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# Conflicto y (re)producción de espacio en tierra pewenche: disputas en torno a la Reserva Nacional Alto Bío-Bío, Lonquimay

Bastien Sepulveda

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Bastien Sepulveda. Conflicto y (re)producción de espacio en tierra pewenche: disputas en torno a la Reserva Nacional Alto Bío-Bío, Lonquimay. Cultura-hombre-sociedad, 2021, 30 (2), pp.41-70. 10.7770/cuhso.v30i2.2206 . hal-03403705

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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

# Conflicto y (re)producción de espacio en tierra pewenche: disputas en torno a la Reserva Nacional Alto Bío-Bío, Lonquimay

*Conflict and space (re)production in Pewenche land: struggles around the Alto Bío-Bío National Reserve, Lonquimay*

BASTIEN SEPÚLVEDA

Programme ACHN-ANR

Laboratoire TVES, Université de Lille, Francia

**RESUMEN** Se analiza en este artículo la manera en que el manejo de las áreas protegidas establecidas en territorios indígenas se ve influenciado e incluso determinado por las dinámicas socio-políticas propias de las comunidades locales. A través del caso de la Reserva Nacional Alto Bío-Bío en Chile, se muestra que, si bien la relación que une los pueblos indígenas a las áreas protegidas resulta ser indudablemente “conflictual”, el conflicto no solamente se da entre los indígenas y el Estado o entre los indígenas y sus vecinos no indígenas, sino también entre las propias comunidades indígenas. Se propone avanzar así en la comprensión del conflicto y sus funciones, destacando que, por un lado, el conflicto permite visualizar las tensiones existentes en torno al acceso y/o apropiación de determinados espacios, pero que, por el otro, actúa como una suerte de catalizador que redefine las relaciones de poder entre los actores en presencia, (re)posicionándolos social y políticamente y (re)distribuyéndolos espacialmente. Este proceso es analizado en la perspectiva de una “geografía del conflicto”, enfoque a través del cual se aborda y considera la experiencia de las comunidades pewenches aledañas a la Reserva Nacional Alto Bío-Bío, cuyas movilizaciones resultaron en una nueva cartografía de los actores en presencia y sus respectivos espacios. Finalmente, se concluye planteando que el conflicto cumple una función de producción y resiliencia del entramado territorial pewenche.

**PALABRAS CLAVE** Comunidades pewenches; áreas protegidas; reivindicaciones territoriales; conflicto intra-étnico.
**ABSTRACT** This article focuses on the way in which the management of protected areas established in Indigenous lands is influenced by the socio-political dynamics of local communities and stakeholders. Although the links between Indigenous peoples and protected areas remain undoubtedly “controversial”, it is shown, through the case of the Alto Bío-Bío National Reserve in Chile, that conflicts not only arise between Indigenous peoples and the State or between Indigenous peoples and non-Indigenous settlers, but also amongst Indigenous communities. In so doing, the article considers conflict as both a means to visualising tensions over the access and/or appropriation of specific places, and a catalyst which redefines power relations amongst local stakeholders by reappraising their social and political positions as well as their spatial locations. Such a re-mapping process is analysed through a “conflict geography” perspective applied to the experience of the Alto Bío-Bío National Reserve’s neighbouring Pewenche communities and their political mobilisations, which created a new mapping of the actors and their spaces. The article eventually concludes on the role of conflict regarding the production and the resilience of Pewenche territoriality.

**KEYWORDS** Pewenche communities; protected areas; land claims; intra-ethnic conflict.

## Introducción

En Chile, el uso de la expresión “conflicto mapuche” se ha hecho frecuente para retra-
tar las tensiones que las distintas formas de movilización y protesta de comunidades
y organizaciones del pueblo mapuche ponen en evidencia. En términos generales, el
conflicto es un proceso que refiere a la emergencia de una forma de antagonismo –
que puede expresarse desde simples desacuerdos hasta situaciones de violencia abier-
ta – entre dos o más actores, y a los mecanismos mediante los cuales se plantea su
resolución. El conflicto remite de este modo a juegos y estrategias entre actores que
se vinculan mediante correlaciones de fuerzas que se despliegan y (re)definen a través
del tiempo y del espacio. Pero el espacio no sólo constituye una suerte de escenario
que enmarca el conflicto: puede ser también su objeto. Las formas de apropiación y
uso de determinados espacios suelen efectivamente ser un motivo de conflictos entre
distintos actores, hablándose en estos casos de disputas territoriales.

El conflicto puede por lo tanto ser abordado desde una perspectiva geográfica,
para describir y comprender tanto su inscripción en el espacio como la manera en que
influye en su configuración. Se habla al respecto de “geografía del conflicto” (Richard,
2015), perspectiva a través de la cual propongo abordar aquí el “conflicto mapuche”.
Es importante señalar que dicho conflicto se enraíza en una historia marcada por la violencia, el despojo y una exclusión multidimensional – social, política, económica, etc. – que sigue afectando hoy al pueblo mapuche (Bengoa, 1999). Entre los actores involucrados, se cuentan, además de los propios mapuches, al Estado de Chile y sus instituciones, a los colonos y terratenientes instalados en tierras reivindicadas por comunidades mapuches, y a empresas transnacionales ligadas a la explotación de los recursos naturales que rodean estas comunidades. El “conflicto mapuche” refiere así al conjunto de acciones y medidas desplegadas por estos actores: desde ocupaciones de tierras reivindicadas, cortes de rutas y marchas, por un lado, hasta formas de persecución incluyendo la represión y criminalización de líderes mapuches, el allanamiento de comunidades y la militarización de determinados sectores, por el otro (Correa & Mella, 2010; Mella, 2007; Pairican, 2014).

Mi análisis se fundamentará más específicamente en los resultados de una investigación realizada en el Alto Bío-Bío, que ha sido el objeto de una constante atención por parte de la comunidad geográfica debido a los importantes conflictos generados ahí en torno a la terratenencia y al uso de recursos ambientales (Aagesen, 1998; Azócar et al., 2005; Herrmann, 2005; Molina, 2015). El Alto Bío-Bío, la cuenca alta del río Bío-Bío, corresponde al territorio histórico de los pewenches que forman parte del pueblo mapuche. Según el censo de 2017, los pewenches representarían respectivamente 83% y 54% de la población de las comunas de Alto Bío-Bío y Lonquimay, donde su identidad está profundamente ligada a la presencia del *pewen* o araucaria (*Araucaria Araucana*), conífero que consideran como su árbol sagrado y por el cual han luchado para impedir su explotación en la segunda mitad del siglo XX. Producto de esta lucha, la araucaria está hoy protegida como Monumento Natural y preservada, además, en distintas áreas protegidas creadas en diversos sectores del Alto Bío-Bío (Bengoa, 1992; Molina & Correa, 1996).

La Reserva Nacional Alto Bío-Bío (RNABB) es parte de esta red de áreas protegidas que fueron creadas en tierras que familias y comunidades pewenches ocupaban ancestralmente para la recolección de piñones – fruto de la araucaria – y el pastoreo de ganado mayor – bovinos y equinos – y menor – caprinos. Resulta también de particular interés destacar que la RNABB ha sido el objeto de demandas de restitución por parte del Consejo Pewenche de Lonquimay (CPL), que federó a partir de 2006 a las comunidades pewenches del sector sur-oriental de Lonquimay con el fin de defender sus derechos.

Considerando esta experiencia, me interesa mostrar que el conflicto, en tanto mecanismo de regulación social y política, participa activamente de la (re)producción del espacio en tierra pewenche. Pues, las movilizaciones del CPL en torno a la RNABB, además de visibilizar las tensiones generadas entre grupos rivales por la apropiación de determinados recursos, dieron paso a un complejo y dinámico juego de alianzas y
afinidades en constante (re)negociación que resultó en una nueva cartografía de los actores en presencia y sus respectivos espacios. Planteo de este modo que el conflicto cumple una función de producción y resiliencia del entramado territorial pewenche.

Para demostrarlo, contextualizo primero los vínculos que históricamente unen las comunidades pewenches a las tierras de la RNABB. Describo con este propósito las sucesivas secuencias mediante las cuales se fue conformando esta área protegida y la propiedad de la tierra en el sur-este de Lonquimay. Tras exponer estos antecedentes, presento el ciclo de movilizaciones del CPL, que artículo cronológicamente destacan- do sus logros y fracasos. Finalmente, propongo una interpretación de este proceso que analizo a través de una triple lectura: como un conflicto religioso, un conflicto por tierras, y un conflicto intercomunitario. Pero antes de dar paso a esta demostración, detallo a continuación algunos aspectos metodológicos de la investigación realizada.

## Marco metodológico

El análisis aquí presentado se enmarca en una investigación doctoral llevada a cabo entre 2006 y 2011 sobre la forma en que se ha venido planteando la cuestión territorial mapuche en Chile (Sepúlveda, 2011). Parte importante de las reflexiones desarrolla- das al respecto se centraron en las dinámicas socio-políticas relativas al manejo de las áreas protegidas formadas y administradas por el Estado en territorio mapuche. Partiendo de la premisa que dichas áreas constituyen un espacio idóneo para evaluar críticamente las relaciones entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, se propuso enfocar la investigación al caso de la RNABB cuya formación en parte del territorio ancestral pewenche había sido cuestionada públicamente por el CPL a finales del año 2006.

Las encuestas que se realizaron en este marco articularon un intensivo trabajo de campo con la revisión de archivos en distintas instituciones públicas. Estas encues- tas se concentraron entre los años 2007 y 2009 principalmente, concretizándose a través de múltiples estadías de varias semanas tanto dentro del área protegida como de las comunidades pewenches aledañas. Además de recorrer el terreno de estudio, estas estadías permitieron conocer a los distintos actores locales e intercambiar con ellos tanto en contextos formales (reuniones y asambleas comunitarias, consejos con- sultivos de la RNABB, etc.) como informales (conversaciones en ámbitos familiares, cabalgatas de exploración dentro de la RNABB, participación a actividades culturales, etc.), así como entender las dinámicas en juego mediante observación participante. Los objetivos de la investigación pudieron de esta manera ser expuestos y discutidos con diversos interlocutores con quienes se compartieron opiniones e informaciones apropiadas en reiteradas ocasiones.

En este sentido, es importante recalcar que las encuestas se enfocaron a entender y contextualizar la constitución de la propiedad en el sector sur-este de Lonquimay,
así como el advenimiento y la evolución a través del tiempo de las relaciones de ve-
cindad entre la RNABB, las comunidades pewenches y las familias de colonos. Para
complementar y profundizar este análisis, se llevó también a cabo un importante y
sistemático trabajo de reconstrucción de los árboles genealógicos de los distintos
troncos familiares pewenches del sector. Esto apuntó a comprender, por un lado, la
articulación del tejido socio-político pewenche – es decir las lógicas matrimonia-
les y de parentesco que: a) definen los contornos y la naturaleza de una comunidad
pewenche, y b) sustentan los juegos eventuales de alianzas intercomunitarias – y, por
el otro, su dimensión espacial o, dicho de otro modo, la manera en que las estructuras
socio-políticas pewenches se plasman e inscriben en el espacio. Los relatos sobre los
derechos de uso y goce en las tierras de la RNABB pudieron de esta forma ser contex-
tualizados en la memoria genealógica de los actores pewenches.

Las informaciones así colectadas fueron además cruzadas con datos obtenidos mediante la consulta de archivos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF)<fnref n="1" /> relativos a la historia y al manejo de la RNABB. Con este fin, un convenio fue firmado con la institución, permitiendo a su vez el acceso al área protegida y el uso de sus infraestructuras en el marco de la investigación. A ello, se sumó también la revisión de antecedentes administrativos y jurídico-legales de las comunidades pewenches del sector en distintas dependencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)<fnref n="2" />, en particular del Archivo General de Asuntos Indígenas (AGAI), como títulos de dominio, oficios y expedientes judiciales, actas de constitución de comunidades y listados de socios, informes de reuniones y asambleas. En complemento, algunos registros de propiedad y mapas aferentes fueron también consultados en los archivos del Ministerio de Bienes Nacionales. Finalmente, además de una acotada bibliografía especializada, se examinó una serie de cuerpos legales afines al propósito del estudio (leyes, decretos, etc.), en particular aquellos relativos a la legislación indígena, la constitución de la propiedad y la protección ambiental.

El análisis que sigue resulta del cruce y confrontación de los datos obtenidos a par-
tir de estas distintas fuentes, y de un vaivén permanente entre el terreno y los fondos
archivísticos, permitiendo así comprobar y confirmar o cuestionar y reevaluar ciertas
hipótesis o ciertos argumentos. Por último, es importante destacar también que los
actores del terreno fueron invitados a discutir de estas problemáticas en distintos en-

<footnote n="1">1. Bajo la tuición del Ministerio de Agricultura, CONAF es la entidad pública a cargo de la admin-
istración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), compuesto por
parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales.</footnote>

<footnote n="2">2. Creada por la Ley Indígena de 1993, la CONADI es la institución pública a cargo de la imple-
mentación de las políticas indígenas en Chile, particularmente en materia de compra de tierras y
programas de desarrollo.</footnote>
cuentros académicos, tanto durante como después del proceso de investigación, en el marco de un diálogo permanente y “transcontextual”<fnref n="3" />. En esta misma perspectiva, un informe final de investigación fue presentado y entregado a los dirigentes de las comunidades del CPL en un encuentro comunitario organizado en su sede de Pehuenco Bajo, en abril de 2009. Estas diversas plataformas de intercambio con los actores del terreno buscaron así contribuir a la apertura del mundo académico a otras formas de producción del conocimiento y más particularmente a la construcción de una relación descolonizada con el pueblo mapuche (Rivera & Sepúlveda, 2011).

## La formación de un área protegida en tierras pewenches

La situación actual de las comunidades pewenches de Lonquimay *vis-à-vis* la RNABB resulta de un largo proceso iniciado a comienzos del siglo pasado, con la llamada “radicación de indígenas” que intervino en la comuna entre 1905 y 1911 y reconoció sólo muy parcialmente la terratenencia pewenche. En 1912, la creación del área protegida constituyó otra etapa del despojo territorial pewenche, al incluir dentro de sus deslindes las tierras de varias familias que no habían sido radicadas previamente. Fue recién en la segunda mitad del siglo XX, mediante los sucesivos procesos de “colonización agrícola” y de “liquidación de comunidades indígenas” que permitieron desafectar varias hectáreas del área protegida, que estas familias vieron su situación territorial “regularizada”, convirtiéndose entonces en los nuevos vecinos de la RNABB (Figura 1).

<footnote n="3">3. Dos seminarios fueron organizados en la Universidad de Concepción durante el desarrollo de la investigación, en 2007 (“El Alto Bío-Bío: un territorio y su identidad. Jornada de reflexión en torno a la construcción del espacio en tierra pehuenche”) y 2009 (“Áreas silvestres protegidas en territorios indígenas. El caso mapuche en Chile”). En 2015, un tercer encuentro fue organizado en la Universidad Católica de Temuco (“El indígena, el territorio y el geógrafo: diálogo epistémico en torno a la producción de saberes geográficos en el Alto Bío-Bío”), ocasión en la cual los resultados presentados en este artículo fueron discutidos en presencia de algunos dirigentes del CPL que también tuvieron la oportunidad de expresar su punto de vista al respecto, como se puede apreciar en la intervención del lonko Nivaldo Romero publicada en este dossier (“Es el momento que los mapuches debemos participar en CONAF”).</footnote>
<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Figura 1. Reserva Nacional Alto Bío-Bío y comunidades pewenches aledañas
Fuente: IGM, CONAF y CONADI / Elaboración del autor.</figcaption></figure>

La radicación de los pewenches en Lonquimay

El proceso de “radicación de indígenas” fue una suerte de política de ordenamiento territorial que se implementó entre 1884 y 1929 en las actuales regiones del Bío-Bío, de La Araucanía y de Los Ríos, al finalizar la campaña militar de Pacificación de la Araucanía (1861-1883)⁴. Dicho proceso consistió precisamente en catastrar y atribuir parcelas de terreno en propiedad a las familias indígenas, con el fin de “liberar” gran-

4. La llamada “Pacificación” permitió al Estado chileno anexar las tierras mapuches ubicadas al sur del río Bío-Bío que, tras la firma en 1641 del Tratado de Quilin entre la Corona española y representantes del pueblo mapuche, había sido establecido formalmente como frontera entre un dominio colonial español al norte y un territorio mapuche independiente al sur (Bengoa, 2007).
des extensiones de tierra y “abrir” el territorio mapuche a la colonización agrícola. Una ley promulgada en 1883 estableció con este fin una Comisión Radicadora de Indígenas que procedió a la entrega de 3 078 Títulos de Merced (T.M.) cubriendo una superficie total de 500 000 ha, es decir apenas 6% del territorio que originalmente controlaba el pueblo mapuche. Además, no todos los sectores fueron igual ni cabalmente cubiertos, dejando a muchas familias sin títulos de dominio sobre las tierras que ocupaban (Bengoa, 1990; González, 1986).

Fue en 1896 cuando la Comisión Radicadora de Indígenas instaló una oficina en el fuerte de Lonquimay, procediendo entonces a la entrega, entre 1905 y 1911, de nueve T.M. que no sumaron más de 20 950 ha, es decir un poco más del 5% de la superficie de Lonquimay (Tabla 1). Es preciso señalar que la instalación de un número importante de colonos en los valles de los ríos Lonquimay y Bío-Bío ya había contribuido a limitar las posibilidades de radicación de muchas familias pewenches; situación que se vio agravada por los remates de tierra que ya se estaban realizando en ese período y dieron paso a la constitución de grandes fundos en la comuna. La creación de la RNABB está directa y estrechamente vinculada a este proceso también, al formarse a partir de las tierras que por diversos motivos no fueron rematadas en el sur-este de la comuna.

<table><caption>Tabla 1. Títulos de Merced adjudicados en Lonquimay</caption><thead><tr><td>N°</td><td>Titular</td><td>Sector</td><td>Fecha</td><td>Personas</td><td>Sup. (Ha)</td></tr></thead><tbody><tr><td>997</td><td>Huenucal Ivante</td><td>Icalma</td><td>07/1905</td><td>34</td><td>750</td></tr><tr><td>998</td><td>Pedro Calfuqueo</td><td>Icalma</td><td>07/1905</td><td>40</td><td>1 000</td></tr><tr><td>1.000</td><td>Benancio Cumillán</td><td>Cruzaco</td><td>07/1905</td><td>32</td><td>900</td></tr><tr><td>1.036</td><td>Manuel y Samuel Queupu</td><td>Mariepumenuco</td><td>08/1905</td><td>195</td><td>4 200</td></tr><tr><td>1.056</td><td>Paulino Huaiquillan</td><td>Pedregoso</td><td>05/1906</td><td>145</td><td>2 800</td></tr><tr><td>1.075</td><td>Bernardo Ñanco</td><td>Naranjo</td><td>05/1906</td><td>287</td><td>6 500</td></tr><tr><td>1.192</td><td>Francisco Cayul</td><td>Collipulli</td><td>05/1907</td><td>116</td><td>2 200</td></tr><tr><td>1.290</td><td>P. Curilem, L. Zúñiga y G. Ñehuen</td><td>Pehuenco</td><td>04/1908</td><td>105</td><td>2 100</td></tr><tr><td>2.144</td><td>José Quintriqueo</td><td>Cerro Redondo</td><td>0/1911</td><td>17</td><td>500</td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td></td><td>20 950</td><td>20 950</td></tr></tbody></table>

Fuente: AGAI-CONADI / Elaboración del autor.

## Conformación de la Reserva Nacional Alto Bío-Bío

La creación de la RNABB no se puede entender sin referencia a un contexto histórico regional más amplio en el que, ya a comienzos del siglo XX, se podían apreciar los impactos ambientales de la tala incontrolada de bosque nativo, producto de la apertura del territorio mapuche a la colonización agrícola. En lo que corresponde a la actual Región de La Araucanía, miles de hectáreas habían sido despejadas para dejar paso
al desarrollo agropecuario. El hecho de que las primeras áreas protegidas de Chile se crearan precisamente en esta región se explica entonces por la voluntad del Estado en reafirmar su dominio sobre recursos estratégicos como son el bosque y los cursos de agua (Camus, 2006). Un análisis más atento revela no obstante que muchas de estas áreas protegidas se ubicaron también en sectores cordilleranos, con el fin de marcar y consolidar el trazado fronterizo que separa Chile de Argentina, en un período en que los Andes australes eran más una frontera abierta que una línea rígida (Bandieri, 2001; Pinto Rodríguez, 2011).

Fue en respuesta a esta doble intención que surgió, en 1912, la Reserva Forestal del Alto Bío-Bío, que con la evolución de la legislación nacional en lo que refiere a áreas protegidas pasaría a denominarse Reserva Nacional Alto Bío-Bío en 1984. En los hechos, un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores del 6 de noviembre de 1912 ordenó que se procediera a entregar a la Inspección General de Bosques, Pesca y Caza el Lote Bb del remate del 30 de marzo de 1911, por el cual "no se [había hecho] ningún pago", y los terrenos disponibles del Lote B, para destinarlos a reserva de bosques fiscales; traspaso que se celebró el 17 de julio de 1913.

Sin embargo, tal perímetro incluyó, en los sectores de Pino Solo y Piedra Blanca, a varias decenas de familias pewenches y no pewenches cuyos derechos no habían sido aún reconocidos, y fueron por lo tanto automáticamente convertidas en "ocupantes ilegales". En un contexto marcado por una creciente presión sobre las tierras y sus recursos en el sector, esta situación generó un sinfín de tensiones, especialmente entre pewenches y colonos quienes se disputaron el uso y la apropiación de distintos sectores del área protegida. La creación, en 1928, de la Caja de Colonización Agrícola, permitiría entonces solucionar en parte las demandas de varias de estas familias.

## Los efectos de la colonización agrícola

A través de su Decreto N°10.234 del 25 de noviembre de 1929, el Ministerio de Fomento ordenó transferir a la Caja de Colonización Agrícola "seis mil (6 000) hectáreas de los terrenos de la Reserva Forestal del Alto Bío-Bío", con el fin de radicar a las familias que se encontraban ocupando esos terrenos. No obstante, no se definieron los deslindes del retazo a transferir, precisando el mencionado decreto que su ubicación sería "determinada por los funcionarios que designe dicha Caja y el Departamento de Tierras y Colonización". En la práctica, el proceso de reparto de las tierras desafectadas se inició tan sólo cerca de una década después, con la entrega de una primera hijuela en 1938. Hasta el año 1967, fueron 28 los predios que así se entregaron y cuya desafectación cambió considerablemente la fisionomía de la RNABB (Tabla 2), que de un solo paño pasó a dividirse en tres sectores físicamente separados (Figura 1).
<table><caption>Tabla 2. Adjudicación de los predios transferidos en 1929 a la Caja de Colonización Agrícola.</caption><thead><tr><th>Fecha</th><th>Adjudicatario</th><th>Modo de adquisición</th><th>Sup. (Ha)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1938</td><td>Sucesión Samuel Burgos</td><td>Dec. N°587 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>91,50</td></tr><tr><td rowspan="2">1939</td><td>José Dario Chandía</td><td>Dec. N°1.802 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>202,00</td></tr><tr><td>Aduana de Fronteras</td><td>Dec. N°1.899 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>25,00</td></tr><tr><td>1943</td><td>Florentina Sandoval</td><td>Dec. N°2.639 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>250,50</td></tr><tr><td>1945</td><td>Nicolás Silva</td><td>Dec. N°1.385 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>160,00</td></tr><tr><td>1953</td><td>José Santos Gutiérrez</td><td>Dec. N°2.220 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>218,00</td></tr><tr><td>1954</td><td>Anacleto Córdova</td><td>Dec. N°1.407 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>198,70</td></tr><tr><td>1955</td><td>Sucesión Carlos Burgos</td><td>Dec. N°1.514 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>442,50</td></tr><tr><td rowspan="4">1963</td><td>Miguel Durán</td><td>Dec. N°1.318 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>100,00</td></tr><tr><td>Alberto Catalán</td><td>Dec. N°1.356 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>299,38</td></tr><tr><td>Nolberto Catalán</td><td></td><td>102,06</td></tr><tr><td>José Osvaldo Sepúlveda</td><td>Dec. N°1.550 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>155,30</td></tr><tr><td rowspan="2">1964</td><td>Ernesto Palma</td><td>Dec. N°381 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>101,70</td></tr><tr><td>Osvaldo Contreras</td><td>Dec. N°664 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>181,87</td></tr><tr><td rowspan="2">1965</td><td>Arístides Contreras</td><td>Dec. N°262 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>338,90</td></tr><tr><td>Emiliano Sandoval</td><td>Orden Ministerial N°2.259</td><td>54,00</td></tr><tr><td rowspan="12">1966</td><td>Eliazar García</td><td></td><td>223,43</td></tr><tr><td>Eleuterio Nahuelcheo</td><td>Dec. N°1.364 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>343,86</td></tr><tr><td>Juana Nahuelcheo</td><td></td><td>18,20</td></tr><tr><td>Facundo Campos</td><td></td><td>266,00</td></tr><tr><td>José Ignacio Nahuelcheo</td><td>Dec. N°1.394 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>122,55</td></tr><tr><td>Elizardo García</td><td>Dec. N°1.508 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>537,00</td></tr><tr><td>Eliseo García</td><td></td><td>287,80</td></tr><tr><td>Hipólito Contreras</td><td></td><td>284,63</td></tr><tr><td>Baldomero Silva</td><td>Dec. N°1.516 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>453,30</td></tr><tr><td>Romero Nahuelcheo</td><td></td><td>74,15</td></tr><tr><td>Manuel Segundo Catalán</td><td></td><td>183,20</td></tr><tr><td>1967</td><td>Alejandrina Lema</td><td>Dec. N°1.638 (Min. Tierras y Colon.)</td><td>257,40</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>5 972,93</td></tr></tbody></table>

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales, Gobierno de Chile / Elaboración del autor.
Entre los títulos entregados, cabe mencionar a los cuatro predios adjudicados a miembros de la familia pewenche Nahuelcheo, ya establecidos en el sector de Pino Solo al momento de la creación del área protegida en 1912. Al regularizarse la tenencia de la tierra en este sector en 1966, los Nahuelcheo pasaron entonces del estatuto de meros ocupantes de tierras fiscales al de vecinos directos del área protegida. Sin embargo, la acción de la Caja de Colonización Agrícola tendió más bien a beneficiar a colonos chilenos, dejando sin atender a las peticiones de otras tantas familias pewenches del sector vecino de Piedra Blanca – Lemunao, Loncon y Meliqueo – que también habían sido “atrapadas” dentro de los deslindes de la RNABB.

No es por lo tanto casual que los litigios más importantes entre pewenches y colonos se hayan producido precisamente en este sector, debido a la desprotección de las familias pewenches respecto de las tierras que efectivamente ocupaban y reivindicaban como suyas. Ya en julio de 1964, el Abogado Defensor de Indígenas, Hugo Ormeño, iniciaba gestiones de radicación a pedido de los pewenches de Piedra Blanca, solicitando además una orden de amparo, con el fin de impedir “a cualquier particular que [ocupara] los terrenos” de la comunidad. En octubre del mismo año, en una carta dirigida a este mismo abogado, miembros de la familia Meliqueo insistían en su demanda, solicitando “una radicación de quinientas hectáreas en la Reserva Forestal Fiscal denominada Agua Enterrada”<fnref n="5" />. Dos años más tarde, un Oficio enviado por el entonces guardaparque de la RNABB al administrador de la Reserva Forestal Malalcahuello señalaba lo siguiente:

> Por medio del presente Oficio, comunico a usted, sobre ocupación de las veranadas<fnref n="6" /> denominadas “Aguas Enterradas” pertenecientes a la Reserva Forestal de este lugar, por varias familias indígenas de la reducción Quiñelevi Meliqueo del lugar Piedra Blanca, en estos últimos días, ya que estos indígenas pretenden estos lugares por haberles sido mensurados en este último verano por un señor agrimensor del Juzgado de Letras de Indios de Victoria”.

Pese a sus movilizaciones, las familias pewenches de Piedra Blanca tuvieron que esperar hasta el año 1987 para ser finalmente radicadas, en el contexto del llamado proceso de “liquidación de las comunidades indígenas” implementado durante el régimen militar.

<footnote n="5">5. Entiéndase “sector Agua Enterrada de la Reserva Forestal del Alto Bío-Bío”.</footnote>

<footnote n="6">6. Situada en los valles altos, la veranada es un espacio fundamental para la economía de las familias pewenches que llevan ahí su ganado entre los meses de diciembre y abril, para aprovechar los pasos primaverales. Pero la veranada es también el espacio de los bosques de araucarias cuyo piñón se cosecha entre marzo y abril, antes de regresar a la invernada, valle abajo, donde se permanecerá hasta la primavera.</footnote>
La entrega de predios fiscales durante el régimen militar

El 22 de marzo de 1979, el régimen militar promulgó el Decreto-Ley N°2.568 que sistematizó el principio de división de las tierras indígenas, más conocido como “liquidación de las comunidades indígenas” (Rupailaf, 2002). El referido texto encomendó al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a través de su Departamento de Asuntos Indígenas, la responsabilidad de remensurar los predios de los T.M. y dividirlos en hijuelas para ser entregadas en propiedad a cada uno de los jefes de hogar presentes al momento de la adjudicación. Al transformar a los indígenas en propietarios individuales, la administración militar buscó incorporar sus tierras a la lógica de mercado, permitiendo su enajenación a través de diversas modalidades (venta, arriendo, etc.). Pero es importante recalcar que el procedimiento no se limitó a los antiguos T.M., sino que abarcó también a diversos terrenos fiscales que, siendo ocupados tanto por indígenas como colonos, debían también ser incorporados – se consideraba – al mercado de tierras.

Fue precisamente esta medida la que finalmente permitió la radicación de las familias pewenches de Piedra Blanca en 1987, en un retazo de un poco más de 1 000 ha desafectado de la RNABB que por lo tanto vio su forma nuevamente modificada y su cabida reducida en algo más de 31 000 ha. Otro acontecimiento de importancia al respecto fue la mensura y entrega a los miembros de la comunidad de Pehuenco, en el mismo período, de sus tierras de veranada en el predio Pehuenco-Tralilhue, colindante con el sector norte de la RNABB. Aunque esta mensura no implicó modificaciones en los deslindes del área protegida, permitió sin embargo convertir formalmente a los habitantes de la comunidad de Pehuenco en vecinos de la RNABB.

Ocupadas ancestralmente por las familias de Pehuenco, estas tierras no habían sido incluidas en el T.M. N°1 290 en el cual habían sido radicadas en 1908 (Tabla 1 y Figura 1). Al no haber sido legalmente adjudicadas, las veranadas de Pehuenco se convirtieron entonces, y al igual que en Piedra Blanca, en un objeto de conflicto entre pewenches y colonos. Los antecedentes disponibles en el AGAI indican de hecho que la primera reivindicación formulada por parte de las familias pewenches remonta al año 1944. Pese a las fuertes e insistentes movilizaciones de los pewenches, e incluso a las sucesivas resoluciones judiciales que los favorecieron, hubo de esperar hasta el proceso de “liquidación de las comunidades indígenas” para que se resolviera la adjudicación definitiva del predio Pehuenco-Tralilhue a su favor. En el transcurso del año 1984, junto con remensurar y dividir las tierras del T.M. N°1.290, los funcionarios del INDAP mensuraron las 13 000 ha del predio Pehuenco-Tralilhue, cuyos títulos de dominio fueron entregados entre 1987 y 1988.

No obstante, con el crecimiento demográfico ininterrumpido y el consecuente aumento de la presión sobre los recursos, las tierras de veranada formalmente reconocidas a las familias de Pehuenco no dieron abasto. A finales de los 1980, la RNABB
constituía entonces el último reservorio de tierras fiscales aún disponibles en todo el sector; y en circunstancias en que los habitantes de Pehuenco se habían convertido en vecinos del área protegida, podían legítimamente aspirar a verse reconocer un derecho de goce sobre estos terrenos. La situación no fue muy distinta en Pino Solo y Piedra Blanca, donde esta necesidad se manifestó más tempranamente aún y con mayor énfasis, dado que los predios adjudicados en estos dos sectores solo abarcaban las tierras de invernada. Rápidamente, se abrió entonces un inexorable proceso de expansión hacia el interior de la RNABB.

## *El acceso a las veranadas: una demanda social creciente*

En el transcurso de los años 1990, la administración del área protegida fue solicitada por un número creciente de vecinos, tanto pewenches como colonos, particularmente interesados en los pastos de veranada para el pastoreo del ganado mayor – vacunos y caballares. Los primeros en formalizar esta solicitud fueron las familias pewenches de Pino Solo y Piedra Blanca, quienes, ya a comienzos de los años 1990, empezaron a ocupar respectivamente los cajones de Cuchares Chico y Cuchares Grandes, en el sector norte de la RNABB. En ambos casos, esta ocupación ha sido continua a través del tiempo y hasta la fecha. Sin embargo, las solicitudes formales recibidas y archivadas por CONAF evidencian la permanente necesidad por ocupar mayores superficies de veranadas. En el caso de Piedra Blanca, por ejemplo, sus representantes ya solicitaban en 1999 una expansión hacia Cerro Bayo, en 2000 hacia Cuchares Chico, y en 2006 hacia Mancha de Pino en el sector sur de la RNABB.

Si bien la posición de la administración ha sido, en general, favorecer el derecho de goce de sus vecinos, respondiendo positivamente a sus solicitudes, dicho derecho ha sido al mismo tiempo condicionado en lo que refiere a su duración o al tipo y cantidad de ganado que se permitiría llevar. Como es de imaginar, esta posición ha sido fuente de una permanente tensión entre la administración de la RNABB y las comunidades aledañas. Pero, al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar las rivalidades existentes, no solamente entre pewenches y colonos, sino también entre los propios pewenches, que inevitablemente se entrecruzaron en sus respectivos procesos de expansión. Las solicitudes sucesivas de las familias pewenches de Piedra Blanca reflejan bastante bien estas rivalidades, considerando que el sector de Cerro Bayo era ya ocupado por un grupo de colonos en el año 2000 y que Cuchares Chico, como ya señalado, fue tempranamente ocupado por la comunidad de Pino Solo que también expresó su necesidad de expansión. Estas rivalidades plantean un escenario indudablemente adverso que se complejizó aún más con el surgimiento del CPL, que paulatinamente a partir del año 2006 logró posicionarse como un actor ineludible en las discusiones en torno al manejo de la RNABB.
## Los pewenches y/en la gestión de la Reserva Nacional Alto Bío-Bío

Fue en el transcurso de las últimas dos décadas, en el surco de los debates llevados a nivel internacional, que Chile, a través de CONAF, ha venido considerando la participación de las comunidades indígenas en la gestión de las áreas protegidas. El primer documento de trabajo de la institución que hace abiertamente referencia a este principio remonta al año 2002 (Araya, 2002), definiendo para tal propósito cinco niveles de participación (Tabla 3).

<table><caption>Tabla 3. Niveles de co-manejo de áreas protegidas en Chile.</caption><thead><tr><td></td><td>Nivel</td><td>Modalidades de participación</td></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Información</td><td>Se invitan las comunidades a reuniones de información, en una lógica top down.</td></tr><tr><td>2</td><td>Consulta</td><td>Se invitan las comunidades a expresar sus opiniones sobre algún proyecto o problemas eventuales, en el marco de consejos consultativos que reúnen a todos los actores locales.</td></tr><tr><td>3</td><td>Asociación</td><td>Se ofrece a la comunidad la posibilidad de asociarse a CONAF mediante la firma de un convenio que explicite los objetivos que se proponen alcanzar.</td></tr><tr><td>4</td><td>Colaboración</td><td>La colaboración cobra existencia en el marco de proyectos establecidos, financiados y/o apoyados por CONAF en beneficio de una organización comunitaria.</td></tr><tr><td>5</td><td>Integración</td><td>La comunidad es invitada a participar a la preparación del plan de manejo de la unidad y a su zonificación.</td></tr></tbody></table>

Fuente: Araya (2002) / Elaboración del autor.

En los hechos, la consulta ha sido el único nivel de participación efectivamente implementado, materializándose en la formación de consejos consultivos en distintas áreas protegidas a lo largo de todo el territorio nacional (Aylwin & Cuadra, 2011). Compuestos por miembros de diversas instituciones tanto públicas como privadas, pero también por representantes de las comunidades locales, estos consejos se suelen reunir entre una y tres veces al año, según las necesidades y circunstancias. Convocadas y dirigidas por funcionarios de CONAF que también elaboran el temario, estas reuniones reproducen una estructura vertical cuya jerarquía sólo puede ser momentáneamente transgredida mediante la adopción de un convenio de asociación – nivel 3 de participación. Limitados en el tiempo, estos convenios apuntan a redefinir puntualmente las atribuciones de los actores en presencia con el fin de atender, regular o resolver asuntos específicos, sin por eso transformar en profundidad las jerarquías y relaciones de poder establecidas.

Estas limitaciones no han impedido que varias comunidades indígenas se apropiaran de esta figura en todo el país, viendo en ella un interesante instrumento de empo-
deramiento, tal como lo hicieron las comunidades del CPL cuya experiencia respecto de la RNABB puede interpretarse como una pieza en tres actos, entre la emergencia y el reflujo del proceso participativo.

## Primer acto: la conformación del Consejo Pewenche de Lonquimay

A finales del año 2006, las comunidades pewenches aledañas a la RNABB conformaron el CPL, que podríamos definir como una estructura federativa y de coordinación entre distintas comunidades legalmente constituidas e inscritas como Comunidad Indígena (CI) en los registros de la CONADI<fnref n="7" />. El CPL se conformó en sus inicios con las CI Pedro Currilem y Pewen-ko Bajo del sector de Pehuenco y la CI Weche Mapu de Piedra Blanca, sumándose luego, en el transcurso del 2007, la CI Rayen Pehuen de Pino Solo. Además de compartir una situación de vecindad con la RNABB, los miembros de estas comunidades estaban entrelazados por lazos de parentesco multilaterales que abarcaban a varias generaciones. La consideración de este contexto es esencial puesto que permite explicar, en gran medida, las lógicas de articulación y alianzas que dieron forma a la organización (ver última sección al respecto).

En su primera manifestación pública, el día 28 de noviembre del 2006, los miembros del CPL bloquearon durante varias horas la ruta internacional que transita por el paso Pino Hachado, en las cercanías de la aduana de Liucura. Esta demostración de fuerza selló el acta de nacimiento del CPL cuyo principal objetivo declarado era recuperar parte o totalidad de las tierras de la RNABB. En esta oportunidad, los dirigentes de la organización dieron a conocer lo que llamaron la “Agenda Pewenche”, documento en el cual explicitaron el conjunto de sus demandas, entre las que destaca aquella referente al “acceso y restitución de tierras declaradas áreas protegidas”. Aludiendo directamente al caso de la RNABB, se señala que:

> La declaración de áreas protegidas de parte importante del ancestral territorio Pewenche constituyó un acto ilegal y arbitrario considerando que desconoció y atentó a los fundamentos de la cultura Mapuche Pewenche al impedir las actividades de recolección de alimentos y traslado sistemático a la extensión de las comunidades, actividades denominadas veranadas Pewenche.

<footnote n="7">7. Pehuenco, Piedra Blanca y Pino Solo constituyen “comunidades” en el sentido antropológico e histórico, que pueden “albergar” a varias CI. Es por ejemplo el caso en Pehuenco donde se han conformado, entre otras, a la CI Pedro Currilem y la CI Pewen-ko Bajo. Constituidas al amparo de la Ley Indígena de 1993, las CI son dirigidas por un directorio compuesto de un presidente, un secretario, un tesorero y varios directores.</footnote>
Sobre esta base, se reivindicó además "el derecho a la restitución de las tierras, tanto aquellas declaradas fiscales y áreas protegidas y estas tierras sean desafectadas a favor de las comunidades Mapuche Pewenche". Se abrió de este modo un frente de lucha para la recuperación de la RNABB a favor de las comunidades pewenches. Es importante mencionar al respecto que el CPL había nacido como una suerte de bravo o extensión, en Lonquimay, del Consejo de Todas las Tierras (CTT)<fnref n="8" />, con el cual mantenía fuertes vínculos. El CPL pudo de esta forma alimentarse de la experiencia del CTT en materia de reivindicación territorial, particularmente en lo que refiere a la restitución de áreas protegidas creadas en territorio mapuche. Pues, el año 2000, el CTT había logrado ya establecer con CONAF un primer convenio que concedía a once comunidades mapuches aledañas a la Reserva Nacional Villarrica un derecho de uso sobre determinados recursos. Este antecedente sirvió entonces a los dirigentes del CPL para negociar, en 2007, la firma de otro convenio que hiciera valer sus derechos en la RNABB.

## Segundo acto: la firma del convenio de asociación con CONAF

El 23 de mayo de 2007, tras varios meses de espera y negociación, una comitiva de la oficina regional de CONAF acudió a Pehuenco para firmar, con los dirigentes del CPL, un convenio marco de asociación que precisara la naturaleza de las relaciones entre la institución y las comunidades pewenches, y que debiera posteriormente ser complementado por la firma de varios convenios específicos con cada una de las comunidades involucradas. Cabe destacar que, junto con reconocer el uso ancestral de los recursos del área protegida por parte de las comunidades pewenches, dicho convenio reafirmó el "rol administrador ejercido por CONAF en la Reserva Nacional Alto Bío-Bío", legitimando de este modo una situación de hecho, sin tampoco cuestionar el orden jerárquico establecido.

Pese a ser altamente simbólico, este convenio marcó un antecedente fundamental al reconocer y oficializar la presencia pewenche dentro de la RNABB; y pese al restringido marco de acción que planteó para las comunidades, éstas consiguieron hacerse formalmente parte del debate en torno al manejo del área protegida. Los dirigentes pewenches pretendían incluso convertir dicho convenio en un instrumento al servicio de su demanda territorial, considerándolo como un primer logro dentro

<footnote n="8">8. Nacido en 1989 en la coyuntura de la transición democrática, el CTT es una organización de importante trayectoria en el escenario del movimiento mapuche contemporáneo en Chile (Pairican, 2014). Más allá de protagonizar actuaciones a veces espectaculares, como la cabalgata que realizó desde Temuco hasta Santiago para la presentación de su candidatura a la presidencia de Chile en 2005, su principal líder, Aucan Huilcaman, ha participado en numerosos foros internacionales donde ha contribuido al debate en torno al reconocimiento de los derechos indígenas.</footnote>
de un proceso mayor cuyo objetivo era la reconquista y el reconocimiento de la so-
beranía pewenche sobre las tierras del área protegida. Su intención era profundizar
el proceso participativo y traspasar los niveles de co-manejo definidos en el convenio
de asociación, basándose para ello en los distintos documentos y declaraciones de al-
cance internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas – en particular el
Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo y el entonces proyecto
de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En este sentido, la firma del convenio dio paso a juegos complejos de influencia, rela-
ciones de poder y negociaciones estratégicas entre CONAF y los pewenches.

Cabe mencionar al respecto las circunstancias en que se celebró la firma del con-
venio, y en particular el lugar propuesto para tal encuentro cuya elección fue eminen-
temente simbólica. Pues, los dirigentes del CPL lograron que los representantes de
CONAF acudieran a Lonquimay, más precisamente en el recinto de su sede ubicada
en el sector de Pehuenco Bajo (Figura 2). Dicho de otro modo, los invitaron a formali-
zar, en su propio territorio, un acuerdo que suele negociarse entre cuatro paredes, en
las oficinas de la institución. El acto, además, fue encabezado desde sus inicios por los
dirigentes pewenches que, por así decirlo, impusieron a los funcionarios de CONAF
sus propias reglas, ritmos y modalidades. Esta ceremonia evidenció así la importancia
de un encuentro que los dirigentes del CPL supieron aprovechar para (re)afirmarse
frente a los representantes de la institución, logrando así invertir, por lo menos sim-
bólicamente, los términos de una relación que habitualmente los desfavorece.

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Figura 2. Firma del convenio de asociación en Pehuenco Bajo
Fuente: fotografía del autor, 2007.</figcaption></figure>
Tercer acto: el fracaso del gran nguillatunº y el receso de las movilizaciones

Tras la firma del convenio, los dirigentes de las comunidades afiliadas al CPL plasmaron sus demandas en un documento que debía servir como base para la posterior formalización de los convenios específicos. Entregado a CONAF en el transcurso del año 2008, dicho documento presenta la solicitud de restitución de tres sectores de veranadas claramente individualizados para las CI Pewen-ko Bajo de Pehuenco, Weche Mapu de Piedra Blanca y Rayen Pehuen de Pino Solo, además de un cuarto sector solicitado colectivamente a nombre de las cuatro comunidades del CPL. Se trata de Cerro Bayo, identificado en el documento como "territorio sagrado" por considerarse como el refugio de los últimos guerreros mapuches frente al avance del ejército chileno durante la campaña de Pacificación. El hecho que este sector haya sido reivindicado en forma colectiva es en si significativo de la carga altamente simbólica que los dirigentes del CPL le confirieron en el marco de sus movilizaciones.

En este sentido, no es casual que un ngellipun¹⁰ haya sido celebrado en Cerro Bayo, en ocasión de una visita exploratoria realizada en enero del 2008 en la cual los miembros del CPL plantaron una bandera mapuche, marcando así una suerte de rea-propiación simbólica de este territorio (Figura 3). Indudablemente más político que religioso, el acto se realizó precisamente en el lugar donde, en virtud del convenio firmado con CONAF, se contemplaba celebrar el siguiente mes un gran nguillatun, del cual numerosos invitados ya habían sido avisados. Los dirigentes del CPL habían, sin embargo, subestimado el fuerte grado de desaprobación que su proyecto de recuperação del área protegida había generado localmente, en particular entre los colonos pero también entre grupos pewenches evangélicos que objetaron la validez del convenio y se opusieron firmemente a la celebración del gran nguillatun.

9. El nguillatun es la ceremonia más importante del complejo religioso mapuche. Según los sectores, se puede realizar una, dos y hasta tres veces al año, o año por medio, y su duración varía entre uno y tres días.

10. Breve rogativa realizada tanto individual como colectivamente, y de manera circunstancial, para agradecer a los espíritus dueños de un lugar o elemento, por ejemplo antes de entrar a un bosque o cruzar un río.
<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Figura 3. Apropiación simbólica de Cerro Bayo por el CPL
Fuente: fotografía del autor, 2008.</figcaption></figure>

A raíz de esta oposición, pero también de la presión ejercida por la municipalidad de Lonquimay, CONAF decidió finalmente retractarse y prohibir la ceremonia, dos días antes de la fecha fijada para su celebración y en momentos en que los miembros del CPL ya habían empezado a preparar el campo ceremonial. En una nota firmada por el director regional de la institución, el día 13 de febrero de 2008, se justifica esta decisión de la siguiente manera: "Observando que no hay acuerdo entre los dirigentes de las comunidades, en la realización del *nguillatun*, CONAF no apoya y no autoriza la realización del acto cultural". Si bien este vuelco no quebrantó la voluntad de los dirigentes del CPL que, con o sin autorización, no tenían ninguna intención de renunciar a su proyecto, sus opositores decidieron por su parte velar "en terreno" por el cumplimiento de la resolución de CONAF, posicionándose para ello en puntos estratégicos para bloquear el acceso al recinto del *nguillatun* en Cerro Bayo. Un clima de fuerte tensión se apoderó de esta forma de la RNABB y su entorno, convertida en el escenario de un potencial enfrentamiento entre dos bandos rivales.

Al verse atrapada entre dos fuegos, y pese a la oposición interpuesta respecto a la realización de la ceremonia, CONAF no implementó medidas para impedir a los miembros del CPL acceder al recinto religioso. La institución incluso autorizó al administrador de la RNABB retirarse, haciendo así formalmente abandono de la entidad bajo su tuición. Por otra parte, es de mencionar también que la Intendencia de La
Araucanía" dio orden a las fuerzas policiales de no intervenir en lo que se consideró como un "conflicto intra-étnico". Superadas por la contienda desatada en torno al acceso y uso de Cerro Bayo, las instituciones del Estado se vieron entonces cuestionadas en su capacidad de gestión de un conflicto que a todas luces no habían sabido percibir ni anticipar.

Tras varios intentos para acceder a Cerro Bayo, sistemática y vigorosamente repelidos por sus opositores, los miembros del CPL decidieron finalmente celebrar el gran *nguillatun* en las inmediaciones de su sede, en terrenos de la CI Pedro Currilem en Pehuenco Bajo. Más allá del fracaso del proyecto de la organización de recuperar parte del área protegida, lo que esta experiencia permitió en definitiva develar son los límites del campo de acción de CONAF, que al desconocer las dinámicas locales contribuyó a reforzar fracturas tanto inter como intra-étnicas. Y si bien aquel episodio llevó inevitablemente a cuestionar el proceso participativo iniciado meses antes, también demostró las capacidades de las comunidades locales en abstraerse del poder formal de la institución y retomar el control, durante algunos días, de los terrenos declarados como área protegida dentro de su territorio histórico. Fuera de la órbita del Estado que “optó” por no inmiscuirse en la resolución de una situación que sin embargo había contribuido a generar, las comunidades locales renegociaron su posición respectiva mediante un intrincado juego de alianzas y correlación de fuerzas. Es este proceso y los mecanismos que lo sustentaron que propongo analizar en la última sección del artículo.

## Cerro Bayo, febrero de 2008: geografía de un conflicto

La disputa surgida en torno a Cerro Bayo se podría interpretar a primera vista como un "conflicto religioso", es decir un conflicto entre dos grupos cuya oposición descansa en su pertenencia a distintos credos, en este caso religiosidad indígena tradicional *versus* cristianismo evangélico. El hecho que el frente de oposición al CPL se haya estructurado en base al rechazo a la realización de un gran *nguillatun*, ceremonia transcendente del complejo ritual indígena, parecería confirmarlo. Una lectura más atenta revela, sin embargo, que la pertenencia religiosa no fue la causa fundamental de este enfrentamiento, que habría sido motivado más bien por las rivalidades existentes en cuanto al acceso a las tierras del área protegida, en el contexto de fuertes presiones sobre los terrenos fiscales en todo el sector para el pastoreo de ganado. La realización del *nguillatun* en Cerro Bayo no habría sido entonces sino el pretexto de un "conflicto por tierras". Es interesante notar, además, que, en su configuración, dicho conflicto se

<footnote n="11">11. La Intendencia es el órgano representativo del poder central en cada región administrativa del país. El Intendente o la Intendenta siendo nombrado/a directamente por la presidencia de la República.</footnote>
activó sobre la base de alianzas sustentadas en lazos de parentesco que entrelazan a todas las comunidades del sector en forma compleja. Es lo que una lectura fundamentada en el análisis de las estructuras socio-políticas pewenches pone al descubierto, sugiriendo a fin de cuentas que la RNABB se convirtió en tal ocasión en el foco de un "conflicto intercomunitario". Explicar la articulación entre estos diferentes niveles de lectura constituye el objeto de esta última sección del artículo.

## Primer nivel de lectura: un conflicto religioso

Lo religioso es una dimensión importante en el análisis del presente conflicto, que no fue ajeno al peso cada vez más evidente que las corrientes adscritas al cristianismo evangélico tienen en el mundo indígena. Se puede afirmar, de hecho, que la llegada y sucesiva expansión de estas corrientes ha venido complejizando, en el transcurso del último medio siglo, el tradicional antagonismo entre indígenas y colonos que se congregan hoy en los mismos templos. A finales de los años 1960, Christian Lalive d'Epinay (1968) ya afirmaba al respecto que, desde 1930, el contingente de evangélicos crecía en una tasa anual promedia de 6,5%, y que su proporción a nivel nacional había entonces pasado de 1,4% a 5,6% entre 1920 y 1960. El autor identificó además una "zona clave del protestantismo chileno", de Ñuble a Osorno, en lo que llamó "las ocho provincias del sur" que, a grandes rasgos, corresponden también al antiguo territorio mapuche (Lalive d'Epinay, 1968, p. 66). Sin forzar demasiado la interpretación, se puede deducir de lo anterior que el avance del protestantismo en Chile no habría sido ajeno al fervor particular del cual ha sido objeto en tierras mapuches, donde su influencia se hizo aún más evidente a partir de los años 1960, con la llegada de denominaciones pentecostales (Foerster, 1993).

En lo que refiere más específicamente al sector que nos interesa en el marco de este trabajo, se puede mencionar que la difusión del pentecostalismo se hizo a partir de la comunidad de Pehuenco donde, a mediados de los 1980, varios templos ya reúnían a gran parte de los habitantes del sector. El plano de división del T.M. N°1 290 de 1987 indica al respecto que dos hijuelas fueron atribuidas a la Iglesia Biblia Abierta y a la Iglesia Corporación del Señor. De hecho, esta misma situación se repite en muchos de los planos de división que se levantaron en los años 1980 en todo el Alto Bío-Bío. Hubo, sin embargo, algunas excepciones, como fue el caso de la comunidad de Piedra Blanca cuyo plano de división, también de 1987, no hace mención a ninguna denominación religiosa. Sus habitantes cuentan que un primer templo se habría instalado ahí recién en el transcurso de los 1990, pero que un "pastor pewenche" de Pehuenco ya predicaba el evangelio a algunos miembros de la comunidad desde varios años. Y en 2008, se contaban en Piedra Blanca tres templos donde se congregaban todos los habitantes del sector, junto con algunos vecinos de Pino Solo donde la ausencia de templo se suplía también practicando el evangelio "en casa", en espacios específicamente acomodados para tal propósito.
Si bien las modalidades de implantación del pentecostalismo pueden, por lo tanto, variar de un sector al otro, lo que cabe destacar es que todas las comunidades se han abierto desde por lo menos dos décadas a esta corriente religiosa, adoptada y practicada hoy por varias familias pewenches. El espacio falta aquí para explayarse sobre las razones que motivan este cambio religioso y los mecanismos que lo sustentan y hacen posible. Junto con remitir a algunos trabajos de mucho interés al respecto (Foerster, 1993; Guerrero, 2005), se puede señalar que, más allá de las apariencias, la conversión al evangelio permite ante todo una revitalización identitaria al restablecer y perpetuar un lazo esencial con la esfera divina. Lo cierto es que esta dinámica ha irrumpido al interior del mundo pewenche, inscribiendo una fractura entre quienes decidieron convertirse y quienes aspiran a mantener y consolidar sus prácticas religiosas tradicionales.

La disputa en torno a Cerro Bayo no se puede entender sin considerar esta fractura. Tildados en ocasiones de “falsos indígenas” por algunos, los pewenches evangélicos tendieron a rechazar el proyecto del CPL, fundamentado en la valorización de tradiciones y prácticas que muchos de ellos podían interpretar como “obra del mal”. Los evangélicos se unieron así casi “naturalmente” a los colonos con quienes comparían el mismo credo – congregándose incluso en los mismos templos –, llegando a formar un frente que se asemejó a una suerte de “alianza espiritual”. Un primer nivel de lectura de este conflicto deriva entonces de la constatación que cualquier observador externo habría podido hacer al respecto: lo religioso constituye a todas luces un factor fundamental de división entre practicantes del *nguillatun* y seguidores del evangelio, que muchos decretan y presentan como incompatibles.

No obstante, “los evangélicos” recordaron también que habían sido miembros del CPL quienes, años antes, habían sido los vectores del ingreso y de la difusión del pentecostalismo en las distintas comunidades del sector. Dicho de otro modo, eran las mismas personas que, dos décadas después de haber traído y predicado el evangelio, promovían ahora el retorno a las tradiciones. Más que destacar lo irónico de esta situación, interesa resaltar aquí la fluidez con la cual los individuos parecen transitar entre distintas opciones religiosas en determinadas circunstancias, quedando así en claro que la pertenencia religiosa no pudo constituir una incompatibilidad de fondo, sino más bien una oposición de fachada. Resulta por lo tanto necesario ir más allá de las apariencias y superar este primer nivel de lectura, en busca de lo que un aparente “antagonismo espiritual” puede difícilmente ocultar: un conflicto por tierras.

## Segundo nivel de lectura: un conflicto por tierras

Como ya ha sido expuesto anteriormente, ni la regularización impulsada en el marco de la colonización agrícola ni el posterior proceso de liquidación de las comunidades indígenas lograron resolver el delicado tema del acceso a la tierra de los vecinos de la
RNABB, quienes no tardaron en ver en el área protegida una posibilidad de extensión territorial. Ya a comienzo de los 1990, CONAF fue solicitada por un número creciente de pewenches y colonos que querían acceder a determinados sectores de la RNABB para el pastoreo de sus animales. Al acceder a estas peticiones, otorgando de comienzo permisos puntuales de ocupación que se fueron renovando tácitamente año tras año, la administración forestal contribuyó a fijar y "normalizar" la presencia de sus vecinos dentro del área protegida. Aún más importante fue el hecho que la atribución repetida de un mismo sector a un mismo grupo terminó funcionando como un mecanismo de apropiación territorial basado en los principios de diferenciación étnica y de propiedad exclusiva.

La RNABB se fue constituyendo así en un territorio abierto a la "colonización", a través de un proceso guiado por el acceso competitivo a la tierra entre comunidades étnicamente diferenciadas; un proceso en que el CPL se inscribió plenamente y que sus movilizaciones vinieron a consolidar. Al destacar en su discurso la anterioridad pewenche en este territorio, los dirigentes de la organización hicieron de la pertenencia étnica un frente de lucha en pos de la recuperación de un territorio usurpado e ilegítimamente ocupado, no sólo por el Estado, sino también por los colonos. Fundamentándose en los principios promovidos en textos internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas, el proyecto del CPL consistía en afianzar el acceso a aquellos terrenos del área protegida que determinadas familias pewenches solicitan ocupar o que ya venían ocupando, y para los cuales muchas veces solían rivalizar con los colonos.

Junto con acabar con estos conflictos y dejar a los colonos "en su lugar", esta propuesta debía asegurar el apoyo de aquellas familias pewenches que dependían del permiso concedido por CONAF para acceder a las tierras de la RNABB y sus recursos. Es precisamente este mecanismo, mucho más que la realización de un *nguillatun*, que explica las tensiones que se generaron en torno a Cerro Bayo. Pues, ya antes de las movilizaciones del CPL, Cerro Bayo se había constituido en una suerte de *hot spot* de la RNABB, lugar emblemático e ilustrativo de las rivalidades y fricciones entre pewenches y colonos. Recordemos que, desde 1999 por lo menos, la comunidad de Piedra Blanca venía solicitando a CONAF el acceso a este sector que algunos colonos ya ocupaban "de hecho" para el pastoreo de grandes cantidades de animales. Entendiendo que la realización de un *nguillatun* marcaría un paso fundamental que instalaría formalmente a sus rivales pewenches en Cerro Bayo y cuestionaría por consiguiente su dominio informal – pero histórico – en dicho sector, aquellos colonos decidieron "levantarse".

El apoyo que recibieron por parte de varias familias pewenches del sector constituye, sin embargo, un hecho significativo que no puede sino llamar la atención. Es por cierto entendible que, siendo evangélicos, estos pewenches no se hayan sentido iden-
tificados con el proyecto del CPL. ¿Pero cómo explicar que se hayan aliado con sus rivales de siempre? Responder a esta pregunta implica explorar este conflicto más allá de su naturaleza – un “conflicto por tierras” – y de su apariencia – un “conflicto religioso” –, para entenderlo en su estructura, es decir en función del mecanismo que lo sustenta. Un tercer y último nivel de lectura debe por lo tanto poner una atención más particular tanto en la formación de las dos redes de solidaridad en presencia como en las modalidades según las cuales se vinieron configurando en facciones enemigas.

## Tercer nivel de lectura: un conflicto intercomunitario

Para entender los mecanismos que sustentaron las alianzas que se formaron en Ce-rro Bayo, es menester dar algunas explicaciones previas sobre la estructura socio-política mapuche. Es sabido que el *lof* – familia extendida encabezada por un *lonko* – constituye el nivel primordial de esta estructura. Algunos estudios etnohistóricos han demostrado que en la época colonial el *lof* se pudo integrar o empotrar en otras instancias mayores, como el *rehue* – reunión o alianza de varios *lof* –, el *ayllarehue* – agrupación de varios *rehues* – y el *futanmapu* – la “gran tierra” o alianza de varios *ayllarehues* –, que se caracterizaron sin embargo por su carácter altamente dinámico y circunstancial (Boccara, 2007; Zavala Cepeda, 2008). Dicho de otro modo, no parece haber habido estabilidad política asegurada más allá del *lof* cuya estructuración des-cansaba – y sigue descansando – en lazos de sangre y de parentesco fundamentales.

Otro aspecto importante de mencionar es que los T.M. entregados a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX no pudieron ni buscaron adecuarse a esta es-structura debido justamente a su dinamismo. Tanto el crecimiento demográfico como el renuevo generacional y la consecuente mayor distanciación genealógica entre los individuos han hecho – y hacen – que un mismo *lof* vaya naturalmente a dar origen a varios otros *lof*, que a su vez se van a multiplicar con el renuevo generacional. Esta lógica ha implicado que los terrenos de algún T.M. inicialmente adjudicado a algún *lonko* para él y su *lof* puedan hoy albergar dos, tres o más *lof* que pueden eventual-mente conformar en ocasiones un mismo *rehue* – según alianzas pactadas en base a determinados objetivos. A esto, se ha venido a sumar más recientemente la formación de las CI que, según los casos, han podido retomar tanto los contornos del *lof* como del *rehue*.

En Piedra Blanca, por ejemplo, se encuentran hoy tres grupos familiares que se asimilan cada uno a un *lof*. Encabezados por pastores que se sustituyen en este caso a la tradicional figura del *lonko*, estos *lof* se organizan en torno a templos pentecostales cuyos miembros se agrupan a su vez dentro de una sola y misma CI. Si bien esta CI constituye una suerte de *rehue* fundamentado en la alianza de los tres *lof* presentes, es también el lugar donde sus rivalidades se pueden expresar, como lo muestran las dis-putas por el acceso al cargo de presidente de comunidad, en el cual los tres pastores
se han sucedido a través del tiempo. En Pehuenco, en cambio, se encuentran actualmente cinco CI, cuatro de las cuales corresponden sociológicamente a la figura del *lof*, mientras que la última se asemeja, al igual que en Piedra Blanca, a una instancia superior de tipo *rehue*.

Finalmente, en Pino Solo, la más pequeña de las comunidades del sector, se encuentra una sola CI que retoma los contornos del único *lof* presente en este valle. Sin embargo, ya en 2008, algunas fricciones parecían anunciar la ruptura de esta unidad, expresándose como en Piedra Blanca a través de rivalidades por el acceso al cargo de presidente de comunidad. La afirmación de un grupo disidente estaba entonces dividiendo el *lof* de origen en dos entidades distintas y rivales, según el tradicional esquema de reproducción de la estructura socio-política en el mundo mapuche. Lo interesante es que esta misma dinámica se pudo observar simultáneamente en las más comunidades del sector, atravesadas todas por líneas divisorias que explican que el mundo pewenche no se haya posicionado en forma unitaria frente al proyecto del CPL. Dicha dinámica se fue entonces configurando como una suerte de mecanismo que impidió al CPL implantarse y “reinar sin contrapeso” en un mismo sector. Pues, localmente, la adhesión de un grupo al proyecto del CPL implicaría automáticamente el rechazo de otro u otros grupos rivales del primero.

Originada en Pehuenco, la organización federó en una primera instancia a dos CI de estatura de un *lof* cada una, formándose así como una suerte de *rehue* que se expandió luego a los sectores vecinos de Piedra Blanca y Pino Solo. Ahí, sus alianzas se fueron determinando en función de las contiendas locales ya descritas, pudiendo incluso plantearse que la emergencia del CPL fue de alguna manera instrumentalizada por las facciones presentes en cada comunidad, con el fin de reafirmar su independencia respecto de sus rivales. Fue lógicamente el mismo mecanismo que permitió la estructuración del “frente evangélico” que se opuso al CPL y del cual llegó a constituir una suerte de reflejo negativo<fnref n="12" />. Ello cuajó inevitablemente en una importante reestructuración del paisaje comunitario que terminó con la formación y el enfrentamiento de dos bandos que tan solo parecieron diferenciarse por su adhesión a opciones religiosas presentadas como antagónicas: un gran consejo tradicional de autoridades ancestrales de las comunidades pewenches *versus* un movimiento evangélico liderado por pastores.

<footnote n="12">12. Por su parte, los opositores del CPL formalizaron su unión conformándose como Asociación Indígena Frontera de Alto Bío-Bío – según los estatutos definidos en la Ley Indígena de 1993. Es entonces revelador y sintomático a la vez que en sus estatutos hayan afirmado que “la asociación no comparte el idealismo ni la forma de actuar del Sr. [X] ni de su organización “Consejo Pehuenche” y por lo mismo los miembros de la asociación que llegaren a seguir al Sr. [X] serán excluidos de la asociación”.</footnote>
En resumidas cuentas, las rivalidades que se podían observar localmente, dentro de cada sector, se trasladaron a un nivel superior mediante un juego de escalas que permitió que la disputa entre el CPL y "los evangélicos" se convirtiera en una suerte de réplica y proyección a gran escala de conflictos locales que se sumaron y federaron en un solo frente transversal que cada una de las facciones en presencia podría movilizar para enfrentar a sus rivales. En un escenario en el cual la alianza de determinados grupos locales con el CPL podía dificultar o poner en peligro los proyectos territoriales de sus rivales, éstos no dudaron en buscar el apoyo de los colonos que en estas circunstancias – y por esta vez solamente – podrían convertirse en aliados estratégicos. Dicho de otro modo, las movilizaciones del CPL plantearon una coyuntura en la cual las rivalidades mantenidas entre dos o más facciones pewenches de un mismo sector tuvieron un peso más decisivo que las fricciones históricas existentes entre pewenches y colonos.

Ahora bien, no se debe perder de vista que estas alianzas responden a lógicas segmentarias altamente dinámicas y fundamentadas en lazos de parentesco originales en estructuras matrimoniales marcadas por su carácter multilateral. De tal suerte que los distintos lof de un mismo sector se vinculan y entrejen en base a la (re)activación de una multiplicidad de alianzas potenciales, que pueden resultar en vuelcos tan sorpresivos como sorprendentes. Lo anterior devela la maleabilidad del tejido socio-político mapuche que con el crecimiento demográfico y la consecuente readecuación de las distancias genealógicas entre individuos se recompone natural y constantemente. En este escenario, el conflicto constituye indudablemente uno de los mecanismos que, al activar y remover aquellas líneas divisorias que estructuran la vida socio-política de las comunidades, permite y facilita estas recomposiciones.

Así fue como, al pasar de los meses, las alianzas que entre 2007 y 2008 habían permitido la conformación de un frente transversal entre dos bandos igualmente implantados en cada comunidad, y federados a través de ellas, se deshicieron. Como era de esperar, estas alianzas habían sido circunstanciales y, luego, cada lof involucrado en este conflicto se fue reposicionando respectivamente al mosaico de actores en presencia, dependiendo de sus intereses y objetivos, y de la evolución del contexto. Así se ha ido recomponiendo hasta la fecha – y así seguramente se seguirá recomponiendo – el tejido socio-político en las comunidades pewenches del sur-este de Lonquimay.

## Conclusión

Se analizó en este artículo la importancia que las dinámicas socio-políticas indígenas pueden tener para el manejo y el devenir de las áreas protegidas. Mediante el caso de la RNABB en Chile, se buscó demostrar que, si bien la relación que une los pueblos indígenas a las áreas protegidas resulta ser indudablemente "conflictual", el conflicto no solamente se da entre los indígenas y el Estado o entre los indígenas y sus vecinos
no indígenas, sino también entre las propias comunidades indígenas. Así también,
se pudo avanzar en la comprensión del conflicto que no sólo permite visualizar las
tensiones existentes en torno al acceso y/o apropiación de determinados espacios,
sino también actúa como una suerte de catalizador que redefine las relaciones de
poder entre los actores en presencia, los (re)posiciona social y políticamente y los (re)
distribuye espacialmente.

Pues, la disputa en torno a Cerro Bayo no sólo develó el control imperceptible que
las comunidades pewenches siguen manteniendo sobre aquellas porciones de su te-
rritorio declaradas como área protegida, sino también permitió redefinir parcialmen-
te el rol y los espacios de los actores en presencia. Es precisamente a lo que apuntaban
las movilizaciones del CPL que, al inscribirse en un proceso de recuperación de las
áreas protegidas y de descolonización de su gestión en Chile, venía cuestionando las
jerarquías históricamente establecidas entre las distintas categorías de actores vincu-
lados a la RNABB (pewenches, colonos, administración y guardaparques, etc.). Ello
implicaba una nueva forma de entender y distribuir las prerrogativas, funciones y
espacios asociados a cada categoría de actores.

Aunque claramente esta redistribución no se adecuó a las expectativas del CPL,
interesa resaltar aquí que el conflicto en torno a Cerro Bayo constituyó una oportuni-
dad única para que los propios vecinos de la RNABB clarificaran, ellos mismos y sin
intermediación de CONAF, los derechos de goce y acceso de cada cual en las distintas
zonas de veranada. De tal modo que al recaer la agitación en torno al fallido proyecto
de *nguillatun* en Cerro Bayo, la institución no pudo sino ratificar la nueva cartografía
de usos y derechos que el conflicto había dibujado en los terrenos de la RNABB.

Sin embargo, sería apresurado y demasiado simplista afirmar que algunos ganaron
y otros perdieron. Por cierto, el conflicto resultó, por un lado, en la consolidación de
la presencia de las comunidades de Piedra Blanca y Pino Solo en aquellos sectores del
área protegida que colindan o se encuentran en la continuidad de sus tierras; mien-
tras que, por otro lado, contribuyó a excluir – por lo menos temporalmente – a los
miembros de la comunidad de Pehuenco, cuya legitimidad respecto a las tierras de la
RNABB fue abiertamente cuestionada por los demás actores involucrados. No obs-
tante, es interesante notar, que la “repatriación” repentina del *nguillatun* desde Cerro
Bayo a Pehuenco Bajo, en terrenos de la CI Pedro Currilem, dio pie a un proceso a
través del cual los miembros de esta comunidad se enraizaron con más fuerza en sus
terrenos.

Pues, el *nguillatun* que en febrero 2008 celebraron en forma improvisada en Pe-
huenco Bajo – luego de verse privados del acceso a Cerro Bayo – se ha vuelto a ce-
lebrar ahí mismo año tras año hasta la fecha. Dicho de otro modo, fue finalmente en
Pehuenco Bajo donde se reunieron las condiciones apropiadas al renacer cultural que
los dirigentes del CPL querían asociar inicialmente al proceso de recuperación de
las tierras de la RNABB. Y en la continuidad de este proceso, levantaron también, a pocos pasos del campo ceremonial, el Centro Cultural Pewenche Kimun que constituye hoy una referencia de la cultura pewenche y un dinámico vector de su difusión en Lonquimay<fnref n="13" />. Lo que no pudo realizarse en la RNABB se concretizó entonces en Pehuenco Bajo, que el conflicto y las correlaciones de fuerza que lo sustentaron determinaron como espacio legítimo para las aspiraciones del CPL. A fin de cuentas, fue paradójica e inesperadamente en las afueras del área protegida donde el conflicto cumplió de manera más evidente y positiva su función de producción y resiliencia del entramado territorial pewenche.

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<footnote n="13">13. Se organizan ahí, cada año, la Fiesta costumbrista pewenche (en enero) y la Fiesta del piñon (en abril), eventos y espacios a través de los cuales se vive, celebra, mantiene, reinventa y comparte la cultura pewenche junto con turistas procedentes de toda la región.</footnote>
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## Sobre el autor

BASTIEN SEPÚLVEDA es geógrafo y doctor por la Université de Rouen (2011), ha desarrollado investigaciones en Chile sobre las dinámicas territoriales mapuches, tanto en contexto rural como urbano. En sus trabajos, aborda las luchas indígenas por el territorio a través de enfoques temáticos como el desarrollo turístico, el manejo de áreas protegidas y el derecho a la ciudad. Actualmente, trabaja en la Université de Lille donde coordina el proyecto ACHN-ANR INDIGEO (2016-2021) que apunta a trazar una genealogía de las geografías indígenas en tanto campo de reflexión académico. Correo Electrónico: bastien_sepulveda@yahoo.fr
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