especialmente después del episodio conocido como la crisis de los misiles, ocurrido entre Estados Unidos y Rusia en 1962. Incluso América Latina se vio influenciada por este ánimo regulatorio y, aunque en la década de 1960 no contaba con ningún potencial nuclear significativo, suscribió el Tratado de Tlatelolco en 1967, mediante el cual se autoimpuso la restricción de desarrollar cualquier iniciativa nuclear que no tuviera fines pacíficos.<fnref n="5" />

A diferencia de lo ocurrido con las armas grandes, durante el período de Guerra Fría no se produjo ninguna iniciativa global de control de las armas pequeñas, lo cual generó el espacio propicio para su proliferación. De hecho, en esta época se entendió que las armas pequeñas no representaban un desafío a la seguridad del Estado, lo cual invisibilizó su enorme potencial de daño a los seres humanos. En este contexto, se consolidó un mercado internacional de armas pequeñas (y también livianas),<fnref n="6" /> alimentado por las transferencias de estos dispositivos desde las potencias en pugna, Estados Unidos y la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hacia los países del tercer mundo con la finalidad de ganar influencia política en zonas categorizadas como estratégicas. Con estos antecedentes, es comprensible que la transferencia tanto legal como ilegal de armas de fuego a países periféricos se haya constituido en una actividad más dentro de la agenda de seguridad.

En este momento, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se construyeron de manera vertical, lo que es evidente en las intervenciones militares y políticas norteamericanas en casi todos los países de la región.<fnref n="7" /> Esta actuación, producto de la identificación estadounidense con las bandas latinoamericanas afines a su ideología liberal capitalista, se materializó en términos de apoyo económico y/o militar en contra de los grupos de tendencia opuesta o comunista (Westad 2005). Esta situación exacerbó la conflictividad interna en algunos países, especialmente en América Central y el Caribe, al tiempo que activó un lucrativo negocio de armas de fuego en la región (Laurance y Stohl 2002; UNODC 2010) que trascendió el período de la Guerra Fría.

Con la caída del bloque soviético y con la instauración de un orden internacional unipolar, perdió sentido tanto la competencia por zonas de influencia geoestratégica en la periferia del mundo como la lucha ideológica; a fin de cuentas, el liberalismo y el capitalismo habían ganado la batalla sobre el comunismo. Por lo tanto, las inter-

<footnote n="5">5 Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Tratado de Tlatelolco. 2002. Acceso el 14 de noviembre de 2014. http://www.opanal.org/texto-del-tratado-de-tlatelolco/</footnote>

<footnote n="6">6 Las armas livianas son aquellas destinadas a ser transportadas o usadas por una o un grupo de personas (Ávila et al. 2011). Los tipos de armas que se encuentran en esta categoría son: ametralladoras pesadas; de mano bajo el cañón y lanzagranadas montado; cañones antiaéreos portátiles; cañones antitanque portátiles, cañones sin retroceso; lanzadores portátiles de sistemas de misiles y cohetes contracarro; lanzadores portátiles de sistemas de misiles antiaéreos; morteros de calibre inferior a 100 mm (ONU 1997, 12).</footnote>

<footnote n="7">7 Como las invasiones a Nicaragua (1928), República Dominicana (1965), Haití (1989), Granada (1989), Panamá (1991). Además colaboraron en los derrocamientos de algunos presidentes como Hugo Banzer en Bolivia (1971) y Salvador Allende en Chile (1976), entre otros.</footnote>
venciones militares en los conflictos internos de los países pequeños empezaron a ser innecesarias. Sin embargo, el hecho de que la confrontación este-oeste haya terminado, no puso fin a los mercados de armas de fuego; de hecho, los países productores de armas de todo tipo sostuvieron sus capacidades instaladas y prontamente se vieron con grandes existencias (*stocks*) a su haber (UNODC 2010) que debían ubicar en los mercados que las demandaran.

En este sentido, el contexto internacional de Posguerra Fría, acelerada globalización, apertura y liberalización de mercados, débiles controles internacionales y reducción de las guerras entre Estados hizo que la producción de armas pequeñas se orientara hacia países con conflictos políticos internos y buscó atender la demanda de grupos dedicados al crimen organizado (ver UNODC 2010, vi; DerGhougassian 2011, 13-14), lo cual también contribuyó a activar la conflictividad intraestatal y la violencia, especialmente en Estados débiles. Esto ocurría al mismo tiempo que los controles del comercio de armas se distendían en el sistema internacional, principalmente para las denominadas armas pequeñas (DerGhougassian 2011). Con un efecto similar al del dominó, la falta de controles provocó un crecimiento de la disponibilidad de armas en el mercado mundial,<fnref n="8" /> lo cual facilitó (sin ser el único factor influyente) el acceso de la sociedad civil a estos artefactos.<fnref n="9" />

Así, las armas de fuego se convirtieron en un verdadero problema de seguridad para varios países pequeños; estos, junto con la sociedad civil y la comunidad académica, fueron los pioneros en llamar la atención del mundo sobre la relación entre armas y violencia, y en proponer un régimen internacional de regulación y control de las transferencias de estos artefactos. En otras palabras, estos agentes iniciaron el proceso de seguritización de las armas de fuego, utilizando un discurso que buscaba posicionarlas como una amenaza existencial para la humanidad.

## Auge y caída de las armas pequeñas y livianas en la agenda internacional de seguridad

A mediados de la década de 1990, las armas pequeñas ligeras comenzaron una trayectoria hacia su seguritización gracias a la existencia de una comunidad de expertos de varios países del mundo que estaban interesados en este tema y que, por lo tanto, desarrollaron investigaciones y publicaciones para evidenciar las problemáticas asociadas con las armas de fuego (como la violencia y el tráfico ilícito, entre otras). La

<footnote n="8">8 Se estima que la venta legal de armas de fuego mueve aproximadamente 8,5 miles de millones de dólares anualmente, lo que incluye la venta de partes y de muniaciones (Small Arms Survey 2013). A esto se suman unos 100 millones de dólares correspondientes a las transferencias lícitas no registradas, más un aproximado de 300 millones provenientes del mercado ilícito.</footnote>

<footnote n="9">9 Según Small Arms Survey (2011), casi las tres cuartas partes del arsenal mundial se encuentran en manos de la sociedad civil.</footnote>
visibilización de las armas de fuego también se debe a los esfuerzos de ciertas organizaciones no gubernamentales internacionales interesadas en controlar su comercio legal e ilegal (DerGhougassian 2011; Krause 2007; García 2004). También fue el resultado del compromiso de algunos organismos internacionales con el microdesarme<fnref n="10" /> propuesto por el Secretariado de las Naciones Unidas, en ese momento, a cargo de Butros Butros-Ghali. A estas iniciativas se sumó el impulso de los países africanos, independizados a lo largo del siglo XX de los poderes coloniales europeos y que se encontraban azotados por la violencia vinculada con las armas de fuego (ver Krause 2007). Esta iniciativa también estuvo apoyada por los países latinoamericanos, los cuales establecieron el primer régimen occidental de control de estos dispositivos.

Al igual que lo ocurrido con la prohibición de las minas antipersonales,<fnref n="11" /> la seguritización de las armas de fuego estuvo precedida por la producción de conocimiento y también por el activismo de la sociedad civil. La particularidad del caso de las armas es que su ingreso en la agenda internacional de seguridad tuvo como motor principal las investigaciones que relacionaban su uso con el incremento de la violencia en conflictos intraestatales y en la lucha contra la criminalidad (García 2004), es decir, en contextos ajenos a la guerra convencional.

En 1988 aparecieron los primeros artículos académicos que hablaron específicamente del tráfico de armas de fuego.<fnref n="12" /> A inicios de la década de 1990, las investigaciones sobre el tema –auspiciadas por algunas universidades canadienses y norteamericanas– comenzaron a ser más sistemáticas y a arrojar información contundente. Algunos resultados de estos estudios asociaron la proliferación de armas de fuego en países de África y de Asia con la violencia política, social, étnica, entre otras, en que vivían (García 2004); otros hicieron notar la falta de controles internacionales respecto a las transferencias lícitas e ilícitas de armas pequeñas. Lo cierto es que estos trabajos sirvieron como base para articular un discurso seguritizador que poco a poco posicionó las armas como una amenaza existencial para determinadas poblaciones del mundo, logrando influir sobre la opinión pública internacional respecto a la necesidad de control.

<footnote n="10">10 Butros-Ghali explica el desarme en los siguientes términos: “Con esto me refiero al desarme práctico en el contexto de los conflictos que las Naciones Unidas están enfrentando actualmente con y por las armas, la mayoría de las armas ligeras están matando a cientos de miles de personas” (ONU 1995, 14).</footnote>

<footnote n="11">11 En el caso de las minas antipersonales, la sociedad civil internacional y las organizaciones no gubernamentales internacionales implementaron una extensa campaña de publicidad, activismo y negociaciones que logró impedir su uso. Estas acciones se iniciaron oficialmente en 1992 y culminaron exitosamente con la suscripción del Tratado de Ottawa, en 1997 (Krause 2007; DerGhougassian 2011), en el cual se prohibió, desde su fabricación hasta su uso, por ser excesivamente perjudiciales para la población, entre ellos, niños y adultos (Axworthy 2008, 2030-2049). El compromiso con esta causa entre los miembros de la comunidad internacional ha hecho que distintos países realicen importantes esfuerzos por erradicar las minas en su territorio. Por ejemplo, en septiembre de 2015 Mozambique se convirtió en el primer país del mundo libre de estos artefactos.</footnote>

<footnote n="12">12 La literatura sobre armas nucleares y convencionales es más antigua que la literatura sobre armas pequeñas; no obstante, en la primera es posible encontrar referencias específicas a las armas de fuego y a los países pequeños, ya en la década de 1970. Al respecto, ver UNESCO (1976).</footnote>
Para 1994, la cuestión de las armas pequeñas era un tema solo de académicos e investigadores interesados en el comercio de armas, que escribían y documentaban acerca de la importancia de realizar nuevas investigaciones y sobre las consecuencias nocivas de su proliferación. No obstante, ya para estas fechas, el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) apoyó una serie de libros sobre la gestión de las armas y el mantenimiento de la paz en situaciones de posconflicto, como en Somalia, Zimbabwe, Mozambique, la ex República Yugoslava, Camboya, Liberia, Nicaragua y El Salvador (Rana 1995).

Un año más tarde, en 1995, Mali<fnref n="13" /> solicitó directamente a la Asamblea General de la ONU su contribución en la recolección de las armas pequeñas y livianas circulan- tes en su territorio y su cooperación en materia de control del tráfico ilícito a escala regional (ONU 1995). Con esta acción se podría sostener que la región africana impulsó la entrada de las armas de fuego dentro del sistema de las Naciones Unidas y logró abrir un espacio para tratar el tema en relación con la violencia que genera, con la seguridad humana y también como un problema con una dinámica internacional y regional que rebasa los esfuerzos internos de los Estados.

En respuesta al pedido de Mali, el Secretario General de ONU logró incluir las armas pequeñas y livianas en la agenda de la Asamblea General, específicamente en el informe *Suplemento de una agenda para la paz* (ONU 1995). Como resultado de esta acción, el 12 de diciembre de 1995, la Asamblea General emitió la Resolución 50/70B, pidiendo al Secretario General un informe sobre la acumulación, transferencia y tráfico ilícito de las armas pequeñas y livianas que se utilizan en los conflictos en los que parti- cipa la ONU con misiones. Este documento debía contener recomendaciones para pre-venir las problemáticas relacionadas y las opiniones de los Estados miembros al respecto.

Con estos antecedentes, se realizó el informe denominado *Desarme general y com- plete: armas pequeñas*, mismo que fue presentado a la Asamblea General el 27 de agosto de 1997. Este documento resulta relevante para comprender la vinculación entre la acumulación excesiva de armas pequeñas y livianas y la violencia. En dicho informe, se estableció que el origen de esta acumulación tiene una naturaleza multi- causal en la que intervienen factores internos y externos: en el plano internacional, la Guerra Fría y las transferencias de armas a regiones como África y América Latina por parte de las grandes potencias (mencionado previamente en el punto anterior); y en la dimensión interna, la predisposición cultural como un elemento que hace que la posesión de armas sea vista como un símbolo de estatus social, seguridad personal, medio de sustento, atributo viril y, en algunos casos, como símbolo de identidad étnica y cultural (ONU 1997, 16).

<footnote n="13">13 Mali es un país africano, excolonia francesa, que en 1985 entró en conflicto con Burkina Faso por la posesión de un territorio rico en minerales, mismo que se resolvió en la Corte Internacional de Justica. Posteriormente en este país ha tenido lugar una serie de enfrentamientos étnicos y políticos que han generado un importante escalamiento de la violencia y graves violaciones a los derechos humanos (Human Rights Watch 2015).</footnote>
A esto se suma que en 1996 se estableció el primer panel de la ONU sobre armas pequeñas, en el cual participó una parte importante de la comunidad académica que había investigado el tema previamente. Esto desencadenó el proceso de construcción de normas internacionales para el control de las armas de fuego y marcó el momento en el cual las mismas ingresaron efectivamente en la agenda de seguridad internacional como una amenaza existencial que requiere la adopción de medidas de emergencia para enfrentarla.

Paralelamente al interés de los investigadores de las universidades, la sociedad civil comenzó a impulsar la seguritización de las armas de fuego. Así, entre 1993 y 1994, el Premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, invitó a personalidades del mundo galardonadas con el mismo premio a desarrollar un Código Internacional de Conducta que regulara las transferencias de todo tipo de armas y que respetara los derechos humanos así como el derecho internacional humanitario. En 1995, organismos como Amnistía Internacional junto con otras organizaciones no gubernamentales de origen inglés y norteamericano (Security Information Council, Saferworld y World Development Movement) se sumaron a la propuesta de Arias (Amnistía Internacional 2015). Esta iniciativa, sin ser vinculante, fue suscrita por varios países del mundo en 1996, en San Francisco, Estados Unidos (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2014a).

Este Código fue cuestionado por varios Estados (como Paquistán, Egipto, Colombia, entre otros) y por una parte de la sociedad civil, quienes se mostraron inconformes con que este compromiso contemplara únicamente sanciones morales. No obstante, para las organizaciones que lo impulsaron, el Código de Conducta contaba con la fuerza y la potencia para colocar el comercio de armas bajo el techo del derecho internacional humanitario (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2014b), y con esta idea, se inició la redacción de un documento legal que cumpliera con el objetivo de ser vinculante, que desembocó en el Programa de Acción (PoA), firmado en 2001, y posteriormente en el Tratado de Comercio de Armas, suscrito en 2013, como se verá más adelante.

Mientras esto ocurría, el “Tratado de prohibición de minas antipersonales” fue suscrito en 1997. Este hito se convirtió en un referente a seguir y en una demostración de que el activismo de la sociedad internacional y de los países pequeños puede tener resultados positivos en la implementación de regulaciones, incluso para asuntos como las armas de fuego (O’Dwyer 2006). De hecho, se conformó la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA, por sus siglas en inglés), como succesora natural de la campaña para prohibir las minas antipersonales (Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2014a; Laurance y Stohl 2002, 18), la cual articuló a la sociedad civil internacional en torno al Código de Conducta. A partir de este momento, muchas personas en el mundo se comprometieron con la reducción global del comercio de armas e impulsaron la adopción de varios de los instrumentos legales
de alcance global. Adicionalmente el sistema internacional fue altamente permisivo y favorable a la constitución de un régimen sobre comercio de armas.

Así, este contexto favorable permitió que el Código de Conducta se transformara en el Programa de Acción de la ONU (PoA). Este documento es de gran relevancia dentro del proceso de seguritización de las armas pequeñas y livianas debido a que es la primera iniciativa que se alejó del acotado objetivo de controlar el mercado ilícito de armas para concentrarse prioritariamente en cómo responder de forma adecuada a los diversos impactos creados por la disponibilidad generalizada y permanente de armas de fuego en las sociedades (Rogers 2009).

Pese a las virtudes del PoA, algunas voces criticaron su carácter no vinculante y lo tacharon de ser un instrumento blando dentro del sistema internacional. No obstante, desde otra perspectiva, este tipo de regímenes puede ser idóneo cuando los temas son nuevos en la agenda internacional y cuando no existen precedentes claros para su regulación (García 2004). De hecho, se podría sostener que el PoA abrió la puerta al establecimiento de un sistema regulatorio mundial de cumplimiento obligatorio. En efecto, durante el mismo año 2001, se suscribió el primer instrumento de alcance global y legalmente vinculante, aplicado específicamente a las armas pequeñas y livianas, a las municiones y a las partes y componentes, conocido como "Protocolo de armas de fuego" (Small Arms Survey 2013). Este instrumento internacional constituye un anexo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, también conocida como la Convención de Palermo, cuya finalidad es promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional.

Una década más tarde, el 2 de abril de 2013, tuvo lugar el "Tratado de control de armas" (TCA) como resultado de un largo período de negociaciones.<fnref n="14" /> Para este momento del proceso de seguritización de las armas de fuego, perdió la especificidad lograda a inicios de la década de 2000. Efectivamente, si se revisa la historia del TCA, se puede ver que las armas pequeñas fueron un objetivo subordinado al control y regulación de las armas convencionales (Luque, entrevista;<fnref n="15" /> Fundación Arias para la Paz y El Progreso Humano 2014b). Adicionalmente la inclusión de las armas de fuego dentro las regulaciones encontró mucha oposición por parte del grupo de países árabes y de los países productores, siendo estos últimos los más reacios a la imposición de controles sobre las municiones (Luque, entrevista), lo cual dejó un importante y peligroso vacío en el texto del TCA.

A esto se suma que, como resultado de las tensiones surgidas en las negociaciones, el TCA debilitó varios de los logros alcanzados por los acuerdos previamente suscritos. En otras palabras, este instrumento convirtió en facultades discrecionales algunas de las

<footnote n="14">14 Para organizaciones como la Fundación Arias –que fue una de sus promotoras originales–, el TCA fue suscrito en un tiempo récord, especialmente si se lo compara con el régimen nuclear u otros que han demorado muchos años. Entrevista a Lina Barrantes, Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 5 de septiembre de 2014.</footnote>

<footnote n="15">15 Entrevista a Fernando Luque, exembajador de Ecuador en Nueva York, 10 de febrero de 2015.</footnote>
regulaciones que eran de carácter obligatorio en instrumentos como el PoA, especialmente en lo que respecta al registro de exportaciones (Small Arms Survey 2013), pero también en relación con marcaje, intermediación (brokering), destrucción de excedentes, manejo de reservas y seguridad, intercambio de información y transparencia (ver Laurence y Stohl 2002). En este sentido, la sociedad civil debe asumir la responsabilidad de supervisión, verificación y de responder al incumplimiento en el control de armas pequeñas y ligeras, especialmente en aquellos países con capacidades estatales débiles, asumiendo que los flujos de armas en relación norte-sur seguirán fluyendo (Sears 2012).

A lo largo del período descrito, se puede ver cómo las armas de fuego entraron en la agenda internacional gracias a un discurso que las posicionó como una amenaza existencial para los seres humanos. De hecho, dos Secretarios Generales de la ONU, en distintos momentos, aludieron a la capacidad de daño de las armas pequeñas y uno de ellos llegó a equipararlas con verdaderas armas de destrucción masiva.16 Sin embargo, aunque los agentes seguritizadores (comunidad académica, sociedad civil internacional, organizaciones internacionales y países pequeños africanos y latinoamericanos) lograron llamar la atención sobre las armas de fuego, el discurso utilizado por estos actores no logró un consenso similar al alcanzado por la campaña para prohibir las minas antipersonales.

Algunos analistas sostienen que esto se debe a la falta de claridad respecto al enfoque central en el mensaje que rodea a las armas pequeñas. En otras palabras, el discurso seguritizador de estos dispositivos no plantea de manera explícita cuál era la acción que se debía impulsar: si reducir las víctimas de las armas o controlar las transferencias ilegales (O'Dwyer 2006; Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano 2014a) y esto hacía que la fuerza del mensaje se diluyera. Desde otros puntos de vista, las minas antipersonales eran más sencillas de seguritizar debido a que nunca estuvieron en manos de la sociedad civil porque no tenían ninguna utilidad fuera del contexto de guerra, sin embargo, las armas de fuego, desde su creación, han estado en manos de personas con distintos propósitos y utilidades, como la caza y la autoprotección por ejemplo, lo que ha hecho que algunas sociedades sean muy reticentes a la implementación de políticas de control sobre estos instrumentos, aún en el nivel internacional (Kahan y Bramant 2003). Finalmente otros discursos deseguritizadores señalan que las políticas internacionales de control de armas han servido al objetivo de reproducir las relaciones imperiales, es decir, para concentrar el poder militar en las actuales potencias y mantener al margen de este desarrollo a los países más pequeños o incluso aquellos con capacidades intermediarias (Eide 1976; Stravrianakis 2011; Luque, entrevista). Esta ha sido la posición de países latinoamericanos como Venezuela, Ecuador u Honduras frente al TCA, razón por la cual no lo han suscrito todavía.

<footnote n="16">16 En 1995, Butros-Ghali se refirió a las armas pequeñas como armas que “matan gente por cientos de miles” (ONU 1997, 60-61); en el año 2000, Kofi Annan sostuvo que las armas pequeñas debían ser reconocidas como verdaderas armas de destrucción masiva (Annan 2000).</footnote>
## Las armas de fuego en la agenda latinoamericana

Mientras la ONU estaba apenas considerando a las armas pequeñas como una problemática, la Organización de Estados Americanos (OEA) ya en 1990 había expresado su preocupación al respecto y había abordado el problema en relación con el narcotráfico y el crimen organizado en general. Efectivamente, entre 1993 y 1996, en el marco de la OEA se conformaron tres grupos de expertos, cuyos análisis dieron como resultado un “Reglamento modelo para el control de tráfico de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones” para los Estados miembros, mismo que fue redactado por los países integrantes del denominado Grupo de Río (Rogers 2009).

Esta iniciativa desembocó en la celebración de la “Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados” (CIFTA) en 1997. El objetivo de esta Convención estuvo centrado en la reducción y control del tráfico ilícito de armas. Su suscripción convirtió a occidente en la primera región del mundo en desarrollar un tratado legalmente vinculante contra el tráfico ilegal de armas de fuego (Godnick y Vásquez 2003).

Su rápida y temprana suscripción sirvió de ejemplo para la generación de instrumentos de similar naturaleza en otras regiones del mundo, entre ellos, el “Protocolo sobre el control de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados” en África Meridional (conocido también como SADC Firearms Protocol) que entró en vigor el 8 de noviembre de 2004. También inspiró el “Protocolo de Nairobi para la prevención, control y reducción de armas pequeñas y ligeras en la región de los Grandes Lagos y el Cuerno de África (Protocolo de Nairobi)” que entró en vigor el 5 de mayo de 2006 (Rogers 2009).

En América Latina, la CIFTA también inspiró la conformación de regímenes subregionales de control de armas. Por ejemplo, la suscripción en 1998 de la “Declaración presidencial sobre cómo combatir la fabricación y el tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados”, entre los países que forman parte del MER-COSUR. En la región andina, la CIFTA fue la antesala de la Decisión 552, adoptada en el año 2002, por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conocida también como el “Plan andino para la prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”. Este mecanismo resulta innovador en el llamado que hace a la sociedad civil para participar en los procesos toma de decisiones y en el seguimiento y control de las medidas adoptadas.

A diferencia de lo ocurrido en Sudamérica, en la región central del continente americano existe un mayor dinamismo e interés por lograr un mejor control de las armas de fuego, tanto de parte de los gobiernos como de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, el Sistema de Integración Latinoamericano instauró dos mecanismos para enfrentar tráfico ilícito de armas: el “Tratado marco de seguridad democrática”, en el
seno del cual tuvo lugar el “Programa centroamericano para el control de armas pequeñas y ligeras” (CASAC, por sus siglas en inglés). Formaron parte de esta iniciativa ocho Estados: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Actualmente, dentro de este Programa, se ejecuta el proyecto “Apoyo a la lucha contra la tenencia y tráfico de armas de fuego en Centroamérica y países vecinos” con fondos de la Unión Europea (CASAC 2015).

En Latinoamérica, las diferencias entre una región y otra respecto a sus formas de involucramiento y activismo para el control de armas es significativa. Así, en la región andina la sociedad civil ha tenido una débil participación en este tema, tanto en lo relacionado con la producción de investigaciones como en lo relativo a la generación de propuestas para la formulación de políticas de regulación del comercio legal y de porte y tenencia de armas; por tanto, han sido los Estados los principales protagonistas de este movimiento seguritizador, cuya forma de acción lo ha convertido en un proceso de tipo vertical, de arriba (Estado) hacia abajo (sociedad). Un ejemplo constituye el caso ecuatoriano, en el cual el Gobierno ha implementado un conjunto de medidas para contraer el mercado de armas de fuego.17 Por su parte, en América Central y en países como Argentina y Brasil, la sociedad civil ha sido mucho más activa y se ha involucrado profundamente en el control de las armas de fuego, lo que ha dotado a las políticas de control de una base social y de un modo de operación de abajo hacia arriba.

No obstante el dinamismo de ciertas regiones, América Latina en su conjunto ha mostrado un decaimiento en el impulso seguritizador de las armas de fuego. Si bien las iniciativas regionales de control de armas fueron pioneras a nivel mundial, estas no han logrado una armonía ni con la normativa regional ni con las reglas internacionales (establecidas en el PoA, en el “Protocolo de armas de fuego” y en el TCA), en asuntos de gran importancia como el marcaje de las armas, los intermediarios comerciales, la destrucción de los excedentes, el flujo de información entre países vecinos y la transparencia en los registros. En este sentido, el papel jugado por la OEA ha sido más bien marginal.

La falta de consenso, coordinación y cooperación entre los países de la región ha motivado la acción individual de algunos Estados, los cuales han optado por endurecer o modificar sus políticas y leyes de control de armas según sus propias dinámicas y problemáticas. Es así que al menos siete países de la región han elegido esta vía desde 2007, entre ellos: Ecuador y Perú hicieron reformas en el año 2007; Paraguay en 2010; Panamá en 2011; Venezuela en 2013; Bolivia en 2013, y Chile en 2015.18

<footnote n="17">17 En el año 2007, Ecuador inició una política de desarme de la sociedad que se inauguró con un “Programa de entrega voluntaria de armas”, implementado en mayo de 2007 y que continuó con una serie de medidas como el incremento del 300% de impuestos a la compraventa de armas pequeñas; la prohibición de su importación; la prohibición de su fabricación local; la prohibición del porte y el endurecimiento de los requisitos para tener y portar armas a las personas naturales (Álvarez et al. 2016).</footnote>

<footnote n="18">18 Los países mencionados han sufrido distintos tipos de reformas legales en diversos períodos, como se señala brevemente a continuación:</footnote>
Estas iniciativas individuales constituyen esfuerzos aislados que no necesariamente están en armonía con los países vecinos y que, en muchas ocasiones, pueden ser contradictorias y desventajosas para combatir o eliminar los problemas relacionados con las armas de fuego. Este es el caso de la región andina, dentro de la cual Colombia, Ecuador y Perú son países que, pese a estar ubicados en el mismo corredor geográfico, tienen normativas y perspectivas distintas respecto al control del mercado legal e ilegal de armas. Así, Colombia y Perú, aunque tienen una historia de conflictividad social y una economía política vinculada con actividades delictivas (como el narcotráfico) asociadas al uso de armas de fuego, cuentan con legislaciones poco restrictivas para el porte, tenencia, exportación, fabricación e importación de armas; mientras que Ecuador, ubicado en la mitad de ambos, ha impuesto importantes controles al mercado de armas de fuego, con miras a desincentivar la oferta y la demanda.

Como se puede ver, en América Latina el proceso de seguritización de las armas pequeñas y livianas es distinto al ocurrido en la escala global. En algunas subregiones, el interés por regular las armas ha estado determinado por el Estado más que por la sociedad civil. Finalmente, si bien a finales de la década de 1990 y a inicios de 2000 estas regiones influyeron y fueron influidas positivamente por el contexto internacional favorable que permitió la seguritización de las armas en la agenda internacional, en la actualidad el alcance de este proceso ha perdido impulso.

## Conclusiones

El período de la Posguerra Fría desde sus inicios estuvo caracterizado por una acelera-da globalización, por la apertura y liberalización de los mercados de capitales, bienes y servicios, por la vigencia de débiles controles y restricciones para limitar la proliferación de armas de todo tipo, por el crecimiento de la conflictividad política, étnica, religiosa, socioambiental, por cambios en las formas de expresión de la violencia y por el aumento de las actividades delictivas y criminales. Este contexto internacional configuró un ambiente en el cual las armas de fuego constituyeron un instrumento funcional para el ejercicio de la violencia y para la disrupción del orden y la legalidad.

Ecuador: no ha modificado su ley de control de armas, sin embargo, ha implementado una serie de medidas que han tenido un impacto importante sobre el mercado (oferta y demanda) de armas (Álvarez et al. 2016).

Perú: en 2007 se promulgó la Ley 29 106 modificatoria de la Ley 25 054, que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra y modifica los artículos 36 y 38 del Decreto Legislativo 635, Código Penal.

Paraguay: en 2011 emitió la Ley 4036 de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines.

Panamá: en 2011 promulgó la Ley general de armas de fuego, municiones, y materiales relacionados (Ley 57).

Venezuela: en 2013 emitió la Ley de desarme y control de armas y municiones.

Bolivia: en 2013 promulgó la Ley de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (Ley 400).

Chile: en 2015 emitió la Ley 20 813 modificatoria de la Ley de control de armas y el código procesal penal.
Estas circunstancias adversas afectaron de manera desmesurada a los países pequeños, especialmente a aquellos de institucionalidad estatal débil y de pocos mecanismos para garantizar condiciones de seguridad a toda su ciudadanía. No obstante, estas mismas condiciones negativas impulsaron una actitud proactiva que permitió la entrada de las armas pequeñas en la agenda internacional y –más importante aún– la adopción de medidas para controlar su comercio lícito e ilícito. Por lo tanto, es posible sostener que estos actores cumplieron efectivamente con el papel de agente seguritizador que, según la Escuela de Copenhague, se le atribuye a quien enuncia el discurso que articula una amenaza a unas medidas de emergencia logrando posicionar un tema dentro de la agenda de seguridad. En el plano teórico, el caso de las armas pequeñas (también el caso de la prohibición de las minas antipersonales) muestra que estos actores –tradicionalmente considerados marginales por la teoría convencional– tienen capacidad de influir en las prioridades del sistema internacional.

Ahora bien, el caso de las armas pequeñas muestra que la seguritización, como todo proceso político, no es una construcción definitiva y, por lo tanto, demanda la acción política constante de los actores interesados para mantener el posicionamiento de estos dispositivos como una amenaza a la integridad y a la seguridad humanas. Las dificultades para sostener la seguritización de las armas pequeñas en el tiempo probablemente sean el resultado de la falta de comprensión, por parte de los agentes, de la seguridad como un proceso político, de la ausencia de capital económico y/o político para sostener un activismo prolongado respecto a un tema y para lograr consensos con otros pares o con aliados estratégicos como organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y comunidades epistémicas.

A nivel latinoamericano, es importante mencionar que la región mantiene elevados niveles de violencia y problemas de comercio de armas tanto legal como ilegal, que han sido insuficientemente explorados y regulados. De hecho, en esta parte del mundo habita apenas un cuarto de la población mundial, sin embargo, ocurre el 66% de todos los homicidios cometidos sobre la faz de la tierra, de los cuales el 80% se comete con armas de fuego (UNODC 2013) y la mayoría de países que la conforman tienen niveles de violencia que corresponden a los de una pandemia. En otras palabras, en este continente con escaza historia y tradición de confrontaciones bélicas, la violencia cotidiana en tiempos de paz es similar al Estado de guerra.

Pese a estas circunstancias, el nivel de profundidad en la seguritización de las armas por subregión es muy dispar. En algunas zonas, como en los países andinos, se evidencia una casi inexistente comunidad de expertos en tráfico lícito e ilícito de armas o en políticas de control, y una sociedad civil poco articulada y organizada en torno a la defensa de los derechos humanos vulnerados por la violencia y por la dinámica que rodea el comercio de armas. Esto ha fomentado el protagonismo del Estado como el principal agente seguritizador, al menos dentro de su circunscripción territorial, lo cual se evidencia en las reformas legales emprendidas en cinco países andinos,
de los siete que emprendieron reformas (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela). En otras regiones como Centroamérica, Brasil y Argentina, las organizaciones sociales han tenido un papel más relevante en lo que respecta al control de armas.

Estas diferencias entre regiones también encuentran su expresión en materia de política exterior. En efecto, la suscripción del TCA no encontró una región latinoamericana con una posición común frente al control de los flujos transnacionales de armas grandes y pequeñas, más bien, evidenció la existencia de posiciones contrapuestas. Esta situación sugiere que, probablemente, uno de los límites más importantes que encuentren los países pequeños para posicionar y mantener sus temas en la agenda internacional constituye la incapacidad para lograr acuerdos de largo plazo entre actores similares –en capacidades y en problemáticas– como lo insinúa el caso de las armas pequeñas.

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### Panamá

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http://www.unlirec.org/Documents/Centroamerica/Panama/LeyGeneralArmas-MunicionesMaterialesRelacionadosLeyN57_2011.pdf

### Paraguay

Ley de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines (Ley 4036). 2011. Acceso el 15 de octubre de 2015.
http://www.unlirec.org/Documents/Mercosur/Paraguay/LeyArmasFuegoPiezas-ComponentesMunicionesExplosivosAccesoriosAfinesLeyN4036_2010.pdf
## Perú

Ley que modifica la Ley 25 054, que norma la fabricación, comercio, posesión y uso por particulares de armas y municiones que no son de guerra; y modifica los artículos 36 y 38 del Decreto Legislativo 635, Código Penal (Ley 25 024). 2007. Acceso el 15 de octubre de 2015.

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## Venezuela

Ley para el desarme y control de armas y municiones. 2013. Acceso el 15 de octubre de 2015.

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## Instrumentos internacionales

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Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales, suscrita en Washington DC el 14 de noviembre de 1997. Acceso el 17 de junio de 2013.

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Tratado de comercio de armas. 2013. Acceso el 17 de junio de 2013.

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Tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Tratado de Tlatelolco. 2002. Acceso el 14 de noviembre de 2014.

http://www.oanal.org/texto-del-tratado-de-tlatelolco/
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Serie Tesis

La Ronda: olvidar el barrio,
recordar la calle

Lucía Durán Solís

FLACSO Ecuador, 2015

143 páginas

A través de los estudios de Antropología Urbana se ha logrado visibilizar las tensiones que provocan los proyectos de regeneración desarrollados en los centros históricos de América Latina. En diversas investigaciones se ha mostrado cómo personas y grupos son desplazados de esos centros vía políticas y procesos de gentrificación. Los discursos que acompañan a dichos proyectos se sostienen en dispositivos disciplinadores, clasificatorios y racistas.

La obra de Lucía Durán se inscribe en esta corriente de investigación. Es el resultado de cuatro años de trabajo en un pequeño barrio donde se desarrolló un proyecto espectacular: una calle turística. La autora indaga cómo determinados discursos y representaciones emergen, se visibilizan y se tornan dominantes. Ella explora también sus efectos sobre la vida de los sujetos. Su mirada retorna al "antes de" la "Calle de La Ronda" para explicar de qué manera se produce y legitima una intervención urbano-arquitectónica sobre un barrio patrimonial.
diálogo
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# El populismo: ¿una amenaza a la democracia en América Latina?

Un diálogo con Kurt Weyland

## Populism: A Threat to Democracy in Latin America?

A Dialogue with Kurt Weyland

## O populismo: uma ameaça à democracia na América Latina?

Um diálogo com Kurt Weyland

Jenny Pontón Cevallos

## Presentación

Kurt Weyland es PhD en Ciencia Política por Stanford University, Estados Unidos. Desde 2001, es profesor de Política Latinoamericana en el Departamento de Gobierno de University of Texas en Austin, en el mismo país. Las líneas de investigación del profesor Weyland se centran en democratización y gobiernos autoritarios, política social y difusión de políticas, y populismo en América Latina, especialmente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú y Venezuela. Es autor de varios libros como *Democracy without Equity: Failures of Reform in Brazil* (1996, University of Pittsburgh Press); *The Politics of Market Reform in Fragile Democracies: Argentina, Brazil, Peru, and Venezuela* (2002, Princeton University Press); *Bounded Rationality and Policy Diffusion: Social Sector Reform in Latin America* (2007, Princeton University Press); y *Making Waves: Democratic Contention in Europe and Latin America since the Revolutions of 1848* (2014, Cambridge University Press). Adicionalmente es autor de varios capítulos de libros y artículos en reconocidas revistas científicas. En agosto de 2015, Kurt Weyland estuvo en Quito para participar como ponente en el III Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, llevado a cabo en las instalaciones de FLACSO Ecuador, donde expuso sobre "El populismo como amenaza a la democracia en América Latina". En el marco del mencionado Congreso, nos concedió la siguiente entrevista.

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## ¿Cómo define usted el populismo?

El populismo es claramente un gran tema, muy controversial porque inicialmente fue definido como una etapa histórica, después en términos de políticas económicas, sociales y redistributivas. Yo prefiero definirlo de manera mucho más amplia en términos políticos porque el populista puede ser de derecha o de izquierda, puede ser neoliberal o realizar intervenciones desde el Estado –como lo hicieron de diferente modo Alberto Fujimori y Hugo Chávez–, pero lo que tienen en común los líderes populistas es la estrategia política. Esta estrategia se basa en un liderazgo personalista muy fuerte, se trata de un líder que llega al poder y se mantiene ahí con base en vínculos no organizados con una masa heterogénea de seguidores. Por lo tanto, los elementos típicos del populismo son el liderazgo personalista y la falta de institucionalización del vínculo con los votantes. Esto le da al populismo una base bastante fluida, no muy sólida, en términos de sustentación. De eso se derivan, en mi opinión, muchas tendencias típicamente populistas tanto de derecha como de izquierda. Esto significa que las tendencias populistas nos permiten entender muchas de las dinámicas de los gobiernos; significa que esta definición de populismo funciona para explicar cosas.
## ¿Considera que el populismo es una amenaza para la democracia en América Latina?

La naturaleza del liderazgo personalista, no organizado y no institucionalizado significa que los populistas pueden tener una base popular bastante fuerte pero nunca muy sólida, organizada y disciplinada. Los populistas un día son los héroes de la patria y en poco tiempo se les puede evaporar el apoyo popular porque estos líderes no tienen una base popular muy duradera ni sólida. Su incentivo es aumentar el poder y la intensidad del vínculo con la población al máximo posible y esto lleva a varias tendencias. Primero, que los populistas –como no tienen vínculo institucional– consideran a las otras instituciones como amenazas, como limitaciones a su poder y quieren disminuir la independencia de estas instituciones, tratan de hegemonizar el poder político. También, dado que no tienen un vínculo institucional con los seguidores, tratan de aumentar su aceptación a través de la polarización, donde nosotros (los populistas) somos “los buenos” y la oposición no es una competencia leal sino “los enemigos”. Esta idea de que la oposición está conformada por “los enemigos” acarrea una tendencia hegemónica muy fuerte, que a su vez lleva a conflictos sociales y políticos intensos porque la oposición también responde en términos intransigentes. En este sentido, la polarización destruye el pluralismo y constituye una amenaza para la democracia.

## ¿Cuáles serían las diferencias entre el populismo de izquierda y de derecha?

Claramente las diferencias son en términos de proclama política e ideología política, pero también hay diferencias en la manera en que llegan al poder. Normalmente la derecha lo hace aprovechando crisis muy fuertes como la hiperinflación. Las crisis económicas muy severas permiten a los líderes populistas de derecha llegar al poder y después implementar medidas neoliberales para disminuir la inflación. Otro tipo de crisis son las guerras civiles con las guerrillas de izquierda, como lo hizo Álvaro Uribe con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Eso significa que se eligen con base en una crisis y que tienen apoyo popular muy grande en el inicio, pero cuando resuelven estas crisis ya no tienen una base duradera.

Por otro lado, los populistas de izquierda se eligen por otros temas, no por crisis muy fuertes temporales, sino con base en problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y el desempleo, que son temas muy difíciles de resolver. La hiperinflación se puede resolver, la guerrilla se puede derrotar, pero la pobreza y el desempleo no se resuelven en cinco años y esto permite a los populistas de izquierda conseguir un apoyo más duradero. Pueden conseguir mejorías pero nunca van a resolver esos problemas estructurales; por eso tienen una base que apela a la población más duradera.
## ¿Cree que en la actualidad hay gobiernos populistas en América Latina?

Lo que permite el surgimiento del populismo es la debilidad de las instituciones, específicamente en el sistema partidario. Podemos ver que en Perú y Ecuador el populismo ha sido bastante recurrente. En Venezuela surgió la posibilidad del populismo cuando colapsó el sistema partidista anterior. En un país como Chile, que durante los últimos 20 ó 30 años ha tenido un sistema de partidos muy fuertes, no hay espacio político para el populismo. En Brasil se ha consolidado el sistema de partidos políticos aunque tuvimos una experiencia populista con Fernando Collor de Mello en los inicios de la década de 1990, pero cuando se consolidó el sistema partidista, ya no hubo espacio para populistas. El Partido de los Trabajadores de Lula da Silva no es populista, es un partido organizado e institucionalizado. Lula tiene una popularidad personal pero no es un líder populista, nunca trató de conseguir fama para reelegirse continuamente, no tenía una asamblea constituyente a su favor, no habló de refundación, por lo que se puede decir que el estilo de Lula fue una estrategia política bastante diferente. Para mí, el surgimiento del populismo depende de una variable muy importante: la fortaleza del sistema de partidos políticos.

## En sus investigaciones, usted habla de que en América Latina han existido en los últimos años dos tipos de gobiernos de izquierda: radicales y moderados. ¿Considera a los primeros populistas?

La razón para el surgimiento del populismo de izquierda más radical fue en parte la debilidad del sistema de partidos pero también la oportunidad dada por el *boom económico*. Surgió en países que se beneficiaron mucho del aumento del precio del petróleo y del gas natural. Ahora, con la disminución del precio de estos recursos, hay dos caminos diferentes. Por un lado, Venezuela se radicalizó porque se alejó mucho del modelo neoliberal, nacionalizó numerosas empresas y antagonizó con los empresarios domésticos e internacionales; la lógica ha sido radicalizar ese modelo. Antes de las elecciones municipales de 2013, el Presidente Nicolás Maduro intervino en varias tiendas de consumo para disminuir los precios; en términos de la economía de mercado, es un Gobierno muy intervencionista. Mientras que en Bolivia y Ecuador, en mi opinión, ha habido una moderación: ya no están siguiendo este camino de nacionalización. Están moderando y recortando gastos del Estado para solventar la crisis de la disminución del precio del petróleo. Esto ha permitido a Evo Morales y a Rafael Correa tener mayor acercamiento con los empresarios; pero en Venezuela existe mucha desconfianza en ese sector porque ven en el poder arbitrario de Maduro una enorme incertidumbre. Creo que, en el caso venezolano, la relación entre el Gobierno y los empresarios ha llegado a un límite muy difícil de reconciliar.
En mis investigaciones también clasifiqué estos cuatro gobiernos –Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela y Ortega en Nicaragua– como izquierda radical y populista, no obstante, existen diferencias entre ellos bastante fuertes. Evo Morales es producto de un movimiento social fuerte aunque fragmentado; él tiene una base popular más intensa, es decir, hay un movimiento social que lo sostiene. Creo que, en términos políticos, el menos amenazado es Morales y el más amenazado es Correa porque este último no tenía movimiento social ni político antes de ser Presidente. Explico el caso de Correa a partir del de Chávez. Hugo no era producto de un movimiento social sino de un cuerpo de militares golpistas, pero durante su Gobierno, enfrentó tanta oposición que creó una organización poblacional como los círculos bolivarianos, los consejos comunales, entre otros. Los chavistas tienen entre un 15% y 25% de seguidores fervientes y comprometidos con el proyecto. Cuando la oposición realiza marchas, hay grupos que los van a reprimir violentamente. Chávez construyó cierta base popular, no una organización muy institucionalizada, pero sí seguidores más fervientes. Este no fue el caso de Ecuador porque Correa fue tan exitoso que no enfrentó huelgas ni golpes, por lo tanto, no tenía intención de crear grupos que lo protegieran y ahora me parece que es el Presidente con menos seguidores comprometidos y el más frágil en el poder.

## ¿Considera que es posible llegar al poder con estrategias populistas y una vez ahí consolidarse políticamente?

Me parece cada vez más difícil convertir el populismo en algo más duradero. Hay esta generación clásica de populistas como Perón, Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas, entre otros, que eran muy personalistas pero después crearon organizaciones y partidos políticos con cierta fuerza. Creo que, en la época actual, esto es más difícil porque la base popular es aún más heterogénea. En los casos de populismo clásico, uno de los grupos más comprometidos con los proyectos populistas es la clase trabajadora que tiene capacidad de organización colectiva en sindicatos o partidos. Los casos actuales de populismo tienen como legado cierta organización, pero sus bases populares son heterogéneas porque están conformadas mayoritariamente por sectores informales que carecen de sindicatos. En todos esos países donde los partidos son débiles, el uso de medios de comunicación de masas y digitales son fuertes; esto permite llegar de manera mucho más fácil a la población aunque no se logre crear organizaciones. Un ejemplo de este recurso fue el programa televisivo *Aló Presidente* que tenía Hugo Chávez. Por tal motivo, creo que es muy difícil que en esta época alguien que comience como populista logre luego institucionalizar un partido. El liderazgo personalista significa que no quieren otros líderes, por lo que, cuando surge uno que podría ser poderoso, el líder lo “decapita” en términos políticos, como fue el caso de Yoshiyama bajo Fujimori. Asimismo, Chávez no tenía
un sucesor; cuando sufrió de cáncer fue muy difícil encontrar a alguien y muchos dicen que Maduro no se compara con la grandeza política que tuvo Chávez. Es muy difícil el problema de la sucesión en los gobiernos populistas. Son gobiernos personalistas, lo cual significa no querer institucionalizar el propio movimiento porque la institucionalización significa limitar el poder del máximo líder impidiendo que otros sectores tengan poder de veto y que surjan otros líderes. Por eso desinstitucionalizan el juego político.
ensayo
visual
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Antropología y arte contemporáneo: parodia y
estereotipos en la obra de Sandow Birk

Anthropology and Contemporary Art: Parody and
Stereotypes in the Work of Sandow Birk

Antropologia e arte contemporânea: parodia e
estereótipos na obra de Sandow Birk

X. Andrade*

Arte y antropología han ejercido históricamente un papel complementario –aunque no libre de sospechas disciplinarias– para el establecimiento de sistemas de poder, estéticos e institucionales, destinados a fomentar ciertas formas de coleccionismo; construir la autoridad de objetos y representaciones dentro del sistema museal; y justificar las taxonomías y jerarquías científicas, arqueológicas, artesanales y/o artísticas.<fnref n="1" /> El museo arqueológico ha sido, en el caso ecuatoriano, el entorno privilegiado para dicho encuentro y el frustrado intento de establecimiento de un museo de antropología y arte contemporáneo a inicios de la década de 2000, la mejor ilustración de los desencuentros posibles.<fnref n="2" />

Los diálogos entre ambos campamentos, especialmente en las dos últimas déca-
das, constituyen un camino de doble vía, no libre, sin embargo, de tensiones y obstá-
culos.<fnref n="3" /> Por un lado, la crisis de la representación en antropología –con sus diferentes
historicidades en diversos contextos y su relativo impacto en unos u otros– fomentó
una mirada crítica a los límites de la producción textual y al carácter situado de la
etnografía, siendo también un llamado a la depuración de una mirada etnográfica in-

Xavier Andrade. PhD en Antropología Social por la New School for Social Research, Estados Unidos. Profesor Asociado del Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá.

✉ xandrade13@hotmail.com

<footnote>* Agradezco a Sandow Birk, Ron De Angelis y Koplin del Rio Gallery por haber colaborado con este ensayo al ceder documentación clave de los infaustos sucesos aquí esbozados.</footnote>

<footnote n="1">1 Referencia temprana para revisar este recorrido es la compilación de Marcus y Myers (1995) y una reciente es Schneider y Wright (2013). Las discusiones de James Clifford sobre museos, representación y taxonomías, y sobre el sistema arte/artesanía –inicialmente compiladas en Clifford (1988)– continúan siendo productivas.</footnote>

<footnote n="2">2 Ver Andrade (2004) sobre el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil, Ecuador.</footnote>

<footnote n="3">3 Para un contrapunteo, ver el artículo de Hal Foster (1995) que condensa críticamente el “giro etnográfico” en arte contemporáneo y una respuesta de Clifford (2003). Las consecuencias productivas de dichas tensiones son problematizadas detenidamente por Elhaik (2013).</footnote>
formada por discusiones interdisciplinarias. Un grado de reflexividad sobre la natura-
leza construida de los retratos etnográficos fue gradualmente incorporada a la tarea.<fnref n="4" />

Por otro lado, el propio campo del arte demandó crecientemente la atención y la participación de las ciencias sociales y de la antropología en particular.<fnref n="5" /> Desde el arte relacional y como práctica social, pasando por la creciente des-objetivación del arte, hasta propuestas directamente colaborativas entre artistas y antropólogos, la posibilidad de integrar géneros tradicionalmente adjetivados de manera negativa desde las ciencias sociales –como, por ejemplo, la ficción o la copia– para estimular reflexiones etnográficas, ha impulsado mi interés sobre propuestas artísticas como parte del tráfico que se construye entre los dos bandos,<fnref n="6" /> de manera todavía dispersa en la región.

El proyecto *The Great War of the Californias* del artista norteamericano Sandow Birk (Detroit 1962), realizado entre 1996 y 2000, documenta una guerra ficticia que tiene lugar en un futuro cercano pero indeterminado. La confrontación armada resulta de las resistencias mutuas entre San Francisco y Los Ángeles en California, Estados Unidos. La documentación gráfica, cargada de citaciones a la historia del arte y al mercado en general, despliega ironía, sarcasmo y humor (estrategias mal vistas y, de facto, censuradas en las ciencias sociales) para reconstruir y documentar visual y auralmente un conflicto bélico justificado sobre la base de prejuicios que imperan entre los dos centros de poder de la costa oeste de Estados Unidos y que resuenan, muy de cerca, con la realidad bicéfala y las rivalidades regionales en Ecuador con sus lugares comunes sobre civilización y barbarie, masculinidad y feminidad, clase y presupuestos raciales, tan frecuentemente reiterados en la esfera pública y mediática, principalmente en relación con distintas formas de “populismo”.

De hecho, como en Ecuador, las tensiones entre los dos polos urbanos en California se expresan mediante la profusión de estereotipos en la esfera pública entre ambas partes. Después de todo, aquellos no son más que fórmulas simplistas para pensar la cultura en términos negativos y esencialistas. Así, los estereotipos proveen un vocabulario de bolsillo para hablar de una cierta otredad.<fnref n="7" /> De acuerdo con el archivo creado por Sandow Birk, la pretensiosa intelectualidad y esnobismo del norte (San Francisco) es contestada por el sur (Los Ángeles) con imprecaciones sobre la supuesta naturaleza afeminada y/u homosexual de las poses de sus habitantes. A su vez, el conservador machismo endilgado a la presencia chicana y mexicana en Los Ángeles es respondido con el despliegue de la bandera del arcoíris de la tolerancia desde uno de los lugares emblemáticos de la revolución sexual y los derechos de las minorías,

<footnote n="4">4 La naturaleza de dicha reflexividad, no obstante, estuvo fuertemente en debate, con posiciones que varían desde la denuncia a los excesos narcisistas de la antropología (Polier y Roseberry 1989) hasta su imposibilidad filosófica (Mier 2002).</footnote>

<footnote n="5">5 En Latinoamérica, se destacan las contribuciones realizadas sobre la materia por parte de García Canclini (2010).</footnote>

<footnote n="6">6 Adicionalmente, en el campo del documental etnográfico se encuentra un nicho próspero de discusión sobre ficción, falsedad y la representación de lo real (Juhasz y Lerner 2006).</footnote>

<footnote n="7">7 Para el caso ecuatoriano y el cruce de estereotipos entre las ciudades de Guayaquil y Quito, ver Andrade (2014).</footnote>
como lo ha sido históricamente San Francisco. Por su parte, a la lógica comercial y espectacular del mercado industrial cinematográfico de Hollywood, se contrapone el también simulado estoicismo, protestantismo y patriotismo de trabajadores del sector tecnológico del Silicon Valley.

El proyecto de Birk se compone de 120 piezas entre pintura, grabado, dibujo, pósters propagandísticos de ambos bandos y un documental falso: un largometraje audiovisual que, como única referencia autorizada sobre los hechos, usa como materia prima la documentación ficticia creada por el artista para dar cuenta de los orígenes del conflicto y el desenlace en la guerra (Meredith 2003). Adicionalmente, un audio con la narración sobre los eventos de guerra complementa el catálogo (Birk 2000) publicado con motivo de su primera exhibición completa en el Laguna Art Museum, de Laguna Beach.<fnref n="8" /> En su introducción, Sandow Birk, Infante de Marina de Primera Clase del Batallón de Artistas de la Armada Unida de las Californias, reporta:

> Mientras el soso pueblo lamentaba el retiro voluntario de su serie de televisión favorita, una atronadora y decisiva guerra se ceñía en el horizonte occidental, alimentada por estereotipos y confusión, avivada por amargura y codicia, y marinada con las pungentes especias de una miríada de comunidades inmigrantes.

La Gran Guerra de las Californias fue peleada en miles de sitios. Desde Lake Tahoe hasta Tijuana, en lugares como Potrero y Pasadena, Bakersfield y Beverly Hills, Telegraph Hill y Tarzana. Más de 3 millones de californianos la pelearon, y cerca de 20 mil murieron en ella. Los californianos se mataron entre ellos en pueblos californianos, playas californianas y cielos californianos. En los dos días de la Batalla de Van Nuys, 2 mil murieron en tan solo cuarenta minutos. Inicialmente conocida como "la guerra de las ciudades"; "la guerra de los siete meses" e incluso "la lucha entre la neblina y el esmog", el conflicto rápidamente se desarrolló con una fuerza y a una escala que nadie podía prever, y resultó en trágicos episodios lamentados y celebrados hasta el presente.

La Gran Guerra es una improbable mezcla de personalidades, decisiones y acciones enrolladas en el burrito gigante de la historia. Hizo más rica a alguna gente y más pobre a la mayoría, y confirió celebridad a desconocidos. Inmigrantes de más de 100 países, muchos de ellos sobrevivientes de las guerras en sus propias tierras, se vieron envueltos en batallas épicas por su tierra adoptiva.

Una actriz de Fresno en aprietos, con nada más notable en su currículum que una pequeña parte en una telenovela, montaría un dramático asalto. Un trabajador mexicano inmigrante, con su amor por la jardinería y una espalda dañada, lideraría 10 mil tropas en una de las batallas más sangrientas.

Las obras en esta exhibición representan solo una parte del amplio registro dejado por artistas de este período. A pesar de que muchos de ellos no estaban entrenados, brindaron un sentido de inmediatez a los trascendentales eventos de su era. Pinturas in-

<footnote n="8">8 El título del documental falso podría traducirse como *Entre niebla y truenos*, mientras el audio narrativo como *Entre niebla y truenos: trabajos históricos de la Gran Guerra de las Californias*.</footnote>
dividuales fueron escogidas tanto por sus percepciones personales o perspectivas únicas, como por sus méritos artísticos. Juntas, ellas cuentan una sentida historia de heroísmo nacional, pérdida personal y sacrificio (Birk 2000, 16 y ss., traducción del autor).

Es en la parodia de los lenguajes de la historia tradicional y su inscripción irónica en la materialidad del legado visual que este proyecto avanza, donde encuentro un terreno fructífero para pensar la gran batalla entre el arte contemporáneo y la antropología. O de la antropología contra sí misma: contra su pretenciosa seriedad, contra sus códigos de corrección política, contra su autoritarismo textual, contra su mímica de las causas nativas, contra sus suspicacias en el medio ecuatoriano para relacionarse con el mundo de los objetos y con los circuitos del arte. Pero también a favor de ella: por su demanda por la investigación sistemática, por ejemplo, y por su comprensión de múltiples miradas y perspectivas marginalizadas y no legitimadas en la historia. En este sentido, el archivo creado por Sandow Birk funciona como un ejemplo de producción cultural menor –la de la ficción inscrita en la materialidad de una serie artística que, a su vez, interpela a la historia del arte y a las representaciones antropológicas sobre identidad– susceptible de ser considerada seriamente desde lo etnográfico.<fnref n="9" />

En 2012 conocí a Birk con motivo de un proyecto propio que extiende mis pre-guntas etnográficas sobre la gráfica popular, las prácticas de coleccionismo y el valor de la obra de arte en los circuitos contemporáneos –*The Full Dollar Collection of Contemporary Art* (2009 hasta el presente)–. Generosamente Sandow aceptó formar parte del mismo cuando tuvo lugar en Highland Park, un emblemático barrio del este de Los Ángeles. Una de sus obras originales –también apropiación de piezas ca-nónicas del arte occidental en las que se imagina el pasado bucólico de lo que fuera el emplazamiento original de la megalópolis– fue revisitada por el rotulista salvadoreño Rodolfo Cardona<fnref n="10" /> y emplazada en la fachada de un negocio del barrio elegido para una serie de intervenciones en el espacio público –dedicadas a comentar la gentrifica-ción de la zona urbana elegida– basadas en los métodos de la apropiación.

Entender las relaciones entre el arte contemporáneo y la antropología como un recorrido de doble vía puede enriquecer metodológica y conceptualmente nue-stra disciplina. El interés no es estetizar la antropología sino repensar los medios de producción de conocimiento antropológico cuando estos son deliberadamente

<footnote n="9">9 Sobre literatura menor, interesan las discusiones planteadas por Deleuze y Guattari en su seminal artículo del mismo título de 1983. Aunque la referencia principal es la literatura, y Frantz Kafka en particular, el análisis es potencialmen-te útil para otros campos de producción intelectual al preguntarse sobre cuestiones de método, política e individuali-dad/colectividad. La citación de múltiples narrativas que van desde el cine documental histórico, la historia del arte y la vida cotidiana, hace el proyecto de Birk particularmente estimulante para un ejercicio de este tipo. Los alcances de este ensayo, por supuesto, se limitan a enunciarlo como posibilidades.</footnote>

<footnote n="10">10 Rodolfo Cardona es un reconocido rotulista de *Highland Park* cuyo trabajo representa la continuidad de tradiciones grá-ficas de rotulación que se encuentran mayormente en países de Latinoamérica. Otros rotulistas participantes del proyecto venían derivados del grafiti y diferentes formas de *street art*. Una entrevista con Cardona puede ser consultada aquí: https://www.kcet.org/shows/departures/interview-sign-painter-rodolfo-cardona</footnote>
contaminados con los del arte contemporáneo. Al involucrar prácticas y estrategias desde el arte contemporáneo –por ejemplo la capacidad de activar ejercicios más colaborativos, críticos y públicos sobre la antropología– estas tienden eventualmente a multiplicarse.<fnref n="11" />

El proyecto *The Great War of the Californias* me interesa en particular por su atención y deconstrucción del espinoso mundo de los estereotipos, omnipresentes en el día a día de la referencia privada y convertidos en secretos públicos a la hora de interrelacionarse. Aquellos fundamentan, orientan y median silenciosamente nuestras formas de comportamiento mientras también se agitan en la esfera pública. Al mismo tiempo de ser contestados abiertamente, constituyen también prácticas largamente establecidas en silencio al interior de la academia: el desbalance de estudios históricos, antropológicos, sociológicos entre Guayaquil y Quito, por ejemplo, es ilustrativo al respecto.

El establecimiento de espacios sistemáticos de formación y diálogo entre artistas y antropólogos ha encontrado igualmente resistencias en el medio. En Ecuador, dichos diálogos son marginales a nivel universitario y tienden a ser vistos con sospecha por ambas partes gracias, otra vez, a los estereotipos atinentes a las destrezas y búsquedas de cada bando, pero también a condiciones estructurales que inciden en la propia formación académica.

Utilizar un archivo ficticio que sirve de evidencia única de una guerra imaginada tiene sentido cuando las preguntas se dirigen al hacedor de imágenes, la materialidad de su obra, su contexto de producción y sus métodos sistemáticos de investigación sobre historia del arte y lo popular en un momento histórico dado. El proyecto de Sandow Birk destapa inquisiciones antropológicas, no solamente sobre temas de representación de la otredad –patente en este trabajo del artista– hacia las múltiples capas que constituyen un aspecto problemático de ella, sino también sobre los estereotipos especialmente aplicables a las comunidades migrantes. Imágenes falsas y estigmatizantes todas ellas, pero verdaderas en términos etnográficos más profundos, en el sentido que orientan, bajo ciertas condiciones dadas, las prácticas de la gente. Al ironizar sobre su estatus, el lenguaje artístico deja patente la pobreza de las generalizaciones que se hacen sobre distintas oleadas de migrantes. Su omnipresencia en este proyecto de Birk da cuenta de la imposibilidad de pensar California y, por extensión, Estados Unidos, sin considerarlos seriamente como ciudadanos y ciudadanas. Un recordatorio que se vuelve más actual mientras más fundamentalista se dibuja la esfera pública en ese país.

A través de una de las galerías que lo representa (Koplin del Rio), Birk contribuyó para este ensayo visual con un grupo de imágenes que brindan una idea aproximada

<footnote n="11">11 Documentación sobre el conjunto de este proyecto se encuentra en el portal: https://www.kcet.org/shows/departures/projects/full-dollar. Discusiones pertinentes desde la antropología sobre apropiación en el arte contemporáneo se encuentran en Schneider (2006).</footnote>
de su célebre proyecto de *La Gran Guerra de las Californias*, con el fin de continuar alentando otros diálogos posibles entre antropología y arte contemporáneo. Hacer de los artistas contemporáneos, sus métodos y su obra, objeto de estudio etnográfico es una de las posibilidades productivas que se abren en los tráficos antropológicos que se hacen de los mundos del arte. Lidiar con este tipo de preguntas y materiales ayuda, adicionalmente, a ampliar la agenda de las tareas posibles de la antropología visual más allá de la tradición del documental etnográfico.

## Bibliografía

Andrade, Xavier. 2014. *The Vulgarity of Democracy: Cartoons, Masculinity and Politics in Ecuador*. Disertación para PhD en Antropología (manuscrito). Nueva York: The New School for Social Research.

______. 2004. "Burocracia: museos, políticas culturales y flexibilización laboral en Guayaquil". *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 20: 64-72. Quito: FLACSO Ecuador.

Birk, Sandow. 2000. *Sandow Birk's In Smog and Thunder: Historical Works from the Great War of the Californias*. Laguna Beach, CA: Laguna Art Museum.

Clifford, James. 2003. "Interviewer: Alex Coles, London/Santa Cruz, 1999". *On the Edges of Anthropology*, 23-42. Chicago: Prickly Paradigm Press.

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Deleuze, Gilles y Felix Guattari. 1983. "What is a Minor Literature?" *Mississippi Review* 11 (3): 13-33.

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García Canclini, Néstor. 2010. *La sociedad sin relato: antropología y estética de la inminencia*. Madrid: Katz eds.

Juhasz, Alexandra y Jesse Lerner. 2006. "Introduction: Phony Definitions and Troubling Taxonomies of the Fake Documentary". En *F is For Phony: Fake Documentary and Truth's Undoing*, 1-33. Minneapolis: Minnesota University Press.

Marcus, George y Fred Myers, eds. 1995. *The Traffic in Culture: Refiguring Art and Anthropology*. Berkeley: University of California Press.

Meredith, Sean, dir. 2003. *In Smog and Thunder: The Great War of the Californias*. Estados Unidos, 98 minutos.

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Polier, Nicole y William Roseberry. 1989. "Tristes Tropes: Post-Modern Anthropologists Encounter the Other and Discover Themselves". *Economy and Society* 18 (2): 45-264.

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Schneider, Arnd y Christopher Wright, eds. 2013. *Anthropology and Art Practice*. Londres: Bloomsbury.

Referencias virtuales

Portal electrónico de Sandow Birk:
www.sandowbirk.com

Portal electrónico de la galería Koplin del Río:
www.koplindelrio.com

Portal electrónico del proyecto The Full Dollar Collection of Contemporary Art en Highland Park, Los Ángeles:
http://www.kcet.org/socal/departures/community/fulldollar/interviews/interview-artist-sandow-birk.html

Entrevista con el rotulista salvadoreño Rodolfo Cardona:
https://www.kcet.org/shows/departures/interview-sign-painter-rodolfo-cardona
<figure><img src="image_26.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"Abajo Hollywood". 1998. Acrílico sobre papel, 42" x 30".
<figure><img src="image_27.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"Romper el sur". 1998. Acrílico sobre papel, 42" x 30".
<figure><img src="image_28.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"El abandono del Museo de Arte Moderno de San Francisco durante la Batalla de San Francisco". 2002. Dos placas de aguafuerte sobre papel de algodón, 41 1/2" x 21 1/8".
<figure><img src="image_29.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"La Gran Batalla de San Francisco". 1996. Óleo sobre lienzo, 80" x 80".
<figure><img src="image_30.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

“Rendezvous at Twin Peaks”. 1998. Óleo sobre lienzo, 50” x 50”.
<figure><img src="image_31.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"Retrato de la Teniente Comandante Rebecca Jordan". 1996. Óleo sobre lienzo, 32" x 24".
<figure><img src="image_32.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"El espíritu de Los Ángeles". 1998. Óleo sobre lienzo, 54" x 43".
<figure><img src="image_33.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"Las últimas horas de Telegraph Hill (la Batalla de San Francisco)". 1996. Óleo sobre lienzo, 43" x 54".
<figure><img src="image_34.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"San Francisco sobre las ruinas de su ciudad". 1996. Óleo sobre lienzo, 54" x 43".
<figure><img src="image_35.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"El triunfo de la San Francisco SS". 1998. Óleo sobre lienzo, 90" x 134".
<figure><img src="image_36.png" /></figure>

© Sandow Birk 1996-2000.

"El hundimiento de Hollywood". 1998. Óleo sobre lienzo, 50" x 50".
temas
<figure><img src="image_37.png" /></figure>
Silencios y acentos en la construcción de la violencia
de género como un problema social en Quito*

Silences and Accents in the Construction of Gender
Violence as a Social Problem in Quito

Silêncios e ênfases na construção da violência de
gênero como um problema social em Quito

Paz Guarderas Albuja

Fecha de recepción: mayo de 2015
Fecha de aceptación: marzo de 2016

Resumen

La violencia de género ha sido construida como un problema social en diversas matrices semiótico-materiales. En este artículo se describe estas matrices y se analiza sus efectos en las leyes y servicios municipales de Quito. Se evidencia cinco matrices: sexualidad; salud; derechos humanos; seguridad, y prácticas disciplinares. Se muestra cómo las voces que pretendieron generar rupturas en el *statu quo* fueron soterradas, mientras se convirtieron en hegemónicas aquellas que han perpetuado el orden patriarcal.

Descriptores: violencia de género; políticas sociales; ordenanzas; servicios municipales; genealogía; Quito.

Abstract

Gender violence has been constructed as a social problem in diverse semiotic-material matrices. This article describes these matrices and analyzes their effects on laws and municipal services in Quito, Ecuador. Five different matrices are examined: sexuality, health, human rights; security and disciplinary practices. The analysis demonstrates that the actors and voices that attempted to generate ruptures in the status quo have been silenced, while those that have perpetuated the patriarchal order have become hegemonic.

Keywords: gender violence; social policy; orders; municipal services; genealogy; Quito.

Resume

A violência de gênero tem sido construída como um problema social em diversas matrizes semióti-
co-materiais. Neste artigo, descrevem-se estas matrizes e analisam-se seus efeitos nas leis e serviços
municipais de Quito. Evidenciam-se cinco matrizes: sexualidade; saúde; direitos humanos; segurança
e práticas disciplinares. Mostra-se como as vozes que pretenderam gerar rupturas no *status quo* foram
soterradas, enquanto converteram-se em hegemónicas aquelas que têm perpetuado a ordem patriarcal.

Descritores: violência de gênero; políticas sociais; ordenanças; serviços municipais; genealogia; Quito.

<figure><img src="image_38.png" /></figure>

<footnote>Paz Guarderas Albuja. Doctora en Psicología Social por la Universitat Autònoma de Barcelona. Profesora titular en la carrera de Psicología en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito.</footnote>

<footnote>mguarderas@ups.edu.ec</footnote>

<footnote>* Este artículo es fruto de una investigación de tesis realizada en el marco del programa de Doctorado en Psicología Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.</footnote>
Durante las últimas tres décadas, la violencia de género ha sido posicionada como un problema social en Quito. Hace parte de las agendas de los movimientos de mujeres y feministas de la ciudad, se incluye en los planes y programas de los gobiernos locales, se la aborda en ordenanzas, aparece en estudios académicos y ocupa las páginas de los medios de comunicación. La violencia de género se ha construido como problema social a partir de ciertos discursos, prácticas y relaciones sociales, los cuales la han configurado con sus soluciones. Sin embargo, los estudios realizados en Quito que dan cuenta de este proceso de construcción son escasos. De allí surgen las preguntas de esta investigación: ¿cómo se construyó la violencia de género como problema social en Quito?, y ¿qué efectos han tenido estas concepciones en las políticas locales?

En este artículo se pretende mostrar las matrices semiótico-materiales (Haraway 1999, Hacking 2001) que convirtieron a la violencia de género en un problema social en Quito e identificar su influencia en las normativas y servicios municipales. Me detengo en las definiciones, pues estas permiten comprender cómo se concibió y abordó el problema desde la década de 1980. Centro mi análisis en la normativa y en las metodologías de intervención de los servicios municipales de prevención y atención a la violencia de género en Quito.

Ya que en el caso ecuatoriano no se cuenta con un análisis específico del tema planteado, en este artículo aspiro contribuir al debate. Hacerlo es pertinente en el momento histórico por el que atraviesa Ecuador, ya que el Gobierno del actual presidente Rafael Correa (2007-2009; 2009-2013; 2013-2017) ha ejecutado acciones que atentan contra las libertades sexuales y genéricas,<fnref n="1" /> al mismo tiempo que ha sido galardonado por sus logros en relación con la igualdad de género (El Comercio 2015b). En esta investigación esbozo algunas reflexiones que pueden explicar esta aparente paradoja.

Este artículo contiene siete secciones. En la primera se encuentran las bases teóricas y metodológicas utilizadas en la investigación. Desde la segunda hasta la sexta sección se presentan los principales resultados en los que se evidencian las matrices de comprensión de la violencia de género y sus presencias o ausencias en la normativa municipal. En la séptima parte se discute el proceso de silenciamiento y los acentos en la construcción de la violencia de género como problema. Finalmente se apuntan los nuevos desafíos para la investigación y la intervención en el tema.

<footnote n="1">1 Me refiero a la sanción ejecutada en el movimiento Alianza PAIS cuando legisladoras defendieron la despenalización del aborto en casos de violación en el debate sobre el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) (Zamora 2014); la aprobación del Plan Familia que critica el hedonismo y plantea la abstinencia y control de la sexualidad en las adolescentes y jóvenes (El Comercio 2015c; Estrella 2015); y la oposición frontal al feminismo por parte del discurso oficial (García 2014).</footnote>
## Claves teóricas y metodológicas

La mirada teórica y metodológica que se utiliza en este artículo está atravesada por los presupuestos de la perspectiva discursiva en psicología social (Garay et al. 2005) y del conocimiento situado (Haraway 1995). De los primeros, se recoge la noción del discurso como práctica social, es decir, las relaciones de las personas no están afectadas por el lenguaje sino que este las conforma. Esto implica –apuntan Garay, Íñiguez y Martínez (2005)– centrar el interés en cómo las personas construyen la realidad y en el carácter *formativo* del lenguaje. Se parte entonces de la idea de que los problemas psicosociales se construyen a partir del lenguaje, por ello, el énfasis se ha colocado en estudiar cómo la violencia de género se ha conceptualizado en los textos y los efectos ha tenido en la acción.

Del conocimiento situado, se adscribe la idea de que el conocimiento siempre es parcial, temporal y contingente, pero también es objetivo. Parafraseando a Haraway, el quehacer investigativo debe lograr versiones contingentes, históricas, críticas y situadas de los fenómenos; pero también un compromiso político que sea parcialmente compartido y “favorable a los proyectos globales de libertad finita, de abundancia material adecuada, de modesto significado en el sufrimiento y de felicidad limitada” (Haraway 1995, 321). La autora plantea que el conocimiento situado debe recoger los aportes de las teorías críticas sobre cómo son construidos los significados y los cuerpos sin negarlos, para tener una “oportunidad de futuro”. Este compromiso político con las versiones que entregamos desde nuestro quehacer investigativo es lo que la autora denomina “objetividad encarnada”. Objetividad sin pretensiones de generalizaciones ni universalismos, sino localizada y limitada. Como escribe la autora en mención, “solamente la perspectiva parcial permite una visión objetiva” (Haraway 1995, 326).

En esta investigación, mi inspiración metodológica es la genealogía que plantea Foucault (1979). La intención es mostrar las tensiones que surgen al tratar la violencia de género como problema social en Ecuador, sacar a la luz los conocimientos y saberes soterrados en torno a esta problemática y desenmascarar los efectos de un saber totalitario. Hacer genealogía es ir atrás de los saberes soterrados tras sistematizaciones formales que se constituyen como pensamientos únicos y jerarquizados, escribe Foucault (1979). La genealogía no es buscar el origen sino preocuparse por los detalles, implica enfatizar en “los efectos del saber centralizador” (Foucault 1979, 130). La genealogía, escribe el autor, es una lucha de poder contra los efectos de un discurso unitario. Implica desempolvar documentos y ser meticulosos en las búsquedas, ir atrás de lo singular en los procesos, encontrar información donde menos se espera y fijarse incluso en las ausencias.

Para la elaboración de este artículo se revisaron investigaciones publicadas sobre violencia de género en Ecuador, recogiendo algunos informes inéditos que aportaban
elementos clave. De las investigaciones realizadas sobre y en el país, se escogieron las que contenían diversas definiciones y se privilegiaron las que contaban con una base empírica. Se dejó de lado aquellas que presentaban planteamientos teóricos sin sustentato empírico o descripciones del problema sin elaboraciones teóricas, salvo cuando el abordaje era novedoso en relación con lo encontrado. Dos bibliografías, una anotada y otra temática (Cuvi y Buitrón 2006; Herrera 2001) y un estado del arte sobre seguridad ciudadana (Torres 2012) fueron claves para acceder al material investigado. Una limitación en este estudio fue la dificultad de encontrar literatura gris, es decir, producciones sobre la violencia de género no publicadas, cuyo acceso es restringido; sin embargo, fue posible contar con algunos informes inéditos que enriquecieron este estudio.

Seleccionó el caso de Quito por varios motivos. En primer lugar, porque esta ciudad ha sido pionera en la promulgación de ordenanzas para la erradicación de la violencia de género. En segundo lugar, en Quito funcionan desde hace algunos años servicios especializados en atención a esta problemática: el Centro de Atención Integral Las Tres Manuelas desde 1996 (MDMQ 2004) y los Centros de Equidad y Justicia desde 2003 (MDMQ 2011). En tercer lugar, porque los cambios en las políticas de atención a la violencia de género en Ecuador<fnref n="2" /> han tenido efectos directos en los mencionados servicios, incluso estuvieron a punto de cerrarse para convertirse en centros de convivencia ciudadana, dejando de lado la especificidad de la atención a la violencia de género. Finalmente, porque durante algunos años laboré en esta municipalidad y varias de las preguntas que dieron origen a esta investigación se gestaron en ese contexto. En la actualidad, desde la docencia, continúo vinculada con estos servicios aportando en su quehacer.

La información recolectada fue analizada a la luz de condensaciones de significados construidos o lugares comunes en los que se asientan las comprensiones sobre la violencia de género. Estos puntos de condensación se configuraron como matrices semiótico-materiales (Haraway 1999; Hacking 2001). Se trata de complejas relaciones entre discursos y prácticas que configuran una manera de comprender la violencia de género y unas prácticas: artículos, leyes, informes, panfletos, clasificaciones, instituciones, pero también lugares, espacios físicos, relaciones, turnos, papeles.

Identifiqué cinco matrices semiótico-materiales: sexualidad; salud; derechos humanos; seguridad, y prácticas disciplinares. Es necesario indicar que estas clasificaciones tienen un carácter analítico pero que en los estudios aparecen de manera entrelazada. Unos y otros lugares se influencian y se constituyen. Sin embargo, realizar esta “disección” ha sido clave para comprender conceptualmente cómo la violencia de género se ha constituido en problema social en el país, yendo más allá de enfoques

<footnote n="2">2 Modificaciones en las normativas que se explicarán más adelante. Mientras se realizó esta investigación, se estaban cerrando las comisarías de la Mujer y la Familia, proyecto hito de atención a la violencia de género que funcionaba desde 1994. En su lugar, en 2014 se pusieron en funcionamiento las unidades judiciales especializadas en violencia hacia la mujer y miembros de la familia.</footnote>
cronológicos o de actores, que son los que han primado en otras latitudes (Araujo et al. 2000; De Miguel 2008).

Posteriormente recogí las ordenanzas metropolitanas existentes en el Municipio de Quito alusivas a la violencia de género (Ordenanza 42 de 2000; Ordenanza 286 de 2009; Ordenanza 235 de 2012) y las metodologías de dos servicios municipales que funcionan en la ciudad para prevenir y atender violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales (MDMQ 2004, 2011). Indagué cómo habían influido o no las matrices antes descritas.

Escogí utilizar el concepto violencia de género, ya que engloba otras nociones alrededor del tema. En Ecuador han existido diversos significantes asociados: violencia hacia la(s) mujer(es); violencia doméstica; maltrato hacia la mujer; violencia en la relación de pareja; violencia intrafamiliar y sus expresiones en violencia psicológica; física; sexual; violencia patrimonial; acoso sexual; acoso sexual callejero; incesto; violación; estupro; explotación sexual; femicidio; entre otros nombres. Entiendo también que asumir el concepto violencia de género como punto de partida conlleva ciertas tensiones, por un lado, la instrumentalización y despolitización del término “género” en el país y, por otro lado, usarlo como una estrategia para superar concepciones esencialistas de la identidad. Asumo entonces la escritura de este artículo en medio de esta disonancia apostando por la segunda concepción. Otra advertencia es que existen varias maneras de comprender la violencia: desde sus causas y desde descripciones. En este artículo se utilizan las dos formas.

## Voces desde la sexualidad

Colocar la mirada sobre la sexualidad ha sido tarea de los feminismos. Kate Millet (2010), por ejemplo, indicó que en el patriarcado a la vez que se cosifica el cuerpo de las mujeres –representándolas como objeto sexual–, se veda su libertad sexual por el culto a la virginidad, pero también se la interpela para que oferte su sexualidad a cambio de protección y prestigio. La autora mostró que la sexualidad de las mujeres puede ser explotada libremente por los hombres a partir de la idea de “amor romántico”, única condición que autoriza la actividad sexual de las mujeres. Por su parte, Irigaray (1985) colocó el cuerpo y el deseo de las mujeres en un lugar preponderante, evidenciado la necesidad de “sacarlo de su silencio y servidumbre”.

Diversas autoras en Ecuador dialogaron con estas feministas y tejieron una matriz discursiva sobre la violencia de género alrededor del patriarcado, la sexualidad y el cuerpo. En esta matriz se debatió sobre la violencia contra la mujer (Rodríguez 1998) la violencia doméstica en la relación de pareja (Cuvi et al. 1989; Vega y Gómez 1993); la explotación sexual (Betancourth 2010), y la violencia de género (Cuvi y Martínez 1994). Basaron sus investigaciones en las voces de mujeres, hombres, adul-
tas, jóvenes, trabajadoras sexuales, en los medios de comunicación, en los estratos populares y medios, y en las zonas rurales y urbanas de la Costa y la Sierra del país.

Para Kristi Stølen (1987), los celos –muchas veces infundados– de los hombres devenían en maltrato a las mujeres. La sexualidad femenina, según Uca Silva (1988, estaba conferida de dualidad. Para ambas autoras, “buena mujer” era la madre dedicada al hogar, la joven virgen, la esposa fiel; identidad conferida de santidad escribieron Silvia Vega y Rosario Gómez (1993). “Mala mujer” era la seductora, la provocativa, la que tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio (Stølen 1987; Silva 1988), una identidad con halo de peligrosidad (Vega y Gómez 1993). La sexualidad masculina fue vista como intrínseca y biológicamente más activa (Silva 1988), de allí que el “verdadero hombre” era el que conquistaba y seducía a más de una mujer (Stølen 1987). María Cuvi y Alexandra Martínez (1994) contribuyeron de forma original al análisis al indagar sobre la asociación de la maternidad y la castidad con la noción de mujer-virgen madre como Mater Dolorosa; esta figura aludía al sufrimiento como único camino para librarse del pecado del placer sexual. Gloria Camacho (1996) realizó variaciones interpretativas de las ideas “buena y mala mujer” asociándolas con María y Eva. Por su parte, Zaida Betancourth (2010), en una investigación más reciente sobre la explotación sexual, planteó que la maternidad forzada es la manera en que las “malas mujeres” pretenden convertirse en “buenas mujeres”.

Cuvi y Martínez (1994) evidenciaron que los conflictos matrimoniales y los maltratos comenzaban cuando el hombre establecía una relación permanente con otra mujer; en ese momento, las mujeres desplazaban su conflicto hacia la “mala mujer” y la desigualdad intergénero se convertía en un enfrentamiento intragénero. En su investigación, se develó que en los estratos medios la visión de la buena y la mala mujer se expresaba de una manera sutil.

La violencia, indicó Uca Silva (1988), tiene una función coercitiva y de castigo. Cuvi y Martínez (1994), además de comprender la violencia de género como una advertencia de los hombres para controlar los comportamientos sexuales de las mujeres o para mantener incuestionada su libertad sexual, adscribieron el binomio honor/ vergüenza: la imagen del hombre frente a los otros implicaba el control de la virginidad y castidad de las mujeres. Camacho (1996, 2003) explicó que el castigo es un mecanismo constitutivo de las alternativas bipolares –buenas o malas mujeres– y se legitima cuando la actuación se aleja del modelo de feminidad ideal. En esta misma línea, Vega y Gómez (1993) aseveraron que la violencia contra las mujeres en la relación doméstica de pareja aparecía recurrentemente motivada por la transgresión de papeles o el incumplimiento de las responsabilidades asignadas tanto por la división sexual del trabajo como por la identidad femenina (santa o peligrosa) y masculina (libre de vivir su sexualidad a su manera). Amplían la idea de Stølen (1987) al indicar que la violencia se desencadena no solo por la simple sospecha de infidelidad sino también por la intromisión de la esposa en la sexualidad del marido.
Finalmente dos investigaciones, una de Gloria Ardaya y Miriam Ernst (2000) y otra de Gloria Camacho (2003) que, partiendo del debate sobre las sexualidades, introdujeron la idea de ciudadanía. Atribuyeron a la organización familiar un carácter patriarcal, autoritario, donde los derechos y prácticas democráticas estaban ausentes en consonancia con la cultura política del país. Si bien la investigación de Ardaya y Ernst (2000) no contó con una base empírica, aportó nuevos elementos al debate. Las autoras explicaron que la ausencia del padre en la familia y el predominante rol doméstico de la mujer, debido a la división sexual del trabajo, derivaron en la idea de que las mujeres son “madres poderosas y esposas débiles” y los hombres imponen su presencia mediante la violencia. Indicaron que padre y madre vivían una sexualidad reprimida, envuelta por la obligación más que por el goce. Concluyeron que la asociación de la identidad con ciertas formas de vivir la sexualidad ha construido identidades fragmentadas de hombres y mujeres, y ha permitido la “represión masiva de una parte del “sí mismo” de los seres humanos” (2000, 81).

En las ordenanzas analizadas (Ordenanza 42 de 2000; Ordenanza 286 de 2009; Ordenanza 235 de 2012), no se alude a esta matriz. La vinculación entre la violencia de género y el control de la sexualidad queda por fuera del abordaje conceptual de las metodologías de los servicios. En ambas, se considera que la violencia intrafamiliar y de género derivan de concepciones patriarcales y de las relaciones de poder, pero ninguna recoge el debate sobre la sexualidad. Sin embargo, en la metodología de los centros de Equidad y Justicia (MDMQ 2011) aparece el tema de los “derechos sexuales y reproductivos” entre las actividades de capacitación realizadas desde el área de promoción de derechos (MDMQ 2011, 32).

En relación con la normativa nacional sobre los fines de la Ley contra la Violencia a la Mujer y a la Familia,<fnref n="3" /> más conocida como Ley 103, se indica que la “ley tiene por objeto proteger la integridad física, psíquica y libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia, mediante la prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus derechos y los de su familia” (artículo 1). En este artículo se nombra la libertad sexual, sin embargo, en la Ley no se aterrizan acciones concretas para abordarla en otros articulados. En este sentido, concluyo que desde la institucionalidad tanto en la normativa como en los servicios se ha puesto poco hincapié en el tema de la sexualidad. Esta matriz ha sido silenciada para dar paso a otras maneras de comprender la violencia de género.

## Interludios desde la salud

Cuando en 1993 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) declaró que la violencia contra las mujeres era un problema de salud pública, se constituyó otra

<footnote n="3">³ Esta Ley representó los logros del movimiento de mujeres y feministas, y fue derogada parcialmente con el COIP en 2014.</footnote>
matriz de comprensión. Las voces de Lori Heise y otras autoras (Heise et al. 1994) tuvieron sus ecos en el país. En esta matriz convivían los discursos de los derechos humanos con el abordaje desde la sexualidad puesta la mirada en el cuerpo. Se indagó sobre la explotación sexual, el acoso y el abuso en el ámbito escolar (Cordero y Maira 2001; Cordero y Sagot 2001) y los desafíos para las políticas y servicios (Breilh 1996; Maira 1999, principalmente la ruta de atención (OPS 1999, Maira 1999).

Jaime Breilh (1996) resaltó que la violencia de género no solo se expresaba en la vida familiar, sino también en el ámbito laboral, escolar, recreativo y político. Sugirió ir más allá de medidas jurídicas aisladas o de servicios dispersos y abordarla de manera integral y colectiva. Su apuesta se centró en el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo y su sexualidad con autonomía y autoafirmación, y recalcó el derecho a optar libremente por la maternidad y a recibir información para una sexualidad plena y libre.

Lilia Rodríguez (1998) enfocó la violencia de género en tanto factor de riesgo, pues los poderes de dominio patriarcal nutrían la idea de inferioridad, incapacidad e incompletud de las mujeres. En el análisis de la ruta crítica (OPS 1999) se planteó que considerar la violencia como un riesgo de salud de las mujeres ponía de manifiesto sus efectos en los procesos vitales, sexuales y reproductivos, y abría un camino a la epidemiología y al quehacer de salud. Con este abordaje, se puso la escucha en el cuerpo femenino como lugar donde se vive y significa el impacto físico, psicológico y espiritual de la violencia (OPS 1999). En 2001, Tatiana Cordero y Gloria Maira usaron este concepto para analizar la explotación, el abuso y el acoso sexual en el ámbito educativo. En sus investigaciones aparecieron variaciones de las representaciones de la sexualidad, por ejemplo, una sexualidad masculina fácilmente “provocada”, lo cual deposita en las mujeres la responsabilidad de evitar la violencia y el acoso sexual mediante el control de su comportamiento corporal y sexual de acuerdo con la norma (Cordero y Maira 2001). También señalaron la cosificación del cuerpo, la mercantilización de la sexualidad y la naturalización de la explotación sexual de las mujeres como parte de las dinámicas sociales, económicas y culturales que configuraban dicha explotación con base en la desigualdad entre hombres y mujeres (Cordero y Sagot 2001).

El abordaje desde la salud fue contemplado en la legislación de la municipalidad quiteña dando la pauta de su definición. En esta normativa, se utilizaron los conceptos de violencia intrafamiliar y de género y se los comprendió como “un problema social de género y de salud pública” (Ordenanza 42 de 2000, artículo 1). Esta Ordenanza estableció tres acciones clave: detección, denuncia y atención integral. De esta manera, se dotó a operadores y operadoras de salud de un papel preponderante en la identificación de esta problemática y se implementó la atención integral en lo legal, social y psicológico (MDMQ 2004, 2011). La atención psicosocial podría contemplarse como parte de la promoción de salud que se derivó de las comprensiones surgidas en esta matriz.
Otra influencia de esta matriz es la noción de ruta crítica que fue clave para la implementación de los servicios municipales institucionalizados (Ordenanza 286 de 2009). Estos servicios colocaron en un mismo espacio a las entidades de administración de justicia, policiales y a un equipo técnico psicológico, social y legal para atender a quienes enfrentaban situaciones de violencia de género (MDMQ 2011).

Esta matriz de comprensión de la violencia ha tenido mayor influencia en la normativa del Municipio de Quito, pues sus concepciones y principales aportes sobre la atención se han plasmado en los servicios. Sin embargo, el tema del cuerpo no se evidencia.

## Acento en los derechos humanos

La matriz discursiva de los derechos humanos fue clave cuando se retornó a la democracia en la región latinoamericana.<fnref n="4" /> Cobró protagonismo para los movimientos sociales ecuatorianos durante la Presidencia de tinte dictatorial de León Febres-Cordero (1984-1988), mientras la violencia hacia las mujeres se posicionó como problema social en las calles (Ayala 1987). Este proceso estuvo acompañado de las conferencias y convenciones internacionales en las se definió las violencia hacia las mujeres como un problema de derechos humanos (ONU 1975, 1979, 1980, 1993, 1994). Tales iniciativas fueron un mecanismo para instar al Estado ecuatoriano a tomar medidas para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de violencia. Varias ONG<fnref n="5" /> dedicadas a trabajar por los derechos de las mujeres introdujeron enfáticamente la violencia de género en esta matriz discursiva en un escenario neoliberal.

Las investigaciones realizadas bajo esta matriz han tenido, desde mi perspectiva, dos lugares de condensación: la violencia de Estado contra las mujeres y la violencia de género como contravención o delito. Es así que el debate decantó hacia el acceso a la justicia y la aplicación del derecho.

La violencia de Estado hacia las mujeres se presentó en un breve pero dramático artículo de María Arboleda (1987). Ella recogió las violaciones a los derechos humanos de las mujeres cometidas por instituciones como la Policía, el Ejército (en menor grado) y la justicia. Analizó el sonado caso Camargo,<fnref n="6" /> cuya sentencia terminó por invisibilizar una compleja red de explotación de delitos sexuales (“trá-

<footnote n="4">4 Se refiere al fin de las dictaduras militares en América Latina. En Ecuador ocurrió en 1979.</footnote>

<footnote n="5">5 Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM); Centro de Planificación y Estudios Sociales (CEPLAES); Centro de Investigación Acción de la Mujer (CIAM); Centro de Estudios e Investigaciones de la Mujer Ecuatoriana (CEIME), entre otras.</footnote>

<footnote n="6">6 Daniel Camargo Barbosa para la opinión pública fue un violador y asesino en serie detenido en 1986. Pero tras algunas investigaciones policiales, se identificó que existían otros cómplices e involucrados en los delitos por los cuales fue sentenciado. Uno de sus cómplices, Allauca, podría haber sido clave para obtener mayor información sobre el caso, pero se fugó según se cree con complicidad de la Policía. Todo apunta a que tras el caso Camargo se escondía una organización de explotación sexual y delitos sexuales (Arboleda 1987). Algo que la justicia ecuatoriano no investigó.</footnote>
fico de blancas”, “perversión de menores” y secuestro) e ignorar a las 70 mujeres asesinadas. Dicha autora abordó también las torturas infligidas a las mujeres sospechosas o pertenecientes al movimiento subversivo Alfaro Vive Carajo,<fnref n="7" /> cometidas por miembros de la fuerza pública.

El énfasis estuvo en la tipificación que se plasmó en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, conocida como Ley 103 (expedida en 1995). Esta Ley daba cuenta de la actuación en caso de contravenciones; de esta forma, se distinguió entre contravención y delito a partir de las lesiones causadas por la violencia. Las primeras eran atendidas por las comisarías de la Mujer y la Familia y los segundos abordados como parte de un proceso penal.<fnref n="8" /> Lo que se reguló se denominó violencia intrafamiliar que se la definió como “toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”. Esta Ley fue derogada parcialmente al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP 2014), el cual tipifica como delito esta problemática, manteniendo la definición de violencia intrafamiliar aunque, al utilizar un enfoque de tipo penal, se perdió la inmediatez en la obtención de las medidas de protección. El COIP además de los delitos sexuales ya tipificados incorporó el femicidio; sin embargo, invisibilizó el tema de la libertad sexual que estaba contemplado en la Ley 103.

La Ley 103 colocó en la mira a los servicios judiciales (juzgados, comisarías nacionales y comisarías de la Mujer y la Familia); muchas investigaciones describieron a estos servicios (León 1995; Orellana 2000; Jácome 2003; Camacho et al. 2010; Pai-llacho 2011). Cabe resaltar la investigación de Gloria Camacho y otras autoras que aportaron al debate al indicar el enfoque “familista” que primaba en los operadores de justicia y el tratamiento dado a las boletas de protección por parte de las usuarias. To-das fueron investigaciones empíricas que describieron el fenómeno basado en datos cuantitativos y cualitativos sobre las denuncias, medidas de protección y sanciones.

En esa línea de tipificación se inquirió sobre dos aristas de la violencia de género: la violencia política y la violencia patrimonial. En relación con la violencia política, María Arboleda y otras autoras (Arboleda et al. 2012) desenmascararon a la violencia institucionalizada de la “democracia patriarcal” cargada de prácticas que excluían y

<footnote n="7">7 Grupo subversivo que operó en Ecuador entre 1983 y 1991, período caracterizado por una importante crisis económica en el país.</footnote>

<footnote n="8">8 Se comprendía como una contravención cuando la lesión incapacitaba a la persona por menos de tres días y como un delito cuando la incapacidad era mayor a tres días. El sentido de esta distinción establecida en la Ley 103 (1995) fue que se lograra atender en las comisarías de la Mujer y la Familia los casos de contravenciones con mayor celeridad. Este proceso favorecía la inmediatez en el otorgamiento de medidas de protección conocidas en la Ley 103 como “medidas de amparo” (artículo 13). Actualmente según el COIP (2014) existe una distinción entre contravenciones y delitos. Contravención es “la infracción penal sancionada con pena no privativa de libertad o privativa de libertad de hasta 30 días” (artículo 19) y delito “es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a treinta días” (artículo 19). En el COIP (2014) se establece una distinción entre las “medidas cautelares” para casos de delitos y las “medidas de protección” para el caso de contravenciones (artículo 520).</footnote>
subordinaban a las mujeres hasta convertirlas en objetos utilizados por los partidos y organizaciones políticas a su antojo. Indicaron que "cuando las mujeres asumen un perfil deliberante ante las decisiones políticas, pasan de ser "reinitas a brujas" y viven campañas de acoso mediático y otras formas de maltrato" (Arboleda et al. 2012, 105) con sanciones para silenciarlas.

La violencia patrimonial fue investigada por Carmen Diana Deere, Jennifer Twyman y Jackeline Contreras (2014). Las autoras advirtieron que esta forma de violencia aparece porque las mujeres desconocen las leyes y porque confían en que sus parejas y familiares varones actúan de buena fe. Indicaron también que muchas veces ellas preferían renunciar a sus derechos para lograr romper su relación de pareja cargada de violencia. Concluyeron que era clave incorporar la violencia patrimonial como una violación de derechos humanos con el fin de superar la situación de vulnerabilidad de las mujeres en caso de separación, divorcio y viudez.

Los servicios municipales se nutren de esta matriz. En la Ordenanza Metropolitana 286 de institucionalización de los centros de Equidad y Justicia (Ordenanza 286 de 2009), se enunció como objetivo de los servicios "contribuir a la construcción de una cultura de paz y participación ciudadana, mediante una administración de justicia desconcentrada, con el trabajo interinstitucional coordinado eficiente, eficaz y efectivo" (artículo 1). El hincapié puesto en la justicia evidencia que el problema se construyó en esta matriz como una contravención o delito y, por lo tanto, la denuncia y la sentencia eran parte de las soluciones.

La Ordenanza 286 estableció que los servicios están destinados a las "víctimas de violencia de género, intrafamiliar e institucional, del incumplimiento de medidas de amparo, lesiones por violencia intrafamiliar, maltrato infantil y delitos sexuales" (artículo 2). La referencia a la violencia institucional recogió el debate sobre la violación de derechos por parte de las instituciones del Estado. Sin embargo, en las metodologías de los servicios no se establece ningún programa o actividad vinculada con esa temática (MDMQ 2004, 2011). Los y las profesionales de los servicios centran buena parte de su accionar en peritajes de acuerdo con la demanda de los servicios de justicia, especialmente en los centros de Equidad y Justicia, en el caso de las Tres Manuelas, que ha mantenido otras intervenciones tales como terapias psicológicas, club de las familias por el buen trato, entre otras (MDMQ 2004).

Esta matriz tuvo como efecto un mayor posicionamiento de la violencia de género como un problema social y su desnaturalización, sin embargo, la tendencia a la judicialización ha implicado que la violencia se convierta en un problema individual que debe ser resuelto en el ámbito judicial, ámbito que, como se verá más adelante, no ha dejado se estar inserto en las lógicas patriarcales.
## Voces desde la seguridad ciudadana

Otra configuración se desprendió del abordaje de los derechos humanos: la violencia de género como un problema de seguridad ciudadana (Carrión 2012). Según Andreina Torres (2010, 4), este discurso se incorporó en la región por el incremento de los delitos debido a las inequidades sociales, la exigencia de la seguridad como un bien público, el aumento de seguridad privada y el deterioro de la imagen de la policía. En consonancia, las miradas regionales se volcaron hacia las ciudades seguras para las mujeres (Falú y Segovia 2007).<fnref n="9" />

La matriz discursiva desde la seguridad retomó las relaciones de poder y la desigualdad (Carrión 2008) y apuntó al dominio masculino y heterosexual como el motivo de la perpetuación de la violencia de género (Torres 2008). La adscripción al concepto “violencia de género” (Segura Villalva 2006; Torres 2008) colocó la escucha en la persecución sufrida por trabajadoras y trabajadores sexuales, en la violencia derivada de la opción sexual y en el acoso sexual callejero. Las autoras volvieron sobre la impunidad de los delitos y pusieron sobre el tapete al “repudio social” hacia las trabajadoras sexuales y las diversidades sexo-genéricas como obstáculo para acceder a la denuncia (Torres 2008).

Este enfoque, según Fernando Carrión (2008), enfatizó en el espacio público con la intención de eliminar la dicotomía público/privado. Este autor, en consonancia con Ana Falú (2009), señaló el acceso restringido de las mujeres al espacio público como un mecanismo para su aislamiento y, por ello, al debilitamiento de su ciudadanía. La apuesta radicó en el derecho a vivir la ciudad plenamente (Carrión 2012).

Este abordaje produjo modificaciones en la Ordenanza Metropolitana 235, en la que se utiliza el concepto “violencia basada en género” y se la definió así:

> se entiende a violencia contra las mujeres a toda actuación basada en la pertenencia del sexo de la víctima, y con independencia de su edad que, a través de medios físicos o psicológicos incluyendo amenazas, coacciones o intimidaciones en el ámbito público o privado, tenga como resultado posible o real, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer (artículo 4).

De este enfoque se desprendió una campaña municipal: “Quiero andar tranquila la calles sin acoso” (El Universo 2011) y el “Proyecto Cuéntame” (El Comercio 2015a). En ambos se enfatizó en el acoso sexual callejero en el espacio público, particularmente en el transporte. En la metodología de los centros de Equidad y Justicia (MDMQ 2011) también se evidencia la incorporación de las diversidades

<footnote n="9">9 Este proceso fue apoyado y financiado por ONU Mujeres. Quito participó del Programa Ciudades Seguras para las Mujeres impulsado por esta organización.</footnote>
sexo-genéricas como parte de la conceptualización de la violencia de género. Sin embargo, no se explicitan acciones específicas en lo referente a la violencia que viven las trabajadoras sexuales.

Desde mi perspectiva, este abordaje se encuentra entre el discurso que pretende criminalizar a la violencia –por ello aún el énfasis en la denuncia como mecanismo de control del crimen– y el discurso liberador que propone el uso y disfrute del espacio público.

## Variaciones sobre el disciplinamiento

Otra matriz que ha surgido en los últimos años y que parte de la crítica sobre la disciplina abordada por Michel Foucault (1996) es la violencia de género como una práctica disciplinar, es decir, como un mecanismo para convertir a los cuerpos de las mujeres en dóciles y fácilmente gobernables. Este abordaje hace eco de la matriz de la sexualidad al recoger la idea de la violencia como control.

A partir del análisis del incesto, María Fernanda Porras (2011) y Poema Carrión (2009) revelaron la “violencia simbólica” y el “testimonio victimario” en las instituciones de justicia. Ambas autoras mostraron cómo la palabra de las víctimas es puesta en duda y la forma violenta en que se indaga sobre su comportamiento sexual o moral, para justificar los hechos y desechar las denuncias.

Desde la perspectiva de Andrea Pequeño, la violencia hacia las indígenas era una advertencia para que ellas no quebrantaran el modelo de masculinidad y orden social de acuerdo con un “imaginario que atribuye a las mujeres un carácter connatural que tiende a la tradición” (Pequeño 2009, 86). Desde su perspectiva, estas advertencias podrían ser parte de un “discurso camuflado de disciplinamiento y domesticación”.

En esta misma línea, Natalia Marcos y Tatiana Cordero (2009) develaron la violencia cometida por padres, madres y otros familiares motivada por la orientación sexual o la identidad de género y expresada, de manera dramática, en los encierros forzados en las clínicas de “rehabilitación”. En estos espacios se pretendió “normalizar” a las mujeres lesbianas a partir de torturas para someterlas.

Varias autoras en el país abordaron la expresión más extrema de la violencia de género: el femicidio (Carcedo 2010; Cordero y Maira 2011; Ortega y Valladares 2007; Pontón 2009). Sin embargo, fue la investigación de Tatiana Cordero y Gloria Maira la que puso sobre el tapete la idea de que “los femicidios son prácticas de castigo por la trasgresión a la norma de género y reflejan la reproducción de su ordenamiento a través de la violencia como mecanismo de disciplinamiento y sometimiento” (Cordero y Maira 2011, 8). Esta matriz aún no ha dejado sus huellas en ninguna normativa ni en los servicios se comprende a la violencia de género como una práctica disciplinar para erigir y controlar los cuerpos de mujeres.
Silencios y acentos

Los resultados evidencian que la violencia de género se ha construido en diversas
matrices semiótico-materiales; unas han sido enfatizadas en las leyes y en los servicios
en Quito, otras, silenciadas. Los abordajes desde la sexualidad han sido soterrados
mientras que aquellos desde la salud han quedado enunciados en las leyes locales y
han inspirado a los servicios municipales para evitar que las mujeres transiten por la
ruta crítica. No obstante, los aportes de la matriz de la salud en relación con el cuerpo
y la libertad sexual han sido omitidos.

Los enfoques de derechos humanos han enfatizado la tipificación de ciertas vio-
lencias y el acceso a la justicia y la seguridad. El discurso feminista que posicionó
a la violencia de género como problema ha sido usado para legitimar un modelo
de control del crimen (Ferraro 1996), lo que reduce el problema a castigos y pro-
tecciones. Los discursos de seguridad traen sin embargo la idea del derecho a la
ciudad; remiten a las voces que claman por una visión basada en el goce, el disfrute
y las libertades. ¿Qué consecuencias ha acarreado este silencio alrededor de la ma-
triz de sexualidad? ¿Por qué unas voces se silencian y otras se acentúan? Esbozaré
algunas respuestas.

La consecuencia de la primera pregunta es que las voces silenciadas han sido inter-
pretadas en la literatura como ausencias. Las investigaciones presentadas evidencian
que las luchas de las feministas en las calles de Quito, a mediados de 1980 e inicios de
1990, vinieron acompañadas de producciones teóricas. Se muestra también lo con-
trario a lo planteado por Roberto Castro y Florinda Riquer (2003), para quienes en la
región no han existido trabajos de investigación que pongan a dialogar la producción
teórica y la base empírica. Asimismo se indica que las teóricas no solamente estaban
preocupadas por la violencia en el ámbito privado, como señala Andreina Torres
(2008), sino también por otras violencias, lo cual pone en entredicho su aseveración.
No se trata entonces de una ausencia de investigaciones en violencia de género sino
que las existentes han sido soterradas para dar cabida a saberes hegemónicos.

Los saberes hegemónicos vinculados con el enfoque de derechos humanos se se-
dimentaron en el acceso a la justicia, discurso que dotó de “peso moral y jurídico”
(Orellana 2000) al problema para exigir a los Estados prevenir, erradicar y castigar
la violencia de género, haciendo de la exigibilidad un proceso social, político y legal
(Valladares 2004). Un discurso que se ha usado estratégicamente como una herra-
mienta de lucha, a veces con fuerza y otras sutilmente, pero que no ha transgredido el
orden totalmente, como explicaré más adelante. Sin embargo, la consecuencia de esta
sedimentación ha sido la reducción del problema al ámbito legal y su inserción en las
lógicas del Poder Judicial; lógicas que no han dejado de ser patriarcales, androcén-
tricas y homogeneizadoras, como bien han criticado varias autoras a nivel nacional y
regional (Facio 2003; Valladares 2004). Esta construcción del problema ha implicado
que su solución y las intervenciones se centren en el acceso a la justicia, lo cual ha conllevado la simplificación del problema en un “único momento: el de la denuncia” (Marugán y Vega 2002).

Las lógicas del Poder Judicial también han acentuado la construcción del binomio víctima/victimario. Comparto con Judith Salgado (2008, 94) la idea de que la victimización de una persona brinda mayor posibilidad de ser reconocida como titular de derechos, mientras que cuando entra en escena la libertad sexual, la capacidad de escoger, de transformar y la potencia, el tema de los derechos se diluye. Como aler-taron María Cuvi y Alexandra Martínez (1994), tras este abordaje victimista subyace el supuesto de que la identidad es algo fijo y dado junto con la negación de las diver-sidades. La dicotomía mujer víctima/hombre victimario profundiza los estereotipos de género (Izquierdo 1998), lo que mantiene el *statu quo*. En esta línea, coincido con los planteamientos de Wendy Brown (2004), quien manifiesta que ciertos discursos de los derechos humanos producen cierto tipo de subjetividades y de sujetos que requieren cierto tipo de protecciones.

De lo enunciado se desprende otro efecto: la construcción de la violencia de gé-
nero como un problema judicial no ha favorecido la despatriarcalización ni ha con-
truido, necesariamente, caminos desde la institucionalidad para conseguir mayores
libertades sexuales, lo cual ha sido el anhelo de las feministas del país desde mediados
de la década de 1980 e inicios de 1990. Por el contrario, la atención judicializada de
dicha violencia ha servido, en muchos casos, como un mecanismo de gobernabilidad
y disciplinamiento (Foucault 1996). Como han indicado algunas autoras en los juz-
gados (Carrión 2009; Porras 2011), en las comisarías de la Mujer y la Familia<fnref n="10" /> (Ca-
macho et al. 2010) y en algunas líneas de intervención municipal (MDMQ 2004)
han primado visiones “familistas” que pretenden restaurar el orden y se distancian de
las ideas trasgresoras que dieron origen al problema.

Otro efecto es la criminalización de la violencia de género (Izquierdo 1998). Si bien el planteamiento del problema en el ámbito de los derechos permitió desnaturizarla, adentrarla en los terrenos de la criminalización ha ido contracorriente de lo planteado cuando fue construida como problema social. La violencia de género ha vuelto al ámbito de lo privado y se ha reducido, en el mejor de los casos, a protecciones, culpas y castigos que recaen sobre individuos. Poco se ha avanzado en cambios profundos. El efecto de ubicar a la violencia de género en esta arena ha sido su despolitización. Apunto a esta despolitización porque considero que, al silenciar el abordaje de la sexualidad y del cuerpo, se dejaron de lado los elementos discursivos que implicaban un mayor cuestionamiento del orden patriarcal. Ha sucedido lo mismo en otras latitudes, como por ejemplo Estados Unidos, donde el discurso feminista ha sido solapado por el del crimen (Ferraro 1996).

<footnote n="10">10 Las comisarías de la Mujer y la Familia estuvieron en funcionamiento hasta 2014, momento en que entraron en funcionamiento los juzgados especializados de atención a la violencia hacia las mujeres y miembros de la familia.</footnote>
No se puede olvidar que el proceso de institucionalización de la violencia de género en las leyes y servicios estatales vino de la mano del discurso de desarrollo promovido por la cooperación internacional y la famosa “oenegización” del movimiento feminista (Álvarez 1999). Se insertó el “enfoque de género” como base conceptual, lo que, parafraseando a Silvia Vega (2004), desdibujó el carácter político y contestatario de las prácticas y discursos feministas. En este sentido, comparto la idea de Raquel Rodas (2007) de que buena parte del accionar político del movimiento de mujeres y feminista se centró en la consecución de derechos; pasando de “la exigencia de libertades al requerimiento de facultades”.

Otra posible explicación de lo que mantuvo al tema de la sexualidad en un agujero profundo remite a los planteamientos de Pilar Troya (2007) y de Kathya Araujo y Mercedes Prieto (2008). Para la primera autora, algunas fracciones del movimiento de mujeres y feminista, quizá las que encabezaron los procesos de institucionalización, dejaron de lado el tema de la sexualidad. Para las segundas, ni la academia ni los estudios en ciencias sociales habían abordado con énfasis esta temática en la región.

Al contrario de lo planteado por autoras como María Cuvi (2003) quien sostuvo que la violencia de género fue uno de los discursos feministas que tuvo resonancia en la sociedad y que entró de alguna manera en imaginarios, símbolos y representaciones, mi planteamiento en este artículo es que la institucionalización de la violencia de género, lejos de haber propiciado una transformación cultural, ha sido cooptada y significada sin generar sismos en el orden preestablecido.

## A manera de cierre

En esta investigación he analizado cómo se construyó la violencia de género como problema social en Quito y qué efectos han tenido estas concepciones en las políticas locales. Tras revisar las principales investigaciones sobre la violencia de género desde 1985 hasta mediados de 2015 en Ecuador, se aprecia que la construcción de la violencia de género como problema social se dio en diferentes matrices semiótico-materiales. En las políticas locales y en las metodologías de los servicios de atención del Municipio de Quito, algunas de esas matrices fueron soterradas, mientras otras se convirtieron en hegemónicas.

La primera matriz presentada establece que la violencia de género es un mecanismo de control de la sexualidad para construir subjetividades. Si este es el problema, la solución se encuentra en la arena de la promoción de la libertad sexual de las mujeres (Breihl 1996) y en el fomento de relaciones más democráticas entre los géneros (Ardaya y Ernst 2000); es decir, en cambios profundos en las concepciones y prácticas en torno a lo que significa ser mujer y hombre en nuestra sociedad.
La segunda matriz de comprensión concibe a la violencia de género como un problema de salud pública y centra su análisis en los efectos de este fenómeno en el cuerpo a partir de la epidemiología y de la noción de riesgo para la salud de las mujeres (OPS 1999). También aborda la concepción cosificada del cuerpo femenino y su explotación en la lógica del sistema patriarcal (Cordero y Sagot 2001). En esta matriz se establece que la solución para el problema está en el abordaje integral y colectivo (Breihl 1996) y se enfatiza en analizar la “ruta crítica” de la atención ante la violencia con el afán de evitarla (OPS 1999).

La tercera matriz comprende a la violencia de género como un problema de derechos humanos, instando a los Estados a tomar medidas al respecto a partir de las convenciones internacionales (ONU 1975, 1979, 1980, 1993, 1994). En esta matriz se producen estudios que colocan la violencia de Estado hacia las mujeres como un problema que requiere ser visibilizado (Arboleda 1987). Con el pasar del tiempo, las investigaciones decantaron hacia el acceso a la justicia y otras sirvieron para poner sobre el tapete la necesidad de tipificar ciertas violencias que no estaban contempladas en las leyes y códigos del país. Desde esta perspectiva, la solución del problema estaba en tipificar la violencia de género para favorecer su denuncia y la sentencia, pero también en incentivar el reconocimiento de las personas como sujetos con derechos.

La cuarta matriz es la de seguridad ciudadana, que surge con dos vertientes. Por un lado, está la idea del uso seguro del espacio público (Carrión 2008) y, por otro lado, el reconocimeinto de otras violencias de género que suceden en el espacio público (Torres 2008; Segura 2006). Las soluciones, además de fomentar la utilización del espacio público de manera segura, establecen la tipificación y denuncia de ciertos tipos de violencia como el acoso sexual callejero.

Finalmente he relacionado investigaciones que utilizan la noción de prácticas disciplinares para explicar la violencia de género y de allí se desprende la última matriz (Foucault 1996). En esta matriz hay menos énfasis en las soluciones, pero se puede pensar que estas apuntan hacia cambios profundos en las prácticas y discursos sobre lo que implica ser mujer y hombre.

Al analizar las políticas locales (Ordenanza 42 de 2000; Ordenanza 286 de 2009; Ordenanza 235 de 2012) y las metodologías de los servicios municipales de Quito (MDMQ 2004, 2011), concluyo que unas matrices se han silenciado y otras se han acentuado. La matriz de la sexualidad –así como aquellos aspectos de la matriz de la salud que apostaban por las libertades sexuales– ha sido silenciada. Se ha acentuado el abordaje de los derechos humanos enmarcados en el acceso a la justicia. De la matriz seguridad se ha recogido una nueva conceptualización de la violencia de género y se han desprendido un par de campañas contra al acoso sexual callejero; se apunta que la solución del problema recae en la tipificación de ciertas violencias y en la denuncia. Por último, la matriz que alude a la violencia de género como práctica disciplinar no ha dejado huellas en los servicios y normativas locales.
Concluyo que un efecto de los acentos puestos en las políticas locales es reacomodar lo público a lo privado. La construcción del problema desde lo legal abrió posibilidades para que las personas se reconozcan como sujetos de derechos. Sin embargo, esta trama circunscribe la solución en lo judicial con un doble efecto, como lo indican Begoña Marugán y Cristina Vega (2002), ya que mediante las acciones judiciales la solución a la violencia de género se limita a la denuncia y la responsabilidad de realizarla recae sobre quienes reciben la violencia. El problema parece resolverse –o incluso disolverse– en una boleta de protección y una sentencia, en el mejor de los casos.

De acuerdo con lo expuesto, un hallazgo fundamental de este estudio es que las matrices de derechos humanos y de seguridad, al abordar la violencia de género desde el ámbito criminal, no han conllevado una modificación profunda de las concepciones patriarcales, sino más bien han tendido a mantener el *statu quo*. Esto no significa que las normativas sean innecesarias, sino que los efectos de esos procesos resultaran ir a contracorriente de los planteamientos feministas. El proceso de construcción de la violencia de género como problema social desde los feminismos implicó trasladar a la esfera pública algo que había permanecido en el ámbito privado. Sin embargo, en el caso de Quito, al cabo de unos años de institucionalización de la prevención y atención a la violencia de género, enfatizando lo legal, la tendencia ha sido la apuesta: se ha ido acomodando lo público a lo privado. Es decir que las académicas feministas en Quito desde 1980 bregaron por sacar a la luz una violencia que había sido confiscada al ámbito privado. Su apuesta fue construirla como un problema de orden social y que fuera más allá de las explicaciones individuales –tales como la patologización–, y que se lo comprendiera como un mecanismo patriarcal de construcción de nuestras subjetividades como mujeres u hombres. Sin embargo, al judicializarla se vuelve al ámbito de lo privado al pretender encontrar la solución en la denuncia, en la cual intervienen una víctima y un victimario.

Mi apuesta política y teórica es que en este momento nuevos sentidos eclosionan en voces que aún no han sido escuchadas en los servicios y en las leyes. La sexualidad ha sido retomada por las feministas en las calles.<fnref n="11" /> Es necesario desenterrar y cargar de nuevos sentidos aquellas voces que explicaron la violencia de género desde la sexualidad, la corporeidad y la división sexual del trabajo; sustentar nuestras apuestas teóricas y prácticas en la necesidad de modificar concepciones y prácticas; y construir nuevos masculinos y femeninos, pactos de honor, relaciones personales e institucionales liberadoras. Es clave descolonizar y *despatriarcalizar* nuestras viejas comprensiones y seguir construyendo espacios de palabra y reflexión compartida que den sustento a nuevas estrategias de cambios. Parece que el terreno feminista en las calles y la academia es propicio, pese a que no resultará fácil en el compás conservador en el que transcurren nuestros días.

<footnote n="11">11 La Marcha de las Putas y la Coordinadora Política Juvenil, entre otras organizaciones feministas bregan por posicionar el tema de las libertades sexuales.</footnote>
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## Documentos

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Serie Tesis

La construcción del Estado ecuatoriano y de su ciudadanía tributaria a la luz del diezmo (1861-1889)

Ernesto Espíndola Oleas

FLACSO Ecuador, 2016

Libro digital

Premoderno y de origen eclesiástico, el diezmo en Ecuador pervivió hasta 1889, cuando fue sustituido por impuestos (predial y por exportación de cacao). En esta obra, Ernesto Espíndola evidencia que entre 1861 y 1889, conservadores y liberales mantuvieron una confrontación en torno a la pertinencia de este tributo. Dichas disputas estuvieron enmarcadas por la relación conflictiva entre un Estado en proceso de "modernización" y una ciudadanía republicana en construcción.

En esta obra, el autor visibiliza el rol de los "subalternos" en la formación del Estado y de una ciudadanía tributante, un factor que operó a la par del proyecto de las élites y sus intereses. En el análisis se recupera la voz de campesinos indígenas libres en Chimborazo, quienes interpusieron demandas por el cobro abusivo del diezmo. Igualmente se ofrece extractos de los debates parlamentarios de la época.
Comercio justo, seguridad alimentaria y
globalización: construyendo sistemas
alimentarios alternativos

Fairtrade, Food Security and Globalization:
Building Alternative Food Systems

Comércio justo, segurança alimentar e globalização:
construindo sistemas alimentares alternativos

Martin Calisto Friant

Fecha de recepción: octubre de 2015

Fecha de aceptación: febrero de 2016

Resumen

Este ensayo examina las políticas y prácticas de la certificación de comercio justo (fairtrade) con el fin de evaluar si este sistema de comercio alternativo puede contribuir con soluciones innovadoras a la seguridad alimentaria mundial. Para ello, se examina en primer lugar los principales retos y problemas a los que se enfrenta el sistema alimentario mundial. En segundo lugar, se explora la historia, visión y estándares de certificación del sello fairtrade. En tercer lugar, se evalúan los efectos de fairtrade sobre la calidad de vida de los pequeños agricultores del sur global para entender las fortalezas y debilidades de este sistema de certificación. En cuarto lugar, se analiza si, y en qué forma, el sistema fairtrade podría contribuir a la seguridad alimentaria mundial. Para concluir, este ensayo sugiere que el mayor valor de fairtrade no reside en su sello de certificación, sino más bien en sus principios sociales y ambientales. De hecho los estándares de fairtrade tienen el potencial de inspirar políticas internacionales que podrían conducir a una transformación sostenible del sistema alimentario mundial.

*Descriptores:* comercio justo; agricultura orgánica; agroecología; seguridad alimentaria; soberanía alimentaria; políticas alimentarias internacionales; sistemas alimentarios alternativos; economía social y solidaria.

Abstract

This article examines the politics and practices of Fairtrade certification in order to assess whether this alternative trading system could contribute to innovative solutions for global food security. The analysis begins by assessing the main challenges and problems characterizing the contemporary global food system. It then explores the history, vision and certification standards of the Fairtrade label. In the third section, the results of the impact studies of Fairtrade certification on producer livelihoods are discussed, analyzing the various strengths and weaknesses. Finally the article ana-

<footnote>Martin Calisto Friant. Licenciado en Ciencias Políticas y Estudios de Desarrollo Internacional por la Universidad McGill, Canadá. Máster en Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Universidad College de Londres, Inglaterra y Magíster en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Melbourne, Australia. Actualmente es presidente de la Fundación Terrasapiens que trabaja para salvaguardar los derechos de la naturaleza en Ecuador y la región andina.</footnote>

<footnote>✉ martin.calisto.fr@gmail.com</footnote>
lyzes whether, and how, the Fairtrade system could positively contribute to improving global food security. To conclude this paper argues that the greatest strength of Fairtrade is not the certification mechanism itself but rather the social and environmental principles it represents. Fairtrade standards could serve to inform broader international policies, which could lead to a sustainable transformation of the global food system.

**Keywords:** fairtrade; organic agriculture; agro ecology; global food security; food sovereignty; international food policy; alternative food systems; social and solidarity economy.

## Resume

Este ensaio examina as políticas e práticas da certificação de comércio justo (*fair trade*) com o objetivo de avaliar se o sistema de comercio alternativo pode contribuir com soluções inovadoras à segurança alimentar mundial. Para tanto, examina-se em primeiro lugar os principais desafios e problemas que enfrenta o sistema alimentar mundial. Em segundo lugar, explora-se a história, visão e padrões de certificação do selo *fair trade*. Em terceiro, são avaliados os efeitos do *fair trade* sobre a qualidade de vida dos pequenos agricultores do sul global para entender as fortalezas e debilidades deste sistema de certificação. Em quarto lugar, analisa-se se, e em que forma, o sistema *fair trade* poderia contribuir à segurança alimentar mundial. Para concluir, este ensaio sugere que o maior valor de *fair trade* não reside no selo de certificação, se não mais bem em seus próprios princípios sociais e ambientais. Na verdade, os patrões de *fair trade* têm o potencial de inspirar políticas internacionais que poderiam levar a uma transformação sustentável do sistema alimentar internacional.

**Descritores:** comércio justo; agricultura orgânica; agroecologia; segurança alimentar; soberania alimentar; políticas alimentares internacionais; sistemas alimentares alternativos; economia social e solidária.

El sistema alimentario mundial atraviesa un momento crítico. Se enfrenta a un doble desafío tanto en términos de equidad social como de sostenibilidad ambiental. De hecho, 842 millones de personas sufren de desnutrición crónica y 2 mil millones de personas sufren de malnutrición (De Schutter 2014). Esto sucede a pesar de que la producción actual de alimentos podría proveer las necesidades de toda la población mundial y de que el 35% de los adultos tiene sobrepeso (Garnett 2013). Además, las técnicas de la agricultura industrial causan graves impactos ambientales que amenazan las bases ecológicas del sistema alimentario (Lobao y Stofferahn 2008). La agricultura es una de las principales contribuyentes al cambio climático, a la deforestación, a la degradación del suelo, al agotamiento del agua y a la pérdida de biodiversidad (Freibauer et al. 2011). Mientras que los servicios ecosistémicos necesarios para la producción de alimentos son devastados por la agricultura industrial, el sistema alimentario mundial tiene que alimentar a una población creciente que llegará a 9 mil millones de habitantes en el año 2050 (Godfray et al. 2010). Una transformación urgente es por lo tanto crucial para asegurar la sostenibilidad social y ambiental del sistema de distribución y producción alimentaria (Biel 2014). El futuro del siglo XXI dependerá de la capacidad para resolver este desafío.
Este artículo examina las políticas y prácticas de *fairtrade*<fnref n="1" /> con el fin de evaluar si este sistema de comercio alternativo puede aportar soluciones innovadoras a esta crisis. Pocas soluciones prácticas a este problema han sido propuestas hasta el momento, ya que la mayoría de ellas carece de visión o viabilidad (Godfray et al. 2010). Por otra parte, *fairtrade* es una propuesta única que ha sido capaz de crear un sistema alimentario alternativo mediante la imposición de estrictas normas sociales y ambientes, sin comprometer su éxito económico (Reed 2012; Raynolds 2012). Aunque *fairtrade* tiene varias limitaciones (Mohan 2010; Marston 2013; Naylor 2014), es útil examinar este sistema para evaluar si sus prácticas podrían marcar el camino hacia una transformación sostenible del sistema alimentario. Ha habido un debate académico creciente alrededor de *fairtrade* y la mayoría de la literatura consiste en estudios de caso sobre el impacto del comercio justo para los agricultores del tercer mundo (Shreck 2005; Raynolds et al. 2007; Jaffee 2007; MacDonald y Marshall 2010; Valkila y Nygren 2010; Linton 2012; Valiente-Riedl 2013). Sin embargo, prácticamente ninguna investigación ha examinado los vínculos entre *fairtrade* y la seguridad alimentaria mundial.

Este artículo primero evalúa los desafíos que enfrenta el sistema alimentario mundial y presenta la historia y visión de *fairtrade*. Segundo, revisa los impactos de *fairtrade* para los pequeños productores certificados, con el fin de analizar si podría contribuir a una transformación sostenible del sistema mundial de alimentos a nivel global. Concluye argumentando que, si bien los resultados directos de *fairtrade* son mixtos, este sistema tiene muchas lecciones que ofrecer en la creación de un sistema alimentario más social y ambientalmente sostenible. En el fondo, la contribución más importante de *fairtrade* para la seguridad alimentaria mundial no reside en su marca de certificación, sino en sus principios, una vez traducidos en políticas alimentarias nacionales e internacionales.

A lo largo de este artículo, se adoptará un análisis basado en el marco teórico de la ecología política, debido a que esta postura ontológica multidisciplinaria permite investigar el conjunto de factores ambientales, sociales, políticos y económicos que influyen en este tema.

## Evaluando los desafíos del sistema alimentario mundial

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) proponían reducir la proporción global de personas desnutridas al menos en 12% a finales de 2015. Sin embargo, está claro que este objetivo no se cumplirá, ya que alrededor del 14% de la población

<footnote n="1">1 A lo largo del artículo, el término *fairtrade* se utilizará para referirse a la marca de certificación específica de la organización *Fairtrade International* (FLO), mientras que “comercio justo” se utilizará para referirse al movimiento de comercio justo en general, incluyendo todos sus diversos principios, agrupaciones y organismos.</footnote>
mundial sigue sufriendo de desnutrición, mientras que alrededor del 29% todavía sufre de malnutrición (De Schutter 2014; UN 2015, 21). Una combinación de cinco factores principales puede explicar por qué el hambre y la inseguridad alimentaria siguen siendo preocupaciones importantes en un siglo en el que los seres humanos tienen la capacidad de enviar robots a explorar la superficie de otros planetas.

En primer lugar, la alta volatilidad de los precios de los alimentos ha afectado seriamente la capacidad de la ciudadanía más pobre para sostener sus necesidades nutricionales (George 2010). La especulación en el mercado financiero y la liberalización del comercio de productos alimentarios ha llevado a una situación en la que los precios de los alimentos son artificialmente altos e inestables (Carolan 2013). Los biocombustibles son también una de las principales razones para esta volatilidad y han sido responsables de hasta el 75% del reciente aumento de precios de los alimentos (Lawrence et al. 2013). Jean Ziegler, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación de 2000 a 2008, ha calificado la producción de biocombustibles incluso como un “crimen contra la humanidad” debido a que quiota comida de la boca de la gente para alimentar automóviles (2011). Lo más grave es que varios estudios han demostrado que los biocombustibles, desarrollados para luchar contra el cambio climático, en realidad producen hasta un 70% más gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles (George 2010, 123).

En segundo lugar, la destrucción del medio ambiente y la degradación del suelo causada por la agricultura industrial ha reducido significativamente la fertilidad y los rendimientos agrícolas (Garnett 2013). El uso insostenible de técnicas de monocultivo a gran escala, de maquinaria pesada, fertilizantes y pesticidas químicos ha llevado a niveles severos de salinización, acidificación y erosión del suelo (Lawrence et al. 2013). Con el 24% de las tierras de cultivo mundial identificadas como degradadas, este fenómeno se ha convertido en un problema sistémico para la producción de alimentos, lo que resulta en una pérdida significativa de rendimientos (Freibauer et al. 2011, 34). La agricultura industrial también contamina y agota las fuentes de agua de las que depende, lo que debilita aún más el potencial productivo del sistema alimentario (HLPE 2015; Foley et al. 2011). Por otra parte, los grandes monocultivos industriales son una de las principales causas de deforestación y han reducido críticamente la biodiversidad del planeta (Shiva 2008). Esta pérdida de biodiversidad, incluyendo de la agrobiodiversidad, contribuye directamente a la inseguridad alimentaria, ya que limita la diversidad de nutrientes disponibles para las necesidades humanas y reduce los rendimientos agrícolas al restringir la resiliencia y adaptabilidad del sistema alimentario (FAO y PAR 2011; Lang y Barling 2012; IFAD 2014).

La agricultura produce ahora un 30% a 35% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero (Foley et al. 2011). La agricultura no solo es uno de los principales contribuyentes al cambio climático en el mundo, también es uno de los sectores económicos que será más gravemente afectado por sus impactos. De hecho,
el cambio climático debilita aún más las bases ecológicas del sistema alimentario, ya que reduce la predictibilidad de los patrones climáticos y aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos (De Schutter 2014). Desastres naturales recurrentes como sequías, inundaciones y huracanes desestabilizan los rendimientos globales causando una disminución de la productividad mundial. Los precios internacionales de alimentos serán entonces cada vez más volátiles (Lawrence et al. 2013).

En suma, este escenario ambiental dará lugar a importantes crisis alimentarias que pondrán en serio peligro el futuro de la seguridad alimentaria mundial (Garnett 2013). El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) ha estimado que el cambio climático llevará a un aumento en el número de personas desnutridas de 40 a 170 millones (McMichael y Scheider 2011).

En tercer lugar, el sistema alimentario mundial se caracteriza por relaciones comerciales altamente desiguales entre los países del norte global y del sur global (Carolan 2013). En particular, los subsidios agrícolas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) causan incalculables daños a los pequeños agricultores. Se ha estimado que estos subsidios (incluyendo los pagos directos en Estados Unidos y la política agrícola común de la Unión Europea) suman un total de 365 mil millones de dólares anuales, lo que representa más del doble de toda la asistencia oficial para el desarrollo entregada en 2014 (Carolan 2011, 193). Esta situación ha afectado gravemente los medios de subsistencia de los agricultores del tercer mundo que no pueden competir frente a productos altamente subsidiados del hemisferio norte. Millones de campesinos pobres incluso han tenido que abandonar sus tierras y millones más se han quedado sin recursos suficientes para sostener las necesidades nutricionales de sus familias. Por otra parte, los países en desarrollo no han podido proteger a sus agricultores con subsidios o aranceles de importación debido a que las condiciones de los “programas de ajuste estructural” y los “acuerdos de libre comercio” neoliberales les han obligado a mantener mercados “abiertos” (Millstone 2010). La contradicción entre las políticas impuestas por el occidente y las que practica son manifiestamente injustas y han afectado de manera desproporcionada a la ciudadanía más vulnerable del planeta (Ziegler 2011).

En cuarto lugar, la fuerte integración vertical y horizontal de los mercados alimentarios mundiales ha creado condiciones altamente monopólicas (Carolan 2011). Seis compañías controlan el 66% de las ventas de semillas a nivel mundial y el 76% de las ventas globales de agroquímicos (ETC Group 2013, 3). Cuatro empresas controlan entre el 75% y 90% del comercio mundial de cereales y oleaginosas (SAC 2012, 3). Las 100 principales empresas de fabricación de alimentos controlan 77% del mercado mundial de alimentos y bebidas procesadas (ETC Group 2011, 39). Por otra parte, los 100 principales supermercados mundiales controlan el 35% de las ventas globales de alimentos y un par de estas empresas tienden a monopolizar los mercados de distri-
bución dentro de cada país (ETC Group 2008, 46). Esta concentración mundial del mercado alimentario en todos los sectores, desde la producción hasta el procesamiento, el comercio y la distribución, ha permitido que algunas empresas obtengan una considerable capacidad de control de precios. Esto permite esencialmente que las empresas distribuidoras y comerciales reduzcan los precios entregados al productor, mientras que aumentan los precios para el consumidor (Carolan 2011). Por encima de esto, el enorme poder de compra que ejercen los comerciantes de granos transnacionales, los procesadores de alimentos y los supermercados les ha permitido imponer estrictos estándares de calidad. Con estos estándares arbitrarios, a menudo puramente estéticos, resulta cada vez más difícil para los pequeños productores del sur global acceder a los mercados de alto valor en el norte global (De Schutter 2009). Por la falta de acceso a estos mercados –y frente a los precios de venta al productor, reducidos artificialmente–, los pequeños agricultores pierden un porcentaje importante de sus ingresos y se vuelven más vulnerables frente a las crecientes crisis alimentarias (Carolan 2013). Esta estructura monopólica ha contribuido en gran medida al aumento en los rangos de los que viven en condiciones de inseguridad alimentaria en el mundo.

En quinto lugar, la dieta occidental, basada en el consumo excesivo de carne y productos lácteos, ha provocado una desviación de la producción de alimentos para la alimentación animal (Garnett 2013). Esta dieta es tan insostenible que el 75% de las tierras agrícolas del mundo (y el 30% de la superficie del planeta) se utilizan ahora para la alimentación animal o el pastoreo de animales (Foley et al. 2011). La carne consume así el 40% de la producción mundial de cereales y las dietas a base de carne consumen 10 veces más granos y 100 veces más agua que las dietas vegetarianas (Godfray et al. 2010, 817). La tierra y los alimentos, que podrían alimentar a la ciudadanía más vulnerable del planeta, se usan entonces para la industria de la carne, causando una escasez artificial de productos alimenticios y un aumento de los precios alimentarios. Con la transición nutricional de las economías emergentes hacia patrones de consumo occidentales, este problema se vuelve sistémico y afecta seriamente la capacidad de las personas más pobres para alimentar a sus familias (Godfray et al. 2010).

Estos cinco factores demuestran hasta qué punto nuestro sistema alimentario se caracteriza por una distribución altamente desigual que beneficia a los sectores más ricos de la economía global, mientras que disminuye la capacidad de los sectores más pobres para sostener sus necesidades nutricionales (Millstone 2010). Resulta paradójico que nuestro sistema alimentario ahora produzca suficiente para sostener una población mundial de 12 a 14 mil millones de habitantes y que sin embargo 2 mil millones de personas sigan sufriendo de malnutrición (De Schutter 2014; UNCTAD 2013, iii).

Estos cinco factores también señalan otra importante contradicción del sistema alimentario que hará de la seguridad alimentaria un creciente problema en el futuro. En efecto, la agricultura causa impactos ambientales que amenazan seriamente los
servicios ecosistémicos necesarios para la producción de alimentos. Esto está sucediendo en un momento en el que el sistema tendrá que sostener las demandas de una población mundial cada vez mayor y más exigente.

Para solventar los problemas sociales y ambientales descritos, es imprescindible una reestructuración completa del sistema alimentario actual. Se necesita mayor investigación para encontrar formas de garantizar tanto la sostenibilidad ambiental del sistema de producción de alimentos como la equidad social del sistema de distribución de los mismos. El futuro del siglo XXI depende de la capacidad para resolver este dilema. Ahora que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han propuesto terminar por completo con la malnutrición para el año 2030, la necesidad de soluciones concretas a este desafío es cada vez más latente. La siguiente sección examinará el sistema de certificación *fairtrade*, para descubrir si este modelo alternativo puede proporcionar soluciones innovadoras a la crisis social y ambiental.

## ¿Qué es el comercio justo?

El movimiento de comercio justo comenzó en la década de 1960 con unos pocos comerciantes minoristas especializados y organizaciones no gubernamentales (ONG), como las tiendas *Oxfam* en Reino Unido y *Thousand Villages* en América del Norte (Linton 2012). Estas organizaciones de comercio alternativo (OCA) emprendían prácticas de comercio justo “informalmente” mediante la compra a productores del tercer mundo a precios justos y el apoyo a su desarrollo socioeconómico (Hudson et al. 2013). El comercio justo creció rápidamente en popularidad durante el inicio del período neoliberal entre 1980 y 1990, ya que los agricultores perdieron el apoyo del Estado y buscaron otras formas de estabilizar sus ingresos (Jaffee 2007). Este período neoliberal también dio lugar a un aumento en la deslocalización de empresas que se trasladaron a países del tercer mundo con laxas normas sociales y ambientales (Knapp 2010). Con la expansión de las tecnologías de transporte y comunicación, estas desigualdades mundiales se hicieron cada vez más visibles. En suma, estos factores permitieron que las personas del hemisferio norte tomaran conciencia de la pobreza y la destrucción ambiental generada por la globalización capitalista (Valiente-Riedl 2013). El comercio justo, por lo tanto, surgió como una respuesta a los nefastos efectos humanos y ecológicos del libre comercio, buscando crear una alternativa justa y sostenible a la globalización neoliberal (Hudson et al. 2013).

En un principio, las OCA basaron sus credenciales como comercializadoras de “comercio justo” sobre simples relaciones de confianza tanto con sus clientes como con sus productores (Linton 2012). En la década de 1990, las OCA vieron la necesidad de garantizar sus credenciales de “comercializadoras justas” de una manera más formal y legítima. *Fairtrade International* (FLO) fue entonces creada en 1997 como
una ONG coordinadora para reagrupar diversas OCA del mundo entero, unidas para crear una sola marca de certificación que garantizara las credenciales de sus productos (Valiente-Riedl 2013). Así es como nació la distinguible marca de certificación *fairtrade*. Cualquier producto certificado con el sello *fairtrade* garantizaría un estricto conjunto de criterios sociales y ambientales determinados por la junta directiva de 25 ONG (Reed 2012).

El objetivo de la FLO, según lo determinado por su teoría del cambio, es crear “un mundo en el que todos los pequeños productores agrícolas y los trabajadores puedan disfrutar de medios de vida seguros y sostenibles, desarrollar su potencial y decidir sobre su futuro” (FLO 2013a, 5). La FLO pretende concretar esta visión, tanto a través de su marca de certificación *fairtrade*, así como por “el cambio de las políticas y prácticas del comercio internacional mediante el cabildo y las campañas políticas” (FLO 2013a, 7).

Sobre la base de esta visión, *fairtrade* puede ser visto tanto como un sistema de comercio alternativo como un movimiento social (MacDonald y Marshall 2010). De hecho, la FLO politiza explícitamente las relaciones comerciales neoliberales demostrando los daños sociales y ambientales que producen (MacDonald 2014). La FLO busca así una transformación mundial que dé lugar a un “sistema de comercio global más justo y sostenible” (FLO 2013a, 8). El objetivo final de *fairtrade* es hacer que todo el comercio sea “justo”, poniendo fin a la necesidad de su marca de certificación (Jaffee 2011).

Desde esta visión, los principios de la FLO encuentran fuertes similitudes con las teorías de la economía social y solidaria, las cuales buscan una transformación hacia una economía basada en unidades de producción cooperativas y cadenas de comercio socialmente justas y ambientalmente sostenibles (Coraggio 2011; Guerra 2012).

Mientras que el objetivo de la FLO a largo plazo es una transformación mundial, en el corto plazo podría decirse que la FLO toma ventaja del capitalismo globalizado mediante la venta de su marca de certificación (MacDonald y Marshall 2010). De esta forma, es capaz de incrementar su poder económico y político, certificando productos de gran consumo que a veces son procesados por los mismos agronegocios que critica. Así es como *fairtrade* espera obtener la influencia necesaria para cambiar el capitalismo neoliberal en el largo plazo. Sin embargo, la cooperación con los gigantes de la alimentación es un enfoque riesgoso que ha sido criticado (Shreck 2005; Valkila y Nygren 2010; Jaffee y Howard 2010; Reynolds 2012; Valiente-Riedl 2013; Hudson et al. 2013). Buscando concretar esta estrategia, *fairtrade* tendrá que asegurarse de no perder de vista su objetivo final.

La marca de certificación *fairtrade* ha tenido un fuerte éxito internacional. En 2013, la venta de productos *fairtrade* ascendió a más de 7 mil millones de dólares (FLO 2014a). Esto representó solamente el 0,01% de las ventas totales de la industria de alimentos y bebidas en todo el mundo (Mohan 2010). Sin embargo, las ventas de *fairtrade* han tenido remarcables tasas de crecimiento, subiendo más del 25% anual
entre 1998 y 2013 (Mohan 2010; FLO 2014a). Más de 30 mil productos certificados por *fairtrade* están ahora en venta en 125 países (FLO 2014a).

En total, más de 1,4 millones de agricultores y trabajadores cultivan productos *fairtrade* en 74 países (FLO 2014a). De estos agricultores, el 80% son agricultores de pequeña escala con terrenos de un promedio de 1,6 hectáreas, agrupados en cooperativas agrícolas con un promedio de 288 miembros (FLO 2013b). El 61% de estos productores se encuentra en África y el Medio Oriente; el 21%, en América Latina y el Caribe; y el 18%, en Asia y Oceanía (FLO 2013b).

Con base en estas cifras, es evidente que *fairtrade* ha ganado un considerable alcance internacional. A pesar de representar tan solo una fracción de las ventas mundiales de productos agrícolas, *fairtrade* crece exponencialmente. A continuación, se explica brevemente los criterios de certificación *fairtrade* para tener un mejor entendimiento de la manera en la que la visión y valores de la FLO están garantizados mediante su sello de certificación.

## Los criterios *fairtrade*

Los criterios de certificación *fairtrade* tienen los siguientes componentes principales:

En primer lugar, *fairtrade* elimina los intermediarios obligando a que los comercializadores paguen directamente a los agricultores un precio mínimo (determinado por *fairtrade* para cada producto). Este precio mínimo cubre los costos de producción y permite que los productores mantengan condiciones de vida dignas. Sin embargo, el precio de mercado prevalece cuando está por encima de este mínimo (FLO 2015).

En segundo lugar, además del precio mínimo (o del precio de mercado según cuál sea mayor), los comerciantes deben pagar una prima social a los agricultores que varía entre el 5% y el 15% por encima del precio del mercado. El uso de esta prima social debe ser determinado democráticamente por cada cooperativa de productores. Los productos, que también cuentan con la certificación “orgánico”, obtienen una segunda prima del 10% al 20% por encima del precio de mercado (FLO 2015).

En tercer lugar, los comerciantes deben firmar contratos a largo plazo con los productores y en cada compra deben proporcionarles un crédito de hasta el 60% del valor adquirido (FLO 2015).

En cuarto lugar, los productos de *fairtrade* deben respetar una serie de criterios sociales basados en las convenciones de derechos humanos de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos incluyen la equidad de género, la no discriminación, la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado, la libertad de asociación y condiciones de trabajo sanas y seguras (FLO 2015).

En quinto lugar, los productos de comercio justo deben respetar una serie de criterios ambientales basados en principios agroecológicos. Incluyen la conservación
de los suelos y del agua, la preservación de la biodiversidad, la gestión integrada de
residuos, la protección de áreas protegidas y de áreas con alto valor de conservación,
la eficiencia energética y fuertes restricciones en el uso de agroquímicos (FLO 2015).

Para la mayoría de productos agrícolas, solo cooperativas de pequeños productores pueden ser acreditadas como productoras *fairtrade* y así vender sus cultivos en el mercado *fairtrade*. Sin embargo, para frutas, flores, té, verduras y especias, las plantaciones privadas pueden también ser acreditadas como *fairtrade*. Las plantaciones se incluyeron para estos productos, principalmente debido a la naturaleza de su cultivo, sin embargo, la acreditación de las plantaciones privadas ha sido criticada por el incumplimiento de algunos de los principios del comercio justo (Hudson et al. 2013). En cualquier caso, las plantaciones son una minoría de cultivos, ya que solo representan alrededor del 19% de la producción total del productos *fairtrade* (FLO 2013b). Por otra parte, las plantaciones tienen un conjunto adicional de criterios de certificación por encima de los mencionados anteriormente.

En primer lugar, deben conformarse sindicatos de trabajadores controlados de-
mocráticamente, con la capacidad de negociar sus salarios y mejorar sus condiciones
de trabajo (FLO 2014b). En segundo lugar, estas uniones deben decidir sobre el uso
de la prima social fairtrade. En tercer lugar, deben mantenerse estrictas condiciones
de vida y de trabajo para garantizar el bienestar de trabajadores, trabajadoras y sus
familias (incluyendo un salario mínimo digno, acceso al agua potable y saneamiento
básico, condiciones de vivienda dignas, licencias por maternidad y vacaciones remu-
neradas) (FLO 2014b).

Evaluado los impactos de *fairtrade*

Con base en una revisión de la literatura académica, se examina ahora las fortalezas y debilidades de *fairtrade* en su capacidad de mejorar las condiciones de vida de los agricultores y sus comunidades. Al evaluar el impacto que esta certificación tiene sobre la realidad socioambiental de los productores acreditados, se puede evaluar si *fairtrade* puede realmente proponer soluciones viables a los grandes desafíos que el sistema alimentario enfrenta.

Fortalezas

Uno de los más importantes beneficios de *fairtrade* se debe a los precios más altos y estables que los agricultores reciben por sus productos gracias al precio mínimo garantizado por *fairtrade* y la prima social de *fairtrade* (Laroche y Guittard 2009). Mientras que los precios mínimos garantizados por *fairtrade* no son tan ventajosos cuando los precios internacionales de productos agrícolas se encuentran relativamente altos, el precio mínimo mantiene la estabilidad de los medios de vida de los
agricultores. Por lo tanto, protege a los agricultores de la volatilidad del mercado de productos agrícolas y les permite mantener una calidad de vida mínima, incluso en períodos en los que los precios llegan a niveles precariamente bajos (Linton 2012). Esta estabilidad es muy importante para los agricultores, ya que les permite ahorrar y hacer proyecciones e inversiones a largo plazo. De lo contrario, en años de bajos precios, los agricultores a menudo tienen que endeudarse, buscar trabajo a tiempo parcial fuera de sus tierras o vender un bien preciado o un animal para alimentar a sus familias. En períodos de graves crisis del mercado agrícola, el precio mínimo garantizado por *fairtrade* puede incluso impedir que los agricultores tengan que vender sus tierras y migrar permanentemente a zonas urbanas (Laroche y Guittard 2009).

Un segundo beneficio clave de *fairtrade* es el uso de la prima social en proyectos de desarrollo local que responden a las necesidades y aspiraciones de cada cooperativa. De hecho, elegir, diseñar e implementar democráticamente proyectos comunitarios gracias a la prima social es por sí solo un gran beneficio por el potencial de empoderamiento que tiene para los agricultores (Nelson y Pound 2009).

La prima a menudo se usa en la construcción o la mejora de infraestructura local de salud, educación, transporte o agua corriente (CEVAL 2012). Esto conduce a mejoras en los servicios sociales tanto para los agricultores como para sus comunidades (Vagneron y Roquigny 2011). La prima también se utiliza con frecuencia para formación, capacitación y asistencia técnica a los agricultores con el fin de mejorar sus prácticas de gestión y producción agrícola. Esto conduce a una mayor calidad de productos y a máyores rendimientos, mejorando así los ingresos totales de los agricultores (MacDonald 2014). Capacitaciones para mejorar las técnicas agroecológicas y obtener una certificación orgánica también son bastante comunes y conducen a una mejora adicional en la calidad de su producción y de sus ingresos (Hudson et al. 2013).

Otro notable beneficio de la prima social es que permite que las cooperativas agrícolas proporcionen créditos de bajo interés para sus agricultores y trabajadores. Estos microcréditos son particularmente importantes para los agricultores que regularmente necesitan pequeños préstamos para mantenerse a flote entre los períodos de cosecha o para alimentar a sus familias en caso de malas cosechas (Valiente-Riedl 2013). Por consiguiente, pueden mantener su calidad de vida sin tener que solicitar un préstamo privado a tasas de usurero (Vagneron y Roquigny 2011).

Estudios también han encontrado que *fairtrade* conduce a mejoras en la fuerza y la capacidad de organización de las cooperativas agrícolas (Nelson y Pound 2009). Esto abre la puerta para que las organizaciones agrícolas cooperen y formen redes para alcanzar sus objetivos a largo plazo, lo que lleva a un mejor acceso a los mercados internacionales (CEVAL 2012). *Fairtrade* promueve entonces la entrada en los mercados extranjeros, así como en los concursos internacionales de productos y otras vías de comercialización que mejoran la capacidad de las cooperativas para competir y prosperar en los mercados internacionales (Mohan 2010).
Los agricultores certificados también gozan de un mayor sentido de comunidad y de un empoderamiento democrático. Las cooperativas manejadas de forma democrática no solo unen a los agricultores para las actividades orientadas a la producción. Son formidables vías de movilización para fines políticos y sociales, y permiten que los agricultores tengan una voz tanto a escala nacional como internacional (Valkila y Nygren 2010). Además, *fairtrade* fortalece su capacidad para colaborar con otras cooperativas y formar amplias alianzas regionales, nacionales e incluso internacionales, tales como la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Comercio Justo (CLAC) (MacDonald 2014).

Una de las ventajas más importantes de *fairtrade* es el grado en que promueve mejores prácticas de manejo ambiental (Nelson y Pound 2009). De hecho, los métodos de producción agroecológicos requeridos por *fairtrade* (como las restricciones en el uso de agroquímicos, las técnicas sostenibles de manejo del agua, del suelo y de residuos, así como los requisitos relativos a la biodiversidad y la protección de áreas con alto valor de conservación) han llevado a la creación de ecosistemas y de comunidades significativamente más saludables (Laroche y Guittard 2009). Por lo tanto, las granjas acreditadas por *fairtrade* tienen una mayor biodiversidad, una cubierta forestal más densa y cuentan con una mejor calidad de aire, agua y suelos (Nelson y Pound 2009; CEVAL 2012). Además, producen menos gases de efecto invernadero por lo que usan menos productos agroquímicos y son más resistentes a las perturbaciones naturales debido a las técnicas de policultivo y de agroforestería (Jawtusch et al. 2011). Estos impactos ambientales son aún más latentes para el 56% de los productores *fairtrade*, que también están certificados como productores orgánicos (FLO 2014a). Como han demostrado varios estudios, estas técnicas de agricultura ecológica tienen el potencial de revertir por completo la degradación del suelo causada por la agricultura industrial; al hacerlo, los suelos revitalizados capturan cantidades significativas de carbono, llevando a una reducción del CO2 en la atmósfera (UNCTAD 2013). La agricultura orgánica puede así servir como un mecanismo de mitigación del cambio climático, mientras que también restaura la salud y fertilidad de los suelos (White 2014). En suma, la agricultura agroecológica promovida por *fairtrade* efectivamente combate muchos de los impactos ambientales que amenazan el futuro de la seguridad alimentaria mundial (Shiva 2008; Allen y Melcarek 2009).

Por último, estudios han encontrado que el comercio justo ha ayudado a construir la autoestima, el reconocimiento social y la confianza de los agricultores (Vagneron y Roquigny 2011). De hecho, varios productores *fairtrade* se sienten parte de un movimiento que les da la capacidad de controlar sus vidas y mejorar su futuro. El líder de una cooperativa entrevistado por Kate MacDonald (2014) mencionó que, para él, *fairtrade* principalmente se trata de “creer que podemos cambiar el mundo... que nuestras acciones hacen una diferencia y que podemos crear algo mejor para el futuro”.
## Debilidades

La mayor dificultad para las cooperativas de productores acreditadas por *fairtrade* es simplemente la venta de toda su producción en el mercado *fairtrade* (Valkila y Nygren 2010). Mientras que las ventas de productos *fairtrade* han crecido exponencialmente, la producción de bienes *fairtrade* ha crecido aún más rápidamente (Linton 2012). Por lo tanto, la demanda por productos *fairtrade* no ha evolucionado en paralelo al incremento de la oferta y muchas cooperativas han terminado vendiendo tan solo entre el 10% y el 60% de sus cosechas en el mercado *fairtrade* (FLO 2013b, 46). Esto reduce significativamente los ingresos de sus miembros y la cantidad de prima social disponible para proyectos de desarrollo (MacDonald 2014).

Otro problema importante es el costo de acreditación para las cooperativas (Mohan 2010). Estos costos dependen del tamaño y la estructura de las cooperativas, pero pueden variar de 1800 a 20 mil dólares el primer año y de 1500 a 10 mil dólares cada año siguiente (FLOCERT 2014a). La FLO está consciente de los problemas que pueden ocasionar estos altos costos y proporciona préstamos y donaciones para ayudar a cubrir estos gastos. Sin embargo, muchas cooperativas ni siquiera están conscientes de que existe este apoyo financiero (Linton 2012). Convertirse en una cooperativa acreditada por *fairtrade* es claramente una inversión con costos y beneficios cuyo balance económico exacto depende de muchos factores.

Una tercera debilidad importante del sistema *fairtrade* es la falta general de comunicación e integración de los agricultores dentro de la FLO (CEVAL 2012). La mayoría de los agricultores tiene un conocimiento muy básico de la estructura de la FLO y de los criterios de certificación de *fairtrade*. Muchas veces solo los líderes de las cooperativas entienden el sistema *fairtrade*, mientras que el resto de los agricultores lo ven únicamente como un mecanismo para conseguir mejores precios o, en el peor de los casos, como una imposición de requisitos ambientales y sociales extranjeros (Vagneron y Roquigny 2011). Esto limita el potencial educativo y de empoderamiento de este sistema y puede llevar a diversos conflictos y frustraciones.

Los requisitos burocráticos y administrativos impuestos por el comercio justo también son a menudo vistos como una carga innecesaria, especialmente para los agricultores analfabetos (Linton 2012). Cuando las inspecciones se llevan a cabo sin una suficiente comprensión de los objetivos y de los criterios de *fairtrade*, los agricultores pueden sentir que se trata de una imposición en vez de una cooperación beneficiosa. Esta situación se agrava por la falta general de asistencia otorgada a los agricultores en el cumplimiento de estos requisitos (Hudson et al. 2013).

Por otra parte, la FLO ha sido criticada por no incluir a las organizaciones de agricultores y simplemente imponer sus normas sin tener una adecuada representación de los productores (Laroche y Guittard 2009). Las oficinas de la FLO están en Alemania y muchas de las decisiones estratégicas se toman aún en el norte. Esto plantea
una fuerte asimetría entre los agricultores y el organismo de certificación. Los prime-
ros a menudo no se sienten incluidos de forma justa y significativa en el movimiento,
sino más bien como simples proveedores de materias primas y receptores pasivos de
primas sociales (MacDonald 2014).

Ante estas críticas, la FLO ha hecho cambios considerables en su estructura orga-
nizativa. Ahora la mitad de su asamblea general está constituida por representantes
de las organizaciones de productores, así como cuatro de los 12 miembros de su con-
sejo de administración. Además, quien preside hoy la FLO es Marike de Peña, una
productora de plátanos *fairtrade* de República Dominicana (Hudson et al. 2013). La
FLO también ha creado varios foros y asambleas a nivel regional e internacional para
fortalecer la posición institucional de los agricultores y su capacidad de cooperar y
tener una voz (Linton 2012). Por otra parte, la FLO se ha asociado con ONG locales
para ayudar a las cooperativas agrícolas a cumplir con los requisitos administrativos y
burocráticos de *fairtrade*. Sin embargo, este apoyo no es ni permanente ni sistemático.

Una última crítica importante del sistema *fairtrade* es que puede llevar a un au-
mento en las desigualdades locales. De hecho, los productores más organizados, edu-
cados y ricos tienen una ventaja evidente para llenar los formularios necesarios, adop-
tar los estrictos criterios socioambientales y pagar las tasas de certificación (Laroche
y Guittard 2009). Esto excluye a los productores más vulnerables que no siempre
tienen la capacidad para obtener la certificación, así como los sin tierra, los más po-
bres entre los pobres. En general, *fairtrade* no crea “islas de riqueza”, pero da lugar a
un cierto nivel de desigualdad social y económica entre los que pueden y los que no
pueden obtener la certificación (Mohan 2010).

En general, se puede afirmar que los agricultores *fairtrade* y los trabajadores de plantaciones *fairtrade* gozan de ingresos más altos y estables. Esto se debe a los efectos combinados del precio mínimo, la prima social, el mayor acceso a crédito y los contratos a largo plazo con compradores que garantizan pagos por adelantado del 60%. En conjunto, estos mecanismos actúan como prácticas contracíclicas que controlan la volatilidad de los mercados mundiales de materias primas de alimentos y proporcionan redes de seguridad social para los productores. Gracias a estos beneficios económicos, los agricultores pueden mantener algunos ahorros y hacer inversiones productivas para su granja, sus familias y sus comunidades (Linton 2012). Estudios han demostrado que los ingresos de los agricultores certificados por *fairtrade* son de 1% al 39% mayores que los de agricultores no acreditados (Hudson et al. 2013). Si bien esto no parece un incremento importante, se ha confirmado que los agricultores *fairtrade*, en general, tienen más comodidades en el hogar, menos deuda y una mejor nutrición (Jaffee 2007). Los agricultores *fairtrade* también se benefician al tener acceso a una mejor infraestructura de vivienda, educación, salud, saneamiento y transporte (CEVAL 2012). Por otra parte, *fairtrade* contribuye a la creación de una mayor capacidad de organización, una mejor calidad de cultivos, una gestión ambiental más