MINNERATH, Roland, *L'Église catholique face aux États. Deux siècles de pratique concordataire 1801-2010* (Paris, Les Éditions du Cerf, 2012), 650 págs.

Hace 1700 años, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán con el cual permitió al cristianismo, por primera vez, poder llevar adelante libremente su actividad evangelizadora. Aunque faltaban algunos años para que el imperio asumiera el cristianismo como religión oficial, la nueva realidad, a pesar de algunas excepciones como la de Juliano el apóstata, significó un hecho nuevo: inauguró lo que debían ser las relaciones entre el poder temporal y el poder espiritual. Porque el cristianismo desde sus inicios nació con una clara vocación de autonomía frente a los poderes temporales, lo que constituyó una novedad. El paso de los siglos hizo necesario que el derecho empezara a definir los instrumentos adecuados para que ambos poderes actuaran en común relación en aquellas materias que interesaban a ambos, toda vez que uno y otro incidían, desde perspectivas diversas, sobre la misma persona que, al tiempo que era súbdita de los poderes temporales, era fiel del poder espiritual. El instrumento que mejor facilitó el cumplimiento de esta finalidad fue el concordato, considerándose el concordato de Worms el primero de ellos, firmado en 1122 por el papa Calixto II (1119-1124) y el emperador Enrique V (1106-1125), mediante el cual se puso término a la querella de las investiduras y que sería ratificado al año siguiente por el primer Concilio de Letrán. El libro que comento recoge la historia y la práctica concordataria llevada adelante por la Iglesia desde 1801 hasta el presente, en concreto, el año 2010.

El interés del autor para centrar su atención en los concordatos ha sido interrogar los textos firmados entre 1801 y 2010 para obtener los principios doctrinales sobre los cuales se funda el estatuto y las libertades de la Iglesia en las sociedades políticas. Desde la perspectiva de su naturaleza, al principio del pontificado de Pio IX, algunos veían los concordatos como el instrumento a través del cual la Iglesia, situada en una posición superior, concedía al Estado determinados privilegios, pero terminó por imponerse la tesis de que se trataba de un acuerdo sinalagmático bilateral. A comienzos del siglo XX los concordatos serán considerados tratados bilaterales regidos por el derecho internacional, si bien se diferenciaban de los demás tratados por su carácter especial, pues no se trataba de un acuerdo entre Estados, sino entre una soberanía espiritual y el titular de una soberanía temporal. A este propósito, fue nuevamente con Pio IX con quien aparece por primera vez la consideración de la Iglesia como sociedad perfecta, esto es, una sociedad dotada de todos los medios que le eran necesarios para obtener sus propios fines, pero fue León XIII quien, en sus encíclicas, sentaría las bases para una doctrina completa de las dos sociedades perfectas, la Iglesia y el Estado, cada una autónoma en su orden, pero llamadas a cooperar por el bien de sus comunes sujetos.

Esta doctrina tradicional fue abandonada por el Concilio Vaticano II que ha orientado las relaciones entre la Iglesia y los Estados en una aproximación fundada en la libertad religiosa. No esta tarea del Estado proteger la verdad revelada, sino garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades en los límites del orden público, derechos fundamentales en la base de los cuales está el derecho de libertad religiosa. Ya no se trata de una sociedad superior que otorga privilegios a una inferior, ni de dos sociedades perfectas que se relacionan en un plano de igualdad, sino que la Iglesia, desde el interior de los Estados, pide que se respete el derecho de libertad religiosa de sociedades y comunidades y, por lo mismo,
la libertad necesaria para poder llevar adelante su actuar en pro del bien espiritual de
los ciudadanos: no pide privilegio alguno sino sólo que el Estado sea consecuente con
el derecho de libertad religiosa que dice garantizar.

Durante todo el siglo XIX y hasta el Concilio Vaticano II en el siglo XX, los concordatos se han firmado en situaciones políticas complejas, a veces dramáticas. A partir del Concilio, en cambio, en el marco de Estados de derecho y de la declaración conciliar de la libertad religiosa, los concordatos se han concluido en un clima de mayor serenidad, teniendo ambas partes referencias jurídicas comunes puestas por el derecho internacional. En estos dos siglos no han faltado concordatos que, después de firmados, no han sido ratificados o que han sido denunciados unilateralmente por los Estados; pero la Santa Sede tiene la política de nunca denunciar ningún acuerdo.

El libro del profesor Minnerath, después de la introducción, se distribuye en tres partes y concluye con cuatro anexos y la bibliografía. La primera parte ofrece, en orden cronológico, la historia de los dos últimos siglos de concordatos, dedicando el capítulo I a los pactos leoninos (1801-1846), partiendo con la novedad del concordato con Napoleón Bonaparte (1801) y siguiendo con los concordatos de la restauración. El capítulo II está dedicado a los concordatos de Pío IX y León XIII, período en el que se sitúan los doce concordatos celebrados con países latinoamericanos entre 1851 y 1887. A la “nueva era de los concordatos” se refiere el capítulo III, en que se describen los firmados durante los pontificados de Pío XI y Pío XII, centrándose el capítulo IV en los concordatos posconciliares en un período que va de 1964 a 1984, año este último en el que inicia un período que el autor denomina de “explosión concordataria”, que es estudiado en el Capítulo V que va de 1984 a 2010.

La segunda parte está dedicada a estudiar el estatuto jurídico de la Iglesia en el derecho de los Estados. Así, el capítulo VI está dedicado a la consideración de la Iglesia como sociedad perfecta, encontrándose en los concordatos desde Pío IX hasta Pío XII diversas fórmulas para expresar la misma idea, abordándose después la consideración de la Iglesia como sujeto de derecho internacional. En el capítulo VII, dejada de lado la doctrina de la sociedad perfecta y asumiéndose la de la libertad religiosa, se pasa revista a los preámbulos de los concordatos postconciliares en todos los cuales se admite el principio de libertad religiosa, si bien en ellos las referencias son hechas, en ocasiones, al reconocimiento de dicho derecho por los derechos propios de los Estados, en otras a las normas de cada una de las dos partes y, a partir de 1984, a la libertad religiosa y al derecho internacional. El capítulo VIII se refiere a la independencia y autonomía de la Iglesia según los concordatos, pasando del ideal del Estado confesional en los concordatos de siglo XIX y en los concordatos pianos del siglo XX, al estatuto de la Iglesia después de 1984. El capítulo siguiente aborda el tema del actuar de la Iglesia conforme al derecho común de los Estados y a las inmunidades que le son reconocidas, pasándose revista, siempre conforme a los concordatos, a las inmunidades de lugar y reales, a las inmunidades personales, las inmunidades de excepción, y el privilegio del fuero. El último de los capítulos de esta partes, el capítulo X, se dedica a los medios de libertad del actuar de la Iglesia, en concreto la libertad patrimonial, que se traduce en el derecho de poseer bienes y de percibir contribuciones, la libertad para establecer y vivir la vida consagrada y la libertad para la formación de los clérigos.

La tercera parte está dedicada a las libertades comunitarias de la Iglesia, centrándose el capítulo XI en la autonomía interna, en concreto, el derecho de reunión y de asociación, la libertad de comunicación y la libertad de organización territorial. Capítulo XII está dedicado al derecho de asistencia el que se proyecta a las personas privadas de
libertad, a la acción social y caritativa y a la asistencia religiosa a las fuerzas armadas. Los capítulos siguientes y últimos de este libro estudian tres temas particularmente sensibles en las relaciones entre la Iglesia y los Estados como es el del nombramiento de los obispos (capítulo XIII), matrimonio canónico (capítulo XIV) y educación (capítulo XV). El primero de los anexos con que concluyen estas páginas ofrece una lista cronológica de los concordatos y acuerdos celebrados entre 1801 y 2012, con la respectiva referencia bibliográfica, ya se trate de concordatos o acuerdos generales o referidos a materias específicas; el segundo contiene párrafos de algunos documentos conciliares de particular interés para los concordatos; el tercero contiene extractos de la carta dirigida en 1980 por Juan Pablo II a los jefes de Estado de los países signatarios del acuerdo de Helsinki (1975); y el cuarto, extractos de la declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación fundada en la religión o la convicción (1981).

Chile no ha celebrado nunca un concordato con la Santa Sede, sin embargo no es ajeno a las páginas de este libro. En efecto, desde los inicios de su vida independiente Chile inició contactos con la Santa Sede, enviando diversas misiones con la finalidad, entre otras, de obtener el reconocimiento de la Santa Sede al derecho de patronato unilateralmente consagrado en la *Constitución* de 1833. Ninguna de esta misiones tuvo éxito en lo que se refiere a dicho reconocimiento, pero, a pesar de ellos, la misión que en 1847 encabezara Ramón Luis Irarrázabal, la misión de mayor envergadura enviada por Chile a la Santa Sede en toda su historia, tuvo una consecuencia inesperada para el derecho concordatario. Las materias que debía abordar la misión eran amplias, por lo que, por sugerencia de la misma Santa Sede, serían abordadas en un proyecto de concordato.

Poco se pudo avanzar en el concordato, el que, a pesar de las dificultades por la que pasaba la Santa Sede –las que obligaron a Pío IX huir a Gaeta, donde viajó Irarrázabal– fue estudiado por una comisión de cardenales a petición del mismo Pontífice, comisión cardenalicia en la que me quiero detener. Estudiada la petición chilena y todos los antecedentes, la comisión hizo dos propuestas que estaban llamadas a tener éxito en el futuro. Los cardenales estaban conscientes que las nuevas repúblicas americanas se entendían continuadoras del patronato que la Santa Sede había otorgado siglos atrás a los Reyes Católico, pero estaban también conscientes que este estado de cosas no podía continuar y era preciso que la Santa Sede iniciara una política que progresivamente la alejara de esa limitación efectiva que dicho patronato significaba para el actuar de la Iglesia, sobre todo cuando era ejercido por liberales poco adictos a ella. La primera decisión fue que debía separarse el patronato ejercido de hecho por Chile de toda vinculación con el patronato español, no reconociendo continuidad alguna entre uno y otro. La segunda fue que podía otorgarse a las autoridades chilenas el derecho de presentación de los obispos y canónigos, es decir, el principal de los derechos que otorgaba el patronato, pero entendido como un privilegio otorgado por la Santa Sede. El cambio era sustancial, porque, además que el patronato americano no tenía su origen en el patronato español, tampoco se aceptaba que el patronato fuera una regalía mayestática inherente a la soberanía de las nuevas repúblicas, toda vez que era ahora un privilegio concedido por la Santa Sede. Más aún, el patronato era reconducido al derecho de presentación con lo que producía otro cambio sustancial, pues el patronato, ahora, sólo implicaría el derecho de presentación, quedando afuera todas las otras prácticas regalistas, la mayoría de las cuales habían tenido su
origen en decisiones abusivas y unilaterales de la monarquía española simplemente toleradas por la Santa Sede.

Al final, el concordato con Chile no llegó a firmarse, pero la fórmula concebida por la comisión de cardenales con ocasión de la petición chilena tuvo éxito en el resto de Continente americano porque los concordatos que seguidamente empezó a celebrar la Santa Sede con algunos países latinoamericanos usaron la misma fórmula. El primero de ellos fue el concordato celebrado con Bolivia, en 1851, en el que se concedía al presidente de la República “el patronato o sea el privilegio de presentar para cualesquiera vacantes de Iglesias Arzobispales u Obispales, a Eclesiásticos dignos e idóneos, adornados de todas las cualidades requeridas por los Sagrados Cánones; y el Sumo Pontífice en conformidad a las reglas prescritas por la Iglesia, dará a los presentados la institución canónica en las formas acostumbradas”. Aunque este concordato nunca entró en vigencia porque no fue ratificado por el gobierno boliviano, precisamente porque el patronato era entendido en el concordato como una concesión graciosa que hacía la Iglesia y no como un derecho inherente a la república, fue el modelo que se tuvo a la vista para la redacción de los demás concordatos que se firmaron en los años inmediatamente siguientes con países latinoamericanos, en concreto, Costa Rica (1852), Guatemala I (1852), Haití (1962), Honduras (1862), Nicaragua (1862), San Salvador (1862). Aunque hubo algunas excepciones, como Venezuela (1962), Ecuador I (1862) y la bula Praeclara de Pío IX al presidente del Perú (1875), la Santa Sede estaba decidida sustituir el patronato por otras concesiones menos restrictivas de la soberanía espiritual, lo que volvió a ocurrir con un concordato latinoamericano, el segundo concordato con Guatemala (1884), en el que ya no se hablaba de patronato y en el que se inauguró una nueva modalidad de designación de los obispos, el derecho de prenotificación, esto es, la Santa Sede elegía libremente a los obispos, pero el nombramiento se ponía reservadamente en conocimiento del gobierno para que pudiese oponer objeciones de carácter político, si las tuviere. Lo mismo sucedió en el concordato con Colombia (1887), práctica que fue la seguida por los pontífices en el siglo XX.

De esta manera, la pretensión chilena de obtener el reconocimiento del patronato unilateralmente afirmado en la *Constitución* de 1833 constituyó lo que este libro denomina “la prehistoria” del derecho concordatario moderno, fue el punto de partida de los esfuerzos hechos por la Santa Sede para buscar caminos que llevaran a sustituirlo por otras concesiones menos restrictivas de su soberanía espiritual, esfuerzos que, con algunos retrocesos, la llevaron, primero, a identificar el patronato como un privilegio reducido sólo al derecho de presentación y, después, como un simple derecho de prenotificación. Estos esfuerzos culminaron en el *Código de Derecho Canónico* de 1917 en el que expresamente se dispuso que “por ningún título se pueda en lo sucesivo constituir válidamente derecho alguno de patronato” (canon 1450 § 1).

En suma, un libro necesario para entender el tema de las no siempre fáciles relaciones entre la Iglesia y los Estados, que ilumina, desde la perspectiva de la historia, el actuar actual de la Iglesia en sus relaciones con el poder temporal.

CARLOS SALINAS ARANEDA

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile