# Vulnerabilidad y desigualdades de género en el paraíso turístico de Cancún, México

Jaime Aragón Falomir

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Jaime Aragón Falomir. Vulnerabilidad y desigualdades de género en el paraíso turístico de Cancún, México. ALEXIA UGALDE QUESADA; CARMEN CHINAS; CHRISTINE HATZKY. Biopolítica, violencias de género y resistencias en América Latina, CALAS/CLACSO, 2025, 978-631-308-086-1. 10.54871/ca25bp07. halshs-05243888

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# Vulnerabilidad y desigualdades de género en el paraíso turístico de Cancún, México

Jaime Aragón Falomir

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DOI: 10.54871/ca25bp07

## Introducción

Es indiscutible que México ha experimentado un avance progresivo hacia la democracia electoral desde el inicio del nuevo milenio. Sin embargo, este proceso ha sido limitado en su alcance, ya que se ha concentrado principalmente en aspectos electorales y ha dejado de lado asuntos cruciales como la reducción de la violencia y el fortalecimiento del Estado de derecho, ambos fundamentales para la consolidación de una democracia plena. Según Alberto Olvera Rivera (2010), debido a diversas limitaciones la democratización ha quedado incompleta, incluso –sugiere– se encuentra estancada, lo cual genera frustración. Por un lado, lo anterior se debe a que la democratización no ha impulsado la formación de una ciudadanía participativa capaz de exigir cambios desde la sociedad civil y obtener respuestas de las autoridades políticas. Por el otro lado, parece ser necesario democratizar la propia democracia, ampliando y fortaleciendo el
Estado de derecho (Olvera Rivera, 2010). Es decir, si bien los derechos político-electorales representan un avance significativo, resultan insuficientes, ya que no contribuyen a la pacificación de la sociedad ni garantizan que todos los grupos sociales gocen de los mismos derechos básicos. Todo esto sería fundamental para edificar una sociedad más pacífica y con mejores condiciones de vida tras años de violencia prolongada.

Es decisivo destacar que los procesos de democratización han dejado de lado a numerosos individuos y grupos dentro de un país, entre ellos, los pueblos originarios, las personas sin educación formal (analfabetas), las mujeres, los migrantes o la comunidad LGBT+, que se encuentran constantemente marginados, racializados y sexualizados, enfrentando múltiples desigualdades y, sobre todo, viendo sus vidas amenazadas a perpetuidad. En muchas ocasiones, las democratizaciones han terminado por excluir incluso a ciertos segmentos que apoyaron dichos procesos en sus inicios. Un ejemplo destacado es el aporte de la visión feminista latinoamericana, la cual ha llevado el debate de género a la mesa de negociaciones con el objetivo de promover políticas públicas inclusivas destinadas a desmantelar la “simultaneidad de opresiones” que experimenta la mujer (Sagot, 2017, p. 10).

La biopolítica, entendida como la regulación de la vida y los cuerpos a través de mecanismos de poder y control, es un concepto clave para entender las dinámicas de exclusión y marginalización en los procesos de democratización y los contextos turísticos en México. Michel Foucault ha señalado cómo el biopoder se ejerce mediante la administración de la vida, la salud, la seguridad y la productividad de las poblaciones. En el caso de las mujeres y otros grupos marginados, este control se manifiesta en la precarización laboral, la violencia estructural y la explotación en la industria turística, donde sus cuerpos y vidas son regulados y valorados en función de intereses económicos y políticos. La biopolítica permite analizar cómo dichas estructuras de poder perpetúan desigualdades y limitan la participación democrática efectiva, por lo que se destaca la necesidad de
políticas inclusivas que aborden estas formas de opresión simultáneamente (Foucault, 1978).

En el contexto de los territorios turísticos, se revela una realidad de democracia fallida para la gran mayoría de la población que reside en destinos paradisíacos, pero que, en la práctica, enfrenta empleos mal remunerados y condiciones laborales precarias (Blázquez y Cañada, 2011; Cañada, 2017), y se encuentra sumergida en entornos donde la violencia y la muerte son parte de la vida cotidiana. En todo el país pareciera que existiera una nueva esclavitud: ciertas regiones fronterizas vinculadas a la industria manufacturera y otras ligadas a la “industria” turística absorben el tiempo vital de la mayoría a beneficio de los intereses del empresariado. Se podría pensar que, en las zonas turísticas, donde las personas viajan para disfrutar del tiempo libre, rara vez se cuestionan las horas extras, los horarios extremos y los tan bajos salarios que tienen los residentes, quienes viven situaciones de desempleo que le permiten al empresariado substituirlos en temporada baja y emplearlos en la temporada alta, siendo, en general, las mujeres las que viven dicha injusticia (Mejía García, 2022).

Dicho de otra manera, los turistas viven de los beneficios del mismo sistema, mientras que los residentes viven sus perjuicios. En ese sentido, surgen las preguntas: ¿cómo influyen la democracia, la violencia y el turismo en México desde la perspectiva de las mujeres? y ¿qué implicaciones tienen estos factores en la experiencia de la participación ciudadana y la construcción de una sociedad más inclusiva y segura para las mujeres?

El presente estudio busca contribuir al debate sobre la interseccionalidad de las violencias presentes en zonas turísticas poco visibilizadas, con un enfoque específico en la experiencia de las mujeres. A pesar del progreso hacia la democracia electoral en México y los trabajos previos que han destacado los efectos perjudiciales del turismo, se identificaron limitaciones en ambas áreas. Por un lado, persisten altos niveles de violencia, exclusión social y precariedad laboral en destinos turísticos como la Riviera Maya y Cancún. Por el otro lado, la violencia que se observa en estos sitios puede tener un
impacto negativo en la dinámica turística, lo que, a menudo, lleva a
su omisión en los discursos sobre el turismo.

Por lo tanto, se pretende analizar la manera en que estas formas
de violencia interseccionan y afectan la experiencia de las mujeres
en dichos contextos, para así ampliar la comprensión de los desafíos
que enfrentan las comunidades locales y turísticas, y proponer estra-
tegias efectivas destinadas a abordar las mencionadas problemáticas.
En efecto, la persistencia de la segregación social en los contextos
turísticos revela las brechas que aún existen en el camino hacia una
democracia verdaderamente inclusiva y equitativa. De esta forma, el
objetivo del presente estudio es explorar cómo dichas dinámicas in-
teractúan y perjudican la experiencia de las mujeres en México, con
el fin de contribuir a la comprensión de los desafíos que confronta el
proceso democrático en el país y proponer posibles vías para avanzar
hacia una sociedad más justa y segura para todos sus miembros.

La postura epistémica desarrollada se fundamentó en un enfo-
que interdisciplinario que combinó elementos de la teoría feminista,
los estudios de género, la sociología y la ciencia política en contextos
turísticos. Se reconoce la complejidad de los fenómenos sociales que
se investigaron y se adoptó una perspectiva crítica, la cual busca des-
entrañar las estructuras de “desigualdad de poder” (Foucault, 2021,
p. 229). Desde una base teórica feminista, el enfoque estuvo en com-
prender las múltiples formas de opresión y violencia que enfrentan
las mujeres, especialmente en contextos turísticos, donde se entre-
cruzan dinámicas de género, clase, raza y poder.

La metodología se fundamentó en un enfoque cualitativo, median-
te el cual se emplearon herramientas como el análisis de discurso, las
entrevistas a profundidad y la observación participante, para cap-
turar las experiencias y las percepciones de las mujeres en relación
con la violencia en sitios turísticos. Si bien se incorporaron algunos
aspectos cuantitativos, se tuvo la consciencia de que la limitada dispo-
nibilidad de información y el subregistro de denuncias pudo haber in-
troducido sesgos significativos. No obstante, estos datos cuantitativos
permitieron ubicar la situación en un determinado contexto. Además,
la combinación de una postura epistémica, teórica y metodológica
posibilitó generar un conocimiento más completo y contextualizado
sobre las complejas interacciones entre la violencia y el turismo en
México, así como sus implicaciones para la experiencia de las mujeres
y la construcción de una sociedad más inclusiva y segura.

Desenmascarando los desafíos turísticos: más allá
de las superficies

Es evidente que, aunque estén emergiendo, los trabajos de investiga-
ción sobre las regiones turísticas en que las mujeres residen, traba-
jan y sufren de manera diferente la violencia aún son un punto ciego
en el panorama académico. Por lo tanto, se propone que el debate se
amplíe a estas áreas –lugares en donde se materializa y se amplifica
la violencia–, ya que, tomando la figura postulada por el gran escri-
tor argentino Jorge Luis Borges, podrían ser el aleph de la sociedad ac-
tual: el punto en que convergen los sistemas capitalista, consumista,
mercantilista, machista y de acumulación.

Asimismo, es indispensable mencionar lo que se entiende por tu-
rismo: una economía íntimamente ligada a la globalización, el capi-
talismo y la movilidad occidental, que genera espacios, significados
y experiencias, al vincular dinámicas de producción y consumo de
mercancías (espaciales y simbólicas). En dicho proceso se mercanti-
lizan, se espectacularizan y se folclorizan los lugares naturales y las
culturas locales, tanto en su aspecto simbólico como en el real, con el
fin de orientar las formas de consumo hacia un lujo costoso, exclusi-
vo y ostentoso, característico de los centros turísticos globales (López
y Marín, 2010). Se trata de áreas o espacios que se están diseñando
específicamente para el consumo, en donde los productos están des-
tinados al disfrute de visitantes que, por lo general, tienen un alto
poder adquisitivo (Delgadillo Bermúdez, Hernández Lara y Zizumbo
Villarreal, 2018). Lo anterior trae como consecuencia la exclusión y la
marginalización de los sectores menos privilegiados, lo que agrava
las profundas divisiones socioespaciales existentes y amplifica las disparidades entre diferentes clases sociales, etnias, géneros y edades. A su vez, esto conduce a un empobrecimiento de las condiciones residenciales (Marín, Palafox-Muñoz y Zizumbo Villarreal, 2020).

Para abordar el tema resulta imprescindible referirse a Montserrat Sagot, una destacada pensadora feminista del sur global, para abordar otros aspectos cruciales que ilustran el nivel de exposición a la violencia que enfrentan las mujeres en esta región del mundo, considerando diversas variables como la nacionalidad (o el estatus migratorio), la etnia, la edad y el lugar de residencia. Sagot (2017) también incorpora factores como el desempleo, el aislamiento, los niveles de criminalidad y los homicidios, aspectos que, lamentablemente, pueden actuar de manera sinérgica. Es fundamental adoptar una perspectiva desde el sur global para comprender la singularidad de la situación que se vive en dicha región, ya que este enfoque proporciona claves para entender los profundos “desbalances de poder” existentes (Sagot, 2017, p. 10).

En estos contextos, el feminicidio se maquilla de forma única por los diferentes poderes que se benefician del patriarcado, como las trasnacionales, la banca, las empresas privadas y las diez familias más ricas del mundo (Valdivieso Ide, 2017). Además, son áreas en donde las tasas de feminicidio suelen incrementarse gradualmente al mismo ritmo que el crecimiento económico. La definición más completa de feminicidio, que profundiza en su complejidad y la variante latinoamericana, es la que propone Sagot:

> Asesinato misógino de mujeres por parte de hombres de sus familias, por parejas o exparejas, por atacantes sexuales –conocidos o desconocidos–, cuando los cuerpos de las mujeres son cosificados, usados como trofeos, como instrumento de reivindicación del “honor” o de venganza entre hombres. El femicidio expresa de forma dramática la desigualdad de relaciones entre lo femenino y lo masculino y muestra una manifestación extrema de dominio, terror, vulnerabilidad social, de exterminio e incluso de impunidad (Sagot, 2017, p. 62).
Para este estudio se ha optado por centrarse en la experiencia de las mujeres, ya que a menudo enfrentan una exacerbación silenciosa del “mandato de la masculinidad” (Segato, 2016, p. 16), cuando la violencia se vuelve más aguda y menos visible, y deja de ser un efecto colateral para convertirse en un objetivo estratégico (Segato, 2014). Existen múltiples opresiones y violencias (de género, clase, heteronormativas, étnicas, urbanas y residenciales, entre otras) que enfrenta dicho grupo social, especialmente el constante temor de ser asesinadas por hombres.

Por esta razón, el presente estudio se enmarcó en numerosos pensadores del norte global que han abordado dicha problemática, desde la perspectiva de la interseccionalidad de raza y género (Crenshaw, 1991, entre otros) hasta las reflexiones de Patricia Hill sobre la violencia (Hill, 1998). En su influyente estudio clásico, Caputi y Russell, igualmente a partir de un enfoque del norte global, realizaron encuestas dirigidas tanto a hombres como a mujeres (1992). Sus hallazgos sugieren que mientras los hombres temen ser objeto de burlas por parte de las mujeres, ellas viven con el constante miedo a ser víctimas de violencia letal por parte de los hombres. Estas percepciones reflejan la marcada desigualdad que persiste en la convivencia diaria entre ambos géneros, así como evidencian las profundas disparidades que caracterizan la coexistencia de hombres y mujeres en un mismo espacio.

Lo anterior explica por qué Sagot (2017, p. 61) afirma que el feminicidio es “la expresión más extrema de un *continuum* de violencias contra las mujeres que va desde las formas sutiles hasta las más cruentas”. Por ello, este análisis busca construir puentes entre los trabajos críticos sobre el *trickle down* (goteo) que debía aportar beneficios a todos los implicados en la “industria” del turismo, la situación que viven las mujeres en dichas áreas y un proceso de democratización electoral todavía insuficiente. El área elegida para el estudio contrastante fue la Riviera Maya en general y, específicamente, la ciudad de Cancún, México.
Las alarmantes cifras de impunidad, violencia, corrupción, clientelismo, falta de transparencia y falta de respeto por el Estado de derecho en México son extremadamente preocupantes (World Justice Project, 2022; Zepeda Lecuona, 2017; Durand Ponte, 2009; Pérez Esparza, Pérez Ricart y Weigend, 2021; Garrido y Friedenberg, 2020). Solo por citar su ubicación global, en el 2018, México ocupaba el puesto noventa y dos a nivel mundial con un índice de 0,49, compartiendo posición con naciones como Sierra Leona, Liberia y Kenia; para el 2022, el país ya había descendido al puesto 115, con un índice de 0,42, compartido con Kenia y Turquía (World Justice Project, 2022).

## Turismo y feminicidios

El fenómeno del turismo y su intersección con los feminicidios es un tema que requiere un análisis profundo y multifacético, considerando las complejas dinámicas sociales, económicas y culturales en juego. En primer lugar, es esencial examinar cómo el éxito económico alcanzado por destinos turísticos como Cancún puede enmascarar realidades socioeconómicas y laborales desafiantes para los trabajadores locales, particularmente para las mujeres. Estas últimas suelen enfrentarse a condiciones laborales precarias, salarios bajos y falta de protección social, lo que las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia.

A su vez, el turismo masivo tiende a agravar las desigualdades étnicas y raciales, y exacerbar así la brecha entre la población local, muchas veces marginada y discriminada, y los turistas, que en su mayoría provienen de países con mayor poder adquisitivo y privilegios socioeconómicos. Esta disparidad puede intensificar la exclusión y la discriminación de las mujeres, particularmente las pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes, quienes enfrentan múltiples formas de opresión y violencia arraigadas en estructuras históricas de poder.
Por su parte, el turismo también puede contribuir a perpetuar la violencia de género, tanto a nivel estructural como interpersonal, debido a que esta industria, en su búsqueda de maximizar ganancias y atraer visitantes, promueve de manera constante una cultura de hipersexualización y cosificación de las mujeres, la cual normaliza comportamientos que perpetúan la desigualdad de género y aumentan el riesgo de acoso, agresión sexual y feminicidio. Estas formas de violencia podrían ser igualmente perjudiciales y contribuir a mantener estructuras de poder desiguales y opresivas. Es crucial reconocer que la violencia de género no se limita al ámbito físico, sino que además se manifiesta en formas más sutiles como la discriminación laboral, la desigualdad de oportunidades y el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres.

Asimismo, la falta de acceso a la justicia y la impunidad generalizada frente a los crímenes de género pueden generar un ambiente de permisividad y normalización de la violencia contra las mujeres, lo que socava los esfuerzos por combatir dicho fenómeno. En este contexto, el Estado de derecho está profundamente ligado al sistema de justicia, el cual según, la definición de Magaloni (2021), se vislumbra como el espacio donde confluyen y se resuelven los conflictos sociales con un “árbitro” encargado de dictar la sentencia en apego a la ley, donde todos los implicados son tratados de manera igualitaria, sin distinción de clase, raza, género, etc.

Siguiendo esta línea de pensamiento, Julia Monárrez indaga en la violencia dirigida a las mujeres al desentrañar el concepto de *mujer*, destacando que dicha violencia se manifiesta tanto en el cuerpo biológico-físico como en el cuerpo cultural, y que abarca dimensiones que incluyen las relaciones de género, económicas y raciales, así como la inseguridad ciudadana y el fracaso estatal (2022).

En cuanto a dicha interseccionalidad, es innegable mencionar que la apropiación selectiva de la memoria inca por parte de los criollos conllevó tanto a exaltar la grandeza pasada como a menospreciar al indígena contemporáneo. Como señala Méndez, “unos apalaron a una retórica de grandeza inca para despreciar lo indio” (2000,
p. 16), mientras que otros destacaban la exaltación del pasado inca. No obstante, esta exaltación del pasado convivía con una valoración despectiva hacia la población indígena (Méndez, 2000).

## Turismo y capitalismo

En América Latina y particularmente en la sociedad mexicana, se manifiesta una realidad marcada por la acumulación capitalista, un fenómeno que, como señalaría Branko Milanovic (16 de octubre del 2015), genera tanto “ganadores” como “perdedores” dentro del sistema. Sin embargo, su perspectiva no aborda por completo la situación de estos “perdedores”, quienes no solo enfrentan la pobreza y la marginalidad, sino que también sufren una devaluación de sus cuerpos. De hecho, el patriarcado y el capitalismo mantienen una relación en donde las desigualdades cumplen funciones cruciales para la reproducción y el sostenimiento del sistema capitalista. Según Elisa Valdivieso Ide, “el patriarcado es el ‘tónico’ que alimenta al sistema capitalista, el ‘pegamento’ que mantiene su cohesión y ‘el lubricante’ que favorece el buen funcionamiento de sus engranajes” (2017, p. 116). Dicho fenómeno se hace evidente en eventos que pasan desapercibidos para muchos, pero que son la manifestación palpable de un sistema social y de género profundamente desigual, como lo señala Sagot (2017).

Por su parte, Sagot (2017) señala el desequilibrio de poder entre los géneros como un factor clave para evitar caer en la percepción errónea de que el feminicidio es un asunto exclusivamente privado. De hecho, durante un feminicidio, se manifiestan desigualdades materiales, institucionales y simbólicas, las cuales amplifican las relaciones de poder, dominación y privilegio. En este contexto, no solo intervienen los perpetradores directos del crimen, sino también los Estados, ya sea de manera directa o indirecta, así como las estructuras de poder paralelas, como el sector turístico y periodístico, que determinan el valor jerárquico asignado a ciertos cuerpos sobre
otros: extranjeros y nacionales. Por ello, Sagot (2017) sostiene que un feminicidio pone en juego todas las relaciones de desigualdad, tanto sociales como de género, lo que facilita que el perpetrador cometa el crimen. Se trata de una compleja interacción de factores, que subraya la urgencia de abordar las profundas inequidades subyacentes a dichos actos de violencia de género.

## Turismo y racismo (pueblos originarios)

El turismo ha sido considerado en múltiples ocasiones como una industria capaz de impulsar el desarrollo en países en vías de desarrollo, al generar nuevas oportunidades en sectores como la construcción y el transporte en áreas especialmente propicias para este tipo de crecimiento, según se discutió en la Conferencia de Roma de las Naciones Unidas (United Nations, 1963). Se argumentaba que el impulso del turismo no solo llevaría prosperidad y empleo a dichas regiones, sino que también sentaría las bases para el desarrollo de otros sectores comerciales orientados al consumidor.

A pesar de lo anterior, esta dinámica ha dado lugar a numerosos fracasos, incluyendo la especulación inmobiliaria y un aprovechamiento indiscriminado de los recursos, tal como han señalado diversos expertos. Entre estos expertos se destaca Zukin (2000), quien subraya la importancia de la cultura en las ciudades como un elemento crucial para atraer turismo y obtener una ventaja competitiva. En América Latina, dicha estrategia se ha centrado en el llamado "indigenismo", que enorgullece un legado prehispánico vinculado con sitios arqueológicos como Chichén Itzá o Machu Picchu.

Sin embargo, como critica Bonfil (1987), este enfoque tiende a darle un componente exótico al pasado, presentándolo como estático e inmóvil. Por lo tanto, es fundamental considerar la visión crítica de Méndez, quien señala que durante la colonia y las independencias los criollos llevaron a cabo una apropiación selectiva de la memoria de los pueblos originarios. Dicha apropiación no solo exaltaba la
grandeza pasada, sino que –contradictoriamente– también menos-
preciaba a los pueblos originarios contemporáneos, utilizando retó-
ricas de grandeza precolombina para denigrarlos (Méndez, 2000). Es
evidente que esta exaltación del pasado convivía con una desvaloriza-
ción de los pueblos originarios, lo que refleja una compleja relación
entre la memoria histórica y las dinámicas de poder en América Lati-
na. En consecuencia, el turismo debe abordarse de una manera más
reflexiva y consciente, reconociendo la diversidad cultural y evitando
la simplificación y la estereotipación de las comunidades indígenas.

Caso de estudio: el 9N como ejemplo de violencia de género

Investigaciones de organizaciones como Human Rights Watch tam-
bién han documentado los desafíos en la protección de los derechos
humanos en México, incluyendo la violencia policial y la impunidad
en casos de violaciones de derechos humanos (Human Rights Watch,
2022; Aragón Falomir, 2022). Estos aspectos están intrínsecamente
vinculados con la violencia y la inseguridad en el país, por lo que
representan obstáculos sustanciales para garantizar un Estado de
derecho pleno. El índice de paz global señala que hay niveles muy
elevados de violencia en el país y que las políticas destinadas a redu-
cir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana no han tenido el
impacto deseado (Institute for Economics and Peace, 2021). Por ello,
el Gobierno debe redoblar esfuerzos y considerar estrategias inno-
vadoras para superar dichos retos y avanzar hacia un México más
seguro y equitativo.

Después de un exhaustivo análisis teórico, resulta crucial aden-
trarse en el caso de estudio que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2020.
En esta fecha, un trágico suceso se convirtió en uno de los casos más
alarmantes de violencia de género del año, según lo evaluado por
Amnistía Internacional. Se trató de un feminicidio ocurrido a escas-
sos metros de uno de los centros de consumo y entretenimiento más
renombrados a nivel mundial. Dicho incidente resalta la creciente
frustración de la población ante la persistente impunidad. Hasta la fecha, la identidad del agresor no ha sido descubierta, lo que subraya la falta de justicia para el caso específico. En este estudio se examinan detalladamente los eventos que rodearon el trágico acontecimiento, proporcionando una perspectiva profunda sobre los desafíos y las deficiencias en la respuesta institucional frente a la violencia de género.

Al considerar los distintos tipos de violencia identificados por Butler (2015), a pesar de su orientación occidental, se observa que en un corto período se manifestaron las tres formas de violencia que menciona: la violencia doméstica, la violencia estatal y la violencia asociada al Estado de derecho patriarcal. Por su parte, Sagot (2017) analiza el desequilibrio de poder entre géneros, para así evitar caer en la falacia de considerar el feminicidio como un asunto exclusivamente privado. Este desequilibrio se manifiesta en desigualdades materiales, institucionales y simbólicas, que son evidentes en el evento mencionado y que amplifican las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio.

Como vimos, según Sagot (2017), en un feminicidio no interviewen solo los perpetradores directos, sino también los Estados y otras estructuras de poder. Por lo tanto, la propuesta de esta autora se enmarca en la visión de Butler (2015) acerca de los tres tipos de violencia. Lo anterior pone de relieve la compleja red de relaciones de desigualdad, tanto sociales como de género, que facilitan la comisión de dicho tipo de crímenes. De igual manera, se ha mencionado que los feminicidios no son anomalías o patologías, más bien son parte de un sistema vinculado con la necropolítica (Mbembe, 2003). Dicho de otra manera, hay una "descartabilidad biopolítica" hacia las mujeres en la sociedad actual (Sagot, 2017, p. 65).

Las realidades locales se ven influenciadas por un entorno necropolítico y neopoderoso, en donde el ejercicio del poder social para tomar decisiones se manifiesta. Sagot considera que "la necropolítica de género produce así una instrumentación generalizada de los cuerpos de las mujeres, construye un régimen de terror y decreta
la pena de muerte para algunas” (Mora, 2024, p. 15). Esta dinámica, como señaló Patricia Hill en 1998, abarca intersecciones de género, raza y nación, conceptos que se amplían con los aportes de pensadores como el trinitario Olivier Cromwell Cox (1948) y Montserrat Sagot, que incorporan además la clase social y la nacionalidad. La violencia en lugares como Cancún se manifiesta de manera dispar y afecta mayormente a grupos específicos como mujeres, personas de bajos recursos y de tono de piel oscuro. Dichos grupos no solo enfrentan la falta de voz y acceso a la justicia en un sistema legal sólido, sino que también sus cuerpos son tratados como desechables, una noción destacada y retomada por Sagot en sus investigaciones.

Se han propuesto diferentes adjetivos para calificar al cuerpo femenino, entre ellos, los términos de cuerpos desechables (Mejía García, 2022, p. 45) o descartables (Sagot, 2017, p. 65). Estos adjetivos pretenden reforzar la idea de que, detrás del proyecto hegemónico/patriarcal existe un discurso deshumanizador que desestima la importancia de los cuerpos femeninos, tanto a nivel social como cultural (Robles Ortega, 2022). Dicho enfoque ejerce poder al perpetuar una ideología/cultura que marca la geografía corporal, resaltando la vulnerabilidad de unos (los cuerpos femeninos) y la dominación de otros (los cuerpos masculinos) (Robles Ortega, 2022).

## El feminicidio de Alexis y la ola de protestas del 9N: la tragedia que conmovió a Cancún

El 9N es un evento que funge como consecuencia de un acto de violencia de género callejera que tuvo lugar el 7 de noviembre del 2020, cuando “Alexis” (Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado), una joven de veinte años, desapareció y fue encontrada muerta y descuartizada en una bolsa de basura al día siguiente. En una de las entrevistas realizadas se comentó que era una chica de barrio, quien residía en la región 259, llamada Villas Otoch Paraíso, pero que los residentes coloquialmente la denominan “las Favelas de Cancún”. De acuerdo
con Sagot, los habitantes de dichos barrios están acostumbrados a vivir en un mundo donde la violencia y la muerte son cotidianas, pues la necropolítica decreta una “pena de muerte” para algunas de las mujeres (Mora, 2024, p. 15). Por esta razón, dos años antes de su trágica muerte, Alexis compartió en sus redes sociales su temor de nunca volver a ver a su madre. Un año antes, ella expresó con firmenza: “No me digas que soy demasiado joven para que los feminicidios o las opiniones indiferentes sobre el tema no me afecten” (Por Esto, 9 de noviembre de 2020).

Los indicadores de violencia socioeconómica y dificultades laborales, ligados a las grandes transnacionales, son evidentes; sin embargo, este evento fue particularmente mediático, porque, según una entrevistada, “fue la gota que derramo el mar, porque se vino una ola de manifestaciones” (Galarza, W., comunicación personal, 7 de enero del 2022) para resolver el asesinato de Alexis.

La relación entre la interseccionalidad de la violencia contra las mujeres y el agravamiento de su situación socioeconómica ha sido ampliamente demostrada. Un informe publicado por *Oxford Committee for Famine Relief* (OXFAM) afirma que el desempleo tuvo un impacto importante en las mujeres, en especial porque trabajan en el sector de servicios, que siempre puede vivir altibajos (OXFAM, 23 de mayo de 2022).

Esta fue una de las razones por las que, durante las entrevistas, una residente de Cancún mencionó que en la pandemia por el COVID-19 se amplificó la situación de vulnerabilidad, puesto que su impacto fue primero económico y luego físico:

> Violencia económica, [porque] todas estábamos muy mal económicamente. Y eso también, esta violencia doméstica viene de la violencia económica. Ya no tenías los medios para salir a la calle, para tener un trabajo y mandar al que te estaba violando al infierno. [El confinamiento] significaba que las mujeres se quedaban en casa. Fue una situación que te ataba las manos (Galarza, W., comunicación personal, 7 de enero del 2022; Aragón Falomir, 2022, p. 14).
El problema principal es que hay una gran “feminización de la pobreza”, como afirman Goulard Almeida (2020, p. 19) y Carosio (2017, p. 28), ya que durante la pandemia dicha pobreza resultó tener tanto color/raza como género, afectando mucho más a las mujeres, las indígenas y las jóvenes.

El aspecto más relevante que precedió el asesinato de Alexis fue, según lo declaró una residente de la ciudad, el “hartazgo de Cancún” ante la impunidad experimentada por numerosas víctimas, principalmente mujeres; es decir, feminicidios sin penalizar que terminan motivando a las mujeres a salir a la calle para denunciar: “Te estoy diciendo que me están matando [...] ya basta” (Galarza, W., comunicación personal, 7 de enero del 2022). Es así como el asesinato de Alexis provocó una catarsis social, no solo por lo apreciada que era socialmente, sino por ese cansancio expresado en el trabajo de terreno con alrededor de mil personas exigiendo el esclarecimiento de su asesinato. Según fuentes, ni la mayoría eran mujeres feministas ni personas ideológicamente comprometidas. Solo eran personas de la sociedad civil cansadas de saber que chicas de sus comunidades estaban siendo asesinadas.

No hace falta decir que, en Cancún, la inseguridad y la impunidad experimentadas por los lugareños contrastan con la seguridad para los turistas extranjeros; como sugiere la ONU, se trata de un tratamiento diferenciado para los diferentes segmentos de la población. Los homicidios de extranjeros tienen una importante cobertura mediática e internacional, pero cuando son mexicanos “suben y bajan por internet” (Ramírez, J., comunicación personal, 14 de enero del 2022). Un tratamiento que, como mencionan Caputi y Russell, es desproporcionado. Es cierto que cada ciudad depende de su imagen hacia el mundo exterior, pero, en el caso de Cancún, “los muertos sufren discriminación de color, raza y clase social”, como lo declaró un sociólogo residente en Cancún (Ramírez, J., comunicación personal, 14 de enero del 2022).
La exigencia ciudadana del 9N y la respuesta estatal

En la protesta del 9N, convocada para exigir una respuesta desde
arriba ante la muerte de Alexis, un feminicidio actuó como detonan-
te. Un miembro del Comité de Víctimas del 9N afirmó que las autori-
dades están para “protegernos, es su trabajo, se lo estamos delegan-
do, pero teniendo estas indicaciones obscenas de impunidad en todo
el país y en el estado de Quintana Roo, lo que implica es un entorno
de mayor violencia” (comite victimas9n, 7 de febrero de 2021). Por lo
tanto, el sociólogo Julián Ramírez interpreta que se busca aterrorizar
a la ciudadanía para evitar que proteste, porque una ciudadanía or-
ganizada en un estado racial y clasistamente excluyente, pero, sobre
todo, desigual, puede ser un gran problema para la autoridad (comu-
nicación personal, 14 de enero del 2022). Dentro de los numerosos
análisis tanto de Segato (2016) como de Sagot se establece que uno de
los principales problemas de los actos feminicidas es la impunidad,
puesto que los hombres matan porque pueden hacerlo sin conse-
cuencias, como lo perciben los miembros del Comité de Víctimas del
9N (comite victimas9n, 7 de febrero de 2021).

Es así como el 9 de noviembre del 2020 se organizó una protesta
para marchar hacia el Palacio Municipal de Cancún. Con el objeti-
vo de conocer quiénes fueron a esta protesta, se recurrió a alguien
que se encontró presente. En una entrevista del 14 de enero del 2022,
Ramírez (comunicación personal, 2022) mencionó que las personas
que estuvieron en la protesta fueron vecinos, personas y familiares
con carteles de mujeres desaparecidas; familiares de otras víctimas
de feminicidios; y otros colectivos; es decir, se trató de una acción
directa de grupos organizados y, de hecho, él observó que había mu-
chos hombres. Según una entrevistada, las mujeres decidieron pro-
testar por dos razones: "las víctimas no están tan lejos de nosotros:
son nuestras vecinas, son las mujeres que nos rodean, son las mu-
jeres en nuestros trabajos, son nuestras familiares que están sien-
do asesinadas. No estamos tan alejadas" (Galarza, W., comunicación
personal, 7 de enero de 2022) y, también, porque tienen miedo de ser
la próxima víctima, lo cual hace referencia a Caputi y Russell (1992).

Hasta el momento, la exigencia era debido a los altos índices de
impunidad y feminicidios (es decir, la omisión por parte del Estado
hacia las mujeres víctimas). No obstante, en una ciudad con movi-
lizaciones sociales casi inexistentes, en esta ocasión nadie anticipó
que pudiera haber un acto de violencia no por parte de los victima-
rios, sino de la policía estatal. Así fue como se golpeó de manera in-
discriminada a las manifestantes y se dispararon balas de plomo.
Huelga decir que no fue solo eso: trece personas, en su mayoría mu-
jeres, fueron privadas ilegalmente de su libertad y llevadas detrás
del Palacio Municipal para ser torturadas de forma física, verbal y
sexual. Lo que las mujeres experimentaron, entre golpes y gritos, fue
un “terror psicológico” (Santos Cid, 9 de noviembre de 2021). El re-
porte oficial por parte de Amnistía Internacional determinó que ese
día se identificaron “hombres con uniformes que decían Policía Mu-
nicipal en la espalda, dispararon pistolas y rifles semiautomáticos
al aire [...] arrestos principalmente de mujeres arbitrarios” (Amnistía
Internacional, 2021, pp. 41-42).

En declaraciones emocionales y tristes, una de ellas indicó: “Me encontré con todos mis miedos: ser violada, desaparecida” (comite victimas9n, 7 de febrero de 2021). Durante las entrevistas realizadas por el Comité, las mujeres recuerdan la violencia verbal ejercida por las fuerzas policiales: “[Nos amenazaron diciendo que] si no cooperábamos, podían desaparecernos”; “nos van a dejar peor que a Alexis”; “éramos puta's, perras y por eso nos mataron, lo merecíamos”; y “maldita perra, vas a morir ahora mismo, aquí tus derechos no existen” (comite victimas9n, 7 de febrero de 2021).

Según la documentación recopilada por Amnistía Internacional,
el uso de la violencia contra las mujeres por parte de las autoridades
estatales durante la protesta buscaba:
Enseñar y castigar [...] a las malas mujeres que merecían ser castigadas por haber desafiado los estereotipos de género que indican que las mujeres deben quedarse en casa o en el espacio privado y no en la esfera pública, aquella que considera a las mujeres como seres pasivos y no como titulares de derechos, y aquella que asume que los medios utilizados por las manifestantes como dañar o romper cosas no son comportamientos tradicionales de mujeres (Amnistía Internacional, 2021, p. 44).

## Acuérdate de Cancún: “Cállate, esto es Cancún”

En una ciudad tan nueva como Cancún, sin tejido comunitario ni arraigo, poco a poco se está politizando la sociedad debido al abandono de las regiones o las favelas de Cancún, en las que, como se mencionó, no hay ni alumbrado público, drenaje o recolección de basura y, muchas veces, incluso hay células delictivas que residen con profunda impunidad. Con policías entrenados para defender al Estado, el acceso a la justicia en una ciudad racista, clasista y antifeminista sigue siendo un gran desafío. También se declaró que hay centros clan-destinos en donde los hombres pueden empeñar a las mujeres para pagar deudas; es decir, lo que el martiniqués Aimé Cesaire señaló sobre la esclavitud como cosificación del esclavo, termina, según afirma Carosio (2017, p. 27), en la mercantilización del cuerpo femenino. Así es como se constituye una sociedad consumista, capitalista y profundamente desigual para poder disponer de la mujer como un objeto.

Por lo tanto, se observa que el acceso a la justicia es en extremo insatisfactorio, que las mujeres están presentes en los diferentes grupos sociales discriminados por el sistema y que el sexo femenino experimenta violencia tanto en espacios públicos como privados. El acceso a la justicia también está entrelazado con cuestiones de clase social, porque, como comenta Wendy Galarza, cuando ella les mencionó a los policías que tenía un título universitario, el trato que recibió fue inmediatamente diferente, ya que asumieron que exigiría sus derechos.
Según el Latinobarómetro (2021, pp. 46 y 70), un cuarto de la población mexicana confía en el Poder Judicial y casi tres cuartos cree que el acceso es injusto. Los sectores más discriminados sufren de la interseccionalidad: clase (23 %), raza (9 % constituido por los pueblos originarios y 7 %, por los afrodescendientes), orientación sexual (6 % hacia homosexuales) y estatus migratorio (4 % a los migrantes). No obstante, las mujeres son transversales, puesto que casi siempre son la mayoría en todos estos grupos: casi el 50 % de la violencia hacia mujeres se vive en la calle, una tercera parte es verbal y la otra tercera parte surge en el seno familiar (Latinobarómetro, 2021, p. 100; Aragón Falomir, 2022, p. 17).

De manera similar, la falta de acción frente a la impunidad y la corrupción se manifestó en estadísticas preocupantes. Es así como, en primer lugar, se observó un alto porcentaje de delitos no denunciados, los cuales alcanzaron un 93,6 % (INEGI, 2017, p. 33). Esto se atribuye principalmente a que alrededor del 33,1 % de la población considera que presentar denuncias es una “pérdida de tiempo”; además, cerca del 16,5 % expresa una profunda “desconfianza en las autoridades” (INEGI, 2017, p. 37). En segundo lugar, de quienes denunciaron algún delito (6,3 %), la mitad indicó que les tomó dos horas y media presentar la denuncia, mientras que para casi el 30 % el tiempo superó las cuatro horas (INEGI, 2017, p. 38). Por último, se identificó que, según la misma encuesta, la percepción de corrupción en las interacciones con las fuerzas del orden obstaculiza el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. El 77 % percibe a la policía de tránsito como corrupta, a la vez que entre el 68 % y el 64 % de la población considera que la policía preventiva, los jueces, los ministerios públicos y la policía estatal y ministerial son corruptos (INEGI, 2017, p. 51).

Entre las numerosas barreras identificadas, Ana Laura Magaloni (2021), especialista en el sistema de justicia mexicano, las examina y las define mediante tres aspectos que demandan un análisis minucioso. La inaccesibilidad se entrelaza con la noción de “marginalidad jurídica”, en donde la gran mayoría de la población no puede costear los honorarios de un abogado ni participar plenamente en
los procesos judiciales. Además, se resalta la “legalización de privi-
legios”, que beneficia a las élites capaces de financiar procesos ju-
diciales con los mejores abogados, influenciando a magistrados y
otros elementos del sistema. Por último, se destaca el control político
histórico del sistema de justicia no solo en México, sino también en
otros países, como un factor que perpetúa la inequidad y la falta de
acceso (Heredia y Gómez, 2021).

Otro aspecto crucial relacionado con los desafíos futuros es la ne-
cesidad de que el Gobierno no entre en conflicto con la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, ya que el manejo de casos de víctimas,
desaparecidos y fosas es un tema de suma importancia que debe
ser tratado y analizado, incluso si va en contra de las preferencias
del presidente (Pérez Ricart, 31 de agosto de 2023, 23 de noviembre
de 2023). Además, diversos informes han evidenciado que durante
la pandemia se intensificaron las denuncias de violencia contra las
mujeres, con un incremento en los feminicidios y los mecanismos de
impunidad evidenciados por acciones represivas de las fuerzas poli-
ciales en la ciudad de Cancún (Aragón Falomir, 2022).

Para la abogada de una de las víctimas, los arrestos tenían un
componente racial “porque el perfil de las chicas que arrestaron
eran todas mexicanas, y también había mujeres extranjeras protes-
tando” (Santos Cid, 9 de noviembre de 2021). El trato en todos los as-
pectos es muy diferente; la justicia no les dice nada a las mujeres ex-
tranjeras que se emborrachan en las calles de la zona hotelera, “por
supuesto porque van a dejar dinero”, mientras que el 9N fue una
discusión política, una demanda de minorías para aclarar los homi-
cidios, debido a “la falta de una inversión adecuada, de una estrate-
gia de seguridad que otorgue acceso a la justicia y atención médica
a las víctimas, esto es lo que está sucediendo con las mujeres y no
podemos soportarlo más” (comite victimas9n, 7 de febrero de 2021).
Por su parte, “la respuesta política del estado es ‘Cállense, esto es
Cancún’” (comite victimas9n, 7 de febrero de 2021), a lo que Galarza
(comunicación personal, 7 de enero del 2022) agrega: “Nos dijeron:
‘Cállate porque esta es nuestra área turística, cállate porque aquí
no está pasando nada, cállate porque el turismo no va a venir. [Por eso] vengo a recolectar firmas y cada firma será un turista menos"" (Aragón Falomir, 2022, p. 18).

## Conclusión

El proceso de democratización en México posterior al 2000 evidenció limitaciones significativas en el acceso equitativo a la justicia, incluso tras la alternancia política y la llegada de la Cuarta Transformación en el 2018 (Aragón Falomir, Fernández de Lara Gaitán y Lucca, 2019). Científicos como Hernández y Pansters (2012) han señalado que la mera realización de elecciones no garantiza una democracia profunda. Alberto Olvera Rivera (2010, p. 16) propuso la “democratización de la democracia”. Sin embargo, la llegada de Andrés Manuel López Obrador en el 2018 marcó un hito en la política mexicana y se considera el fin de la transición democrática (Aragón Falomir, Lucca y Talia, 2022). A pesar de algunos avances, como la reducción de la pobreza, México sigue enfrentando problemas de polarización política (Aragón Falomir y Lucca, 2021), pero este trabajo se enfocó en cuestiones de inseguridad, corrupción e impunidad.

Por lo tanto, es necesario cuestionarse y plantear nuevos paradigmas para buscar realmente transformar los índices de un Estado de derecho que proteja a todos y, principalmente, a todas, median-te la reducción de la corrupción, un punto central en el discurso de campaña del actual presidente. Aunque se ha reducido el expolio burocrático, la corrupción ligada al sistema de justicia sigue vigen-te y no ha experimentado cambios significativos, según la mayoría de los especialistas (Heredia y Gómez, 2021). De hecho, la llegada de la 4T (Cuarta Transformación) ha experimentado un deterioro en su clasificación global de Estado de derecho, de manera que persiste la percepción negativa y una aplicación deficiente este.

El presente texto analiza la frágil situación de una democracia electoral como la mexicana, que, a pesar de que está en un proceso
de transformación, todavía se encuentra en ese interregno mencionado por el pensador italiano Antonio Gramsci (1981): cuando lo antiguo está dejando de existir y lo nuevo aún no ha surgido. A través del análisis de la situación de una mujer asesinada, la manifestación que suscitó y la represión estatal, se demuestra que el Estado sigue siendo omiso hacia ciertos grupos sociales, que la interseccionalidad está vigente y en crecimiento, y que la segregación y la marginación producen problemáticas sociales, las cuales no se pueden resolver con la “mano invisible”. El Estado debe controlar los territorios y los barrios que se han convertido en focos de violencia, peligrosidad, feminicidio y tráfico de estupefacientes, incluso en una de las ciudades turísticas y de consumo más importantes del país como Cancún.

En estas líneas se pone de manifiesto la compleja interseccionalidad que enfrentan las mujeres, especialmente las que residen en centros capitalistas de consumo turístico como Cancún (Valdivieso Ide, 2017), donde las problemáticas globales se manifiestan, se amplifican y se agudizan. A partir de un enfoque feminista reflexivo es posible apreciar la relevancia de la propuesta de Sagot sobre la necropolítica, mediante la cual la crueldad y la agresividad se convierten en aspectos cotidianos para muchas mujeres.

En dicho contexto resulta imperativo reabrir el debate no solo en torno a la división sexual del trabajo, la violencia socioinstitucional, el tráfico y las redes de prostitución, la imposición de la maternidad, la dependencia y la sumisión afectiva, la segregación ocupacional y política, la feminización de la pobreza o la mercantilización del cuerpo (Carosio, 2017), sino también sobre la omisión por parte del Estado, permitiendo que ciertos cuerpos –y, por ende, vidas– sean considerados como desechables o de menor valor. Esta omisión parece estar dirigida a mantener vivo un sistema patriarcal que depende del respaldo de grandes capitales, así como de la necropolítica (siguiendo a Sagot) y del mandato de la masculinidad (siguiendo a Segato, 2016), los cuales continúan vigentes hacia el primer cuarto del siglo XXI.

Se concluye que la lucha contra la impunidad es crucial para avanzar hacia sociedades más saludables e inclusivas, ya que su
impacto se extiende por toda la estructura estatal. Según un informe del Wilson Center, un *think tank* estadounidense, la falta de una implementación efectiva de la reforma judicial en México ha tenido consecuencias significativas. La impunidad y la corrupción representan obstáculos fundamentales para la efectividad de otras reformas estructurales, lo que repercute negativamente en la competitividad y el desarrollo político y económico del país (Ríos y Wood, 2018).

Por lo tanto, más que simplemente aumentar el número de policías, se respalda la conclusión sólida de Pérez Ricart, quien sostiene que “el problema de la seguridad pública es un problema de justicia, no de cantidad de policías. Puede haber más o menos seguridad, pero lo esencial radica en contar con mejores fiscales, ministerios públicos y jueces” (Expansión, 29 de noviembre de 2023). Esto permitiría generar una mayor confianza y fluidez en las denuncias presentadas ante las instituciones, junto con una mayor eficiencia y resultados en la identificación y el enjuiciamiento de los culpables. Además, podría proporcionar una mayor protección a las mujeres víctimas, las cuales continúan enfrentando situaciones de peligro en las calles y el transporte público, así como en entornos de vida y muerte.

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