De Transición modelo a Transición régimen

*De la Transition modèle à la Transition régime*

*From a Model transition to a Regime transition*

Santos Juliá

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OpenEdition
Journals

**Edición electrónica**

URL: http://journals.openedition.org/bhce/316

DOI: 10.4000/bhce.316

ISSN: 1968-3723

**Editor**

Presses Universitaires de Provence

**Edición impresa**

Fecha de publicación: 1 diciembre 2017

Paginación: 83-95

ISSN: 0987-4135

**Referencia electrónica**

Santos Juliá, « De Transición modelo a Transición régimen », *Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne* [En línea], 52 | 2017, Publicado el 09 octubre 2018, consultado el 02 mayo 2019. URL : http://journals.openedition.org/bhce/316 ; DOI : 10.4000/bhce.316
# De transición modelo a transición régimen

Santos JULIÁ

UNED

Hace ya casi una década, en un coloquio sobre la Transición celebrado en Barcelona, tuve ocasión de recordar unas palabras de Juan J. Linz escritas diez años antes. La Transición, pensaba Linz en 1996, es ya historia, no algo que sea objeto de debate o lucha política; es objeto científico, añadía, «con el riesgo de que los que no la vivieron la ignoren, la consideren algo obvio, no problemático». Y apostillaba yo por mi parte: escrita esta reflexión poco antes de la llegada del Partido Popular al Gobierno, estaba lejos el profesor Linz de pensar que lo que se daba en 1996 como historia recuperase un lugar central en el debate o en la lucha política a medida que se acercaba el fin de siglo. Hoy, esto es, en 2006, hablar del proceso de transición de España de la dictadura a la democracia es hablar de política tanto como de historia<fnref n="1" />, una constatación que ahora, en este otoño de 2015, no solo no ha dejado de confirmarse sino que prácticamente ha invertido sus términos: hablar de transición es hablar de política mucho más que de historia.

Cómo se ha producido esta inversión de la mirada y quiénes han sido sus agentes, sus motivos y sus fines será de lo que traten estas páginas. Con objeto de seguir su curso, partiré de un breve análisis de los principales elementos que conformaron el primer consenso sobre el período de nuestra reciente historia que llamamos Transición, alcanzado por la ciencia política y la sociología durante el Gobierno largo de los socialistas y que vino a sustituir a tantas voces desencantadas como acompañaron al proceso mismo mientras tenía lugar, una cuestión de la que trataré en un segundo epígrafe. Evocaré luego, aunque tema repetirme por haber sido ya objeto de otros trabajos, la quiebra de esa mirada, más bien complaciente, iniciada durante la primera legislatura presidida por el Partido Popular y profundizada durante su mayoría absoluta. Y entraré finalmente en la radical inversión de la mirada, la transición negada, a partir de una acción política a la que puede ponerse una fecha: el 15 de mayo de 2011, cuando, primero en la Puerta del Sol de Madrid y luego en la fachada del Congreso de los Diputados, aparecieron carteles o se estamparon pintadas con la leyenda «¡Abajo el régimen!».

## Transición como modelo

A medida que el proceso de transición llegaba a término y muy poco después de la primera alternancia política que se entendió por muchos analistas como su punto final, la llegada del Partido Socialista al Gobierno sostenido en una mayoría absoluta que acabó por confirmar y ampliar el mutis de la clase política de la dictadura, aparecieron los primeros estudios que comenzaron a ver en ese proceso un modelo<fnref n="2" /> que acabó por definirse como de transición por transacción. Fue obra de politólogos y de sociólogos, mejor equipados y más motivados para documentar e interpretar los cambios que ocurrían bajo su mirada, en mayor grado que de historiadores, más remisos a acercarse a tiempos aún no concluidos, o no del todo. Muy tempranos, los estudios de sociólogos de la política como José María Maravall y Julián Santamaría habían llamado la atención sobre las transformaciones sociales, aceleradas desde los años sesenta, el período inmediatamente anterior definido como crisis del franquismo y la política de la transición, con el acento puesto en la presión por abajo y los acuerdos alcanzados por Arriba que hicieron posible un curso de los hechos relativamente pacífico, desmintiendo los augurios de caos y vuelta a soluciones autoritarias formulados por no pocos científicos sociales desde el extranjero<fnref n="3" />.

<footnote n="1">1. Santos JULIÁ, «En torno a los proyectos de transición y sus imprevistos resultados», en Carme MOLINERO (ed.), *La Transición, treinta años después*, Barcelona, Peninsula, 2006, p. 59.</footnote>

<footnote n="2">2. No tendría que ser necesario aclarar, pero lo es, que «modelo» se emplea aquí en la cuarta acepción del DRAE, o sea, «esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento». Modelo, en el sentido utilizado en ciencias sociales, no tiene nada que ver con «modélico».</footnote>

<footnote n="3">3. José María MARAVALL, *La política de la transición*, Madrid, Taurus, 1982, y con Julián SANTAMARÍA, «Crisis del franquismo, transición política y consolidación de la democracia en España», *Sistema*, n.º 68-69, 1985, p. 79-129.</footnote>
Entre sociólogos, fue Víctor Pérez Díaz quien de manera más sistemática acometió la tarea de pensar la Transición como «la historia de un éxito» relativamente inesperado y cuya llave no radicaba tanto en «los acontecimientos sucedidos entre 1975 y 1978 [ni] en los viejos recuerdos de la guerra», esto es, no en las decisiones políticas o en las movilizaciones sociales ni tampoco en la memoria, como en la evolución económica, social y cultural del período inmediatamente anterior, el que podría definirse como segunda etapa del franquismo. Del éxito no le cabía duda: las instituciones nicadas durante la Transición habían funcionado durante veinte años y en la española habían encontrado inspiración y enseñanza otras transiciones ocurridas desde entonces en Europa del Este, América Latina y Asia. Y de la razón o motivo del éxito tampoco cabía duda: la emergencia a partir de los años setenta de una sociedad civil que, cuando la transición daba sus primeros pasos, ya había desarrollado suficientemente al menos cuatro de sus cinco componentes institucionales: estado de derecho, mercados, asociaciones y espacio público, de tal modo que todo apuntaba ya a una transformación del régimen político. Una perspectiva estructural-funcional en la que, a mediados de los años setenta, las instituciones económicas, sociales y culturales de España se parecían ya a las del resto de Europa; solo quedaba por encontrar la modificación del discurso sobre la Guerra Civil que facilitara la superación de su recuerdo, imposible mientras los Gobiernos de Franco conservaron el recuerdo de la guerra en celebraciones rituales periódicas y la oposición mantenía una imagen simétrica-invertida de la historia franquista, pero que comenzó a ser una realidad cuando la experiencia de conciliación proporcionó la estructura de plausibilidad de una reinterpretación de la guerra en clave de tragedia, con responsabilidades y culpas compartidas. La existencia de sociedad civil y la transformación del discurso de la guerra constituyeron las bases sobre las que la generación de 1956-1958, los «nuevos españoles» de los que Luis González Seara hablaba en la introducción al FOESSA de 1975, edificó las instituciones que permitieron a la siguiente generación crecer en el seno de una democracia liberal<fnref n="4" />.

Pisando los talones a los sociólogos, politólogos como Rafael del Águila, Josep M. Colomer, Andrés de Blas o Ramón Cotarelo indagaron en los mecanismos que permitieron a partidos políticos procedentes de la oposición y del mismo régimen llegar a acuerdos fundamentales gracias, en parte, al rápido convencimiento de la debilidad de cada cual para imponer su propio proyecto. A Cotarelo se debe, en 1992 y cuando ya era posible mirar con cierta perspectiva el reciente pasado, la coordinación de un volumen que puede tomarse como compendio de lo que una generación de científicos políticos pensaba sobre la Transición. Desde la primera página de su introducción, Cotarelo define el de España como «un caso ejemplar de transición lograda» que había provocado, y seguía haciéndolo aún, «gran admiración dentro y fuera de nuestras fronteras»; y que servía, además, por «su carácter pacífico, gradualista y pactado» como caso ilustrativo para confirmar o desmentir las teorías que la ciencia política venía formulando sobre los fenómenos de cambio político. Aparte de ese positivo juicio general sobre el período, los investigadores convocados para escribir aquel volumen participaban de la visión que atribuía a la transición española la capacidad de servir para la definición de un «modelo teórico» que, según Cotarelo, se componía de tres consensos alcanzados a lo largo de seis etapas, resultado, en última instancia, de «dos impotencias cruzadas», las de quienes pretendían limitar el proceso a una mera reforma y la de quienes proyectaban una ruptura. Fuera este u otro el modelo teórico –y Cotarelo dejaba constancia de algunos de ellos–, bien podía afirmarse que «el régimen español surgido de la Transición es una democracia a todos los efectos» y que, aun si quedaba algún «peligro» para el futuro –especialmente el del acomodo de los nacionalismos vascos y, en menor medida, catalán– la transición podía darse «por concluida en España»<fnref n="5" />.

Un acuerdo similar al alcanzado por los cultivadores de la ciencia política brillaba también entre los expertos en derecho constitucional. Todavía en fecha tan tardía como 2005, cuando ya los consensos hacia el pasado habían quebrado en un punto fundamental, que más adelante veremos, Javier Pérez Royo daba por «consolidada» la estructura del Estado, destacando que en todas las comunidades autónomas se habían celebrado seis elecciones parlamentarias, a todas ellas se habían transferido ya todos los servicios para que pudieran ejercer las competencias establecidas en sus estatutos de autonomía gracias a un modelo de financiación en el que las

<footnote n="4">4. Víctor PÉREZ DÍAZ, *España puesta a prueba, 1976-1996*, Madrid, Alianza, 1996, p. 19-46, que resume en su primer capítulo argumentos más ampliamente tratados en *La primacia de la sociedad civil. El proceso de formación de la España democrática*, Madrid, Alianza, 1993, para continuar luego con la cruz de la misma moneda, los escándalos, la corrupción, el paro y el reto de los nacionalismos que llenaron la crónica política de la legislatura de 1993 a 1996, última del largo Gobierno socialista.</footnote>

<footnote n="5">5. Ramón COTARELO, «La transición democrática española», en Id. (comp.), *Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986)*, Madrid, CIS, 1992, p. 3-27.</footnote>
comunidades ocupaban un lugar muy destacado en el porcentaje de gasto público. No tenía Pérez Royo ningún empacho en sostener ¡en 2007! que el constituyente español había diseñado, a cambio de aceptar el hecho consumado de la restauración monárquica, «la arquitectura constitucional más republicana de toda nuestra historia, en la que el principio de legitimación democrática del poder se expresa de forma más nítida». Gracias a aquel compromiso, aseguraba Pérez Royo, «el Estado autonómico funciona y funciona bien», de manera mucho más que satisfactoria hasta el punto que cabía definirlo como «uno de los compromisos más fructíferos de los que se alcanzaron en la Transición». Es, con mucho, «no solo el Estado más legítimo, sino también el Estado más eficaz de toda nuestra historia», de la misma manera que el sistema electoral aprobado durante la Transición lo había parecido el único que había funcionado en España, nada menos que «desde el neolítico», con regularidad y de manera satisfactoria gracias a que había sido producto de «un acuerdo básico extraordinariamente mayoritario en nuestra sociedad», puesto que debía tanto a Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa o Miguel Herrero de Miñón como a Felipe González, Alfonso Guerra o Eduardo Martín Toval. Lógico que la conclusión derivada de tan amplio consenso constituyente consistiera en recordar que no había «ninguna urgencia en ninguna comunidad autónoma para hacer la reforma del Estatuto de Autonomía». Por supuesto, después de 25 años del ejercicio de su derecho, convendría iniciar una reflexión sobre los resultados de la experiencia y poner en marcha las reformas que se estimaran pertinentes. Pero sin prisas, porque –insistía Pérez Royo– el Estado funciona y las comunidades autónomas también. No había, pues, «necesidad perentoria de reformas estatutarias»<fnref n="6" />.

Con diferencias en los puntos de comienzo y culminación, en sus distintas fases o en la importancia concedida a cada uno de sus momentos, en el énfasis cargado sobre sus diferentes actores colectivos o individuales –movimientos sociales, sindicatos, partidos, élites económicas, clero, dirigentes políticos–, este fue el marco predominante en el que la transición política de la dictadura a la democracia fue pensada y narrada por una generación de científicos sociales, politólogos, constitucionalistas y historiadores españoles y extranjeros que, nacidos entre 1935 y 1950, publicaron sus estudios sobre el proceso de transición durante el último cuarto del siglo XX. Mal llamada historia oficial, porque nada tuvo de oficial, esta mirada que veía en la transición española un modelo útil para otras transiciones, solo parcialmente fue obra de historiadores, que muy pronto engrosaron esta «coincidencia generalizada» sobre la Transición, de la que el historiador Javier Tusell se hacía eco en 1995 porque, según afirmaba, era el único momento de nuestra historia en que tal cosa sucedía<fnref n="7" />.

## Descontentos y desencantados

Mucho de lo entonces escrito venía a desplazar a las abundantes voces críticas que, desde los primeros pasos de la transición, habían puesto en cuestión todo el proceso o habían mostrado un profundo desencanto por sus resultados. Entre ellas, quizá la más adelantada haya sido la del nuevo equipo que se hizo cargo de *Cuadernos de Ruedo Ibérico* en su segunda época, iniciada en el primer semestre de 1975, meses antes de la muerte de Franco. En una especie de exhortación dirigida «A todos» se formulaban, antes de que nadie diera aún por iniciada la transición, las críticas que luego se convertirán en lugares comunes de sus descontentos. Poseída de una «fiebre pactista», la Junta Democrática habría defendido, según *Cuadernos*, la integridad del Estado unitario español y, carente por completo de un modelo de la sociedad futura, se disponía a abrazar la realidad presente repitiendo que era necesario «modernizar» el país y relegar la Guerra Civil a la categoría de «trauma» que convenía cicatrizar. A esta crítica general se añadía, también en este número inaugural, una larga pieza «Contra la reconciliación», en la que Juan Martínez Alier reunía varias reseñas de libros sobre la Guerra Civil calificando de «inagotable» la «sed de noticias de los españoles sobre la guerra» y denunciando a aquellos que «después de cuarenta años de padecer el dominio de ese régimen, de esta Iglesia y de ese Ejército, ahora encima nos piden que nos reconciliemos con los propios asesinos o con los cómplices de la represión, con personas como Areilza o Ruiz-Giménez, o Fraga (miembro del gabinete que asesinó a Grimau) o Pío Cabanillas (miembro del gabinete que asesinó a Puig Antich)»<fnref n="8" />.

<footnote n="6">6. Javier PÉREZ ROYO, «Una anomalía española. La aversión a la reforma constitucional», *Claves de razón práctica*, n.º 138, diciembre de 2003; «Pirómanos peligrosos», «Reformar sin prisas» y «Constitución y ley electoral», *El País*, 29 de septiembre de 2007, 6 de febrero de 2005 y 23 de diciembre de 1989, respectivamente.</footnote>

<footnote n="7">7. Javier TUSELL, «El mensaje de la transición», *El País*, 28 de octubre de 1995.</footnote>

<footnote n="8">8. «Cuadernos de Ruedo Ibérico a todos» y Juan MARTÍNEZ ALIER, «Contra la reconciliación», *Cuadernos de Ruedo Ibérico*, n.º 43-45, enero-julio de 1975, p. 5-15 y 28.</footnote>
El resultado de las elecciones de junio de 1977, primeras que se convocaban en España desde las celebradas en febrero de 1936, y el inmediato comienzo del debate constituyente abrieron las puertas a una oleada de «desencanto ante una democracia, llamémosla así, implantada por los franquistas, en continuidad rigurosa, incluso desde el punto de vista de la legalidad, con el régimen anterior», como escribió Aranguren en *El País*, lamentando, él, que todo se hubiera reducido a una «reforma sin ruptura, es decir, sin revolución, una revolución que no tenía que ser cruenta ni aún violenta». No fue el único: el director del mismo diario, Juan Luis Cebrián, certificaba la «instalación perdurable» de UCD en el Gobierno y «la consolidación de las estructuras socioeconómicas del desarrollismo de la dictadura», como las mejores pruebas de que la transición, tal como se había desarrollado hasta 1979, no pasaba de ser un triunfo de la derecha española, «la verdadera heredera del poder de Franco». En resumen, y como escribía un colaborador asiduo de *El País*—por mencionar solo a distinguidos analistas de un periódico considerado hoy como el cimiento, o el baluarte, de la llamada cultura de la transición—, José Vidal Beneyto, «edificada sobre la losa que sepulta nuestra memoria colectiva», la democracia de clase que nos gobernara era la consecuencia de aquella «ocasión perdida» en la que venía a resumirse todo el proceso de la transición. Reforma en lugar de ruptura, triunfo de la derecha de siempre, abolución de la memoria colectiva, la transición era como la ocasión perdida, la historia del fracaso de una generación, como escribirá en 1981 el mismo Vidal Beneyto<fnref n="9" />.

Sosteniendo esas miradas, no era difícil percibir en la abundancia de ensayos políticos que acompañó al proceso de transición, bien servida por la multitud de revistas y de folletos a veinte duros que vieron la luz en aquellos años, desde un rechazo de la política y una crítica radical al Estado como una «una administración del terror y de la violencia», según lo definía Fernando Savater<fnref n="10" />, hasta un malestar con la democracia, tachada de meramente formal que de muy diversas y reiteradas maneras teorizó Aranguren confrontándola con el ideal de la democracia, a lo que solía añadir un manifiesto desdén hacia la persona situada al frente del Gobierno, Adolfo Suárez, «joven y avispado», «gobernante católico y bien mandado», «dúctil, adaptable, apto para todo servicio», «bien dotado locutor de TV», y un desprecio de raíz orteguiana, o de minoría selecta al estilo del jesuita Ayala, al español que «mayoritariamente vota «sí» a lo que le dicen<fnref n="11" />», el español pasto de la publicidad televisada. No faltó tampoco en aquel momento una crítica al papel de los intelectuales que, como escribía Jesús Ibáñez, ya no estaban en situación de fundir «la pluma y la espada», como había ocurrido en tiempos de Marx, Lenin, Trotsky, Stalin y Mao, y debían reducir su acción a salvar el lenguaje evitando que también la palabra cayera en manos del poder, de la autoridad<fnref n="12" />. Y será curioso que, frente a la acracia, la utopía o la revolución, haya sido un hispanista británico, Raymond Carr, quien en uno de los primeros encuentros celebrados en Estados Unidos—en marzo 1980 y en la Universidad de Vanderbilt—sobre el proceso de transición a la democracia afirmara, a la vista de tanto rechazo, tanto malestar y tanto desencanto, que España «es una auténtica democracia y quienes crítican a Suárez y a su partido pueden en las siguientes elecciones desplazar a ambos». La democracia, recordaba Carr, tiene más que ver con las reglas que regulan el juego político que con el contenido de una determinada política, una constatación que muchos intelectuales de aquella hora les sonaba a filfa. Y añadía: quiero expresar mi esperanza de que ni los españoles ni los observadores extranjeros de España exploten el desencanto para que no se convierta en profecía autocumplida<fnref n="13" />.

Se autocumplió la profecía, como es bien sabido, pero con un resultado contrario al temido por unos, esperado por otros: el intento de golpe de Estado de febrero de 1981 disolvió buena parte de ese desencanto del que *El País* había sido muy singular aunque no único vocero, dejando paso, sobre todo desde el triunfo socialista en las elecciones de 1982, a lo que acabaría en la coincidencia generalizada a la que se refería Tusell. Lo cual no fue óbice para que, a partir de 1986, e impulsadas por la convocatoria del referéndum sobre la permanencia de España en la

<footnote n="9">9 José Luis LÓPEZ ARANGUREN, «Oposición, contestación y filosofía como subversión», *El País*, 12 de mayo de 1978. Juan Luis CEBRIÁN, «El país que tenemos», *El País*, 22 de julio de 1979, y *La España que bosteza*. Apuntes para una historia crítica de la transición*, Madrid, Taurus, 1980, p. 24. José Vidal BENEYTO, «Claves para un contubernio», *El País*, 15 de noviembre de 1980. *Del franquismo a una democracia de clase*, Madrid, Akal, 1977, y *Diario de una ocasión perdida*, Barcelona, Kairós, 1981.</footnote>

<footnote n="10">10 «En la medida en que hagamos activa nuestra desconfianza de la política, podemos llegar a conocer momentos revolucionarios», escribía Fernando SAVATER en «La política como opio del pueblo», *El Viejo Topo*, n.º 1, octubre de 1976, p. 26; sobre el Estado, «Fernando Savater, la solitaria lucha del pensador de fondo», en Javier GARCÍA SÁNCHEZ, *Conversaciones con la joven filosofía española*, Barcelona, Peninsula, 1978, p. 60-68.</footnote>

<footnote n="11">11 José Luis LÓPEZ ARANGUREN, «El referéndum, los animales políticos y los intelectuales», «La Iglesia y el Poder» y «El espectáculo de la política», *El País*, 22 de diciembre de 1976, 12 de julio de 1977 y 25 de agosto de 1977.</footnote>

<footnote n="12">12 Jesús IBÁNEZ, «Cambios sociales en España en los años setenta: la realidad perdida y recobrada», en *El Viejo Topo*, Extra 8, 1980, p. 15.</footnote>

<footnote n="13">13 Raymond CARR, «El legado franquista», en *España 1975-1980. Conflictos y logros de la democracia*, Madrid, José Porrúa, 1982, p. 139-140.</footnote>
OTAN, aquellas críticas a una transición que habría dejado las cosas más o menos como estaban volvieran a encontrar algún eco en la coalición de plataformas y grupos que bajo la evidente hegemonía del PCE formaron Izquierda Unida. De que no todo fue consenso en la mirada hacia atrás es buena muestra la crítica quizá más radical de las formuladas en los años noventa con ocasión de lo que su autor, Alfonso Ortí, definió como «apología televisiva de la Transición desde la pizarra real», la serie de televisión dirigida por Victoria Prego, que le valió para introducir en 1995 un nuevo sintagma sociopolítico, el juancarlismo sociológico, una alianza de clase entre el neocorporativismo de las clases más altas funcionales y el neocapitalismo financiero especulativo, como bloque dominante conformado por la transición posfranquista; un bloque que, según Ortí, resultó beneficiario y responsable de la devastadora cultura especulativa del pelotazo, en una orgía despilfarradora de excedentes acumulados por reconversión tecnológica de los 80, a costa de la desestructuración de la clase obrera. Junto a Ortí, Jaime Pastor trataba de responder a la gran cuestión que no han dejado de plantearse desde los días mismos de la Transición hasta hoy todos los grupos situados a la izquierda del PCE: ¿por qué no hubo ruptura? La respuesta, a la distancia temporal de 1995, se resumía en que «la recuperación de iniciativa política de fracciones burguesas, por un lado, y las limitaciones de los movimientos sociales, por otro, condujeron a un equilibrio inestable que fue aprovechado por las primeras para, utilizando el chantaje del golpismo ante la población, arrastrar a la oposición a una mesa de negociaciones que ponía como condición previa la desmovilización social». En realidad, si por movilización social se entiende la relación entre número de huelgas, horas de trabajo perdidas y obreros participantes, la movilización subió cada año hasta 1979, en que llegó al máximo, para descender solo en 1980, lo que quiere decir que no tuvo una relación directa ni con los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de 1977 ni con el debate constituyente, culminado en la Constitución de diciembre de 1978¹⁴.

## Transición como amnesia y silencio

Y es que, con la irrupción del Partido Popular como clara opción alternativa al Gobierno socialista y, sobre todo, con su llegada al Gobierno y posterior conquista de la mayoría absoluta, las voces críticas adquirieron mayor intensidad y volumen. De 1993 datan, en efecto, los primeros usos del pasado con fines políticos, cuando en la campaña electoral, la nueva derecha emergente trató de encontrar una legitimación que la desvinculara de cualquier connotación franquista mientras los socialistas se empleaban a fondo, en un ejercicio de recuperación de memoria histórica *avant la lettre*, en presentarlos como los auténticos herederos de la dictadura. La llamada crispación que a partir de esas elecciones presidió la relación entre los dos grandes partidos de ámbito estatal sirvió como caldo de cultivo de una nueva práctica política que consistía en echar cada cual a la cara de su adversario lo que se presentaba como su tenebroso pasado, un ejercicio en el que los socialistas mostraron su maestría para el mercado publicitario con el célebre doberman sacado a paseo en la campaña electoral de 1996, réplica a aquel José María Aznar que desde tres años antes se presentaba como devoto lector de Manuel Azaña y ahora, en 1995, como ferviente defensor de «una gran transición», la que había producido una «gran democracia».

La quiebra del pacto, que de manera implícita o sobreentendida, había excluido el uso político del pasado o de la historia por los partidos, provocó no solo frecuentes disputas sobre la República, la Guerra Civil y la dictadura, sino sobre el pasado más reciente, del que todos ellos venían, la misma Transición, definida ahora como tiempo de silencio y amnesia, que había impedido el reconocimiento y la reparación debidos a la víctima de la represión de la dictadura, asegurando la impunidad de sus responsables. Aunque esta denuncia de la Transición como un tiempo de silencio y olvido venía también de veinte años atrás, fue con el Partido Popular firmemente asentado en el poder, cuando se generalizó y agudizó hasta sacudir las aguas parlamentarias. El grupo parlamentario de IU-ICV se erigió en abanderado de este uso del pasado, desde proponer un homenaje al exilio hasta presentar en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley destinado a anular la Ley de Amnistía, olvidando en este caso que fue el Partido Comunista el que con más ahínco ratificó desde la misma muerte de Franco la exigencia de una amnistía que clausurara la Guerra Civil y todos sus resultados, un punto habitual en todos los acuerdos firmados por fuerzas de la oposición con disidentes del régimen desde 1945 hasta 1975 pasando por 1962¹⁵.

Para lo que aquí interesa bastará recordar que uno de los más fervientes defensores de esta propuesta fue un represaliado de la dictadura, que poco tiempo después de recobrar la libertad

<footnote n="14">14 Alfonso ORTÍ, «Del franquismo al juancarlismo sociológico: Apología televisiva de la Transición desde la pizarra real», y Jaime PASTOR, «Entre la historia y la leyenda», *Viento Sur*, n.º 24, diciembre de 1995, p. 85-86 y 69-75.</footnote>

<footnote n="15">15 Para todo esto, Santos JULIA, «El retorno del pasado al debate parlamentario, 1996-2003», *Alcores. Revista de Historia Contemporánea*, n.º 7, 2009, p. 231-256, y «Políticas públicas de la memoria», *Informe sobre la democracia en España* 2011, Madrid, Fundación Alternativas, 2011, p. 147-169.</footnote>
tras 23 años de cárcel e intervenir en una reunión del Comité ginebrino pro amnistía política en España, publicó un artículo en el que anunciaba que «con la mayor responsabilidad histórica [los comunistas] renunciamos a nuestra situación de máximos acreedores» y reclamaba «amnistía para nosotros, los que combatimos bajo las banderas de la República [...] pero amnistía también para los que combatieron al lado de Franco y cometieron hechos punibles, en unos casos violentando sus sentimientos.» Es el mismo Marcos Ana que diez años después, tras repetir lo escrito en 1966, añadía que en su constante bregar por la amnistía, solían preguntarle: «Pero después de haber pasado 23 años de prisión, no siente usted deseo de vengarse» y que él respondía: «Sí, pero me sentiría desgraciado si esperara satisfacerlo con la sangre de los otros». Había, en su opinión, que tachar el miedo al porvenir, liberar a todos del pasado, amnistiar las responsabilidades pasadas y presentes contraídas por quienes había luchado en los dos campos y poner de esta manera fin a «la incertidumbre que en muchos casos condiciona y bloquea la evolución política de miles de españoles». Era una muestra de generosidad plena, concluía, «y aún de las más nobles, cuando unos hemos pagado ya —¡y a qué precio!— y otros no, las responsabilidades que pedimos hoy cancelar para todos»<fnref n="16" />.

Es menester recordar que estas palabras no se escribían como pago por una legalidad entonces aún no conquistada. Los comunistas habían situado en el centro de su política de reconciliación la aprobación de una amnistía general que muchos años después de sus primeros enunciados, Xavier Arzalluz, en el debate parlamentario de 14 de octubre de 1977, definirá como «de todos y para todos», culminando así una larga serie de movilizaciones en la calle de las que fueron principales protagonistas los nacionalistas vascos: no en vano fue Julio Jáuregui, como uno de los cuatro delegados de la Comisión de los Nueve, quien planteó en la reunión que esa comisión mantuvo con Adolfo Suárez el 11 de enero de 1977 la necesidad de una amnistía de todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos entre el 18 de Julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1976; un gran acto solemne que «perdonara y olvidara todos los crímenes y barbaridades cometidas por los dos bandos de la Guerra Civil, antes de ella, en ella y después de ella, hasta nuestros días», en el bien entendido de que «el perdón y la amnistía de un período tan dramático exige que todos se traguen miles de sapos y miles de culebras, pero la piedad, la paz y la convivencia de las nuevas generaciones así lo exigen»<fnref n="17" />.

Sin embargo, a partir del comienzo de la segunda legislatura presidida por el Partido Popular, la equiparación de amnistía con amnesia e impunidad y la condena de la Transición como un tiempo de silencio y olvido, prueba incontrovertible de una sociedad desmemoriada y de la obsesiva dedicación de «españolas y españoles a la desesperada a borrar, a no mencionar»<fnref n="18" />, se generalizó en los medios de oposición y en los movimientos surgidos en torno a la recuperación de la memoria histórica y de allí saltó a los estudios culturales y a las historias que identificaban transición con mito. Mito y mentira de la transición se multiplicaron en los títulos de libros que invariablemente se presentaban como nuevas, diferentes, originales, rompedoras historias de la Transición, muy alejadas de la historia oficial aunque en definitiva se redujeran a contar los mismos hechos percibidos con otra mirada, la propia de quienes, si hubieran estado allí, habrían conducido los habrían conducido por otro camino, hacia una Tercera República, por ejemplo: añoranza de lo que no fue, por traición, por miedo, por debilidad de gentes simplemente deseosas de ocupar el poder.

El consenso que estos diferentes relatos alcanzaron acerca del contenido de la amnistía como amnesia sirvió de argumento para deslegitimar la Transición y todo lo creado a partir de ella. En esta línea argumental, fue habitual fundir el decreto-ley de amnistía de 30 de julio de 1976 con la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 en «la amnistía», sin tener en cuenta que el primero fue obra del Gobierno y su objeto poner en la calle a los presos políticos de la dictadura como condición necesaria para abrir el espacio público a unos partidos que ya no eran clandestinos

<footnote n="16">16 Marcos ANA, «Ni vencedores ni vencidos. Amnistía para los dos campos», *Mundo Obrero*, primera quincena de junio de 1966, y «La amnistía, una exigencia nacional», *Nuestra Bandera*, n.º 83, enero-febrero de 1976, p. 12-19. De su intervención en Ginebra informó *ABC*, 28 de septiembre de 1962, p. 43. Marcos Ana es el seudónimo de Fernando Carrasco, encarcelado recién terminada la Guerra Civil y condenado a muerte por consejo de guerra en 1943, acusado del incendio y saqueo de varias iglesias y del asesinato de tres vecinos de Alcalá de Henares, uno de ellos sacerdote. La condena fue luego rebajada a la inmediatamente inferior, de 30 años de prisión, y finalmente quedó en libertad gracias al decreto 1824/1961, de 11 de octubre. «de indulto general con motivo del XXV aniversario de la exaltación del Caudillo a la Jefatura del Estado» (*BOE*, 12 de octubre de 1961, p. 14695). De Marcos Ana decía un informe de la embajada del Reino Unido, firmado por C.T. W. SKAETE tras una larga conversación el 28 de noviembre de 1978, que era «*a man of apparently transparent integrity, famous for having spent 23 years in gaol under Franco*», y que realmente creía que «*the Spanish Communism is, and will be, different to other Communism*», The National Archives, FCO 9/2758.</footnote>

<footnote n="17">17 Julio DE JAUREGUI, «La amnistía y la violencia», *El País*, 18 de mayo de 1977. Jáuregui había sido diputado en las últimas Cortes de la República y mantenía una buena memoria de los crímenes que ahora solicitaba amnistiar.</footnote>

<footnote n="18">18 He tratado esta cuestión en «Cosas que de la transición se cuentan», *Ayer. Revista de Historia Contemporánea*, n.º 79, 2010/3, p. 297-319. Ahí se puede encontrar esta cita de Teresa VILARÓS y algunos comentarios imaginativos de otros colegas de departamentos universitarios de Estados Unidos sobre la desmemoria de españolas y españoles.</footnote>
pero que aún no eran legales, mientras que la segunda fue obra del Parlamento y se dirigía, en la manifiesta intención de sus autores, los diputados, a liberar a los presos de ETA que todavía quedaban en la cárcel tras la aplicación del decreto-ley de amnistía de 1976 y de los secretos de marzo de 1977 que la ampliaban. De esa fusión del decreto de 1976 con la ley de 1977 resulta casi obligado presentar la amnistía promulgada por el Parlamento como una ley de punto final que «con la excusa de sacar de la cárcel a unas decenas de presos políticos de izquierda (que en una democracia ya no podían estar encarcelados por sus ideas), libraba de sus delitos a miles de franquistas»<fnref n="19" />. No pocos politólogos e historiadores y hasta algunos juristas incurren también en este error sin tener en cuenta que los últimos presos políticos de la dictadura —«que en una democracia ya no podían estar encarcelados»— habían sido liberados por el decreto-ley de amnistía de julio de 1976; que no pocos de ellos, miembros del Partido Comunista y de Comisiones Obreras en su mayor parte, se habían presentado a las elecciones en junio de 1977; y, en fin, aunque sea lo más importante, que algunos fueron elegidos y se contaron entre los diputados que tomaron la iniciativa, a la que nadie les obligaba excepto su propia voluntad, de presentar y defender un proyecto de ley de amnistía general con el propósito de que no quedara en la cárcel ningún preso de ETA, ni siquiera los procesados o condenados por delitos contra la vida o la integridad física de las personas cometidos en las últimas semanas<fnref n="20" />.

Ciertamente, a cambio de esa liberación de presos de ETA, UCD incluyó en el artículo 2º del proyecto finalmente debatido el 14 de octubre de 1977 los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en la Ley y, más en general, los delitos cometidos por los funcionarios y agentes de orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, un añadido que fue aceptado por los portavoces de los partidos de oposición que intervinieron en el debate con el argumento de que, al tratarse de una amnistía de todos para todos, quedaría clausurada definitivamente la Guerra Civil.

Si, con temor a repetir argumentos sobre los que ya he escrito en otras ocasiones, evoco de nuevo esta denuncia de la Transición como un tiempo de desmemoria, amnesia y silencio, es porque con ella se tira por la borda la avalancha de reportajes, ensayos, investigaciones, debates sobre la República, la Guerra Civil y la dictadura que llenaron páginas y páginas de nuevas revistas de divulgación histórica y de semanarios y revista culturales como las recién fundadas *El Viejo Topo*, *Ajoblanco*, *Taula de Canvi*, *Argumentos*, *Zona Abierta*, *Andalán*, *El Cárabo*, *Tiempo de Historia*, *Historia 16*, *Negaciones*, *Transiciones*, *Mientras Tanto*, *Materiales*, o las veteranas *Triunfo*, *Cuadernos para el diálogo*, *Destino*, y la enorme cantidad de folletos publicados por Mañana Editorial, Akal, Dopesa, Laia, Avance, Ediciones 99, Ediciones de la Torre, Editora Star, La Gaya Ciencia, Túcar..., de los que en algunas ocasiones se llegaron a tirar cientos de miles de ejemplares y llenaron a rebosar las mesas de novedades de las librerías. Toda esa masa de escritura sobre el pasado de guerra y dictadura aparecida en los años de transición —que todavía espera a algún historiador cultural que se ocupe de ella aunque no sea más que para complementar la masiva dedicación al análisis de las novelas y las películas sobre la Transición publicadas o emitidas después de la Transición— fue, sin embargo, compatible con la decisión política de no convertir el pasado en arma del debate político, como se puso de manifiesto explícitamente en la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía<fnref n="21" />.

<footnote n="19">19 Así, entre otros muchos, Emilio SILVA, «El despertar de la memoria histórica en España: el papel de la sociedad civil», en Felipe GÓMEZ ISA (dir.), *El derecho a la memoria*, Bilbao, Alberdania, 2006, p. 572. En este mismo libro, p. 529. Enrique PINILLA MARTÍN, «La recuperación de la memoria histórica en España», asegura que en la Ley de Amnistía de 1976 /sic/ quedó plasmado el acuerdo tácito por el que se relegaban al olvido las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, aunque el acuerdo, en verdad, no pudo ser más explícito: una ley debatida y aprobada en un Parlamento. Lo que ocurre es que echar al olvido no es lo mismo que olvidar ni silenciar; es decidir que lo ocurrido en el pasado, del que se conserva memoria, no va a impedir que se abran nuevos caminos para el futuro.</footnote>

<footnote n="20">20 «Proposición de amnistía general», Madrid, 14 de julio de 1977. Archivo del Congreso de los Diputados, Serie General, leg. 2.329, núm. 2. En ese mismo legajo, «proyecto de decreto-ley de amnistía», de 13 de septiembre de 1977, presentado por el grupo parlamentario formado por Minoría catalana y PNV y proposiciones de ley del grupo socialista y del grupo de UCD que llevan fecha de 20 de septiembre y 2 de octubre, respectivamente. Para más detalle de esta tramitación puede verse Santos JULIÁ, *Elogio de Historia en tiempo de Memoria*, Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 33-41</footnote>

<footnote n="21">21 Dar cuenta de estos dos hechos no significa que yo haya «demandado el uso de un olvido terapéutico» ni haya recomendado jamás «the silencing of the conflictive past», que falsamente me imputa Álvaro Fernández [«Spanish history in the fairy country: dealing with social trauma in *Pan's Labyrinth*», *Kamchatka*, n.º 2, diciembre de 2013, p. 12], sino que tomo nota y doy cuenta de lo que encuentro como dos hechos relevantes de estos primeros años de transición: el cruce de una vorazidad lectora en amplios sectores sociales sobre el pasado de República, guerra y dictadura y la decisión de los partidos políticos de la oposición democrática de «echar al olvido» ese pasado por medio de una amnistía general que clausurara la Guerra Civil en todos sus efectos. Nunca he escrito que la Transición, por eso o por cualquier otra cosa, fuera modélica ni que fuera un milagro. Simplemente, ocurrió. Eso es todo, y me sorprende que dar cuenta de lo que ocurrió con el pasado de República, guerra y dictadura en aquellos años —interés por conocer y voluntad de amnistiar— suscite tanta hostilidad, tanto juicio de intención y tanta tergiversación de lo que he publicado sobre esos dos hechos.</footnote>
## Transición como régimen del 78

Y de pronto, en una sociedad en la que toda persona que apostara por «lo problemático» se veía condenada a la marginación, en la que no existía «posibilidad de criticar» a no ser que se buscara una condena de por vida al silencio, en la que toda la cultura producida desde la Transición era «una aberración política y genuinamente española», en la que todos los intelectuales estaban «absolutamente comprometidos contra lo problemático y con el Estado», en esa sociedad verticalizada, con un sistema democrático que ha recibido hasta la fecha «cero críticas» y con un Estado similar al de Corea del Norte en el rol propagandístico de la cultura y en el ejercicio de un «monopolio cultural», en semejante sociedad y en tal Estado se produjo «un pequeño milagro cultural»: la aparición de «un objeto tan excitante como el 15-M», un objeto difícil de explicar y que Guillem Martínez recibe con el alborozo que provoca un recién nacido, porque de eso efectivamente se trata, del «nacimiento de la no CT»<fnref n="22" />.

Sería cómodo argumentar que el mismo Guillem Martínez, propinando desde *El País* (diario del Grupo Prisa, otrora un gigante multimedia y todavía hoy propietario de la SER y de un trozo aún suculento de Santillana) sus simpáticas palizas contra la CT, y editando su libro antiCT en Random House Mondadori [hoy Penguin Random House Grupo Editorial, propietaria de los sellos Aguilar, Alfaguara, Beasoa, Conecta, Debate, Grijalbo, SUMA, Montena, Nube de Tinta, Reservoir Books, Plaza & Janés, Sudamérica y Taurus] ofrece una buena muestra de lo que llama cultura dominante, tan dominante que se permite el lujo de contratar y pagar a quienes la denuncian por ser... la cultura dominante. Recuerda en cierto modo a uno de los principales críticos culturales que llevaba como timbre de gloria ser el último en apagar la luz, Manuel Vázquez Montalbán, que desarrolló una muy elaborada teoría sobre el papel del intelectual crítico y sus vinculaciones a los aparatos ideológicos del Estado. En una Semana sobre Cultura y Disidencia celebrada en Granada en noviembre de 1997, Vázquez Montalbán trató de responder a la pregunta que «una y otra vez subía desde el público a los conferenciantes mínimamente solicitados sobre un tema cada vez más solicitado como era el de los medios de comunicación social». La pregunta era por qué el poder político tolera a los humoristas cosas que no tolera a otros profesionales de la comunicación. Y la respuesta fue todo un tratado sobre el papel del profesional crítico: como el concepto de lucha ideológica había perdido adeptos entre los asistentes a los coloquios culturales-dijo Vázquez Montalbán-, si recuerdas a ese público que «cualquier medio de comunicación puede ser un territorio de lucha ideológica que casi nunca se puede escoger o delimitar según el gusto del profesional crítico, tus argumentos le parecen vana palabrería liberal que trata de enmascarar tu real condición de miserable conferenciante integrado e integrador». Vázquez Montalbán ejerció la crítica de la Transición, del Gobierno socialista, de los intelectuales orgánicos y de la sociedad capitalista en general escribiendo en exclusiva para *El País* desde 1984 y, según se nos informa en el prólogo al tercer volumen de su *Obra periodística*, aumentó el ritmo de trabajo y renovó sus postulados ideológicos a partir de 1987 para enfrentarse, siempre desde *El País*, pero ahora también desde *Interviu*, a la «oleada de nuevos valores conservadores que impregnan los debates políticos a finales de los años ochenta»<fnref n="23" />. Un ritmo muy vivo, pues su lucha ideológica se desarrolló también en toda clase de lo que él mismo definía como aparatos ideológicos del Estado: durante décadas se encontró entre los escritores más veces invitado a presentar sus libros y pronunciar conferencias en las sedes del Instituto Cervantes y en las ferias internacionales del Libro a las que era convocado como tantos otros escritores, críticos u orgánicos, por el Ministerio de Cultura. ¿Era o no era CT Vázquez Montalbán? ¿Es o no es CT la escritora que publica lo que escribe en Anagrama o en Random House, recibe o queda finalista de varios premios y acude a hablar en foros «que tienen lugar con el patrocinio de Telefónica, Loewe, Iberdrola, Repsol» mientras condena a la CT a Muñoz Molina, Marías, Azúa, Millás, Montero, etcétera?<fnref n="24" />. Si todo es CT, ¿cómo alguien, debelador de la CT desde editoriales y medios de comunicación CT pura sangre, no va a ser también CT, por mucho que al escribir o editar haga glup, glup, es decir, se trague mil sapos y otras tantas culebras?

En todo caso, fueran cuales fuesen los límites de la CT y sus moradores, lo cierto es que desde que los acampados del movimiento 15M colgaron en la Puerta del Sol un gran cartelón, y adornaron la fachada del Congreso con una pintada proclamando «Abajo el Régimen», el

<footnote n="22">22 Todo lo recomillado, y mucho más, en Guillem MARTÍNEZ, «El concepto CT», en *CT o la Cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española*, Barcelona, Random House Mondadori, 2012, p. 11-23.</footnote>

<footnote n="23">23 Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN, «Los humoristas frente a la realidad española», en *Semana sobre Cultura y Disidencia, patrocinada por la Agencia Europea de Cultura, la Fundación Caja Madrid y el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología*, recogido en José VIDAL BENEYTO, *Memoria democrática*, Madrid, Foca, 2007, p. 239-240; Francesc SALGADO, «Prólogo» a Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN, *Obra periodística*, vol. III. *Las battalas perdidas* (1987-2003), Barcelona, Debate, 2007.</footnote>

<footnote n="24">24 Belén GOPEGUI, «CT: ¿para olvidar qué olvido?», en *CT o la cultura de la Transición*, cit., p. 208 y 212-213.</footnote>
término «régimen» o «régimen del 78» hizo fortuna entre artistas, analistas de la política, colaboradores en prensa, críticos literarios, historiadores y hasta algún constitucionalista. De los primeros fue muy célebre la performance titulada «Los encargados», tomada en un video rodado en la madrugada de 15 de agosto de 2014, una procesión de siete grandes coches oficiales, cada uno con su gigantesco retrato, en blanco y negro y bien enganchado en el techo de los coches. Abre la procesión, que fue subiendo por Gran Via hasta desembocar en la Plaza de España, el retrato del rey Juan Carlos, «primer encargado del trile de la transición», y siguen los rostros de «las caras visibles del régimen», sus sucesivos presidentes del Gobierno: Suárez, Calvo-Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, todos boca abajo, como el régimen, todos, en palabras de Santiago Sierra, «encargados de representar los intereses de la Banca, del Pentágono, de Roma, de los terratinientes, del Ejército». Era un «arte para denunciar el tocomocho de las elites de la Transición», como tituló su crónica de la performance *El País*<fnref n="25" />.

Entre analistas de la política, de «La crisis del régimen del 78» se ocupó, quizá por vez primera de forma sistemática, José Antonio Errejón, administrador civil del Estado y militante de Izquierda Anticapitalista, que lo definió como «la forma política que adoptó el proyecto de desarrollo capitalista en España, tras el agotamiento de la forma dictatorial vigente durante cuatro décadas». Sus pilares eran, según Errejón, un pluralismo político atenuado por una ley electoral que penalizaba las opciones críticas; un acuerdo entre trabajo y capital con renuncia del primero a la orientación de la política económica; una notable descentralización con objeto de «neutralizar las aspiraciones a la autodeterminación de los pueblos y naciones sometidos a la dominación del Estado español», todo lo cual, en fin, bajo la vigilancia de aparatos coercitivos del Estado heredados de la dictadura y al mando de un jefe del Estado cuya primera fuente de legitimidad fue su designación por el mismo dictador. Con tal régimen ya agotado, el Estado español se ha configurado como un régimen de colonia o protectorado de modo que «el pesimismo y la fatalidad ha atenazado las energías colectivas de la sociedad española»<fnref n="26" />.

Se trataba de una descripción del régimen demasiado elaborada como para servir de discurso movilizador o así lo entendieron desde el primer momento quienes convirtieron aquel «¡Abajo el régimen!» de mayo de 2011 en «el régimen del 78» como pivote de una construcción discursiva destinada a agrupar en su desprestigio los partidos que detentaban de forma oligopólica la representación política, a un Estado español al que negaban su carácter democrático y a la colusión de intereses que vinculaba a los representantes políticos con poderes económicos corruptos, lo que en definitiva significaba que el régimen del 78 no podía aspirar a ostentar ningún monopolio de legitimidad<fnref n="27" />. A partir de esa deslegitimación global, procedieron a construir lo que Ernesto Laclau definió como ruptura populista: una dicotomización del espacio social que permitiera a los actores identificarse como participes de uno u otro de los campos enfrentados: casta/gente, los de Arriba/los de abajo. La crisis económica que empujaba a las calles a mareas de indignados apareció discursivamente como una crisis orgánica, resultado de una corrupción generalizada producida por un sistema político bipartidista, cuyo origen radicaba en el régimen del 78, consecuencia a su vez de un pacto entre elites que consolidó la permanencia de los intereses dominantes bajo la dictadura franquista. Estos fueron los significantes flotantes que se llenaron de un nuevo significado en la cadena equivalencial que singularizaba el discurso de Podemos en el momento en que se produjo su botadura como partido en el primer trimestre de 2014: que el del 78 es un régimen corrupto y que la corrupción ya venía impresa en la partida de nacimiento de aquel régimen por un pacto entre elites sellado en la Transición que era urgente dinamitar dicotomizando el espacio público, convirtiendo en «ellos» a todos los partícipes en los pactos de la Transición y en «nosotros» a esa mayoría social que sufría los efectos de la crisis de la que ellos eran culpables a la par que beneficiarios. Transición era igual a régimen, casta, los de Arriba, bipartidismo, corrupción, crisis<fnref n="28" />.

Ciertamente, esa condena *in toto* de la transición a la democracia no habría de durar mucho en la construcción discursiva de Podemos: en la primavera de 2015, con elecciones generales a la

<footnote n="25">25 Ángeles GARCÍA, «Arte para denunciar «el tocomocho de la transición»», *El País*, 15 de enero de 2013. «Los encargados», de Jorge GALINDO y Santiago SIERRA, video producido por la galería Helga de Alvear, que puede verse, con *La varsoviana soviética* como música de fondo en: https://www.youtube.com/watch?v=QlIF0mwJeJ.</footnote>

<footnote n="26">26 José ERREJÓN, «La crisis del régimen del 78», *Viento Sur*, 9 de enero de 2013. José Antonio Errejón Villacieros ha ocupado varios cargos de libre designación en «el régimen del 78» a lo largo de las últimas tres décadas.</footnote>

<footnote n="27">27 Íñigo ERREJÓN, «El 15-M como discurso contrahegemónico», *Enrecujadas. Revista crítica de Ciencias Sociales*, n.º 2, 2011, p. 138-139.</footnote>

<footnote n="28">28 Conversación entre Pablo IGLESIAS y Nega (LCDM), «¡Abajo el régimen!», Barcelona, *Icaria*, 2013, p. 17-19, que puede compararse con lo escrito y declarado por el mismo Iglesias en «Entender Podemos» y «España en la enrecujada», *New Left Review*, n.º 93, p. 9-32 y 33-54. Para un análisis de estos discursos, Santos JULIA, «Evitar el marco perdedor para garantizar la marca ganadora: Pablo Iglesias en la *New Left Review*», *Revista de Libros*, 16 de septiembre de 2015, accesible en: http://www.revistadelibros.com/articulos/evitar-el-marco-perdedor-para-proteger-la-marca-ganadora-pablo-iglesias-en-la-new-left-review.</footnote>
vista, y aunque medio año antes Pablo Iglesias había atacado de una forma que su interlocutor
consideraba «brillante», al régimen del 78 y a sus principales pilares –la Monarquía, los Pactos
de la Moncloa, la Constitución, la manipulación de las circunscripciones electorales, el sistema
bipartidista, la OTAN, con un Juan Carlos tan detestado como Alfonso XIII – se mostraba
sin embargo, «bastante amistoso con la Transición y los Pactos de la Moncloa, con la única
excepción de no haber dejado resuelta la cuestión nacional». Iglesias repetía, en resumidas
cuentas, lo que había constituido el consenso entre politólogos allá por los años noventa: que
si se exceptuaba la cuestión territorial, la Transición, en todo lo demás, había sido nada menos
que... ¡un éxito! Íñigo Errejón llegó a afirmar en abril que, aun si la palabra régimen podía sonar
muy fuerte porque parecía aludir «a una construcción no democrática», Podemos defendía que
el sistema español era «democrático» y que sus instituciones habían «protagonizado durante
30 años muchas cosas buenas», de tal manera que no se trataba de impugnar ni revisar los «30
años de pasado» sino de proceder a «ciertas reformas estructurales», más o menos lo mismo
que ya por entonces decía Ciudadanos. Y el mismo Pablo Iglesias, donde antes propugnaba
romper el candado del régimen del 78, ahora aseguraba que lo llamaban así «en honor a la
Constitución» y proponía, desde las páginas de *El País*, «Una nueva Transición, recordando
que la primera había sido «exitosa»<fnref n="29" />».

Pero mientras los dirigentes de Podemos volvían grupas sobre la construcción discursiva con la que se habían presentado ante lo que Iglesias identificaba como «el público de la Televisión», y conquistado el 8 por 100 de los votos en las elecciones europeas, se celebraba en la Universidad Michel de Montaigne de Burdeos un encuentro bajo el sugerente título: «Un objeto extraño llamado “transición”: hacer historia del posfranquismo hoy». No la transición, artilugio de la derecha que es preciso entrecostillar no vaya a ser que se nos naturalice entre las manos, sino el posfranquismo, que es esto que ahora tenemos y que en su origen, por más que lo llamaran Transición, fue solo posfranquismo y hasta si se apura franquismo puro. La prueba no hay que ir muy lejos a buscarla: el último secretario general de Falange [sic] fue el primer jefe de Gobierno de la democracia, escribe François Godicheau, profesor de Historia de esa Universidad, dando cuenta de un hallazgo que se completa con otro más sorprendente, si cabe: que «los procuradores franquistas fueron mayoría en la comisión encargada de redactar la Constitución de 1978». Y si todavía añadimos las «muchas más cosas» que no específica, el resultado será que «la evidencia del sentido de democracia comienza a volverse muy borrosa»<fnref n="30" />.

En realidad, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, constituida el 13 de febrero de 1978, no había procuradores franquistas, sino diputados elegidos libremente por los españoles. Pero, en fin, si por procuradores franquistas se pretende señalar la procedencia de todos los diputados de Unión de Centro Democrático y de Alianza Popular, entonces quizá convenga aclarar que de los miembros de esa Comisión, que eran 36, únicamente 6 habían sido procuradores en las Cortes de la dictadura, uno desde los años cincuenta, Manuel Fraga; dos, desde los sesenta, Federico Silva y Jesús Esperabé de Arteaga, y los tres restantes desde 1971, Gabriel Cisneros, José Luis Meilán y Jesús Sancho Rof. Ninguno de los otros 30 miembros de la Comisión había sido nunca procurador en las Cortes franquistas; todos accedían por vez primera al hemiciclo del Palacio de las Cortes<fnref n="31" />. ¿De dónde se saca François Godicheau tal procedencia de la mayoría de miembros de la Comisión? De la manga, como es el caso también de otro de sus hallazgos, el de atribuir a la expresión «transición a la democracia» un significado tramposo frente al que habría que precaverse, pues con ella, según se nos revela, la derecha franquista pretendía construir un relato de justificación política, que naturaliza unos supuestos presentes en los discursos de los bomberos del sistema. Nada importa que «transición a la democracia» sea una expresión cuyo origen puede datarse de varias décadas antes de que comenzara ningún proceso de transición a la democracia, ni que fuera el buró político del Partido Comunista el que habló por vez primera en 1957 de un «proceso de transición pacífica de la dictadura a la democracia» para indicar que sería muy difícil sin alguna fórmula intermedia que abriera el «camino a una situación en la que la soberanía

<footnote n="29">29 Declaraciones a Europa Press de Íñigo Errejón, 26 de abril de 2015, accesibles en: http://www.europapress.es/nacional/noticia-errejon-dice-podemos-no-quiere-revertir-regimen-78-20150426114938.html. Es muy elocuente en el giro discursivo de Podemos el balance que del «régimen político español que llamamos del 78 en honor a su Constitución» levanta Pablo Iglesias en «Una nueva Transición», *El País*, 19 de julio de 2015.</footnote>

<footnote n="30">30 François GODICHEAU (ed.), «Introducción» a *Democracia inocua: lo que el posfranquismo ha hecho de nosotros*, Ediciones Contratiempo, diciembre de 2014, http://postmetropolis.com/francois-godicheau-coord-democracia-inocua-lo-que-el-posfranquismo-ha-hecho-de-nosotros/, que recoge las ponencias de una jornada de estudio celebrada en la Universidad Michel de Montaigne, de Burdeos, bajo el título «Un objeto extraño llamado “transición”: hacer historia del posfranquismo hoy».</footnote>

<footnote n="31">31 *Boletín Oficial de las Cortes*, 13 de febrero de 1978.</footnote>
popular pueda manifestarse libremente»<fnref n="32" />. Nada de esto cuenta si lo que se pretende es atribuir a la derecha, con las intenciones que ya se puede suponer, el origen de la expresión «transición a la democracia».

De manera que «la transición política española no ha tenido lugar»<fnref n="33" />, pero ¿hubo algún lugar para la democracia? Germán Labrador, partícipe en el encuentro de Burdeos, lo duda. Los estudiosos de la literatura y, en general, de la cultura son finos analistas de los productos y de las manifestaciones culturales, desde una novela a una pintada o una performance; el problema consiste en la facilidad con que derivan de un producto de cultura la existencia de un fenómeno social o político más allá del producto mismo o del circuito de sus consumidores. Por ejemplo, no cabe duda de que el comentario a una pintada en el banco de un parque puede dar mucho juego, como ocurre con «Me ahogo, refórme el culo», al que Germán Labrador extrae todo el jugo posible. Pero de ahí a concluir que esa pintada revela la presencia de una mayoría contraria al curso que iba tomando la política tras el referéndum de la Ley para la Reforma Política hay un largo trecho que el historiador cultural salta con toda alegria, sin mencionar siquiera los resultados del referéndum a que fue sometido ese proyecto de Ley y que mostraron a las claras por dónde se ubicaba la mayoría social. De la misma manera, es pura lucubración afirmar que si solo un 61 por 100 de españoles creían en 1980 y 1982 –el punto más alto de la crisis de partidos– que los partidos eran necesarios para la democracia, el 40 por 100 restante creía en la viabilidad de una democracia sin partidos, fuese ya «una democracia de ciudadanos (asamblearia, participativa, republicano-libertaria), o una democracia social (un estado de tipo socialista o comunista)», que es la conclusión a la que, por arte de birlibirloque, llega Labrador, citando para colmo unos estudios de opinión que muestran exactamente lo contrario<fnref n="34" />. Y es que cuando un español prefería en aquellos años una democracia sin partidos, en lo que realmente pensaba era en una democracia orgánica, no en una republicano-libertaria.

«Los escritores que recuperamos ese momento histórico [la Transición] lo hacemos desde el análisis y la preocupación política por el presente. Me parece que no queremos caer en un ejercicio de nostalgia, sino en mostrar cómo de aquellas lluvias llegaron estos lodos», escribe Marta Sanz y esa es precisamente la clave de la cuestión<fnref n="35" />. Escribir el pasado en el presente es lo propio de toda narración histórica, que siempre consiste en una narración documentada del pasado. Pero para ser fieles a todas las voces que llegan del pasado, la narración escrita en el presente no puede escribirse *desde* el presente, por muy lodazal que este presente sea, por la simple razón de que mucha es también la lluvia que ha caído desde aquellas otras lluvias a las que se atribuyen los actuales lodos. Las lluvias del pasado fueron, en efecto, abundantes, pero hasta llegar al presente pudieron haber discurrido por otros cauces o haberse perdido en la tierra, especialmente tratándose de un período corto como la Transición que no llegó a consolidar un sistema de partidos, mucho menos un régimen –o sea, una sólida y duradera colusión entre el funcionamiento de las instituciones del Estado y los intereses privados– y que dejó abierto al futuro el procedimiento de distribución de poder territorial establecido en la Constitución. Nuevas lluvias vinieron después que abrieron otros surcos no determinados por lo mucho que antes hubiera llovido. Culpar a las lluvias de la Transición, caídas hace 40 años, de los lodos en que manoteamos en la actualidad no tiene sentido: el presente nunca está escrito en el pasado que fue; lo vamos escribiendo en los sucesivos presentes que ahora son.

Es lo que no ha tomado en cuenta Javier Pérez Royo cuando, dándole la vuelta a todo lo que había venido defendiendo hasta fechas bien recientes, ha decidido que el año 2015 era el año de Podemos y, en consecuencia, ha dado por finiquitado el tiempo en que nos recomendaba dejar la Transición en paz<fnref n="36" />. Pensando el pasado desde el presente, o lo que es igual, haciendo un uso del pasado para, a renglón seguido, proponer su voladura, Pérez Royo se ha rendido a la evidencia de

<footnote n="32">32 «Declaración del Partido Comunista de España», *Mundo Obrero*, febrero de 1957. El restablecimiento de una democracia en España por medio de una «transición pacífica» fue también el proyecto presentado en la célebre «Declaración del PCE por la reconciliación nacional, por una solución pacífica del problema español», *Mundo Obrero*, julio de 1956. Atribuir el origen de la política expresada en estas declaraciones a la derecha con objeto de «naturalizar» el sintagma es una muestra más de la ignorancia.</footnote>

<footnote n="33">33 Es el título de María Ángeles NAVAL a su ensayo sobre *El día del Watusi*, de Francisco Casavella, en *El relato de la Transición, la Transición como relato*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2013.</footnote>

<footnote n="34">34 De José Ramón MONTERO, Richard GUNTHER y Mariano TORCAL, «Legitimidad, descontento y desafección. El caso español», *Estudios Públicos*, n.º 74, otoño de 1999, únicamente podría inferirse, para el punto en cuestión, que de los sentimientos expresados hacia la política en 1980, solo el 21% los tenía positivos (1% apasionamiento y 20% interés, nadie entusiasmo ni compromiso); el 64% sentía desafecto (41% indiferencia, 12% aburrimiento y 11% desconfianza); y solo un 4% expresaba sentimientos negativos, irritación, que hoy llamáramos indignación.</footnote>

<footnote n="35">35 Marta SANZ, «Contar la transición o cómo hablar de la china en el zapato», *Kamchatka*, 4 de diciembre de 2014, Monográfico *Contar la Transición: discursos e imaginarios del proceso de cambio político en España*, coord. por Violeta ROS.</footnote>

<footnote n="36">36 Javier PÉREZ ROYO, «El año de Podemos» y «Dejemos la Transición en paz», *El País*, 29 de diciembre de 2014 y 16 de junio de 2007.</footnote>
que, en efecto, el régimen del 78 era como un candado que había que dinamitar. La Constitución –nos dice– arrastra tres grandes déficits democráticos que la convierten en un artefacto imposible de reformar: el de la exclusión de la Monarquía de la manifestación de la voluntad constituyente; el del encajonamiento de la dicha y repetida voluntad constituyente a través de una fórmula electoral que la circunscribe dentro de límites muy estrechos; y en fin, el de la exclusión de la legitimidad territorial en la expresión de la voluntad constituyente. Sumados estos tres déficits que afectan a la voluntad constituyente nos da a una Constitución monárquica, bipartidista y antifederal. ¿Qué se puede hacer con semejante Constitución? Nada; volarla<fnref n="37" />. Y ante tanta dinamita, solo se me ocurre aquello que Azaña dijo a Unamuno cuando este fue de visita al rey: «Dispense usted, señor: le habíamos creído por su palabra». Pues eso, habíamos creído –siempre con un grano de sal, todo sea dicho– aquellos ditíramos sobre la más republicana de las constituciones que en España habían sido y sobre el sistema de partidos y el Estado más eficaz ¡desde el neolítico! que habíamos disfrutado y ahora no sale usted con esas. Pues dispense usted, señor...

Entre las interpretaciones derivadas de la concepción de la historia como un combate que se libra desde el presente con el propósito de cambiar el pasado, Emmanuel Rodríguez presenta, siguiendo en esto un marketing gastado de tanto uso, una «interpretación distinta y rompedora» de la Transición. En este caso, lo que se rompe es el supuesto mismo de que se trata de una transición a la democracia: la democracia fracasó y, por tanto, no es que la transición sea distinta, es que no fue. Con ETA como «cancerbero de la resistencia armada frente a la continuidad de las estructuras franquistas» y con la «Revolución vasca» sin acabar de encontrar el camino propio que le permitiera «mantener una dinámica de acumulación, contrapoder y conquista institucional en términos positivos y contagiosos», ya se entiende que en los territorios que se ahorraron la presencia de algún cancerbero de la resistencia armada y en aquellos que quedaron a salvo alguna revolución a la vasca, la suerte estaba echada de antemano: para la izquierda, la transición fue «un gigantesco cementerio».

Pues a medida que la interpretación sobre este fracaso de la democracia se va tramando, con el auxilio de autores de referencia como Pedro J. Ramírez y Amando de Miguel, lo que aparece claro es que lo fracasado no es exactamente la democracia sino la democracia obrera, que es, según el autor, la única forma de verdadera democracia, aunque no acaba de saberse en qué consistiría una democracia obrera porque nunca se ha realizado. En resumen, lo ocurrido en España fue que la clase obrera acumuló en el proceso de transición fuerza suficiente para constituirse en sujeto de la ruptura, pero le faltó confianza en sí misma para convertirse en protagonista del cambio. La razón que explique por qué la clase obrera llegó a ser sujeto de una ruptura, o sea, actor principal de la tarea más ardua, para renunciar de inmediato y entregar a los partidos el papel de actores del cambio, o sea, de la tarea más factible una vez la ruptura realizada, es muy simple: la clase obrera acabó por plegarse al consenso social que siguió a los acuerdos políticos; o, dicho de otro modo, la clase obrera «tendió a delegar» en los partidos de izquierda la posición política que había conquistado mientras protagonizaba la ruptura y estos, los partidos de izquierda, embriagados por el cambio consensuado, acabaron por incapacitar a la clase obrera para cumplir cualquier otro papel más allá de la ruptura. La clase obrera, en cuanto sujeto histórico, fue traicionada e incapacitada por los partidos políticos de la clase obrera, especialmente por el comunista –puesto que el socialista se transformó enseguida en un «conglomerado populista»–, que luego recibió el pago de su traición en su propio suicidio: esta es la interpretación distinta y rompedora que nos devuelve en realidad a los buenos viejos tiempos de la querella entre el revolucionario Lenin y el renegado Kautsky: la clase como sujeto de la ruptura, que luego, sin dirección llevar su triunfo hasta la conquista del poder para inaugurar un nuevo tiempo, el de la democracia obrera –entonces llamada dictadura del proletariado– y, en el camino, es víctima de una traición<fnref n="38" />.

<footnote n="37">37 Javier PÉREZ ROYO, «Por qué en España no se reforma la Constitución», en Diego LÓPEZ GARRIDO (dir.) y María Luz MARTÍNEZ ALARCÓN (coord.), *Reforma constitucional y estabilidad presupuestaria. El artículo 135 de la Constitución española*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013, p. 60; y «No hay que reformar la Constitución, hay que volarla», *La Vanguardia*, 6 de octubre de 2015.</footnote>

<footnote n="38">38 Todo lo citado procede de Emmanuel RODRÍGUEZ, *Por qué fracasó la democracia en España. La transición y el régimen del 78*, Madrid, Traficantes de sueños, 2015, *passim*. A propósito de clase obrera, quisiera aclarar que mi crítica a la concepción antropomórfica de clase social como sujeto que triunfa, delega o sufre traición nada tiene que ver con una supuesta creencia en que «las clases no existen», como me atribuye José Álvarez Junco en su colaboración al homenaje que sus colegas y amigos hemos dedicado a Manuel Pérez Ledesma. Lo que tal vez dije en el coloquio de 1982 citado –aunque la transcripción de las actas no lo recoge como tampoco recoge lo que me endosa Álvarez Junco– es que las clases sociales no son sujetos de acción y que, por tanto, no se puede atribuir una revolución ni una traición a una clase social; que entre clase y acción media siempre una organización, formada por sujetos individuales, los afiliados o militantes, con una estructura, unos programas y otros líderes, y que, por eso, estudiar los sindicatos o los partidos, sus programas y resoluciones, su militancia y liderazgo, sus pactos y luchas es obligado para quien trabaje sobre clases sociales; tan obligado, al menos, como estudiar su cultura.</footnote>
Una conclusión muy provisional

Como sabemos desde Menéndez Pelayo, el pasado es un territorio en continuo movimiento. Si ese pasado es, por las razones que fueren, traumático o plagado de acontecimientos que alcanzan la categoría de históricos, todavía más. Al proceso de transición pacífica de la dictadura a la democracia (por decirlo al modo comunista de los años cincuenta y sesenta) en España le ocurre eso, con el agravante de que cada uno de los términos que lo definen ha sufrido a lo largo del tiempo transcurrido desde que ese proyecto se puso en circulación graves quebrantos y mutaciones sin cuento: proceso/transición/pacífica/dictadura/democracia/España, cada concepto es susceptible de ponerse en cuestión, cada palabra es susceptible de contarse de diferentes maneras. En los cuarenta años mal contados transcurridos desde que se iniciara el proceso, las mutaciones en la manera de contar la transición han sido fenomenales, del desencanto, pasando por el éxito, a la denuncia para acabar de momento en la negación, todos los géneros se han tocado en una amplia panoplia de narraciones: literarias, cinematográficas, televisivas, históricas, analíticas, ensayísticas. Montones de novelas y películas, varias series de televisión, exposiciones, infinidad de artículos de opinión, mucho ensayo y, en fin, libros a granel de historia para todos los gustos, divulgativos, de investigación local, regional o estatal, se diría que la Transición es fuente inagotable de inspiración, paisaje que reclama ser visitado una y otra vez porque nunca deja de proporcionar sorpresas inesperadas.

Parece claro, pero no es nada seguro porque falta mucha investigación por realizar, que ese magma de productos culturales que narran la Transición, ha pasado por cuatro fases más o menos coincidentes con las cuatro etapas de la evolución política que el Estado y la nación españoles han recorrido desde el fin de la dictadura hasta la presente crisis de nunca acabar. En el origen fue el desencanto, nadie se sentía satisfecho de lo que estaba ocurriendo, y con razón, pues todo a punto estuvo de irse al garete. Luego, cuando los socialistas llegaron al Gobierno, los militares dejaron de conceder declaraciones subversivas y de cualquier otra indole, España se quedó en la OTAN, entró en las Comunidades Europeas y salió de la crisis, la mirada al pasado dio un vuelco y la Transición desencantada se transformó en el éxito de la Transición, un modelo exportable de transición por transacción. Después, el rampante deterioro del largo Gobierno socialista y el ascenso de la refundada Alianza Popular como Partido Popular alumbró la sospecha de que algo se había hecho mal en origen, de que la culpa del retorno de la derecha al poder había que cargarla a la Transición y a su pacto de amnesia: fue el tiempo de la Transición como traición: a un pasado que era preciso recuperar; a quienes sufrieron cárceles, tortura y muerte a manos de los vencedores; a los proyectos de emancipación vendidos por un plato de lentejas. En fin, metidos en una profunda crisis económica, social y política desde, al menos, 2010, la Transición ha vuelto a ser campo de batalla con un final incierto: quienes la encomiaron cuando iban avanzados los años ochenta, reniegan ahora de ella y no pocos de quienes la negaron hace ahora no más de tres años parecen quererla tanto que hasta propugnan otra. Como suele decirse: la historia dirá; pero de momento, una cosa es clara: el querido profesor Linz se equivocaba –como tantos de nosotros nos equivocamos– cuando afirmó, nada menos que en 1996, que la Transición era ya historia. No, la Transición no es todavía historia, sigue siendo política, siempre lo ha sido y aún queda un largo trecho de camino para que deje de serlo.