# El territorio integral indígena como objetivo político

## Alexandre Surrallés

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Alexandre Surrallés. El territorio integral indígena como objetivo político. Raphael Colliaux et Silvia Romio (dir.) Autonomia indígena en la Amazonia peruana contemporánea. Lima: IFEA., 2022. hal-03082614

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# EL TERRITORIO INTEGRAL INDÍGENA COMO OBJETIVO POLÍTICO

### Alexandre Surrallés

## Introducción

Con la constitución de la Nación Wampis/wampis y la firma solemne de su estatuto constitutivo, en el 29 de noviembre del 2017 culminó una primera etapa de un trabajo de largo aliento realizada por el movimiento indígena para la recuperación del territorio integral de los pueblos originarios del Perú. Otros pueblos del norte de la Amazonía peruana están siguiendo la misma senda y muchos otros grupos amazónicos están preparándose para iniciar procesos paralelos. La recuperación del territorio integral y la creación de formas de gobernarlos, de acuerdo con los principios de la libre determinación de los pueblos recogidos por los derechos internacionales,
constituye el objetivo político sin duda más importante de la historia reciente del movimiento indígena. Sin embargo, la noción de territorio integral en la que se amparan estos procesos despierta dudas e interrogantes. Una de las cuestiones críticas más importantes se refiere a la aplicabilidad de la noción de territorio integral en los casos de pueblos indígenas inmersos en procesos de colonización con pérdidas importantes de control de sus áreas tradicionales de establecimiento. Estas críticas consideran que el territorio integral define una realidad envidiable para todo pueblo, pero, debido al avance del frente colonial en toda la Amazonía, de imposible implantación en la mayoría de los casos. En este texto, intentaré demostrar cómo una definición adecuada de la noción de territorio integral permite aplicarla en todos los casos, incluso en aquellos en que la situación del pueblo indígena y su entorno ecológico se encuentran más gravemente dañados por las actividades extractivas. Con este objetivo, y después de enfatizar la importancia política del territorio integral para el movimiento indígena actual, realizaré una/un ejercicio de definición de esta noción a partir de los aportes recientes de las ciencias sociales en general y en/de la Antropología y Geografía en particular. A continuación, examinaré la aplicación de esta noción en las diferentes situaciones en las que se puedan encontrar los pueblos indígenas para concluir que, de todas formas, el territorio integral no es aplicable sin una verdadera agenda indígena de prioridades políticas. Quiero señalar, antes de proseguir, que este artículo no
es un ejercicio de antropología en el sentido estricto. Se trata de un texto de reflexión activista en pro de la libre determinación de los pueblos indígenas, para una aplicación adecuada y eficaz de la noción de territorio integral, después de haber participado en diferentes fases de su desarrollo en los últimos treinta años.

# 1. El territorio integral como eje de la política indígena

En todo el continente, pero sobretodo en la Amazonía, los pueblos indígenas han empezando desde hace algunos años a demarcar su territorio como paso fundamental para el ejercicio de una nueva política, basada en la consecución de la autonomía, sin esperar la legitimación del Estado. En la Amazonía peruana, estas acciones también se han dado y constituyen sin lugar a dudas la iniciativa política de más profundo calado que el movimiento indígena haya iniciado en los últimos años, como ya he mencionado. Si la historia y la coyuntura de estas acciones tienen sus particularidades en cada país, en el Perú el proceso surge como resultado de un desengaño creciente de los pueblos indígenas hacia el poder del Estado, que los/las protestas que terminaron en los lamentables sucesos de Bagua de 2009 mostraron sobradamente (Espinosa, 2009); un Estado que se supone debe reconocer su existencia y garantizar su desarrollo, según los tratados internacionales que ha suscrito. Como es sabido de sobras sabido, la administración peruana
ha incumplido en la ley y el espíritu estos acuerdos internacionales al promocionar una política agresiva de extracción de recursos naturales, de desarrollo de megaproyectos agroindustriales, hidroenergéticos y viales. Ello ha afectado los territorios y la vida de los pueblos indígenas con desplazamientos y contaminación por solo citar las **conseciencias/consecuencias** más evidentes. Y en/En lugar de compensación, estos pueblos son acusados abiertamente por las primeras autoridades del Estado de constituir un freno al progreso económico de la nación. Esto, acompañado por una progresiva regresión de los paupérrimos derechos territoriales que reconocía la única ley peruana al respecto, cuya primera versión data del/de 1974, la ley de Comunidades Nativas, como trataré con más detalles después (Manacés Valverde & Gómez Calleja, 2010). En este contexto político, legal, económico y social, los pueblos indígenas del Perú han iniciado procesos de reconocimiento del llamado territorio indígena integral después de tomar conciencia de las limitaciones de la oferta legal actual y de una nueva visión del derecho al espacio que ocupan. Pero, ¿qué es el territorio integral?

El espacio territorial de los pueblos indígenas era visto en décadas pasadas como una simple superficie poligonal de tierra que circunscribía el espacio necesario para la subsistencia de la población y que debía titularse a su nombre. La ley de Comunidades Nativas era inspirada por esta idea. Hoy en día, sin embargo, la noción de territorio integral tiene en cuenta
el conjunto de las relaciones que un pueblo indígena
establece con el entorno y, muy especialmente su
propia percepción, que puede distar mucho de la visión
simplista de una superficie de tierra necesaria para la
alimentación. El territorio integral comprende también
todo lo relacionado con los procesos de intercambio
práctico, afectivo y cognitivo entre humanos y
medio ambiente/medioambiente para satisfacer las
necesidades productivas y reproductivas de una
colectividad social, pero en función de sus prioridades
culturales. También incluye los vínculos parentales,
sociales y políticos que se establecen en el seno de
un grupo étnico para aprovechar adecuadamente las
posibilidades que ofrece la biosfera circundante.
Incluye también la historia de su presencia, en las áreas
que ocupa o ha ocupado, establecida tanto a partir de
pruebas documentales como de la historia oral. El
territorio integral comprende asimismo la llamada
ecología simbólica, es decir la percepción autóctona
de los factores bióticos y abióticos del medio, alejada
a menudo de la dualidad convencional naturaleza-
cultura, y que permite a la población satisfacer
cotidianamente las necesidades, no solo materiales, sino
también aquellas llamadas metafísicas por la filosofía,
o espirituales por la religión. Podríamos, por último,
citar las condiciones sociales, políticas y jurídicas,
individuales y colectivas, de la ocupación espacial, así
como los procesos, expectativas, transformaciones y
conflictos que conlleva<fnref n="1" />. Volveré más adelante sobre la
vertiente política de la definición de territorio integral
para abordar ciertos problemas y malentendidos
que esta noción suscita. Pero antes conviene trazar
brevemente la historia de su concreción en la política
indígena peruana.

## 2. El origen y la actualidad de la noción de territorio integral

La idea de un territorio integral para los pueblos
indígenas de la Amazonía peruana no es reciente.
Recuerdo conversaciones con Gil Inoach y Pedro García
Hierro en San Lorenzo del Marañón a principios de los
años 1990 en las que se empezaba a considerar esta
necesidad. En 1995, CORPI, la Coordinadora Regional
de Pueblos Indígenas de San Lorenzo, desarrolló una
primera iniciativa de autodefinición territorial (CORPI,
2002: 45-52, 89-98), y publicó un primer mapa de los
territorios de los pueblos indígenas de la zona (CORPI,
2002: 134). Pero antes incluso de esta acción, la idea de
territorio integral parecía inspirar ciertas estrategias del
movimiento indígena peruano. De hecho, la política de

<footnote n="1">¹ Para un complemento sobre la noción de territorio integral ver: García Hierro & Surrallés, 2004; 2009; Surrallés, 2009; 2011; 2017; Surrallés & Tuesta, 2017. Para el tema más general del territorio, las organizaciones indígenas y sus relaciones con el Estado, en el Perú en particular, ver: Chirif & García Hierro, 2007; Chirif, García Hierro y Smith/et al., 1991; Espinosa, 2009; Romio, 2018, Surrallés, Espinosa y Jabin/et al. eds., 2016.</footnote>
titulaciones de Comunidades Nativas según la ley vigente en el Perú desde mediados de los años 1970, promovida en particular por AIDESEP, predefinía de alguna forma el territorio integral. Se trataba de considerar las posibilidades que ofrecía la ley de Comunidades Nativas de forma estratégica y titular bloques de territorio, cuencas enteras, adosando áreas comunales y cubriendo los espacios vacíos con nuevas titulaciones o ampliaciones de comunidades existentes los espacios vacíos. Si con esto no se eubría suficientemente la superficie territorial del pueblo indígena, se buscaba crear reservas comunales para rellenar los huecos. Una vez definidos extensos territorios por la contigüidad de títulos comunales, se procedía a crear las federaciones de comunidades por grupo étnico cuando era posible (o por grandes bloques por cuenca cuando no lo era), cuya junta directiva actuaría como el embrión de una gobernanza de un territorio por pueblo indígena, presagiando así la noción de territorio integral. Otra forma de considerar un uso estratégico de la ley de Comunidades Nativas disponible para acercarse a definir algo así como un territorio integral, era titular comunidades nativas de gran superficie que abarcaran, sino la totalidad, buena parte del territorio étnico. Esto era posible con una interpretación amplia del texto de dicha ley, que considera la sociología de una comunidad como un grupo de parientes pertenecientes a un mismo pueblo indígena que comparte un territorio. Como que esta definición de comunidad puede ser aplicable al conjunto de un grupo étnico que comparte [reformular. No se entiende bien]
necesariamente territorio y relaciones parentales, ni que
sea por una ancestralidad mítica, se pensaron varios
proyectos de titulación de extensas áreas, pero solo uno
se concretó, el del pueblo indígena matsés, que dispone
de un solo título que les garantiza todo el territorio. En
este caso, una veintena de asentamientos, que podrían
haber sido titulados como comunidades independientes,
se conformaron legalmente como una sola comunidad
llamada Matsés, de casi 400 000 hectáreas, y donde una
asamblea que representa a todos los grupos familiares
adopta las medidas que afectan al conjunto del territorio
(Chirif, 2015: 8). En definitiva, aunque la noción de
territorio integral como objetivo político de los pueblos
indígenas no estaba todavía definida, casi desde la
promulgación misma de la Ley de Comunidades Nativas
surgió la utilización estratégica de este instrumento
legal para titular comunidades contiguas sin espacios
intermedios y consolidar grandes bloques por grupos
étnicos.

Ahora bien, parte de las organizaciones peruanas, y en
particular CORPI, han considerado que la etapa del uso
estratégico de la ley de Comunidades Nativas tiene que ser
superada para dar paso a una etapa más ambiciosa, donde
el territorio integral se convierte en un objetivo explícito.
Dos factores principales precipitan esta evolución. Con la
llegada del nuevo milenio, los pueblos indígenas peruanos
manifiestan con las grandes protestas amazónicas que se
suceden desde entonces (Espinosa, 2009; Romio, 2018),
que las comunidades nativas y la ley que las ampara
no ofrecen la seguridad territorial necesaria para hacer
frente a los nuevos desafíos. Este es el primer factor y
es de sobras conocido. En su primera versión, la Ley de
Comunidades Nativas permitía el derecho inalienable a
la propiedad colectiva de los grupos indígenas. Desde
entonces, la legislación nacional peruana ha intentado
erosionar en sucesivas ocasiones los pocos derechos
territoriales que proclama esta ley. Alberto Fujimori
consiguió eliminar la calidad de intangibilidad de las
tierras. Alan García, en concordancia con esta voluntad
de eliminar obstáculos para las grandes inversiones
internacionales de empresas extractivas, continuó en
esta dirección con los tristemente famosos decretos
legislativos, que provocaron el paro Amazónico con
el fatal desenlace conocido como el Baguazo, en 2009
(Surrallés, 2011). Como resultado los pueblos indígenas
se han sentido estafados por un Estado que se presentó
como garante de sus derechos, pero que en realidad apoya
una política de despojo territorial, con licitaciones masivas
de lotes petroleros y mineros; [sacar coma] y el apoyo a
megaproyectos agroindustriales, hidroenergéticos y de
vías de transporte (Finer et al.?, 2008; Finer & Marti-
Orta, 2010). Ya no confían en el Estado y buscan en el
exterior apoyo para su causa. Lo encuentran en la forma
de un desarrollo sin precedentes del derecho internacional
de los pueblos indígenas pero que sólo/solo concibe la
noción de pueblo como sujeto de derecho. Este es el
segundo factor. Las comunidades nativas no tienen un
equivalente en el derecho internacional contemporáneo.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los pueblos indígenas (DNUDPI) del/de 2007 es bien explícita en este sentido. En efecto, el elemento de derecho más importante de la DNUDPI es la libre determinación de los pueblos indígenas, y no de una parte de ellos como una comunidad. La libre determinación permite al pueblo indígena determinar libremente su condición política y su sistema de representación. En lo que concierne al territorio, que según la DNUDPI es el territorio tradicional que poseen o han poseído, los pueblos indígenas pueden disponer libremente de sus recursos y de utilizarlos de acuerdo con sus prácticas, sistemas de tenencia y normas internas. Ahora bien, la posibilidad de que los estados promuevan la libre determinación de los pueblos indígenas que albergan, tal y como es formulada por la DNUDPI, se encuentra todavía muy lejana. Por esta razón, algunos pueblos indígenas, en particular del noroeste de la Amazonía peruana, han empezado a determinar su territorialidad, los límites de su territorio y la condición política de éste/este. Autoconstituirse como pueblo indígena, definir el territorio, pactarlo con los pueblos y otros colectivos concernidos, determinar el tipo de titularidad a la que se acogen y regular la forma de gobierno territorial, es practicar la libre determinación, una tarea que compete a cada pueblo indígena. Lograr el reconocimiento del Estado nacional y de la comunidad internacional es un objetivo que debe alcanzar el movimiento indígena, esto es las organizaciones representativas, de nivel regional,
nacional e internacional, con el apoyo de las diversas instituciones que, en el derecho internacional, vigilan la aplicación y desarrollo de los derechos fundamentales enunciados por la organización de las Naciones Unidas.

Diez años atrás, los pueblos peruanos como la mayoría de pueblos indígenas de América, no disponían de una simple declaración. No tenían tampoco delimitado su espacio territorial, ni tan siquiera un mapa aproximativo que definiera su localización. En muchos casos, los últimos mapas precisos que describen el espacio territorial de la totalidad de un pueblo indígena, cuando los hay, datan del periodo colonial, realizados por los misioneros de entonces. Desde los primeros trabajos realizados por el pueblo indígena K/kandoshi (García Hierro & Surrallés, 2009), otros pueblos del noreste amazónico han iniciado procesos similares, demarcando el territorio, realizando estudios antropológicos y desarrollando argumentos jurídicos destinados a sustentar la noción de territorio integral. Después de/del pueblo kandoshi, el achuar, el shapra, el shiwilo, el kukama y el shawi han seguido. Más/; más tarde, awajun/awajún, wampis, y otros más. Las organizaciones regionales como CORPI han estado promoviendo estos trabajos, buscando los recursos tanto humanos como materiales para llevarlo a buen término. Hoy en día disponemos de un mapa de los territorios indígenas de la región, que no es un mapa cualquiera: es el mapa resultado de intensas negociaciones en centenares de reuniones y asambleas, muchas de ellas interétnicas para establecer de forma negociada unos límites territoriales.
De todos los pueblos indígenas de la región que han
iniciado procesos de autodemarcación territorial, hay
uno, el pueblo wampis es el único que ha dado el paso
siguiente: conformar el primer gobierno autónomo
indígena del Perú. En noviembre del año 2015, 300
representantes de las 85 comunidades del pueblo
indígena wampis se declaran como una nación, firmando
una carta constitucional llamada Estatuto de la nación
wampis donde se define el perímetro de un territorio de
alrededor de 1,3 millones de hectáreas y se enumera los
órganos de gobierno. Después de elegir las personas que
deben ocupar los diferentes cargos, se emite la primera
ordenanza como acto de gobierno<fnref n="2" />. Esta ordenanza
versa precisamente sobre la integralidad del territorio
wampis que no puede ser dividido, ni en comunidades,
ni en áreas ecológicas, ni bajo ningún otro criterio.
Esta acción realizada por el pueblo wampis constituye
un salto cualitativo en la ya larga vida de la política
indígena en la selva peruana. Por primera vez, un pueblo
indígena expresa su libre determinación en un acto de
soberanía, por cierto compartida con la del Estado
peruano<fnref n="3" />. Además, el wampis no es el único pueblo que

<footnote n="2">² «Pueblo Wampis conforma primer gobierno autónomo indígena del Perú». Servindi, Servicios de comunicación intercultural, 30 noviembre 2015. https://www.servindi.org/actualidad/144577</footnote>

<footnote n="3">³ Una descripción y análisis de la constitución del gobierno autónomo wampis y (?) sus múltiples implicaciones sería de gran interés en el marco de este artículo, pero por falta de espacio me contentaré con citar las referencias más relevantes al respecto: Codjia, 2019; Codjia</footnote>
ha iniciado esta evolución y es posible que el resto de pueblos indígenas vecinos o de otras regiones realicen la misma transición. Es pronto para saber cuál será el futuro de este nuevo gobierno wampis y otros que se puedan constituir. La posición del Estado peruano, o de las instancias internacionales, es también difícil de prever en estas fases iniciales. Lo que es indudable, es que nos encontramos ante un momento histórico en la lucha protagonizada por los pueblos indígenas americanos.

### 3. Las cuestiones que suscita el territorio integral

Cuando en 2009 Pedro García Hierro y yo mismo publicamos *Antropología de un derecho*, la idea era proponer un modelo jurídico-antropológico que pudiera ser replicado por todo pueblo indígena interesado en reconstituir su territorio integral. Pero la aplicación de esta noción ha suscitado muchos interrogantes e incluso críticas. La más importante versa sobre su aplicación en los casos, lamentablemente muy numerosos, donde existe una penetración importante del frente de colonización (Chirif, 2015). En estos casos donde el territorio indígena se encuentra fragmentado, la noción de territorio integral sería de imposible aplicación según algunos analistas. Esta opinión es el resultado, a mi modo de ver, de una comprensión inadecuada de la noción de territorio integral,

& Collioaux, 2018; Garra & Riol, 2014; Niederberger, 2020; Noningo, 2018.
que deriva sin duda de una visión superada del concepto
mismo de territorio. Nuestros esfuerzos precedentes para
introducir una visión nueva de la idea de territorio no han
sido, parece ser, suficientes (García Hierro & Surrallés,
2004: 9-10[no corresponde a la paginación de la biblio]),
por lo que insistiré de nuevo aquí. Lo principal es
reafirmar que el territorio integral indígena, o cualquier
otra visión del territorio, no puede pretender aspirar a
constituirse en exclusiva en un espacio determinado. La
geografía política actual, especializada en el estudio de
la territorialidad, nos advierte de que una perspectiva de
exclusividad está totalmente descartada en las nociones
contemporáneas del territorio. Es cierto que la geografía
clásica, hasta los años 1980, estaba orientada por una
visión exclusivista del territorio, llamada westfaliana,
muy ligada a la visión del territorio del Estado moderno
definida en términos jurídicos por el ejercicio de una
soberanía absoluta al interior de fronteras lineales (Beuf,
2019: 3 [l'article n'est pas paginé]). A esta perspectiva
política se le añadió la perspectiva del funcionalismo
económico según la cual se trataba de definir un orden
territorial eficiente, en los términos de una productividad
capitalista. Esta visión de la territorialidad de la
geografía clásica cambió completamente con la llegada
de los nuevos enfoques de la geografía crítica a fines
del siglo pasado que cuestionan la noción de territorio
según la visión hegemónica y dominante del Estado y
los agentes económicos, para dar cabida a otras formas
de territorialidades. Para la geografía crítica actual, el

¿hablas
de la
perspectiva
o del funcio
nalismo?
territorio ya no es un pedazo de superficie terrestre que
se domina o no, sino una categoría política asociada a
una población específica que debe convivir con otras
visiones (a veces opuestas), en un sistema de relaciones
de fuerza. La territorialidad de la geografía crítica,
definida como una pluralidad de fuerzas en tensión,
permite la identificación de estas otras territorialidades
que, como las indígenas, las ecológicas, las locales o
las campesinas, pueden compartir una visión **contrahegemónica/ contrahegemónica** del territorio y, al mismo
tiempo, disputarse entre sí/sí sobre el mejor modo de
habitar un espacio determinado (ver Agnew & Oslender,
2010; Beuf, 2019; Surrallés & García Hierro, eds., 2004).
En el caso de las poblaciones indígenas peruanas, con
una soberanía de hecho (y de derecho, desde el periodo
colonial, según una posible interpretación de la historia
del derecho internacional) anterior a la constitución del
régimen jurídico republicano, esta visión del territorio
puede tomar unas formas muy particulares, pero que
entran también dentro de esta visión dinámica, relacional
y construida de la noción de territorio amparada por la
geografía política contemporánea. Esta debería ser a mi
entender la definición de territorio, implícita en la idea de
territorio integral indígena. Así pues, el territorio integral
indígena es una propuesta política, dinámica y relacional
que debe abrirse camino frente a otros programas
políticos en/con? base territorial con los que se establece
una relación de fuerza. Su expresión máxima es la de
un territorio debidamente demarcado y reconocido por
los estados y todos los agentes económicos concernidos,
donde un pueblo indígena ejerce su libre determinación
sin impedimento alguno. Esta situación es, naturalmente,
solo teórica, porque en la práctica ninguna soberanía
territorial, ni tan solo la que ejerce el Estado, se realiza
sin límites. En el caso del Estado, los límites son, entre
otros, el derecho internacional que ha suscrito y el
propio texto de derecho constitucional. En el caso de los
territorios integrales indígenas, existen también múltiples
límites inherentes a la libre determinación, como, por
ejemplo y el más importante de todos, el respeto a los
derechos humanos fundamentales. El territorio integral
indígena no es, por lo tanto, el ejercicio de una soberanía
total y exclusiva de un pueblo indígena en una superficie
terrestre, sino que es un complejo de prácticas, significados
y proposiciones de orden político que deben dirimirse
con otros sistemas de valores en una realidad concreta.
Para dar un contenido más preciso a estas reflexiones y
responder más concretamente a las críticas *a/acerca de la*
pertinencia de la noción de territorio integral en ciertos
casos, será necesario examinar las diferentes situaciones
en las que se encuentran los pueblos indígenas y cómo se
adapta esta noción a cada una.

Ahora bien, una categorización de la situación social,
política, económica y ecológica de los pueblos indígenas
es una tarea compleja, habida cuenta de los múltiples
parámetros que se deben considerar. Para la cuestión del
territorio integral y la libre determinación, el factor sin
duda más importante es el nivel de contacto, influencia
y penetración del/de los agentes externos, como el frente de colonización o las industrias extractivas. En/Con base a/en este factor se podría plantear una categorización de situaciones, que sintetizo, por razones de economía de espacio, en cuatro niveles diferenciados (aunque podrían ser muchos más), con algunos ejemplos ilustrativos<fnref n="4" />.

### 3. 1. Pueblos indígenas en aislamiento o contacto inicial (PIACI)

Tenemos en primer lugar los pueblos en aislamiento o contacto inicial (a partir de ahora PIACI) que constituyen un tipo de situación bastante paradójica desde el punto de vista del territorio integral. En efecto, y en cierta medida, estos pueblos indígenas disfrutan, más que cualquier otro grupo social, de una forma de autonomía cercana a la libre determinación absoluta, que como decía antes, solo era posible como formulación teórica. Sin embargo, desde el punto de vista del territorio integral, dos cuestiones fundamentales suscitan la situación de estos pueblos indígenas. La primera es relativa al carácter eminentemente político de la autodeclaración de un territorio integral por parte de un pueblo indígena. Este

<footnote n="4">⁴ La clasificación de situaciones solo tiene como objetivo ilustrar, insisto, las formas en que se puede aplicar la noción de territorio integral en función del nivel de control territorial que un pueblo indígena ejerce sobre su área de asentamiento. No se trata en ningún caso de una clasificación de situaciones con carácter absoluto, una ambición que, por su complejidad, merecería un trabajo específico.</footnote>
carácter político significa que la voluntad de constituir
un territorio integral, y hacerse amparar por los derechos
que los organismos internacionales han dictado para los
pueblos indígenas, debe ser una acción explícita. No hay
una sola manera de hacerla explícita. Se puede realizar
una declaración, constituir un gobierno autónomo, o la
que me parece mejor, autodemarcar un territorio como
una acción de alto calado político. Pero, en todo caso,
se necesita una acción manifiesta del pueblo indígena
que, dada la situación especial de los PIACI, es difícil
que se produzca. Se puede quizá dar por sentado que el
rechazo a todo contacto es la expresión de una posición
política similar a las anteriores, pero esto no impide
tampoco las injerencias destructivas en los territorios
de los PIACI, que es el segundo problema paradójico
que presentan estos pueblos. En efecto, estos grupos
puedan gozar de un libre albedrio casi absoluto siempre
y cuando sus territorios sean preservados de las múltiples
amenazas posibles. Pongamos por ejemplo el caso del
PIACI nanti, grupo amenazado por las pretensiones de la
industria de explotación de hidrocarburos y el Ministerio
peruano de energía/Energía, de extender las actividades
del megaproyecto gasífero de Camisea, según el informe
reciente realizado por Federica Barclay & Pedro García
Hierro (2014). Este caso se remonta al principio de los
años 1990, cuando se decidió crear la Reserva Territorial
Kugapakori Nahua Nanti y Otros (RTKNN), con el
objetivo de proteger estas poblaciones indígenas en
aislamiento voluntario y contacto inicial de los impactos
de las actividades relacionadas con este megaproyecto. El motivo, como se sabe por numerosos casos en el mismo Perú, es evitar las secuelas nefastas para las poblaciones indígenas amazónicas en general, pero inmediatamente letales para este tipo de poblaciones, sobretodo por razones epidemiológicas, del paso de la industria extractiva. Como la RTKNN limita las actividades extractivas previstas en el lote 88, que se sobrepone a la jurisdicción de la reserva, la idea, desarrollada por varios actores, pero con el Ministerio de Energía en la cabeza, es hacer creer que estas poblaciones ya no están en contacto inicial, y que por lo tanto no tiene sentido prologar la RTKNN. Para ello se hace intervenir una serie de agentes que, a sabiendas o de buena fe, desarrollarán un conjunto de acciones que participan de esta estrategia. Es así como se promocionan las campañas para acceder al DNI entre los nanti, para demostrar que no están aislados; se crean supuestas organizaciones indígenas representativas que se manifiestan favorables a las actividades extractivas, para luego argumentar que no se puede ir contra la voluntad popular (voluntad nunca respetada en ningún otro proyecto extractivo, como demuestran las farsas de las consultas previas); se implantan escuelas, centros de salud, etc., lo que da fe de un contacto mucho más profundo que el contacto inicial; se implementan proyectos asistencialistas a través de organismos del Estado u ONGs para transformar a los no contactados en pobres inválidos; se genera una demanda de titulación de comunidad nativa, lo que permitiría pasar de Reserva
territorial especial al régimen común de titulación. En definitiva, una acción orquestada para demostrar que ya no son PIACI y que, por lo tanto, no tiene sentido seguir con la RTKNN. Sin embargo, la legislación sobre los PIACI se basa sobretodo en la vulnerabilidad extrema de estas poblaciones, sobretodo en términos biológicos. Y esta vulnerabilidad biológica no cambia en pocos años. A pesar de las aperiencias que puedan presentar, como consecuencia de esta estrategia de hechos consumados para presentarlos como unos peruanos más, los nanti tienen una resistencia inmunológica baja y en cualquier momento se puede desatar una catástrofe humanitaria por los efectos de una epidemia. Y como el derecho a la vida es el más supremo de los derechos, toda consecuencia en términos de una infección colectiva podría ser tipificada desde el punto de vista de la legislación internacional de derechos humanos como de genocidio, de crimen de lesa humanidad. No proseguiré con la descripción y el análisis de este caso y me remito al excelente informe al respecto (Barclay & García Hierro, 2014). La pregunta que quisiera hacer es la siguiente: ¿Cómo evitar este tipo de situaciones en los que un pueblo como el nanti pasa de gozar el nivel absoluto de la libre determinación, a encontrarse víctima de un genocidio? Desde el punto de vista de la noción de territorio integral, es considerar que su rechazo al contacto constituye, como decía, una declaración política suficiente para que los pueblos indígenas circundantes de los PIACI se responsabilicen de la defensa de su territorio.
3. 2. Pueblos indígenas en aislamiento selectivo (PIAS)

Desde el punto de vista de la teoría del territorio integral,
los que denominaré pueblos indígenas en aislamiento
selectivo (a partir de ahora PIAS), son a mi entender,
los más interesantes por reunir a la vez dos condiciones
superlativas. Por un lado, tienen la posibilidad de
gozar de una libre determinación de una forma similar
a los PIACI, por la ausencia de agentes externos en su
territorio. Por otro lado, disponen de la capacidad de
mantener el control de este territorio por una acción
política deliberada. En efecto, muchos pueblos indígenas
de la Amazonía, en general de un tamaño demográfico
pequeño o mediano, se encuentran en una situación
tal que pueden decidir cómo y cuándo interactúan con
funcionarios u otros agentes económicos interesados por
llevar a cabo acciones en sus territorios, de manera que
pueden entrar en esta categoría de PIAS. Para que esto sea
posible, el territorio de los PIAS, aparte de no contener
colonización (o muy poca), no debe ser atravesado por
rutas de transporte importante (en particular terrestres)
ni invadido por ninguna empresa que realice actividades
sin su consentimiento. El caso del pueblo kandoshi es
paradigmático, y por esta razón fue el pueblo elegido como
ejemplo de territorio integral y modelo a replicar en otros
pueblos amazónicos en la propuesta expuesta en el libro
*Antropología de un derecho* (García Hierro & Surrallés,
2009). Los kandoshi, con una población de unas 4000
personas situadas en los afluentes **de los ríos** Pastaza y el
Alto Nucuray, disponen de un territorio autodemarcado y
continuo de unos 10 000 km² sin penetración colonial, sin vías de transporte terrestre y sin actividades extractivas importantes. Además, el **medio ambiente/medioambiente** de los humedales del medio Pastaza donde viven (calificado de sitio Ramsar) ofrece todavía no solo una biodiversidad excepcional, sino también innumerables recursos cinegéticos para su sustento. La horticultura, debido a la fertilidad de la tierra sedimentaria de origen volcánico, es asimismo altamente productiva. A este substrato ideal para el ejercicio de la libre determinación, se le suma a principios de los años 1990 **una** voluntad política colectiva de defensa de su espacio, con una acción que constituye, en aquel entonces, un hito en el movimiento indígena peruano organizado. Fue la ocupación de la base que tenía el Ministerio de Pesca en el canal de acceso al lago Musa Karusha, denominado entonces lago Rimachi. En julio **del/de** 1991, la asamblea del pueblo kandoshi de todas las cuencas decidió, con soporte jurídico y político de AIDESEP, ocupar este sitio estratégico y conminar a los funcionarios allí presentes a abandonar sus puestos. Acto seguido, se instaló en los alrededores de esta base una comunidad que tenía como objetivo controlar el acceso de todo aquel que quisiera entrar en esta parte del territorio, que alberga el grueso de la población kandoshi. Quiero señalar que esta situación ideal, que combina unas condiciones **socio-ecológicas/ socioecológicas** óptimas y una voluntad política sólida, no tiene porqué ser permanente, y solo hay que recordar el desgraciado resultado de una prospección petrolera
realizada pocos años más tarde (1995) por la empresa Occidental Petroleum. Como se supo posteriormente, los trabajadores llevados por esta empresa desencadenaron una epidemia entre los kandoshi causada por la sobreinfección de hepatitis delta, con un saldo de afectados y muertes considerable (Surrallés, 2008). En todo caso, el pueblo kandoshi ha sido el primero en iniciar, en 2007, un proceso de declaración de libre determinación con la autodemarcación de su territorio y la realización de los estudios antropológicos y jurídicos pertinentes. Hoy en día, disponen de un gobierno autónomo para el conjunto del territorio integral indígena.

### 3. 3. Pueblos indígenas con colonización controlada (PICC)

Las dudas con la aplicación de la idea de territorio integral empiezan en los casos de pueblos indígenas que tienen partes de su territorio ocupados por colonos o empresas. Se argumenta que, en el sector del espacio territorial donde se encuentran instaladas familias o incluso núcleos urbanos colonos, no se pueden aplicar las decisiones políticas decididas por el pueblo indígena. Se añade que los colonos pueden no reconocer la soberanía indígena del territorio y recurrir a instancias estatales, en las que encuentran en muchas ocasiones un trato favorable, para defender sus intereses. Con más razón si son empresas de extracción de recursos o de construcción de megaproyectos que disfrutan de enormes
medios políticos y económicos para hacer valer su punto de vista. Estos argumentos pesimistas tienen sin duda un fundamento razonable. Sin embargo, también en estos casos, se puede aplicar la idea de territorio indígena integral a condición de concebirla como objetivo político dentro de una pluralidad de visiones territoriales. Para examinar la manera, es necesario distinguir dos grandes situaciones generales. Los/: los pueblos indígenas con colonización controlada (PICC) y los que han perdido el control de la situación. Es este apartado trataré de los PICC y reservaré el siguiente apartado para los otros casos. En efecto, la presencia de colonos o empresas en el territorio no significa que un proyecto de territorio integral no pueda realizarse y que toda visión de conjunto de la libre determinación de un pueblo indígena quede suspendida hasta que se resuelva esta presencia. Lo importante, en estos casos, es evaluar el grado de control que el pueblo indígena pueda tener todavía sobre el conjunto del territorio y la capacidad de imponer condiciones a las poblaciones colonas o a las actividades de las empresas. Muchos pueblos indígenas se encuentran en esta situación. En general, son pueblos indígenas de mediano o gran tamaño demográfico, con extensas zonas donde ejercen una soberanía territorial absoluta, pero con espacios donde residen colonos con propiedades agrícolas, comercios y pequeñas industrias, y/así como presencia también de grandes proyectos extractivos, o de transporte. Sea por la débil presencia del frente colonial o por la fortaleza de las organizaciones indígenas, estas
últimas conservan el control del territorio y la capacidad de establecer acuerdos viables de convivencia, que pueden incluso ser favorables para todas las partes<fnref n="5" />. El caso que conozco más paradigmático en este sentido es el del pueblo *awajun/awajún?*. Con un inmenso territorio continuo de casi 40 000 Km² y unas 60 000 personas, este pueblo indígena es uno de los más importantes de la Amazonía peruana en términos demográficos. También en lo que se refiere a la extensión de su zona, dividida en varias regiones y numerosas provincias peruanas, atravesada por varias rutas de transporte terrestre nacional importantes y la gran infraestructura del oleoducto norperuano. En el interior de su perímetro territorial, circunscrito por las organizaciones awajun en estos últimos años, se encuentran además muchas familias colonas, sobretodo a lo largo de las rutas terrestres, y una población hispanohablante importante en varios núcleos urbanos. Esta situación no significa sin embargo que el pueblo awajun haya perdido la hegemonía política en el noroeste amazónico peruano. Por sus potentes organizaciones indígenas así como por la capacidad de sus lideres y profesionales para ocupar los cargos electos

<footnote n="5">⁵ Este ejercicio de control territorial se ha visto en toda su potencia recientemente en los cierres de territorio y prohibición de ingreso a terceros realizados por algunos pueblos indígenas para protegerse del Covid 19. Estos cierres además serían constitucionalmente legítimos según el jurista Juan Carlos Ruiz Molleda/. Ver: http://www.servindi.org/actualidad-opinion/19/04/2020/tienen-derecho-los-pueblos-indigenas-cerrar-sus-territorios</footnote>
o nombrados de los niveles locales de la administración republicana, y de casi todas las instancias estatales presentes en la región, los awajun siguen ejerciendo un control sobre su territorio. Es cierto que algunas zonas, como en el Alto Mayo, han perdido la iniciativa, por una serie de decisiones erradas de las organizaciones del sector en el pasado. El Alto Mayo, sin embargo, no deja de ser una parte del territorio con una importancia marginal en el momento en que los awajun, siguiendo la estela de los wampis, decidan elegir unos órganos de gobierno del territorio integral que la población desee, tal y como han manifestado en múltiples asambleas en los últimos años. Los líderes awajun, cuando se les pregunta por las poblaciones colonas, una vez declarado el territorio integral, proporcionan la respuesta a mi entender adecuada. Consideran que estas poblaciones deben permanecer en el territorio y deben participar con sus aportes, que son valorados por los awajun, a la prosperidad del territorio integral, respetando un marco negociado de acción beneficioso para todas las partes. Los dirigentes awajun añaden que un territorio integral no tiene porque ser un espacio exclusivo para la población indígena, sino un lugar donde se ejerza un tipo de política inclusiva para un desarrollo regional que debe beneficiar a todos. En cualquier caso, los awajun tienen la capacidad para hacer valer una política indígena integral en su territorio, que todavía controlan en gran medida.
### 3. 4. Pueblos indígenas con colonización incontrolada (PICI)

Queda una última situación en la que, por desgracia, se encuentran muchos pueblos indígenas, en la que han perdido la iniciativa frente a la colonización. Varios factores pueden incidir, por separado y a menudo juntos, en determinar esta situación. El territorio indígena no es continuo, con zonas importantes ocupadas por colonos. Los títulos de comunidad nativa no han impedido que estas nuevas poblaciones se asienten con o sin el consentimiento de los indígenas, que en algunos casos han alquilado parcelas de sus tierras. En estas zonas, los colonos se han convertido en la población mayoritaria y los indígenas en una minoría sin fuerza política ni electoral. Los responsables políticos electos, como alcaldes distritales, provinciales o presidentes regionales, nunca pertenecen a la minoría indígena, que debe contemplar el avance de políticas de colonización promovidas por los poderes regionales en territorios en los que, hace solo pocos decenios, les pertenecían de forma exclusiva. En estas zonas de colonización han podido germinar núcleos poblacionales, a veces verdaderas capitales, con decenas de miles de habitantes con un modelo de vida urbano orientado al consumo. Muchos de estos centros urbanos han crecido de forma exponencial estos últimos años, propulsados por una economía legal o ilegal, que ofrece interesantes perspectivas de bienestar o incluso enriquecimiento rápido, hecho que contribuye a atraer más colonos y nuevas inversiones empresariales que, como la
agroindustria intensiva, se desarrollan en perjuicio del **medio ambiente/medioambiente**. Todo ello entraña una deforestación masiva, no solo de las periferias urbanas, y una proliferación de rutas de transporte terrestre que alejan todavía más a las poblaciones indígenas. Estas últimas, o porciones muy importantes de su población, se ven así pauperizadas por la escasez de recursos que ofrece un medio ambiente degradado y por el acceso difícil a los bienes y servicios de la economía capitalista que ha invadido sus territorios, debido, entre otras razones, a la discriminación del indígena amazónico en estas zonas de frontera de colonización. Podría continuar describiendo otros factores y circunstancias para concluir, en resumen, que se trata de situaciones donde los pueblos indígenas han perdido el control del territorio en manos del frente colonial. Es decir, se trataría de «pueblos indígenas con colonización incontrolada» (o PICI). En Perú tenemos desgraciadamente muchos ejemplos. Desde pueblos indígenas de gran población y extensión territorial como los shipibo-conibo (ver Espinosa, 2012), con la ciudad de Pucallpa en el centro de su territorio —la cual, con más de un cuarto de millón de habitantes, multiplica por cinco el conjunto de la población shipiba y constituye un centro de atracción de migrantes—, hasta pueblos desparecidos recientemente como los **Iquitos/iquitos**, cuyo territorio debía encontrarse en el lugar de la capital amazónica del mismo nombre. Si se maneja un concepto incorrecto de territorio indígena integral, se puede llegar erróneamente a la conclusión que no hay nada que se pueda hacer con
esta noción en la situación de los PICI. Sin embargo, pienso que es precisamente con los PICI donde la idea de territorio integral indígena —entendido como una visión del territorio que debe hacer frente políticamente a otras opciones territoriales—, toma mayor sentido. El despliegue de una acción política de por parte de las organizaciones indígenas, consistente en unirse por pueblos para demarcar la periferia de un territorio, que quizás hace solo cincuenta años controlaban enteramente, aunque hoy en día convivan con población diversa, debería ser el primer paso. No para intentar reapropiarse del territorio perdido y ejercer una gobernanza exclusiva sobre el mismo, algo poco realista en la mayoría de los casos. Pero sí para conformar un grupo de presión política con una agenda de buenas prácticas territoriales según la perspectiva indígena, con el fin de convencer a todos los actores políticos y económicos presentes en la región del interés en seguirla. Hay que recordar que el derecho internacional suscrito por el Perú (como la Declaración de la asamblea de las Naciones Unidas sobre el derecho de los Pueblos indígenas del/de 2007 o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido, y no solo los que actualmente controlan, como señalaba antes. Además, estos textos legales instan a los estados/Estados a asegurar el debido reconocimiento de estas posesiones. A partir de estos preceptos jurídicos, la acción de
los PICI pueden tener unos apoyos internacionales importantes para, como mínimo, recuperar una cierta iniciativa política perdida por la avalancha colonial. Se podría incluso imaginar que esta agenda política llamada territorio integral indígena se consensuase en una lista de exigencias mínimas por todos la organizaciones indígenas del mundo, con un observatorio internacional de buenas prácticas que repartiría calificaciones de excelencia, incluso compensaciones, a todos los actores, indígenas o no, cuyas actividades asuman la agenda indígena. Este observatorio podría también descalificar Estados y otros agentes políticos o económicos que no respetaran mínimamente a las pueblos indígenas afectados. El éxito cada vez más evidente de este tipo de iniciativas en el campo de la ecología o las condiciones internacionales de trabajo, por ejemplo, podría inspirar una acción concertada parecida en lo referido a los derechos de los pueblos indígenas.

## Conclusión

El problema, desde el punto de vista de la acción política, no radica tanto en la situación en la que los pueblos indígenas se encuentran, sino en establecer una verdadera agenda del movimiento indígena que caracterice y distinga su gestión del territorio de otras gestiones posibles y en particular de la promovida por la administración pública. Porque si se trata de cambiar únicamente el poder de manos, y pasar de una gestión no indígena a una gestión
indígena del territorio pero para hacer lo mismo, no creo que valga verdaderamente la pena todo el esfuerzo de movilización. El movimiento indígena organizado ha logrado en los últimos decenios avances muy importantes en el reconocimiento de sus derechos. Estos avances se han conseguido, sin embargo, en la medida en que la relación especial que estos pueblos establecen con su territorio merece ser protegida, entre otras razones por los beneficios que conlleva en términos de protección del **medio ambiente/medioambiente** y de la biodiversidad. También por la protección y promoción de la diversidad cultural y lingüística, considerada ahora como un patrimonio precioso de la humanidad. Sí, como sucede a menudo, los líderes indígenas que llegan al poder en el marco de elecciones locales, ejercen el mismo tipo de políticas públicas que sus antecesores, cabría preguntarse si la demanda de un territorio integral tiene sentido alguno. Quiero insistir en la necesidad de establecer esta agenda política que solo los líderes indígenas, con sus respectivos pueblos, pueden realizar, aunque me permitiré a título orientativo avanzar algunas propuestas. El territorio indígena integral debe ser un lugar donde se reconozcan, respeten y promuevan al menos cuatro ámbitos de acción:

* un ámbito ecológico: la biodiversidad y el **medio ambiente/medioambiente** deben ser protegidos, con la prohibición y sustitución de las actividades extractivas y las energías contaminantes por otras de sustentables y limpias, que en el caso de la Amazonía se traduce por una preservación del manto boscoso.
* un ámbito lingüístico-cultural: las particularidades lingüísticas y culturales deben ser mantenidas y desarrolladas con una política adaptada a todo nivel de la administración y con una enseñanza bilingüe e intercultural y no solo para los **ind. y el evitamiento de nas claseses privilegiadasos (??)** recursos naturales y culturales como bienes comunes, evitando así la **emergenciaígenas (??)**.

* un ámbito económico: la promoción de formas económicas alternativas debe ser prioritaria, con la defensa del control colectivo del territorio y de sus recursos naturales como bienes comunes, y de las formas de reciprocidad que evitan la emergencia de unas clases privilegiadas.

* un ámbito político: deben ser promovidas las organizaciones políticas y los sistemas de gobernanza basados en la democracia participativa, acéfala y horizontal, tal y como han sido muchos sistemas políticos tradicionales en la Amazonía, con el fin de evitar la formación de elites administrativas.

Estos puntos, como decía anteriormente, son a título orientativo, puesto que el desarrollo de un programa de buenas prácticas políticas a llevar a cabo dentro de un territorio integral indígena, su detalle y factibilidad, solo puede ser definido por las propias organizaciones indígenas. Se trata además de que estas agendas sean verdaderamente asumidas y no solo como una estrategia para reunir apoyos internacionales con el fin de acceder al poder y continuar después con las políticas convencionales
que están arruinando la Amazonía. Por las razones de
sobras conocidas referidas al calentamiento climático del
planeta, por solo citar la más importante, la Amazonía está
en el visor de todas las políticas globales. Esto ofrece una
oportunidad única a los pueblos indígenas de ganar espacio
político si se llega a convencer con honestidad a la opinión
pública local y mundial de que ellos son los mejores
guardianes de los bosques y los gestores óptimos de su
biodiversidad. En este sentido, la propuesta de territorio
indígena integral como objetivo político debe ser muy
inclusiva —es decir, no solo para los indígenas—, abierta a
todos los que deseen que la tierra sirva a los que la habitan,
en conformidad con una visión ecológica, pluricultural,
colaborativa y participativa, que ya ha suscitado mucha
adhesión de la por parte de los no-indígenas en todo la
Amazonía en forma de alianzas políticas ganadoras, y que
debe avanzar siempre por las vías democráticas frente a
otras visiones territoriales posibles.

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