Les rogamos a Uds. poner estas cosas en su conocimiento.

Emilio
8/10/75

# Documentos de la Clandestinidad

Carta de Víctor Díaz a la Dirección Exterior / Archivo Rolando Álvarez
25 de octubre de 1975

Queridos compañeros del Coordinador,

estimados amigos:

Como uds. saben, Laureano (Artigas) ha salido desde hace ya semanas del interior. Este hecho responde a las conclusiones de una larga discusión en el seno de nuestra dirección, acerca de los métodos de trabajo y dirección, por una parte, y de la seguridad con que debemos guardar nuestras actividades.

Durante los últimos meses el partido entero ha debido soportar una represión y hostigamiento que no son ajenos al período de profunda crisis en que se debate la Junta, y que resulta del deseo del enemigo de aniquilar la creciente resistencia popular a sus manejos. Con mayor razón pues apunta el enemigo en contra de los organismos de dirección de la lucha antifascista, y nuestra dirección ha debido ir mejorando paulatinamente su sistema de trabajo de tal manera de salvaguardar su supervivencia y desarrollar su capacidad de conducción, adecuándola a la fuerte y sostenida represión de la cual todo el pueblo es víctima.

El partido está pues sometido a una constante prueba y naturalmente no todo son éxitos. La dirección permanentemente debe advertir y orientar al conjunto de los combatientes, que en algunos casos no extraen las enseñanzas correctas de la situación actual.

En el caso de Laureano, nuestra dirección ha concluido que su salida ayudaría a cuidar de la seguridad del conjunto de la dirección y del colectivo de trabajo en el cuál él participaba.

Laureano va a ponerse a disposición del coordinador. Desde aquí no hemos determinado ninguna tarea específica para él en el exterior. Advertimos si, que su salida y ulterior residencia en el extranjero no debe ser pública. En esta etapa estamos convencidos que hacemos un favor al enemigo al denunciar nosotros mismos nuestros pasos.

No dudamos un instante del valor que tendrá para uds. la ayuda de un
cuadro de dirección como él en las tareas de la solidaridad y la coordinación del trabajo unitario y de partido. Pero ello no debe constituirse en razón para malograr el esquema orgánico clandestino de la dirección en el interior, ni los pasos de cada miembro de la dirección en el futuro.

En la etapa actual es imprescindible considerar la necesidad de que des-
tacados luchadores puedan desplazarse desde o hacia el interior con absoluta
seguridad de que su actividad es clandestina. Con mayor razón si son miem-
bros de la dirección.

Por lo tanto es necesario que adoptemos medidas que impidan al ene-
migo seguir nuestros pasos. Instamos pues a uds. a no cometer errores en
este sentido.

En el caso específico de Laureano, nos hemos comprometido a sacar del
interior a su esposa e hijos pequeños. Aun cuando todavía no lo hemos hecho,
esperamos un momento oportuno. Mientras tanto, cuidamos bien de ellos.

Esperamos que las funciones de Laureano en el exterior no se vean
entorpecidas. Solicitamos a uds. que le comuniquen nuestras ideas a él, tan
rápido como sea posible.

Cariñosos saludos

Dirección del Partido Comunista de Chile

25.10.75

Terminada la visita de Corvalán

El comunicado de prensa sobre las
conversaciones entre el PCI y el PC chileno

L'Unità, 5 de marzo de 1977

Roma. El secretario general del PC chileno, Luis Corvalán, y el miem-
bro del Buró Político del PC de Chile, Jorge Insunza, partieron ayer por la
mañana de Italia. En el aeropuerto de Fiumicino, Corvalán fue recibido por
Gian Carlo Pajetta y Gianni Corvetti, de la dirección del PCI, por Anselmo
Gouthier, de la Secretaría, por el Secretario de la Federación Romana. Paolo
Ciofi, de Antonio Rubbi, del Comité Central, y de Franco Saltarelli, Al térmi-
no de las conversaciones entre la delegación del PC de Chile "y la del PCI, se
emitió el siguiente comunicado:

Del 23 de febrero al 4 de marzo, invitados por el PCI, ha estado en Italia
el compañero Luis Corvalán, acompañado de su mujer Lily y del compañero Jorge Insunza, del comité político del PC de Chile.

Durante la estadía, fueron recibidos por altas autoridades del congreso italiano, visitaron Roma, Perugia, Bologna, Milán, y Nápoles, donde Corvalán fue recibido por los alcaldes y administradores regionales de todas las fuerzas políticas democráticas.

# Informe al Pleno del Comité Central / Fragmentos<fnref n="30" />

## Agosto de 1977

### La revolución chilena: sus grandes méritos y las causas de su derrota.

Desde hace ya varios años, Chile es uno de los países que concita la atención del mundo. Fue así, primero por la simpatía y el interés que despertó nuestra revolución. Más tarde –y hasta hoy– por la extrema brutalidad de la contrarrevolución.

La Revolución chilena fue un acontecimiento de importancia internacional. Fue la primera “experiencia prolongada de desarrollo pacífico de la revolución en la situación actual”<fnref n="31" />. En su gestación participaron distintas corrientes democráticas: marxistas, racionalistas y cristianas. Esta particularidad amplió su audiencia en el campo internacional.

En nuestro país, en la práctica, quedó demostrada la posibilidad de que la clase obrera y el pueblo llegaran al Poder –mejor dicho a una parte del Poder– por una vía no armada y de hacer realidad una serie de transformaciones revolucionarias por dicha vía.

La materialización de esta posibilidad se produjo, no solo en virtud de condiciones específicas de orden nacional, sino también, y sobre todo, en razón de los cambios operados en la arena internacional. El socialismo, convertido en sistema mundial, ejerce influencia sobre millones de seres humanos, en primer término sobre la clase obrera, pero también sobre otras

<footnote n="30">30 En sus memorias, “De lo vivido y lo peleado”, Luis Corvalán relata que “Jorge Insunza y Rodrigo Rojas me ayudaron a la elaboración del informe” al Pleno del Comité Central de 1977. Es un texto que sin duda tiene la pluma de Corvalán, pero los fragmentos aquí incluidos, sobre las causas de la derrota de la UP y la estrategia contra la dictadura, contienen lo esencial de la elaboración colectiva hecha con ellos.</footnote>

<footnote n="31">31 Boris Ponomariov: “Algunas cuestiones del movimiento revolucionario”. Praga 1975, página 270.</footnote>
capas de la población. La mayoría de los pueblos de los países capitalistas ven su porvenir en el socialismo, tanto más cuanto que las lacras del capitalismo son cada día más evidentes e incurables. Al mismo tiempo, y principalmente, la correlación de fuerzas y la tendencia del curso histórico son favorables al socialismo, a la democracia, a la paz y a la independencia nacional. En estas condiciones se han acrecentado las posibilidades de la clase obrera de agrupar en torno suyo a sectores muy vastos, a la abrumadora mayoría. Y de este modo, en circunstancias determinadas, -como las que se dieron en Chile-, el proletariado y el pueblo pueden constreñir, aislar y derrotar a las fuerzas reaccionarias por una vía pacífica.

En los tres años que duró la Revolución chilena se hicieron grandes cosas.

El Gobierno Popular puso en práctica una política exterior independiente que se inició con el restablecimiento de las relaciones con Cuba a las 24 horas de asumir Salvador Allende la Presidencia de la República. Nuestra patria alcanzó durante esos años una significación internacional como no la había tenido nunca. Las relaciones de Chile dejaron de regirse por los dictados del Departamento de Estado.

El Gobierno Popular recuperó para Chile la totalidad de las riquezas naturales del país. Fueron nacionalizadas las empresas de la gran minería del cobre, del hierro, del salitre, del carbón y del cemento.

Fueron nacionalizadas también setenta de las más grandes empresas monopolistas del país, incluyendo la industria siderúrgica, centros textiles, electrónicos, de la industria siderúrgica, de la industria alimentaria, de manufactura de cobre, de la distribución y servicios.

El Estado asumió la dirección de 16, de un total de 18 bancos comerciales, nacionales y extranjeros. Controló más del 90% del crédito, garantizando el acceso a él de medianos y pequeños propietarios. Tomó también en sus manos el 90% del comercio de exportación y el 60% de las importaciones.

Sobre estas bases se estructuró el área de propiedad social, centro fundamental de una nueva economía.

El Estado expropió también seis millones de hectáreas de tierras cultivables –el doble de lo expropiado en el sexenio demócrata cristiano- con lo que culminó la expropiación de todos los predios de más de 80 hectáreas de riego básicas.

La política del Gobierno produjo una fuerte redistribución de ingresos, elevando, desde un 55%, aproximadamente, hasta un 65%, la participación de los asalariados, de todo tipo, en el ingreso nacional.

Dicha redistribución de la renta nacional condujo al aprovechamiento pleno de la capacidad instalada de la industria, lo cual hizo posible un aumento considerable de la producción fabril, superior al 20% en los dos primeros
años, y una disminución vertical de la cesantía, que al inicio del Gobierno Popular era del 8,3%.

Cuando asumimos el Gobierno, el 50% de los niños de Chile estaban desnutridos. El 40% tenía disminución intelectual relativa. Atendiendo a esta realidad, el Gobierno Popular organizó su Plan Nacional de Leche. En 1970, antes del Gobierno Popular, habían recibido leche gratuitamente 650 mil personas. En 1972 se beneficiaron con medio litro de leche gratuito diario tres millones 347 mil personas.

La educación se convirtió en una preocupación primordial del Gobierno. En 1973, el número de estudiantes en todos los niveles de la enseñanza alcanzó a tres millones 600 mil, lo que significó, en sólo ese año, un aumento de 270 mil en los niveles básico y medio. Fue resuelta la distribución gratuita de ocho millones de textos escolares para favorecer a dos millones 600 mil estudiantes de enseñanza básica.

Las universidades recibieron a 130 mil alumnos, la cifra más alta alcanzada nunca antes en Chile. Por primera vez, abrieron sus puertas a los hijos de obreros y campesinos y a los obreros directamente. Solo en 1973, dos mil 500 trabajadores ingresaron con becas especiales a la Universidad Técnica del Estado.

La salud de los chilenos fue objeto también de atención preferente. La creación del sistema de consultorios periféricos, a razón de uno por cada cuarenta mil habitantes, permitió un mejoramiento sustancial de la atención sanitaria. Bajaron significativamente los índices de mortalidad infantil.

Setecientos veinticinco mil chilenos que carecían de toda previsión, -en especial trabajadores independientes, pequeños comerciantes y pequeños empresarios-, fueron incorporados a ese sistema. Se mejoraron substancialmente las pensiones mínimas de orfandad, vejez, invalidez y viudez de los beneficiarios del Servicio de Seguro Social que percibían, antes de 1970, ingresos miserables.

La cultura estuvo al alcance de millones de personas. Se creó una poderosa editorial estatal, que en sólo dos años lanzó doce millones de ejemplares de publicaciones de diversa índole, que incluían las obras más importantes de la literatura chilena, latinoamericana y universal. A la par, adquirió mayor auge el movimiento musical que funde los valores auténticos del folklore con la experiencia de músicos de preparación académica, y surgió un rico y variado movimiento pictórico que alcanzó caracteres de masas.

Todos los medios de que disponía el país para la construcción de viviendas fueron utilizados para resolver el problema habitacional de los chilenos. Las cifras de construcción aumentaron en un promedio de 8% durante el gobierno del Presidente Allende. Se alcanzaron las más altas cifras históricas en este rubro.
Cientos de miles de trabajadores tuvieron por fin acceso a bienes que hasta entonces eran un lujo. Consumir carne, vestir adecuadamente, calzar a los niños, disponer de catres y colchones, poseer un televisor o un refrigerador o una estufa de gas licuado, se convirtió en una aspiración realizable.

Todo esto es la obra de Allende, de los Partidos de la Unidad Popular. Pero, sobre todo, es la obra del pueblo de Chile.

El triunfo electoral y la obra de la Revolución fueron el resultado de un esfuerzo multitudinario. Cientos de miles de trabajadores, movilizados por cerca de quince mil comités de base, dinamizaron la batalla política que culminó en la victoria del 4 de septiembre. Financiada con los recursos de las familias del pueblo, brotaba en todas partes la propaganda en favor del candidato y de las ideas del programa popular.

En el curso de toda la campaña electoral, hombres, mujeres, jóvenes y niños concurrían a mitines y marchas a expresar su decisión de hacer posible un cambio de rumbos en el país.

En los sesenta días, llenos de tensión, anteriores a la toma de posesión de la Presidencia de la República, el pueblo vigiló día y noche y forjó desde la base, con inteligencia y pasión, las condiciones que hicieron posible el acuerdo para ratificar en el Parlamento la elección de Allende.

Iniciado el Gobierno, los trabajadores comenzaron a tener arte y parte en el presente y en el futuro de su país. La clase obrera, la clase más numerosa, la clase más trabajadora, la que crea los bienes materiales, la más avanzada y patriótica, asumió posiciones de poder para regir los destinos del país junto a las otras clases y capas interesadas en el progreso social, en el desarrollo cultural y, en definitiva, en la justicia y en la libertad verdaderas.

Se produjo un cambio profundo en la actitud de los hombres y mujeres del pueblo. Los trabajadores y las masas populares sintieron que el Gobierno de Allende era su Gobierno; que ellos tenían algo que hacer en Chile más allá de vender su fuerza de trabajo en una fábrica o taller o de lavar ropa ajena en una artesa de población. Los humillados y postergados por tantos años, visualizaron y empezaron a sentir que tenían derecho a vivir de otra manera y a ser considerados con dignidad.

Por primera vez en la historia de Chile, los obreros podían opinar libremente en las fábricas, sin temor al despido. Los trabajadores entraron a participar en el funcionamiento de numerosas empresas, muchos de ellos a ocupar puestos de gerentes y administradores de industrias, a dirigir servicios estatales, a integrar consejos de bancos, a representar al Presidente de la República, al Poder Ejecutivo, en sub delegaciones, gobernaciones e intendencias y a desempeñar cargos de Ministros y Embajadores.

Más aún, miles y miles de obreros se empeñaron en el aumento de la producción. Desarrollaron innovaciones en los procesos productivos para
elevar su rendimiento y para economizar divisas. Organizaron la fabricación de repuestos para mantener la industria en funcionamiento. Promovieron diversos métodos para economizar materias primas. Impidieron la paralización de numerosas empresas abandonadas por los dueños. Impulsaron nuevos usos de las instalaciones para encarar los problemas generados por el boicot económico y el sabotaje de la reacción y el imperialismo.

En los años de la Revolución surgieron nuevas formas de organización de los trabajadores y el pueblo para abordar las responsabilidades que asumían en la dirección del país. Se constituyeron consejos de administración en las empresas estatales, comités de vigilancia en numerosas empresas privadas y en servicios. Nacieron las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios para resolver con el esfuerzo del pueblo los problemas de distribución de los artículos de primera necesidad y para combatir el mercado negro organizado por el enemigo. Centenares de obreros se convirtieron en inspectores voluntarios de la Dirección de Industria y Comercio para supervigilar, junto con las JAP, la producción, la distribución y los precios. Se constituyó una serie de oficinas comunales de DIRINCO en donde entraron a asumir responsabilidades administrativas y de inspección, los dirigentes de los Consejos Comunales de la CUT, de las Uniones de Juntas de Vecinos, de las Uniones de Centros de Madres y de las JAP.

Se constituyeron los Cordones Industriales, los Consejos Campesinos y, en algunos lugares, los Comandos Comunales, organismos –estos últimos creados con el criterio de unificar las diferentes organizaciones populares en cada lugar.

Cada una de estas organizaciones se constituía en embrión del nuevo Poder, del nuevo tipo de Estado que se quería construir.

En resumen, el pueblo chileno hizo esfuerzos gigantescos por echar andar la Revolución y por salvarla en los instantes de peligro. La movilización popular de octubre de 1972, durante el primer paro del transporte organizado por la CIA y la reacción, se inscribe entre las más grandiosas acciones de las masas populares chilenas. Los trabajadores hicieron funcionar todas las industrias, caminar al país; organizaron la distribución; resolvieron un ceremil de problemas; demostraron una conciencia, una responsabilidad y una disciplina ejemplares. A esta acción se unieron cientos de miles de jóvenes que, organizados en el maravilloso Movimiento de los Voluntarios de la Patria, conducían sobre sus hombros las mercancías inmovilizadas por el paro patronal.

Esta actitud de millones de chilenos era posible porque –digan lo que digan nuestros enemigos-, el Gobierno del Presidente Allende tuvo una sola preocupación, la más noble de todas: servir a su pueblo, atender las necesidades de los humildes, de los obreros, de los campesinos, de los pobres de la
ciudad y del campo, de los niños, de la sufrida mujer chilena, de los pequeños y medianos empresarios. Al mismo tiempo, para crear bases reales de justicia y bienestar, su único norte fue hacer de Chile un país plenamente independiente, desarrollado, moderno.

Por eso la imagen de Allende y su Gobierno está firmemente arraigada en la conciencia y en el corazón del pueblo chileno y se agranda con el tiempo. Hubo errores. Pero lo sustancial, lo que recoge la historia, es el esfuerzo inmenso que se hiso por superar el atraso y la miseria, por lograr la liberación nacional y social de Chile.

Los méritos de la Revolución chilena se pueden apreciar en su verdadera dimensión si se tienen en cuenta las condiciones de su inicio y las dificultades con que tropezó desde el primer día. No hay que olvidar que el compañero Salvador Allende obtuvo en las elecciones presidenciales sólo el 36,3% de los votos. Esta era, ciertamente la primera mayoría relativa; pero una mayoría relativa precaria que, por otra parte, no resolvía por sí sola su elección como Presidente de la República.

El imperialismo norteamericano y la reacción chilena hicieron todo lo posible por impedir lo que era tradicional en el país: que el Parlamento optara por el candidato que había obtenido el primer lugar cuando no se lograba en las urnas la mayoría absoluta. Se ideó y proclamó una maniobra formalmente constitucional: que el Parlamento eligiera al segundo, en este caso el candidato de la derecha, Jorge Alessandri, el que luego renunciaría para dar paso a una nueva elección en la cual todos los reaccionarios se cuadrarían tras la candidatura de un demócrata cristiano, Eduardo Frei. Y la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la Embajada yanqui en Santiago y la ITT tramaron, simultánea y alternativamente, otra conjura dirigida a provocar la toma del Poder por las Fuerzas Armadas, para lo cual planearon el rapto y perpetraron el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider. Ello debía ser el detonante de un golpe militar. Por su parte, el Ministro de Hacienda de ese entonces, pintó un cuadro apocalíptico acerca de las repercusiones que en la economía y las finanzas del país se estarían ya produciendo como resultado de la victoria electoral de Allende. Tales anuncios creaban un clima propicio al escamoteo del triunfo popular.

Desde el día mismo de la elección presidencial, hasta el derrocamiento del Gobierno Popular, el imperialismo norteamericano y la reacción chilena conspiraron incesantemente. Dicha conspiración comprendió el sabotaje en las minas del cobre, la suspensión de los créditos de corto y largo plazo del BID, del Banco Mundial y de la banca privada norteamericana; el embargo de nuestras exportaciones de cobre, luego de ser este nacionalizado; la suspensión de ventas de trigo a través de la AID, el bloqueo a la importación de repuestos indispensables para el funcionamiento normal de la industria, las
trabas para renegociar la deuda externa, el acaparamiento y la organización del mercado negro, la fuga de capitales, el contrabando masivo de ganado hacia Argentina, la guerra psicológica y todo un conjunto de acciones de "desestabilización" que comprendieron, en especial, dos largos paros en el transporte carretero.

A esto se sumaron otras dificultades objetivas. El Gobierno Popular re-
cibió el país con una deuda externa de cuatro mil millones de dólares, con un
parque industrial en gran parte anticuado e insuficiente para las necesidades
del país, con un fuerte déficit de producción agraria, con graves carencias en
viviendas, educación y salud. Paralelamente, sufrió los impactos de una co-
yuntura internacional muy desfavorable en el terreno comercial. Mientras el
precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, cayó por debajo
de los cincuenta centavos de dólar, los precios de las importaciones, particu-
larmente las de alimentos, tuvieron alzas exorbitantes.

Hay que considerar especialmente el hecho –que luego analizaremos-
de que la clase obrera y las otras fuerzas motrices de la revolución no alcan-
zaron todo el poder. Iniciaron las transformaciones contando sólo con una
parte de él y debiendo operar en un marco institucional que, si bien ofrecía
posibilidades, al mismo tiempo limitaba la acción revolucionaria.

La revolución era impulsada por fuerzas de diversa procedencia social y de ideologías distintas. Esta singularidad, que reflejaba la amplitud de la alianza construida en torno a la clase obrera, y que era y es un hecho positivo, determinó a la postre evaluaciones y posiciones distintas de muchos asuntos capitales. Ello no era fatal. Se debió a la insuficiencia y discontinuidad de la hegemonía de la clase obrera y del pensamiento común de dicha alianza.

El curso de la revolución chilena debe ser apreciado, reiteramos, tenien-
do en cuenta todos estos factores.

La revolución chilena fue el fruto de una larga lucha, de muchos años
de combate. Vencimos en 1970 y conquistamos una parte del Poder gracias a
una apreciación correcta del proceso social chileno, a una definición acertada
de los enemigos principales, del campo de alianzas posible de la clase obrera,
de las transformaciones maduras que era necesario materializar y del diseño
general de una vía para llevarlas adelante.

En un combate político sostenido y tenaz en favor de la unidad de la clase obrera, del entendimiento socialista comunista, de la agrupación de los partidos de izquierda, estas apreciaciones se convirtieron en criterios y acciones de masas.

Toda lucha de un pueblo por su destino se entronca hasta con su pasa-
do más remoto. Pero si se ha de buscar un punto de partida de nuestra lucha
por la conquista de un gobierno popular, habrá que fijar la atención en 1952,
año en que se levanta por primera vez la candidatura de Salvador Allende
a la Presidencia de la República –entonces por el Frente del Pueblo- confi-
gurándose así una alternativa, construida en torno a la clase obrera, ante las
diversas variantes burguesas.

El Frente del Pueblo se convertirá luego, con nuevas fuerzas, con el Partido Socialista reunificado, en el Frente de Acción Popular. Al movimiento unitario se incorpora el Partido Radical, partido de larga tradición en la vida política de Chile, vinculado a sectores de trabajadores y de capas medias de pensamiento racionalista y laico. También se integran fuerzas cristianas de avanzada.

En la lucha por la unidad del pueblo hubo que vencer muchas resis-
tencias y ganar no pocas batallas políticas. Los radicales se desembarazaron
de políticos burgueses de sus propias filas que profitaban de la desunión de
la izquierda, en tanto que fue necesario derrotar las posiciones sectarias de
quienes sostenían que concertar alianzas amplias significaba entregar la he-
gemonía a la burguesía.

Todos los partidos contribuyeron a la victoria. Sus aportes fueron ne-
cesarios, más aún, indispensables. Si hubiese faltado alguno de ellos, la revo-
lución no se habría iniciado entonces. Desde el punto de vista electoral, por
ejemplo, si hubiese faltado cualquiera de las fuerzas que integran la Unidad
Popular no hubiéramos logrado la victoria del 4 de septiembre. La impor-
tancia de la contribución de cada cual está fuera de duda. Fuera de duda está
también que todos hicieron su aporte a las transformaciones que se llevaron
a cabo durante los tres años de gobierno popular. Todos se mantuvieron
unidos y leales hasta el fin y, más aún, bajo la brutal represión del fascismo,
han mantenido su lealtad y su dignidad.

Pero hay un hecho que es preciso anotar: nuestro Partido, el Partido Co-
munista de Chile, por su experiencia, su capacidad y su influencia de masas,
fue el artífice principal del movimiento unitario que culminó en la victoria,
el que mantuvo con mayor pasión y fuerza la bandera de la unidad de todos
los Partidos de la Izquierda, el que vislumbró la posibilidad de conquistar el
Gobierno por una vía no armada y señaló el camino para materializarla.

En 1956 tuvo lugar nuestro Décimo Congreso. En él se puso en evi-
dencia la posibilidad de hacer la revolución chilena por una vía no armada.
Esta idea fue enriqueciéndose con las experiencias de la lucha real del pueblo
de Chile, para abrir paso a los cambios revolucionarios. A ello se unió, como
un objetivo de masas, la necesidad de conquistar un Gobierno Popular capaz
de llevar adelante la revolución antimperialista y anti oligárquica con vistas
al socialismo.

En 1962, el Décimo Segundo Congreso del Partido se realizó bajo la consigna: “¡A la conquista de un gobierno popular!” y planteó la necesidad de construir una alianza suficientemente vasta para lograr dicho objetivo. Du-
rante el gobierno demócrata cristiano, en las condiciones de una experiencia reformista que buscaba, con métodos y lenguaje nuevos, salvar el capitalismo en Chile e impedir la revolución popular y el socialismo, nuestro Décimo Tercer Congreso levantó la consigna: “La clase obrera, centro de la unidad y motor de los cambios revolucionarios”. Con este lema propiciamos la unión de todos los que estaban por los cambios, incluso de aquellos que habían sido seducidos temporalmente por el reformismo. Esta política contribuyó a evi-tar el enconamiento de las divisiones en el seno del pueblo y a facilitar así la posibilidad de alianzas en torno a la clase obrera, condición básica para gene-rar una correlación de fuerzas favorable al proceso revolucionario. Finalmen-te, el último Congreso Nacional del Partido, celebrado en 1969, pudo alzar como consigna de factibilidad inmediata: “Unidad Popular para conquistar un gobierno popular”. Ella se materializaría antes de transcurrir un año.

No logramos, es cierto, unir a todas las fuerzas democráticas. Por eso, en la elección de Salvador Allende no obtuvimos la mayoría absoluta. Pero la línea aplicada, que colocaba en el centro de la unidad en torno a la clase obrera en la lucha por los cambios, la actitud a la vez firme y flexible frente al reformismo, permitió generar una mayoría y volcar a nuestro favor la corre-lación de fuerzas apenas culminó la batalla electoral.

La política patrocinada por nuestro Partido, orientada a consolidar la unidad del pueblo y a aislar a los enemigos fundamentales, y la fuerza de las ideas de cambio promovidas por la Unidad Popular, producían efectos no sólo en los sectores agrupados en la alianza, sino más allá de ellos. Nuestra orientación había contribuido a separar de la oligarquía y de la alta burgue-sía a vastos sectores medios, incluso burgueses, que se identificaban con la Democracia Cristiana y que en el pasado se habían unido a la reacción en contra del movimiento popular. Los que no estaban con nosotros, estaban separados y no todos contra nosotros. No era una desinteligencia, ni una circunstancia fortuita derivada de un error de cálculo, sino un hecho político producido por la forma y el contenido de las luchas del movimiento revolu-cionario. En estas condiciones se inició el mismo 4 de septiembre una nueva batalla, caracterizada por enconados enfrentamientos de clases.

Esta batalla, que se desarrolló en los sesenta días que transcurrieron desde el 4 de septiembre al 3 de noviembre de 1970, se convirtió en una verdadera epopeya del pueblo, y decidió la instalación del Gobierno Popular. Mostró que la clase obrera era capaz de reunir en torno suyo a la mayoría del pueblo y del país para los objetivos maduros en la situación chilena y que era capaz también, en circunstancias tales, sobre la base de esa mayoría y de una actividad de masas fuerte y tenaz, de impedir el desencadenamiento de la violencia reaccionaria. Al resolver correctamente la cuestión de quién aísla a quién, asunto decisivo de la correlación de fuerzas, la derecha aislada se vio impedida de ahogar en su cuna la revolución. Fracasaron sus iniciativas en el
terreno militar, sobre todo porque estaba derrotada políticamente.

Desde ese momento, más que nunca, la lucha por la revolución se convirtió en la lucha entre el pueblo y la reacción por cambiar la correlación de fuerzas en favor de uno u otro. Esta disputa preside todo el período, se extiende a lo largo de los tres años del Gobierno Popular y a ella estaban ligadas cuestiones tan importantes como la conquista de la mayoría del pueblo, el problema militar, la conducción política única y acertada y, en definitiva, la suerte de la revolución.

Los éxitos logrados en los sesenta días cruciales que van desde la elección presidencial hasta la toma de posesión de la Presidencia de la República, y los que se obtuvieron en todo un primer período, durante aproximadamente un año, respondieron, por una parte, al vasto apoyo nacional que tenían los objetivos inmediatos que se trazaba el movimiento popular, a la movilización de masas desarrollada para alcanzarlos, a la unidad y cohesión demostrada en lo fundamental y en ese período por la Unidad Popular y, por otra parte, a que esta buscó y logró con otras fuerzas acuerdos y compromisos que resultaban objetivamente necesarios. Entre estos tienen especial significación el pacto de garantías constitucionales y la reforma constitucional que permitió la nacionalización del cobre. El primero de estos acuerdos implicó compromisos. Pero el pacto de garantías fue un requisito indispensable que puso la Democracia Cristiana para confirmar en el Parlamento la elección de Salvador Allende. Dicha condición era aceptable. Más aún, constituyó en los hechos, una victoria del pueblo. Las concesiones que implicaba, de tipo menor, eran más que compensadas con la concesión de la otra parte. Por esto, todos los partidos de la Unidad Popular estuvimos contestes en que había que entrar en tal compromiso. En el acuerdo UP – DC relativo a la nacionalización del cobre no hubo ninguna concesión. Ello es explicable. Se trataba, en primer lugar, de una reivindicación nacional, patriótica, que compartían casi todos los chilenos y, en segundo lugar, la correlación de fuerzas favorecía más a la Unidad Popular en este caso.

Hay gente empeñada en torcerle el pescuezo a la verdad con versiones falsas sobre esta política de compromisos, con lo que inducen a error a personas honestas y que tienen gran afecto por nuestra Revolución. Respondiendo a tales deformaciones debemos decir que, por ejemplo, es falso que el Estatuto de Garantías haya establecido derechos de los partidos de oposición para disponer de espacio en la TV del Estado –cuestión establecida en una ley del gobierno anterior- o que en dicho estatuto esté el origen de la prohibición legal de constituir organizaciones militares paralelas a las FF.AA., lo cual estaba en la Constitución.

Aplicando su política unitaria, basada en el programa aprobado, la UP alcanzó el 50% de la votación en las elecciones municipales de abril de 971.
Los hechos probaban que las posibilidades de hacer avanzar la revolución residían en una orientación común y acertada.

Cabe aquí una reflexión general. ¿Había algún otro camino posible de recorrer para la revolución chilena en ese período y en esas condiciones?

Estamos convencidos que no. Dicho de otra manera, en esos momentos, la alternativa a la vía pacífica no era la vía armada. No había otra alternativa revolucionaria posible.

Nuestro Partido tenía claro, sin embargo, que la situación podía cambiar. Apenas se inició el Gobierno del Presidente Allende, el 26 de noviembre de 1970 el Pleno del Comité Central advirtió:

> "El enemigo no nos dejará expedito el camino. Ya se sabe cuánto hizo y trató de hacer para impedir primero el triunfo popular en las urnas y luego la formación de este nuevo Gobierno".

Dos meses después, ante el Congreso del Partido Socialista, en febrero de 1971, insistíamos: "Podríamos afirmar que las dificultades más grandes recién comienzan. Los que ayer no vacilaron en fraguar el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército General René Schneider, no vacilarán en nada en el futuro".

La forma de enfrentar y derrotar estos peligros consistía en llevar adelante la lucha política como lo veníamos haciendo. El camino recorrido mostraba que acumulábamos fuerzas, que obteníamos una correlación crecientemente favorable y que, sobre esa base, era posible seguir conteniendo y derrotando a los contrarevolucionarios.

Apoyándonos en una correlación de fuerzas favorable eran posibles las adecuaciones necesarias de la línea general a una situación cambiante y, como preveíamos, más exigente.

En septiembre y octubre de 1970, la reacción había buscado el golpe de Estado. Fracasó. Ante esta tentativa el país se unió; se produjo el encuentro de todas las fuerzas democráticas.

Los enemigos observaban con pavor la fuerza que adquiría la Unidad Popular, la simpatía que despertaba entre los pequeños y medianos industriales y comerciantes la reactivación económica del país y las posibilidades de nuevos acuerdos coyunturales con la Democracia Cristiana. Entonces pusieron en práctica un esquema de largo aliento que empezaba con el plan de desestabilización y que contemplaba el uso de cualquier medio, por inmoral que fuese. Fue asesinado Edmundo Pérez Zujovic, político demócrata cristiano conservador, con la intención de crear una barrera de sangre entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Aunque los autores materiales de este crimen militaban en un grupo de ultraizquierda, nadie puede dudar a estas alturas que allí estuvo la CIA. Como este, los contrarrevolucionarios
organizaron una cadena de actos terroristas a lo largo de los años 1971, 1972 y 1973, a la vez que publicitaban profusamente las actividades de la ultra izquierda, presentándolas como acciones de las fuerzas del Gobierno, para amedrentar con todo ello a las capas medias. Incluyeron en el plan, acciones "reivindicativas" y asonadas callejeras. Pusieron en práctica un refinado mo- delo de guerra psicológica.

Todos estos empeños tenían como objetivo modificar la correlación de fuerzas a su favor.

A pesar de esta situación, se hicieron grandes cosas. Muchas de las con- quistas del pueblo que han dado jerarquía histórica al Gobierno Popular se materializaron actuando bajo el embate del enemigo. Sin embargo, a medida que arreciaban las dificultades y se fortalecía el campo de la contra revolución dejó paulatinamente de operar una dirección común en el frente revolucio- nario. Surgieron criterios dispares en el seno de la coalición popular. Las desavenencias se ahondaron. En asuntos importantes se hacía cada vez más difícil el acuerdo, la política y la acción comunes. Por ejemplo, en relación a la nacionalización de empresas, al destino de las tierras expropiadas, a las formas orgánicas de la producción en el área reformada de la agricultura, a la importancia de la batalla de la producción industrial y agrícola, a los proble- mas de la distribución, a la política salarial en las empresas del Área Social, y a la manera de encarar la ofensiva del enemigo, se hicieron presentes desin- teligencias y a veces posiciones contrapuestas que dieron motivo a intermina- bles y vanas discusiones que afectaron la capacidad realizadora del Gobierno y contribuyeron a sembrar confusión y a bajar la moral en nuestro campo.

La política trazada, la de unir fuerzas alrededor de la clase obrera, era bombardeada desde posiciones de "izquierda" y de "derecha" en el seno de la Unidad Popular; se aprovechaban situaciones difíciles para la clase obrera y para el Partido Comunista, se acentuaban las discrepancias con nuestra línea unitaria, se dificultaba el desarrollo de una dirección homogénea. El revolu- cionarismo pequeño burgués y las tendencias de derecha asumían cierto gra- do de autonomía, se separaban de la dirección unitaria. En el fondo, al aten- tarse contra la orientación obrera, se incurría en posiciones suicidas, ya que se socavaba la fuerza real del proceso, su única posible dirección consecuente. En esto pesaba, con diversas expresiones, cierto grado de oportunismo y de anticomunismo, lo que fue muy dañino.

En el curso del proceso revolucionario chileno se puede destacar una sucesión de hechos que marcaron hitos cruciales en la lucha por la correla- ción de fuerzas y en relación con los cuales no siempre hubo un criterio co- mún en la Unidad Popular. Más aún, en algunos de estos momentos decisivos surgieron grandes discrepancias.

Entre los episodios más importantes a que aludimos están:
- La batalla de sesenta días dada entre el 4 de septiembre y el 3 de noviembre de 1970 por asegurar la conquista de la Presidencia de la República;

- El período inicial caracterizado, entre otros hechos, por el establecimiento de relaciones con Cuba, la RDA, Vietnam, República Popular China y República Popular de Corea; por la política de reactivación económica, la nacionalización del cobre, del carbón y varias empresas industriales;

- Las elecciones de abril de 1971, que dan a la UP el 50,1% de los votos sin consultar los sufragios nulos;

- El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, en junio de este año;

- Las elecciones de Rector de la Universidad de Chile y las elecciones de Valparaíso, que comienzan a conformar un bloque opositor cualitativamente distinto;

- La “marcha de las cacerolas” en diciembre de 1971, que indica el inicio de una ofensiva de ribetes fascistas;

- Los acontecimientos de Concepción, en mayo de 1972, donde el MIR y los Partidos de la UP, a excepción del Partido Comunista y del API, se opusieron a una marcha de la DC autorizada por el Gobierno y constituyeron una llamada Asamblea Popular con cierto contenido opositor. El Presidente Allende y la directiva nacional de la UP desautizaron tales hechos, no obstante lo cual, estos pesaron negativamente en la situación;

- Los acontecimientos de Lo Hermida, en agosto de ese mismo año, donde tiene lugar la provocación ultraizquierdista organizada por el llamado Comandante Raúl, que aparecía como dirigente de los pobladores. Se trata, como se sabe, de Osvaldo Romo, uno de los peores torturadores de la DINA;

- La promulgación de la ley de control de armas, el 21 de octubre de 1972;

- El paro patronal de octubre de ese mismo año, la ejemplar reacción de la clase obrera y el pueblo frente a él y la constitución del Gabinete encabezado por el General Prats;

- El proyecto de ley de nacionalización de 107 grandes monopolios, presentado en enero por acuerdo unánime del Gabinete Prats;

- Las elecciones de marzo de 1973;

- La salida del Gabinete ministerial del General Prats y otros militares;
- El intento de golpe de Estado del 29 de junio;

- El asesinato del Comandante Arturo Araya;

- El diálogo Gobierno – Democracia Cristiana en julio-agosto de 1973;

- La conspiración en el Ejército contra el General Prats, que culminó con su salida y la de los generales Sepúlveda y Pickering, y

- El proceso contra el grupo de marinos constitucionalistas.

Analizando estos hechos, se puede concluir que las cosas marcharon de modo que el desarrollo de la correlación de fuerzas se dio en favor de la revolución cuando hubo unidad de criterios al interior de la Unidad Popular, se actuó con fidelidad al programa, se abrió paso a la movilización popular y el Gobierno se apoyó en ella, se dirigieron los fuegos contra los enemigos principales y se tuvo en cuenta, por tanto, las diferencias que había en la oposición.

Al revés, cuando las condiciones mencionadas no se reunieron, cuando primaron las diferencias en el seno de la coalición, cuando se pretendió pasar por encima del programa, cuando se quiso contraponer al Gobierno Popular a sectores –aunque fuesen minoritarios- del pueblo, cuando los sectores medios fueron convertidos en enemigo principal, el Gobierno Popular sufrió derrotas, el enemigo aprovechó nuestros errores y desmejoró la correlación de fuerzas.

Como Unidad Popular y como Gobierno cometimos dos tipos de errores, unos de derecha y otros de izquierda, que en buena medida se entrelazaban, se alimentaban y condicionaban mutuamente y que, siendo de uno u otro carácter, se originaban muchas veces en los mismos sectores sociales y políticos.

En la actividad de la Unidad Popular los éxitos fueron comunes y también comunes no pocos de sus errores. Al referirnos a algunos de ellos no lo hacemos, pues, excluyendo nuestra responsabilidad.

El principal error de derecha fue nuestra debilidad en cuanto a tolerar y no impedir las actividades sediciosas del enemigo y el abuso que hacía de las libertades consagradas en la Constitución. En este aspecto prevalecieron en el Gobierno criterios reformistas y no revolucionarios. Los contrarrevolucionarios usaban descaradamente la prensa, la radio y la televisión para preparar el derribamiento del Gobierno. Sin ningún tapujo proclamaban que “los únicos marxistas buenos son los marxistas muertos” y anunciaban que “Yakarta viene”. El Gobierno tomó ciertas medidas. Se clausuraron temporalmente algunas radios y una medida similar se aplicó contra “El Mercurio”. Además, fueron detenidos y sometidos a proceso unos pocos terroristas y sediciosos. El Poder Judicial con el respaldo de la mayoría del Parlamento y de la oposición anulaba tales acciones.

Sin atenuar la responsabilidad que a todos nos corresponde en las debi-
lidades del Gobierno, queremos decir que el Partido Comunista –y también el Partido Socialista– hizo esfuerzos reiterados dirigidos a lograr que se adoptaran medidas enérgicas contra el enemigo.

En carta dirigida al Presidente de la República, en agosto de 1972, expresamos públicamente criterios que habíamos venido exponiendo en forma reiterada en el seno de la Unidad Popular y del Gobierno. Decíamos:

> “Nuestra primera y principal obligación con el pueblo y el país es ponerles camisa de fuerza a los que quieren arrastrar a Chile a un baño de sangre”.

> “La necesidad de mantener y asegurar el desarrollo de la libertad y la democracia nos impone el deber de aplicar la ley contra quienes incurran en delito en busca de la caída del Gobierno y de la implantación de una dictadura fascista”.

> “El reconocimiento de los derechos de la oposición no puede llevarnos a aceptar toda clase de excesos y fechorías. Ciertos opositores creen que se puede hacer cera y pabilo de la ley. Hay radios y diarios que han convertido en pan de cada día la mentira, la injuria, la calumnia, las publicaciones falsas y alarmistas... Por ello, creemos indispensable que por estos delitos, antes que por incumplimiento de formalidades, se adopten las medidas legales correspondientes. El Gobierno nunca será criticado por el pueblo si aplica medidas enérgicas contra los que se salen de la ley, que mienten descaradamente, acaparan mercaderías, crean el mercado negro, hacen contrabando con el exterior y especulan con los productos alimenticios”.

Pero no se trató sólo de palabras, ni sólo de actuar enérgicamente conforme a la ley. En diciembre de 1971, luego de “la marcha de las cacerolas”, nuestro Partido expresó su decisión de no dejarle libre la calle a los fascistas, y sus militantes y los militantes de las Juventudes Comunistas y de otros partidos de la UP, los batieron muchas veces.

Habíamos señalado ya en noviembre de ese año que la desmoralización se apoderaba de algunos sectores populares al no tomarse medidas contra la reacción y que, para lograr una nueva disciplina social y mayores esfuerzos en el terreno de la producción, no podían quedar sin castigo y operar impunemente los infractores de la ley y los saboteadores.

Más aún, en julio de 1973, nuestro Partido consideró necesaria una modificación sustancial en el Gobierno; concretamente constituir un nuevo Gabinete con mayor representación de la clase obrera y, al mismo tiempo, con una relevante participación de militares comprometidos ya con el programa popular y dispuestos a doblarle la mano a la mayoría parlamentaria, que se transforma en el centro de la sedición.

Esta idea se la propusimos al Partido Socialista y juntos, en una delegación socialista-comunista, se la planteamos al Presidente de la República. Este la aceptó y nos pidió que la pusiéramos a consideración del General
Prats, quien se mostró también de acuerdo con ella. Estimó, sin embargo, que debían agotarse los esfuerzos para llegar a un entendimiento con la Democracia Cristiana en el diálogo que estaba ya planteado. Pero, en definitiva, nuestra proposición no prosperó. La discrepancia en torno al citado diálogo en el seno de la Unidad Popular y la ofensiva de los generales golpistas contra el propio General Prats hicieron imposible su concreción.

Es claro que para adoptar medidas enérgicas y contundentes contra el enemigo de clase se precisaba de una correlación de fuerzas que hiciera posible esas medidas. La correlación de fuerzas ya se había deteriorado. Pero, para modificarla en favor del pueblo y del Gobierno jugaba también su papel la decisión de los revolucionarios y esta no se expresó de modo suficiente.

La experiencia de todas las revoluciones, y particularmente de la revolución rusa, demuestra precisamente la importancia de la decisión revolucionaria, de la audacia y firmeza de la vanguardia en los momentos cruciales. Esta no es, sin embargo, una cuestión de simple deseo y voluntad, pues se requiere también la consideración objetiva de la situación concreta, de todos los factores que la componen, comprendida la fuerza real del Partido de vanguardia y las posibilidades reales de que la mayoría del pueblo marche tras sus banderas en una acción dirigida a resolver el pleito en el terreno que ya está planteado o que está configurándose.

Como quiera que sea, queremos subrayar que esto de tolerar las demasías de los contrarrevolucionarios constituye un error capital. Nuestra experiencia indica que los revolucionarios debemos luchar por la libertad para el pueblo y no para sus enemigos. La revolución le da y debe darle más libertad al pueblo y, a la vez, no debe permitir que la contra revolución se abra paso. Permitir esto último conduce al fracaso de la revolución, al triunfo de la contra revolución y al terror sangriento. No hay otra alternativa. Por eso no compartimos las posiciones de quienes estiman que la libertad es indivisible y que la revolución y el socialismo deben darles los mismos derechos a todos, comprendidos sus enemigos. Los capitalistas no lo hacen, ni siquiera en los países de democracia burguesa más desarrollada.

Los comunistas chilenos nunca hemos pretendido imponerle a nadie nuestra experiencia. Pero la de cada Partido pertenece a todos, y el conjunto de ellas es lo que precisamente forma el bagaje de la experiencia internacional. Nosotros hemos aprendido de otros Partidos y revoluciones. Creemos que es nuestro deber exponer nuestra experiencia para que la consideren, si así lo estiman, los demás.

El compañero Leonid Ilich Brezhnev en su informe al XXV Congreso del PCUS hizo una alta valoración de la revolución chilena, calificándola como “una brillante expresión del vehementemente anhelo del pueblo de este país de emanciparse de la opresión y de la explotación de la burguesía propia y
de los monopolios extranjeros”. Al mismo tiempo señaló que “la tragedia de Chile, en modo alguno, ha descartado la deducción de los comunistas de que son posibles vías distintas de la revolución, incluida la pacífica, si para ello existen las condiciones requeridas”. Efectivamente, a pesar de haber sido ahogada en sangre la revolución chilena, creemos que nuestra derrota no desaloja la posibilidad de la vía pacífica en una serie de países. Al mismo tiempo, deducimos también de nuestra experiencia que las leyes generales de la revolución rigen en toda circunstancia, cualesquiera sean las vías de que se trate.

Otro error de derecha, también de gran importancia, se refiere a la política militar de la Unidad Popular y del gobierno.

Apenas conocido el resultado de las elecciones del 4 de septiembre de 1970, el enemigo buscó afanosamente el golpe de Estado para impedir que Salvador Allende asumiera la Presidencia de la República. Con tal fin, confió en el carácter de clase de las FF.AA. Y trató de usarlas a su favor.

En estas circunstancias, Salvador Allende y los Partidos de la Unidad Popular entraron en un diálogo activo con las diversas instituciones militares. A nuestro Partido le correspondió un papel especial en este diálogo en relación con el Ejército. Los compañeros Volodia Teitelboim, Américo Zorrilla y José Cademártori mantuvieron diferentes reuniones con varios generales y fueron los principales intermediarios entre ellos y el compañero Allende. El compañero Allende tuvo en alta estima estos contactos.

Constituido el Gobierno, el esfuerzo por cerrar el abismo de recelos e incomprensiones entre los partidos de izquierda y las Fuerzas Armadas, producto de las presiones imperialistas y reaccionarias, se transformó en una constante de la actividad del Presidente y de la Unidad Popular.

Allende tuvo clara comprensión de la posibilidad y de la necesidad de hacer participar a los militares en el proceso transformador.

Los esfuerzos no fueron en vano. No pocos de los integrantes de las Fuerzas Armadas empezaron a mirar con otros ojos, con interés y hasta con simpatía el proceso de cambios, a modificar su imagen. Algunos llegaron a considerar como propio el proceso, al que veían plenamente identificado con sus aspiraciones patrióticas.

El General Prats, hombre sensible e inteligente, que terminó por tener un gran afecto al Presidente y a la obra del pueblo, es el caso más conocido. Pero no es el único.

Para nombrar sólo a los caídos, abrigaron pensamientos y sentimientos semejantes el General Bachelet de la Fuerza Aérea, el Coronel Cantuarias del Ejército, el Comandante Araya de la Marina. No eran tampoco los únicos. Muchos han pasado por las cárceles o permanecen en ellas; han conocido el exilio. Y otros que han permanecido en las filas, de todos los rangos, han tenido que callar sus sentimientos reales cuando se desencadenó el fascismo.
La línea de la Unidad Popular y del Presidente Allende, de apoyarse en
los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas, buscaba una identifica-
ción creciente de los militares con el pueblo, pero no se aplicó a fondo. Y ese
era el terreno más favorable para combatir las tendencias reaccionarias en
el seno de las instituciones castrenses, bloquear el golpismo y, en el caso de
que este se desencadenara por parte de los oficiales reaccionarios, contar con
fuerzas militares al lado del Gobierno, de la clase obrera y del pueblo para
abatirlos. Así lo probó octubre de 1972. Entonces se logró la contribución
decisiva de los cuadros constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en la de-
rrota del intento sedicioso que tuvo lugar en esos días. El Gabinete encabe-
zado por el General Prats permitió acumular fuerzas suficientes al Gobierno
y al movimiento popular para poner fin al paro patronal.

Vinieron las elecciones de marzo. En ellas la Unidad Popular obtuvo el 43,8% de los votos. Este resultado constituyó una importante victoria y una derrota para la reacción, que fracasó en su empeño de obtener los dos tercios del Parlamento, mediante los cuales pretendía destituir al Presidente Allende, haciendo uso de un resorte constitucional que exigía ese quórum.

En estas circunstancias, la derecha volvió de nuevo a colocar el golpe
de Estado al orden del día. Precisamente entonces se resolvió prescindir del
concurso militar en el Gobierno. Esto constituyó un grave error, en este caso
concreto, un error sectario, de “izquierda”. El General Prats como jefe del
Gabinete aglutinaba a un significativo sector leal al Gobierno y dispuesto a
jugarse por él. Su salida del Ministerio debilitó al Gobierno, alentó a la reac-
ción y facilitó la conspiración en el seno mismo del Ejército. A los ojos de
muchos militares se dio la impresión de que el Gobierno recurría a ellos sólo
cuando los necesitaba en determinadas coyunturas políticas, que eran objeto
de uso y que no había real disposición de integrarlos al gran proceso nacional
de modernización del país.

Nuestro partido estuvo en desacuerdo con la salida de Prats. Pero, a
decir verdad, no nos jugamos enteros para evitar su dimisión.

De acuerdo con la Constitución, el Poder Ejecutivo tenía la facultad
de llamar a retiro a cualquiera de los más altos jefes de las Fuerzas Armadas.
Esta era una facultad que usaron discrecionalmente todos los Presidentes de
la República, los Jefes de Estado burgueses. En la práctica, Allende actuaba
con limitaciones en este sentido –limitaciones de hecho y no de derecho- por
tratarse de un Presidente y de un Gobierno que habían proclamado abier-
tamente su proyecto revolucionario, y de FF.AA., donde predominaban los
intereses y la ideología reaccionarios. A pesar de ello, pudimos y debimos
promover aunque hubiesen sido algunos cambios, eliminar a los elementos
más reaccionarios, buscando el apoyo de los sectores más proclives al nuevo
régimen. Esto era particularmente posible en los primeros meses, así como
inmediatamente después de las elecciones municipales de 1971 y a continuación del “tancazo”. Hay que reconocer que en este terreno no actuamos como correspondía. Apenas se eliminó de las filas a los coroneles Souper y Labbé y a los generales Canales, Stuardo y Ruiz Danyau, lo que, dicho sea de paso, no fue ninguna gracia porque estos se habían enfrentado abiertamente al Gobierno. Hay que agregar que socialistas y comunistas propusimos algunos cambios, particularmente en Aviación y Carabineros, pero no pudieron prosperar.

En el comportamiento del Gobierno y de la Unidad Popular en este terreno influyeron, sin duda, concepciones erróneas y muy arraigadas en la mentalidad chilena que, de una u otra forma, y en mayor o menor medida, alcanzaron a todos los Partidos. Nos referimos, obviamente, a la creencia de que las FF.AA. de Chile se singularizaban por su subordinación al Poder Civil y por su prescindencia política, por su sentido profesional.

Sin pretender afirmar que nosotros, comunistas, estábamos completamente inmunes a dichas concepciones, es preciso dejar en claro que nunca participamos, por ejemplo, de la idea de que el Ejército era “el pueblo con uniforme” y así lo dijimos públicamente. Además, en nuestro XIV Congreso, en noviembre de 1969, después del intento golpista de Viaux, expresábamos:

> “Se puede decir que el período de prescindencia de las FF.AA. en la vida política –prescindencia que nunca fue absoluta, pero que durante varias décadas estuvo reducida a uno que otro grupo de oficiales- ha terminado o tiende a terminar”.

Agregábamos en esa misma ocasión que “no somos defensores de la estructura ni de todos los preceptos que norman la vida de nuestros institutos armados” y que “los partidos de la burguesía han buscado siempre puntos de apoyo en las Fuerzas Armadas. Y hay que dar por descontado que ahora el imperialismo y la oligarquía manejan los hilos para que uno que otro sector político, aunque de ello no todos tengan plena conciencia, promuevan ‘soluciones militares’. A fin de cortar el proceso revolucionario auténtico de nuestro pueblo”.

Estamos convencidos de que pese a todos los errores o insuficiencias con nuestro trabajo hacia las FF.AA., había en ellas, como ya está dicho, importantes contingentes con los cuales podíamos haber contado en cualquiera circunstancia. Así lo comprobamos en nuestros contactos con militares de todos los niveles. Pero el deterioro en la correlación de fuerzas repercutió también en los institutos armados y dichos contingentes se redujeron, se sientieron confundidos, frustrados y paralogizados. Esto fue lo fundamental. A esto se agregó que ni el Gobierno ni la Unidad Popular habíamos elaborado un plan operativo –que merezca tal nombre- con los militares leales, para aplastar el golpe de Estado si se desencadenaba. Y así llegó el 11 de septiembre. El golpe nos pilló desprevenidos en cuanto a defensa militar.
Al sostener desde 1956 la posibilidad de la vía pacífica en nuestro país tuvimos en cuenta, primero, que se trataba sólo de una posibilidad y, según do, que de abrirse paso la revolución por dicha vía, en algún momento podría surgir la alternativa de la lucha armada.

Esta justa consideración debió ir acompañada de una política militar que, en primer término, debía contemplar el estudio, el conocimiento de las instituciones armadas de nuestro país y un trabajo dirigido a promover en su seno las ideas democráticas, el interés por la lucha del pueblo. Dicho trabajo, para producir frutos significativos, efectos de importancia, debió desarrollarse desde hacía muchos años, en definitiva, haber sido una constante en la línea del Partido.

Esto no lo vimos sino en el último tiempo, lo que constituyó una insuficiencia más que grave de la política del partido. En ello influyó el hecho de que hacíamos enfoques parciales. Considerábamos la neutralización del Ejército, su no intervención contra el movimiento popular, como condición necesaria y suficiente para la conquista del Gobierno, como ocurrió efectivamente. Luego, con el Gobierno en las manos, pensábamos que seríamos capaces de modificar el carácter de las FF.AA., contando con una correlación de fuerzas favorable en el país y apoyándonos en los sectores democráticos de las instituciones militares. Esta concepción se demostró insuficiente. De hecho, aunque tenía en cuenta el carácter de clase de las FF.AA., lo subvaloraba.

Nos preocupamos, en cambio, desde 1963, de la preparación militar de miembros del Partido, no para derribar al gobierno de turno, que era el de Alessandri, ni al siguiente que era el de Frei, sino para contribuir a defender las conquistas del pueblo chileno que, estábamos convencidos, alcanzaría el poder.

Logramos contar con alrededor de mil militantes que sabían manejar armas automáticas de distinto tipo, algunos de los cuales tenían cierto conocimiento de táctica y estrategia militar y nociones en otros terrenos. Otros dos mil compañeros habían aprendido el manejo de armas cortas, la defesa personal y diversas formas de lucha callejera. Estos últimos desempeñaron un importante papel en la vigilancia de los locales y de los actos del Partido, y en el cuidado de los dirigentes.

También logramos disponer de una cantidad limitada de armamentos.

Examinando estos problemas desde el ángulo de nuestras responsabilidades, es evidente que no nos habíamos preparado adecuadamente para la defensa del Gobierno Popular en cualquier terreno. No solo teníamos el vacío histórico de la falta de una política militar, sino que el tratamiento del problema no lo enfocábamos desde el punto de vista de tarea de todo el Partido y, por tanto, de dominio de sus organismos y cuadros.

Cuando después de las elecciones de marzo de 1973 estaba claro que la reacción buscaría el derribamiento del gobierno a través del golpe de Estado,
lanzamos la consigna de “No a la guerra civil” y, simultáneamente –como se desprende de lo ya dicho- intensificamos la preparación combativa de aquellos militantes que ya trabajaban en este frente y los pertrechamos de algún armamento.

Por aquellos días, la Central Única de Trabajadores llamó, por su parte, con el resuelto apoyo de comunistas y socialistas, a la formación de las comisiones de defensa de las industrias. El objetivo que se perseguía era defender las fábricas de los sabotajes y actos terroristas que los fascistas perpetraban sistemáticamente, y, al mismo tiempo, convertir dichas comisiones en unidades de combate, de hecho Milicias Obreras, para defender al gobierno ante la eventualidad de una agresión reaccionaria. Alrededor de diez mil obreros alcanzaron a organizarse en esas comisiones.

Pero está visto que todos estos esfuerzos resultaron insuficientes. La preparación que en este terreno había en la clase obrera y la que tenían algunos Partidos, especialmente nosotros y los socialistas, podría haber sido útil y acaso decisiva para conjurar un golpe de tipo tradicional, pero no el que se dio.

Por lo visto, el enemigo estaba enterado de esto, y ello influyó sin duda en la determinación de sus planes. Llegó a la conclusión de que el golpe debía ser fulminante, descargando todo el poder de fuego y de terror e impidiendo, al mismo tiempo, la acción de toda fuerza militar regular en defensa del Gobierno. Hay que reconocer que el plan de los contrarrevolucionarios, con la asesoría de la CIA, fue concebido y ejecutado de manera tal, que les permitió, en horas, controlar la situación y desarticular el movimiento popular.

Respecto del comportamiento del Partido y del movimiento popular frente a estos hechos, existen opiniones contrapuestas. Algunos piensan que la consigna de “No a la guerra civil” fue equivocada o debió ser retirada en algún momento, porque, a su juicio, desarmaba al pueblo. Se suele afirmar que, después de las elecciones de marzo de 1973, cuando, vale la pena repetirlo, la reacción enfilaba rumbos hacia el golpe, el movimiento popular debió cambiar de táctica y prepararse para pasar a la otra vía o, más aún, pasar sin más demora ni preparación al enfrentamiento armado, tomando la iniciativa. Por último, no faltan quienes estiman que el día 11 de septiembre debió presentarse resistencia armada de masas en contra de los fascistas.

Estas opiniones existen, en mayor o menor medida, en algunos militantes de la Unidad Popular y en algunos de nuestros compañeros. Existen también en ciertos analistas de la experiencia chilena que tienen o no filiación comunista.

Que quede una cosa clara. Ni estas ni otras observaciones o críticas, independientemente de que las estimemos o no justas, las rechazamos a priori. Creemos de nuestro deber evaluarlas a la luz de los hechos.

La consigna “No a la guerra civil” la lanzamos precisamente después de
las elecciones de marzo, cuando se acrecentaba el peligro de golpe y estaba dirigida a unir fuerzas más allá de la Unidad Popular. Dicha consigna tuvo profundo eco en el país. Numerosas organizaciones de masas la hicieron suya. Además, contó con el apoyo de una parte de la Democracia Cristiana y de la Iglesia Católica. Y, como queda dicho, paralelamente nuestro Partido hizo esfuerzos por intensificar su preparación militar.

La citada consigna tenía en cuenta –además del objetivo ya dicho de unir fuerzas- el propósito de hacer las transformaciones revolucionarias por la vía menos dolorosa para nuestro pueblo y, por otra parte, el convencimiento de que, de desencadenarse la guerra civil, no teníamos ninguna posibilidad de victoria.

Esta era la cuestión. Dicho en otros términos –y volviendo a una de las tesis fundamentales que estamos sosteniendo- la correlación de fuerzas no nos permitía en esos momentos ganar en ese terreno ni se veía la posibilidad real de modificarla a favor del pueblo tomando entonces el camino de las armas.

Más aún, la posibilidad de volcar la correlación de fuerzas en favor del pueblo y del Gobierno pasaba por el éxito de esa consigna y del diálogo UP-DC que estaba vinculado a ella.

El hecho de que paralelamente hayan sido insuficientes nuestros preparativos para un eventual enfrentamiento armado y de que no pudiéramos o no creyéramos conveniente hacer público lo que hacíamos en este terreno, han permitido probablemente las dudas que han surgido con posterioridad respecto de tal consigna.

Quiero recordar la apreciación de nuestro Partido de la situación creada en aquellos días y nuestra posición política.

He aquí algunos de nuestros planteamientos principales:

En mayo dijimos: "observamos con preocupación el hecho de que en el país se abre camino a una división que no corresponde a los verdaderos intereses de clase que están en juego y, por eso, pensamos útil cualquiera contribución dirigida a desarrollar el diálogo que permita el debate político creador, se supone que entre los chilenos que no quieren el derramamiento de sangre y sin perjuicio de que unos estén firmes con el gobierno y otros en la oposición".

Después del "tancazo", en julio del 73, expresamos:

"Siempre hemos sostenido –y lo reiteramos hoy a pesar de los sucesos recientes- que en las condiciones de Chile existe la posibilidad real de llevar a cabo la revolución antimperialista y anti oligárquica y de marchar al socialismo sin guerra civil, aunque, naturalmente, en medio de una intensa lucha de clases."

"El enemigo trata de tapiar por completo esta posibilidad. Nosotros
debemos hacer lo contrario. Mientras no esté del todo cerrada, debemos trabajar por mantenerla abierta y ensancharla”.

“Los últimos acontecimientos... han puesto en evidencia que la guerra civil es un peligro real. Hemos dicho y reiteramos que hacemos y haremos todo lo que esté de nuestra parte para evitarla. A ello puede y debe contribuir el diálogo en los términos que hemos expuesto. Pero hay un sector de las clases reaccionarias con el cual, como ya dijimos, no cabe el diálogo y no entiende razones. Por esto, a la razón que tiene el pueblo hay que unir las fuerzas del pueblo. Por lo mismo, hay que convertir cada fábrica, cada hacienda, cada servicio público, cada población, cada organización de masas en un baluarte del movimiento popular.”

“Hay que estar preparados para todas las circunstancias, dispuestos a combatir en todos los terrenos. Si la sedición reaccionaria pasa a mayores, concretamente al campo de la lucha armada, que a nadie le quepa dudas que el pueblo se levantará para aplastarla con prontitud. En una situación tal que no deseamos, que no buscamos, que queremos evitar, pero que se puede dar, no quedará nada, ni siquiera una piedra que no usemos como arma de combate.”

Tales apreciaciones sobre la correlación de fuerzas y la situación eran realistas. Pero las cosas siguieron evolucionando en términos negativos, a pesar de nuestros esfuerzos. El enemigo también hacía lo suyo, la ultra izquierda le ayudaba y el diálogo con la DC fue torpedeado desde distintos ángulos y terminó en el fracaso. Llegó a haber una correlación de fuerzas aún más negativa dentro de la cual no fue posible, ni siquiera lo que era correcto plantear y disponerse a hacer en julio, esto es, enfrentar al enemigo en cualquier campo. Lo decimos con franqueza porque es un asunto de fondo. La situación, que ya era difícil y grave en julio, se hizo insostenible en septiembre.

Por todo esto, es que no pudimos traducir en realidad nuestra disposición a echar mano hasta de las piedras el día del golpe.

Las cosas se presentaron en forma tal, que no debíamos lanzar al combate las fuerzas de que disponíamos. La mortandad habría sido varias veces mayor, habrían caído miles de militantes de nuestro Partido en un combate perdido de antemano, porque, como todos sabemos, no se trataba de luchar contra una facción alzada. Lo que ocurrió en Chile se asemeja mucho a lo que pasó en Europa en vísperas y al comienzo de la II guerra mundial, cuando los ejércitos de Hitler invadieron y coparon por completo algunos países, como fue el caso de Checoslovaquia. En Chile las fuerzas militares ocuparon el país, lo invadieron, por así decirlo, como si se hubiese tratado de una guerra sobre otra nación casi indefensa.

La forma en que se dio el golpe, en particular el bombardeo de La Moneda, el uso de los Hawker Hunter, no era indispensable para lograr la caída del Gobierno. Pero, si se hizo eso, fue en función de un plan minuciosamente
concebido para hacer lo que hacía Hitler, usar el terror psicológico y físico como un arma fundamental. Se desató una verdadera cacería humana; se fusilaba a la gente en las calles y en las fábricas; hubo más de cien mil arrestos y a los detenidos se les calificó de “prisioneros de guerra”; miles de ellos fueron asesinados en los centros de detención o en los campos de concentración instalados en estadios y cárceles; en bandos especiales se puso precio a la cabeza de los dirigentes populares; en otros, se estableció que por cada soldado herido o muerto serían fusilados diez prisioneros; se llamaba a la delación y se autorizaba e incitaba al fusilamiento inmediato; se tomó como rehenes a mujeres y niños y se estableció que el país estaba en estado de guerra. Y no hay que olvidar que el día 11 estaba la escuadra norteamericana frente a las costas de Chile y que en el curso de agosto, con pasaportes diplomáticos, habían entrado al país mil agentes norteamericanos que, ciertamente, fueron la pieza fundamental en la concepción y organización de la operación de guerra.

Para combatir contra los golpistas no habrían faltado luchadores. Había espíritu de pelea.

Pero una vanguardia responsable no puede tener en cuenta solamente ese factor. La verdad es que esa decisión de pelea estaba limitada por una impotencia real. Numerosos de nuestros compañeros, y militantes de otros partidos y sin partido, se batieron guiados por su propia, heroica y respetable decisión. Objetivamente no fue posible organizar una resistencia vertebrada.

El compañero Allende comprendió muy bien la situación. El mundo entero conoce su último discurso. Al dirigirse por última vez a su pueblo él sabía que le quedaban minutos de vida. Con mucha calma y profundidad se dirigió a los trabajadores: “colocado en un trance histórico, -dijo- pagaré con mi vida la lealtad del pueblo... tienen la fuerza, podrán avasallar. Pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza... el pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no puede dejarse arrasar, ni acribillar, pero tampoco puede humillarse... tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile!, ¡Viva el pueblo!, ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza que mi sacrificio no será en vano”.

¿Qué se puede objetar de nuestro comportamiento del día 11? Se pueden hacer algunas objeciones. Por ejemplo, ese día quedaron en evidencia defectos en nuestro aparato orgánico que produjeron cierto grado de desconexión y eso nos impidió promover siquiera algunas acciones de resistencia con visas a que el repliegue se hiciera sin una brusca caída de la moral de las masas, en una forma más o menos consciente.
Habíamos dicho, también, que la primera respuesta de la clase obrera sería el paro general y la ocupación de las fábricas. En muchas partes se trabajó con esta orientación. Pero ocurrió lo siguiente: el enemigo se aprovechó del conocimiento de tal propósito para suspender las actividades laborales durante los días 11, 12, 13, 14, 15, durante toda la semana del golpe. Luego el 16 era domingo y 17 y 18 correspondían a feriados de Fiestas Patrias. La Junta suspendió el feriado del día 19 y ordenó ese día la reanudación del trabajo, con la particularidad de que esta orden expresamente no regía para las industrias donde nosotros éramos fuertes, ni para las universidades. En estas condiciones, consolidado el golpe, la orientación general del partido fue la de acudir a los lugares de trabajo para tratar de impedir una nueva victoria de los fascistas: desarraigar por completo al Partido de sus contactos con las masas. Téngase también en cuenta que en algunas de las industrias que el día 11 fueron ocupadas por los obreros, se produjeron horrorosas masacres en el día del golpe y los posteriores. Estamos seguros que el comportamiento de los demás partidos de la Unidad Popular correspondió a estas mismas consideraciones y realidades.

Prosiguiendo en el análisis de los errores principales, corresponde poder de relieve aquellos que pueden definirse como claramente de “izquierda.”

Los errores de “izquierda” derivaron básicamente de no haber abordado de modo correcto una serie de problemas que dicen relación con el papel de la clase obrera como fuerza motriz y dirigente de una alianza muy amplia y con la significación de las capas medias.

Estos errores emanaban de posiciones sectarias, estrechas, y afectaron, como hemos dicho, gravemente la correcta conducción política de la Unidad Popular y del Gobierno.

Tales errores implicaron una vulneración del programa de la Unidad Popular en materia de expropiaciones de tierras y de expropiaciones o exigencias de industrias.

El programa establecía la formación de tres áreas en la economía: el área de propiedad social, que debía estar constituida por alrededor de 150 grandes empresas; el área de propiedad mixta, donde el Estado se asociaría con los industriales principalmente de tipo mediano, y el área de propiedad privada, constituida por casi treinta mil pequeños empresarios, incluidos los artesanos.

Creemos innecesario entrar en detalles. Todos sabemos que el MIR y otros grupos y tendencias de ultra izquierda, aprovechándose del clima revolucionario y de la generalizada voluntad de cambios, del revolucionarismo pequeño burgués que surge en los movimientos revolucionarios, del espontaneísmo y de la presencia de un Gobierno que por su naturaleza no podía emplear métodos represivos contra los trabajadores, promovieron y lograron ocupar pequeñas y medianas empresas industriales y predios agrícolas que no
pertenecían a los latifundistas.

También otros sectores de capas medias fueron tratados incorrectamente, entre ellos algunas categorías de profesionales.

En materia de política económica, era necesario contar con un plan articularizado de Gobierno y encarar el problema del aumento de la producción. Sin embargo, no tuvimos tal plan y pesó en la Unidad Popular la consigna ultra izquierdista de que el aumento de la producción era un asunto del que debían preocuparse los capitalistas, así como el criterio de que era imposible llevar a cabo las transformaciones estructurales sin que ello condujera, fatalmente –si no a la paralización– al menos a gravísimas perturbaciones de la economía. Uno y otro de estos criterios conducía inevitablemente al conformismo y a la pasividad, con lo que se facilitaba las maniobras de desestabilización del enemigo y el esfuerzo de este por hacer cargar al Gobierno Popular con la responsabilidad por las dificultades objetivas que en materia de abastecimiento y en otros aspectos experimentaban las masas.

El incremento de la ofensiva reaccionaria hacía necesario meter en cinura, como dijimos, a los que se deslizaban por el camino de la subversión. Y en el cumplimiento de esta tarea indispensable surgieron también dificultades por el lado de la izquierda. Mientras nosotros proponíamos golpear duro a los fascistas, prohibir sus actividades –la mayoría de ellas abiertamente ilegales– y, a la vez, diferenciar entre el fascismo y las demás expresiones burguesas, en una parte de la UP se acentuó la tendencia a dirigir los fuegos sobre todo contra la Democracia Cristiana, por el hecho de ser la fuerza más numerosa de la oposición. No se comprendió, entonces, adecuadamente, que el frente de lucha principal se desplazaba al aplastamiento de las notorias expresiones fascistas en ascenso, que, aunque numéricamente inferiores, representaban efectivamente al enemigo principal. Con criterios parecidos se dificultó permanentemente el diálogo con la Democracia Cristiana.

Estas y otras actitudes semejantes empujaron al campo de la contrarrevolución a vastos sectores de las capas medias, por otra parte vinculados ideológicamente con la burguesía.

Tales hechos causaron profundo daño porque en la Unidad Popular no había un criterio común respecto al verdadero carácter de la revolución, a las etapas de la revolución. Para algunos se trataba ya de una revolución socialista. De otro lado, en dichos sectores no había tampoco una concepción clara acerca de la necesidad, en el momento del paso al socialismo, de buscar el acuerdo con las capas medias, teniendo en cuenta sus propios intereses, mediante una serie de resortes y sistemas puestos en práctica en otras revoluciones, como la creación de cooperativas, empresas mixtas y el aprovechamiento de las capacidades y conocimientos de los propios capitalistas pequeños y medianos.

Todo esto influyó decisivamente en el cambio de la correlación de fuer-
zas que, insistimos una vez más, constituyó desde el comienzo hasta el fin de
los tres años de Gobierno de la Unidad Popular, la cuestión central entorno
a la cual giraba o debía girar la política de la Unidad Popular y giró la política
de la reacción.

Queremos precisar nuestro pensamiento. El concepto de “una correlación de fuerzas favorable” no es sinónimo de “mayoría”. Es claro, la mayoría es importante y hay que buscarla siempre, pero ella no basta por sí sola y en determinados instantes históricos hasta puede faltar transitoriamente. Además, lo que pesa verdaderamente, hablando de mayoría, es la mayoría activa. El concepto de una correlación de fuerzas favorable es, entonces, más rico y más complejo. Comprende también la moral de combate, el nivel de organización, la capacidad de movilización la homogeneidad de pensamiento de la coalición, y, obviamente, de una manera relevante, el componente militar.

Se ha dicho, y se ha dicho con razón, que nosotros hicimos una buena elaboración de nuestra línea durante todo el período de lucha que condujo a la conquista del Gobierno y se puede agregar que también en el período inicial del mismo, pero que no elaboramos suficientemente nuestra línea en relación a cómo resolver los problemas del tránsito de la conquista de la totalidad del Poder, y del tránsito de una etapa a otra de la revolución para llegar efectivamente al socialismo.

Por lo menos durante el último año de Gobierno trabajábamos al día,
atendiendo los problemas cotidianos, abrumados por tareas prácticas, en tan-
to que la reacción tenía su plan bien proyectado. Tal situación condujo a la
pérdida de la iniciativa lo que, unido a todos los errores y complicaciones ya
descritas, hizo que la revolución chilena pasara a la defensiva y esto, se ha
comprobado una vez más, termina inevitablemente en la derrota.

Con todo, se puede afirmar que, en último término, la cuestión de la
conquista de la totalidad del Poder estaba fundamentalmente relacionada con
la cuestión decisiva de la correlación de fuerzas. Hay que añadir que, con-
trariamente a lo que algunos opinan, la conquista del 50% de la votación en
las elecciones municipales de 1971, no creaba por sí sola condiciones para
 resolver un problema del Poder por la vía del referéndum si, como hemos
dicho, la correlación de fuerzas favorable no es sinónimo de mayoría y si
tenemos, además, en cuenta que por una larga deficiencia de nuestro trabajo
político, no había claridad en el país, a esa altura, acerca de la necesidad de
transformar las estructuras estatales, ni siquiera de terminar con el vetusto
Poder Judicial y generar una verdadera Justicia.

Se debe considerar también que en la elección municipal, en los resul-
tados de la UP, concurrió un sector del Partido Radical que después se retiró
de él y en seguida del Ministerio y que, en aquella elección, actuó no alzando
precisamente la bandera de los cambios, sino ofreciendo garantías para mo-
derar la acción del Gobierno. Se trata del sector del PIR.

No obstante, creemos que luego de las elecciones tanto el Gobierno
como la UP debieron aplicar más iniciativas de las que se pusieron en prá-
tica, incursionar en otros terrenos, tanteando el vado, con vista a desbrozar
el camino, a ensanchar nuestras posibilidades y, según fueran los resultados,
plantearnos tareas de mayor envergadura y proyección.

Entre las iniciativas que se llevaron a cabo estuvo en esos días la toma
de grandes fábricas por sus trabajadores para facilitar la política del Gobierno
de nacionalización de los grandes monopolios. Y dieron precisamente sus
frutos en este terreno, pero no abrieron posibilidades para resolver lo que es
la cuestión central de toda revolución, la cuestión del Poder.

Nuestra idea es que lo principal para llevar adelante la revolución y re-
solver sus problemas –en primer término la cuestión del Poder- reside, junto
a la existencia de condiciones favorables, en la acertada conducción política.
Cuando esta conducción política falla, no sólo no se hace la revolución, aun-
que haya condiciones, sino que hasta se puede perder el Poder revolucionario
ya conquistado. Lo sucedido en Hungría en 1956 así lo demuestra. Dicha
revolución se salvó fundamentalmente por la acción internacionalista de la
Unión Soviética.

En mayo de 1972 nuestro Partido debía constatar públicamente:

"La Comisión Política del Partido Comunista de Chile estima que está viviendo un momento realmente difícil. Difícil no tanto por la ofensiva del enemigo, del imperialismo y de la reacción interna, sino difícil porque hablando francamente, nosotros vemos una crisis muy seria en la Unidad Popular. Una crisis de orientación política, una crisis de conducción política, que está afectando la marcha misma del Gobierno".

Un ejemplo concreto. Ya hemos dicho que en el curso de la revolución surgieron gérmenes de poder popular: las JAP, los cordones industriales, los comités campesinos, los comandos comunales, los comités de producción, las brigadas de vigilancia, etc. Algunos de estos organismos fueron de nuestra iniciativa y estuvimos por desarrollarlos todos y por crear otros más. Pensábamos, con razón, que debían ser embriones de un nuevo poder, pero no en oposición al Gobierno de Allende, sino apoyándolo resueltamente. Como se sabe, en este campo proliferaron, o tuvieron cierta influencia, otras tendencias que se orientaban a crear un poder popular alternativo y en contra del Gobierno de Allende y no fuimos capaces de derrotar esas tendencias en toda la línea. No todo dependía, pues, de nosotros.

De esto debemos sacar una conclusión. No fuimos capaces, como Partido Comunista, de llevar la revolución chilena junto a nuestros aliados hasta el fin.

Es claro, si nuestro Partido hubiese sido mucho más fuerte, mucho
más capaz teórica, ideológica y políticamente hablando, la situación habría
sido seguramente diferente porque en tales condiciones habríamos podido,
efectivamente, ser o convertirnos en esos días en la vanguardia reconocida de
la clase obrera y del pueblo en general. Dicho sea de paso, esta es tal vez una
de las más grandes lecciones que debemos extraer con vistas a construir un
Partido todavía más grande y cualitativamente mejor.

La cuestión se plantea entonces de la manera siguiente: solos no podíamos conducir la revolución y debíamos hacerlo, como lo buscamos siempre, en entendimiento con todos los partidos de la Unidad Popular y particularmente con el Partido Socialista. Pero ya se sabe cuáles eran las dificultades que había a este propósito y cómo se ahondaron.

Esto nos lleva a reafirmar el concepto de que la conducción política
única y acertada -indispensable para forjar la correlación de fuerzas siempre
favorable y resolver los problemas cardinales de la revolución- presentaba
grandes dificultades y, al final, estas terminaron por imponerse y fueron la
causa de la incapacidad del Gobierno y del movimiento popular para enfren-
tar con éxito a la contra revolución.

Ahora bien, no obstante todos nuestros errores, insuficiencias y debili-
dades, lo fundamental de la revolución chilena está en los éxitos que alcanzó
y, en este sentido, a nosotros, los comunistas, nadie puede negarnos el papel
decisivo que desempeñamos.

En virtud de su conocimiento de la práctica social y de la vida política del país, nuestro Partido visualizó, como ya hemos dicho, la posibilidad de conquistar una parte del poder político, concretamente el Poder Ejecutivo, para iniciar desde allí grandes transformaciones revolucionarias y marchar a la conquista plena del Poder. Dicha posibilidad era al comienzo desestimada por otros sectores y atacada y considerada imposible por la ultra izquierda. Los hechos le dieron la razón a nuestro Partido. El Partido no consideró nunca la vía no armada como una vía exclusivamente electoral. Lo principal era su concepción como lucha de masas. Siempre puso el énfasis en el combate de las masas populares por sus propias reivindicaciones y en aquellos objetivos anti imperialistas, anti oligárquicos y anti monopolistas que interesaban a la mayoría ciudadana y ayudaban por tanto al entendimiento de todas las fuerzas democráticas. Comprendió, al mismo tiempo, que esta lucha debía darse también en el terreno ideológico y político, esclareciendo constantemente los objetivos de la revolución y de la unidad del pueblo y saliendo al paso de los deformadores de nuestra política.

Un aporte del Partido Comunista de Chile a la teoría y a la práctica de
la revolución por una vía no armada constituyen sus formulaciones acerca de
la relación que hay entre esa vía y la violencia.

El Partido supo establecer, y actuar en consecuencia, que la vía pacífica
no es sinónimo de pasividad; que se recorre en medio de una aguda lucha de
clases de combates permanentes, de constantes enfrentamientos, que no des-
alojan sino presuponen no pocas acciones violentas, como tomas de tierra,
ocupaciones de terrenos para viviendas, luchas callejeras, vuelgas ilegales, etc.

Fue la concepción correcta del carácter de la revolución chilena, la apre-
ciación justa de la posibilidad de la vía no armada y de las formas concretas
en que podía desenvolverse y, paralelamente, la tenacidad del Partido en la
lucha por su línea lo que le permitió al pueblo de Chile lograr la resonante
victoria de 1970 y abrir paso a las transformaciones revolucionarias.

Ya está visto que el trabajo del Partido no está desprovisto de errores.
Los principales del período de la Unidad Popular ya han sido analizados.
Pero el Partido aprende tanto de sus éxitos como de sus reveses y asimila la
experiencia de toda la práctica social, comprendidos los aciertos, errores e
insuficiencias cometidos por el conjunto del movimiento popular.

Los grandes éxitos logrados por nuestro Partido se deben en gran me-
dida, insistimos, al hecho de haberse compenetrado de los problemas cuya
solución maduraba en la sociedad chilena; de haber comprendido ciertas pe-
culiaridades nacionales y tenido en cuenta las situaciones concretas. Sin ello,
no habría podido lograr mayores triunfos, no se habría convertido en un gran
partido nacional y popular, ni habría podido entregar el aporte que dio a la
revolución chilena.

Nada de eso habría sido posible si el Partido se hubiese regido por
criterios dogmáticos o aplicado mecánicamente otras experiencias. En la el-
boración y aplicación de su línea ha actuado de acuerdo al principio de la
autonomía de cada Partido, que es principio del movimiento comunista.

El principio de la autonomía de cada Partido se suele presentar como
algo nuevo, o como una invención de algunos destacamentos. Pero la ver-
dad es que es de la esencia del marxismo leninismo. Fue Engels, en el siglo
pasado, quien acuñó la conocida y certera afirmación de que el marxismo
no es un dogma, sino una guía para la acción. Esto es de una importancia
fundamental y significa, precisamente, que el marxismo, como arma de in-
terpretación y transformación de la sociedad, sólo puede aplicarse teniendo
en cuenta los momentos y las realidades históricas concretas y los escenarios
particulares, es decir, la diversidad. En consecuencia, la autonomía de cada
Partido es fundamental. Lenin y el Partido Bolchevique son los que dieron
el más alto ejemplo de autonomía, es decir, de aplicación viva del marxismo,
a la vez que creadora, teniendo rigurosamente presente la existencia de leyes
generales y las particularidades de su país y la situación histórica.

Cada Partido Comunista elabora su línea, define su estrategia y su tác-
tica soberanamente. Al mismo tiempo, todos están ligados por una doctrina
común y por deberes de recíproca solidaridad, de no injerencia en los asuntos
de cada cual y de respeto mutuo. Por esto el Partido Comunista de Chile re-
chaza las presiones de quienes desearían que demostrara su autonomía for-
mulando críticas que al menos linden en el anti sovietismo.

Reafirmamos, pues, que no hay partidos dominantes ni partidos subor-
dinados y, también, nuestra convicción de que todos los partidos comunistas
debemos poner, en nuestras relaciones, en primer lugar, nuestros deberes
internacionalistas.

Una de las constantes principales de la vida del Partido ha sido la es-
trecha amistad con el Partido Comunista de la URSS y su alta valoración
del significado de la Gran Revolución Socialista de octubre y del papel de la
Unión Soviética en el mundo de hoy.

Esta conducta viene desde los tiempos de Recabarren, que declaró su
apoyo decidido a la Revolución de octubre y vio en ella "la base inconnovi-
ble de la revolución mundial".

Finalmente, para cerrar este capítulo queremos referirnos a la figura del
Presidente Allende, que encabezó este proceso y que ocupará en la historia
un sitial preeminente por la magnitud de su obra y su lealtad.

En relación a la orientación del Gobierno de la Unidad Popular, se
suele identificar la política del Partido Comunista con la política de Salvador
Allende. Nuestro Partido consideró, desde el comienzo hasta el fin, un asun-
to esencial de su política la necesidad de afirmar al Gobierno del compañero
Allende. Con él tuvimos siempre buenas relaciones, basadas en la amistad,
la franqueza y el respeto mutuo. Pero, como es comprensible y natural, no
teníamos las mismas concepciones, no siempre coincidimos en todo. Disen-
timos, por ejemplo, de su criterio de que nuestra vía revolucionaria confor-
maría un segundo modelo de realización del socialismo que excluiría o haría
innecesaria la dictadura del proletariado en un período de transición deter-
minado. Se lo dijimos. De su lado, él nos expresó sus opiniones discrepantes
cada vez que lo consideró necesario. Sin embargo, lo cierto es que, al margen
de estas y otras diferencias, hubo una gran coincidencia en la línea gruesa,
en cuanto al carácter de la revolución, a sus etapas, a la política de alianzas,
a la combinación de la presión de masas desde abajo con la actividad del
Gobierno desde arriba para llevar adelante los cambios revolucionarios, a la
aplicación irrestricta del programa.

La ultra izquierda acusó muchas veces a Allende de reformista. Nosos-
tros dijimos alguna vez, que en el Gobierno había rasgos reformistas. Pero
esto no era lo que caracterizaba al Gobierno. Era un Gobierno revoluciona-
rio y lo era también gracias a su personal contribución.

Por el conocimiento que de él tuvimos, podemos decir que los actos de
su vida estaban inspirados por un amor muy grande por su pueblo, nuestro
pueblo. Su deseo de que los humildes, los desamparados, los humillados pu-
dieran llevar una vida digna, guió su actividad política. Todo esto y, por qué no decirlo, su sentido de la historia y de su papel en ella, eran sentimientos tan fuertes que le daban capacidad para pasar por encima de cualquier concepción idealista a la que hubiese adherido, y lo decidían a llevar la revolución hasta el fin.

Salvador Allende no tenía una formación marxista leninista acabada. Pero era un hombre dispuesto a la lucha sin concesiones para que la clase obrera y el pueblo alcanzaran posiciones de poder. En él pesaba fuertemente una espina del pueblo de Chile: las traiciones de que había sido objeto aquél por demagogos burgueses, las frustraciones que había experimentado tantas veces. No vacilaba para enfrentar con coraje a los enemigos. Lo que hizo y lo que no hizo estuvo ante todo determinado por el afán de dirigir los acontecimientos con miras al acceso del pueblo al Poder. En las últimas semanas, cuando la subversión reaccionaria ponía en jaque al Gobierno y la insolencia de "El Mercurio" llegaba a extremos inauditos, el sentía, por una parte, el deseo de aplastarla y, de otro lado, la impotencia en que ya se encontraba su Gobierno por el deterioro de la correlación de fuerzas. Pero en esos momentos lo escuchamos exigir consecuencia a aquellos críticos de su Gobierno, a los que lo habían calificado más de alguna vez de reformista, diciéndoles: "Yo no puedo, no estoy en condiciones de hacer nada contra 'El Mercurio', pero háganlo ustedes". Esto demuestra que en él primaban sus propósitos revolucionarios, su gran propósito de hacer la revolución, por encima de las concepciones de tolerancia, a las que nunca se atiene la burguesía, pero que habían formado parte de su ideario.

Salvador Allende fue un consecuente luchador por la paz mundial, ami-
go del campo socialista, principalmente de la Unión Soviética, de Cuba, de
Vietnam y de la República Democrática Alemana. Fue un campeón de la
unidad socialista-comunista, de la unidad de la clase obrera y de la unidad
del pueblo y fue un gran educador de las masas populares en las ideas de la
transformación social. Durante un cuarto de siglo, por lo menos, con lengua-
je sencillo, sembró las semillas de los grandes cambios que necesitaba el país,
como la nacionalización del cobre y la reforma agraria. No fue el único. Y los
partidos, ante todo el nuestro, hicimos en este sentido lo que era de nuestro
deber. Pero, considerado como personaje histórico, nadie, después de Reca-
barren, ha sido un tan grande educador social.

Su último servicio a la revolución fue su holocausto. Le ofrecieron sal-
var su vida, pero no aceptó tratos con los fascistas, ni siquiera para eso. Su
sangre estigmatizó para siempre a los traidores.

Tenemos en alta estima, sentimos un gran orgullo de haber marchado
por largos años en un acuerdo tan estrecho con él, en aras de asegurar el éxito
del proceso revolucionario, del esfuerzo por conseguir su culminación victo-
riosa y lo estimamos como un gran símbolo de la unidad socialista-comunista y de la Unidad Popular.

## Unidad y lucha para echar abajo al fascismo y construir una nueva democracia

Tras la derrota de la revolución chilena se instauró el fascismo en nuestra patria. Se produjo, así, un corte profundo en la historia de Chile, una regresión como nunca antes se había dado.

La tiranía significa el intento de borrar todas las mejores tradiciones de siglo y medio de vida independiente. El largo y accidentado transcurso de las luchas de lo mejor de nuestro pueblo había alcanzado un hito trascendental en 1970 con la constitución del Gobierno Popular. El Gobierno de Salvador Allende fue la expresión de las necesidades profundas de cambiar la dirección política del país, de poner fin al dominio de la oligarquía y del imperialismo, pasar a primer plano los intereses de la mayoría de los chilenos y construir una nueva sociedad. Ese cambio en la conducción del país había madurado y era, y sigue siendo, la base de cualquiera solución progresista de los problemas de Chile.

El régimen fascista es el intento de invertir el sentido de la historia, de detenerla y, peor aún, de retrotraerla.

Pinochet y su camarilla no podían lograr tales propósitos usando todos tradicionales, apelando a alguna forma de expresión más o menos democrática. Tenían un solo camino y fue el que siguieron: la guerra contra el pueblo.

Esta guerra, que ya dura cuatro años, y los crímenes que lleva consigo desde el primer día, conmueven a la humanidad entera. La tragedia que vive nuestro pueblo ilustra acerca de hasta donde son capaces de llegar el imperialismo y la reacción con tal de asegurar su predominio sobre la sociedad. Para la burguesía, el pecado de la clase obrera y del pueblo de Chile fue, como hemos visto, que se propusieran dirigir por sí mismos sus destinos, iniciar la revolución. Esto es lo que el imperialismo y la reacción castigan con extrema ferocidad.

Ha transcurrido más de un siglo desde la Comuna de París, primera revolución proletaria en la historia de la humanidad. Marx describió con indignación la horrenda venganza de la burguesía contra los obreros. “La conspicuencia de la clase dominante –relató- para aplastar la revolución por medio de una guerra civil, montada bajo el patronato del invasor extranjero culminó en la carnicería de París”… “La civilización y la justicia del orden burgués aparecen en todo su siniestro esplendor donde quiera que los esclavos y los parias de ese orden osan rebelarse contra sus señores. En tales momentos, esa civilización y esa justicia se muestran como lo que son: salvajismo desca-
rado y venganza sin ley”.

En la época del imperialismo, cuando este engendra el fascismo como la forma más brutal de dictadura terrorista, los horrores descritos por Marx todavía se multiplican.

Cuanto más se aproxima al poder la clase obrera tanto más brutal es el terror que la reacción desencadena contra ella si logra derrotarla. Cuando se ha puesto en riesgo el Poder de los reaccionarios no les importa nada con tal de recuperarlo. Ni las tradiciones democráticas, ni sus proclamadas creencias religiosas, ni sus supuestos principios patrióticos. Lo único que importa es castigar la osadía de un pueblo para escarmiento suyo y de los otros pueblos del continente.

Todos conocemos la sentencia de Clausewitz: “La guerra es la continuación de la política por otros medios”.

¿Qué política inspira esta guerra contra el pueblo de Chile?

Es, sin discusión, la política de los grupos más retrógrados del capital financiero “nacional” e imperialista, ejercida en su beneficio exclusivo, estableciendo formas nuevas de realización de la ganancia monopólica sobre la base de la super explotación. Esta política es realizada por medios terroristas, dirigidos, en primer término, contra la clase obrera, pero que afectan de más en más a todas las otras capas sociales del pueblo. Pinochet, Merino, Leigh y Mendoza se han puesto al servicio de tales designios e intereses.

La definición de fascista que nuestro Partido y la Unidad Popular han hecho del régimen de Pinochet es enteramente justa. Este régimen no es simplemente otra forma de la dictadura de la burguesía, sino la dictadura terrorista del grupo más reaccionario del capital financiero. Y esto es fascismo. De aquí fluye que la contradicción principal en las condiciones de la dictadura fascista se da entre la mayoría del pueblo, incluidas las capas medias y sectores de la burguesía, y los monopolios imperialistas y nativos más reaccionarios. Fija entonces con claridad el enemigo principal y la dirección del golpe principal, así como la base objetiva del frente antifascista.

La resistencia a aceptar esta realidad, por motivos sectarios o por tendencias a la conciliación, está directamente vinculada a la pretensión de algunos dirigentes de impedir una política de alianzas amplias o a no modificar a fondo la situación. En ambos casos, se conspira contra los intereses de la clase obrera y del pueblo.

En las condiciones de Chile juegan un rol especial los militares como factor activo del Poder, distinto del que tuvieron en otros regímenes fascistas, pero de ninguna manera único, ni en la historia ni en el presente. Por eso no se puede deducir de tal hecho que es simplemente un régimen militar reaccionario de tipo “gorila”. Eso equivaldría a quedarse en las exterioridades y no penetrar en la esencia del fenómeno.
En los últimos años tiene lugar en América Latina un proceso de cambios cualitativos en las formas de la dependencia respecto del imperialismo, sin perjuicio de las contradicciones que hay entre ellos, se ha establecido un maridaje entre la alta burguesía de nuestros países y el capital imperialista, de modo tal, que una parte de los capitalistas criollos, principalmente de tipo financiero, pasaron a formar parte del sistema mismo de explotación imperialista y el imperialismo a constituir un factor crecientemente “interno” en no pocas naciones del continente. Surgió así una nueva base de clases para el fascismo en América Latina consistente, precisamente, en esta asociación entre el capital monopólico imperialista y los clanes internos. El proceso revolucionario chileno amenazó de muerte a toda esa estructura. La única respuesta posible para su defensa la constituyó el golpe fascista.

Pinochet y sus compinches suelen hacer ostentación de ser hombres de “clase media” y de armas y por esto, dicen, no podrían servir a los grandes intereses. Pero no hay que tomar en cuenta únicamente, y ni siquiera tanto, de dónde el imperialismo y la reacción reclutan a sus sirvientes, a sus partidos o hasta a algunos de sus exponentes. Hitler no era un potentado, tampoco Mussolini.

El fascismo hitleriano, como el de Mussolini, tuvieron su base de masas y organizaciones creadas expresamente para sus fines. Pinochet no ha podido lograr nada parecido. Sin embargo, la ideología y la mentalidad fascistas están presentes en determinados e influyentes grupos de la burguesía y cuenta con su Gestapo, la DINA.

El hecho de que en nuestro país exista fascismo sin contar con una base de masas se debe, principalmente, al arraigo y la vitalidad de las ideas democráticas del pueblo chileno, a la profundidad que alcanzó el proceso revolucionario, al hecho de que la dictadura no cuenta con medios económicos suficientes para organizar una demagogía social que le permita atraer a sectores considerables de las capas medias. Su principal fuerza arranca entonces, del imperialismo, lo que determina su carácter dependiente. Su base social interna está circunscrita a la oligarquía financiera, a los antiguos terratenientes, particularmente a aquellos a quienes pudo devolverles la tierra, y a reducidos núcleos de elementos corrompidos, enfermos de anticomunismo, sometidos a influencias ideológicas ultra reaccionarias, chovinistas y racistas. La falta de apoyo de masas es suplida por el sostén militar: la influencia ideológica del imperialismo sobre la oficialidad militar, su carácter de clase y la traición de un grupo de generales y almirantes, permitió que las fuerzas armadas fueran usadas como sustituto.

De otra parte, el entregismo de la dictadura fascista, que corresponde a su esencia, le limita posibilidades de una propaganda nacionalista efectiva, resorte básico de la ideologización fascista.
Tomando en cuenta tales factores es que surge la definición de fascismo dependiente para el caso de Chile y otros semejantes.

De algunos aspectos de la brutalidad fascista, de algunos de sus crímenes, de algunos de los efectos de su política hemos hablado en las páginas iniciales de este documento.

En el Manifiesto publicado en mayo por nuestro Partido, se describen las consecuencias que el fascismo ha acarreado a nuestro pueblo y a nuestro país.

La situación de la clase obrera, la más odiada por los fascistas, blanco permanente de su agresión, es en extremo grave. La cesantía afecta persistentemente por lo menos al 20% de la fuerza de trabajo. Las rebajas estadísticas que publicita la Junta las obtiene manipulando las cifras por medio de diversos expedientes. Uno de ellos, es el ocultamiento de la cesantía real a través del empleo mínimo, convertido también en una forma de super explotación. En él se encuentran más de 200 mil personas, más del 5% de la fuerza de trabajo, en condiciones miserables pero que, técnicamente, han dejado de ser cesantes. Otro medio para rebajar las cifras es la nueva forma adoptada para medir la cesantía: según las estadísticas no es cesante todo el que no tiene trabajo, sino sólo aquel que en la semana en que se realiza la encuesta declara haber estado buscando trabajo sin encontrarlo. Por otra parte, los chilenos que han debido emigrar, precisamente por falta de empleo, y que sólo en Argentina suman más de 700 mil, no figuran para nada en las estadísticas.

El hambre es un flagelo terrible para millones de nuestros compatriotas. La revista católica "Mensaje" en su número de mayo de este año escribe: "Los niveles de consumo promedio por habitante han descendido de 2.600 calorías en períodos normales a 2.180 en 1976".

El consumo de carne ha bajado de unos 32 kilos durante el Gobierno Popular a 23,5 kilos por persona por año en 1976. Los huevos, de unas 140 unidades por persona por año, a 70. Se trata de promedios. Si se atiende a la situación del pueblo, estas cifras resultan pobres para describir la magnitud del descenso del nivel de vida. Entre los trabajadores todo consumo desciende más que el promedio, porque los magnates no han disminuido sino aumentado el suyo.

La Confederación de Empleados Particulares (CEPCH) publicó a fines de julio su encuesta de ingresos y gastos mínimos para una familia de cuatro personas. Los gastos consideran sólo lo estrictamente indispensable y así calculados suman unos 5.000 pesos mensuales. Los ingresos de ese sector de trabajadores alcanzan en promedio a 3 mil pesos. O sea, están un 40% por debajo del nivel mínimo de supervivencia.

Aunque la situación de los trabajadores es la peor, la política económica afecta también gravemente a otros vastos sectores sociales. "la destrucción de la reforma agraria –como dice el Manifiesto del Partido-, la ruina de los
pequeños y medianos propietarios y la política de concentración de la riqueza en pocas manos, producen estragos en el campo. Más de la mitad de los fundos expropiados han vuelto a mano de los viejos patrones y las asignaciones de tierra de los Asentamientos se han convertido en instrumento de discriminación y de reconstitución del latifundio. Liquidando el sistema de ayuda estatal a los campesinos se le conduce a la crisis. El agricultor que el año pasado adquirió 506 quintales de semilla debió pagar por ella este año el equivalente a 960 quintales”.

Francisco Bascuñán, nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, afirma: “El único camino para salvar a los asignatarios de la reforma agraria de su ruina casi segura... es la sociedad anónima. La otra solución es simplemente que los más hábiles les compren a los menos capaces, quedándose estos últimos como asalariados”.

Así pues, según los planes de los latifundistas, por uno u otro camino
los asignatarios perderán su tierra.

En la minería quiebran los pirquineros y los pequeños y medianos em-
presarios. Lo mismo ocurre en la industria.

La política fascista no se traduce sólo en la ruina personal de los peque-
ños y medianos propietarios, sino además en ruina nacional. Veamos algunos
hechos:

En el campo se procede a una irracional liquidación de la ganadería nacional. Todo Estado y Gobierno tiene el deber de cuidar su masa ganadera y desarrollar su ganadería y una cuestión básica para ello es no beneficiar a las hembras mientras estas estén en capacidad de reproducir. En el año 1973, cuando regían normas para prevenir la matanza indiscriminada de vientres, se beneficiaron 40.440 hembras. En 1974 y 1975 fueron más de medio millón de vacas y vaquillas. Exactamente 558.722 las que mataron ellos, los fascistas. ¡No les ha importado nada la conservación de la masa ganadera!

¡Estos son los patriotas!

Nos acusaron de haber gastado muchas divisas en importación de ali-
mentos. Fue así. Pero el Gobierno Popular prefirió eso y no liquidar la masa
ganadera, pensando, sobre todo, en el futuro del país.

Los índices de producción industrial oscilan, a pesar de leves recupera-
ciones cíclicas, por debajo de los de hace 10 años y están en niveles más del
20% inferiores a los alcanzados durante el Gobierno Popular.

Y es que, como lo expresa nuestro Manifiesto, “El esquema económico de Pinochet y los Chicago Boys es ajeno y contrario a los intereses de Chile. Está al servicio de los monopolios internos y de las empresas imperialistas, promotores del golpe de 1973. Es contrario al desarrollo moderno y pujante del país a que lo conducía el Gobierno del Presidente Allende con el
aumento del poder adquisitivo interno, el desarrollo de sus vínculos con el mercado andino, la diversificación de las relaciones internacionales, la ampliación de los intercambios con Europa, Asia, África y el aprovechamiento de las inmensas posibilidades de ayuda del campo socialista. El esquema de Pinochet se orienta a acentuar la dependencia de las multinacionales, a dejar las decisiones sobre asuntos vitales del país en manos ajenas. Su aplicación presupone la destrucción de gran parte del potencial productivo de Chile, construido en muchos decenios, y el establecimiento de un status semi colonial que solo contempla el desarrollo de algunas ramas, las llamadas 'con ventajas comparativas', y que en verdad son las menos dinámicas, acentuando la deformación de la economía y la concentración y centralización de la producción, profundizando la crisis de estructura'.

Pinochet y su grupo de fascistas han expresado reiteradamente que uno de los objetivos primordiales de su política sería restringir la participación del Estado en la economía. Llegaron a proclamar como un principio básico de su doctrina, lo que denominan la subsidiariedad del Estado. Pero lo que han hecho es usar implacablemente todos los resortes del aparato estatal en favor de un reducido grupo de magnates. Se manipula el mercado usando todos los instrumentos impositivos, arancelarios, crediticios y de otros órdenes, colocados al margen de todo control democrático para servir a los monopolistas. Las empresas estatales o con intervención estatal, que debieran operar en beneficio de todos los chilenos, son usurpadas a la nación y colocadas al servicio del sector de clase, cuyos intereses representa la Junta. El patrimonio público se desmantela, se entrega a manos privadas o se mantiene bajo formas de propiedad estatal según sirva y convenga a los mandantes de la Junta.

No hay, entonces, libertad económica como la proclaman, sino al revés, la imposición fría de un esquema destinado a facilitar el proceso de concentración en favor de un grupo de privilegiados. Estos grupos dominantes son muy pocos. Los estudios publicados en la prensa de la Junta sobre las 100 mayores empresas del país y sobre quiénes son sus propietarios destacan particularmente a tres: los encabezados por Manuel Cruzat y Fernando Larraín, que se han apropiado de un activo superior a los 400 millones de dólares en esas cien empresas; el de Javier Vial, que controla 176 millones de dólares en esas mismas empresas, pero que es mucho más fuerte en el sector financiero desde que se ha apropiado del poderoso Banco de Chile; el de Eleodoro Matte, que controla 365 millones de dólares en las empresas mencionadas. A estos se agregan los de Agustín Edwards y los de Yarur y Said.

Son los empleados de estos magnates los que asumen los cargos ministeriales, particularmente en Hacienda y el Economía. Tanto Pablo Baraona, como Sergio de Castro, son conocidos de siempre por sus vínculos con las pirañas, vale decir, con los magnates de los dos primeros grupos nombrados. Y actúan en los cargos públicos conduciéndose como tales.
Para servir a la concentración monopolista han acuñado la teoría de la ineficiencia de la producción nacional. Hacen pie en el atraso tecnológico real que caracteriza a una parte de la industria chilena, realidad de la que son responsables, precisamente, los sectores dominantes del pasado y de hoy, para propiciar la liquidación de industriales pequeños y medianos. Se han lanzado a la destrucción de la capacidad productiva con que el país contaba antes del golpe para eliminar cualquier estorbo a su control de la economía nacional. Desprecian sin más el hecho de que la actividad de muchas de esas empresas significa ocupación de mano de obra, financiamiento del presupuesto por vía de impuesto, uso del transporte interno y tiene otros efectos multiplicadores. Para Sergio de Castro la liquidación de centenares, sino miles, de empresas pequeñas y medianas debiera conceptuarse como el “logro máximo de la actual experiencia”, al dar origen a “un profundo cambio en la estructura de la economía del país”. Lo esencial de este cambio, como vemos, es el predominio sin contrapeso de los monopolios y las multinacionales y la liquidación de la industria nacional. Sólo la producción de la industria de bienes de consumo durables, -que incluye entre otras cosas, línea blanca, equipos electrónicos, maquinaria no eléctrica y otros bienes de parecida importancia-, ha disminuido, en 1976, en un 40,8% respecto del nivel alcanzado en 1972 con el Gobierno Popular. La de material de transporte se contrajo, por su parte, en un 53,1% en el mismo período. ¡Estos son los patriotas!

El fascismo no significa obligatoriamente la liquidación de fuerzas productivas. Pero en el caso de Chile, la obsecuencia manifiesta frente al imperialismo -expresada en la libre importación de bienes, en el estatuto del inversionista, en la subasta de riquezas nacionales, en la enajenación de empresas y en otros hechos- se ha traducido en una destrucción gigantesca de fábricas nacionales pequeñas, medianas y hasta grandes, porque el proceso de concentración va aparejado con la readecuación colonial de nuestra estructura económica.

Como lo dijera nuestro Partido en su declaración de septiembre de 1976, la Junta Fascista abandona así toda concepción de desarrollo industrial autónomo de Chile, la que vislumbró Balmaceda, impulsó con grandeza Pedro Aguirre Cerda y estaba en la esencia del programa del Gobierno de Salvador Allende.

El fascismo pretende convertir a nuestra patria en un Taiwán o en un Hong Kong en cuanto a transformarla en economía de exportación sobre la base de la super explotación de los trabajadores, un bajísimo nivel de empleo y misérrimas condiciones de vida.

Las modificaciones o correcciones que tenga o pueda tener esta política, los desahogos que se produzcan por factores coyunturales, inversiones extranjeras directas o indirectas u otros hechos no cambian ni cambiarán
su carácter de clase, ni su esencia anti chilena. Seguirá siendo una sociedad
concebida para brindar la riqueza para unos pocos, la miseria para los más.

Pinochet y los clanes financieros afirman que está situación catastrófica
de la economía chilena tiene su origen no en su política, sino en la “herencia
del pasado” y en fenómenos que tienen que ver con la crisis del capitalismo
mundial. Una idea tal la pueden repetir majaderamente solo porque existe
la imposibilidad de debate en el país. Pero no por repetida se convertirá en
verdadera.

Durante el Gobierno Popular, hasta 1972, la producción nacional al-
canzó los índices más altos de la historia del país. Hoy es claro que las difi-
cultades afrontadas, que las hubo, derivaron principalmente de una acción
deliberada de los centros de poder económico controlados por el imperialis-
mo y la oligarquía interna, que aplicaron un plan sistemático para paralizar
la marcha del país y producir el caos, comprendidos el acaparamiento, el
mercado negro, el sabotaje de la producción. La prueba de esto está en que
al día siguiente del golpe se pudo disponer de bienes de consumo, que no era
posible encontrar cuando operaba el plan Kissinger de “desestabilización”,
y se experimentó un crecimiento del producto en los primeros meses que le
siguieron. Sin embargo, desde el comienzo mismo, la aplicación de una polí-
tica económica reaccionaria orientada contra los obreros, los trabajadores y
las capas medias, provocó efectos destructivos en amplios sectores de la eco-
nomía chilena, destrucción cuyos orígenes están en el fascismo y su política.

En cuanto a los efectos de la crisis del capitalismo mundial hay, sin
duda, algunos. Pero ellos, aunque aumentados por la sumisión del país a los
dictados extranjeros, son secundarios frente a las consecuencias de la política
económica fascista.

La situación que vive nuestro país provoca gravísimas consecuencias
morales. Un país no puede dejar de ser afectado por la corrupción que im-
pera en sus sectores dominantes. Los escándalos de las financieras y de los
bancos han permitido vislumbrar la orgia que promueven los fascistas y paga
el pueblo de Chile, dice nuestro manifiesto de mayo. En este se recogen tam-
bién las dolorosas constataciones de la Iglesia por el desarrollo inaudito de
la prostitución infantil y juvenil, de los índices de alcoholismo, delincuencia
y mendicidad.

Consecuencias parecidas se constatan en el campo de la educación o de
la cultura, en todos los órdenes de la vida del país.

Dura ya cuatro años el Estado de sitio y el toque de queda, esto es, más
tiempo de lo que medidas semejantes duraron en los países que Hitler ocupó
en Europa.

Al mantener estas medidas, la tiranía confiesa su orfandad, su concien-
cia del repudio de la inmensa mayoría.
Con todo, en Chile se configura una nueva situación política. Los he-
chos de los últimos meses han mostrado que nuestro Partido no se equivocó
cuando afirmó en su manifiesto de mayo: "Comienza a crujir el edificio de la
junta fascista como resultado de su creciente aislamiento interno y la conde-
nación internacional. Se abren perspectivas para el despliegue de las luchas
de las masas por sus derechos y el fin de la tiranía. Se viven momentos que
pueden adquirir importancia decisiva en nuestra historia".

El Partido Comunista se dirige a la clase obrera, a los campesinos, a las mujeres, a los jóvenes, a los artistas, intelectuales, profesionales y científicos, a las capas medias de la ciudad y el campo, a los empresarios no monopolistas, industriales, comerciantes, agricultores y artesanos, religiosos y religiosas, a los integrantes antifascistas o simplemente no fascistas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, en una palabra a todo el pueblo, llamándolos a intensificar la lucha por el derribamiento de la tiranía. Hay que poner fin a este período negro de la historia de Chile. Hay que generar un nuevo régimen democrático y crear un nuevo Gobierno, que devuelvan la libertad, que le permitan al pueblo recuperar sus conquistas, que terminen con el hambre y la miseria y sus pavorosas consecuencias morales, que reinicien los cambios sociales y políticos para poner fin al dominio de la oligarquía y el imperialismo, que aseguren la verdadera independencia del país y este vuelva a ser considerado con respeto y aprecio en la vida internacional.

Es el momento de iniciar una nueva etapa en la lucha. Hay ciertas con-
diciones para ello, creadas por las acciones desplegadas desde los primeros
días y por la solidaridad internacional. Y la propia lucha puede y debe ensan-
charlas y crear nuevas.

La brutalidad del golpe fascista, la crueldad y la magnitud de la represión provocaron un profundo repliegue de las fuerzas populares y, en general, de todos los sectores democráticos. La destrucción de centenares de organizaciones populares, la prohibición de la actividad de otras, la drástica limitación de las posibilidades de acción de las que pudieron mantenerse legalmente, hizo muy difícil la lucha de las masas por sus derechos. Sin embargo, siempre ha habido lucha y las hay hoy, desde el primer momento, arriesgando su libertad y sus vidas, los combatientes más avanzados de nuestro pueblo, en primer término los militantes de nuestro Partido y de los demás partidos de la Unidad Popular y, con ellos, significativos sectores cristianos, alzaron la bandera de la resistencia contra el fascismo, desnudaron el verdadero carácter del régimen.

La fuerza más importante de estos combates ha sido la clase obrera. En medio de inmensas dificultades logró sostener parte importante de sus organizaciones de masas y actuar con ellas para expresar de un modo u otro sus reivindicaciones, pese a las limitaciones que impone la represión fascista. En el curso de los cuatro años de tiranía, los trabajadores lograron contener
no pocos abusos y violaciones de sus conquistas sindicales; más de una vez
consiguieron que autoridades militares de nivel medio les dieran la razón
frente a patrones que los habían llamado para imponer alguna nueva tropelía;
expresaron su repudio al reglamento de participación por medio del cual la
junta pretendía engatusar a los trabajadores, han rechazado y hecho imposi-
ble la dictación, hasta hoy, de un nuevo Código del Trabajo, concebido para
servir a los grandes monopolios; han hecho fracasar los intentos por crear
una central sindical domesticada y oficialista.

Ciento veintidós organizaciones sindicales en que es notorio que par-
ticipan militantes de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana, hicie-
ron una presentación a las autoridades para realizar un mitin el 1º de mayo
último. La petición fue rechazada. Ante ello, ciento veintiséis organismos de
obreros y empleados, en representación de un millón y medio de trabajado-
res, dejaron estampada su protesta e hicieron públicas las reivindicaciones
que los unen.

La acción represiva no ha logrado tampoco impedir que mantengan su actividad un importante número de Juntas de Vecinos, Centros de Madres, clubes deportivos, organizaciones culturales, comedores fraternales, comités de cesantes y otras múltiples formas de organización, antiguas y nuevas, que expresan las reivindicaciones inmediatas más urgentes de las masas populares. A través de ellas, el pueblo ha desarrollado acciones, como huelgas de pago del agua potable o la luz eléctrica, o de los dividendos habitacionales cuando han experimentado alzas excesivas aduciendo, simplemente, que la miseria les impide pagar.

Los estudiantes universitarios han organizado acciones para exigir la rebaja en el pago de las matrículas y defender el derecho a la educación superior. Han tratado de impedir que esta quede subordinada a la condición socio económica del estudiante y se convierta la Universidad en una empresa manejada con criterio mercantilista. Esta lucha no ha sido en vano. Lograron, al menos, que los estudiantes de recursos más limitados quedaran exentos del pago de matrícula.

Artistas e intelectuales han encontrado, pese a la censura fascista, el modo de expresarse en el combate contra la arbitrariedad y el crimen, de salvaguardar formas culturales, como la nueva canción chilena. Han sido capaces de realizar festivales en el Caupolicán, mantener Peñas y crear nuevos conjuntos artísticos, de facilitar el encuentro permanente entre sí y con el pueblo y de desarrollar acciones de solidaridad.

¡Con razón los fascistas consideran cualquiera actividad social, cultural, deportiva o incluso religiosa, por el solo hecho de reafirmar vínculos de solidaridad humana, como peligrosas para su régimen!

Una de las expresiones más relevantes de la resistencia contra el fascis-
mo ha sido el combate desplegado por los familiares de los presos políticos desaparecidos, en especial, sus esposas, madres, hijas y hermanas. Su lucha tenaz y valerosa ha conseguido romper la cortina de silencio que intentaron tender los fascistas sobre esta sórdida situación. Su huelga de hambre de que hablamos al comienzo, estimuló la unidad de acción de amplios sectores para exigir una respuesta de Pinochet y de la DINA sobre la suerte de los desaparecidos. Cansadas de golpear en vano todas las puertas de la tiranía, cansadas de ir de cárcel en cárcel, de hospital en hospital, de oficina en oficina y hasta de llegar a la morgue a inquirir datos acerca de sus esposos e hijos, estas mujeres decidieron, como recurso supremo, declararse en huelga de hambre. Arrancaron así el compromiso del tirano de informarles sobre el destino de sus parientes y de garantizarles a ellas la libertad y la vida, compromiso adquirido ante la Organización de las Naciones Unidas. Exigir su cumplimiento pleno es una tarea de todos los chilenos y de toda la humanidad progresista.

Se puede decir, entonces, que en Chile no ha habido ni hay un día sin lucha.

Todo lo hecho tiene una gran importancia histórica; pero, lo que es posible hoy –y de eso se trata– es de pasar a una etapa superior en el combate.

La tiranía sigue cometiendo crímenes –y esto no se debe olvidar–, pero ya no tiene la capacidad para hacer todo lo que quiera. El propio ejemplo de las heroicas mujeres de los desaparecidos ilustra esta nueva situación. Han obtenido, como hemos dicho, un compromiso. Han ganado el derecho a seguir luchando abiertamente, y llevan adelante su combate. Incluso han ganado la calle para su protesta. Pueden ser hostilizadas, y de hecho lo son, pero la junta sabe que debe andarse con mucho cuidado. Una agresión contra ellas le crearía una situación muy difícil. Y es bueno que sepa que si las agrede, el pueblo encontrará alguna manera de responder, y los que estamos obligados a luchar en el exterior tampoco nos quedaremos con los brazos cruzados.

Hay muchos indicios que confirman la existencia de estas nuevas condiciones. El hecho de que hayan tenido que cerrar los campos de concentración reconocidos públicamente y sólo puedan mantener Cuatro Álamos y campos de concentración secretos, revela en algún sentido el desgaste de la tiranía, su incapacidad creciente.

El anuncio de la desaparición de la DINA y su reemplazo por una de-nominada Central de Informaciones forma parte del doble juego de Pino-chet en las circunstancias en que se encuentra. No hay duda que sólo quiere que esto quede en un cambio de nombre. Pero este hecho es también un síntoma de los fenómenos a que nos referimos y, por cierto, debe servir para redoblar la lucha contra su Gestapo, cualquiera sea el rótulo con que actúe, para exigir con más fuerza que aparezcan los desaparecidos y salgan en liber-tad los compañeros Erik Schnake y Carlos Lazo, el Comandante Galaz, el
Capitán Vergara y todos los presos políticos.

Entre sus seguidores quedan de manifiesto tendencias a excluir a los llamados “duros”, a los que propician el terror hasta contra los propios partidarios de la Junta si no actúan exactamente como ellos lo desean, tal cual le sucedió al director de “Qué Pasa”.

Organizaciones dominadas por mayorías que, hasta hace poco, mantienen obsecuencia ante la tiranía, exigen hoy la reposición de derechos y garantías democráticas. Es el caso del Colegio de Periodistas que, en su reunión de El Tabo, ha planteado la derogación de todas las disposiciones atentatorias contra la libertad de prensa.

Juega también su papel el temor que provoca el aislamiento internacional creciente de la Junta y los efectos que este produce hasta en círculos del imperialismo norteamericano. Es sabido que, durante su campaña electoral, el actual Presidente Carter se refirió reiteradamente a la violación de los derechos humanos en Chile. Es sabido también que, por esto, los fascistas recibieron su victoria como un balde de agua fría. Desde que ejerce la Presidencia el señor Carter, de hecho los EE.UU. siguen respaldando a Pinochet; pero se ha visto obligado a disminuirle la entrega de ayuda militar y ordenó demorar temporalmente algunos préstamos. Esto último ha bastado para que ciertos círculos partidarios de la propia Junta hagan presente que el exceso de brutalidad les hace daño.

Es interesante reparar en el comportamiento de “El Mercurio”. Se trata del principal y tradicional vocero de la oligarquía y del imperialismo norteamericano. Fue uno de los coautores del golpe, recibió plata de la CIA, ha defendido y defiende a Pinochet como la pieza clave de la tiranía y sirve los intereses de los clanes entre los cuales está el propio clan propietario de “El Mercurio”. Pero dicho sea francamente, este diario ha demostrado muchas veces ver más allá de las narices de los gobernantes de turno y colocar por encima de lo inmediato y circunstancial los intereses que estima permanentes de la clase que representa.

Se da cuenta que las cosas no pueden seguir marchando de la misma manera, que al menos hay que hacer una operación cosmética. Es, por eso, el campeón de la institucionalización del fascismo, creyendo que, con eso, este podrá salvarse. Es el propulsor principal, en el país, de una mayor participación de civiles en el Gobierno, manteniendo sí a las fuerzas Armadas como sostenedores del régimen fascista. Y constantemente patrocina adecuaciones y ajustes dirigidos, en el fondo, a engañar a medio mundo.

He aquí lo que dice en uno de sus últimos comentarios:

“Las acciones de seguridad antisubversivas, el Estado de Sitio y otras de las características de la situación de emergencia... no son inherentes al mantenimiento del régimen militar... De esta manera, el país podría estar bajo el
imperio pleno de la ley sin que eso implicara el debilitamiento del régimen”.

“El Gobierno puede resolver —agrega— que los riesgos de la subversión interior son de tal modo graves e inminentes que deben permanecer todos los instrumentos y medidas de emergencia”. Pero, advierte, “ello significa optar por la seguridad interna y encarar una peligrosa frialdad de parte de Washington”… “Al resguardar nuestra seguridad interna —precisa— en los términos existentes hasta ahora, abrimos interrogantes sobre nuestra seguridad exterior”.

En la situación cada vez más difícil y crecientemente contradictoria que encara la junta de Pinochet, “El Mercurio”, y con él, sectores muy importantes de la base social del fascismo, concluyen pues en la necesidad de realizar algunos cambios.

En este marco, se inscriben las proposiciones recientes de Pinochet para la institucionalización.

Algunos círculos del Gobierno norteamericano han considerado apropiado saludarlas como un paso hacia la democracia. Esto no puede ser calificado de otra manera que como intento de engaño deliberado al pueblo norteamericano y una forma de apuntalar la tiranía.

Las proposiciones de Pinochet no pueden confundir a nadie. Van dirigidas, sin lugar a dudas, como quiere “El Mercurio”, a la institucionalización del fascismo. No son, como se sostiene, un paso hacia la democracia. No hay democracia posible con Pinochet. La lucha por la democracia pasa precisamente, por la eliminación de Pinochet de las posiciones de Poder. Si este usa ese término es simplemente porque el fascismo después de Mussolini, nunca se ha llamado ni se llamará asimismo fascismo. El hitlerismo se autodominó nacional socialismo. En Chile, pretende encubrirse tras el concepto de “democracia protegida”, esquema que en los propósitos de Pinochet es en verdad una autocracia donde el tirano trata de generar todo el poder.

Pero el sólo hecho que se vea obligado a hacer tales proposiciones, es un indicio más de la nueva situación que se crea en el país, tanto más significativo cuanto que Pinochet se ha caracterizado por su ambición de poder personal. Durante estos cuatro años maniobró siempre en esa dirección. Los cuatro de la Junta se embarcaron en el golpe con el compromiso de ejercer rotativamente la Presidencia. Merino lo comunicó públicamente. Antes de un mes, Pinochet había impuesto el abandono de este criterio. Pasó a constituirse en Jefe Supremo, pero dejó asignadas áreas a sus cófrades: Merino quedó a cargo del sector económico; Leigh del social, y Mendoza de la agricultura. Luego se ungió Presidente de la República, asumió personalmente todo el poder Ejecutivo, y las áreas de responsabilidades quedaron en el olvido. De la parte económica, como diría el propio Pinochet, salió Merino y ahora sólo se dedicaba a concurrir a cocteles y a recibir y despedir visitas en el aeropuerto; Leigh
no tiene pito que tocar en el área social y cultural y se preocupa de dárselas del “intelectual” del régimen. En cuanto a Mendoza, no se sabe qué hace.

El fascismo es sanguinario y brutal hasta sus últimos momentos. Por eso, al mostrar su desgaste, el Partido Comunista no quiere, ni por asomo, que sus argumentos pudiesen dar pie para debilitar la vigilancia contra la reposición por parte de las organizaciones democráticas y de las masas populares.

En consecuencia, nuestro llamado a la lucha no es una exhortación a lanzar a la gente a todo o cualquier tipo de acción, exponiéndola torpemente a ser víctima de la brutalidad fascista.

Es si, en cambio, un llamado a la lucha en todos los frentes y en todos los lugares por todo aquello que sea susceptible de unir y que permita acumular fuerzas.

Para nosotros, comunistas, lo fundamental es y será siempre la acción de masas, de miles y miles de chilenos que en torno a cosas pequeñas, y cuando es posible grandes, vayan buscando caminos y formas de expresión de sus necesidades y sentimientos, de su agrupamiento en torrentes cada vez más poderosos.

Nuestra política es, pues, afianzar y desarrollar todo lo que une al pueblo.

En nuestro Manifiesto de mayo expresamos: “Hemos dicho y debemos repetir que, en nuestra opinión, la Junta se sostiene no sólo, ni tanto por la fuerza del terror y el apoyo que le dispensan un grupo de oligarcas y los sectores más agresivos del imperialismo. La insuficiente unidad de las fuerzas antifascistas es lo que complota más decisivamente contra el surgimiento de un movimiento de masas capaz de poner término a la tiranía. Configurar con claridad ante el pueblo una alternativa de Poder frente al fascismo que, por su contenido democrático, unitario, popular y realista, galvanice la voluntad de las masas que desean cambiar la situación desastrosa en que viven, conduce a desencadenar la lucha activa de millones”.

Nuestra primera preocupación es la unidad de la clase obrera. Su rol en la organización de la resistencia ha sido decisivo y lo seguirá siendo en el curso futuro de los acontecimientos. Ella constituye la mejor garantía de que las cosas marchen como es debido: hacia la erradicación plena del fascismo y la profundización de la democracia.

La dictadura sabe lo que significa para la clase obrera su unidad sindical y la importancia que esta tiene en la lucha por echarla abajo. De ahí sus maniobras dirigidas a imponer lacayos suyos como dirigentes de algunas Federaciones o a crear organizaciones paralelas. Por su cuenta, dio por establecida una nueva directiva en la Confederación de Trabajadores del Cobre. Fabricó un Congreso de la COMACH para generar en ese sector una nueva organización dócil. Decretó la formación de otra Federación en la construcción. Resolvió desconocer la existencia de la Asociación de Pensionados. Aunque
todas estas y otras de sus incursiones en el campo sindical son repudiadas por los trabajadores, es preciso que la clase obrera oponga a los planes divisionistas de la dictadura sus propios planes de unidad en el campo sindical.

En relación a esto, saludamos las acciones comunes de las Federaciones y sindicatos en que predominan diferentes corrientes y nos pronunciamos por terminar con las separaciones que aún prevalecen, con la tendencia a agrupar Federaciones en razón de la política de los partidos a los que pertenecen sus dirigentes o con los cuales simpatizan.

Lo que interesa a los trabajadores y conviene a la clase obrera es la unidad sindical, la existencia de un solo sindicato en cada empresa, una sola Federación en cada rama industrial o de servicios y una sola central sindical.

Nuestra política unitaria otorga una significación relevante a la unidad socialista-comunista. Constatamos que entre ambos Partidos existen hoy más coincidencias en el enfoque de la situación internacional, comprendido en primer término el rol del sistema socialista; en la apreciación de la etapa revolucionaria que debe recorrer el país, en la política de alianzas y en la definición de las tareas. Constatamos con satisfacción que en ambos Partidos se considera el peso negativo que tuvieron nuestras diferencias de opinión en el curso de los tres años de Gobierno Popular y el deber común de superar tales distancias. Pero, a decir verdad, subsisten o surgen diferencias de alguna importancia.

La unidad socialista-comunista ha sido y es una constante de nuestra política. Es un deber de cada militante del partido trabajar por reforzarla y desarrollarla. No es una unidad excluyente ni está dirigida contra ningún sector progresista. La experiencia del pueblo de Chile enseña que la división o las desinteligencias entre comunistas y socialistas dañan a la causa popular. Esta es una constatación de larga data. Los Gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos, especialmente el primero, no desarrollaron todas sus capacidades modernizadoras, no sólo porque las condiciones objetivas no hubieran madurado suficientemente para determinados cambios profundos o porque la burguesía tenía un gran peso en el Partido Radical de esa época, sino también por las diferencias entre comunistas y socialistas que redujeron grandemente el rol de la clase obrera. Gabriel González Videla aprovechó esas diferencias para la represión anti obrera. En la década de los años 40 quedó sobradamente comprobado que la falta de unidad socialista-comunista favorece al imperialismo y a la reacción. La experiencia de los tres años del Gobierno Popular comprobó lo mismo en otra época y en otras circunstancias.

Desde los tiempos del Frente Popular, está pues demostrado que las discrepancias, que alguna vez incluso llegaron a transformarse en luchas frátricidas, no ayudan a la causa revolucionaria y que, al revés, la unidad socialista comunista no solo representa la creación de condiciones básicas para la uni-
dad de la clase obrera, sino que es un factor de la unidad de todo el pueblo.
Precisamente, la generación de la Unidad Popular comprueba esta afirmación.

Consideramos el bloque de la Unidad Popular como una obra de sig-
nificación histórica de nuestro pueblo. La Unidad Popular ha resistido la
prueba de la derrota. La izquierda chilena no se ha disgregado. Los Par-
tidos Comunista, Socialista, Radical, Mapu Obrero y Campesino, Mapu e
Izquierda Cristiana, representan el sector político más avanzado y esclarecido
del pueblo chileno. Son los partidos auténticamente populares y, por eso, su
unidad es una garantía de que la clase obrera y el pueblo revolucionario ejer-
cerán mañana, más y mejor que ayer, una influencia decisiva en los destinos
de la nación. Representan las corrientes marxistas y racionalistas y parte de
la corriente cristiana, que tienen profundas raíces en la historia y en la vida
de Chile. No han sido ni podrán ser destruidos por el terror. Es más, en la
nueva situación que se configura en el país, la Unidad Popular está llamada a
jugar un importante papel, tanto más grande cuanto mayor sean su cohesión
y su actividad política. Los comunistas valorizamos altamente nuestro enten-
dimiento amistoso con cada uno de estos Partidos y nos proponemos pro-
fundizarlo todavía más. Estamos seguros de contribuir así a la construcción
de la unidad necesaria para derribar a corto plazo a la tiranía.

Saludamos a cada uno y todos los Partidos de la Unidad Popular: al Partido Socialista, con el cual marchamos juntos por más de veinte años; al Partido Radical, cuya conducta de lealtad al pueblo y firmeza ante la tiranía recuerda el temple de sus fundadores; al Mapu Obrero y Campesino, con el cual tenemos muchas coincidencias y cuya actuación, dentro y fuera del país, tiene el sello de la combatividad y la responsabilidad; a la Izquierda Cristiana, cuya presencia en el movimiento popular constituye un valioso vínculo con el pensamiento progresista cristiano; al Mapu, que reafirma su personalidad como partido unitario, y a todos los hombres y mujeres sin partido, simpatizantes de la Unidad Popular.

Pero hay que ir más allá en cuanto a la unidad. El partido Comunista ha venido propiciando la formación de un frente antifascista como expresión unitaria de todos los chilenos que están contra la dictadura.

Por el lado que se examine la situación del país y su futuro, no puede
sino concluirse en la necesidad de la unión de todas las fuerzas democráticas.
Contraen una grave responsabilidad ante el pueblo los que torpedean la uni-
dad. Solamente la unión de todas las fuerzas que están contra la tiranía puede
 resolver con éxito los problemas del país. Este es precisamente el contenido
de nuestra proposición del frente antifascista. Pero no hacemos ni haremos
cuestión de nombres. Lo importante no es la etiqueta.

En ningún caso, ha estado ni está en nuestro propósito la constitución
de una simple alianza política por arriba. Queremos más que eso: el enten-
dimiento de todo el pueblo, entendimiento ante todo social, de base, y cuya expresión política sea determinada por el desarrollo mismo del impulso unitario que venga desde abajo.

Para reemprender el camino de Chile se requiere marchar al reencuentro con su historia, con sus mejores tradiciones. Y para ello es necesaria la reunión de todas las fuerzas antifascistas, en definitiva de todas las no fascistas, civiles y militares, marxistas, laicas y cristianas. Se requiere producir el Reencuentro de los Chilenos.

Chile no es hoy el de ayer, ni volverá a serlo. El fascismo no sólo destruyó el viejo régimen democrático, ni sus efectos terminan en la catástrofe económica en que ha hundido al país. En el curso de estos años también se han creado bases para la generación de estructuras distintas y el establecimiento de conceptos y valores diferentes en muchos y cruciales aspectos de la vida nacional.

Se ha derrumbado, por ejemplo, y se ha hecho añicos la credibilidad de millones de chilenos en la majestad del Poder Judicial. Cuando los jueces se han convertido en amanuenses de crímenes nefandos, cuando han rechazado sistemáticamente todos los recursos de amparo presentados en favor de los desaparecidos, con excepción de uno, el de Carlos Contreras Maluje, y cuando en este caso único no hacen nada para exigir el respeto de su dictamen, se pone en evidencia la podredumbre de una estructura que obligatoriamente debe ser modificada, que el pueblo no puede aceptar que subsista inspirada por el espíritu clasista reaccionario que ha quedado al desnudo.

Se ha derrumbado igualmente la respetabilidad que pudo haber tenido, a los ojos de muchos chilenos, la Contraloría General de la República. La interpretación de la ley, la ha hecho con impudicia para proteger a los esbirros de la DINA. He aquí una prueba. Los cadáveres de Guillermo Herrera Manríquez y Cedomil Lausic, dos de los desaparecidos, fueron encontrados en la morgue. Sus familiares recurrieron a la Contraloría para que se exigiera a las autoridades del establecimiento la identificación de las personas que llevaron los cuerpos hasta allí. Pero la Contraloría dictaminó en contra de lo pedido, alegando que el reglamento de la morgue no establece expresamente la obligación de identificar a quienes lleven hasta allí un cadáver en horas del día.

¡No puede persistir una estructura contralora capaz de tales desmanes, que configuran claramente un delito: encubrir asesinos!

Porque se requiere encarar transformaciones profundas, es que el pueblo las exigirá inexorablemente, y para que tales transformaciones puedan llevarse a cabo sin rupturas en el seno del pueblo, es que se precisa la amplia unidad de todos los anti fascistas y de los no fascistas. Hay que trazar entonces la línea divisoria entre los que están con la Junta y por mantenerla, y los que están por terminar con la tiranía, y constituir con estos últimos, un Gobierno
y un sistema de dirección del país que asegure la contribución de todos.

En favor de la unidad así concebida operan muchos factores, en primer lugar, su necesidad objetiva. Las tendencias principales que se manifiestan en la vida social chilena confluyen a hacerla posible.

Es una idea de creciente fuerza en el seno del pueblo. Miles de chilenos han sacado las lecciones de las situaciones creadas por el fascismo, antes y mejor que muchos dirigentes. En las organizaciones de base se generan cada día iniciativas que unen a chilenos con opiniones políticas distintas pero que tienen en común sus convicciones democráticas y que repudian al fascismo.

La decisión con que combate la clase obrera, asumiendo no sólo la defensa de sus intereses, sino también los de las demás capas y clases sociales afectadas por el fascismo es otro factor que contribuye al desarrollo de la unidad amplia. La actividad de la Iglesia en favor de los derechos humanos, desplegada desde el primer día, es sin duda alguna, otra contribución muy grande a la unidad y al reencuentro del pueblo chileno.

Como hemos dicho ya antes, la Iglesia Católica, colocada en la disyuntiva de callar ante el fascismo o asumir la defensa del pueblo agredido, optó por esto último. Ha hecho mucho en defensa de los que no tienen voz, de los proscritos por el fascismo. Pudo y puede hacer más, pero lo que ha hecho es muy importante. A través de sus acciones ha creado condiciones para la colaboración, en favor de la causa del pueblo de Chile, entre cristianos y marxistas y laicos. Ha ayudado a echar los cimientos de una convivencia creadora y fructífera, no sólo hoy en la lucha contra el fascismo, sino también mañana. Esto es lo fundamental, aunque lamentablemente aparezca a veces cediendo a los prejuicios impuestos por la vorágine propagandística de la tiranía.

Los partidos políticos constituyen en Chile realidades sólidas, afincadas en clases y capas sociales cuyos intereses expresan y en las que han echado raíces que el fascismo no ha podido arrancar. Desde la clandestinidad, los partidos democráticos ilegalizados siguen vivos, luchan y su orientación llega al pueblo. Todos los partidos antifascistas, desde nosotros hasta la Democracia Cristiana, tenemos audiencia en el país y por ello una responsabilidad muy grande ante nuestro pueblo, dadas las posibilidades que hay en nuestras manos de influir en el proceso unitario. Desde el punto de vista de la contribución de los partidos políticos a la unidad, el asunto clave es, como lo ve todo el mundo, el entendimiento entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. La Unidad Popular, y nosotros mismos, hemos expuesto claramente nuestra disposición unitaria. Falta que la Democracia Cristiana haga lo mismo. Una palabra en común sería un factor de primera importancia, en verdad decisivo, en la marcha de la unidad, el desarrollo de un movimiento de masas por una nueva democracia, en la lucha por el derrocamiento de la tiranía.

El Partido Comunista le confiere una importancia especial a la parti-
cipación de los militares antifascistas y no fascistas en la lucha por terminar con la tiranía de Pinochet y para reconstruir nuestra patria. Haciendo una consideración objetiva de la situación, ha llegado al convencimiento de que en Chile, así como probablemente en otros países de América Latina, se hace necesario el entendimiento entre la clase obrera y el pueblo y las corrientes patrióticas que existen en los medios militares.

Lo fundamental es y será siempre la unidad de la clase obrera y la unidad del pueblo, pero, en interés del país y del progreso social, la realidad indica que se requiere la alianza con los sectores democráticos y patrióticos de las Fuerzas Armadas.

Todos sabemos, particularmente aquellos que hemos pasado por las cárceles y campos de concentración, que hay soldados, marinos, aviadores y carabineros que repudian los métodos fascistas, están contra la DINA, les disgusta la alianza con la derecha económica, ven con gran preocupación el problema de los desaparecidos y desean que termine la actual situación de odio y división entre chilenos.

Analizando la revolución en España, hace ya un siglo, Carlos Marx anotaba que las fuerzas armadas reflejan, muchas veces más agudamente que otros aparatos del Estado, la crisis de la sociedad y que, históricamente, en esas crisis se expresan en ocasiones como guardia pretoriana, en correspondencia con su carácter de clase, pero en otras también muchos de sus hombres se convierten en portadores de iniciativa revolucionaria.

La historia contemporánea de África, de Asia, de algunos países de Europa como Portugal, y también de América Latina, muestra que en nuestra época surge y se realiza la posibilidad de que sectores de las Fuerzas Armadas, que forman parte del aparato burgués, del Estado de las clases dominantes, se incorporen o se sumen a la lucha de los pueblos y asuman roles de importancia.

Aunque el Ejército chileno era y es un Ejército de estructura muy cerrada, esta posibilidad se daba y se seguirá dando.

La unidad de las fuerzas antifascistas y la lucha de las masas serán, indudablemente, factores que ejercerán una influencia determinante para que se expresen abiertamente los sectores democráticos que existen en las Fuerzas Armadas. La junta está consciente de esta situación. Por eso la minoría fascista, responsable de todos los crímenes, trata de convencer a los miembros de las Fuerzas Armadas de que su desplazamiento del Poder significaría arrastrar a una vorágine a todos los hombres de armas, ninguno de los cuales salvaría con vida. Este argumento mentiroso, una reedición de la farsa del Plan Z, lo hizo público "El Mercurio" y vuelve a él cada vez que las cosas se ponen color de hormiga para los fascistas.

Sin embargo, ni el amedrentamiento fascista, ni el abuso del poder je-
rárquico, ni la presión ideológica, ni las prebendas materiales, han conseguido hacer de las Fuerzas Armadas un instrumento del que los fascistas se sientan absolutamente seguros.

La DINA, policía personal de Pinochet, no ejerce su actividad criminal sólo contra los antifascistas civiles. Se dirige de más en más a cuarteles, al control de los hombres de armas, para imponer una disciplina basada en el terror. Hay que decir que esto no es nuevo en los regímenes fascistas: un rol semebnjante jugaba la Gestapo bajo el imperio de Hitler. Tenemos en cuenta esta situación. En la práctica se ha ido desarrollando una línea demarcatoria, cada vez más clara entre la DINA, sus sirvientes y sostenedores, y la mayoría de las FFAA. que la repudia. Y nosotros partimos, precisamente, de esa realidad.

La experiencia vivida plantea la necesidad de profundas trasformaciones democráticas en la estructura de las FFAA. Las que aseguren que nunca más podrán ser convertidas en instrumento de la oligarquía usado contra el pueblo, lo cual implica el abandono de muchos conceptos caducos o reaccionarios que sirvieron para asegurar su carácter de clase.

No es nuestro criterio que los militares sean obligados a renunciar a su calidad de ciudadanos.

Nosotros no postulamos como solución a la situación actual el simple “retorno a los cuarteles”. Creemos que hay que proponerse la integración de los militares a la sociedad, que ellos están en capacidad de hacer un aporte en muy diversas áreas del desarrollo del país, sin perjuicio del cumplimiento de sus tareas específicas. No es del interés del pueblo reproducir el antagonismo entre lo civil y lo militar, propio de las sociedades burguesas. La profesionalización necesaria, inherente a su función, no debe ser el pretexto para su segregación de la sociedad.

Al hacer estas reflexiones, tenemos en cuenta una profunda observación del general Prats, hecha en su diario, publicado póstumamente. “A mi modo de ver —dice- la tan ponderada ‘prescindencia política’ de las Fuerzas Armadas chilenas han contribuido a su aislamiento del medio social y a una profunda incomprensión de sus miembros”. Precisamente, en esto pudieron hacer pie los fascistas para arrastrarlas a la situación deleznable que viven hoy.

El propio concepto de “subordinación militar al poder civil” merece ser revisado. Es más propio hablar de la subordinación necesaria de los institutos armados a las autoridades democráticamente designadas, generadas con la participación no sólo de los civiles, sino que también de los militares.

Se requiere, asimismo, concordar en una definición democrática del concepto de seguridad nacional. La interpretación que Pinochet hace de esta categoría tiene un carácter profundamente anti nacional y conduce directamente a la criminalidad. Está basada en los conceptos introducidos por el imperialismo norteamericano sobre el “enemigo interno” y se ha convertido
en la justificación ideológica del genocidio político. Por estar inspirada en el
imperialismo busca garantizar la seguridad, no de la nación chilena, sino de
los monopolios multinacionales y conlleva la negación del carácter nacional
de las Fuerzas Armadas. El ex Jefe del Estado Mayor de Pinochet, General
Gustavo Álvarez Águila, lo explicaba en los términos siguientes: “Estamos
en una guerra mundial... En esta guerra estamos al lado del mundo occiden-
tal, con sus ideales de libertad en todos los campos de las actividades huma-
nas; y en el otro, el mundo oriental, sujeto al totalitarismo marxista-leninista”.

El resultado práctico de la aplicación de estos conceptos es que nunca la
seguridad nacional real ha estado más comprometida que hoy porque nunca
ha sido mayor el abismo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas, nunca peor
la situación económico-social, nunca mayor el aislamiento internacional del
país. Y, precisamente, factores como estos son decisivos para garantizar la se-
guridad nacional y no pueden ser resueltos sin una formulación democrática
de doctrina.

Nosotros somos partidarios de una rigurosa política de seguridad nacio-
nal que parta de la defensa irrestricta de la soberanía del país, para lo cual es
básico el cariño y el respeto que el pueblo tenga por las Fuerzas Armadas. Es-
tas deben, además, poseer una alta calidad técnica y un sistema de jerarquías y
de disciplina consciente y desbrozado de los conceptos de casta. Los chilenos
deben sentir orgullo de servir en sus filas y no sentirlo como una pesadilla,
como un castigo, como sucede hoy día con la gran mayoría de los conscriptos.

La seguridad nacional exige el rescate y la defensa de las riquezas nacio-
nales. Ella es imposible sin un vigoroso desarrollo económico, sin un pueblo
libre y bien alimentado.

La seguridad nacional exige una política exterior activa, de respeto y
amistad con todos los pueblos, de lucha intransigente por la paz mundial.
Se resiente y se resentirá mientras Chile no deje de ser un país aislado, cuyo
Gobierno es sinónimo de crimen y corrupción.

La seguridad nacional exige un Gobierno patriótico y un Ejército que no
se someta a dictámenes extranjeros. Luego del derrocamiento de Balmaceda,
desde que se consolidó el dominio imperialista sobre nuestro país, primero
inglés y germano, después norteamericano, las Fuerzas Armadas fueron uti-
lizadas muchas veces como instrumentos de las clases dominantes contra la
clase obrera, el pueblo y el interés nacional. El historiador Hernán Ramírez
Necochea anota que “las FF.AA. chilenas fueron prácticamente puestas a
disposición de capitalistas extranjeros y aún de agentes diplomáticos acred-
tados ante nuestro Gobierno, para sofocar movimientos reivindicativos de
trabajadores chilenos contra esos capitalistas. Así, por ejemplo, el 12 de mayo
de 1895, con motivo de huelgas que tuvieron lugar en la Oficina Salitrera
Buena Esperanza y en otros lugares, el ministro inglés en Santiago señaló
al Gobierno que ‘debían ser tomadas medidas inmediatas para asegurar la preservación del orden’. Las autoridades chilenas acogieron solícitamente tal demanda, por lo que el Ministro de Relaciones Exteriores podía informar al diplomático inglés: ‘Atendiendo a su petición, el Gobierno ha dispuesto el envío de más fuerzas de línea a las localidades indicadas, y ya han salido para el lugar de su destino...’”

Años más tarde, en 1904, el diputado demócrata, Malaquías Concha, señalaba en la Cámara que el Gobierno, escuchando planteamientos hechos otra vez por el Ministro de Inglaterra, había procedido a aumentar la gratificación de que “gozan los militares que prestan servicios de Taltal al norte, con el fin, se dijo, de mejorar al militar que a esas regiones se envía, porque el Ministro inglés ha insinuado que no estaba suficientemente garantizado el capital inglés invertido en la explotación de las salitreras”.

Esta fue y sigue siendo la concepción que la oligarquía y la gran burguesía tienen de las FF.AA. Y esta es la antítesis de una concepción patriótica de la seguridad nacional.

Muchos militares, a lo largo de esos años, se alzaron contra estos desig-nios. En los años 1924 y 1925, decenas de oficiales participaron asiduamente en los mitines de la FOCH y del Partido Comunista, cuando se produjo la primera reacción abierta de los integrantes de las Fuerzas Armadas contra este estado de cosas.

Con el correr de los años hubo otras expresiones de la insatisfacción de los hombres de armas por la política de las clases dominantes: la insu-rrección de la marinería en 1931, la incorporación al movimiento popular de Marmaduque Grove, la decisión del General Novoa, comandante en Jefe del Ejército, para frustrar el intento de la reacción de desconocer la victoria de Pedro Aguirre Cerda; ciertamente la actitud del General Schneider y la que hemos rememorado del General Prats y de sus camaradas de armas, muchos de los cuales han corrido la misma suerte de otros luchadores sociales bajo la dictadura fascista.

Teniendo, pues, en cuenta que en el seno de las FF.AA. hay y, pese a todo, habrá soldados verdaderamente patriotas, es que el Partido Comunista considera que en el Gobierno que exprese la amplia unidad que queremos ayudar a construir, deben tener un lugar los sectores democráticos de las Fuerzas Armadas. El Partido Comunista considera, ante todo, la actitud de hoy y, en lo que se refiere al pasado de los militares, sólo hace y hará cuestión de aquellos que sean personalmente responsables de masacres, fusilamientos o torturas. Así como tendemos la mano a la Democracia Cristiana que, con las excepciones que se conocen, contribuyó a la gestación del golpe, se la tendemos a los militares antifascistas y no fascistas que no tienen sus manos manchadas con sangre.
La unidad contra la tiranía no significa ni exige la concordancia plena de
los puntos de vista de todas las fuerzas que la integran sobre cada uno de los
asuntos del porvenir. Su condición es, en cambio, la coincidencia en la necesi-
dad de poner fin en Chile a un régimen oprobioso, a la utilización del crimen
y la tortura como armas políticas, al predominio incontrarrestable de una
minoría oligárquica y sus aliados extranjeros, los monopolios imperialistas. Se
trata de concordar esfuerzos para crear una situación donde el pueblo pueda
decidir sobre su futuro. Esto no es posible mientras persista el fascismo.

Entre los antifascistas existen diferencias y no es nuestro interés ocul-
tarlas. Pero ellas no impiden la coincidencia de todos en la necesidad de crear
en Chile una nueva democracia y en dar curso a los cambios maduros en la
sociedad chilena que apunten a eliminar la base social del fascismo, es decir,
la oligarquía interna y el predominio imperialista, asuntos en relación con los
cuales se han expresado desde hace tiempo coincidencias importantes entre
las fuerzas que se oponen a la tiranía.

Los comunistas, socialistas y demás partidos de la Unidad Popular es-
tamos convencidos de que lo mejor para nuestra patria es encaminarse a la
construcción del socialismo, aunque no todos tenemos al respecto las mis-
mas concepciones. No renunciamos ni podríamos renunciar a esa perspecti-
va, como tampoco a nuestra convicción de que no hay mayor garantía para
el progreso de Chile y de su pueblo que el que la clase obrera juegue un rol
relevante, dirigente, en el amplio movimiento popular y nacional que quere-
mos construir.

Creemos que un Gobierno Provisional integrado fundamentalmente
por la Unidad Popular, la Democracia Cristiana y los sectores democráticos
de las Fuerzas Armadas debe asegurar la erradicación del fascismo, garanti-
zar la expresión del pueblo y convocar a una Constituyente que sancione la
renovación democrática de Chile.

Esta unidad debe hacerse en torno a un programa, elaborado con la
participación de todas las fuerzas antifascistas, de un programa de recons-
trucción política, económica, social, moral, cultural de nuestro país.

Los comunistas tenemos algunos criterios y proposiciones que entre-
gamos a la consideración de todas las fuerzas interesadas en el término de la
tiranía.

Asuntos Políticos

Creemos que no se trata de crear un régimen político donde el pueblo
sólo participe. Más que de la participación, somos partidarios de la integra-
ción popular. Consideramos que se necesita un régimen democrático donde
el pueblo esté en todos los escalones del Poder a través de sus organizaciones
y en el cual, la clase obrera, a través de sus sindicatos; los pobladores, a través
de sus Juntas de Vecinos; las mujeres, a través de sus Centros de Madres; los estudiantes, a través de sus centros y federaciones; los profesionales, artistas, científicos, comerciantes, industriales, a través de sus organismos específicos, ejerzan directamente funciones de Poder en relación a materias de orden previsional, educacional, municipal y otras que tengan que ver directamente con sus situación.

El régimen de partidos políticos que se establezca en el sistema demo-
crático renovado deberá garantizar la eliminación de todo rasgo de corrup-
ción. No puede ni debe haber partidos sobornables. No queremos un régi-
men con parlamentarios que hagan carrera mediante el ejercicio de su cargo
de representación popular, que busquen elevar su status social y económico
por esos medios. Se requiere partidos con capacidad de operar como expres-
siones de las distintas corrientes que componen al pueblo.

El régimen político, democrático y popular que propiciamos debe ba-
sarse a nuestro juicio en los siguientes preceptos:

a) El respeto irrestricto a los derechos humanos, entendiendo por tales no sólo los derechos políticos, sino también los económicos y sociales.

b) El establecimiento de amplios derechos ciudadanos, que significa considerar, en primer término, el reconocimiento al pueblo de su plena soberanía para decidir sobre los destinos del país mediante el sufragio universal garantizado para todos los chilenos desde los 18 años de edad, asegurando que se exprese libre e informadamente.

c) La creación de nuevas instituciones democráticas: un nuevo Parlamento, un nuevo Poder Judicial, un nuevo poder contralor, nuevos municipios generados más democráticamente que en el pasado, donde no tengan lugar el servilismo clasista, el abuso del poder personal, la expresión de intereses de capilla, la demagogía.

d) Homogeneidad de la institucionalidad democrática de modo que se eviten los conflictos entre los poderes del Estado. Esto se puede asegurar por medios tales como la elección simultánea del Parlamento y del Presidente, con la existencia del Parlamento Unicaleral, con la elección del Presidente por la mayoría absoluta si se elige directamente.

e) Respeto a la oposición democrática.

f) Erradicación del fascismo.

g) Democratización de las Fuerzas Armadas.
## Asuntos económicos

En cuanto al desarrollo económico, creemos que no se trata de una vuelta al pasado, salvo en el sentido de buscar la transformación profunda de la sociedad. Pensamos que también en este terreno hay que definir y redefinir políticas tomando en cuenta la nueva realidad que se ha creado en la economía nacional.

Debemos buscar una reactivación inmediata de la economía. Se requiere un desarrollo armónico de la capacidad productiva nacional, considerando nuestros recursos de todo orden y, simultáneamente, la atención del mercado interno y las posibilidades del comercio exterior. Durante años el llamado desarrollo hacia adentro y el llamado desarrollo hacia afuera fueron manejados por la burguesía como conceptos contrapuestos según conviniera a los intereses de los sectores dominantes. El gobierno Provisional deberá tener la obligación de atender adecuadamente a la demanda interna, pero a la vez aprovechará preferentemente en beneficio del país instrumentos tales como el Pacto Andino, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), el CIPEC, las relaciones con los países socialistas y con los países del tercer mundo.

Propiciamos:

a) La anulación de todos los acuerdos adoptados por la tiranía que han enajenado industrias vitales y otras empresas u otorgado indemnizaciones por empresas jurídicamente nacionalizadas, y el restablecimiento pleno de las normas que reservan al Estado la explotación de la gran minería del cobre, del petróleo, del gas natural, del uranio y de otras riquezas básicas;

b) La anulación de las decisiones en virtud de las cuales se ha despojado a los campesinos de tierras asignadas en aplicación de la reforma agraria;

c) La promoción de un desarrollo económico sostenido con vistas a lograr la independencia económica, a terminar con la dominación de los monopolios, obtener el mejoramiento de las condiciones de vida y asegurar la expansión de las fuerzas productivas, considerando para ello el crédito como un bien social que debe constituirse en un factor favorable;

d) El reconocimiento de la existencia de cinco áreas de propiedad de medios de producción:

1. Área de propiedad social,

2. Área de propiedad mixta,

3. Área de propiedad privada,

4. Área de propiedad cooperativa, y
5. Empresas de autogestión o de trabajadores.

e) Garantías para el funcionamiento de todas aquellas industrias que, no obstante ciertas deficiencias tecnológicas, son necesarias y se justifican si se considera también su aporte social, el empleo de mano de obra, el financiamiento del presupuesto nacional, la utilización de insumos y servicios nacionales, etc.;

f) La redefinición del trato al capital extranjero, comenzando por el respeto a los compromisos antes adquiridos en los marcos del Pacto Andino y la derogación del Estatuto de Inversión Extranjería otorgado por la tiranía.

g) La creación de un organismo de dirección económica, generado democráticamente, donde participen todos los sectores productivos. Este organismo deberá establecer las prioridades estratégicas del desarrollo atendiendo a los recursos, las necesidades internas, el mercado externo, las posibilidades de ocupación y otras variables esenciales. Deberá, por lo tanto, ser el organismo planificador que requiere el país, que deberá resolver, entre otros, asuntos tales como la proporción adecuada entre las inversiones de maduración rápida y las de más largo plazo, los niveles necesarios de acumulación interna, el uso de los recursos externos, etc.;

h) La reexpropiación de los fundos devueltos a los terratenientes, la cabida máxima de 40 hectáreas de riego básico, la adopción de medidas urgentes para resolver los problemas del minifundio agravados por la tiranía, la reposición de sistemas de ayuda a propietarios pequeños y medianos, un impulso decisivo al desarrollo de la agroindustria y medidas para asegurar el auto abastecimiento del país en cuatro productos básicos: trigo, maíz, papas y remolacha;

i) Ayuda decidida a la constitución y desarrollo de formas cooperativas, a base de la participación voluntaria de los campesinos, en las esferas del abastecimiento, de la explotación de la tierra y de la comercialización.

## Asuntos Sociales

En el orden social se precisa el restablecimiento de las conquistas que la clase obrera y el pueblo habían obtenido en el terreno político, en educación, cultura, salud y vivienda y el urgente mejoramiento de las condiciones de vida de las masas populares.

Propiciamos:

a) La libertad de todos los presos políticos, reconocidos o desapaba-
recidos y la amnistía para todos los procesados por el régimen fascista; el término del Estado de sitio, del toque de queda y de las disposiciones de emergencia que atentan contra las libertades públicas; la disolución de la DINA; el enjuiciamiento de los criminales fascistas por tribunales de derecho; el regreso, con plenas garantías para su vida y libertad de todos los exiliados; la reincorporación a las filas de los centenares de hombres de armas que han sido excluidos de ellas por razones políticas; reincorporación a sus empleos de los trabajadores, técnicos y profesionales expulsados por los mismos motivos.

b) La derogación del decreto 198 y el restablecimiento de todos los derechos sindicales, particularmente los de reunión, elección de sus dirigentes, administración de sus bienes, petición negociación y huelga;

c) La restitución de la autonomía universitaria para asegurar una dirección democrática de los centros de educación superior y la eliminación de la influencia fascista en todas las ramas de la enseñanza, expulsando de ellas a los agentes directos de la tiranía;

d) La restitución de la gratuidad de la enseñanza y la adopción de medidas para evitar la deserción escolar por razones económicas y asegurar el acceso a la educación superior a los más capaces, independientemente de su condición económico-social.

e) El desarrollo de las manifestaciones de la cultura nacional en un medio abierto a los aportes de la cultura mundial y la liquidación inmediata de las medidas de censura y prohibiciones sobre toda clase de impresos adoptadas por el fascismo.

Se debe crear las condiciones materiales y morales para asegurar el aporte al país de sus artistas, intelectuales y científicos.

## Asuntos de Política Internacional

Propiciamos:

a) El ejercicio pleno de la soberanía del país en los asuntos de política exterior, orientado a promover la fraternidad entre los pueblos, la coexistencia pacífica, el desarrollo de la distensión internacional y el aseguramiento de la paz mundial;

b) El establecimiento de relaciones diplomáticas normales con todos los países, en particular con aquellos que por responsabilidad de la Junta se encuentran rotas o suspendidas;

c) El restablecimiento de los vínculos de amistad y colaboración con
los países socialistas y con el movimiento de los países no alineados;

d) La profundización de los lazos de amistad y colaboración con los países de América Latina y del Caribe y, en especial, con las naciones limítrofes.

Además, el Partido Comunista considera que existe la obligación de todas las fuerzas democráticas de contemplar, en el programa común, medidas para dar solución al problema nacional y social del pueblo mapuche y que a este respecto debemos alcanzar acuerdos concretos.

Creemos que hay que establecer como mínimo ciertas obligatoriedades del Estado como las de crear una Escuela Normal para profesores mapuches, resolver el problema de la escritura mapuche y la creación de escuelas donde se enseñe en su lengua; crear, con un financiamiento suficiente, un instituto del folklore y de la cultura mapuches, y estudiar formas que aseguren una representación porcentual acorde con su peso en el país en los órganos de representación popular nacionales, regionales y locales que corresponda.

Del mismo modo, no puede estar ausente del programa la situación del millón de chilenos que vive fuera de su país, porque en su patria no ha encontrado trabajo ni perspectivas y en los últimos 4 años, ha imperado el terror o ha sido objeto de discriminación. En varios países, cientos de miles de compatriotas viven en general en muy difíciles condiciones. Deberemos promover su repatriación y asegurar una atención preferente del Gobierno para buscar y encontrar, con los países hermanos donde residen, acuerdos que garanticen condiciones dignas para ellos mientras permanezcan fuera de su patria.

Estas son nuestras proposiciones. Al formular estas iniciativas, y más aún, al elaborar este informe, hemos tenido en cuenta no sólo las opiniones de nuestro Partido y de las fuerzas sociales que representa, sino también otros criterios que consideramos razonables y, asimismo, opiniones que, sin compartir plenamente, reflejan problemas reales.

Bien sabemos que no somos los únicos que actuamos en el escenario político chileno. Hay y habrá otras opiniones, diversas de las nuestras. Sin embargo, en el seno del pueblo, entre las fuerzas democráticas, no caben antagonismos irreconciliables sobre las cuestiones que hemos planteado. Creemos posible encontrar un acuerdo y, para alcanzarlo, no hay otro camino que el acercamiento, la acción mancomunada y el diálogo constructivo.

No se trata de iniciar esto, porque de hecho está iniciado en el seno del pueblo, y de algún modo, también en la cúspide.

De lo que se trata es de acelerar el entendimiento.

Pueden separarnos todavía ciertas cosas, pero en una, al menos, estamos de acuerdo: la necesidad de echar a Pinochet. Eso sería un paso adelante.
A este propósito queremos reiterar lo expresado en nuestro Manifiesto de mayo: "Si en el curso de la lucha por esta salida democrática de fondo se producen eventualmente algunos cambios, como el desplazamiento de Piñochet y su Junta, el pueblo no tendrá una actitud indiferente y considerará tales cambios circunstanciales como un paso en su combate por la libertad y la democracia".

"Cualesquiera sean las modificaciones que puedan producirse, los comunistas luchamos y lucharemos por la unidad de todas las fuerzas antifascistas y por un Gobierno que las represente ampliamente y conduzca al país por el camino de una auténtica democracia y de las profundas transformaciones sociales. Esta es nuestra política para hoy y para mañana".

# Intervención en el Pleno del Comité Central de 1977

## Agosto 1977

El informe rendido por el compañero Corvalán galvanizará al Partido. Sus ideas se convertirán en banderas del pueblo.

Como ha dicho una compañera, en él se responden interrogantes que taldararon la mente y el corazón de cada militante desde la noche misma del 11 de septiembre. Examina los hechos sin hacerle el quite a los problemas cruciales. Es un ejemplo de autocrítica comunista: desnuda los errores, los mastica aunque resulte amargo, no se pone anteojeras piadosas, pero no olvida los logros históricos del Partido, de la clase obrera y del pueblo. Los méritos no son expuestos para reblandecer la crítica sino para hacer el análisis acertado que nos haga emerger de aquí con nuestra línea política afinada, enriquecida, partiendo del hecho que nuestra línea, no obstante errores e insuficiencias, fue la que hizo posible las mayores victorias que haya alcanzado hasta hoy la clase obrera chilena y cuyos valores no podemos ni debemos abandonar.

Con el informe alcanza una primera culminación el análisis indispensable de un período crucial de nuestra historia. Es un hito, en un proceso de comprensión, de aprendizaje de nuestra propia experiencia, que no ha sido fácil. Comenzó con la batalla clandestina para unos, en la lucha por llevar adelante la solidaridad internacional para otros, con las urgencias propias de cada situación.

Hoy vemos más claro y mejor. Para lograrlo han operado muchos factores. Por una parte la actitud del Partido, su decisión de ir a fondo. Por otra, la contribución hecha por diversos destacamentos y personalidades del movimiento comunista y también de otros sectores revolucionarios que han sido
una valiosa ayuda para nuestro propio análisis.

Todos entendemos que el examen de los tres años de revolución no tiene nada de académico ni de historicista. No es una obligación con el pasado, que debíamos cumplir para cerrar un capítulo de nuestra historia. Es un asunto de plena actualidad, vinculado directamente a nuestras luchas de hoy y de mañana. Haremos de nuevo grandes cosas, y mejores, precisamente si apreciamos correctamente nuestra experiencia y nos apoyamos en ella para perfeccionar nuestra elaboración política.

La segunda parte del informe es la prueba de lo que decimos. El análisis de los tres años expone nuestras insuficiencias en el trabajo militar, en general, y respecto de las fuerzas armadas en particular. Pero al hablar de hoy y del futuro el informe echa las bases de una política militar que completa la línea del Partido. La Dirección, a la vez, toma medidas. Diversas intervenciones lo expresaron. La autocrítica deja de ser parte, así, de la esfera de la reflexión, pasa a expresarse en la esfera de la acción del Partido. Así alcanza toda su significación comunista.

Hay que decir que el debate sobre los tres años sigue siendo una arena en que se enfrentan distintas posiciones que existen al interior del movimiento popular y del conjunto de las fuerzas antifascistas. No debemos perder esto de vista. Pero debemos cuidarnos de hacer el debate mirando hacia atrás. Se trata de fijar la vista en el futuro.

El informe pone en el centro de todo análisis la cuestión de la correlación de fuerzas, como el asunto decisivo para la suerte del proceso revolucionario.

La correlación de fuerzas debe ser vista como el balance entre las fuerzas de que disponen uno y otro de los dos polos de la contradicción principal. Es la relación de fuerzas activas que se establece, en medio de la lucha, entre las fuerzas motrices de la revolución, de una parte, y las fuerzas de la reacción, de la otra. Como se dice en el informe, para conformarla no cuenta sólo el número, aunque este tiene importancia. Cuentan también "la moral de combate, el nivel de organización, la capacidad de movilización, la homogeneidad de pensamiento de la coalición y, obviamente, de una manera relevante, el componente militar".

Precisamente porque es el balance de fuerzas entre los dos polos de la contradicción que madura y debe resolverse en un momento histórico determinado, en una etapa de la revolución, en su conformación ejerce una influencia, que puede ser decisiva, el comportamiento de las capas intermedias, presentes en toda formación social, capas que oscilan entre los dos polos, el de la revolución y el de la contrarrevolución.

La correlación de fuerzas se genera por la influencia combinada de los diversos factores de la lucha social: económicos, políticos, ideológicos, militares.

Conquistar una correlación de fuerzas favorables sólo es posible para
los objetivos que están maduros en un momento histórico determinado. Un asunto básico es, por eso mismo, la determinación adecuada por parte de la dirección revolucionaria del carácter de los cambios que permitan, efectivamente, la agrupación de fuerzas sociales suficientes para conformar una correlación de fuerzas favorable. Esos cambios son hoy, en nuestro caso, los que se engloban en la generación de una democracia antifascista.

Es claro, esa definición no basta por sí sola. La agrupación de fuerzas objetivamente interesadas en los cambios sólo puede materializarse a través de una activa lucha ideológica y política. Sólo de allí puede resultar la unión de los sectores sociales o su mayoría, la mayoría del pueblo, que permita la obtención de los objetivos revolucionarios propuestos. Es el trabajo que hemos iniciado y que tenemos por delante.

En definitiva, la correlación de fuerzas sociales-políticas que impulse los cambios deberá, para asegurar su victoria, resolver que también en el plano militar se conforme y se exprese una correlación de fuerzas en su favor. Esto no debe entenderse como la conquista de superioridad militar, necesariamente. Eso es casi imposible en condiciones normales del desarrollo de una situación revolucionaria. Generalmente la fuerza militar propia no será superior a la fuerza armada regular del Estado. Las experiencias de las revoluciones victoriosas, en general de los procesos revolucionarios, permiten concluir que la base de una victoria sólida y el aseguramiento de una correlación de fuerzas favorable en el plano militar está siempre en la generación de una correlación de fuerzas social y política favorable, y en el surgimiento de una situación revolucionaria. Esto abre las puertas, con una política adecuada, a la conformación de una correlación militar favorable, porque inevitablemente, en tal situación, oscilará en favor del pueblo una parte de las fuerzas armadas, se mellará el instrumento básico de la violencia reaccionaria, se crearán las condiciones para abatirlo o transformarlo y en eso jugará un rol de primera importancia nuestra fuerza militar propia, sobre la base de esa situación política.

En nuestro caso, las realidades confirmaron estos criterios. Una conducción política insuficiente, limitada por los conflictos en el seno de la coalición, por la imposibilidad de llevar el proceso de acuerdo a la línea de nuestro Partido y por las insuficiencias mismas de nuestra línea, impidió a la clase obrera movilizar con energía suficiente las fuerzas de que disponía, agrupar en torno a sí todas las fuerzas sociales y políticas que era posible ganar o, en el peor de los casos, neutralizar. Al revés, la reacción logró reunir a su alrededor a vastos sectores de las capas intermedias, que en un momento estuvieron o neutralizadas o con nosotros. Generó así una base de masas en la que llegó a utilizar como instrumento de su lucha política a sectores de los trabajadores. Mirando nuestro proceso se puede afirmar que a partir de un momento determinado se comenzó a producir un deterioro gradual de nuestras fuerzas y un crecimiento casi paralelo de las del enemigo. Ya en julio
de 1971 apreciamos los indicios de un estancamiento de nuestras posiciones. Nuestro Partido hizo la advertencia y comenzó su lucha por lo que llamamos entonces un golpe de timón. Claro, la erosión de nuestras posiciones no fue un proceso rectilíneo, hubo momentos en que logramos contener y hasta invertir temporalmente la tendencia. Pero al 11 de septiembre la correlación nos era muy desfavorable. Creo, sinceramente, que aunque hubiésemos tenido un desarrollo mucho mayor de nuestra fuerza militar propia no hubiéramos tenido posibilidades de vencer.

Al poner el problema militar en su justo lugar, al esforzarnos por superar a fondo nuestras debilidades en este terreno, debemos hacerlo partiendo del hecho de que la correlación de clases es lo primero y por eso, sin empobrecer otros aspectos de nuestra vía, lo esencial de la actividad del Partido sigue siendo el trabajo de masas, que incluye ahora lo militar con fuerza renovada.

Las opiniones expuestas en el informe sobre los méritos de nuestra revolución y las causas de su derrota, no serán compartidas de buenas a primeras por todo el movimiento popular.

Hay quiénes todo lo reducen a “la incapacidad para construir la defensa militar del proceso”. Pero la defensa militar del proceso no podía tener otra base que diera posibilidad de victoria que la de asentarse en una correlación de las clases y capas sociales favorable a la revolución. Alcanzar esa correlación era un asunto vinculado directamente a una conducción política acertada y única, vinculado a remediar en los hechos los errores remediables que era lo que permitía reunir en torno a la clase obrera fuerzas suficientes para vencer. Esto presupone ciertamente el componente militar en la política revolucionaria, pero vinculado al todo, no separado de él.

En la política leninista, la correlación de las clases es considerada siempre el factor clave. Lenin dice, más de una vez, que es “el fenómeno fundamental” para la adopción de decisiones políticas, en definitiva el núcleo para lograr una correlación de fuerzas favorable.

Ganar aliados para la clase obrera, construir en torno de ella una unidad más amplia y más coherente que ayer, en esto estuvo y está la clave de la victoria.

Alcanzar la unidad necesaria para vencer es un problema arduo. El informe diseña los criterios básicos y una secuencia del proceso: unidad de la clase obrera, unidad socialista-comunista, unidad de la Unidad Popular, frente de los antifascistas, reencuentro de los chilenos antifascistas y no fascistas.

Quisiera tocar algunos aspectos de este proceso.

Lo primero es que tenemos que sostener con firmeza nuestra política unitaria. Ello es una fuente de fuerza para el Partido y para el movimiento popular porque corresponde a las necesidades objetivas de grandes masas, de todos los oprimidos por la tiranía. Las capas medias, por ejemplo, que
oscilaron hacia la reacción e hicieron posible su victoria, se separan de ella por razones económicas y por razones políticas, y no tienen otra alternativa que mirar hacia la clase obrera. Hoy hay mejores condiciones para romper sus vínculos ideológicos con la reacción, para que pese más el juicio, o sea la comprensión de lo que es su destino real bajo el capitalismo, que los prejuicios que derivan de la influencia ideológica burguesa.

Tenemos que desarrollar a la vez la fuerza y la actividad de la clase obrera. Para ganar aliados hay que ser fuertes. Esto por una parte. Por otra debemos contar con la necesidad de luchar por la hegemonía, comprender que toda alianza, como lo recordara Gladys, es una unidad contradictoria, un proceso de unidad y lucha. Alianza y hegemonía son dos factores inseparables. Si no la gana la clase obrera, la ganará la burguesía.

La unidad socialista-comunista es un asunto esencial para conquistar las mejores posiciones para la clase obrera. El informe da un relieve especial a esta unidad. Nos plantea la obligación militante de fortalecerla.

El Partido Socialista de Chile es destacado por sus dirigentes como un partido socialista especial. Y fundamentalmente tienen razón. No se consideró como partido socialdemócrata sino revolucionario y durante más de 20 años se mantiene en posiciones unitarias con el Partido Comunista. En esto tiene influencia, es claro, la actitud unitaria de nuestro propio Partido, pero es indispensable reconocer también el mérito del Partido Socialista.

El Partido Socialista es una realidad y su persistencia como partido está en correspondencia, precisamente, con realidades sociales.

Para explicarse su carácter, hay que tener en cuenta la heterogeneidad de la clase obrera, las experiencias diferentes que viven unos u otros de sus núcleos, los niveles distintos de conciencia de diferentes destacamentos. La clase obrera no se forma sólo de sus hijos, sino también de la proletarización de sectores de la pequeña burguesía, sobre todo de campesinos, también de artesanos. Dado estos diferentes niveles de conciencia es normal que sectores de la clase obrera hagan su aprendizaje revolucionario sin llegar de inmediato a posiciones comunistas. Se hace más fácil para muchos su acercamiento inicial a un partido como el Partido Socialista.

Por otra parte, sectores de capas intermedias que “descubren” el socialismo podrán también llegar a él más fácilmente por la vía de un partido como el Partido Socialista, mientras otros llegaron y llegarán al socialismo por la vía de nuestro Partido.

De esta realidad social del Partido Socialista, que se expresa en su arraigo en sectores importantes de la clase obrera, a veces menos desarrolladas políticamente, y en sectores de capas intermedias que viran hacia la revolución, resultan las características de su vida.

En los veinte años de nuestra unidad, el Partido Socialista ha dado gran-
des pasos. En 1957, sus militantes tenían prohibido visitar los países socia-
listas. Hoy, remarca el rol de la URSS, del campo socialista en el desarrollo
de la revolución mundial, denuncia a los que pretenden que la coexistencia
pacífica perjudica a los procesos revolucionarios, se alza contra la actitud de
los maoístas. No es poco.

Nuestro Partido, a través del compañero Corvalán, planteó hace unos
años una idea que creo debemos reafirmar. Nosotros, comunistas, ejercemos
nuestro rol de vanguardia a través de acuerdos o en la búsqueda de acuer-
dos con el Partido Socialista, en lo que llamábamos la dirección compartida.
Esto, atendiendo a su influencia en la clase obrera. De aquí no se derivan la
existencia de dos vanguardias. No significa tampoco, o no debe significar, la
renuncia a la aplicación de nuestra política independiente. En esto no debe
haber confusión, pero tampoco debemos adoptar ninguna actitud sectaria
que nos lleve a pregonar a cada paso nuestro rol de vanguardia.

La unidad socialista-comunista es el pilar esencial de la unidad de la clase obrera si se realiza llevando adelante una política amplia, combativa, clasista. No la completa, no la agota; hay todavía, más allá de socialistas y comunistas, sectores de la clase obrera influidos por otras ideologías, pero es básica para hacerla posible en su máxima expresión.

Sobre la base de la unidad de la clase obrera es posible construir las
alianzas que nos proponemos y disputar en ellas, con perspectiva de éxito, la
hegemonía para la clase obrera.

Es un deber común, pero sobre todo nuestro, el disminuir las diferen-
cias que separaron a socialistas y comunistas y que tan grande influencia tu-
vieron en la derrota de la Revolución Chilena. Es una condición de la victoria
sobre el fascismo que conseguiremos cueste lo que cueste.

La dialéctica de las vías revolucionarias

Los 1000 Días de Revolución

Dirigentes del PC de Chile analizan las enseñanzas de la experiencia chilena

Editorial Paz y Socialismo, Praga, 1978

El proceso revolucionario chileno fue la primera experiencia prolonga-
da de desarrollo pacífico de la revolución. El movimiento comunista inter-
nacional lo ha apreciado por ello como un caso cuyo análisis es de gran valor
desde el punto de vista del perfeccionamiento de la estrategia y la táctica
revolucionarias. El estudio de estas luchas de clase permite extraer conclu-
siones para enriquecer la teoría del desarrollo de la revolución por una vía
pacífica, así como para precisar sus límites y para subrayar la vigencia de la concepción marxista-leninista de la necesidad de estar en condiciones de uti-lizar todas las formas de lucha.

Para nosotros, comunistas chilenos, la evaluación precisa del proceso como totalidad, de éxitos y errores, es una necesidad para conducir acerta-damente nuestras luchas del presente y del porvenir. Es una tarea a la que se viene prestando atención desde los primeros días después del golpe, pero que sigue siendo actual.

Nuestra experiencia es, en verdad, una confirmación de que las vías de la revolución, pacífica o armada, no pueden ni deben ser concebidas como formas excluyentes. Una contraposición absoluta de ellas acarrea serios peli-gros para el éxito del proceso revolucionario.

Ya Marx, hablando en nombre de los obreros revolucionarios, advertía a los reaccionarios: "... Actuaremos contra ustedes pacíficamente donde sea posible, con las armas donde sea necesario". Fijaba con ello criterios gene-rales de táctica que no han perdido vigencia. Las vías distintas de acceso al poder y de su consolidación, pacífica o armada, han de ser vistas en el devenir del proceso, constituyen una unidad dialéctica. Un ejemplo brillante de tal concepción de las vías es la que llevó a la práctica Lenin en 1917. Señala en abril las posibilidades de desarrollo pacífico; después de los hechos de julio afirma la necesidad de prepararse para la insurrección armada que conducirá a la victoria de la Revolución de Octubre.

Nuestro partido, que desde tiempo antes venía explorando posibilida-
des de acercamiento a la revolución por vía pacífica, durante la década de los
años sesenta profundizó su propia elaboración, perfeccionando gradualmen-
te una concepción, aplicable a las condiciones de Chile, que trataba de tener
en cuenta las leyes generales de la revolución y también las particularidades
nacionales. Los comunistas propusimos unir alrededor de la clase obrera a la
mayoría del país, a todas las fuerzas antiimperalistas y antioligárquicas, para
construir un gobierno capaz de llevar adelante los cambios revolucionarios
que la maduración de la crisis de la sociedad chilena hacia indispensable. Se
trataba de cristalizar la revolución antimperialista, antimonopolista y agraria
con la perspectiva de avanzar al socialismo. Diferenciando dos etapas estra-
tégicas de la revolución nos proponíamos desarrollarlas en un proceso sin
ruptura, posibilidad determinada por el entrelazamiento objetivo de las tareas
de una y otra y por el rol dirigente que la clase obrera puede y debe asumir
en la vasta alianza de las fuerzas interesadas en los cambios. Nuestro partido
puso en evidencia que se perfilaba una crisis revolucionaria y junto con ello
las posibilidades que se abrían en nuestro país para llevar adelante la revolu-
ción por una vía pacífica.
La posibilidad de que el movimiento obrero y popular se abra paso al poder sin recurrir a la violencia armada generalizada depende de factores muy diversos, objetivos y subjetivos, nacionales e internacionales. Considerábamos posible una determinada conjunción de estos factores que permitiera esa forma de victoria popular en Chile. Esta constatación se convirtió en un importante factor subjetivo que dio fuerte impulso al desarrollo del movimiento de masas y ensanchó las posibilidades de alianza en torno a la clase obrera.

El partido hubo de defender su concepción contra múltiples ataques y muchas incomprensiones. Se demostró en la teoría y en la práctica el carácter revolucionario de esa vía. Se precisó que el apelativo “pacífico” no debía conducir a equívocos. El desarrollo del proceso por esos cauces no significaba mantener la lucha del movimiento popular solo en los marcos de las formas legales burguesas, ni se vinculaba necesariamente, ni mucho menos exclusivamente, a procesos electorales. La vía pacífica (decíamos también “no armada”) no implicaba ni podía implicar la prescindencia de la violencia en el desplazamiento de las clases reaccionarias del poder. Estamos convencidos de que la revolución es siempre violencia y coerción social aunque no sea siempre armada.

Todos los escritos del partido destacaban que la cuestión de la vía a seguir es algo que no pueden determinar subjetivamente los revolucionarios, que no está exclusivamente en sus manos decidir y que debía preverse cambios en la situación y adoptar las formas de preparación consiguientes. Esta conclusión está explícita en la redacción del Programa de nuestro partido en 1969. En dos versiones anteriores se había redactado el asunto de las vías remarcando las posibilidades de la vía pacífica. Ahora, en cambio, no se hacía tal mención. Como dijo el camarada Luis Corvalán el XIV Congreso Nacional del Partido, “el nuevo texto del Programa sostiene que ‘la revolución es un proceso múltiple vinculado a todas las luchas que viene librando nuestro pueblo. Sus vías se determinan en conformidad a la situación histórica, pero siempre han de basarse en la actividad de las masas’. En consecuencia, la salida revolucionaria no está asociada, obligatoriamente, a una vía determinada”.

Esta apreciación no estaba vinculada a un cambio de táctica; era una mejor elaboración de aquella con que veníamos trabajando.

A la luz de nuestra experiencia parece claro que es necesaria una profundización mayor de las categorías vía pacífica y vía armada. Los hechos indican que hay que despojar esos conceptos de connotaciones estratégicas, remitirlas más al terreno de la táctica, que cambia al modificarse las circunstancias, y hacer el análisis y la proyección de línea política desde el punto de vista de su interrelación y unidad dialéctica. Nuestros puntos de vista sobre esa dialéctica, como se ha señalado, se precisaron progresivamente, pero subistió cierta tendencia a absolutizar la vía pacífica. Usamos expresiones como
“cauce natural” para referirnos a ella y el concepto correcto de la necesidad de trabajar en un determinado periodo con “una sola línea” se convirtió para muchos en una identificación de nuestra línea con la vía por la que marchábamos en ese momento.

Como se sabe, Lenin exigía del partido revolucionario el dominio de todas las formas de lucha. Pero unía a esa necesidad la exigencia de guiarse en un momento determinado por una línea táctica definida. Explicaba que no se debía “confundir la admisión en principio de todos los medios de lucha, de todos los planes y procedimientos, con tal de que sean convenientes, con la exigencia de que en determinado momento político es preciso guiarse por un plan aplicado en forma inflexible…”

Resolver en la lucha la aplicación de estos criterios no es siempre fácil. Hay que tener en cuenta el peso de una situación objetiva puesta de relieve por el mismo Lenin y que se manifestó en el caso chileno.

“Toda forma de lucha requiere la correspondiente técnica y el correspondiente aparato –subrayaba Lenin–. Cuando las condiciones objetivas convierten la lucha parlamentaria en la principal forma de lucha (Lenin se refiere aquí a formas de lucha revolucionarias), será inevitable que en el partido se destaquen con mayor fuerza los rasgos del aparato, en función de la lucha parlamentaria”. La acentuación de tales rasgos conlleva ciertos riesgos para operar con agilidad los cambios de táctica que puede imponer el curso de los acontecimientos, riesgos que solo puede minimizar una actividad muy atenta y profunda de la dirección y de todo el partido. Tal actividad existió en nuestro caso, pero resultó insuficiente.

No obstante defectos, el análisis del partido había entregado los elementos teóricos esenciales de carácter estratégico y parcialmente de carácter táctico capaces de generar y conducir un fuerte movimiento de masas tras objetivos revolucionarios. Se crearon las condiciones para hacer cuajar la situación revolucionaria en desarrollo por medios fundamentalmente no armados. La línea política, que definía acertadamente los enemigos principales y descargaba en ellos el golpe central y que, abierta al aprovechamiento de la coyuntura electoral, ponía el acento especialmente en el desarrollo de la lucha de masas, en su actividad revolucionaria, mostró su capacidad de conseguir la victoria.

Como resultado de un complejo sistema de perseverantes combates de clases que abarcó todos los frentes de la actividad social, esa orientación condujo a la conquista de la presidencia de la República por la Unidad Popular.

La victoria de 1970 realizó la posibilidad del ascenso al poder (en rigor, a una parte el poder) de un gobierno revolucionario utilizando el mecanismo electoral burgués y las leyes de la democracia burguesa. La hipótesis planteada por la teoría leninista de la revolución se convirtió en hecho.

¿Acaso la derrota posterior del proceso chileno comprueba la invalidez