras, al S. del Duero, en sus prolongaciones, más allá del Sistema Central y, en general, en las ciudades pobladas según el llamado "derecho de Frontera", desde Sepúlveda, Segovia, Avila o Salamanca, hasta Plasencia, Cuenca o Alcaraz.

La incorporación y transformación de ciudades hispanomusulmanas importantes generó otra variedad a la que corresponde, ante todo, Toledo, donde a la herencia islámica se añadió la condición fronteriza durante siglo y medio, y, en segundo lugar, las ciudades del S., donde se aplicó el modelo organizativo toledano (Sevilla, Córdoba, Murcia...), aunque en el alto valle del Guadalquivir se siguió a veces el de las ciudades de frontera, según el derecho de Cuenca (Baeza, Ubeda).

Así, pues, es imprescindible establecer una tipología regional de los fenómenos urbanos en aquella época de génesis para comprender mejor

<footnote>VALDEAVELLANO, Sobre los burgos y burgueses en la España medieval, Madrid, 1960. María del Carmen CARLÉ, Del concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, 1968. Jean GAUTIER DALCHÉ, Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media: siglos IX-XIII, Madrid, 1979. Igualmente, menciono bastantes más referencias bibliográficas en dos trabajos mios anteriores cuyo contenido he utilizado ampliamente en éste: *Corona y ciudades en el siglo XV*, "En la España Medieval", 8 (1986), pp. 551-574, y, *Lignages, bandos et partis dans la vie politique des villes castillanes (XIVe-XVe siècles)*, en "Les sociétés urbaines en France méridionale et en Péninsule Ibérique au Moyen Age", Paris, 1991, pp. 105-130 (escrito en 1987). También es posible encontrar información bibliográfica actualizada en los trabajos publicados en las actas de dos congresos recientes, el ya mencionado *Les sociétés urbaines..., y Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica, Madrid/León, 1990*. Y en María ASENJO GONZÁLEZ, *La ciudad medieval castellana. Panorama historiográfico*, "Hispania", 175 (1990), pp. 793-808.</footnote>
muchas situaciones futuras o para conocer casos singulares y diferentes entre sí, aunque tengan muchos elementos comunes y estén siempre encuadrados en la realidad de un país en expansión cuyos monarcas poseyeron cada vez más medios fuertes y efectivos de intervención y control sobre la vida política y el gobierno de las ciudades. En general, no conviene perder de vista las referencias básicas a la tipología y tamaño de las ciudades, a las características de las redes regionales en que se integraban, a su capacidad económica y financiera, a sus relaciones con el territorio y a su área de influencia en diversos aspectos.

Hay que tener también en cuenta los fenómenos de economía manufacturera y mercantil: su desarrollo singulariza al hecho urbano en la plenitud medieval y contribuye a diferenciarlo y, a la vez, a integrarlo en el espacio territorial del reino a través de las medidas de proteccionismo del mercado local, de control de los intercambios y seguridad del abastecimiento, a las que se suman desde el mismo siglo XII las tomadas por los reyes (creación de ferias y mercados) o, ya a mediados del siglo XIII, la delimitación del espacio económico de la Corona y la progresiva homogeneización o, al menos, interrelación de áreas económicas en su interior.

Tampoco hay que olvidar el papel que tienen otros géneros de realidades en la formación de la identidad local: la acción eclesiástica, en especial, puesto que se desarrolló cada vez más a partir de las ciudades y muchos eclesiásticos mantuvieron estrechas relaciones sociales y familiares con vecinos poderosos de la ciudad; hay algunas ciudades donde ésos conservaban todavía a fines del siglo XV ciertos derechos a exigir que los beneficios parroquiales se cubrieran con naturales de la localidad. Pero no se ha de olvidar la condición de la Iglesia como poder general, y su relación de apoyo recíproco con la monarquía, que creció con el paso del tiempo<fnref n="2" />.

Otro aspecto de consideración indispensable es, sin duda, la actividad guerrera y conquistadora, la dedicación preferente a las armas de una parte de la población y el encuadramiento militar de todo el vecindario en una hueste propia.

En las formas de relación entre ciudad y territorio se muestra de manera muy clara la inserción de las sociedades urbanas en el conjunto del sistema social. De la capacidad de control sobre alfoces y tierras deriva en

<footnote n="2">²Planteamiento de algunas cuestiones en mi trabajo, en colaboración con José SÁNCHEZ HERRERO, *Iglesia y ciudades*, en "Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI), VI Coloquio de Historia Medieval de Andalucía", Málaga, 1991, pp. 227-264.</footnote>
buena parte la que cada ciudad ha tenido para consolidarse como subsistema dentro del país. Esta relación fue distinta según los casos. Las ciudades suelen dominar jurisdiccionalmente territorios (*alfoces*, términos) - y en ellos *lugares* o aldeas- más bien pequeños al N. del Duero, por lo que a veces las ciudades los completan desde finales del siglo XIII mediante la adquisición de otros lugares, sobre los que ejercen su señorío jurisdiccional. En cambio, al S. del Duero, cada ciudad dispone de un territorio amplio desde el momento organizativo inicial -a veces varios miles de kilómetros cuadrados-, y es reponsable de su organización, población, gobierno y administración; aunque en algunas ciudades de las *extremaduras*, como Segovia o Soria, tal vez el ejercicio del poder no privilegiara inicialmente mucho a la ciudad sobre las aldeas, lo general es que sea así ya desde los primeros tiempos y, desde luego, en las ciudades del S., que se organizaron según un modelo ya maduro y general en el siglo XIII<fnref n="3" />.

Se ha escrito con frecuencia que el órgano de gobierno de la ciudad -el concejo- ejercía un "señorío colectivo" sobre el territorio sujeto a él, comparable a otras formas señoriales propias de la época feudal. No parece dudoso que hubo elementos feudales en el "señorío urbano", como también en las estructuras y relaciones sociales urbanas, pero tampoco es adecuado caer en un reduccionismo excesivo: en las ciudades hubo situaciones varias y, en la mayoría de ellas, elementos de orden social, económico, político y jurídico que rompen con las formas clásicas o típicas del feudalismo, tanto en los primeros tiempos como en la evolución posterior. Consideramos ahora algunos aspectos jurídicos, políticos y sociales donde se observa tanto una como otra faceta de la cuestión en los siglos centrales de la Edad Media<fnref n="4" />.

<footnote n="3">³Carlos ESTEPA DÍEZ, *El alfoz y las relaciones campo-ciudad en Castilla y León durante los siglos XII y XIII*, "Studia Historica", II-2 (1984), pp. 7-26, y, *El alfoz castellano en los siglos X al XII*, en "En la España Medieval", 4 (1984), pp. 305-341. Ignacio ALVAREZ BORGE, *Monarquía feudal y organización territorial. Alfoces y merindades en Castilla (siglos X-XIV)*, Madrid, 1993. Para la *extremadura*, Gonzalo Martínez Díez, *Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura castellana. Estudio histórico-geográfico*, Madrid, 1983, y, F. J. MARTINEZ LLORENTE, *Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval. Las Comunidades de Villa y Tierra (s. X-XIV)*, Valladolid, 1990.</footnote>

<footnote n="4">⁴Carlos ESTEPA DÍEZ, *El realengo y el señorío jurisdiccional concejil en Castilla y León (siglos XII-XV)*, "Concejos y ciudades..." pp. 465-506. J. A. BONACHÍA HERNANDO, *El concejo como señorío (Castilla, siglos XIII-XV)*, en "Concejos y ciudades" pp. 429-463, y, *El Señorío de Burgos durante la Baja Edad Media (1255-1508)*, Valladolid, 1988. Sobre el caso segoviano, María ASENJO GONZALEZ, *Los quiñoneros de Segovia (siglos XIII-XV)*, "En la España Medieval", 2 (1982), pp. 59-82. Miguel SANTAMARÍA LANCHO, *Del concejo y su</footnote>
## 2. El ordenamiento jurídico. El derecho "local". Los Fueros

A la creación o renovación de ciudades y a la organización de nuevas sociedades urbanas u organizadas desde la ciudad corresponden, como expresión normativa, formas de "derecho privilegiado de tipo local" (J. M. Pérez-Prendes), llamadas, generalmente, *Fueros*, cuyo estudio ha sido uno de los grandes temas tradicionales de la Historia del Derecho Español. Su aparición es paralela al establecimiento de la red de poblamiento urbano y rural en los siglos XI al XIII: hay algún ejemplo breve anterior, pero no los hay posteriores aunque los Fueros ya promulgados tuvieron una vigencia multisecular en la medida en que siguieron siendo útiles.

El Fuero es "un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida local y las cargas y derechos de los vecinos y moradores, recogido en una redacción o texto único que es dado, o recibe confirmación, del rey o del señor". Su composición interna, que puede recoger documentos o redacciones parciales anteriores, es compleja y no sistemática. Su contenido es ígualmente variado y difícil de clasificar: se definen en él las instituciones político-administrativas de la ciudad y de su *tierra*, las condiciones de la *vecindad* o ciudadanía local, el *concejo* y sus oficios de gobierno y administración, y numerosas cuestiones de derecho privado, de las personas, de las cosas, de obligaciones y contratos, de familia, de sucesiones (J. Cerdá Ruiz-Funes). Los Fueros suelen contener también numerosas cláusulas de derecho penal y procesal, y facilitan un marco organizativo para la vida de la ciudad y su territorio⁵.

Aunque hay centenares de Fueros, era frecuente utilizar un "texto ya redactado como modelo", de modo que es posible establecer relaciones entre unos y otros Fueros, "agrupar a los distintos textos en familias, y estudiar la difusión de cada una dentro de un reino o en varios...". No es

término a la comunidad de ciudad y tierra: surgimiento y transformación del señorío urbano de Segovia, "Studia Historica", III-2 (1985), pp. 83-116, y, Jesús MARTINEZ MORO, *La tierra en la comunidad de Segovia. Un proyecto señorial urbano (1088-1500)*, Valladolid, 1985. Reflexiones metodológicas en José María MÍNGUEZ, *Feudalismo y concejos. Aproximación metodológica al análisis de las relaciones sociales en los concejos medievales castellano-leoneses*, "En la España Medicval", 3 (1982), pp. 109-122, y, José María MONSALVO ANTON, *Concejos castellano-leoneses y feudalismo (siglos XI-XIII)*. Reflexiones para un estado de la cuestión, "Studia Historica", X-2 (1992), pp. 203-243.

⁵José Manuel PÉREZ-PRENDES, *Curso de historia del derecho español*, I, Madrid, 1989, Cap. décimo. Ana María BARRERO GARCIA, Mª. L. ALONSO MARTÍN, *Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de fueros y costums municipales*, Madrid, 1989.
cuestión de entrar ahora en detalles, pero sí de señalar las particularidades de este tipo de "Derecho privilegiado": se ha observado cómo, a menudo, el otorgamiento de este derecho tenía por objeto atraer colonos, ofreciendo mejores condiciones jurídicas, aunque, salvo excepciones, no se trate de personas de condición servil a las que se enfranquece, y cómo es más bien un derecho local, no estrictamente urbano, pues se aplica a la ciudad y a su territorio, sobre todo en las regiones situadas al S. del Duero, con objeto de regular una autonomía político-administrativa que afecta a ambos, de modo que la ciudad no era un "enclave jurisdiccional" aislado sino el centro político-administrativo del territorio.

Las consecuencias de estos principios fueron importantes: por muchas que fueran las variedades forales y su permanencia como *ius proprium*, el peso de la iniciativa local en las fases más antiguas del proceso de elaboración de normas y la fuerza de las demandas de la misma organización social, el respeto a la tradición pactista y a la *consuetudo* establecida, los Fueros se consideraron como derecho otorgado por la monarquía, a la que competía la *potestas statuendi* y, por lo tanto, eran revocables o modificables, como lo demuestra la frecuente, e innecesaria en otro supuesto, confirmación de fueros, privilegios, franquezas y libertades por cada nuevo rey, ya en la Edad Media tardía. Así, las ciudades no fueron centros creadores de una "modernidad" política frente al conservadurismo del mundo feudal rural, sino elementos integrados en la construcción política monárquica, sobre todo a medida que se avanza en los procesos de concentración de poder y de mejor definición de la capacidad jurídica regia, cosa que ocurre desde mediados del siglo XIII cuando el estudio del *ius commune* facilita los conceptos y la terminología que hemos empleado en las líneas anteriores.

Además, la sociedad urbana está unida por múltiples vínculos a la rural, y a menudo no tiene una distinción jurídica con respecto a ella, lo que dificulta el desarrollo de burguesías claramente diferenciadas y, por el contrario, estimula el mantenimiento de vínculos e intereses económicos mixtos, y el desarrollo de grupos sociales -sobre todo los dirigentes- con actividades, intereses y formas de vida convergentes con los de las aristocracias territoriales cuyos miembros, por otra parte, tenían con frecuencia residencia e incluso *vecindad* urbanas. Esto no quiere decir que no se desarrollaran sociedades urbanas con estructuras y formas bien diferenciadas de las rurales, sobre todo en las ciudades de mayor importancia, sino sólo
que, con frecuencia, no hubo una dicotomía urbano/rural tan clara como en
otras partes de Europa<fnref n="6" />.

### 3. Las formas de gobierno y administración

Del mismo modo, aunque se señalen las convergencias del régimen político *concejil* con otras formas de régimen señorial, y su integración dentro de un edificio más amplio, el construído en torno al poder de la monarquía, que abarcaba todo el territorio de la Corona, no hay que minusvalorar sus singularidades: ante todo, creaba una ciudadanía local con sus derechos y deberes específicos, regulados por el Fuero, de la que sólo participaban los *vecinos*, tanto de la ciudad como del territorio, considerados como cabezas de familia más que como individuos. Además, había un campo de ejercicio autónomo de la jurisdicción y del poder, que se desarrolló desde los orígenes hasta el siglo XIII, según un modelo relativamente homogéneo y común para todos los *concejos*.

Conviene recordar que el nombre de este régimen autónomo concejil procede de que su fundamento y ejercicio se asienta en la reunión y decisiones de los vecinos reunidos en asamblea o *concejo* (del latín *concilium*). Pero las sociedades concejiles no fueron igualitarias, y tampoco el reparto y uso del poder, de modo que hoy se está muy lejos de aceptar las ideas decimonónicas sobre el régimen concejil como forma medieval de "democracia". Por otra parte, el predominio de la ciudad sobre las aldeas de su territorio, y del concejo urbano sobre los rurales, creó otro tipo de diferencias y una forma de gestión del territorio en el que el concejo urbano actúa como "señor colectivo", sobre todo en los ámbitos situados al S. del Duero. Hay que conocer en cada caso cómo se fueron creando y desarrollando estas diferencias, para evitar generalizaciones excesivas o llevar a épocas más antiguas lo que es propio de otras más recientes; en general, las fuentes de estudio son escasas antes de la segunda mitad del siglo XIII y, a veces, de difícil interpretación.

Además, las anteriores observaciones se refieren a la forma de ejercicio y reparto del poder concejil, pero no al hecho de su propia existencia como ámbito autónomo, que es de lo que aquí tratamos. La asamblea o

<footnote n="6">⁶Expone más ampliamente estos criterios Máximo DIAGO HERNANDO, *Las ciudades medievales en Castilla y en el Imperio alemán. Análisis comparativo de su poder jurídico, "Anuario de Historia del Derecho Español"* (en prensa).</footnote>
concejo elige cada año al juez, que la convoca y preside, y a los alcaldes, que, junto con él, administran justicia, a los jurados o fieles, que velan por los intereses de la comunidad, controlan y organizan el reparto y cumplimiento de los deberes vecinales, y a los diversos oficiales o aportellados que tienen a su cargo aspectos concretos de la administración. El concejo dispone de capacidad militar, no sólo para controlar, al menos en parte, murallas y fortalezas cuyo sostenimiento produce fuertes gastos, sino porque los vecinos son convocados para formar parte de la hueste concejil, en caso de necesidad, como caballeros o peones: una parte de la autonomía reposa, precisamente, en el hecho de esta capacidad militar controlada por el concejo, aunque la convoque casi siempre por orden regia y al servicio de empresas comunes<fnref n="8" />.

El apogeo de la autonomía concejil ocurrió en las "ciudades fronte-rizas" organizadas según el modelo de la extremadura, en la segunda mitad del siglo XII.<fnref n="9" /> Al N. del Duero, las situaciones son más variadas.<fnref n="10" /> En Toledo hubo siempre mayor intervención real, en apoyo de un gobierno ejercido por los caballeros de la ciudad a los que el rey designaba para el ejercicio de los diversos oficios, comenzando por los alcaldes, y no hubo concejo de los vecinos ni, en realidad, Fuero sino sucesivos privilegios y

<footnote n="7">⁷Además de las obras de Carlé y Gautier-Dalché citadas en la nota primera, vid., entre otras, la monografía clásica de Rafael GIBERT, *El concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII a XV*, Madrid, 1949, y M. H. da CRUZ, J. R. MAGALHAES, *O poder concelhio. Das orígenes as Cortes Constituintes*, Coimbra, 1986.</footnote>

<footnote n="8">⁸James F. POWERS, *A Society Organized for War: The Iberian Municipal Militias on the Central Middle-Ages. 1000-1284*, Berkeley, 1988. Jean GAUTIER DALCHÉ, *Les sociétés léono-castillanes et la guerre: naissance des milices urbaines, "Les sociétés urbaines..."* pp. 161-174. Mi trabajo, *Les fortifications urbaines en Castille aux XIe-XVe siècles: Problèmatique, financement, aspects sociaux*, en "Fortifications, portes de villes, places publiques dans le monde mediterranéen", ed. Jacques HEERS, Paris, 1985, pp.145-176. Julio VALDEÓN, *Le cinte murarie nella Castiglia medievale*, en Cesare de SETA y Jacques LE GOFF, *La città e le mura*, Roma-Bari, 1989.</footnote>

<footnote n="9">⁹José María LACARRA, *Les villes frontières dans l'Espagne des XI et XII siècles*, "Le Moyen Age", 1963, pp. 205-222. Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA, *Ciudades y sociedades urbanas en la frontera castellano-leonesa (1085-1250, circa)*, en "Las sociedades de frontera en la España Medieval", Zaragoza, 1993, pp. 81-109.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰Ejemplos en Carlos ESTEPA DÍEZ, *Estructura social de la ciudad de León (siglos XI-XIII)*, León, 1977. Juan Antonio MARTÍN FUERTES, *El concejo de Astorga (siglos XIII-XVI)*, León, 1987. Adeline RUCQUOI, *Valladolid en la Edad Media*, Valladolid, 1989. Carlos ESTEPA, Teófilo F. RUIZ, Juan A. BONACHÍA, Hilario CASADO, *Burgos en la Edad Media*, Valladolid, 1984.</footnote>
normas promulgados por el poder real<fnref n="11" />. A las ciudades del Sur, el régimen llegó ya maduro, y con claros síntomas de cerrazón o cambio, sobre todo en aquéllas cuya organización se inspiró en el modelo toledano<fnref n="12" />. Ya veremos que los cambios más importantes se refieren al predominio e incluso monopolio de los oficios concejiles por vecinos pertenecientes al sector de los caballeros y *hombres buenos*, y a la sustitución del concejo abierto o general por formas de asamblea restringida: aunque estos hechos ganan importancia en una época posterior, siempre es posible encontrar algunos precedentes más o menos aislados y singulares. Así, por ejemplo, en Zamora se estableció ya en 1232 una asamblea o *cabildo* reducido de 18 miembros, la mitad procedentes del concejo de los *burgueses* y la otra mitad de los caballeros, no integrados en él, más sendos representantes del rey y del obispo<fnref n="13" />. Y en el reino de León parece que, ya a finales del siglo XII, la condición de caballero era obligatoria en algunas ciudades a partir de determinado nivel de bienes de fortuna, y comportaba el ejercicio en exclusiva de los oficios concejiles más importantes.

En resumen, dentro de realidades y tendencias comunes, la variedad de casos y situaciones regionales también ha de ser tenida en cuenta. La intensa observación del caso de las *extremaduras* -que, además, tampoco es homogéneo- acaso ha llevado a descuidar algo, durante los últimos años,

<footnote n="11">¹¹Síntesis y referencias bibliográficas en mi artículo, *Toledo en época de la frontera*, "Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval", 3 (1984), pp. 71-98. Fundamental la Tesis de Estado de Jean-Pierre MOLÉNAT, *La Terre et la Ville. Campagnes et Monts de Tolède du XIIe au XVe siècles*, Paris IV - Sorbonne, 1992. Grandes diferencias en los casos cercanos de Alcalá de Henares y Talavera: A. CASTILLO GÓMEZ, *Alcalá de Henares en la Edad Media. Territorio, sociedad y administración, 1118-1515*, Alcalá de Henares, 1990. María J. SUAREZ ALVAREZ, *La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (1369-1504)*, Oviedo, 1982. Visión general en Julio GONZÁLEZ, *Repoblación de Castilla la Nueva*, Madrid, 1975-1976, 2 vol.</footnote>

<footnote n="12">¹²Una síntesis reciente en Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, *Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: gobierno urbano, en "Concejos y ciudades...",* pp. 237-260, y en VI Coloquio de Historia Medieval de Andalucía, Málaga, 1991, pp. 13-30. Por mi parte, estudié la evolución política y gobierno de las ciudades en el contexto regional en *Andalucía en el siglo XV. Estudios de historia política*, Madrid, 1974, lo continué en *Historia de Sevilla. La ciudad Medieval*, Sevilla, 1976 (3ª ed. 1989) y en *Niebla, de reino a condado*, Madrid, 1992, así como, en forma de síntesis, en *Andalucía en torno a 1492. Estructuras, valores, sucesos*, Madrid, 1992. Y las Tesis Doctorales de María José PAREJO DELGADO, *Baeza y Ubeda en la Baja Edad Media. Siglos XIII-Ier tercio XVI*, Madrid/Sevilla, 1987 (microficha), y Antonio GONZÁLEZ GÓMEZ, *Jerez en la Baja Edad Media*, Universidad de Sevilla, 1988 (inédita).</footnote>

<footnote n="13">¹³Manuel Fernando LADERO QUESADA, *La ciudad de Zamora en la época de los Reyes Católicos*, Zamora, 1991. El libro contiene referencias para los siglos anteriores.</footnote>
la comprensión de lo que sucede en otras partes<fnref n="14" /> Pero en todas ellas hay algo indudable: aunque a veces pudiera tener un origen autónomo con predominio de fuerzas endógenas, el poder concejil es un "subsistema" dentro de un "sistema" político más amplio. Dicho de otra manera, los reyes intervienen y ejercen su propio poder sobre y al lado del concejil, y no sólo como una instancia lejana o simplemente arbitral, sino de forma efectiva y, con frecuencia, bastante continua.

Incluso en los momentos y casos de mayor autonomía concejil, el rey ha mantenido varios ámbitos y recursos de poder, puesto que las ciudades y sus territorios formaban parte del realengo. En el caso de ciudades sujetas a señorío eclesiástico o nobiliario -que fueron inicialmente pocas- la situación sería la misma o similar pero con respecto al señor correspondien-

<footnote n="14">¹⁴Carlos ASTARITA, *Estudio sobre el concejo medieval de la Extremadura castellano-leonesa: una propuesta para resolver la problemática*, "Hispania", 151 (1982), pp. 355-413. Angel BARRIOS GARCÍA, *Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Avila*, Avila, 1983-1984, 2 vol., *Repoblación y feudalismo en las Extremaduras*, en "En torno al feudalismo hispánico" León, 1989, pp. 417-433, y, *Del Duero a Sierra Morena. Estructuración y expansión del feudalismo medieval castellano*, en "España. Al Andalus. Sefarad. Síntesis y nuevas perspectivas*, Salamanca, 1988, pp. 37-48. Luis M. VILLAR GARCÍA, *La extremadura castellano-leonesa. Guerreros, clérigos y campesinos*, Valladolid, 1986. José M. MONSALVO ANTÓN, *Los concejos de Castilla, siglos XI-XIII*, Santander, 1991, *Transformaciones sociales y relaciones de poder en los concejos de frontera. Siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante las instituciones municipales*, en "Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la edad media y moderna. Aproximación a su estudio", Madrid, 1990, pp. 107-170, *El sistema político concejil. El ejemplo del señorío de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra*, Salamanca, 1988, y, *El reclutamiento del personal político concejil. La designación de corregidores, alcaldes y alguaciles en el concejo del siglo XV*, "Studia Historica", V-2 (1987), pp. 173-196. Elisa de SANTOS CANALEJO, *La historia medieval de Plasencia y su entorno geo-histórico: la sierra de Béjar y la sierra de Gredos, Cáceres*, 1986. Carmelo L. LÓPEZ, *La comunidad de villa y tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad Media a la Moderna*, Avila, 1987. José I. MORENO NÚÑEZ, *Avila y su tierra en la Baja Edad Media (siglos XIII-XV)*, Valladolid, 1992. Angel BERNAL ESTÉVEZ, *El concejo de Ciudad Rodrigo y su tierra durante el siglo XV*, Salamanca, 1989.</footnote>

<footnote>Para Segovia, María ASENJO GONZÁLEZ, *Segovia, la ciudad y su tierra a fines del medievo*, Segovia, 1986, y sus trabajos de tema más general, *Fiscalidad regia y sociedad en los concejos de la extremadura castellano-oriental durante el reinado de Alfonso X*, en "Homenaje ... Torres Fontes"; I, Murcia, 1988, pp. 69-84, y, *La repoblación de las extremaduras (s. X-XIII)*, en "La reconquista y la repoblación de los reinos hispánicos...", Zaragoza, 1991, pp. 73-100.</footnote>

<footnote>Para Soria, Máximo DIAGO HERNANDO, *Introducción a la historia institucional del concejo de Soria en la Baja Edad Media*, "En la España Medieval", 11 (1988), pp. 23-43, y, *Estructuras de poder en Soria a fines de la Edad Media*, Valladolid, 1993.</footnote>

<footnote>Reflexiones e hipótesis valiosas en José MATTOSO, *Feudalismo e concelhos. A propósito de uma nova interpretação*, "Estudos Medievais" (Oporto), 7 (1986), pp. 199-209, *Da comunidade primitiva ao município. O exemplo de Alfaiates*, en "Fragmentos de uma composição medieval", Lisboa, 1987, pp. 35-48, y, *Grupos sociais na fronteira portuguesa. Seculos X a XIII*, en "Las sociedades de frontera en la España medieval", Zaragoza, 1993, pp. 111-124.</footnote>
te: ante todo, el rey tenía la facultad de convocatoria militar con limitaciones que variaban según el tipo de acción guerrera a desarrollar; y el cobro de los pechos, derechos y rentas correspondientes al fisco regio, así como cierta capacidad de intervención en materias de política económica (creación de ferias y mercado, moneda, régimen de portazgos, etc.); en cuarto lugar, la capacidad de intervención de los representantes territoriales de la monarquía, en aquellas zonas donde existían, por ejemplo, los merinos en la Castilla al N. del Duero. Y, con carácter más específico, la presencia de delegados regios en la ciudad: me refiero al *dominus villae* que tenía "cometidos administrativos, militares y, en general, de representación y salvaguarda de los intereses reales en el ámbito local" (N. Guglielmi). La tenencia de la fortaleza o alcázar urbano podía recaer en el mismo *dominus villae* o en un *alcaide*, pero casi nunca cedieron los reyes la potestad de no-mbramiento<fnref n="15" />. Por último, la capacidad de intervención directa del monarca en relación con cada ciudad se manifestó siempre en campos fundamentales: superioridad jurisdiccional, otorgamiento de fueros y privilegios, gracias y mercedes, exenciones fiscales, delimitación de términos territoriales y cesión de otros nuevos, arbitraje en disputas de diverso género, etc.

### 4. El desarrollo de los patriciados u oligarquías concejiles

La capacidad de intervención de los vecinos en el gobierno local, a través del ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes, era común a todos en principio pero a unas sociedades no igualitarias correspondían diferentes grados y posibilidades de ejercicio del poder, incluso si en la asamblea concejil participaba el conjunto de los vecinos.

La jerarquización social más visible entre ellos se expresa a través de la diferente obligación militar: la inmensa mayoría combaten como peones, pero una minoría -acaso en torno al 5 por 100- lo hace a caballo. Esto implica la posesión de medios económicos superiores y también el disfrute de privilegios diversos que hicieran soportable el esfuerzo y afianzaran la supremacía social y política de los caballeros.

<footnote n="15">¹⁵Nilda GUGLIELMI, *El dominus villae en Castilla y León*, "Cuadernos de Historia de España", XIX (1953), pp. 55-103, *La figura del juez en el concejo (León-Castilla. Siglos XI-XIII): el juez real*, en "Mélanges...René Crozet", Poitiers, 1966, pp. 1003-1024, y, *Los alcaldes reales en los concejos castellanos*, "Anales de Historia Antigua y Media de la Universidad de Buenos Aires", 1956, pp. 79-110. Agustín BERMÜDEZ AZNAR, *Los concejos y la administración del reino*, en "Concejos y ciudades..., pp. 569-592.</footnote>
La historia de la caballería popular o caballería villana en Castilla, León y Portugal cuenta con muy buenos estudios<fnref n="16" />. Se analizan sus orígenes a través de testimonios jurídicos, como el Fuero de Castrojeriz (año 974), o los de Sepúlveda (1076) y Medinaceli, y su desarrollo en otros muchos, sobre todo en las extremaduras, pero también en los privilegios de Toledo a partir de 1118. Los "caballeros villanos" tenían privilegios semanjantes a los de los nobles o infanzones, pero sólo en el ámbito concejil respectivo, disponían de diversos privilegios fiscales, de partes mayores en el botín de guerra, y de tierras y bienes agropecuarios en cantidad adecuada para mantener su rango, al cuidado de dependientes (yugueros, hortelanos, apaniaguados, etc.) a los que también protegen las normas jurídicas. Se ha señalado que muchos Fueros extensos parecen redactados -seguramente ya a fines del siglo XII y comienzos del XIII- con objeto de asegurar el predominio socio-jurídico de los caballeros pues apenas hablan de los vecinos peones y sí, en cambio, mucho de los propios caballeros y de sus dependientes.

Este predominio socio-jurídico se tradujo en otro oligárquico del poder concejil mediante el control y ejercicio de los principales oficios o portiellos. Hay discrepancias sobre cuándo comenzó a ocurrir esto: algunos autores lo sitúan ya a comienzos del XII en diversos concejos de las extremaduras; otros prefieren desarrollar una hipótesis sobre el paso de situaciones iniciales de mayor igualdad, donde la mayor parte de las relaciones sociales se habrían producido en el seno de parrentelas amplias, e incluso de falta o escasez de discriminación entre ciudad y aldeas del territorio, a otras, que se desarrollarían desde mediados del siglo XII, de creciente predominio de los caballeros, al frente de incipientes linajes de nuevo cuño, al tiempo que se jerarquizaban las relaciones ciudad-aldeas y que, dato importante, se organizaban paralelamente las elites eclesiásticas locales, bajo la forma de cabildos catedralicios, de colegiata o regulares.

Es posible que la diversidad de situaciones haya sido grande y que sólo se alcance cierta homogeneidad al término del proceso, y no en las

<footnote n="16">¹⁶La bibliografía al respecto es abundante desde el gran trabajo de Carmela PESCADOR DEL HOYO, *La caballería popular en León y Castilla*, "Cuadernos de Historia de España", XXXIII a XL, 1961 a 1964, hasta el estado de cuestión elaborado por Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, *La caballería popular en Andalucía (siglos XIII a XV)*, "Anuario de Estudios Medievales", 15 (1985), pp. 315-329. Hay muchos datos en casi todos los libros y artículos citados en otras notas sobre diversas ciudades, en especial de las extremaduras. También, Julio VALDEÓN, *Las oligarquías urbanas*, en "Concejos y ciudades...", pp. 507-521.</footnote>
formas y matices de su desarrollo: ya lo hemos indicado al hablar de la situación propia de Toledo, de los orígenes de la caballería por obligación en León a finales del XII, o del peculiar reparto de poder entre concejo y caballeros en Zamora. Lo cierto es que mediados del siglo XIII el predominio oligárquico en los concejos era casi general: sólo a partir de esta situación previa se entienden las medidas políticas adoptadas por Alfonso X.

Añadamos, para evitar una visión demasiado simple de la realidad, que las oligarquías concejiles no se compusieron siempre ni sólo de caballeros villanos, aunque éste fuera su elemento más frecuente, sobre todo en las extremaduras, donde se daban mejores condiciones para combinar el ejercicio de la guerra y la propiedad de tierras y ganados (algunos autores han hablado de "guerreros-pastores"). En otros núcleos, desde Burgos a Zamora, se integraron en el patriciado "burgueses" procedentes de diversos ámbitos de actividad económica; en el siglo XIII se observa la promoción de mercaderes y artesanos enriquecidos, y, en general, el grupo de vecinos más poderosos y considerados (probi homines, hombres buenos)<fnref n="17" /> tenía una "permeabilidad social" considerable, mientras que caballeros con menos medios de fortuna pasaban a ser excluídos de la oligarquía. En resumen: ya desde los comienzos, los grupos oligárquicos estuvieron abiertos a procesos contradictorios de cierre y renovación, lo que no impedía que, como tales grupos, alcanzaran un control cada vez mayor del poder político concejil.

## II. EL SIGLO DE LAS REFORMAS Y CONSOLIDACIONES: 1252-1350

Las grandes conquistas a costa de Al Andalus pueden darse por concluídas en las décadas sexta y séptima del siglo XIII. La estabilización de las dimensiones territoriales de la Corona de Castilla y León coincide con el primer diseño y desarrollo del proyecto de estado monárquico, sobre bases doctrinales romanistas, que protagonizó Alfonso X (1252-1284). Por otra parte, desde 1264 hay un incremento de las tensiones políticas, que culminará en períodos de crisis abierta, entre 1295 y 1303 y 1312 y 1325, y, poco a poco, avanza la fase larga de recesión económica que parece

<footnote n="17">¹⁷María del Carmen CARLÉ, *Boni homines y hombres buenos*, "Cuadernos de Historia de España", XXXIX-XL (1964), pp. 133-168.</footnote>
afectar a todo el siglo XIV, aunque durante el gobierno efectivo de Alfonso XI, entre 1325 y 1350, el proyecto estatal monárquico recibe un nuevo impulso, en condiciones claramente distintas a las de los tiempos de Alfonso X. A lo largo de un siglo se encadenan luchas y reformas políticas que el historiador puede comprender construyendo argumentos de conjunto: de ellas surgieron importantes transformaciones en la relación rey/ciudades/nobleza y nuevas formas de gobierno ciudadano que implicaron pérdidas de autonomía y mayor sujección e integración en los nuevos marcos del estado monárquico<fnref n="18" />.

# 1. Alfonso X y los poderes concejiles

El ejercicio del poder real entre Alfonso X y Alfonso XI ha abarcaro ámbitos relativamente nuevos y se ha practicado en circunstancias distintas a las de tiempos anteriores. Ha habido un desarrollo de los fundamentos y los instrumentos del poder, un proceso de concentración-centralización de ese poder, destinado a realizar "la capacidad regia para reformar y corregir el orden político y social" (A. Bermúdez Aznar). Todo ello ocurrió en el marco de transformaciones amplias en las relaciones entre sociedad y poder real: en la segunda mitad del siglo XIII culmina el desarrollo de lo que se ha denominado "Estados estamentales", formados sobre una teoría política que integra diversos estamentos socio-jurídicos en un cuerpo común, el reino, cuya cabeza es el monarca. De esta concepción del reino como universitas se deducen unos corolarios de unidad e indivisibilidad del conjunto, de vasallaje natural de todos sus habitantes con respecto al rey, y de justificación del orden social establecido, sobre la base de desigualdades y jerarquías regladas para cada estamento, con lo que se legitima a la vez al rey como cabeza sin la que no puede existir el cuerpo político, y a diversos sectores como "sociedad política", cuya participación en el poder es indispensable: la alta nobleza, las jerarquías eclesiásticas, los grupos dominantes en el ámbito local.

<footnote n="18">¹⁸Vid. mis trabajos, *La Corona de Castilla: transformaciones y crisis políticas (1252-1350)*, Semana de Estudios Medievales de Estella, 1994 (en prensa), *La génèse de l'État dans les royaumes hispaniques médiévaux (1250-1450)*, en "Le premier âge de l'État en Espagne. 1450-1700", París, 1989, pp. 9-65, y *Algunas reflexiones generales sobre el origen del Estado Moderno*, en "Homenaje Académico a D. Emilio García Gómez", Madrid, 1993, pp. 433-448.</footnote>
Es, en resumen, una concepción política que supera, integrándolas, las diversidades y peculiaridades propias del antiguo orden feudal -cuyas manifestaciones son tan diversas en unos y otros reinos- y produce un conjunto de ideas sobre la sociedad profundamente inmóvil, que no admite en su seno criterios de cambio impuestos por las crisis políticas o las luchas sociales. Éstas no podrán manifestarse con claridad a través del aparato institucional de los poderes establecidos y se desarrollarán en otros niveles de la realidad, salvo que afecten o sean protagonizadas por grupos sociales dotados de fuerza política suficiente para modificar, mediante violencia o pacto, la realidad del poder político, aun respetando siempre los fundamentos de su estructura estamental. Veamos ahora la expresión práctica de estos principios en lo que se refiere a las relaciones entre realeza y poderes concejiles.

Alfonso X quiso ser un gran coordinador de la vida política concejil: los concejos no actuarían, según su pensamiento, como células de acción contrarias o independientes con respecto al poder monárquico sino que dependerían en buena parte de su voluntad y formarían un sector de la sociedad política estrechamente vinculado a la monarquía, de modo que sólo a través de las iniciativas de ésta se desarrollarían las actividades más relevantes políticamente de aquéllos. En consecuencia, el rey buscó la alianza con las aristocracias locales y, a la vez, la homogeneización de la vida jurídica y política concejil y el control de sus aspectos importantes desde el punto de vista general que era propio de la monarquía, por ejemplo, en el desarrollo del nuevo sistema fiscal que Alfonso X puso en marcha, sobre todo a partir de 1265.

Ya antes, desde 1255, y hasta el final de su reinado, el rey concedió a los caballeros de decenas de ciudades de manera sistemática franquezas fiscales, extensibles a sus dependientes, a cambio de asegurar el mantenimiento de caballo y armas adecuados para la guerra y, en la extremadura, de que no ejercieran otra profesión -artesanía, etc.- poco compatible con su condición y dedicación guerrera: esta exigencia, que conocemos para Segovia (año 1256), no se dio en ciudades al N. del Duero, como Burgos o Valladolid, pero, en cualquier caso, las medidas regias acentuaban la aristocratización de la caballería ciudadana y su diferenciación con respecto al resto de la sociedad en un momento de auge de los grupos artesanos y mercantiles en muchas localidades.

En 1264, el rey comenzó a establecer además en diversas ciudades un grupo selecto de caballeros que serían vasallos directos suyos o del in-
fante heredero, y a los que pagaría una soldada de 500 *sueldos* al año, además de establecer que ejercerían con preferencia las *alcaldías* y otros *porтиellos* u oficios principales en sus concejos. Al invitar a caballeros ciudadanos *vasallos* de grandes nobles a abandonar a sus señores y aceptar el nuevo vasallaje real, Alfonso X debió de provocar descontentos que tal vez influirían en la revuelta de la alta nobleza, en 1269-1273¹⁹

Al mismo tiempo, el rey promulgó el *Fuero Real* y comenzó a otorgarlo a bastantes ciudades, en sustitución de los fueros locales por los que se habían regido hasta entonces. Esta medida pretendía la homogeneización del régimen jurídico concejil, lo que convenía a los intereses políticos de la monarquía, y permitía también el envío de *alcaldes reales*, a los que correspondería el ejercicio principal de la capacidad jurisdiccional en el concejo, con lo que éste perdía claramente mucha de su autonomía. En otro orden de cosas, durante el reinado de Alfonso X se sistematizó la organización del notariado público (*escribanos*) y, seguramente, de las actividades de los cambistas (*tablas de cambio*), y el monarca mantuvo firmemente, frente a las pretensiones concejiles, el carácter de regalía que tenían ambas, así como su facultad de nombrar a los titulares de tales oficios.

En los concejos organizados de nueva planta, en Andalucía y Murcia, se establecieron desde el principio algunos de estos criterios de reforma: hubo una diferenciación entre los caballeros *hidalgos* o *de linaje* y los caballeros no nobles, pues los primeros recibieron mayores heredades que los otros como consecuencia de su nobleza y de su vinculación con el rey, y éste nombró directamente a los *alcaldes mayores* y al *alguacil mayor* en Sevilla y en algunas otras plazas, según ya hacía en Toledo. Aunque parece que hubo aún *concejos* o asambleas abiertas, la práctica de reuniones res-tringidas de caballeros *veinticuatroos* en Sevilla para tratar y resolver las principales cuestiones anunciaba ya la aparición del *regimiento*, que ocurri-ría en época de Alfonso XI.

Algunas de aquellas medidas alfonsinas fueron revocadas o sufrieron retrocesos en su aplicación a partir de 1272. Se retiró el *Fuero Real* de bastantes ciudades; sin embargo, seguía habiendo *alcaldes reales* en algunas

<footnote n="19">¹⁹Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, *Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros*, "Home-naje ... J. V. Serrao", (Lisboa, 1994, en prensa). Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, *El privilegio general concedido a las Extremaduras en 1264 por Alfonso X: edición del ejemplar enviado a Peñafiel en 15 de abril de 1264*, "Anuario de Historia del Derecho Español", 53 (1983), pp. 456-521. María ASENJO GONZÁLEZ, *Fiscalidad regia y sociedad..., op. cit.*</footnote>
durante el reinado de Sancho IV (1284-1295), continuaban vigentes los privilegios de la caballería ciudadana y los lazos de vasallaje de algunos caballeros respecto del monarca, y sólo por expresa concesión regia podían los concejos efectuar nombramientos de escribanos públicos -a menudo sólo nombraban al del propio concejo- o de tenentes de las tablas de cambio.

Alfonso X había establecido además un procedimiento habitual de diálogo y coordinación política entre la monarquía y las aristocracias ciudadas, al regularizar y dotar de contenidos a las reuniones de Cortes, sobre todo en lo relativo a la defensa de los intereses del realengo y a la discusión sobre el ejercicio de la justicia del rey y el desarrollo de la nueva fiscalidad monárquica, que se apoyaba en gran parte sobre los servicios extraordinarios otorgados por las ciudades en Cortes. La nueva fiscalidad establecía un amplio campo de relaciones políticas entre ambas partes: la intervención de las ciudades en el otorgamiento y gestión del cobro era inevitable, pero aceptaban un grado mayor de sujección y dependencia, un elemento de presión sobre la economía local que provocaría resistencias e incluso revueltas, y se convertiría en un nuevo factor de desigualdad y diferenciación de los vecinos, tanto de la urbe como del territorio, ante el poder.

Así, en conclusión, el rey había tomado un conjunto de iniciativas que, pese a rechazos parciales o transitorios, abrían una época nueva en la vida política de los concejos del reino y respaldaban el establecimiento en ellos de regímenes oligárquicos. Pero su idea sobre la composición del patriciado urbano no se limitaba a los caballeros en el ejercicio de su función militar sino que se extendía a los ciudadanos que sobresalieran en la del comercio, cuyo concurso era imprescindible para el desarrollo de las medidas de política económica que Alfonso X puso en marcha: reformas monetarias, red de ferias, liberación de tráficos interiores, fijación del espacio económico mediante aduanas y control del comercio exterior, etc; las realidades económicas nuevas que subyacían a aquellas medidas regias influían también en transformaciones de la "sociedad política" establecida en cada ciudad<fnref n="20" />.

<footnote n="20">²⁰Vid. mi libro, *Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1369)*, Madrid, 1993, y mi artículo *Aspectos de la política económica de Alfonso X*, "Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense" (Madrid), 9 (1985), pp. 69-82.</footnote>
## 2. La crisis (1282-1325)

El poder efectivo de los reyes y de sus colaboradores disminuyó durante la época de inestabilidad y desórdenes que siguió a la deposición de Alfonso X, sobre todo a partir de la muerte de Sancho IV (1295). Es cierto que aquellos fenómenos tenían motivaciones más complejas que las puramente políticas porque respondían a necesidades generales de reorganización de las relaciones sociales, de redistribución de las fuentes de riqueza y, al mismo tiempo, de búsqueda de ideas y proyectos colectivos que sustituyeran a los que definitivamente habían concluído, y no sólo en Castilla, durante aquellos decenios finales del siglo XIII.

Dentro del aparato doctrinal e institucional diseñado por Alfonso X, se deslizan elementos nuevos y a menudo distorsionadores del propósito inicial: el principal, el poder creciente de la alta nobleza, sus exigencias de renta a costa del fisco regio, y el primer impulso fuerte a los procesos de señorialización de aldeas y territorios a favor de los nobles. En las plazas de realengo se desata la lucha entre las aristocracias locales -compuestas por caballeros en su mayoría- y el común de los vecinos por el control del poder concejil, aunque la balanza estaba ya muy claramente inclinada a favor de los primeros.

En estas luchas, múltiples y variadas en sus manifestaciones concretas, se observa cómo las oligarquías tienden a "cerrarse" para asegurar su defensa y el monopolio o predominio en el poder, pero también cómo conservan cierta capacidad para incorporar miembros nuevos, con lo que alivian tensiones, y cómo procuran consolidar su pacto político con la monarquía, mejorándolo a su favor durante la debilidad transitoria de los reyes en el ejercicio de su propio poder. E igualmente se observa, en bastantes casos, como algunos de sus miembros más poderosos aprovechan el desorden general para su propio provecho y medro mediante la "toma" de tierras e incluso el establecimiento de pequeños poderes señoriales en aldeas desgajadas del término o tierra correspondiente.

El "cierre" de las oligarquías se traduce en la aparición de cofradías de caballeros, aunque éste es un aspecto poro conocido salvo en Burgos y alguna otra plaza, y en la formación plena de los linajes como forma de encuadramiento político en el reparto de oficios concejiles y en las luchas de bandos por obtener mayores parcelas de poder. En el desarrollo de tales luchas, que ocupa el período siguiente al que ahora estudiamos, muchos bandos superaron su antigua vinculación a linajes, o bien éstos perdie-
ron su primitivo carácter familiar, o bien se organizaron las banderías mediante parcialidades de otro tipo, pero el hecho casi general fue que esta forma de organización de los patriciados urbanos, en aquel momento de crisis, les otorgó una cohesión y estabilidad mucho mayores que antaño: seguramente, con la creación de linajes se produjo en las ciudades de la extremadura la equiparación de muchos caballeros villanos con hidalgos, pues se integraban en una forma local de nobleza de sangre. En Andalucía hubo más bien fusión entre caballeros de linaje y otros no nobles en los decenios que siguieron a la repoblación.

La capacidad de incorporación de "hombres nuevos" al grupo oligárquico, para que compartieran el ejercicio del poder concejil, fue un medio hábil para superar o evitar tensiones, que se utilizaría más veces en el futuro. En las ciudades de la época había grupos de mercaderes e incluso de artesanos más ricos y con mayor conciencia política que estaban o podían estar al frente de las reivindicaciones del común. En Valladolid, por ejemplo, consiguieron que se reservara a éste, agrupado en un partido llamado la voz del pueblo, la mitad de los oficios concejiles, siendo la otra para los miembros de los linajes de caballeros, pero en 1333 los linajes vuelven a conseguir el monopolio, tras integrar en ellos a los "burgueses" más destacados. En otros casos no hubo pacto, sino exclusión, o desplazamiento y, en general, el modelo oligárquico triunfó plenamente a partir de 1325, con claro apoyo de la monarquía, que consideraba natural, dentro del orden político buscado por ella, el gobierno concejil por la maior et sanior pars del vecindario, es decir, por la más próxima en sus formas de vida e ideas al estamento aristocrático-nobiliario cuya función social reconocida era defender y gobernar<fnref n="21" />.

<footnote n="21">²¹Sobre estos aspectos, Salvador de MOXÓ, *El auge de la nobleza urbana y su proyección en el ámbito administrativo y rural a comienzos de la Baja Edad Media*, "Boletín de la Real Academia de la Historia", CLXXVIII (1981), pp. 407-505. Adeline RUCQUOI, *Noblesse urbaine et exercice du pouvoir en Castille (XIIIe-XVe siècles)*, en "Actes du 106e Congrès National des Sociétés Savantes", Paris, 1984, pp. 35-47, y, *Pouvoir royal et oligarchies urbaines d'Alfonso X à Fernando IV de Castille*, en "Génesis medieval del estado moderno. Castilla y Navarra (1250-1370)", Valladolid, 1987, pp. 173-192. Hilario CASADO ALONSO, *Las relaciones poder real-ciudades en Castilla en la primera mitad del siglo XIV*, en "Génesis medieval...," pp. 193-215. Julio VALDEÓN BARUQUE, *Las sociedades urbanas en la guerra civil de Castilla de mediados del siglo XIV*, en "Les sociétés urbaines...,", pp. 131-142. Máximo DIAGO HERNANDO, *Caballeros e hidalgos en la extremadura castellana medieval (siglos XII-XV)*, "En la España Medieval", 15 (1992), pp. 31-62. Sobre linajes y bandos véase mi artículo citado en nota primera, y Angus MACKAY, *Faction and Civil Strife in Late Medieval Castilian Town*, "Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester", 72-3 (1990), pp. 119-132, y el trabajo precursor de María del Carmen CARLÉ, *Tensiones y*</footnote>
Pero Alfonso XI actuó, ya lo veremos, con la conciencia de que la concordia entre monarquía y aristocracias locales era precisa evitar los aspectos peligrosos que podría tener para los intereses de aquélla la excesiva autonomía o potencia de éstas, como se había puesto de manifiesto en 1282-1284 y, de nuevo, entre 1295 y 1325, cuando los grupos dominantes de las ciudades actuaron con mayor personalidad en la vida política general, en un sentido casi siempre afecto al poder monárquico pero, al mismo tiempo, intentando limitarlo y sujetarlo a sus exigencias por vía de pacto. Estas acciones combinan la aceptación de una complementariedad básica entre ambos poderes con cierto grado de antagonismo y búsqueda de un nuevo equilibrio y se observan perfecta y simultáneamente en tres niveles: Hermandades, Cortes y Consejo Real.

En 1282 se formó la primera Hermandad general de concejos con objeto de apoyar al infante Sancho, en rebeldía contra su padre Alfonso X, para controlar sus atribuciones militares, judiciales y legislativas, e impedir que cobrara sin su consentimiento tributos desaforados: predominaba claramente el deseo de volver a grados de autonomía y niveles de obligación fiscal y militar hacia el rey anteriores a las reformas alfonsinas, pero Sancho IV, que se apoyó en la Hermandad mientras fue infante y ejerció la gobernación del reino, ignoró sus reivindicaciones cuando alcanzó el trono. A su muerte, ocurrida en 1295, de nuevo los concejos de los diversos reinos de la Corona formaron hermandades con idénticos fines, a los que se añadía la necesidad creciente de protegerse de abusos procedentes de otros ámbitos de poder. Pretendían el control periódico de las acciones de gobierno regio mediante las reuniones anuales de cada Hermandad y una delegación permanente de las Cortes junto al rey. Por último, desde 1313, durante la minoridad de Alfonso XI, se reprodujo el fenómeno de la Hermandad, más maduro en su manifestación, con pretensiones que guardan mucha semejanza con las que nobles y ciudades habían conseguido en Aragón desde 1282. Pero, al tomar el poder Alfonso XI, en 1325, las hermandades y sus reivindicaciones desaparecieron, lo que no es sencillo de explicar: si la principal fuerza operante en las hermandades eran los grupos oligárquicos, parece que prefirieron la seguridad del respaldo regio, después de aquellos años caóticos y violentos, mejor que mantener una demanda políti-

<footnote>revueltas urbanas en León y Castilla, "Anuario del Instituto de Investigaciones Históricas" (Rosario, República Argentina), II (1965), pp. 325-356.</footnote>
ca que afectaba poco a sus intereses fundamentales, centrados en el poder
concejil; y si, en algunos casos, había elementos del común influyendo en
la actitud de las hermandades, su anulación política desde 1325 habría im-
pedido la continuidad de la reivindicación. Sólo hay un aspecto en el que
cabe observar el logro y continuidad de cierta autonomía aunque en condi-
ciones singulares: me refiero a la *Hermandad de las Marismas*, formada
por varios puertos del Cantábrico desde 1295, y a la actuación de aquellos
concejos hasta bien entrado el siglo XV protagonizando acciones de corso,
treguas y convenios comerciales con otros poderes del Cantábrico y Mar
del Norte, aunque a menudo buscaran después el refrendo regio<fnref n="22" />.

Las Cortes del período dieron fe del nacimiento de las hermandades o las sirvieron de portavoces pero, a pesar de la gran frecuencia con que se reunieron, tampoco consiguieron limitar o compartir de forma institucional los poderes legislativos y hacendísticos de la monarquía. Por último, los intentos de los concejos por tener representantes fijos en los altos organismos de la monarquía no llegaron a tener resultado, aunque las Cortes de 1297 consiguieron por un momento la presencia de doce representantes de las ciudades en el Consejo Real, que entonces tomaba forma estable. En conclusión, hacia 1325 tocó a su fin el último gran intento de origen concejil para modificar el modelo de organización política de la Corona: en su transcurso, las Cortes y Hermandades no articularon un proyecto conjunto de representación estamental-ciudadana frente al poder real debido a la fragmentación local en su seno y a la insolidaridad consiguiente entre las partes, más allá de algunas reivindicaciones comunes, aunque actuaban en nombre del reino (de la tierra) o de partes de él. El siguiente intento, en circunstancias muy distintas, ocurriría durante las Comunidades de 1520.

<footnote n="22">²²César GONZÁLEZ MÍNGUEZ, *Aproximación al estudio del "Movimiento Hermandino" en Castilla y León*, "Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales", 1 (1991), pp. 35-55, 2 (1992), pp. 29-60. José María MÍNGUEZ, *Las Hermandades generales de los concejos en la Corona de Castilla (Objetivos, estructura interna y contradicciones en sus manifestaciones iniciales)*, en "Concejos y ciudades...", pp. 537-567. José Luis BERMEJO, *Hermandades y comunidades de Castilla*, "Anuario de Historia del Derecho Español", 1988, pp. 277-412. Sobre la actuación autónoma de las ciudades interesadas en el comercio del Cantábrico, vid. Luis MORALES BELDA, *La Hermandad de las Marismas*, Barcelona, 1974. Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, *Navegación y comercio en el golfo de Vizcaya*, Madrid, 1959. Simone ABRAHAM-THYSSE, *Les relations hispano-hanséates au Bas Moyen Age*, "En la España Medieval", (Madrid), 14 (1991), pp. 131-161 y 15 (1992), pp. 249-295.</footnote>
### 3. Las soluciones en el reinado efectivo de Alfonso XI (1325-1350)

Durante el reinado efectivo de Alfonso XI ocurrió la definitiva consolidación de los poderes oligárquicos locales. La monarquía no había sufrido limitaciones de derecho en sus poderes, aunque cabía siempre la posibilidad de que las volviera a sufrir de hecho y, para impedirlo, lo más conveniente era fijar del modo más preciso posible los términos en que se producían las relaciones con los diversos sectores de la "sociedad política", apoyar y, a la vez, controlar la mejor definición de sus ámbitos de poder.

En el plano social, fue entonces cuando alcanzaron su madurez y plena expresión pública los *linajes*, en las ciudades donde existieron, y desarrollaron su papel como base de *bandos* y como cauces a través de los que se distribuían los *oficios* concejiles. Mucho menos conocidas hoy, las cofradías de hidalgos y caballeros jugaron una función importante en el encuadramiento de los patriciados urbanos, aunque no llegaron a tener casi nunca un papel político directo y continuo: se cita frecuentemente, como ejemplo, a las burgalesas de Nuestra Señora del Gamonal, que data de fines del siglo XIII, y Real Cofradía del Santísimo y Santiago (1338), mucho más exclusiva en su composición al admitir sólo a caballeros, pero es preciso estudiar mejor lo que pasaba en otras ciudades. En Cáceres, por ejemplo, la cofradía de Nuestra Señora del Salor acogía desde 1345 a caballeros y damas nobles de la *collación* o parroquia de San Mateo.

Alfonso XI, por su parte, contribuyó a aquel proceso de "cristalización" o "coagulación" social al hacer universal la obligación de mantener caballo y armas adecuadas para los vecinos cuyos bienes superaran determinada *cuantía*, diferente según las regiones de la Corona. Aquellos caballeros, llamados por este motivo de *cuantía* o de *premia* (por el apremio u obligación que los alcanzaba), venían a ser una nueva versión de la caballería popular y obtenían diversas exenciones fiscales, privilegios y, en bastantes concejos de tipo medio o pequeño sobre todo, el predominio o monopolio en muchos *oficios* municipales. No ocurría lo mismo en otros, donde la condición de *caballero de cuantía* no implicaba necesariamente el acceso al ámbito de la oligarquía gobernante ni, desde luego, a los *linajes* ni a la nobleza local, y más a medida que su número aumentaba y se diversificaban su procedencia social y sus dedicaciones profesionales ordinarias: las situaciones fueron muy variadas.
No sabemos bien de qué manera afectaron a miembros distinguidos de los patriciados locales las medidas de promoción de la caballería adoptadas por Alfonso XI (creación de la Orden de la Banda en 1332) y los ordenamientos de lanzas hechos en 1338, 1348 y 1351, que regulaban el pago, obligaciones y armamento de los vasallos reales, pues hemos de suponer que los habría si el privilegio de 1264 surtía aún efecto. Lo cierto es que en el seno de las oligarquías seguían produciéndose fracturas que alejaban a algunos de sus miembros del poder efectivo mientras que otros lo incrementaban dominando los oficios concejiles e incluso lo utilizaban para tallarse pequeños señoríos con aldeas y términos de su propia ciudad o villa, lo que, aparentemente, es una paradoja, porque lo que más debería haber importado era "la defensa de su jurisdicción /la de los concejos urbanos/... sobre las aldeas y lugares de su término" (H. Casado), entendida, en definitiva, como defensa del realengo pero también de los intereses del patriciado urbano sobre las tierras comunales y baldías. Ocurría que el medro individual, de familia o linaje, se anteponía cuando parecía oportuno a la defensa del "sistema urbano": éste se hallaba al servicio de aquél y no al contrario, dentro de un equilibrio inestable.

Es posible que el rey intentara consolidarlo mediante unos cambios en el plano institucional y político que significaron la mayor vinculación de las estructuras oligárquicas de poder y de sus niveles de autonomía al control e intervención de la monarquía, pero también, al mismo tiempo, la seguridad de que ésta los protegía y respaldaba. El principal fue la instauración de los regimientos y el fin, salvo excepciones, de las asambleas o concejos abiertos en numerosas ciudades y villas, entre los años 1326 y 1348, comenzando a menudo por las del S., donde ya había precedentes y esbozos de tal situación desde el siglo XIII. Se trata de la "oficialización de formas de gobierno oligárquicas" (Bermúdez Aznar) y no de la brusca sustitución de un régimen concejil abierto y "democrático", y de las "viejas libertades urbanas", por otro restringido a la acción de una minoría: esto es hoy evidente, y ya no merece la pena polemizar sobre lo incorrecto de aquella antigua opinión. Pero tampoco conviene minimizar la importancia de la reforma arguyendo que, en definitiva, no se trata más que de la continuidad en el mando de las oligarquías locales, a través de los regidores, y de la consolidación de su "alianza estructural" con la monarquía.

Porque hay muchos aspectos a considerar en la instauración de los regimientos: ante todo, el rey nombra a los regidores, en número variable, a menudo de ocho a veinticuatro, entre caballeros, hidalgos, pero también
a algunos *hombres buenos* y ciudadanos destacados, e incluso a veces per-
sonas procedentes de la Corte y administración regias. Generalmente, se
respetaron las peculiaridades previas de cada caso y es general, por ejem-
plo, que los *linajes*, allí donde los había, hayan proporcionado la base para
el nombramiento de regidores por Alfonso XI, y posteriormente, para la
elección o propuesta de candidatos a las vacantes: así, por ejemplo, en So-
ria se repartieron las seis regidurías entre los doce linajes establecidos en la
ciudad. Ahora bien, el nombramiento por el rey, que no tiene plazo defini-
do, de los regidores *para veer facienda de concejo* suponía, primero, que
la legalidad de su poder procedía de la monarquía, y no del concejo veci-
nal, pues en cierto modo eran delegados del rey. Segundo: al ser tan redu-
cido su número y recaer en la asamblea o *regimiento* que formaban lo prin-
cipal de los poderes concejiles, su presencia significa la formación de una
elite restringida dentro de la oligarquía, de modo que, si bien es cierto que,
desde entonces, hubo "total monopolio político de las oligarquías urbanas
en la vida de las ciudades", éste monopolio no era ejercido igualitariamente
por todo el grupo, lo que generaría tensiones y jerarquizaciones en su seno,
pues del *regimiento* dependía la elección de alcaldes y otros muchos oficios
principales del poder municipal<fnref n="23" />.

Además, tercer aspecto a tener en cuenta, el regimiento pasa a ser
la piedra angular de "los mecanismos institucionales que habían de servir
para gobernar las ciudades castellanas hasta los años iniciales del siglo

<footnote n="23">23 Acerca de los regimientos hay noticias en casi todas las monografías sobre ciudades y nobleza urbana citadas en este trabajo. V. las reflexiones y planteamientos de conjunto de José María MONSALVO ANTÓN, *La sociedad política en los concejos castellanos de la meseta durante la época del regimiento medieval. La distribución social del poder*, en "Concejos y ciudades...", pp. 357-413. Joaquín CERDÁ RUIZ-FUNES, *Hombres buenos, jurados y regidores en los municipios castellanos de la Baja Edad Media*, "Actas del I Symposium de Historia de la Administración", Madrid, 1970, pp. 161-206. Ejemplos concretos en Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, *Tránsito del concejo abierto al regimiento en el municipio leonés*, "Archivos Leoneses", 45-46 (1969), pp. 301-316, y, *El régimen municipal de Plasencia en la Edad Media: del concejo organizado y autónomo al regimiento*, "Historia. Instituciones. Documentos", 17 (1990), pp. 247-266. Teófilo F. RUIZ, *The transformation of the Castilian Municipalities: the case of Burgos, 1248-1350*, "Past and Present", 77 (1977), pp. 3-32. Juan A. BONACHÍA HERNANDO, *El concejo de Burgos en la Baja Edad Media* (1345-1426), Valladolid, 1980. Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ, *El concejo burgalés 884-1369), Burgos, 1984. M. GARCÍA GONZÁLEZ, *El reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350)*, Sevilla, 1989 (cap. III), y J.I. CORIA COLINO, *Intervención regia en el ámbito municipal. El concejo de Murcia* (1252-1369), Murcia, 1995, que conticen importantes planteamientos y referencias de carácter general.</footnote>
XIX" (González Alonso)<fnref n="24" />, de una manera mucho más homogénea y estable que hasta entonces, mucho más vinculada y dócil a las intervenciones y los intereses políticos de la monarquía que, en éste como en otros aspectos, protegía y garantizaba el orden social estamental subyacente o bien se atribuía a sí misma el derecho a promover los cambios políticos que se estimaran necesarios si, a su vez, la situación social cambiaba. Y esto es, precisamente, lo más característico de una organización estatal, incluso incipiente: la capacidad para crear y mantener en todo el territorio del reino instituciones de gobierno que no emanan o dependen directa y simplemente de la voluntad e intereses de un grupo social y están sujetas a ellos sino que, aunque reflejan el orden social, y tienden a respetarlo y apoyarlo, componen una "forma política de dominación dotada de voluntad independiente para cumplir fines suprafamiliares, supratribales, supralocales y supraestamentales" (J. M. Pérez Prendes)<fnref n="25" />. Logicamente, en circunstancias no revolucionarias, esto no podía lograrse más que tomando como base las relaciones de poder ya existentes pero, con los mismos materiales, se está comenzando a construir un edificio político cuyo diseño rompe muchas costumbres establecidas.

En otros campos también continuó Alfonso XI la obra y las ideas de Alfonso X, aunque por vías distintas. No pretendió imponer una ley común, al estilo del *Fuero Real*, pero se observa la proliferación de ordenamientos reales sobre las más diversas cuestiones, unos otorgados con carácter particular a tal o cual ciudad del reino, otros dados con carácter más general ante las Cortes, con lo que las antiguas legislaciones forales pierden buena parte de su efectividad, además de que los ordenamientos venían a regular cuestiones poco o nada tratadas en los *fueros*. Al cabo, en 1348, el *Ordenamiento* dado en las Cortes de Alcalá fijaba una prelación en el uso de leyes bien conocida: primero, el propio *Ordenamiento*; en su defecto, los Fueros locales, que el rey puede "enmendar o mejorar", y sólo "en lo que se usen y no sea contra Dios o razón"; tercero, las *Partidas*. Este orden de prelación permaneció vigente hasta el siglo XIX. No hubo nuevos Fueros locales en lo sucesivo y, aunque los poderes locales conser-

<footnote n="24">²⁴Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, *Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen*, Madrid, 1981 (colección de estudios, entre ellos, *Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600)*, en pp. 57-83.</footnote>

<footnote n="25">²⁵José Manuel PÉREZ-PRENDES, *La monarquía indiana y el estado de derecho*, Madrid/Vallencia, 1989, p. 15.</footnote>
varon una potestad reglamentaria, que se plasmaba en la promulgación de ordenanzas, éstas fueron confirmadas por los reyes, a medida que consiguieron hacer pleno y efectivo su monopolio legislador<fnref n="26" />. Pero, a su vez, el rey se situaba en la realidad de su época: renunciaba a la promulgación habitual de normas generales por la mayor dificultad de aceptación implícita en su carácter abастrocto -salvo el propio Ordenamiento de Alcalá y algunos otros dados en Cortes- pero utilizaba intensamente la capacidad legislativa a demanda de peticiones o casos concretos, mediante otros ordenamientos, privilegios, respuesta a capítulos o peticiones de ciudades, eclesiásticos, etc., en o fuera de las Cortes, confirmación de ordenanzas locales, etc.

Las reformas alfonsinas incluyeron también el posible envío de representantes reales que aseguraran el buen funcionamiento y control de la administración concejil, arbitraran y resolvieran conflictos por vía judicial "garantizando el mantenimiento de los marcos institucionales en que debían moverse los grupos urbanos dominantes" (A. Bermúdez Aznar). De nuevo, se toma una iniciativa política ya esbozada por Alfonso X al nombrar alcaldes reales, pero bajo una forma distinta: los alcaldes veedores, alcaldes emendadores y corregidores de los pleitos de justicia a los que se alude en las Cortes de 1345, 1348 y 1349 concretan en el ámbito concejil la obligación y derecho que el rey tiene de fazer justicia e fazer emienda en todo el reino (Cortes de 1329), tienen precedentes en otros reinos (los reformateurs franceses a partir de 1247, los corregedores portugueses desde 1278 y, de nuevo, 1338) pero responden al en definitiva al "patrón institucional de los alcaldes reales" castellanos de Alfonso X (Bermúdez Aznar), y despiertan las mismas resistencias que ya encontraron aquéllos, de modo que ni su envío fue general ni se mantuvo tras la muerte de Alfonso XI, por lo que sabemos<fnref n="27" />. Del mismo modo, la "toma" por el rey de los nombramientos de escribanos públicos y de cambistas, hecha en 1333, fue revocada por Pedro I en 1351.

<footnote n="26">²⁶Vid. mi trabajo en colaboración con Isabel GALÁN PARRA, *Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación* (siglos XIII al XVIII), "Revista de Estudios de la Vida Local", 217 (1983), pp. 85-108.</footnote>

<footnote n="27">²⁷Agustín Bermúdez Aznar, *El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media* (1348-1474), Murcia, 1974, y su obra citada en nota catorce. Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, *El corregidor castellano* (1348-1808), Madrid, 1970.</footnote>
Los procesos de construcción estatal en torno al poder monárquico, sobre la base de los estamentos y cuerpos o grupos que formaban el entra-mado socio-político de la Corona eran, en aquellos siglos, incipientes, inse-guros, poco claros y acaso desarrollados por las personas y equipos gober-nantes que rodeaban al monarca con insuficiente conciencia de sus funda-mentos y de sus finalidades globales -aunque tenían líneas argumentales y doctrinales bastante nítidas-. Como ya señaló Maitland hace más de un siglo, "la simplicidad es el punto de llegada, no el de partida". Aquellos procesos estaban sujetos a avatares y retrocesos; no se trataba de recorrer rapidamente un camino trazado o previsto con nitidez -tal como pueda pa-recer hoy en la mente y en la interpretación de los historiadores- sino de hacerlo sin conocer su final, en medio de circunstancias y tensiones concre-tas e irrepetibles. Es bastante seguro que Alfonso XI, como antes Alfonso X, estuvieron preocupados por situaciones de guerra, por rebeldías internas y por el problema de sus insuficientes recursos para hacerlas frente, y que en función de esas realidades articularon las reformas: las penurias finan-cieras de Alfonso XI crecieron de forma agobiante entre 1333 y 1344, lo que, sin duda, vincula sus actuaciones en la esfera concejil a la precisión de asegurar el éxito en la implantación general de la *alcabala*, entre 1333 y 1342, o en la mejor gestión de *regalías* (salinas, montazgo, acuñación de moneda...). Pero tampoco hay porqué dudar de que ambos reyes, sobre todo Alfonso X, disponían de un programa político amplio e iniciaron su aplicación, que se prolongaría y completaría a través de circunstancias dis-tintas durante cientos de años.

A mediados del siglo XIV, se habían dado ya pasos importantes y la sumisión de los poderes concejiles del *realengo* era mucho mayor que antaño, pero los intereses de la alta nobleza, a pesar de su debilidad e in-coherencia en aquellos momentos para presentarlos conjunta y solidaria-mente, podían llegar a ser un peligro mayor, porque las relaciones persona-les del rey con muchos grandes nobles, y la propia conciencia de identidad personal aristocrático-caballeresca que Alfonso XI tuvo -como, en general, los monarcas de aquellos siglos- dificultaban la adopción de medidas gene-rales respecto a la nobleza basadas en criterios políticos abstractos: entre 1325 y 1350 continuó el proceso señorializador de aldeas e incluso *villas* - conocemos ejemplos significativos en Andalucía-, y el gobierno de Pedro I (1350-1369), que fue, por lo que parece, contrario al crecimiento y mejor articulación del poder político de la nobleza, acabó en un rotundo y trágico fracaso.
### III. PERMANENCIAS Y TRANSFORMACIONES EN EL SIGLO DE LOS TRASTÁMARA (1369-1474)

#### 1. Circunstancias generales

Desde el triunfo de Enrique II en 1369 hasta la muerte de Enrique IV en 1474 continuó el desarrollo doctrinal e institucional del estado monárquico y el proceso de equilibrios y tensiones políticas entre reyes, patriciados urbanos y alta nobleza.

Entre 1369 y 1406 discurre una época bien definida: es la del primer auge de la "nobleza nueva" protegida por los reyes, con el incremento considerable de los señoríos sujetos a la jurisdicción de los nobles. Mientras tanto, la fuerza política de los concejos de realengo, expresada en las Cortes, se deterioraba, a pesar de que las dificultades financieras de Juan I y la minoridad de Enrique III hicieron que se manifestara todavía con vigor entre 1385 y 1393. Después, Enrique III (m. 1406) ejerció durante un decenio con firmeza la autoridad monárquica y promovió reformas fiscales, monetarias e institucionales que en ciertos aspectos continúan las líneas políticas desarrolladas por Alfonso X y Alfonso XI.

El siglo XV fue, en general, un tiempo de crecimiento económico y poblacional, y de cierta flexibilización de las estructuras sociales mientras que, entre 1406 y 1474, aumentaban enormemente el poder, los señoríos y la organización de los linajes de alta nobleza y se desarrollaban pugnas complejas sobre el modelo de monarquía entre partidarios de la mayor o plena efectividad del ejercicio del poder real, con respeto a la preeminencia social y colaboración política nobiliaria, y aquéllos que preferían sujetar la voluntad política del rey a una forma de gobierno "aristocrática con cabeza monárquica", de modo que el desarrollo y efectividad del estado monárquico estarían estrechamente sujetos a los intereses estamentales nobiliarios interpretados, además, no por la nobleza corporativamente sino por aquellos de sus miembros mejor instalados en la Corte, por lo que las luchas entre bandos e individuos eran continuas y se tiene la impresión, a menudo, de que los nobles no tenían otro programa político que no fuera conquistar el estado monárquico y hacerlo funcionar en su beneficio, a menudo con un apetito de obtención de señoríos, rentas y poder que ponía en peligro la.
misma existencia de aquél, aunque tal existencia era la premisa indiscutida y el marco donde el poder noble se desarrollaba<fnref n="28" />.

Los patriciados, aristocracias u oligarquías locales -que con los tres nombres se les conoce y así venimos utilizándolos indistintamente- experimentaron algunos cambios y ampliaron en el siglo XV sus criterios de composición, que ya eran bastante complejos desde que habían comenzado a desarrollarse en la segunda mitad del XIII: "la consolidación de la nueva red urbana, la ordenación regional de los espacios económicos, una acentuada comercialización de la producción agrícola y una relevante -al menos en términos cuantitativos- actividad comercial, financiera y artesanal produjeron, incluso a nivel social, una serie de cambios y rupturas que hicieron de los grupos dominantes algo netamente diferente de aquella nobleza local de tradición, de implantación y de características "feudales" que había dominado en los siglos precedentes" (P. Iradiel)<fnref n="29" />.

Los grupos de caballeros y hombres principales que estaban al frente de la vida política y social en sus localidades tenían casi siempre una composición heterogénea debido a la misma movilidad interna y a la apertura del grupo a miembros nuevos, enriquecidos a veces en el comercio y las finanzas, procedentes de la administración regia, segundones de casas de alta nobleza o, con mayor frecuencia, beneficiarios de las abundantes promociones nobiliarias que depararon las guerras castellanas de la época Trastámara. Incluso la fracción compuesta por nobles de sangre -hidalgos,

<footnote n="28">²⁸Primera interpretación global en Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ, *Nobleza y Monarquía*, Valladolid, 1958 (2ª ed. 1975). Vid. también mi trabajo, *La couronne et la noblesse au temps des Rois Catholiques*, en "Pouvoir et institutions en Europe au XVIème siècle", Paris, 1987, pp. 75-87. Los trabajos de María Concepción QUINTANILLA RASO, en especial, *Historiografía de una élite de poder: la nobleza castellana bajomedieval*, "Hispania", 175 (1990), pp. 719-736. Los de Isabel BECEIRO PITA, *Doléances et ligues de la noblesse dans la Castille de la fin du Moyen Age (1420-1464)*, y Adeline RUCQUOI, *La lutte pour le pouvoir en filigrane de l'historiographie trastamariste*, ambos en "Genèse médiévale de l'Espagne moderne: du refus à la revolte: les resistances", Nice, 1991, pp. 107-126 y 127-144. Y el reciente libro de síntesis de Marie Claude GERBET, *Les noblesses espagnoles au Moyen Age. XIe-XVe siècle*, Paris, 1994.</footnote>

<footnote n="29">²⁹Paulino IRADIEL, *Formas del poder y de la organización de la sociedad en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media*, en "Estructuras y formas del poder en la historia", Salamanca, 1991, pp. 23-49. Y mis trabajos, sobre diversos aspectos de la economía y relaciones mercantiles, *Las ferias de Castilla. Siglos XII a XV*, Madrid, 1994 (2ª ed.), *Fiscalidad regia y sector terciario en la Andalucía bajomedieval*, "Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza", Sevilla, 1982, pp. 7-38, *Almojarifazgo sevillano y comercio exterior de Andalucía en el siglo XV*, "Anuario de Historia Económica y Social", 2 (1969), pp. 69-116, y *Economía y poder en la Castilla del siglo XV*, en "Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media", ed. A. Rucquoi, Valladolid, 1988, pp. 371-388.</footnote>
caballeros de linaje- no estaba entonces enteramente cerrada, ya que la hidalguía se alcanzaba mediante demostración de haber tenido la familia durante tres generaciones franquezas fiscales, tren de vida caballeresco y aceptación social de su nobleza o, frecuentemente, por privilegio real, a pesar de que este procedimiento no fuera conforme al derecho tradicional castellano, pues el rey puede hacer caballero mas no hidalgo. Es evidente que ambos procedimientos eran puertas abiertas de cierta importancia y que contribuían a satisfacer la aspiración de acceso a la nobleza. Las llamadas Leyes de Córdoba, en 1492, en que se reguló mejor el procedimiento de admisión a la hidalguía, tuvieron gran importancia estabilizadora y sirvieron para consolidar muchas situaciones creadas en los anteriores deceíños<fnref n="30" />.

La segunda aspiración, concordante con la anterior, era conseguir formas de concentración del patrimonio y rentas por vía hereditaria que garantizaran la permanencia de la familia en los rangos aristocráticos, e incluso disponer de pequeños señoríos jurisdiccionales -ser señores de vasallos- y transmitirlos a los herederos. Fue habitual utilizar un procedimiento

<footnote n="30">³⁰Marie-Claude GERBET, *Les guerres et l'accès à la noblesse en Espagne de 1465 à 1592, "Melanges de la Casa de Velázquez", VIII, 1972*, pp. 295-326, *La noblesse dans le Royaume de Castille. Étude sur ses structures sociales en Estrémadure (1454-1516)*, Paris, 1979, *La population noble dans le royaume de Castille vers 1500: la répartition géographique de ses différents composantes*, "Anales de Historia Antigua y Medieval", 1977-1979, pp. 78-99, Essai sur l'apparition d'une moyenne noblesse dans l'Estremadure de la fin du Moyen-Age, "Anuario de Estudios Medievales", 16 (1986), pp. 557-570, y, en colaboración con Janine FAYARD, *Fermeture de la noblesse et pureté de sang dans les concejos de Castille au XVe siècle à travers les procès d'hidalguía*, "En la España Medieval", 6 (1985), pp. 443-474. Denis MENJOT, *L'élite du pouvoir à Murcie au Bas Moyen-Age*, "En la España Medieval", 10 (1987), pp. 535-566, *La ville et l'Etat moderne naissant: la monarchie et le concejo de Murcie dans la Castille des Trastamares d'Henri II à Henri IV*, en "Realidad e imágenes del poder. España a fines de la Edad Media", Valladolid, 1988, pp. 115-136, *Hidalguía et caballería à Murcie: contours sociaux d'une aristocratie urbaine du XIIIe au XVe siècle*, en "Les sociétés urbaines...", pp. 219-228, así como su tesis doctoral inédita, *Murcie (1243-milieu XVe siècle)*. Une ville méditerranéenne périphérique dans la Castille du bas Moyen Age, Université de Nice, 1990. María Ll. MARTÍNEZ CARRILLO, *Revolución urbana y autoridad monárquica en Murcia durante la Baja Edad Media (1395-1420)*, Murcia, 1980. Para Toledo, Jean-Pierre MOLÉNAT, *La Terre et la Ville. Campagnes et Monts de Tolède du XIIe au XVe siècles*, cit., y, *La noblesse tolédane au XVe siècle et ses origines*, en "Les sociétés urbaines...", pp. 203-218. Para Andalucía, mis trabajos, *Aristocratie et régime seigneurial dans l'Andalousie du XVème siècle*, "Annales ESC", 6-1983, pp. 1346-1368, *Andalucía en el siglo XV*, ya citado. María Concepción QUINTANILLA RASO, *Estructuras sociales y familiares y papel político de la noblesza cordobesa (siglos XIV-XV)*, "En la España Medieval", 3 (1982), pp. 331-352, y, *El dominio de las ciudades por la nobleza. El caso de Córdoba en la segunda mitad del siglo XV*, "En la España Medieval", 10 (1987), pp. 109-124. John EDWARDS, *Politics and Ideology in Late Medieval Córdoba*, "En la España Medieval", 4 (1984), pp. 277-304. Rafael SÁNCHEZ SAUS, *Caballería y linaje en la Sevilla medieval*, Sevilla/Cádiz, 1989.</footnote>
clásico en el derecho testamentario hispánico, que permitía concentrar a favor de un hijo, además de su *legítima*, el llamado *tercio de mejora* y el quinto de *libre disposición*. Paulatinamente, además, los patriciados urbanos accedieron al derecho de usar el régimen de *mayorazgo* o vinculación de bienes a favor de un solo heredero generación tras generación: el *mayorazgo* estaba generalizándose entre la alta nobleza desde 1369 y la disposición dada por Fernando V en 1505 (*Leyes de Toro*) permitiendo que pudiera establecerse hasta cierto límite sin expreso privilegio o permiso regio fue muy beneficiosa para las oligarquías locales.

Pero aun teniendo en cuenta la relativa heterogeneidad de orígenes y la no equiparación jurídica y social completa entre hidalguía y caballería, los grupos oligárquicos consolidaron en aquella época su homogeneidad de hecho y acentuaron sus rasgos tradicionales de identificación social, como son la capacidad para la vida urbana, el culto a los ideales caballerescos y la adopción en lo que les era posible del modo de vida noble, la aceptación de diversas fuentes de renta como medio para sostener un nivel de riqueza muy superior al del resto del vecindario pero también muy por debajo del propio de la alta nobleza: aunque se prefería las rentas procedentes de la tierra y del ejercicio y disfrute del poder o de la merced regia, y se rechazaba, en general, la práctica directa de oficios de comercio o artesanía, no ocurría lo mismo con las rentas que procedían indirectamente de actividades propias de aquellos sectores de la economía. En estos aspectos hay diferencias notables entre miembros del patriciado y también según los tipos y tamaños de ciudades y sus dedicaciones económicas.

La madurez de los patriciados y su dominio de la vida concejil fueron compatibles, sin embargo, con una evidente debilitación de su fuerza política en el nivel o escenario general de la Corona durante los tres primeros cuartos del siglo XV, que se manifestó, ante todo, en la escasa operatividad de las Cortes, a pesar de sus frecuentes reuniones, en el hecho de que sólo fueran convocados a ellas representantes de diecisiete ciudades, cuando en el siglo XIV habían intervenido muchas más, y también en la incapacidad de aquellos patriciados, como parte de la "sociedad política" castellana, para actuar como una tercera fuerza con voz propia y autónoma en unas situaciones bipolarizadas en los diálogos y pugnas entre reyes y grandes nobles. De modo que los procedimientos y tendencias oligárquicos plenamente consolidados desde el segundo tercio del siglo XIV fueron útiles para estabilizar el dominio de los patriciados en las municipalidades pero insuficientes, e incluso contraproducentes, para asegurar el peso y el
papel de éstas en la vida política general. Esto incidió a su vez en las situaciones por las que atravesó la de las mismas ciudades, como veremos a continuación.

## 2. Las situaciones de la vida política local

### a) La presencia del poder regio

Enrique III reanudó el envío de corregidores a diversas ciudades, rompiendo la resistencia de los poderes locales, que veían siempre como intromisión la presencia de aquellas "justicias de fuera" y pretendían que, al menos, se limitara en el tiempo -un año- y a los casos en que lo pidieran ellos mismos. No obstante, la agudización de las luchas de bandos y los desórdenes ocurridos durante su minoridad, dieron argumentos al rey para llevar a cabo su iniciativa, a partir de 1394 y 1396, a pesar de las críticas de las Cortes desde 1401³¹.

El corregidor enriqueño cubría campos de actuación más amplios que los previstos en tiempos de Alfonso XI. Es, escribe A. Bermúdez Aznar, "un oficio extraordinario por vía de comisión, de nombramiento real, movible a voluntad del monarca, pagado por el concejo y sometido a las responsabilidades inherentes al ejercicio de sus funciones mediante el juicio de residencia. Respecto a sus facultades puede decirse que eran tan amplias que lo convertían en un auténtico factotum del rey en la localidad, siendo muy pocas las materias que escapaban a su competencia": justicia -con suspensión de los jueces o alcaldes locales-, presidencia del cabildo o asamblea de regidores -desplazando al o a los alcaldes y al alguacil-, potestad de ordenanza, dirección de la milicia urbana y control de toda actividad y fuerza militar.

Pero, una vez muerto Enrique III en 1406, la presencia de corregidores se hizo mucho más parcial y discontinua porque dependió de la capacidad de acción política efectiva de los reyes y del juego de situaciones en cada momento. Desde 1447 se tiene noticia de otro tipo de enviado regio a algunas ciudades, el Asistente, cuyas facultades eran algo menores que las del corregidor. Y, en tiempos de Enrique IV, ocurrieron incluso revueltas

<footnote n="31">³¹Emilio MITRE FERNÁNDEZ, *La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III de Castilla*, Valladolid, 1969.</footnote>
urbanas contra la presencia de corregidores y asistentes, por ejemplo en Alcaraz o en Sevilla<fnref n="32" />.

El principio quedaba sentado, sin embargo, y también su aceptación más o menos completa según cuales fueran las circunstancias. Por lo demás, los reyes ejercían una amplia gama de influencias políticas sobre las ciudades de realengo. Primero, mediante su actividad legislativa y otras disposiciones tomadas por organismos de la Casa y Corte o por el Consejo Real. Segundo, a través de la actuación de organismos u oficiales reales de la administración central o territorial radicados en algunas ciudades, como era el caso de la Chancillería o Audiencia en Valladolid, de los Adelantados Mayores en Murcia o Sevilla y del Almirante en esta última ciudad, o de los alcaides de alcázares reales existentes en las ciudades principales, cuando su nombramiento no había sido cedido o no estaba mediatizado por el respectivo concejo, ya que, además, aquellos oficiales tenían voz y voto en el cabildo municipal. Y, tercera posibilidad, nombrando directamente regidores en algunos casos.

A esto hay que añadir las redes de intereses e influencias que se tejían en torno a las cecas o Casas de Moneda y a las Aduanas, donde las había, y al arrendamiento y recaudación de rentas regias<fnref n="33" />. Los nombramientos de las personas encargadas de aquellas actividades correspondían al poder real, que así ganaba y acumulaba voluntades políticas en muchas localidades.

Y, por supuesto, el rey tenía la capacidad de ordenar la movilización de las huestes concejiles y mandar a las autoridades locales los términos en que debía desarrollarse en cada caso.

Los reyes de la casa de Trastámara desarrollaron mucho más intensamente que sus antecesores la promoción y propaganda de la "imagen del poder real" en las ciudades, que recorrían con su Corte itinerante, pues en Castilla no había entonces capital política. Procuraban compensar así los flancos débiles de su poder y a la vez seguían una corriente general en la

<footnote n="32">³²Agustín BERMÚDEZ AZNAR, *El asistente real en los concejos castellanos bajomedievales*, en "Actas del II Symposium de Historia de la Administración", Madrid, 1971, pp. 223-251. Sobre Alcaraz, Ángus MACKAY, *Anatomía de una revuelta urbana: Alcaraz en 1458*, Albacete, 1985.</footnote>

<footnote n="33">³³Vid. mis trabajos, *La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV*, La Laguna de Tenerife, 1973, *El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal*, Barcelona, 1982, y, *Cortes de Castilla y León y fiscalidad regia (1369-1429)*, en "Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media", I, Valladolid, 1988, pp. 289-373.</footnote>
Europa de entonces que contribuía también al desarrollo y fortalecimiento del estado monárquico. Hay "entradas reales" más solemnes a partir de Alfonso XI, reconstrucción de alcázares-palacios desde Pedro I, *alegrías* pagadas por cada municipio con motivo de comienzos de reinado, matrimonio regio, nacimiento de infantes, triunfos guerreros, etc., celebración de funerales regios, y grandes fiestas caballerescas tanto en el siglo XIV -de nuevo Alfonso XI sería el iniciador- como, sobre todo, en el XV. Todas aquellas ocasiones introducían mejor en la mentalidad colectiva un conjunto de imágenes consolidadas sobre las jerarquías socio-políticas, las relaciones entre sociedad y poder, y la ubicación de la ciudad en un ámbito más amplio de dominio político cuyo titular supremo es el monarca<fnref n="34" />.

En resumen, la debilidad regia en el ejercicio continuo o eficaz de su poder en las ciudades de realengo se debía más a circunstancias de la práctica política que a carencias institucionales: recordemos, para añadir un elemento de comprensión fundamental, cómo la nueva dinastía, en especial a partir de Enrique III, había introducido la pragmática como forma de legislar -sin abandonar las anteriores- con lo que la libertad regia de actualización legislativa aumentaba claramente pues se ejercía en la pragmática de motu proprio, mediando condiciones no pacticias, que dependían sólo del criterio del rey (ex certa scientia, justa causa) y de su poderío real no ordenado sino absoluto. Así, cuando las circunstancias políticas cambiaron, desde 1476-1480, y con ellas las formas de ejercer el control y preeminencia reales, la "sumisión" de los poderes municipales se llevaría a cabo utilizando los cauces ya establecidos, sin crear ningún otro.

### b) Las intervenciones de la alta nobleza

La alta nobleza castellana tuvo una de las bases de su poder en los señoríos jurisdiccionales, cuyo número e importancia creció enormemente entre 1369 y 1474, y otra en el control de las instituciones monárquicas,

<footnote n="34">³⁴Vid. un resumen de la cuestión y bibliografía en mi trabajo, *La fiesta en la Europa Mediterránea Medieval*, Prato, 1994, XXVI Settimana Storia Economica del Ist. F. Datini, 1994, en prensa. José Manuel NIETO SORIA, *Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara*, Madrid, 1993.</footnote>
pero también las ciudades de realengo fueron un campo importante para su acción política durante aquel siglo<fnref n="35" />.

Comencemos por aspectos del auge señorial que, de una u otra manera, han afectado a las sociedades y poderes de municipios realengos: en muchos señoríos, los nobles, interesados en el comercio y la artesanía, y en las rentas que derivaban de ambas actividades, acogieron a grupos sociales predominantemente urbanos, que eran marginados o perseguidos en las áreas de realengo: así, el crecimiento en número e importancia de las juderías en lugares señoriales obedecería en buena parte a la dispersión producida tras las persecuciones de 1391 y los años de intenso proselitismo, entre 1407 y 1414, y la cantidad muy considerable de judeoconversos que se observa en bastantes señoríos del sur a fines del siglo XV parece deberse a éxodos ante la violencia de los altercados contra ellos ocurridos en diversas ciudades en los decenios anteriores y a la actuación de la Inquisición a partir de 1481, mucho más intensa, en principio, en el realengo.

Además, muchos nobles proporcionaron en diversos momentos facilidades fiscales a quienes se acogían a sus señoríos, en forma de establecimiento de ferias y mercados francos, exención de alcabalas reales y de pedidos otorgados por las Cortes, etc. Todo ello era ilegal, y en gran parte cesó desde 1480, pero antes permitió tanto la atracción de pobladores como el auge de los núcleos urbanos enclavados en los señoríos.

El número de estos núcleos, en general ciudades de tamaño medio o pequeño, fue muy considerable. Varias decenas de municipios urbanos quedaron así sujetos al régimen señorial, y otros sufrieron intentos de señorialización frustrados. Las relaciones de aquellos concejos con los señores obedecen al mismo modelo que las mantenidas por los de realengo con el rey, pero es frecuente un grado más alto de sujección a la voluntad señorial, un desvanecimiento todavía mayor de la capacidad de acción autónoma de los concejos, y situaciones difíciles para las oligarquías locales, cuyas consecuencias varían, según sus miembros, entre la emigración y el sometimiento.

<footnote n="35">³⁵Sigo, a partir de aquí, buena parte del contenido y argumentos de mis trabajos, *Corona y ciudades... y Andalucía en el siglo XV*, ya citados, y de otro ensayo más reciente: *El modo de vida noble y su entorno social y cultural en Andalucía a fines de la Edad Media: Guzmanes y Ponces*, en "II Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia", Madrid, 1994, pp. 291-318.</footnote>
Estos menoscabos afectaban indirectamente a las ciudades de mayor importancia, donde había patriciados más fuertes: se extendió en ellas el temor a ser *apartadas* de la Corona real y abundaron las peticiones a los monarcas para que se comprometieran formalmente a no enajenarlas y, al mismo tiempo, a asegurar la defensa y confirmación de sus privilegios. Algunas ciudades eran entregadas en señorío vitalicio o temporal a las reinas o a los herederos del trono -sobre todo desde que se creó para ellos el título de Príncipe de Asturias-, lo que venía a ser otro medio de defenderlas contra las apetencias de grandes nobles, pero también de marcarlas con un signo de señorialización que podía servir, llegado el caso, como precedente.

Además, muchos miembros de la alta nobleza tenían señoríos próximos a ciudades de realengo y residencia habitual en ellas, y a menudo imponían su dominio y voluntad, con detrimento tanto de la autoridad regia como de la autonomía de gobierno que tuviera el correspondiente concejo, justicia, regidores, caballeros y hombres buenos. La presencia de grandes nobles influía en los mismos cauces y pulsaciones colectivos de la vida ciudadana y su poder se manifestaba a través de ellos: sobre el paisaje y reparto zonal, por la importancia de sus palacios o casas mayores, por el control de barrios enteros y por el amparo a las parroquias o conventos donde estaban sus capillas funerarias; sobre la actividad económica, al concentrar en la ciudad buena parte de sus rentas y ser propietarios de bienes diversos en la ciudad; sobre la vida social y cultural, al crear en torno a ellos séquitos y clientelas de criados y allegados seglares y eclesiásticos que eran hombres del gran noble antes que vecinos de la ciudad.

Los medios políticos principales de que los nobles se valían para conseguir sus propósitos de dominio eran el ejercicio de oficios y la obtenición de rentas de la monarquía en las ciudades -a los oficios que ya se han citado, adelantados mayores, almirantes, alcaides, cabe añadir algunos otros como, en el caso de Cuenca, el de guardamayor- y también el control de oficios concejiles principales, transmitidos a menudo hereditariamente en virtud de merced regia, que les permitían presidir las reuniones de tal o cual cabildo como alcaldes mayores, o, al menos, tener voz y voto en ellas, o bien dirigir la hueste concejil como alguaciles mayores, de modo que nadie más interesado que ellos, si tenían estos oficios, en que no hubiera corregidor real, pues su presencia a menudo los dejaba en suspenso.

Y, sobre todo, encabezaban los bandos de las oligarquías locales, de modo que así conseguían mejor sus fines de dominación. Para obtener
allegados era frecuente la entrega de cantidades fijas que permitían al ban-
derizo vivir a costa de su patrono, al menos en parte, a cambio de la pres-
tación de servicio militar a caballo: esta práctica, denominada acostamien-
to, es una forma de "feudalismo bastardo" que guarda semejanzas con las
inglesas de la época. En otros casos, el noble contaba también con vasallos
propiamente dichos entre los caballeros de la ciudad, lo que perturbaba la
relación entre el rey y los miembros de la aristocracia local: por eso, ya
Alfonso X había procurado que los caballeros más poderosos fueran vasa-
llos suyos o del infante heredero, y por eso, al cabo, se consideraría ilegal
que los grandes nobles concertaran contratos de vasallaje o de acostamiento
con caballeros de las plazas de realengo, al menos en las que ellos mismos
tuvieran residencia habitual o en las que estuvieran próximas a sus seño-
ríos.

El resultado de aquellas prácticas, agudizadas durante los períodos
de desorden político general, entre 1441 y 1449 y 1464 y 1477, era la su-
peditación de la vida política concejil a los fines de la alta nobleza, mien-
tras que los patriciados urbanos no eran capaces, a menudo, de crear su
propia opción o alternativa política en el escenario de la Corona, sino que
se limitaban a reproducir las de tal o cual partido nobiliario, así como imi-
taban y aceptaban también sus ideales sociales, no sin añorar a menudo una
monarquía más fuerte o una restauración del mayor poder efectivo que las
Cortes habían tenido antaño<fnref n="36" />.

Hubo miembros y familias de la alta nobleza más intervencionistas y otros menos, de modo que las situaciones variaron, de una ciudad a otra, pero los efectos de las realidades que acabo de describir se dejaban sentir en todas. No alteraban, o apenas, la forma institucional de los gobiernos municipales, pero sí su eficacia y resultados, así como la capacidad concejil para administrar, controlar y evitar usurpaciones de rentas, fuentes de riqueza, recursos y bienes raíces de la urbe y de su territorio.

En resumen, a lo largo del siglo XV, hasta la pacificación de 1476-
1480, las ciudades de realengo fueron más bien víctimas de las pugnas en-
tre monarquía y alta nobleza, al verse mediatizadas por los grandes nobles
en lucha y sujetas a una presión mayor de la fiscalidad monárquica, mien-
tras que las zonas señoriales se libraban mejor de ella al amparo de sus

<footnote n="36">³⁶Joaquín SALCEDO IZU, *La autonomía municipal según las cortes castellanas de la Baja Edad Media*, "Anuario de Historia del Derecho Español", 50 (1980), pp. 223-242.</footnote>
titulares. Los vecinos de aquellas ciudades padecieron más que nadie los abusos generados por desórdenes y anarquías. Las usurpaciones de poder, tierras y rentas concejiles estuvieron a la orden del día, e incluso la transferencia completa de jurisdicción, cedida por el rey a algún alto noble.

Las oligarquías urbanas, a pesar de su dominio local, habían sido perjudicadas por el auge de la alta nobleza porque veían amenazado o disminuido el ámbito de poder e influencia en el que estaban instaladas y encabezaron bastantes episodios de "resistencia al dominio señorial", o a la prepotencia nobiliaria, organizando al resto de la población afectada en un frente de intereses comunes defensor de la potencia e unión de la Corona real. Su pro-monarquismo se explica, pues, porque sólo una realeza fuerte sería el escudo protector de sus propios intereses políticos.

### c) La evolución de los gobiernos municipales

Por debajo de la continuidad en las instituciones y formas de gobierno, que es muy grande a partir de las reformas de Alfonso XI, la vida política concejil siguió produciendo innovaciones de importancia. En el plano de la simbología e imagen del poder, proliferan las manifestaciones de identidad ciudadana: relatos histórico-fabulosos sobre los orígenes, obtención de títulos ennoblecedores de la urbe, empleo más profuso de signos heráldicos y de otros tipos, etc.. En el ámbito de la actividad normativa o, más bien, reglamentaria, aumenta mucho la promulgación de ordenanzas por los cabildos municipales. Ambos aspectos muestran cómo la decadencia del poder de las ciudades de realengo en la política global de la Corona era compatible con el desarrollo del que ejercían en su administración interna y con la plena conciencia que se tenía de la ciudad como "persona" colectiva, con identidad no sólo jurídica sino también histórica y simbólica siempre en el marco común del reino, de modo que el sentimiento de patria local y el general -ser natural de Castilla- estaban plenamente fundidos, al menos según los testimonios historiográficos de la época<fnref n="37" />.

<footnote n="37">³⁷ Adeline RUCQUOI, *Des villes nobles pour le Roi*, en "Realidades e imágenes del poder...", Valladolid, 1988, pp. 195-214. Y mi trabajo, *El pasado histórico-fabuloso de España en los nobiliarios castellanos a comienzos del siglo XVI*, "Estudios de Historia y de Arqueología Medievales" (Cádiz), IX (1993), pp. 55-80.</footnote>
El cabildo, compuesto por los regidores con los alcaldes y alguacil, mantenía todo el poder en sus manos. Pero fueron produciéndose ciertas alteraciones en las formas de acceso a estos oficios. En teoría, seguía sien- do preceptivo el nombramiento regio y aunque, casi siempre, se limitaba a una confirmación del candidato propuesto o sorteado, otras veces el rey ejercía su potestad y nombraba regidores a personas de su confianza o entorno político, de modo que aquellos individuos, forasteros a veces, otras vecinos ya de la locali- dad, eran un respaldo más a la presencia del poder regio. Pero el rey tam- bién aceptaba con mucha frecuencia que las regidurías fueran vitalicias y, de hecho, hereditarias, cumpliendo los trámites de presentación y acepta- ción del nuevo regidor por el cabildo y de nombramiento-confirmación regia; a veces, las transferencias de titularidad se hacían en vida, por re- nunciación del anterior regidor en el nuevo, con frecuencia hijo suyo o pariente próximo, aunque también podía ser alguien que, en realidad, había comprado el oficio.

En cualquier caso, el dominio oligárquico se mantenía sin fisuras, pero el aumento de individuos y grupos de la misma oligarquía urbana ale- jados habitualmente del poder local en su nivel máximo, que era el regi- miento, obligaba en muchas partes a acrecentar el número de regidurías muy por encima del que inicial o legalmente debía ser: en otras publicacio- nes he citado el caso extremo de Córdoba, donde en 1480 había 114 regi- dores, en lugar de los 24 que correspondería.

También estaban ya habitualmente en manos de miembros de la aristocracia local otros oficios de menor importancia: a menudo hay una relación entre el nivel que el individuo o su casa tienen en el interior del grupo oligárquico y la relevancia del oficio que ocupa. Y, lo que es más, ejercían también oficios de control del cabildo que normalmente deberían haber correspondido a personas procedentes de otros grupos: *jurados, fieles ejecutores, procuradores...* Los nombres y las situaciones locales variaban pero el hecho era frecuente. En aquellas condiciones, la marginación políti- ca del resto del vecindario era muy fuerte: sólo en algunas ciudades, en especial de la *extremadura*, se había articulado alguna forma de organiza- ción y representación del común, a través de sistemas de *cuadrillas y pro- curadores* casi siempre distintos para la ciudad y para la tierra. Los inten- tos para ejercer o conquistar algunas parcelas de poder y participación polí-
tica desde bases tan exiguas dificilmente tendrían éxito o resultados duraderos más allá de niveles muy modestos<fnref n="38" />.

El monopolio permitía a quienes lo ejercían combinar frecuentemente el ejercicio de una política visible al servicio del *pro comunal*, es decir, del aparato institucional de poder que dominaban, con otra oculta en la que se servían de él para sus fines particulares: además de practicar el clientelismo hacia grandes nobles, como ya hemos señalado, los poderosos se apropiaban de términos, privatizaban usos comunales, utilizaban en su beneficio, directa o indirectamente, la gestión de rentas concejiles o de oficios que les otorgaban más poder, como sucedía con las *alcaidías* o tenencias de castillos situados en el territorio de la ciudad. A veces, incluso, se tallaban pequeños señoríos en él.

Las causas de tensión más frecuentes, sin embargo, no tenían mucho que ver directamente con aquel monopolio de poder, ni siquiera con sus abusos en *mengua de justicia* o con la marginación del común, sino con las luchas internas entre bandos y parcialidades de la misma oligarquía, y con las de carácter general del reino, en las que se veía involucrada y que, a menudo, provocaban la exacerbación de aquéllas. Las luchas de bandos no ponían en peligro el orden socio-político local sino que, por el contrario, estimulaban las alianzas de tipo vertical, entre individuos de grupos sociales diferentes, y creaban vinculaciones y fidelidades que ocultaban o bloqueaban tensiones horizontales, entre unas y otras clases, de modo que eran más bien un mecanismo de estabilidad. Pero un mecanismo indeseable por su violencia, que era real aunque no fuese transformadora o revolucionaria: se ha escrito que eran "pequeñas riñas de sociedad", "una violencia ritualizada, estilizada simbólicamente, que no creaba más que desasosiegos

<footnote n="38">³⁸ Además de las muchas obras ya citadas sobre diversos concejos, son de interés para esta época, Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, *El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (1464-1523)*, Sevilla, 1973. Yolanda GUERRERO NAVARRETE, *Organización y gobierno de Burgos durante el reinado de Enrique IV de Castilla*, Madrid, 1986. Yolanda GUERRERO NAVARRETE y José María SÁNCHEZ BENITO, *Cuenca en la Baja Edad Media: un sistema de poder*, Cuenca, 1994. Hilario CASADO ALONSO, *Una familia de la oligarquía burgalesa del siglo XV: los Alonso de Burgos-Maluenda*, en "La Ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos", Valladolid, 1985, pp. 143-162, y, *Oligarquía urbana, comercio internacional y poder real: Burgos a fines de la Edad Media*, en "Realidad e imágenes...", Valladolid, 1988, pp. 325-348. También, José María MONSALVO ANTÓN, *La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos*, "Studia Historica", VII-2 (1989), pp. 37-93. Máximo DIAGO HERNANDO, *El "común de los pecheros" de Soria en el siglo XV y primera mitad del XVI*, "Hispania", 174 (1990), pp. 39-91.</footnote>
pasajeros y previstos de antemano. Había pocos heridos, rara vez algún muerto" (Monsalvo). Lo referente a la ritualización y el simbolismo es cierto pero, a mi parecer, la previsibilidad y levedad de los enfrentamientos no tanto, al menos en muchos casos donde degeneraron en choques sanguíneos, destrucciones, bloqueos y dificultades para la actividad económica, opresiones y exilios de importancia que afectaban con frecuencia, más que a los poderosos, a gentes de condición humilde, de baja calidad -léase baja consideración social-, a los menudos, por utilizar otro término de la época, y los dejaba desprotegidos en aquellos momentos de inseguridad y riesgo, sobre todo cuando el conflicto local se solapaba con otro de carácter más amplio. Las medidas de restauración del orden público, ejercicio de la justicia y pacificación de banderías que desarrollaron los Reyes Católicos fueron populares porque eran gentes del pueblo quienes más habían sufrido aquellas violencias.

Algunas transformaciones y fenómenos sociales, sobre todo desde mediados del siglo XV, abrieron posibilidades de cambio en la forma y gestión de los gobiernos locales aunque no llegaron a realizarse o consolidarse casi nunca. De una u otra forma, reavivaban, en condiciones nuevas, la conciencia de universitas o comunidad, como fundamento de los orígenes y la realidad concejil, y llevaban a demandar una participación en el gobierno. No hay que ver en ello una resurrección de los enfrentamientos entre común y caballeros propios del último tercio del siglo XIII y primero del XIV, aunque las partes en conflicto seguían denominándose así, sino, más bien, una toma de postura política ante las insuficiencia del gobierno por regimiento y la marginación a que sometía al conjunto de la población.

Los promotores de aquellas reivindicaciones solían ser personas dedicadas a actividades mercantiles, artesanales y de servicios, es decir, pertenecientes a los las burguesías o grupos de medianos de las sociedades urbanas, así se les denominaba con frecuencia en la época, cuyo número, poder y capacidad de toma de conciencia aumentaba sobre la base del crecimiento económico, lo que les permitía más facilmente actuar como "elite del común"<fnref n="39" />. También, caballeros al margen del poder, aunque con me-

<footnote n="39">³⁹Vid., por ejemplo, María Isabel del VAL, *Aproximación al estudio de la estructura social de una villa mercantil castellana a fines de la edad media: Medina del Campo*, en "Les sociétés urbaines...", pp. 73-104, *Ascenso y lucha por el poder en las ciudades castellanas del siglo XV*, "En la España Medieval", 17 (1994), pp. 157-184, y *Oligarquía versus común (consecuencias sociopolíticas del triunfo del regimiento en las ciudades castellanas)*, "Medievalismo" (Madrid), 4 (1994), pp. 41-58. Aurelio PRETEL MARÍN, *La "comunidad y república"*</footnote>
nor frecuencia dada su más fácil inserción en las solidaridades de bando. Pero la mayoría de la población pechera -los menudos- y muchos marginados se limitaban a ser utilizados como masa de maniobra por los dueños del poder o bien padecían sus enfrentamientos.

Ahora bien, los menudos serían en torno al 80 por 100 del vecindario en ciudades de importancia frente a no más de un 15 de los medianos y un cinco de los caballeros, y los promotores de cambios casi nunca pudieron contar con los primeros. Al contrario, la gran mayoría de la población era más facilmente movilizable por los poderosos, y resultaba sencillo enfrentarla a los medianos porque en el seno de este grupo se hallaban muchos de los judeoconversos y sus descendientes, que contaban con la antipatía popular convenientemente cultivada. La agudización de esta antipatía y tensión específica desde los años cuarenta del siglo hizo que en Toledo y otras ciudades de la mitad S., sobre todo, muchas de las banderías en lucha incorporaran a su programa el ingrediente anti-converso, por la popularidad que les aportaba.

Aquella situación dificultó el desarrollo de cualquier cambio propuesto desde los grupos medianos de la sociedad. Se ha escrito también que el acceso de judeoconversos a oficios concejiles habría añadido otro motivo a los enfrentamientos pero conviene recordar que en ningún momento los conversos actuaron como un grupo social homogéneo, y que fueron pocos los que accedieron a aquellos oficios, en especial a las regidurías y otros de categoría superior, salvo en el caso de Burgos donde, además, no parece que se haya utilizado este argumento en las luchas por el poder.

Los resultados de aquellas posibilidades de cambio fueron exiguos, breves y afectaron a pocas localidades. En puertos de la costa cantábrica y en Vitoria, las cofradías y corporaciones artesanas fueron la plataforma empleada para intentar una participación o, al menos, una forma de control del poder. En Burgos llegó a haber un gobierno municipal más abierto a la comunidad entre 1465 y 1475, durante la década caótica del reinado de Enrique IV, pero luego volvieron las formas tradicionales del patriciado. En ciudades del interior -caso de Valladolid entre 1464 y 1469- se utilizó a

<footnote>de Chinchilla (1488-1520). Evolución de la oposición popular al poder patricio, Albacete, 1989. Julio PARDOS MARTÍNEZ, Constitución política y Comunidad en Burgos a finales del siglo XV (reflexiones en torno a un documento de 1475), "En la España Medieval", 7 (1985), pp. 545-580. Reflexiones generales muy valiosas en Angus MACKAY, Popular Movements and Progroms in Fifteenth-Century Castile, "Past and Present", 55 (1972), pp. 33-67.</footnote>
las cuadrillas, en las que el vecindario se organizaba a efectos militares, como vehículo para proponer transformaciones. En Toledo, Sevilla y otras ciudades del S., las luchas de parcialidades se hicieron más virulentas a partir de 1462-1464 y en ellas se observaron a veces Sevilla y Jerez en 1462- movimientos de revuelta del común que desbordaban los marcos habituales de enfrentamiento entre bandos. En cambio, en los concejos de las extremaduras y otros organizados según el mismo modelo, donde el común tenía ya alguna forma de participación estamental, no parece que hubiera revueltas en aquellos años rotos del reinado enriqueño, pero es posible que individuos procedentes de los grupos con mayor conciencia política del común hayan dado mayor vitalidad al funcionamiento de tales oficios -procuradores, fieles, jurados-, lo que aumentaría las tensiones y reclamaciones al regimiento oligárquico aunque, como ya se indicó antes, muchas veces estaban en poder de gentes afectas o integradas en los patriciados.

Sin embargo, a pesar de tantas limitaciones, era patente el aumento de las expresiones y reivindicaciones políticas basadas en el concepto de comunidad y hubo de ser tenido en cuenta durante los decenios que siguieron.

Las mejores condiciones económicas facilitaron también el desarrollo de otra novedad que tiene poco que ver con las anteriores, aunque haya habido a veces influencias recíprocas o pueda haber añadido complejidad a situaciones concretas. Me refiero a la promoción de grupos de campesinos hacendados en bastantes lugares o aldeas de las tierras dependientes de concejos urbanos, pues aquellos individuos eran dueños de alguna mayor riqueza y capacidad de administración del poder concejal local. Fue frecuente que reivindicaran condiciones menos desiguales en la relación política y económica entre ciudad y tierra e incluso, más adelante, que procuraran la escisión del lugar respecto a la jurisdicción ciudadana. Los resultados se aprecian generalmente ya entrado en siglo XVI, por ejemplo en la nueva ordenación de comunidades de villa y tierra donde no había ya instituciones semejantes<fnref n="40" />, con objeto de regular mejor las relaciones entre ciudades de la extremadura y los lugares de sus territorios, o en la obtención por anti-

<footnote n="40">⁴⁰Para Segovia, v. los trabajos ya mencionados de M. Asenjo González y M. Santamaría Lancho. Las situaciones eran distintas según los puntos de partida: en Soria había una Universidad de la Tierra ya a comienzos del siglo XV, que agrupaba a los pecheros de las aldeas y representaba sus intereses ante el regimiento urbano. En Zamora y Toro había también de antiguo procuradores representantes de los concejos de la tierra.</footnote>
guas aldeas del título de villa y, con él, de jurisdicción propia e independiente, lo que venía a fragmentar la antigua tierra o alfoz en detrimento de la ciudad-cabecera.

## IV. NUEVOS EQUILIBRIOS Y REPARTOS DE PODER EN ÉPOCA DE LOS REYES CATÓLICOS (1475-1515)

El triunfo de Isabel I y Fernando V en la guerra civil de 1475 a 1479 trajo consigo la restauración del poder regio, de su efectivo ejercicio a través de los cauces institucionales ya establecidos y de su aumento a través de las medidas autoritarias tomadas por los monarcas<fnref n="41" />. En lo que se refiere a la política concejil, se consumó la tendencia tradicional castellana, esto es, la integración de los poderes municipales en el ámbito de poder territorial común de la Corona: no hay "sistemas urbanos" o, por decirlo mejor, concejiles autónomos más allá de ciertos límites, cada vez menores y más permeables al ejercicio del control monárquico.

### 1. Los medios para el establecimiento de la nueva situación

Los acuerdos con las principales casas de la alta nobleza, o la derrota de otras, entre 1475 y 1478, garantizaron el final de su intervención en la vida política de las ciudades, al menos en sus aspectos más llamativos. Algunos grandes nobles, incluso, dejaron de residir en ellas. Aunque parece que este final fue tajante en todo aquello que dañaba a la autoridad regia, en realidad hubo un respeto total a los intereses económicos y sociales de la alta nobleza en el medio urbano.

Una vez prohibido que los nobles concertaran acostamientos y pacitos de vasallaje en ciudades de su residencia o próximas a sus señoríos, así como que intervinieran en la formación o dirección de banderías, los concejos de realengo y los monarcas estuvieron en disposición de establecer un nuevo equilibrio en sus relaciones cuyas líneas generales fueron diseñadas en las Cortes de 1476 y 1480. Mientras tanto, en el transcurso de la guerra sucesoria y, en algunos casos, en otros momentos del reinado, Isabel y

<footnote n="41">⁴¹Panorama de la época en mi libro, *Los Reyes Católicos. La Corona y la unidad de España*, Madrid/Valencia, 1989.</footnote>
Fernando adoptaron algunas veces, no muchas, actitudes políticas ejemplares, como eran las órdenes de derribo de alcázares y castillos de las ciudades, o el ejercicio de la justicia personalmente en la ciudad (Sevilla, 1477).

Importan mucho más, sin embargo, las medidas generales: desde 1477-1480, el control de las administraciones municipales se hizo intenso y continuo a través del Consejo Real y del centenar de corregidores que dependían de él y que permanecieron ya en las ciudades, pagados con sus recursos de *propios*, de manera sistemática y fija, con instrucciones detalladas que se sistematizaron ya en 1493⁴².

Los procedimientos de reparto de oficios concejiles se perfeccionaron mediante la generalización de regímenes de sorteo o *rueda*, que hacían supérfluos los enfrentamientos de bandos. En otros casos se acentuó la patrimonialización de los oficios al conceder los reyes regidurías de por vida o autorizar que las heredaran hijos o allegados de sus beneficiarios. Por regla general, se intentó la reducción o eliminación de los oficios *acrecentados*, cosa que no siempre fue posible pues, por otra parte, los monarcas aumentaron los nombramientos directos de hombres de su confianza en muchos concejos y mantuvieron a veces a dirigentes concejiles que les habían sido fieles, aunque detentaran poderes excesivos obtenidos en la época anterior, como fue el caso de Luis de Chaves, cabeza del bando de los Altamirano, en Trujillo<fnref n="43" />. Así era difícil el auge de protagonistas políticos en las ciudades que resultaran molestos o peligrosos para la monarquía, y se encauzaba al régimen municipal en la tranquilidad e incluso en la rutena, en manos de la oligarquía correspondiente, aunque no faltaron momentos de tensión o retornos locales a estados de violencia.

La concepción que los reyes tenían sobre las formas y el alcance del régimen municipal se observa con toda su pureza en los establecidos de nueva planta para las poblaciones del reino de Granada y Canarias después de la conquista de aquellos territorios: las ciudades fueron dotadas con *tierras* a veces muy extensas, y el ordenamiento de 1494-1495, llamado antiaguamente *Fuero Nuevo* y aplicado en las plazas de *realengo*, salvo en Gra-

<footnote n="42">⁴²Marvin LUNENFELD, *Keepers of the City: The Corregidores of Isabella I of Castile (1474-1504)*, Cambridge, 1986. Diversos trabajos monográficos aquí citados aportan matices y rectificaciones.</footnote>

<footnote n="43">⁴³Carmen FERNÁNDEZ-DAZA ALVEAR, *La ciudad de Trujillo y su tierra en la Baja Edad Media*, Universidad Complutense de Madrid, Tesis Doctoral, 1990 (Ed. Badajoz, 1993), contiene un amplio estudio sobre esta localidad en los ss. XIII al XV).</footnote>
nada capital, preveía la rotación bienal de los oficios de alcaldes, alguacil, regidores y mayordomo entre miembros de cada oligarquía local, mediante un procedimiento de sorteo que luego se sometía a confirmación regia.

Aquellas nuevas situaciones no significaban ineficacia, sin embargo, en la medida en que posiblemente sirvieron para disminuir el absentismo en el ejercicio de los cargos y permitieron a la monarquía promover mejor la ordenación interna de la vida ciudadana en muchos aspectos, especialmente desde los años noventa del siglo: mejora urbanística, edificios públicos, reforzamiento de las haciendas locales mediante permisos para el cobro de contribuciones extraordinarias y, sobre todo, sistematización y puesta al día de las ordenanzas por las que había de gobernarse el municipio, e incluso mejor régimen en sus archivos, especialmente en lo que tocaba a la conservación de privilegios y cartas reales, actas de las reuniones de cabildo y libros de contabilidad, cosa que los historiadores actuales perciben de manera inmediata al abordar un volumen documental muy superior al de tiempos anteriores a 1475.

Además, aumentó claramente el ejercicio directo de la justicia y gobierno desde la Corte, y se complementó el que utilizaba como vehículo a los corregidores con la potenciación, cuando era posible, de los oficios de la administración regia presentes en algunas ciudades, y con el envío de delegados especiales de la jurisdicción real, como fueron los *pesquisidores* encargados de efectuar las diligencias que les encargaban los reyes directamente o el Consejo Real, y los *jueces de términos*, que el Consejo nombraba de acuerdo con lo establecido ante las Cortes de Toledo de 1480, y con precedentes de los años 1432 y 1450, aunque su presencia no se dejó sentir con fuerza antes del último decenio del siglo y decayó por completo después de 1515 por razones de hostilidad de los poderosos fáciles de comprender pues la actividad de los *jueces de términos* ponía al descubierto y trataba de resolver multitud de abusos relativos a la privatización de tierras baldías o de uso común, aguas, cañadas y caminos, y obligaba a restablecer los derechos comunales al pasto de barbecheras en tierras de propiedad privada. Como los autores de los abusos y usurpaciones eran, muy a menudo, grandes propietarios de tierra y miembros de los grupos dominantes de los concejos, la acción de la monarquía respondía en este aspecto a un deseo de equidad y restauración de las costumbres antiguas más incluso que al de ejercer la superior autoridad que le correspondía, pero producía una irritación peligrosa para el equilibrio de poderes, incluso en los términos ya establecidos, que eran más favorables que antaño para el regio.
Otras intervenciones eran menos conflictivas, por ejemplo las que se referían a la ordenación de la vida económica local, que se sitúa con mayor claridad dentro de proyectos de política económica general donde las ciudades son elementos de un sistema más amplio, nudos de una red que cubre todo el territorio de la Corona. No me detendré en exponer la importancia que tuvieron los proyectos para elaborar odenanzas reguladoras de la manufactura textil, o la reordenación del sistema de ferias, clave del comercio castellano, pero sí, en cambio, en algunas modificaciones sustanciales ocurridas en las relaciones que monarquía y ciudades sostenían en los ámbitos de la administración judicial, militar y hacendística, relativos, por una parte, a la reconstrucción de la Hermandad general en 1476 y a la gestión de las *alcabalas*. Pero estos aspectos y algunos otros deben ser analizados más detenidamente.

## 2. La Hermandad

Después de las reuniones de Cortes de 1476 y 1480 no vuelve a haber otras hasta 1498. Entre tanto, las Juntas anuales de la Hermandad de ciudades establecida por los iniciativa regia en 1476, según el precedente de la Hermandad de 1466-1468, vinieron a cumplir algunas de sus funciones principales. No se debe afirmar a la ligera que las Juntas fueran menos representativas o menos eficaces de lo que eran las Cortes en aquel momento de su historia: primero, porque en ambos casos son reuniones de enviados de ciudades bajo la presidencia de los reyes o de sus delegados, aunque es cierto que el control del desarrollo y de los asuntos a tratar por la asamblea eran mucho más estrictos en el caso de las Juntas de Hermandad. Segundo, porque a las Cortes sólo enviaban *procuradores* diecisiete ciudades, mientras que en las Juntas había *diputados* de muchas más, y los territorios no incluídos en la Hermandad castellana -y tampoco en las Cortes- disposían de sus propios organismos: Hermandades de Galicia, Alava y Vizcaya, Junta de Asturias.

Las atribuciones de petición de leyes, ejercidas por las Cortes, pasaron en aquellos años a otras vías, por ejemplo la de la *pragmática real*: no se debe olvidar que la potestad normativa correspondía sólo al rey. Y, respecto al otro gran ámbito de actuación de las Cortes, el hacendístico, conviene recordar que sólo tenían atribuciones efectivas en un punto, que era el otorgamiento de *servicios extraordinarios*. No los hubo mientras no se reunieron, sustituidos por las *contribuciones* que acordaban las Juntas
de Hermandad, pero con la ventajosa particularidad de que mientras los *servicios* se habían empleado antaño con frecuencia para fines distintos de aquéllos que motivaban su concesión, las *contribuciones* se empleaban siempre en lo acordado, si bien en ambos casos la gestión del cobro y gasto quedaba en manos de la monarquía, sin intervención de representantes de la institución.

La Hermandad acordó el cobro de una *contribución ordinaria* para sostener su aparato judicial y militar, que permitía la persecución de delincuentes y la resolución de los casos sobre los que tenía competencia. Pero también, durante el decenio de la conquista de Granada -1482 a 1491- otorgó una *contribución extraordinaria* que sirvió para contratar tropas y adquirir material, en sustitución de las huestes concejiles, que de otro modo tendrían que haber enviado directamente las ciudades de Castilla. Las de Andalucía sí que lo hicieron y no intervinieron en el pago de aquel gravamen extraordinario. Pero lo más importante era que aquel procedimiento abría un camino para pasar de la antigua organización de la fuerza militar ciudana, fragmentada por concejos, a una nueva milicia territorial controlada por la Hermandad. Una vez acabada la conquista de Granada, durante la primera crisis bélica con Francia en 1495-1496, aquella posibilidad estuvo a punto de plasmarse en la realidad mediante proyectos de ordenamiento sobre las armas a mantener por los vecinos de toda la Corona y los procedimientos de movilización en caso de conflicto<fnref n="44" />.

Tanto por su estructuración de las representaciones ciudadanas como por el criterio con que se concedían y administraban contribuciones, como también por su papel como plataforma para una organización militar unificada, la Hermandad podía jugar funciones importantísimas e introducir un equilibrio distinto en las relaciones de la monarquía con los patriciados e incluso con las sociedades locales en su conjunto. Es cierto que, a primera vista, el "autoritarismo" de los Reyes Católicos triunfaba pero, en otras circunstancias, ¿por qué no imaginar que las fuerzas políticas concejiles unidas en Hermandad y contando con instrumentos de convocatoria, financieros y militares ya establecidos hubieran podido alterar el equilibrio de poderes establecido previamente?.

<footnote n="44">⁴⁴V. mi trabajo, *La organización militar de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media*, en "La incorporación de Granada a la Corona de Castilla", ed. M. A. LADERO QUESADA, Granada, 1993, pp. 195-227.</footnote>
### 3. Los conversos

Mientras tanto, sucedía otro hecho al que acaso no se ha prestado suficiente atención en lo relativo a sus consecuencias políticas locales, como es la salida que se dio a las cuestiones judía y judeoconversa, salida traumática y polémica por tantos conceptos pero que extinguió uno de los problemas políticos candentes en la vida de las ciudades castellanas desde mediados del siglo XV. Los judíos que no se convirtieron a la fe cristiana fueron expulsados en 1492; años antes, desde 1481, la nueva Inquisición había venido a hacer frente por vía jurídica, entre otras cosas, a un problema de orden público cuya virulencia se había puesto de manifiesto en las revueltas y tensiones contra los conversos en los decenios anteriores, pero su presencia incidió en las sociedades locales de manera compleja y fuerte, creó temor, afianzó el orden establecido pero sin disipar recelos y prejuicios y, en definitiva, sirvió a los fines del poder monárquico con la eficacia que le proporcionaba el ser una institución de derecho eclesiástico común a todos los reinos de Fernando e Isabel, aunque casi por completo exenta del control episcopal y pontificio, pero sujeta indirectamente al de la monarquía.

Hacia 1495, una vez que concluyeron las secuelas de la expulsión de los judíos, la Inquisición había terminado también las actuaciones de su primera y más dura época y se promovieron, mediante la imposición de penitencias y habilitaciones, medidas de reinserción social de miles de conversos contra los que pesaban cargos menores, incluyendo entre ellas su posible acceso a oficios públicos<fnref n="45" />. Es cierto que aquella tendencia no fue bien acogida por diversos medios sociales y que habría vueltas atrás, sobre todo entre 1503 y 1507, pero también parece serlo la voluntad regia de dar por concluído el problema, desarrollada entre 1495 y 1498, y, de nuevo, entre 1508 y 1512.

<footnote n="45">⁴⁵Una argumentación valoradora de la presencia judeoconversa en Francisco MÁRQUEZ VILLANUEVA, *Conversos y cargos concejiles en el siglo XV*, "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 63 (1957), pp. 503-540. V. mis trabajos, *Judeoconversos andaluces en el siglo XV*, en "III Coloquio de Historia Medieval Andaluza", Jaén, 1984, pp. 27-55. *Los conversos de Córdoba en 1497*, "El Olivo" (Madrid), XIII, pp. 29-30 (1989), pp. 187-205, y, *Sevilla y los conversos. Los habilitados en 1495*, "Sefarad", LII, 2 (1992), pp. 429-447.</footnote>
## 4. La gestión hacendística

Como consecuencia de aquellos sucesos, el tradicional régimen de arrendamiento de alcabalas se vio alterado, en parte por la proscripción o ruina de arrendadores, en parte también porque los reyes comprendían que la pacificación de muchos ánimos pasaba por el alejamiento de judíos y conversos de aquella actividad. Esto se vino a añadir a los procedimientos surgidos durante la conquista de Granada para proporcionar a los patricios urbanos un papel más importante y activo en la gestión de las finanzas regias, lo que comportaba también una posible modificación del equilibrio de poderes. Vemos, por ejemplo, cómo la organización del abastecimiento a las tropas interesa a individuos destacados de muchas ciudades, o también la gestión de los fondos obtenidos mediante la pedicación de la indulgencia de cruzada. O, sobre todo, cómo la compra de *juros* reales, a partir de 1490, centra paulatinamente más intereses de los grupos dominantes en torno a la Hacienda regia, pues no se trata ya de mercedes otorgadas por el rey sino de compromisos de pago de renta contra la entrega previa de un capital.

En aquellas circunstancias, se intentó generalizar a partir de 1495 la técnica ya conocida del *encabezamiento* para el cobro de las alcabalas reales en diversas ciudades castellanas y sus territorios, aunque había casos en que el régimen de *encabezamiento* era anterior: cada una de ellas se comprometía a entregar al fisco regio una cantidad global acordada de antемano pero el cobro y la gestión concreta de las alcabalas quedaba en manos de la administración municipal. No cabe duda de que esto era una cesión de poderes efectivos por parte de la monarquía y casi una invitación a futuros pactos o a enajenar de forma progresiva las alcabalas en manos de tenedores de *juros*, a menudo miembros de los patriciados locales, que serían, en definitiva, gestores de la renta. Además, las alcabalas tenderían a fijarse en niveles lejanos al legal -que era el diez por ciento sobre el valor de las tránsacciones-, a fosilizarse en su rendimiento total, a transformarse incluso, en la gestión cotidiana, de exacción indirecta y universal en contribución directa pagada sólo por los *pecheros*, como sugirió hace tiempo Ramón Carande. Aquello ocurriría más adelante porque el intento de *encabezamiento* de 1495, continuado en 1498, no siempre tuvo continuidad.
## 5. Los reyes y el "común"

Sólo teniendo en cuenta la evolución histórica bajomedieval puede plantearse bien el estudio de un siglo XVI en el que las ciudades no fueron un elemento tan pasivo como a menudo se ha afirmado, tras el fracaso de la revuelta de las *Comunidades* de 1520-1521, ni éstas un hecho tan sorprendente y faltó de precedentes, aunque sean indiscutibles tanto lo específico de su circunstancia política y de su amplitud como las innovaciones que pretendía en los campos de la teoría y de la práctica políticas castellanas<fnref n="46" />. Pero, dejando aparte antecedentes más remotos, el auge de la conciencia de comunidad que se observa en la vida concejil desde mediados del siglo XV debe ser tenido en cuenta, así como las huellas dejadas por la política de los Reyes Católicos hacia los concejos realengos.

Es evidente que los monarcas entendían la necesidad de dar algún medio de expresión y control en el gobierno local al común de cada localidad, aunque sólo fuera para garantizar mejor el equilibrio de fuerzas estamentales que se pretendía mantener tanto en favor de la autoridad monárquica como de los intereses oligárquicos. Por eso, a la vista del anquilosamiento y falta total de representatividad de los jurados, que estaban constituidos en cabildos en Toledo y algunas otras poblaciones del sur, y de los otros oficios o formas de representación estamental, se creó en muchas localidades -incluyendo las granadinas- la figura de los procuradores o personeros del común, según el modelo que ya existía en algunos concejos por mandato de su propio Fuero o por uso antiguo, y recogiendo también una iniciativa que ya había tenido Alfonso XI en 1346 pero que no se desarrolló. Aquella medida de apariencia populista se tomó en los años noventa del siglo XV, después de una auténtica época áurea para los patriciados urba-

<footnote n="46">⁴⁶Un estado de cuestiones en Joseph PÉREZ, *Las "comunidades" de Castille: nouvel examen de la question*, en "Les sociétés urbaines...", pp. 143-157. También, Benjamín GONZÁLEZ ALONSO, *Las Comunidades de Castilla y la formación del Estado absoluto*, "Revista de Historia del Derecho", (Granada), II-1 (1978), pp. 265-313. Juan Ignacio GUTIÉRREZ NIETO, *Semántica del témino "comunidad" antes de 1520*, "Hispania" 136 (1977), pp. 319-368. Un extenso estudio de las instituciones y funcionamiento de la Hermandad en 1466-1468 y de sus posible influjos en las Comunidades en José Luis SBERMEJO CABRERO, *Hermandades y Comunidades en Castilla*, "Anuario de Historia del Derecho Español", LVIII (1988), pp. 277-412. Dos aproximaciones a casos locales en Máximo DIAGO HERNANDO, *La alta nobleza en la vida política de las ciudades castellanas en las décadas precomuneras: el ejemplo de Cuenca (1506-1507)*, "Cuadernos de Historia Moderna" (Madrid), 15 (1994), pp. 119-139, y, *Conflictos políticos en Avila en las décadas precomuneras*, "Cuadernos Abulenses", 19 (19-93), pp. 69-101.</footnote>
nos, cuya resistencia fue grande a la presencia de los *personeros* en las sesiones del cabildo de regidores y a toda medida de control que ensayarán, como lo muestran los ejemplos conocidos en Segovia y en algunas ciudades de Andalucía. Parece que, después de 1520, aquella institución desapareció.

Así, en época de los Reyes Católicos se consolidaron aún más las circunstancias para un gobierno de las ciudades por sus aristocracias locales estable y no compartido, al mismo tiempo que en la práctica política general de la Corona se desarrollaba un pleno y fuerte ejercicio del poder monárquico. Se abandonan casi por completo las formas de gobierno a través de representación estamental y se concentra el poder en el aparato del estado monárquico o, en planos inferiores y sujetos a él, en manos de la alta nobleza titular de señoríos y de los patriciados dueños de los gobiernos municipales.

## 6. Los límites fluctuantes del equilibrio

En todo momento histórico se cierran y se abren posibilidades, y así fue también en el de los Reyes Católicos. El equilibrio establecido hacia 1494 no significaba que se hubiera alcanzado la inmovilidad. Es cierto que sabemos aún poco de lo que ocurrió desde entonces hasta 1520, pero parece que hubo virajes y cambios de la política regia a partir de 1498 en función de nuevas circunstancias políticas o de los inconvenientes y riesgos observados en el funcionamiento de la situación establecida. Los otros actores de la vida política, nobles y patriciados locales, tampoco permanecían inmóviles.

Hacia 1497, coincidiendo con la muerte del príncipe heredero Juan, se tomó conciencia en la Corte del peligro que podía entrañar el mantenimiento de algunos aspectos de la relación establecida entre reyes y oligarquías municipales en los años anteriores, ante la previsible inestabilidad con que se presentaba la sucesión de Isabel I.

Los gobiernos locales habían conseguido poderes concretos mayores y más estables, fruto de su buena relación con la monarquía y de la aceptación plena de su autoridad y control: estaban libres de intervenciones externas de la nobleza, habían visto el final, o así lo parecía al menos, del problema converso, mantenían a raya cualesquier intentos de mayor participación política del común, e incluso, desde 1496, uno de los dos alcaldes de la Hermandad en cada distrito había de ser hidalgo. El final de la guerra de Granada había traído consigo, por otra parte, el término de la presión
fiscal extraordinaria y facilitaba nuevos territorios a colonizar lo que, en Andalucía al menos, permitía suavizar tensiones internas. Además, los mecanismos de gestión financiera y militar antes descritos permanecían en manos de los poderes municipales.

¿Hubo un viraje de la política monárquica en el que interviniera la conciencia sobre los riesgos que implicaba aquella situación?. Tal vez así fue porque en 1498 volvieron a reunirse Cortes, se retornó al régimen tradicional de servicios otorgados por ellas, se suprimió el aparato militar y fiscal de la Hermandad, aunque no el judicial, concluyeron los proyectos de 1495-1496 para la formación de una milicia territorial, se observa tal vez un retroceso en la implantación del régimen recaudatorio de encabezamien-to, y algo después, en 1503, está en marcha una revisión de los fundamen-tos legales mismos de la percepción de alcabalas y otras rentas que se interrumpió al morir la reina Isabel. Son muchos síntomas coincidentes como para no pensar que pudo haber un giro en la actitud regia.

Pero sobre lo que sucedió a partir de aquel momento hay menos conocimientos que hipótesis. Durante los tiempos agitados que siguieron a la muerte de Isabel I, entre 1505 y 1507, muchas situaciones que parecían superadas volvieron: es evidente que las ciudades de realengo apoyaron al rey Fernando en 1505 y en la mayoría de los acontecimientos de la crisis de 1507, mientras que alguna parte de la alta nobleza veía en Felipe I la posibilidad de recuperar posiciones políticas perdidas desde 1480. Situació-nes en cierto modo semejantes se reprodujeron en 1516-1517, durante la regencia del cardenal Cisneros. Y, para concluir, el movimiento de las Comunidades, en 1520, se alimentó de recuerdos, reivindicaciones y pro-yectos que procedían de los tiempos anteriores.

Todo aquello no vino a modificar el hecho de que hacia 1500 el estado moderno se había consolidado en la Corona de Castilla y, dentro de él, las jerarquizaciones y repartos de poder entre monarquía, altos nobles y patriciados locales se atenían a un régimen de conjunto elaborado en los dos siglos y medio anteriores, que apenas experimentaría cambios estructu-rales en los que siguieron, por lo que la Edad Moderna fue una época muy estable en lo que concierne a los vínculos políticos establecidos entre reyes y ciudades.
## RÉSUMÉ

Étude sur les rapports entre le pouvoir royal et ceux des villes qui relevaient directement de la couronne (realengo) à travers quatre siècles (XIIe-XVe) depuis l'époque de la reconquista, en soulignant les grandes réformes de la période 1250-1350: le renforcement du pouvoir des chevaliers urbains, la naissance des lignages, des partis (bandos) et des assemblées locales restreintes (regimientos), la préférence des lois royales sur les règlements communales et la présence en ville d'agents de la couronne (alcaldes del rey, corregidores). La deuxième partie de l'étude traite des rapports politiques entre les villes, la royauté et les grands nobles pour remarquer leur influence sur les structures et sur le fonctionnement du gouvernement des villes pendant l'époque Trastamara (1369-1474) et au cours du règne des Reyes Católicos (1475-1515) qui ont réussi à renforcer durablement l'autorité de la couronne sur le modèle de pouvoir municipal qui s'était développé au cours du bas Moyen Age.

## SUMMARY

Search about the relationship of the royal power and the cities which depended on the first one directly (realengo), for four centuries, since the age of the reconquista, with a special attention to the great improvements happened between 1250 and 1350: promotion of the urban chivalry, formation of lineages and bandos, regimientos, superiority of the royal laws on the local ones, presence of royal judges and corregidores. The second part of the article treats of the political relationship between the cities, the crown and the high nobility, and explains its influence in the structures and working of the cities government institutions during the Trastamara age (1369-1474) and the reign of the Reyes Católicos (1474-1515), who could strengthen durably the royal authority over the model of town power developed in the late middle ages.