a una escalada, principalmente tecnológica. Esta es la única finalidad de dotar a estas unidades de pelotas de goma, de balas de foam y de *tásers*,<fnref n="5" /> cuyo uso radicaliza aún más las tensiones.

Por más necesario que sea tanto restablecer un cierto equilibrio entre la policía «de barrio» y la de intervención, como frenar el punitivismo, nada de esto es suficiente ni para resolver las tensiones y conflictos reales que atraviesan los estratos populares, ni para disciplinar a sus fracciones más incontroladas. Las disciplinas de la sociedad industrial funcionaron en la medida en que estaban estrechamente imbricadas en las existencias cotidianas de los individuos, en el trabajo, el barrio, la escuela, la casa, la iglesia, el partido o el sindicato. Procedían de una multitud de vínculos, creencias y constricciones, y su legitimidad dependía estrechamente de las *contrapartidas* que estos procuraban a aquellos sobre las que se ejercían.<fnref n="6" /> Ahora bien, en la actualidad muchos jóvenes quedan fuera del mercado laboral<fnref n="7" /> y es difícil ver qué *contrapartidas* aportan las condenas penales o el despliegue de patrullas policiales —aún las de «proximidad»—. Tales medidas se interpretan, por el contrario, como un endurecimiento disciplinario de sentido único, sin compensación alguna. Percibidas como vejatorias o discriminatorias, reúnen todas las condiciones para ser rechazadas, y así lo expresan tanto las esporádicas explosiones de violencia colectiva que salpican de vez en cuando la actualidad (como en Francia en 2005, en Grecia en 2008 o en Gran Bretaña en 2011, pero también en Gamonal (Burgos) en 2014, en Barcelona y otras ciudades catalanas en 2019 y 2021 o en Linares en 2021), como más cotidianamente las tensiones que caracterizan las relaciones con las instituciones de inserción.

<footnote n="5">⁵ Armas especiales: las dos primeras son escopetas que disparan dos tipos diferentes de balas de goma flexibles; la tercera es una pistola que inflige descargas eléctricas de 50.000 voltios por segundo.</footnote>

<footnote n="6">⁶ Laurent Bonelli, «De la disciplina obrera al improbable control securitario», en Débora Avila y Sergio García García (coord.), *Enclaves de riesgo. Gobierno neoliberal, desigualdad y control social*, Madrid, Traficantes de sueños, 2015, pp. 163-177.</footnote>

<footnote n="7">⁷ Siendo un fenómeno generalizado en Europa, conviene destacar que España es el país con la tasa de desempleo de jóvenes menores de 25 años más alta de la Unión Europea, con un 40,2% en septiembre de 2020 (véase «Tasa de desempleo juvenil en los países de la Unión Europea (UE-28)»).</footnote>
El endurecimiento de las relaciones entre los policías y al-
gunos de sus «públicos» no resuelve, por lo demás, el pro-
blema inicial, esto es, los pequeños malestares que fueron
inicialmente el detonante de este tipo de intervenciones. Los
agentes confrontados cotidianamente a este tipo de contra-
dicciones terminan dedicando su tiempo a las estructuras «de
colaboración», donde tienen práctica y simbólicamente todo
por ganar.

La colaboración policial y la imposición de sus lógicas

En efecto, comprometer a otros agentes sociales en el control
y la normalización de los sujetos «desviados» es una de las
soluciones menos costosas y más eficaces para responder a
unos conflictos que la Policía es incapaz de resolver por sí
misma, por razones tanto internas (prioridades policiales),
como ligadas a sus prerrogativas (necesidad de constatar un
delito, desplazamiento de los problemas, a veces tan solo al-
gunos metros en los casos de operaciones intensivas de poli-
cía). Así es como estamos asistiendo a un trabajo de implica-
ción policial en otras instituciones, ya sea de forma directa, y
este es el caso de los gestores de viviendas sociales o de los
empleados del transporte público; o bien, de forma indirec-
ta, como ocurre con la institución educativa<fnref n="8" /> o los servicios
sociales, conminados a proporcionar información sobre los
adolescentes con los que la Policía trata o a los que persigue.
Esta colaboración se asienta en la liberación de información
entre «colegas» y se traduce en el intercambio de datos per-
sonales precisos sobre los individuos, grupos o familias que
«causan problemas» localmente.

Se trata, no obstante, de un intercambio profundamente
desigual, ya que la Policía mantiene en gran medida el lideraz-
go. La imposición de la experticia policial transfigura las for-
mas de abordar estos fenómenos. Murray Edelman recuerda
que, en efecto, las burocracias tienden a construir problemas

<footnote n="8">⁸ Sobre las particularidades del papel de los Mossos d'Esquadra en los programas de prevención de la denominada *radicalización* de jóvenes musulmanes en las escuelas de Cataluña, véase Ainhoa Nadia Douhaibi y Salma Amazian, *La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista*, Oviedo, Cambalache, 2019.</footnote>
que justifiquen las soluciones que proponen.<fnref n="9" /> Las disposiciones profesionales de los policías, que colocan al sistema penal en la cúspide de la jerarquía normativa (como ilustra el viejo *leitmotiv* «no somos asistentes sociales»), valorizan la coerción. Los arrestos y las persecuciones son la piedra angular de sus prácticas. Más aún, aunque muchos policías son conscientes de que las condenas no bastan para hacer desaparecer a los jóvenes delincuentes con los que tratan, siguen siendo prisioneros de un marco de lectura del mundo muy rígido: el de su institución y sus funciones sociales. Ello se traduce en una naturalización de la delincuencia (como demuestran los calificativos de «menor infractor», «malo», «malhechor», o la resignificación que ha sufrido el acrónimo «MENA»),<fnref n="10" /> en detrimento de visiones capaces de resituar el acto delictivo en el marco de una historia de vida más compleja, donde este coexiste con otras inserciones (escolar, familiar, afectiva o profesional).

Estos conflictos de interpretación modelan profundamente el tipo de soluciones públicas que se van a plantear. La falta de arraigo social o de implicación escolar y su cortejo de males se transforman en «delincuencia de menores»; «violencias urbanas» o «violencias escolares», unos «problemas» que han sido, todos ellos, constituidos administrativamente y que apelan a respuestas donde la Policía ostenta un lugar privilegiado. Los estándares y formatos policiales —aunque a

<footnote n="9">⁹ Murray Edelman, *The Symbolic Uses of Politics*, Champaign (IL), University of Illinois Press, 1985.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ La operación simbólica acontecida con el concepto de «MENA» es representativa de la mirada que impone el riesgo y su gestión como mirada institucional. De ser utilizado en las instituciones de protección de la infancia para designar a aquellos niños y niñas que llegan sin familiares desde el extranjero (Menor No Acompañado), conminando a dichas instituciones a protegerlos de acuerdo con las convenciones internacionales de protección y derechos de la infancia, «MENA» ha pasado a representar una de las figuras principales en las representaciones sobre el miedo urbano. Una de las consecuencias de esa gestión desde el riesgo es el relativamente fácil tránsito de un sujeto desde una posición que está «en riesgo» a otra que es «de riesgo» (véase Débora Ávila Cantos y Sergio García García, «Entre el riesgo y la emergencia: insinuaciones policiales en la intervención social», *Revista de Antropología Social*, núm. 22, 2013, pp. 59-82). «MENA» ha acabado por convertirse en el símbolo principal del racismo cultural, de manera especial en Cataluña y en Madrid, donde Vox, el partido favorito entre muchos policías, basó su campaña electoral para las elecciones autonómicas de 2021 en prometer seguridad frente a este sujeto demonizado.</footnote>
veces susciten resistencias—tienden a convertirse en el prisma desde el que percibir a determinadas poblaciones, que se van imponiendo poco a poco en los espacios sociales donde antes no existían. Como señalan Richard V. Ericson y Kevin D. Haggerty: «No hay límites para la participación de la Policía en la construcción y gestión de los problemas sociales. [La Policía] fabrica los saberes que las demás instituciones necesitan para la gestión de riesgos de poblaciones particulares de las que ellas son responsables».<fnref n="11" /> Esto es lo que sucede en los centros educativos cuando el profesorado no duda en acudir a la Policía ante un incidente o cuando se autorizan intervenciones y operativos policiales.

Las razones de esta «colaboración estable», que se reproduce en otras instituciones, como los dispositivos de intervención social, cabe buscarlas en la delicada situación en la que se encuentran los agentes subalternos del Estado (o de las colectividades locales) y, en particular, los encargados de desempeñar las funciones llamadas «sociales».<fnref n="12" /> Estos últimos están obligados a compensar, sin disponer de los medios para hacerlo, los efectos y carencias generados por el proceso de neoliberalización en forma de precariedad como normalidad.

Este movimiento confiere a la Policía una centralidad de la que nunca había gozado en el pasado. El peso de sus análisis —no desprovistos de intereses corporativos— transfigura notablemente el tipo de respuestas que se van a ofrecer. Desde esta perspectiva, no hay oposición alguna entre las unidades de intervención de policías fornidos y las unidades de los policías comunitarios de vocación más preventiva. Ni unos ni otros tienen la posibilidad de terminar con la pequeña delincuencia que a menudo constituye, junto al trabajo sin contrato y temporal, una de las pocas formas de supervivencia de los pequeños grupos de excluidos de larga duración del circuito de los intercambios productivos. Esto explica el cansancio que impregna las respuestas de los policías cuando se les pregunta por la posibilidad de atajar estos fenómenos. A las tradicionales quejas contra unos jueces que ponen en libertad a los delincuentes nada más detenerlos, se añaden ahora expresiones como «pozo sin fondo» o «trabajo de Sísifo».

<footnote n="11">¹¹ Richard V. Ericson y Kevin D. Haggerty, *Policing the Risk Society*, Toronto, University of Toronto Press, 1997, pp. 73 y 75.</footnote>

<footnote n="12">¹² Pierre Bourdieu, «La dimisión del Estado», en *La miseria del mundo*, Madrid, Akal, 1999.</footnote>
La policialización de lo social

Por mucho que se empeñen los numerosos discursos políticos sobre la «responsabilidad individual», la seguridad no puede independizarse de la cuestión social en la que siempre estuvo encastrada. Sin embargo, la respuesta a la que asistimos no busca reforzar el «brazo izquierdo» del Estado, sino que pone al «brazo derecho» a sustituirlo. A pesar de las resistencias de muchos policías, «que no entraron al cuerpo para ser trabajadores sociales», la mencionada ampliación del trabajo policial a esferas más cercanas a la convivencia que a la delincuencia requiere el desarrollo de nuevas habilidades y roles por parte de los agentes, muchos de ellos copiados del mundo de la intervención socioeducativa, con el fin de establecer lógicas colaborativas con otros profesionales y con agrupaciones de vecinos.

La «policialización» de los conflictos, es decir, el recurso a la Policía para solucionar problemas sociales, supone un escollo para su posible gestión. La función de la Policía no es el trabajo social, ya que no dispone de recursos, de redes de apoyo (con notables excepciones), de habilidades o de la confianza y legitimidad de los colectivos racializados o de las personas en situación de vulnerabilidad, acostumbradas a tener que evitar a la Policía para no meterse en problemas. El recurso a las quejas o a la denuncia sobre la base de normativas que prohíben infinidad de comportamientos en el espacio público ante la Policía (que al final, junto a urgencias, es el único servicio público al que se puede acudir 24/7) provoca que se pasen por alto canales de interlocución directa vecinos-vecinos, contribuyendo a que las relaciones entre la comunidad requieran la intermediación de la institución, lo que produce una ampliación del control social formal e informal. La sobrevigilancia y las dinámicas de delación implican la culpabilización y la individualización de problemas que frecuentemente tienen un origen social, así como la desconfianza, el malestar y la fragmentación social, que acaba provocando la segregación y aislamiento de los colectivos objeto de las quejas, dificultando las posibilidades de solución.

Pese a las resistencias de la mayoría, algunos policías encuentran con gusto afinidades entre el trabajo policial y el trabajo social a través de una concepción paternalista de la «ayuda» como objeto de sus profesiones. Soslayando las dificultades de
aplicar una lógica de intervención social en una institución policial con capacidad y mandato sancionador, represivo y de control, pareciera como si la creación de nuevas unidades y nuevos roles (mediador, agente tutor, etc.) permitiera a algunos policías dejar de ser «policías» y asemejarse a un trabajador de lo social. Pero la cultura policial no es fruto solo de la formación menor o mayor en derechos humanos o en habilidades de comunicación con el público que puedan recibir los agentes, sino que se basa en una serie de axiomas intrínsecos a la propia existencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hace ya bastante tiempo que nos llegan de Estados Unidos las advertencias ante la «inserción social» y educativa de la Policía: la escandalosa entrada de decenas de miles de policías en las escuelas norteamericanas en pleno contexto neoliberal de retirada de fondos para la educación pública deriva en situaciones kafkianas en las que se imputan conductas criminales a un niño con autismo en pro de la disciplina escolar. Todo ello, como nos recuerda Alex S. Vitale,<fnref n="13" /> sin que la Policía muestre la más mínima eficacia en la reducción de la violencia, si comparamos los resultados de su intervención con la situación de las escuelas donde no ha penetrado.

La participación en la educación y la intervención social no ablanda a la Policía, sino que endurece esos entornos. Tanto los conceptos como las prácticas procedentes del campo de la acción social sufren un trastocamiento significativo cuando pasan a ser utilizadas por el sujeto policial, quedando recontextualizadas y subsumidas a la lógica de control. La traslación de su caja de herramientas metodológicas, desprovista de cualquier reflexión epistemológica, deriva en el despliegue de enfoques punitivos en las charlas socioeducativas (informar sobre las consecuencias legales, en lugar de interrogarse por la presencia estructural y cultural de la violencia de género) o en el uso meramente estratégico de las redes vecinales para extraer información.

Vemos, pues, cómo la transmutación de funciones policiales y las formas de entender la comunidad por parte de esta nueva Policía afirman la lógica policial por más que los agentes adopten roles de mediadores o dinamizadores

<footnote n="13">¹³ Alex S. Vitale, *The end of policing*, New York, Verso, 2017 [ed. cast.: *El final de la policía*, Madrid, Capitán Swing, 2021].</footnote>
comunitarios. El efecto más impactante es la mencionada policialización de los problemas sociales en su análisis y abordaje, transformando los conflictos derivados de las fuertes desigualdades y precariedades en problemas de seguridad y convivencia. Quizás estemos ante un efecto no deseado de la extensión del concepto de seguridad, que en lugar de desalojar temas de la gestión securitaria para abordarlos de manera social ha propiciado el camino inverso, a saber, el abordaje policial de problemas sociales. Las relaciones vecinales en los parques, el ocio de las personas migrantes, las ocupaciones de vivienda, el trabajo sexual, el botellón, etc., todo cae del lado de la gestión policial. Si lo consideramos desde el punto de vista del mandato eficientista del Estado neoliberal, resulta lógico abordar los problemas sociales de este modo: no exige un mínimo de redistribución de riqueza y la inversión de recursos en policías es muy inferior a lo que supondría una verdadera apuesta por trabajar en las raíces de estos conflictos (políticas activas de vivienda, inversión en los barrios, garantía de rentas generosa, etc.). No obstante, aun siendo plausible la hipótesis eficientista, debemos observar sobre todo las consecuencias que la colonización policial del campo de lo social tiene en la construcción de subjetividad e, igualmente, el impacto que como técnica de gobierno desencadena en una sociedad fracturada.

## El mito de la democratización del trabajo policial

Así mismo, el «trabajo comunitario» que desarrolla la Policía mediante el despliegue de figuras como la policía comunitaria, está sobredeterminado por el propio concepto de comunidad que maneja. La «comunidad» con la que trabaja esa policía se define por distribuciones administrativas (distritos, barrios, áreas básicas policiales en el caso de los Mossos, etc.) que no siempre coinciden con las agregaciones sociales y los sentidos de pertenencia colectiva. Esa «comunidad» a la que se refiere la policía comunitaria no es aquella definida por lazos de reciprocidad, sino por intereses individuales a veces coincidentes.

Los representantes de las asociaciones vecinales y de comerciantes, así como las del tercer sector, constituyen el sujeto
interlocutor de la Policía en los foros ciudadanos que convo-
ca.<fnref n="14" /> Haciéndose eco de quejas individuales y del malestar de
los vecinos, los representantes vecinales son escuchados por la
Policía, pero a condición de que codifiquen dicho malestar en
un lenguaje securitario y de que únicamente actúen en calidad
de víctimas, denunciantes y delatores. La representatividad de
estos vecinos de la diversidad de posiciones y sensibilidades
en los barrios es muy limitada: múltiples mecanismos invisí-
bles excluyen de estos foros a los colectivos peor posicionados,
precisamente quienes son el objeto predilecto de las denuncias
por problemas de convivencia (gitanos, migrantes, adolescen-
tes, personas sin hogar, trabajadoras sexuales, etc.).

Si se observa el perfil de quienes asisten de manera regular a los *Beat Meetings* estadounidenses cabe percatarse de que estas son, en su mayoría, personas de edad avanzada (más del 65% por encima de los 50 años) y que casi la mitad de ellas están implicadas en un intenso activismo (manifestaciones, patrullas ciudadanas, vigilancia vecinal).<fnref n="15" /> Este esquema se ha repetido en las últimas décadas en cada contexto local en el que se ha implementado la participación ciudadana en la seguridad, ya sea en los dispositivos de policía comunitaria británicos<fnref n="16" /> o en las reuniones de las Oficinas de Atención al Ciudadano y los Consejos de Seguridad de los distritos madrileños.<fnref n="17" /> En estos últimos, podemos observar cómo participan miembros de

<footnote n="14">¹⁴ En el caso de Madrid, estos foros son nombrados como Consejos de Seguridad distritales, y semestralmente reúnen a los miembros de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la Policía Municipal, a los responsables de las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía en el distrito y a los representantes de las entidades ciudadanas que se inscriban. Siguiendo una metodología similar al modelo de Policía Orientada a Problemas, los responsables policiales rinden cuentas de las actuaciones llevadas a cabo para solventar los problemas de seguridad y convivencia presentados por los representantes vecinales en la anterior reunión semestral y escuchan las nuevas demandas.</footnote>

<footnote n="15">15 Wesley G. Skogan y Lynn Steiner, *CAPS at Ten Community Policing in Chicago. An Evaluation of Chicago's Alternative Policing Strategy*, enero de 2004, pp. 14-17.</footnote>

<footnote n="16">¹⁶ Adam Crawford, *The local governance of crime. Appeals to Community and Partnerships*, Oxford, Oxford University Press, 1999.</footnote>

<footnote n="17">17 Débora Ávila y Sergio García García, «La policía de "lo social": la inserción de las fuerzas de seguridad en la gestión de la convivencia (el caso de Madrid, 2015-2019)», *Crítica Penal y Poder*, núm. 19, 2020, pp. 107-130.</footnote>
asociaciones de vecinos, de comerciantes, deportivas y cultu-
rales, en general mayores de 50 años, de origen español, no
racializados y en situaciones socioeconómicas relativamente
estables. Se trata de los mismos que ostentan unos capitales
que les acercan a los espacios de la clase media, que son los
de la mayoría moral, partiendo de las mismas verdades he-
gemónicas sobre lo que es «la seguridad» y «la convivencia».
Además, estos participantes, precisamente por su relativa po-
sición de privilegio en los territorios, cuentan con las redes y
la información necesarias para participar en procesos de la
Administración, con unos códigos comunicativos adecuados
a las situaciones y con unos tiempos vitales adaptados a los
formatos espaciales y temporales de las reuniones. Por últi-
mo, y definitivamente importante, se trata de sujetos cuya
disposición subjetiva no está marcada por el miedo a la Poli-
cía. Por su parte, las personas señaladas como causantes de
los problemas del barrio no asisten, evidentemente, a estas
reuniones; tampoco las personas jóvenes, las migrantes, ni las
más precarias. Sus formas de ver las cosas, sus necesidades de
uso del espacio público son, por lo tanto, obviadas de entra-
da. En este sentido, la cooperación entre quienes sí participan
en las reuniones y la Policía repite, en el ámbito institucional,
la relación de dominio entre población integrada socialmente
y población marginada.<fnref n="18" /> A pesar de las expectativas gene-
radas, este modo de regulación democrática de la seguridad
termina revelándose como excluyente.

Se da el caso de que algunas asociaciones vecinales y de
comerciantes y hosteleros usan estos foros como un espacio
más en el que reivindicar la dignificación colectiva o la reva-
lorización de sus negocios, interpretando que en el campo de
la convivencia se juegan los símbolos del deterioro de sus te-
rritorios y la consecuente pérdida de valor de sus inmuebles
y actividades económicas. Pero la oferta de policía comuni-
taria nunca colma ese deseo de dignificación colectiva, que
pasa antes por la satisfacción de algunos indicadores del de-
recho a la ciudad y por la generación de verdaderas comuni-
dades de solidaridad. Más bien es a los intereses individuales
inmediatos a lo que pueden hablar las soluciones policiales
propuestas en estos foros, pareciéndose más a una instancia

<footnote n="18">¹⁸ Norbert Elias y John L. Scotson, *Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios*, Ciudad de México, FCE, 2016.</footnote>
de gobierno indirecto propia de un Estado que renuncia a las políticas de igualación y responsabiliza a las comunidades en la gestión de su precariedad.

La Policía está resignificando determinados conceptos, como el de prevención, comunidad o participación, de una manera tal que cuesta no leerlos en clave neoliberal. Las estructuras sociales de desigualdad desaparecen de la perspectiva de análisis e intervención preventiva, del mismo modo que la participación comunitaria se reduce a una instrumentalización de la comunidad para el despliegue de intereses individuales, sin contribuir a construir un tejido comunitario basado en un fuerte sentido de pertenencia colectiva y en la producción de relaciones de apoyo mutuo. No es lo social, entendido como forma de redistribuir recursos, o lo comunitario, como forma de redistribuir poder, lo que se persigue mediante estas nuevas tecnologías policiales, sino la instrumentalización de los otros profesionales como radares y de los vecinos como foros del trabajo policial. Estamos ante una cogestión dirigida, muy leída de cualquier rasgo de democratización, que es el resultado de aplicar un modelo abierto —la participación ciudadana— a una lógica de gobierno neoliberal—dinamizada por los intereses competitivos de los sujetos—.

La invasión policial de esferas profesionales y comunitarias no deja indemnes a los demás actores en el campo, sino que su lógica contamina tanto a las asociaciones vecinales como a los profesionales de la intervención social. Una parte del movimiento vecinal, en crisis desde hace décadas, ha realizado un giro hacia los problemas de convivencia y ahora identifica a otros vecinos como el origen de algunos de sus problemas (ya no tanto a los poderes económicos y políticos de la ciudad). Eso se trasluce del análisis de los consejos de seguridad en los que se reúnen con la policía, pero también de las propuestas ciudadanas formuladas en algunos dispositivos de participación, tanto presenciales como digitales. El depósito de confianza de la Policía está lleno y ya no pasa a depender de su eficiencia en la reducción de delitos objetivos, sino de su capacidad para tranquilizar mediante la escucha y la transmisión de la ilusión de que «se hace algo».

La intervención social comunitaria también se ha visto tagiada por la forma policial de mirar la realidad. Las lógicas asistenciales de los servicios sociales, que en sí mismas son
portadoras de una relación policial con la pobreza, no tienen nada de novedosas, si bien en algunos ayuntamientos del camino, como Barcelona, observamos cómo se intenta sustituir a policías por educadores en el tratamiento de asuntos como las pandillas de jóvenes, el *top manta* o el sinhogarismo con fines que frecuentemente no son otros que el desplazamiento de los sujetos molestos. Pero además observamos cómo los espacios de trabajo comunitario se llenan de demandas de orden que proceden de vecinos y policías ante situaciones problematizadas, como el ecuavóley. A esto se suma que la mayor movilizadora de recursos en trabajo comunitario en España, la fundación bancaria de La Caixa (Proyectos de Intervención Comunitaria Intercultural), tiene ya como objeto primordial la convivencia en los barrios vulnerables. Que a fundaciones bancarias propietarias de multitud de viviendas vacías en esos barrios les importe la convivencia comunitaria nos indica probablemente la importancia que tienen las relaciones vecinales en el valor económico de los inmuebles, pero que su abordaje se base en la mera generación de dispositivos de contacto multicultural nos informa además de su sintonía con la mirada policial: el único conflicto relevante desde ese prisma es el de los riesgos de violencia y hostilidad directa entre vecinos diferenciados étnica y nacionalmente, no el conflicto estructural que expresan los desahucios, el desempleo y la debilidad siquiera asistencial de los servicios sociales. En este contexto, las llamas das mesas de convivencia en los barrios son los espacios en los que profesionales de lo social y policías entienden que están en el mismo barco. El resultado es una creciente fusión entre las labores sociales y securitarias de distintos agentes.<fnref n="19" />

<footnote n="19">¹⁹ Sylvain Bordiec, «La fusion du social et du sécuritaire. Soutien et contrôle des marges par les marges au sein des associations de solidarité», *Journal des anthropologues*, núm. 160-161, 2020, pp. 137-152; Débora Ávila Cantos y Sergio García García, «Entre el riesgo y la emergencia: insinuaciones policiales en la intervención social», *Revista de Antropología Social*, núm. 22, 2013, pp. 59-82.</footnote>
# 5. ACAB: una crítica antisecuritaria

Un lema escrito en las paredes de los calabozos de las comisarías británicas de la década de 1970, *All Cops Are Bastards (ACAB)* [Todos los policías son bastardos], y que funcionó como código punk en la década de 1980, comenzó a popularizarse hasta hacerse globalmente viral en los últimos años, especialmente tras las movilizaciones del movimiento Black Lives Matter.<fnref n="1" /> Se trata de un código en el que se reconoce una suerte de internacional juvenil que tiene en común el hecho de sufrir, material o simbólicamente, la violencia policial. Que el lema haya sido apropiado por poblaciones muy diversas —aunque, especialmente, las racionalizadas— de contextos locales muy distintos (de Indonesia a Colombia, pasando por Vallekas) es un indicio del carácter estructural del comportamiento de la institución de Policía y de su relación hostil con las poblaciones minorizadas de los distintos contextos locales.

En el presente apartado no hacemos uso del acrónimo en el sentido literal. «Bastardo» es un insulto que parte de una concepción heteropatriarcal de la reproducción con cuyo uso no nos identificamos. Y, además, aun entendiendo su resignificación para equiparar la palabra a algo así como «hijo de puta», no sabemos si todos los policías son bastardos o hijos de puta, ni siquiera sabemos qué es ser bastardo o hijo de puta. Más que argumentos moralistas sobre lo que lleva a algunas personas a ser policías y sobre su comportamiento

<footnote n="1">¹ «ACAB: què vol dir i d'on ve el lema contra la policia que triomfa arreu del món», *Ara*, 20/11/2019.</footnote>
como policías, vamos a desarrollar una crítica que trata de ca-
racterizar los rasgos estructurales así como las lógicas de con-
trol y reproducción del orden propias de la institución policial.
Más allá de las metodologías que sobresalen en cada contexto
—más reactivas o más proactivas—, esos rasgos estructurales
y esas lógicas de control imponen a cualquier policía una de-
terminada visión del mundo y una peculiar forma de afrontar
los problemas. En el presente apartado, más que centrarnos
en los sujetos concretos, analizamos las condiciones y la iner-
cia institucional que hace comportarse a todos los policías de
un modo autoritario, clasista, racista, etc., lo que en el len-
guaje masculinista de la revuelta callejera se traduce con el
acrónimo «ACAB».

Abstrayéndonos de los datos y las prácticas concretas, re-
flexionaremos teóricamente sobre las condiciones de posibili-
dad que ofrece la configuración del espacio urbano neoliberal
como fuente de una inagotable demanda de seguridad para
analizar, posteriormente, cómo se conecta ese espacio urbano
con el sujeto precario contemporáneo. Formularemos, por últi-
mo, un postulado antisecuritario que impugna la totalidad del
dispositivo de poder anudado a la seguridad con el fin de des-
bloquear otros caminos, ahora clausurados, de interpretación
y gestión de los conflictos urbanos y sociales en Metropolice.

El espacio de la seguridad

La creciente autonomía y centralidad de lo policial en Metropo-
lice, así como sus límites para democratizar el espacio urbano,
tienen en el contexto de la ciudad neoliberal el ecosistema ge-
nerador de una inagotable demanda de seguridad. Todo aque-
llo que subyace a la seguridad se suscita en el intersticio que
nombra, por una parte, una carencia, un riesgo, una problemá-
tica y, por otra, las formas concretas que se activan para inten-
tar gestionar esas lagunas que impiden nombrar (todavía) una
situación como segura. La seguridad presupone una carencia
que se precipita en un hacer. Pero ese hacer persigue un hori-
zonte que se aleja indefectiblemente y es así que la seguridad
no se reconoce en el presente, porque siempre hay algo que
seguir gestionando, unos espacios que rediseñar, unas movili-
dades que regular, unas subjetividades que resignificar.
Sin embargo, pese a ese inacabamiento estructural, la seguri-
dad se erige en una potente lógica de gobierno que incide en
lo social: su hacer y decir es profundamente performativo. Es
en este punto que quisiéramos enfatizar su potencialidad para
reproducir los espacios sobre los que se proyecta. La alusión
a la reproducción de los espacios se tiene que entender nece-
sariamente de un modo amplio, atendiendo a un triple plano
interconectado que remite a lo representacional (lo que los es-
pacios deben ser, el modo en que quedan definidos), lo mate-
rial (alteraciones en lo urbano para hacer efectivo el ejercicio
de lo securitario) y lo vivencial (el modo en que se sienten y
experimentan los espacios por los que se transita o se habita).

Al plantear el problema desde esta óptica nos encontramos
con que las geografías urbanas que se pretenden securitizar no
son ya una suerte de realidad exterior a los sujetos que las ha-
bitan. Todo está entrelazado: incidir en los espacios es también
incidir en los sujetos, reconfigurar el modo en que se interpre-
tan y construyen los espacios supone también afectar a lo que
los sujetos sienten y vivencian. La seguridad atraviesa todo en
su hacer y decir performativo. Importa lo que hay, lo que pu-
diera haber, pero también, y esto es decisivo, lo que se siente,
la vivencia encarnada de la seguridad. Y así, lo que esta apro-
ximación nos depara, en consecuencia, es que las geografías
urbanas que se pretenden securitizar no pueden ser leídas ya a
modo de mero emplazamiento para los sujetos que las habitan.

La Policía cambia el modo en que ocupa y recorre los es-
pacios, las calles se recubren de tecnologías de vigilancia que
escudriñan lo que en ellas acontece, las normativas se recon-
figuran para sustentar los cambios de modelos policiales, las
lógicas económicas se solapan con las exigencias securitarias.
Distintos actores humanos (policías, funcionarios, políticos,
asociaciones, vecinos) y no humanos (tecnologías, normati-
vas, formas estandarizadas de recogida de información) van
conformando (en un proceso que lógicamente no está exen-
to de tensiones y reconfiguraciones) unas geografías que se
quieren (sentir) seguras. Es decir, importa la producción efec-
tiva de los espacios, el modo en que se subsumen en una ló-
gica de gobierno securitaria, pero ello es indisociable de la vi-
vencia misma de la seguridad, de la producción de un deseo
de sentir seguridad, de que la seguridad, en última instancia,
es también una lógica de gestión de las emociones.
La seguridad busca socavar el miedo (aquellos que se narra como miedo), quebrar el riesgo (lo que se define como riesgo). Hacer algo desde la premisa de que ese hacer encarna un sentido que se debe sentir. La Policía, por todo ello, habría de ejercer la seguridad, ser garante de la misma, pero de un modo tal que se sienta la pertinencia del hacer policial, que se con-sienta su presencia pregnante en lo cotidiano. Desear el hacer y la presencia policial se convierte así en parte inegociable del acceso con-sentido a una seguridad que hay que seguir trabajando.

Por todo ello, y en paralelo a los datos cuantificables que se pudieran extraer referidos a diferentes tipos de delitos estandarizados, el discurso institucional enfatiza cada vez más la necesidad de que esa seguridad ha de ser percibida y sentida por la ciudadanía. Desde este prisma de análisis, apuntamos a un doble campo donde se construye una geografía sensorial atravesada por la seguridad.

Por una parte, constatamos una tendencia creciente a producir formas espectacularizadas de lo urbano que están a menudo asociadas a la realización de eventos de carácter festivo, deportivo o empresarial que dejan un impacto económico desigualmente distribuido. Tenemos así una urbanización espectacularizada que se quiere, al mismo tiempo, atractora de actividades socioeconómicas, una dinámica esta que, no lo olvidemos, introduce a las ciudades en una lógica competitiva para convertirse en la sede elegida de dichas actividades. La ciudad espectacularizada, convertida en un producto publicitario, y profundamente desligada de todos los procesos socioeconómicos conducentes a la producción de desigualdades sociales y precarizaciones de la vida, quiere una centralidad indudable en la actual lógica de acumulación de capital. Lo relevante aquí es que esa proyección espectacularizada requiere, como condición inexcusable para convertirse en polo de atracción de eventos de diverso tipo, que esté subsumida en un lógica securitaria que garantice el buen desarrollo de los acontecimientos, pero también que ese espacio urbano reconfigurado se sienta seguro. La espectacularización de la ciudad debe ir acompañada de una lógica sensorial que asegure el correcto desenvolvimiento de las propias lógicas económicas que atraviesan dicha espectacularización. No se trata tanto de erradicar la desigualdad o la
precariedad que ahí pudiera acontecer cuanto de que esta no
interfiera en la producción espectacularizada de lo urbano
(acaso que se ubique de un modo acotado en determinados
espacios periféricos) y en la seguridad sentida y percibida
que esta requiere para proseguir y afianzar su despliegue. La
potencia performativa de la seguridad (representada, mate-
rializada y vivenciada) sale así de una visión reduccionista
que la emparenta con una disminución de los delitos para
impregnar, de un modo más o menos explícito, todo un con-
junto de actividades socioeconómicas que tienen plasmacio-
nes espaciales y sensoriales.

Por otra parte, la sensación de seguridad es funcional a un
modo de concebir la práctica del espacio urbano en donde se
enfatiza todo aquello que tiene que ver con el ocio y el consu-
mo cotidiano. El ensalzamiento del consumidor tranquilo que
recorre los espacios buscando la satisfacción de sus deseos no
está tan lejos de la vieja noción de subjetividad liberal prota-
gonizada por el individuo autónomo, racional y maximiza-
dor de sus beneficios. Ambas imágenes se levantan sustra-
yéndose radicalmente (de nuevo) de las distintas problemá-
ticas ligadas a los procesos de desigualdad que las dinámicas
de acumulación de capital y potenciación del consumo llegan
a deparar. Y ambas precisan de una continua invocación a la
seguridad, efectiva y sentida, para poder proseguir sus prác-
ticas socioeconómicas. Esta lógica de funcionamiento adqui-
re su manifestación más evidente en el turista que fagocita los
espacios, que vivencia tan solo la epidermis de una geografía
que se reacomoda a su tránsito mostrando una visión espec-
tacularizada de su espesor socio-histórico-económico-políti-
co. La producción del deseo de viajar, de consumir, sobre el
que se levanta el turismo requiere y exige un desplazamiento
por los espacios que evacue riesgos y amenazas. El deseo de
consumir, en el sentido amplio que esta actividad contiene,
deviene indisociable del deseo de (sentir) seguridad.

En definitiva, la (exigencia de) sensación de seguridad —lo
que se representa, construye y se siente como seguro— se cons-
tituye en un terreno en disputa en el que están en juego tanto
las vivencias individuales como las lógicas de acumulación de
capital. Las lógicas de gobierno se curitan las incardinadas con
la reconfiguración de los modelos de policía de proximidad, se
convierten así en un entramado de formas de hacer y decir que
atraviesan lo urbano, alterando las geografías y las subjetividades sobre las que se proyectan. Las ejemplificaciones aludidas referentes a una espectacularización del espacio urbano para convertirse en polo atractor de eventos festivos-deportivos-empresariales o a la construcción de una experiencia aprobablemática del ocio y el consumo practicado en la cotidianidad y en el turismo, constituyen, en última instancia, muestras palmarías de la capacidad de alcance que adquiere la búsqueda inacabada de la (sensación de) seguridad.

## Securitización de la precariedad neoliberal

En el suelo urbano neoliberal nace una nueva subjetividad indisociable de la inagotable demanda de seguridad. Por paradójico que pudiera parecer, el periodo que se abre con la crisis financiera iniciada en 2008 trajo consigo todo un reforzamiento de conceptos y premisas que se asentaban en aquella economía liberal trenzada en torno a la primacía de lo privado, del crecimiento económico, de la competencia, del individuo autónomo maximizador de beneficios. Ello no agota, ciertamente, el escenario socioeconómico en el que nos movemos, pero este deviene incomprensible si lo desgajamos de la huella refortalecida que deja el imaginario de una economía liberal reconfigurada bajo un ropaje neoliberal. Nos interesa ahora resaltar una serie de elementos que se derivan de una dimensión cardinal de la gubernamentalidad (neo) liberal, aquella que enfatiza la figura del *homo economicus* racional, maximalista y que en el marco de la neoliberalización de lo social se redefine bajo la imagen de un sujeto emprendedor convertido en *empresario de sí mismo*, un sujeto concernido recurrentemente con una adaptabilidad aproblemática a las exigencias del mercado laboral.

Hay aquí dos cuestiones que merecen ser reseñadas. Por una parte, la lógica de acumulación sobre la que se asienta esa subjetividad, como ya se ha sugerido, demanda todo un discurso y un ejercicio de lo securitario vinculado a las exigencias que se derivan del ámbito económico. Por otra parte, esa concepción de la subjetividad individualizada subraya las exigencias concretas que habrá de asumir cada sujeto individual para saldar con éxito la competencia en la que está
inmerso e, igualmente, le responsabiliza del fracaso cuando
este tiene lugar. En la primera cuestión se borran los procesos de desigualdad social derivados de una seguridad concernida con una innegociable acumulación de capital. En la segunda cuestión se oculta la vulnerabilidad constitutiva de la ontología de lo humano, aquella que nos ubica en tramas de interdependencia y cuidados a través de las cuales se hace posible una vida que es siempre un «estar con los otros».

Este escenario que imbrica seguridad, acumulación de ca-
pital y modelo de subjetividad, funciona a modo de un engra-
naje heterogéneo y multidimensional, una gubernamentalidad
neoliberal que se asienta sobre esas premisas al tiempo que
produce de un modo recurrente, no tanto como consecuencia
azarosa sino como elemento constitutivo de dicha guberna-
mentalidad neoliberal, todo un proceso de precarización de la
vida en donde irrumpe la exclusión y la desigualdad.

Cuando hablamos de precarización resulta ineludible refe-
rirse a la conexión del neoliberalismo con el neocolonialismo,
dando lugar a procesos de «acumulación por desposesión»;<fnref n="2" />
a la articulación de un régimen diferencial de movilidad li-
gado a las exigencias securitarias de lo fronterizo;<fnref n="3" /> o, por úl-
timo, a las exigencias que se derivan de las modificaciones
implementadas por el discurso de la flexibilidad, convertido
en piedra angular de la acumulación de capital.<fnref n="4" />

Lo que estas sucintas alusiones nos muestran no son sino
dimensiones constitutivas de una gubernamentalidad neoli-
beral que pone en funcionamiento un proyecto político-eco-
nómico-jurídico-simbólico a través del cual se regula lo social
y que, en su ejercicio mismo, no deja de producir quiebras
de la vulnerabilidad (plano ontológico de la existencia sus-
tentado en las tramas de interdependencias y cuidados) que
se precipitan en una precarización de la existencia (plano so-
cioeconómico de la sustentabilidad de la vida).

<footnote n="2">² David Harvey, *Breve historia del neoliberalismo*, Madrid, Akal, 2007.</footnote>

<footnote n="3">³ Sandro Mezzadra y Brett Neilson, *La frontera como método*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2017.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Luis Enrique Alonso y Carlos Fernández, *Poder y sacrificio. Los nuevos discursos de la empresa*, Madrid, Siglo XXI, 2018.</footnote>
La seguridad requerida por la gubernamentalidad neoliberal produce, como consecuencia de esa precarización de la vida consustancial al régimen de acumulación de capital, una manifestación dispar y heterogénea de quiebras vitales. Y sobre ellas habrá de proyectarse la trama de políticas sociales que permanece del desmantelamiento del Estado de bienestar, una red asistencial que trabaja con las situaciones más acu-ciantes de precariedad vital. Lo relevante es que ello no se hace para revertir el mecanismo gubernamental que ha pro-ducido dichas precariedades (porque estas se asumen dentro de la órbita discursiva que las vincula a los fracasos de los sujetos para adaptarse a las exigencias de la empleabilidad, para gestionar racionalmente sus vidas), cuanto para impe-dir que esa precariedad vital se convierta en una inseguridad sociopolítica para la propia gubernamentalidad neoliberal. Y es, por ello, que debe haber un gobierno de la precariedad<fnref n="5" /> que la encauce, que la discipline, garantizando su reproduc-ción vital con la (supuesta) esperanza última de que esa situa-ción sea susceptible de ser revertida si esos sujetos hacen los esfuerzos necesarios.

En la disolución de lo común que el régimen de acumu-lación capitalista anhela y desencadena mediante la entro-nización de la idea de individuo racional maximalista, en el pretendido socavamiento por articular soluciones colectivas a problemáticas sociales, la Policía muta en su configura-ción interna y presentación pública para adaptarse mejor a ese gobierno de la inseguridad. No es necesario plantearlo en términos de cambio previamente planificado y preparado meticulosamente, cuanto de convergencias que, desde dife-rentes instancias, se acoplan en el reforzamiento de lo secu-ritario. En el cambio a una policía preventiva de proximidad, atenta a los problemas de la ciudadanía, que se adentra en las tensiones de la convivencia, lo que observamos es que la Policía ha comenzado a trabajar en ese ámbito conflictivo de disolución de lo común, en el contexto de las precarizaciones desencadenadas. La Policía adquiere aquí un papel liminal decisivo en la medida en que, por una parte, está profundamente concernida con el proyecto securitario ligado a la gu-bernamentalidad neoliberal y, por otra, opera en el ámbito de

<footnote n="5">⁵ Isabell Lorey, *Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad*, Madrid, Tra-ficantes de sueños, 2016.</footnote>
las tensiones sociales que pudieran surgir de la vivencia de la precarización vital. Se mueve en los dos terrenos, amoldando y modulando sus racionalidades y tecnologías de poder. La Policía muestra aquí su versatilidad para actuar de modos diversos, para conectar, por paradójico que pudiera parecer, el fortalecimiento de lo securitario y la gestión de la precariedad vital.

En este contexto, reproducir discursivamente la necesidad de la seguridad se evidencia como una operación de apuntalamiento de un régimen de verdad con sus relaciones de poder y violencias constitutivas. Si la seguridad produce también precariedad vital, no puede ser ya aquello que demandemos, sino el terreno de una contestación cotidiana sustentado en una rearticulación plural de lo común.

## Anti-seguridad

Hoy en día la seguridad se ha convertido en una suerte de trama discursiva y práctica, profundamente performativa, que recorre distintos ámbitos de lo social, incidiendo en la forma de concebirlos e intervenirlos. Por ello, es necesario preguntarse críticamente por la sociogénesis de lo securitario, por los discursos y relaciones de poder que la animan, con el fin de poner de manifiesto la lógica gubernamental que desencadena y el ordenamiento social que depara.

La seguridad se ha convertido en el discurso que (nos) habla silenciando su lugar de enunciación, convirtiéndose así en una suerte de autoevidencia que se reproduce acriticamente. La trama discursiva hilvanada en torno a lo securitario, aquella que compone riesgos, amenazas, miedos, necesidades o normativas, se convierte en un hábito, una forma de pensar y hacer a través de la cual contamos lo que (nos) pasa, una epidermis en la que confluyen el sentido (de los cursos de acción que hay que adoptar) y el modo en que sentimos (la implementación de lo securitario mediante una gestión tecnopolítica de las emociones).

Desde la invitación foucaultiana a articular una ontología crítica de nosotros mismos, la cual inquiere en los procesos sociohistóricos que atraviesan las racionalidades y tecnologías
de poder a través de las cuales se conforman cotidianamente
las subjetividades, las formas de hacer y pensar, en estas pá-
ginas enfatizamos la necesidad de aprehender críticamente
la presencia pregnante de la seguridad con el fin de liberar-
nos del hechizo que destila. Del mismo modo en que desde la
ecología política se ha realizado un trabajo político-discursivo
para abandonar la atracción simbólica generada desde la idea
de desarrollo, en la actualidad se precisan otros discursos que
permitan desdecirnos de la seguridad.

Las razones son evidentes ya que la seguridad viene car-
gada con un proyecto político-económico-simbólico-jurídico
que no precisa ser reproducido, de ninguna de las maneras,
a modo de una verdad incuestionable convertida en una evi-
dencia neutral y aséptica. De la seguridad hay que hablar
para mostrar los entresijos de ese proyecto, para nombrar lo
que (nos) hace, para exponer los modos en los que se imbri-
ca con toda esa trama de supuestas amenazas preexistentes
que no deja de (re)producir en su ejercicio; hay que hablar
para evidenciar lo que esconde, para salirse de ese horizonte
discursivo, para narrar(nos) con otras ideas, otros conceptos,
otros sentidos.

Igualmente, es necesario trazar una distancia con respec-
to a la Policía impregnada de lo securitario. Mantener una
sensación de extrañeza en relación a la idea de que la Policía
debría alejarse de aquellos modelos que la ubican como una
fuerza de seguridad ajena a las preocupaciones y sensaciones
de la ciudadanía y concernida únicamente en el cumplimien-
to de la ley y el orden. Extrañeza porque ese modelo anterior,
trenzado en torno a lo reactivo y lo autoritario, no debería
conducir necesariamente y de un modo acrítico y autocom-
placiente, a abrazar este otro modelo presente sustentado en
la limpieza algorítmica de la lejanía y en la proximidad física
y emocional, como si esta lejanía y esta cercanía se legitimasen
en sí mismas en comparación con el modelo que han venido
a sustituir. No se trata de abrazar sin más un modelo que su-
pera carencias pretéritas. Se trata de interrogar, de mantener
una pregunta constante en torno a la gubernamentalidad en
la cual está inmersa la redefinición de lo policial, de proble-
matizar un modelo de ordenamiento de lo social que quiere
socavar con su misma presencia, en la inmediatez y cercanía
con la que se practica, otras formas de concebir y encarar lo
social y las problemáticas y desigualdades que ahí se suscitan. Por ello, a la pretendida inocuidad de estas policías, hay que responder con una permanente sensación de extrañeza, de extrañamiento, de lejanía, que questione la asunción acrítica de su lógica, que mantenga la puerta abierta a la problematización de las racionalidades y tecnologías de poder sobre las que se sustenta, que nos desdiga de las supuestas evidencias que el régimen de verdad pretende silenciar en su recurrente afirmación cotidiana. Sobra decir que no es fácil. La seguridad se ha convertido en un concepto totalizante que imbrica una dimensión antropológica (mantener la vida, alejándola de la precarización, de la violencia), política (articular un contexto social que garantiza la seguridad misma) y legal (trenzar un sistema normativo-penal que nos salvaguarda de la amenaza, que castiga a quien quiebra la seguridad). Igualmente, la seguridad se adjetiviza como seguridad existencial, humana, social, financiera, jurídica, etc. y acaba, en consecuencia, por impregnarlo todo, por introducirse en los sentidos y en el sentir.

No se trata, ciertamente, de negar la indudable necesidad de toda una serie de cuestiones que han quedado ubicadas en el horizonte semántico de la seguridad, algo que es claramente ostensible al remitirnos a su plano antropológico, aquel que nombra la pervivencia de la vida, de una vida mínimamente digna en la que poder cerciorar (¿habría que decir asegurar?) su mantenimiento. Pero eso, obviamente, no está en cuestión, no puede estarlo. Lo que está en cuestión es el modo en que lo nombramos, porque el acto mismo de nombrarlo no es inocente, porque las palabras van cargadas de historia(s), de sentidos, inmersas como están en tramas narrativas y conceptuales. Podemos aducir, con una legitimidad incuestionable, que el tránsito urbano, por poner un ejemplo, ha de estar libre de la posibilidad de sufrir una agresión, pero ello no requiere que debamos nombrar de un modo ineludible ese tránsito en términos de seguridad, porque esa seguridad acaba tornándose difícilmente escindible de una gubernamentalidad securitaria que nombra riesgos, amenazas, miedos y soluciones. O al menos corre el riesgo de quedar atrapada por la trama conceptual y narrativa que teje dicha gubernamentalidad securitaria. De lo que aquí se trata es de desligarnos del proyecto político-económico-jurídico-simbólico de la seguridad; de lo que se trata, como se ha ido argumentando, es de
problematizarlo, de impugnarlo, de abandonarlo, y ello exige articular un discurso propositivo que no pasa ya por la necesidad de invocar la seguridad, aunque esta quede redefinida y adjetivada.

Del mismo modo en que no precisamos un desarrollo sostenible sino unos discursos y unas prácticas que quiebren toda reminiscencia del horizonte simbólico del desarrollo, no necesitamos una seguridad resignificada. Necesitamos otra cosa, una anti-seguridad,<fnref n="6" /> otras palabras, otros conceptos que no sean susceptibles de ser capturados por el horizonte semántico de lo securitario, que se mantengan inapropiables para este. Si convenimos con Marx cuando afirma que la seguridad es el concepto central de la sociedad burguesa, podemos concluir que esa trama conceptual tejida en torno a la anti-seguridad deviene una tarea necesaria para resignificar los espacios que habitamos, para mantener una lejanía necesaria con respecto a lo que parece evidente, para abrirnos a otros discursos y prácticas en los que no reproducir el proyecto político-económico-jurídico-simbólico de la seguridad.

<footnote n="6">⁶ Mark Neocleous y George S. Rigakos, *Anti-security*, Ottawa, Red Quill Books, 2011.</footnote>
## 6. #DefundThePolice: de la imposible reforma policial y sus alternativas*

Las protestas iniciadas en Estados Unidos tras la muerte del afroamericano George Floyd en la primavera de 2020, a manos de la Policía, han conducido a una inédita demanda de desfinanciación de las fuerzas de seguridad por parte del movimiento Black Lives Matter. El reclamo de decrecimiento policial y securitario<fnref n="1" /> es la constatación de la imposibilidad de la reforma policial que tras décadas de introducción de variaciones en la formación de los agentes, de cierta diversidad y de instauración de modelos comunitarios, persiste la exhibición del poder violento de la policía.<fnref n="2" />

A partir de una reflexión sobre la experiencia de los gobiernos municipalistas (2015-2019) en materia policial, especialmente en Madrid, donde se abandonaron los planTEAMientos despolicializadores insertos en el programa electoral y se adoptó el *kit* tópico de reformas policiales, exponemos distintas alternativas encaminadas a la justicia social y al fortalecimiento comunitario como propuestas inversas al creciente poder policial. En este último apartado proponemos, ni más ni menos, una serie de pistas sobre

<footnote>* Una versión reducida de este capítulo se encuentra en Sergio García García y Débora Ávila Cantos, «Réformes de la police et décroissance policière: promesses et limites de l'expérience espagnole», *Savoir/Agir*, núm. 55, 2021, pp. 81-89.</footnote>

<footnote n="1">¹ Laurent Bonelli, «Pour une décroissance sécuritaire», *Le Monde Diplomatique*, mayo de 2017, pp. 28-29.</footnote>

<footnote n="2">² Alex S. Vitale, *The end of policing*, New York, Verso, 2018 [ed. cast.: *El final del control policial*, Madrid, Capitán Swing, 2021].</footnote>
cómo salir de Metropolice sin despistarnos con las promesas de mejoras policiales, atendiendo a algunas políticas institucionales sustitutivas y a prácticas prefigurativas que ya están fugándose de esta distopía.

## Reacciones a la violencia policial

Desde la muerte en 2014 de Michael Brown en Ferguson y de Eric Garner en Nueva York, el movimiento Black Lives Matter ha conseguido llamar la atención sobre el carácter estructuralmente racista y clasista de la policía. En el año 2020 se vivieron unas movilizaciones sin precedentes a partir del aseasinato de George Floyd en Minneapolis, de Breonna Taylor en Louisville y de Jacob Blake en Kenosha, que fueron derivando en una demanda inédita, al menos en la arena mediática e institucional: *Defund the Police*. Dicha campaña, que ha logrado reducir la financiación de la Policía en algunas ciudades, como la propia Minneapolis, llama la atención sobre la naturaleza autoritaria de la propia policía, cuestiona radicalmente las reformas y propone alternativas a su existencia.

Este movimiento no es un acontecimiento aislado, sino la manifestación contemporánea del grito contra el racismo institucional. Michelle Alexander<fnref n="3" /> ha visibilizado el hilo histórico que nace con la esclavitud de millones de africanos, pasa por las leyes segregacionistas de Jim Crow, la creación de guetos urbanos en el siglo XX y llega a la moderna lucha contra las drogas iniciada por Nixon y Reagan, la reforma penal de Clinton, la lucha contra el terror de Bush y Obama y las políticas supremacistas de Trump. En todos estos episodios históricos el papel de la Policía fue determinante, sosteniendo un sistema racista institucionalizado que hoy tiene su mayor expresión en el sometimiento de millones de afrodescendientes al sistema penal,<fnref n="4" /> en su empobrecimiento a base de millones de multas

<footnote n="3">³ Michelle Alexander, *El color de la justicia*, Madrid, Capitán Swing, 2017 [2010].</footnote>

<footnote n="4">⁴ El número de presos en Estados Unidos ascendía a 2,12 millones en 2018 (casi un 700% más que en 1971), cifra que comenzó a descender ligeramente a partir de finales de los años 2000. A esta cifra, hay que sumar los 4,4 millones de personas bajo el radar del sistema penal (Keeanga-Yamahtta Taylor, *Un destello de libertad. Del #Blacklivesmatter a la liberación*</footnote>
por «conductas incívicas», y en la violencia policial (cerca de mil muertes al año).<fnref n="5" />

El surgimiento de Black Lives Matter en la administración Obama es fruto de la frustración que produjo el contraste entre la exhibición de las élites negras como símbolo del fin del racismo y la realidad de la inmensa mayoría de hogares con una renta en sus hogares 15 veces inferior a la de los hogares blancos.<fnref n="6" /> Los discursos de la responsabilidad individual y la idiosincrasia cultural para explicar estas desigualdades estallan en mil pedazos cuando se difunden por las redes sociales las imágenes de brutalidad policial contra la población negra, constatando lo que era vox populi antes de los smartphones, y que ya había sido objeto de una fuerte contestación en las calles en Detroit en 1967 o en Los Ángeles en 1992.

Europa también ha sido testigo de episodios de reacciones juveniles a los disparos letales de policías en el presente siglo, los más destacados en Francia en 2005, Grecia en 2008 o Inglaterra en 2011. A pesar de la menor letalidad de las fuerzas de seguridad,<fnref n="7" /> las denuncias de torturas y brutalidad sobre las poblaciones racializadas y migrantes son constantes en países como Holanda o Italia.

En España, con unas fuerzas de seguridad jamás de-
puradas tras el franquismo y donde pesa el poder de unos

<footnote>negra, Madrid, Traficantes de Sueños, 2017). Entre la población sometida al sistema penal se encuentra escandalosamente sobrerrepresentada la población afrodescendiente, la cual tiene 6 veces más probabilidades que la población blanca de entrar en prisión. La población afrodescendiente, que representa al 12% de los habitantes de Estados Unidos, constituye el 40% de la población carcelaria del país («EEUU: ¿hay más negros en la cárcel que en la universidad?», *BBC News*, 17/03/2013).</footnote>

<footnote n="5">⁵ Keeanga-Yamahta Taylor (op. cit.) recoge los datos de una investigación realizada por *The Guardian* que cifra en 928 las muertes producidas por la Policía al año entre 2007 y 2014 en Estados Unidos. Este número hay que compararlo con las 4 muertes de la Policía inglesa entre 2010 y 2014, o las 12 muertes producidas por la Policía china en 2014.</footnote>

<footnote n="6">⁶ Ibídem.</footnote>

<footnote n="7">⁷ Laurent Bonelli («Las fuerzas del orden social», *Le Monde Diplomatique*, julio de 2020, pp. 10-11) se hace eco del sitio web *Basta!*, que ha contabilizado 676 personas muertas a manos de la Policía francesa entre enero de 1977 y diciembre de 2019, 16 muertes por año.</footnote>
sindicatos ultraderechistas, se viene denunciando desde los años 2000 su papel en la gestión de las fronteras externas<fnref n="8" /> e internas.<fnref n="9" /> En el año 2018, se vivió una de las reacciones más sonadas a esta violencia policial con la muerte del senegalés Mame Mbaye en las calles del barrio madrileño de Lavapiés tras ser perseguido por la Policía por ejercer la venta ambulante. Se da la circunstancia de que, después de más de una década sin papeles en España sufriendo este tipo de acoso, Mbaye murió perseguido por la Policía Municipal a cargo del gobierno de izquierdas del Ayuntamiento de Madrid. Dicho gobierno municipal hizo una apuesta fuerte por la reforma policial, y no por la política despolicializadora a la que apuntaba su programa. Es precisamente la gestión policial de este gobierno, aderezada con algunas referencias a otras ciudades, la que nos interesa analizar aquí como símbolo de la imposibilidad de la reforma policial.

<footnote n="8">⁸ El episodio más grave de la gestión brutal de las fronteras por parte del gobierno español ocurrió el 6 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal (Ceuta), donde murieron 15 personas migrantes ahogadas al recibir disparos de pelotas de goma por parte de los guardias civiles que custodiaban la frontera. La causa fue archivada sin juzgar la actuación de los agentes («Archivan la causa por las 15 muertes de migrantes en El Tarajal (Ceuta)», Europa Press, 26/01/2018). Distintas organizaciones vienen denunciando en los últimos años el funcionamiento de esa frontera exterior (Iridia, «La frontera sur. Accesos terrestres», 2017).</footnote>

<footnote n="9">⁹ En los últimos 15 años se han producido numerosos informes denunciando la situación de los CIE, el último de ellos a cargo del Servicio Jesuita de Inmigrantes, en 2019 («Diez años mirando a otro lado»). A su vez, a comienzos de la década pasada aparecieron varios informes denunciando las redadas racistas de la Policía (Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, «Controles de identidad racistas en Madrid. Informe de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (2010/2011)», 2011,). Con la llegada de la crisis y el consecuente cambio de prioridades en políticas migratorias y la racionalización del gasto público, tanto el uso de los CIE como de las redadas disminuyó y se reorientó. No obstante, la incidencia de estas políticas policiales racistas sigue siendo extremadamente relevante (en el año 2015, por ejemplo, se realizaron seis millones y medio de identificaciones) y gravemente percibida por las personas en situación más vulnerable a las que se les niega el derecho a pertenecer (José María López Riba, «Las identificaciones policiales y los límites de la pertenencia», Metropolice-El Salto, 26/04/2021).</footnote>
## Contornos de la reforma policial

Volvamos al contexto estadounidense ya que es ahí, junto con Reino Unido, donde nacen los planteamientos de reforma que prometen acabar con la brutalidad y que se exportan a países como España. En su didáctico análisis del fracaso de las reformas policiales en Estados Unidos, Alex S. Vitale enumera los principales asuntos sobre los que se han centrado: la diversidad, la formación de los agentes policiales, la creación de la policía comunitaria, la rendición de cuentas, la instalación de cámaras en los uniformes y la creación de vías específicas para ciertos colectivos (tribunales para personas con problemas de salud mental, drogas, etc.).<fnref n="10" /> Todos ellos estarían destinados a recuperar una legitimidad perdida por los «casos» de racismo, la falta de profesionalidad, la predominancia de los enfoques reactivos, los casos de corrupción y los abusos policiales.

En España asistimos en las últimas dos décadas a distintas tentativas de reforma, de manera específica en las policías locales y autonómicas. A pesar de las fuertes resistencias planteadas por las estructuras y la cultura policial, se han comenzado a abordar cambios de acuerdo con un giro preventivo encadenado semánticamente a los conceptos de «prevención», «modernización», «profesionalización», «diversidad» y «proximidad» (véase capítulo 3 del presente volumen). Este giro ha seducido a gestores políticos de todo signo, pero especialmente a los progresistas (desde los independentistas vascos de Bildu al partido de Estado PSOE, pasando por los experimentos municipalistas de Ahora Madrid y Barcelona en Comú). La clave de este discurso de nueva gestión policial estriba en que se hace cargo de las críticas que ha recibido la Policía tradicional. Algunos de los enunciados del discurso de la reforma policial, y sus derivaciones prácticas, son:

1. «Superar el viejo orden público a través del concepto de seguridad ciudadana». La Policía debe estar al servicio de los ciudadanos, y no solo a la orden del Estado. Este enunciado es enarbolado fundamentalmente por juristas progresistas y por los defensores de una Policía democrática en el seno de la

<footnote n="10">¹⁰ Alex S. Vitale, *The end of policing*, op. cit.</footnote>
experticia policial.<fnref n="11" /> Su efecto más palpable ha sido la asimila-
ción de la Policía a un servicio público más (como la sanidad,
la educación, los servicios sociales, etc.). El corolario más evi-
dente de este cambio de concepción lo vemos en la creación
de consejos de seguridad locales en los que los profesionales
de Policía se encuentran con los ciudadanos para recoger sus
demandas y rendir cuentas de su gestión, algo que, por ejem-
plo, incorporó el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón (famoso por
«copiar» políticas progresistas para ensamblarlas con medidas
neoliberales) a la ciudad de Madrid a mediados de los 2000.

2. «Hay que ir más allá de la policía represiva y crear una policía verdaderamente preventiva». Al igual que en el discurso de la salud pública o de la intervención social, se entiende que la prevención se anticipa a los fenómenos negativos, por lo que reduce el daño posible a los ciudadanos, y además es más democrática. Los principales valedores de este enunciado son los sectores progresistas de los cuerpos de policía, así como el discurso científico de buena parte de la criminología. Este énfasis preventivo se traduce en un trabajo de recogida de información y en hacer proporcionalmente más pequeña la parte del trabajo policial dedicada a perseguir y detener infractores. El ejemplo más desarrollado de este trabajo preventivo en España lo encontramos en las ciudades de Madrid o Barcelona, con mecanismos de recogida de información cuantitativa (denuncias, intervenciones), cualitativa (reuniones con vecinos, comerciantes) y visual (videovigilancia), con agentes «blandos» que buscan ganarse la confianza en los territorios (agentes tutores, agentes mediadores) y con sistemas de integración de la información y de inteligencia, si bien, como reconocen algunos expertos,<fnref n="12" /> estos aún tienen muchas carencias.

3. «Frente a una policía discriminatoria, una policía que res-
pete los derechos humanos y a las minorías». Este discurso
encuentra su origen en la proliferación de acciones activistas

<footnote n="11">¹¹ Amadeu Recasens i Brunet, *La seguridad y sus políticas*, Barcelona, Ate-
lier, 2007; Amadeu Recasens i Brunet, “Consideraciones sobre el modelo
policial”, *RISE*, 29/03/2021.</footnote>

<footnote n="12">¹² Diego Torrente, Ponencia presentada en la Mesa redonda 5: Nuevas
tecnologías y seguridad en el ámbito local del IV Simposio de Investiga-
ción Criminológica organizado por la SEIC en Granada en junio de 2019.</footnote>
contra las redadas racistas, los informes de organizaciones sociales, ONG, sindicatos policiales y grupos de investigación académicos contra el *profiling* que sufren los inmigrantes y las personas racializadas. Gracias sobre todo a la llegada a los ayuntamientos de candidaturas municipalistas en 2015, y partiendo de la labor que ya venían realizando ayuntamientos como el de Castellón o Fuenlabrada en materia de auto-control policial, se ha prestado atención al control de dicho *profiling* y a la inclusión de colectivos antes desatendidos por el servicio policial a través unidades especiales que persiguen los delitos de odio, como la creada por el gobierno progresista de Madrid entre 2015 y 2019.

4. «Cambiar la cultura policial mediante la selección de plantilla y la formación». El perfil masculino y blanco hegemónico, centrado en la exhibición de la fuerza física y el poder de intimidación, es el que predomina en los cuerpos de policía. Si a esto sumamos el escaso nivel de estudios que es requerido para el ingreso, se entiende que las plantillas son incapaces de desarrollar habilidades comunicativas con una ciudadanía plural, origen de multitud de conflictos y del desgaste de la imagen policial. De ahí que se hayan hecho tímidos esfuerzos en algunas ciudades por cambiar el perfil de acceso (reduciendo la estatura requerida, estableciendo cuotas para mujeres o valorando como mérito el conocimiento de idiomas de algunas minorías), por formar en derechos humanos, diversidad y modulos comunitarios al personal, por asignar tareas propias del trabajo social o por modificar la imagen pública de los cuerpos (portavocías femeninas en medios de comunicación). No obstante, en España la cultura policial es tan tenaz que aún es casi imposible ver policías afrodescendientes, gitanos o de origen árabe, asiático o latino.

5. «Frente a la impunidad, autocontrol». De manera tímida se comienza a reconocer desde algunas instituciones que en la Policía se producen abusos (controles discriminatorios, intervenciones desproporcionadas), por lo que es necesario establecer algunos controles internos. Además de la implantación de sistemas de registro del perfil étnico de las personas paradas por la Policía en algunos municipios, como Fuenlabrada o A Coruña, el experimento progresista de Madrid (2015-2019) implantó un Comité de Ética destinado a juzgar
algunas intervenciones controvertidas de sus agentes.<fnref n="13" /> El Ministerio del Interior del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos también ha lanzado medidas en la misma dirección de corte más retórico que práctico,<fnref n="14" /> pero que sirven para dar-nos pistas de la penetración de las denuncias de impunidad.

6. «Superar la ineficiente soledad policial e incorporar la par-ticipación de la ciudadanía en la gestión de la seguridad». Los propios policías no paran de repetirlo cuando se enfrentan a problemas de etiología compleja, «hace falta colaboración ciu-dadana y la implicación de otros profesionales». La seguridad debe ser coproducida entre policías, empresas, profesionales de otras áreas (servicios sociales, educación...), asociaciones vecinales y ciudadanos. Solo mediante una efectiva colabora-ción ciudadana a través de la precaución, la denuncia y la vigi-lancia, pueden lograrse niveles óptimos de efectividad policial y percepción de seguridad. El efecto deseado de este postulado es ir más allá de la atención a la demanda o la simple rendición de cuentas, para alcanzar la corresponsabilidad ciudadana en materia de seguridad. Su manifestación más acabada la encon-tramos en el intento de creación de la policía comunitaria de Madrid en 2018 o en la policía de barrio de Barcelona.

7. «Frente a una policía que no está cuando se la necesita, y que cuando está entra como elefante en una cacharrería, es necesaria una policía de proximidad». A partir de la ola de

<footnote n="13">13 Dicho Comité de Ética solo llegó a deliberar sobre un expediente. Su composición incorporaba, además de una presidencia correspondiente a alguien de la propia Policía Municipal, a 11 vocales del propio cuerpo con voz y voto, y a cinco vocales externos con voz pero sin voto (BOAM nº 8335/233 (12/02/2019) - Decreto de 7 de febrero de 2019 del Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias por el que se crea el Comité de Ética de la Policía Municipal de Madrid y se regula su composición y funcionamiento). Por su parte, en Barcelona la Unidad de Asuntos Internos, se convirtió en 2016 en la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI), y en febrero de 2019 se creó el Comité de Ética de la Guardia Urbana (se trata de «un órgano consultivo e interdisciplinario en materia de ética para colaborar en la mejora de la calidad del servicio policial y con la voluntad de convertirse en un espacio de reflexión para el debate ético en el campo de la seguridad ciudadana», Plan director de la Guardia Urbana de Barcelona documento de balance, 2019).</footnote>

<footnote n="14">14 «La policía se pone nuevos deberes en derechos humanos», *El País*, 01/10/2019.</footnote>
inseguridad ciudadana de la década de 1980, en los barrios
más abandonados institucionalmente de las grandes ciuda-
des se enarboló este discurso desde las asociaciones vecinales
y agentes de intervención social comunitaria, poniendo bajo
sospecha el diferente trato policial que sufren los barrios más
castigados respecto de los de clase media. La manifestación
de esta seguridad diferencial sería el abandono antes de que
se produzcan los males delictivos y la sobreactuación cuando
acontecen las emergencias. Por eso se reclama presencia poli-
cial, pero no cualquiera, sino la de una policía de proximidad
comunitaria. Se interpreta la presencia visible de la Policía
(fundamentalmente a pie) como fuente de prevención de ma-
les y tranquilidad vecinal: este es el mejor modo de atenuar
la sensación de abandono institucional de algunos barrios. El
ayuntamiento de L'Hospitalet, en el área metropolitana de
Barcelona, es uno de los que más experiencia tiene en la in-
corporación de la Policía en tareas de mediación vecinal como
modo de gestionar los conflictos desde la proximidad y desde
roles y destrezas distintos de la mera fuerza intimidatoria.

8. «Frente a la seguridad centrada en el delito, la seguridad humana». Dado su marcado carácter progresivo, este es el enunciado que quizás más dificultades ha encontrado para hacerse hueco en el discurso de la gestión policial. Aunque no se formule en los mismos términos que entre los movimientos sociales, las ONG o los partidos de izquierdas («seguridad no es solo que no te roben, sino llegar a fin de mes, que no te corten la luz, que no te echen de tu casa, respirar aire limpio...»), lo cierto es que su traducción policial consiste en una visión integral de la seguridad que la lleva mucho más allá del hecho delictivo y la vincula con las situaciones de insalubridad, pobreza y los problemas de convivencia. Esta concepción integral de la seguridad es formulada por primera vez por el PNUD en 1994,<fnref n="15" /> en ambientes académicos y ONG en Latinoamérica, llegando a España en la última década. El Plan Director de la Policía de Madrid de 2016¹⁶ se inspira en estos postulados, pero sobre todo llama la atención la declaración retórica del Ministerio del Interior de Grande-Marlaska (PSOE) nada más llegar al gobierno en 2018, en la

<footnote n="15">15 PNUD, *Informe sobre Desarrollo Humano* 1994, Ciudad de México, FCE, 1994.</footnote>

<footnote n="16">16 «Plan Director de Policía Municipal de Madrid», marzo de 2016.</footnote>
que se aboga por una «seguridad humana, el concepto más
amplio de seguridad que podemos concebir, que está abierto
a la calidad de vida de las personas»<fnref n="17" />.

Estos enunciados en favor del carácter ciudadano, pre-
ventivo, inclusivo, renovado, ético, participativo, próximo e
integral de la Policía condicionan la gestión y el trabajo po-
licial, aunque quizás no en el sentido que cabría esperar. La
apropiación de estos enunciados por parte de las institucio-
nes de policía, así como de los agentes, hay que valorarla a la
luz de los efectos en cada contexto. A continuación, presenta-
mos muy sintéticamente su concreción en Madrid.

El caso de la reforma policial en Madrid (2015-2019)

Tras 24 años gobernando la derecha en Madrid, una candidatu-
ra de izquierda que canaliza la fuerza cooperativa que se había
generado en la ciudad a partir del 15M, se hace con el gobier-
no local en 2015. Desarrollando la hipótesis municipalista,<fnref n="18" /> el
movimiento Ganemos Madrid inicia en 2014 la producción de
un programa electoral participativo.<fnref n="19" /> Aunque inmaduro, el
enfoque de lo que se llamó «políticas de la confianza» en 2015
era muy próximo a los enunciados actuales de *Defund the Poli-
ce*: la cuestión de la prevención y mediación de problemas de
convivencia era abordada desde un punto de vista despolicia-
lizador, recogiendo la etiología de la desigualdad económica
y el racismo institucional, y apostando por el desplazamiento
de la Policía en multitud de situaciones abordables por par-
te de las comunidades y de otros profesionales dotados de
recursos.<fnref n="20" />

<footnote n="17">¹⁷ «Interior anuncia una política de seguridad con valores humanos y diversidad», *La Vanguardia*, 13/07/2018.</footnote>

<footnote n="18">¹⁸ Observatorio Metropolitano, *La apuesta municipalista. La democracia empieza por lo cercano*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2014.</footnote>

<footnote n="19">¹⁹ Nos referimos al programa con el que finalmente concurrió a las elec-
ciones municipales de 2015 Ahora Madrid. Este programa recoge solo una
parte de lo que fue el programa participativo impulsado por Ganemos Ma-
drid en 2014 y que, bajo el epígrafe de «Políticas de la Confianza», contenía
medidas más ambiciosas y elaboradas en relación a la gestión securitaria
de la ciudad de Madrid. Véase Ahora Madrid, «Programa electoral», 2015.</footnote>

<footnote n="20">²⁰ Véase el punto «3.3.3. Mejora de la convivencia en los barrios mediante</footnote>
Quien asume el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias es Javier Barbero, profesional de la salud mental y activista reconocido, quien deberá hacerse cargo de la «patata caliente» que es la Policía municipal: un cuerpo de más de 6 mil agentes y en el que ciertos sindicatos de ultraderecha ejercen una importante influencia. El primer año de legislatura estuvo marcado por un clima de fuerte presión externa sobre los responsables políticos. Los sindicatos de policía, en complicidad con los partidos de la oposición y los grandes medios de comunicación, pronto comenzaron a avivar un clima de alta hostilidad hacia los nombramientos y las medidas del nuevo gobierno en materia de seguridad y convivencia, el cual culminó en un multitudinario e intimidatorio «escrache» llevado a cabo por parte de agentes fuera de servicio sobre el concejal y sus asesores el 16 de febrero de 2016 tras la supresión de la unidad de antidisturbios. En el verano de ese mismo año, tras un intento de puesta en marcha de un proyecto piloto de policía comunitaria en el barrio de Lavapiés, nuevamente la presión de sindicatos policiales, partidos de oposición y medios de comunicación ejerció un poder de coacción que obligó a retirar dicho proyecto.

Si este ambiente contribuyó a dibujar los límites de la acción de gobierno, no es menos cierto que la alcaldesa Manuela Carmena y su entorno cercano pronto impusieron la máxima de que se debía «gobernar para todos». El subtexto de esa máxima implicaba la renuncia a plantear conflictos en los temas importantes, y por lo tanto suponía desviarse del propio programa electoral con el que habían llegado al gobierno. Inevitablemente, los abordajes transformadores del marco y el enfoque en materia de seguridad y convivencia fueron poco a poco quedando relegados en pro de enfoques más posibilistas.

La idea original del programa, consistente en restar poder a la Policía sacándola de ámbitos donde había penetrado en los últimos años (colegios, relaciones vecinales), retirándole el poder de interlocución con los medios de comunicación y desviando los excedentes de personal a un trabajo más redistributivo (como el control de la normativa de medio ambiente, laboral o el refuerzo de las unidades de violencia de géne-
ro), pronto fue desechada por parte del equipo de gobierno. Aunque se derivó a un distrito de la periferia la propuesta de organizar un «proyecto piloto» basado en las hipótesis despolicializadoras de la gestión de conflictos vecinales, finalmente aquello cayó por su propio peso.

Entre los factores que explican que la propuesta despolicializadora no se explorase, contamos la presión intimidatoria de sindicatos policiales, oposición y medios con la seguridad convertida en guerra cultural, el extrañamiento del propio programa por parte del nuevo concejal, la ausencia de experiencias de despolicialización de conflictos en entornos urbanos en los que apoyarse en 2015, la absorción de energías por parte de las emergencias del día a día en una estructura burocrática en la que cualquier cambio profundo es una odi sea, la fragmentación de Ahora Madrid en distintas facciones con la consecuente incapacidad para trazar una estrategia global que permitiese apoyar a través de otras políticas un decrecimiento policial y, por último, la ausencia de empuje desde fuera de la institución en un tema apenas pensado desde los movimientos sociales y vecinales.

Con estos mimbres, lo que sí intentó el equipo de la concejalía fue empaparse de experiencias de reforma policial llevadas a cabo por gobiernos municipales de Bildu en el País Vasco, asesorarse sobre las políticas securitarias de imagen más progresista de grandes capitales europeas, rodearse de propuestas de expertos policiales en materia de prevención y policía comunitaria así como potenciar proyectos ya existentes en la propia estructura municipal más proclives a trasladar una imagen de la Policía como un cuerpo social comunitario y cuidador. Tras un primer año de intimidaciones, titubeos y un considerable esfuerzo por ponerse al día en innovaciones modernizadoras del campo policial, el equipo de gobierno consiguió plasmar una agenda propia en materia de seguridad mediante un nuevo Plan Director de Policía presentado el 31 de marzo de 2016.21 Las líneas de actuación allí presentadas, coherentes con los ya viejos enunciados de las reformas policiales anglosajonas y europeas (diversidad, formación y policía comunitaria),22 se pueden categorizar en

<footnote n="21">21 «Plan Director de Policía Municipal de Madrid», marzo de 2016.</footnote>

<footnote n="22">22 Alex S. Vitale, *The end of policing, op. cit.*; Adam Crawford (ed.), *Crime*</footnote>
torno a dos grandes objetivos: introducir cierto autocontrol en la policía, por un lado, y consolidar y ampliar el trabajo policial preventivo sobre la convivencia y los conflictos asociados a la desigualdad social, por otro. El primer objetivo de la legislatura se iba a centrar en limar aquellos aspectos más represivos, violentos y antidemocráticos (comportamientos discriminatorios, actuaciones desproporcionadas, etc). Para ello, se crearía la Unidad de Diversidad y de Delitos de Odio y se pondrían en marcha medidas encaminadas a establecer cierto autocontrol del cuerpo policial, ampliando su atención a colectivos minorizados (personas racializadas, mujeres, LGBTQ+, sin hogar...), instaurando controles internos para evitar identificaciones discriminatorias y reducir el profiling (Programa para la Identificación Policial Eficaz) y creando un Comité de Ética dedicado a las actuaciones policiales. Estos cambios responden a los enunciados reformistas en favor de una Policía alineada con los derechos humanos de las minórías, el cambio en la cultura policial y el coto a la impunidad en pro de la rendición de cuentas.

En cuanto al segundo objetivo, el trabajo preventivo centrado en la convivencia, la propuesta fue abordar de forma prioritaria cuestiones relacionadas con los conflictos en el espacio público vinculados a las desigualdades, la pobreza y la convivencia mediante metodologías cercanas a la intervención social (trabajo y educación social, mediación), pero con policías como protagonistas. Para ello, las figuras de los agentes tutores y los agentes mediadores, creadas por los anteriores gobiernos de derechas, serían ahora elevadas a «experiencias de éxito» que harían de columna vertebral a partir de la cual dar forma a una nueva policía, con nuevas figuras y roles policiales próximos al campo de la intervención social, capaz de generar confianza y redes en los territorios: una policía cercana y empática, preventiva y proactiva, que tendría en el modelo de policía comunitaria su apuesta estrella. Aunque esta línea de trabajo ya fuera iniciada por los gobiernos del Partido Popular, el grado de penetración en el tejido social al que se postulaba la Policía era inédito. Esta segunda línea es más acorde con los enunciados en favor de la prevención antes que con la reacción, así como con la participación de otros

*Prevention Policies in Comparative Perspective*, Cullompton, Willan Publishing, 2009.
agentes en la gestión de la seguridad en consonancia con la idea de proximidad.<fnref n="23" />

Esa política generó simpatías entre los colectivos que por primera vez eran tenidos en cuenta en las políticas securitarias (sectores feministas, LGTBQ+, profesionales de la salud mental), aunque cada vez se mostraba más lejana de la agenda de los movimientos sociales, y de manera especial a partir de la muerte de Mame Mbaye el 15 de marzo de 2018 en el barrio de Lavapiés (episodio referido más arriba). La cuestión de la persecución del «top manta» constituyó desde el principio la gran brecha que separaba a la concejalía de seguridad y a los movimientos sociales, brecha que la oposición y los sindicatos policiales pronto aprovecharon para ahondar en las contradicciones de Ahora Madrid. La versión sobre la muerte de Mbaye ofrecida por el concejal, que tomaba un enfoque pro-pio (el problema social que hay detrás de la actividad ilegal) pero que en líneas generales no desmentía la versión policial (que se exculpaba de toda responsabilidad), fue la chispa definitiva que encendió un acalorado enfrentamiento entre los viejos compañeros activistas de los movimientos y los entonces responsables municipales de la policía.

A modo de balance, se puede decir que el periodo 2015-2019, protagonizado por reformas ya trilladas que no se salían del guión «modernizador», tuvo un carácter ambivalente en el que convivieron sendas lógicas de autocontrol —que reducen el poder de la policía— y de control comunitario de la convivencia —que aumenta el poder policial—. La reforma policial que se llevó a cabo incluyó acciones formativas, comités éticos, protocolos preventivos de la discriminación, acercamiento a los colectivos vulnerables y a los barrios, etc. Pero el resultado de esta reforma fue inocuo en cuanto al cambio en la cultura policial (de hecho, las resistencias que produjo han llevado de forma pendular a adoptar discursos mucho más reaccionarios por parte de mandos, agentes y sindicatos) y profundizó la ampliación del poder policial al mejorar las claves maestras de entrada en espacios sociales que hasta hace poco tenía vetados la Policía, fundamentalmente sumando un nuevo objeto de intervención policial a la tradicional delincuencia mediante la gestión de la «convivencia».<fnref n="24" />

<footnote n="23">²³ Véase el capítulo 3 del presente volumen.</footnote>

<footnote n="24">²⁴ Débora Ávila y Sergio García García, «La policía de ‘lo social’: la</footnote>
Pese a que la policía comunitaria no se implantó tal y como se
diseñó, supuso un paso más en el avance sobre dos grandes
objetivos del gobierno policial de las desigualdades sociales:
su legitimación ante ciertas «comunidades» y la obtención de
información (que, bien procesada, puede convertirse en «in-
teligencia») mediante su camuflaje como agentes de trabajo
social, más que fuerzas del orden.

De la imposibilidad de la reforma policial

El fracaso de la reforma no es el resultado de unos gestores políticos incompetentes, sino el fruto de lógicas estructurales que definen el funcionamiento de la Policía y su cultura, tal y como apuntan distintas investigaciones que se han acercado a las reformas policiales en contextos concretos. Alex S. Vitale<fnref n="25" /> o Keeanga-Yamahtta Taylor<fnref n="26" /> nos advierten sobre el efecto ino-cuo que ha tenido la inclusión de policías afrodescendientes en las relaciones con la comunidad o los niveles de violencia en Estados Unidos. Elif Babül<fnref n="27" /> realizó una etnografía sobre los programas de formación en derechos humanos de la Policía turca derivados de los acuerdos con la Unión Europea, conclu-yendo que dicha reforma no revirtió en un mayor respeto de los derechos ciudadanos, sino en la ampliación del poder de la institución policial. Mariana Valverde y Ron Levi<fnref n="28" /> o Adam Crawford<fnref n="29" /> han destacado el papel reproductivo de desigual-dades que ha tenido la implantación de la policía comunitaria en Canadá o Reino Unido al responsabilizar a las comunida-

<footnote>inserción de las fuerzas de seguridad en la gestión de la convivencia (el caso de Madrid, 2015-2019)», *Crítica Penal y Poder*, 19, 2020, pp. 107-130.</footnote>

<footnote n="25">²⁵ Alex S. Vitale, *The end of policing*, op. cit.</footnote>

<footnote n="26">²⁶ Keeanga-Yamahtta Taylor, *Un destello de libertad. Del #Blacklivesmatter a la liberación negra*, op. cit.</footnote>

<footnote n="27">²⁷ Elif Babül, «Understanding police training on Human Rights (Turkey)», en Didier Fassin (ed.), *Writing the World of Policing. The difference ethnography makes*, Chicago (IL), The University of Chicago Press, 2017, pp. 139-160.</footnote>

<footnote n="28">²⁸ Mariana Valverde y Ron Levi, «Gobernando la comunidad, gobernan-do a través de la comunidad», *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Socia-les*, núm. 22, 2006, pp. 5-30.</footnote>

<footnote n="29">²⁹ Adam Crawford, *The local governance of crime. Appeals to Community and Partnerships*, Oxford, Oxford University Press, 1997.</footnote>
des de sus problemas sociales y al privilegiar la participación de aquellos ciudadanos con mayores capitales frente a los más excluidos. En cuanto a la rendición de cuentas o *accountability*, nuevamente Alex S. Vitale<fnref n="30" /> cita una investigación periodística realizada por *The Washington Post*<fnref n="31" /> en 2015 en la que se cifra en solo 11 el número de policías declarados culpables por disparos fatales en una década (en un país en el que, recordemos, se producen casi mil muertes al año a manos de la policía) y alude al uso interesado por parte de los agentes de las cámaras implantadas por la administración Obama que graban las acciones policiales, apagándose justo en los momentos calientes o difundiéndose sus imágenes en *youtube* contra todo derecho a la privacidad. Así mismo, este autor cuestiona las reformas encaminadas a aumentar la sensibilidad hacia colectivos vulnerables, como los enfermos mentales, los drogodependientes, las personas sin hogar o las trabajadoras sexuales, ya que lejos de introducir lógicas basadas en la salud pública y en afrontar los condicionantes sociales, afirman el carácter criminalizador, moralmente culpabilizador, militar y punitivo de las intervenciones.

La legitimidad que se espera que recupere la Policía mediante las reformas en los territorios donde más daño social produce olvida que la moderna institución policial nació con un mandato: el control colonial (caso de la guardia irlandesa que patrulló en la colonia británica a comienzos del XIX) y de clase (caso de la propia Policía Metropolitana de Londres, que surge en el contexto de las reacciones luditas contra el nuevo orden liberal-industrial).<fnref n="32" /> A pesar de las reformas, la Policía jamás ha ostentado un papel redistributivo de la riqueza y el poder en ningún contexto, sino que su cometido se basa en la pacificación de las desigualdades<fnref n="33" /> y la estabilización del orden.<fnref n="34" /> Esa es la razón por la cual

<footnote n="30">³⁰ Alex S. Vitale, *op. cit.*, p. 18.</footnote>

<footnote n="31">³¹ Kimberly Kindy y Kimbriell Kelly, «Thousands dead, few prosecuted», *Washington Post*, 11/04/2015.</footnote>

<footnote n="32">³² Alex S. Vitale, *op. cit.*, p. 35.</footnote>

<footnote n="33">³³ Mark Neocleous y George S. Rigakos, *Anti-security*, Ottawa, Red Quill Books, 2011.</footnote>

<footnote n="34">³⁴ Didier Fassin, *La force de l'ordre. Une anthropologie de la police des quartiers*, Paris, Seuil, 2013 [ed. cast.: *La fuerza del orden. Una etnografía del accionar policial en las periferias urbanas*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016].</footnote>
se toleran sus excesos a pesar de que vulneren las propias leyes. Como recuerda Didier Fassin,<fnref n="35" /> a los policías no se les permite la corrupción, pero sí los abusos, puesto que en el fondo el Estado depende de ellos. La violencia policial no es corrupción, sino parte del trabajo policial en el que lo legal y lo ilegal se complementan<fnref n="36" /> para dar respuesta a las demandas de orden (aderezadas en un contexto gerencial con las estadísticas de eficiencia y con las presiones mediáticas).<fnref n="37" /> Como afirma Justin Podur, «proporcionar seguridad a la sociedad no es una función especial de la Policía [...] sabemos desde hace 50 años que la Policía no ayuda a la seguridad ciudadana»,<fnref n="38" /> lo que se puso de relieve cuando la desaparición de la Policía de una zona de Kansas City no supuso ninguna variación en las tasas de delitos respecto de aquellas áreas donde permaneció.<fnref n="39" /> Peter K. Manning,<fnref n="40" /> apoyándose en Egon Bittner, destaca que, más allá de los discursos, hay que fijarse en las prácticas policiales, en lo que los policías hacen en nombre de «la Policía», y lo definitorio de su trabajo es, más allá del discurso formal (el *enforcement* de la ley), el mantenimiento del orden, algo que en su propia materialización supone una aplicación contingente de la ley. La Policía puede estar, en función de las circunstancias concretas en las que opera, tanto dentro como fuera de la ley. Las normas policiales, las exigencias que se establecen, pueden llevar a respetar la ley o a suspenderla, pero siempre en coherencia con el mandato de (re)establecimiento del orden.

<footnote n="35">³⁵ Didier Fassin, «A moral interpretation of police deviance», en Kevin G. Karpiak y Willian Garriott (eds.), *The Anthropology of police*, New York, Routledge, 2018, pp 175-187.</footnote>

<footnote n="36">³⁶ Laurence Ralph, «The extralegal force embedded in the law (United States)», en Didier Fassin (ed.), *Writing the World of Policing. The difference ethnography makes*, Chicago (IL), The University of Chicago Press, 2017, pp. 248-268.</footnote>

<footnote n="37">³⁷ Didier Fassin, «A moral interpretation of police deviance», en Kevin G. Karpiak y Willian Garriott (eds.), *The Anthropology of police*, ibidem, pp 175-187.</footnote>

<footnote n="38">³⁸ Justin Podur, «La policía es irrelevante para la seguridad ciudadana», *El Salto*, 25/06/2020.</footnote>

<footnote n="39">³⁹ Didier Fassin, *La force de l'ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, op. cit.*</footnote>

<footnote n="40">⁴⁰ Peter K. Manning, «An anthropology of policing», en Kevin G. Karpiak y Willian Garriott (eds.), *The Anthropology of police*, ibidem, pp. 23-33.</footnote>
Por ese motivo, los controles internos en forma de deontología y comités éticos son vacunas muy débiles para prevenir los abusos.<fnref n="41" /> Por más reformas que se hagan a través de la formación de los agentes (en derechos humanos, diversidad, género), la cultura policial no deja de traducir la violencia estructural en violencia directa,<fnref n="42" /> lo cual es justificado moralmente por los agentes a partir de un imaginario guerrero,<fnref n="43" /> que divide el mundo entre «buenos» y «malos», y que asume para sí el papel organizador de un caos que las demás instituciones (justicia, servicios sociales) son incapaces de ordenar.<fnref n="44" /> Pedir a la Policía que sea un vector de democratización, redistribuyendo poder de arriba abajo, es un oxímoron.

Lo que sí logran las reformas policiales es aumentar el poder de la propia institución policial (véase capítulo 4 del presente volumen). El poder de la Policía (en presupuestos, competencias, espacios de intervención, roles) ha crecido hasta límites insospechados en las últimas cuatro décadas al ocupar el terreno baldío de la desinversión social neoliberal.<fnref n="45" /> En muchos contextos locales, la Policía está penetrando en nuevos campos de lo social que le eran ajenos hasta hace bien poco, cooptando a agentes de los movimientos sociales y vecinales así como de la intervención socio-educativa, trasladándoles su lógica, poniéndolos a policiar y borrando la memoria de su significado histórico mediante retóricas de la prevención, la diversidad y los derechos humanos que poco o nada tienen que ver con sus prácticas. Más allá de su torpeza o de las resistencias dentro del cuerpo, la presencia policial continuada en las escuelas, en los servicios sociales o en las dinámicas comunitarias de

<footnote n="41">⁴¹ Didier Fassin, «A moral interpretation of police deviance», en Kevin G. Karpiak y Willian Garriott (eds.), *The Anthropology of police, op. cit.*</footnote>

<footnote n="42">⁴² Jeffrey T. Martin, «Police culture: what it is, what it does, and what we should do with it», en Kevin G. Karpiak y Willian Garriott (eds.), *The Anthropology of police*, ibidem, pp. 34-45.</footnote>

<footnote n="43">⁴³ Elif Babül, «Understanding police training on Human Rights (Turkey)», en Didier Fassin (ed.), *Writing the World of Policing. The difference ethnography makes, op. cit.*, pp. 139-160.</footnote>

<footnote n="44">⁴⁴ Didier Fassin, «A moral interpretation of police deviance», en Kevin G. Karpiak y Willian Garriott (eds.), *The Anthropology of police*, ibidem, pp. 175-187.</footnote>

<footnote n="45">⁴⁵ Laurent Bonelli, «Las fuerzas del orden social», *Le Monde Diplomatique*, julio de 2020, pp. 10-11; Alex S. Vitale, *op. cit.*, p. 35.</footnote>
los barrios como «un agente más», está teniendo en ciudades
como Madrid un resultado palpable en forma de legitimidad
popular, de canalización policial de problemas sociales y de
convivencia de toda índole, además de obtener como logro un
capital inestimable, la información.<fnref n="46" />

Sin embargo, la izquierda institucional obvia los riesgos
que entraña la apuesta por las reformas policiales (formación,
prevención, diversidad, comunidad, etc.) como principal po-
lítica de seguridad. Como afirma Tamar Pitch, refiriéndose al
fracaso de la experiencia de las reformas en seguridad lleva-
das a cabo desde la izquierda italiana en la década de 1990,
«la seguridad es patrimonio de las derechas, no declinable
por parte de la izquierda»:<fnref n="47" /> la sola invocación de la seguri-
dad deviene en el refuerzo de la securitización.

Discursos críticos con el modelo policial y securitario en
España

Al margen de las escasas experiencias de los gobiernos de iz-
quierdas en los últimos años, las reacciones espontáneas y las
luchas organizadas por movimientos sociales contra la vio-
lencia racista de la Policía —especialmente intensas en algu-
nos países— han tenido su correlato en una serie de críticas
al modelo policial hegemónico y al proceso de securitización
en general. Podemos sintetizar estos discursos en cuatro ti-
pos de argumentarios: uno basado en el rescate de los dere-
chos y libertades, un segundo centrado en la ineficiencia del
modelo policial en términos de costes y resultados, un tercer
discurso que intenta resignificar la misma idea de seguridad
en términos progresistas y un cuarto tipo centrado en las al-
ternativas sociocomunitarias al *policing*. Vamos a desarrollar
sucintamente los primeros y a extendernos con el cuarto en
un último apartado, por ser el más prometedor en cuanto a
transformaciones estructurales.

<footnote n="46">46 Débora Ávila y Sergio García García, «La policía de “lo social”: la inser-
ción de las fuerzas de seguridad en la gestión de la convivencia (el caso
de Madrid, 2015-2019)», *Crítica Penal y Poder*, núm. 19, 2020, pp. 107-130.</footnote>

<footnote n="47">47 Tamar Pitch, «Fronteras y seguridad urbana», *Crítica Penal y Poder*, núm. 19, 2020, p. 25.</footnote>
La primera de las formas de relacionarse de manera crítica con la policialización y la securitización se realiza desde la reactualización de discursos de derechos y libertades frente al rampante punitivismo. La violencia y abusos policiales atentan contra derechos civiles y políticos que son el legado de las revoluciones que inauguran la Modernidad liberal y las democracias occidentales y, por tanto, el control de los excesos policiales vendría a ser el mejor de los indicadores de la salud democrática de un país. La versión más progresista de este discurso alerta de los peligros de un estado policial, afirma que la mejor prevención del crimen se logra mediante el desarrollo de los derechos sociales (educación, empleo, etc.), mediante la eliminación del daño social que supone el acoso a los migrantes y los jóvenes en forma de controles discriminatorios y mediante la revalorización de la reinserción frente a la prisión como castigo.

Un segundo argumentario asume que en un contexto poswelfarista cada vez resulta más complicado hegemonizar un relato basado en los derechos civiles y sociales y, nos guste o no, las disputas hoy se juegan en buena medida en campos extrajurídicos, como la gestión eficiente.<fnref n="48" /> Es en ese contexto gerencial en el que algunos críticos del securitarismo están convencidos de que se pueden obtener hoy mayores éxitos demostrando que la seguridad es cara e ineficaz. El argumento eficentista es el que desplegaban algunas organizaciones sociales, como Open Society a finales de la primera década de los 2000, cuando criticaban los controles por perfil racial en distintos países, argumentando que se ponía a la Policía a parar a toda persona con unos determinados rasgos físicos para solamente obtener unas pocas detenciones exitosas («echar la red» en la jerga policial, pero a modo de pesca de arrastre). Una clase parecida de argumentos es la que se ha usado por parte de algunos movimientos sociales en Madrid para oponerse a la instalación de cámaras de videovigilancia en barrios como Lavapiés, Tetuán o Vallecas, aduciendo que no evitan lo que prometen y sin embargo tienen un elevado coste en términos económicos y de

<footnote n="48">⁴⁸ José Ángel Brandariz, «Una teleología de la seguridad sin libertad? La difusión de lógicas actuariales y gerenciales en las políticas punitivas», en Miguel Ángel Presno Linera (coord.), *La metamorfosis del Estado y del Derecho*, Oviedo, Fundamentos, 2014.</footnote>
menoscabo de la privacidad. Un eficientismo estratégico es el que se utiliza cuando, apropiándose de los mantras de la «nueva gestión pública» y los argumentos que han servido para justificar los recortes en servicios públicos, se traslada la crítica a la inflación securitaria y carcelaria por sus elevados costes. Diversos críticos de lo securitario piensan que el trabajo por objetivos, las auditorías o la transparencia, aun siendo afines a la lógica neoliberal, permiten avanzar hacia una mayor democratización en contextos autoritarios, como el español.

Un tercer tipo de discursos es aquel que, asumiendo la hegemonía de la idea de seguridad, la aborda como un significante flotante, tratando de disputar el campo cultural. Si la inseguridad marca las subjetividades de buena parte de los sujetos en el declive del *welfare*, se trata de apelar al extendido anhelo de orden, sustituyendo su significado policial por otro verdaderamente social (estabilidad laboral y residencial, seguros de desempleo, pensiones, etc.). La izquierda debe disputarle a la derecha las ideas de orden, protección y seguridad, algo que fue insistente en los discursos de cargos políticos de la nueva institucionalidad en el ciclo político 2015-2019,<fnref n="49" /> tratando de conectar con la amplia difusión del mencionado concepto de «seguridad humana».

Los tres discursos anteriores —el de los derechos, de orden jurídico; el del eficientismo estratégico, de orden económico; y el populista, de orden cultural— juegan en el campo del posibilismo coyuntural. En función del contexto, esos argumentos pueden resultar útiles para frenar el securitarismo. No obstante, nos interesa aquí destacar la emergencia de nuevas reivindicaciones antisecuritarias y las propuestas alternativas en materia de políticas sociales sustitutivas o de producción de vínculos y cuidados comunitarios. Su interés estriba precisamente en su potencia afirmativa, trascendiendo la mera defensa ante el avance de lo policial.

<footnote n="49">⁴⁹ «El nuevo diccionario errejonista: del “núcleo irradiador” a la “competición virtuosa”», *El Confidencial*, 31/03/2018.</footnote>
## Alternativas a la Policía

En un debate *online* organizado por el colectivo Rising Majority y por Black Lives Matter en junio de 2020 en el fragor de las revueltas por la muerte de George Floyd, Ángela Davis planteó unas preguntas incluidibles: «Demandemos la reducción de la Policía, pero al mismo tiempo tenemos que imaginar nuevas formas de seguridad. ¿Cómo sería la seguridad si no estuviera basada en la violencia? ¿Cómo sería la seguridad interrelacionada con nuestras necesidades de comida, vivienda, atención sanitaria, trabajo y cultura?».<fnref n="50" />

A pesar de que aún carecemos de un vocabulario que permita olvidarnos de la «seguridad» para nombrar la protección social objetiva y la confianza subjetiva, estas preguntas abrían la posibilidad de pensar el abordaje de los conflictos más allá de la Policía, resonando justo en el momento en el que escalaban nuevas demandas del movimiento Black Lives Matter: *Defund the Police* y la más atrevida *Abolish the Police*. Se trata de reclamos que buscaban acabar con la única profesión que tiene el derecho de matar en nombre de la seguridad (una seguridad que se produce de manera constante mediante un trabajo simbólico y performativo, pero que es experimentada como violencia institucional por parte de poblaciones racializadas, empobrecidas y excluidas).<fnref n="51" />

De Estados Unidos, el mismo país del que importamos las mayores innovaciones securitarias, nos llegan también algunas de las resistencias de las que podemos aprender, tanto a nivel institucional como comunitario. No sorprende así que San Francisco, capital global de las tecnologías digitales, haya sido la primera ciudad en prohibir a la Policía usar técnicas de reconocimiento facial.<fnref n="52" /> Pero el acontecimiento más destacado en la limitación del poder policial, y que puede suponer un punto de inflexión histórico, es la decisión del ayuntamiento de Minneapolis de desmantelar su cuerpo de Policía a partir

<footnote n="50">50 «Angela Davis y las protestas antirracistas en EEUU», *Hamartia*, 15/06/2020.</footnote>

<footnote n="51">51 Justin Podur, «La policía es irrelevante para la seguridad ciudadana», *El Salto*, 25/06/2020.</footnote>

<footnote n="52">52 «San Francisco se convierte en la primera ciudad de EEUU en prohibir a la Policía usar técnicas de reconocimiento facial», *Público*, 15/05/2019.</footnote>
de la muerte en sus calles de George Floyd, retirándole los fondos progresivamente para reinvertirlos en servicios a la comunidad y en personal alternativo que aborde distintos conflictos. A pesar de que estas medidas fueron posteriormente rectificadas por algunos responsables políticos,<fnref n="53" /> suponían de manera inédita, al menos en el plano discursivo, dar marcha atrás al proceso de aumento de competencias, recursos y poder de la Policía que llevamos acumulando en las últimas décadas. En la propuesta original, se trataba de desalojar a unos agentes armados de una diversidad de situaciones (gestión del aparcamiento, crisis de personas con problemas de salud mental, conflictos vecinales, conflictos escolares, etc.) para otorgar a los propios sujetos implicados o a otros profesionales capacitados (de la psicología, el trabajo social, la mediación, la educación, etc.) la capacidad de intervenir, tanto en situaciones de emergencia como en procesos de conflicto prolongados.<fnref n="54" />

La desfinanciación de la Policía constituye una demanda estratégica si consideramos que se trata del único organismo público que ha aumentado su presupuesto global con las políticas neoliberales. Municipalidades como la de Chicago gastan 10,5 millones de dólares cada dos días en su policía, más o menos lo mismo que la ciudad gasta anualmente en servicios de salud mental de la comunidad.<fnref n="55" /> Como sugiere Keeanga-Yamahtta Taylor, la Administración asume sin problemas los multimillonarios costes resultantes de la defensa judicial de los policías envueltos en miles de casos de brutalidad y muerte y los gastos de indemnización a las víctimas, algo que en cualquier otro servicio público supondría un reploteamiento radical en aras a reducir el gasto.<fnref n="56" />

La demanda de desfinanciación se encamina al desmantelamiento parcial de los departamentos de policía. No se trata de disolver unos departamentos corruptos o especialmente violentos para poner otros supuestamente depurados y basados en la policía comunitaria, tal y como hizo el municipio de Camden (con el resultado del progresivo aumento

<footnote n="53">⁵³ Astead W. Herndon, «How a Pledge to Dismantle the Minneapolis Police Collapsed», *New York Times*, 26/09/2020.</footnote>

<footnote n="54">⁵⁴ «Qué significa “desmantelar la policía”: claves de la propuesta surgida en EEUU para acabar con la violencia policial», *Eldiario.es*, 08/06/2020.</footnote>

<footnote n="55">⁵⁵ Joel Bleifuss, «Defund the Police? Why Not?», *In these times*, 21/07/2020.</footnote>

<footnote n="56">⁵⁶ Keeanga-Yamahtta Taylor, *op. cit.*, p. 146.</footnote>
de las sanciones por incivismo a su población, de mayoría
afrodescendiente y empobrecida),<fnref n="57" /> o como hizo Madrid en
2016 al reducir el cuerpo de antidisturbios municipales al
tiempo que pergeñaba la policía comunitaria,<fnref n="58" /> sino de ca-
minar hacia la abolición de la Policía y la invención de for-
mas de abordaje de conflictos invirtiendo en otros recursos
y habilitando otras figuras.<fnref n="59" />

En los últimos años prolifera la búsqueda de alternativas a
la Policía.<fnref n="60" /> A nivel institucional, algunos autores, como Alex
S. Vitale,<fnref n="61" /> apuestan por la despenalización de las drogas, del
trabajo sexual y de las prácticas de supervivencia de las per-
sonas sin hogar como modo de hacer decrecer ostensiblemen-
te el sistema punitivo, complementando esta acción negativa
con una fuerte reinversión en programas de salud mental,
housing first, equipos de calle especializados en crisis y acción
comunitaria en barrios deprimidos. A nivel de recursos hu-
manos, se trata de reforzar los servicios sociales, educativos y
de salud con equipos de mediación, y de potenciar el entrenla-
miento en la gestión de conflictos por parte de profesionales y
estudiantes a través de la desescalada, la negociación y otras
técnicas comunicativas. No se trata de inventar nada nuevo,
pues todas estas experiencias ya existen, sino de apostar por
ellas y adaptarlas a los contextos concretos.

Pero más allá de la acción institucional, desde muchos
movimientos autónomos, tanto rurales como urbanos, se
camina hacia propuestas y experiencias de autogestión del
conflicto, inspirándose en prácticas indígenas en Latinoa-
mérica, como las de la Policía Comunitaria de Guerrero,<fnref n="62" />
las autodefensas en algunos municipios de Michoacán,
como las rondas de Cherán,<fnref n="63" /> o la justicia comunitaria en

<footnote n="57">⁵⁷ Ibídem, p. 151.</footnote>

<footnote n="58">⁵⁸ Cuyos resultados ya hemos tratado en el capítulo 4 del presente
volumen.</footnote>

<footnote n="59">⁵⁹ «Calls to reform, defund, dismantle and abolish the police, explained»,
NBC News, 08/06/2020.</footnote>

<footnote n="60">⁶⁰ Luis Alberto Fernandez y Laura Huey, *Rethinking Policing and Justice. Exploring Alternatives to Law Enforcement*, Nueva York, Routledge, 2011.</footnote>

<footnote n="61">⁶¹ Alex S. Vitale, *The end of policing, op. cit.*</footnote>

<footnote n="62">⁶² Policía Comunitaria de Guerrero, «Qué hacemos».</footnote>

<footnote n="63">⁶³ Giovanna Gasparello, «Análisis del conflicto y de la violencia en Cherán,</footnote>
las comunidades zapatistas de Chiapas, que adaptan y re-
significan las instituciones consuetudinarias a los contextos
de conflicto actuales o directamente inventan otras nuevas
con el fin de proteger los bienes comunales de la amenaza
del narco y de la Policía estatal.<fnref n="64" /> También se apoyan en la
experiencia de movimientos comunitarios urbanos, como
el Partido de los Panteras Negras, que en las décadas de
1960 y 1970 apostó por la autogestión de la justicia y la
protección cotidiana en los guetos.<fnref n="65" /> Más recientemente, ha
irrumpido en los imaginarios abolicionistas la experiencia
de Rojava, la región kurda autónoma del norte de Siria,
que trata de poner el peso en los mecanismos comunita-
rios de mediación, honor y reparación, y en una Fuerza
de Defensa Civil formada por miembros de la comunidad,
especialmente mujeres y ancianos.<fnref n="66" /> Todas estas experien-
cias presentan algunos límites en su realización y en su
extrapolación al contexto de *Metropolice*, pero, sin duda,
ofrecen una fuerte inspiración debido al proceso de empo-
deramiento que conllevan y la democratización social que
supone la expulsión de los actores armados, ya sean, o no,
estatales. Ninguna renuncia a las armas, ya que nacen en
contextos de fuerte violencia (violencia policial, narcotrá-
fico, paramilitarismo), pero buscan socializar el poder que
otorgan dichas armas a través de la gestión comunal de los
conflictos y la justicia.

Fuera de contextos de conflicto armado, otras propuestas
comunales contemporáneas en contextos urbanos sustituyen
la seguridad por una confianza colectiva lograda a través de
prácticas igualitaristas y cooperativas, como Cecosesola,
«un supermercado cooperativo venezolano donde no hay se-
guridad privada porque no hace falta: aquí hay muchos menos
robos que en los supermercados privados que tienen vigilantes

<footnote>Michoacán», *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, núm. 39, 155, 2018.</footnote>

<footnote n="64">⁶⁴ John Gledhill, «Límites de la autonomía y autodefensa indígena: Experiencias mexicanas», *Oximora: revista internacional de ética y política*, núm. 2, 2013, pp. 1-21.</footnote>

<footnote n="65">⁶⁵ Jonina M. Abron, «"Servir al pueblo": los programas de supervivencia del Partido de las Panteras Negras», en Partido de las Panteras Negras, *Al servicio del pueblo. Manifiestos y programas*, Madrid, Libros Corrientes, 2018, 11-38.</footnote>

<footnote n="66">⁶⁶ Hawzhin Azeez, «Cómo abolir la policía: Lecciones de Rojava», *Rojava Azadi*, 14/06/2020.</footnote>
de seguridad privada armados».<fnref n="67" /> Otras construyen propuestas de justicia transformativa y autogestión de la protección y los conflictos mediante estrategias y protocolos de prevención, gestión y reparación que parten de la necesidad de no llamar a la Policía en casos de violencia de género, conflictos con violencia y hasta en la investigación de asesinatos.<fnref n="68" /> La justicia transformativa y la rendición de cuentas comunitaria asumen el entrenamiento en técnicas de desescalada de la violencia y resolución de conflictos, evitando juicios morales y poniendo en el centro la palabra y la escucha. Se trata de estrategias dirigidas a amparar a quien ha sufrido un daño (abuso sexual...), pero también a incorporar al proceso, y no excluir, a quien lo ha producido.<fnref n="69" />

En Europa, las referencias abolicionistas remiten a las luchas de la antipsiquiatría y al abolicionismo penitenciario de la década de 1970⁷⁰ más que a la sustitución de la Policía. Desde los postulados de la justicia restaurativa, se

<footnote n="67">⁶⁷ Raúl Zibechi, «Cecosesola referente autogestionario para Venezuela y el mundo», *Periódico desdeabajo*, 06/05/2020.</footnote>

<footnote n="68">⁶⁸ Ejeris Dixon y Leah Lakshmi Piezpina-Samarasinha *Beyond survival. Strategies and stories from the transformative justice movement*, Chico (CA), AK Press, 2020.</footnote>

<footnote n="69">⁶⁹ Desde ceremonias espirituales de carácter restaurativo entre poblaciones indígenas a encuentros restaurativos, pasando por la investigación de aquellos elementos que a la gente le hacen sentirse cuidada (recursos de salud, kits de emergencias, guías para hacerse cargo de crisis en salud mental, comunicación no violenta, santuarios para la defensa comunitaria, protocolos para eventos...). Entre las ideas más interesantes está el concepto mismo de justicia transformativa: el proceso encaminado a que, quien ha hecho daño, se responsabilice, lo reconozca, ponga los medios para prevenirlo y de este modo repare a la víctima de un modo mucho más eficaz que cualquier detención policial y encierro en prisión. La justicia transformativa va más allá de la restaurativa: no se trata solo de una alternativa más para el sistema judicial retributivo, sino que busca cam biar las relaciones y las subjetividades. Ambas superan la justicia adjudicativa, que solo busca dirimir quién gana y quién pierde, y la retributiva, centrada en quién debe pagar (Ejeris Dixon y Leah Lakshmi Piezpina-Samarasinha, *Beyond survival. Strategies and stories from the transformative justice movement*, op. cit., pp. 264-265).</footnote>

<footnote n="70">⁷⁰ Véase Vicenzo Guagliardo, *De los dolores y las penas. Ensayo abolicionista y sobre la objeción de conciencia*, Madrid, Traficantes de sueños, 2013; Paz Francés y Diana Restrepo, ¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal, Madrid, Catarata, 2019.</footnote>
ha producido un impulso importante en la introducción de mecanismos de mediación y reparación en el propio sistema de justicia.<fnref n="71" /> La puesta en marcha de encuentros restaurativos entre víctimas de ETA y presos de la organización en los últimos años es el mejor ejemplo de unas posiciones que identifican en el sistema penal el ejercicio de una violencia institucional sobre la víctima, sobre su entorno y sobre el agresor. Este sistema penal no repara emociones, como mucho el patrimonio, mientras que la justicia restaurativa pone a la víctima en el centro, permite la participación de la comunidad y amplía el repertorio de respuestas más allá de la pena retributiva. Como recuerdan Gema Varona, Lohitzune Zuloaga y Paz Francés,<fnref n="72" /> lo que existen son conflictos: llamarlo delito recorta las posibilidades de afrontamiento (la cadena delito-policía-judicatura-cárcel es solo un modo históricamente situado de afrontar el conflicto) y roba su gestión a las víctimas y a las comunidades para entregárselo al Estado y a las agencias del sistema penal.

## Tras la oportunidad perdida en el ciclo municipalista

La desfinanciación de la policía, la reducción de sus competencias y su desalojo de espacios de intervención no se ha planteado de manera abierta hasta el momento en España. Únicamente, algunas prácticas realizadas por agentes comunitarios en distintos barrios caminan implícitamente en esa dirección a través del uso de la mediación informal y de la desescalada llevada a cabo por agentes legitimados en los territorios, como cuando Rocío,<fnref n="73" /> una referente vecinal en su barrio, fue capaz de desactivar una situación de máxima tensión tras la paliza sufrida por un adolescen-

<footnote n="71">⁷¹ Julián Ríos, Esther Pascual, José Luis Segovia, Xabier Etxebarría y Francisca Lozano, *Mediación penal, penitenciaría y encuentros restaurativos. Experiencias para reducir el sufrimiento en el sistema penal*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2016.</footnote>

<footnote n="72">⁷² Gema Varona, Lohitzune Zuloaga y Paz Francés, *Mitos sobre delincuentes y víctimas*, Madrid, Catarata, 2019, p. 32.</footnote>

<footnote n="73">⁷³ Militante vecinal en San Cristóbal de los Ángeles, uno de los barrios más castigados de la periferia madrileña.</footnote>
te, que había provocado un intento de linchamiento a la población dominicana, o como cuando Gladys y Maykel,<fnref n="74" /> dos mediadores interculturales, lograron mediante su presencia constante y el diálogo que los miembros de un grupo juvenil de calle acudieran desarmados al instituto. No obstante, a pesar de lo escasamente sistematizado de estas prácticas, va emergiendo, sobre todo en el movimiento feminista, la noción de los cuidados comunitarios como alternativa a la protección policial (en clara respuesta a la inclusión de la Policía en el programa «Madrid, ciudad de los cuidados» del gobierno municipal de izquierdas), como apuntaba un cartel en la manifestación feminista del 8M de 2019: «a mí me cuidan mis amigas, no la policía».

Desde la década de los 2000, han proliferado redes y comu-
nidades de autodefensa frente a los abusos policiales (como las
Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos o el
Ferrocarril Clandestino). También encontramos resistencias a
la securitización, sobre todo ante la instalación de la videovi-
gilancia en distintos barrios a tenor de los procesos de gentri-
ficación (como grupos reflexivos en Lavapiés o Vallecas),<fnref n="75" /> que
han tratado de incidir en la demanda de más policía por parte
de asociaciones vecinales, introduciendo el debate sobre si lo
que necesita el barrio es seguridad o mayor protección e inver-
sión social (sobre todo en el terreno de la vivienda). Por último,
encontramos multitud de experiencias que, sin apelar directa-
mente a la despolicialización, efectúan un trabajo que evacúa
su posibilidad de intervención, como análisis autónomos de la
convivencia y la seguridad en barrios,<fnref n="76" /> o algunos proyectos de
investigación-acción académicos.<fnref n="77" />

<footnote n="74">⁷⁴ Mediadores interculturales en un Centro de Integración para Personas Inmigrantes de la Comunidad de Madrid en el barrio de Tetuán.</footnote>

<footnote n="75">⁷⁵ «Lavapiés, ¿dónde vas?» nace para denunciar el proceso de turisti-
zación que sufre Lavapiés, en el centro de Madrid, y su ligazón con los
dispositivos securitarios. «Vallekas no se vende» es un colectivo surgido
en Vallecas, un popular barrio obrero, a raíz de la demanda de videovigi-
lancia por parte de algunas asociaciones vecinales.</footnote>

<footnote n="76">⁷⁶ Un buen ejemplo de este tipo de análisis autónomos que sirven para contextualizar la inseguridad desde abajo se ha realizado en el barrio madrileño de Tetuán: «La convivencia en el distrito de Tetuán».</footnote>

<footnote n="77">⁷⁷ Es el caso de «TRANSGANG», proyecto europeo coordinado por el an-
tropólogo Carles Feixa que trabaja con organizaciones juveniles (estig-
matizadas como «bandas latinas»).</footnote>
En realidad, existe todo un suelo fértil de saberes alternativos a la seguridad hegemónica, fundamentalmente entre grupos subalternizados (migrantes, racializados, jóvenes, precarios), que sustentan una relación como mínimo ambivalente con la Policía, cuando no abiertamente crítica, construyendo así una infrapolítica de las resistencias cotidianas.<fnref n="78" /> Es precisamente entre estos grupos desprotegidos social y policialmente donde surgen alternativas comunitarias que permiten resistir al control, gestionar los propios conflictos sin la Policía y generar mallas de respeto y cuidado. Se trata de estrategias de aviso, camuflaje, despiste y fuga para burlar controles de identidad, formas de negociación en el uso de los escasos espacios públicos o redes comunitarias de apoyo mutuo que también funcionan para conjurar los miedos reales e imaginarios.<fnref n="79" /> Y no solo entre grupos dañados socialmente: con una mínima observación aún encontramos en la vida cotidiana de los barrios multitud de gestos preventivos, mediadores y reparadores de la violencia. Se trata de relaciones informales que, como continuación de viejas prácticas o como reinvención ante nuevos contextos vitales, sobreviven a los procesos de individualización. Podemos tomarlas en sí mismas como prácticas prefigurativas (esas que anticipan en el presente un mundo nuevo, en este caso situaciones de autogobierno al margen de los poderes policiales). Pese a que los lazos de reciprocidad fueron dañados por los procesos de mercantilización urbana, las relaciones cooperativas y la creación de sentido de pertenencia a colectividades territoriales (pueblos, barrios, ciudades) y no territoriales (grupos de afectación, de afinidad) siguen generando sentimientos de confianza social. Esto ocurre incluso en espacios donde existen altos niveles de violencia e inseguridad material, cuando la colectividad es capaz de proporcionar a sus miembros un mapa que les permite predecir mínimamente el comportamiento de los otros en

<footnote n="78">⁷⁸ James Scott, *Los dominados y el arte de la resistencia*, Ciudad de México, Era, 2000.</footnote>

<footnote n="79">⁷⁹ Sergio García García, «Artesanías securitarias. Coproducción vecinal del control y su subversión», en Débora Avila Cantos y Sergio García García (coords.), *Enclaves de riesgo: gobierno neoliberal, desigualdad y control social*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015, pp. 199-226.</footnote>
la vida cotidiana,<fnref n="80" /> generando así un sentido de familiaridad pública y comunitaria.<fnref n="81" />

Por este motivo, la producción de vínculos comunitarios que recuperan para la esfera de las relaciones comunales asuntos que fueron colocados en la esfera del mercado o del Estado, es capaz de reducir ostensiblemente la inseguridad subjetiva y devuelve a las propias colectividades el control sobre los recursos y los relatos. Sin caer en una idealización de la comunidad como exenta de conflictos y relaciones de opresión, es preciso reconocer que es en estas instancias donde se despliegan los cuidados cotidianos, velando por el sostenimiento de los cuerpos más vulnerables (infantes, mayores, personas con enfermedades, etc.) y por el apoyo emocional de sus miembros mediante el destierro de la idea de soledad. La tarea pendiente consiste en potenciar desde estas esferas comunitarias relaciones e instituciones capaces de regular el uso de la violencia a través de referencias culturales y liderazgos que actúen como modelos de compromiso con lo común y como figuras de mediación en los conflictos de manera independiente de los agentes estatales. Los clubes de boxeo autogestionados en los barrios periféricos anticipan esas instituciones, pero también algunos espacios de culto (evangélicos, católicos, islámicos, etc.) y demás formaciones

<footnote n="80">⁸⁰ Como modo de solventar las críticas a su carácter ingenuo, «buenista», recordamos que la inmensa mayoría de los conflictos que vivimos en la vida cotidiana son abordados sin ayuda de la Policía. Eso ocurre cuando alguien le ofrece a un amigo que ha bebido dos copas de más sustituirlo en la conducción de un vehículo, o en conflictos entre desconocidos cuando ocurre un incidente (desde un robo a una pelea) y se ponen en marcha mecanismos de mediación y atención a la víctima (vecinos que intervienen, que atienden a la persona que ha sido dañada...). Incluso si tomamos conflictos de mayor escala y gravedad, como el terrorismo, lo que vemos es que la garantía de paz más consolidada la han ofrecido procesos de paz como el del Ulster, que han abordado las causas del conflicto (Laura Fernández de Mosteyrin, «La guerra contra el terror y la transformación de los umbrales de violencia tolerada: un estudio de la violencia en el País Vasco (1998-2010)», 2010 [Tesis, UCM]). No obstante, resulta evidente que cuando buena parte de la población confía en la Policía ante algún problema, es que están fallando algunos mecanismos sociales de generación de confianza. Por eso, desde movimientos abolitionistas, como el de la justicia transformativa, se hace una apuesta fuerte por el desarrollo comunitario como modo de generación de relaciones de confianza.</footnote>

<footnote n="81">⁸¹ Talja Blokland, *Community as urban practice*, Cambridge, Polity Press, 2017.</footnote>
comunitarias que se recrean en los contextos de precariedad urbana y generan relaciones de familiaridad. Son ejemplos de lo que llamamos «políticas de la confianza».

Pero la protección comunitaria (sentido de pertenencia y relaciones de reciprocidad) no puede ir desligada de la protección social (redistribución y derechos sociales) si quiere producir verdadera confianza. Una protección comunitaria sin redistribución de riqueza y poder empotra en la autogestión comunitaria la pobreza o la riqueza del grupo en cuestión, mientras que una protección social sin vínculos colectivos fuertes produce sociedades más individualistas (Estado del bienestar europeo). Es, pues, la combinación de ambas formas de protección —social y comunitaria— el mejor antidoto frente a la seguridad hegemónica y sus fetiches en forma de seguridad blanda.

A modo de cierre, queremos recalcar que Madrid y otras ciudades del ciclo municipalista (Barcelona, Zaragoza, A Coruña...) perdieron una oportunidad preciosa para explorar todo esto. A pesar de las políticas neoliberales, en los barrios de Metropolice pervive una cierta cultura de la cooperación y un tejido vecinal capaz de lidiar con conflictos estructurales y horizontales. Solo habría sido necesario un impulso decidido, en forma de inversiones en los barrios y en forma de exploración de metodologías comunitarias de abordaje de los conflictos, para dotar a la izquierda transformadora de una agenda propia concernida con la articulación de una vida atravesada por el respeto, digna de ser vivida, en lugar de una copia edulcorada de la seguridad de la derecha. La campaña Defund the Police puede ser el impulso definitivo para que, a nivel local, en cualquier contexto donde se presente la oportunidad, pueda comenzar a revertirse el enorme poder policial, podamos salir de Metropolice.
<figure><img src="image_11.png" /></figure>
CODA. Cierre y apertura

En la vieja concepción de la Policía que aludíamos al ini-
cio de este libro como gobierno que recorre el conjunto del
Estado, Foucault nos recuerda que en un principio, a la Po-
licía no le concernía tanto lo que las personas son, como su
actividad, su ocupación, en cuanto que vínculo instrumental
con el potencial económico que el Estado podría llegar a
tener.<fnref n="1" />

El actual imaginario securitario, aun manteniendo su
vinculación con la idea de orden, ha mutado en sus lógi-
cas de funcionamiento y en sus discursos, para abalanzarse
también sobre lo que las personas son. El hacer y el ser difícil-
mente pueden ya escindirse. El espacio urbano sobre el que
se despliega Metropolice apunta a las actividades que ahí se
ponen en funcionamiento, a las propias reconfiguraciones
de lo urbano para espectacularizar la ciudad y gestionar
los espacios de la exclusión, pero también se proyecta hacia
una ciudadanía con el deseo de sentir las promesas de una
seguridad que, en su materialización efectiva, nunca llega
a consumarse. Metropolice anhela disciplinar lo urbano, do-
mesticarlo. Y eso alude tanto al hacer como al ser.

En esa confluencia, Metropolice se abre así, por igual, a
una reproducción de lo espacial y a unas formas de habitar
esos espacios. Para ello, teje un conjunto de regulaciones y
normativas municipales sobre cómo ha de establecerse el

<footnote n="1">1 Michel Foucault, *Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de France*, 1976-1977, Madrid, Akal, 2008.</footnote>
uso del espacio urbano y, paralelamente, alienta a aceptar la presencia de lo policial a modo de *fuerza* de orden y seguridad que vigila, salvaguarda y reproduce el ordenamiento de lo social.

Habitar *Metropolice* es habitar una fuerza ambivalente que oscila entre la lejanía y la cercanía. Habitar lo que se desprende de una matriz heterogénea de culturas policiales que combinan, en mayor o menor medida, la tecnologización algorítmica del control informatizado con la cercanía personal que se adentra en lo cotidiano. Desde ambas posiciones, combinadas de formas diversas, la policía extrae información de lo social, reproduciendo así ese antiguo deseo de ver y saber que está en el propio núcleo del hacer policial.

Habitar *Metropolice* es habitar ese sueño de orden que reproduce la seguridad, ahora bajo la apariencia de unas policías amables que se acercan a las personas, que conversan, que se interesan por las problemáticas que surgen en la convivencia. Unas policías que pueden situarse entre la violencia impune y la escucha amable, entre la más absoluta indiferencia y la comprensión, entre la excepcionalidad y el cumplimiento de la ley. Todo depende de las circunstancias, de los espacios concretos sobre los que se despliega esa fuerza ambivalente o de las subjetividades con las que interactúa.

Habitar *Metropolice* es habitar un proyecto de orden reconfigurado discursivamente desde la semántica de la seguridad que establece los riesgos y las amenazas. *Metropolice*, aspira a la aceptación acrítica de los diagnósticos y soluciones que emanan de lo securitario.

Habitar *Metropolice* es cohabitar, en grados diversos de (in)visibilidad, con una trama de desigualdades y exclusiones que se descontextualizan de los procesos de acumulación de capital de los que surgen. Un campo con múltiples tensiones en el que se introduce la Policía para gestionar precariedades, obviando su origen social.

Por todo ello, habitar *Metropolice* es también habitar un descontento, una incomodidad creciente con respecto a un proyecto político-económico-jurídico-simbólico imbricado con el neoliberalismo y lo securitario que precisa de la Policía para su propio despliegue. Un rechazo con respecto a un entramado de formas de hacer y pensar que racializan subjeti-
vidades que ya están (y que siguen llegando), que perpetúan exclusiones asumiendo los procesos de precarización de la existencia. Un alejamiento con respecto a esa Policía que se aproxima con rostro cordial buscando mejorar unas convivencias difíciles atravesadas por lógicas de exclusión que permanecen inalteradas y que, en ningún caso, acabarán siendo objeto de la actuación policial.

Y es así, en definitiva, por todo ese descontento que no deja de crecer, que hay formas de habitar *Metropolice* que precisamente pretenden cortocircuitar el propio funcionamiento de *Metropolice*, alentando formas de control de la actividad policial, activando mecanismos de rendición de cuentas, pero también, de un modo más incisivo, demandando la disminución de las tareas que habrían de ser competencia de lo policial, exigiendo un recorte en su financiación, reclamando, en última instancia, la propia abolición de la institución policial. Cortocircuitar *Metropolice* para tejer otras formas de pensar y articular lo común, para socavar la policialización de lo social, para no dejar de mirar con extrañeza al cuerpo policial, para mostrarlo y nombrarlo como lo que, a pesar de sus mutaciones, siempre ha sido: una *fuerza* de orden y seguridad.

Desde ahí, habitar *Metropolice* se convierte en una tensión posiblemente irresoluble: un intento por abandonar *Metropolice* sabiendo que *Metropolice* no va a dejar de perseguir las huidas que se puedan desencadenar, ni los intentos que pueden mitigar su campo de actuación. Pero en esa tensión, al menos, se nombra y se señala aquello que se esconde bajo el ropaje de lo securitario y se construyen espacios que buscan regirse por lógicas ajenas a la policialización. Espacios que no son fáciles, que están continuamente por hacerse y rehacerse. Y en ese hacerse colectivo, en esa tensión, al menos, se abren grietas que impiden el cierre de *Metropolice*. Se mantiene abierta la problematización. No es poco.
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