aumento de las temperaturas sea uno de los más graves del mundo. También es probable que la agricultura sea el sector más golpeado.

**La huella de carbono del comercio de la región es demasiado grande para ser ignorada, pero demasiado pequeña para considerarse una panacea.** La efectividad de las políticas comerciales como políticas ambientales depende en gran parte del tamaño de la huella de carbono del comercio. Esta huella, que representa del 19,8% al 26,5% de las emisiones de la región —un rango que podría ser mayor si se tuviera en cuenta el uso del suelo—, es lo bastante grande para que se considere su importancia, pero demasiado pequeña para sugerir que la política comercial por sí sola pueda solucionarlo.

**La política comercial a favor de la adaptación debería mantener las fronteras abiertas.** El argumento a favor del comercio y la adaptación es sumamente claro; aquí no hay contradicciones. La oportunidad para comerciar permite que los países se especialicen y accedan a tecnología sostenible, lo cual suaviza el golpe del cambio climático. A su vez, el crecimiento inducido por el comercio proporciona más recursos a los países para pagar los costos de adaptación.

**La política comercial a favor de la mitigación debería centrarse en el contenido de carbono.** Ante la ausencia de una solución cooperativa mundial —que gravaría las emisiones en su fuente primaria—, son inevitables las disyuntivas entre mitigación y objetivos comerciales. Sin embargo, estos trade-offs pueden mitigarse si las herramientas de las políticas se centran en el contenido de carbono de los bienes y servicios. Otras medidas coercitivas, como los clubes de carbono con aranceles punitivos arbitrarios, pueden provocar serias distorsiones en el comercio y poner en riesgo el sistema comercial multilateral.

**Los compromisos con los acuerdos ambientales multilaterales y los acuerdos comerciales preferenciales implicarán precios más altos del carbono y cambiarán las ventajas comparativas.** Cumplir con los estrictos compromisos en materia de emisiones en los países de América Latina y el Caribe requerirá una combinación de fuertes impuestos sobre los combustibles fósiles y un control riguroso del uso del suelo. Es probable que esto perturbe las ventajas comparativas en los sectores intensivos en emisiones, como la agricultura y los combustibles fósiles. Algunas oportunidades de comercio se perderán, pero habrán de surgir otras. La considerable dotación de la región en energía limpia y minerales críticos indica que se puede
contar con abundantes nuevas oportunidades en energía, minería y manufacturas con un alto consumo energético.

**Los impuestos unilaterales al carbono y las normas y regulaciones de sostenibilidad han venido para quedarse.** En este, el segundo mejor de los mundos, dichos impuestos y normas constituyen una realidad que los países difícilmente pueden evitar, y son significativamente menos distorsionadores para el comercio que otras alternativas coercitivas. Lo más probable es que la región los utilice para cumplir con sus compromisos de emisiones. Y, lo que es aún más importante, la matriz energética de la región, en general más limpia, implica que estas disposiciones pueden favorecer sus exportaciones intensivas en energía y expuestas al comercio. En lugar de oponerse a ellas, el foco debería centrarse en negociar métodos de contabilidad comunes, ya sea en los acuerdos comerciales preferenciales o de forma multilateral.

**Con respecto a los subsidios a la producción relacionados con el clima y otras medidas distorsivas del comercio, la imitación y las represalias generalizadas van en contra de los intereses de la región.** Si bien la omni presencia de estas disposiciones amenaza las ventajas comparativas de la región en la transición energética, los gobiernos deberían mostrarse cautos al adoptar sus propias políticas discriminatorias por al menos tres motivos claros. En primer lugar, el instinto de supervivencia de la región dice que no hay interés en aplazar la mitigación mediante el incremento artificial del precio de equipos y tecnologías vitales. Segundo, la región no puede competir en subsidios con las economías más grandes. Y, en tercer lugar, el registro accidentado de la propia región en materia de política industrial hace que la viabilidad de estas políticas sea, por lo menos, dudosa.

**Antes de recurrir a medidas que distorsionan el comercio, es menester considerar alternativas más prometedoras.** América Latina y el Caribe debería comenzar por lo obvio: mejorar los fundamentos regulatorios, de infraestructura y de capital humano, y eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Los responsables de las políticas deberían contemplar la utilización y la expansión de la ya extensa red de acuerdos comerciales preferenciales con que cuenta la región para neutralizar las políticas discriminatorias y ampliar el acceso al mercado para los bienes y servicios limpios; deberían recurrir de forma selectiva a medidas de defensa del comercio sobre la base del criterio de interés público, y deberían contemplar una reforma arancelaria que eliminara el sesgo a favor del comercio de bienes sucios.
En resumen, la historia del cambio climático y el comercio en América Latina y el Caribe no tiene por qué ser la narrativa de disyuntivas estrictas. Hay abundante espacio para seguir objetivos de adaptación y mitigación, a la vez que se preservan los beneficios del comercio. Lo único que se requiere es un riguroso análisis de los datos y sus implicaciones. Las reacciones precipitadas de políticas, impulsadas por una política económica compleja, pueden constituir un revés de grandes proporciones para el objetivo de crecimiento económico sostenible tan valorado en la región.
<figure><img src="image_124.png" /></figure>
12
Cerrando la brecha
financiera: qué pueden
hacer los bancos
multilaterales de desarrollo

<figure><img src="image_125.png" /></figure>

Con solo US$1 billón, los flujos anuales para el financiamiento climático distan mucho de los US$10 billones requeridos. Las fallas de mercado y de gobierno, como las regulaciones ineficientes, los marcos de políticas débiles, los altos costos en las economías emergentes y los mercados financieros nacionales poco desarrollados, limitan el aumento de las inversiones climáticas. Los bancos multilaterales de desarrollo pueden combinar el financiamiento concesional con el privado, al mejorar los contextos regulatorios y facilitar instrumentos innovadores como los bonos verdes. La asistencia técnica, aunque modesta en los costos, es crucial y libera inversiones más grandes al mejorar el diseño de los proyectos, promover las normas de mercado y apoyar reformas de políticas que atraen el financiamiento público y privado.

En la última década, el impulso del financiamiento climático ha ido creciendo, y los flujos financieros apoyan cada vez más los objetivos de adaptación o mitigación. Sin embargo, los niveles de inversión actuales todavía están muy lejos de cubrir las necesidades estimadas. Si bien entre 2011-12 y 2021-22 los flujos mundiales de financiamiento climático se triplicaron, y pasaron de cerca de US$364.000 millones a alrededor de US$1,3 billones al año, el gasto anual en soluciones climáticas debe alcanzar un monto de aproximadamente US$10 billones si se trata de evitar los peores impactos del cambio climático (CPI 2023).

El déficit de financiamiento es grande, pero hay una buena noticia: de acuerdo con un análisis basado en datos del Banco Mundial y Statista, dicho déficit representa menos del 10% del producto interno bruto (PIB) mundial y menos del 10% del valor total de los activos gestionados por las empresas de inversión a nivel internacional. Esto quiere decir que los recursos de los mercados financieros globales podrían dar abasto para financiar los objetivos climáticos si se reorientaran algunas inversiones.
Sin embargo, hay varias barreras que dificultan las inversiones en solu-
ciones para frenar el cambio climático. En los mercados emergentes y en los
países con elevados niveles de riesgo y vulnerabilidad climática, el capital es
escaso y costoso. Además, identificar y diseñar los proyectos de mitigación y
adaptación puede resultar oneroso. En los países en desarrollo los mercados
financieros nacionales todavía son incipientes, por ejemplo, en términos de
los instrumentos financieros disponibles (CPI 2022). Por último, las fallas de
mercado y del gobierno desalientan la inversión en proyectos relacionados
con el clima (capítulo 9).

Dados la magnitud de la brecha del financiamiento para el clima, y los
limitados recursos públicos y los altos niveles de deuda pública que carac-
terizan a los países emergentes y en desarrollo, será esencial aumentar el
gasto privado. Sin embargo, en la última década, el incremento del finan-
ciamiento para el clima del sector privado ha sido más lento que en el
sector público (un 4,8% al año versus un 9,6%) (CPI 2022). Por lo tanto, deben
hacerse mayores esfuerzos para movilizar la inversión del sector privado.

El papel del sector público es primordial en estas iniciativas. Por ejem-
plo, las decisiones del gasto, tanto público como privado, dependen de las
estrategias y las regulaciones de los gobiernos. Los bancos multilaterales
de desarrollo (BMD) pueden proporcionar solo una parte del total del finan-
ciamiento necesario, pero es posible que respalden a los gobiernos y a las
empresas en el diseño de planes climáticos, que aprueben reformas de polí-
ticas para alentar la inversión privada y que construyan capacidades en los
organismos públicos y las firmas privadas para seleccionar y diseñar proyec-
tos para el clima. Los BMD también pueden hacer que los países en desarrollo
accedan a subvenciones y combinaciones de fondos en condiciones favora-
bles y deuda comercial para mejorar los perfiles de riesgo-rentabilidad de los
proyectos climáticos (Prasad et al. 2022; NGFS 2023).

Tanto los prestamistas públicos como los privados pueden utilizar ins-
trumentos de inversión especiales para asegurar que las empresas y los
gobiernos destinen gastos a los objetivos de cambio climático. Por ejemplo,
con los bonos verdes,<fnref n="1" /> el emisor garantiza que empleará todos los fondos
para financiar o refinanciar proyectos que respalden dichos objetivos. Entre

<footnote n="1">1 El término “bono verde” a veces se usa como sinónimo de “bono climático”. Sin embargo, en la mayor parte de los contextos, las caracterizaciones de financiamiento “climático”, “verde” y “sostenible” se refieren a conceptos diferentes, pero anidados. Financiamiento verde es más amplio que financiamiento climático; incluye el financiamiento climático y el financiamiento de proyectos con otros beneficios ambientales, como la protección de la biodiversidad o la reducción de la contaminación. El financiamiento sostenible abarca el financiamiento verde y las inversiones que apoyan objetivos sociales, económicos y de gobernanza.</footnote>
2019 y mediados de 2023 se emitió un total de US$2,6 billones de bonos verdes en todo el mundo (CBI 2023d).

El logro de los objetivos climáticos requiere no solo incrementar el total de los flujos financieros, sino también asegurarse de que se financien diferentes soluciones climáticas al mismo tiempo en diversos sectores. Entre 2011 y 2020, casi el 70% del financiamiento para mitigación climática que fue objeto de seguimiento se destinó a inversiones de energía renovable. Se debe incrementar el gasto en otras soluciones, como la eficiencia energética, la agricultura baja en carbono y la industria limpia.

En efecto, la combinación de respaldo financiero de los gobiernos, regulaciones y mejoras tecnológicas han convertido la energía renovable en una inversión atractiva para el sector privado, mientras que la inversión en otros sectores sigue estando limitada por barreras técnicas, comerciales y normativas (capítulo 9). Por ejemplo, la falta de adecuados modelos de negocios ralentiza la electrificación del transporte vial, mientras que los altos costos de inversión constituyen un obstáculo para levantar nuevos edificios bajos en carbono (CPI 2022). La eliminación de barreras que restringen el gasto en estas soluciones para reducir emisiones podría facilitar los avances.

Una mayor inversión en adaptación también es crucial. El financiamiento para adaptación que ha sido objeto de seguimiento ha crecido más rápidamente que el financiamiento para mitigación (con tasas anuales de un 16,7% versus un 6% en la última década; CPI 2022), pero todavía representa la proporción más pequeña del financiamiento declarado para el clima. Esto se debe en parte a que el financiamiento para mitigación es mucho más fácil de medir. Sin embargo, hay espacio para incluir más componentes de adaptación en los proyectos nuevos.

En el resto de este capítulo se presenta un análisis más profundo de los flujos de financiamiento climático en América Latina y el Caribe, se analizan los diferentes actores que favorecen las inversiones climáticas y se exploran distintos instrumentos financieros que se pueden utilizar para canalizar y atraer más capital.

## El estado de las cosas en el financiamiento climático

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por su sigla en inglés) reconoce que los países desarrollados, que históricamente han sido responsables de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), deberían brindar apoyo financiero a los países más pobres y vulnerables. De acuerdo con este principio, los países desarrollados se comprometieron a cumplir la meta de US$100.000 millones al año para financiar mitigación y adaptación climática en los países en desarrollo hacia 2020.
## Apoyo oficial para el cambio climático

Los países desarrollados proporcionan ayuda para el clima a través de tres grandes canales. En efecto, brindan fondos multilaterales para el clima (recuadro 12.1); instruyen a los organismos bilaterales de desarrollo, como la Agencia Francesa para el Desarrollo o la Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) de Alemania, para gastar más en soluciones climáticas; y —a través de sus acciones en las juntas de los BMD— votan para que los bancos financien más proyectos con beneficios climáticos.

### Recuadro 12.1. Fondos multilaterales climáticos

Una de las modalidades que utilizan los países desarrollados para proporcionar ayuda climática a los países en desarrollo son los fondos multilaterales climáticos. Por ejemplo, en 2009 se creó el Fondo Verde para el Clima (GCF, por su sigla en inglés), con la finalidad específica de servir a los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por su sigla en inglés). De este modo, el GCF se ha comprometido a gastar en mitigación y adaptación en montos iguales. Por su parte, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), instituido en 1991, también busca cumplir con los objetivos del UNFCCC, pero tiene un mandato más amplio, que abarca los propósitos de otras convenciones de Naciones Unidas sobre biodiversidad y desertificación. Estos fondos no desembolsan dinero directamente a los proyectos seleccionados. En su lugar, trabajan con intermediarios acreditados, como bancos multilaterales, bilaterales y nacionales de desarrollo.

Hay otros fondos multilaterales que son financiados por los países desarrollados para ofrecer financiamiento climático, pero que funcionan independientemente del UNFCCC. El más grande de la región es el Fondo de Tecnología Limpia (CTF, por su sigla en inglés), administrado por un banco multilateral de desarrollo centrado en tecnología baja en carbono. Sin embargo, no todos los fondos provienen de países desarrollados. Si bien Alemania y Noruega han contribuido al Fondo Amazonía, por ejemplo, este es financiado principalmente por la empresa nacional de petróleo Petrobras y el gobierno de Brasil. Se trata de un fondo que ofrece subvenciones para reducir la deforestación y que promueve la conservación del bosque tropical de la Amazonía.

Juntos, el GFC, el CTF, el Fondo Amazonía y los fondos para el medio ambiente suministraron el 77% de los recursos que recibió América Latina y el Caribe de los fondos multilaterales climáticos entre 2003 y 2020 (APHI 12.1.1). Los fondos multilaterales aportan una parte reducida del financiamiento climático de la región; en 2020 aprobaron US$556 millones (Watson, Schalatek y Evéquoz 2023). No obstante, este pequeño monto oculta el hecho de que

*(continúa en la página siguiente)*
Recuadro 12.1. Fondos multilaterales climáticos (continuación)

dichos fondos tienden a depender de una proporción relativamente mayor de contribuciones y préstamos subvencionados que otros proveedores de financiamiento climático.

<figure><img src="image_126.png" /><figcaption>**Gráfico 12.1.1.** Fondos multilaterales de desarrollo que brindan apoyo a América Latina y el Caribe, 2003-20</figcaption></figure>

Fuente: Equipo del BID, sobre la base de Watson y Schalatek (2021).

Según la última estimación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), América Latina y el Caribe recibió US$12.500 millones en ayuda para el clima en 2020, cifra equivalente al 17% del monto global de ese año.<fnref n="2" /> En términos generales, los países desarrollados aportaron US$90.000 millones en ayuda para el clima a los países en desarrollo en 2021 (OCDE 2021). Si bien los últimos datos todavía no han sido plenamente procesados, las conclusiones preliminares indican que la meta de US$100.000 millones se alcanzó, aunque con dos años de retraso, en 2022 (OCDE 2024a).<fnref n="3" />

<footnote n="2">² Como comparación, la región alberga a cerca del 10% de la población del mundo en desarrollo, genera el 16% de su producto interno bruto (PIB) y, dependiendo de la definición utilizada, en ella habita entre el 4% y el 8% de la población mundial que vive en la pobreza (Kofi Tetteh Baah et al. 2023).</footnote>

<footnote n="3">³ Cabe señalar que, al calcular estas cifras, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) descuenta los flujos financieros de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y los fondos multilaterales para considerar que solo una parte del financiamiento proporcionado por las instituciones multilaterales se</footnote>
<figure><img src="image_127.png" /><figcaption>**Gráfico 12.1.** Distribución sectorial de la ayuda exterior para el desarrollo relacionada con el clima, 2021</figcaption></figure>

Fuente: Equipo del BID, a partir de datos de la OCDE.

Nota: La categoría no especificada (18% del financiamiento climático) comprende principalmente proyectos confidenciales del sector privado que no pueden ser más desagregados. El gráfico muestra los flujos financieros brutos. Al contrario de lo que hace la OCDE (2023), no se descuenta el financiamiento de las instituciones multilaterales para reflejar que una parte de sus acciones pertenecen a los actores de América Latina y el Caribe.

En 2021, los socios para el desarrollo financiaron proyectos con beneficios climáticos en diversos sectores (gráfico 12.1), algunos de los cuales, como la energía y el transporte, tenían más probabilidades de contribuir a la mitigación, mientras que otros, como la protección ambiental general, la agricultura, la silvicultura y la pesca, tenían más probabilidades de contribuir a la adaptación. Si bien la mayoría de los proyectos estaban centrados en un sector específico, como la energía (que representa el 12% del financiamiento climático) o el transporte (10%), casi una tercera parte comprendía proyectos destinados a fortalecer las capacidades del gobierno y de la sociedad civil,

atribuye a los países desarrollados. Por ejemplo, si el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le presta US$100 millones a Colombia para financiar el despliegue de energía renovable (un préstamo que sería contabilizado 100% como financiamiento para mitigación climática), la OCDE solo contabiliza cerca de US$74 millones. Dado que el BID recibe contribuciones financieras de los países desarrollados y en desarrollo, la OCDE estima que cerca de US$26 millones de ese préstamo representan un flujo financiero entre los países en desarrollo.
<figure><img src="image_128.png" /><figcaption>**Gráfico 12.2.** Distribución geográfica de la ayuda exterior para el desarrollo relacionada con el clima, 2021</figcaption></figure>

Fuente: Equipo del BID, a partir de datos de la OCDE (2023).

Nota: Los valores colocados en la parte superior de cada barra representan el ratio del financiamiento para el clima en relación con el producto interno bruto regional en 2021. Los valores que se encuentran dentro de cada barra suman el 100% para cada región.

a proyectos con objetivos multisectoriales y a iniciativas para la protección ambiental en general.

Cuando se expresa como porcentaje de su PIB, el Caribe es la subregión que recibe más financiamiento climático de los socios para el desarrollo (gráfico 12.2). En efecto, en 2021 percibió el 0,93% de su PIB, cifra superior a la de los países de la Región Andina (0,62%), Centroamérica (0,24%) o el Cono Sur (0,16%).<fnref n="4" /> Los países de la región que más ayuda climática obtienen como porcentaje del PIB son Honduras, Nicaragua y Costa Rica, mientras que Brasil, México y Suriname dan cuenta de la menor proporción. El Caribe también es la única subregión donde la mayor parte del financiamiento climático se destina a adaptación, si bien vale señalar que el financiamiento para adaptación y para mitigación se contabilizan de manera muy diferente, y no se pueden comparar de manera directa (recuadro 12.2).

<footnote n="4">⁴ La subregión del Caribe está integrada por los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. La Región Andina comprende: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Centroamérica abarca: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Los países del Cono Sur son: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.</footnote>
## Recuadro 12.2. De manzanas a naranjas: cómo medir el financiamiento para adaptación y mitigación

En América Latina y el Caribe, la mayor parte del financiamiento climático se declara como mitigación. Sin embargo, las comparaciones directas entre financiamiento para mitigación y adaptación son complicadas, debido a los diferentes enfoques que se utilizan para su contabilización.

El seguimiento del financiamiento para mitigación se basa en una lista estandarizada de actividades aprobadas, con inversiones en energía renovable o vehículos eléctricos (BID et al. 2023). Todos los proyectos de la lista se contabilizan de manera automática como financiamiento para mitigación, independientemente de los objetivos del proyecto. La mayor parte de los proyectos de energía renovable, por ejemplo, están financiados por empresas privadas interesadas en vender electricidad con un beneficio. El costo total de estos proyectos se contabiliza como financiamiento climático para la mitigación por terceras partes que compilan bases de datos globales de las inversiones en energía renovable (CPI 2023).

En cambio, no existe una lista cerrada de lo que constituye la adaptación. Para que una inversión se contabilice como financiamiento con esta finalidad, los inversionistas deben demostrar que han identificado un riesgo climático, declarar una intención para reducir el riesgo y presentar un presupuesto detallado que muestre qué fracción del costo corresponde a la adaptación (Larsen, Brandon y Carter 2022). Esto significa que muchos proyectos de adaptación pueden no declararse como tales y, entre aquellos que sí se declaran, solo una porción de su costo se contabiliza como adaptación.

Por último, no existe un proceso ampliamente utilizado para contabilizar el financiamiento para adaptación de los gobiernos y el sector privado (CPI 2023). La mayor parte de los datos disponibles proviene de bancos de desarrollo que realizan un seguimiento e informan sobre el financiamiento para adaptación en sus operaciones, mientras que casi todos los gobiernos, los bancos comerciales, las empresas y las personas sencillamente no lo contabilizan ni lo declaran. Las encuestas y la divulgación obligatoria podrían remediar esto y mejorar el seguimiento del financiamiento para adaptación.

¿Los socios para el desarrollo financian más proyectos de mitigación en los países con altas emisiones y más adaptación en los que son más vulnerables al cambio climático? En los gráficos 12.3 y 12.4 se reflejan estas relaciones.

Como se puede apreciar en los gráficos, casi no existe ninguna correlación entre inversiones para la mitigación e intensidad de las emisiones. De hecho, hay numerosos factores que influyen en las decisiones de los socios para el desarrollo cuando gastan en mitigación en un determinado país. Un ejemplo es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), una norma de la UNFCCC que permite que los países desarrollados obtengan créditos para cumplir sus metas
<figure><img src="image_129.png" /><figcaption>Gráfico 12.3. Relación entre emisiones de gases de efecto invernadero y financiamiento para mitigación, 2013-20</figcaption></figure>

Fuente: Equipo del BID, sobre la base de Climate Watch y datos de la OCDE.

Nota: El eje vertical muestra el ratio promedio del financiamiento para mitigación en relación con el PIB entre 2013 y 2020. El eje horizontal muestra el ratio promedio de las emisiones en relación con el PIB durante el mismo periodo. Ambas variables se expresan en una escala logarítmica. Todos los gases de efecto invernadero de Kioto están incluidos (gases CH$_4$, CO$_2$, N$_2$O y F). Los marcadores verdes corresponden a los países de América Latina y el Caribe. Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago y Venezuela no se incluyen debido a problemas de datos. La línea de regresión del panel A tiene una pendiente de -0,04 y un R$^2$ de 0,03, mientras que la pendiente de la línea de regresión del panel B es de 0,03 con un R$^2$ de 0,02. Estos valores no deberían interpretarse como una relación causal sino, más bien, como una correlación entre las variables de interés.

de reducción de emisiones mediante la inversión en proyectos de reducción en países en desarrollo. Los factores de familiaridad, como la historia colonial, y el comercio y la ayuda bilaterales, influyen en gran medida en la localización de los proyectos que se realizarán con el MDL (Dolšak y Crandall 2013). Y si bien
<figure><img src="image_130.png" /><figcaption>**Gráfico 12.4.** Relación entre el índice de vulnerabilidad de los países y el financiamiento para adaptación, 2013-20</figcaption></figure>

Fuente: Equipo del BID, sobre la base del índice ND GAIN Index y datos de la OCDE.

Note: El eje vertical muestra el ratio promedio del financiamiento para adaptación en relación con el PIB entre 2013 y 2020 en una escala logarítmica. El eje horizontal recoge el índice de vulnerabilidad, que ya viene normalizado por ND GAIN. Los marcadores azules corresponden a los países de América Latina y el Caribe. Los promedios para Chile y Uruguay incluyen datos hasta 2017. Barbados, Bahamas, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Venezuela no se incluyen debido a problemas de datos. La línea de regresión del panel A tiene una pendiente de 2,6 y un R² de 0,24, mientras que la pendiente de la línea de regresión del panel B es de 1,7, con un R² de 0,03. Estos valores no deberían interpretarse como una relación causal sino, más bien, como una correlación entre las variables de interés.

Halimanjaya (2015) observa que los países con una intensidad de CO₂ más alta y sumideros de carbono más grandes tienden a recibir más financiamiento para mitigación climática de los socios para el desarrollo, lo mismo sucede con los países con un PIB per cápita más bajo y una mejor gobernanza.
Por otro lado, aunque los países con una mayor vulnerabilidad climática (medida por el índice ND-GAIN; Chen et al. 2023) tienden a obtener más financiamiento para adaptación, esto, al igual que el financiamiento para mitigación, también depende de otros factores. En Malawi, las zonas que más necesidades tienen reciben relativamente poco financiamiento para adaptación; en cambio, este se orienta hacia zonas donde los donantes ya son activos y a lugares capaces de absorber capital (Barrett 2014). En África Subsahariana, el financiamiento para adaptación tiende a depender de las características democráticas del país receptor y de una relación donante-receptor predominante, en cuyo caso la vulnerabilidad no es un factor (Robertsen, Francken y Molenaers 2015). Muy recientemente, se observó que la probabilidad de que un país reciba apoyo financiero relacionado con el cambio climático, tanto para mitigación como para adaptación, mejora de manera significativa con la presentación de planes de cambio climático a la UNFCCC, de la calidad de su presupuesto y de la calidad de su administración pública (Han y Cheng 2023).

En América Latina y el Caribe, el nivel de estabilidad política y el grado de desarrollo del mercado de crédito son los predictores más sólidos de cuánto financiamiento climático recibe un país de los bancos multilaterales de desarrollo (Lisazo, Meirovich y Yañez-Pagans [de próxima publicación]). El riesgo climático y las emisiones de GEI no son determinantes significativos después de controlar otros factores.<fnref n="5" /> En cambio, la ayuda bilateral para el clima sí parece estar destinada a países vulnerables y a países con una mayor capacidad para invertir en medidas de adaptación, según las mediciones de ND GAIN (Chen et al. 2023).

## El financiamiento climático más allá del apoyo oficial

Los US$100.000 millones al año que los países desarrollados han comprometido para la acción climática se quedarán cortos para financiar todas las medidas que se consignan en los objetivos del Acuerdo de París. Hay numerosas estimaciones diferentes, pero todas coinciden en que las necesidades son mucho mayores. Por ejemplo, según la Iniciativa de Política Climática (CPI, por su sigla en inglés), se precisan aproximadamente US$10 billones al año para lograr una economía de cero emisiones netas y resiliente al clima

<footnote n="5">5 Las regresiones se estimaron utilizando el financiamiento climático total por unidad del PIB como la variable explicada y controlando por país y efectos fijos por año, PIB per cápita, créditos internos al sector privado, crecimiento anual del PIB, estabilidad política, calidad regulatoria, voz y rendición de cuentas, innovación, emisiones de gases de efecto invernadero por unidad del PIB y una estimación del riesgo de desastres naturales en cada país.</footnote>
para 2050 (CPI 2023). En América Latina y el Caribe, Galindo Paliza, Hoffmann y Vogt-Schilb (2022) observan que se requieren entre US$470.000 millones y US$1,3 billones al año.

La buena noticia es que lograr los objetivos climáticos no demanda obligatoriamente inversiones extra; a menudo la acción climática consiste en gastar de manera diferente en lugar de gastar más (Galindo Paliza, Hoffmann y Vogt-Schilb 2022). Por ejemplo, la construcción de una nueva carretera más lejos de la costa, para evitar las inundaciones como resultado del aumento del nivel del mar, puede ser menos costosa que si se levanta la misma carretera junto a la playa y luego se suman gastos al añadírsele protecciones. Además, algunos tipos de gastos pueden lograr varios objetivos de desarrollo de forma simultánea. Por ejemplo, dado que los hogares más pobres suelen ser los más vulnerables al cambio climático (capítulo 3; capítulo 14), el gasto en protección social puede a la vez reducir la pobreza y mejorar la resiliencia (Hallegatte et al. 2016).

Por otro lado, los socios para el desarrollo no son los únicos que gastan en acción climática. Los gobiernos, las empresas y los hogares también lo hacen en todos los países. Así lo demuestra la CPI, que recopila datos de los socios para el desarrollo, similares a los utilizados en la sección anterior, y lleva a cabo encuestas de los bancos nacionales de desarrollo y los bancos públicos y privados para calcular su gasto climático (CPI 2023). La CPI también estudia las bases de datos integrales de los proyectos en sectores de mitigación climática clave, como la energía renovable y los vehículos eléctricos, para evaluar el gasto público y privado en estas actividades. Es importante señalar que estas bases de datos contienen pocas o ninguna de las actividades que cumplirían los requisitos de adaptación al cambio climático (véase el recuadro 12.2).

En América Latina y el Caribe la CPI registró, en promedio, US$52.000 millones en financiamiento climático en 2021 y 2022 (CPI, 2023), cifra conformada por un monto más o menos similar procedente de fuentes públicas y privadas (gráfico 12.5). Por el lado del sector público, el 39% del total del financiamiento climático proviene de los bancos multilaterales y bilaterales de desarrollo. Los gobiernos, las instituciones financieras de desarrollo nacionales y los recursos de los bancos de propiedad estatal representan el 10%, y los fondos multilaterales climáticos solo dan cuenta de un 1%. En el sector privado, la fuente principal está compuesta por las empresas (27%), a las cuales les siguen las instituciones financieras comerciales, como los bancos (14%) y los hogares o las personas (9%).

El financiamiento climático de la región se encuentra respaldado por un conjunto amplio de instrumentos financieros (gráfico 12.5). De todos ellos, el más utilizado es la deuda, que representa el 59% del total de las inversiones climáticas. La fracción mayor del total del financiamiento climático (31%) proviene de deuda a nivel de proyecto a precio de mercado, es decir, de
<figure><img src="image_131.png" /><figcaption>**Gráfico 12.5.** Promedio de los flujos del financiamiento climático en América Latina y el Caribe, por proveedor, instrumento financiero y uso, 2021-22</figcaption></figure>

Fuente: Equipo del BID, a partir de información disponible públicamente de la Iniciativa de Política Climática.

IFD: instituciones financieras de desarrollo.

préstamos que obtiene una empresa para financiar un proyecto específico; este sería el caso de una firma que suministra un servicio público y consigue un préstamo de un banco comercial para financiar una iniciativa de paneles solares. Otro 22% de los proyectos está financiado por deuda de proyectos de bajo costo. Se trata de préstamos con tasas inferiores a las del mercado, a menudo proporcionados por bancos de desarrollo. El tercer lugar (con el 6%) lo ocupa la deuda en el balance, lo cual comprende préstamos a tasa de mercado obtenidos por empresas no vinculadas a un proyecto particular. El capital propio financia el 36% de las inversiones climáticas de la región; entre los ejemplos, puede citarse el de un hogar que recurre a sus ahorros para comprar un vehículo eléctrico o una firma que emplea los fondos capacitados mediante la venta de acciones para renovar los edificios que utiliza. Por último, las contribuciones, los subsidios de los gobiernos o los fondos multilaterales, representan el 4% del total del financiamiento climático.

## Cómo pueden avanzar los bancos multilaterales de desarrollo

Si bien los BMD actualmente proporcionan solo una tercera parte del flujo del financiamiento climático total de la región, su papel es esencial para contribuir a zanjar la brecha del financiamiento climático.
Quizá la manera más obvia en que pueden colaborar con el cumplimiento de los objetivos climáticos sea a través del financiamiento directo de proyectos que coadyuvan a reducir las emisiones o a construir resiliencia frente al cambio climático. Una de las ventajas clave en comparación con las alternativas de mercado es el financiamiento a menor costo que los BMD ofrecen (Prizzon, Josten y Gyuzalyan 2022). Además de utilizar sus propios fondos, estas entidades pueden ayudar a los países a acceder a fondos climáticos multilaterales (recuadro 12.1). También pueden combinar diferentes fuentes de financiamiento, como las contribuciones de los donantes internacionales y los préstamos de su propio capital, con el fin de disminuir aún más los costos de financiamiento.

## Reorientar el gasto de los sectores público y privado

Básicamente, la brecha de financiamiento climático supera en gran medida la capacidad financiera de los BMD. Estos otorgan préstamos de entre US$40.000 millones y US$45.000 millones al año a los países de América Latina y el Caribe, es decir, entre 10 y 30 veces menos que el total de las necesidades de gasto climático (Galindo Paliza, Hoffmann y Vogt-Schilb 2022). Parte de la solución podría ser ampliar su alcance y su poder de préstamo, como lo ha planteado la Iniciativa Bridgetown (recuadro 12.3). Sin embargo, aun cuando los BMD han sido capaces de movilizar cada vez más recursos para financiar proyectos con objetivos climáticos —de US$6.700 millones en 2020 a US$9.800 millones en 2021 (BID et al. 2023)—, es probable que la inversión directa nunca resulte suficiente.

Los BMD pueden utilizar sus fondos para que los países puedan reorientar el gasto público y privado hacia soluciones climáticas. Para ayudar a los países en desarrollo a gastar en necesidades climáticas, los BMD pueden movilizar sus ventajas comparativas reconocidas proporcionando asistencia técnica y asesoramiento en materia de políticas, llevando a cabo investigación y convocando a diferentes actores en aras de un objetivo común (Prizzon, Josten y Gyuzalyan 2022).

En la esfera pública, un objetivo fundamental debe ser ayudar a los gobiernos a integrar los objetivos climáticos en la planificación estratégica. Los BMD pueden contribuir a diseñar políticas que promuevan la descarbonización y la adaptación climática como objetivos de desarrollo (Jaramillo y Saavedra 2021). Por ejemplo, pueden dar apoyo a los gobiernos para que estos desarrollen estrategias climáticas a largo plazo y actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por su sigla en inglés) en línea con el Acuerdo de París, proporcionando asistencia técnica e incentivos a través de préstamos basados en políticas (Jaramillo et al. 2023).
### Recuadro 12.3. La Iniciativa Bridgetown

La Iniciativa Bridgetown es un ambicioso plan formulado por la Primera Ministra de Barbados, Mia Mottley, para reformar el sistema financiero internacional de modo que pueda abordar los retos a los que se enfrentan los países en desarrollo, particularmente en el contexto del cambio climático y las crisis de la deuda en aumento. La iniciativa se propone transformar la forma en que se proporciona el apoyo financiero a los países en desarrollo, sobre todo a aquellos que sufren los severos impactos del cambio climático.

Las siguientes son las propuestas clave, como se detallan en un comunicado de 2023 emitido por Naciones Unidas:

* Ofrecer apoyo de liquidez inmediata, incluida la reorientación de al menos US$100.000 millones de derechos especiales de giro no utilizados a través del Fondo Monetario Internacional y de los bancos multilaterales de desarrollo.

* Restablecer la sostenibilidad de la deuda en el presente y a largo plazo y respaldar a los países para que puedan reestructurar su deuda con bajas tasas de interés a largo plazo.

* Aumentar de manera considerable los préstamos de sectores oficiales al desarrollo hasta alcanzar US$500.000 millones anuales para la inversión en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) (estímulo de los ODS).

* Movilizar más de US$1,5 billones al año de inversiones del sector privado en la transformación verde.

* Modificar la gobernanza de las instituciones financieras internacionales para hacerlas más representativas, equitativas e inclusivas.

* Crear un sistema de comercio internacional que favorezca las transformaciones verdes y justas a nivel mundial.

Fuente: Naciones Unidas (2023).

Los BMD también pueden reforzar la gobernanza climática ayudando a los países a aclarar las funciones de los distintos sectores y niveles de gobierno para cumplir los objetivos climáticos a largo plazo. Muchos gobiernos carecen de preparación en este ámbito (Jaramillo et al. 2024). Los BMD pueden colaborar con el establecimiento de organismos de coordinación climática y la integración de oficinas climáticas en los ministerios pertinentes (Mosqueira y Alessandro 2023).

Además, los BMD pueden crear un entorno propicio para la acción por el clima, mediante el abordaje de obstáculos como infraestructura o normativa inadecuadas (capítulo 9). Pueden respaldar reformas en la contratación pública o en los procesos de concesión de permisos para fomentar
las inversiones en energías limpias o en autobuses eléctricos. Asimismo,
pueden mitigar los riesgos de ser los primeros en acometer proyectos cli-
máticos, a través de la oferta de soluciones financieras, como préstamos en
condiciones favorables (Smallridge, 2017), o apoyando a los gobiernos para
la creación de fondos rotatorios destinados a proyectos climáticos.

Por último, los BMD pueden ayudar a los sectores público y privado a incorporar el cambio climático en el diseño y la selección de proyectos (Delgado et al. 2023), con el aporte de herramientas como evaluaciones de riesgo, evaluaciones de proyectos y directrices de contratación resistentes al clima para abordar necesidades de adaptación como la mitigación de sequías u olas de calor.

A pesar de la importancia que tiene el hecho de reorientar los flujos públicos y privados para lograr las metas climáticas, un análisis del BID indica que son pocos los BMD que lo hacen. Únicamente cerca del 20% del financiamiento climático de estas entidades se destina a reorientar la inversión mediante una mejora de la estrategia climática, el desarrollo de una política climática o el apoyo del diseño de proyectos en la etapa de preinversión. Alrededor del 80% se dedica a financiar soluciones climáticas de manera directa, ya sea con fondos propios o a través de la movilización de fondos multilaterales (gráfico 12.6).

Respaldo de los planes de los gobiernos

¿De qué modo deberían priorizar sus acciones los BMD para ayudar a los gobiernos a financiar las soluciones climáticas? Una opción es considerar las estrategias de financiamiento climático, un marco que comienza por cuantificar las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos relacionados con el clima y luego identifica los recursos internos y externos, tanto del sector público como del privado, para el financiamiento (Jaramillo et al. 2024).

Una medida clave consiste en contribuir con el diseño de las estrate-
gias financieras de los países, algo que en este momento solo tienen cinco
países de América Latina y el Caribe (Jaramillo et al. 2024). Peor aún: si bien
todos los países de la región han presentado NDC, únicamente ocho han
dado a conocer también estrategias de largo plazo (LTS, por su sigla en
inglés) (véase el capítulo 9), y solo seis cuentan con planes de inversiones
en materia de cambio climático que explicitan qué inversiones se pueden
emprender para promover los objetivos en cualquiera de los documentos.
Cabe resaltar que el primer paso del financiamiento de la acción climática
es definir medidas específicas congruentes con objetivos a largo plazo.

Los BMD también pueden ayudar a los países a estimar los costos y los
beneficios de las inversiones climáticas. Si bien los ministerios de Finanzas
<figure><img src="image_132.png" /><figcaption>**Gráfico 12.6.** Tipo de apoyo proporcionado por los bancos multilaterales de desarrollo, 2022</figcaption></figure>

Fuente: Equipo del BID, a partir de datos de BID et al. (2022).

de la región coinciden en que es importante calcular el costo para cumplir con las NDC, son pocos los países que lo han hecho (Jaramillo et al. 2024). Un análisis detallado de los costos sector por sector posibilitaría identificar las fuentes de financiamiento. La formulación de políticas debe dar prioridad a las intervenciones que ofrezcan beneficios para el desarrollo, pero muchos estudios se centran únicamente en los costos brutos. La experiencia de las economías desarrolladas es que las LTS y las NDC pueden alinearse de manera más adecuada con otros objetivos de desarrollo sostenible.

Otra forma en que los BMD pueden brindar asistencia a los gobiernos es con la introducción de nuevos instrumentos y procesos a lo largo del ciclo presupuestario para asegurar que el gasto público sea coherente con los objetivos climáticos. La región ha logrado avances para detectar el gasto público en el cambio climático. Sin embargo, a fin de que esta información sea útil, tiene que estar conectada con los sistemas de gestión presupuestaria existentes y con los objetivos climáticos nacionales (Pizarro et al. 2022).
Los BMD también deben reforzar la base de conocimientos y promover
la colaboración entre países. Aunque ninguna de las estrategias de finan-
ciamiento climático de la región ha sido objeto de evaluaciones de impacto
(Jaramillo et al. 2024), los países se benefician de la cooperación, por ejemplo,
a través de la Plataforma Regional de Cambio Climático de los Ministerios de
Economía y Finanzas. Este esfuerzo de colaboración mejora el intercambio de
conocimientos, acelera el aprendizaje y refuerza las capacidades institucionales.

Por último, las estrategias de financiamiento climático que diseñan los
gobiernos también deberían procurar favorecer el gasto privado. Los BMD
pueden fundamentar sus estrategias financieras mediante la medición de
los riesgos y los retornos de las nuevas tecnologías para los inversionistas,
un diagnóstico que indique si los contextos regulatorios existentes facilitan
u obstaculizan los modelos de negocios, y el apoyo de los procesos de con-
sulta con todas las partes interesadas.

El financiamiento del sector privado

Además de trabajar con los gobiernos, los BMD lo hacen de forma directa con las empresas y las corporaciones. En el caso de las empresas, utilizan los préstamos y la cooperación técnica (véase más adelante) para contribuir a aumentar el financiamiento privado de las soluciones climáticas.

La función más obvia de un BMD es velar por que los recursos estén dis-
ponibles para financiar los costos iniciales de diferentes proyectos. Además
de prestar dinero de su capital propio, los BMD pueden recurrir a diversos
instrumentos financieros para este fin (Ehlers et al. 2022).

Los vehículos de financiamiento estructurado son entidades legales constituidas para manejar la emisión de instrumentos financieros complejos. Un ejemplo es el fondo de bonos verdes creado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo Banco Mundial y Amundi, el mayor administrador de activos de Europa. El fondo reunió bonos verdes emitidos por instituciones financieras de diversas economías emergentes y en desarrollo, y la CFI adquirió un tramo de capital de primera pérdida del fondo (lo cual significa que el capital de CFI sería el primero en perder si el fondo no tuviera buenos resultados). Esto redujo el riesgo crediticio de otros inversionistas y alentó a los fondos de pensiones a invertir.

El financiamiento mixto combina dinero barato de las ayudas oficiales con recursos privados más caros. Esto puede servir para reducir el riesgo de inversiones en infraestructura o en otros proyectos complejos. Por ejemplo, entre 2014 y 2016, BID Invest, la rama del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, utilizó financiamiento mixto para apoyar los primeros cuatro proyectos de energía eólica y solar en Uruguay. En 2020, los bancos
comerciales y los inversionistas institucionales entraron en el esquema refi-
nanciando los proyectos con precios más atractivos, y demostrando que el
resultado de una intervención inicial de un BMD podía ser un cambio del
riesgo y un movimiento en el mercado.

**Los instrumentos de deuda sostenible basados en resultados,** como los bonos vinculados a la sostenibilidad, ayudan a las empresas o a los gobiernos a alinearse con los objetivos de sostenibilidad, como la reducción de las emisiones de GEI. Los BMD pueden prestar apoyo en el diseño y la emisión de estos instrumentos, participar ellos mismos como emisores o proporcionar instrumentos de deuda para que el sector privado invierta en proyectos que cumplen los objetivos. Por ejemplo, BID Invest trabajó con BanColombia en la emisión de un primer bono vinculado a la sostenibilidad, emisión que fue realizada por un banco de la región. Más específicamente, dirigió el diseño, la conceptualización y la identificación de los principales indicadores de desempeño (KPI, por su sigla en inglés) del proyecto.

La provisión de asistencia técnica

¿Qué apoyo pueden ofrecer los BMD al sector privado, además del financiamiento? Como primer paso para responder a esta pregunta, un estudio de BID Invest analiza su propia práctica en la actualidad, e indica que, entre 2016 y 2022, el 69% de las inversiones en financiamiento climático incluía un componente de asistencia técnica.<fnref n="6" /> De este total, el 30% estaba dirigido a intermediarios financieros que desarrollaban productos financieros verdes, mientras que el 70% se destinaba a clientes en la economía real; por ejemplo, infraestructura, energía, agroindustria, manufactura o empresas de turismo. En cuanto al momento de suministro de la asistencia técnica durante el ciclo del proyecto, el 27% de los casos comprendía un trabajo de preparación antes de que el BMD se comprometiera en una operación financiera con la empresa, mientras que en el 73% de los casos la asistencia se ofrecía con la estructuración de una operación financiera.

El análisis muestra que la asistencia técnica dirigida al sector privado pertenece a una de las siguientes tres categorías:

* Las que aumentan la oferta de proyectos climáticos, mediante el respaldo de actividades previas a la inversión para acelerar la planificación y el diseño de los proyectos del sector privado, perfeccionar

<footnote n="6">⁶ Durante ese tiempo, BID Invest proporcionó asistencia técnica a más de 300 clien-
tes e invirtió más de US$7.000 millones en financiamiento climático para proyectos
de mitigación y adaptación en diferentes empresas, instituciones financieras y en los
sectores de infraestructura y energía.</footnote>
las capacidades internas de las firmas en relación con el clima o definir modelos de negocios sólidos.

* Las que favorecen el desarrollo del mercado, apoyando el diseño de proyectos que son los primeros en su tipo que crean efectos de demostración, así como desarrollando normas y taxonomías para una mayor transparencia y una asignación más eficiente de los recursos en ciertos mercados.

* Las que atraen inversionistas privados, a través de la disminución del riesgo de ciertas inversiones, patrocinando la estructuración de operaciones de financiamiento mixto o facilitando la obtención de datos o de conocimientos para orientar las decisiones de los inversionistas.

Las tres categorías mencionadas no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un proyecto que se ha beneficiado de la asistencia técnica para mejorar un modelo de negocios también puede ser el primero de su tipo en un mercado específico y requerir financiamiento mixto.

Como se muestra en el cuadro 12.1, la mayor parte de la asistencia técnica proporcionada para movilizar capital privado se ha destinado a incrementar la oferta de proyectos climáticos (83%), seguidos este rubro del desarrollo de mercado (31%) y de la atracción de inversionistas (12%). En cada una de estas categorías se han desplegado diferentes actividades con diversos niveles de importancia o intensidad. Para aumentar la oferta de proyectos climáticos, por ejemplo, la asistencia técnica ha incluido la producción de estudios que contribuyen a reducir la percepción de riesgo de ciertos proyectos (51%), a

<table><caption>Cuadro 12.1. Tipos de asistencia técnica proporcionada para movilizar capital privado</caption><thead><tr><th>Oferta de proyectos climáticos (83%)</th><th>Desarrollo de mercados (31%)</th><th>Atracción de inversionistas (12%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aumento de las capacidades de las empresas relacionadas con el clima:<br>19%</td><td>Diseño de primeros proyectos de su tipo:<br>42%</td><td>Estructuración de operaciones de financiamiento mixto:<br>71%</td></tr><tr><td>Elaboración de estudios para reducir la incertidumbre de los proyectos:<br>51%</td><td>Desarrollo de normas de mercado y taxonomías:<br>58%</td><td>Datos y productos de conocimiento para los inversionistas:<br>29%</td></tr><tr><td>Preparación de proyectos:<br>30%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

Fuente: Equipo del BID, a partir de datos de la cartera de BID Invest.

Nota: Los porcentajes que se presentan en cada uno de los tres niveles no suman 100%, ya que un proyecto de asistencia técnica podría contribuir en más de un nivel.
sustentar la preparación de proyectos específicos (30%) o a construir capacidades relacionadas con el clima en la empresa (19%).

El análisis de BID Invest resalta el valioso rol de la asistencia técnica para respaldar y ampliar las inversiones del sector privado en materia climática. El apoyo proporcionado es diverso y sofisticado, lo cual subraya que hay más de un conjunto de soluciones y que se requiere una combinación de medidas para movilizar el capital privado. Debido a que no existe ninguna evidencia rigurosa aún disponible sobre la efectividad de estos instrumentos o acerca de cómo los resultados obtenidos se comparan unos con otros, es preciso que se lleve a cabo más investigación en este plano.

## Mercados de deuda verde

Tanto las empresas privadas como los gobiernos utilizan bonos para financiar sus inversiones. Los bonos verdes, que se emiten específicamente para financiar o refinanciar proyectos en favor de objetivos climáticos u otros objetivos ambientales, se volverán cada vez más comunes (Ehlers et al. 2022). Entre 2007 y 2020, la emisión de bonos verdes casi se duplicó en el campo internacional cada año, y llegó por acumulación a un total de US$1 billón (CBI 2023a).

Aunque los BMD han sido esenciales en la creación de los mercados de bonos verdes a nivel mundial,<fnref n="7" /> el sector privado ha alimentado este mercado en los últimos tiempos. En 2022 las grandes empresas emitieron un 54% de los bonos verdes globales (CBI 2023c). Dado que los bonos verdes han emergido en países con mercados de capital nacionales mejor desarrollados y acceso a los mercados de bonos internacionales (Stevenson 2023), los países dispuestos a usarlos deberían centrarse en expandir y fortalecer los mercados locales, así como en mejorar la confianza de los inversionistas en proyectos favorables al medio ambiente. Los BMD pueden facilitar esto, sobre todo en las economías pequeñas (CEPAL 2017).

El tema de este capítulo es el financiamiento climático, pero los datos disponibles sobre los bonos temáticos no son suficientemente granulares para distinguir entre los que han favorecido solo las inversiones climáticas y los que apoyan un conjunto más amplio de inversiones con beneficios ambientales. Dicho esto, los datos sugieren que en América Latina y el Caribe la mayor parte de estos fondos ha financiado proyectos de mitigación climática. En efecto, entre 2014 y 2020, el 53% de las emisiones acumuladas respaldaba el financiamiento de proyectos de energía renovable; el 23%, el

<footnote n="7">⁷ El primer bono verde lo emitió el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2007, y el Banco Mundial hizo lo propio con su primer bono verde en 2008.</footnote>
transporte eficiente y el 10%, el uso del suelo (por ejemplo, la inversión en agricultura baja en carbono; CBI 2023b).

## Los bonos verdes en la región

Entre 2014 y 2022, la emisión de bonos verdes en América Latina y el Caribe representaba menos del 2% de los bonos emitidos en el ámbito mundial (CBI 2023b). De hecho, la región emitió US$3.000 millones en 2022, en comparación con Europa (US$229.000 millones) y los países de Asia-Pacífico (US$133.000 millones).

Inicialmente, la emisión de bonos verdes de la región fue impulsada por el sector privado. El primer bono fue emitido en 2014 por Energía Eólica, una empresa peruana, para financiar la construcción de dos granjas eólicas (CBI 2019). Entre 2014 y 2021 hubo 12 países que emitieron bonos verdes, y la emisión llegó a su punto álgido a mediados de 2021. Brasil, Chile y México han sido los principales emisores (gráfico 12.7). Los bonos verdes se han dirigido principalmente al sector de la energía (52% de las emisiones totales acumuladas hasta ahora), seguido del transporte (23%), el uso del suelo y el manejo de bosques (10%), y la construcción verde (6%; CBI 2023b).

<figure><img src="image_133.png" /><figcaption>**Gráfico 12.7.** Emisión de bonos verdes, por país y año</figcaption></figure>

Fuente: Equipo del BID, sobre la base de CBI (2023b).
Los bonos verdes soberanos —emitidos por los gobiernos nacionales— han tardado más en materializarse. En 2021 Chile y Colombia eran los únicos países que habían emitido estos bonos.

Desde 2020 la emisión anual de bonos verdes en América Latina y el Caribe ha ido en descenso, lo cual muestra que el foco regional está cambiando del financiamiento de proyectos puramente ambientales a proyectos más amplios que también abordan problemas sociales y de sostenibilidad. En 2022 los bonos verdes representaban el 13% de la emisión anual de bonos temáticos, mientras que los bonos de sostenibilidad (que incluyen las categorías verde y social) equivalían al 51% y los bonos sociales, a un 12% (véase el gráfico 12.8). La pandemia de COVID-19 generó un aumento de la emisión de bonos sociales, que fue clave para financiar los paquetes de ayuda (CBI 2021).

Los bonos vinculados a la sostenibilidad conforman una nueva clase de instrumento y representan el 23% de las emisiones. En este caso, el emisor define las metas con antelación, como la producción del 35% de su energía de fuentes renovables hacia 2035. En el vencimiento, el emisor paga penalizaciones a los titulares de los bonos si no se ha cumplido la meta (o, de manera equivalente, los titulares de los bonos pagar al emisor si la meta se ha cumplido). Estos bonos se volvieron populares en 2020 después de que la Asociación Internacional de Mercados de Capitales publicara directrices sobre cómo emitirlos (Núñez Reyes, Velloso y Da Silva 2022).

<figure><img src="image_134.png" /><figcaption>Gráfico 12.8. Emisión de bonos temáticos por tema</figcaption></figure>

Fuente: Equipo BID, sobre la base de CBI (2023b).
A pesar de la disminución de los bonos verdes, los bonos de sostenibilidad y los bonos vinculados a la sostenibilidad también están financiando proyectos que tienen beneficios climáticos. Además, han surgido nuevos tipos de bonos, como los bonos de transición, que se conectan a la deuda proveniente de entidades que operan en sectores donde la mitigación es más difícil, como los metales y la minería.<fnref n="8" /> En 2022 los bonos de transición provenientes de la región representaban el 1% del volumen de bonos temáticos, o US$770 millones (CBI 2023b). Por último, los esquemas innovadores alientan la emisión de bonos de infraestructura de las empresas privadas, como sucede con los bonos incentivados en Brasil (recuadro 12.4).

## Recuadro 12.4. Bonos de infraestructura incentivados

En 2011 el gobierno de Brasil se convirtió en el primero en la región en introducir un marco para la emisión de bonos de infraestructura de las empresas privadas con el fin de promover el desarrollo de mercados de capital privados a largo plazo y fortalecer el financiamiento de los proyectos de infraestructura. Estos instrumentos novedosos, conocidos como bonos con incentivos, ofrecen exenciones del impuesto sobre la renta con la condición de utilizar los fondos para financiar gastos de infraestructura. Los bonos con incentivos tienen una duración mínima en la emisión de cuatro años, se denominan en reais de Brasil y son principalmente indexados al Índice de Precios de Consumo Amplio (IPCA). También muestran evidencia de diferenciales moderados en relación con los bonos del Tesoro Brasileño, de duración similar.

Desde la primera emisión en 2012, estos bonos se han convertido en una fuente importante de financiamiento para proyectos de infraestructura, con una tasa de impago relativamente baja —atribuida a las garantías de los promotores y a la colateralización de los créditos— y potencial para seguir creciendo. Sin embargo, a pesar de su éxito, ningún otro país de la región ha adoptado enfoques similares. Dado que el menor riesgo de impago de los bonos en moneda local puede ser atractivo para los inversionistas, los países podrían pensar en imitar el enfoque de Brasil para el financiamiento de proyectos de infraestructura relacionados con el cambio climático e igualar la moneda de los ingresos de esos proyectos, sobre todo en sectores como transporte, agua y telecomunicaciones.

Fuente: Borensztein, Cavallo y Pereira Dos Santos (2022).

<footnote n="8">⁸ Un bono de transición utiliza los ingresos destinados a actividades que no son de emisiones bajas o de cero emisiones (es decir, no verdes), pero que, a corto o largo plazo, tienen un papel que cumplir en la descarbonización de una actividad o para respaldar a un emisor en su transición hacia la alineación con el Acuerdo de París.</footnote>
## La prima de greenium

El término "greenium" —una palabra híbrida que combina "green" (verde) y "premium" (prima)— se refiere a la ventaja en términos de precios que pueden tener los bonos sostenibles o verdes sobre los bonos convencionales. Esto se refleja en una prima negativa en la diferencia del rendimiento entre los bonos verdes y los no verdes equivalentes con características similares, como vencimiento, calidad crediticia del emisor y liquidez. Un greenium puede surgir a partir de factores como la creciente conciencia ambiental de los inversionistas y la mayor demanda de bonos sostenibles o verdes, las políticas públicas de apoyo o la escasez de oportunidades de realizar inversiones verdes. A medida que el mercado de las inversiones verdes evolucione, la dinámica de oferta y demanda seguirá influyendo en la magnitud del greenium (Bachelet, Becchetti y Manfredonia 2019; Ghosal [de próxima publicación]).

De acuerdo con la investigación reciente, un greenium fluctúa entre 4 y 11 puntos básicos (Caramichael y Rapp 2022; Benincasa et al. 2022; Ando et al. 2024). Esto significa que, si un bono normal cuesta 1,2% al año, un bono verde puede costar 1,13%. Los greeniums dependen de la transparencia y la credibilidad de un emisor para comunicar su compromiso con el medio ambiente, que contribuye a mitigar los riesgos o la ecoimpostura. La repu-tación del emisor y la credibilidad del organismo certificador son esenciales para establecer un greenium (Kapraun et al. 2021; Pietsch y Salakhova 2022). Además, Caramichael y Rapp (2022) atribuyen el surgimiento de los gree-niums en los mercados de bonos a partir de 2019 al desarrollo de marcos institucionales que garantizan las inversiones verdes genuinas.

Ramos y Vasa (de próxima publicación) sugieren que en América Latina y el Caribe los bonos verdes se vieron menos afectados que los bonos con-vencionales durante la pandemia de COVID-19; esto se puede atribuir al compromiso a largo plazo de los inversionistas verdes. Además, el concepto de greenium va más allá de los bonos de mercado. Avellán et al. (de próxima publicación) exploran la existencia de un greenium en el financiamiento de préstamos para proyectos de infraestructura, en particular, la energía reno-vable. Sus conclusiones indican un greenium potencial en los mercados de préstamos, ya que los préstamos para inversiones en energía renovable tienden a tener tasas de interés marginalmente más bajas que proyectos similares no renovables.

## Más transparencia, menos ecoimpostura

El aumento de la escala del financiamiento verde requiere reducir los incen-tivos para la ecoimpostura. Si las empresas que no son verdes pueden
pretender ser verdes con facilidad (sin incurrir en costos), los productos financieros verdes no tienen un valor de señalización para los inversionistas (Schmittmann y Gao 2022). La reducción de la ecoimpostura requiere más directrices, divulgación, multas por información falsa sobre las credenciales verdes y las emisiones, y una validación efectiva de los procesos de selección antes y después de las emisiones. Se ha logrado cierto progreso en estos temas, pero hay espacio para mejoras.

Los reguladores pueden brindar orientación a través de las taxonomías, es decir, de sistemas de clasificación que identifican y definen actividades, activos o proyectos de inversión con impactos ambientales positivos, basados en objetivos y criterios establecidos. Las taxonomías pueden contribuir al crecimiento del mercado local a través de definiciones precisas y consistentes para las actividades sostenibles, lo cual promueve la inversión y un seguimiento más adecuado de los flujos de financiamiento de la sostenibilidad. Como la emisión de bonos verdes es más costosa que la de bonos convencionales, debido a los requisitos de presentación de informes, las tarifas de consultoría y la necesidad de una verificación externa de las credenciales verdes, países como Japón y Singapur han empezado a otorgar a los emisores subsidios que van acompañados de exigentes obligaciones de divulgación, regulaciones y selección para evitar la ecoimpostura (Schmittmann y Gao 2022).

En los últimos años, en América Latina y el Caribe, han surgido iniciativas para apoyar una mayor transparencia en los mercados de bonos verdes. Una de ellas ha sido la Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes lanzada en 2021, que proporciona a los inversionistas información creíble, comparable y consistente sobre dichos bonos. La Plataforma también sirve como referencia de la divulgación de buenas prácticas para emisores, inversionistas y reguladores; y los emisores pueden solicitar una revisión externa a través de ella. Además, en julio de 2023, diez organismos internacionales de desarrollo lanzaron un marco de taxonomía común para la región, con el fin de mejorar la comparabilidad y asegurar la interoperabilidad de las taxonomías de financiamiento sostenible (CBI 2023b).

## Grandes avances, pero mucho camino por recorrer

Si bien la medición del financiamiento climático trae aparejados numerosos desafíos, los últimos años han sido pródigos en avances para estandarizar definiciones y sistematizar la información. Los datos disponibles ponen de relieve que el financiamiento climático todavía está muy por debajo de los niveles requeridos para alcanzar los objetivos del cambio climático. En América Latina y el Caribe, un amplio grupo de actores trabaja en el despliegue
de inversiones beneficiosas para el clima, a partir de un extenso conjunto de instrumentos financieros para atraer y canalizar recursos. Sin embargo, queda mucho por hacer, y se requieren urgentemente más medidas coordinadas de los actores del sector público y del sector privado para aumentar los flujos de financiamiento climático.

Las inversiones para el clima también deben ocuparse de necesidades de mayor dimensión. En el financiamiento de la mitigación, esto significa financiar soluciones que excedan la energía renovable. También es imperativo canalizar más flujos concesionales hacia las economías en desarrollo, sobre todo las más vulnerables y aquellas con los mayores impactos potenciales. Para que esto sea posible, se requiere más evidencia sobre los efectos de dichas inversiones a fin de orientar la asignación de recursos hacia los enfoques más costo-efectivos.

En este capítulo también se ha abordado el rol fundamental de los BMD en el financiamiento climático. Por un lado, estos pueden facilitar, tanto a los gobiernos como al sector privado, el acceso a fondos para sustentar inversiones climáticas. Por otro, son relevantes en su papel de apoyo al sector público, lo cual se materializa en la mejora de la planificación y el diseño de las inversiones climáticas, y en la oferta de incentivos al sector privado para invertir en cambio climático. Los BMD también pueden utilizar su capital de manera inteligente para incluir inversionistas privados y crear nuevos mercados, como ocurrió con los mercados de bonos verdes.

Los BMD están aumentando la escala de su ambición en términos de objetivos climáticos, y han dedicado recursos considerables para establecer métodos estandarizados orientados a llevar un seguimiento del financiamiento climático. También trabajan directamente con el sector privado, y ayudan a las corporaciones a elaborar instrumentos financieros innovadores, como vehículos estructurados que asignan el mayor riesgo a los actores más dispuestos a asumirlo, o los bonos verdes y sostenibles. Para que el progreso continúe, es preciso que se hagan más análisis de los costos y beneficios de estas innovaciones. Los BMD pueden situarse a la vanguardia de estas iniciativas y de otras para financiar la reducción de emisiones y la adaptación a los impactos del cambio climático.
<figure><img src="image_135.png" /></figure>
13

Las ciudades: un punto caliente en la lucha contra el cambio climático

<figure><img src="image_136.png" /></figure>

Las ciudades en América Latina y el Caribe experimentarán los impactos geofísicos del cambio climático con un aumento de las inundaciones, la formación de islas de calor y cambios en la seguridad del agua, junto con efectos socioeconómicos. Los asentamientos informales son particularmente vulnerables, ya que suelen estar localizados en zonas de alto riesgo y cuentan con malos y pocos servicios de infraestructura. Las ciudades se pueden adaptar si optimizan las condiciones de los asentamientos informales mediante sistemas de alerta temprana, reasentamientos voluntarios y una mejora de los barrios. Pueden respaldar la adaptación y la mitigación en términos más amplios aprobando códigos de construcción y regulaciones de zonificación, implementando políticas que provoquen un cambio en el comportamiento de las personas y proporcionando espacios urbanos verdes. Por último, las ciudades pueden liderar los avances mediante alianzas para el intercambio de conocimiento y de mejores prácticas y un aumento de la coordinación.

Las ciudades son motores de desarrollo. En América Latina y el Caribe albergan la mayor parte de la actividad económica de la región, la infraestructura crítica, los bienes culturales y las instituciones sociales y administrativas. Se estima que más del 85% de su población será urbana hacia 2050, cifra que constituye el porcentaje más alto entre las regiones de países en desarrollo (UN DESA, 2019).

Las iniciativas desplegadas para mitigar las emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático tienen que enfocarse en las ciudades. A nivel mundial, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se genera en ellas (Mahendra et al. 2021), y la mayor parte de los efectos adversos del cambio climático se concentrarán allí. Debido a que la infraestructura no ha seguido el ritmo que demanda la presencia de nuevos residentes, la rápida urbanización ha aumentado la vulnerabilidad y la exposición
(Mahendra et al. 2021), con lo cual los eventos de cambio climático se han vuelto más peligrosos.

Las preocupaciones y necesidades de las ciudades son comunes a numerosos sectores, algunos de los cuales se han tratado en otros capítulos de este libro, como la salud, la educación, la movilidad y la infraestructura (capítulos 3 y 7) y la descarbonización (capítulos 8 y 9). En este caso, se analizan cuestiones climáticas vinculadas inextricable y explícitamente a las ciudades que no se habían abordado anteriormente. En particular, se examinan los impactos del cambio climático en el ámbito urbano, las políticas disponibles para enfrentarlo en dicho espacio, y cómo las ciudades pueden liderar el camino de la acción climática mediante la construcción de coaliciones sólidas para intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas.

## Más cálidos, más húmedos, más vulnerables

El cambio climático trae aparejados efectos adversos multifacéticos que difieren según la geografía, pero plantea retos comunes a muchas ciudades. Fenómenos geofísicos como el calor extremo y tendencias socioeconómicas como la migración humana, que son resultado del cambio climático, serán especialmente difíciles de gestionar para las ciudades de América Latina y el Caribe.

## Efectos geofísicos

Los impactos de los efectos geofísicos del cambio climático que se resumen a continuación —islas de calor, inundaciones y suba del nivel del mar, así como sequías— son específicos de las zonas urbanas o se concentran en ellas.

### Islas de calor

La incidencia creciente del calor extremo previsto con el cambio climático será una preocupación especial en las ciudades debido al efecto de islas de calor urbanas. De hecho, las temperaturas suelen ser más elevadas en las ciudades que en zonas circundantes, ya que las calles, los edificios y otros componentes de la infraestructura metropolitana absorben, retienen y vuelven a emitir calor a temperaturas mayores que el entorno natural, mientras que los conjuntos de rascacielos reducen la ventilación y atrapan el calor, y las actividades humanas que lo generan están sumamente concentradas (EPA, 2023; Doblas-Reyes et al. 2021). En las ocho ciudades más grandes de América Latina y el Caribe el efecto de isla de calor urbana genera temperaturas entre 3 °C y 8 °C más altas que en las zonas adyacentes (Sarricolea y
Meseguer-Ruiz 2019). Es probable que este fenómeno se intensifique en el futuro a medida que se incrementa urbanización y asciende la intensidad de las olas de calor producidas por el cambio climático (Doblas-Reyes et al. 2021). En el peor escenario, las ciudades más grandes de América del Sur experimentarán entre cinco y diez veces más días extremadamente calurosos hacia 2050, y las temperaturas que solían darse menos de 20 días al año ocurrirán hasta seis meses al año (Kephart et al. 2022).

Las olas de calor reducen el crecimiento económico (véase el capítulo 2) y provocan pérdidas de productividad, problemas de comportamiento, tras-tornos de aprendizaje, turbulencias económicas y riesgos para la salud, lo cual incluye una mayor propagación de los patógenos transmitidos por los ali-mentos, el agua, los insectos y otros animales (capítulo 3). Las consecuencias de las altas temperaturas con olas de calor, estrés de calor o calores extremos pueden estar distribuidas de forma desigual entre la población urbana, con consecuencias especialmente graves para las personas de edad avanzada y los niños (Dodman et al. 2022), así como los residentes de asentamientos informales o unidades habitacionales precarias (Corburn y Sverdlik 2019).

El acceso a tecnologías como el aire acondicionado y los automóviles ayuda a los residentes a hacer frente a temperaturas más altas, pero tam-bién muestra que las cargas del cambio climático serán desiguales dentro de las ciudades. Es probable que tanto el aire acondicionado como los des-plazamientos en vehículos privados resulten prohibitivos para muchas personas con rentas bajas o en viviendas de baja calidad.

Los datos del Fondo Monetario Internacional indican que, de 2020 a 2022, el precio mediano de la electricidad al por menor en la región ha aumentado y que el precio mediano de la electricidad al por menor en la región en 2022 fue el segundo más alto de todas las regiones del mundo (Black et al. 2023). Además, tanto los coches como el aire acondicionado expulsan aire caliente como escape, lo que agrava el calor para quienes no pueden acceder a ellos (Dodman et al. 2022).

## Suben las aguas

Las inundaciones provocadas por fuertes lluvias y los deslizamientos de tierra se encuentran entre los aspectos más problemáticos del cambio cli-mático en las ciudades. A nivel mundial, las inundaciones son uno de los eventos climáticos extremos más habituales (véanse los capítulos 2 y 5) y, debido a la infraestructura urbana caduca, mal planificada y pobremente mantenida, las ciudades son particularmente vulnerables a ellas. Las calles asfaltadas y los edificios, por ejemplo, bloquean el drenaje de las aguas, mientras que los sistemas de recolección de residuos descuidados pueden
atascar las tuberías, y los humedales que han sido drenados no pueden funcionar como barreras para almacenar agua (Boland et al. 2021; Talbot-Wright, Libertun de Duren y Vogt-Schilb 2023). La falta de inversión en drenaje convierte las inundaciones en los asentamientos informales en algo especialmente peligroso (Dodman et al. 2022).

La exposición de América Latina y el Caribe a las inundaciones es particularmente elevada, ya que se trata de la región con la proporción más alta de población metropolitana que reside cerca de la costa (Talbot-Wright, Libertun de Duren y Vogt-Schilb 2023). En efecto, hay entre 23 y 29 millones de personas que viven a 10 metros por encima del nivel del mar (McGranahan, Balk y Anderson 2007), y la investigación muestra que 96 millones de habitantes de 70 grandes ciudades se beneficiarían si las condiciones de las cuencas se mejoraran utilizando infraestructura natural (Tellman et al. 2018), una conclusión que implica que esas personas están expuestas a inundaciones urbanas.

La amenaza de inundaciones, precipitaciones excesivas y aumento del nivel del mar para las ciudades y sus habitantes adopta numerosas formas. Las precipitaciones excesivas incrementan el riesgo de inundaciones debido a la escorrentía y a los deslizamientos de tierra, que son especialmente peligrosos en los asentamientos informales ubicados en laderas altas y en terrenos bajos. Las inundaciones provocan víctimas directas (heridos y muertos), la devastación de la infraestructura pública crítica en zonas propensas a estos fenómenos, y la pérdida de activos y actividades económicas, y expande la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua. Por ejemplo, las fuertes precipitaciones de 2023 causaron, en toda la región, inundaciones y deslizamientos de tierra que acabaron con vidas humanas, destruyeron y dañaron viviendas, desplazaron a miles de personas y arrojaron pérdidas económicas (OMM, 2024). Casi la mitad (136) de los municipios de Santa Catarina, Brasil, se vieron afectados por las lluvias y las inundaciones ese año, y 89 municipios declararon el estado de emergencia (OMM, 2024). Las ciudades costeras se ven todavía más amenazadas por la suba del nivel del mar, que eleva el riesgo de inundaciones y daños por mareas tormentosas. De hecho, hacia mediados de este siglo, el crecimiento del nivel del mar y de las mareas tormentosas podría costar a las ciudades costeras US$1 billón al año, y afectar a más de 800 millones de personas (Mahendra et al. 2021).

## La seguridad hídrica

El cambio climático también amenaza la seguridad hídrica de las ciudades al aumentar el riesgo de sequía a medida que suben las temperaturas, los patrones de precipitaciones cambian y el aumento del nivel del mar aporta mayor cantidad de agua salada a los acuíferos costeros de agua dulce
(Kundzewicz et al. 2007). Las ciudades de la región, entre ellas, la Ciudad de México en México y La Paz en Bolivia, ya sufren de estrés hídrico como resultado del cambio climático (Talbot-Wright, Libertun de Duren y Vogt-Schilb 2023), y la población urbana en expansión hace que sea cada vez mayor la demanda de agua potable en las ciudades. Las sequías severas pueden dejar a las autoridades pocas opciones para satisfacer esta demanda. Por ejemplo, en 2023 las autoridades de Montevideo, Uruguay, recurrieron a fuentes de agua salobre no potable (Tocar 2023). Además, dado que la región depende en gran medida de la energía hidroeléctrica, las sequías también pueden reducir la generación de electricidad de las fuentes bajas en carbono; los resultados pueden ser cortes de electricidad o aumento de la contaminación atmosférica debido al uso de combustibles fósiles para generar más energía (Eriksson et al. 2024).

## Efectos socioeconómicos

Las ciudades también tendrán que lidiar con los retos socioeconómicos que entrañan los efectos del cambio climático fuera de las zonas urbanas, ya que las personas migran a las zonas urbanas para alejarse de dichos efectos.

### El gran escape...

Además de ser una fuerza impulsora de la migración internacional (capítulo 3), el cambio climático aumenta los flujos de migración internos a las zonas urbanas, en gran parte como resultado de sus efectos adversos en los modos de subsistencia (Nawrotzki et al. 2016, 2017). La migración rural-urbana a menudo se ve estimulada por desastres climáticos como las sequías. Por ejemplo, en México las probabilidades de una migración rural-urbana suben en un 3,6% con cada mes adicional de sequía (Nawrotzki et al. 2017). De manera similar, cuando en 1997-99 una superficie del doble del tamaño de Portugal en el noreste de Brasil sufrió una de las peores sequías del siglo, la pérdida resultante de cultivos y ganado obligó a los pequeños agricultores a migrar en busca de otras oportunidades (Marengo et al. 2022). Los eventos más destructivos pueden tener efectos aún mayores. Tal es el caso del huracán Mitch que en 1998 provocó el desplazamiento de 100.000 a 150.000 personas en Centroamérica.

### ...a viviendas humildes

El flujo de migrantes a las ciudades como resultado de desastres naturales como los descritos suele causar una expansión urbana no planificada
(Busso y Chauvin 2023). Muchos se asientan en barrios informales (Sandoval y Sarmiento 2020), los cuales se caracterizan por tres rasgos distintivos: sus habitantes no tienen ninguna seguridad en cuanto a la propiedad de la tierra o de las viviendas, suelen carecer de servicios básicos formales y de infraestructura urbana, y las unidades habitacionales no cumplen con las regulaciones de planificación y construcción (UN Habitat 2015). Como resultado, los residentes de estos espacios tienden a ser personas que carecen de mejores opciones de vivienda, incluidas muchas familias de bajos ingresos y socialmente vulnerables. Los hogares encabezados por mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas con discapacidad están sobrerrepresentados en estos asentamientos (BID 2020). En 2020 había cerca de 1.100 millones de habitantes metropolitanos que vivían en barrios informales en todo el mundo (UN Stats, 2023). En América Latina y el Caribe constituyen una parte habitual del paisaje urbano, y más de una quinta parte de los residentes de las ciudades vive allí, entre ellos, una cantiad importante de migrantes (BID 2020b).

Los hogares ubicados en los asentamientos informales en general son los más vulnerables a los efectos del cambio climático (Thomas et al. 2019; Dodman et al. 2022), sobre todo porque suelen situarse en zonas de riesgo (UN Habitat 2016). Muchos de estos asentamientos, por ejemplo, están construidos en terrenos inclinados, en lo alto de los cerros o en llanuras aluviales inundables, lo que los hace particularmente susceptibles a los deslizamientos de tierra y las inundaciones (Satterthwaite et al. 2018). De hecho, entre 2004 y 2013 se registraron 611 deslizamientos de tierra en 25 países de América Latina y el Caribe, con el saldo de 11.631 muertes. La proporción de víctimas fue muy superior en los barrios pobres e informales, donde el 41% de los deslizamientos provocó víctimas fatales y el 81% de las muertes (Sepúlveda y Petley 2015). Un estudio de 2016 observó que, en São Paulo, Brasil, el 48% de los deslizamientos de tierra se producían a menos de 100 metros de los asentamientos informales y el 82% a menos de 300 metros (Pérez y Martins 2016). Los barrios informales se ven afectados de manera desproporcionada por otros riesgos relacionados con el clima, como inundaciones, incendios (véase el recuadro 13.1), el calor extremo y una mayor exposición a enfermedades infecciosas (Satterthwaite et al. 2018).

Las vulnerabilidades relacionadas con la localización de estos asentamientos se ven aún más exacerbadas por la mala infraestructura o por su inexistencia (UN Habitat 2016). Las viviendas hacinadas, inestables y con acceso limitado a servicios básicos como agua, saneamiento, recolección de residuos y electricidad magnifican las consecuencias de los peligros naturales; también amplían la exposición a las enfermedades (Satterthwaite et al. 2018, 2020; Kim
## Recuadro 13.1. Incendios en asentamientos informales

Temperaturas más altas, sequías y el rápido crecimiento de las ciudades aumentan la incidencia de incendios que afectan a zonas urbanas (Talbot-Wright, Libertun de Duren y Vogt-Schilb 2023; Boland et al. 2021). Entre 2015 y 2018, en 152 de 196 países de todo el mundo hubo un incremento del número anual promedio de días en que las personas se vieron expuestas a incendios en cada país, en comparación con 2001-04 (Watts et al. 2019). Los incendios forestales provocan deforestación, elevan la probabilidad de desplazamientos de tierra y perturban el transporte aéreo, al reducir la visibilidad. Además de los heridos y los muertos que estos fenómenos causan directamente, puede haber daños para la salud y una gran cantidad de personas puede quedar a merced de la contaminación atmosférica por partículas, lo que puede provocar enfermedades respiratorias y oftálmicas (Ebi et al. 2008). En 2017, por ejemplo, cuando Chile sufrió uno de los incendios forestales más intensos registrados en el mundo en este siglo (Bowman et al. 2019), se estima que tres cuartas partes de la población del país estuvieron expuestas a los contaminantes atmosféricos del humo de los incendios forestales (De la Barrera et al. 2018).

Los incendios se pueden iniciar en las afueras de las ciudades y luego propagarse a través de ellas, cruzando con especial rapidez entre las zonas densamente pobladas de los asentamientos informales. De hecho, más del 95% de los muertos y heridos relacionados con los incendios urbanos se producen en países de ingreso bajo y mediano, y el riesgo de que estos desastres provoquen traumatismos, lesiones o muertes es particularmente alto en los asentamientos informales (Dodman et al. 2022; Rush et al. 2020), donde hay una gran densidad de viviendas, los materiales de construcción suelen ser inflamables, el acceso a fuentes seguras de electricidad es poco fiable o inexis-tente y, a veces, los servicios de bomberos no llegan a los sitios del siniestro (Rush et al. 2020). El caso de Valparaíso, Chile, resulta ilustrativo. En 2014 un gran incendio urbano, que se originó en los bosques, se propagó por toda la ciudad a través de asentamientos informales adyacentes como resultado de la precariedad de las edificaciones, los servicios de infraestructura debilitados y la basura inflamable acumulada en los terrenos baldíos de esas zonas (Reszka y Fuentes 2015).

et al. 2022). Por ejemplo, las fuertes lluvias suelen generar desbordamientos de las alcantarillas y las aguas fluyen por las calles hasta llegar a las viviendas privadas (Libertun de Duren et al. 2021). Los asentamientos urbanos informa-les también están expuestos de forma exagerada al calor excesivo, debido a la densidad de la población y al uso de materiales de construcción que conser-van más el calor (Scott et al. 2017). Además, el cambio climático puede acelerar el deterioro de una infraestructura ya de por sí degradada.
## Qué se puede hacer

En las ciudades será esencial considerar las políticas y estrategias de las que disponen los responsables de las políticas para abordar el cambio climático, muchas de las cuales se han tratado a lo largo de este libro; esto incluye construir infraestructura resiliente y fortalecer los programas sociales. En esta sección se presentan políticas y herramientas que complementan las mencionadas en otros capítulos y que las ciudades pueden adoptar a fin de reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático.

## Reverdecer las ciudades

La infraestructura verde o las soluciones basadas en la naturaleza se encuentran entre las alternativas más efectivas a la tradicional infraestructura gris de las ciudades. La infraestructura verde funciona en armonía con los sistemas ecológicos y tiene en cuenta los ecosistemas del entorno como un complemento, en lugar de una amenaza, para el entorno urbano construido (Muñoz Castillo y Crisman 2019). Por ejemplo, los espacios verdes urbanos son fundamentales para las vidas de los residentes de las ciudades, y proporcionan ámbitos de recreación y ejercicio, mejoran la salud física y mental, y reducen la contaminación atmosférica y sonora (OMS 2023). También constituyen una importante herramienta de políticas para adaptar las ciudades al cambio climático, ya que morigeran el calor extremo y las inundaciones, y contribuyen a mitigar el cambio climático mediante la disminución de las emisiones de GEI (De la Sota et al. 2019; OMS 2023).

Los parques urbanos pueden bajar la temperatura ambiente de manera considerable y mitigar el efecto de isla de calor urbana proporcionando sombra y a través de la transpiración. Por ejemplo, se calcula que un parque urbano de 2.500 m² óptimamente diseñado en Ciudad de México puede reducir la temperatura en 5,3 °C (Barradas et al. 2022). Los efectos refrescantes se extienden más allá de los límites del parque (Chang y Li 2014; Yan, Wu y Dong 2018). Por ejemplo, un estudio de Beijing, China, ha observado temperaturas medias de 0,6 °C a 2,8 °C menos dentro de un parque grande que en la zona circundante, y los efectos de refrigeración se extendían casi 1,4 km desde los límites del parque (Yan, Wu y Dong 2018). Otro estudio realizado en Pekín estima que los efectos refrigerantes de los espacios verdes urbanos podrían suponer un ahorro energético de 0,6 kilovatios-hora por metro cuadrado de espacio verde urbano (Zhang et al. 2014).

Los espacios verdes urbanos también pueden gestionar el exceso de precipitaciones y reducir la escorrentía de las aguas pluviales mediante la infiltración, la redistribución y el almacenamiento de las aguas pluviales
(Berland et al. 2017). Curitiba (Brasil) tiene 60 m² de espacio verde por habitante, cinco veces más que el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (Galarraga Gortázar 2023), y los grandes parques de la ciudad, en particular los situados a lo largo del río Barigui, contribuyen a prevenir las inundaciones (Comisión Europea et al. 2019).

Además de los parques, los árboles y los espacios verdes se pueden incorporar en bicisendas, avenidas y techados. Por ejemplo, el programa de corredores verdes de Medellín, Colombia, transformó 18 calles y 12 vías fluviales en 39 corredores verdes, con lo cual se creó un sistema interconectado de áreas verdes en toda la ciudad (UN 2019). Al tercer año, el programa arrojó como resultado una disminución de 2 °C de la temperatura promedio de la ciudad, a un costo de US$6,50 per cápita (Thomson 2024; C40 2019). De la misma manera, los techos verdes pueden proporcionar un alivio crucial para quienes no tienen acceso a fuentes de refrigeración y pueden reducir el consumo de energía de aquellos que sí tienen acceso. Según las mediciones realizadas durante el programa piloto de Techo Verde Favela en Rio de Janeiro, Brasil, las casas con techos verdes tenían interiores hasta 20 °C más fríos durante las horas pico de calor que las casas con techos tradicionales (Oliver et al. 2021). Los techos verdes también pueden retener el agua de lluvia, lo cual reduce la escorrentía y las inundaciones durante los períodos de máximas precipitaciones (Silva et al. 2023), y pueden complementarse con otros espacios verdes urbanos para reducir tanto las temperaturas del interior como del exterior.

## Caja de herramientas de políticas de los gobiernos locales: zonificación y códigos de construcción

Muchas de las dificultades que plantea la adaptación al cambio climático deben abordarse a nivel local, lo cual convierte a los gobiernos municipales en actores principales. Si bien las jurisdicciones y responsabilidades de los gobiernos locales varían según los países, en la mayor parte de América Latina y el Caribe se dispone de dos herramientas clave de políticas: la zonificación del uso del suelo y los códigos o regulaciones de la construcción.

## Dónde construir

Las regulaciones de zonificación determinan el tipo de edificios y sus usos permisibles en áreas específicas de una ciudad.

La zonificación se puede utilizar para impedir que la población se expanda y promover una mayor densidad urbana, lo cual facilita la adaptación en diversas dimensiones (OCDE 2012). Si bien el cambio climático puede
generar escasez y disrupciones en el suministro de servicios de infraestructura, como agua, energía y transporte (Cavallo, Powell y Serebrisky 2020), la densificación puede aprovechar las economías de escala para fomentar un uso más eficiente (Glaeser, 2012). Una urbanización más compacta también puede hacer que las ciudades se tornen más resilientes a futuras olas de reubicación de la población, ya que reduce el costo de aumentar la oferta de vivienda y la provisión de servicios públicos (Libertun de Duren y Guerrero Compean 2016).

La zonificación urbana también puede servir para ayudar a las ciudades a adaptarse al cambio climático, ya que puede disminuir la exposición a los peligros relacionados con el clima, como inundaciones costeras e interiores, desplazamientos de tierra y el calor extremo. Actualmente, las ciudades de todo el mundo se están adaptando al incremento de los peligros mencionados (Araos et al. 2016) mediante la construcción de infraestructura protectora, como malecones y barreras contra las inundaciones, y la inversión para la resiliencia de la infraestructura existente de transporte, agua y electricidad (Cavallo, Powell y Serebrisky 2020; Hsiao 2023). Sin embargo, este tipo de soluciones pueden resultar costosas, y son viables solo para un subconjunto de ciudades y en zonas específicas dentro de ellas. La zonificación proporciona una alternativa al impulsar el desarrollo en áreas menos vulnerables a estos riesgos y al prohibir la construcción en zonas de riesgo sin la infraestructura protectora adecuada (Boland et al. 2021). Por ejemplo, en Barbados se implementó un límite costero mínimo y se estipuló la prohibición de construir a menos de 30 metros de la línea de pleamar (Mycoo 2006).

Asimismo, la zonificación trae aparejados diversos beneficios que contribuyen a mitigar el cambio climático. En efecto, puede facilitar la puesta en marcha de soluciones basadas en la naturaleza y en infraestructura verde (Dodman et al. 2022), como la plantación de árboles en laderas o el desarrollo de parques urbanos en llanuras aluviales, que reducen las emisiones de GEI y la vulnerabilidad a los eventos de temperaturas extremas. Además, la zonificación produce mejores entornos de infraestructura para caminar y para el uso de la bicicleta (Ibid.), formas de transporte favorables para el medio ambiente que restringen las emisiones de GEI. Por ejemplo, el proyecto Barrios Vitales de Bogotá, Colombia, busca aumentar el espacio público destinado a los peatones mediante un modelo urbano conocido como la Ciudad de 15 minutos, que permite a los residentes satisfacer la mayor parte de sus necesidades diarias en un radio de corta distancia que puede hacerse a pie o en bicicleta desde los hogares. El cambio del uso de vehículos privados a la provisión de más espacios verdes da como resultado la disminución de las emisiones de GEI y un aire más limpio. Entre otros
beneficios de aplicar estrategias como la planificación urbana táctica y las intervenciones de infraestructura, cabe mencionar una mayor dependencia de los medios sostenibles de transporte, la generación de nuevos espacios públicos que alientan a los residentes y visitantes a reunirse y pasar el tiempo juntos, y la reorganización de otras áreas destinadas a los peatones (Vera, Uribe y Del Castillo 2023).

## Cómo construir

Las ciudades pueden complementar las regulaciones de zonificación con códigos de construcción, los cuales también constituyen una poderosa herramienta de las políticas locales. Dichos códigos pueden promover de manera eficaz la construcción “más verde”, obligando a la utilización de ciertos materiales y métricas de aislación, así como a diseños bioclimáticos para una mejor adaptación al cambio climático, o proporcionando incentivos para ello. Las edificaciones que aseguran un confort térmico mediante la ventilación pasiva y minimizan el uso de aire acondicionado pueden reducir el aire caliente que expulsan, y esto, a su vez, puede ayudar a mitigar el efecto de isla de calor urbana (Dodman et al. 2022; Salamanca et al. 2014). La construcción conforme a las regulaciones ecológicas resulta ideal, pero no siempre es una alternativa. En este último caso, la segunda mejor opción consiste en modernizar las unidades existentes (Dodman et al. 2022).

Al igual que la zonificación, los códigos de construcción pueden colaborar con la mitigación de los efectos del cambio climático de muchas formas. El desarrollo y la vigilancia del cumplimiento de las regulaciones y las normas para las construcciones y los dispositivos que aumenten la eficiencia energética pueden reducir las emisiones de GEI en toda una ciudad (Mahendra et al. 2021). Por ejemplo, se estima que las medidas de eficiencia energética pueden disminuir el uso de energía entre un 50% y un 90% en las nuevas construcciones y entre un 50% y un 75% en las ya existentes (Westphal et al. 2017). Las medidas relacionadas con los códigos de construcción en los edificios residenciales y comerciales, como la implementación de códigos energéticos, representarán cerca del 70% del potencial para bajar las emisiones de GEI a nivel urbano en 2030 (Ibid.).

Los códigos de construcción, concretamente aquellos que regulan la altura de los edificios, también se pueden utilizar para complementar la zonificación y fomentar la aglomeración (Busso, Carrillo y Chauvin 2023). En numerosas ciudades de América Latina y el Caribe los edificios son más bajos de lo que podrían ser, lo cual se puede explicar, al menos parcialmente, en función de las regulaciones que limitan su altura (Jedwab, Barr y Brueckner 2022). Estas regulaciones moderan la aglomeración, pues alientan a las
ciudades a expandirse (Bertaud y Brueckner, 2005). Cambiarlas o eliminarlas podría tener el efecto contrario.

## Afinando las herramientas

Los códigos de zonificación y construcción son herramientas muy efectivas de políticas, pero adolecen de limitaciones. En América Latina y el Caribe su efectividad se ve restringida por el porcentaje considerable de ocupación de tierras y de construcción informal. Además, si bien algunas regulaciones —como los requisitos de auditorías regulares y las normas de gestión— promueven la adaptación en los edificios existentes y en los nuevos, la mayor parte afecta solo a las construcciones futuras, lo cual aumenta la exposición a los efectos del cambio climático en los edificios ya erigidos y en la construcción informal (Dodman et al. 2022; Talbot-Wright, Libertun de Duren y Vogt-Schilb 2023). Aunque los códigos de construcción y la zonificación pueden no tener impactos directos en los asentamientos informales, pueden proporcionar algunos beneficios indirectos a las poblaciones que residen en ellos. Un menor uso de la energía puede reducir la contaminación atmosférica local, lo cual genera una mejor salud respiratoria, mientras que los códigos de construcción que se aplican a los edificios comerciales y municipales (como escuelas, hospitales o vivienda social) pueden beneficiar a los residentes de toda la ciudad al convertir sus lugares de trabajo o los sitios donde sus hijos toman clases en espacios más seguros y cómodos (Westphal et al. 2017).

Para que estos instrumentos sean efectivos y lo sigan siendo, tendrían que adaptarse a las necesidades locales y ajustarse a su evolución. Los códigos de construcción deben adecuarse a patrones de riesgo específicos y los niveles de riesgo de diferentes localizaciones urbanas, y se requiere un proceso ágil para actualizar esta normativa de manera dinámica a medida que se adquieren nuevos conocimientos, surgen nuevas tecnologías y cambian los riesgos relacionados con el clima. Un ejemplo de este enfoque flexible es el de Chile, donde se revisan de forma sistemática las regulaciones para las construcciones antisísmicas. Después del terremoto de 2010, que generó tsunamis severos, por ejemplo, el gobierno chileno actualizó los códigos de construcción y mejoró el margen de seguridad, obligando a mantener una mayor distancia entre los edificios costeros y la línea de mar (Cavallo, Powell y Serebrisky 2020).

## Proteger y mejorar las vidas

Las ciudades pueden aplicar un conjunto de políticas orientadas a abordar los retos únicos que los asentamientos informales plantean para la acción climática. Un instrumento disponible para que los gobiernos locales apoyen
este objetivo es la implementación de programas de mejora de barrios mar-
ginales. Estas intervenciones *in situ* se proponen optimizar los entornos
construidos y las condiciones socioeconómicas de los habitantes de dichos
barrios, y comprenden inversiones para facilitar la adaptación, como la cons-
trucción de barreras protectoras, el uso de materiales y sistemas de drenaje
más durables, y reformas en materia de conectividad, lo cual incluye el
diseño de rutas de evacuación (Núñez Collado y Wang 2020). Los programas
mencionados también pueden abarcar estrategias que mitiguen el cambio
climático, como la introducción de fuentes de energía renovable o limpia, o
mejorando la eficiencia energética de equipamientos más antiguos. Esto es
exactamente lo que ocurrió en Chile en el marco de un proyecto que moder-
nizó las viviendas de asentamientos informales e integró paneles solares
con la capacidad para proporcionar hasta el 70% del consumo de energía,
lo cual disminuyó la necesidad de recurrir a fuentes de energía tradiciona-
les (Ibid.). El fortalecimiento de la resiliencia de los asentamientos precarios
a través de estas intervenciones enfrenta el cambio climático a la vez que
mejora las vidas y la seguridad de las poblaciones urbanas más vulnerables.

Un segundo instrumento de políticas disponible para los gobiernos locales cuando no es posible alcanzar mejoras y los peligros resultan inminentes es el reasentamiento de poblaciones en riesgo. Entre los ejemplos de estas iniciativas vale citar el proyecto "La nueva barquita" en Santo Domingo, República Dominicana, que reubicó los hogares muy vulnerables a las inundaciones (Núñez Collado y Wang 2020), así como el programa Moravia, en Medellín, que trasladó a las familias a nuevos espacios desde un barrio construido en un vertedero de basura (Montoya Restrepo et al. 2011). Sin embargo, en muchos casos la población local suele resistirse a la reubicación, a pesar de ser consciente de los riesgos (Nathan 2008; Smith et al. 2020). Por otro lado, es posible que las personas reasentadas piensen que no pueden pagar la nueva vivienda y vuelvan a las condiciones del barrio marginal. El reasentamiento también distancia a los residentes de sus lugares de trabajo y puede erosionar los vínculos comunitarios esenciales y el tejido social (UN Habitat, 2003).

En tercer lugar, los gobiernos pueden proporcionar y coordinar las iniciati-
vas de adaptación en los asentamientos precarios. En ese sentido, es esencial
implementar políticas públicas bien diseñadas que permitan la adecuación a
los riesgos climáticos de manera oportuna, ya que la lentitud de las medidas
de los gobiernos locales puede llevar a los habitantes de los asentamientos
a tomar la adaptación en sus propias manos. Por ejemplo, en respuesta a las
inundaciones ocurridas en Bangkok, Tailandia, los hogares de barrios informa-
les construyeron muros contra las inundaciones en torno a sus propiedades.
Si bien estas "adaptaciones autónomas" lograron que ingresara menos agua
en las casas, también provocaron la retención de más agua en la superficie de
las calles y en la infraestructura de drenaje (Limthongsakul, Nitivattananon y Arifwidodo 2017). Este resultado menos que ideal subraya la importancia de las políticas de adaptación dirigidas por los gobiernos. Dichas políticas no solo contribuyen a mejorar la infraestructura pública: pueden minimizar las posibles externalidades negativas de las iniciativas individuales y reducir aquellas que no consigan una adecuada adaptación.

Una última opción de políticas a nivel local consiste en evitar que surjan asentamientos en zonas altamente expuestas, mediante la instalación de espacios públicos, parques o infraestructura verde en ellas, tanto para impedir el rápido crecimiento urbano informal como para reducir la probabilidad de inundaciones y desplazamientos de tierra (Talbot-Wright, Libertun de Duren y Vogt-Schilb 2023). Estas políticas también pueden traer otros beneficios, y generar proyectos que puedan mejorar el entorno y el bienestar de las personas, proporcionando espacios verdes (parques o jardines; véase la exposición sobre los espacios verdes urbanos, más arriba), zonas recreativas, empleos y educación.

## El conocimiento es poder

Las ciudades pueden utilizar estrategias de información y comunicación para mitigar las emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático, alentando a las personas a cambiar su comportamiento. Por ejemplo, los programas informativos pueden reducir el uso de energía sin que los hogares deban hacer ninguna inversión. En un experimento realizado a gran escala, la empresa estadounidense Opower (adquirida por Oracle Corporation) envió a los clientes residenciales de servicios públicos reseñas que incluían datos sobre el uso de la energía en sus hogares, comparaciones con el uso dispensado por vecinos similares ("comparaciones sociales") y recomendaciones sobre cómo economizar energía (Allcott 2011; Allcott y Rogers 2014). Los informes redujeron el consumo de electricidad de los hogares en un 2% en promedio (Allcott 2011), y los efectos fueron relativamente persistentes, con una disminución de un 10%-20% al año durante dos años posteriores al envío de los informes (Allcott y Rogers 2014). Esta manera de presentar la información es costo-efectiva y le cuesta solo unos pocos centavos por kilovatio-hora de energía ahorrado a la firma que proporciona el servicio (Allcott y Mullainathan 2010). Estos valores son inferiores al costo de ahorrar energía mediante la gestión del lado de la demanda (Arimura et al. 2012) y comparables al de otros programas de eficiencia energética (Friedrich et al. 2009). Algunos estudios señalan que, en lugares con un menor consumo de energía que Estados Unidos, los mensajes de comparaciones sociales solo son costo-efectivos cuando se focalizan en subgrupos de alto consumo (Andor et al. 2020), pero en otras localidades
se han encontrado resultados igual de alentadores. Por ejemplo, en Suecia la tecnología para desplegar mensajes de comparación social en tiempo real redujo el consumo diario de electricidad residencial en un 6,7%, en promedio (Kažukauskas, Broberg y Jaraitė 2021), mientras que en India los informes de comparación social disminuyeron el uso de energía y aumentaron la sensibilidad ante los cambios de precios (Sudarshan 2017).

Más allá de las comparaciones sociales, hay otros tipos de comunicaciones, como los mensajes de persuasión ambiental o moral, que pueden ser efectivos para reducir el uso y las emisiones de la energía residencial. En un ensayo controlado aleatorio aplicado en 17 favelas de Rio de Janeiro, los mensajes de persuasión ambiental elevaron en un 13%, en promedio, la probabilidad de utilizar bombillas LED, que consumen menos energía que las tradicionales (Toledo 2016). De la misma manera, en Valdivia, Chile, donde la madera es un importante combustible para la calefacción residencial, las etiquetas informativas de las estufas de leña que indican los niveles de emisión de contaminación asociados a diferentes contextos sirven para limitar el número de horas que los hogares utilizan dichas estufas en las condiciones más contaminantes y reducen las emisiones de contaminación residencial en un 11% (Ruiz-Tagle y Schueftan 2021). En algunos casos, las comunicaciones que contienen información ambiental y sobre la salud disminuyen de forma más efectiva el uso de energía que la información sobre el ahorro monetario (Asensio y Delmas 2015).

Los precios también se pueden utilizar para promover un menor uso de la energía. En ciertas situaciones, el solo hecho de crear conciencia en los hogares sobre los horarios de tarifas no lineales a los que están sujetos puede reducir el consumo.<fnref n="1" /> Por ejemplo, en Puebla, México, el consumo de electricidad disminuyó gracias a una campaña que informaba a los hogares sobre las tarifas no lineales del servicio, e indicaba que su manera de utilizar diferentes electrodomésticos se reflejaba en sus facturas y que los mayores efectos ocurrían entre quienes tenían un consumo alto (Stojanovski et al. 2020). Otra estrategia de precios —los precios en tiempo real—, en cuyo caso el costo de la electricidad para los consumidores varía de forma dinámica con el costo marginal del suministro, puede disminuir o reasignar el consumo de electricidad de las horas pico a aquellas de menor demanda. Combinado con contadores inteligentes o pantallas digitales que proporcionan datos sobre los precios de la electricidad durante las horas críticas en días de enorme demanda, la información de los precios en tiempo real también puede hacer bajar el consumo de energía (Ito, Ida y Tanaka 2018).

<footnote n="1">¹ En los precios no lineales, el precio por unidad de electricidad es más alto para una persona que ya ha consumido muchas unidades.</footnote>
Los cambios de comportamiento también pueden influir de forma decisiiva en situaciones de peligro debido al cambio climático. Por ejemplo, entre 2015 y 2017, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hubo tres años consecutivos sin precedentes en los cuales las precipitaciones se encontraron por debajo del promedio, lo que generó escasez de agua y una crisis hídrica. Entre 2017 y 2018, la ciudad implantó una campaña para disminuir el consumo de agua, conseguir que los residentes modificaran sus hábitos y evitar el "día cero", es decir, el día en que la ciudad dejaría de tener agua. El programa comunicaba la posibilidad real de que el "día cero" pudiera ocurrir, e incluía una serie de "pequeños empujones", como canciones de dos minutos para cantar en la ducha, con el fin de cambiar el comportamiento de los habitantes. El éxito fue rotundo y de 2015 a 2018 se pudo reducir el consumo de agua en más de la mitad, incluido un descenso significativo del consumo residencial. Este caso ilustra la importancia de brindar información de manera que empedere a las personas para actuar a tiempo, según la situación, y de manera colaborativa (Boland et al. 2021; Birkmann et al. 2022).

Si bien la modificación del comportamiento por sí sola no alcanza para cumplir con las metas de mitigación, puede inducir a reducciones voluntarias del consumo de servicios con bajo costo. Además, puede incidir en la adaptación a los impactos del cambio climático. Los gobiernos y las empresas de suministro pueden experimentar con diferentes contenidos, encuadres y modos de comunicación a fin de encontrar los mensajes que sean más efectivos para los distintos contextos.

## Las alertas

Crear conciencia sobre el cambio climático y sus riesgos es esencial para las ciudades y sus habitantes, y contribuye a optimizar la respuesta a los desastres y emergencias e impedir escenarios catastróficos. Es aquí donde entran en escena los sistemas de alerta temprana. Estos permiten evacuaciones oportunas y ordenadas en las emergencias climáticas, y ayudan a los hogares y a las autoridades a prepararse para ellas (Dodman et al. 2022; Boland et al. 2021). El despliegue de sistemas de alerta temprana puede brindar apoyo a los ciudadanos para evitar los efectos devastadores de huracanes, inundaciones, desplazamientos de tierra y otros desastres relacionados con el clima, y proteger no solo la salud de las personas sino también sus bienes (Boland et al. 2021). Una alerta de una tormenta inminente emitida tan solo con 24 horas de antelación puede reducir los daños posteriores en un 30%, mientras que gastar US$800 millones en estos sistemas en los países desarrollados evitaría pérdidas de US$3.000 millones a US$16.000 millones al año (Comisión Global de Adaptación 2019).
Los sistemas de alerta temprana son particularmente importantes en los asentamientos informales, donde se concentran las víctimas. En 2022 un consorcio de universidades, organizaciones no gubernamentales y otras entidades puso en marcha un sistema de alerta temprana y de monitoreo en Medellín, con tecnología de punta para la detección anticipada de desplazamientos de tierra y un procedimiento de divulgación de alertas basado en la participación de la comunidad local. El sistema se probó inicialmente en el asentamiento informal Bello Oriente, y proporcionó información precisa sobre los peligros a nivel de los hogares, creó conciencia en la comunidad sobre los riesgos y mejoró la preparación para responder a eventos críticos (Gamperl et al. 2023).

## Coordinar y unir fuerzas

Los altos niveles de urbanización de América Latina y el Caribe han situado a las ciudades de la región y a sus gobiernos locales al frente de las iniciativas para responder al cambio climático. Las ciudades individuales pueden tener impactos fundamentales en términos de adaptación, ya que los problemas y las soluciones tienden a variar de un lugar a otro, y los gobiernos locales controlan herramientas clave de políticas, como los códigos de construcción y la zonificación. Sin embargo, cuando se trata de mitigar, si las autoridades locales actúan de forma aislada tienen menos influencia porque la mitigación a menudo requiere esfuerzos coordinados a una mayor escala. Además, la mitigación del cambio climático es un bien público, en el sentido de que todos se benefician de ella, independientemente de cuál haya sido su contribución (Paavola 2011; Jenssen y Sippel 2011).

La coordinación que demandan muchas políticas para mitigar el cambio climático y reducir los riesgos de desastres de manera efectiva en el ámbito metropolitano abarca numerosas clases de interesados, en diferentes niveles. En efecto, una gran cantidad de ciudades tiene instituciones locales de gobernanza débiles y opera en un contexto de fragmentación institucional, donde no está claro qué actor es responsable de qué medidas. Por ejemplo, es posible que la gestión forestal necesaria para reducir los riesgos de incendios forestales que afectan a una zona urbana particular dependa de una jurisdicción diferente o de un organismo del gobierno central en lugar de depender de la autoridad de planificación urbana local (Boland et al. 2021). A fin de superar la fragmentación institucional y definir responsabilidades, es menester realizar una evaluación de las instituciones para diagnosticar la falta de coordinación y crear redes de políticas que aborden las interdependencias que van surgiendo (Dodman et al. 2022).
La coordinación entre diferentes ciudades también es un reto. Números países de América Latina y el Caribe carecen del marco institucional necesario para coordinar las decisiones sobre el uso del suelo, la gestión de los recursos naturales y las inversiones en infraestructura en diferentes zonas metropolitanas, y con instituciones nacionales (BID 2021). Esto último es especialmente importante porque la mayor parte de las urbes de la región depende en gran medida de transferencias fiscales y carece de autonomía financiera para proponer agendas sólidas de cambio climático de forma independiente.

Las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales han planeado diferentes iniciativas para mejorar la coordinación entre las distintas partes interesadas dentro de las ciudades y entre ellas, así como entre las ciudades y los gobiernos nacionales. Por ejemplo, la iniciativa Local 2030 de Naciones Unidas trabaja para crear centros donde las entidades públicas locales y regionales y sus asociaciones, las autoridades nacionales, el sector empresarial, las organizaciones comunitarias y otros actores locales pueden reunirse, compartir prácticas efectivas, monitorear avances y coordinar medidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 2030; estos incluyen el Centro Paraná en Brasil y el Centro Cómo Vamos en Colombia (Lobos Alva, Hernández y Cárdenas 2021).

Debido a que son muchas las ciudades de todo el mundo que enfrentan problemas similares, el intercambio de enseñanzas puede trascender las fronteras nacionales. Las últimas décadas han sido testigos de sólidos avances, y las ciudades se han posicionado como protagonistas en ese sentido. Desde comienzos de los años noventa, cuando se lanzó la red ICLEI de gobiernos locales para la sostenibilidad, han surgido diversas iniciativas internacionales con múltiples ciudades y con el objetivo explícito de promover la coordinación de las acciones de sostenibilidad. Entre ellas, vale mencionar el Grupo de Liderazgo Climático de las Ciudades C40, la Alianza de Ciudades Neutras en Carbono (CNCA), el Pacto Global de Alcaldes para el Clima y la Energía, y las 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. Numerosas ciudades de América Latina y el Caribe son activas en estas redes, y los líderes urbanos siguen teniendo una gran visibilidad en las conversaciones internacionales sobre cambio climático. Tal es el caso de Buenos Aires, Argentina, que trabajó con el programa 100 Ciudades Resilientes para desarrollar una estrategia integrada con el fin de gestionar el riesgo de inundaciones derivado de la modificación y la ocupación de tierras junto al cauce de los ríos (UN Habitat 2022). Como resultado, las ciudades continúan estableciendo muchos de los acuerdos más efectivos para promover prácticas sostenibles (Ángelo y Wachsmuth 2020).
## Las ciudades: líderes ante el desafío del cambio climático

Los impactos del cambio climático son cuantiosos y las ciudades seguirán enfrentándolos. A fin de aliviar dichos efectos en el bienestar de los residen- tes metropolitanos, los responsables de las políticas pueden implementar iniciativas que mejoren las condiciones en los asentamientos informales, promuevan cambios de comportamiento y limiten la incidencia del cambio climático y de los desastres naturales mediante la zonificación, los códigos de construcción y la infraestructura verde. Estas políticas también pueden contribuir a los objetivos de mitigación mediante la reducción de las emi- siones de GEI a nivel urbano. Pese las dificultades que se presentan cuando las ciudades gestionan el cambio climático y diseñan e implementan polí- ticas para lidiar con sus impactos, es posible allanar el camino y acelerar la acción climática gracias a la formación de coaliciones sólidas para que los gobiernos y las comunidades locales puedan coordinarse e intercam- biar conocimiento, experiencias y buenas prácticas. Dado que las ciudades producen el grueso de la actividad económica y albergan a la mayor parte de la población, es imperativo que en la región se aborde el cambio climá- tico para que las personas tengan la oportunidad de llevar vidas más sanas y productivas.
<figure><img src="image_137.png" /></figure>
## 14
Votar por un futuro mejor: los ciudadanos y la transición climática

<figure><img src="image_138.png" /></figure>

En las encuestas de opinión, los habitantes de América Latina y el Caribe expresan un fuerte apoyo a las medidas por el clima. Este apoyo depende de la educación, las percepciones de la justicia y de la efectividad de las políticas, y las creencias sobre el cambio climático. Las iniciativas de políticas suelen verse obstaculizadas por percepciones según las cuales costos y beneficios no están equitativamente repartidos, junto con intereses que compiten entre sí. Estas barreras se pueden superar mediante la comunicación y la participación ciudadana y un abordaje del gobierno en su conjunto.

Los ciudadanos desempeñan un papel preponderante en la lucha contra el cambio climático. Es mucho lo que pueden hacer para reducir su huella de carbono de manera voluntaria, como usar la bicicleta en lugar del vehículo. Su ejemplo también puede incentivar a otros a emprender acciones favorables al clima. Sin embargo, para responder al reto del cambio climático se requerirá más que iniciativas individuales. Los cambios más efectivos surgen de políticas públicas ambiciosas, cuya implementación requiere el apoyo de los ciudadanos.

### Las políticas de cambio climático: el panorama de la opinión pública

Elaborar un cuadro preciso del respaldo de los ciudadanos a las políticas de cambio climático no es fácil. La mayor parte de la evidencia proviene de las encuestas. Puede que el apoyo manifiesto a las políticas que se enuncia en aquellas, sobre todo a políticas hipotéticas que actualmente no se contemplan, no se alinee con la conducta real de los votantes. Además, las políticas individuales de cambio climático suelen formar parte de un paquete de políticas, lo que dificulta la medición del respaldo de las personas. Aun así, las encuestas proporcionan información valiosa para evaluar la opinión pública en materia de políticas climáticas.
En comparación con los habitantes de otras partes del mundo, los de América Latina y el Caribe suelen expresar un fuerte apoyo a las políticas de cambio climático en las encuestas. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo en mayo y junio de 2023, el 88% de los participantes correspondientes a 13 países de la región se declaró a favor de medidas públicas que requieran que las personas adopten un comportamiento más favorable al clima, en comparación con el 66% de los europeos (Banco Europeo de Inversiones 2023).<fnref n="1" />

La opinión favorable a tipos específicos de políticas de cambio climático también suele ser más marcada en América Latina y el Caribe que en otras partes del mundo. En contraste con el 47% de los encuestados en Brasil y el 55% de los encuestados en México que aprueban un impuesto al carbono con transferencias monetarias, el nivel promedio de apoyo en 12 países de ingreso alto es del 37% (Dechezleprêtre et al. 2022). De la misma manera, según otra encuesta, la aprobación promedio de los subsidios para tecnologías bajas en carbono en cuatro países de América Latina es del 65%, cifra que supera el promedio europeo del 59% (Dabla-Norris et al. 2023).

El respaldo también varía según los diferentes tipos de políticas de cambio climático. Al comparar diversas políticas de mitigación, se observa que el apoyo a las tecnologías bajas en carbono y a la infraestructura verde tiende a ser mayor que para las prohibiciones o las regulaciones de las emisiones; a su vez, el respaldo a estas últimas tiende a ser superior que para los impuestos al carbono. Entre los encuestados brasileños, por ejemplo, el 77% se muestra a favor de un programa de infraestructura verde, el 60% considera apropiada la prohibición de los vehículos de motores de combustión y el 47% apoya un impuesto al carbono junto con transferencias a los ciudadanos (Dechezleprêtre et al. 2022). De manera similar, el 84% de los encuestados mexicanos avala un programa de infraestructura verde, el 67% se manifiesta a favor de prohibir los vehículos de combustión y el 55% apoya un impuesto al carbono con transferencias (Dechezleprêtre et al. 2022). Una segunda encuesta, que se realizó en Argentina, Brasil, Colombia y México, muestra una clasificación similar. En estos cuatro países, el 65% de los encuestados apoya los subsidios a las tecnologías bajas en carbono, el 52% está a favor las regulaciones que limitan las emisiones y el 54% avala los precios a las emisiones de carbono (Dabla-Norris et al. 2023).

Sin embargo, como ya se señaló, el respaldo de estas políticas individuales depende del paquete de políticas completo y, en combinación con políticas complementarias, puede haber un gran aumento del apoyo.

<footnote n="1">¹ Los países participantes de la encuesta fueron los siguientes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.</footnote>
Por ejemplo, en Brasil el 47% de los encuestados se muestra a favor de un impuesto al carbono con una transferencia igual para todos los hogares, mientras que el 78% avala un impuesto cuyos ingresos se destinen a financiar la infraestructura ambiental (Dechezleprêtre et al. 2022). Del mismo modo, en México, de todos los paquetes de políticas basados en un impuesto sobre el carbono, los encuestados se mostraron más favorables a un impuesto sobre el carbono cuyos ingresos se dedicaran a financiar infraestructura ambiental (73%; Dechezleprêtre et al. 2022). Aunque desde una perspectiva económica suele ser más eficiente utilizar los ingresos de los impuestos al carbono para disminuir impuestos distorsivos (véase el capítulo 10), la combinación de un impuesto al carbono con financiamiento para infraestructura o tecnología verde normalmente recibe un mayor aval de la población (Dechezleprêtre et al. 2022).

## Cómo conseguir apoyo a la acción por el clima

Para diseñar políticas efectivas, es esencial comprender los impulsores primarios del apoyo cuidadano a la acción por el clima.

## Las creencias, la educación y la experiencia

Las personas no respaldan políticas para abordar problemas que no perciban como importantes y urgentes. En efecto, en la encuesta de Latinobarómetro de 2017, el 73% de los participantes de 17 países de América Latina y de un país del Caribe afirmaron que el cambio climático es un problema urgente que debe abordarse de inmediato (véase el gráfico 14.1). Del mismo modo, la encuesta del Barómetro de las Américas 2016/17 de LAPOP, realizada en 29 países de las Américas, reveló que la mayoría de las personas de la región considera que el cambio climático se convertirá en un problema muy grave en su país si no se hace nada para reducirlo. El acuerdo con esta afirmación fue mayor en México y Centroamérica (81,5%), seguidos por América del Sur (75,0%) y por el Caribe (66,7%) (Evans y Zenchmeister 2018).

La educación influye en las creencias sobre el cambio climático (Bergquist et al. 2022; Czarnek, Kossowska y Szwed 2021). En América Latina y el Caribe, la creencia de que el cambio climático es un problema urgente que debe ser abordado de inmediato está positivamente correlacionada con los niveles de estudios (gráfico 14.2).<fnref n="2" />

<footnote n="2">² En cambio, hay escasa evidencia consistente que muestre que otros factores demográficos clave, como el ingreso, el género o la edad, están sistemática y significativamente correlacionados con las creencias sobre el cambio climático.</footnote>
Gráfico 14.1. Percepción de la urgencia del cambio climático

Participantes de la encuesta que ven el cambio climático como algo urgente y que es necesario abordar

<figure><img src="image_139.png" /></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, sobre la base de la encuesta Latinobarómetro 2017.

La evidencia indica que tener un mayor nivel educativo aumenta causalmente el apoyo a las iniciativas contra el cambio climático. Angrist et al. (2024) analizan los cambios en las leyes de escolarización obligatoria para demostrar que la educación cambia las creencias, las conductas y las preferencias por las políticas a favor de la adaptación y la mitigación del cambio climático. Es importante señalar que los efectos de la escolarización en esta gama de resultados demuestran su potencial para incidir tanto en las conductas individuales como en las políticas públicas relacionadas con el cambio climático.
<caption>**Gráfico 14.2.** Percepción de la urgencia del cambio climático, por nivel educativo</caption>

Porcentaje de encuestados que ven el cambio climático como urgente y algo que es necesario abordar, por nivel de estudios

<figure><img src="image_140.png" /></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, sobre la base de la encuesta Latinobarómetro 2017.

Nota: Promedio ponderado de 18 países de América Latina y el Caribe.

Las encuestas experimentales realizadas en América Latina y otros lugares aportan pruebas indirectas de que la educación específica sobre el cambio climático puede ser eficaz para recabar apoyo para las políticas climáticas (Dechezleprêtre et al. 2022 y Dabla-Norris et al. 2023). En particular, tanto los cursos intensivos como los videos pedagógicos pueden incidir sobre las creencias y los comportamientos, y así aumentar la aprobación declarada de los encuestados hacia las políticas públicas relacionadas con la acción por el clima (Cordero, Centeno y Todd 2020 y Dechezleprêtre et al. 2022).

En pocas palabras, los gobiernos pueden prever que elevar el nivel de escolaridad en la región en general traerá aparejado más apoyo para las políticas climáticas, y pueden acelerar esta tendencia específicamente mediante la integración del cambio climático en los programas de estudio, y el desarrollo de herramientas pedagógicas para el público, algo que sigue siendo poco usual en América Latina y el Caribe. De acuerdo con un estudio reciente que analiza los planes oficiales de educación en
particular para los conceptos de cambio climático, solo los currículos de 3 de los 16 países de la región considerados (19%) mencionan estos conceptos (UNESCO 2021).

El hecho de que las personas acepten las iniciativas para abordar el cambio climático también tiende a aumentar con la experiencia con políticas climáticas bien diseñadas (Carattini et al. 2018; Schuitema, Steg y Forward 2010; Jagers, Matti y Nilsson 2017). Por ejemplo, mientras que el 30% de las personas se mostraban favorables a la reforma del subsidio del gas en El Salvador en 2011 al comienzo de la implementación, el apoyo aumentó hasta el 65% a lo largo de 18 meses (Hallegatte et al. 2023). Una conclusión contraria, a saber, que el desacuerdo suele disminuir con la experiencia, sugiere que la incorporación progresiva de los impuestos al carbono o la reducción progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles puede contribuir a limitar la resistencia a ellos (Carattini, Carvalho y Fankhauser 2018). Los gobiernos pueden incluso diseñar políticas climáticas con ciertas características, como los períodos de prueba, que proporcionan una oportunidad a los ciudadanos para familiarizarse con la política. Estos períodos de prueba han tenido un amplio éxito para ganar opiniones a favor de, por ejemplo, poner precio a la congestión del tráfico, es decir, una tarifa para los vehículos que circulan por vías muy transitadas (Gu et al. 2018). Además, secuenciar de manera estratégica las políticas climáticas, de modo de implementar primero aquellas con menos beneficios, pero con altos niveles de aceptación ciudadana, podría contribuir a conseguir apoyo para otras políticas climáticas más eficaces a lo largo del tiempo (Hallegatte et al. 2023).

## Confianza en las políticas climáticas

La percepción de la efectividad es otro factor clave del apoyo de los ciudadanos a las políticas climáticas, como permite apreciar una encuesta a gran escala realizada en 20 países en 2021 y 2022 (Dechezleprêtre et al. 2022).

Las percepciones de la efectividad de las políticas públicas en términos más generales, pero sobre todo de las políticas climáticas, pueden relacionarse con percepciones más amplias de la efectividad del gobierno. Para los ciudadanos es complejo juzgar la efectividad ambiental de una serie de políticas climáticas, incluso después de su puesta en marcha. Una buena cantidad de políticas climáticas produce el grueso de sus beneficios en el mediano o largo plazo, lo que implica que los ciudadanos no tienen evidencia para actualizar sus creencias sobre la efectividad a corto plazo. Sin información fácilmente verificable, pueden basarse en estas percepciones más amplias cuando forman su opinión sobre políticas específicas. Una encuesta nacional llevada a cabo por muestreo en
Estados Unidos dejó al descubierto la percepción de la eficacia de los gobiernos locales como un factor de respaldo a políticas locales de adaptación (Harris y Howe 2023).

Otro factor de apoyo a las políticas climáticas es la confianza de los ciudadanos en que sus gobiernos tienen la capacidad y la voluntad para implementarlas. De hecho, la confianza política puede ser más importante para obtener el aval de los ciudadanos para las políticas de mitigación que las creencias sobre el cambio climático. En un estudio de 23 países europeos, los Estados con una mayor confianza en el sistema político —y no los que ostentaban más conciencia o preocupación sobre el cambio climático— apoyaban con mayor ímpetu medidas de políticas para reducir las emisiones de carbono (Fairbrother, Johansson Sevä y Kulin 2019).

El aval a las políticas climáticas también depende en parte de las percepciones de costo-efectividad. Los ciudadanos tienden a sobreestimar los costos de las políticas ambientales y a subestimar los beneficios (Schuijtema, Steg y Forward 2010). La corrección de las percepciones erróneas sobre la efectividad ambiental y la costo-efectividad de las políticas climáticas mediante la información o la experiencia podría aumentar el apoyo y la aceptación de estas políticas.

Por último, en numerosos casos, la efectividad de las políticas climáticas depende de la cooperación y la participación de la comunidad, lo que muestra que la confianza en los demás, como la familia, los amigos, los vecinos e incluso los desconocidos, también podría incidir en el apoyo que se consiga.

## Las normas sociales y las creencias de orden superior

Para aplicar con éxito un gran número de políticas climáticas se requiere una acción colectiva, lo cual significa que sus beneficios están determinados por el comportamiento de todos. Este hecho pone sobre la mesa las normas sociales.

Las actitudes a propósito del calentamiento global, el apoyo a las políticas de mitigación y las intenciones de participar de forma voluntaria en conductas relacionadas con el clima se ven afectados por la información que pone énfasis en las normas y el consenso científico en torno al cambio climático (Bolsen, Leeper y Shapiro 2014). Las normas sociales locales que se captan a simple vista influyen, por ejemplo, en la instalación de paneles solares y el uso de vehículos híbridos (Baranzini, Carattini y Péclat 2017; Narayanan y Nair 2013). Así, cuando se colocan paneles solares en techos inclinados y en las fachadas de los edificios aumentan las posibilidades de adopción de estos recursos más que en el caso de los paneles que son menos visibles para los transeúntes (Baranzini, Carattini y Péclat 2017).
Los gobiernos pueden tomar en cuenta las normas sociales al diseñar programas para promover conductas más favorables al clima con el fin de incrementar su efectividad. Los anuncios públicos y las campañas de comunicación pueden informar a los ciudadanos sobre las normas locales relativas a las creencias sobre el cambio climático y el apoyo de otras personas a los esfuerzos para combatir dicho fenómeno. Los gobiernos también pueden contemplar más subsidios para aquellas inversiones visibles y favorables al clima, como los paneles solares, lo cual alentará a otras personas a adottarlos. Cuando las normas sociales no se pueden ver fácilmente, como en el caso del uso de la energía, se puede proporcionar información para hacerlas más evidentes. Una serie de experimentos demuestra que en estos casos las personas responden, por ejemplo, comparando su uso de la energía con el de sus vecinos, y que estos efectos perduran (Allcott y Rogers 2014).

Las creencias de orden superior también son esenciales. Una encuesta reciente llevada a cabo en 125 países de todo el mundo, incluidos 19 de América Latina y el Caribe, documentó que las personas sobreestiman drásticamente la disposición de los demás ciudadanos a contribuir a la acción por el clima (Andre et al. 2024). La corrección de estas percepciones erróneas a propósito del apoyo de los demás ciudadanos a las políticas climáticas y su adopción de comportamientos para mitigar el cambio climático podría cambiar las normas y allanar el camino para que los gobiernos se embarquen en ambiciosas políticas climáticas.

## ¿Quién paga, quién gana? La percepción de justicia de las políticas climáticas

Otro factor que también influye en el aval de las políticas climáticas son las percepciones de las consecuencias distributivas y los impactos esperados de las políticas en los presupuestos personales. En un experimento de elección que se aplicó en Suecia y utilizó instrumentos hipotéticos de políticas, los encuestados prefirieron aquellos con una distribución progresiva del costo (Brannlund y Persson 2012). De manera similar, en un experimento de elección que se realizó en Turquía, los encuestados optaron por un impuesto al carbono con una distribución progresiva del costo en vez de un impuesto distribuido de manera regresiva (Gevrek y Uyduranoglu 2015). Por otro lado, las preocupaciones a propósito de la justicia distributiva influyen en el comportamiento de los votantes. Junto con la percepción de ineficiencia, por ejemplo, las preocupaciones relacionadas con lo distributivo y lo competitivo fueron los principales factores determinantes de la conducta de los votantes en un sufragio de 2015 sobre los impuestos a la energía en Suiza (Carattini et al. 2017). De hecho, la evidencia sugiere que los ciudadanos se muestran al menos tan inquietos por
los impactos distributivos de las políticas climáticas como por su efectividad (Maestre-André et al. 2021; Bergquist et al. 2022; Dietz y Atkinson 2010).

Las personas suelen dar por sentado que las políticas climáticas son regresivas. En una encuesta de aproximadamente 650 estudiantes universitarios llevada a cabo en Bogotá, Colombia, en 2020, (Blackman y Hoffmann 2022) los participantes mostraron una tendencia a suponer que los ciudadanos de ingresos más bajos salen perdiendo con la regulación ambiental. Sin proporcionar ningún elemento específico sobre la normativa en consideración, la encuesta preguntó cómo se distribuyen los costos y los beneficios de la regulación ambiental entre ciudadanos ricos y pobres. Como respuesta, el encuestado promedio declaró que, si bien los ricos y los pobres se ven favorecidos más o menos de igual forma por las mejoras ambientales, los pobres pagan un costo desproporcionado por la regulación ambiental.

Aunque las preocupaciones sobre la desigualdad tienden a ser predominantes, muchas personas no apoyan las políticas climáticas porque perciben que los costos son inasequibles para ellos (Bergquist et al. 2022; Brannlund y Persson 2012; Dechezleprêtre et al. 2022). Vincular las políticas climáticas con políticas económicas y sociales puede aumentar el apoyo de los ciudadanos y mejorar tanto sus preocupaciones distributivas como de presupuesto personal (Bergquist, Mildenberger y Stokes 2020). Los impuestos al carbono implementados mediante subas en las facturas de electricidad, por ejemplo, son aceptados más ampliamente cuando se incluye el apoyo a hogares de bajos ingresos (Hammerle, Best y Crosby 2021).

## Se necesita algo más que palabras

Aun cuando los ciudadanos expresen una fuerte aprobación hacia las políticas de cambio climático, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) siguen creciendo. ¿Exageran su apoyo los que responden a las encuestas? Es más probable que haya barreras que impiden que dicho apoyo traduzca en implementación de políticas.

## Contexto institucional

Las instituciones disponen de varias estrategias clave para mejorar la eficacia y la sostenibilidad de las políticas climáticas. En primer lugar, alinear los ciclos políticos a corto plazo con los beneficios a largo plazo de las políticas climáticas puede lograrse mediante una planificación integral a largo plazo y el establecimiento de leyes que faciliten a las administraciones futuras continuar con las políticas climáticas (Mosqueira y Alessandro 2023).
En segundo lugar, el aumento de la confianza de los votantes en las políticas climáticas puede lograrse proporcionando métricas claras, medibles y cuantificables para evaluar el desempeño (Keefer y Scartascini 2022).

En tercer lugar, para aplicar con éxito las políticas climáticas, es necesaria la coordinación entre distintos sectores y niveles de gobierno (Mosqueira y Alessandro 2023). Si se adopta un enfoque de sistemas de todo el gobierno (véase el capítulo 9), los países pueden organizar y equipar mejor a sus administraciones públicas para abordar problemas complejos y multisectoriales (Mosqueira y Alessandro 2023).

## Intereses contrapuestos

Los sectores que generan importantes emisiones de GEI representan una gran parte de las economías de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, la agricultura aportó casi el 7% del producto interno bruto (PIB) total de la región en 2022, porcentaje que superó el 15% en Belice, Nicaragua y Paraguay. El sector agrícola emplea al 15% de todos los trabajadores de la región (BID 2024).

Asimismo, la producción de petróleo y gas desempeña un papel significativo en numerosas economías de América Latina y el Caribe, pues contribuye al desarrollo, la seguridad energética y el crecimiento económico. Muchos países de la región también cuentan con valiosos yacimientos de petróleo y gas que permanecen en gran medida sin explotar. Por ejemplo, se calcula que Guyana tiene más de 11.000 millones de barriles equivalentes de petróleo en recursos recuperables de petróleo y gas.<fnref n="3" />

Además, varios países de la región tienen grandes empresas estatales de petróleo y gas que contribuyen de forma crítica al PIB. En 2021, por ejemplo, la petrolera estatal de Suriname generó el 24% del PIB, y en Bolivia los ingresos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) supusieron el 15%.<fnref n="4" /> En los países de mayor tamaño, con un PIB per cápita más alto, la parte del PIB producida por las empresas estatales de petróleo y gas es menor, pero no insignificante.

Relacionado con sus contribuciones al PIB, se destaca el rol de estas firmas como grandes fuentes de empleo. En 2021, incluidas sus entidades subsidiarias, Pemex de México empleaba 123.842 personas; Petrobras, en Brasil, 45.532 personas; Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de Argentina, 21.321 personas y Ecopetrol, en Colombia, 18.378. Las empresas de petróleo y gas de propiedad estatal también generan una parte importante de

<footnote n="3">³ Véase https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=62103.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Información de la National Oil Company Database, proporcionada por el Natural Resource Governance Institute; véase https://www.nationaloilcompanydata.org/.</footnote>
los ingresos públicos, con sus transferencias bajo la forma de dividendos, impuestos sobre la renta, beneficios del Estado o participaciones en acciones del petróleo y los royalties (véase el gráfico 14.3). En 2021, en diferentes países de la región con empresas de petróleo y gas de propiedad estatal, estas transferencias representaban en promedio el 8% de los ingresos de las arcas públicas, con montos mucho mayores en algunos países más pequeños, como Suriname, donde equivalían al 22%.<fnref n="5" />

<figure><img src="image_141.png" /><figcaption>**Gráfico 14.3.** Transferencias de las empresas de combustibles fósiles al Estado como porcentaje de los ingresos generales, por país</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID a partir de la base de datos de la Empresa Nacional de Petróleo, un proyecto del Natural Resource Governance Institute (https://www.nationaloilcompanydata.org/).

<footnote n="5">⁵ Ibid.</footnote>
La perspectiva de perder el empleo, el crecimiento económico y los recursos fiscales que ofrecen estos sectores podría mermar el apoyo de los ciudadanos y de los políticos a las políticas de cambio climático. Además, la parte sustancial de los ingresos públicos derivados de las empresas de estos sectores crea un conflicto de intereses con las políticas de cambio climático para limitar los GEI. Esto es especialmente cierto en los países con empresas estatales de combustibles fósiles, pero, incluso sin ellas, los ingresos y el crecimiento económico que estos sectores generan son difíciles de dejar a un lado.

La mayor parte de las empresas de combustibles fósiles y otras firmas con grandes emisiones de GEI utilizan estrategias como la desinformación y la ecoimpostura (greenwashing) para socavar las políticas climáticas efectivas. La ecoimpostura engaña a los ciudadanos y a los consumidores al señalar que los esfuerzos en contra del cambio climático son exagerados y mediante la promoción de soluciones falsas que retrasan y distraen de las políticas y medidas efectivas.<fnref n="6" /> Para contrarrestar la ecoimpostura y la desinformación, los gobiernos pueden requerir una mayor transparencia y la verificación de las afirmaciones sobre el clima (Grupo de Expertos de Alto Nivel de Naciones Unidas, s/f).

A pesar de los intereses de las empresas de combustibles fósiles, los países de América Latina y el Caribe pueden ejecutar medidas contra el cambio climático. Por ejemplo, la economía mexicana es altamente dependiente de los ingresos del petróleo y de la producción de combustibles fósiles, y estos representan el 89% del suministro de energía del país (OCDE 2013). Sin embargo, en 2012 México aprobó la Ley General de Cambio Climático y un impuesto al carbono en las emisiones nacionales de US$3,50 por tonelada métrica de CO2 equivalente (Ortega Díaz y Casamadrid Gutiérrez 2018). Si bien el impuesto es modesto, estos logros iniciales pueden dar un impulso y cambiar las percepciones. En términos más generales, las mejoras tecnológicas, la adopción de nuevas tecnologías y la implementación exitosa de políticas climáticas pueden crear nuevos grupos de interés que favorezcan la continuación de las políticas existentes o la implementación de otras nuevas. Por ejemplo, el incremento de viviendas que cuentan con paneles solares en el techo ha dado lugar a un amplio grupo de interés que podría apoyar las tarifas de alimentación, es decir, la compensación por la energía que se suministra en la red.

## Prioridades que compiten entre sí

El hecho de que el apoyo público a las políticas climáticas se torne en implementación puede verse aún más obstaculizado por prioridades, resaltando la

<footnote n="6">⁶ Véase https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/greenwashing.</footnote>
importancia de la comunicación. Los candidatos políticos adaptan sus plata-
formas a las prioridades de su base y, una vez en el cargo, aquellos que piensan
en la reelección dedicarán su mayor esfuerzo a las prioridades de sus electores.
Los participantes de una encuesta de 2023 que incluía muestras de 13 países de
América Latina y el Caribe no mencionaron el cambio climático entre las cinco
principales prioridades. La delincuencia se nombró como uno de los cinco
temas más sobresalientes en casi el 64% de los casos, y la pobreza y la des-
igualdad fueron resaltadas por un 49%, mientras que solo el 26% citó el cambio
climático como uno de los cinco grandes problemas a los que se enfrentan
actualmente las personas en los países donde se aplicó la encuesta (gráfico 14.4).

La competencia entre el cambio climático y otras prioridades podría morigerarse si las políticas climáticas se enmarcaran para destacar los beneficios que pueden proporcionar en relación con dichas prioridades; entre otras ventajas, pueden reducir la congestión del tráfico, mejorar la salud o disminuir la desigualdad (Bain et al. 2016; véase también el capítulo 8). En Estados Unidos se ha demostrado que resaltar las reducciones de la contaminación y las mejoras en la salud aumenta el apoyo de las políticas de mitigación (Mossler et al. 2017; Rinscheid, Pianta y Weber 2020). De la misma manera, las regulaciones para optimizar el ahorro de combustible de los vehículos y las normas de eficiencia para los electrodomésticos en Estados Unidos reducen las emisiones de GEI, pero no solo eso: son populares porque también producen ahorros de energía para los consumidores y mejoran la salud pública (Karapin y Vogel 2023). El énfasis en las prioridades sociales y económicas que abordan las políticas climáticas también puede aumentar el apoyo hacia ellas (Feldman y Hart 2018).

Comunicar a los ciudadanos las implicaciones de las políticas climáticas y comprometerlos en su implementación puede ser crucial para incrementar el respaldo de estas políticas. Por ejemplo, las iniciativas de los gobiernos de América Latina destinadas a disminuir los subsidios a los combustibles fósiles han sido resistidas con frecuencia. Los casos más notables comprenden las reducciones de los recortes de las subvenciones anunciados en 2019⁷ y 2022 en Ecuador<fnref n="8" /> como respuesta a las protestas, los recortes de los subsidios eliminados en Bolivia y Haití en 2010⁹ y 2018,<fnref n="10" /> respectivamente, y las grandes manifestaciones por el “gasolinazo” en México en 2017.<fnref n="11" /> La disminución de la

<footnote n="7">7 Véase https://www.reuters.com/article/economia-ecuador-protesta-idESKBNTWJ031.</footnote>

<footnote n="8">⁸ Véase https://www.dw.com/es/ecuador-ante-el-desaf%C3%ADo-del-subsidio-millo
nario-al-precio-del-combustible-agitar-a-los-sectores-sociales-o-al-fmi/a-62390774.</footnote>

<footnote n="9">⁹ Véase https://www.rfi.fr/en/americas/20101231-police-hurt-clashes-bolivian-proteste rs-over-fuel-hikes.</footnote>

<footnote n="10">10 Véase https://www.nytimes.com/2019/09/28/world/americas/haiti-protests-moise.html.</footnote>

<footnote n="11">11 Véase https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38538379.</footnote>
Gráfico 14.4. Temas principales según los encuestados

Cuestiones identificadas por los encuestados entre los cinco mayores retos a los que se enfrenta la población de sus países

<figure><img src="image_142.png" /></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir en datos de EIB Climate Survey Edition VI: 2023-24, encuesta aplicada en 13 países de América Latina y el Caribe en mayo y junio de 2023, y disponible en https://www.eib.org/en/surveys/climate-survey/all-resources.

confianza pública en el gobierno y la preocupación por los efectos adversos sobre la población pobre son algunos de los obstáculos al apoyo público a la reforma de las subvenciones identificados en una revisión sistemática de estudios de casos de países de todo el mundo (Alleyne et al. 2013). Los recientes esfuerzos de Colombia por aumentar el precio del diésel para alinearlo con los precios internacionales ilustran la importancia de la opinión pública para una aplicación exitosa de las políticas climáticas y el papel fundamental que desempeñan la comunicación y el compromiso con los ciudadanos
y la adaptabilidad de las políticas en la aceptación pública de la acción climática. En 2024, el primer incremento previsto de los precios del diésel en el país para eliminar gradualmente una subvención existente al combustible provocó oposición y protestas masivas con el bloqueo de varias carreteras.<fnref n="12" /> El gobierno logró sofocar estas protestas mediante una negociación y un compromiso eficaces, reduciendo la suba total de los precios durante ese año y aplicando dos incrementos más pequeños, además de acordar la suspensión de nuevos aumentos del precio del diésel hasta que se produjeran cambios estructurales en los problemas debatidos durante las negociaciones celebradas en septiembre de 2024.<fnref n="13" />

Los estudios proporcionan orientación para el diseño de estrategias de comunicación eficaces en materia climática. En primer lugar, las comunicaciones eficaces ponen énfasis en los riesgos locales y personales del cambio climático a corto plazo y en los beneficios que generaría una acción inmediata (van der Linden, Maibach y Leiserowitz 2015). Esto último puede incluir beneficios locales que se materializan en lo inmediato, como una menor contaminación y las mejoras en materia de salud pública (véase el capítulo 8). En algunos casos, puede que la fuerte demanda de estos beneficios opere como impulso de las políticas climáticas. La perspectiva de esas ganancias podría generar un fuerte estímulo para emprender acciones por el clima en América Latina y el Caribe, muchas de cuyas ciudades padecen altos niveles de contaminación. En segundo lugar, los mensajes efectivos consideran las normas sociales locales y apelan a resultados ambientales a largo plazo con un valor intrínseco (van der Linden, Maibach y Leiserowitz 2015). Tercero, las campañas de comunicación efectivas son extensivas y creativas (Ibid.). En particular, las estrategias eficaces de comunicación brindan información sobre las dimensiones clave que fomentan el apoyo a políticas climáticas, a saber, los costos previstos para los hogares, la distribución de costos y beneficios en diferentes subgrupos, y cuán oportuna será la política para cumplir con los objetivos climáticos. Por último, para comunicar de manera efectiva hay que comenzar cuanto antes. Debido a los sesgos de comportamiento, como el de confirmación,<fnref n="14" /> las campañas de

<footnote n="12">12 Véase https://www.dw.com/es/protestan-con-bloqueos-ante-aumento-del-diésel-en-colombia/a-70126444.</footnote>

<footnote n="13">13 Véase https://www.valoraanalitik.com/precios-diesel-colombia-ciudades-septiemb re-2024/ and https://mintransporte.gov.co/publicaciones/11814/gobierno-nacional-ll ego-a-acuerdo-con-las-bases-del-transporte-de-carga-y-pasajeros-para-poner-fin -a-las-manifestaciones/#:~:text=Se%20acordó%20modificar%20el%20alza,1%20de %20diciembre%20de%202024.</footnote>

<footnote n="14">14 El sesgo de confirmación es la tendencia a buscar, interpretar, favorecer y recordar información de forma que confirme o apoye las creencias o los valores previos.</footnote>
comunicación pueden generar mejores resultados si impiden las percepciones erróneas en lugar de corregirlas.

Contar con el aporte ciudadano es algo que excede las campañas públicas de información que llevan a cabo los gobiernos. El hecho de dar voz a la ciudadanía imprime credibilidad a las acciones climáticas, y la participación puede mejorar la efectividad de las políticas mediante la incorporación de los conocimientos locales.

Por último, los ministerios de Ambiente deben cumplir un papel esencial en el involucramiento de los ciudadanos y las estrategias de comunicación. Ellos pueden coordinar esas iniciativas en diferentes ministerios y niveles estatales, servir como un centro para la participación de los ciudadanos y divulgar información científica para mantener mensajes coherentes a lo largo del tiempo.

## Aprender de transiciones anteriores

La transición climática creará nuevas oportunidades para las empresas y generará nuevos empleos, pero también dejará atrás a algunas personas para las cuales puede ser difícil adoptar nuevas tecnologías o adaptarse a sectores económicos cambiantes. A fin de conseguir y mantener el apoyo para las políticas climáticas, los gobiernos pueden llevar a cabo una transición justa o transición equitativa a una economía baja en carbono (véase el capítulo 9).

Dado que la acción por el clima centrada en una transición justa y equitativa recién comienza, hay escasa evidencia rigurosa sobre los impactos de las políticas de transición justa y equitativa en el apoyo de los ciudadanos a la acción por el clima. Sin embargo, es posible observar transiciones anteriores que sirvan como enseñanzas de políticas. Se debatió mucho, por ejemplo, sobre las políticas de asistencia al ajuste comercial para compensar a quienes se hubieran quedado rezagados debido a la globalización. Excepto un programa a pequeña escala creado en Argentina, con eje en las empresas más que en los trabajadores, en América Latina y el Caribe no hubo intentos importantes para ayudar a los trabajadores en la transición hacia una economía más internacional e integrada (Mesquita Moreira y Stein 2019). Y en Europa solo se implementaron unos pocos programas de asistencia para el ajuste comercial (en especial, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización), al igual que en Estados Unidos (el Programa de Asistencia por Ajuste Comercial), con resultados diversos en los ingresos (Mesquita Moreira y Stein 2019). Ambas iniciativas eran pequeñas—muchos trabajadores en Europa ni siquiera llegaron a conocer el programa citado (Cernat y Mustilli 2017)—y se habían diseñado para proporcionar apoyo solo
cuando, a partir de un conjunto de criterios y procedimientos, se juzgaba que el ajuste laboral era resultado de un evento relacionado con el comercio (Mesquita Moreira y Stein 2019). Sin la presencia de programas amplios para ayudar a los trabajadores, la globalización aumentó la desigualdad (Stiglitz 2018), lo que llevó al descontento y contribuyó a alimentar el protectionismo. Así, una encuesta realizada en 2016 demostró que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos estaba a favor de políticas comerciales más proteccionistas (Stiglitz 2018).

Una enseñanza destacable de políticas para la transición climática, proveniente de las medidas ideadas para la globalización, es que, en lugar de centrarse en compensar a quienes quedan atrás, los gobiernos pueden repensar la desigualdad y la protección social en términos más amplios. Con otras transiciones en puerta, tendientes a perturbar los mercados laborales, como la automatización y la inteligencia artificial, que actualmente se presentan en simultáneo, abordar la desigualdad de manera exhaustiva resulta imprescindible para el respaldo público en favor de la acción por el clima, ya que las percepciones generales de injusticia o el deterioro de la calidad de vida suelen revelarse en el rechazo público de las políticas climáticas. Por ejemplo, las protestas posteriores a los esfuerzos para disminuir los subsidios a los combustibles fósiles en la región fueron sobre todo un reflejo de aprensiones más extensas a propósito de la equidad de las políticas y la gobernanza, en lugar de ser una oposición directa a la acción por el clima.

## El futuro depende del apoyo ciudadano

La adaptación al cambio climático y el llegar a una economía baja en carbono es esencial para el crecimiento económico, las vidas y la subsistencia en América Latina y el Caribe. La tarea no es sencilla. Requiere cambios profundos en todos los sectores de la economía y en todos los niveles de gobierno, algo que inevitablemente dará lugar a ganadores y perdedores.

La buena noticia es que los ciudadanos de la región tienden a apoyar la acción por el clima. Trabajar con ellos y comunicarse de manera adecuada permitirá que los gobiernos sigan impulsando las políticas necesarias para abordar el cambio climático a la vez que se avanza en otros objetivos de desarrollo.
<figure><img src="image_143.png" /></figure>
Referencias bibliográficas

Abell, R., N. Asquith, G. Boccaletti, L. Bremer, E. Chapin, A. Erickson-Quiroz, J. Higgins, et al. 2017. "Beyond the Source: The Environmental, Economic and Community Benefits of Source Water Protection." The Nature Conservancy, Arlington, VA. https://www.nature.org/content/dam/tnc/nature/en/documents/BeyondtheSource_ExecSummary_FINAL.pdf.

Abman, Ryan, Clark Lundberg y Michele Ruta. 2021. "The Effectiveness of Environmental Provisions in Regional Trade Agreements." Documento de trabajo sobre investigaciones relativas a políticas. Banco Mundial, Washington, DC. https://doi.org/10.1596/1813-9450-9601.

Acedo, A. L. 2019. "Postharvest Handling and Storage Technologies for Fresh Horticultural Produce." *Acta Horticulturae* 1245 (julio): 93-100. https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2019.1245.14.

Acevedo, S., M. Mrkaic, N. Novta, E. Pugacheva y P. Topalova. 2020. "The Effects of Weather Shocks on Economic Activity: What Are the Channels of Impact?" *Journal of Macroeconomics* 65:103207. https://www3.nd.edu/~nmark/Climate/Acevedo.pdf.

Addison, D. y B. Stewart. 2015. "Nighttime Lights Revisited: The Use of Nighttime Lights Data as a Proxy for Economic Variables." Documento de trabajo sobre investigaciones relativas a políticas del Banco Mundial. No. 7496. Banco Mundial, Washington, DC. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1526.1200.

Adedayo, Vide, Mayowa Fasona y Taiwo Kuti. 2014. "Trend and Linkages between Climate Elements, Pest Activities and Pesticide Usage in Urban Farms Communities in Lagos." *Journal of Geography and Geology* 6 (3). https://doi.org/10.5539/jgg.v6n3p178.

Adem, Mohammed, Esubalew Tadele, Habtamu Mossie y Mezegebu Ayenalem. 2018. "Income Diversification and Food Security Situation in Ethiopia: A Review Study." *Cogent Food & Agriculture* 4 (1): 1513354. https://doi.org/10.1080/23311932.2018.1513354.

Agarwala, M., M. Burke, J. Doherty-Bigara y P. Klusak. De próxima publicación. "Climate Change and Sovereign Risk: A Regional Analysis for the Caribbean." Documento de trabajo del BID. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Aghion, P., A. Dechezleprêtre, D. Hémous, R. Martin y J. Van Reenen. 2016. "Carbon Taxes, Path Dependency y Directed Technical Change: Evidence from the Auto Industry." *Journal of Political Economy* 124 (1): 1-51. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/684581.

Agüero, Jorge M. 2014. "Long-Term Effect of Climate Change on Health: Evidence from Heat Waves in Mexico." Documento de trabajo del BID No. 481. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publica
tions.iadb.org/en/publication/11401/long-term-effect-climate-change-hea
lth-evidence-heat-waves-mexico.

Aguiar, Angel, Maksym Chepeliev, Erwin L. Corong, Robert McDougall y Dominique Van Der Mensbrugghe. 2019. "The GTAP Data Base: Versión 10." *Journal of Global Economic Analysis* 4 (1): 1-27. https://doi.org/10.21642/JGEA.040101AF.

Aguilar-Gomez, S., E. Gutierrez, D. Heres, D. Jaume y M. Tobal. 2021. "Extreme Temperatures and Loan Defaults: Evidence from Bank-Firm Level Data in Mexico." SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.3934688.

Ahumada, Hildegart, Santos Espina-Mairal, Fernando Navajas y Alejandro Rasteletti. 2023. "Effective Carbon Rates on Energy Use in Latin America and the Caribbean: Estimates and Directions for Reform." Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/en/node/33398.

AIE (Agencia Internacional de la Energía). 2021a. "Climate Impacts on Latin American Hydropower." Agencia Internacional de la Energía, París. https://www.iea.org/reports/climate-impacts-on-latin-american-hydropower/cli mate-impacts-on-latin-american-hydropower.

———. 2021a. "Climate Resilience." Agencia Internacional de la Energía, París. https://iea.blob.core.windows.net/assets/62c056f7-deed-4e3a-9a1f-.a3ca8 cc83813/Climate_Resilience.pdf.

———. 2021b. "Climate Resilience." Agencia Internacional de la Energía, París. https://iea.blob.core.windows.net/assets/62c056f7-deed-4e3a-9a1f-a3ca8 cc83813/Climate_Resilience.pdf.

———. 2022a. "Climate Resilience for Energy Security." Agencia Internacional de la Energía, París. https://iea.blob.core.windows.net/assets/10229b31-fd 82-4371-b92c-a554f95369ea/ClimateResilienceforEnergySecurity.pdf.

———. 2022b. "World Energy Outlook 2022." Agencia Internacional de la Energía, París. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022.

———. 2023a. "Energy Technology Perspectives 2023." Agencia Internacional de la Energía, París. https://www.iea.org/reports/energy-technology-pers pectives-2023.

———. 2023b. "Global Methane Tracker 2023." Actualización del mercado de la energía renovable. Agencia Internacional de la Energía, París. https:// www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2023.

———. 2023c. Latin America Energy Outlook 2023: Analysis." Agencia Internacional de la Energía, París. https://www.iea.org/reports/latin-amer ica-energy-outlook-2023.

———. 2023d. "Renewable Energy Market Update—june 2023." Actualización del mercado de la energía renovable. Agencia Internacional de la Energía, París. https://iea.blob.core.windows.net/assets/63c14514-6833-4cd8-ac53 -f9918c2e4cd9/RenewableEnergyMarketUpdate_June2023.pdf.

———. 2023e. "Tracking Clean Energy Progress 2023." Actualización del mercado de la energía renovable. Agencia Internacional de la Energía, París. https://www.iea.org/reports/tracking-clean-energy-progress-2023.

AISS (Asociación Internacional de Supervisores de Seguros). 2018. "Issues Paper on Climate Change Risks to the Insurance Sector." Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, julio de 2018. https://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2018/08/IAIS_SIF_-Issues-Paper-on-Clim ate-Change-Risks-to-the-Insurance-Sector.pdf.

———. 2022. "The Impact of Climate Change on the Financial Stability of the Insurance Sector." Asociación Internacional de Supervisores de Seguros.
Informe del Mercado Mundial de Seguros, GIMAR Special Topic Issue. https://afahpublishing.com/wp-content/uploads/2021/10/GIMAR_special_topic_edition_climate_change-1.pdf.

Akrasi, Romeo Oduro, Prince Ntrie Eddico y Rejoice Adarkwah. 2020. "Income Diversification Strategies and Household Food Security among Rice Farmers: Pointers to Note in the North Tongu District of Ghana." *Journal of Food Security* 8 (3): 77-88. https://doi.org/10.12691/jfs-8-3-1.

Alejos, Luis. 2018. "Estimating the Fiscal Impact of Extreme Weather Events." Documento de trabajo. Universidad de Michigan, Ann Arbor, MI. https://websites.umich.edu/~lalejos/pdf/FiscalImpact.pdf.

Alejos, Luis y Maynor Cabrera. De próxima publicación. "Identificación y medición de los impactos fiscales de la tormenta tropical Agatha 2010 en Guatemala". Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Alfonso, Mariana, Alexandre Bagolle, Dulce Baptista, María Soledad Bos, Andreas Fazekas, Liora Schwartz, Adrien Vogt-Schilb y Manuel Urquidi. 2023. "Hacia una transición justa en América Latina y el Caribe". Nota de políticas del BID No. 383. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/en/publications/spanish/viewer/Hacia-unaha-transicion-justa-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf.

Alfonso, Mariana, Oliver Azuara Herrera y Mauricio Mondragón. 2022. "Empleos y habilidades verdes en América Latina: una mirada a los datos de LinkedIn". Nota técnica del BID No. 2551. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/en/publications/spanish/viewer/Empleos-y-habilidades-verdes-en-America-Latina-Una-mirada-a-los-datos-de-LinkedIn.pdf.

Allcott, Hunt. 2011. "Social Norms and Energy Conservation." *Journal of Public Economics* 95 (9-10): 1082-95. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.03.003.

Allcott, Hunt y Sendhil Mullainathan. 2010. "Behavior and Energy Policy." *Science* 327 (5970): 1204-5.

Allcott, Hunt y Todd Rogers. 2014. "The Short-Run and Long-Run Effects of Behavioral Interventions: Experimental Evidence from Energy Conservation." *American Economic Review* 104 (10): 3003-37. https://doi.org/10.1257/aer.104.10.3003.

Allemand, D. y D. Osborn. 2019. "Ocean Acidification Impacts on Coral Reefs: From Sciences to Solutions." *Regional Studies in Marine Science* 28:100558.

Allen, Heather, Galo Cárdenas, Leda Paula Pereyra y Lake Sagaris. 2019. *Ella se mueve segura. Un estudio sobre la seguridad personal de las mujeres y el transporte público en tres ciudades de América Latina*. Caracas: CAF y FIA Foundation. https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1405.

Alleyne, Trevor, Benedict Clements, David Coady, Stefania Fabrizio, Sanjeev Gupta, Carlo Sdralevich, Baoping Shang y Mauricio Villafuerte. 2013. "Reforming Energy Subsidies: Lessons from Experience." *En Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications*. Washington, DC: Fondo Monetario Internacional. https://doi.org/10.5089/9781475558111.071.

Allison, Edward H., Allison L. Perry, Marie-Caroline Badjeck, W. Neil Adger, Katrina Brown, Declan Conway, Ashley S. Halls, et al. 2009. "Vulnerability of National Economies to the Impacts of Climate Change on Fisheries." *Fish and Fisheries* 10 (2): 173-96. https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00310.x.

Almeida, M. D., H. Eguino, J. Gómez y A. Radics. 2022. "Decentralized Governance and Climate Change in Latin America and the Caribbean Inter-American Development Bank Regional Chapter." Documento presentado en la Conferencia de Gobernanza Descentralizada y Cambio
Climático, Georgia State University y Banco Mundial, Atlanta, GA, 8-10 de junio de 2022. https://icepp.gsu.edu/files/2022/06/B1-Decentralized-Governance-and-Climate-Change-in-LAC_FINAL.pdf.

Almeida, A. K., R. S. Hegarty y A. Cowie. 2021. "Meta-Analysis Quantifying the Potential of Dietary Additives and Rumen Modifiers for Methane Mitigation in Ruminant Production Systems." *Animal Nutrition* 7:1219-30. doi: 10.1016/j.aninu.2021.09.005.

Almond, R. E. A., M. Grooten, D. Juffe Bignoli y T. Petersen, eds. 2022. *Living Planet Report 2022: Building a Nature-Positive Society*. Gland, Suiza: WWF. https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/embargo_13_10_2022_lpr_2022_full_report_single_page_1.pdf.

Alpízar, Francisco, Róger Madrigal, Irene Alvarado, Esteban Brenes Vega, Ashley Camhi, Jorge Higinio Maldonado, Jorge Marco, Alejandra Martínez, Eduardo Pacay y Gregory Watson. 2020. *Incorporación del capital natural y la biodiversidad en la planificación y toma de decisiones: casos de América Latina y el Caribe*. Monografía no. 823. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/en/publications/spanish/viewer/Incorporacion-del-capital-natural-y-la-biodiversidad-en-la-planificacion-y-toma-de-decisiones-Casos-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf

Alvarenga, Marcio, Lucas Costa, Patieene Passoni, Huáscar Eguino, Kaio Vital y Carlos Eduardo Young. De próxima publicación. "Public Expenditure and GHG Emissions in Brazil: A Structural Decomposition Analysis for the 2000-2019 period." Institute of Economics, Universidad Federal de Río de Janeiro.

Álvarez-García, Olaya y Jaume Sureda-Negre. 2023. "Greenwashing and Education: An Evidence-Based Approach." *Journal of Environmental Education* 54 (4): 265-77. https://doi.org/10.1080/00958964.2023.2238190.

Alviarez, Vanessa, Brian Ceballos Fujiy y Tomasz Święcki. De próxima publicación. "Cross-Border Intra-Firm Trade and the Propagation of Idiosyncratic Shocks." Documento de trabajo del BID. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Anagnostakos, Peter, Jason Bram, Benjamin Chan, Natalia Fischl-Lanzoni, Hasan Latif, James M. Mahoney, Don Morgan, Ladd Morgan e Ivelisse Suarez. 2023. "Banks versus Hurricanes." Liberty Street Economics (blog), 20 de noviembre de 2023. https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2023/11/banks-versus-hurricanes/.

Anbarci, N., M. Escaleras y C. A. Register. 2005. "Earthquake Fatalities: The Interaction of Nature and Political Economy." *Journal of Public Economics* 89 (9-10): 1907-33. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&typ=e pdf&doi=319eff9587db80f7e2b7643e38aba0b3a6d78355.

Andalón, Mabel, João Pedro Azevedo, Carlos Rodríguez-Castelán, Viviane Sanfelice y Daniel Valderrama-González. 2016. "Weather Shocks and Health at Birth in Colombia." *World Development* 82 (junio): 69-82. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.01.015.

Andam, K., P. Ferraro, A. Pfaff, A. Sanchez-Azofeifa y J. Robalino. 2008. "Measuring the Effectiveness of Protected Area Networks in Reducing Deforestation." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 105 (42): 16089-94.

Anderson, C. A. y M. DeLisi. 2011. "Implications of Global Climate Change for Violence in Developed and Developing Countries." En *The Psychology of Social Conflict and Aggression*, editado por Joseph P. Forgas, Arie W.
Kruglanski y Kipling D. Williams, 249-65. Nueva York: Psychology Press. http://www.craiganderson.org/wp-content/uploads/caa/abstracts/2010-2014/11AD.pdf.

Anderson, E. P., J. Marengo, R. Villalba, S. Halloy, B. Young, D. Cordero, F. Gast, E. Jaimes y D. Ruiz Carrascal. 2011. "Consequences of Climate Change for Ecosystems and Ecosystem Services in the Tropical Andes." En *Climate Change and Biodiversity in the Tropical Andes*, editado por S. K. Herzog, 1-18. Montevideo, Uruguay: Inter-American Institute of Global Change Research.

Anderson, Kym, Maros Ivanyi y William J. Martin. 2014. "Food Price Spikes, Price Insulation, and Poverty." En *The Economics of Food Price Volatility*, editado por Jean-Paul Chavas, David Hummels y Brian D. Wright, 311-39. Chicago, IL: University of Chicago Press. https://www.nber.org/books-and-chaptes/economics-food-price-volatility/food-price-spikes-price-insulation-and-poverty.

Andersson, Julius J. 2019. "Carbon Taxes and CO₂ Emissions: Sweden as a Case Study." *American Economic Journal: Economic Policy* 11 (4): 1-30. https://doi.org/10.1257/pol.20170144.

Andor, Mark A., Andreas Gerster, Jörg Peters y Christoph M. Schmidt. 2020. "Social Norms and Energy Conservation Beyond the US." *Journal of Environmental Economics and Management* 103 (septiembre): 102351. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2020.102351.

Andre, Peter, Teodora Boneva, Felix Chopra y Armin Falk. 2024. "Globally Representative Evidence on the Actual and Perceived Support for Climate Action." *Nature Climate Change* 14 (3): 253-59. https://doi.org/10.1038/s41558-024-01925-3.

Angelo, Hillary y David Wachsmuth. 2020. "Why Does Everyone Think Cities Can Save the Planet?" *Urban Studies* 57 (11): 2201-21. https://doi.org/10.1177/0042098020919081.

Angrist, Noam, Kevin Winseck, Harry Anthony Patrinos y Joshua Graff Zivin. 2024. "Human Capital and Climate Change." *Review of Economics and Statistics*, marzo, 1-28. https://doi.org/10.1162/rest_a_01444.

Annan, F. y W. Schlenker. 2015. "Federal Crop Insurance and the Disincentive to Adapt to Extreme Heat." *American Economic Review: Papers Proceedings* 105 (5): 262-66.

APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico). 2012. "2012 Leaders' Declaration: Annex C – APEC List of Environmental Goods." APEC. https://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2012/2012_aelm/2012_aelm_an_nexc.

Aramburu, Julián, Lucas Figal Garone, Alessandro Maffioli, Lina Salazar y Cesar Augusto Lopez. 2019. "Direct and Spillover Effects of Agricultural Technology Adoption Programs: Experimental Evidence from the Dominican Republic." Documento de trabajo del BID No. 971. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://doi.org/10.18235/0001742.

Araos, Malcolm, Lea Berrang-Ford, James D. Ford, Stephanie E. Austin, Robbert Biesbroek y Alexandra Lesnikowski. 2016. "Climate Change Adaptation Planning in Large Cities: A Systematic Global Assessment." *Environmental Science & Policy* 66 (diciembre): 375-82. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.06.009.

Araujo, Claudio, Catherine Araujo Bonjean, Jean-Louis Combes, Pascale Combes, Motely y Eustaquio J. Reis. 2009. "Property Rights and Deforestation
in the Brazilian Amazon." *Ecological Economics* 68 (8-9): 2461-68. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.12.015.

Arceo-Gómez, Eva O., Danae Hernández-Cortés y Alejandro López-Feldman. 2020. "Droughts and Rural Households' Wellbeing: Evidence from Mexico." *Climatic Change* 162 (3): 1197-1212. https://doi.org/10.1007/s10584-020-02869-1.

Arceo-Gómez, Eva O. y Alejandro López-Feldman. 2024. "Extreme Temperatures and School Performance of the Poor: Evidence from Mexico." *Economics Letters* 238 (mayo): 111700. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2024.111700.

Argüello, Ricardo, Ricardo Delgado, Mónica Espinosa, Tomás González y José Manuel Sandoval. 2022. "Análisis costo-beneficio de las opciones para alcanzar cero emisiones netas en Colombia." Nota técnica del BID No. 2540. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Analisis-costo-beneficio-de-las-opciones-para-alcanzar-cero-emisiones-netas-en-Colombia.pdf.

Arimura, Toshi H., Shanjun Li, Richard G. Newell y Karen Palmer. 2012. "Cost-Effectiveness of Electricity Energy Efficiency Programs." *Energy Journal* 33 (2): 63-99.

Arkema, K., G. Guannel, G. Verutes, S. A. Wood, A. Guerry, M. Ruckelshaus, P. Kareiva, M. Lacayo y J. M. Silver. 2013. "Coastal Habitats Shield People and Property from Sea-Level Rise and Storms." *Nature Climate Change* 3:913-18. https://doi.org/10.1038/nclimate1944.

Arrizaga, Rubí, Damian Clarke, Pedro P. Cubillos y J. Cristóbal Ruiz-Tagle. 2023. "Wildfires and Human Health: Evidence from 15 Wildfire Seasons in Chile." Documento de trabajo del BID No. 1481. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://doi.org/10.18235/0005003.

Arrobas, Daniele La Porta, Kirsten Lori Hund, Michael Stephen Mccormick, Jagabanta Ningthoujam y John Richard Drexhage. 2017. "The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future." Documento de trabajo. Banco Mundial, Washington, DC. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/207371500386458722/the-growing-role-of-minerals-and-metals-for-a-low-carbon-future.

Arrow, Kenneth J. 1962. "The Economic Implications of Learning by Doing." *Review of Economic Studies* 29 (3): 155-73. https://doi.org/10.2307/2295952.

Arteaga, Julián, Nicolás De Roux, Margarita Gafaro, Ana María Ibáñez y Heitor Pellegrina. 2023. "Temperature Shocks and Land Fragmentation: Evidence from Transaction and Property Registry Data." Documento presentado en la reunión anual de Agricultural and Applied Economics Asso, Washington DC, 23-25 de julio de 2023. https://ageconsearch.umn.edu/record/335955/files/26851.pdf.

Asensio, Omar I. y Magali A. Delmas. 2015. "Nonprice Incentives and Energy Conservation." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112 (6). https://doi.org/10.1073/pnas.1401880112.

Asfaw, Solomon y Benjamin Davis. 2018. "The Impact of Cash Transfer Programs in Building Resilience: Insight from African Countries." En *Boosting Growth to End Hunger by 2025: The Role of Social Protection*, 53-70. Washington, DC: Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). https://www.ifpri.org/publication/impact-cash-transfer-programs-building-resilience-insight-african-countries.

Astorga, Ignacio, Rita Sorio y Sebastian Bauhaoff. 2023. "Salud y cambio climático: ¿cómo proteger la salud de las personas frente a la crisis"
climática?” Nota de políticas del BID No. 374. Banco Interamericano de
Desarrollo, Washington, DC. https://doi.org/10.18235/0004845.

Atlin, Gary N., Jill E. Cairns y Biswanath Das. 2017. "Rapid Breeding and Varietal Replacement Are Critical to Adaptation of Cropping Systems in the Developing World to Climate Change." *Global Food Security* 12 (marzo): 31–37. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2017.01.008.

Attinasi, Maria Grazia, Lukas Boeckelmann y Baptiste Meunier. 2023. "Unfriendly Friends: Trade and Relocation Effects of the US Inflation Reduction Act." *VOXEU* (blog). 3 de julio de 2023. https://cepr.org/voxeu/columns/unfriendly-friends-trade-and-relocation-effects-us-inflation-reduction-act.

Avellán, Leopoldo, Arturo Galindo, Giulia Lotti y Juan Mejalenko. De próxima publicación. "Is There a 'Greenium' in Bank Lending?" Documento de trabajo del BID. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Bagolle, Alexandre, Cecilia Costella y Laura Goyeneche. 2023. "Protección social y cambio climático: ¿cómo proteger a los hogares más vulnerables frente a las nuevas amenazas climáticas?" Nota de políticas del BID No. 375. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Proteccion-social-y-cambio-climatico-como-proteger-a-los-hogares-mas-vulnerables-frente-a-las-nuevas-amenazas-climaticas.pdf.

Bacchus, James. 2021. "Legal Issues with the European Carbon Border Adjustment Mechanism," Cato Briefing Papers, No. 125 (agosto).

Bachelet, Maria Jua, Leonardo Becchetti y Stefano Manfredonia. 2019. "The Green Bonds Premium Puzzle: The Role of Issuer Characteristics and Third-Party Verification." *Sustainability* 11 (4): 1098. https://doi.org/10.3390/su11041098.

Baez, Javier, Alejandro de la Fuente e Indhira Vanessa Santos. 2010. "Do Natural Disasters Affect Human Capital? An Assessment Based on Existing Empirical Evidence." Serie documentos de discusión. IZA DP No. 5164. IZA. https://www.iza.org/publications/dp/5164/do-natural-disasters-affect-human-capital-an-assessment-based-on-existing-empirical-evidence.

Bagolle, Alexandre, Cecilia Costella y Laura Goyeneche. 2023. "Protección social y cambio climático: ¿cómo proteger a los hogares más vulnerables frente a las nuevas amenazas climáticas?" Nota de políticas del BID No. 375. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Proteccion-social-y-cambio-climatico-como-proteger-a-los-hogares-mas-vulnerables-frente-a-las-nuevas-amenazas-climaticas.pdf.

Bain, Paul G., Taciano L. Milfont, Yoshihisa Kashima, Michał Bilewicz, Guy Doron, Ragna B. Garðarsdóttir, Valdiney V. Gouveia, et al. 2016. "Co-Benefits of Addressing Climate Change Can Motivate Action around the World." *Nature Climate Change* 6 (2): 154–57. https://doi.org/10.1038/nclimate2814.

Baker, A. C., P. W. Glynn y B. Riegl. 2008. "Climate Change and Coral Reef Bleaching: An Ecological Assessment of Long-Term Impacts, Recovery Trends and Future Outlook." *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 80 (4): 435–71.

Baldwin, Richard y Simon J. Evenett. 2020. *COVID-19 and Trade Policy: Why Turning Inward Won't Work*. Londres: CEPR Press.

Balmford, Andrew, Kevin J. Gaston, Simon Blyth, Alex James y Val Kapos. 2003. "Global Variation in Terrestrial Conservation Costs, Conservation Benefits, and Unmet Conservation Needs." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 100 (3): 1046–50. https://doi.org/10.1073/pnas.0236945100.
Balza, Lenin H. 2023. "The Energy Sector in Latin America and the Caribbean." Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Balza, Lenin, Nicolás Gómez Parra, Clara Pasman, Tomás Serebrisky y Ben Solís. 2023. "Voces urbanas: percepciones de los servicios de infraestructura en las megaciudades de América Latina." Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/en/publications/spanish/viewer/Voces-urbanas-percepciones-de-los-servicios-de-infraes-tructura-en-las-megaciudades-de-America-Latina.pdf.

Banco Mundial. 2018. "Wastewater: From Waste to Resource: The Case of San Luis Potosí, Mexico." Banco Mundial, Washington, DC. https://openknow.ledge.worldbank.org/entities/publication/2398afa9-c499-5647-960e-6a86e01f79b7.

———. 2019a. "From Waste to Resource: Shifting Paradigms for Smarter Wastewater Interventions in Latin America and the Caribbean: Background Paper I: Efficient and Effective Management of Water Resource Recovery Facilities." Banco Mundial, Washington, DC. http://documents.worldbank.org/curated/en/980181582254127016/Background-Paper-I-Efficient-and-Effective-Management-of-Water-Resource-Recovery-Facilities.

———. 2019b. "Green Your Bus Ride: Clean Buses in Latin America Summary Report." Banco Mundial, Washington, DC. https://documents1.worldbank.org/curated/en/410331548180859451/pdf/133929-WP-PUBLIC-P164403-Summmary-Report-Green-Your-Bus-Ride.pdf.

———. 2021. "Protecting Nature Could Avert Global Economic Losses of USD 2.7 Trillion per Year." Nota de prensa, 1 de julio de 2021. Banco Mundial, Washington, DC. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/07/01/protecting-nature-could-avert-global-economic-losses-of-usd2-7-trillion-per-year.

———. 2023. "State and Trends of Carbon Pricing 2023." Banco Mundial, Washington, DC. https://doi.org/10.1596/39796.

———. 2024. "Urban Population—Latin America & Caribbean." DataBank: World Development Indicators. https://data.worldbank.org/indicator/SP.UBR.TOTL?locations=ZJ World Development Indicators.

Banco Mundial e IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation). 2016. *The Cost of Air Pollution: Strengthening the Economic Case for Action*. Washington, DC: Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/25013.

Banerjee, O., M. Cicowiez, M. Macedo, Ž. Malek, P. Verburg, S. Goodwin, R. Vargas, et al. 2021. "An Amazon Tipping Point: The Economic and Environmental Fallout." Documento de trabajo del BID No. 1259. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. http://dx.doi.org/10.18235/0003385.

Bansah, K. J., F. Arthur-Holmes y E. Assan. 2023. "Climate Induced Transformation of Agriculture to Artisanal Mining Economy in Dry Regions." *Journal of Rural Studies* 99:11-19. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0743016723000347.

Barandiarán, Melissa, Maricarmen Esquivel, Sergio Lacambra, Ginés Suárez y Daniela Zuloaga. 2019. "Disaster and Climate Change Risk Assessment Methodology for IDB Projects." Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/en/disaster-and-climate-change-risk-assessment-methodology-idb-projects-technical-reference-document.

Baranzini, Andrea, Stefano Carattini y Martin Péclat. 2017. "What Drives Social Contagion in the Adoption of Solar Photovoltaic Technology?" Documento de trabajo GRI No. 270. Grantham Research Institute on Climate
Change and the Environment. https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/what-drives-social-contagion-in-the-adoption-of-solar-ph otovoltaic-technology/#:~:text=Visibility percent20drives percent20the percent20effect,,greater percent20the percent20'contagion' percent20effect.

Baranzini, Andrea, Jeroen C. J. M. Van Den Bergh, Stefano Carattini, Richard B. Howarth, Emilio Padilla y Jordi Roca. 2017. "Carbon Pricing in Climate Policy: Seven Reasons, Complementary Instruments, and Political Economy Considerations." *WIREs Climate Change* 8 (4): e462. https://doi.org/10.1002/wcc.462.

Barbosa Alves, Mauricio y Braulio Britos. 2023. "Climate Change and International Migration." Documento inédito. Universidad de Minnesota.

Barca, Valentina y Clare O'Brien. 2017. "Factors Affecting the Usefulness of Existing Social Protection Databases in Disaster Preparedness and Response." Nota de políticas. Oxford Policy Management, Oxford, Reino Unido. http://www.opml.co.uk/sites/default/files/Policy-Brief-Factors-affe cting-usefulness-existing-social-protection-databases.pdf.

Bardsley, Douglas K. y Graeme J. Hugo. 2010. "Migration and Climate Change: Examining Thresholds of Change to Guide Effective Adaptation Decision-Making." *Population and Environment* 32 (2-3): 238-62. https://doi.org/10.10 07/s11111-010-0126-9.

Barham, James y Clarence Chitemi. 2009. "Collective Action Initiatives to Improve Marketing Performance: Lessons from Farmer Groups in Tanzania." *Food Policy* 34 (1): 53-59. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2008.10 .002.

Barlow, J., F. Franãa, T. A. Gardner, C. C. Hicks, G. D. Lennox, E. Berenguer, L. Castello, E. P. Economo, J. Ferreira, B. Guănard, C. L. Gontijo Leal, V. Isaac, A. C. Lees, C. L. Parr, S. K. Wilson, P. J. Young y N. A. J. Graham. 2018. "The Future of Hyperdiverse Tropical Ecosystems." *Nature* 559:517-26.

Barradas, Victor L., Jennifer A. Miranda, Manuel Esperón-Rodríguez y Monica Ballinas. 2022. "(Re)Designing Urban Parks to Maximize Urban Heat Island Mitigation by Natural Means." *Forests* 13 (7): 1143. https://doi.org/10.3390/f1 3071143.

Barral, M. P., J. M. R. Benayas, P. Meli y N. O. Maceira. 2015. "Quantifying the Impacts of Ecological Restoration on Biodiversity and Ecosystem Services in Agroecosystems: A Global Meta-Analysis." *Agriculture, Ecosystems & Environment* 202:223-31.

Barrett, Sam. 2014. "Subnational Climate Justice? Adaptation Finance Distribution and Climate Vulnerability." *World Development* 58 (junio): 130- 42. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.014.

Bastagli, Francesca, Jessica Hagen-Zanker, Luke Harman, Valentina Barca, Georgina Sturge y Tanja Schmidt, con Luca Pellerano. 2016. "Cash Transfers: What Does the Evidence Say? A Rigorous Review of Programme Impact and of the Role of Design and Implementation Features." Overseas Development Institute, Londres. https://odi.cdn.ngo/media/documents/11 316.pdf.

Bataille, Christopher, Henri Waisman, Yann Briand, Johannes Svensson, Adrien Vogt-Schilb, Marcela Jaramillo, Ricardo Delgado, et al. 2020. "Net-Zero Deep Decarbonization Pathways in Latin America: Challenges and Opportunities." *Energy Strategy Reviews* 30 (julio): 100510.

Battiston, Stefano, Petr Jakubík, Irene Monasterolo, Keywan Riahi y Bas van Ruijven. 2019. "Climate Risk Assessment of the Sovereign Bond Portfolio
of European Insurers." EIOPA Financial Stability Report, artículo temático no. 15 de EIOPA, Risks and Financial Stability Department. https://econpa.pers.repec.org/paper/eiothafsr/15.htm.

Baudino, Patrizia y Jean-Philippe Svoronos. 2021. "Stress-Testing Banks for Climate Change: A Comparison of Practices." FSI Insights on Policy Implementation. Banco de Pagos Internacionales, Financial Stability Institute. https://www.bis.org/fsi/publ/insights34.pdf.

Baylis K., J. Honey-Rosés, J. Börner, E. Corbera, D. Ezzine-de-Blas, P. J. Ferraro, R. Lapeyre, U. M. Persson, A. Pfaff y S. Wunder. 2016. "Mainstreaming Impact Evaluation in Nature Conservation." Conservation Letters 9 (1): 58-64. https://doi.org/10.1111/conl.12180.

Bayrak, M. M. y L. M. Marafa. 2016. "Ten Years of REDD+: A Critical Review of the Impact of REDD+ on Forest-Dependent Communities." Sustainability 8 (7): 620.

Baysan, Ceren, Marshall Burke, Felipe González, Solomon Hsiang y Edward Miguel. 2019. "Non-Economic Factors in Violence: Evidence from Organized Crime, Suicides and Climate in Mexico." Journal of Economic Behavior & Organization 168 (diciembre): 434-52. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.10.021.

Bazel, Philip, Jack M. Mintz y Gerardo Reyes-Tagle. 2023. "Taxation of the Mining Industry in Latin America and the Caribbean: Analysis and Policy." Nota técnica del BID No. 2698. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/en/node/33800.

BCBS (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea). 2021. "Climate-Related Financial Risks—Measurement Methodologies." Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. https://www.bis.org/bcbs/publ/d518.pdf.

BCE (Banco Central Europeo). 2020. "Guide on Climate-Related and Environmental Risks: Supervisory Expectations Relating to Risk Management and Disclosure." Banco Central Europeo, noviembre 2020. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalgudeonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf.

Bebczuk, Ricardo, Carolina Celis y Arturo Galindo. De próxima publicación. "On the Impact of Climate Change Scenarios on Bank Solvency in an Emerging Economy: The Case of Colombia." Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

Bebczuk, Ricardo, M. Carmen Fernández Díez y Alejandro Támola. 2021. *Potencial de recuperación pospandemia: Crédito bancario por sectores productivos en América Latina y El Caribe*. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0003654.

Becerra, Oscar, Eduardo Cavallo e Ilan Noy. 2014. "Foreign Aid in the Aftermath of Large Natural Disasters." Review of Development Economics 18 (3): 445-60.

Beck, Roland, Petr Jakubik y Anamaria Piloiu. 2013. "Non-Performing Loans: What Matters in Addition to the Economic Cycle?" Serie Documentos de trabajo 1515, Banco Central Europeo. https://ideas.repec.org//p/ecb/ecbwp20131515.html.

Behrer, A. Patrick y Jisung Park. 2017. "Will We Adapt? Temperature, Labor and Adaptation to Climate Change." Documento inédito. Universidad de Harvard. https://www3.nd.edu/~nmark/Climate/Park_will_we_adapt.pdf.

Bekkers, Eddy y Gianmarco Cariola. 2022. "Comparing Different Approaches to Tackle the Challenges of Global Carbon Pricing." Documento de trabajo del personal OMS ERSD-2022-10. https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd202210_e.htm.
Belfiori, E. y A. Rezai. 2024. "Implicit Carbon Prices: Making Do with the Taxes We Have." *Journal of Environmental Economics and Management* 125:102950. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S009506962400024X.

Bello, Omar y Leda Peralta. 2021. "Evaluación de los efectos e impactos de las depresiones tropicales Eta y Iota en Guatemala". LC/TS.2021/21. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago, Chile. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46681/S2100038_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Bello, Omar, Robert Williams, Michael Hendrickson, Roberto De Andrade, Gustavo Mery, Andrés Bazo, Jeff De Quattro, et al. 2020. "Assessment of the Effects and Impacts of Hurricane Matthew, The Bahamas." Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. http://dx.doi.org/10.18235/0002626.

Bellora, Cecilia y Lionel Fontagné. 2022. "EU in Search of a WTO-Compatible Carbon Border Adjustment Mechanism." SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4168049.

Beltrán Real, Óscar Mauricio, Benoit Lefevre y Carlos Mojica. 2021. "Lecciones aprendidas en la implementación de modelos de negocio para la masificación de buses eléctricos en Latinoamérica y el Caribe". Nota técnica del BID No. 2307. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/es/node/31101.

Benavides, Carlos, Luis A. Cifuentes, Manuel Díaz, Horacio Gilabert, Luis Gonzales, Diego Gonzalez, David Groves, et al. 2021. *Opciones para lograr la carbono-neutralidad en Chile: una evaluación bajo incertidumbre*. Monografía del BID No. 945. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications.iadb.org/es/node/30759.

Benincasa, Emanuela, Jonathan Fu, Mrinal Mishra y Adityavardhan Paranjape. 2022. "Different Shades of Green: Estimating the Green Bond Premium Using Natural Language Processing." Serie Documentos de investigación No. 22-64. Instituto de Finanzas de Suiza. https://www.researchgate.net/publication/362934752_Different_Shades_of_Green_Estimating_the_Green_Bond_Premium_using_Natural_Language Processing.

Benites Elorreaga, Lucas y Gena Gammie. 2021. "Abriendo el caño: estado del financiamiento en la infraestructura natural para la seguridad hídrica en el Perú". Forest Trends Association, Lima, Perú. https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/12/Estado-del-financiamiento-en-infraestructura-natural-para-la-SIPeru_2021.pdf.

Benites, Llerena y Ruth Corazón. 2016. "Percepción y actitudes frente al acoso sexual callejero en estudiantes mujeres de una universidad privada de medicina". *Horizonte médico (Lima)* 16 (1): 62-68.

Benson, Charlotte y Edward J. Clay. 2004. "Understanding the Economic and Financial Impacts of Natural Disasters." Serie Gestión del Riesgo de Desastres, No. 4. Banco Mundial, Washington, DC. http://hdl.handle.net/10986/15025.

Berger, Axel, Dominique Blümer, Clara Brandi y Manjiao Chi. 2020. "Towards Greening Trade? Environmental Provisions in Emerging Markets' Preferential Trade Agreements." En *Sustainability Standards and Global Governance*, editado por Archna Negi, Jorge Antonio Pérez-Pineda y Johannes Blankenbach, 61-81. Singapur: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3473-7_4.

Bergquist, Magnus y Andreas Nilsson. 2018. "Using Social Norms in Smart Meters: The Norm Distance Effect." *Energy Efficiency* 11:2101-9.
Bergquist, Magnus, Andreas Nilsson, Niklas Harring y Sverker C. Jagers. 2022. "Meta-Analyses of Fifteen Determinants of Public Opinion about Climate Change Taxes and Laws." *Nature Climate Change* 12 (3): 235-40. https://doi.org/10.1038/s41558-022-01297-6.

Bergquist, Parrish, Matto Mildenberger y Leah C Stokes. 2020. "Combining Climate, Economic, and Social Policy Builds Public Support for Climate Action in the US." *Environmental Research Letters* 15 (5): 054019. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab81c1.

Berland, Adam, Sheri A. Shiflett, William D. Shuster, Ahjond S. Garmestani, Haynes C. Goddard, Dustin L. Herrmann y Matthew E. Hopton. 2017. "The Role of Trees in Urban Stormwater Management." *Landscape and Urban Planning* 162 (junio): 167-77. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.02.017.

Bermeo, Sarah Blodgett y David Leblang. 2021. "Climate Change, Income Shocks and Violence: Understanding Migration from Central America." Sanford School of Public Policy, Duke University. https://s18798.pcdn.co/gripe/wp-content/uploads/sites/18249/2021/04/BermeoLeblang_Climateme migration.pdf.

Bertaud, Alain y Jan K. Brueckner. 2005. "Analyzing Building-Height Restrictions: Predicted Impacts and Welfare Costs." *Regional Science and Urban Economics* 35 (2): 109-25. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2004.02.004.

Besley, T. y R. Burgess. 2002. "The Political Economy of Government Responsiveness: Theory and Evidence from India." *Quarterly Journal of Economics* 117 (4): 1415-51. https://www.jstor.org/stable/4132482.

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2015. "Water, Basic Sanitation y Electrification Program for the Colombian Pacific Region" (COL156). Documento de proyecto. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC.

—. 2018. "Análisis de inversión pública para la reducción del riesgo de desastres del Perú". Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/es/node/29480.

—. 2020a. "Disaster Risk Profile for The Bahamas." Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/en/disaster-risk-profile-bahamas.

—. 2020b. "Sector Desarrollo Urbano y Vivienda. Ayudar a las ciudades de la región a avanzar hacia una urbanización más inclusiva, resiliente y productiva". Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://www.iadb.org/es/quienes-somos/topicos/desarrollo-urbano-y-vivienda/marco-sectorial-de-desarrollo-urbano-y-vivienda.

—. 2021a. "Evaluación de los efectos e impactos de la Tormenta Tropical Eta y el Huracán Iota en Honduras". Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/es/evaluacion-de-los-efectos-e-impactos-de-la-tormenta-tropical-eta-y-el-huracan-iota-en-honduras.

—. 2021b. "Health Sector Framework Document. Social Sector." Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1348179246-3.

—. 2022a. "Análisis de la inversión pública para la reducción de riesgo de desastres: evaluación del riesgo de deslizamiento en el sector vial y posibles medidas para la mitigación del riesgo-Estudio de caso en Ecuador". Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC. https://publications.iadb.org/es/node/31477.