# Metropolice. Seguridad y policía en la ciudad neoliberal

Sergio García, Débora Ávila, José Angel Brandariz, Laurent Bonelli, Christina Fernández Bessa, Ignacio Mendiola

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Sergio García, Débora Ávila, José Angel Brandariz, Laurent Bonelli, Christina Fernández Bessa, et al.. Metropolice. Seguridad y policía en la ciudad neoliberal. Traficantes de sueños, 2022. hal-04010204

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Metropolice

Seguridad y policía en la ciudad neoliberal

Sergio García García, Ignacio Mendiola,
Débora Ávila, Laurent Bonelli,
José Ángel Brandariz,
Cristina Fernández Bessa,
Manuel Maroto Calatayud

traficantes de sueños
útiles
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traficantes de sueños

Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede componer el ciclo de luchas de las próximas décadas.

Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber, TdS adopta sin ambages la libertad de acceso al conocimiento. Queda, por tanto, permitida y abierta la reproducción total o parcial de los textos publicados, en cualquier formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora y sólo en el caso de las ediciones con ánimo de lucro.

Omnia sunt communia!
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útiles 25

**Útiles** es un tren en marcha que anima la discusión en el seno de los movimientos sociales. Alienta la creación de nuevos terrenos de conflicto en el trabajo precario y en el trabajo de los migrantes, estimula la autorreflexión de los grupos feministas, de las asociaciones locales y de los proyectos de comunicación social, incita a la apertura de nuevos campos de batalla en una frontera digital todavía abierta.

Útiles recoge materiales de encuesta y de investigación. Se propone como un proyecto editorial autoproducido por los movimientos sociales. Trata de poner a disposición del «co-mún» saberes y conocimientos generados en el centro de las dinámicas de explotación y dominio y desde las prácticas de autoorganización. Conocimientos que quieren ser las herramientas de futuras prácticas de libertad.
Metropolice

Seguridad y policía en la ciudad neoliberal

Sergio García García, Ignacio Mendiola, Débora Ávila,
Laurent Bonelli, José Ángel Brandariz,
Cristina Fernández Bessa, Manuel Maroto Calatayud
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# Índice

Sobre l*s autor*s 11

Preámbulo. Una escritura colectiva 15

1. Metropolice 17

La distopía *Madrid años veinte* 18

Metropolice: la gran transformación securitaria 24

Versatilidad policial para construir ciudades seguras 43

2. Ley y orden 47

La ley y el orden como política 47

El orden en la calle 50

A golpe de sanción 52

La producción del orden urbano 57

3. El giro preventivo: transformando la función de la Policía en el gobierno de lo social 63

El giro preventivo 63

Geografías de la prevención policial 68

Vigilancia, tecnología y policía: una policía de lejanía 73

La policía de la convivencia: una policía de proximidad a lo social 82

4. El creciente poder policial 91

La autonomía de lo policial 92

Revalorización policial y contradicciones internas 93

La colaboración policial y la imposición de sus lógicas 97

La policialización de lo social 100

El mito de la democratización del trabajo policial 102

5. ACAB: una crítica antisecuritaria 107

El espacio de la seguridad 108

Securitización de la precariedad neoliberal 112

Anti-seguridad 115
<table><tbody><tr><td>6. #DefundThePolice: de la imposible reforma policial y sus alternativas</td><td>119</td></tr><tr><td>Reacciones a la violencia policial</td><td>120</td></tr><tr><td>Contornos de la reforma policial</td><td>123</td></tr><tr><td>El caso de la reforma policial en Madrid (2015-2019)</td><td>128</td></tr><tr><td>De la imposibilidad de la reforma policial</td><td>133</td></tr><tr><td>Discursos críticos con el modelo policial y securitario en España</td><td>137</td></tr><tr><td>Alternativas a la Policía</td><td>140</td></tr><tr><td>Tras la oportunidad perdida en el ciclo municipalista</td><td>145</td></tr><tr><td>CODA. Cierre y apertura</td><td>151</td></tr></tbody></table>
# Sobre l\*s autor\*s

## Cristina Fernández Bessa

Cristina Fernández Bessa es profesora e investigadora postdoctoral del Área de derecho penal de la Universidade da Coruña y miembro del grupo de investigación ECRIM. Sus líneas de investigación son el control migratorio, la gestión de la convivencia en el espacio público, género y sistema penal y los derechos humanos en privación de libertad. Junto con Andrés di Masso ha dirigido dos informes sobre la aplicación de la ordenanza de convivencia de Barcelona (2009, 2016). Recientemente ha publicado la monografía *Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): Una introducción desde las Ciencias Penales* (Iustel, 2021). Es miembro del comité de coordinación de la acción COST 17102-Police Stops. Exploring stop and search practices in Europe (Comisión Europea).

## Débora Ávila

Débora Ávila investiga sobre las formas de gobierno de lo social en el neoliberalismo. Dentro de este marco, ha impulsado y participa desde más de una década en proyectos de investigación militante que buscan dar cuenta de los procesos de desigualdad que atraviesan a las ciudades contemporáneas, y las luchas que se articulan en torno a ellos (Observatorio Metropolitano, Carabancheleando, Manos Invisibles, La Laboratoria). En la actualidad trabaja como profesora de Antropología en la Universidad Complutense de Madrid.

## Ignacio Mendiola

Ignacio Mendiola es profesor de sociología en la Universidad del País Vasco. Sus principales líneas de investigación giran en torno al modo en que las relaciones de
poder inciden en la producción de sujetos y espacios, dan-
do para ello una especial importancia a la reflexión sobre
la biopolítica y la necropolítica. Las investigaciones más
recientes prestan una especial atención a la cuestión fron-
teriza y el control migratorio. Es miembro del Grupo de
Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones
Punitivas. Sus publicaciones más recientes son *Relatos in-
fames. Breves historias de crimen y castigo* (Anthropos, 2018);
*Habitar lo inhabitable. La práctica político-punitiva de la tortura*
(Bellaterra, 2014) y *El poder y la caza de personas*. Frontera,
seguridad y necropolítica (Bellaterra, 2014).

José Ángel Brandariz

José Ángel Brandariz es docente e investigador en derecho pe-
nal y criminología en la Universidad de A Coruña y co-coor-
dinador en España del proyecto COST Police Stops, financiado
por la Comisión Europea. Entre sus últimos libros, destaca *El
modelo gerencial-actuarial de penalidad* (Dykinson, 2016). Ha sido
puntualmente asesor en cuestiones de seguridad, igualdad y
diversidad para el Concello de A Coruña.

Laurent Bonelli

Laurent Bonelli es profesor titular e investigador de Cien-
cias Políticas en la Université de Paris-Nanterre. Es coeditor
de la revista *Cultures & Conflits*. También es editor asociado
de la revista *International Political Sociology* (Oxford Univer-
sity Press). Su investigación se focaliza en el control social,
la violencia y la conflictividad, así como la lucha contra la
radicalización y el terrorismo, con un enfoque crítico sobre
la seguridad. Bonelli estudia este aspecto en los suburbios
franceses más pobres, poniendo especial atención en los jó-
venes, y también desde una perspectiva más global como el
terrorismo. Ha publicado recientemente *La Fabrique de la ra-
dicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français* (con Fabien
Carrié, Seuil, 2018) y *La France a peur. Une histoire sociale de
«l'insécurité»* (La Decouverte, 2010).
## Sergio García García

Sergio García García trabaja como profesor de Antropología Social en la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones abordan los procesos de securitización y policlatización a nivel urbano, el gobierno de lo social mediante la intervención social y la construcción de vínculos y cuidados comunitarios. Ha coordinado junto con Débora Ávila los libros *Enclaves de riesgo. Gobierno neoliberal, desigualdad y control social* (Traficantes de Sueños, 2015) y en el seno del colectivo Carabancheleando el *Diccionario de las periferias. Métodos y saberes autónomos desde los barrios* (Traficantes de Sueños, 2017), y ha escrito junto con Débora Ávila, Marta Pérez y Nizaiá Cassián el libro *Por una acción social crítica. Tensiones en la intervención social* (UOC, 2019). Participa en distintos grupos de investigación académica —Grupo de Estudios de Historia de las Prisiones y las Instituciones Punitivas y Antropología de las Políticas Públicas y Culturales—, así como en diferentes procesos, movimientos y colectivos madrileños centrados en la construcción comunitaria, los saberes periféricos y los cuidados.

## Manuel Maroto Calatayud

Manuel Maroto Calatayud es profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación abarcan la corrupción en partidos políticos, la represión de la protesta y el control burocrático de la disidencia y la marginalidad. Forma parte del Grupo de Estudios de Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas (GEHPIP), y es miembro del proyecto «Exclusión social y sistema penal y penitenciario: análisis y propuestas acerca de tres realidades (inmigración y refugio, enfermedad mental y prisión)» (Ministerio de Ciencia e Innovación), así como de la acción COST 17102 Police Stops. Exploring stop and search practices in Europe (Comisión Europea).
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# Preámbulo.
Una escritura colectiva

Este libro es colectivo, y lo es en un triple sentido.

En primer lugar, porque ha sido escrito por 14 manos,
7 personas, cuyas trayectorias se han ido trenzando unas
con otras de muchas formas, dando lugar a este volumen
coescrito a lo largo de los últimos tres años.<fnref n="1" />

En segundo lugar, porque además de quienes escribimos,
en estas páginas está la inspiración, fruto de conversaciones y
aprendizajes, de un círculo más amplio de colegas con los que
nos hemos ido encontrando en los últimos años y con los que
hemos analizado los ropajes de lo securitario y lo policial hoy
en día (por nombrar solo algunas de esas personas, Pedro Oli-
ver, Nacho González, David San Martín, Dani Jiménez, San-
tiago Ruiz, Lohitzune Zuloaga, Paz Francés y muchas más a
las que es injusto no citar, aunque sea solo por una cuestión de
espacio, que forman parte del Grupo de Estudios de Historia
de la Prisión y las Instituciones Punitivas o que han participa-
do en algunas de las sesiones del Seminario Permanente de
Debate sobre Control Social y Penalidad).

<footnote n="1">¹ En términos más formales, el presente volumen parte del Proyecto «Del control disciplinario al control securitario en la España contemporánea» (HAR2016-75098-R) (2017-2019), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad. Proyectos I+D+i 2016, así como del Proyecto I+D+I «Política criminal y reforma penal en una sociedad en transformación» (DER2017-82390-R) (2018-2020), financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Economía y Competitividad.</footnote>
En tercer lugar, este libro es colectivo también, y esto es lo más importante, porque no hemos apostado por un volumen con distintas investigaciones y desarrollos independientes, sino por hacer una escritura común, con interdependencia y coherencia entre capítulos, fruto de una perspectiva de análisis compartida forjada a partir de múltiples encuentros en los últimos años (Bilbao, A Coruña, Granada, Albacete, Logroño, Madrid), de comentarios sobre nuestras respectivas investigaciones (sobre la gestión gerencial y actuarial de la seguridad, sobre las policías de proximidad, sobre las ordenanzas de civismo, sobre el dispositivo de fronteras, sobre el control algorítmico, etc.) y de múltiples lecturas cruzadas de los manuscritos que componen este volumen.

Este libro es una forma de hacer pensamiento común que intenta romper con las lógicas privatizadoras y extractivas de la producción académica de conocimiento. Es una apuesta por la producción colectiva de saberes que pone en una posición central la utilidad social y transformadora de la investigación. Se trata, precisamente, de una forma justa de reciprocidad que consiste en devolver al común un conocimiento cuyo origen solo puede encontrarse en la tierra comunal del saber que conforman el habla, las palabras y los significados en continua construcción.

Ese saber que aspira a la comunalización a través del presente libro, no es otra cosa que una investigación crítica sobre el entramado securitario y policial en la ciudad neoliberal que hemos designado como *Metropolice*. Precisamente, si lo policial está ligado en su destino a las formas de la economía privada, este texto nace libre de seguridad.

Nos gustaría que en este libro se amplificase lo colectivo, que fuese reapropiado por quienes en él encontrasen claves para sus reflexiones —tanto académicas como militantes—, sus luchas —en los barrios, en las fronteras internas— y sus vidas cotidianas —por afectación directa del hacer policial o por solidaridad—. Quiénes escribimos el presente volumen solo esperamos haber construido una herramienta útil para una agenda de decrecimiento policial, decidida a salir de *Metropolice*
# 1. Metropolice

*Metrópolis*, en griego clásico, aquella ciudad-estado de la que irradia el poder colonial sobre otros territorios.

*Police*, voz francesa derivada del griego *polis* (ciudad) y el latín *politia*, que designa al «buen orden en la cosa común».

*Metropolice*, juego de palabras con el que queremos dar cuenta del poder colonial y clasista que se ejerce en la urbe sobre una densa trama de territorios y sujetos —especialmente los que ocupan un lugar periférico— a través del arte de *policiar*, y cuyo actor privilegiado es lo que hoy conocemos como Policía.

*Metropolice* podría ser Londres, Nueva York, Beijing, Abu Dhabi, una megalópolis subterránea o situada en otro planeta. Sus iconos, un *skyline* de altos rascacielos y autopistas que surcan un cielo repleto de luces robotizadas, que vigilan atentas a una humanidad sometida a la todopoderosa inteligencia artificial. Podríamos poner una fecha —¿2050?, ¿2100?—, un año de esos que suenan lejanos cuando se escriben, y se desactualizan cuando se alcanzan: al fin y al cabo ya hemos superado el 1984 de George Orwell o el 2019 de *Blade Runner*, y estamos muy próximos al 2026 de *Metropolis* o a la época de la República de Gilead en la que transcurre *El cuento de la criada*. Podría ser la policía del pensamiento, los agentes de Matrix o el lejano社会信用体系 (Sistema de Crédito Social chino) que, a través del

<footnote>* Hemos respetado la decisión de las autoras de sustituir la marca lingüística de género por un «*». [N. de E.]</footnote>
*big data*, evalúa los comportamientos y otorga calificaciones a los ciudadanos (de la triple A para abajo) a partir de una vigilancia tecnocapilarizada (el móvil, el sensor del semáforo, el vecino).

Las distopías suelen recoger algún rasgo preocupante del presente y lo proyectan hacia un tiempo futuro incierto y un lugar lejano para que nos hagan de espejo de nuestros horrores. Al igual que todos los mitos, estas cumplen cier- tas funciones, como ayudarnos a comprender los mundos que habitamos, delimitar moralmente el bien y el mal —los buenos y los malos— y contribuir a calmar las ansiedades sociales al dotar de significados a nuestras experiencias. Sin embargo, de manera opuesta a los mitos, las distopías em- plean el futuro, en lugar de un pasado épico, para dibujar los contornos del presente. Como afirmaba el sociólogo Jesús Ibáñez, «la ciencia ficción es el dispositivo más potente para predecir futuros sociales: es científica en su forma, artística en su contenido»,<fnref n="1" /> y nos ayuda a hacer un pronóstico a través de una profecía. Es ese papel de pronóstico y profético de las distopías, revelador de las tendencias del presente, el que nos interesa para hablar de nuestro mundo cotidiano.

## La distopía Madrid años veinte

Quienes escribimos este librito pensamos Metropolice desde un lugar mucho menos espectacular que los citados más arriba... Pongamos que hablamos de Madrid, del Madrid de la década de los años veinte, una ciudad que iba a ser olímpica y fracasó. Esa ciudad-región acomplejada que sueña con mandar y no llega, pero que en el intento logra mantener un férreo control —especialmente sobre sus barrios y sus gentes periféricas— al tiempo que garantiza seguridad (un tipo muy concreto de seguridad) a sus clases más privilegiadas. La capital de la des- igualdad ya ni siquiera se esfuerza en disimular sus enormes heridas y fracturas: su tasa de pobreza del 20,6%, su millón de personas —el 16% del total— en situación de exclusión so- cial (de ellas 490.000 en «exclusión social severa») y su insu-

<footnote n="1">¹ Jesús Ibáñez, *Por una sociología de la vida cotidiana*, Madrid, Siglo XXI, 2002, p. 144.</footnote>
perable brecha entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre, la mayor a nivel estatal.<fnref n="2" /> Madrid se ha convertido en la última década en la capital más segregada de Europa y en la segunda con mayor desigualdad social, según un estudio pan europeo que analiza trece capitales.<fnref n="3" /> En solo 10 años, la ciudad y su corona metropolitana han pasado de estar en la media europea a situarse en el puesto más alto. Madrid es, desde el comienzo del presente siglo, un puntero laboratorio de políticas neoliberales, pero no fue hasta la década de 2010, marcada por la crisis económica, cuando la ofensiva neoliberales comenzó a estallar las débiles costuras de un tejido social profundamente rasgado. Ni siquiera un gobierno municipal parcialmente surgido de los movimientos sociales (2015-2019) fue capaz de revertir esta dinámica, de modo que, el esfuerzo de varios centenares de millones de euros en reequilibrio territorial quedó diluido como una gota en el océano de grandes negocios urbanísticos, como la Operación Chamartín, y en las dinámicas de recentralización que éstos conllevan.

La desigualdad madrileña es el resultado de la precarización del trabajo, las políticas segregacionistas de fronteras, el progresivo desmantelamiento de los servicios públicos y la inocuidad redistributiva de las políticas sociales, localizado en la vivienda su manifestación más visible.<fnref n="4" /> Los cientos de miles de desahucios y la desaparición de las políticas de

<footnote n="2">² Informe FOESSA en Madrid, «La desigualdad entre los más ricos y los más pobres es la más alta de España», Caritas, 22/10/2019.</footnote>

<footnote n="3">³ Tiit Tammaru, Maarten van Ham, Szymon Marcińczak y Sako Musterd, *Socio-Economic Segregation in European Capital Cities. East Meets West*, London, Routledge, 2015.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Además de la vivienda como campo preferente de mercantilización, otras políticas sociales han sufrido una fuerte embestida privatizadora y restrictiva del acceso a los derechos y servicios, como la sanidad. Previo a los efectos del abandono y colapso de la atención primaria madrileña durante la pandemia de la COVID19 en favor de nuevas y espectaculares infraestructuras, como el Hospital Isabel Zendal, en el «II Informe sobre la desigualdad en España» de la Fundación Alternativas (2015) ya se ponía de manifiesto el daño que estaba sufriendo la sanidad, la política pública que mayor impacto reductor tenía sobre el índice Gini de desigualdad. Madrid es vanguardia en la exclusión sanitaria, fundamentalmente de personas migrantes, abandando interpretaciones muy restrictivas de la normativa de acceso a la sanidad, en una posición que es continuadora de la que inspiró la reforma que en 2012 dejó sin cobertura sanitaria a casi un millón de personas sin papeles (y que el PSOE revirtió en 2018 solo parcialmente).</footnote>
vivienda pública son el reverso del negocio inmobiliario y las políticas urbanas puestas a su servicio. La gentrificación de los barrios centrales,<fnref n="5" /> expandida hacia las zonas más próximas del cinturón obrero que conforman Tetuán, Ciudad Lineal, Vallecas, Usera, Carabanchel y Latina, entró en una aceleración sin precedentes con el *boom* de los apartamentos turísticos y las políticas de turistización como salida de la crisis de 2008. Los procesos de gentrificación han venido acompañados del desplazamiento de buena parte de la población de estas zonas (la más precarizada) hacia barrios más periféricos, lo que supone la pérdida de la socio-diversidad de amplias zonas de la ciudad, que antaño funcionaban como «espacios hebilla» que gracias a su heterogeneidad permitían tener las dos partes de la ciudad unidas<fnref n="6" /> y que ahora son cada vez más enclaves solo accesibles a los sectores más privilegiados.

Como no podía ser de otra manera, la fractura material de la ciudad va acompañada de un proceso de fragilización de los vínculos sociales. Y es que el aumento de la desigualdad se produce ligado a políticas de estímulo de la competencia que atraviesan todos los ámbitos de lo social, desde la protección social, donde se instaura una lógica de la escasez en la gestión de las ayudas («no hay para todos»), al cada vez más fragmentado y competitivo mercado laboral, donde una mayor «empleabilidad y esfuerzo» te colocan por encima de otros trabajadores, pasando por los *rankings* de colegios, para llevar a tu peque al mejor de los posibles e invertir así en él o ella para que desde pequeños se instaure esa ventaja competitiva, o la «libre elección» sanitaria.

Este aumento de la desigualdad social y de las situaciones de competencia en un contexto de creciente diversidad es interpretado, cada vez más, en términos de inseguridad. Sea por el azuce mediático, o por la extensión de la precariedad y la inseguridad social que fragilizan cada vez más vidas, sea por

<footnote n="5">⁵ Jorge Sequera, «Gentrificación en el Centro Histórico de Madrid: el caso de Lavapiés», en Rodrigo Hidalgo y Michael Janoschka (Eds.), *La Ciudad Neoliberal. Gentrificación y exclusión en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México y Madrid*, Santiago de Chile, Universidad Pontificia Católica de Chile, 2014, pp. 233-255.</footnote>

<footnote n="6">⁶ Daniel Sorando y Jesús Leal, «Distantes y desiguales: el declive de la mezcla social en Barcelona y Madrid», *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 167, 2019, pp. 125-148.</footnote>
un discurso político que culpabiliza a las propias personas de sus condiciones de existencia, obviando conscientemente toda alusión a las condicionantes estructurales de la pobreza, o por esa capa de racismo y xenofobia que todo lo cubre, lo cierto es que aquellos relatos que han acompañado durante décadas a la mayor parte de las luchas urbanas (y que señalan-ban sin titubeos a la pobreza estructural como causa de todos los problemas que vivían las periferias urbanas y sus habitan-tes) ocupan un lugar cada vez más residual en pro de un nue-vo marco que ya no demanda la redistribución de la riqueza, sino de la seguridad. Mientras las demandas por una ciudad donde la igualdad se ponga en el centro (y no hablamos de la igualdad de oportunidades, sino de esa igualdad radical que permite que todas las vidas merezcan ser vividas) apenas son un rumor marginal, el reclamo de más seguridad se escucha cada vez con más fuerza. El propio movimiento vecinal acaba muchas veces repitiendo esa demanda a la Administración pública, quizás ante la fatiga histórica que supone fracasar en el reclamo de redistribución territorial, dotaciones públicas o cuidado de los espacios comunes, en contraposición a la experiencia de éxito cuando ha demandado más seguridad. Y aunque este reclamo pueda ser difuso, y esa seguridad que se demanda pueda tener múltiples semánticas, lo cierto es que abre el camino a una transformación extremadamente peli-grosa. Como si de una cadena de opresiones se tratase, mu-cho antes de que irrumpiese Vox con sus *fake news* sobre los «MENA», ya asistíamos a una precarización generalizada que acaba encontrando más abajo, en los sujetos más vulnerados, un foco de rechazo y a la vez de revancha, un objeto sobre el que ejercer desde posiciones subalternas cierto poder.

Una de las consecuencias de este cambio de relato y re-clamo, quizá la más preocupante, tiene que ver con las so-luciones que pasan a ponerse en el centro como respuesta a los problemas de los barrios. Si la vida en ellos no sufre un problema de desigualdad, sino un problema de inseguridad, ¿qué agente social será el privilegiado para resolver los efec-tos (de la desigualdad) y gestionar sus consecuencias?

No cabe sorprenderse, entonces, del valor que cobra en los barrios la Policía. Su presencia se apoya en una mitología, aquella que afirma que va a ser capaz de acabar con los robos, las ocupaciones, los yonquis... Pero lo cierto es que el trabajo
policial apenas dedica tiempo a combatir el crimen:<fnref n="7" /> no hay tanta demanda y, además, buena parte de las situaciones violentas y delictivas se resuelven sin su intervención. Más bien, la Policía efectúa de un tiempo a esta parte un trabajo proactivo en el que las intervenciones (muchas de ellas centradas en controles de identidad) se convierten en un modo de alimentar estadísticas y justificar los recursos que recibe —siempre escasos para sus responsables—. Sin embargo, más allá de su inoperancia material, sus uniformes simbolizan la única forma en la que las instituciones se hacen presentes en los barrios, frente a la idea de abandono que tanto tiempo ha protagonizado la historia de la periferia, funcionando hoy por hoy como sustituto de otras políticas públicas que, bien enfocadas, podrían llegar a ser redistributivas (educación, sanidad, servicios sociales). La Policía supone para el Estado un remedio relativamente barato bajo lógicas de eficiencia, que no obliga a transferir rentas de arriba abajo. Su presencia, más cuando es próxima, constituye una suerte de «terapia vecinal» sobre las subjetividades barriales precarizadas (al menos las de las personas no racializadas), tal y como se puede escuchar en algunos consejos de seguridad distritales, independientemente de sus efectos materiales.<fnref n="8" /> El desplazamiento del foco desde la desigualdad a la seguridad (cuyo significado incluye cada vez más problemas relacionados con «la convivencia»), habilita a la Policía para penetrar en el campo de las relaciones vecinales y en espacios antes ajenos a su campo de actuación (institutos, asociaciones, mesas vecinales...) desde una proximidad que permite perfeccionar las técnicas de gobierno sobre lo social sin modificar aspectos estructurales.

<footnote n="7">⁷ Las actividades propias de investigación pueden representar como mucho entre un 10% y un 20% de la actividad policial (incluyendo tareas de prevención de la criminalidad); sin embargo, la lucha contra la criminalidad tiene una gran relevancia simbólica en términos de justificación de la existencia de la Policía (Francesc Guillén, Policía y seguridad, 2012 [Tesis, UAB]).</footnote>

<footnote n="8">⁸ En una reunión entre responsables policiales y representantes vecinales en un distrito del sur de Madrid, Villaverde, en el año 2017, una representante de una asociación vecinal, tras dar un extenso repaso a todos los problemas de convivencia del barrio, se despedía del jefe de la comisaría con estas palabras: «Sacas un acta de hace 20 años y son los mismos problemas que ahora [...] Al menos aquí hacemos terapia».</footnote>
Y en esas estábamos cuando llegó la pandemia... En los barrios de menor renta, tras décadas de política activa de deterioro, se dispararon los contagios. En medio de las olas epidemiológicas se desmontó la atención primaria de dichos barrios y se confinó a sus poblaciones, dejándolas salir solo a trabajar a los polos de desarrollo de la región.<fnref n="9" /> La gestión de la COVID-19 coincidió con el aterrizaje de las estrategias comunicativas de la *Alt Right* al propio gobierno autonómico, más preocupado por disputarle a la ultraderecha de Vox el espacio político que por recuperar algo del fuelle que otrora tuvo en los barrios populares. La obscenidad de las medidas, que ya no disimulan el completo sometimiento de la vida al capital, se aderezó con el revanchismo clasista y racista de unos mensajes que ligaban el aumento trepidante de las infecciones con las ocupaciones de vivienda, los «MENA» o simplemente «la forma de vida de los inmigrantes».<fnref n="10" /> En lugar del refuerzo del personal sanitario, educativo, de servicios sociales, de espacios públicos de calidad y del transporte público, mandaron a la periferia mensajes culpabilizadores... y a la Policía.

Viendo y escuchando sirenas por todos lados. En los meses de confinamiento, los atardeceres se cubrían con los ruidos de los helicópteros surcando los cielos, mientras desde nuestras ventanas, día sí y día también, veíamos a las patrullas policiales ocupar calles y parques en busca de cualquier gesto o cuerpo multable. Medidas excepcionales para tiempos excepcionales, podríamos pensar... Pero lo cierto es que, desde hace un tiempo, las sirenas en los parques son de presencia cotidiana, la Policía entra y sale de los institutos como un miembro más de la comunidad educativa, las ONG reportan semanalmente a la policía los «casos» con los que trabajan... No hace falta imaginar un Gilead. Nos basta nuestro presente para vislumbrar cómo la reinterpretación en términos securitarios de las desigualdades ha permitido la penetración y extensión, en los distintos campos de lo social, de la lógica policial y de la institución de Policía. A esta transformación es a la que llamamos *Metropolice*.

<footnote n="9">⁹ Gonzalo Sánchez-Toscano Salgado y Agustín Hernández Aja, «Movilidad y segunda ola en las áreas urbanas. ¿Dónde trabaja la población de las 37 zonas «confinadas» de Madrid?», re-hab, 24/09/2020.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ Ayuso señala al «modo de vida de la inmigración» los contagios de Madrid, *La Vanguardia*, 16/09/2020.</footnote>
Después de todo lo dicho, dos contrastes muy gráficos resu-
men Madrid años veinte. En esta ciudad tan distópica como
real, si no tienes para comer o para pagar el alquiler, el tiem-
po de espera para ser atendido por servicios sociales es de
unos dos meses, pero si tienes un problema con tus vecinos
por el ruido, solo tienes que esperar siete minutos a que lle-
gue la Policía.<fnref n="11" /> En esta misma ciudad, los hijos de las familias
que pasaron a percibir el Ingreso Mínimo Vital<fnref n="12" /> vieron cómo
sus becas de comedor fueron retiradas al tiempo que los hijos
de guardias civiles, policías y víctimas del terrorismo (solo
faltan los de los toreros)<fnref n="13" /> comenzaron a recibirlas.

Metropolice: la gran transformación securitaria

¡Ojo, este libro no va de Madrid! Pensar que este libro habla
solo de Madrid podría inquietar mucho a quienes la habitan
y aliviar a quienes no viven en ella, pero Madrid años veinte es
solo una figura retórica —una metonimia que hace de espe-
jo a lo que queda fuera de Madrid— para dar cuenta de un
proceso imparable, la policialización neoliberal de lo social
avanza sin que apenas nos demos cuenta. Madrid años veinte
es la distopía que elegimos para advertir del pronóstico y la
profecía funesta que esperan a cualquier lugar que apueste
por la desigualdad, la competencia y la policialización como
modo de gobierno. Madrid años veinte representa, como nin-
gún otro cronotopo, Metropolice.

¿Qué es Metropolice? Podríamos decir, en primer lugar,
que Metropolice es un cambio del lugar social que ocupa la se-
guridad en nuestro imaginario, como nueva semántica capaz
de condensar una multiplicidad de malestares sociales vincu-
lados con la desigualdad. En segundo lugar, Metropolice es,
sin abandonar los viejos propósitos de orden, un cambio del

<footnote n="11">¹¹ Reflexión compartida por Pablo Carmona a partir de su experiencia como concejal de distrito durante el periodo 2015-2019.</footnote>

<footnote n="12">¹² «Madrid excluye de becas de comedor a las familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital», *El Plural*, 29/09/2020.</footnote>

<footnote n="13">¹³ «Los hijos de policías nacionales y guardias civiles solo pagarán tres euros por el menú escolar en los colegios públicos de Madrid», *Público*, 15/09/2020.</footnote>
modelo policial para favorecer una nueva gestión anticipatoria (giro preventivo), una penetración capilar en un número creciente de ámbitos sociales hasta entonces ajenos a la lógica policial y el desarrollo de nuevas figuras y roles policiales. Y, en tercer lugar, *Metropolice* es un cambio en la relación entre el cuerpo policial y la sociedad —lo que considera la Policía «sociedad», que excluye a muchas personas—, basado en una supuesta cogestión securitaria, esto es, en el anhelo por seguir una cercanía con «la ciudadanía» que favorezca una mejor gestión de aquellas problemáticas que socavan la consecución de una ciudad segura, al mismo tiempo que desarrolla un gobierno a distancia a través de los datos.

¿Y por qué nos parece fundamental pensar *Metropolice*? Pensar lo policial es pensar las tecnologías de gobierno en las que estamos inmersos, el modo en que estas inciden en la (re) producción de los espacios que habitamos y en los procesos de subjetivación vinculados a esa (re)producción de la espacialidad. Pensar en términos de tecnologías de gobierno lo policial permite abandonar visiones ingenuas que desde el progresismo piensan las transformaciones en términos de eficacia, modernización o incluso sensibilización de la Policía hacia otras formas de ejercer su trabajo. No se trata de elegir un modelo menos malo de Policía, sino de reflexionar en qué marco existencial nos metemos al poner a las tecnologías de gobierno policiales (sea en su versión más dura, o en otros modelos que se dicen «alternativos») en el centro.

Previo a pensar este nuevo modelo de penetración de lo policial en el campo de lo social,<fnref n="14" /> a caracterizarlo y a pensar su relación con el anterior modelo policial y sus implicaciones, consideramos importante preguntarnos: ¿Qué condiciones de posibilidad producen la emergencia de lo policial en el campo de lo social? ¿Es una epidemia de delincuencia en las calles?

<footnote n="14">¹⁴ Cuando nos referimos a «lo social», proponemos una doble acepción que deberá ser adivinada según el contexto del enunciado. Por un lado, y en sentido amplio, «lo social» será aludido como la población en sus dinámicas relacionales atravesadas por las relaciones de poder (véase Michel Foucault, *Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de France, 1976-1977*, Madrid, Akal, 2008). Por otro, en sentido más restringido, «lo social» será significado como el campo de acciones encaminadas a gestionar los efectos de las desigualdades sociales (allí donde se produce la llamada «intervención social») (véase Jacques Donzelot, *La invención de lo social. Ensayo sobre la declinación de las pasiones políticas*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2007).</footnote>
¿Estamos volviendo a los momentos más duros de nuestra historia reciente? ¿Ha mutado tanto el crimen como para penetrar con sus distintas caras en tantos ámbitos de nuestra vida?

Ya hemos adelantado que la policialización de lo social tiene mucho que ver con la precarización de la vida, el aumento de la desigualdad y la competencia, el uso mediático y partidista que se hace de la seguridad, el racismo estructural... Sin embargo, para que *Metropolice* suceda ha sido necesario también que en las últimas décadas se produzcan una serie de transformaciones al interior del propio campo de lo policial/securitario. Hablamos de tres desplazamientos fundamentales. En primer lugar, respecto a la propia conceptualización de la policía, que ha pasado de ser considerado un cuerpo al servicio de un determinado orden/poder, a significarse como un cuerpo al servicio de la convivencia, un servicio público encargado de garantizar la seguridad ciudadana y la vigencia del derecho. Esta afirmación, convertida en un régimen de verdad que refuerza la idoneidad y necesidad de lo policial, deja en un segundo plano el papel de la Policía como actor concernido con un determinado modelo de orden social con sus relaciones de poder intrínsecas. En segundo término, se ha producido un desplazamiento con respecto a la idea de delincuencia. El delincuente ya no es un producto social, fruto de una estructura social preñada de desigualdades, sino un sujeto responsable de sus actos, recortado de su contexto y circunstancias, que solo es reconocido en el momento en el que vulnera la norma (el inmigrante como no-persona),<fnref n="15" /> o en todo caso, un sujeto moralmente infame, pero racional y calculador, que merece castigo. Por último, identificamos un tercer desplazamiento con respecto a la propia idea de seguridad. Ésta se desliga del delito y se convierte en una expresión que condensa todo tipo de malestares sociales que tienen que ver más con la desigualdad y la precariedad (la incertidumbre respecto al futuro) que con el delito, por lo que la Policía queda habilitada como sustituta de otras medidas redistributivas que pudieran aportar igualdad y confianza social.

Vamos a entrar a detallar en qué consiste cada uno de estos desplazamientos de sentido.

<footnote n="15">¹⁵ Alessandro Dal Lago, *Non Persone: l'esclusione dei migranti in una società globale*, Milán, Feltrinelli, 2006.</footnote>
Transformaciones en la conceptualización de la policía

La idea de policía tiene una larga historia en la que adquiere
significados diversos. Hay una cierta plasticidad en lo que
la propia policía es o puede llegar a ser. Pero también hay,
en esa diversidad de sentidos y prácticas, una suerte de hilo
común que es preciso no olvidar.

La Policía se concibe hoy como el garante de los dere-
chos y las libertades democráticas. Sin embargo, para llegar
a esta conceptualización, ha sido necesario un ocultamiento
del contexto social que hizo y hace posible su surgimiento
y su persistencia a lo largo del tiempo. Esta borradura debe
ser reconsiderada a la luz de un análisis genealógico para
comprender el sentido histórico de las fuerzas de seguridad
y preguntarnos si es posible la resignificación profunda de
la idea de policía. Creemos que esta tarea exige impugnar
un doble fetichismo que a menudo impregna la compren-
sión de lo policial.

En primer lugar, cabría sugerir que la noción de seguri-
dad, que en sí misma en modo alguno es nueva, y que ya
fue considerada por Marx en *La cuestión judía* como «el su-
premo concepto social de la sociedad burguesa»,<fnref n="16" /> puede ser
entendida como un trasunto de la vieja idea de orden social.
El apuntalamiento de un modelo de sociedad burguesa, con
todo lo que ello conllevaba de unas determinadas formas de
acumulación de capital, de legitimación de una concepción
del individuo racional y maximizador de sus acciones, de
relaciones laborales desiguales y jerárquicas, se asentaba en
una estructura sociopolítica que requiere un determinado or-
den social. Es ese orden, precisamente, el que comenzará a
ser nombrado bajo la rúbrica de la seguridad.

Pero no hay seguridad sin policía. A partir del siglo XVII, la
noción de policía comienza a designar el gobierno de un Esta-
do, de su población.<fnref n="17" /> No se concibe aún como una institución

<footnote n="16">16 Karl Marx, *Sobre la cuestión judía*, Omegalfa, 2018, p. 29.</footnote>

<footnote n="17">17 Aunque en el siglo XVII proliferan los tratados de policía en países como Alemania o Francia, sobresale el *Traité de la police* [1705] de Nicolas Delamare, quien define la policía como «el arte de obtener una vida conveniente y tranquila» y «el orden público de la ciudad» (Hélène L'Heuillet, «Genealogía de la policía», en Diego Galeano y Gregorio</footnote>
concreta, tal y como la conocemos hoy, sino como un gobierno,
que, por el contrario, recorre el interior del Estado conectando
campos diversos como la salud, la economía, la educación y la
ciudad, con el fin de hacer crecer las fuerzas del Estado, su po-
tencial económico. La policía es una lógica de gobierno que atra-
viesa lo social para tejer cotidianamente un orden que hay que
esculpir, mantener, salvaguardar. La policía, nos dirá Foucault
recogiendo escritos de la época, es:

La belleza visible del orden y el brillo de una fuerza que se
manifiesta y resplandece. La policía es en efecto el arte del
esplendor del Estado en cuanto orden visible y fuerza res-
plandeciente [...] El buen uso de las fuerzas del Estado es el
objeto de la policía.<fnref n="18" />

A partir del siglo XIX, no estamos ya en esa concepción de
la policía como un gobierno que recorre lo social. Su senti-
do amplio queda limitado y circunscrito a un cuerpo insti-
tucionalizado.<fnref n="19" /> Sin embargo, la institución policial, en sus
mutaciones, mantiene un vínculo apenas indisimulado con
ese proyecto de orden que irradia por lo social. La institución
policial se despliega como *fuerza* de orden y seguridad.

Kaminsky (coords.), *Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial*, Buenos Aires, Teseo, 2011, p. 229). En esos tratados y en la llama-
da Ciencia de la Policía, que también tuvo una especial proliferación en
España, sobre todo durante el reinado de Carlos III, se trata de establecer
soluciones al problema urbano emergente durante la Modernidad en el
incipiente capitalismo mercantilista. La pobreza urbana constituye un
objeto privilegiado de las deliberaciones de esta ciencia, así como de las
regulaciones y las funciones policiales (Pedro Fraile, «Administración ur-
bana y gobierno de la Ciencia de Policía española», *op. cit.*, pp. 283-318).
Se trata de los orígenes del higienismo urbano decimonónico y de las
instituciones policiales tal y como las conocemos hoy.

<footnote n="18">¹⁸ Michel Foucault, *Seguridad, territorio, población. Curso del Collège de France, 1976-1977*, Madrid, Akal, 2008, p. 298.</footnote>

<footnote n="19">¹⁹ Suele vincularse el origen de las instituciones contemporáneas de policía a la Revolución Francesa y al nacimiento del Estado moderno liberal. El apa-rato policial nace como institución a la vez que la prisión y la administración de justicia. Las policías se desarrollaron tanto en el territorio nacional de aquellos países en los que triunfó la burguesía como en los territorios co-loniales (Amadeu Recasens i Brunet, «La seguridad, el sistema de justicia criminal y la policía», en Roberto Bergalli (coord.), *Sistema Penal y problemas sociales*, Valencia, Tirant lo blanch alternativa, 2003, pp. 287-313).</footnote>
El orden, ya lo sabemos, no es natural. Se tiene que hacer, se tiene que asumir y, acaso, se tiene que sentir como deseable o como amenaza que puede abalanzarse sobre quien lo pone en cuestión. La Policía —ya con mayúsculas— encarna dicho orden. Es su agente. Y, por ello, requiere y demanda la disciplina hacia su propia institución, hacia lo que (nos) hace. En la seguridad que hoy, de nuevo, nos promete la Policía, el orden y la disciplina actúan como requisitos irrenunciables.

La centralidad de lo securitario-policial irrumpe así a modo de una envoltura que acompaña el despliegue de la acumulación de capital tanto en sus proyecciones externas como internas, tornándose, por lo tanto, en el engranaje que imbrica (neo)colonialismos y (neo)liberalismos. Así, el primer fetichismo consiste en la cosificación de la idea misma de orden al margen de esas tramas de relaciones de poder y violencia que subyacen a su enunciación e implementación. Una dimensión esta que tiene una obvia repercusión en todo lo que aquí se aborda, al estar asociada a la imposición de unas jerarquías de la subjetividad por medio de las cuales aquellas subjetividades otras, atravesadas por la racialización o la desigualdad, quedan inmersas en un campo simbólico que quiebra su reconocimiento en tanto que sujetos portadores de derechos. El horizonte de sentido que abre la seguridad se torna indiscovible de ese orden que en modo alguno es evidente en sí mismo y que está concernido con la representación y producción de un determinado modelo de lo social.

Sin embargo, los modelos más modernizadores de la Policía (esa nueva policía, cercana y preventiva, que cada vez coloniza más campos de intervención en *Metropolice*), parecen olvidar este anclaje con la idea de orden asociada a lo securitario-policial, los modos en que la seguridad mantiene un vínculo nítido, aunque silenciado, con la idea de orden social y las formas en las que el orden ha de ser (re)producido a través de la idea semióticamente más atractiva de una seguridad policial que habría de venir a posibilitar el buen funcionamiento de lo social en sus diferentes estratos y campos de actuación.

En segundo lugar, habría que recordar que la seguridad policial no es un estado propio de las cosas, una realidad susceptible de ser cosificada, sino un proceso a través del cual se regula lo social. El ideal del orden solo se consigue a través de
un ordenamiento contingente y dinámico desde el que se va estructurando a diferentes niveles la propia (re)producción de lo social. Y ahí nos encontramos con la presencia del derecho en tanto mecanismo que, mediante una trama de normativas de diverso rango, procede a la regulación efectiva de la población. El derecho irrumpe, así, como un dispositivo multidimensional que confiere una racionalidad a la regulación de lo social, al tiempo que la Policía se erigirá en el cuerpo y fuerza de seguridad que vela por el cumplimiento de la ley y de los reglamentos que rigen la vida urbana.

La abstracción del derecho de sus condiciones sociopolíticas de surgimiento y su equiparación a un mecanismo de gestión racional de la convivencia cumplimenta un segundo fetichismo mediante el cual se borra, como ya indicase Walter Benjamin,<fnref n="20" /> tanto la violencia contenida en el inicio mismo del derecho (la contingencia de la norma que se promulga en detrimento de otras) como la que acontece para su aplicación (la potencial arbitrariedad de las medidas adoptadas en el intento por salvaguardar el orden). El desarrollo y cumplimiento del derecho y la producción de los distintos ilegalismos<fnref n="21" /> que de ello se derivan opera, en consecuencia, como el proceso a través del cual la idea de orden social se transmuta en un ordenamiento que ha de ser implementado y gestionado en lo cotidiano. Y es aquí donde la Policía cobra un papel central en lo que tiene de articulación de todo un entramado de formas de hacer y pensar a través de las cuales se acomete tanto el cumplimiento de la norma establecida como el desarrollo de unas normas policiales propias, contingentes y situacionales.<fnref n="22" />

El fetichismo que imbrica el ensalzamiento de la seguridad policial (obviando su función de apuntalamiento de un modelo de orden social ligado al capitalismo) y del derecho (obviando que su aparición y aplicación por encima de otras normas posibles no es casual) encuentra así, en el hacer policial, un engranaje absolutamente central e incuestionado. De este doble fetichismo se deriva que la Policía

<footnote n="20">²⁰ Walter Benjamin, *Para una crítica de la violencia y otros ensayos*, Madrid, Taurus, 1991.</footnote>

<footnote n="21">²¹ Michel Foucault, *Vigilar y castigar*, Madrid, Siglo XXI, 1990.</footnote>

<footnote n="22">²² Fabien Jobard, *Abusos policiales. La fuerza pública y sus usos*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2011.</footnote>
queda circunscrita a ejercer de mero garante de la seguridad y de la aplicación del derecho vigente.

Sin embargo, cuando nos alejamos de las insuficiencias contenidas en ese doble fetichismo, es posible abrirse ya a una realidad más dúctil y cambiante en donde lo policial emerge como un actor que posee sus propias formas de hacer y pensar que van más allá del mero cumplimiento de la ley, y mediante las cuales se coimplica en el ordenamiento de lo social, del cual es parte.

La Policía se mueve así en un terreno de ambigüedad por medio del cual opera tanto en el interior de la ley como en su exterior cuando las circunstancias pudieran requerirlo, porque lo que la impulsa en su despliegue cotidiano, lo que verdaderamente define de un modo decisivo su posicionamiento en el campo social, es su estrecha relación estructural con un modelo de orden que hay que proteger.<fnref n="23" /> Es esta situación ineludiblemente ambivalente lo que permite decir a Foucault de un modo contundente que «la policía es el golpe de Estado permanente».<fnref n="24" />

Esta caracterización de la gubernamentalidad liberal asentada en una presencia invasiva de lo policial, que está dentro y fuera de los márgenes de la ley, que se erige en «un inmenso dominio del cual podría decirse que va del vivir al más que vivir»,<fnref n="25" /> nos deja, en definitiva, una caracterización de la Policía en el marco de su vinculación a un proyecto de orden, urbanidad, disciplina y control, e igualmente, nos confronta con las violencias que ese proyecto de orden puede llegar a requerir para asegurar su propia vigencia. En ese sentido, pensar lo policial es pensar el ejercicio mismo de la posibilidad de la excepcionalidad.

<footnote n="23">²³ Giorgio Agamben, *Medios sin fin. Notas sobre política*, Valencia, Pre-Textos, 2001; Michel Foucault, *Seguridad, territorio y población*, Buenos Aires, FCE, 2008; Hélene L'Heuillet, *Baja política, alta policía. Un enfoque histórico y filosófico de la policía*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010; Mark Neocleous, *La fabricación del orden social. Una teoría crítica sobre el poder de policía*, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2010; Alex S.Vitale, *The role of policing*, Londres, Verso, 2017 [ed. cast.: *El final de la policía*, Madrid, Capitán Swing, 2021].</footnote>

<footnote n="24">²⁴ Michel Foucault, *Seguridad, territorio y población*, Buenos Aires, FCE, 2008, p. 323.</footnote>

<footnote n="25">²⁵ Ibídem, p. 312.</footnote>
Transformaciones en la conceptualización de la delincuencia

Al igual que sobre el concepto de policía ha operado un desplazamiento que lo ha desligado de un proyecto concreto de orden, el concepto de delincuencia también ha experimentado un viraje importante.

El abordaje policial del desorden, aparejado a la desigualdad, ha hecho que cada vez más el concepto de delincuencia se confunda con el de pobreza. En tanto que el objeto de intervención policial (el delincuente) se amplía con los nuevos campos y funciones que se asigna a la Policía en Metropolice, la delincuencia asociada al crimen pasa a ser solo una parte del trabajo policial. La otra, cada vez más mayoritaria, la protagonizan la predelincuencia (sujetos y espacios intervenidos no por lo que han hecho, sino por lo que pueden llegar a hacer) y los delitos asociados a la desigualdad, esto es, a la pobreza.

Esta pobreza, sin embargo, ya no se entiende como consecuencia ineludible de un determinado orden social, sino que queda ligada, siguiendo el relato del neoliberalismo, a la responsabilidad individual y a la cultura —pensada como comitante a lo racial y nacional— del sujeto. Solo desde esta prenoción —individualista, culturalista y, en último término, racistá— tiene sentido el abordaje policial, pues pensar la pobreza en términos de condiciones sociales o de acceso al derecho de ciudadanía conllevaría otro tipo de acciones (desde la transferencia de renta por parte del Estado a la organización colectiva por parte de los afectados).

No obstante, para que el enfoque policial de la pobreza sea predominante también hay que efectuar otra borradura a la hora de leer el propio contexto social, la invisibilización del sustrato social y de las redes colectivas. Esta invisibilización lo es en un doble sentido: por un lado se niega el peso de la historia, la clase y la racialización, obviando cualquier estructura rígida que pueda determinar el campo de acción de los sujetos, y por otro, se ocluye el papel y el valor del capital social que sostiene al capital humano individual (el cuidado, las redes y contactos sociales).

Los pobres lo son, por tanto, por elección propia o por azar, pero nunca por algo que tenga que ver con estructuras de desigualdad. Esta lógica de gobierno trabaja desde la idea
de un sujeto racional que elige ser pobre y, en último término, delinquir. Un individuo que decide los caminos que toma su vida de manera libre y responsable, un sujeto racional que invierte en su propio capital y que hace sus elecciones<sup>26</sup>—a veces buenas, a veces malas, a veces gana y otras pierde—. El pobre es un loser, alguien que obró mal (falló en sus elecciones, no se esforzó lo suficiente, no acumuló el suficiente mérito o simplemente tuvo una desgracia). Toda la responsabilidad está en él.

Algunos de estos sujetos fallidos se enmiendan y logran entrar en un circuito de merecimiento (si consiguen papeles, en caso de no tenerlos, o si siguen el itinerario de inserción propuesto por la oficina de desempleo o servicios sociales): es muy probable que no salgan de la pobreza, pero al menos se situarán moralmente en el lado de los pobres merecedores de asistencia a través de distintas pruebas (entrevistas de valoración en servicios sociales, trámites burocráticos, firma de contratos de inserción, sostenimiento del contacto mediante citas regulares, búsqueda de empleos inexistentes, etc.).<sup>27</sup> No obstante, a pesar de situarse en el lado bueno, la carga de la sospecha siempre recae de su lado, pues si una vez «decidió» fallar, puede volver a hacerlo. Así, es el propio sujeto empobrecido el que debe demostrar que no está cometiendo ninguna de las irregularidades que se le presumen. Esa es la lógica de funcionamiento de los ingresos mínimos vitales, las rentas mínimas de inserción y demás ayudas gestionadas por servicios sociales, como de los alojamientos de emergencia y albergues para personas sin hogar (y no solo en Madrid años veinte), donde el «beneficiario» debe probar continuamente que está haciendo bien las cosas.

Si la lógica del sistema asistencial es policial (salvo raras excepciones, que tienen que ver con el desarrollo de corrientes críticas en el trabajo social, la medicina, la psicología y de

<footnote n="26"><sup>26</sup> Michel Foucault, *El nacimiento de la biopolítica*, Buenos Aires, FCE, 2009; Christian Laval y Pierre Dardot, *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*, Barcelona, Gedisa, 2013.</footnote>

<footnote n="27"><sup>27</sup> Sergio García García, Débora Ávila Cantos y Ariadna Ayala Rubio, «Expediente 112.435: el control sobre el déficit: un itinerario de intervención social con perceptores de renta mínima en los servicios sociales», en Ignacio Mendiola Gonzalo y Daniel Oviedo Silva (coords.), *Relatos infames: breves historias de crimen y castigo*, Barcelona, Anthropos, 2017, pp. 273-308.</footnote>
prácticas resistentes en las instituciones), qué no esperar de
la propia institución de Policía y de Justicia. La escisión entre
buenos y malos —tan universal en el lenguaje policial— no
exime a estos «buenos pobres» de su sometimiento continuo
a la vigilancia de múltiples radares: el barrio de pertenencia,
el aspecto físico o directamente las bases de datos delatan al
sujeto de riesgo. Este halo de sospecha afecta, por tanto, no
solo a los sujetos que cometen algún ilegalismo o ilegalidad,
sino en general a todos los sujetos pobres (eufemísticamen-
te designados «en riesgo de pobreza» o «en riesgo de exclu-
sión»), que en cualquier momento pueden pasar a ser consi-
derados sujetos de riesgo, potenciales delincuentes.<fnref n="28" />

Con todo, si la sospecha es democrática entre pobres,
las consecuencias no: en los malos pobres la responsabilidad
equivale ya a culpabilidad —lo que les convierte en pobres
malos—. Si la pobreza es, en el relato neoliberal, una elección
racional, también lo es sobrevivir en ella por la vía de la ile-
galidad. Así pues, sobre el pobre malo, el que elige racional-
mente el mal camino, debe caer con toda su dureza la ley y el
castigo. Solo de esta manera se puede entender, por ejemplo,
que las propias actividades de supervivencia, tales como dor-
mir en la calle, lavarse en una fuente pública o realizar venta
ambulante, fueran incluidas como conductas sancionables en
las ordenanzas municipales de civismo. La multiplicación de las
formas de criminalización y represión de la pobreza cierra el
círculo: no es solo que el foco se haya desplazado desde
la desigualdad a la seguridad, sino que los efectos de la
desigualdad reciben cada vez más un trato policial.

El marcaje y la estigmatización de los sujetos pobres, es-
pecialmente de aquellos cuyo aspecto físico y color de piel les
coloca en una posición de subalternidad, así como el someti-
miento a la hipervigilancia no pueden sino generar subjeti-
vidades en los individuos intervenidos. Acorralados por las
condiciones sociales, inferiorizados por los procesos de estig-
matización, agobiados por las exigencias del sistema asisten-
cial y castigados o humillados por el policía, la reacción más
coherente con la razón práctica consiste en salir corriendo sin

<footnote n="28">²⁸ Débora Ávila Cantos y Sergio García García, «Entre el riesgo y la emergencia: insinuaciones policiales en la intervención social», en *Revista de Antropología Social*, 22, 2013: 59-82.</footnote>
haber hecho nada<sup>29</sup> y la más arriesgada en sublevarse ante tal opresión<sup>30</sup> (ambas, por cierto, castigadas por la Ley de Seguridad Ciudadana, especialmente peligrosa cuando se combina con la Ley de Extranjería).

En síntesis, la frontera entre pobreza y delincuencia se divuye. Los sujetos «pobres» se convierten en sujetos de riesgo y los que además son «malos» en peligrosos. La ilegalidad (ocupación, top manta, migración, rebusque, etc.) aparece como una «actividad racional» ante la que solo cabe «mano dura» (multiplicación de las formas y figuras de intervención policial), estratégicamente atenuada por la aparición de figuras policiales blandas (trabajo-socializadas) como la policía de proximidad o la comunitaria, que sin embargo comparten los mismos objetivos y lógicas.

Transformaciones en la conceptualización de la seguridad

Una policía cuyos orígenes y función se desdibujan y unos pobres devenidos delincuentes racionales para los que las condiciones estructurales de existencia desaparecen explican en buena parte la emergencia de lo policial que vivimos en nuestros días. Sin embargo, una última transformación viene a cerrar el círculo.

Así, el terreno de las inseguridades subjetivas ha visto transformado y ampliado su semántica en la medida que avanza el dispositivo securitario (con sus discursos alarmistas, sus temores cotidianos, sus tecnologías de control y recogida de información, sus arquitecturas defensivas y sus policías en acción). Este avance tiene que ver con las nuevas formas de gestión de la desigualdad que venimos describiendo, pero también con el retroceso de la protección social y comunitaria, configurando un nuevo orden en nuestras ciudades.

<footnote n="29"><sup>29</sup> En octubre de 2005 tuvieron lugar en las periferias francesas unos intensos disturbios que comenzaron tras la muerte de dos jóvenes de origen africano mientras escapaban de la policía en Clichy-sous-Bois, una banlieue del este de París. Los jóvenes murieron electrocutados en una subestación eléctrica en la que se escondieron mientras huían de la policía. Ambos salieron corriendo al ver a los agentes, de manera casi instintiva, sin que hubieran cometido ningún delito.</footnote>

<footnote n="30"><sup>30</sup> Judith Butler, *Sin miedo: Formas de resistencia a la violencia de hoy*, Madrid, Taurus, 2020.</footnote>
La inseguridad subjetiva, esto es, la percepción ciudadana sobre la tranquilidad en las calles, casi nunca tiene una correspondencia simétrica con la inseguridad objetiva, es decir, los delitos realmente acontecidos y denunciados.<fnref n="31" /> En la actualidad, la gestión policial toma como referencia cada vez más la percepción subjetiva de la inseguridad para guiar sus intervenciones, produciendo la ilusión de que ésta tiene alguna correlación con la delincuencia. Esa correlación no deja de tener cierta lógica, ya que los delitos sufridos o presenciados en primera persona, o por personas cercanas, constituyen una fuente de ansiedad para las víctimas que se alarga en el tiempo y se activa en determinados espacios o ante determinados símbolos que se asocian a la situación sufrida. Pero esa correlación entre el hecho y su percepción no es en absoluto automática, sino que existen enormes variaciones en la forma de metabolizar la victimización, que cobra un significado distinto en función de la situación y el contexto en el que se produce, la posición social, el momento vital o los valores políticos de quien lo sufre. Además, aunque pudiera resultar lógico sentir inseguridad subjetiva por parte de las víctimas, la relación entre los hechos y las percepciones no es tan directa en el caso de la mayor parte de la población, la cual refiere sensación de inseguridad aunque pase años sin tener contacto con el delito, sobre todo los crímenes considerados graves.<fnref n="32" />

<footnote n="31">³¹ Amadeu Recasens i Brunet, *La seguridad y sus políticas*, Barcelona, Atelier, 2007; Esteban Rodríguez Alzueta, *Temor y control: La gestión de la inseguridad como forma de gobierno*, Buenos Aires, Futuro Anterior, 2014.</footnote>

<footnote n="32">³² Sobre las últimas mediciones pre-pandemia de la delincuencia, véase «Encuesta de Calidad de Vida 2019. Área de Acción de Seguridad, Ayuntamiento de Madrid» en el caso de Madrid y «Enquesta de Victimització 2020» en el caso de Barcelona. Un análisis comparado de algunas tendencias presentes en distintos estudios de victimización en Cristina Sobrino García, Marta Murrià, Sangenis y Carlos González Murciano, «Tendencias de la inseguridad y usos de las encuestas de victimización en entornos metropolitanos: algunas experiencias comparadas», en Marta Murrià Sangenís, Cristina Sobrino García, Carlos González Murciano (eds.), *30 años de la Encuesta de Victimización del Área Metropolitana de Barcelona*. Vigencia y uso de las encuestas de seguridad en las metrópolis. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, 2020. Análisis a partir del cual las autoras concluyen, entre otras cosas, que «los problemas generados por la desigualdad económica y social y la manera de pensar y de ejercer el orden en las relaciones sociales tienen clara incidencia en la</footnote>
En países como España, con una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa,³³ los delitos afectan a una mínima parte de los habitantes.³⁴ La delincuencia, que se ha mantenido relativamente estable en los 10 años anteriores a la pandemia, no explica por sí sola las eventuales y repentinas escaladas de la preocupación por la inseguridad en los barómetros locales (como ha ocurrido en Barcelona en ciertos momentos recientes). Más bien, para que la percepción de inseguridad se generalice, resultan imprescindibles al menos dos mediaciones: un proceso de enmarcado³⁵ que otorgue significados densos a esa inseguridad y una serie de actores que contribuyan a su co-producción e introduzcan el problema en la agenda.

Ni los comportamientos que hoy son considerados delito lo han sido siempre, ni el significado de la delincuencia es

construcción social de la seguridad. Que el sentimiento de inseguridad no responde solo ni principalmente al comportamiento de la delincuencia es una cuestión que se constata en todos los contextos metropolitanos estudiados en este libro» (página 239).

³³ En 2019 se registraron en España 2.199.475 infracciones penales (datos del Sistema Estadístico de Criminalidad publicados por el Ministerio del Interior). Según Eurostat, España goza de una de las tasas de homicidios más bajas del continente (0,62 por cada 100 mil habitantes en 2018), ocu-pando el puesto 24 de los 32 países del Espacio Económico Europeo, con un resultado inferior al de países como Francia, Portugal, Alemania, Rei-no Unido o todos los países escandinavos (por citar solo las referencias geográficas que se suelen usar). Dicha cifra, además de haberse reducido sobremanera respecto de décadas anteriores, hay que compararla a la de países como Estados Unidos, con una tasa de 5 homicidios por cada 100 mil habitantes o México, con una tasa de 29,1 en 2018. Otro de los delitos que suele generar una enorme alarma social es el de violación, en el que España ocupa una posición parecida respecto a Europa, con una cifra de 3,64 por cada cien mil habitantes (2018), más de diez veces inferior a las tasas de Dinamarca, Noruega, Reino Unido y Suecia. Respecto a de-litos más leves, solo Polonia, Chipre, Eslovaquia y Croacia tienen menos hurtos. Únicamente en robos con violencia, España presenta un dato no-tablemente elevado, 129,2 por cada cien mil habitantes, la segunda tasa más elevada de los países europeos en 2018.

³⁴ Siguiendo los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad, publica-dos en el «Anuario Estadístico del Ministerio del Interior», en España se registraron un total de 1.173.599 victimizaciones en 2019.

³⁵ Los procesos de enmarcado (*framing process* en el lenguaje de Erving Goffman) constituyen los procesos de producción de significados de las si-tuaciones (Aquiles Chihu Amparán, «La teoría del framing: un paradigma interdisciplinario», *Acta Sociológica*, núm. 59, septiembre-diciembre de 2012.
fijo entre épocas y grupos sociales. Hace falta un proceso cultural de enmarcado securitario<fnref n="36" /> para considerar asuntos de índole muy diversa, como la inmigración, la supervivencia en la pobreza o el ocio juvenil como focos de riesgo de potenciales delitos. La derechización política que han sufrido las sociedades europeas desde la década de 1980, con la instauración progresiva de la agenda política neoliberal es una de las explicaciones de la subjetivación securitaria. La seguridad, y los significantes a los que va asociada (ley, orden, etc.), es evidentemente un tema en el que tanto los partidos de raíces liberales (que encuentran en ella el complemento necesario para la libertad económica), como los de extrema derecha (que basan su fuerza en la defensa de la «gente de bien» frente a las amenazas exógenas), se sienten cómodos.<fnref n="37" /> La izquierda institucional (partidos socialdemócratas, e incluso de raíz comunista), impotente en la imaginación de horizontes alternativos al marco de verdad neoliberal, ha tenido que correr sus posiciones a la derecha y ajustarse en este y otros terrenos al encuadre securitario que sirve para interpretar hoy buena parte de los problemas sociales.<fnref n="38" />

<footnote n="36">³⁶ Sergio Christian Orgaz Alonso, Emergencia del dispositivo deportador en Europa y su generalización en el caso español: representaciones y prácticas en torno a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), 2019 [Tesis, UCM].</footnote>

<footnote n="37">³⁷ En Madrid observamos cómo el Partido Popular, pero de manera especial Ciudadanos y Vox, se han lanzado en los últimos años a conquistar el voto cabreado de los barrios periféricos, interpelando desde discursos más o menos racistas a quienes ven en las ocupaciones de vivienda o del propio espacio público el símbolo de su malestar social. En la campaña electoral de las elecciones autonómicas madrileñas de 2021, Vox trató de sobreactuar el discurso securitario con el señalamiento fascistoide de los «MENA» en primer plano, justo como complemento del discurso por la «libertad» que enarboló Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP. Para analizar los significados complementarios de seguridad y libertad bajo un régimen de verdad neoliberal, véase Sergio García García y Débora Ávila Cantos, «Libertad y seguridad: relaciones (im)posibles en un contexto neoliberal», *Revista de Documentación Social*, núm. 182, 2016, pp. 71-90.</footnote>

<footnote n="38">³⁸ Tanto es así, que en España el PSOE, afectado por las corrientes de la «tercera vía» impulsada por el laborismo británico en la década de 1990, no dudó en usar la inseguridad desde finales de dicha década como arma arrojadiza a instrumentalizar en determinadas coyunturas electorales (Lohitzune Zuloaga, *El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política*, Madrid, Catarata, 2014).</footnote>
Pero la introducción de este encuadre securitario en las subjetividades ciudadanas tiene raíces más profundas que el simple manejo del tema por parte de ciertos partidos políticos. Si en algo ha triunfado el neoliberalismo es en la construcción de sujetos sociales competitivos. En este contexto de empresarialización de la vida cotidiana, el interés individual y familiar se transforman en el principal motor de las decisiones en los múltiples mercados en los que se desenvuelve la cobertura de necesidades, lo que convierte a la seguridad en un importante factor a tener en cuenta en cuestiones como la adquisición de vivienda o la elección escolar.<fnref n="39" /> Además, la mercantilización no tiene como único efecto la producción de sujetos económicos, sino que también extiende la precariedad, entendida como inseguridad social<fnref n="40" /> e incertidumbre respecto al futuro. El miedo al delito condensa la acumulación de inseguridades vitales en tiempos de precariedad extendida,<fnref n="41" /> produciendo como efecto la derivación hacia la Policía de incommensurables expectativas de protección.

La elasticidad de la idea de inseguridad provoca que cualquier malestar social pueda ser nombrado como inseguridad y que, consecuentemente, cualquier manifestación que suponga una alteración material y simbólica de un determinado orden incorporado como «natural» o legítimo —como la ocupación y disfrute del espacio público por parte de la población subalterna, especialmente la racializada— entre en la categoría de delincuencia. Es así como han emergido los llamados «problemas de convivencia» que incitan a que se equiparen y se aborden bajo la misma lógica problemas tan diversos como el terrorismo yihadista, la tenencia de armas, los robos, las personas que duermen en un soportal, las ocuaciones de vivienda, los partidos de ecuavóley, el botellón, las bodas gitanas o las cacas de perro,<fnref n="42" /> olvidando en todo

<footnote n="39">³⁹ Portales inmobiliarios como Idealista lo saben, y por eso en ocasiones publican las tasas de delitos de los distintos distritos de Madrid o Barcelona (véase «Conoce los distritos más conflictivos y pacíficos de Madrid», Idealista, 14/09/2017).</footnote>

<footnote n="40">⁴⁰ Isabell Lorey, *Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad*. Madrid, Traficantes de sueños, 2016.</footnote>

<footnote n="41">⁴¹ José Ángel Brandariz, *El modelo gerencial-actuarial de penalidad. Eficiencia, riesgo y Sistema penal*, Madrid, Dykinson, 2016.</footnote>

<footnote n="42">⁴² Los distintos fenómenos citados no han sido nombrados aleatoriamente, sino que proceden de la observación participante en consejos de seguridad celebrados en diferentes distritos madrileños en los últimos cinco años.</footnote>
momento un análisis de estas problemáticas capaz de hacerse cargo de los malestares y los condicionantes sociales que muchas de ellas encierran.

Para comprender las transformaciones del concepto de seguridad contemporáneo, o más bien, de las respuestassecuritarias, es imprescindible detenerse para concretar y diferenciar entre tipologías de problemas de convivencia que tienen lugar en el espacio público. El espacio público es donde necesariamente confluyen los distintos actores que viven, usan y habitan la ciudad: transeúntes, turistas, clientes, vecinos, jóvenes, personas mayores, deportistas, dueños de mascotas, etc. Esta confluencia en unas mismas calles, parques o plazas de actores con necesidades y expectativas distintas sobre la ciudad (desplazarse de un lugar a otro, disfrutar de los atracivos turísticos, consumir, convivir, jugar, socializar entre iguales, ejercitar el cuerpo, disponer de espacios para que las mascotas hagan sus necesidades, etc.) puede ser armónica y pacífica, pero de forma recurrente provoca tensiones y conflictos, especialmente, en aquellos barrios donde el espacio público y los equipamientos municipales son más escasos o de peor calidad. Estos conflictos pueden interpretarse como problemas en sí mismos, o bien como indicadores de problemáticas sociales más profundas, que quedan invisibilizadas al ser tratadas como problemas de seguridad, cuando en la mayoría de las ocasiones no mantienen ninguna relación con los delitos y la violencia.

Siguiendo la conceptualización de Di Masso, Dixon y Pol,<fnref n="43" /> en el primer caso hablamos de conflictos por diversidad, es decir, desacuerdos, desajustes o enfrentamientos puntuales derivados de la coincidencia de distintos usos del espacio público de forma simultánea entre dos partes, que en general están en condiciones de igualdad y de libertad de elección de la conducta que genera molestias en alguna de ellas (por ejemplo, jugar en una plaza y dar un pelotazo a alguien). Estos problemas de convivencia pueden gestionarse directamente por parte de la ciudadanía, o bien abordarse mediante políticas públicas de intervención social o policial (como puede

<footnote n="43">⁴³ Andrés Di Masso, John Dixon y Enric Pol, «On the contested nature of place: 'Figuera's Well', 'the Hole of Shame' and the ideological struggle for public space in Barcelona», *Journal of Environmental Psychology*, núm. 31, 2011, pp. 231-244.</footnote>
ser la prohibición de determinados usos, la habilitación de
espacios específicos o la imposición de sanciones).

En el segundo caso, hablamos de conflictos por desigualdad y nos referimos a las tensiones relacionadas con prácticas llevadas a cabo por personas que utilizan el espacio público para su subsistencia cuando su margen de libertad está reducido significativamente, y en ausencia de alternativas razonables disponibles, por encontrarse en situación de vulnerabilidad jurídica, económico-laboral, social o material (por ejemplo, dormir en un banco porque no se tiene acceso a una vivienda, o vender informalmente productos en la calle al no tener permisos de residencia y de trabajo). La gestión de los conflictos por desigualdad mediante respuestas securitarias, es decir, policiales, no hace más que incrementar la criminalización, la penalización y la exclusión de colectivos que ya se encuentran en situación de precarización.<fnref n="44" />

El tratamiento securitario de diversas problemáticas que efectúan las ordenanzas de civismo es relevante por su carácter performativo, esto es, su capacidad para construir sensibilidades y percepciones ciudadanas. Así, son cada vez más los actores que codifican buena parte de los problemas derivados de las desigualdades sociales como problemas de convivencia anudados a la delincuencia. Aparte de las poco exitosas giras por Vallecas o Usera (en Madrid) de partidos como Ciudadanos y Vox a la caza del voto «cabreado», resulta evidente que los medios de comunicación mainstream, auspiciados por los gabinetes de prensa de las fuerzas de seguridad, encuentran en esta temática un eficiente captador de atención y, en coyunturas políticas determinadas, un campo sobre el que usar el sensacionalismo como arma arrojadiza contra gobiernos de izquierdas (siempre descubiertos en ese flanco), como fue el caso de los ayuntamientos del cambio.

Además de estos actores, con estrategias de poder de altos vuelos, un nuevo sujeto vecinal pro-securitario se va abriendo paso en algunos barrios. En Madrid, nuevas «plataformas vecinales» (al margen de las tradicionales asociaciones de vecinos

<footnote n="44">⁴⁴ Cristina Fernández Bessa y Andrés Di Masso Tarditti, «Diez años de civismo “a golpe de ordenanza”: estudio sobre la aplicación de la ordenanza de convivencia en el espacio público de Barcelona», Barcelona Societat, *Revista de investigación y análisis social*, núm. 22, 2018.</footnote>
progresistas), poco numerosas pero muy amplificadas por los medios y las redes sociales, llaman la atención sobre los «insoportables» problemas de inseguridad y convivencia en barrios como Lavapiés, Tetuán, Usera o Vallecas, situando en el ojo del huracán a la población migrante y gitana como causante de los narcopisos o las plagas de chinches.

La irrupción de este nuevo sujeto vecinal, en muchas ocasiones coaligado a los partidos de derechas y a los medios de comunicación, no sería preocupante si no fuera por su capacidad de generar agenda y, de algún modo, canalizar flujos de malestar en los barrios. Esta posición llega en algunos casos al paroxismo, siendo la propia Policía quien tiene que frenar las pulsiones punitivas de algunos representantes vecinales en las reuniones que mantienen periódicamente.

Ante este empuje, el movimiento vecinal, heredero de las luchas de la década de 1970 por el derecho a la ciudad, también se ha visto forzado a desplazar sus posiciones en el tema de la seguridad y la convivencia, de manera especial en los barrios más castigados por la pobreza. El deterioro durante la crisis de las ya de por sí precarizadas condiciones de vida de muchos barrios periféricos ha hecho que en estos territorios se acumulen las poblaciones —y los problemas de los que son portadoras— desplazadas de otras zonas como consecuencia de los desahucios y la gentrificación. La enorme presión que sufren estos territorios, «polvorines a punto de estallar», hacen que estas asociaciones vecinales hayan girado el foco de atención hacia los problemas de convivencia y sus protagonistas minorizados y racializados antes de llegar «los Le Pen o el Abascal de turno», reclamando en muchos casos medidas securitarias como respuesta a esos problemas. Eso no significa que desaparezca de sus reivindicaciones la inversión en los barrios, la demanda de dotaciones sociales, etc., sino que la urgencia que supone el quiebre de las relaciones vecinales por la violencia horizontal y los eventuales brotes racistas hace que, en demasiadas ocasiones, lo securitario pase a un primer plano.

Las asociaciones vecinales están relativamente debilitadas en su correlación de fuerzas frente a las instituciones, si lo comparamos con la fuerza del viejo movimiento vecinal. En ese contexto, la ambición política que suponía el llamado derecho a la ciudad se ha visto rebajada a una serie de mejoras en infraestructuras y a las cuestiones que mayor valor simbólico tienen a
la hora de significar un espacio como deteriorado: la limpieza y la seguridad. La presencia del Estado en estos territorios cuasi abandonados tiene visibilidad si lleva uniforme, tanto en forma de barrenderos como en forma de policías,<fnref n="45" /> de ahí que su presencia tenga un efecto simbólico más allá de lo que hagan. En esa rebaja de expectativas derivada de su debilidad (a pesar de que los ayuntamientos del cambio hubiesen supuesto un balón de oxígeno temporal para su legitimidad), la seguridad constituye precisamente uno de los temas en los que más visos de éxito, o al menos de ser escuchadas, tienen las asociaciones de vecinos. Su posición entiende que la insecuridad está ligada a la pérdida de derechos, pero también se aferra a la ilusión de que la Policía puede suplir los efectos de dicha pérdida.

## Versatilidad policial para construir ciudades seguras

Las transformaciones en la concepción de la policía, la delincuencia y la misma seguridad no hay que entenderlas como mutaciones en sus usos materiales y sus significados culturales profundos. Estas transformaciones nos hablan más bien de adaptaciones de las instituciones policiales a los nuevos contextos urbanos y políticos enmarcados en el neoliberalismo y su deriva autoritaria.

El éxito adaptativo de *Metropolice*, entendida como la urbe policializada, tiene mucho que ver con la versatilidad que ha alcanzado la propia institución policial, de manera especial desde que el modelo preventivo ha avanzado posiciones. Así, al modelo reactivo clásico, centrado en la represión de sujetos indeseables, se le suma en las últimas décadas el avance de un modelo proactivo, centrado en la prevención y la proximidad. Sendas caras de la Policía ya estaban presentes en las primeras experiencias de la institución, ya fuera como fuerza de ocupación británica en Irlanda (1814) o como Policía Metropolitana de Londres (1829),<fnref n="46" /> si bien el énfasis sobre una u otra ha variado dependiendo del contexto histórico y geográfico.

<footnote n="45">⁴⁵ Apreciación personal realizada por el concejal de un distrito periférico durante el gobierno de Ahora Madrid (2015-2019).</footnote>

<footnote n="46">⁴⁶ Kevin G. Karpiak y William Garriott (eds.), *The Anthropology of Police*, New York, Routledge, 2018.</footnote>
La metáfora de los interrogatorios de películas en las que uno hace de «poli malo» y otro de «poli bueno» debe ser-virnos para comprender que, aunque con matices en cuanto al sentido y forma que uno y otro le dan a su actuación (el malo busca revancha, el bueno justicia; el malo es agresivo, el bueno es comprensivo; el malo es corrupto, el bueno es honesto), ambos trabajan para un mismo fin. Más allá de una elección moral para discernir con cuál nos quedamos, quere-mos apuntar a una bifurcación, e incluso multiplicación de formas policiales que, desde la autonomía que ha ido cobran-do la institución policial en nuestras sociedades, se adaptan a gobiernos de izquierdas y de derechas, a problemas de orden público y a molestias ciudadanas, a situaciones de abundan-cia y de precariedad.

Esta bifurcación no se realiza sin tensiones en el seno de las propias fuerzas de seguridad. En esta división del trabajo hay implicadas relaciones de rivalidad entre diagnósticos, ideologías o simplemente carreras profesionales: debates sobre la eficiencia de una y otra, tensión entre hacer «cumplir la ley» o la creencia en que «la ley no puede ser la única guía», disputas por definir la identidad policial como más cercana a un rol militar o a un agente de intervención social. La rivalidad entre un modelo y otro lleva en ocasiones a oscilaciones pendulares en la hegemonía de una y otra en las instituciones o a compartimentaciones en el seno de los mismos cuerpos.

Sin embargo, hay que afirmar que ambos modelos funcionan de manera complementaria para colocar a la institución policial en una posición privilegiada que ensancha su capacidad de acción, su poder. La respuesta policial no es homogénea, pero siempre juega a favor de la policialización de lo social, esto es, de la construcción policial de la realidad mediante la producción de la agenda mediática, la redefinición cultural de problemas sociales, la presión a la clase política y la inflación presupuestaria. Esta autonomía de lo policial deriva en un emergente poder que la hace protagonista ya no solo de la delincuencia, sino también de los problemas de convivencia, educativos, de pobreza y hasta de salud en tiempos de pandemias.

En las siguientes partes del libro vamos a tratar de definir los contornos de esa bifurcación que hemos dibujado, a realizar una lectura sobre el sentido de su actuación conjunta y a
pensar si es posible y deseable cambiar, o no, a la Policía. En el siguiente capítulo (2. Ley y orden), abordaremos la reactualización y ampliación del modelo represivo en las últimas décadas bajo las políticas de tolerancia cero. Justo después (3. El giro preventivo), trataremos de caracterizar las nuevas metodologías y roles que despliega la acción policial desde la rúbrica de la proximidad y su doble, la lejanía. El análisis de los efectos de conjunto que producen ambos modelos en forma de creciente poder policial ocupará el siguiente capítulo (4. Autonomía y centralidad: el creciente poder policial). Posteriormente, desplegaremos una reflexión sobre el lugar de lo securitario y lo policial en el neoliberalismo y la impugnación del dispositivo de poder que representan (5. ACAB: hacia una crítica antisecuritaria). Por último, reflexionaremos de manera situada sobre algunas alternativas a la Policía que llegan como viento fresco del otro lado del Atlántico (6. #Defund the Police: de la imposible reforma policial y sus alternativas).
<figure><img src="image_8.png" /></figure>
## 2. Ley y orden

En un contexto marcado por la profundización de las desigualdades sociales y económicas, la Policía se ha convertido progresivamente en la solución mágica de los gobernantes occidentales tanto para tratar de imponer una nueva disciplina a las fracciones poblacionales más reticentes con el nuevo orden social neoliberal, como para atajar los pequeños desórdenes sociales que estas últimas producen. Esta solución pasa por políticas de ley y orden (Law and Order) que van a reformular la cuestión social como cuestión de seguridad, así como a reforzar la represión penal y administrativa de ciertos comportamientos en el espacio público, como, por ejemplo, el consumo de alcohol y drogas, la venta ambulante o el trabajo sexual.

El disciplinamiento de las calles y sus habitantes mediante la represión penal y administrativa no supone, ni mucho menos, una novedad de la gestión neoliberal de las ciudades. Sin embargo, el énfasis en este tipo de soluciones como alternativa a su tolerancia en unos casos, o en detritmento de medidas sociales en otros, sumado a la intensificación de su uso y a la tecnificación de su implementación, nos ha ido situando en Metropolice.

### La ley y el orden como política

Las políticas de Law and Order arrancan en la década de 1970, convirtiéndose en un formidable acelerador de la persecución penal de pobres y marginales. «La guerra contra
la droga», lanzada en 1971 por el presidente de Estados Unidos Richard Nixon y continuada durante décadas, disparará, en consecuencia, las penas de cárcel de los consumidores de estupefacientes y, en particular, de los más vulnerables al control policial, los consumidores callejeros. En 1975, uno de cada cuatro presos federales estaba encarcelado por infracción de la legislación de estupefacientes, un porcentaje que se siguió incrementando durante tres décadas.<fnref n="1" /> En Europa cabe observar dinámicas similares, aunque estas hayan cambiado a producirse más tarde —a partir, sobre todo, de los primeros años de la década de 1990— y las penas de cárcel hayan sido un recurso menos frecuente para los casos de consumo. En Noruega, por ejemplo, el porcentaje de condenas por drogas pasó del 14 al 32% entre 1979 y 1997.<fnref n="2" /> En Francia, la tasa de individuos incriminados por cada 100.000 habitantes ascendió de 6 a 324 entre 1974 y 2014, esto es, se multiplicó por 54.

Con variaciones cronológicas y de tono, la seguridad se ha politizado desde finales del siglo XX en la mayor parte de los países europeos, donde gobiernos de inspiración y tendencias muy diversas han convertido estas cuestiones en caballos de batalla electoral. La elección de Margaret Thatcher en la Gran Bretaña de 1979 se asentó en un programa *Law and Order* que apostaba, fundamentalmente, por más policías, más leyes penales y más prisiones. Veinte años después, el Nuevo Laborismo mantuvo esa misma línea, haciendo del *Tough on crime and Tough on the causes of crime* [Duros con el crimen, duros con sus causas] su caballo de batalla en la campaña. Este lema fue también ampliamente recogido en la campaña de Gerhard Schröder como candidato del SPD en las elecciones a la cancillería de 1998, aunque más tarde tuvo que regular ligeramente debido a las reticencias tanto de su propio partido como de sus aliados del Partido de los Verdes. En Francia, el primer ministro socialista Lionel Jospin, elegido en 1997, proclamaba por su parte que «la primera de las libertades es la seguridad», abriendo un camino al que se sumarían con constancia e insistencia sus adversarios conservadores (Nicolas Sarkozy en especial) cuando llegaron al poder a partir del 2002. En España, un PSOE fuertemente influido por

<footnote n="1">¹ Loïc Wacquant, *Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social*, Barcelona, Gedisa, 2010.</footnote>

<footnote n="2">2 Nils Christie, *La industria del control del delito*, Buenos Aires, Olejnik, 2000.</footnote>
el giro discursivo de la socialdemocracia europea, trató de disputarle el voto a Aznar en los primeros años del siglo reclamando seguridad ciudadana, algo que el Partido Popular aprendió a rentabilizar poniendo el foco sobre el nexo entre delincuencia e inmigración.<fnref n="3" />

Este interés político por la cuestión de la seguridad se tradojo en una multiplicación de leyes de represión de la pequeña delincuencia, así como en un incremento de la intervención policial en materia de seguridad urbana. Por ejemplo, en Francia la ley de *seguridad interna* del 18 de marzo de 2003 criminalizó «el impedimento a la libre circulación en los espacios comunes de los edificios», la «captación pasiva de clientes» en materia de prostitución, la «mendicidad agresiva» y el «fraude habitual» en los transportes públicos. En Gran Bretaña, Nick Clegg, en su momento viceprimer ministro liberal-demócrata, se alarmaba por las «miles de infracciones» nuevas que habían sido inscritas en el código penal por sus predecesores laboristas. También en España se incrementaron los procesos de criminalización en el periodo del cambio de siglo, con la particularidad de centrarse de forma casi exclusiva en el control y la represión de los grupos migrantes.

Bajo estas políticas subyacen a menudo representaciones de los grupos perseguidos realizadas desde la perspectiva de una alteridad irreductible. Como subraya David Garland, «el delincuente es el “otro, ese extranjero”, alguien que pertenece a un grupo social y racial diferente, cuyas actitudes y cultura (cuyos genes, incluso) apenas se parecen a los nuestros».<fnref n="4" /> Toxicómanos callejeros, hombres y mujeres dedicados a la prostitución, parías urbanos, pandillas de jóvenes de las clases populares, jóvenes madres solteras, gitanos y migrantes pagan el precio de una *demagogia punitiva* cuyos efectos son, a la vez, reales y simbólicos. Reales cuando la legislación se aplica o cuando el consumo de sustancias se trata como un problema de orden público, no de salud pública. Simbólicos cuando solo se trata de discursos, de globos sonda que no serán seguidos de medidas concretas (por ejemplo, cuando

<footnote n="3">³ Lohitzune Zuloaga, *El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política*, Madrid, Catarata, 2014.</footnote>

<footnote n="4">⁴ David Garland, «Les contradictions de la “société punitive”. Le cas britannique», *Actes de la recherche en sciences sociales*, núm. 124, 1998, p. 64.</footnote>
no se promulgan los decretos de aplicación de leyes votadas por vía de urgencia).<fnref n="5" />

## El orden en la calle

Sin embargo, esta «demagogia punitiva» que se observa a escala estatal en determinados países no agota la cuestión de la criminalización de la pobreza, que pasa así mismo por iniciativas locales en materia de seguridad. Estas iniciativas pueden sintonizar con el clima político general de *Law and Order*, pero no necesariamente. Muchas de ellas se presentan explícitamente como alternativas a la represión policial y penal, como un llamamiento al refuerzo moral de la «comunidad». La lucha contra el crimen pasaría así por la prevención de desórdenes menores, una filosofía popularizada por James Q. Wilson y George L. Kelling como la «teoría de las ventas rotas» (*Broken-Windows Theory*).<fnref n="6" /> Publicado en una revista de divulgación, este breve ensayo alcanzó un éxito político enorme, pese a carecer de fundamentos empíricos.<fnref n="7" /> Hasta tal punto, de hecho, que James Q. Wilson tuvo que reconocer posteriormente que «la gente no comprendió que se trataba de una especulación [...] A día de hoy aún desconozco si mejorar el orden reduce o no la criminalidad».<fnref n="8" />

El estudio en serie de políticas locales de seguridad tal y como se han desarrollado en Europa desde mediados de la década de 1980, revela la existencia de una gran convergencia en un mismo objetivo, la resolución de las tensiones existentes entre los diferentes grupos locales presentes en un mismo

<footnote n="5">⁵ Sobre la política como terreno de lo simbólico, léase, en especial, las obras clásicas de Murray Edelman, *The Symbolic uses of Politics*, Urbana (IL), University of Illinois Press, 1985, y de Georges Balandier, *El poder en escenas: de la representación del poder, al poder de la representación*, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 1994.</footnote>

<footnote n="6">⁶ James Q. Wilson y George L. Kelling, «Broken Windows: The Police and Neighbourhood Safety», *The Atlantic Monthly*, marzo de 1982, pp. 29-38.</footnote>

<footnote n="7">⁷ Para una refutación, léase Bernard Harcourt, *Illusion of Order*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2001.</footnote>

<footnote n="8">⁸ Dan Hurley, «On Crime As Science (A Neighbor At a Time)», *New York Times*, 06/01/2004.</footnote>
territorio.<fnref n="9" /> Así, pues, tanto los contratos locales de seguridad franceses como los consejos comunales de prevención alemanes, los protocolos de seguridad italianos, los consejos municipales de seguridad portugueses o los contratos de seguridad y prevención belgas ponen el acento en el control y reducción de los comportamientos calificados como «molestos» en el espacio público, independientemente de que sean delictivos o no. «Pequeños desórdenes», «actitudes incívicas», «comportamientos antisociales» (*antisocial behaviours*) aparecen como las principales preocupaciones de unos dispositivos locales donde ciertos grupos sociales han sabido poner en valor su propia visión del mundo y su moralidad. Como explica Harmut Aden respecto a Alemania, los «consejos comunales de prevención son estructuras corporativas donde en general participan las asociaciones locales, a menudo las deportivas y algunas veces las iglesias. Los comerciantes locales son otro grupo representado en la mayoría de los consejos, un grupo que suele tratar de orientar sus actividades hacia el mantenimiento del orden en un sentido conservador, con medidas contra la mendicidad, el robo de productos expuestos en los escaparates o los grafitis».<fnref n="10" /> En Francia, los contratos locales de seguridad sirven para que unos y otros tengan la oportunidad de intentar socializar sus problemas, procurando que sus «aliados» los hagan suyos. De esta forma, los arrendadores de viviendas sociales ponen el acento tanto en los desperfectos como en las molestias producidas por el ocio y la ocupación de los espacios comunes, pues estos aumentan considerablemente los costes de gestión del patrimonio a la vez que dificultan el alquiler de los pisos. A los empleados del transporte público les preocupan los daños, hurtos y violencias que tienen lugar en las redes de transporte, independientemente de que los afectados sean ellos mismos o los usuarios. A los representantes de la educación pública también les inquieta la violencia, tanto dentro como fuera de los centros escolares. Por último, lo que desvela a las admi-

<footnote n="9">⁹ Lease, sobre todo, el número especial de *Déviance et Société*, 2001, vol. 25, núm. 4 y, para Italia, Francesco Carrer, «Insécurité urbaine et politiques d'interventions: la réalité italienne», *Déviance et Société*, núm. 28: 4, 2004, pp. 463-485 y Massimo Bricocoli y Paola Savoldi, *Villes en observation. Politiques locales de sécurité urbaine en Italie*, París, colección «Recherches» del PUCA, 2008.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ Harmut Aden, «L'État protecteur, mobilisation de nouveaux acteurs et repli sécuritaire. Les politiques de sécurité et de prévention en Allemagne dans les années 1990», *Déviance et société*, núm. 25: 4, 2001, p. 468.</footnote>
nistraciones municipales son los deterioros materiales (en los equipamientos municipales y en las calles, en especial en las comerciales), los ruidos (en las zonas de bares, sobre todo), así como la presencia ociosa en el espacio público de jóvenes, personas marginales o incluso personas sin hogar. Algunos también atribuyen una importancia particular a la prostitución, a la que se responsabiliza de degradar la imagen de los centros urbanos. Estas distintas instituciones no se preocupan, por lo tanto, por las mismas cuestiones, ni tampoco coinciden en atribuir el mismo grado de importancia a los diferentes problemas. En consecuencia, los acuerdos solo pueden llevarse finalmente a cabo sobre la base de categorías como «la violencia» o «las actitudes incívicas», que son lo suficientemente vagas como para poder englobar todas las preocupaciones.<fnref n="11" /> Ausentes de estas estructuras, los grupos definidos como «problemáticos» son también los grandes perdedores de las disposiciones adoptadas, hasta el punto que Adam Crawford se pregunta, refiriéndose a Reino Unido, «en qué medida la seguridad local es un *bien público* en vez de un club dedicado a satisfacer los intereses de sus miembros».<fnref n="12" />

## A golpe de sanción

Al igual que en Francia o Reino Unido, en España buena parte de los procesos de criminalización de determinados colectivos asociados a ciertas conductas se realizaron por vía administrativa, más que penal. El común denominador de estos procedimientos es la ampliación del poder policial en materia de seguridad urbana. A través de sucesivas reformas, los cuerpos policiales o bien extienden su poder de actuación a ámbitos de lo social donde su papel era antes limitado, o bien obtienen cobertura legal para hacer formalmente lo que antes hacían de manera más o menos informal. Los motivos que sirven de motor a esta ampliación son el orden público y la seguridad ciudadana, la convivencia y la extranjería. Aunque parezcan materias lejanas y desconectadas

<footnote n="11">11 Laurent Bonelli, *La France a peur. Une histoire sociale de l'insécurité*, París, La Découverte, 2010, pp. 302-303.</footnote>

<footnote n="12">12 Adam Crawford, «Les politiques de sécurité locale et de prévention de la délinquance en Angleterre et au pays de Galles: nouvelles stratégies et nouveaux développements», *Déviance et société*, núm. 25: 4, 2001, p. 450.</footnote>
das, por vía del vínculo policial, es sorprendentemente fácil trazar un *continuum* entre las políticas de «convivencia o civismo» y, por ejemplo, las de lucha contra el terrorismo, o la normativa de mantenimiento del orden público durante el franquismo. Es fácil, también, trazar el desarrollo de lo policial desde la primera Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (en adelante LOSC) de 1992 a la que se aprobó en 2015, junto con la serie de reformas del Código Penal, el paquete de leyes que se vino a denominar como ley mordaza.

Aunque regulaba un variado abanico de actividades (desde la fabricación de explosivos al exceso de aforo en locales de ocio o la convocatoria de manifestaciones) la LOSC de 1992 suele ser recordada por tres motivos. En primer lugar, dio cobertura legal a las identificaciones, un instrumento que hoy sigue siendo absolutamente central en la actividad policial. En segundo lugar, convirtió la posesión de drogas en una infracción administrativa, consagrándose como una materia fundamental del control policial y administrativo. En tercer lugar, fue parcialmente declarada inconstitucional, precisamente porque habilitaba a la Policía a la entrada y registro en domicilios en asuntos de drogas (lo que le mereció el famoso apelativo de «ley de la patada en la puerta»). Menos a menudo recordamos cosas como que fue la LOSC de 1992 la que derogó la Ley de Orden Público franquista de 1959 o el Real Decreto-ley 3/1979 sobre protección de la seguridad ciudadana (que, pese al equívoco nombre, fue una pieza central de la legislación antiterrorista de los años 80). La LOSC fue, sobre todo, un instrumento de consagración legal de facultades policiales de mantenimiento del orden. Seguridad ciudadana era, básicamente, todo aquello sobre lo que podía intervenir la policía.

Esa configuración, que en 1992 iba vinculada al momento político de la España de las Olimpiadas de Barcelona, la Expo 92 y la crisis económica de los primeros años 90, se altera a partir de los 2000. Primero, la nueva Ley de Extranjería (2000) determina, hasta hoy, el marco general del control administrativo y policial de los migrantes. Muy poco después se produce, además, el redescubrimiento del instrumento de moda para habilitar la intervención policial en los ámbitos más diversos de lo urbano: las ordenanzas municipales. El reconocimiento legal de la potestad sancionadora a los ayuntamientos en el 2003 abrió la veda a una especie
de «municipalismo policial»,<fnref n="13" /> que tiene uno de sus hitos en la Ordenanza de Convivencia de Barcelona de 2005, ampliamente reproducida después en otras muchas ciudades.

Las nuevas ordenanzas recogieron catálogos amplios de infracciones que afectan a los aspectos más diversos de la vida urbana, y que en general suponen una ampliación general de la discreción policial a nivel municipal.<fnref n="14" /> El «civismo y la convivencia» se convirtieron así en la versión municipal de la «seguridad ciudadana», que a su vez era una especie de versión desmilitarizada del «orden público». En unos pocos años, apenas quedaba ya capital de provincia sin su correspondiente ordenanza de civismo, o similar.<fnref n="15" />

Dos décadas de entusiasmo sancionador concentrado en jóvenes, migrantes, excluidos sociales y manifestantes han pasado cierta factura al discurso del civismo, y hoy se utiliza ese lenguaje con mayor pudor. En los últimos años se busca dar a las ordenanzas una apariencia de orientación a lo educativo, al menos en las grandes ciudades. Todavía son muchas, sin embargo, las ordenanzas que hacen desenfadada gala de su vínculo con lo policial y lo securitario en su sentido más amplio, con títulos como «Ordenanza municipal de protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales», «Ordenanza de convivencia ciudadana y prevención de actos vandálicos», etc. Valga como ejemplo el modelo de ordenanza

<footnote n="13">13 Manuel Maroto Calatayud, «Ciudades de excepción: seguridad ciudadana y civismo como instrumento de kurorrepresión de la protesta», en Pedro Oliver Olmo (ed.) *Kurorrepresión: sanción administrativa y control social*, Bomarzo, Albacete, 2013.</footnote>

<footnote n="14">14 Nicolás Alejandro Guillén Navarro, «El régimen jurídico de la convivencia y la protección del espacio público», *Revista Aragonesa de Administración Pública*, núm. 51, 2018, pp. 67-68.</footnote>

<footnote n="15">15 Madrid no llegó a aprobar una ordenanza de civismo, si bien en 2013, bajo la alcaldía de Ana Botella, se desarrolló un borrador («Proyecto de ordenanza de convivencia ciudadana en el espacio público, octubre de 2013»). Como se advertía en la propia exposición de motivos, la ordenanza solo venía a unificar y actualizar multitud de disposiciones que ya existían, aunque planteaba nuevas medidas de corte restrictivo en relación con todo tipo de comportamientos. El hecho de que no saliera adelante y de que, sin embargo, la gestión del espacio público por parte de la Policía Municipal fuera similar a la de ciudades que sí habían sacado adelante su ordenanza, da cuenta del carácter simbólico de esta herramienta jurídica. Y es que las conductas sancionadas en las ordenanzas únicamente amplían el campo de posibilidades de persecución sobre los mismos colectivos sobre los cuales las Polícias locales ya tienen puesto el foco.</footnote>
za tipo que la Federación Española de Municipios y Provincias elaboró en 2017, y que, en la extraña prosa de su exposición de motivos, identifica como «órdenes que conforman la transgresión de normas» los siguientes: «juventud, extranjería, internet, violencia doméstica, menores, sexualidad, patrimonio, convivencia ciudadana, inmigración...».

Las medidas más drásticas en este terreno, sin embargo, se han dado en Gran Bretaña. En efecto, la creación de las *Anti Social Behaviour Order* (ASBO) en la *Crime and Disorder Act* de 1998 (y su extensión en la *Police Reform Act* de 2002 y en la *Anti-social Behaviour Act* de 2003) permitió la criminalización de los individuos que actúen «de tal forma que causen o tengan la intención de causar acoso, alarma o aflicción a una o varias personas con las que no convivan».<fnref n="16" /> Las ASBO permitieron reprimir comportamientos no criminales pero «molestos» para el vecindario, como el consumo de alcohol en la calle, el vabgabundeo, la ocupación del espacio público, el uso indebido de los transportes públicos, etc. Tales comportamientos podían ser denunciados por las autoridades locales, la policía, los empleados del transporte público y los arrendatarios de viviendas sociales. Los tribunales se pronunciaban entonces sobre el carácter anti-social de los actos del individuo en cuestión y la infracción a este tipo de ordenanza podía acabar implicando consecuencias penales e, incluso, desembocar en penas de privación de libertad de hasta cinco años para los adultos y dos años en el caso de los menores. Según el Ministerio de Justicia británico, entre el primero de abril de 1999 y el 31 de diciembre de 2008 se impusieron 17 mil ASBO, con condenas, en general, de dos a tres años. Más de la mitad de ellas se incumplieron al menos una vez. La mitad de los infractores cumplieron penas de cárcel (de 5,2 meses de media), mientras que el resto tuvieron que asumir multas o realizar trabajos comunitarios.<fnref n="17" /> Tras un cierto declive, las ASBO se derogaron en Inglaterra y Gales en 2014, pero subsisten en Escocia.<fnref n="18" />

<footnote n="16">¹⁶ Texto original en inglés: «[...] in a manner that caused or was likely to cause harassment, alarm or distress to one or more persons not of the same household as himself».</footnote>

<footnote n="17">¹⁷ Ministerio de Justicia, *Statistical Notice: Anti-Social Behaviour Order (ASBO) Statistics England and Wales 2008*, 28 de julio de 2010.</footnote>

<footnote n="18">¹⁸ En Inglaterra y Gales han sido sustituidas por las *Civil injunction, Community Protection Notice (CPN)* y por las *Criminal Behaviour Order (CBO)*.</footnote>
Estas medidas se completan en las distintas geografías del «civismo» con múltiples disposiciones administrativas cuya legalidad es algunas veces cuestionable, como los arrestos antimendicidad en Francia o los toques de queda para menores o bandas, que permiten multar a los infractores. La Ordenanza de Convivencia de Barcelona, por ejemplo, incluye entre sus objetivos «evitar todas las conductas susceptibles de perturbar la vida en común y reducir los comportamientos incívicos que puedan darse en el espacio público».<sup>19</sup> La ordenanza se aplica tanto al conjunto del espacio público de la ciudad (calles, plazas, parques, playas, etc.), como a los transportes públicos y a las administraciones o empresas con funciones de servicio público. Y aunque no prevé consecuencias penales asociadas a ciertas acciones, sí introduce un tratamiento policial y sancionador de una serie de conductas de distinta naturaleza, y con un impacto muy dispar sobre el espacio público y las relaciones de convivencia, como los grafitis y las pintadas; el trile; la mendicidad con menores o personas discapacitadas y la mendicidad «agresiva»; la limpieza de parabrisas en los semáforos; la venta ambulante; la prostitución de calle; el uso de los bancos públicos para dormir; las «necesidades fisiológicas» (orinar, escupir o defecar en la calle); el consumo de alcohol cuando perturbe la tranquillidad o se haga en vasos de vidrio o de metal; el nudismo; así como los «juegos acrobáticos» con patines, monopatines o bicicletas. Las multas pueden suponer de 3 a 30 mil euros, según la gravedad de la infracción. Tras cinco años de aplicación, la venta ambulante (tanto de bebidas frías como de copias de CD, DVD, bolsos, gafas de sol, cinturones, etc.) se había convertido ya en el blanco de la represión y justificado 213 mil intervenciones de la Policía local, con una incautación de alrededor de 700 mil objetos.<sup>20</sup> Tras diez años, quedaba constatada esa tendencia: con una media de más de 100 mil denuncias al año, la venta ambulante había sido, con diferencia, el principal motivo de aplicación de la ordenanza (50%) seguido del consumo de bebidas alcohólicas (24%) y las necesidades fisiológicas (7%).<sup>21</sup>

<footnote n="19"><sup>19</sup> «Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona», enero de 2006, Exposición de motivos.</footnote>

<footnote n="20"><sup>20</sup> «La ordenanza cívica cumple 5 años con récord de denuncias», *El Periódico*, 22/01/2011.</footnote>

<footnote n="21"><sup>21</sup> Cristina Fernández Bessa y Andrés Di Masso Tarditti, «Diez años de civismo "a golpe de ordenanza": estudio sobre la aplicación de la</footnote>
En España, las reformas de 2015, tanto de la LOSC como del Código Penal, no vinieron sino a ampliar más aún la cobertura legal de la discrecionalidad policial, aprovechando el repliegue del ciclo de contestación política del 15M. También trasladaron parte de las infracciones del Código Penal (las desaparecidas faltas) al más práctico y ejecutivo (nunca mejor dicho) ámbito administrativo sancionador, donde el actor determinante es la Policía y no los jueces. La LOSC supuso incluir en una ley de alcance estatal muchas de las conductas que hasta el momento estaban sancionadas a nivel municipal, por las ordenanzas de convivencia de muchos ayuntamientos. Un último ejemplo reciente en esa progresiva ampliación de la discreción policial lo tenemos en la gestión de la pandemia en España, y el peculiar (y dudosamente legal) giro interpretativo que el Ministerio de Interior dio a la infracción administrativa de desobediencia de la LOSC, para poder dar cobertura legal a la masiva actividad sancionadora que la Policía ya había puesto en marcha de facto durante los primeros meses de confinamiento.<fnref n="22" />

## La producción del orden urbano

Pero junto a la dimensión normativa, que ha reforzado el rol de las policías estatales, autonómicas y, sobre todo, municipales en la gestión de la inseguridad, independientemente del control del delito, una de las contribuciones en la gestión del orden en la calle de las «ordenanzas de civismo» ha sido su dimensión simbólica. Mediante la legitimidad que aporta la prohibición de una

<footnote>ordenanza de convivencia en el espacio público de Barcelona», *Barcelona Societat, Revista de investigación y análisis social*, núm. 22, 2018.</footnote>

<footnote n="22">²² En pocas palabras, el Ministerio decidió formalizar a través de una circular lo que ya estaba ocurriendo en las calles: que por infracción de desobediencia se entendiera no el incumplimiento de una orden directa de un agente (como se había entendido siempre hasta entonces) sino la mera constatación policial de que se incumplía alguna de las normas del confinamiento: bastaba con desobedecer cualquier obligación recogida en la normativa del estado de alarma para que la Policía tuviera cobertura para sancionar por desobediencia. Se adelanta así, literalmente, la capacidad sancionadora policial, y se habilita a sancionar sin un marco de infracciones específico previamente tipificado. Sobre la actividad sancionadora en el primer mes de pandemia, ver José María López Riba, «La gestión policial de la crisis sanitaria», *Ctxt.es*, 1/4/2020.</footnote>
conducta en una norma jurídica, las ordenanzas de convivencia han reforzado la estigmatización y el rechazo de determinados individuos etiquetados como incívicos. Prostitutas, vendedores ambulantes, mendigos, limpiadores de parabrisas o malabaristas de los semáforos, músicos de calle, sin techo, etc. ya no son (solo) excluidos por ser pobres, son excluidos por incívicos y por ello, además, son merecedores de una sanción, la multa (independientemente, de que puedan o no pagarla).

La inclusión de este tipo de conductas o, mejor dicho, de estas formas de supervivencia, en las normas administrativas sancionadoras para gestionar el espacio público otorga a los cuerpos policiales una habilitación legal que les permite intervenir, para denunciar una infracción, ante quejas vecinales motivadas en la presencia de individuos «molestos». Al mismo tiempo, la inclusión de este tipo de conductas en el «catálogo de incívicos» ha permitido identificar los conflictos de diversidad y de desigualdad como actos incívicos, contrarios a la convivencia, así como crear una opinión pública negativa contra identidades previamente estigmatizadas. Estas normas permiten también canalizar los prejuicios racistas de la ciudadanía y los comportamientos sancionados por las ordenanzas acaban sirviendo como coartada para la discriminación («los de fuera son incívicos», «los latinos son ruidosos», «los manteros venden productos ilegales»). De este modo, cuando «los incívicos» son personas racializadas, la estigmatización y criminalización se refuerzan. Además, el hecho de que sea la propia Policía la que actúa ante actos incívicos o infracciones administrativas, incrementa la criminalización de ciertos colectivos (frecuentemente, de los jóvenes y adolescentes no blancos), ya que crea confusión entre «incívicos» y «criminales», que a ojos de terceros son aquellos que (siempre) tienen problemas con la policía, ya sea por dedicarse a la venta ambulante, por estar jugando a cricket o a ecuavoley, o simplemente por el mero hecho de estar en la calle.

De este modo, las ordenanzas municipales, independientemente de las sanciones que se impongan con base en ellas, constituyen un dispositivo de regulación de la vida en el espacio público de acuerdo con el estándar normativo del «ciudadano cívico». Bajo este estándar normativo, asentado en unos valores aparentemente comunes o compartidos por los «buenos ciudadanos», una especie de sentido común ciu-
dadano que debe regir la buena convivencia por el que se es-
tablece aquello permitido o prohibido, correcto o incorrecto,
admisible o inadmisible, propio o impropio, legítimo o ilegí-
timo en el espacio público. Sin embargo, esta regulación del
espacio público no es nunca neutral, ni responde al sentido
común, ni a los valores compartidos. La normativa incluye
algunas identidades y excluye a otras, ya que prohíbe con-
ductas que constituyen formas no-normativas de estar en el
espacio público que llevan a cabo determinados colectivos y
no otros (por ejemplo, se puede consumir alcohol en la calle
cuando se hace sentado en la terraza de un bar, pero no se
puede si se hace en un banco).<fnref n="23" /> Se trata de una política sim-
bólica de definición de usos del espacio de acuerdo con las
estratificaciones sociales, raciales, de género y económicas,
que favorecen a quienes detentan privilegios y relegan, ahora
sancionándolos por infringir normas de convivencia, a quie-
nes se encuentran en una posición subalterna.-

Ni las ASBO británicas ni las diferentes ordenanzas o de-
cretos municipales evocados anteriormente pueden disociar-
se de una concepción de la ciudad que traduce, de forma par-
ticularmente clara, el discurso del «renacimiento urbano».<fnref n="24" />
En el marco de la competencia internacional entre ciudades,
se trata de impulsar la «reconquista» de los centros urbanos
por parte de las clases altas mientras se elimina la concentra-
ción de pobreza que pueda subsistir en ellos. El «attractivo»
de las ciudades pasa, efectivamente, por la constitución de un
marco de vida adecuado a las aspiraciones de estos grupos y
relativamente «seguro» en materia de riesgos delictivos. ¿O
acaso puede ser casual que las políticas impulsadas en Nueva
York durante la década de 1990 e impropiamente denomi-
nadas de tolerancia cero, se llamen, en realidad, «Quality of
Life Policing»? Los datos sobre la aplicación de la mencionada
Ordenanza de Barcelona son ilustrativos de esta estrategia.
Entre 2007 y 2016, más del 50% de las denuncias fueron im-

<footnote n="23">23 Cristina Fernández Bessa y Andrés Di Masso Tarditti, «Diez años de civismo “a golpe de ordenanza”: estudio sobre la aplicación de la ordenanza de convivencia en el espacio público de Barcelona», *Barcelona Societat, Revista de investigación y análisis social*, 22, 2018.</footnote>

<footnote n="24">24 Claire Colomb, «Le new labour et le discours de la “Renaissance urbaine” au Royaume-Uni. Vers une revitalisation durable ou une gentrification accélérée des centres», *Sociétés Contemporaines*, núm. 63, 2006, pp. 15-37.</footnote>
puestas en el distrito de Ciutat Vella (donde se encuentra el centro de la ciudad y la mayoría de espacios de interés económico y turístico), mientras que en los distritos más periféricos apenas llegaron al 3%.<fnref n="25" /> Todo ello refleja un verdadero conflicto social por el espacio, que se despliega esencialmente en los centros urbanos y en nudos de transporte como las estaciones. Un conflicto cuyos actores están desigualmente dotados para hacer valer sus puntos de vista. Si bien es cierto que algunas políticas locales de seguridad incluyen medidas sociales de protección de las poblaciones marginales, también lo es que operan una separación espacial entre «deseables» e «indeseables». Las personas percibidas como amenaza o sin capacidad de consumo se ven así desplazadas hacia las periferias más relegadas.<fnref n="26" /> Y las diversas medidas administrativas mencionadas más arriba constituyen herramientas de gran utilidad para constreñir a quienes rechisten. Es decir, las ordenanzas de convivencia se acaban utilizando más para desplazar de los centros urbanos a aquellas personas que generan molestias que para resolver los conflictos de convivencia entre vecinos.

Estas actuaciones normativas son usadas junto con diferentes formas de acondicionamiento del espacio —conocidas como prevención situacional o prevención del delito por medio del diseño ambiental— que apuntan a expulsar a las «poblaciones no deseadas» de esos lugares prohibidos para ellas. Los bancos públicos se diseñan para que no se instalen en ellos las personas sin techo; los códigos de acceso de ciertos edificios se emplean para impedir que los jóvenes se junten en los portales, etc. La *arquitecturización* de la segregación, junto con las políticas de acoso policial, así como de sanción administrativa y penal de los «comportamientos incívicos», constituyen modos de reactualización de las lógicas represivas sobre los cuerpos no deseados en el espacio público, que tienen como efecto su disciplinamiento y normalización. Pero no se nos puede escapar que todas estas tecnologías represi-

<footnote n="25">²⁵ Cristina Fernández Bessa y Andrés Di Masso Tarditti, «Diez años de civismo «a golpe de ordenanza»: estudio sobre la aplicación de la ordenanza de convivencia en el espacio público de Barcelona», *op.cit*.</footnote>

<footnote n="26">²⁶ Davina Cooper, «Regard between strangers: diversity, equality and the reconstruction of public space», *Critical Social Policy*, núm. 18: 4, 1998, pp. 465-492.</footnote>
vas son a la vez preventivas, un modo policial de gestión de
la desigualdad que trabaja sobre el ecosistema para que los
sujetos tomen sus propias decisiones «libremente» sobre la
conveniencia, o no, de permanecer y de hacer determinadas
cosas en la calle antes de que tengan que sufrir una sanción.
Es a esa lógica preventiva, complementaria de la represiva
pero a la vez enfatizada en las reformas policiales de los úl-
timos tiempos en *Metropolice*, a la que vamos a prestar aten-
ción en el siguiente capítulo.
<figure><img src="image_9.png" /></figure>
### 3. El giro preventivo

Por más que el sostenimiento de la ley y el orden impriman a la Policía un halo de conservadurismo, el mundo policial ha sabido actualizarse en los últimos tiempos para adecuarse a los nuevos contextos. Buena parte de las innovaciones ligadas a las reformas policiales prometen superar los excesos policiales propios de un enfoque represivo —lesionando en menor medida las libertades, «abriendo» la gestión securitaria a la participación de nuevos actores, etc.—, al mismo tiempo que mejoran la eficiencia —análisis de costos y beneficios—. La prevención se convierte en una palabra mágica en los discursos modernizadores de la Policía, que aspira al máximo dominio de lo social, tanto en el orden temporal —análisis del pasado para predecir el futuro— como espacial —trabajando desde la lejanía y desde la proximidad—.

#### El giro preventivo: transformando la función de la Policía en el gobierno de lo social

Los procesos que mapeamos en este libro no habrían sido posibles sin un cambio fundamental en la comprensión de las tareas policiales que se inicia en las últimas décadas del siglo xx. Se trata de lo que podríamos llamar el «giro preventivo» o la perspectiva «pre-delictiva» (pre-crime).<fnref n="1" /> Resulta

<footnote n="1">¹ Lucía Zedner, «Pre-crime and post-criminology?», *Theoretical Criminology*, núm. 11: 2, 2007, pp. 261-281.</footnote>
evidente que la función policial como tarea básica del poder estatal, incluso antes de que existiese la Policía como institución, siempre ha tenido una cierta vocación proactiva, orientada a acumular información sobre peligros potenciales para el orden social y político.<fnref n="2" /> Sin embargo, en la modernidad la institución policial se va consolidando como instrumento de coerción de carácter en gran medida reactivo, que se emplea por parte de los diversos poderes públicos para dar respuesta a situaciones de desorden, subversión o criminalidad.

Ese modelo policial, que aúna rasgos propios del liberalismo ilustrado con aspectos netamente conservadores, va deslizándose en las últimas décadas del siglo pasado hacia un esquema más consonante con las formas neoliberales de gobierno de lo social. Los factores que han intervenido en ese giro preventivo son de diverso género. En primer lugar, no puede perderse de vista el contexto histórico de referencia. En la segunda mitad del siglo xx, la criminalidad registrada crece exponencialmente en los diversos países del norte global, incluidos los Estados de Europa occidental,<fnref n="3" /> lo cual supone que la delincuencia comience a afectar a sectores sociales hasta entonces resguardados de la violencia urbana.<fnref n="4" />

La transformación de la criminalidad en una realidad cotidiana en los países ricos abonó la convicción de que la mirada reactiva al delito, tan propia de la textura jurídica del sistema de justicia penal, era muy insuficiente para dar respuesta a los nuevos conflictos y a las nuevas demandas en materia de seguridad. No en vano, por entonces comienza a constatarse que el porcentaje de delitos gestionados con éxito por el sistema judicial es —en muchos casos— ínfimo.<fnref n="5" /> El carácter acuciante del problema hace que los poderes políticos tengan que renunciar a dejar la seguridad en manos exclusivamente jurisdiccionales. Frente a ello, la necesidad de que las administraciones tengan sus propias agendas en materia de seguridad y movilicen sus propios recursos va ganando preeminencia en la segunda mitad del siglo pasado.

<footnote n="2">² Giuseppe Campesi, *Genealogia della pubblica sicurezza*, Verona, Ombre Corte, 2009.</footnote>

<footnote n="3">³ Hans Boutellier, *The Safety Utopia: Contemporary Discontent and Desire as to Crime and Punishment*, Dordrecht, Kluwer, 2005.</footnote>

<footnote n="4">⁴ David Garland, *La cultura del control*, Barcelona, Gedisa, 2005.</footnote>

<footnote n="5">⁵ Robert Reiner, *Law and Order. An Honest Citizen's Guide to Crime and Control*, Cambridge, Polity, 2007.</footnote>
En consecuencia, lo policial cobra mayor centralidad y mayor autonomía de los tribunales, y comienza a ensayar nuevas capacidades. En ese esquema influyen saberes innovadores que sustentarán una nueva narrativa de lo policial. La criminología se hace más pragmática y más útil a los poderes públicos que en el pasado, y pasa a desarrollar una perspectiva sobre las oportunidades de cometer delitos. Esa mirada epistémica relega las lecturas que incardinan la explicación de la criminalidad en el marco de las estratificaciones e injusticias sociales. En mayor medida aún, las criminologías de la oportunidad (teorías que no analizan el delito a partir de sus causas, sino de las circunstancias que facilitan la sedicente elección racional de delinquir), con su bagaje de prevención situacional y ambiental y de atención a las actividades rutinarias, marginan las racionalidades jurídicas, hechas de consideraciones de culpabilidad, proporcionalidad y justicia.

Sin perjuicio de esta transformación en los saberes, un considerante fundamental del giro preventivo en materia policial fue la revolución tecnológica y su aplicación a los campos de la seguridad y del gobierno del orden social. La innovación en las tecnologías algorítmicas, biométricas, computacionales, telemáticas y, sobre todo, el formidable avance en la estadística aplicada, han transformado por completo la tarea policial, hasta el punto de modificar su misión. Todo ello ha hecho factible y razonable la adopción de una perspectiva pre-crime en la actividad policial, orientada hacia el horizonte distópico sci-fi del Minority Report de Philip K. Dick (1956). La mejor evidencia del impacto de los cambios tecnológicos es la trascendencia que en los últimos años han tenido los programas de policía predictiva (PredPol, Palantir), su pariente menor, las aplicaciones (por ejemplo, AlertCops) y, en suma, la explotación del big data<fnref n="6" /> para la renovación de las utopías policiales en clave techie.

Sin lugar a dudas, este tipo de desarrollos técnicos han propulsado el giro preventivo en lo policial y continuarán enmarcándolo en el próximo futuro. Sin embargo, so pena de incurrir en un determinismo tecnológico, no puede perderse de vista que la orientación preventiva se ha visto impulsada,

<footnote n="6">⁶ Andrew Guthrie Ferguson, *The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race, and the Future of Law Enforcement*, Nueva York, New York University Press, 2017.</footnote>
en tanta o mayor medida, por las relaciones sociales y las ra-
cionalidades políticas que modelan el campo policial. Desde
esta perspectiva puede verse con claridad que —como se su-
gería previamente— el giro preventivo es un cambio propia-
mente neoliberal, una creación particularmente consonante
con la gubernamentalidad del liberalismo avanzado.<fnref n="7" />

En este sentido, la racionalidad preventiva, al tiempo que refuerza la autonomía de la agencia policial respecto del res- to del sistema penal, incrementa la distancia del monopolio que el Estado mantiene en materia jurisdiccional —esto es, en los dispositivos reactivos del derecho y la justicia—. Con ello, se va abriendo paso una nueva concepción hegemónica de lo policial, claramente más maleable y proteica que la visión consolidada en los escasos dos siglos de monopolio estatal de la Policía pública.<fnref n="8" /> Esa concepción se desarrolla en el marco de un entendimiento de la seguridad que se distancia del mo- nopolio estatal.

El principal efecto de esa nueva visión policial, que es
plenamente coherente con la transformación de las funciones
del Estado promovida por el neoliberalismo, es la apertura
de la función de policía a la intervención de diversos acto-
res privados, con diferentes capacidades.<fnref n="9" /> El horizonte de ese
modelo parece extraído de la utopía noventera del «Estado
que timonea pero no rema»:<fnref n="10" /> una institución policial públi-
ca que solo se encarga de acumular y distribuir información
para mejorar las capacidades de autoprotección de los sujetos
privados.<fnref n="11" /> Obviamente, se trata de un modelo ideal que re-
sulta irrealizable, toda vez que la Policía es mucho más que
un proveedor de servicios de seguridad. Su papel ineludible
como instrumento de gobierno del orden social y de sustento

<footnote n="7">⁷ Nikolas Rose, *Powers of Freedom*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.</footnote>

<footnote n="8">⁸ Michael Kempa, «Public Policing, Private Security, Pacifying Popula-
tions», en Mark Neocleous M y George S. Rigakos (eds.), *Anti-Security*,
Ottawa, Red Quill Books, 2011, pp. 85-105.</footnote>

<footnote n="9">⁹ Lorraine Mazerolle y Janet Ransley, *Third Party Policing*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ David Osborne y Ted Gaebler, *La reinvención del gobierno: La influencia del espíritu empresarial*, Barcelona, Paidós, 1994.</footnote>

<footnote n="11">¹¹ Richard V. Ericson y Kevin D. Haggerty, *Policing the Risk Society*,
Toronto, University of Toronto Press, 1997.</footnote>
de específicas relaciones de poder no es susceptible de ter-
cerización. Con todo, resulta evidente que la garantía de la
seguridad y las propias tareas policiales han experimentado
en las últimas décadas un intenso proceso de privatización y
externalización. La integración de gestos y gadgets de preven-
ción situacional en las rutinas cotidianas de las personas o
el desarrollo de esquemas de vigilancia de vecindario son la
mejor expresión de esta mutación.

Una dimensión de ese proceso de transformación ha per-
mitido la mercantilización de la provisión de seguridad y de
las funciones policiales.<fnref n="12" /> En efecto, las nuevas concepciones
y demandas han construido un ámbito de negocio y gene-
ración de beneficio económico, concentrado ante todo en el
suministro de recursos humanos y tecnológicos en materia de
seguridad. Al tiempo, el expansivo sector mercantil ha con-
tribuido tanto con desarrollos técnicos, como con nociones y
propuestas propias, a la consolidación del modelo preventi-
vo. No en vano, a diferencia de la gramática jurídica propia
de las instituciones del Estado, los actores privados tienen
poco interés en centrar la seguridad en la reacción a desórde-
nes o delitos ya producidos y en la reafirmación de la justicia.

En síntesis, el giro preventivo surge como resultado de
diversas transformaciones que afectan al Estado y a la propia
institución policial. Hacia el final del siglo xx, la concepción
de la seguridad pública ante todo como seguridad del Estado
carece ya de sustento, incluso en los países de democratiza-
ción tardía. La visión de lo policial como servicio público es
coherente con las racionalidades políticas del momento. No
obstante, se trata de un servicio caracterizado por la carencia,
por la incapacidad permanente de proporcionar la seguridad
que pretende proveer. En parte por ello y en parte por verse
atravesada por las tecnologías políticas del liberalismo avan-
zado, la Policía de comienzos del siglo XXI construye su legiti-
midad en el terreno del partenariado público-privado, de los
avances técnicos, de las lógicas algorítmicas y, sobre todo, de
la capacidad de preve(n)ir riesgos y eventos lesivos.

Esa legitimidad, además, se gobierna cada vez más de
acuerdo con las técnicas del gerencialismo público. Las po-
licías de los países del norte global, con diferentes ritmos e

<footnote n="12">¹² Clifford Shearing y Jenifer Wood, *Pensar la seguridad*, Barcelona, Ge-
disa, 2011.</footnote>
intensidades, comienzan a ensayar el funcionamiento por objetivos, el uso de indicadores, la auditoría e, incluso, la comunicación política y la rendición de cuentas.<fnref n="13" /> Por mucho que lo policial siga representando, especialmente en momentos disruptivos, la protección del Estado y el despliegue descartado de la violencia institucional, hoy su legitimidad se centra cada vez más en unas capacidades preventivas canalizadas mediante los procedimientos y formas de organización propios de la nueva gestión pública.

## Geografías de la prevención policial

Unos policías de La Haya (Holanda) rapean en un vídeoclip a los jóvenes de los barrios marginales; un agente sale de su *koban* [estación de policía] para andar por las calles y escuchar los rumores sobre los problemas de una zona residencial de Tokyo (Japón); un fórum organizado en Lagos por el Centro de Formación e Información de Juristas de Nigemia promueve la policía comunitaria; un agente mediador se sienta con vecinos de un inmueble de Madrid (España) para tratar un conflicto por ruidos y desperfectos; unos agentes tutores de la policía de Los Ángeles (Estados Unidos) intervienen ante la indisciplina escolar de un alumno; un manual sobre control y prevención del delito a través del diseño de ambientes editado por el Gobierno del Territorio de la Capital Australiana se edita para los vecinos de Canberra; un Consejo Comunitario de Seguridad Ciudadana se celebra entre vecinos y policías en Río de Janeiro (Brasil); un policía entrevista a todas las familias del barrio de Taipéi (Taiwan) que caen bajo su responsabilidad para conocer sus vínculos y sus gastos; un programa, Vecino Vigilante, se implanta en la ciudad de Córdoba (Argentina); unos serenos caminan las noches de las calles de Gijón (España); unos agentes de policía de Pekín (China) estrenan unas gáfas de sol con reconocimiento de rostros en los ojos; un millón de cámaras de vídeo vigilan las calles de Londres (Reino Unido)... La prevención securitaria no tiene fronteras, se trata de una serie de tecnologías capaces de adaptarse a distintos contextos políticos y culturales. Los

<footnote n="13">¹³ José Ángel Brandariz, *El modelo gerencial-actuarial de penalidad. Eficiencia, riesgo y sistema penal*, Madrid, Dykinson, 2016.</footnote>
policías que las ponen en juego producen respuestas creativas aplicadas a su realidad que ensanchan el concepto de gestión policial y superan su vinculación con labores reactivas ante el crimen.

La prevención desborda el marco jurídico para centrarse en aspectos no regulados por el derecho (la convivencia, la inseguridad subjetiva, etc.). Precisamente, la proliferación del preventivismo tiene que ver con el declive del garante de ese derecho, el Estado nación, y la emergencia tanto del ámbito global como del local como espacios predominantes de la gestión política y securitaria. Del mismo modo que la eclosión del terrorismo internacional y la «lucha global contra el terror» lanzada a partir del 11-S y —sobre todo— a partir de 2015 han rebasado por completo las fronteras de las naciones soberanas, podemos apreciar una tendencia paralela hacia lo microsecuritario mediante las políticas de proximidad policial o las de tolerancia cero.<fnref n="14" /> Esta emergencia de lo local, reflectedo de la inserción de las ciudades en la competencia global por la atracción de flujos de capital,<fnref n="15" /> se justifica por la necesidad de vender el propio espacio urbano como seguro en dicha competición (seguridad de las inversiones, del turismo, etc.). Pero además, dentro de los propios núcleos urbanos, la financiarización del mercado de la vivienda ha obligado a propietarios, pequeñas comunidades y hasta barrios enteros a competir en seguridad, o al menos en imagen de la misma, en pugna por el crecimiento de su valor. Eso explica el crecimiento paralelo de la seguridad privada, de las lógicas actuariales y de los llamados *claustroespacios*<fnref n="16" /> (como las *spanish gated communities* en forma de «urbas» en la playa o en la sierra, los PAUs madrileños, etc.).

Fueron los países anglosajones los primeros en llevar a cabo reformas en sus sistemas penales y de Policía encaminadas a poner en el centro la prevención del crimen. No sin dificultades y resistencias, las estrategias preventivas de todo signo, desde las ambientales-situacionales a las comunitarias,

<footnote n="14">¹⁴ Amadeu Recasens i Brunet, *La seguridad y sus políticas*, Barcelona, Atelier, 2007.</footnote>

<footnote n="15">¹⁵ Adam Crawford, *The local governance of crime. Appeals to Community and Partnerships*, Oxford, Oxford University Press, 1999.</footnote>

<footnote n="16">¹⁶ Amadeu Recasens i Brunet, *La seguridad y sus políticas*, op. cit., p. 126.</footnote>
fueron tomando cuerpo en multitud de ciudades estadounidenses, canadienses, australianas y británicas durante las décadas de 1980 y 1990. Pero no estamos ante un fenómeno exclusivamente anglosajón. Diversas instituciones internacionales llevan décadas recomendando las tácticas preventivas en el continente latinoamericano, asiático o africano, la más importante quizás, el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Habitat), que ha promovido un discurso pro-preventivo partiendo de una definición amplia de seguridad (seguridad humana) a partir de 1990.<fnref n="17" /> El acercamiento de la Policía a las comunidades urbanas y la cogestión con la sociedad civil como modo avanzado de gobernanza han sido algunas de las claves de las recomendaciones de las agencias internacionales.<fnref n="18" />

En las geografías europeas las tácticas preventivas también han ido ganando terreno. Además de la prevención social francesa instaurada mediante las políticas urbanas en la década de 1980, países como Holanda, Suecia o Alemania implantaron de manera temprana los modelos de proximidad policial. Si bien en la década de 1980 se podía establecer una divisoria clara entre las estrategias situacionales predominantes en Reino Unido y las sociales prevalentes en Francia, lo cierto es que, en el nivel de las prácticas, progresivamente fue penetrando el modelo británico de prevención situacional y de corte más abiertamente neoliberal en países como Italia<fnref n="19" /> o Bélgica.<fnref n="20" /> No

<footnote n="17">17 Puesto en circulación por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994 (PNUD, 1994), el concepto de seguridad humana remite a la superación de la seguridad del Estado nación por un nuevo concepto de seguridad centrado en el individuo. La seguridad humana se vincula al desarrollo humano, decantándose en seguridad económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política.</footnote>

<footnote n="18">18 Maurice Chalom, Lucie Léonard, Franz Vanderschueren y Claude Vézina, *Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de la policía*, Santiago de Chile, Ediciones Sur, 2001.</footnote>

<footnote n="19">19 Dario Melossi y Rosella Selmini, «"Modernisation" of institutions of social and penal control in Italy/Europe: the "new" crime prevention», en Adam Crawford (ed.), *Crime Prevention Policies in Comparative Perspective*, Cullompton, Willan Publishing, 2009, pp. 153-176.</footnote>

<footnote n="20">20 Patrick Hebbrecht, «Crime prevention at the Belgian federal level: from a social democratic policy to a neo-liberal and authoritarian policy in a social democratic context», en Adam Crawford (ed.), *Crime Prevention*</footnote>
obstante, aún podemos observar la existencia de dos modos, al menos en lo discursivo, que han encontrado sus canales preferentes de difusión a través de foros europeos en las últimas tres décadas. Por una parte, el Foro Europeo de Seguridad Urbana (EFUS), red de ciudades creada en Barcelona en el año 1987, ha tratado de difundir buenas prácticas en materia de prevención, con especial énfasis en la prevención social. Dentro de esta línea, las propias instituciones europeas han hecho esfuerzos por adaptar las agencias policiales a realidades cada vez más diversas, como lo demuestra la Carta de Rotterdam de 1996 de impulso de la mediación intercultural.<fnref n="21" /> Por otra, en 2001 la Comisión Europea impulsó la Red Europea de Prevención del Crimen (EUCPN) con el fin de aumentar la coordinación en materia de prevención en la Unión Europea a través de la difusión de casos de éxito. El resultado es una relativa armonización en el continente europeo, fruto del éxito cultural de los foros expertos, de las recomendaciones y políticas impulsadas desde las instituciones europeas y de la progresiva penetración del mercado de la seguridad.<fnref n="22" />

En el caso español es notable la dificultad de la prevención para abrirse paso, así como de los modelos gerenciales y actuariales en los que se enmarca.<fnref n="23" /> La extensión del modelo soberano franquista más allá del fin del franquismo en los cuerpos policiales, la excepcionalidad instaurada en la gestión del terrorismo de ETA y las alarmas sociales impulsadas con los problemas de seguridad ligados a la heroína, la migración y los crímenes mediáticos, hicieron poco presentables las formas de gestión aparentemente «blandas» de la seguridad durante las décadas de 1980 y 1990. No obstante, desde la edición de un manual de policía de barrio en 1987, el Plan de Seguridad y Libertad de policía de proximidad del ministro del Interior Juan Alberto Belloch en 1994, o el Plan Policía 2000 del año 1999, que introducía mecanismos de gestión de corte gerencial, el Cuerpo Nacional de Policía

<footnote>Policies in Comparative Perspective, op. cit., pp. 177-195.</footnote>

<footnote n="21">²¹ Amadeu Recasens i Brunet, *La seguridad y sus políticas*, op. cit.</footnote>

<footnote n="22">²² Adam Crawford (ed.), *Crime Prevention Policies in Comparative Perspective*, op. cit.</footnote>

<footnote n="23">²³ José Ángel Brandariz, *El modelo gerencial-actuarial de penalidad. Eficiencia. riesgo y sistema penal*, op. cit.</footnote>
ha intentado acercarse a la prevención mediante el aumento de la presencia y visibilidad en los espacios urbanos. También los Mossos d'esquadra desde 1996 buscan acercarse a un modelo de proximidad en Cataluña.

Es sobre todo a nivel local donde se han impulsado las estrategias preventivas más innovadoras. En España, el pistoletazo de salida de los modelos de proximidad local lo marcan las policías de barrio en ciudades como Madrid a comienzos de la década de 1980 o los modelos participativos de ciudades como la Barcelona del alcalde Maragall.<fnref n="24" /> En la década de los 2000 se dio un frenazo a las estrategias de proximidad relacional, otorgando el protagonismo a las estrategias de prevención situacional mediante el aumento de la presencia policial en la calle —para ver y, sobre todo, ser vista—. La definición en el modelo policial español en esa década, entre la eficiencia y la proximidad, parece haberse resuelto con una renovación inusitada de la proximidad low cost gracias a las nuevas tecnologías y al uso de vehículos ligeros como motos y bicicletas.<fnref n="25" /> Además, ayuntamientos como el de Madrid del alcalde Gallardón impulsaron a mediados de la década de 2000 experiencias de prevención ambiental (Observatorio de la Seguridad de Madrid), así como de participación ciudadana, y nuevas figuras como los agentes tutores en los entornos escolares.<fnref n="26" /> A partir de estas experiencias, así como la innovación en materia de mediación, gestión de la diversidad y partenariado llevada a cabo en los últimos 15 años en municipios del área metropolitana de Barcelona y Madrid (como L'Hospitalet, Badalona, Fuenlabrada), y en alguna pequeña capital de provincia (Castelló de la Plana), los gobiernos locales progresistas en grandes ciudades españolas surgidos de candidaturas ciudadanas en el año 2015 encontraron una inspiración con la que sellar cierta impronta de su paso por las alcaldías. Madrid y Barcelona municipalistas, los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale en Euskal Herria, pero también otros municipios gobernados por partidos tradicionales.

<footnote n="24">²⁴ Amadeu Recasens i Brunet, *La seguridad y sus políticas, op. cit.*</footnote>

<footnote n="25">²⁵ Conrado J. Fernández y Agustín Yñiguez, *Gestión estratégica de la policía. Organización de la eficiencia en el trabajo policial*, Sevilla, Punto Rojo, 2014.</footnote>

<footnote n="26">²⁶ Sergio García García y Débora Ávila Cantos, «La prevención securitaria como modo de gobierno: el caso de Madrid», *Athenea Digital*, núm. 16: 1, 2016, pp. 43-82.</footnote>
nales (PSOE, PP, PNV, etc.) y que no quieren quedar atrás en la innovación en materia preventiva, como Bilbao, empezaron a desarrollar experiencias que cada vez acercan más sus policiías a las del Reino Unido u Holanda.

## Vigilancia, tecnología y policía: una policía de lejanía

La desvinculación de la inseguridad de lo social opera a través de su configuración como un problema policial, es decir, como un problema de *control del desorden*. Una de las consecuencias inmediatas de esa desvinculación puede suponer, en realidad, un problema para la Policía: ¿cómo explicar que la inseguridad no disminuye pese a la ampliación de las funciones policiales? Y si la inseguridad disminuye, o se mantiene estable, ¿cómo justificar la creciente presión policial sobre lo social?

Las respuestas posibles son varias, pero algunas de las más comunes pasan habitualmente por la *RESPUESTA TECNOLÓGICA*: la Policía necesita más medios de control y vigilancia, necesita adaptarse a los tiempos cambiantes, optimizarse, estar actualizada para ser eficaz ante un desorden que es cambiante por definición. Incluso cuando la situación presente parezca segura o estable, la Policía debe ser capaz de ver más allá de la apariencia, de *prever* y *prevenir* el desorden latente. La inseguridad sería el resultado de la escasez de recursos policiales interpuestos contra el desarrollo desordenado de las ciudades (de ahí la voluntad de, incluso, diseñarlas con fines específicos de prevención del desorden). Con frecuencia los propios excesos policiales tienden a presentarse como un problema que se puede *solucionar* por la vía tecnológica: bien con cámaras (en las comisarías o en los cuerpos de los propios policías) o con otros dispositivos que dejen constancia de la actuación policial y su motivación (como ocurre, por ejemplo, con los distintos programas piloto de prevención del perfilaje racial en las identificaciones policiales).

La Policía nace como una institución estrechamente vinculada a la recopilación de información, a la *inteligencia*. Cuando Fernando VII creó en 1824 la Superintendencia General de Policía del Reino,<fnref n="27" /> le asignó la labor de «hacerme conocer la

<footnote n="27">²⁷ Real Cédula de 13 de enero de 1824 por la que se crea la Superintendencia General de Policía del Reino.</footnote>
opinión y necesidades de mis pueblos, e indicarme los medios de reprimir el espíritu de sedición, de extirpar los elementos de la discordia y de desobstruir todos los manantiales de prospersidad». La primera función exclusiva que la Cédula Real atribuía a esta Policía recién creada era «formar padrones exactos del vecindario de los pueblos del Reino, expresando la edad, sexo, estado, profesión y naturaleza de todos los individuos». La segunda, por cierto, era la de «expedir permisos para vender mercancías por las calles».

Esa labor de censado y de espionaje de la población siempre ha requerido de un cierto soporte técnico, en busca del cual la Policía ha desarrollado una relación particular con la tecnología. Valga un ejemplo tan literal como divertido de esta necesidad de mantenerse bien posicionado en la carrera tecnológica: a principios del siglo XX, la unidad policial encargada de vigilar a las sufragistas británicas del Women's Social and Political Union comunicaba a Scotland Yard lo siguiente: «En cuanto salen de la ciudad conducen demasiado rápido para cualquier medio de transporte que tengan a su disposición los policías. Una motocicleta tal vez nos permitiría seguirlas. Para empezar, con una podría ser suficiente». Poco después la misma unidad comenzó a usar las primeras cámaras de fotografía de largo alcance para poder retratar a sufragistas en prisión desde la distancia, sin que estas se percataran de ello. Los límites técnicos de las cámaras de la época, que necesitaban de exposiciones prolongadas, permitían a las mujeres estropear las fotografías simplemente moviéndose o deformando el gesto.<fnref n="28" /> Salvando las muchas distancias, hoy las motocicletas son droopes, y los voluminosos ingenios fotográficos son videocámaras discretamente colocadas en las esquinas.

Más allá de la celebrada progresión en los gadgets, la importancia de la recopilación de información y de su procesado a efectos de inteligencia ha sido una constante en la historia de la institución policial. El actual giro preventivo ha ido de la mano de la enorme expansión de posibilidades tecnológicas en el ámbito estadístico, y sobre todo de la explosión de las posibilidades de vigilancia gracias, primero, al avance de la informática desde los años 70 y, después, a la implantación masiva de los teléfonos móviles y de internet. Sin duda, el

<footnote n="28">²⁸ Alan Travis, «Big Brother and the sisters», The Guardian, 10/10/2003.</footnote>
saber estadístico ha sido una poderosa herramienta de poder desde el siglo XVIII, un saber sobre el cual en buena parte (recordemos a los llamados estadísticos morales)<fnref n="29" /> se fundó la posibilidad misma de la «criminología» como disciplina. Pero lo que es indudablemente nuevo es que en la segunda década del siglo XXI buena parte de la población mundial llevemos constantemente en un bolsillo un dispositivo que cada segundo registra nuestra posición geográfica exacta a través de satélites, que tiene un micrófono y una cámara, amén de sensores de humedad, de luminosidad y un increíble elenco de medidores de todo tipo cuya sola imaginación haría las delicias del Enrico Ferri<fnref n="30" /> más multifactorial. ¿Qué hacemos con todos esos datos?

Etimológicamente, la palabra policía proviene del gobierno de la polis, y para gobernar la ciudad hacen falta mapas. Los mapas han sido uno de los instrumentos privilegiados de representación de la información geográfica y política. También un poderoso artefacto contra el desorden. Los mapas, además, no solo representan un territorio, sino que permiten prefigurar su transformación. Algo así ha ocurrido en las últimas décadas con la moda de la prevención situacional a través de mecanismos de vigilancia y de diseño urbano orientados a prevenir el desorden. Pero no está tan claro que la capacidad explicativa de los mapas, al menos en materia de seguridad, haya avanzado desde principios del siglo XX tanto como lo

<footnote n="29">²⁹ El más conocido de los llamados «estadísticos morales» del siglo XIX fue Adolphe Quetelet (1796-1874), «un estudioso de la matemática, poeta y pintor que se dedicó, tras descollar en astronomía y ganarse por ello una beca para estudiar estadísticas en Francia, a los cálculos actuariales para las compañías de seguros. Para ello asociaba los cálculos y la predicción del movimiento de los astros, a la de los distintos movimientos de la vida social. Con posterioridad puso al servicio del orden burgués esos conocimientos como consecuencia de la supuesta demostración de que la distribución de determinados sucesos que afectaban a esas compañías de seguros —como el delito— podía medirse matemáticamente». Gabriel Ignacio Anitua, *Historias de los pensamientos criminológicos*, Ediciones del Puerto, 2006 [2005], p. 170.</footnote>

<footnote n="30">³⁰ Enrico Ferri (1856-1929) fue uno de los «padres» de la criminología contemporánea. Desarrolló las tesis biologicistas de Cesare Lombroso con una teoría multifactorial que aspiraba a combinar variables antropológicas, físicas, cosmo-telúricas, sociales, etc., en modelos de explicación estadística de la delincuencia. Su tránsito de figura prominente del socialismo italiano al fascismo de Mussolini resulta también anticipatorio de las orientaciones políticas de las utopías predictivas securitarias.</footnote>
ha hecho la fotografía. Pensemos en este párrafo de un texto sobre mapas y prevención situacional editado en 2007 por el extinto Observatorio de la Seguridad de Madrid:<fnref n="31" />

La localización del delito es también el nombre del proceso de elaboración y análisis de mapas para entender el delito. Después de varios intentos anticipados y aislados de utilizar mapas para la comprensión del delito, que comenzaron a principios del siglo XIX en Francia, la Escuela de Chicago desarrolló la elaboración de mapas de delitos como herramienta para el análisis de los mismos, creando la teoría de que el delito estaba estrechamente vinculado a la desorganización social y la pobreza en asentamientos urbanos. Sin embargo, la falta de disponibilidad de datos y los límites del hardware hicieron de la localización geográfica del delito una herramienta lenta, costosa, poco viable e inefectiva para el análisis, a la vez que la «Ecología del Delito» contaba con escaso apoyo entre las teorías criminológicas en aquellos momentos. El atractivo actual de los mapas de delitos procede de la reciente evolución de estos tres aspectos: los mapas digitales de prácticamente cualquier parte del mundo son de fácil acceso y pueden actualizarse regularmente; los avances tecnológicos han hecho posible los mapas «portátiles» y los sistemas GPS y permiten un procesamiento de los datos rápido y preciso incluso con grandes conjuntos de datos; las teorías de prevención del delito situacional son muy aceptadas y ampliamente utilizadas para explicar las causas inmediatas del delito.

Lo cierto es que, pese a ese pretendido sorpasso cualitativo respecto al siglo pasado, si uno compara los mapas que Shaw y McKay elaboraron sobre la ecología del delito en Chicago en los años 30 con los que en Madrid se hicieron en la primeira década del siglo XXI, solo puede constatar una evidente pérdida de sociodiversidad explicativa. Los mapas de Shaw y McKay recogían una buena muestra de variables sociales, vinculadas al precio de la vivienda, la configuración familiar, etc. En el *Atlas de la Seguridad de Madrid* que publicó en 2007 el Ayuntamiento de la ciudad<fnref n="32" /> vemos, sin embargo, no mucho

<footnote n="31">³¹ Lorenzo Segato, «Los mapas de criminalidad», en *Ciudades, urbanismo y seguridad*, Ayuntamiento de Madrid, 2007.</footnote>

<footnote n="32">³² Felipe Javier Hernando Sanz, Manuel Correa Gamero y José Fariña Tojo, *Atlas de la Seguridad de Madrid*, Ayuntamiento de Madrid, 2007.</footnote>
más que una serie de mapas con datos de incidencias policia-
les socialmente descontextualizadas. La desconexión de lo se-
curitario de lo social es, de nuevo, evidente. El *Atlas* culmina
con una serie de «estudios de caso» sobre diseño situacional
de espacios públicos de la ciudad, aplicando las teorías pues-
tas en boga todavía al calor del *broken windows policing*, en
otras latitudes ya en franca decadencia.

El impacto real de los discursos de la prevención situacio-
nal sobre la formación de las políticas de seguridad munici-
pales ha sido mucho menor en la práctica del que sus defen-
sores querrían. Pero el ejemplo del citado *Atlas* es quizás pa-
radigmático de la formación de saberes expertos securitarios,
de una suerte de ciencia social de la seguridad netamente
desconectada de lo social, de una estadística securitaria más
orientada a gestionar y dotar de legitimidad al trabajo policial
que a explicar o abordar las causas sociales de la inseguridad.

De eso hablamos también, de mapas urbanos y saberes
securitarios expertos orientados a gestionar lo policial, cuan-
do hablamos de *Predpol, Palantir*, o del resto de plataformas
de policía predictiva ampliamente implantadas en las últimas
décadas en distintos países. La vigilancia algorítmica y la po-
licía hipertecnológica han tenido hasta ahora una aceptación
en España mucho menor que en *EEUU* por motivos diversos
y todavía no del todo estudiados, que sin embargo parece
razonable asociar a cuestiones presupuestarias y a actitudes
corporativamente proteccionistas dentro de la institución po-
licial. Los mismos factores económicos que hace diez o quince
años quizás hacían inviable la «policía predictiva a la espanño-
la», probablemente la hagan deseable pronto. El *big data* y la
«inteligencia artificial» son ya poco más que lugares comunes
para referirse a prácticas empresariales extendidas, y existe
ya un ejército de *startups*, grandes compañías e instituciones
diversas dispuestas a poner sus mágicos servicios con conno-
taciones *sci-fi* al servicio de la lucrativa lucha contra la insegu-
ridad ciudadana, por un precio módico.<fnref n="33" />

El empuje de la economía política de la vigilancia digital
y del capitalismo de datos en la última década no puede sino
arrastrar también, así, a la labor policial. Cuando en 2020 la

<footnote n="33">³³ Dean Wilson, «Platform Policing and the Real-Time Cop», *Surveillance & Society*, núm. 17: 1/2, 2019.</footnote>
Comunidad de Madrid anunció la actualización del proyecto de seguridad BESCAM 2021-2024, de apoyo a las policías municipales, no solo anunció la tradicional compra de «vehículos, chalecos antibalas, vestuario», sino también la adquisición de «comunicaciones y drones [...] cámaras de videovigilancia, herramientas informáticas y de inteligencia artificial».$^{34}$ Después de una gestión policial de la pandemia que en pocos meses elevó en mucho el listón de lo considerable como distópico, es más fácil leer noticias y comunicados como el siguiente, que describe la colaboración entre distintas universidades y el Ministerio de Interior en el desarrollo de programas de reconocimiento facial masivo y automatizado de cuestionable legalidad:

> El programa, denominado AI MARS (Artificial Intelligence System for Monitoring, Alert and Response for Security in Events), permitirá rastrear millones de caras por segundo en grandes concentraciones, sean estadios de fútbol, estaciones de transporte, conciertos, centros comerciales, ferias o manifestaciones.

> Las cámaras policiales barrerán el público y, en un cotejo prácticamente inmediato en los centros de control, podrán detectar sospechosos y alertar a los agentes sobre el terreno, que los verán marcados en sus propias gafas.$^{35}$

Parece que también a España ha llegado lo que algunos han denominado el «solucionismo punitivista»,<fnref n="36" /> a la vista, por ejemplo, del éxito que ha tenido la compañía española Eurocop obteniendo licitaciones: más de 100 contratos por valor de 5,4 millones de euros con medio centenar de ayuntamientos y 7 comunidades autónomas y diputaciones españolas en la última década, destinados a «aumentar la eficacia y productividad de los servicios de policía».<fnref n="37" /> Una especie de

<footnote n="34">34 Comunidad de Madrid, «Impulsamos un nuevo modelo de policía local», 22/06/2020.</footnote>

<footnote n="35">35 «La mascarilla no protege (de la videovigilancia)», *La Vanguardia*, 06/09/2020.</footnote>

<footnote n="36">36 Ekaitz Candela y Aitor Jimenez, «Solucionismo punitivista, el clima policial perfecto para Vox», *El Salto*, 10/02/2021.</footnote>

<footnote n="37">37 Ekaitz Candela y Aitor Jimenez, «El Estado policial español 2.0: tecnologías de empresas privadas para vigilar a los ciudadanos», *El Salto*, 04/02/2021.</footnote>
«Predpol a la española» que puede verse, como hacen Ekaitz Candela y Aitor Jimenez, como una reacción «al recorte en el gasto público, delegando funciones tradicionales del Estado en compañías privadas como Eurocop», más que «a un súbito interés político por el bienestar poblacional».<fnref n="38" />

Varios apuntes para finalizar este apartado sobre la po-
licía predictiva, el solucionismo punitivista y estos nuevos
saberes expertos netamente securitarios. En primer lugar, la
implantación de estas tecnologías parece tener que ver, efec-
tivamente, más con la gestión presupuestaria de las políticas
securitarias en un contexto neoliberal que con su supuesta
eficacia. Este *solucionismo* es algo que había quedado ya pa-
tente con la extensión de la videovigilancia con fines policia-
les en las dos décadas anteriores. Según Galdón-Clavell:

Todas las hipótesis planteadas parecen indicar que la apa-
rente sordera de responsables políticos y operadores ante la
ineficacia de la videovigilancia esconde una constelación de
modificaciones y transformaciones en la percepción pública
de la inseguridad, en la gobernanza urbana y en la conceptua-
lización del riesgo. El círculo de la redundancia e inutilidad de
la eficiencia y la eficacia, pues, se cierra. No importa si reduce
la delincuencia o mejora la sensación de seguridad: la videovi-
gilancia parece imponerse porque es una solución inmediata,
fácil de implementar, susceptible de levantar poca oposición y
que «funciona», por tanto, incluso cuando es inútil como he-
rramienta de gestión de la inseguridad.<fnref n="39" />

Es en los procesos políticos asociados a la «revitalización y di-
namización» de los barrios, en la producción de nuevos mo-
delos de espacio público (también higienizados de lo social)
donde, como afirma Santiago Ruiz Chasco, «hay que situar la
decisión de la implantación de la videovigilancia por parte de
las autoridades municipales»<fnref n="40" /> como una opción que resulta
funcional independientemente de su ineficacia preventiva y
del resto de diversos problemas que plantea.

<footnote n="38">³⁸ Ibídem.</footnote>

<footnote n="39">³⁹ Gemma Galdon-Clavell, «Si la videovigilancia es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Cámaras, seguridad y políticas urbanas», *EURE (Santiago)*, núm. 41, 2015, p. 123.</footnote>

<footnote n="40">40 Santiago Ruiz Chasco, «Videovigilancia en el centro de Madrid. ¿hacia el panóptico electrónico?», *Teknokultura*, núm. 11: 2, 2014.</footnote>
En segundo lugar, el auge de la policía algorítmica y automatizada, aún superadas las alegres concesiones a la ciencia ficción que son sus pretensiones predictivas, puede traer importantes repercusiones en el modelo policial. En el terreno de lo concreto, de la gestión de recursos policiales, la automatización algorítmica de las funciones policiales y de los procedimientos sancionadores es algo que en España ya conocemos, por ejemplo, en el ámbito de las infracciones de tráfico en carretera, y que ha permitido desde hace años una reducción de los recursos humanos destinados a la vigilancia presencial. Llevado al extremo, la proliferación de dispositivos de vigilancia automatizados permite el desarrollo de un modelo policial prácticamente opuesto al de policía de proximidad, una especie de «policía de lejanía». Distanciada la seguridad de lo social, en favor de lo policial, ¿se acabará distanciando también la propia policía del mundo social? Algunos autores han querido identificar en los últimos años algunas tendencias en este sentido, que han denominado con el término de «policía abstracta»:<fnref n="41" />

> Con este concepto queremos decir que, tanto interna como externamente, la policía se ha vuelto más distante, más impersonal y formal, menos directa y más descontextualizada. La policía abstracta también depende menos del conocimiento personal de los agentes, ya que este se sustituye cada vez más por el «conocimiento del sistema», enmarcado en la «ógica» y las categorizaciones de los sistemas de datos informáticos.

Llegado a cierto nivel de abstracción, este modelo de lo policial parece una vuelta al significado original de la palabra policía, al gobierno, disociado ya del cuerpo armado y uniformado necesario para hacer valer el orden. Entramos aquí en el terreno de una distopía distinta a la tentación predictivista a lo Mínority Report: la de un sistema de gobierno en el que la coacción y la sanción están integradas en las rutinas diarias de trabajo, ocio y consumo, sin necesidad de los sistemas coercitivos tradicionalmente asociados a la fuerza pública policial. Un modelo de gubernamentalidad quizás semejante al del Sistema de Crédito Social chino, en el que la vigilancia y las sanciones aspiran a quedar integradas, embebidas y automatizadas en las

<footnote n="41">⁴¹ Jan Terpstra, Nicholas R Fyfe y Renze Salet, «The Abstract Police: A conceptual exploration of unintended changes of police organisations», *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, núm. 92: 4, 2019.</footnote>
interacciones económicas, políticas y sociales cotidianas.<fnref n="42" /> Una violencia similar, por otra parte, a la que tradicionalmente ha ejercido el mercado de trabajo como institución de disciplina por excelencia de las clases populares.

En tercer lugar, desde el punto de vista epistemológico, la confianza en la recopilación y el tratamiento automatizado de datos propia de esta suerte de «policía de lejanía» alimenta una visión en la que lo social existe de manera objetiva e independiente de quien lo observa, y en la que el acceso exclusivo a los misterios revelados por el *big data* proporciona a las autoridades una especie de «visión divina» (*God's eye*) sobre las ciudades.<fnref n="43" /> A esta peculiar posición de autoridad podemos sumarle que los discursos predictivos, variante actual de los clásicos planteamientos preventivos, persiguen una especie de *desfuturización del futuro*; en definitiva, *hacer del futuro presente*, privándolo de su necesaria carga de incertidumbre. Para evitar caer en acercamientos casi metafísicos, podemos pensar en esa *desfuturización* en términos paralelos a lo que ha ocurrido en el mercado financiero con *el futuro*, convertido en objeto de comercio en el presente. La industria de la seguridad predictiva vende, en definitiva, una suerte de seguridad desfuturizada.

Del entusiasmo por el *big data* se ha dicho también que puede llevar a «la muerte de la teoría»,<fnref n="44" /> al fin de las expli-caciones sociales. Pasaría a bastarnos con la identificación automatizada de correlaciones *brutas* entre variables, correla-ciones sin una explicación teórica que sea aparente para el ojo humano. La vieja fantasía de la criminología positivista sobre

<footnote n="42">⁴² Es difícil no entregarse a visiones políticas absolutamente pesimistas cuando se aborda el Sistema de Crédito Social chino. A falta de un análisis más detallado imposible de hacer aquí, es importante, sin embargo, resaltar que el sistema encuentra en la práctica todo tipo de dificultades. Ver, por ejemplo, Qian Sun, «China's social credit system was due by 2020 but is far from ready», 12/01/2021.</footnote>

<footnote n="43">⁴³ Ver Rob Kitchin, «The ethics of smart cities and urban science», *Philosophical transactions of the royal society A: Mathematical, physical and engineering sciences*, núm. 374, 2083, 2016, p. 4.</footnote>

<footnote n="44">⁴⁴ Chris Anderson, «The end of theory: The data deluge makes the scientific method obsolete», *Wired magazine*, núm. 16: 7, 2018, p. 16-17; ver también Christian Fuchs, «Karl Marx in the age of big data capitalism», en David Chandler y Christian Fuchs (eds.) *Digital objects, Digital Subjects. Interdisciplinary Perspectives on Capitalism, Labour and Politics in the Age of Big Data*, Londres, University of Westminster Press, 2019, p. 59.</footnote>
la convergencia de los métodos de investigación social con los de las ciencias naturales vuelve a lomos de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Lo cierto es que en el campo de lo secu-
ritario podríamos decir que la teoría ya había muerto en favor de la gestión policial, que se había renunciado, hace tiempo, a una explicación social de la inseguridad. Todo apunta a que los próximos años van a ser clave en el desarrollo de esta de-
clinación de lo policial, lejana y abstracta. Lo que ocurrirá es difícil de decir: «el futuro es oscuro» pero, como escribió una vez Virgina Woolf, «es lo mejor que puede ser, me parece».<fnref n="45" />

La policía de la convivencia: una policía de proximidad a
lo social

El mundo del *management* digital descubrió hace unos años que las grandes corporaciones poseen una información coja si se basan únicamente en el big data: para conocer la densidad emocional y los significados que otorgan los públicos a los productos es necesario complementar los datos cuantitativos con los datos cualitativos que proporciona el thick data.46 Haciendo un paralelismo, podríamos afirmar que si lo que hemos designado como «policía de lejanía» se basa en estrategias de solucionismo tecnológico apoyadas en el big data, una innovación que tiene más recorrido histórico, la «policía de proximidad», necesita los datos densos del thick data en los territorios para conocerlos en profundidad y así poder intervenir en las situaciones «de riesgo».

<footnote n="45">⁴⁵ Rebecca Solnit, «Woolf's darkness: embracing the inexplicable», *The New Yorker*, 24/04/2014.</footnote>

<footnote n="46">⁴⁶ Tricia Wang, «Why Big Data Needs Thick Data», *Ethnography Matters*, 2013. Traducido como datos espesos, en referencia al concepto de descripción densa acuñado por el antropólogo Clifford Geertz, el *thick data* permite recomponer el contexto social en el que emergen los datos a través de los relatos y sus componentes emocionales (véase Tricia Wang, «Why Big Data Needs Thick Data» http://ethnographymatters.net/blog/2013/05/13/big-data-needs-thick-data/), *Ethnography Matters*, 2013). En otras palabras, mientras que el *big data* proporciona signos que denotan fenómenos, el *thick data* permite acceder a símbolos que connotan cuestiones significativas para las comunidades culturales y que en un mero análisis cuantitativo pasarían desapercibidos.</footnote>
Una crítica recurrentemente dirigida a las administraciones públicas es que estas definen sus prioridades en función de sus propios intereses en lugar de prestar atención a las «demandas» ciudadanas. Esta crítica es especialmente acusada en el caso de la Policía, a la que se suele reprochar su preferencia por combatir el crimen en vez de los pequeños desórdenes. Frente a ello, la *Chicago Alternative Policing Strategy* (CAPS), lanzada en 1993, tenía como objetivo juntar a ciudadanos y policías para resolver los problemas de los barrios. Esta cooperación se tradujo sobre todo en la organización de reuniones que se celebraban a escala de unas demarcaciones policiales concretas, los *Beat Meetings*, donde los residentes se quejaban de los adolescentes que mataban el tiempo en las calles o de los disparos nocturnos, demandaban la mejora del alumbra-do público y hablaban de las molestias ligadas al consumo de alcohol en un bar del vecindario o de los problemas que originaba un edificio abandonado. Los policías presentes escuchaban, respondían y ponían posteriormente en marcha —so-los o junto a otras instituciones municipales— estrategias de «resolución de conflictos» (*Problem solving policing*).

Esta iniciativa, que se extendió a muchas otras ciudades de Estados Unidos, despertó un apoyo muy amplio. Entre 1995 y 2003, más de 550 mil personas habían participado en los miles de *Beat Meetings* organizados en el marco del CAPS.<fnref n="47" /> Al principio, los dirigentes de las asociaciones, en tanto defensores de los derechos civiles, apoyaron esta iniciativa creyendo que permitiría limitar la brutalidad policial o los efectos más nefastos de la «guerra contra la droga». El acercamiento entre Policía y población o el refuerzo del control ciudadano se percibieron como formas de democratizar la Policía. Esto explica, sin duda, el entusiasmo que esta experiencia suscitó en algunos reformadores europeos.

La idea de prevención de la delincuencia, frente a su mera contención o represión, necesita una nueva Policía en las ciudades y los barrios. Esta policía ya no puede basarse solo en un funcionamiento reactivo ante los incidentes, sino que debe intervenir además sobre los factores de riesgo, los cuales se buscan en los llamados conflictos de convivencia. El desplazamiento de cada vez una mayor parte del trabajo policial

<footnote n="47">⁴⁷ Wesley G. Skogan y Lynn Steiner, *CAPS at Ten Community Policing in Chicago. An Evaluation of Chicago's Alternative Policing Strategy*, State of Illinois, 2004.</footnote>
desde el delito a la convivencia no es un hecho generalizado: buena parte del trabajo que realizan los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o las policías autonómicas sigue centrado en la seguridad ciudadana, en forma reactiva o de patrullaje y controles a determinados sectores de la población. No obstante, es apreciable el aumento de las energías dedicadas a otro tipo de labores preventivas. Es en este nuevo marco que podemos situar, por ejemplo, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos,<fnref n="48" /> llevado a cabo por la Policía Nacional y que implica multitud de intervenciones educativas en colegios, junto con la puesta en marcha de una Unidad Central de Participación Ciudadana, especialmente dedicada a hablar con los ciudadanos.

No obstante, son sobre todo las policías locales las que están transfiriendo buena parte de sus recursos de manera sostenida desde el control reactivo de la delincuencia a la gestión preventiva a través de la intervención sobre los «problemas de convivencia». Un caso paradigmático es el de la Policía Municipal de Madrid bajo la alcaldía de Manuela Carmena, que en cuatro años redujo a la mitad el número de personas detenidas e investigadas (de 15.315 en 2014 a 8.864 en 2018) a la par que casi triplicó el número de expedientes tramitados por la Oficina de Atención al Ciudadano y sus espacios de intercambio de información con vecinos (3.142 en 2014 por 8.450 en 2018),<fnref n="49" /> la mayor parte referidos a problemas de convivencia. Esta tendencia se reafirma al hacer balance de los dos años en los que lleva implantado un nuevo sistema de tramitación de demandas de actuación policial que distingue entre intervenciones urgentes y no urgentes: las demandas de servicios no urgentes dedicadas a la seguridad ciudadana descendieron (1.052 en 2017 por 850 en 2018), mientras que las dedicadas a convivencia casi se triplicaron (1.950 en 2017 por 5.524 en 2018).<fnref n="50" />

<footnote n="48">⁴⁸ Ministerio del Interior, *Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos*, 2013.</footnote>

<footnote n="49">⁴⁹ Policía Municipal de Madrid, *Datos estadísticos actuaciones Policía Municipal*, 2019.</footnote>

<footnote n="50">⁵⁰ Portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid, *Atención ciudadana prestada por la Policía Municipal*. 2017 y 2018, 2019.</footnote>
El giro en la actuación policial supone una mutación profunda en los conocimientos técnicos, en los roles y en las funciones de la policía, así como la entrada de los agentes en nuevos escenarios y campos de lo social. Algunos de esos nuevos escenarios son los que tradicionalmente se han correspondido con el campo de la educación, la intervención social y la acción comunitaria. Ahora la Policía está llamando a las puertas de estos espacios, hasta ahora ajenos, cuando no vetados a la acción policial, para insertarse en ellos como un actor más. Y no parece encontrar grandes dificultades para entrar.

Hoy vemos a policías dando charlas sobre violencia de género en los colegios. Vemos policías mediando en conflictos vecinales. Vemos policías reunirse con asociaciones de vecinos y coordinarse en mesas vecinales. El contenido de sus intervenciones se asemeja superficialmente a lo que pueden hacer otros agentes socioeducativos (educadores, mediadores, trabajadores comunitarios, etc.), aunque si se presta un poco de atención a los saberes que despliegan, resulta evidente que las formas de hacer de la policía permanecen intactas. De lo contrario, no insistirían a las chicas de los institutos en que cuando les pase algo llamen a la Policía o no se dirigirían de manera amenazante a los chicos para transmitirles que si agreden a las chicas se las van a ver con ellos. Del mismo modo, tampoco presionarían a un detenido para ir a una mediación en caso de no querer acabar en el calabozo. Ni concluirían el trabajo de diálogo con las asociaciones de vecinos con la colocación de un coche patrulla en una plaza. Si en el primer caso, la charla preventiva en un ámbito escolar se convierte en una mera transmisión de las consecuencias penales que pueden tener los actos de los chavales, en el segundo, un ejercicio basado en la libertad y la voluntariedad, como la mediación, se convierte en una forma de presión por parte de quien es menos juez que parte, y en el tercero, los principios inclusivos del trabajo comunitario se transforman en un trabajo a demanda de la clientela ciudadana que tiene voz en el barrio para mantener a raya a quienes tienen menos poder social. Esta refuncionalización de los conceptos y los roles de la intervención social y educativa se produce también cuando diversos programas de voluntariado social se redirigen a la colaboración con la Policía,<fnref n="51" /> o cuando se transmutan los proyectos formativos de educación

<footnote n="51">⁵¹ «Me gusta ayudar a la gente», *La voz de Galicia*, 13/07/2017.</footnote>
para la Paz (metodologías de gestión cooperativa de conflictos) en «Educación para la paz, la seguridad y la defensa».<fnref n="52" />

En ciudades como Madrid, los agentes tutores, los agentes mediadores y los policías comunitarios son solo la punta del iceberg de una transformación más profunda que modifica la lógica policial y la orienta fundamentalmente hacia dos objetivos: el aumento de la «inteligencia» mediante el acceso a la rica información que pulula en la vida cotidiana de los barrios y la legitimación de la Policía en los espacios de vida como modo de mejorar la efectividad de su gobierno.<fnref n="53" /> La policía de proximidad, que se muestra accesible y cercana, y la policía comunitaria, que va más allá e incita a la participación en la propia gestión de la seguridad, parecen capaces de de- rribar las barreras de desconfianza que tradicionalmente han separado a los uniformados del cuerpo social, al tiempo que amplían su conocimiento sobre los contextos. Solo ha hecho falta ensanchar el objeto del trabajo policial de la delincuencia a la convivencia, ampliar los roles de los policías a los de la intervención social y equiparar la policía a los servicios na- cidos de las políticas sociales (sanidad, educación, servicios sociales). La Policía moderna aspira a ocupar una posición privilegiada en la Administración, intentando convertirse en puerta de entrada para los ciudadanos (información, orien-

<footnote n="52">⁵² Revista Digital Educamadrid, «Educación para la paz, la seguridad y la defensa, una responsabilidad ciudadana compartida», 2016. Se trata de un curso promovido por la Comunidad de Madrid entre el profesorado de la región.</footnote>

<footnote n="53">⁵³ Aunque resulte geográficamente lejana, merece la pena conocer la expe- riencia de la Policía taiwanesa a través de la etnografía llevada a cabo por Jeffrey T. Martin («The virtual force of policing (Taiwan)», en Didier Fassin (ed.), *Writing the World of Policing. The difference ethnography makes*, Chicago (IL), The University of Chicago Press, 2017, pp. 91-112), por ser revelado- ra de las implicaciones del despliegue hasta el extremo de las tecnologías preventivistas que se sitúan como horizonte de las policías comunitarias occidentales. En el contexto cultural del *qing*, voz china que designa las relaciones interpersonales basadas en la mutualidad, Martin da cuenta de cómo la Policía taiwanesa ha sabido cabalgar sobre las obligaciones mora- les y sacarle el máximo rendimiento a las redes en forma de obtención de información detallada de la población. La penetración capilar de la Policía en el cuerpo social se produce, entre otros métodos, mediante entrevistas quasi-etnográficas que los policías asignados a los distintos barrios estable- cen con todas las familias residentes en los mismos con el fin de componer un mapa detallado de relaciones, gustos, etc., de todos los vecinos.</footnote>
tación y derivación) y en los ojos del Estado en multitud de
materias mediante labores de notaría social.

La inserción en lo social de la Policía no es el resultado de
un plan maquiavélico para dominar la sociedad hasta sus úl-
timos resquicios. Es, por un lado, resultado del vaciamiento
del *welfare* en forma de recortes en educación (colegios que
recurren a las actividades gratuitas ofertadas por la Policía) y
de servicios sociales (escasez de agentes que trabajan en los
medios naturales de los barrios). Y es, por otro, el fruto del
empuje de distintos actores que influyen en el campo de lo se-
curitario: de un lado las voces progresistas de ONG, académicos
y partidos de izquierda, y de otro los profesionales que dentro
de las instituciones policiales tratan de destacar técnicamente
mediante la exhibición de discursos modernizadores.

Si pudiéramos trazar una línea continua que definiese la
posición de la Policía entre dos polos, en un extremo el mili-
tar y en el otro el trabajo social, algunos de los gestores y de
los propios agentes optan por el segundo. La transformación
que se atisba en algunas policías locales es justificada por sus
defensores por el vaciamiento de sus funciones de seguridad
ciudadana ante el declive del terrorismo y de las tasas de cri-
minalidad que explicaron el sobreaumento de las plantillas
en España. Pero también sirve de justificación el vaciamiento
de lo social en cuanto a su presencia en la calle dada la buro-
cratización del sistema de servicios sociales. La inspiración
en el *corpus* y los discursos del trabajo social, prefigurando
una policía que dinamice recursos y oriente al ciudadano, va
acompañada del imaginario preventivo asociado a las проfe-
siones de lo social, especialmente las que hacen intervención
comunitaria. Leer el territorio, escuchar a los actores, prever
la aparición de conflictos de convivencia (por ejemplo, en un
parque por los distintos usos del mismo entre poblaciones de
orígenes distintos) y mediar cuando estos ya han aparecido: no
hablamos del trabajo de un dinamizador vecinal de una aso-
ciación de vecinos o de un mediador intercultural del ayun-
tamiento, sino de las funciones imaginadas para los policías
en Madrid cuando se implantó la policía comunitaria. Y este
enriquecimiento de las labores policiales se piensa además
como una ventaja competitiva respecto de otros actores, ya
que la autoridad que dan el uniforme y la placa deja obsoletas
a las otras figuras por ineficientes.
La policía comunitaria representa el paroxismo de este devenir trabajo social de la policía. Dicha policía supone un paso más en la cercanía respecto de la policía de proximidad. Un tópico asociado a la policía de proximidad es el patrullaje a pie, que prescinde del coche y la barrera comunicativa que implica esa burbuja en forma de chasis. La presencia a pie dispara, según sus defensores, las conversaciones en la calle, y por ende el conocimiento mutuo y la confianza. Pero no se trata solo de esta proximidad policial, heredera de la policía de barrio madrileña de los años ochenta, sino que tal y como se imagina la implantación de la policía comunitaria, esta debe promover la participación vecinal en la definición de los problemas y el diseño de las medidas a tomar. Para ello, los policías de ciudades como Madrid o Bilbao se han formado con expertos en participación ciudadana y asesores procedentes de Gran Bretaña y Holanda, países punteros en el modelo. La inserción en las mesas de convivencia de los territorios como un agente más junto a profesionales y vecinos de asociaciones, no busca solo una mayor información (que constantemente presumen que ya tienen), sino la construcción de redes de confianza. Como ya se ha apuntado, las demandas del servicio policial en Madrid comenzaron a dividirse en 2018 en urgentes y no urgentes, y es sobre el campo de lo no urgente sobre el que se despliega este nuevo modelo de policía. Parecido devenir está teniendo la Guardia Urbana de Barcelona con la implantación de la Policía de barrio, inserta en las redes y con un funcionamiento inspirado en el modelo de resolución de problemas. Cada policía se convierte en el profesional de referencia de una zona, la persona de confianza a la que acudir si surgen problemas, especialmente conflictos de convivencia.

Para algunos responsables de estos modelos, aún queda mucho camino por recorrer para que la Policía esté realmente fusionada con las comunidades, tal y como ocurre allí donde están implantados los programas de *neighbourhood watch* (vecino vigilante) y sus reuniones vecinales tipo *tupper ware*, o los programas de voluntarios que ahorran 750 horas anuales a la Policía Metropolitana de Londres.<fnref n="54" /> Sin embargo, nunca la Policía había estado tan integrada en las redes vecinales como lo está hoy.

<footnote n="54">⁵⁴ «El espejo de Londres para la Policía comunitaria de Madrid», *Eldiario. es*, 05/03/2017.</footnote>
Dejar atrás una Policía dura no es sinónimo de implantar una Policía débil, sino una Policía blanda en el sentido de flexible, versátil, que lo mismo se aleja y toma perspectiva, como se adentra más allá del perímetro de los problemas sociales y trabaja desde su interior. Son tanto los mapas panópticos construidos con el *big data* como los detalles rugosos del *thick data* acerca de los entresijos del territorio, lo que el *giro preventivo* trata de desplegar sobre Metropolice.
<figure><img src="image_10.png" /></figure>
## 4. El creciente poder policial

«Alfa yankee» son las palabras con las que comienza el deletreo de su nombre por la emisora que hace un policía, cualquier policía, cuando le pide la documentación. «Alfa» por «A», «yankee» por «Y»... Ayoub bromea con sus amigos —todos ex-MENA sin papeles, o con papeles precarios, condenados a vivir en un centro para personas sin hogar en los confines del último polígono industrial de la ciudad— sobre el récord de controles policiales que han sufrido en un día: «A mí me han parado siete veces en un día». Ayoub nos hace un relato, un relato con el que podemos construir un mapa metropolitano del racismo institucional. «Una vez me pararon cuatro veces en menos de dos horas», narra, cuatro «Alfa yankees» en dos horas.<fnref n="1" />

Metropolice es el lugar donde habita esta realidad cotidiana de una forma completamente desapercibida para quien disfruta de la libertad tomando una cerveza en una terraza o yendo de compras por una calle comercial. Y no es contradictorio, es complementario. El hecho de que esta doble realidad sea tan común y tan innombrada nos hace reflexionar sobre el marco de sentido policial que habitamos y que nos habita. Desde el análisis empírico de las prácticas policiales abordadas en los tres anteriores capítulos, en el presente apartado trataremos de argumentar sobre el creciente poder social de la Policía —en detrimento

<footnote n="1">¹ Relato reconstruido a partir de un encuentro con jóvenes de origen magrebí en el contexto de un proyecto organizado por el colectivo Cabrancheleando, «Unas pipas en un banco», en 2019.</footnote>
de las poblaciones más empobrecidas y excluidas—, sobre la ilusión de su capacidad democratizadora y sobre la extensión de su mirada fuera de la propia institución policial.

## La autonomía de lo policial

Cuatro décadas de securitización, entendida como nuevo marco de interpretación y gestión de conflictos sociales y urbanos, han ido proporcionando a la Policía un creciente protagonismo en forma de presupuestos, plantillas, competencias, roles, blindajes y legitimidad. Ese capital simbólico de la Policía ha convertido a la institución en interlocutora directa con la parte de la ciudadanía considerada destinataria del trabajo policial, en detrimento de otras poblaciones subalternizadas que serán objeto de esa intervención policial. Y todo ello prescindiendo cada vez más de las servidumbres respecto del poder político de turno. La situación es tal —lo pudimos apreciar en algunos ayuntamientos del cambio— que la Policía es hoy ingobernable por parte del poder ejecutivo, el cual no tiene más remedio que ceder a sus demandas insaciables si no quiere entrar en conflicto con el monstruo que se ha ido alimentando dentro del Estado.

Allí donde se han ido deteriorando las instituciones propias del welfare, emerge la Policía como principal presencia visible del Estado o, mejor dicho, como el Estado mismo, un Estado que se interpreta deconflictuado, despolitizado, como simple proveedor de servicios a «la ciudadanía». La institución policial aspira a ser lo primero con lo que se tope cualquier ciudadano ante cualquier problema, independientemente de la naturaleza del mismo, el policía es como la ventanilla informativa en la calle. Esta deriva es tal que en algunos discursos policiiales se llega a formular una suerte de identificación absoluta entre la propia institución, la Administración y la ciudadanía. Frases que no están extraídas de una película de ciencia ficción, sino de una simple conversación en una comisaría de barrio en Metropolice, afirman que «la comisaría es el Ayuntamiento» o que «el ciudadano es un policía» que colabora en la lucha contra lo que no es siquiera considerado sociedad.

No es extraño, así, que la Policía haya sido capaz de generar los marcos con los que se debe interpretar no solo
su trabajo, sino todo lo que queda dentro del campo de su intervención, especialmente lo social. La construcción policial de la realidad implica una movilización de recursos comunicativos como no habíamos visto nunca. Gabinetes de prensa cualificados y con poder coercitivo sobre medios de comunicación (dependientes de su información en un mercado cada vez más competitivo), inserción en el mundo de la producción audiovisual espectacularizada o una constante presencia en redes sociales. La Policía informa y forma a «la ciudadanía», al mismo tiempo que potencia sus estrategias de relación con otras instituciones, profesionales y ciudadanos a pie de calle.

En el reverso, en un contexto de precarización de las condiciones de vida y de disolución de vínculos comunitarios, la Policía es el principal recurso para afrontar los conflictos vecinales y familiares cotidianos, así como los que se producen en el seno de otras instituciones, como la escuela. Esta apropiación de la Policía, además de aspirar a reducir miedos y tensiones entre quienes sienten una vulnerabilidad extrema, opera en el campo de las relaciones de poder y las violencias locales en forma de recurso al que acudir si se está tratando de afirmar una legitimidad o una posición en la jerarquía social. Tener a la Policía del lado propio es tomar ventaja en esas disputas de la precariedad cotidiana, aunque en función de las pertenencias y los adjetivos sociales de los sujetos —posiciones de clase, racialización, género, edad, etc.—, ese recurso o *capital policial* será más o menos accesible.

## Revalorización policial y contradicciones internas

La conjugación de discursos políticos «viriles» en materia de *Law and Order* con imperativos locales en materia de gestión preventiva del espacio urbano ha asignado a la Policía un lugar tan central como ambiguo. Por más que se intente mejorar las competencias comunicativas de algunos agentes de policía, la cultura corporativa hipermasculina aflora en medio de un contexto que no se parece tanto al de la ciudad donde el crimen campa a sus anchas como al de la ciudad donde la desigualdad, la pobreza y la diversidad no homologada al mercado desbordan todo intento por camuflarlas.
Para empezar, la función de la Policía como garante del orden social y último baluarte frente al desorden se ha visto revalozada. Más o menos en todas partes, la evolución de los dispositivos legislativos ha tendido a otorgarle más poderes (en materia de interceptaciones, de registros, de retenciones de individuos), así como a disminuir los controles externos que pesaban sobre ella. Un fabuloso ejemplo de esto es la ley mordaza aprobada en España en 2015 por el gobierno del Partido Popular, la cual no se limita a otorgar más poderes a la Policía en materia de represión de la protesta social (aspecto, quizás, más conocido), sino que ensancha de manera considerable la discrecionalidad administrativa y la capacidad sancionadora de las fuerzas de seguridad, algo que pudo constatarse de la forma más cruda en la gestión (policial) de la pandemia de la COVID-19, en la que se impuso una media diaria de 20.000 sanciones en el periodo en el que estuvo vigente el estado de alarma.<fnref n="2" />

Brigadas de intervención como las *anti-crime units* estadounidenses, las brigadas anticriminalidad francesas (BAC) o las Unidades de Prevención y reacción del Cuerpo Nacional de Policía (conocidas como «Bronce») aparecen por todos lados. Fuertemente militarizados, estos cuerpos se ajustan a la perfección a las imágenes públicas de lucha contra la delincuencia que los gobernantes pretenden promover.<fnref n="3" /> Para entenderlo basta con observar las insignias de estos policías. El recurso a imágenes de depredadores (tigres, leones, lobos, cocodrilos, cobras, aves rapaces, etc.) velando por el orden mientras la ciudad duerme (el lema de los Bronce, escrito en latín para mayor solemnidad, es «Custodiam adsumimus et ordinem redigimus» [Asumimos la custodia y restablecemos el orden]) es más elocuente que muchos de los discursos sobre el modo de intervención y relación con el espacio y sus habitantes que estos cuerpos quieren encarnar. El lema de las *Street Crime Units* neoyorquinas, disueltas en 2002 después de haber acribillado a tiros a un joven afroamericano desarmado, era *We Own The Night* [somos los amos de la noche]. Estas unidades, muy eficaces cuando se trata de dispersar una reyerta o de intervenir en

<footnote n="2">² José María López-Riba, «La gestión policial de la crisis sanitaria», *Ctxt*, 01/04/2020.</footnote>

<footnote n="3">³ Bernard E. Harcourt, *The Counterrevolution: How our government went to war against its own citizens*, New York, Basic Books, 2018.</footnote>
un delito flagrante, encuentran sin embargo enormes dificultades en el día a día de una actividad policial ahora destinada a la regulación de pequeñas indisciplinas.

En efecto, las misiones de «pacificación social» del espacio público no interesan demasiado a la Policía, que sitúa el bajo de policía judicial en lo más alto del escalafón. La Policía es una institución que se caracteriza, quizá incluso más que otras, por elegir tanto sus misiones como la forma de llevarlas a cabo. Esta libertad de acción no está necesariamente en sintonía con las demandas externas. El tema de los grupos de jóvenes que se apalancan en los portales, en los parques o en las plazas resulta interesante en este sentido, ya que es el punto de convergencia de numerosas quejas tanto por parte de particulares como de agentes institucionales. El desajuste entre unas demandas de intervención relativamente anodinas pero reiteradas y la persecución de delitos limita el entusiasmo de los policías para intervenir. En efecto, las demandas de regulación de los pequeños desórdenes exceden ampliamente las capacidades de la Policía y su saber hacer (y su saber ser). Esas intervenciones solitarias de la Policía, que a menudo se reducen a una represión sin delito o a un control sin infracción, acaban en algunas ocasiones en sanción o incluso detención en caso de que encuentren un arma o droga, pero la mayor parte de las veces se traducen en un control de identidad y en una expulsión del lugar sin ningún amparo legal.

Estas estrategias policiales de acoso son las que justificaban J. Q. Wilson y G. Kelling cuando indicaban que la «policía arresta bajo cargos tales como “persona sospechosa”, “vagancia”, o “ebriedad” —cargos con escaso significado legal—. Estos cargos existen no porque la sociedad quiera juzgar y castigar a los vagos y borrachos sino porque desea la policía tenga herramientas legales para quitar a las personas indeseables del barrio cuando han fallado los esfuerzos informales por preservar el orden en las calles».<sup>4</sup>

En todos los casos, estas misiones resultan poco gratificantes y su repetición instaura un clima de enorme desconfianza entre las fuerzas del orden y los grupos objeto de control. La aspereza de estas relaciones parece conducir inexorablemente

<footnote n="4"><sup>4</sup> James Q. Wilson y George L. Kelling, «Ventanas rotas. La policía y la seguridad en los barrios», *Delito y Sociedad*, núm. 15-16, 2001 [1982], p. 74.</footnote>