Una medida clave de adaptación para construir resiliencia a través de las transferencias monetarias consiste en fortalecer los sistemas de protección social para mejorar la cobertura de los hogares en extrema pobreza y aumentar el monto de las transferencias (Bagolle, Costella y Goyeneche 2023). En América Latina y el Caribe este tipo de subvenciones solo cubre al 56% de la población en condición de pobreza extrema (Stampini et al. 2021). Los sistemas de protección social también pueden diseñarse para que sean más flexibles. El monto o la cobertura de las transferencias, por ejemplo, puede aumentarse después de un desastre. Las transferencias monetarias incluso pueden efectuarse antes del advenimiento de un desastre, a fin de que los hogares se preparen (Pople, Dercon y Brunckhorst 2023). Para garantizar un desembolso rápido cuando se requiera, los gobiernos pueden establecer reglas que activen transferencias extraordinarias con antelación (Talbot-Wright, Vogt-Schilb y Bagolle 2023).

Los programas de transferencias de efectivo también pueden reforzar la resiliencia de los hogares mediante su integración en el mercado financiero formal. Más allá de estas transferencias, los seguros y el crédito pueden proporcionar a los hogares fondos para suavizar el consumo y recuperarse de los shocks económicos. Los programas de transferencias de efectivo que fomentan la apertura de cuentas bancarias formales y la recepción de transferencias por vía digital pueden hacer que los hogares ingresen en el mercado financiero formal y aumentar su acceso a créditos formales asequibles para suavizar el consumo durante futuros shocks (Vera-Cossio et al. 2023).

## La labor de proteger a los trabajadores

Las medidas para proteger a los trabajadores en los empleos más expuestos a temperaturas extremas pueden mantenerlos sanos y productivos. Estas comprenden brindarles capacitación sobre el estrés térmico, procurarles vestimentas protectoras, cambiar los horarios de las tareas para evitar las horas más calientes del día, instituir descansos regulares y asegurar una hidratación adecuada (Jacklitsch et al. 2016).

Los efectos adversos del cambio climático en el empleo también se pueden mitigar. La creación de programas de intermediación laboral que vinculen a los trabajadores con puestos laborales y con formación para el desarrollo de habilidades puede proporcionar acceso a nuevos empleos después de los desastres o de migraciones inducidas por el clima. Estos programas pueden reubicar proactivamente a los trabajadores desde las zonas afectadas por el clima en empleos que se desarrollen en regiones menos afectadas y en sectores con una mayor demanda de mano de obra. En las emergencias climáticas, los programas temporarios intensivos en mano de
obra pueden generar empleo en tareas posteriores a los desastres, como la limpieza de escombros y de playas, la reparación de techos y la reconstrucción de escuelas, hospitales, caminos y puentes, y pueden minimizar las pérdidas de empleo. Estos programas se pueden emparejar con seguros de desempleo y transferencias monetarias para apoyar los ingresos de los trabajadores temporalmente desempleados.

## Respaldo para los migrantes climáticos

La plena integración socioeconómica de los migrantes en sus destinos es clave para mejorar sus condiciones de vida y sus contribuciones a las economías y sociedades de las comunidades de acogida. Esto requiere inclusión en las escuelas y estudios posteriores al nivel secundario a fin de que niños y jóvenes desarrollen las habilidades que necesitan para tener vidas sanas y productivas y puedan aportar económicamente a las comunidades receptoras. Para impedir que la migración inducida por el clima exacerbe la pobreza, los gobiernos pueden asegurar que los migrantes tengan acceso a vivienda, atención sanitaria de alta calidad, programas de protección social y servicios de apoyo familiar (BID, OCDE y PNUD 2023). Su inserción en el mercado laboral local formal también permite que estas familias se tornen autosuficientes. Cuando comunidades enteras tienen que reubicarse debido al ascenso del nivel del mar y otros factores que hacen insostenibles sus asentamientos originales, los gobiernos pueden proporcionar ayuda adicional.

## Un punto de encuentro entre las metas climáticas y los objetivos de desarrollo

El cambio climático afectará las vidas y los medios de subsistencia de las personas a través de numerosos canales y empujará a millones a la pobreza. Los impactos se sentirán de manera desproporcionada entre los hogares pobres y vulnerables, lo cual exacerbará la desigualdad en una región que ya se caracteriza por los elevados niveles que ostenta este problema. Afortunadamente, hay una gran cantidad de políticas de adaptación que los gobiernos pueden poner en marcha para reducir los efectos negativos y construir resiliencia en las poblaciones de sus países. Y lo que es mejor: muchas de estas políticas, como las que facilitan el acceso a atención sanitaria de buena calidad, las que fortalecen los sistemas de protección social o las que ofrecen oportunidades de empleo y proporcionan servicios sociales para los nuevos migrantes urbanos, además de contribuir a las metas climáticas, coadyuvan al logro de los objetivos de desarrollo.
<figure><img src="image_35.png" /></figure>

En América Latina y el Caribe, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están interconectados. Estos fenómenos comparten factores comunes y se exacerban mutuamente. En consecuencia, los dos problemas requieren una respuesta coordinada de políticas. Para ello, la región debe mejorar la eficacia, la eficiencia, el alcance y la escala de sus herramientas de políticas, como las áreas protegidas, los pagos por servicios ecosistémicos.

La biodiversidad es la variabilidad de los organismos vivos, tanto dentro de una especie como entre especies y ecosistemas (Westveer et al. 2022). América Latina y el Caribe es una “superpotencia de biodiversidad” (Bovarnick, Alpizar y Schnell 2010). Los biomas de la región abarcan bosques húmedos tropicales y subtropicales, pastizales templados, desertos, aguas interiores, océanos y hábitats costeros, por ejemplo. La cuenca del Amazonas comprende más de 50 ecosistemas diferentes, como grandes llanuras aluviales, lagos poco profundos formados por los meandros de los ríos y bosques secos tropicales. En los Andes, la cadena montañosa terrestre más larga y la segunda más alta del mundo, hay más de 100 ecosistemas, entre los cuales figuran glaciares, pastizales de alta montaña, bosques montañosos, ríos, lagos y humedales (Tovar et al. 2022). En total, la región incluye seis de los países más megadiversos del mundo. Alberga el 40% de la biodiversidad mundial, el 12% de los manglares del mundo, el 50% de todos los bosques tropicales, las reservas de agua dulce más grandes del globo y algunas de las zonas de vida silvestre más extensas del planeta (PNUMA-CMVC, UICN y NGS 2018).

Desafortunadamente, la pérdida de biodiversidad en América Latina y el Caribe ha alcanzado niveles críticos, sobre todo como consecuencia de la pérdida de hábitats asociada a modificaciones en el uso del suelo y otras actividades humanas. Entre 1970 y 2018, el Índice Planeta Vivo, que monitorea los cambios en la abundancia relativa de las poblaciones de especies
<figure><img src="image_36.png" /><figcaption>Gráfico 4.1. Tendencias de la población de especies silvestres</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID a partir de la base de datos del Índice Planeta Vivo (disponible en https://www.livingplanetindex.org/) y Westveer et al. (2022).

Nota: La línea de base (Índice Planeta Vivo = 1) es de 1970 para todas las regiones.

silvestres, disminuyó un 94% en la región, la mayor caída, de lejos, de todas las regiones del mundo (gráfico 4.1). Entre las subregiones de América Latina y el Caribe, la cuenca del Amazonas, los Andes septentrionales y partes de Centroamérica se consideran zonas de alta prioridad para la conservación de la biodiversidad en todos los grupos taxonómicos y en todas las categorías de amenazas (WWF 2022).

El declive de la biodiversidad de América Latina y el Caribe tiene graves implicaciones adversas para la economía de la región y para su ecología. La biodiversidad proporciona alimentos, agua, energía, materiales de construcción, recreación y protección contra inundaciones y tormentas. La mayoría de los cultivos de alimentos, por ejemplo, depende, al menos parcialmente, de la polinización, que a su vez necesita los ecosistemas de apoyo (Potts et al. 2016). Las actividades económicas y los productos que se basan en recursos naturales originan más del 12% del valor económico de la región (CEPAL 2023). Los sectores en los que es probable que la pérdida de biodiversidad tenga los efectos más severos incluyen la producción de alimentos y de fibra (agricultura, silvicultura e industria pesquera), el suministro de agua para centros urbanos y el turismo (FEM 2020). Aunque las actividades que agotan los recursos naturales y degradan la biodiversidad (como convertir los bosques tropicales en tierras para agricultura comercial)
pueden generar beneficios económicos a corto plazo, estos suelen producirse a expensas de la creación de riqueza a largo plazo.

¿Cómo se relaciona el desafío de la biodiversidad de la región con el del cambio climático? Como se reseña en este libro, los dos están conectados de cuatro formas importantes. En primer lugar, se refuerzan mutuamente. Por un lado, el cambio climático ya es una de las causas esenciales de la pérdida de biodiversidad y es probable que supere a la pérdida de hábitats como causa principal para 2070 (Newbold 2018). Se verá más adelante que, al alterar las temperaturas, los patrones de precipitaciones y la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, el cambio climático afecta elementos funcionales clave de muchos ecosistemas, si no de la mayoría. En tanto, la pérdida de biodiversidad exacerbar los efectos adversos del cambio climático, debido a que la biodiversidad genera servicios ambientales (o ecosistémicos) vitales que contribuyen a la mitigación del cambio climático y a la resiliencia climática. Los manglares, por ejemplo, capturan carbono, lo cual ayuda a mitigar el cambio climático, y protegen las zonas pobladas de las tormentas, de modo que colaboran con la resiliencia (recuadro 4.1).

En segundo lugar, un conjunto de factores directos e indirectos comparados impulsa el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (gráfico 4.2). Los factores directos son las causas inmediatas de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático, que incluyen los cambios en el uso del mar y del

## Recuadro 4.1. Héroes insólitos: los manglares

Los manglares son bosques intermareales, dominados por árboles y arbustos que han evolucionado para tolerar la salinidad y los suelos que carecen de oxígeno (Leal y Spalding 2022). Desempeñan un papel clave en la mitigación del cambio climático, la resiliencia climática y la conservación de la biodiversidad. Los manglares, que se encuentran entre los ecosistemas con mayor densidad de carbono del mundo, capturan cuatro veces más carbono al año que las selvas tropicales terrestres (De Lacerda, Borges y Ferreira 2019). Según una estimación, almecenan 6.400 millones de toneladas métricas de carbono (Sanderman et al. 2018).

Los manglares promueven la resiliencia climática porque estabilizan las líneas costeras, reducen la erosión y protegen de las olas, las tormentas y el aumento del nivel del mar a las comunidades costeras (Arkema et al. 2013). También son muy ricos desde el punto de vista ecológico, ya que proporcionan un refugio esencial y zonas de reproducción para peces, cangrejos y camarones, entre otras especies. Por estas razones, 28 países han incluido la restauración de los bosques costeros en sus compromisos de mitigación del cambio climático, como parte de sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por su sigla en inglés), en el marco del Acuerdo de París (Herr y Landis 2016).
<figure><img src="image_37.png" /><figcaption>**Gráfico 4.2.** Impulsores de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático con base en actividades humanas</figcaption></figure>

Fuente: Adaptación de Pörtner et al. (2021).

suelo, la explotación de recursos renovables y no renovables y la contamina-
ción. Los factores indirectos son las causas subyacentes: instituciones débiles,
tendencias demográficas y mala gobernanza, entre otras. Más adelante, en
este capítulo, se tratan las políticas que han intentado abordar estos factores.

En tercer lugar, como el cambio climático y la pérdida de biodiversi-
dad tienen causas comunes, las políticas internacionales para afrontar estos
retos deben estar coordinadas para que resulten efectivas y eficientes; asis-
mismo, deben reconocer y atender la conexión entre ellos. Hasta ahora, no
ha sido así. En general, estos desafíos han sido tratados como problemas
independientes. Naciones Unidas, por ejemplo, celebra dos conferencias
separadas: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico y la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica.
Afortunadamente, en los últimos tiempos ha habido cierta coordina-
ción. En 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC, por su sigla en inglés) y la Plataforma Intergubernamental
Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosiste-
mas (IPBES, por su sigla en inglés) realizaron un taller conjunto que concluyó
con un informe en el que se examinan los elementos comunes del cambio
climático y la pérdida de biodiversidad y la necesidad de coordinar las res-
puestas de políticas (Pörtner et al. 2021). Además, las últimas reuniones de
ambos organismos han buscado vincular sus programas y sus resultados de
manera más estrecha.
En cuarto lugar, la crisis climática y la relacionada con la biodiversidad contribuyen a las desigualdades sociales y de género existentes (De Lamo et al. 2020). Como se señala en el capítulo 3, el cambio climático tiene efectos desproporcionados sobre los hogares pobres y marginados, más expuestos a tormentas, inundaciones y otros desastres relacionados con el clima y peor posicionados para adaptarse a estos riesgos (Hallegatte et al. 2016). Lo mismo ocurre con la pérdida de biodiversidad: los hogares pobres y marginados son los más expuestos y los que tienen menos capacidad de adaptación; por lo tanto, son los más afectados (Rice et al. 2018).

Debido a los fuertes vínculos bidireccionales y multifacéticos entre cambio climático y biodiversidad, será imposible alcanzar los objetivos climáticos globales sin cumplir los objetivos de biodiversidad, y viceversa (NGFS 2022). Con su enorme riqueza natural, América Latina y el Caribe están bien situada para encarar estos retos.

## El clima incide en biomas cruciales

El cambio climático está alterando los biomas terrestres y marinos; algunos, de forma sustancial (Gerten et al. 2013; Warszawski et al. 2013; Heyder et al. 2011). En el continente americano, por ejemplo, los pastizales del Río de la Plata en América del Sur, el bosque mesófilo latifoliado mexicano y el bosque seco tropical del Caribe han perdido el 60%, o más, de sus hábitats, lo cual, a su vez, ha generado una disminución significativa de la biodiversidad y del funcionamiento de los ecosistemas (Rice et al. 2018). A continuación, se presentan ejemplos de los impactos del cambio climático en algunos de los principales biomas de la región y puntos calientes de biodiversidad (hotspots), es decir, áreas con concentraciones excepcionales de especies endémicas (especies nativas y limitadas a la región) que también han sufrido pérdidas extraordinarias del hábitat (Myers et al. 2000).

## Los manglares

En términos globales, los bosques de manglares cubren un total de 147.000 km², de los cuales el 16% está en América del Norte, Centroamérica y el Caribe y el 14% se halla en América del Sur. Los manglares proporcionan una serie de servicios ambientales, que incluyen la mitigación del cambio climático, la resiliencia climática y los hábitats de biodiversidad (recuadro 4.1), y se encuentran bajo una creciente amenaza en todo el mundo. La segunda mayor reducción de la cubierta de manglares de todas las regiones se registra en América del Norte, Centroamérica y el Caribe, con una pérdida del 5% entre 1996 y 2020 (Leal y Spalding 2022).
Al igual que la mayoría de los ecosistemas, los manglares están amenzados por las actividades humanas, entre ellas la agricultura, la acuicultura y la expansión urbana, y por fenómenos relacionados con el cambio climático, como el ascenso del nivel del mar, el aumento de las temperaturas y las alteraciones en las precipitaciones. Las causas de la degradación de los manglares en América Latina y el Caribe han cambiado. Los impulsores históricos, como las represas, son eclipsados por otros nuevos, como el cambio climático y la acuicultura de camarón (De Lacerda, Borges y Ferreira 2019). Se prevé que, en el futuro, las alteraciones en la frecuencia y la intensidad de las tormentas tropicales originadas por el cambio climático serán cada vez más perjudiciales para la salud de los manglares (Ward et al. 2016).

## Los arrecifes de coral

Los arrecifes de coral integran los sistemas marinos costeros más valiosos en términos ecológicos y económicos (Leão et al. 2016). Aunque cubren solo el 0,1% de la superficie de la Tierra, alojan el 25% de la biodiversidad marina global (Hoegh-Guldberg, Pendleton y Kaup 2019). Además, proveen bienes y servicios ambientales a más de 500 millones de personas en comunidades costeras de todo el mundo (Allemand y Osborn 2019; Burke et al. 2011; Speers et al. 2016). Por ejemplo, según una estimación, el Arrecife Mesoamericano aporta US$183 millones al año gracias a la pesca, US$3.900 millones a partir del turismo y US$438 millones de la protección costera a Belice, Guatemala, Honduras y México (Ruiz de Gauna et al. 2021).

Desafortunadamente, el calentamiento y la acidificación de los océanos causados por el cambio climático están degradando y destruyendo estos sistemas con rapidez. Los arrecifes de coral afrontan un creciente riesgo de blanqueamiento, un proceso biológico en el cual los corales expulsan las algas que viven en su interior y, como resultado, se vuelven blancos (Reyer et al. 2017). Los episodios de blanqueamiento producen enfermedades, bioerosión y la desaparición de hábitats vitales para los peces que dependen de ellos (Baker, Glynn y Riegl 2008). En 2023, una ola de calor sin precedentes provocó significativos eventos de blanqueamiento de corales en el Caribe (Hoegh-Guldberg et al. 2023). A diferencia de lo que ocurre en el Océano Índico, donde los arrecifes de coral fueron devastados por un único gran episodio de blanqueamiento en 1998 y desde entonces una parte sustancial de ellos se ha recuperado, el Caribe tiene la mayor proporción de corales en categorías de riesgo de extinción elevado (Baker, Glynn y Riegl 2008; Carpenter et al. 2008).

Debido a la importancia económica de los arrecifes de coral, su degradación y destrucción traerá aparejadas importantes consecuencias adversas en América Latina y el Caribe (Baker, Glynn y Riegl 2008; Lovejoy y Hannah
2006). Según Naciones Unidas, si los arrecifes siguen disminuyendo, su valor anual podría reducirse en US$3.100 millones solo en Mesoamérica para 2030 (PNUMA et al. 2018).

## La Amazonía

La cuenca del Amazonas aloja el bosque tropical más grande del mundo y, posiblemente, el ecosistema terrestre más rico en especies (Cheng et al. 2013; Hoorn et al. 2010). Allí se encuentra el 18% de las especies de plantas vasculares del mundo, el 14% de las especies de aves, el 9% de las especies de mamíferos, el 8% de las especies de anfibios y el 18% de las especies de peces tropicales (SPA 2021). El endemismo es elevado, particularmente entre las aves y los mamíferos. De todas las especies endémicas de mamíferos, por ejemplo, el 80% se halla en la Amazonía.

La Amazonía proporciona servicios ambientales cruciales (Banerjee et al. 2021; SPA 2021). Contribuye a regular la temperatura y las precipitaciones, no solo a nivel local y regional, sino también a nivel global, e influye en las precipitaciones en ambos hemisferios (SPA 2021; Werth y Avissar 2002). Además, la Amazonía desempeña un papel sustancial en el ciclo global del carbono. Las regiones vírgenes de su selva baja actúan como sumideros netos de carbono y actualmente almacenan entre 150.000 millones y 200.000 millones de toneladas de carbono en los suelos y la vegetación (SPA 2021).

El cambio climático, junto a la intensa intervención humana, la deforestación local y el aumento de los incendios forestales, están empujando a la Amazonía hacia un punto ecológico sin retorno en el que la restauración al estado anterior podría ser imposible (WWF 2022; Banerjee et al. 2021; Lovejoy y Nobre 2019). Hasta la fecha, se ha talado aproximadamente el 17% de la selva tropical y se ha degradado otro 17% (Bullock et al. 2020). Cada vez hay más consenso científico en torno a la idea de que, una vez que se haya perdido entre el 20% y el 40%, vastas franjas de la selva tropical pasarán a ser bosques caducifolios secos o degradados, similares a la sabana, un hecho irreversible con graves consecuencias ecológicas y socioeconómicas (recuadro 4.2). Esto se debe a que la selva tropical regula el clima local, entre otras cosas, mediante la generación de precipitaciones a través de la evapotranspiración. Como consecuencia, la pérdida de bosques reduce las precipitaciones locales, lo que a su vez aumenta la mortalidad de los árboles y esto exacerbará la pérdida de bosques: un círculo vicioso que conduce a un punto de inflexión.

La cuenca del Amazonas también es una de las regiones con mayor diversidad sociocultural del mundo. Alberga 47 millones de personas, que incluyen más de 400 grupos de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y pueblos de ascendencia mixta (por ejemplo, mestizos, caboclos
## Recuadro 4.2. Consecuencias económicas y ambientales de un punto de inflexión en la Amazonía

Las interacciones que refuerzan entre sí la deforestación, el cambio climático y los incendios están empujando al bioma amazónico hacia un punto de inflexión ecológico en el que la restauración a su estado anterior puede que ya no sea posible. Para evaluar las consecuencias económicas y ambientales, Banerjee et al. (2021) utilizan un modelo de equilibrio general computable denominado Plataforma Integrada de Modelización Económica y Medioambiental, junto con una modelización espacial de alta resolución del uso del suelo, los cambios en la cubierta vegetal y los servicios ecosistémicos. Este sistema genera estimaciones del efecto de los escenarios de políticas sobre una serie de resultados relevantes para la formulación de políticas, entre los que se consideran no solo el producto interno bruto (PIB), el empleo y la pobreza, sino también métricas de riqueza, sostenibilidad, reservas de capital natural y suministro de servicios ambientales. El estudio concluye que, si bien los efectos económicos adversos de alcanzar un punto de inflexión en la Amazonía y las políticas para evitarlo varían según el país, una estimación conservadora sitúa la pérdida de PIB de la región en US$257.000 millones hasta 2050, con pérdidas equivalentes a US$184.000 millones en Brasil. En cambio, las políticas que evitarían un punto de inflexión, como, por ejemplo, impedir la deforestación, adoptar una agricultura inteligente desde el punto de vista climático y mejorar el manejo de los incendios, generarían US$339.000 millones extra de riqueza.

y ribeirinhos) (WWF 2022; SPA 2021). Al contrario de lo que se suele creer, más del 60% de la población de la Amazonía es urbana. Las principales ciudades son Manaus y Belem, en Brasil, con una población de más de 2 millones de personas cada una. Los habitantes de la cuenca del Amazonas, como otros de América Latina y el Caribe, dependen de los servicios ambientales que presta la cuenca y sufrirían pérdidas considerables si se degradara.

### Los Andes

Los Andes están clasificados como punto caliente de biodiversidad mundial por la alta densidad de especies que los habitan, con tasas elevadas de endemismo. Solo los Andes tropicales (la extensión más septentrional de la cadena montañosa) albergan el 15% de las plantas del mundo y el 12% de las especies de vertebrados (Myers et al. 2000). De un valle a otro y de una montaña a otra, los numerosos y variados microclimas y suelos crean un entorno biofísico heterogéneo que permite el florecimiento de la biodiversidad (Gonda 2020).
Sin embargo, esta área sufre los impactos del cambio climático y la parte correspondiente a los Andes tropicales, la región fría más larga y ancha de los trópicos, se halla entre los puntos calientes de biodiversidad más amenazados del mundo (Gonda 2020). Es probable que las alteraciones en los patrones de temperatura y precipitaciones reduzcan cinco de los biomas del sistema: el bosque templado caducifolio (se prevé que disminuya un 30%), las turberas (un 23%), las estepas altoandinas (un 23%), las estepas patagónicas (un 21%) y los pastizales y matorrales húmedos altoandinos (un 17%; Tovar et al. 2022). Además, el nivel de los lagos está bajando y los glaciares de los valles y los márgenes de los casquetes glaciares están retrocediendo. Estos fenómenos están ocasionando la merma de las poblaciones de algunas especies y la migración de otras a altitudes más elevadas. Tovar et al. (2022) predicen, por ejemplo, que un aumento de temperatura de 3 °C en los ecosistemas *superpáramo* altoandino y pastizales de la Puna llevaría a las especies a un desplazamiento ascendente de 600 metros, lo cual implica una pérdida de superficie de hábitat.

Estos cambios traerían aparejadas consecuencias adversas importantes para los habitantes de la región de los Andes, en especial para los agricultores y pastores que dependen de la integridad de sus ecosistemas para tener agua dulce, alimentos y muchos otros bienes y servicios (Josse et al. 2011). En los Andes y las tierras bajas adyacentes las personas necesitan estos ecosistemas para servicios relacionados con el agua, en particular, el suministro de agua, la regulación del caudal, la energía y la asimilación de residuos (Anderson et al. 2011).

## Afrontar el doble desafío

Como se señaló, debido a que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad tienen causas comunes, se pueden aplicar las mismas políticas para afrontar los dos desafíos simultáneamente. En ese sentido, un estudio concluye que restaurar el 15% de las tierras convertidas a otros usos en zonas prioritarias podría impedir el 60% de las extinciones previstas y capturar el 30% del aumento total de CO2 en la atmósfera desde la Revolución Industrial (Strassburg et al. 2020). Otro estudio observa que las denominadas soluciones basadas en la naturaleza (NCS, por su sigla en inglés), es decir, las intervenciones que promueven la mitigación del cambio climático mediante la conservación, la restauración o la expansión de los sistemas naturales, podrían proporcionar el 37% de la mitigación de CO2 necesaria hasta 2030 de forma costo-efectiva (Griscom et al. 2017). La aplicación de políticas que abordan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad en los países en desarrollo es vital porque, como se analiza en el capítulo 8, el 48% de las
<figure><img src="image_38.png" /><figcaption>**Gráfico 4.3.** Potencial de mitigación de 12 soluciones climáticas naturales, por región pantropical</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, con base en Griscom et al. (2020).

Nota: El gráfico contiene el potencial de mitigación climática pantropical rentable de 12 soluciones climáticas naturales (evitar la conversión forestal, impedir los impactos de la turba, etc.) agrupadas en tres caminos (proteger, gestionar, restaurar), en tres regiones tropicales (América Latina, África, Asia). Los niveles rentables suponen menos de US$100 por Mg CO2e. El porcentaje del potencial total de mitigación de cada categoría se indica al final de cada camino.

emisiones totales de gases de efecto invernadero de la región proviene de la agricultura y los cambios en el uso y la cobertura del suelo, un porcentaje mucho mayor que en las regiones industrializadas y en muchas regiones en desarrollo. Por otro lado, América Latina y el Caribe puede aprovechar oportunidades costo-efectivas para reducir estas emisiones. En consecuencia, la justificación económica para las NCS en la región es particularmente sólida en comparación con otras zonas tropicales. En lo que atañe a dos de los tres medios más importantes para utilizar soluciones climáticas naturales para la captura de carbono —evitar la conversión de los bosques y lograr
la reforestación—, América Latina aventaja tanto a África como a Asia en términos de mitigación total potencial (gráfico 4.3).

América Latina y el Caribe ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para aplicar instrumentos de políticas que aborden simultáneamente el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (Alpízar et al. 2020). A continuación, se examinan algunos de los más importantes. Entre los temas comunes que surgen se destacan la escasez de evidencia rigurosa sobre la eficacia de todo tipo de herramientas de las políticas de conservación y las limitaciones que imponen a la eficacia de estas herramientas diversas cuestiones de gobernanza (Baylis et al. 2016; Börner et al. 2016).

## Áreas protegidas

Las intervenciones aplicadas con mayor frecuencia, y de más alto perfil, para la conservación de la biodiversidad en todo el mundo son las áreas protegidas, definidas como “espacios geográficos reconocidos, destinados y gestionados para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza” (PNUMA-CMVC, UICN y NGS 2021). Por lo general, las áreas protegidas implican restricciones legales sobre actividades como los cambios en el uso y la cubierta del suelo y la extracción de recursos naturales. América Latina y el Caribe ha estado a la vanguardia de su uso, con el 23% de su superficie terrestre y el 12% de sus áreas marinas protegidas en 2020, bastante más que los totales mundiales, que alcanzan el 15% de la superficie terrestre y el 7% de las áreas marinas (PNUMA-CMVC, UICN y NGS 2021).

El historial de las áreas protegidas como freno a la pérdida de biodiversidad es diverso. En algunos casos, estas zonas reciben el nombre de parques de papel, debido a que son polígonos dibujados en los mapas que reciben pocos recursos financieros, humanos o administrativos y, por consiguiente, tienen escaso o nulo impacto en la conservación (Blackman, Pfaff y Robalino 2015; Wade et al. 2020). Dicho esto, los estudios de evaluación de impacto que utilizan contrafactuales sugieren que, en promedio, las áreas protegidas se asocian a reducciones modestas de la deforestación (Busch y Ferretti-Gallon 2023; Börner et al. 2020). Dichas zonas han demostrado ser particularmente efectivas en América del Sur y en los países tropicales de ingreso mediano-alto (Shah et al. 2021).

Se han utilizado dos estrategias generales para gestionar las áreas protegidas: la protección estricta, que prohíbe todas las actividades económicas dentro de sus límites, y la protección de uso mixto, que habilita las actividades gestionadas de forma sostenible. Aunque la evidencia sobre los beneficios y los costos de cada enfoque es diversa, un estudio reciente ejecutado en varios países señala que, en América del Sur, las áreas protegidas
estrictas han sido más efectivas para frenar la pérdida de bosques que las estrategias de uso mixto (Shah et al. 2021).

Una de las preocupaciones que suscitan las áreas protegidas hace tiempo, sobre todo las que están protegidas de manera estricta, es que al limitar la actividad económica pueden tener efectos socioeconómicos adversos en las comunidades locales. En principio, las áreas protegidas de uso mixto podrían evitar esos efectos, pero, además, podrían generar beneficios socioeconómicos relacionados con el ecoturismo y el uso sostenible de los recursos para lograr resultados de conservación más efectivos a largo plazo (Andam et al. 2008; Sims 2010; Robalino y Villalobos 2010). La Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala suele ser considerada un modelo exitoso de protección de uso mixto. Allí, los reguladores les concedieron a las comunidades locales derechos para extraer madera de forma sostenible dentro de la reserva. Al menos en algunos casos, la evidencia contrafactual sugiere que esta normativa redujo la pérdida de bosques y, a la vez, tuvo efectos socioeconómicos positivos a nivel local (Bocci et al. 2018; Blackman 2015).

Una cuestión que tiene relación estrecha con el manejo de las áreas protegidas es la gobernanza compartida, o cogestión, de las áreas protegidas, en función de la cual los gobiernos y las partes interesadas no gubernamentales firman acuerdos formales para compartir derechos, responsabilidades y participación en el proceso de toma de decisiones. La cogestión puede incluir, también, un acuerdo para implementar medidas de conservación más estrictas (Oldekop et al. 2016). Entre los actores que cogestionan áreas protegidas en la región se encuentran comunidades indígenas, asociaciones comunitarias, municipalidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) (Alpízar et al. 2020). Herrera, Pfaff y Robalino (2019) y Nolte et al. (2013) observan que la gobernanza compartida es un factor importante para evitar la deforestación en las áreas protegidas de la Amazonía brasileña.

## Los pagos por servicios ambientales y la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques

Los pagos por servicios ambientales (PSA) son pagos voluntarios que realizan los usuarios de estos servicios a sus proveedores, con la condición de que los proveedores respeten las reglas acordadas en la gestión de los recursos naturales. Los pagos a los proveedores los hacen los propios usuarios privados de los servicios o las entidades públicas que los representan (Wunder et al. 2020; Persson y Alpizar 2013; Pattanayak, Wunder y Ferraro 2010). Un ejemplo de esquema de PSA es aquel en que los usuarios que se hallan río abajo les pagan a los administradores de las tierras que se encuentran río arriba para garantizar la calidad del agua del río mediante la
conservación de los bosques en la cuenca hídrica. Las iniciativas de PSA se utilizan cada vez más para promover la mitigación del cambio climático en los países de ingresos bajos y medianos (Snilsveit et al. 2019).

La Reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques (REDD+, por sus siglas en inglés) es un mecanismo similar a los PSA que se creó en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a comienzos de la década de 2000, para mitigar las emisiones de carbono que genera la tala de los bosques (Wunder et al. 2020; Lima et al. 2017). Los proyectos REDD+ son acuerdos voluntarios por los cuales un país, o una unidad subnacional dentro de un país, le paga a otro país, o unidad subnacional, para que conserve y/o restaure los bosques. Los proyectos REDD+ suelen tener como objetivos simultáneos promover la mitigación del cambio climático, beneficiar a las comunidades locales y apoyar la biodiversidad. En la actualidad hay alrededor de 350 proyectos REDD+ en ejecución en 50 países (Guizar-Coutiño et al. 2022; Lima et al. 2017; Bayrak y Marafa 2016; Magnago et al. 2015).

Al igual que en el caso de las áreas protegidas, América Latina y el Caribe ha liderado la adopción de esquemas de PSA, desde finales de los años noventa, y de proyectos REDD+, desde comienzos de la década de 2000 (Lima et al. 2017; Pattanayak, Wunder y Ferraro 2010; Alpízar et al. 2020). De los casi 550 esquemas de PSA implementados en todo el mundo, casi la mitad se encuentra en la región (Alpízar et al. 2020), incluyendo dos de los tres programas nacionales más antiguos y conocidos a nivel global: el Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos de México y el Programa de Pago por Servicios Ambientales de Costa Rica (Snilsveit et al. 2019; Pattanayak, Wunder y Ferraro 2010) (recuadro 4.3). En cuanto a los proyectos REDD+, Brasil, Ecuador y

### Recuadro 4.3. El Programa de Pagos por Servicios Ambientales de Costa Rica

Mediante la Ley Forestal de Costa Rica de 1996 (Ley N.º 7575), en Costa Rica se creó un Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), junto con un organismo semiautónomo denominado Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). Este programa de PSA compensa a los propietarios de tierras por la conservación de los bosques y se ha convertido en uno de los más conocidos del mundo.

El programa es voluntario. Cada año, el Fonafifo convoca a los propietarios a participar. A las solicitudes se les otorgan puntajes en función de criterios predefinidos que se centran sobre todo en el tamaño y la ubicación de la

(continúa en la página siguiente)
### Recuadro 4.3. El Programa de Pagos por Servicios Ambientales de Costa Rica (continuación)

propiedad: las propiedades grandes y las ubicadas en zonas de conservación o corredores biológicos reconocidos oficialmente reciben una puntuación más alta. Las propiedades con puntuaciones superiores a un umbral definido son aceptadas en el programa. Los participantes firman con el Fonafifo contratos quinquenales en los cuales se definen la superficie por proteger y los pagos anuales que recibirán. Los pagos son condicionales: el Fonafifo solo los efectúa tras verificar que no se ha talado la cubierta arbórea de la propiedad.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo recurre a métodos rigurosos de evaluación de impacto (diferencias en diferencias escalonadas) para justipreciar los efectos del programa sobre la deforestación entre 2016 y 2020 (Ordóñez et al. [de próxima publicación]). Para cada año, los autores estiman el efecto del programa mediante una comparación entre la deforestación en las propiedades inscritas en el programa durante ese año y la correspondiente a las propiedades que se inscriban en años posteriores. El estudio concluye que el programa ha tenido un beneficio ambiental significativo, aunque modesto. En promedio, la participación redujo la deforestación en las propiedades inscritas entre un 81% y un 87% en relación con la tasa de deforestación de referencia. Sin embargo, la magnitud absoluta de la deforestación evitada fue pequeña (0,09 hectáreas por propiedad), debido a la baja tasa de deforestación de referencia en las propiedades de la muestra.

Una de las principales críticas de los programas de PSA es que tienen efectos adicionales limitados porque en su mayoría inscriben propiedades en las que el riesgo de deforestación es bajo, es decir, donde la cubierta arbórea no se habría talado en ausencia de la participación en el programa. Una de las principales estrategias para aumentar la adicionalidad es mejorar la selección de los beneficiarios, es decir, hacer un mejor trabajo a la hora de inscribir propiedades de alto riesgo.

Para evaluar si la selección de beneficiarios podría mejorar la eficacia del programa de PSA de Costa Rica, Ordóñez et al. (de próxima publicación) utilizan un modelo de aprendizaje automático que les permite clasificar las propiedades de la muestra como de alto o bajo riesgo de deforestación en el momento de su solicitud de participación en el programa. El estudio concluye que la proporción de propiedades de alto riesgo en los grupos de tratamiento y de control es similar en casi todas las cohortes, lo que a su vez sugiere que el programa no se dirige con éxito a las propiedades de alto riesgo. Además, si se restringe el grupo de tratamiento para incluir únicamente propiedades de alto riesgo, los efectos estimados del tratamiento se elevan entre un 27% y un 73%, aunque no son estadísticamente significativos. La consecuencia es que el programa sería más eficaz para reducir la deforestación si se centrara en las propiedades de alto riesgo.
México han sido pioneros al poner en práctica proyectos a escala regional y nacional (Lima et al. 2017).

Aunque algunos países de la región, como Costa Rica, Ecuador y México, han creado programas de PSA con el objetivo explícito de conservar la biodiversidad, la mayoría se ha centrado en la protección de ecosistemas fáciles de identificar, sobre todo cuencas y bosques, en contraposición a la conservación de la biodiversidad y el hábitat per se (Alpízar et al. 2020). Sin embargo, los dos objetivos suelen ser complementarios, especialmente si los bosques y las cuencas con alto riesgo de pérdida de biodiversidad reciben pagos (Alpízar et al. 2020; Barlow et al. 2018; Lewis, Edwards y Galbraith 2015).

Varios desafíos limitan la efectividad de las iniciativas de PSA. El más importante, tal vez, es que las tierras incluidas voluntariamente en un programa de PSA suelen correr un riesgo bajo de ser desmontadas o degradadas, con pago o sin él; en consecuencia, el beneficio generado por los pagos es mínimo (recuadro 4.3). Además, muchas veces los pagos no están orientados a garantizar la provisión de servicios ambientales. Por ejemplo, los programas de PSA que proporcionan servicios hídricos suelen no incluir como objetivo los bosques de las tierras altas cercanas a las aguas superficiales que están mejor situados para suministrar estos servicios. En tanto, el monitoreo y la aplicación de las condiciones especificadas en los acuerdos a menudo son deficientes (Wunder et al. 2020).

Debido a esos y otros retos, el historial de los programas de PSA es variado. En general, los metaanálisis apuntan que, como las áreas protegidas, tienen impactos ambientales positivos pero modestos (Busch y Ferretti-Gallon 2023; Wunder et al. 2020; Snilsveit et al. 2019; Börner et al. 2016). La evidencia sobre REDD+ también es heterogénea. Si bien hay quienes sostienen que estos proyectos han reducido la deforestación y la degradación de los bosques (Guizar-Coutiño et al. 2022; Magnago et al. 2015), las recientes y más rigurosas evaluaciones de impacto que utilizan contractuales de datos en diferentes países no han podido establecer impactos significativos. En ese sentido, sugieren que la mayoría de las reducciones aducidas por los defensores de los esquemas REDD+ no tiene un carácter adicional, es decir, habría ocurrido sin las intervenciones (West et al. 2023; Correa et al. 2020; West et al. 2020). Asimismo, parte de la evidencia indica que los proyectos REDD+ pueden alterar los medios de vida, las instituciones y los sistemas socioculturales de las poblaciones locales, porque las comunidades que dependen de los bosques no participan lo suficiente en su diseño e implementación (Bayrak y Marafa 2016).

Aunque el propósito principal de los programas de PSA y REDD+ suele ser la conservación de los ecosistemas, hay un objetivo complementario: impulsar los medios de subsistencia locales. Lamentablemente, las pruebas
rigurosas sobre estos efectos son escasas y sugieren que, aunque los efectos netos sobre los medios de subsistencia tienden a ser positivos, también suelen ser bastante reducidos (Wunder et al. 2020).

## Restauración de ecosistemas

Lo ideal sería que los ecosistemas degradados o destruidos se regeneraran sin intervención humana. Cuando eso no es posible, hace falta contribuir al proceso de recuperación mediante la plantación de árboles, la eliminación de especies invasoras, la introducción de especies desaparecidas y los cambios en la hidrología, por ejemplo. La restauración de los ecosistemas puede generar los mismos beneficios que la conservación, es decir, mitigar el cambio climático, preservar la biodiversidad, mejorar los medios de subsistencia locales y proporcionar diversos servicios ambientales. Estos beneficios se maximizan si la restauración se focaliza rigurosamente en lugares prioritarios (Strassburg et al. 2020).

Aunque la evidencia sobre los beneficios de la restauración en América Latina y el Caribe es escasa (Barral et al. 2015), los resultados de los estudios globales son alentadores. Además de los hallazgos de Strassburg et al. (2020), señalados antes, el metaanálisis mundial de los impactos de la restauración ecológica de los agroecosistemas concluye que la biodiversidad general de todos los tipos de organismos ha aumentado un 68%, en promedio, lo cual ha incrementado un 42%, en promedio, los niveles de los servicios de apoyo y un 120%, en promedio, los niveles de los servicios de regulación (Barral et al. 2015).

En América Latina y el Caribe, las áreas restauradas aún representan una proporción muy pequeña del total de tierras y aguas de la región (Rice et al. 2018). Brasil es el país donde se realiza gran parte del control de la restauración ecológica (Bustamante et al. 2019; Mazón et al. 2019). La selva tropical y el bosque seco tropical son los tipos de ecosistemas que se monitorean con mayor frecuencia (Mazón et al. 2019). Sin embargo, las actividades de restauración en biomas altamente vulnerables, como humedales y pastizales, están subrepresentadas (Mazón et al. 2019; Rice et al. 2018). Al mismo tiempo, la evidencia sobre los indicadores socioeconómicos es todavía muy escasa (Mazón et al. 2019).

La restauración de los ecosistemas enfrenta diversos retos, puesto que implica elevados costos iniciales y grandes rezagos entre la inversión y la generación de beneficios (Bustamante et al. 2019; Rice et al. 2018). Estos desafíos se pueden superar mediante el fortalecimiento de los marcos legales de la restauración, la promoción del financiamiento para iniciativas de restauración y la creación de expectativas más realistas sobre el tiempo y
el financiamiento necesarios para cumplir los objetivos de conservación
(Bustamante et al. 2019; Rice et al. 2018).

Certificación ecológica

Los programas de certificación ecológica, también conocidos como programas de etiquetado ecológico y certificación de sostenibilidad, acreditan bienes y servicios que han cumplido normas de proceso destinadas a proteger el medio ambiente (Blackman y Rivera 2011). Se han desarrollado certificaciones ecológicas para un conjunto de productos, como la madera, el café, el cacao, los plátanos, la soja y el turismo; las otorgan los gobiernos y actores no estatales, por ejemplo, las empresas privadas y las ONG. Los criterios de certificación varían, según la entidad que la concede, y van del cumplimiento voluntario de normas de proceso vagas a la verificación de terceros de otras normas más específicas (Lambin et al. 2018; Tscharntke et al. 2015). De acuerdo con sus promotores, la certificación ecológica puede crear incentivos económicos significativos para mejorar el desempeño ambiental, puesto que los productores certificados pueden obtener primas de precios y/o acceso a nuevos mercados (Cashore, Auld y Newsom 2004). La certificación ecológica está muy extendida en América Latina y el Caribe. Las principales iniciativas incluyen la certificación de la madera del Forest Stewardship Council y las certificaciones de la Mesa Redonda de Soja Responsable, la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible y el Marine Stewardship Council.

Las iniciativas de certificación ecológica son difíciles de diseñar, implementar y evaluar, y como resultado, en parte, la evidencia sobre su eficacia en la conservación de la biodiversidad no es clara (Van der Ven, Rothacker y Cashore 2018; Cohn y O'Rourke 2011). En general, las iniciativas de certificación se basan en pruebas de eficacia indirectas. Por ejemplo, las normas de certificación agrícola rara vez especifican el nivel de conservación de biodiversidad que se debe alcanzar, sino más bien exigen un cúmulo de prácticas productivas que, se supone, promueven la conservación (Tscharntke et al. 2015). En casos extremos, la certificación ecológica equivale a un “lavado de imagen verde” (greenwashing), que busca transmitir la impresión de sostenibilidad sin verificarla realmente o, incluso, sin incentivarla (Lambin et al. 2018; Cohn y O'Rourke 2011). Otros problemas tienen que ver con la autoselección, es decir, la tendencia de los programas, hasta los bien gestionados, a atraer de manera desproporcionada a productores que ya son ecológicos, lo cual a su vez limita el impacto de los programas (Blackman et al. 2014), y con el costo prohibitivo de la inscripción para los pequeños agricultores (Lambin et al. 2018; Cohn y O'Rourke 2011).
## Coherencia de las políticas e incentivos perversos

El debate anterior refleja la implementación generalizada de diversas políticas de conservación de la biodiversidad en América Latina y el Caribe. Sin embargo, también deja en claro que la pérdida y la degradación de la biodiversidad continúan. ¿A qué se debe esta aparente discrepancia? La respuesta es, en parte, la deficiencia en cuanto a coherencia, diseño y aplicación de las políticas, sobre todo por la falta de adaptación a los contextos locales, junto con la utilización de incentivos perversos que compiten entre sí (Wunder et al. 2020; Börner et al. 2020; Van der Ven, Rothacker y Cashore 2018; Baylis et al. 2016; Börner et al. 2016; Cohn y O'Rourke 2011).

En relación con los contextos locales, a menudo las políticas de conservación se ven socavadas por no tener en cuenta las condiciones políticas, institucionales y socioeconómicas locales ni adaptarse a ellas (Van der Ven, Rothacker y Cashore 2018; Börner et al. 2017). Estas condiciones son particularmente importantes en los países en desarrollo, donde los desafíos institucionales y de gobernanza abundan (Pattanayak, Wunder y Ferraro 2010) y las agencias de regulación ambiental suelen enfrentar una severa escasez de recursos políticos, financieros y humanos. Por eso no es extraño que generalmente la evaluación de los esquemas de PSA, los proyectos REDD+ y las áreas protegidas considere que una gobernanza sólida es un determinante sustancial de la eficacia (Shah et al. 2021; Snilsveit et al. 2019; Herrera, Pfaff y Robalino 2019; Nolte et al. 2013). Los estudios muestran, por ejemplo, que la disponibilidad de recursos de gestión y de financiamiento aumenta la eficacia de las áreas protegidas (Nolte et al. 2013; Bruner et al. 2001). Además, la exclusividad en la gestión de muchas políticas de conservación por parte de los departamentos forestales o de ambiente, sin una participación significativa de los actores estatales o no estatales que trabajan en la agricultura, puede limitar su eficacia (Lima et al. 2017).

Al margen de la gobernanza, América Latina y el Caribe es una región sumamente heterogénea con respecto a los beneficios y los costos de la conservación de la biodiversidad. Esa disparidad implica que una política de conservación efectiva y eficiente requiere, en primer lugar, identificar las áreas geográficas que necesitan las intervenciones y luego seleccionar zonas específicas. La incapacidad de hacerlo de manera consistente explica, de forma parcial, el lento progreso en la conservación de la biodiversidad (Börner et al. 2017). Las áreas protegidas, por ejemplo, suelen estar situadas en regiones remotas donde el riesgo de deforestación es relativamente bajo. Por eso, es común que no tengan grandes efectos sobre la pérdida de bosques (Shah et al. 2021; Börner et al. 2020; Miranda et al. 2016).
En cuanto al diseño de las políticas, muchas medidas de conservación de la biodiversidad buscan otros beneficios u objetivos de desarrollo, como la creación de nuevos empleos o fuentes de ingresos, lo cual puede implicar compensaciones (trade-offs) en términos de los beneficios para la conservación (Wauchope et al. 2022; Börner et al. 2020; Cohn y O'Rourke 2011). Como los ecosistemas son complejos y tienen dinámicas internas que varían de manera no lineal en el espacio y el tiempo, la búsqueda de múltiples objetivos a múltiples escalas añade obstáculos prácticos que pueden limitar los resultados de la conservación (Baylis et al. 2016).

Las decisiones de los responsables de las políticas y los investigadores sobre a qué resultados apuntar también explican el ritmo lento de la conservación y restauración de la biodiversidad. El principal objetivo de los esquemas de PSA, e incluso de los REDD+, por ejemplo, consiste en garantizar los servicios ambientales, como la creación de hábitats de biodiversidad, la captura de carbono y los servicios hidrológicos. Sin embargo, la mayoría de los programas de PSA y los estudios que los evalúan se centran en evitar la pérdida de bosques, un indicador de progreso que puede ser engañoso (Börner et al. 2020; Alpízar et al. 2020). Las intervenciones que solo impiden la pérdida de un área relativamente pequeña de bosques podrían asegurar con éxito los servicios ambientales si se aplicaran con exactitud en el bosque adecuado (Börner et al. 2020). Por lo tanto, el uso de medidas de resultados más precisas, como los índices de biodiversidad, puede mejorar la eficacia y la costo-efectividad de los programas (Alpízar et al. 2020).

Otra de las dificultades que afrontan las políticas de conservación y restauración de la biodiversidad en la región es que no existen de forma aislada. Más bien, interactúan con otras políticas preexistentes. En ocasiones, las políticas se complementarán; por ejemplo, en algunos casos, la descentralización de la autoridad administrativa del nivel nacional al local en las zonas rurales mejorará los resultados de la conservación (Samii et al. 2014). Desafortunadamente, las políticas preexistentes, en cambio, suelen reducir la efectividad de las políticas de conservación. Quizá lo más importante sea que los subsidios agrícolas, un recurso habitual en la región, pueden alentar la pérdida y la degradación de los ecosistemas. En un análisis de datos de ocho países, Bulte, Damania y López (2007) constatan que los subsidios agrícolas han conducido a la ampliación de las zonas agrícolas y (sorprendentemente) a una menor productividad, porque los agricultores tienen incentivos para adoptar modos de producción ineficientes que implican la utilización de más y más tierras para obtener los subsidios. De la misma manera, Moffette y Alix-Garcia (2024) encuentran que los subsidios a la ganadería en México han aumentado un 7% la deforestación. Y Peres y
Schneider (2012) sostienen que los programas subsidiados de reubicación de los agricultores han provocado una deforestación significativa en Brasil.

El financiamiento, que suele ser inadecuado, constituye un impedimento adicional para la eficacia de las políticas de conservación. Además, muchas intervenciones de conservación se financian con presupuestos nacionales o la cooperación internacional, lo cual las hace vulnerables a las condiciones políticas y macroeconómicas cambiantes (Alpízar et al. 2020). A veces, por ejemplo, cuando los factores financieros y políticos cambian, las áreas protegidas pierden categoría (es decir, su protección se vuelve menos estricta), sufren la reducción del tamaño o son desclasificadas (se las elimina) (Mascia et al. 2014).

Por último, el monitoreo activo de todos los instrumentos descritos requiere una mayor colaboración entre los responsables de las políticas, los investigadores, los financiadores y los organismos de ejecución (Arkema et al. 2013; Snilsveit et al. 2019; Baylis et al. 2016), que debería producirse en una etapa temprana de las fases de diseño (Börner et al. 2020). Mientras esto no ocurre, los programas de conservación seguirán siendo estrategias de alto riesgo cuya efectividad no queda clara (Alpízar et al. 2020; Snilsveit et al. 2019).

## La biodiversidad y el sector financiero

En esta sección se analiza, de forma sucinta, la relación del sector financiero con los desafíos combinados de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. El objetivo es ilustrar la importancia de entender, medir y abordar las amenazas de estos retos en todo el sistema económico (FEM 2020).

El aspecto positivo es que el sector financiero se compromete cada vez más con el objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad mediante acuerdos, alianzas y esfuerzos de divulgación que involucran a grandes operadores financieros (NGFS 2022; PNUMA 2022).<fnref n="1" /> Esto es muy necesario. Como se señala en el capítulo 6, el sector financiero desempeña un papel crucial en las economías de los países de América Latina y el Caribe, puesto que asigna recursos a los sectores y lugares donde más se necesitan y agrega y distribuye los riesgos. Su capacidad para hacerlo está estrechamente vinculada a las condiciones macroeconómicas, pero, también, al buen funcionamiento de los ecosistemas naturales, que, como ya se ha indicado, proporcionan servicios vitales que sustentan una variedad de sectores económicos (Van Toor et al. 2020).

El sector financiero es, por definición, sumamente sensible a los riesgos y la incertidumbre, y, a la vez, está expuesto a los riesgos del cambio

<footnote n="1">¹ Véase también el sitio web de Finance for Biodiversity en https://www.financeforbiodiversity.org/.</footnote>
climático y dispuesto a mitigarlos. Estos abarcan los riesgos físicos, asociados al daño a los activos que causan, por ejemplo, las inundaciones y las tormentas, y los riesgos de transición y responsabilidad que originan las limitaciones regulatorias impuestas por las autoridades nacionales o supranacionales. Algunos riesgos climáticos, como los derivados de eventos hidrometeorológicos extremos en pequeños estados insulares, son idiosincrásicos. Otros son sistemáticos (todos se ven afectados al mismo tiempo) o sistémicos (el riesgo se difunde por el sistema completo), como sucede con el aumento de las temperaturas que afecta al sector turístico a nivel global.

La pérdida de biodiversidad trae aparejadas implicaciones muy similares, en términos de riesgo, para el sector financiero (Kurth et al. 2021) y, de hecho, la misma terminología se está volviendo la norma para describirla (Kedward, Ryan-Collins y Chenet 2020; Kedward y Ryan-Collins 2022). El colapso de los polinizadores en todo el mundo, por ejemplo, y el aumento de las plagas y enfermedades en cultivos clave suponen riesgos físicos para el sector financiero, con consecuencias potencialmente sistémicas. El nuevo reglamento sobre aspectos asociados a la deforestación y la degradación forestal (Reglamento [UE] 2023/1115),<fnref n="2" /> aprobado por la Unión Europea en junio de 2023, es un buen ejemplo de riesgo de transición y responsabilidad. Concede a los exportadores 18 meses para demostrar que las materias primas (ganado, cacao, café, aceite de palma, soja y madera) destinadas al mercado europeo están 100% limpias con respecto a la deforestación.

El vínculo entre el sector financiero y los riesgos relacionados con la naturaleza es bidireccional: las entidades financieras no solo están expuestas a riesgos ligados a la naturaleza, también influyen en ellos. Al proporcionar capital a actividades que dañan la naturaleza o alentar decisiones de consumo y producción incompatibles con las prácticas sostenibles, el sector financiero puede incrementar la exposición a riesgos de transición e incluso a riesgos físicos (véase el gráfico 4.4).

Con vistas al futuro, el sector financiero debe superar los enfoques tradicionales de gestión del riesgo e implementar una evaluación del riesgo prospectiva y basada en escenarios. Las pruebas de estrés tradicionales, por ejemplo, han atraído una atención creciente y han sido objeto de investigación por su importancia actual y sus limitaciones bien reconocidas. Además, el sector debe evitar los enfoques demasiado simplistas de las pruebas de estrés centradas en una sola amenaza y comenzar a considerar las amenazas a nivel de sistema (BCE 2020; Svartzman et al. 2021; Calice, Diaz Kalan y Miguel 2021).

En última instancia, el objetivo es transformar el sector financiero para que sea capaz de integrar las consideraciones de riesgo ecológico en sus

<footnote n="2">² Véase https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1115.</footnote>
<figure><img src="image_39.png" /><figcaption>**Gráfico 4.4.** Interacción de los desafíos de la biodiversidad y el cambio climático con el sector financiero</figcaption></figure>

Fuente: Elaborado a partir de Jada, Alpízar y Sen (2023).

Nota: Las flechas muestran los impactos potenciales.

decisiones, al tiempo que contribuye activamente a una transición de la sociedad hacia actividades positivas para los ecosistemas (OCDE 2019; Banco Mundial 2021).

## Una aproximación simbiótica al doble desafío

En este capítulo se han descrito los retos interrelacionados del cambio climático y la pérdida de biodiversidad y se han presentado argumentos en favor de un tratamiento conjunto, ya que ambos desafíos se refuerzan mutuamente, comparten causas comunes, en muchos casos pueden ser abordados con los mismos programas y políticas y tienen impactos similares sobre las
personas y sus medios de vida. También se sostiene que América Latina y el Caribe es sumamente rica en biodiversidad y en la experiencia acumulada de las comunidades locales e indígenas que viven en armonía con la naturaleza. Todos estos atributos deberían ayudar a la región a avanzar hacia un futuro neutro desde el punto de vista climático y positivo para la naturaleza.

Hasta ahora, las respuestas de políticas al doble reto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad han demostrado creatividad y voluntad de cambio. Con vistas al futuro, América Latina y el Caribe tendrá que mejorar la eficacia, la eficiencia, el alcance y la escala de estas respuestas. A la vez de promover la conservación y restauración de la biodiversidad, el diseño de las políticas para mitigar el cambio climático y adaptarse a él debe ser coherente con la arquitectura de las políticas existentes y adecuado a la diversidad de los ecosistemas y pueblos de la región. Estas respuestas no deben ser entendidas como parte de una “agenda verde”. Por el contrario, deberían ser consideradas fundamentales para la creación de riqueza y bienestar social en la región.
<figure><img src="image_40.png" /></figure>
# Alimentar un mundo más caliente

<figure><img src="image_41.png" /></figure>

En América Latina y el Caribe, la seguridad alimentaria enfrenta cada vez más desafíos a medida que el cambio climático debilita la disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad de los alimentos. A su vez, la inseguridad alimentaria contribuye a la vulnerabilidad climática. Para romper esta realimentación se requiere una respuesta de políticas multifacética que promueva la mejora de la productividad, las tecnologías inteligentes para el clima, el fortalecimiento de la gobernanza sectorial, la ampliación y focalización de las transferencias monetarias, la diversificación de los cultivos y las estrategias de subsistencia, el refuerzo de la seguridad alimentaria y la gestión de plagas, así como la ampliación de los seguros agrícolas.

Si bien el cambio climático es un desafío global, afecta de manera desproporcionada a las regiones con mayores vulnerabilidades. En América Latina y el Caribe, la inseguridad alimentaria sobresale como una de esas vulnerabilidades que el cambio climático agrava de manera significativa a través de múltiples vías. Por ejemplo, reduce la disponibilidad de alimentos al disminuir la productividad agrícola, restringe el acceso a los alimentos al exacerbar la pobreza, degrada la calidad nutricional de los alimentos a través de la propagación de plagas y enfermedades agrícolas, y socava la estabilidad alimentaria al aumentar las pérdidas de las cosechas debido a desastres naturales. En este capítulo se profundiza en las complejas conexiones que existen entre vulnerabilidad climática, desastres naturales y seguridad alimentaria en la región, y se ofrecen recomendaciones de políticas para fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe.

A lo largo del capítulo, se utiliza información proveniente de la base de datos FAOSTAT,<fnref n="1" /> de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con la finalidad de caracterizar la seguridad

<footnote n="1">¹ Véase https://www.fao.org/faostat.</footnote>
alimentaria; se recurre al Índice por países<fnref n="2" /> de la Iniciativa de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN) para caracterizar la vulnerabilidad al clima, y se emplean datos de la Base de Datos sobre Emergencias y Desastres Naturales (EM-DAT)<fnref n="3" /> para contar eventos catastróficos cuando los gobiernos han emitido declaraciones formales de emergencia nacional, a partir de su severidad. Los análisis estadísticos gráficos y correlacionales que se valen de estos datos proporcionan un marco heurístico para organizar y estimular el debate. El capítulo comienza con medidas agregadas de la seguridad alimentaria, la vulnerabilidad al clima y los desastres, y luego aborda cuatro dimensiones más específicas de la seguridad alimentaria: la disponibilidad, el acceso, el uso y la estabilidad.

## La inseguridad alimentaria

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 se definió la seguridad alimentaria como el acceso físico y económico a una alimentación suficiente, segura y nutritiva que satisfaga las necesidades y preferencias dietéticas de las personas y les permita vivir vidas activas y saludables. El cambio climático está amplificando el desafío de por sí considerable de lograr la seguridad alimentaria (Mbow et al. 2019). La inseguridad alimentaria es la falta de seguridad en lo que atañe a la alimentación. La escala de experiencia de inseguridad alimentaria (FIES, por su sigla en inglés) de la FAO mide la prevalencia de la inseguridad alimentaria severa o moderada. La inseguridad alimentaria severa se define como la experiencia de pasar hambre durante uno o más días como resultado de la escasez de alimentos. La inseguridad alimentaria moderada se refiere a la incertidumbre sobre la capacidad de obtener alimentos, como resultado de la falta de recursos, junto con reducciones ocasionales de la calidad y/o la cantidad de alimentos (FAO et al. 2023). En América Latina y el Caribe, la incidencia de estos dos tipos de inseguridad alimentaria ha superado el promedio mundial todos los años desde 2014. En 2022 el 38% de la población de la región experimentaba una inseguridad alimentaria moderada o severa, en comparación con el 30% del resto del mundo. Además, con la excepción de 2017-18, la incidencia de la inseguridad alimentaria moderada a severa ha aumentado todos los años desde 2014 (gráfico 5.1). La pandemia de COVID-19 y otras crisis internacionales recientes han contribuido a impulsar esta tendencia al exacerbar la pobreza, la desigualdad y la inflación (FAO et al. 2023).

La inseguridad alimentaria, particularmente la inseguridad alimentaria crónica, también se mide en términos de desnutrición, la cual se define como

<footnote n="2">² Véase https://gain.nd.edu/our-work/country-index.</footnote>

<footnote n="3">³ Véase https://www.emdat.be.</footnote>
<figure><img src="image_42.png" /><figcaption>**Gráfico 5.1.** Inseguridad alimentaria en el mundo y en América Latina y el Caribe</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, sobre la base de datos de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria de FAOSTAT.

<caption>**Gráfico 5.2.** Desnutrición en el mundo y en América Latina y el Caribe</caption>

**A. Mundo y América Latina y el Caribe**

<figure><img src="image_43.png" /></figure>

(continúa en la página siguiente)

la proporción de la población que carece del aporte calórico suficiente para llevar una vida sana (FAO et al. 2023). América Latina y el Caribe logró el objetivo de desarrollo del milenio de reducir el porcentaje de personas desnutridas
<caption>**Gráfico 5.2.** Desnutrición en el mundo y en América Latina y el Caribe
(continuación)</caption>

**B. Subregiones de América Latina y el Caribe**

<figure><img src="image_44.png" /></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de FAOSTAT.

Nota: Los valores para Centroamérica y el Caribe provienen de FAOSTAT. Para los países andinos y el Cono Sur, los agregados se recogen sobre la base de valores nacionales, utilizando promedios ponderados por la población.

a la mitad entre 1990 y 2015 (Naciones Unidas 2015), pero desde entonces el problema ha aumentado. Su prevalencia se elevó incluso antes de la pandemia, del 5,3% en 2014 al 6% en 2018 (véase el panel A del gráfico 5.2). Hace muy poco tiempo, en 2022, hubo una disminución. Sin embargo, la mejora fue mayormente impulsada por los países andinos; en el Caribe y en el Cono Sur, la desnutrición siguió creciendo (panel B del gráfico 5.2).<fnref n="4" />

## Vulnerabilidad al clima

Como ya se señaló, para medir la vulnerabilidad al clima se utiliza el Índice por países ND-GAIN (Chen et al. 2015); en el recuadro 5.1 se describen brevemente dicho índice y su aplicación. El Índice por países ND-GAIN se ha empleado ampliamente para explorar los vínculos entre la vulnerabilidad climática y diversos resultados económicos, sociales e institucionales; véanse,

<footnote n="4">⁴ Las subregiones de América Latina y el Caribe se definen de la siguiente manera: Centroamérica está formada por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana; los países andinos son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú; el Caribe comprende Bahamas, Barbados, Guyana, Haití, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tobago, y los países del Cono Sur son Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.</footnote>
Recuadro 5.1. El Índice por países de la Iniciativa de Adaptación Global de Notre Dame

Según lo señalado por Chen et al. (2015) y Chen, Noble et al. (2023), el Índice por países de la Iniciativa de Adaptación Global de Notre Dame (ND-GAIN) cuenta con dos dimensiones clave, a saber, la vulnerabilidad y la preparación. La vulnerabilidad mide la propensión de un país a verse perjudicado por el cambio climático, mientras que las medidas de preparación abarcan la capacidad de hacer un uso efectivo de las inversiones para realizar acciones de adaptación basadas en un contexto de negocios seguro y eficiente.

En este caso, se pone el foco en la dimensión de la vulnerabilidad, que tiene tres componentes: la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. La exposición calcula en qué medida un sistema se verá sujeto a riesgos climáticos desde una perspectiva biofísica en las próximas décadas, en función de las predicciones sobre los efectos del cambio climático. La sensibilidad mide la dependencia de los sectores dañados por los riesgos climáticos y el porcentaje de la población expuesto a los riesgos climáticos como resultado de factores como la topografía o la demografía. Por último, la capacidad adaptativa refleja la disposición para reducir el potencial de daño y responder a las consecuencias negativas de los eventos climáticos. Cada componente incluye indicadores clave para seis sectores "vitales": alimentos, agua, salud, servicios ecosistémicos, hábitat humano e infraestructura.

En total, la parte de vulnerabilidad del Índice por países ND-GAIN comprende 36 indicadores, los cuales se utilizan para construir un índice univariante que va de 0 a 1 (o de 0 a 100), donde una puntuación más alta representa una mayor vulnerabilidad (es decir, una puntuación alta es menos deseable).

por ejemplo, Halkos et al. (2020); Cevik y Jalles (2020a); Grecequet et al. (2017); Werrell, Femia y Sternberg (2015); Namdar, Karami y Keshavarz (2021).

Como se puede apreciar en el panel A del gráfico 5.3, en 2019 la vulnerabilidad climática de América Latina y el Caribe ascendía a 42,4, medida por el Índice por países ND-GAIN, es decir, era mayor que en Europa y Asia Central (25,3), pero inferior a la de Asia Meridional (52,5) y África Subsahariana (53,7). La vulnerabilidad ha disminuido, aunque lentamente, desde 1995. Esta mejora se ha debido principalmente a la capacidad de adaptación de la región, que implica que está mejor preparada para hacer frente a los efectos negativos de los fenómenos relacionados con el clima. Dentro de la región, como se puede apreciar en el panel B del gráfico 5.3, la vulnerabilidad climática fue mayor en Centroamérica (44,1) y menor en el Cono Sur (38,7). Los niveles más bajos de vulnerabilidad climática observados en el Cono Sur en relación con las demás subregiones se explican por el considerable aumento de la capacidad de adaptación según la
Gráfico 5.3. Vulnerabilidad climática en el mundo y en América Latina y el Caribe

A. Regiones del mundo

<figure><img src="image_45.png" /></figure>

B. Subregiones de América Latina y el Caribe

<figure><img src="image_46.png" /></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos del Índice por países ND-GAIN.

ND-GAIN. Esto sugiere que los países del Cono Sur están mejor equipados para reducir los daños potenciales de los fenómenos climáticos. La vulnerabilidad también varía mucho entre países. Por ejemplo, ha disminuido en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, pero se ha incrementado en Colombia
<caption>Gráfico 5.4. Desastres naturales en América Latina y el Caribe, 2000-19</caption>

A. Cantidad total de eventos de sequía

<figure><img src="image_47.png" /></figure>

B. Cantidad total de tormentas e inundaciones

<figure><img src="image_48.png" /></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de EM-DAT.

y Venezuela, mientras que se ha mantenido relativamente estable en los países del Caribe.

Los desastres naturales

En América Latina y el Caribe, como en otras partes del mundo, el cambio climático ha incrementado la frecuencia y la severidad de los desastres
naturales, y seguirá haciéndolo (IPCC 2023a; Magrin et al. 2014). Los desastres relacionados con el clima que predominan en la región abarcan sequías, inundaciones y tormentas. Según EM-DAT, la región en su conjunto registró 69 sequías entre 2000 y 2019, como se puede observar en el panel A del gráfico 5.4. Centroamérica tuvo un total de 28 y fue la subregión con más sequías. En cambio, el Cono Sur y los países andinos tuvieron un promedio de solo una o dos sequías al año, mientras que el Caribe sufrió este fenómeno en solo 5 de los 20 años considerados en la muestra.

Durante el mismo período, América Latina y el Caribe experimentó 759 tormentas o inundaciones, con un promedio de 40 al año (panel B del gráfico 5.4). Al igual que sucedió con las sequías, la subregión más afectada en este caso fue Centroamérica, que registró 325 eventos (un promedio de 16 al año), casi el doble de las otras subregiones. A ella le sigue el Cono Sur, con un total de 193 eventos de esta naturaleza, y un promedio de 10 al año.

Las sequías, las tormentas y las inundaciones causan estragos en el sector agrícola. A nivel mundial, las pérdidas sufridas por el sector entre 2008 y 2018 en los países de ingreso bajo y mediano bajo representan solo un poco más de la cuarta parte de las pérdidas totales de los desastres de mediana a gran escala. Según la FAO, América Latina y el Caribe perdió cerca de US$29.000 millones durante el mismo período como resultado de las reducciones de la producción de cultivos y de la ganadería después de los desastres (FAO 2021).

El impacto de los desastres en la seguridad alimentaria depende de la intensidad, la duración y el tipo de desastre natural del que se trate, así como del estado nutricional de la población afectada (OPS y OMS 2019). Los huracanes, las inundaciones y los tsunamis menoscabaron la disponibilidad de alimentos al destruir los cultivos y la ganadería, pero, como se señala más abajo, también pueden afectar el acceso a los alimentos, el uso de alimentos y la estabilidad alimentaria, al dañar infraestructura y las cadenas de suministros, perturbar las comunicaciones e interrumpir el empleo (OPS y OMS 2019).

## El panorama completo

Los antecedentes expuestos anteriormente dejan al descubierto que, en América Latina y el Caribe en su conjunto, la seguridad alimentaria ha empeorado en las últimas décadas, mientras que la vulnerabilidad al clima ha disminuido ligeramente, y la incidencia de desastres causados por eventos relacionados con el clima, particularmente las sequías, ha aumentado. También demuestran que estas tendencias varían según las subregiones. Los análisis estadísticos gráficos y correlacionales arrojan luz sobre los vínculos entre estas tendencias. Como se ha señalado, el objetivo de este capítulo consiste más en proporcionar un marco heurístico para debatir dichos vínculos que para identificar efectos causales.
## El análisis gráfico

El análisis gráfico sugiere que la inseguridad alimentaria, medida tanto por el FIES como por la prevalencia de la desnutrición, está positivamente correlacionada con la vulnerabilidad climática en América Latina y el Caribe.<fnref n="5" /> El gráfico 5.5 identifica los países con niveles relativamente altos tanto de vulnerabilidad climática como de inseguridad alimentaria que pueden encontrarse en alto riesgo de padecer una crisis alimentaria aguda después de un desastre relacionado con el clima. Se trata de los países ubicados en el cuadrante noreste de los dos paneles del gráfico: Belice, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Perú. Para reducir el riesgo de una crisis alimentaria aguda, es esencial que estos países fortalezcan la resiliencia de sus sistemas agroalimentarios ante el cambio climático.

La correlación entre inseguridad alimentaria, medida por la prevalencia de la desnutrición, por un lado, y la incidencia de desastres relacionados con el clima

<caption>**Gráfico 5.5. Correlación entre inseguridad alimentaria y vulnerabilidad climática**</caption>

**A. Escala de experiencia de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad climática**

<figure><img src="image_49.png" /></figure>

(continúa en la página siguiente)

<footnote n="5">5 Aunque la correlación entre la puntuación de vulnerabilidad del Índice por países ND-GAIN y la FIES parece más fuerte (0,88) que la correlación entre la puntuación de vulnerabilidad del Índice por países ND-GAIN y la subnutrición (0,69), la diferencia se explica, al menos en parte, por la muestra de países incluidos en cada análisis. El FIES está disponible para 15 países, mientras que los datos sobre subnutrición están disponibles para 25 países. Cuando ambas correlaciones se calculan utilizando la primera submuestra de 15 países, resultan similares (0,88 frente a 0,82).</footnote>
<figure><img src="image_50.png" /><figcaption>**Gráfico 5.5.** Correlación entre inseguridad alimentaria y vulnerabilidad climática (continuación)</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de FAOSTAT y del Índice por países ND-GAIN.

Nota: Las líneas punteadas representan los promedios regionales. El coeficiente de correlación es de 0,88 para el panel A y 0,69 para el panel B.

<figure><img src="image_51.png" /><figcaption>**Gráfico 5.6.** Correlación entre inseguridad alimentaria y desastres naturales, 2000-19</figcaption></figure>

(continúa en la página siguiente)
<figure><img src="image_52.png" /><figcaption>**Gráfico 5.6.** Correlación entre inseguridad alimentaria y desastres naturales, 2000–19 (continuación)</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de FAOSTAT y EM-DAT.

Nota: Las líneas punteadas son los promedios regionales. El coeficiente de correlación es 0,41 para el panel A y 0,26 para el panel B.

(sequías, inundaciones y tormentas) por otro, no es tan fuerte como la correlación entre inseguridad alimentaria y vulnerabilidad climática (véase el gráfico 5.6).

## Análisis econométrico

El análisis gráfico sugiere correlaciones positivas entre la inseguridad alimentaria, por un lado, la vulnerabilidad climática por otro y, en menor medida, la incidencia de los desastres relacionados con el clima. Estas correlaciones se analizan con modelos de panel de datos de efectos fijos bidirectionales que controlan por factores de confusión no observados que no varían en el tiempo y por factores observados que sí varían en el tiempo (recuadro 5.2).

Los resultados de la regresión indican que, aun cuando se controle por los dos factores de confusión que varían en el tiempo y por los factores no observados que no varían en el tiempo, la vulnerabilidad climática sigue mostrando una correlación positiva con la prevalencia de la desnutrición (cuadro 5.1). Específicamente, para el conjunto de la región, un aumento de 1 punto en la puntuación de vulnerabilidad del Índice por países ND-GAIN se asocia a un incremento de 1,15 puntos porcentuales en la prevalencia de la desnutrición. Según datos de 2019, esto implicaría que medio millón de personas más en América Latina y el Caribe sufrirán desnutrición.
## Recuadro 5.2. Modelos de regresión

La muestra para el análisis econométrico presentado aquí incluye 25 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Para cada uno, los datos longitudinales abarcan los dos decenios que se extienden desde 2000 hasta 2019. Quedan excluidos los años más recientes, que reflejan los efectos idiosincrásicos de la pandemia de COVID-19.

Se estiman las siguientes ecuaciones de efectos fijos bidirectionales:

$$Y_{i,t} = \alpha + \rho V_{i,t} + \beta_1 GDP_{i,t} + \beta_2 AGGDP_{i,t} + \gamma_1 + \theta_1 + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

Donde *i* indexa los países y *t* indexa los años; *Y* es la porcentaje de la población desnutrida; *V* es la variable independiente de interés, ya sea la puntuación de vulnerabilidad del Índice por países ND-GAIN o un recuento de los desastres naturales (inundaciones, tormentas y sequías); *GDP* es el producto interno bruto per cápita; *AGGDP* es la agricultura como porcentaje del total del PIB; *γ* es efectos fijos de país que controlan por factores de confusión que no varían en el tiempo (como características geofísicas que influyen en la exposición al riesgo climático); *θ* es efectos fijos por año que controlan por factores que varían en el tiempo (como los precios a nivel mundial de las materias primas que afectan a todos los países de la misma manera), y *ε* es un término de error. Además, en algunas especificaciones se incluyen términos de interacción para explorar los efectos por subregión, y la región del Cono Sur se designa como la categoría base.

Un modelo econométrico similar demuestra que los desastres relacionados con el clima (inundaciones, tormentas y sequías) no guardan una correlación significativa con la desnutrición por país. Puede que esto ocurre por dos motivos. En primer lugar, los desastres naturales pueden tener, desde el punto de vista geográfico, efectos limitados sobre la desnutrición que no pueden apreciarse a nivel nacional. Además, los desastres pueden afectar la inseguridad alimentaria aguda más que la inseguridad alimentaria crónica que mide la desnutrición.

## La alimentación en cuatro dimensiones

Aunque la estrategia empírica y los resultados que se presentan en esta seción no son lo bastante sólidos para establecer causalidad, sí indican que la vulnerabilidad climática se asocia a la inseguridad alimentaria. Para explorar
<table><caption>**Cuadro 5.1. Resultados de la regresión: efecto de la vulnerabilidad climática en la desnutrición**</caption><thead><tr><td>Covariante</td><td>Coeficiente</td></tr></thead><tbody><tr><td>ND-GAIN</td><td>1.151***</td></tr><tr><td>Efectos fijos por país</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Efectos fijos por año (2001-19)</td><td>Sí</td></tr><tr><td>Número de países</td><td>24</td></tr><tr><td>Número de observaciones</td><td>456</td></tr></tbody></table>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de FAOSTAT y del Índice por países ND-GAIN.

Nota: La variable dependiente es la desnutrición, medida por la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria de FAOSTAT. La variable independiente de interés es la vulnerabilidad climática, medida de acuerdo con la puntuación de vulnerabilidad climática del Índice por países ND-GAIN. La regresión incluye el producto interno bruto que varía en el tiempo y el producto agrícola nacional bruto.

*** Valor *p* < 0,01.

aún más esta relación, en el resto del capítulo se examinan los vínculos entre vulnerabilidad climática y las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad. También se incluyen recuadros que describen políticas específicas para abordar los retos en estos ámbitos, así como ejemplos de programas que se han implementado para llevar dichas políticas a cabo en América Latina y el Caribe.

## Disponibilidad de alimentos

La disponibilidad de alimentos se refiere a su abastecimiento tanto a nivel interno de los países como mediante importaciones. En términos de región, América Latina y el Caribe produce alimentos con suficientes calorías para satisfacer la demanda de su población. También es un exportador neto de alimentos, y produce el 12% de la alimentación del mundo, según la base de datos FAOSTAT de la FAO.

Sin embargo, la disponibilidad adecuada de alimentos es un problema en la región por al menos tres motivos. En primer lugar, la producción de alimentos no está distribuida de forma equitativa en todos los países. En 2021 América del Sur producía el 83% de los alimentos de la región; Centroamérica, el 15% y el Caribe, el 2% (gráfico 5.7). Además, hay solo tres países —Brasil, Argentina y México— que producen el 70% de los alimentos de la región.

En segundo lugar, las estimaciones recientes sugieren que la población de América Latina y el Caribe seguirá creciendo hasta 2058 (Naciones Unidas 2019). Para alimentar a sus habitantes, la región tendrá que aumentar la disponibilidad de alimentos mediante un incremento de la producción sin elevar las emisiones de gases de efecto invernadero, talar tierras forestales
<figure><img src="image_53.png" /><figcaption>**Gráfico 5.7.** Valor de la producción de alimentos en América Latina y el Caribe, 2000-20</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de FAOSTAT.

Nota: Valores en dólares constantes de 2014-16.

ni degradar de otra manera el medio ambiente y los recursos naturales. La clave para lograr este ambicioso objetivo será acrecentar la productividad agrícola, en especial, los cultivos de alimentos nutritivos.

En tercer lugar, y lo que es más importante para el debate en este capítulo, cada vez más evidencia a nivel mundial indica que el cambio climático tiende a reducir la productividad agrícola, sobre todo en las regiones más cálidas (Ortiz-Bobea et al. 2021; Descheemaeker et al. 2018; Hristov et al. 2018; Myers et al. 2017; CEPAL 2013, 2014; Fernandes et al. 2012). Las principales causas de este fenómeno son los cambios en las temperaturas y las precipitaciones, ciclos de producción más cortos y menor disponibilidad de agua (Fernandes et al. 2012). El retroceso de los glaciares como resultado del cambio climático también tiene efectos adversos para la producción agrícola (Handmer et al. 2012).

En América Latina y el Caribe, el crecimiento de la productividad agrícola ha disminuido desde 2011, al menos parcialmente debido al cambio climático.<fnref n="6" /> De acuerdo con un estudio reciente, desde 1961 hasta hoy se ha perdido casi una cuarta parte del crecimiento de la productividad total de

<footnote n="6">⁶ La producción agrícola aumentó durante este período, pero en gran parte como resultado de la expansión de la frontera agrícola, particularmente en el Cono Sur.</footnote>
los factores en la agricultura (una medida de cuánto producto se puede conseguir con una determinada cantidad de insumos) debido al impacto acumulativo del cambio climático antropogénico (Ortiz-Bobea et al. 2021). Según otro trabajo de investigación, se espera que las subas de temperatura, la variabilidad de las precipitaciones y los períodos calientes secos conduzcan a una disminución de los rendimientos de los cultivos conventionales y a la degradación de los suelos adecuados para ellos en El Salvador y Honduras (Bouroncle et al. 2015; USAID 2017).

Aparte de sus impactos adversos en la productividad de los cultivos, se prevé que el cambio climático reduzca la productividad de la ganadería y de la industria pesquera. Con respecto a la primera, se verán limitadas la cantidad y la calidad del forraje (en términos de contenido proteínico y digestibilidad), así como la fertilidad del ganado, mientras que al mismo tiempo aumentan los requisitos de energía de los animales (Hristov et al. 2018). El estrés de las altas temperaturas ha demostrado tener un efecto negativo en la producción de leche y carne (Lemes et al. 2021).

En cuanto a los recursos acuáticos, la industria pesquera está amenazada por la acidificación del agua de los océanos y el aumento de las temperaturas y de los niveles del mar (Pörtner et al. 2022; Ding et al. 2017; Allison et al. 2009). Aunque se estima que la disponibilidad de los recursos pesqueros subirá más del 30% en las zonas de elevada latitud, se anticipa que disminuirá hasta un 40% en los trópicos (Cheung et al. 2010). Las poblaciones de los países en desarrollo que dependen de los recursos pesqueros para el aporte proteínico, particularmente en las regiones costeras, son altamente vulnerables a la inseguridad alimentaria que resultará de estos impactos del cambio climático (Ding et al. 2017).

Además de tener efectos directos en la agricultura, el ganado y la productividad pesquera, el cambio climático puede perjudicar estas actividades debido a una menor productividad laboral, sobre todo en países donde estas actividades son intensivas en mano de obra (Myers et al. 2017; Dunne, Stouffer y John 2013). En las últimas décadas, los aumentos de la humedad relativa han reducido la capacidad laboral en un 10% durante los meses más cálidos y se pronostica que generarán una disminución del 20% hacia 2050 (Dunne, Stouffer y John 2013).

Por último, el cambio climático puede incrementar la prevalencia de enfermedades y plagas que destruyen los productos agrícolas. Puede causar este efecto al modificar la incidencia y la distribución geográfica de las plagas y las enfermedades de plantas y animales (Mbow et al. 2019; Adedayo, Fasona y Kuti 2014); al favorecer la proliferación de ciertas plagas (Huot et al. 2017; Evans et al. 2007), y al contribuir al surgimiento o la reaparición de enfermedades infecciosas (Van den Bossche y Coetzer 2008).
En virtud de la evidencia resumida anteriormente, se presume que existe una correlación negativa entre las medidas de producción alimentaria y la vulnerabilidad climática, hipótesis que los datos de América Latina y el Caribe confirman. En efecto, la disponibilidad alimentaria, medida de acuerdo con el índice de producción bruta en el rubro alimentos de la FAO, está correlacionada negativamente con la vulnerabilidad climática, medida por el Índice por países ND-GAIN (gráfico 5.8).<fnref n="7" /> Los países que se encuentran particularmente en riesgo debido a los altos niveles de vulnerabilidad climática y los bajos niveles de disponibilidad de alimentos son Bahamas, Belice, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Haití.

¿Qué pueden hacer los países de América Latina y el Caribe para mitigar los efectos adversos del cambio climático en la disponibilidad de alimentos? En general, la respuesta implica desarrollar y divulgar nuevas tecnologías y

<figure><img src="image_54.png" /><figcaption>**Gráfico 5.8.** Correlación entre producción alimentaria y vulnerabilidad climática</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de FAOSTAT y del Índice por países ND-GAIN.

Nota: Las líneas punteadas son los promedios regionales. El coeficiente de correlación es -0,1.

<footnote n="7">⁷ El índice de producción bruta en el rubro alimentos es un índice anual, calculado a nivel de los países por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para medir la producción de cultivos alimentarios comestibles que contienen nutrientes. El índice muestra el nivel de la producción alimentaria para cada año en relación con el período base de 2014-16. Un índice superior a 100 implica una producción alimentaria más alta en comparación con la línea de base, mientras que un índice por debajo de 100 indica una producción alimentaria más baja.</footnote>
prácticas que mejoren la producción y la postcosecha y que sean inteligentes desde el punto de vista climático. En el cuadro 5.2 se presentan políticas que podrían adoptarse para abordar impactos específicos, mientras que en el recuadro 5.3 se describe el Programa Ambiental de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático (PAGRICC), diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de Nicaragua para promover el uso de tecnologías climáticamente inteligentes con el fin de mejorar la seguridad alimentaria.

### Recuadro 5.3. Tecnologías climáticamente inteligentes para la seguridad alimentaria en Nicaragua

En 2010 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el Programa Ambiental de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático (PAGRICC) para reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales de Nicaragua al cambio climático mediante la gestión de los recursos naturales. El programa se implementó en cuencas hidrológicas priorizadas según su vulnerabilidad y tenía tres componentes complementarios: el primero se estableció para ayudar a los pequeños agricultores a adoptar sistemas de restauración ambiental (SRA) en el ámbito de las granjas; el segundo se dirigió a apoyar las inversiones en infraestructura pública en ámbitos cruciales para reducir las pérdidas derivadas de los desastres naturales, y el tercero se instauró para fortalecer la gobernanza municipal relacionada con la gestión del riesgo de desastres y la implementación de mecanismos para mantener servicios ambientales en subcuencas priorizadas, entre otras.

El componente 1 estaba estrechamente vinculado con la adaptación y mitigación de los impactos del cambio climático en la seguridad alimentaria. Estaba integrado por tres elementos clave. En primer lugar, los participantes recibían asistencia técnica para desarrollar un plan de explotación de la granja destinado a implementar uno de siete posibles SRA. Estos comprenden la adopción de soluciones basadas en la naturaleza (tecnologías o paquetes de tecnologías) para mejorar la calidad del suelo, reducir la erosión y aumentar la cosecha de agua, la infiltración y la retención, y a la vez mejorar la producción, diversificando la cartera de producción de los participantes y acrecentando la resiliencia al cambio climático. En segundo lugar, los participantes recibían pequeños subsidios para financiar parcialmente la implementación de sus SRA. Por último, se brindaba asistencia técnica adaptada a la medida, lo cual incluía visitas mensuales y reuniones con los agricultores; este beneficio se proporcionó a los participantes durante varios años para apoyar la implementación exitosa de sus SRA.

Después de la conclusión del programa en 2016, se llevó a cabo una evaluación de impacto del PAGRICC en 2019 con una muestra de 1033 hogares (519 beneficiarios y 514 controles), utilizando métodos cuasiexperimentales

(continúa en la página siguiente)
### Recuadro 5.3. Tecnologías climáticamente inteligentes para la seguridad alimentaria en Nicaragua (continuación)

con datos de panel. Entonces, se observó que el programa había aumentado la productividad agrícola, medida esta como el valor de la producción por hectárea en cultivos anuales (US$195/ha); la superficie bajo cubierta forestal (3 ha); el volumen de agua que se había recolectado (204 m³), y el número de tecnologías basadas en la naturaleza que se habían adoptado. En relación con la seguridad alimentaria, el PAGRICC mejoró el consumo de proteínas, medido como el consumo del ganado propio, y el ingreso de las ventas de leche durante la estación seca.

Se esperan más beneficios ambientales en términos de la diversificación de la dieta; también se espera una mayor captura de carbono como resultado del aumento considerable de la cubierta forestal. El éxito del programa ejemplifica cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden tener numerosos cobeneficios relacionados con la mejora de la base de recursos naturales, la productividad y la seguridad alimentaria, así como cobeneficios de mitigación.

Fuente: Elaboración del equipo del BID sobre la base de González-Flores y Le Pommellec (2019).

### Cuadro 5.2. Políticas para mitigar los efectos del cambio climático en la disponibilidad de alimentos

<table><thead><tr><th>Impacto adverso</th><th>Políticas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reducción de la productividad de cultivos y ganado</td><td><ul><li>Adoptar tecnologías y prácticas que aumenten la resiliencia de los sistemas agrícolas, eleven la eficiencia de la producción y traigan aparejados cobeneficios ambientales y de mitigación. Entre los ejemplos, vale citar la industria agroforestal y los sistemas silvopastoriles; variedades de cultivos mejorados, diversos y resistentes a inundaciones o sequías; forraje mejorado; irrigación eficiente en agua. Véanse Mbow et al. (2019); Miralles-Wilhelm (2021); Sonneveld et al. (2018), y González-Flores y Le Pommellec (2019).</li></ul></td></tr><tr><td>Reducción de la productividad de las pesqueras</td><td><ul><li>Fortalecer la gobernanza, la gestión y el monitoreo de los recursos pesqueros y la diversificación de las estrategias de subsistencia (Sparre y Venema 1998; Gaudin y De Young 2007; Mora et al. 2009; Matić-Skoko et al. 2011; FAO 2022).</li></ul></td></tr><tr><td>Aumento de la frecuencia y la intensidad de sequías e inundaciones</td><td><ul><li>Fomentar la conservación del agua mediante sistemas de irrigación más eficientes, cosechas de agua y protección de los acuíferos (Salazar et al. 2016; Salazar y López 2017).</li><li>Promover la investigación sobre variedades de cultivos resistentes a las sequías, las inundaciones y el calor, así como su adopción (Atlin, Cairns y Das 2017; Thomas 2015).</li><li>Proporcionar información más precisa y frecuente sobre el clima (Lambert et al. 2019; Bouroncle et al. 2019).</li></ul></td></tr></tbody></table>

(continúa en la página siguiente)
Cuadro 5.2. Políticas para mitigar los efectos del cambio climático en la disponibilidad de alimentos (continuación)

Impacto adverso Políticas

Aumento de la
incidencia, la
persistencia y la
intensidad de
enfermedades y
plagas

* Impulsar la adopción de tecnologías postcosecha y prácticas que impidan el aumento de las enfermedades y las infecciones de plagas, incluido el uso de silos, unidades de almacenamiento y equipos para preservar la cadena de frío (Tefera, Mugo y Likhayo 2011; Stathers et al. 2020; Odjo et al. 2022; Olorunfemi y Kayode 2021; Acedo 2019).

* Promover la adopción del control integrado de plagas y de buenas prácticas agrícolas para reducir los insumos tóxicos en los cultivos mediante un mejor conocimiento de la manipulación de alimentos y el control biológico. Véase, por ejemplo, Waddington et al. (2014).

Fuente: Elaboración del equipo del BID sobre la base de Mbow et al. (2019).

Acceso a los alimentos

El acceso a los alimentos se define como la disponibilidad de recursos financieros y físicos de los hogares necesarios para lograr una alimentación adecuada. El cambio climático y los desastres naturales pueden reducir dicho acceso mediante la disminución del ingreso de los hogares rurales proveniente de las actividades agrícolas y el aumento de los precios de los alimentos (Fanzo et al. 2017; WFP y Met Office Hadley Center 2012). El primer efecto se debe a los impactos adversos del cambio climático en la productividad agrícola y el segundo, a una menor disponibilidad de alimentos. Ambos aspectos ya se trataron en las páginas precedentes.

Los análisis de simulación suelen considerar que el cambio climático elevará los precios de los alimentos y exacerbará la pobreza y la inseguridad alimentaria. A nivel mundial, Nelson et al. (2010) observan que el cambio climático hará subir de manera significativa los precios internacionales reales del maíz (entre un 87% y un 106%), el arroz (entre un 31% y un 78%) y el trigo (entre un 44% y un 59%) hacia 2050.

El aumento de los precios de los alimentos puede, a su vez, generar más pobreza e inseguridad alimentaria en los países en desarrollo (Myers et al. 2017; Anderson, Ivanic y Martin 2014; Ivanic y Martin 2014). Las simulaciones a nivel mundial, por ejemplo, indican que un incremento del 10% en los precios de los alimentos eleva la pobreza en 0,8 puntos porcentuales (Hallegatte et al. 2016; Ivanic y Martin 2014).

En la misma línea, las simulaciones para América Latina y el Caribe sugieren que un aumento del 20% de los precios de los alimentos podría incrementar la pobreza en la región en un promedio de 2,6 puntos porcentuales, lo que provocaría la caída en la pobreza de 63,5 millones de personas
(gráfico 5.9). Un cambio de esta magnitud haría crecer los porcentajes de personas que viven en la pobreza y la extrema pobreza en todos los países de la región excepto Barbados (gráfico 5.9). Los más afectados serían Guatemala, Nicaragua y Perú, donde el ascenso alcanzaría más de 4 puntos porcentuales. Además, las simulaciones muestran que las zonas urbanas se ven más afectadas por el aumento de los precios de los alimentos, y que se

<caption>**Gráfico 5.9.** El efecto simulado de un aumento del 20% de los precios de los alimentos en la pobreza</caption>

A. Pobreza

<figure><img src="image_55.png" /></figure>

(continúa en la página siguiente)
<caption>**Gráfico 5.9.** El efecto simulado de un aumento del 20% de los precios de los alimentos en la pobreza (continuación)</caption>

B. Extrema pobreza

<figure><img src="image_56.png" /></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID sobre la base del simulador de políticas de SCL BID.

Nota: Las tasas de pobreza declaradas se basan en las definiciones nacionales de la pobreza.

enfrentan a un incremento de la pobreza de 3,9 puntos porcentuales, frente a los 2,3 puntos porcentuales de las zonas rurales.

La hipótesis de que el acceso a los alimentos está correlacionado con la vulnerabilidad climática se explora utilizando el mismo enfoque gráfico que en las secciones anteriores (gráfico 5.10). Se mide con una proxy inversa, a
<figure><img src="image_57.png" /><figcaption>**Gráfico 5.10.** Correlación entre población que vive en la pobreza y vulnerabilidad climática</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de FAOSTAT y del Índice por países ND-GAIN.
Nota: Las líneas punteadas son promedios regionales. El coeficiente de correlación es 0,66.

saber, el porcentaje de la población que se encuentra en la pobreza, definida como vivir con menos de US$6,85 al día. Se espera una correlación positiva entre esta medida y la vulnerabilidad climática y, de hecho, se observa una fuerte correlación positiva. Los países que corren particularmente el riesgo de tener altos niveles de vulnerabilidad climática y bajos niveles de acceso a los alimentos son Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana. Nótese que los países del Caribe se excluyen del análisis porque los datos requeridos no están disponibles.

¿Qué pueden hacer los países de América Latina y el Caribe para mitigar los efectos adversos del cambio climático en el acceso a los alimentos? En general, la respuesta implica transferencias monetarias, pagos en efectivo por programas de trabajo, intervenciones para acrecentar y diversificar los ingresos rurales, y la adopción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes y seguros agrícolas. El cuadro 5.3 contiene políticas específicas y el recuadro 5.4 presenta las políticas que se aplicaron con éxito en el marco de un programa del BID implementado en Bolivia.

## Uso de los alimentos

El uso de los alimentos se refiere a la calidad nutricional de la alimentación. Depende de la seguridad alimentaria, las prácticas de alimentación, la
<table><caption>**Cuadro 5.3.** Políticas para mitigar los efectos del cambio climático en el acceso a los alimentos</caption><thead><tr><td>Efectos adversos</td><td>Políticas</td></tr></thead><tbody><tr><td>Menor productividad de los cultivos y la ganadería</td><td><ul><li>Véase el cuadro 5.2, particularmente en el contexto de los pequeños agricultores que dependen de su propia producción de alimentos para su propio consumo.</li></ul></td></tr><tr><td>Aumento de los precios de los alimentos y de la pobreza</td><td><ul><li>Ampliar las transferencias monetarias para las poblaciones vulnerables, en especial, mujeres, menores de edad y grupos indígenas que no pueden comprar alimentos. Los registros de los programas de protección social pueden usarse para una focalización en los hogares más vulnerables a los efectos económicos de los eventos climáticos extremos. Véanse, por ejemplo, Barca y O'Brien (2017); Stampini et al. (2021), y Bagolle, Costella y Goyeneche (2023).</li><li>Implementar intervenciones que mejoran el ingreso rural mediante apoyo financiero y técnico. Véanse, por ejemplo, Barham y Chitemi (2009); Markelova et al. (2009); Markelova y Mwangi (2010); Fischer y Qaim (2012); Fischer y Qaim (2014); Chagwiza, Muradian y Ruben (2016), y Orsi et al. (2017).</li></ul></td></tr><tr><td>Aumento de la vulnerabilidad de las actividades agrícolas</td><td><ul><li>Promover tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes (como los sistemas de irrigación modernos). Véanse, por ejemplo, Salazar et al. (2016); Aramburu et al. (2019); Salazar y López (2017), y Salazar et al. (2021).</li><li>Impulsar la diversificación del ingreso mediante estrategias agrícolas y no agrícolas para aumentar la resiliencia climática. Véanse, por ejemplo, Salazar, Fahsbender y Kim (2018); Akrasi, Eddico y Adarkwah (2020), y Adem et al. (2018).</li><li>Ampliar el acceso a los seguros agrícolas y otras estrategias de reducción de riesgos (Nnadi et al. 2013; Marza, Angelescu y Tindeche 2015).</li><li>Implementar programas de pagos en efectivo por trabajo relacionados con infraestructura resiliente, como los proyectos para realizar el mantenimiento de caminos comunitarios, reforestar las cuencas, limpiar los canales de irrigación y eliminar residuos, así como reforestar los manglares, entre otros. Véanse, por ejemplo, Doocy et al. (2006); Tilman et al. (2017), y Loewe y Zintl (2021).</li></ul></td></tr></tbody></table>

Fuente: Elaboración del equipo del BID sobre la base de Mbow et al. (2019).

<caption>**Recuadro 5.4.** Tecnologías agrícolas para la seguridad alimentaria en Bolivia</caption>

En 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el Programa de Apoyos Directos para la Creación de Iniciativas Agroalimentarias Rurales (CRIAR) a fin de mejorar la seguridad alimentaria rural en Bolivia aumentando los ingresos y la productividad. El objetivo del programa era incrementar la resiliencia climática de los pequeños agricultores propietarios de tierras mediante la adopción de tecnología y asistencia técnica. Implementado en cinco departamentos del país, con focalización en 33 municipios y 1355 comunidades consideradas particularmente vulnerables a la inseguridad alimentaria, CRIAR proporcionó cupones no

(continúa en la página siguiente)
## Recuadro 5.4. Tecnologías agrícolas para la seguridad alimentaria en Bolivia (continuación)

reembolsables que financiaban el 90% de los costos totales de una tecnología agrícola seleccionada por el productor, junto con asistencia técnica personalizada. Entre las tecnologías cabe mencionar: almacenamiento postcosecha, sistemas de irrigación modernos, deshidratadoras de frutas, molinos, máquinas de pulpa, vallas eléctricas, invernaderos e innovaciones en ganadería.

En 2016 se llevó a cabo una evaluación de impacto del programa con una muestra de 1287 hogares (817 beneficiarios y 470 controles), utilizando un enfoque de variable instrumental. Los resultados indicaron que la participación en CRIAR había mejorado el ingreso de los hogares (agrícolas y no agrícolas) en un 36%, el ingreso agrícola en un 19% y la productividad en un 92% (medida como el valor anual de producción por hectárea). Esto implica que los ingresos de los hogares se volvieron más diversificados. Además, se redujo entre un 20% y un 32% la probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria. Específicamente, el 22% de los hogares beneficiarios declaró una menor preocupación ante la falta de alimentos; un 14% mostró más probabilidades de consumir alimentos nutritivos, y un 17%, menos probabilidades de seguir dietas carentes de variedad. La participación redujo en un 14% la probabilidad de que los adultos dejaran de comer una colación y en un 10% la probabilidad de que no comieran durante todo el día. CRIAR concluyó en 2016, y sus resultados favorables tuvieron como resultado la aprobación y la implementación de una segunda fase (CRIAR II), que se ejecutó entre 2016 y 2022.

El éxito del proyecto muestra que las intervenciones dirigidas a los pequeños propietarios de tierras, que promueven la adopción de tecnologías clave y proporcionan asistencia técnica a la medida, pueden tener impactos positivos en la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos.

Fuente: Elaboración del equipo del BID sobre la base de Salazar et al. (2016).

preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta y la distribución de los alimentos en los hogares (EC-Fago 2008).

El cambio climático influye en el uso de los alimentos al menos de tres maneras. En primer lugar, la calidad nutricional de las dietas tiende a disminuir como respuesta a los shocks climáticos (Hallegatte et al. 2017; Báez, de la Fuente y Santos 2010). La evidencia empírica muestra que los niños nacidos en las zonas afectadas por desastres naturales tienen más probabilidades de sufrir un retraso del crecimiento (WFP y Met Office Handley Center 2012). Se considera que dicho retraso existe si la altura en relación con la edad es inferior al promedio, sobre la base de una medida acordada a nivel internacional en la Organización Mundial de la Salud (Bukari et al. 2022). El retraso del crecimiento es una medida común del uso de los alimentos, porque la
causa principal (aunque no la única) es la desnutrición crónica durante la infancia, cuando los alimentos nutritivos son cruzales para un desarrollo sano a largo plazo (Caulfield et al. 2006; OMS 2015).

En segundo lugar, el cambio climático afecta la seguridad alimentaria al aumentar la incidencia, la persistencia y la intensidad de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua (Fanzo et al. 2017; Schmidhuber y Tubiello 2007; Duchenne-Moutien y Neetoo 2021; Tirado et al. 2010). Es posible que las poblaciones afectadas no puedan asimilar los nutrientes y, por lo tanto, tienen peores resultados nutricionales.

En tercer lugar, los elevados niveles de dióxido de carbono reducen los niveles de proteínas, hierro y zinc en diversos cultivos, lo cual aumenta el número de personas con riesgo de carencia de macro y micronutrientes (Myers et al. 2017; Medek, Schwartz y Myers 2017; Smith, Golden y Myers 2017; Myers et al. 2015). Por ejemplo, Medek, Schwartz y Myers (2017) señalan que el cambio climático puede contribuir a que, para 2050, haya 148 millones más de personas con una ingesta de proteínas deficiente, debido al menor contenido proteínico del arroz (reducido en un 7,6%), el trigo (7,8%), la cebada (14,1%) y las papas (6,4%).

El análisis gráfico que se llevó a cabo para el uso de los alimentos mide esta dimensión de la inseguridad alimentaria con una proxy inversa: la prevalencia de menores de 5 años que sufren un retraso del crecimiento (gráfico 5.11), con una correlación positiva prevista entre vulnerabilidad climática y el retraso mencionado. La relación se confirma. Los países que se encuentran particularmente en riesgo debido a los altos niveles de vulnerabilidad climática y de retraso en el desarrollo son Belice, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.

¿Qué pueden hacer los países de América Latina y el Caribe para mitigar los efectos adversos del cambio climático en el uso de los alimentos? En general, la respuesta implica promover las intervenciones agrícolas y de seguridad alimentaria que tomen en cuenta la nutrición, la diversificación agrícola, las tecnologías y prácticas postcosecha, los programas de control integrado de plagas y de buenas prácticas agrícolas, y las acciones en materia de agua, saneamiento e higiene. En el cuadro 5.4 se despliega una lista de políticas específicas, mientras que en el recuadro 5.5 se detalla un programa que aplicó con éxito algunas de dichas políticas en Nicaragua.

## Estabilidad alimentaria

La estabilidad alimentaria es el acceso ininterrumpido a alimentos nutritivos a lo largo del tiempo (FAO 2008). El análisis gráfico de la dimensión de inseguridad alimentaria se basa en la volatilidad del índice de precios de los
<figure><img src="image_58.png" /><figcaption>**Gráfico 5.11.** Correlación entre retraso del crecimiento y vulnerabilidad climática</figcaption></figure>

*Fuente:* Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de FAOSTAT y del Índice por países ND-GAIN.

*Nota:* Las líneas punteadas son promedios regionales. El coeficiente de correlación es 0,56.

<table><caption>**Cuadro 5.4.** Políticas para mitigar los efectos del cambio climático en el uso de los alimentos</caption><thead><tr><td>Efectos adversos</td><td>Políticas</td></tr></thead><tbody><tr><td>Disminución de la calidad nutricional de los alimentos</td><td><ul><li>Promover una agricultura que tome en cuenta la nutrición e intervenciones de seguridad alimentaria, incluidos un sistema de producción de alimentos en el hogar, jardines domésticos, cultivos biofortificados, sistemas de seguimiento, buenas prácticas agrícolas y manufactureras, y la diversificación agrícola. Véanse, por ejemplo, Ruel et al. (2017); Ruel (2019); Ruel, Quisumbing y Balagamwala (2018), y Sharma et al. (2021).</li><li>Impulsar la diversificación agrícola para lograr sistemas de producción más resilientes y mejorar la diversidad de las dietas. Véanse, por ejemplo, Dillon, McGee y Oseni (2015); Jones, Shrinivas y Bezner-Kerr (2014).</li></ul></td></tr></tbody></table>

*(continúa en la página siguiente)*

alimentos (FPI, por su sigla en inglés) de la FAO para tener una referencia de la estabilidad alimentaria. En consonancia con Tothova (2011), la volatilidad en un determinado año se mide como el coeficiente de la variación de los precios mensuales (el ratio de la desviación estándar anualizada en relación con la media). Los valores más altos implican una mayor volatilidad de los precios. Se observa una correlación positiva entre vulnerabilidad climática y la volatilidad del FPI. Los países que se encuentran particularmente en riesgo debido
Cuadro 5.4. Políticas para mitigar los efectos del cambio climático en el uso de los alimentos (continuación)

Efectos adversos Políticas

Aumento de la
incidencia, la
persistencia y la
intensidad de
enfermedades
transmitidas por los
alimentos y el agua

* Fomentar la adopción de tecnologías y prácticas postcosecha, incluido el uso de silos, unidades de almacenamiento y equipos que conserven la cadena de frío (Tefera, Mugo y Likhayo 2011; Stathers et al. 2020; Odjo et al. 2022; Olorunfemi y Kayode 2021; Acedo 2019).

* Promover la adopción del control integrado de plagas y de buenas prácticas agrícolas para reducir los insumos tóxicos en los cultivos agrícolas mediante un mejor conocimiento de la manipulación de alimentos y el control biológico. Véase, por ejemplo, Waddington et al. (2014).

* Impulsar las intervenciones en materia de agua, saneamiento e higiene como parte de una respuesta de emergencia dentro de los 12 meses que siguen a una inundación (Yates et al. 2021). Ampliar el acceso a los sistemas de agua potable y saneamiento (Kiendrebeogo 2012; Cassivi et al. 2019).

Fuente: Elaboración del equipo del BID sobre la base de Mbow et al. (2019).

Recuadro 5.5. Empoderamiento de las mujeres y diversificación de sus ingresos para el uso de los alimentos en Nicaragua

Con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2010 y 2014 Nicaragua implementó el Programa de Apoyo Productivo Agroalimentario (APAGRO), dirigido a pequeñas productoras. Su objetivo consistía en mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de los hogares rurales diversificando el ingreso para reforzar la resiliencia climática. APAGRO ofrecía transferencias de diferentes activos de ganado menor, combinadas con asistencia técnica, la cual incluía capacitación en gestión financiera, buenas prácticas ganaderas para reducir los problemas sanitarios, y otros temas. Más de 10.000 agricultores se vieron favorecidas por esta intervención.

En 2018 se llevó a cabo una evaluación de impacto de APAGRO, con una muestra de 1081 productoras (570 beneficiarias y 511 controles), utilizando una metodología de diferencias en diferencias. De acuerdo con las conclusiones, la participación mejoró la producción agrícola (en un 60%), el consumo de los hogares (un 18%), el ingreso de las ventas de ganado (más del 200%), el consumo de alimentos (un 11%) y la ingesta de proteínas (un 12%). Además, el análisis confirmó una reducción de la falta de empoderamiento de las mujeres (medido a partir del índice de empoderamiento de las mujeres en agricultura) y de la desigualdad de género en los hogares, como resultado del programa.

Fuente: Elaboración del equipo del BID sobre la base de Salazar, Fahsbender y Kim (2018).

a los elevados niveles de vulnerabilidad climática y la alta volatilidad del FPI son Bolivia, Guatemala, Haití, Jamaica y República Dominicana (gráfico 5.12).
<figure><img src="image_59.png" /><figcaption>**Gráfico 5.12.** Correlación entre volatilidad del índice de precios de los alimentos y vulnerabilidad climática</figcaption></figure>

Fuente: Cálculos del equipo del BID, a partir de datos de FAOSTAT y del Índice por países ND-GAIN.
Nota: Las líneas punteadas son promedios regionales. El coeficiente de correlación es 0,2.

Los países de América Latina y el Caribe pueden mitigar los efectos adversos del cambio climático en la estabilidad alimentaria mediante el fortalecimiento de los mecanismos que les permitan responder a episodios de inestabilidad. Los programas de transferencias monetarias y de seguros son especialmente útiles (cuadro 5.5).

## Un menú de opciones para garantizar la seguridad alimentaria

La literatura a la que se pasa revista en este capítulo confirma que la vulnerabilidad al clima tiene un efecto adverso considerable y multifacético en la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, lo que incluye sus cuatro dimensiones: disponibilidad, acceso, uso y estabilidad. Los datos y el análisis sugieren que los niveles más altos de vulnerabilidad climática, medida por la puntuación de vulnerabilidad del Índice por países ND-GAIN, están asociados con niveles más altos de desnutrición (inseguridad alimentaria), puntajes más bajos en el índice de producción bruta en el rubro alimentos (disponibilidad de alimentos), tasas de pobreza más elevadas (acceso a los alimentos), mayor prevalencia de un retraso del desarrollo en menores de 5 años (uso de los alimentos) y una mayor variabilidad en los precios de los alimentos (estabilidad alimentaria).
<table><caption>**Cuadro 5.5.** Políticas para mitigar los efectos del cambio climático en la estabilidad alimentaria</caption><thead><tr><th>Efectos adversos</th><th>Políticas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mayor volatilidad del ingreso y los precios de los alimentos</td><td><ul><li>Promover los programas de transferencias monetarias. Se trata de herramientas útiles para planificar y focalizar la preparación para emergencias. Las transferencias monetarias se pueden ampliar para mantener el acceso a los alimentos y reducir los impactos negativos en los resultados nutricionales de los niños antes y durante las emergencias. Se pueden emplear los registros de los programas de protección social para llegar a los hogares más vulnerables a los efectos de eventos climáticos extremos en la estabilidad alimentaria. Esto suele requerir una expansión de la cobertura. Véanse, por ejemplo, Pople, Dercon y Brunckhorst (2023); Barca y O'Brien (2017).</li></ul></td></tr><tr><td>Mayores pérdidas de cultivos y ganado</td><td><ul><li>Proporcionar productos y servicios financieros, como los productos de seguros basados en índices climáticos para la agricultura (Pishbahar et al. 2019; Chen, Lu et al. 2023). Véanse, por ejemplo, Di Falco et al. (2014); Carter et al. (2014), y Moore et al. (2019).</li></ul></td></tr></tbody></table>

Fuente: Equipo del BID, a partir de Mbow et al. (2019).

La bibliografía también sugiere la presencia de un conjunto de políticas que puede mitigar estos efectos. Entre ellas, cabe resaltar las siguientes: promover el desarrollo y la adopción de tecnologías y prácticas que mejoren la productividad y la postcosecha, y que sean climáticamente inteligentes; fortalecer la gobernanza sectorial; ampliar y focalizar de manera más adecuada los programas de transferencias monetarias; diversificar los cultivos y las estrategias de subsistencia; reforzar la seguridad alimentaria y el control de plagas, y proporcionar seguros agrícolas. Además, las evaluaciones de las iniciativas apoyadas por el BID demuestran que, si los proyectos o programas se diseñan e implementan de forma rigurosa, se pueden alcanzar los resultados deseados.

Esta revisión de políticas no es exhaustiva, pero demuestra claramente que las respuestas de políticas son necesarias en diferentes niveles y en distintos sectores. Esa conclusión, a su vez, constituye un argumento a favor de un enfoque integral que tenga en cuenta todo el sistema agroalimentario, incluidas sus intersecciones con las áreas de protección social, agricultura, salud, energía, agua y saneamiento, y gestión del riesgo de desastres. Debido a que, dentro de cada país, así como entre los países, las condiciones y las capacidades varían, se requieren más análisis a fin de identificar qué intervenciones son las más apropiadas para cada caso particular.
<figure><img src="image_60.png" /></figure>
# 6

## Pruebas de estrés de la resiliencia del sector financiero ante el cambio climático

<figure><img src="image_61.png" /></figure>

Las pruebas de estrés del sistema bancario efectuadas en 17 países de América Latina y el Caribe sugieren que, si bien pueden producirse pérdidas de capital bajo diferentes escenarios climáticos, los riesgos se podrán gestionar, lo cual limita la amenaza para la solvencia de los bancos de la región. Sin embargo, las deficiencias en materia de datos y tecnología plantean barreras considerables para realizar evaluaciones fehacientes del riesgo y llevar adelante una gestión efectiva. Abordar estas carencias requiere mejorar la recolección de datos y el procesamiento de información, así como adoptar enfoques más dinámicos de parte de los órganos de supervisión y regulación, que permitan que la regulación del sistema financiero se mantenga a la par con el carácter cambiante de los riesgos climáticos.

Los bancos desempeñan un rol vital en América Latina y el Caribe. Brindan respaldo a las personas y las empresas mediante financiamiento para medidas de mitigación y adaptación, así como a través de mecanismos de transferencia del riesgo e instrumentos para aumentar la resiliencia. Mientras que en otras partes del mundo son relativamente menos importantes que los mercados de capital, en la región los bancos gestionan la mayor parte de los ahorros financieros y sirven como la piedra angular de la intermediación financiera, canalizando los fondos de los ahorristas a los prestatarios. Cualquier impacto significativo en la estabilidad del sistema bancario puede tener consecuencias de gran alcance para el crecimiento económico, la inversión y el ahorro.

En este capítulo se analizan los impactos del cambio climático en los sistemas bancarios en América Latina y el Caribe, con eje en la evaluación de los riesgos que el cambio climático trae aparejados para la estabilidad del sistema bancario. Históricamente, la estabilidad financiera ha escaseado en la región. Aun así, es crítica para el funcionamiento adecuado del sistema financiero. Sin ella, los bancos no pueden cumplir con el financiamiento ni las funciones de transferencia del riesgo necesarias para ayudar a los países
a enfrentar el cambio climático. Para la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, la evaluación integral del riesgo que se presenta en este capítulo es la primera que se ha realizado hasta el momento.

El cambio climático entraña al menos dos tipos de riesgo para la estabilidad financiera: el riesgo físico y el riesgo de transición (Grippa, Schmittmann y Suntheim 2019; Rudebusch 2021; Fabris 2020; BCE 2020). El riesgo físico comprende los daños a la propiedad, la infraestructura y la tierra derivados de fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y sequías, y las consiguientes caídas de la productividad.<fnref n="1" /> El riesgo de transición se refiere a la revalorización de los activos intensivos en carbono (por ejemplo, las refinerías de petróleo) y a los diversos efectos del ajuste hacia una economía más baja en carbono, incluidos los cambios en el mercado laboral y las ventajas comparativas. Los costos de transición pueden desencadenarse debido a la adopción repentina de políticas climáticas más estrictas y a la regulación y los impuestos asociados, a transformaciones tecnológicas que reduzcan los costos de las energías renovables, y a cambios en las impresiones y las preferencias del mercado que conduzcan a cambios en la oferta y la demanda relacionada con bienes y servicios más sostenibles.

Las pruebas de estrés son una herramienta clave para evaluar la resiliencia de los sistemas bancarios ante los riesgos financieros inducidos por el cambio climático, y abarcan una extensa gama de escenarios climáticos y sus implicaciones financieras. Aunque se utilizan ampliamente en otras regiones, estas pruebas son una novedad en América Latina y el Caribe.

Las pruebas de estrés proporcionan perspectivas sumamente valiosas al predecir cómo los bancos pueden soportar escenarios adversos relacionados con el clima. Contribuyen a identificar vulnerabilidades en las carteras de los bancos, particularmente ante los riesgos físicos y de transición, y ofrecen una perspectiva anticipada de los posibles shocks sistémicos. Esta previsión permite el desarrollo de estrategias financieras y políticas regulatorias más resilientes, lo cual asegura que los bancos y el sistema financiero en general estén mejor preparados para los impactos multifacéticos del cambio climático.

Sin embargo, los resultados de las pruebas de estrés ante el cambio climático deben tomarse con cautela (Reinders, Schoenmaker y Van Dijk 2023). Aunque proporcionan información útil, presentan deficiencias significativas que pueden llevar a subestimar la posibilidad de pérdidas financieras en todo el sistema. Además de los riesgos físicos y de transición, el cambio climático exacerbar los riesgos de responsabilidad, que surgen cuando las partes que han sufrido pérdidas o daños debido a sus impactos

<footnote n="1">¹ El riesgo físico también abarca eventos de evolución lenta, como la degradación del medio ambiente y la suba del nivel del mar.</footnote>
buscan ser compensadas por aquellos a quienes consideran responsables. En una escala suficientemente grande, estas demandas podrían provocar consecuencias legales y financieras importantes para las empresas y los gobiernos. Los riesgos sistémicos están asociados con la interconectividad de las instituciones y los mercados financieros, donde los impactos del cambio climático podrían desatar una reacción en cadena que afectaría al mercado de capital y, por lo tanto, al sistema financiero en general. Dado que las pruebas de estrés tienden a basarse en modelos macroeconómicos con detalles sectoriales y espaciales insuficientes, a menudo ignoran estos y otros diversos tipos de shocks climáticos.

En vista de estas limitaciones, el capítulo también explora otros impactos del cambio climático en el sector financiero, incluidos los cambios en los valores de los activos y el riesgo de crédito, y las probabilidades de disrupciones financieras sistémicas, dada la exposición de los bancos al riesgo de crédito soberano. Además, este capítulo destaca los complejos canales de transmisión mediante los cuales los riesgos asociados con el cambio climático pueden afectar la estabilidad financiera; arroja luz sobre las vulnerabilidades de los sistemas bancarios de la región ante estos riesgos e identifica las incógnitas y las incertidumbres que requieren monitoreo. De esta manera, el capítulo traza un camino por seguir para que los responsables de las políticas, los reguladores y los bancos orienten las acciones de las políticas. Mediante una cuidadosa consideración de los riesgos, las partes interesadas pueden adoptar medidas bien fundamentadas para salvaguardar la estabilidad financiera en un futuro climático cada vez más incierto.

## De los riesgos climáticos a los riesgos financieros: las pruebas de estrés de los bancos

El cambio climático expone a los bancos a riesgos físicos y de transición tanto directa como indirectamente. Los riesgos directos se plantean debido a los costos crecientes de la energía, los costos de cumplimiento de las normas de construcción y regulatorias sostenibles y la vulnerabilidad de los centros de datos ante las inundaciones o huracanes. Los riesgos indirec-tos son el resultado del efecto disruptivo de condiciones macroeconómicas adversas y vías de transición en la solvencia de los clientes de los bancos y el valor de los activos que poseen los bancos.

Una manera de evaluar si los bancos pueden resistir los efectos del cambio climático son las pruebas de estrés. Estas consisten en ejercicios de simulación llevados a cabo por bancos individuales y bancos centrales para evaluar la resiliencia de un banco o de un grupo de bancos bajo escenarios alternativos severos pero plausibles (Baudino y Svoronos 2021). El carácter
prospectivo de la metodología hace de ella una herramienta adecuada para producir, bajo unos pocos escenarios plausibles, previsiones de las exposiciones y pérdidas que no pueden ser extrapoladas a partir de datos históricos, como los datos relacionados con el riesgo climático actual sin precedentes. Dado que los riesgos climáticos pueden manifestarse asimétricamente en diferentes sectores y lugares geográficos, es probable que los efectos también difieran según los bancos, dependiendo de las estructuras específicas de su balance en general y de las carteras de préstamos en particular.<fnref n="2" />

Traducir los impactos del cambio climático en impactos financieros en las exposiciones del banco requiere cuatro pasos analíticos principales. El primero consiste en utilizar los escenarios climáticos proyectados por la comunidad científica para predecir temperaturas en el futuro. El segundo implica mapear estas métricas climáticas con indicadores macroeconómicos tradicionales, como el producto interno bruto (PIB).<fnref n="3" /> En tercer lugar, se requiere llevar a cabo un análisis más granular, dado que los riesgos climáticos se manifiestan de manera asimétrica en diferentes sectores y lugares geográficos. Por último, todos los elementos anteriores deben combinarse para calcular el impacto en los bancos.<fnref n="4" />

Realizar una prueba de estrés supone un alto grado de incertidumbre, debido a la dificultad de inferir efectos futuros potenciales a partir de datos históricos, a la probabilidad no desdeñable de eventos de cola, es decir, eventos tales como fenómenos meteorológicos extremos, que son

<footnote n="2">² En este caso, el Banco Central tiene un rol en la determinación de los parámetros de los escenarios contra los cuales los bancos se pondrán a prueba. De lo contrario, los resultados de la prueba de estrés de cada banco no serán comparables a los de los demás. En relación con esto, al liderar el proceso, los bancos centrales desempeñan el rol clave de concientizar a los bancos acerca de la necesidad de adoptar medidas preventivas contra los efectos adversos del cambio climático en la solvencia, la rentabilidad y liquidez de los bancos.</footnote>

<footnote n="3">³ Esto se puede lograr utilizando ya sea un enfoque de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En el primero, se dimensiona el riesgo sobre la base de una unidad de análisis consolidada (por ejemplo, los sectores o la economía en su conjunto), y luego se atribuye a las partes que componen esa unidad (por ejemplo, las empresas que operan en cada sector). En cambio, el enfoque ascendente comienza caracterizando el riesgo de forma más granular y luego avanza para producir una medida agregada.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Esto implica una complejidad de modelaje y una incertidumbre considerables, dado que requiere combinar diversos modelos inicialmente no diseñados para funcionar conjuntamente. En Brunetti et al. (2022), el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS 2021) y la Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS 2019) se encontrarán descripciones más detalladas y comparaciones de los diferentes enfoques de modelaje. También debe señalarse que los bancos y los supervisores bancarios normalmente no ejecutan los cuatro pasos por sí solos. Aun así, toman prestados la mayoría de los insumos de otras fuentes (como los escenarios NGFS, que se desarrollan más adelante) y luego se centran en el impacto específico del banco.</footnote>
altamente improbables, pero que pueden tener consecuencias importantes, y a menudo severas, cuando sí ocurren, y a la ocurrencia de efectos derivados y la retroalimentación entre las variables de cambio climático, las variables macroeconómicas y los resultados financieros (Battiston et al. 2019; Monasterolo 2020).<fnref n="5" /> La interacción entre cambio climático, por un lado, y la economía en su conjunto y el sistema bancario, por otro, depende en gran medida de las políticas climáticas adoptadas a lo largo del tiempo a nivel nacional e internacional. La falta de certeza sobre la trayectoria de las emisiones futuras, sus impactos en el clima y la actividad económica, y el ritmo del progreso tecnológico, además de las políticas que serán adoptadas en los próximos años y décadas, añade complejidad a la tarea al obligar al analista a calcular los resultados alternativos bajo diferentes escenarios.

## Evidencia internacional: bajo estrés pero estables

Dado que el cambio climático se vuelve cada vez más presente en la agenda política global, los bancos centrales y los organismos multilaterales han llevado a cabo una nueva ronda de pruebas de estrés sobre sus impactos a largo plazo. La Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS, 2021) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB 2022) estudian las principales características de las pruebas de estrés, tanto las planificadas como las finalizadas, en 36 jurisdicciones de todo el mundo. Sostienen que lo siguiente es verdadero en la mayoría de estos ejercicios:

* Adoptan un horizonte temporal de 30 años, como un compromiso entre una visión a largo plazo y la credibilidad, y tres escenarios de Trayectoria Socioeconómica Compartida (SSP, por su sigla en inglés) transición ordenada (cero emisiones para 2050), transición desordenada (reducción moderada de emisiones) y calentamiento global (políticas actuales).

* Abarcan más frecuentemente el riesgo de transición que el riesgo físico (dado que el primero parece más urgente, mientras se prevé que el segundo se manifestará más intensamente en la segunda mitad del siglo), y el riesgo de crédito con más frecuencia que otros riesgos (lo cual se justifica debido al enorme peso de los préstamos en las carteras de los bancos).

* Se centran en el sistema bancario (aunque varios amplían su alcance para incluir las compañías de seguros y los fondos de pensiones).

<footnote n="5">⁵ Los eventos de cola se denominan "cisnes negros", es decir, son sumamente raros e impredecibles, y tienen un impacto significativo. El término "cisnes verdes" se utiliza a menudo para describir eventos similares específicamente relacionados con problemas medioambientales.</footnote>
* Favorecen un balance estático y se centran en los efectos de primer orden (por oposición a un enfoque dinámico con mecanismos secundarios o de retroalimentación, que aportarían más realismo, pero a costa de una mayor complejidad de modelaje).

* Se reparten por igual entre enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, con una gran variación de la granularidad de los datos.

Aunque no es posible una comparación estricta de los resultados numéricos entre los diferentes estudios debido a las diferencias significativas en los tipos de riesgo evaluados y en las métricas de resultados, en los supuestos y en las metodologías, un rasgo en común es que parece improbable la inestabilidad bancaria generalizada producto del clima, excepto en el caso de las instituciones financieras con carteras de préstamo excesivamente concentradas en algunas regiones geográficas y sectores. Por ejemplo, los estudios revelan que un promedio del 15% de los créditos del sistema bancario han sido concedidos a sectores sensibles a la transición (es decir, a grandes emisores de gases de efecto invernadero), lo que no se destaca como una amenaza severa para la solvencia, incluso cuando se descarte un reajuste de la cartera de préstamos. Aun así, las exposiciones no son iguales en todos los bancos. En Colombia, por ejemplo, la exposición de préstamos riesgosos oscila entre el 1% y el 26% (FSB 2022).

Si bien el punto focal de las aplicaciones mencionadas es el riesgo de crédito bancario, un conjunto de investigaciones recientes ha comenzado a sondear la relación entre deuda soberana, cambio climático y estabilidad financiera. Como los bancos y otros intermediarios invierten parte de sus recursos en títulos públicos, los impactos del cambio climático en las finanzas del sector público pueden dañar la salud del sistema financiero. Una línea de investigación, por ejemplo, llega a la conclusión de que el cambio climático puede afectar la estabilidad financiera a través del nexo con la deuda soberana.

Concretamente, el conjunto de estudios ilustra los impactos multifacéticos del cambio climático en el sector financiero, y muestra cómo la deuda pública afecta la salud del sector bancario en los mercados emergentes, cómo la vulnerabilidad climática influye en los diferenciales de los bonos soberanos y cómo los riesgos climáticos podrían generar peores calificaciones del crédito (Deghi et al. 2022; Cevik y Jalles 2020; Klusak et al. 2021). Aun así, los estudios de caso detallados para Colombia y Reino Unido sugieren que, si bien ciertos escenarios climáticos pueden producir pérdidas financieras importantes, la estabilidad del capital bancario y la sostenibilidad de la deuda pública no están necesariamente en peligro.<fnref n="6" />

<footnote n="6">⁶ Véase Reinders et al. (2021) para un estudio de caso de Colombia y OBR (2021) para el Reino Unido.</footnote>
Recuadro 6.1. Impacto del cambio climático en el sector de los seguros

Dado que la región de América Latina y el Caribe tiene un sistema financiero centrado en los bancos, este capítulo no aborda los efectos del cambio climático en el sector de los seguros. Sin embargo, este sector también se encuentra a merced de riesgos climáticos (véase, por ejemplo, IAIS 2018). Los riesgos físicos pueden aumentar la coincidencia de eventos climáticos anteriormente no relacionados, incrementando así el volumen de demandas al afectar una gran cantidad de asegurados al mismo tiempo. Las aseguradoras pueden retener a clientes demasiado riesgosos y/o descartar una revisión de los precios de las pólizas si no tienen en cuenta estos riesgos latentes. Además, un crecimiento económico lento puede ser perjudicial para la demanda de los seguros. Paralelamente, los factores de transición, al perturbar las fuentes de energía convencionales, los modelos de negocios y la oferta y la demanda de diferentes bienes y servicios, puede abrir nuevas oportunidades comerciales. Por otro lado, con los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y severos, es posible que aumenten las primas y que la disponibilidad disminuya.

Hasta la fecha, el grueso del análisis sobre la estabilidad a largo plazo de este mercado se ha basado principalmente en encuestas cualitativas y auto-declaradas entre quienes son conocedores de la industria. Los supervisores y las compañías de seguros están adoptando enfoques cada vez más rigurosos, como las metodologías de pruebas de estrés del sistema bancario. Con respecto a esto, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS 2022) llega a la conclusión de que el monto total de perdidas hacia 2100 en relación con las acciones, los bonos corporativos y soberanos, los préstamos y los bienes inmuebles que posee el sector de los seguros en todo el mundo oscilará entre un límite inferior del 0,5% de los activos totales en una transición ordenada hasta el 3% en un escenario de "demasiado poco, demasiado tarde". En resumen, las conclusiones son muy parecidas a las del sector bancario, puesto que los resultados señalan un panorama gestionable. Battiston et al. (2019) llegan a una conclusión similar en su investigación acerca de los riesgos que plantea la tenencia de deuda soberana en las carteras de las compañías de seguros.

Sin embargo, estos estudios no presentan un análisis integral de las posibles pérdidas para este sector producto del cambio climático, dado que no incorporan los riesgos asociados con la materialización potencial de los riesgos asegurados por estas compañías, lo que afectaría en el pasivo, y no en los activos, de sus balances.

El recuadro 6.1 trata del impacto del cambio climático en la industria de los seguros. Este vínculo es particularmente pertinente debido al bucle de retroalimentación que existe entre la estabilidad financiera y el sector mencionado. Un estudio de caso de los bancos de Puerto Rico relacionado con
las secuelas del huracán María de 2017 (Anagnostakos et al. 2023) concluye que los bancos se mostraron notablemente resistentes gracias a los efectos estabilizadores de los seguros de las propiedades, el seguro hipotecario federal, la asistencia en caso de catástrofes y, en menor medida, su propio aseguramiento. Estos factores atenuantes pueden verse amenazados por el cambio climático si los aseguradores se retiran de las zonas de desastres naturales o incrementan los costos de cobertura hasta niveles prohibitivos.

## El cambio climático y el estrés del sistema bancario

En el caso de América Latina y el Caribe, la evidencia internacional de la NGSF y el FSB se limita a Brasil, Chile, Colombia y México. Por este motivo, el análisis se amplía para incluir 17 países de la región: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Perú. En términos de los datos requeridos, las simulaciones combinan la información bancaria y macroeconómica para poner en perspectiva los efectos del cambio climático en la salud del sistema bancario en 2050.

Los riesgos físicos y de transición del cambio climático pueden afectar a los intermediarios financieros a través de diversos canales. Debido a estos riesgos, el principal objetivo de las pruebas de estrés climáticas consiste en cuantificar cuánto capital perderán los bancos entre 2022 y 2050 bajo diferentes escenarios.

La simulación se basa en un análisis secuencial, que relaciona el riesgo del cambio climático con el crecimiento sectorial y agregado del PIB y la calidad de los activos bancarios, y abarca los préstamos del sector privado y la deuda pública (gráfico 6.1); los detalles metodológicos se explican en el recuadro 6.2. Sin embargo, las pruebas de estrés deben interpretarse con cautela, dado que persiste la incertidumbre sobre los efectos a largo plazo del cambio climático en la actividad económica y en la solvencia bancaria resultante. Puesto que la situación no tiene precedentes, los modelos económicos disponibles solo pueden elaborar conjeturas a propósito de la evolución de los futuros niveles y el crecimiento del PIB. Una limitación

<figure><img src="image_62.png" /><figcaption>Gráfico 6.1. Cadena de impacto de los riesgos del cambio climático</figcaption></figure>
## Recuadro 6.2. Pérdidas potenciales de los bancos: enfoque metodológico

En este análisis de las posibles consecuencias del cambio climático para la estabilidad financiera en América Latina y el Caribe, se aplica un enfoque de simulación sencillo para estimar las pérdidas potenciales de los sistemas bancarios asociadas con sus carteras de préstamos y de deuda pública.ª En cuanto a los préstamos del sector privado, se simula el cambio en el valor de los activos totales para el sistema bancario en dos etapas. En la primera, el ratio de los préstamos improductivos (NPL, por su sigla en inglés) con respecto al total de los préstamos del sector privado (a partir de aquí, NPL/L) se calcula como sigue:

$$ \left(\frac{NPL}{L}\right) = \sum_{s} \alpha^{s} \times \varepsilon_{NPL,g} \times g_{s} $$

Donde $\alpha^s$ es la parte de cada sector S (incluyendo tanto las actividades productivas como el sector de los hogares) en los préstamos totales. A su vez, $\varepsilon_{NPL,g}$ es la elasticidad de NPL/L total en relación con el crecimiento del PIB, para lo cual, a los efectos de la comparación, se adoptan dos valores alternativos. El primero, -0,96, es el promedio de la elasticidad empírica, según lo revelado por 146 estudios (Macháček, Melecký y Šulganová 2018); se supone que este valor es el mismo para todos los sectores.ᵇ El segundo valor oscila entre -1,1 y -1,5 y representa la estimación de los autores sobre la base de datos de Colombia (véase el recuadro 6.3) para cada división amplia (sector primario, manufacturas, servicios y los hogares). Por último, $g_s$ es el crecimiento previsto del PIB para el sector, tomado del modelo de equilibrio general dinámico neoclásico estimado por Koch y Leimbach (2023) en los cinco escenarios de Trayectoria Socioeconómica Compartida (SSP, por su sigla en inglés) en 194 países.ᶜ Una ventaja de este modelo es su disposición para una amplia representación de países de América Latina y el Caribe y un desglose del PIB entre sectores (primario, manufacturero y de servicios).

La ecuación nos dice que el ratio de NPL/L total proyectado es un promedio ponderado de los ratios NPL/L sectoriales. Esta cifra luego se compara con un ratio NPL/L reciente (diciembre de 2022) para calcular el cambio previsto en este ratio, $\Delta(NPL/L)$.

En la segunda fase, se calculan otras pérdidas de los préstamos en términos del nivel inicial de capital (K):

$$ \left(\frac{ALL}{K}\right) = \left(\frac{ANPL}{L}\right) \times LGD \times \left(\frac{L}{A}\right) = \left(\frac{A}{K}\right), $$

Donde LL, A, K, y LGD representan las pérdidas de los préstamos, los activos totales y el capital total (o valor neto) y el impago debido a pérdidas en caso de

(continúa en la página siguiente)
## Recuadro 6.2. Pérdidas potenciales de los bancos: enfoque metodológico (continuación)

incumplimiento, respectivamente. Para fines prácticos, LGD asume un valor de 0,5, según sugieren Dagher et al. (2020).

La ecuación pretende responder a la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje de su capital inicial (a finales de 2022) perderían los bancos como resultado de impagos de deuda adicionales en una transición desordenada y en un escenario de calentamiento global frente a un escenario ordenado? La ecuación dice que las pérdidas serán mayores cuanto mayor sea la elasticidad de NPL/L en relación con el crecimiento del PIB, la pérdida en caso de impago, el porcentaje de préstamos respecto a los activos (es decir, la exposición total al riesgo de crédito) y la inversa del ratio de capitalización (es decir, los bancos con mayor capital están mejor preparados para absorber una determinada pérdida por préstamos).

El efecto potencial en la valoración de las tenencias de deuda pública se estima primero por medio de la siguiente ecuación financiera:

$$ \Delta DP = \Delta SP \times D \\ = -(\delta_{sp,g} \times g + \delta_{sp,y} \times y) \times D $$

Donde $\Delta DP$ es el cambio porcentual en el valor de la deuda pública, $\Delta SP$ es el cambio en el diferencial de deuda soberana en dos escenarios climáticos adversos (en relación con el más benigno) y $D$ es la duración promedio de la deuda pública. Se supone que $D$ es igual a 8, en línea con el vencimiento promedio de la deuda pública en la región, según informan Prats y Pereira (2022). $\delta_{sp,g}$ (-0,13) y $\delta_{sp,y}$ (-1,2) son las elasticidades del diferencial de deuda soberana con respecto al crecimiento y el nivel del PIB (ambos medidos en relación con la referencia), respectivamente, con las elasticidades empíricas tomadas de Presbitero et al. (2015).d Al igual que antes, los datos proyectados para los países g e y provienen de Koch y Leimbach (2023). La erosión del capital desatada por los posibles nuevos precios a la baja de la deuda pública se estima de la siguiente manera:

$$ \left(\frac{\Delta PD}{K}\right) = \Delta PD \times \left(\frac{PD}{A}\right) = \left(\frac{A}{K}\right) $$

La ecuación dice que estas pérdidas de mercado, en términos de capital, aumentarán con las elasticidades de los diferenciales de deuda soberana en relación con el crecimiento y el nivel del PIB, la duración de la deuda, el porcentaje entre deuda pública y activos y, como antes, la inversa del ratio de capitalización.

(continúa en la página siguiente)

<footnote>a Los supuestos clave en la metodología son los siguientes: i) solo se somete a escrutinio al sistema bancario, a la luz de su enorme dominio en la región, por encima de otros intermediarios</footnote>
## Recuadro 6.2. Pérdidas potenciales de los bancos: enfoque metodológico (continuación)

financieros; ii) aunque los riesgos climáticos puedan tener ramificaciones para el mercado, la liquidez y los riesgos operativos, el ejercicio en este caso se centra en el riesgo de crédito, no solo porque está definido y medido con mayor claridad, sino, sobre todo, por que aparece *prima facie* como la fuente más importante de vulnerabilidad en la región, y iii) la estructura de activos del sistema bancario no cambia a lo largo del período de análisis. Este supuesto de una hoja de balance fija, por el cual la composición de los activos se mantiene sin cambios, no es totalmente realista, dado que los bancos pueden reducir gradualmente su exposición a los riesgos climáticos. Sin embargo, un enfoque de hoja de balance dinámico requeriría supuestos igualmente fuertes, puesto que estos cambios en la cartera son sumamente difíciles de prever. También se supone que: iv) toda la deuda soberana se valora a precios de mercado, y los préstamos regulares al sector privado no se incluyen, y v) todos los activos bancarios se expresan en moneda local, de modo que las consideraciones sobre el tipo de cambio se pueden descartar. Estos supuestos simplificadores son cruzales para ampliar la cobertura de los países de América Latina y el Caribe tanto como sea posible, de manera de proporcionar una primera evaluación regional de la amenaza cuantificable que plantean los riesgos climáticos para la estabilidad financiera.

b Para otras estimaciones de esta elasticidad empírica, véase Beck Jakubik y Piloiu (2013) y Jakubik y Kadioglu (2022).

c El modelo considera la energía y algunos recursos naturales (petróleo y gas) como insumos productivos, lo cual afecta la trayectoria del PIB a través de los precios de la energía y la opción fuentes de energía que minimizan los costos por parte de los productores (Château, Dellink y Lanzi 2014). Dependiendo del precio relativo de las energías de combustibles fósiles y de las energías renovables, cada sector -que tiene su propia energía y otra intensidad de insumos-decide si invertir en fuentes alternativas al combustible convencional. El desglose sectorial permite la identificación de sectores particularmente afectados por las políticas climáticas, como las industrias intensivas en emisiones de carbono. Merece la pena señalar que las diversas partes interesadas en este ámbito han adoptado ampliamente las SSP; por ejemplo, la base de escenarios desarrollados por la Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdercer el Sistema Financiero (NGFS, 2020).

d Presbitero et al. (2015) estiman una regresión multivariada para un panel de 49 países en desarrollo y emergentes. Maurini (2011) informa resultados similares para una muestra más amplia de países emergentes.

particularmente crucial de estos modelos es que no son capaces de incorporar eventos extremos (es decir, eventos de baja probabilidad, pero de alto impacto) ni mecanismos de retroalimentación que magnificarían el impacto agregado de los shocks sectoriales. Por esta razón, los críticos sostienen que dichas proyecciones plantean escenarios demasiado optimistas (Buhaug y Vestby 2019; Pindyck 2013, 2022).

Para este análisis, el crecimiento proyectado del PIB hasta 2050 proviene de Koch y Leimbach (2023), que analizaron las trayectorias de crecimiento bajo cinco SSP en 194 países.<fnref n="7" /> Las SSP son escenarios desarrollados por la comunidad investigadora del cambio climático para promover un análisis económico integrado y consistente en este ámbito. Este estudio se centra en tres trayectorias —SSP1 SSP2 y SSP3— para abarcar un amplio espectro: SSP1 es un escenario de transición ordenada con riesgos físicos y de transición

<footnote n="7">⁷ Se agradece a la profesora Marian Leimbach por compartir generosamente su base de datos.</footnote>
limitados; SSP2 es un escenario de transición desordenada, donde se aplazan las políticas correctivas, lo que resulta en costos de transición altos y costos físicos medios; SSP3 describe un mundo con "calentamiento global", en el que no se logran avances adicionales en los frentes de la mitigación y la adaptación, lo que da lugar a costos de transición bajos, pero ocasiona un riesgo físico sumamente alto.<fnref n="8" /> La otra información necesaria es un conjunto de indicadores del sistema bancario, que proviene de los sitios web de los bancos centrales o de los organismos supervisores de los bancos.<fnref n="9" /> La variable de interés es el cambio en la capitalización de los bancos provocado por el lento crecimiento del PIB en los escenarios SSP2 y SSP3 en relación con la referencia, el escenario SSP1. Concretamente, los cálculos requieren datos sobre las condiciones iniciales (en este caso, a finales de 2022) en cuanto a la estructura del balance (crédito privado, títulos de deuda pública y el ratio del valor neto en relación con los activos), así como la asignación del crédito privado por sector (crédito a las empresas dividido en sector primario, manufacturero y de servicios, que corresponde a la desagregación disponible del PIB en las proyecciones hasta 2050, más el crédito a los hogares). Estos indicadores se presentan en el cuadro 6.1.

Los resultados de la simulación bajo diferentes supuestos sobre la elasticidad del total de NPL/L en relación con el crecimiento del PIB muestran que la mediana de las pérdidas de los préstamos equivale al 5,4% del capital inicial (véase el gráfico 6.2) en el escenario más pesimista. Las pérdidas totales

<footnote n="8">⁸ En términos de la narrativa de la SSP original, SSP1 se puede considerar el estándar de oro, ya que presenta tecnologías sostenibles que impulsan el crecimiento económico y no hay conflictos nacionales o internacionales importantes que puedan obstaculizar las políticas de mitigación y adaptación; SSP2 es un escenario donde "las cosas siguen como están", que conserva los patrones socioeconómicos históricos; y, finalmente, SSP3 es el escenario menos deseable, en el que el nacionalismo, la desigualdad ascendente en los países y la escasa atención puesta en los daños causados por el clima dan lugar a un crecimiento económico decepcionante. Una comparación del incremento anual medio del PIB en diferentes sectores, desde 2022 hasta 2050, bajo los escenarios SSP2 y SSP3 respecto de SSP1, indica que el crecimiento del PIB queda rezagado bajo SSP2 y SSP3 en 1 y 2,3 puntos porcentuales, respectivamente. Es importante señalar que estas cifras, una vez más, son relativas al escenario de referencia SSP1 y no a las tasas de crecimiento absolutas. Una reducción de dos puntos porcentuales en el capital respecto de los activos bajo SSP2, por ejemplo, significa que el indicador es dos puntos menor de lo que sería en el escenario SSP1.</footnote>

<footnote n="9">⁹ A lo largo del análisis, suponemos una hoja de balance fija, lo cual significa que la estructura de activos del sistema bancario, en términos de clase de activo y asignación sectorial, se mantiene sin cambios a lo largo del período. Puede que esto no sea completamente realista, dado que es posible que los bancos reduzcan gradualmente su exposición a los riesgos climáticos, y, además, es factible que los prestatarios se propongan reducir sus huellas de carbono. Sin embargo, un enfoque más dinámico del balance requeriría datos que son sumamente difíciles de prever.</footnote>
<table><caption>**Cuadro 6.1.** Indicadores bancarios en 17 países de América Latina y el Caribe, hacia fines de 2022</caption><thead><tr><th>Variable</th><th>Media</th><th>Mediana</th><th>Mín.</th><th>Máx.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Crédito privado sobre activos</td><td>52,2</td><td>50,3</td><td>28</td><td>79,4</td></tr><tr><td>Composición del crédito privado</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Hogares</td><td>45,3</td><td>47,5</td><td>15,1</td><td>83</td></tr><tr><td>Empresas</td><td>54,7</td><td>52,5</td><td>17</td><td>84,9</td></tr><tr><td>Composición del crédito de las empresas</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sector primario</td><td>8,5</td><td>5,7</td><td>0,7</td><td>24,4</td></tr><tr><td>Manufactura</td><td>23,5</td><td>18,3</td><td>4</td><td>64,2</td></tr><tr><td>Servicios</td><td>68</td><td>74,1</td><td>29,9</td><td>95,3</td></tr><tr><td>Deuda pública sobre activos</td><td>15,8</td><td>15,3</td><td>1,1</td><td>40,2</td></tr><tr><td>Patrimonio neto sobre activos</td><td>10,7</td><td>10,5</td><td>7,1</td><td>18,3</td></tr><tr><td>Ratio NPL</td><td>3,7</td><td>2,8</td><td>1,6</td><td>9,6</td></tr></tbody></table>

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos extraídos de los sitios web de los bancos centrales y otros supervisores bancarios.

<figure><img src="image_63.png" /><figcaption>**Gráfico 6.2.** Pérdidas por préstamos bajo SSP2 y SSP3 en relación con SSP1, en 2050</figcaption></figure>

Fuente: Análisis propio.

Nota: El diagrama de caja resume los resultados del análisis, y la caja representa el rango intercuartil (IQR, o el 50% de los puntos de datos situados por encima del primer 25% y por debajo del 75%). La línea dentro de la caja es la mediana. Los valores extremos de la línea asignados a la caja son el "máximo" (75% +1,5 IQR) y el "mínimo" (el primer 25% -1,5 IQR), y los puntos indican casos atípicos, que en este caso corresponden a Ecuador y Haití, donde este último es el más grande. La "Elasticidad de la Literatura" y las "Estimaciones de Elasticidad" se refieren a la elasticidad de NPL en relación con el crecimiento del PIB, para el cual los autores utilizan alternativamente los valores empíricos promedio de un gran número de estudios (la "Literatura") y sus propias estimaciones sectoriales, basadas en datos de Colombia, que se presentan en el recuadro 6.3 ("Estimaciones").
<figure><img src="image_64.png" /><figcaption>**Gráfico 6.3.** Pérdidas por préstamos y deuda pública bajo SSP2 y SSP3 en relación con SSP1, en 2050</figcaption></figure>

*Fuente:* Análisis propio.

*Nota:* El diagrama de caja resume los resultados del análisis, y la caja representa el rango intercuartil (IQR, o el 50% de los puntos de datos situados por encima del primer 25% y por debajo del 75%). La línea dentro de la caja es la mediana. Los valores extremos de la línea asignados a la caja son el "máximo" (75% +1,5 IQR) y el "mínimo" (el primer 25% menos 1,5 IQR), y los puntos indican casos atípicos, que en este caso corresponden a Brasil y Guatemala en el escenario SSP2, y a Brasil, Haití y Guatemala en el escenario SSP3, donde Guatemala es el mayor. La "Elasticidad de la Literatura" y las "Estimaciones de Elasticidad" se refieren a la elasticidad de NPL en relación con el crecimiento del PIB, para el cual los autores utilizan alternativamente los valores empíricos promedio de un gran número de estudios (la "Literatura") y sus propias estimaciones sectoriales, basadas en datos de Colombia, que se presentan en el recuadro 6.3 ("Estimaciones").

—la suma de las pérdidas de los préstamos y de la deuda pública, que representan el 6,4% en el peor escenario— se presentan en el gráfico 6.3.<fnref n="10" /> Estas pérdidas parecen gestionables y es poco probable que amenacen la estabilidad financiera. Dagher et al. (2016), por ejemplo, analizan el deterioro de los ratios de NPL en todas las crisis bancarias desde 1970 y llegan a la conclusión, en su cálculo de línea de base, que un ratio de capital en relación con los activos ponderados por el riesgo del 14,8% habría sido suficiente para lidiar con esos episodios. La mediana de este indicador en la región es del 16,2%, y disminuiría a cerca del 14,7% en el peor escenario de cambio climático evaluado en las simulaciones (véase el gráfico 6.5). Un análisis más detallado utilizando datos más granulares para Colombia se presenta en el recuadro 6.3.

<footnote n="10">¹⁰ Los principales resultados parecen en gran parte inalterados, ya sea que se aplique la elasticidad del NPL de la literatura o las elasticidades de los propios autores a partir de los datos de Colombia (véanse los recuadros 6.2 y 6.3 para más detalles sobre estas elasticidades).</footnote>
<figure><img src="image_65.png" /><figcaption>**Gráfico 6.4.** Capital regulatorio en relación con los activos ponderados por riesgo, a finales de 2022</figcaption></figure>

Ratio del capital regulatorio en relación con los activos ponderados por riesgo (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos extraídos de los sitios web de los bancos centrales y otros supervisores bancarios.

<figure><img src="image_66.png" /><figcaption>**Gráfico 6.5.** Ratios de capital de Basilea bajo SSP2 y SSP3 en relación con SSP1, en 2050</figcaption></figure>

Nota: El diagrama de caja resume los resultados del análisis, y la caja representa el rango intercuartil (IQR, o el 50% de los puntos de datos situados por encima del primer 25% y por debajo del 75%). La línea dentro de la caja es la mediana. Los valores extremos de la línea asignados a la caja son el "máximo" (75% +1,5 IQR) y el "minimo" (el primer 25% menos 1,5 IQR). La línea de base proviene de la distribución de los ratios de capital de Basilea a nivel de país (sin emplear simulación). La "Elasticidad de la Literatura" y las "Estimaciones de Elasticidad" se refieren a la elasticidad de NPL en relación con el crecimiento del PIB, para lo cual los autores utilizan alternativamente los valores empíricos promedio de un gran número de estudios (la "Literatura") y sus propias estimaciones sectoriales, basadas en datos de Colombia, que se presentan en el recuadro 6.3 ("Estimaciones").
## Recuadro 6.3. Verificaciones de robustez con datos a nivel de los bancos en Colombia

Debido a las limitaciones de datos, las simulaciones presentadas hasta ahora en este capítulo se han realizado de la siguiente forma: a) a nivel del sistema bancario; b) con un nivel bajo de desagregación sectorial (agricultura, manufacturas, servicios y hogares); c) utilizando la elasticidad del ratio de préstamos improductivos en relación con el total de préstamos al sector privado (NPL/L) y el crecimiento del PIB de Macháček, Melecký y Šulganová (2018), en lugar de estimarlo (además, se supone que esta elasticidad es la misma para todos los sectores), y d) aplicando previsiones de crecimiento que no consideran los escenarios de crecimiento del PIB sectorial. Dadas estas limitaciones, se lleva a cabo un ejercicio específico en Colombia, el único país en la región que cuenta con los datos públicos requeridos para flexibilizarlas.

La base de datos utilizada contiene la cartera de préstamos comercial y de los hogares de todos los bancos que operaban en Colombia entre el primer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2020.ª Los datos abarcan los préstamos productivos e improductivos (NPL, por su sigla en inglés) hasta un máximo de 81 subsectores productivos, más el sector de los hogares, e incluye el PIB real trimestral de cada uno de los subsectores. La elasticidad de los préstamos del sector privado (NPL/L) en relación con el PIB en las actividades agrícolas, manufactureras y de los servicios, y la cartera de préstamos a los hogares, se estima sobre la base de esta información (véase Bebczuk, Celis y Galindo, de próxima publicación, para más detalles).ᵇ

Posteriormente, siguiendo la misma metodología que en el ejercicio anterior, se realizan otras pruebas de estrés y se identifican algunos sectores que son especialmente vulnerables al cambio climático. Las industrias que probablemente se verán severamente afectadas por los riesgos físicos incluyen la producción agrícola y ganadera, la silvicultura y la explotación forestal, la pesca y la producción de alimentos y bebidas (véase el capítulo 5). Se puede anticipar que los riesgos de transición afectarán al petróleo crudo y al gas natural; la minería, la producción de coque y otros productos refinados del petróleo, el papel y los productos derivados del papel, y los productos de hule y plástico, así como la electricidad y el gas.

El primer escenario de estrés (escenario 1) incluye ratios NPL/L variables según las elasticidades sectoriales del PIB y las mismas previsiones sectoriales del PIB, en lugar de basarse en la elasticidad proveniente de la literatura y asumir que es la misma en los diferentes sectores. Sin embargo, para producir escenarios más extremos capaces de capturar los desastres locales, que pueden constituir el mayor riesgo para los bancos concentrados sectorial o geográficamente, se plantean otros dos escenarios de estrés.ᶜ

* Escenario 2: los ratios NPL/L se duplican con respecto a los niveles observados en diciembre de 2022 en los sectores vulnerables al clima.

(continúa en la página siguiente)
Recuadro 6.3. Verificaciones de robustez con datos a nivel de los
bancos en Colombia (continuación)

<figure><img src="image_67.png" /><figcaption>Gráfico 6.3.1. Ratios de capital de Basilea por banco bajo escenarios de estrés alternativos en SSP2 en relación con SSP1, en 2050</figcaption></figure>

Nota: El diagrama de cajas resume los resultados del análisis en el escenario macroeconómico SSP2, donde la caja representa el rango intercuartil (IQR, o el 50% de los puntos de datos situados por encima del primer 25% y por debajo del 75%). La línea en la caja es la mediana. Los valores extremos de la línea de cada caja son el "máximo" (75% +1,5 IQR) y el "mínimo" (el primer 25% menos 1,5 IQR). La línea discontinua representa el umbral de ratio de capital regulatorio del 10,5%. La línea de base proviene de la distribución de los datos de los ratios de capital de Basilea a nivel de los bancos colombianos (sin emplear simulación). En el escenario 1 (SC1), el ratio NPL varía según las elasticidades estimadas únicamente. El escenario 2 (SC2), duplica el ratio NPL en los sectores sensibles. En el escenario 3 (SC3), el ratio NPL en todos los sectores sensibles aumenta a 25%.

* Escenario 3: los ratios NPL/L aumentan hasta un 25% en los sectores vulnerables al clima, independientemente del valor inicial.

El gráfico 6.3.1 (con previsiones de crecimiento del PIB bajo SSP2) y el gráfico 6.3.2 (con previsiones de crecimiento del PIB bajo SSP3) resumen el ratio de capital de Basilea para cada banco que se prevé que resulte en cada escenario respectivo.

Los resultados muestran que los ratios de capital regulatorios se mantienen en gran parte sin verse afectados incluso en los escenarios extremos. Aun así, unos pocos bancos experimentarían una contracción sustancial del capital, que los llevaría a situarse por debajo del ratio requerido del 10,5%.d Esto, en sí mismo, podría ser problemático si la quiebra de unos pocos bancos, inclusive los pequeños, se tradujera en una corrida sistémica contra el sistema financiero.

¿Cómo se explica este bajo impacto previsto? Principalmente, por el hecho de que los bancos ya están solo marginalmente expuestos a estos sectores riesgosos. La producción de alimentos (8,8% del sistema bancario) y la electricidad

(continúa en la página siguiente)
Recuadro 6.3. Verificaciones de robustez con datos a nivel de los bancos en Colombia (continuación)

<figure><img src="image_68.png" /><figcaption>Gráfico B6.3.2. Ratios de capital de Basilea bajo escenarios de estrés alternativos en SSP3 en relación con SSP1, en 2050</figcaption></figure>

Nota: El diagrama de cajas resume los resultados del análisis en el escenario macroeconómico SSP3, donde la caja representa el rango intercuartil (IQR, o el 50% de los puntos de datos situados por encima del primer 25% y por debajo del 75%). La línea en la caja es la mediana. Los valores extremos de la línea de cada caja son el "máximo" (75% +1,5 IQR) y el "mínimo" (el primer 25% menos 1,5 IQR). La línea discontinua representa el umbral de ratio de capital regulatorio del 10,5%. La línea de base proviene de la distribución de los datos de los ratios de capital de Basilea a nivel de los bancos colombianos (sin emplear simulación). En el escenario 1 (SC1), el ratio NPL varía según las elasticidades estimadas únicamente. El escenario 2 (SC2), duplica el ratio NPL en los sectores sensibles. En el escenario 3 (SC3), el ratio NPL en todos los sectores sensibles aumenta a 25%.

y el gas (10,3%) son los únicos sectores sensibles que exhiben un porcentaje algo significativo de la cartera total de préstamos comerciales. Aunque existe cierta dispersión en los diferentes bancos, ninguna de estas dos actividades tiene una participación que supere el 20%.e

Por último, pero no menos importante, el efecto será menor cuanto menor sea la exposición total al riesgo crediticio, como se señaló anteriormente en este capítulo. En el caso colombiano, a nivel del sistema, los préstamos comerciales totales representan el 2,2% del total del capital. Para un ratio de capital en relación con los activos ponderados por riesgo del 16,2%, esto significa que, en el caso más extremo considerado, el ratio de capital caería ligeramente al 14%, lo que sugiere que la estabilidad financiera sistémica no se vería seriamente en peligro. Sin embargo, algunos bancos caerían por debajo de los requisitos de capital mínimos. Esto no significa necesariamente que los bancos vayan a quebrar, dado que se trata de un ejercicio hipotético que supone que su estructura de activos se mantiene fija a pesar de los riesgos crecientes. Las quiebras se pueden evitar reconfigurando la estructura de la hoja

(continúa en la página siguiente)
## Recuadro 6.3. Verificaciones de robustez con datos a nivel de los bancos en Colombia

de balance como respuesta a los mayores riesgos climáticos. No obstante, merece la pena señalar que, en caso de que algunos bancos quiebren a causa de los riesgos climáticos, la manera en que esto se gestiona puede impedir un impacto sistémico.

Las pérdidas de capital dependen de cuánto se deteriora la calidad de un préstamo como resultado del cambio climático y qué parte del capital inicial representa la cartera de préstamos. Dos casos de país ilustran por qué sucede esto. En el primer caso, correspondiente a Argentina, las pérdidas por préstamos bajo el escenario SSP2 son solo del 0,5% del capital. ¿Por qué? Porque la exposición inicial del crédito privado es solo del 28% de los activos y los bancos están altamente capitalizados, con un ratio de capital en relación con los activos del 18,3%. Por otro lado, las mismas pérdidas aumentan al 6,7% en Haití, donde el crédito privado y el capital representan el 61,7% y solo el 7,7% de los activos, respectivamente.

Los resultados sugieren que no es probable que el cambio climático provoque una inestabilidad bancaria generalizada, excepto entre las instituciones financieras cuyas carteras de préstamos están altamente concentradas en áreas geográficas y sectores específicos. Sin embargo, estos resultados requieren ciertas reservas.

En primer lugar, como ya se destacó, las tasas de crecimiento del PIB pueden caer por debajo de aquellas utilizadas en las pruebas de estrés anteriores bajo condiciones climáticas extremas, lo que ocasionaría pérdidas adicionales. Los riesgos de cola —es decir, la materialización de fenómenos climáticos extremos, que se prevé serán más frecuentes y severos con el cambio

<footnote>a El análisis no incluye información posterior a comienzos de 2020 debido a la tolerancia regulatoria durante la crisis de la COVID-19, que permitió a los bancos aplazar la rebaja de la calificación de los préstamos morosos.</footnote>

<footnote>b Las elasticidades empíricas oscilan entre -1,1 y -1,5, es decir, ligeramente superiores, pero, en cualquier caso, en la misma magnitud que el promedio de -0,96 que indica la literatura relacionada y que se utiliza en las simulaciones presentadas en este capítulo. Para el lector interesado, la estimación se basa en un modelo de proyecciones locales con efectos fijos a nivel del banco. Más detalles y el producto econométrico están disponibles previa solicitud.</footnote>

<footnote>c El ejercicio supone que los ratios NPL/L en los sectores menos sensibles (aquellos no reconocidos en el párrafo anterior) evolucionan según las elasticidades estimadas del PIB y las tasas disponibles de crecimiento del PIB proyectadas.</footnote>

<footnote>d Debe señalarse que los bancos amenazados están inicialmente menos capitalizados que el promedio.</footnote>

<footnote>e También es importante enfatizar el supuesto de que los bancos mantendrán la misma exposición a los sectores sensibles a largo de las próximas dos décadas. Sin embargo, cabe esperar que, ante las posibles pérdidas futuras, tarde o temprano aquellos bancos reduzcan esa exposición, atenuando aún más los resultados.</footnote>
climático (véase el capítulo 2)— pueden dar lugar a eventos climáticos adversos más intensos y de mayor extensión, que no son capturados por el típico marco de investigación climática. Su materialización amenazaría considerablemente la estabilidad financiera, dado que pueden conducir a disrupciones económicas y financieras profundas que son difíciles de predecir y gestionar.

En segundo lugar, en la actualidad los bancos en la región tienen suficiente capital, de modo que están bien preparados para absorber las pérdidas en los escenarios negativos. Concretamente, la mediana del ratio de capital real en la muestra es del 54,7% por encima del requisito estándar de Basilea III del 10,5% de los activos ponderados por riesgo (véase el gráfico 6.4).<fnref n="11" /> Incluso en el escenario simulado más adverso, el exceso de capital disminuiría al 32%, y ningún país se situaría por debajo o ni siquiera se acercaría al requisito mínimo (véase el gráfico 6.5).<fnref n="12" /> Sin embargo, estos amplios niveles de capitalización están destinados a proteger a los bancos de riesgos que no están necesariamente relacionados con el cambio climático, y/o pueden variar debido al cambio climático. Hasta la fecha, ni los reguladores ni las propias instituciones financieras han incorporado los riesgos climáticos en sus decisiones actuales de capitalización. Por lo tanto, surge la pregunta de si en el futuro se requerirá más capital para dar cuenta plenamente de los riesgos que aún no han sido cuantificados en su totalidad o que se desconocen, en especial si los otros riesgos no relacionados con el clima se materializan, lo que eliminaría el actual exceso de capital.

En resumen, las simulaciones de las pruebas de estrés de los bancos en la región no deberían interpretarse como una evidencia de que no hay riesgos relacionados con la banca de los que preocuparse. Los resultados reales, con una probabilidad baja pero positiva, pueden ser notoriamente peores que aquellos que han sido incorporados en el análisis hasta la fecha.<fnref n="13" />

<footnote n="11">¹¹ En la misma línea, Bebczuk, Fernández Diez y Tamola (2021) muestran que, para un promedio de 15 países de la región, a mediados de 2020 el capital real era un 61% superior al requisito mínimo.</footnote>

<footnote n="12">¹² Esto supone que el capital ponderado por riesgo y el capital contable (las medidas utilizadas en las simulaciones más arriba) son iguales o están perfectamente correlacionadas. Por otro lado, el riesgo de mercado asignado a las tenencias de deuda pública puede o no materializarse. La simulación supone que toda esta deuda está valorada a precios de mercado, lo que no siempre ocurre; incluso aunque el precio esté fijado por el mercado, el regulador puede permitir que estos activos sean registrados a valor nominal o casi nominal. Sin embargo, lo que eventualmente importa es el valor real, subyacente, independientemente de si el regulador permite que el valor registrado se desvíe del valor económico.</footnote>

<footnote n="13">¹³ Aunque estas proyecciones y otras similares se utilizan ampliamente en las políticas y las aplicaciones académicas, las tasas de crecimiento del PIB positivas previstas, aun en el escenario más adverso, pueden ser polémicas. Concretamente, hay que</footnote>
## Riesgos relacionados con el clima en el sector financiero

Las conclusiones de las pruebas de estrés subrayan la necesidad de poner en funcionamiento marcos de políticas sólidos para reducir los riesgos inminentes. Entre las recomendaciones de políticas cabe mencionar una recopilación de datos mejorada para detectar los riesgos, el desarrollo de metodologías de valoración de riesgos futuros que permita anticiparse a ellos y el fortalecimiento de los marcos regulatorios y de supervisión, con el fin de preparar el sistema financiero ante los desafíos relacionados con el clima.

La regulación y la supervisión financiera son cruciales para abordar de manera proactiva las repercusiones de los riesgos físicos y de transición relacionados con el clima para la estabilidad financiera. A pesar de la floreciente literatura política y académica, solo es posible hacer conjeturas sobre lo que depara el futuro distante en términos de los impactos económicos y financieros de estos hechos sin precedentes. Los datos detallados son escasos, y esa carestía puede sesgar las evaluaciones actuales de los impactos financieros. Como muestra el ejercicio para Colombia, los bancos presentan estructuras de hoja de balance muy diferentes. Por lo tanto, no se debería esperar que se vean afectados de manera uniforme, y es preciso mantener una mirada atenta sobre algunos intermediarios individuales con una mayor exposición a sectores sensibles. Los bancos centrales en general, y los reguladores en particular, deberían liderar el diseño y la implementación de pruebas de estrés —que proporcionan el aporte crítico para monitorear, identificar y mitigar riesgos que, de otra manera, no se prevén— porque tienen un acceso único a la base de datos granulares de los bancos y cuentan con personal técnico altamente cualificado, necesario para llevar a cabo las pruebas.

Para evaluar el grado de preparación de los reguladores y supervisores financieros en América Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el apoyo de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), encuestó a los bancos centrales y a supervisores bancarios para identificar las prácticas de divulgación de las instituciones financieras en relación con los riesgos asociados con el clima y para elaborar un inventario de la regulación financiera vinculada al cambio climático

recordar que el ejercicio indica cuánto podrían empeorar las cosas en comparación con un escenario de transición ordenada. La tasa de crecimiento del PIB per cápita promedio anual en el período 2022-2050 es del 3,5%, del 2,5% y del 1,2% para SSP1, SSP2 y SSP3, respectivamente, y el análisis no funciona con estas proyecciones de manera directa, sino, más bien, en relación con SSP1, el escenario más benigno.
y las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESC). Los reguladores y supervisores financieros en 21 países respondieron a la encuesta.<fnref n="14" />

Los resultados, destacados en el cuadro 6.2 y descritos en detalle por los dos organismos (el BID y la ASBA, de próxima publicación), pintan un cuadro con matices. En términos generales, existe un interés discernible entre los países para abordar los desafíos futuros que el cambio climático presenta para sus sistemas financieros. Quince países tienen alguna estrategia institucional para incluir los riesgos relacionados con el clima y otros riesgos ambientales y sociales en sus marcos regulatorios y de supervisión. Esta búsqueda refleja una creciente conciencia de la interrelación entre los cambios ambientales y el bienestar económico. Sin embargo, solo cuatro países tienen políticas regulatorias que incluyen explícitamente la medición de riesgos climáticos en relación con el crédito u otros riesgos financieros.

Más allá de la falta de un marco regulatorio robusto que conduzca a la incorporación de riesgos relacionados con el clima en la regulación y la supervisión, numerosos países presentan obstáculos que deben superar, entre ellos, la falta de capacidad institucional para la supervisión financiera y la disponibilidad limitada de datos y tecnología para evaluar los riesgos vinculados con el clima. Estas limitaciones se pueden abordar si se adopta una regulación explícita. Entre otros requisitos, se deben cuantificar los riesgos según su exposición geográfica y sectorial, llevar a cabo pruebas de estrés centradas en estas dimensiones y diseñar los requerimientos de provisiones y de capital específicos para los riesgos relacionados con el clima (Herrera et al., 2023).

La supervisión de los múltiples riesgos inducidos por el cambio climático también requiere una fuerza laboral considerable y bien capacitada, que pueda reconocer y evaluar las complejidades del financiamiento para el clima y la gestión de riesgos ambientales. En cuanto a las capacidades de los organismos supervisores, una tercera parte de los países que respondieron la encuesta afirmó que tienen un departamento o dependencia específica destinada a los riesgos relacionados con el clima. De este tercio, tres países cuentan con más de tres personas que trabajan tiempo completo en estas tareas, y cuatro parecen estar capacitando a su personal en estos temas. Solo tres países han desarrollado marcos tecnológicos para supervisar riesgos relacionados con el clima. En resumen, la encuesta ha identificado la necesidad de invertir para aumentar el número del personal del sector financiero y mejorar sus habilidades para desarrollar un grupo de

<footnote n="14">14 Los países que respondieron a la encuesta fueron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.</footnote>
profesionales cualificados, especializados en riesgos financieros relacionados con el clima.

La disponibilidad de datos precisos, integrales y oportunos es la base de cualquier estrategia de supervisión sólida. Entre los principales retos que destaca la encuesta está la escasez de datos. Numerosos países en la región se encuentran restringidos por la falta de datos clave, lo cual dificulta la medición del espectro completo de riesgos relacionados con el clima, sin mencionar la formulación de estrategias focalizadas para reducirlos. Solo siete países cuentan con datos granulares sobre la asignación de activos para evaluar los riesgos físicos asociados con los préstamos proporcionados por las instituciones financieras. Muy pocos países mapean exhaustivamente los activos y las regiones vulnerables al clima, y las industrias intensivas en carbono. Este tipo de datos son cruciales para evaluar los riesgos relacionados con el clima de los préstamos que abarcan varias dimensiones de riesgo. Si estos datos estuvieran disponibles y adscritos a los préstamos en las oficinas de crédito, sería viable evaluar adecuadamente los riesgos futuros de los préstamos. Sin embargo, solo cuatro países en la región tienen planes al respecto.

En muy pocos países los supervisores tienen acceso a información sobre la existencia de instrumentos para mitigar los riesgos relacionados con el clima. Solo tres países pueden identificar y monitorear las exposiciones al riesgo físico en los préstamos de las instituciones financieras y en las carteras de negociación, y solo dos pueden identificar y monitorear los préstamos otorgados a sectores que enfrentan riesgos de transición climática. Sin datos confiables en estas y otras dimensiones, formular estrategias o adoptar decisiones fundamentadas para combatir las consecuencias financieras del cambio climático se convierte en una difícil batalla.

Todo lo anterior explica en parte las dificultades para llevar a cabo pruebas de estrés climáticas en los sistemas financieros de los países en América Latina y el Caribe. Como se señaló, solo cinco países pueden hacerlo, y únicamente tres presentan escenarios con miras al futuro.

En América Latina y el Caribe, las autoridades financieras están dispuestas a monitorear el impacto de los riesgos relacionados con el clima para la estabilidad financiera. Sin embargo, antes de que puedan hacerlo, es preciso resolver los desafíos prácticos. Para ello, sería útil contar con un marco regulatorio definido que aborde explícitamente la necesidad de incorporar los riesgos relacionados con el clima en la regulación y la supervisión financiera. Bajo el paraguas de sólidos marcos legales, los países podrían invertir en infraestructura de datos y en el desarrollo de capacidades, particularmente en materia de recursos humanos. Esto podría asegurar que la región sea capaz de cuantificar los riesgos inminentes y esté equipada para abordarlos si se materializan.
## Mensajes variados

En el ámbito de los sistemas bancarios en América Latina y el Caribe, los ejercicios de las pruebas de estrés que evalúan el impacto de los riesgos relacionados con el cambio climático se prestan a conclusiones diversas en cuanto a las políticas. Por un lado, para empezar, sugieren que, si bien puede haber pérdidas de capital bajo diferentes escenarios climáticos, se espera que estas pérdidas sean gestionables, lo que plantea una amenaza limitada para la solvencia general de los bancos. Sin embargo, por otro lado, esta seguridad se ve atenuada por el reconocimiento de que nuestro entendimiento acerca de cómo el cambio climático interactúa con los acontecimientos económicos y financieros aún está dando sus primeros pasos. El uso de evidencia histórica para proyectar resultados futuros sigue siendo escaso. Las pruebas de estrés actuales abarcan un número limitado de riesgos y escenarios que descartan los resultados económicos bajo even-tos climáticos extremos. En este sentido, deben interpretarse con cautela, dado que pueden proporcionar evidencia útil para los responsables de las políticas, pero distan de ofrecer una orientación infalible sobre los niveles adecuados de capital necesarios para hacer frente a escenarios adversos con una probabilidad de ocurrencia baja pero positiva.

La incertidumbre inherente a las proyecciones económicas y climáticas subraya el rol vital de las autoridades regulatorias financieras. Se les exige asumir la iniciativa para recopilar datos detallados, específicos de cada banco y prestatario, acerca de la exposición a los riesgos emergentes. Las autoridades también se enfrentan a la tarea de crear conciencia entre los intermediarios financieros que supervisan. Este enfoque proactivo es esen-cial para sortear las complejidades de los riesgos financieros relacionados con el clima.

Si bien las incertidumbres inminentes no dan lugar a la complacencia, los resultados empíricos de las pruebas de estrés realizadas por primera vez para una amplia muestra de países en América Latina y el Caribe sugieren que el exceso regulatorio —la imposición de reglas y normativas excesivas o demasiado gravosas— puede ser contraproducente. Los sistemas bancarios en la región son sólidos y están bien capitalizados, lo que los hace capaces de absorber pérdidas bajo los escenarios que fueron utilizados en las pruebas de estrés. El exceso regulatorio puede llevar a consecuencias negativas no deseadas para los sistemas financieros, como obstaculizar la innovación, crear costos administrativos innecesarios o dificultar la profundidad financiera. En cambio, un enfoque más mesurado que mantenga una postura regula-toria abierta a futuros ajustes sería congruente con la evidencia disponible y las incertidumbres existentes. La adaptabilidad a la información entrante es
<table><caption>**Cuadro 6.2.** Aspectos destacados de la encuesta sobre la preparación para los impactos del cambio climático en la estabilidad financiera</caption><thead><tr><th>Categoría de encuesta</th><th>Porcentaje de países que contestó la encuesta</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Marco regulatorio</strong></td><td></td></tr><tr><td>Países con una estrategia institucional para incluir riesgos relacionados con el clima y otros riesgos ambientales y sociales en el marco supervisor y regulatorio</td><td>71%</td></tr><tr><td>Países con una ley regulatoria que incluye la medición de riesgos climáticos relacionados con el crédito y otros riesgos financieros</td><td>19%</td></tr><tr><td><strong>Capacidad del organismo supervisor para monitorear los riesgos relacionados con el clima</strong></td><td></td></tr><tr><td>Países donde el organismo supervisor tiene un área/dependencia específica dedicada a los riesgos climáticos</td><td>33%</td></tr><tr><td>Países con más de tres personas que trabajan en asuntos del clima la mayor parte del tiempo</td><td>14%</td></tr><tr><td>Países que capacitan al personal regulador o supervisor sobre los riesgos relacionados con el clima y otros riesgos ambientales, sociales y de gobernanza</td><td>71%</td></tr><tr><td>Países que capacitan a más del 20% del personal</td><td>19%</td></tr><tr><td>Países que han desarrollado o implementado productos tecnológicos de terceros para supervisar riesgos relacionados con el clima y riesgos ambientales, sociales y de gobernanza</td><td>14%</td></tr><tr><td><strong>Capacidad de datos de los países para identificar y monitorear los riesgos relacionados con el clima</strong></td><td></td></tr><tr><td>Países que tienen datos granulares sobre localizaciones de los activos para evaluar riesgos físicos</td><td>33%</td></tr><tr><td>Países con un mapa de activos/regiones vulnerables al clima e industrias intensivas en carbono</td><td>10%</td></tr><tr><td>Países que contemplan añadir etiquetas climáticas a la oficina de crédito para identificar préstamos impagos relacionados con impactos climáticos</td><td>19%</td></tr><tr><td>Países con datos sobre cómo las exposiciones significativas de las instituciones financieras a los riesgos climáticos son mitigadas mediante seguros u otros tipos de garantías</td><td>10%</td></tr><tr><td>Países que identifican y monitorean las exposiciones al riesgo físico en la banca y los libros contables de las instituciones financieras</td><td>14%</td></tr><tr><td>Países que identifican sectores económicos vulnerables a los riesgos de transición, entre ellos, el riesgo de responsabilidad</td><td>10%</td></tr><tr><td><strong>Pruebas de estrés relacionadas con el clima</strong></td><td></td></tr><tr><td>Países que utilizan o evalúan el uso de asuntos relacionados con el clima en las pruebas de estrés del sistema financiero</td><td>24%</td></tr><tr><td>Países que contemplan o aplican escenarios climáticos futuros para pruebas de estrés</td><td>14%</td></tr></tbody></table>

Fuente: BID y ASBA (de próxima publicación).
clave, y permite que las respuestas evolucionen a medida que surgen nuevos resultados empíricos y se desarrollan acontecimientos imprevistos.

Entre tanto, el foco debería situarse en mejorar la recopilación de datos e invertir en la capacitación técnica del personal. Estos esfuerzos son esenciales para llevar a cabo análisis con miras al futuro, que son inherentemente complejos. Al construir esta capacidad, las autoridades financieras pueden equiparse mejor para navegar las aguas inciertas de los impactos del cambio climático en el sector financiero, asegurando la estabilidad y la resiliencia ante estos desafíos emergentes.
# 7

## Proveer servicios de infraestructura resilientes

<figure><img src="image_69.png" /></figure>

El cambio climático altera los servicios esenciales de agua, energía, transporte y telecomunicaciones. La baja calidad de la infraestructura y el mantenimiento inadecuado exacerban estas vulnerabilidades. Para construir resiliencia, es preciso reforzar las estructuras existentes, mejorando los materiales y el diseño, optimizando las prácticas de mantenimiento e integrando soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación y la mitigación del cambio climático. Entre las estrategias necesarias, se destacan la diversificación, la descentralización, la adición de redundancia y la mejora de los sistemas de información. El fortalecimiento de las instituciones y la planificación de la infraestructura para las incertidumbres futuras son esenciales para asegurar la continuidad de los servicios ante la presencia cada vez mayor de los impactos climáticos.

Las sociedades han construido su infraestructura en ecosistemas que existan antes que ellas, y esta siempre ha dependido de la delicada ecuación de la naturaleza. Este equilibrio se encuentra alterado por cambios lentos, como el aumento del nivel del mar y las variaciones en los patrones de las precipitaciones, y por fenómenos extremos, como las sequías, las lluvias intensas, los deslizamientos de tierra y los huracanes, cuya frecuencia e intensidad se incrementan a causa del cambio climático. Debido a la mala calidad de la infraestructura de la región y a la inadecuada calidad de los servicios, que ya de por sí obstaculizan la productividad y el bienestar, estas interrupciones son especialmente preocupantes. Como originalmente los sistemas de infraestructura no se diseñaron para hacer frente al cambio climático, los riesgos de paralización de los servicios y los efectos en cascada sobre la economía y la sociedad se acentúan aún más.

Los eventos climáticos extremos interrumpen servicios de infraestructura esenciales para las sociedades, como la provisión de agua y saneamiento, la electricidad, las telecomunicaciones y el transporte. En 2023, por ejemplo, Montevideo (Uruguay) sufrió la peor sequía en 74 años. A comienzos de julio,
las reservas de agua dulce estaban en el 2% de su capacidad, lo cual obligó a las autoridades a utilizar agua del océano, con un alto contenido de salinidad, para mantener el suministro (Díaz Campanella 2023). Los ciudadanos manifestaron su descontento e informaron sobre daños en sus electrodomésticos. Las autoridades advirtieron de los efectos adversos para las mujeres embarazadas y las personas con hipertensión, y proporcionaron ayuda económica para la compra de agua embotellada. El mismo año, el huracán Otis pasó de simple tormenta tropical a huracán de máxima categoría en menos de 12 horas, provocó grandes estragos y pérdidas económicas estimadas en US$16.000 millones en Acapulco, México. Una semana después del desastre, los servicios de agua, electricidad e Internet todavía eran intermitentes (Suárez 2023).

La destrucción no es el único costo de los desastres, hay que añadir el costo de la pérdida de servicios. Cuando se interrumpen los servicios de transporte, telecomunicaciones, energía o agua y saneamiento, las pérdidas en la sociedad empiezan a multiplicarse. Los hogares no pueden almacenar o cocinar los alimentos de forma segura, las empresas no pueden entregar sus productos a sus clientes, los proveedores de servicios de salud afrontan inconvenientes para atender a sus pacientes y las autoridades tienen dificultades para comunicar y coordinar las tareas de búsqueda y rescate.

La incertidumbre que conlleva el cambio climático es otro desafío. La misma dinámica atmosférica que hace imposible conocer con exactitud la intensidad de un huracán como Otis con solo 12 horas de antelación impide predecir con precisión los patrones de precipitación, las temperaturas y la frecuencia y la severidad de los fenómenos extremos que prevalecerán en unas décadas. Esto dificulta la planificación y el diseño de infraestructura. Sin embargo, como expone este capítulo, hay maneras de lograr servicios resilientes.

## El espejo tiene dos caras: interrupciones de la oferta y la demanda

Un paso clave para asegurar un suministro de servicios de infraestructura resiliente al clima es entender cómo los cambios climáticos modifican las necesidades de los consumidores y la capacidad de las empresas de servicios públicos para prestar servicios.

Una mirada a los desastres pasados permite advertir que las vulnerabilidades de los servicios varían según el tipo de infraestructura. Durante los últimos 50 años, en América Latina y el Caribe, las autoridades han informado cuando eventos climáticos extremos y deslizamientos de tierra han dañado la infraestructura de suministro de agua, energía, transporte y telecomunicaciones (véase el gráfico 7.1). Las inundaciones son el problema más usual
para las empresas de servicios públicos de todos los sectores; representan el 32% de los fenómenos que afectan al sector de la energía y hasta un 44%

<figure><img src="image_70.png" /><figcaption>**Gráfico 7.1.** Daños a la infraestructura por sector y tipo de evento en América Latina y el Caribe</figcaption></figure>

(continúa en la página siguiente)