# Redacción impura. Periodismo de opinión

Pancani, Dino

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Pancani, Dino. Redacción impura. Periodismo de opinión. 2021. hal-03273185

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Dino Pancani Corvalán

Redacción
impura

Periodismo de opinión

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Ariadna
ediciones
Redacción impura.
Periodismo de opinión
Redacción impura.
Periodismo de opinión

Dino Pancani C.
Redacción impura. Periodismo de opinión
Dino Pancani C.
Publicación sometida a referato de pares

ISBN: 978-956-6095-15-6
Santiago de Chile, mayo 2021
Primera edición

Imagen de portada: Sofía Pancani
Diseño portada: Matías Villa

Gestión editorial: Ariadna Ediciones
http://ariadnaediciones.cl/

Impresión: LOM Ediciones

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución by

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# Tabla de contenidos

**Prologo:** María Olivia Mönckeberg Pardo, p. 9

**Introducción:** Periodismo, revuelta y pandemia, p. 15

**Derechos humanos y memoria, p. 21**

Documental El Negro y las causas de la violencia, p. 23

Yo tuve un hermano, p. 27

La escuela y el golpe, p. 31

Lorence Maxwell: Ya es tiempo, p. 35

¡Que la CNI devuelva a mis hijos...! p. 37

Sebastián Acevedo, p. 39

Las dos almas de la Iglesia: entre la Vida y la Dictadura, p. 41

Plebiscito 1988, acontecimiento en disputa, p. 43

Hasta Luego Padre José Aldunate, p. 45

¿Existen sistemáticas violaciones a los DDHH? p. 47

Chile: una trayectoria de impunidad, p. 49

La jauría de Plaza Núñoa, p. 53

¿En Chile se tortura? p. 57

Proceso constituyente y violaciones a los DDHH, p. 61

Hermanos Vergara, Paulina Aguirre y los presos/as de la revuelta, p. 65

El cura obrero, el estallido y el coronavirus, p. 67

Manola Robles: tres momentos para mi historia, p. 69

La mirada incendiada: Un relato “en la medida de lo posible”, p. 71

**Los medios, p. 73**

Concentración y medios, p. 75

U-Udi: De pasiones, amores y el fútbol, p. 79

Los pobres no eligen la televisión que ven, p. 83

Causas de una derrota, p. 85

Chile, impunidad y dinero, p. 87

Camilo Catrillanca, los medios y la amargura, p. 89

Tiempos de intolerancia, p. 91

El sádico “Don Hugo” y su corte desalmada, p. 93

La intuición de Mon Laferte, p. 95
Comunicadores/as en la encrucijada, p. 99

Pandemia y humanos y deshumanización, p. 101

Verbos en juego, p. 103

**Cultura, protesta y escuela**, p. 105

La tele y la escuela, p. 107

Por una escuela abierta, p. 111

Estudiantes movilizados: entre ponerle y no ponerle, p. 113

Reforma Educativa parcialidad que genera confusión, p. 117

Piñera contra los estudiantes secundarios, p. 119

Más arte, más cultura, mejor educación, p. 121

¿No hemos aprendido nada? La burocracia censura una obra de arte, p. 123

Ottone y la Cultura sin rumbo, p. 125

La cultura no merece nuevos ofertones, p. 129

Cultura y cambios, p. 133

Las infamantes palabras del ministro Rojas, p. 135

No presto mi muro al Neofascismo, p. 137

¿La cultura no vale? Nuevas reducciones en el presupuesto de Cultura, p. 139

Reconstrucción de Notre-Dame, ¿generosidad u obscenidad? p.141

Por una cultura independiente y financiada, p. 143

**Caótico**, p. 145

La mano contra el más débil, p. 147

El patrimonio de la violencia y su agresión al pueblo mapuche, p. 151

El paisaje cotidiano, p. 155

Si no vota, gana la derecha, p. 157

Banco Mundial, golpe a la política, p. 159

La volátil realidad de los milenials, p.161

Menos espectáculo y más política, p. 163

Por qué es ilegitimo el acuerdo parlamentario, p. 165

¿Quién manda a quién? O la contumacia de Carabineros, p. 169

50 años de la Unidad Popular, nostalgia y futuro, p. 171

La balada de la Flavia y el Maicol, p. 173

Doctora Siches ¿Es la forma...? p. 177
# Prólogo

En medio de esta pandemia, un día de fines de marzo, Dino Pancani me pidió que prologara su libro. Me dediqué un fin de semana casi completo a leer una por una las columnas que él había recopilado en este tiempo de encierro en el que asumió sus nuevas responsabilidades como director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Las horas se pasaron volando, pese a que me gusta tener en mis manos un libro de papel. Y confieso -a esta altura del confinamiento y del trabajo en el computador- que el formato digital me resulta menos amigable.

No obstante, desde el primer momento me sentí atraída por lo que el autor relata y plantea en estas columnas escritas entre el año 2006, a través del blog de la generación de jóvenes de los 80 a la que pertenece -la G 80 como la llamaron- hasta ahora, cuando en este año 2021 él publica sus opiniones en el diario digital de la radio Universidad de Chile.

El recorrido al que nos invita Dino Pancani abarca los escritos que difundió en el diario digital *El Mostrador* y los más recientes en la sección de columnas de la radio Cooperativa que editaba la periodista Manola Robles, quien nos dejó hace unos meses.

La selección de los artículos no es cronológica, como podrán apreciar. Tampoco es al azar, sino que tiene una lógica que los lectores vamos comprendiendo en la medida que pasamos las páginas, con la ayuda memoria de los títulos de los diferentes capítulos o secciones. Se trata de una división por grandes temas a los que el autor les dedicó en su momento especial tiempo y atención, por lo que estaba observando con su mirada crítica e inquisitiva o por las reminiscencias que le trajeron. Algunos los vivió como protagonista o testigo. Otros los estudió o sobre ellos se ha detenido a reflexionar hasta hoy.

Pero hay algo muy especial en estos escritos. Una interesante mezcla de estilos, casi un híbrido entre la expresión de su pensamiento comprometido y desafiante y el relato rico en descripciones. Entre la columna y la crónica. Entre un periodismo de opinión claro, nítido y fuerte que con argumentos trata de demostrar al lector la validez de su juicio sobre un determinado tema y una crónica atractiva abundante en
sustantivos y sobre todo en adjetivos que dan color y vida a lo que expone.

De repente uno podría decir que son muchos los calificativos que acompañan determinada situación. Sin embargo, al aplicar la lupa de la lectura atenta podemos comprobar que cada uno de los términos tiene un contenido particular, quiere mostrar un aspecto diferente del hecho que está relatando o del argumento que está sosteniendo. A veces, se desliza entre el hilo de las palabras un dejo de ironía o de suspicacia que ameniza el relato, pese a que se esté refiriendo a un problema grave.

Surgen así a un ritmo rápido sus vivencias, sus experiencias, algunas confesiones y -desde luego- sus puntos de vista; sus malestares, sus críticas y a ratos su indignación sobre mucho de lo que hemos visto transcurrir en especial en los años post dictadura. O como él los llama, “los años transicionales”.

También se da una mezcla, contrapuntos y saltos en el tiempo al interior de varias de las columnas. Asociaciones libres de ideas y de imágenes que se toman el primer plano contribuyen a enriquecer el relato y a conocer un poco más a su autor, su manera de pensar y sus puntos de vista.

Incluso la primera, que da comienzo al capítulo dedicado a Derechos Humanos y Memoria, se inicia con unas líneas sobre Fabiola Campillai, quien perdió sus dos ojos por la violencia de carabineros en el estallido social de octubre de 2019, para saltar a un recuerdo en que surgen las imágenes de los 80. Alude a la película *El Negro* -estrenada hace poco- y busca explicar lo que habría llevado a optar por la violencia a un joven Ricardo Palma Salamanca, quien después fue integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por el homicidio del ex senador Jaime Guzmán Errázuriz ocurrido hace 30 años. Y vuelve al presente Dino Pancani en otro brinco a través del tiempo que da cuenta de los miles de víctimas de la violencia policial durante el estallido social.

Otras figuras que ya no están aparecen también en retratos elaborados por el columnista. Nos encontramos así con personajes que marcaron época como Sebastián Acevedo, padre que se inmoló en Concepción en noviembre de 1983, cuando la Central Nacional de Informaciones (CNI) secuestró a sus hijos María Calendaria y Galo. La admiración y el respeto del autor
enaltecen también a dos sacerdotes de esa Iglesia católica que se la jugó por las víctimas en esos tiempos aciagos: Mariano Puga, el cura obrero que falleció en marzo de 2020, hace ya más de un año, al comienzo de la pandemia, y el jesuita José Aldunate, quien había partido seis meses antes en septiembre de 2019.

Con el correr de las páginas, arrancan entre las palabras y las descripciones de Dino Pancani pedazos de sí mismo, dolores y nostalgias. Recuerdos y enojos. Y al hablar de lo ocurrido en ese -o este- tiempo complejo de transición podemos apreciar que profundiza en sus críticas en particular sobre lo sucedido con la avasallada educación pública, y se adentra en la cultura, un sector que estudió y conoció con mucha propiedad desde la prehistoria del actual Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. En varias columnas muestra como este sector vital para el desarrollo de la sociedad ha quedado a la vera del camino.

Hay en el libro también un capítulo dedicado a los medios de comunicación, a la concentración de la propiedad que no deja de agudizarse y que impide el debate amplio y plural, oculta realidades y al final ha contribuido al deterioro de las instituciones y no permite mejorar la propia democracia que hemos querido construir.

Más aún, en estas páginas hay una constante que se desliza e impregna las palabras que fueron dando forma a estas columnas en distintas fechas y medios desde las primeras hasta las últimas: la crítica profunda y coherente al modelo neoliberal impuesto en dictadura. Ese modelo que ha provocado la aguda desigualdad existente en Chile, y que está en la base -aunque muchos no lo vieran venir- precisamente en lo ocurrido a partir de octubre de 2019 y se ha hecho más evidente en lo que la pandemia ha dejado al desnudo.

Pero más acá de los conceptos y las críticas que en mayor o menor medida un lector o lectora podrá compartir o no, en mi caso sentí una curiosa sensación que me transmitió este texto desde las primeras páginas: al leer el monólogo constituido por sus columnas en distintos tiempos me parece que he conocido un poco más a su autor. Y me gustaría que sin pandemia ni cuarentenas pudiéramos conversar cara a cara sobre ciertos temas; sobre el horrible tiempo de la dictadura, sobre sus comienzos como dirigente estudiantil y su combativa militancia,
en momentos en que yo misma junto a muchos otros dábamos una firme lucha pacífica contra el dictador y su régimen desde el periodismo y las organizaciones sociales, junto a profesionales, trabajadores, mujeres, estudiantes y pobladores.

Como nos ha ocurrido a tantos, este ya largo tiempo de incertidumbres, de preocupaciones y confinamiento, de vivir lo que jamás hubiéramos imaginado, nos ha llevado a menudo a nuestro pasado. A pensar y repensar. A tantas imágenes de la niñez y la adolescencia; a la juventud física ida hace mucho, junto a la vida universitaria, a las reformas interrumpidas, a esas batallas de los 70 y los 80 por la libertad, la justicia y la democracia que culminaron en aquel triunfo del No en 1988 y las primeras elecciones de fines del 89; a la madurez que pasamos sin darnos cuenta en ese tiempo “transicional” del que habla Dino en estas columnas, en el que se respiraba un aire diferente, pero que seguía el peso del modelo socioeconómico, del sistema electoral binominal y permanecían los cerrojos de la Constitución del 80 y sus leyes “de amarre”...

En fin, tantas y tantas vivencias de los años idos y de lo que ha venido sucediendo después hasta llegar a ser lo que somos hoy. Tantos y tantos recuerdos, con ya varias generaciones marcadas directa o indirectamente por los horrores de la dictadura y después- por un cierto desencanto del que en una u otra medida somos portadores, pero que a la vez tratamos de doblegar con la esperanza siempre de un mañana mejor.

Las remembranzas bien hilvanadas y las provocativas palabras de Dino Pancani nos despiertan las propias vivencias, nos llevan a evocaciones del pasado y nos vuelven a traer al presente, con muchas preguntas que aún no logran tener respuesta.

Se pueden tomar también estos escritos como una invitación a no quedarnos paralizados aún en las circunstancias complejas como las que venimos afrontando hace más de un año: el país requiere cambios profundos, como quedó de manifiesto en forma elocuente el 25 de octubre de 2020 con el abrumador triunfo en el Plebiscito que determinó Aprobar una nueva Constitución.

El periodismo desde la opinión fundamentada, como lo ha practicado Dino Pancani; desde la investigación, como lo desarrollamos otros en libros y reportajes tiene una obligación ineludible que no es ni más ni menos que aportar elementos para
que se conozca la realidad y se reflexione y discuta en torno a ella.
Es este un requerimiento de la democracia. Y así lo entendemos
quienes estamos convencidos de que nuestra profesión tiene un
fundamental rol social que cumplir. Hoy más que nunca.

María Olivia Mönckeberg Pardo
Premio Nacional de Periodismo 2009
Profesora Titular Universidad de Chile
Santiago, abril de 2021
# Introducción

## Periodismo, revuelta y pandemia

El remezón que provocó en las/os chilenas/os la tarde-
noche del 18 de octubre -inicio de la rebelión social-, estuvo
marcado por la masividad de las protestas, el enfrentamiento con
carabineros, la confusión de la llamada clase política, la
incertidumbre de las autoridades y el desconcierto de la prensa
oficial.

Prácticamente, no hubo espacio urbano que permitiera
trabajar a los medios de comunicación masiva. La gente los
expulsó y desterró de las concentraciones. Se rebeló ante los
despachos en vivo, se negó a dar entrevistas y repudió su
constante práctica criminalizadora hacia los sectores populares.

El periodismo autocalificado como objetivo padece una crisis permanente: está capturado por la evidencia de su prisma, las exigencias de sus auspiciadores y la interlocución con el poder político y económico. Sin embargo, generando una entretención trágica, logra sobrevivir. Construye relatos desoyendo elementos de la realidad que morigeran su intención comunicativa y recurre a la tematización de la seguridad pública, usando el temor como persiana que oculta ideas, perplejidades y conductas.

En Chile, las estructuras del Estado suelen ser copadas por la administración de los gobiernos y los medios de comunicación, internamente se organizan de acuerdo a esas estructuras, es decir un/a periodista que cubre el sector cultural lo hace desde el Ministerio de las Culturas, para reportear economía se jerarquiza desde el Ministerio de Hacienda y lo laboral se hace desde el Ministerio del Trabajo, por ende, la principal fuente noticiosa son sus ministros/as.

Esa característica organizacional de los medios hace que la agenda sea impuesta por la autoridad de gobierno y, a veces, complementada con actores de otras estructuras de poder o recurren a la opinión disonante de algún/a dirigente social. Por ejemplo, anualmente lo vemos cuando el Ministerio de Educación se enfrenta a las y los profesores y los medios erigen como principales voceros/as del conflicto a la autoridad gubernamental,
a los sostenedores de la educación municipalizada: los/as alcaldes/as.

Generalmente, el discurso que emana de la autoridad está mediado por una *medida de fuerza* que comunica a la ciudadanía y que busca adherentes apelando a la primera capa de la emoción. A eso que se le llama “empatía”, reduce problemas de interés político y social a un tema afectivo, desplazando el fondo de una problemática a una supuesta interpretación del receptor, relevando la política a una medida coercitiva. Siguiendo con el ejemplo de las y los docentes, la porfía del Ministerio de Educación de retomar clases antes de que las condiciones sanitarias lo permitiesen estuvo marcada por un discurso que denostaba la vocación de las y los docentes e introducía irritabilidad entre profesores/as y apoderados/as.

Las peculiaridades descritas se pueden apreciar en la cobertura a la presente crisis sanitaria. Coincidentemente, las multiplataformas destacan los transitorios resultados positivos (vacunas) como un mérito atribuible a las políticas públicas implementadas por el gobierno. No obstante, los contagios y las muertes han aumentado más de lo tolerable. Entonces, la incumbencia se ha desplazado a las personas que tendrían un comportamiento imprudente, pauta que, de acuerdo al pasar de los meses, se va asociando a distintos grupos: inmigrantes, jóvenes y sectores populares.

Este recurso se hace efectivo en los programas de magazines y los noticieros que sostienen un vínculo sospechoso hacia el televidente y comprensivo hacia la autoridad, recelo que se busca instalar en la población, primando el prejuicio y sugiriendo controversias que obstaculizan la cohesión social.

Los medios de comunicación masiva tienden a soslayar el contexto del acontecimiento, escapan de la interpretación básica, naturalizan una jerarquización de la noticia apegada al poder, al orden y al statu quo. En simple, establecen una importancia a la noticia que no siempre responde a criterios periodísticos como la novedad. ¿Qué tiene de nuevo el robo de un auto en las comunas más ricas de la capital?

En el periodismo chileno prevalece la “pirámide invertida” (qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué), fórmula que está consagrada como expresión del periodismo serio, estandarizado,
distante del objeto y no relacional con este. Sus cultores tienden a calificar otro tipo de periodismo, esencialmente al de opinión, como literatura, apreciación que se sustenta en el posible uso de recursos lingüísticos y figuras literarias, se descalifica en base a una supuesta contaminación, a su falta de pulcritud y limpieza.

Al entender que la única expresión del periodismo es la corriente funcionalista, corremos el riesgo de atentar en contra de la libertad de expresión e impedir que la ciudadanía ejerza su derecho a la información, ungido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Situación que es agravada por el vínculo de los medios de comunicación masiva y el poder económico y político, quienes son propietarios de acciones de multitiendas, empresas mineras, equipos de fútbol y, además, canales de televisión y multiplataformas comunicativas.

Un modo de ejemplificar la relación entre medios, economía y política es el rol jugado por los matinales de televisión abierta durante el periodo más álgido de la rebelión social. Transformaron los escenarios presenciales y virtuales en plataformas para devengar popularidad y proyección electoral, instalaron el espacio para hacer *la política*. Así, el parlamento y las asambleas distritales fueron y son reemplazadas por una cámara de televisión cuyos operadores remotos determinan a quién le dan notoriedad y a quién vuelven imperceptible.

La ausencia de periodistas en los sets televisivos ha facilitado que la ciudadanía asocie el ejercicio opinativo a políticos, empresarios y académicos, entre otros oficios, que poseen los/as “opinólogos/as estelares”. ¿Esto es una dificultad? Por sí solo no lo es, pues son un aporte a la circulación de ideas. Sin embargo, el inconveniente surge cuando las opiniones que se vierten carecen de evidencia, expresándose posiciones binarias que representan a los dos conglomerados con mayor representación parlamentaria, entendiéndose la pluralidad de manera consentida hacia el poder.

En los medios escritos, aunque hay excepciones, también se reproduce este binarismo, del cual participan algunos/as profesionales disfrazados/as de “una militancia” al periodismo apegado a los hechos y que renuncia a relacionar acontecimientos, evade el origen del hecho y se niega a exponer ideas que no tengan la pretensión de constituirse en una sola verdad.
El llamado periodismo objetivo es una de las formas de hacer periodismo, pero no es la única, incorporar en igualdad de condiciones otros modos y géneros, es ejercer una de las virtudes de los sistemas democráticos: la libertad de expresión. Esta condición presupone asegurar que ideas y reflexiones, incluso las que están fuera de la línea redaccional del medio, circulen de manera libre e independiente o si no es independiente el mensaje, que los receptores sepan quién está detrás del autor/a, a quién representa.

Quienes nos ubicamos en el lado crítico de los medios de comunicación masiva, lo hacemos porque estamos convencidos de que su alcance los transforma en un espacio predilecto para construir opinión en la comunidad. Estas ideas, cuyas consecuencias sociales fortalecen la relación ciudadanía /periodismo -vínculo mediado por normas éticas estrictas y vigiladas por los organismos gremiales-, deben ser espacios de disputa de ideas y no reproductores de la ideología dominante.

La idea de agrupar algunas de las columnas de opinión que he publicado en diversos medios virtuales, fue de un colega que me propuso evidenciar que la denominada revuelta o rebelión social fue explicada por el poder y reproducida por los medios de comunicación masiva con una frase tan cínica como indulgente: "no lo vimos venir".

Esta expresión es engañosa, ya que oculta voces ausentes en los medios hegemónicos, las cuales hace décadas y desde diversos lugares "subalternos" han denunciado los abusos e injusticias que fundan el modelo y manifestado que el orden actual de las cosas eran un riesgo inminente de que existiese una explosión social.

A través de estas columnas es posible rastrear innumerables señales sociales, económicas, objetivas y subjetivas, del divorcio entre los y las gobernantes y la ciudadanía. En ellas no solo se aborda la desigualdad constitutiva del modelo de desarrollo chileno, sino también el abuso que se instaló como una relación inestable y asimétrica entre el común y silvestre ciudadano/a, y los antiguos y nuevos dueños de las riquezas del país.

Estos indicios no fueron considerados por los medios de comunicación masiva, que, incluso en la crisis social latente y sanitaria ascendente, mantienen el esquema piramidal reseñado. Esto es relativamente comprensible: los/as propietarios/as de los
medios se mantienen, el financiamiento mediante los auspicios
cambia de estrategia sin alterar a los actores de la transacción y el
vínculo político se fortalece. Prueba de ello son las diversas
reuniones que ha sostenido el gobierno con editores, rostros y
propietarios de los medios de comunicación masiva en el marco
de la rebelión social y la crisis sanitaria. Cabe consignar que han
tratado de remozar los estilos con la aspiración de mantener el
sistema actual.

El otro lado del borde nos muestra la existencia de medios que tienen una menor incidencia pública y, precariamente financiados o autogestionados, han tenido la habilidad de ampliar las voces y potenciar la circulación de reflexiones periodísticas críticas, emitiendo un discurso con tres valores fundamentales en una sociedad democrática: libertad, verdad y justicia. Con ello dejan en evidencia que no hay neutralidad posible en la construcción de una noticia que atenta en contra de la fe pública. Un periodismo con opinión y compromiso.
Derechos humanos y memoria
## Documental El Negro y las causas de la violencia

24 septiembre, 2020

No publicado

El 26 de noviembre del 2019, el capitán de Carabineros Patricio Maturana disparó una bomba lacrimógena que golpeó el rostro de Fabiola Campillai, el artefacto la dejó ciega, sin gusto y sin olfato, además de otras dolencias que todavía no terminan de dimensionarse. El piquete de Carabineros se percató de lo sucedido y no le prestó ayuda. Un día después, volvieron carabineros a las inmediaciones de su casa y lanzaron bombas lacrimógenas, también gasearon donde vive su hermana y a los vecinos del pasaje. El gobierno mostró desidia, el Poder Judicial ha actuado lento, Carabineros ha obstaculizado la investigación y Fabiola sigue con su salud deteriorada, sin visos de justicia, sin reparación social ni económica, abandonada por las instituciones que dicen ser las garantes de sus derechos fundamentales.

Hace algunas semanas se estrenó el documental *El Negro*, Sergio Castro, 2020, que relata un trozo de la vida de Ricardo Palma Salamanca, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y autor confeso de varias acciones desestabilizadoras durante la dictadura y en los comienzos de la democracia “protegida”, como la concibió la Junta Militar; el proceso aseguraba impunidad a los violadores de los derechos humanos.

La historia está basada, esencialmente, en los relatos de las hermanas, la madre y amigos y la narración se centra en una infancia convulsa por la situación social, política y económica que vivía Chile, y en los atentados a la familia de Ricardo Palma: detención y tortura a una de las hermanas, y a la otra, secuestro, detención, tortura y violencia sexual, son algunos de los tormentos relatados por sus familiares. A este terror, se suma el secuestro y posterior asesinato de José Manuel Parada y Manuel Guerrero, apoderado y profesor del Colegio Latinoamericano de Integración y padres de un compañero y una compañera de colegio, de una edad similar a la de Ricardo.

A lo largo de todo el documental, el relato infiere dos constantes: la impunidad a los represores y al aparato estatal que les daba cobertura (gobierno, poder judicial, medios de
comunicación, entre otros) y la voluntad de sus familiares de luchar por justicia y por el retorno a la democracia, una democracia sin apellidos, solo la democracia.

Para entender a Ricardo Palma, es necesario detenerse en las características que tenía la generación de los ochenta, G80, muy determinadas por el actuar del Estado. Había una cotidianidad represiva: golpizas masivas, detenciones arbitrarías, torturas, asesinatos y otros atropellos a la dignidad humana que empujaban a la rebelión. Una subversión que se expresaba de manera inorgánica, a través de pequeños actos de resistencia y/o sabotajes, u otras organizadas que tenían un horizonte más ambicioso que se iniciaba con la restauración del sistema democrático.

Tras largas, tediosas y, a veces, épicas jornadas de movilización social se logró, con dos plebiscitos mediante, la llegada del sistema democrático. En 1990, asumió el ex presidente Patricio Aylwin y los rostros de la política se ampliaron, debutaron ministros, parlamentarios, intendentes y personas que de la oposición pasaron a conducir un país que, en algunos aspectos, avanzaba; en otros, profundizaba el modelo de la dictadura, mientras en los ámbitos de la verdad, la justicia y la reparación, trataba de soslayar que durante 17 años se habían violado sistemáticamente los derechos humanos.

Hacia principios de la década de los noventa, la G80 estaba silenciada, sus actores habían protagonizado una diáspora de las organizaciones políticas y comenzaban un complejo proceso que los ubicaría como una generación de enlace, entre quienes tuvieron responsabilidad en la ruptura democrática y quienes asumían el nuevo gobierno civil, los que paradojalmente eran los mismos.

Para entender a la G80, es necesario contextualizar en qué situación social y política vivíamos: cuando murió Jaime Guzmán y fue secuestrado Cristián Edwards, en 1991, el sistema político chileno estaba determinado por el modelo binominal, es decir, un 34% de los sufragios tenía la misma representación parlamentaria que un 66%; el ex dictador Augusto Pinochet era Comandante en Jefe del Ejército; había un gobierno “tutelado” por el Consejo de Seguridad Nacional de Chile, integrado mayoritariamente por las Fuerzas Armadas y otros personeros instalados por la dictadura.
En febrero de 1991, el presidente Aylwin recibió el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. El documento acreditaba 3.550 víctimas con resultado de muerte, es decir, personas desaparecidas o ejecutadas y también consignó la voluntad del gobierno: "Verdad y justicia en la medida de lo posible", dijo aquella noche el ex mandatario. A los más de 40 mil torturados y prisioneros políticos que consignó el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, no había voluntad de considerarlos.

Se puede agregar como dato de contexto, que Manuel Contreras, ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, estaba libre y la totalidad de los otros violadores de los derechos humanos se encontraba en libertad, sin juicio y en su mayoría trabajando en el Ejército o en su respectiva institución armada. Los cómplices civiles de la dictadura, gozaban de representación parlamentaria y/o tenían cargos de responsabilidad estatal, Chile vivía una impunidad disimulada y lo más grave del periodo es que los nuevos gobernantes no habían manifestado voluntad de avanzar en la verdad, enjuiciar a los responsables, reparar a las víctimas y dar garantías de no repetición.

Fabiola Campillai sigue viviendo en su casa, no puede seguir trabajando, estuvo casi nueve meses ignorada por los medios de comunicación, por las autoridades, por el sistema judicial; sin poder ver, degustar, olfatear, sometida a diversas cirugías que buscan detener lesiones físicas graves, provocadas por Patricio Maturana, ex capitán de Carabineros, a quien la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva, después de permanecer detenido una semana, y decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional mientras se realice la investigación. Por otra parte, el capitán Jaime Fernández y los otros suboficiales que participaron de la agresión, no prestaron auxilio y han obstruido la investigación, están libres.

Desde el 18 de octubre, hay un número indeterminado de muertos, al igual que presos/as; debido al estallido social, cerca de cuatro mil heridos/as, casi quinientas querellas por tortura y más de mil seiscientas por apremios ilegítimos, ochenta y dos por abusos, entre otras. Hay casi dos mil quinientas querellas
presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero solo hay 27 causas formalizadas.

Las acciones violentas en las que participó Ricardo Palma Salamanca no son legítimas, sin embargo, parafraseando a Hannah Arendt en su texto Sobre la Violencia, pueden ser justificables, pues se producen en el marco de una dictadura donde el ejercicio del poder se sustentó en la violencia y la naciente democracia se resistía a juzgar y condenar a los responsables del terrorismo de Estado.

El documental *El Negro* tiene la virtud de complejizar un periodo y a toda una familia, tiene la honestidad de desmitificar a un personaje y presentarlo como un ser con contradicciones, es una interpretación que invita a reflexionar la violencia, no como una muletilla para encapsular el tema de fondo, sino para preguntarse con Arendt, como apoyo teórico: ¿Qué hace el Estado para evitar que la violencia política y social no tenga justificación?
# Yo tuve un hermano

13 diciembre, 2006

Portal Movimiento Generación de los 80.

Claudio Paredes era mi amigo, mi hermano, mi compañero de andanzas en su Villa Portales, Claudio Paredes era un chico risueño, juguetón, fresco y enamorado. Claudio fue la imagen que apareció en mi cabeza a las 14.15 horas de ayer 10 de diciembre, una fecha que nos tenía como protagonistas los días de dictadura, cuando reivindicamos el derecho a la vida. Día en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ayer Claudio Paredes no estuvo conmigo, solo me acogió su recuerdo.

La muerte del dictador no dejo de vivirla como un acontecimiento contradictorio, me ahorraré las palabras de buena crianza, que enuncian que ningún ciudadano que se aprecie de buena persona debe desear la muerte de otro, aunque ese otro sea responsable de las más atroces barbaridades que un dictador puede cometer; que un delincuente puede realizar. Las evitaré, pues el sentido común (que por definición es argumentativamente frágil y reaccionario) me indica que es difícil no tener sentimiento y razón ante aquel sujeto y su llamada obra, en concordancia comprendo y valido a quienes deseaban que muriera el dictador.

Su muerte es una vivencia contradictoria, ya que siempre he entendido que entrega tranquilidad; alivio cuando se está suriendo; "polvo fuimos, polvo seremos" y aquello la transforma en una tristeza para quienes te quieren y siguen viviendo, pero el muerto deja de existir, pasa a "mejor vida". Por razones, que más tienen que ver con su existencia y no con la mía, yo quería que aquel difunto siguiera sintiendo. Sentía que parte de la belleza de la vida es que, a veces, se encarga de hacer justicia, que el azar, otras veces, es un aliado de la justicia y su detención en Londres fue un buen acercamiento a aquel valor. Justicia que algunas de sus antiguas víctimas se encargaron de remediar. A ocho años de aquella aproximación a la justicia nos queda que la manida "Razón de Estado", volvió, a autoridades de esa época,
comprensivos con el dolor de su antiguo verdugo e indolentes con las víctimas del dictador.

Es contradictorio, debo confesar que no le deseaba la muerte. Con todas las carencias que tiene nuestra democracia, después de 17 años sus leyes (empujadas por mujeres y hombres imprescindibles para la moral chilena, como lo son las mujeres de la AFDD, los abogados vinculados a la defensa de los derechos humanos y otros) lo estaban arrinconando a él y a su familia, (que en emoción y convicción lo acompañaron en sus fechorías o a lo menos ampararon y gozaron de los beneficios de estas). Creo que por la buena salud del sistema que se construye se necesitaba a un Pinochet que estuviese quebrado, no solo en lo político, también en lo humano, lo valórico, que el Código Penal se le hubiera aplicado sin beneficios. Necesitábamos que el "El Estado de Derecho", que tanto le gustaba invocar al ex presidente Ricardo Lagos, actuara y el dictador respondiera con cárcel las acciones de muerte que había cometido en vida. Pero este "Estado de Derecho" invita a conformarse con la desaparición física del dictador en un hospital/hotel de lujo. Ni siquiera fue en el exilio como le tocó a su par paraguayo, Stroesnner, o en la cárcel como le sucedió a Milosevic, el carnicero de los Balcanes. El dictador chileno, para vergüenza nuestra, murió como uno de sus inspiradores, Francisco Franco. Ambos murieron en la tranquilidad de una cama, sin que la justicia del hombre haya sido justa, ¿se le debe dejar tanta responsabilidad a la justicia divina?

Y para manchar aún más este acontecimiento, la "Razón de Estado", nuevamente permite que, sin poner como centro a las víctimas directas o indirectas del dictador, se tomen decisiones que dañan el espíritu honesto y sincero de la enorme mayoría de nuestra sociedad. Llegan a un acuerdo donde un procesado truhán tendrá semi honores de Estado, uno más de los "Jurel tipo Salmón", que nos han acostumbrado a asimilar en torno al difunto. De paso se nos vuelve a tratar como pasivos imbéciles incapaces de leer entre líneas, se reinstala a un Ejército de pinochetistas, lejano a la pirotecnia del "Nunca Más", se vuelve a presentar este "Estado de Derecho" que sirve y protege a los poderosos, se debilita el carente sistema democrático y se acentúan las distancias entre los mal evaluados políticos y la ciudadanía que les ha permitido ejercer su poder.
Claudio Paredes murió asesinado al inició de 1988, el penúltimo año de gobierno del dictador, tenía 18 años y los asesinos esparcieron su cuerpo por los áridos paisajes de la Villa que lo vio crecer. Claudio es el hermano que tuve y que mereció un mejor reconocimiento de una sociedad que no ha sido capaz de reconciliarse, pues no ha puesto al centro el valor de la verdad y la justicia.

Chile le debe justicia a Claudio Paredes y un trozo de ella se ha desvanecido ante el fanático y odioso llanto de los seguidores de Pinochet; el festejo de quienes valoran que vuelva al infierno y la insatisfacción de quienes debimos hacer un poco más para que fuese encarcelado.
La escuela y el golpe

30 de agosto, 2013

El Mostrador

Faltan pocos días para que se cumpla un nuevo año desde el golpe de Estado: son cuarenta y, sin embargo, algunos episodios que se develan aún provocan dolor e indignación en la mayoría de los chilenos, especialmente en niños y jóvenes, quienes a través de los medios de comunicación, la familia o de sus círculos sociales más cercanos se vinculan a una historia que todavía no termina de reconstruirse.

A cuarenta años y, a pesar de que existen ciertos consensos sociales sobre algunos hechos y sus consecuencias, por ejemplo: que en Chile hubo desaparecidos, torturados, exiliados, terrorismo de Estado, negocios fraudulentos, apropiación de dinero fiscal, todavía existe gente interesada en no recordar, personas que observan atónitas cómo desde la penumbra aparecen imágenes y narraciones que insinúan explicaciones sobre la historia reciente.

Los niños, infantes y jóvenes están involucrados y, asumiendo esa premisa, es que la escuela no puede quedarse en silencio frente a esta fecha. Es sano para la sociedad reflexionar sobre actos humanos que sobrepasan los límites de lo tolerable, por su cobardía y crueldad, es necesario también destacar la belleza de las anónimas víctimas de la dictadura, que ante el horror y el abuso que padecían, expresaron amor en su silencio, solidaridad al interior de los centros de tortura y exterminio, voluntad de seguir viviendo. Es admirable que, a pesar de que el régimen se empeñaba en convertir en una tragedia la vida de las víctimas, ellas transformaran sus vidas en un emblema de la sobrevivencia de la resistencia, del amor por los otros.

La conmemoración de los cuarenta años es una oportunidad para reflexionar, entre otras muchas cosas, en la brutalidad y el amor, que pueden caracterizar al ser humano: ambas materias atingentes a los contenidos éticos que deberían caracterizar a la escuela.
Con el respeto y prudencia que merece el sistema educativo y, en especial, la escuela pregunto: ¿Qué se hará desde la institucionalidad escolar para conmemorar el golpe de Estado?, ¿cómo se les explicará a los estudiantes que en Chile hubo personas a quienes se les violentó en sus derechos y que hubo personas que son responsables de esa violencia?, ¿cómo se organizará la comunidad educativa para reflexionar una fecha que divide al país entre quienes justifican directa o indirectamente las atrocidades cometidas y quienes empatizan o son parte de las miles de víctimas?

Hace una semana vimos con estupor el encuentro entre Ernesto Ledjerman, hijo de dos asesinados políticos, y el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre. La televisión lo trasmitió en horario para adultos, lo emitió en el marco de las horas reservadas para personas con criterio formado. Ese acontecimiento fue reproducido en todos los medios escritos, en los noticiarios de la mañana, la tarde y la noche; en las radios, las páginas web y en las redes sociales; entre otros medios de comunicación de alcance masivo. Es decir, una noticia reservada para los adultos, se desarrolla y publicita en horario para todo espectador. Dicho lo anterior, tiendo a creer que hay ciertas noticias que no tienen horario ni edad para ser tratadas por la comunidad en su conjunto. Por cierto, la historia del pasado que tensiona nuestro presente, permite a los maestros trabajar la ética, la moral, el autocuidado, la criticidad, entre otras materias.

A partir de ese programa, también podemos reflexionar sobre la resiliencia de la víctima, su valor, la dignidad del vivir, la dulzura al honrar al padre y a la madre, el triunfo de la vida por sobre la muerte; la valentía de seguir viviendo y la generosidad de contar el infortunio a otros.

Desde la escuela se le puede contar a niños y jóvenes que, ante el apremio y el dolor, también puede emerger la belleza del ser humano que se enfrenta a situaciones límite, que hay víctimas que asumen la defensa de la vida y la sed, sí digo bien, la sed de hacer justicia, la más eficaz manera de promover una reconciliación.
Si la escuela obvia la fecha, se tapa los ojos ante el mundo que existe fuera de sus rejas, se corre el riesgo de consagrar la impunidad social, y con ello, se olvida el rol que tiene en la formación de niños y jóvenes que saben que algo pasó, que algo pasa, que el golpe de Estado nos seguirá dividiendo mientras no se agoten todas las instancias para encontrar la verdad, mientras la institucionalidad no asegure justicia.

El 11 de septiembre es una jornada de reflexión en familia y también es un tiempo para hacer circular pensamientos y afectos en la comunidad educativa, dejar que la fecha pase como si nada hubiese ocurrido, aduciendo un falso apoliticismo, la neutralidad como expresión conservadora, la negación del contexto, el profesionalismo centrado en la forma, es atentar en contra del rol formador de valores que la escuela debe cumplir con sus estudiantes, es reducir el vínculo que debiera tener la escuela con su comunidad, es constreñir el sentido de la labor docente.

En definitiva, cuidar a los niños y jóvenes, protegerlos de los relatos de horror sin detenerse en las prácticas de coerción y exterminio que se instalaron desde el Estado en dictadura, es una tarea difícil, que requiere de resguardos y prudencia, pero que puede expresarse, destacando el amor, la entereza, la dignidad de todos quienes padecieron la barbarie de la fuerza cívico-militar y que hoy tienen la voluntad de contar lo vivido, y esa acción la realizan como un acto de amor para los otros.
# Lorence Maxwell: Ya es tiempo

26 noviembre, 2014

El Mostrador

Me une con Laurence Maxwell una vida vigorosa y difusa (estado propio de la memoria) y trozos luminosos de un tiempo en que nos distinguamos por ser una generación que tenía sueños colectivos, un compromiso social urgente y una identidad juvenil que se mezclaba entre la adultez prematura y el goce reprimido: nuestro anhelo de cambio nos convoca a ser serios.

Las luchas en contra de la dictadura que protagonizamos un millar de niños/jóvenes, se sustentó en la voluntad de ser “dinamizadores” del retorno a la democracia; esa utopía nos hizo aceptar convivir con la tragedia y ofrendar nuestra vida, rebelándonos a civiles y militares.

Laurence simboliza y sintetiza ese sentir, le da carne y orgullo. Laurence era el dirigente público que con su tono sereno y seguro se convirtió en el ejemplo del militante social, unitario, coherente y arrojado. Aquella voz y reflexión era esperada y valorada en la asamblea.

Después de la derrota de la dictadura, vino la diáspora: para unos significó la huida y para otros, la liberación corpórea de los partidos políticos que dejaron de representar la forma y el fondo de la lucha iniciada. Algunos mantuvieron modos radicales como opción para construir un poder más justo; un puñado de jóvenes se sintió convocado por causas ambientalistas y movimientos sociales internacionales. Finalmente, en su mayoría, nos replegamos a los barrios y al trabajo y/o a las universidades; casi por instinto se quería resistir al estereotipo del joven simbolizado con la frase “no estoy ni ahí”. Estábamos ahí, pero invisibilizados.

De alguna manera, la detención de Laurence en el contexto del asesinato y desaparición de 43 jóvenes estudiantes mexicanos nos devuelve a aquellos años, nos recuerda la arbitrariedad abusiva de las autoridades, el fallido intento de un Estado por legitimar su descomposición y las prácticas miserables para ocultar sus crímenes.

Esta dispersión potenció la búsqueda de Laurence y de otros jóvenes que a través del arte y la cultura expresaban desconcierto
y descontento; ubicarse al borde era la consigna y construir y
construirse era el camino. Música, libros y audiovisuales son parte
de la búsqueda conocida de Laurence y, entonces, se volvió
incómodo y molesto para la nueva institucionalidad.

Fuimos una generación combatida y odiada por la dictadura,
ofendida e ignorada por la nueva democracia, suerte mala que
compartimos con muchos otros movimientos sociales, pero que
el tiempo y la porfía de la memoria ha vuelto a darnos una
ubicación secundaria.

Poco nos vimos y poco nos hemos visto desde esos años, nos
hemos congregado en creaciones corales como el documental
*Actores Secundarios*, en fechas y lugares que nos recuerdan a los que
partieron, y en triunfos públicos de amigos que hoy toman
decisiones políticas y sociales marcadas por el espíritu de justicia
de aquellos años.

Laurence no solo invita a mirar su vida (acto involuntario),
también nos propone visionar y hurguetear en la nuestra.
Laurence representa el éxito de un modo de ser, una búsqueda
que conmueve, un construir desde el amor y por el amor.
Laurence es un hombre digno, un creador, un amigo que
respetamos por su humanidad y coherencia, un ciudadano que
debere recuperar su condición de hombre libre.
## ¡Que la CNI devuelva a mis hijos...!

11 noviembre, 2016

El Mostrador

El 9 de noviembre de 1983, Galo y María Candelaria Acevedo Sáez, dos hermanos militantes de las Juventudes Comunistas de la ciudad de Concepción, fueron detenidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los jóvenes fueron llevados a un recinto militar frente al balneario de Playa Blanca, uno de los tantos centros de detención y exterminio de la Región del Bío-Bío. Angustiados y temerosos, los familiares y amigos los buscaron; los hermanos iniciaban la concatenación de hechos de muchos otros que sufrieron la crueldad del régimen cívico-militar: una detención trágica y dolorosa que, además de tortura y vejamen, podría terminar con sus vidas; como fue seis días antes la historia de Víctor Hugo Huerta Beiza, quien fue torturado y luego ejecutado; su muerte fue presentada por la CNI y la prensa afín a la dictadura, como un enfrentamiento.

Sebastián Acevedo, padre de Galo y María Candelaria, un obrero comunista que presenció la detención de su hija, el 11 de noviembre, fue a la Plaza de la Independencia, frente a la Catedral de la Santísima Concepción, se roció con parafina y bencina y se prendió fuego, mientras gritaba: ¡Que la CNI devuelva a mis hijos...!

¿Cuántas vidas tormentosas?, ¿cuánto dolor?, ¿cuánta angustia?, ¿cuánto horror?, ¿cuántas muertes?, es difícil descifrar el daño que los despotas cometieron mientras fueron gobierno, padecimiento que al utilizar artimañas para seguir impunes o, en algunos casos, casi indemnes, mantienen vivo en la sociedad chilena.

Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura son la expresión de una práctica institucionalizada dirigida contra víctimas directas –en este caso, Galo y María Candelaria–, también han sido una infamia para sus familiares y amigos.

El sacrificio de Sebastián Acevedo ejemplifica lo que han hecho y siguen haciendo quienes incansablemente han persistido en la búsqueda de verdad y justicia. Verdad que ha sido tenue, pues se mantienen los pactos de silencio y, con ello, la indignidad de los
victimarios y de sus benefactores; y una justicia que ha sido menos de lo posible: los pocos represores que están procesados gozan de condenas que no se condicen con sus perversas actuaciones.

Conmemorar hoy la inmolación de Sebastián Acevedo es una oportunidad para condenar la campaña que realizan algunos hombres y mujeres para que los represores de ayer se hagan merecedores de beneficios carcelarios, cruzada que desarrollan a través de los mismos medios de comunicación que patrocinaban a la dictadura, desentendiéndose de preceptos jurídicos que exigen que, para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos, es necesario que la sentencia se cumpla.

De este modo, se actualiza el trato abusivo del Estado con los familiares de las víctimas, obligándolos no solo a continuar en la búsqueda por alcanzar mayores niveles de verdad y justicia, sino, además, deben sumar energías para impedir que la escasa justicia que se ha logrado se transforme en una impunidad legitimada.
En democracia, el ejercicio de ser padre invita a reflexionar sobre una acumulación de desafíos que orientan y estimulan, regocijan y cansan, satisfacen y frustran. Es sumar a la exigencia de ser uno de los proveedores, la necesidad de destinar tiempo y atención a nuestros hijos, actitud de escucha y voluntad de acompañamiento. Pensar la paternidad es un proyecto que sugiere una promesa de felicidad plena que se va disipando con el pasar de los años.

Recordar la paternidad en dictadura, es imaginar a un hombre con una humanidad fracturada, que por una parte transmite a sus hijos/as ser sinceros, espontáneos, solidarios y valientes y por otra, les previene ser comedidos, reservados, desconfiados, cautelosos.

Recordar al obrero Sebastián Acevedo Becerra, es acordarse de nuestros padres en la década de los setenta y los ochenta, es evocar a un ser incompleto en su apariencia pública e íntegro en la intimidad de su familia, virtuoso en los afectos a los otros, en su accionar clandestino, en la capacidad de sobreponerse cuando el contexto social parecía sumiso y la voluntad de alzarse en contra de la dictadura indicaba un suicidio.

En democracia y en dictadura los hijos crecen y tienen la virtud de encontrar en la esencia del padre un referente que considerar, ya sea para seguir el camino, siempre inconcluso, o distanciarse de esa naturaleza, invariablemente no hay muchas alternativas más. No obstante, la condición de padre, si bien tiene modificaciones, mantiene algunos rasgos como el intento ineludible de mantener un cierto control sobre el destino de nuestros hijos, brindando el más básico de nuestros instintos: protección.

Cavilo sobre la paternidad porque hace 34 años, el 11 de noviembre de 1983, el obrero Sebastián Acevedo Becerra, se inmoló para proteger a sus hijos Galo y María Candelaria, detenidos junto a otros jóvenes, por la Central Nacional de
Informaciones, CNI, esa agencia criminal que no había reconocido su apresamiento.

Sebastián Acevedo, después de buscarlos siguiendo los conductos regulares que el Estado decía tener y de acudir a los organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos, como un medio de denuncia y presión, llegó a la Plaza de Armas de Concepción, roció de parafina y bencina sus ropas y se prendió fuego, murió horas más tarde en el hospital.

El martirio de Sebastián Acevedo no libró a sus hijos de la tortura y la cárcel; su acción sí permitió que sus descendientes no aumentaran la lista de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos; logró que la sociedad se conmocionara por las crueles prácticas de la dictadura e incentivó a un grupo de valientes a organizarse y, de la mano del sacerdote jesuita José Aldunate, dedicar tiempo y esfuerzo para denunciar los cientos de centros de detención, tortura y exterminio. El acto de amor de Sebastián Acevedo fue en defensa de sus hijos y un abrigo para los muchachos y muchachas atormentados en los calabozos de la policía estatal.

Sebastián Acevedo Becerra era un obrero, comunista, compañero, padre, una persona que representa a miles de hombres que se hicieron responsables de la protección de sus hijos, a quienes vieron en su acto, inspiración y arrojo, decisión y sacrificio.

Sebastián Acevedo Becerra, nos evoca a hombres y mujeres que tuvieron la hidalguía y el coraje de acompañarnos cuando la represión y el castigo rozaban nuestras vidas; generosidad y desprendimiento para protegernos, cuidarnos y permitirnos tratar de cambiar la mala vida a que nos condenaba la dictadura.
# Las dos almas de la Iglesia: entre la Vida y la dictadura

29 mayo, 2018
Portal Radio Cooperativa

Hace algunos días en Valparaíso, participé en la presentación del libro *Los Ojos de Catalina*, una obra referida al “Montaje de Rinconada de Maipú”, como se le llamó al asesinato, entre otros, de tres integrantes de la familia Gallardo Moreno, en 1975; en total mataron a cinco.

En el marco de la conversación, se relevó el compromiso de una parte de la Iglesia Católica con los luchadores sociales que posibilitaron el término de la dictadura que gobernaba Chile en ese período, esa Iglesia que tuvo la virtud de hacerse sentir no solo entre sus fieles, también logró generar atención, estima y respeto en los no creyentes.

Esa Iglesia inspirada en el Concilio Vaticano II, entre 1962-1965, en el Documento de Medellín, de 1968, y en el de Puebla, de 1979, asumió la defensa de los DDHH, de la democracia y la opción preferente por los pobres; esos postulados que se traducen en la búsqueda de justicia social para los trabajadores, los marginados, los humillados, descartando que la estructura social sea una condición natural, sino que es fruto de las desigualdades del sistema capitalista.

En la historia de los Gallardo Moreno se identifica la Teología de la Liberación y el trabajo de base como cimiento de la estructura de la Iglesia, promoviendo el pluralismo como característica que posibilitará el cambio y planteándose que este diálogo y acción diversa debía ser conducido por las bases marxistas y cristianas.

Ese proyecto que se inspira en Alberto Hurtado, quien desde la década de los cuarenta bregaba por más justicia social, petición muy lejana a la cultura de beneficencia que promovían los sectores conservadores de la Iglesia; un accionar que se rebela en contra de un Estado represivo, indolente ante una violencia estructural y decide padecer el dolor con los pobres.
Una Iglesia que en dictadura se debatió entre ser un espacio popular y liberador, al abrir sus parroquias para que fueran lugares de oración y resistencia, o seguir promoviendo una restrictiva vida pastoral, administrando la culpa y dando cobertura espiritual a los represores y cómplices pasivos de la dictadura cívico militar.

Hace menos de cuatro décadas, esta Iglesia, cuya voz pública era la del Cardenal Raúl Silva Henríquez, lidiaba entre un Fernando Karadima abusando de jóvenes en el barrio alto y Mariano Puga acogiendo a víctimas de la dictadura; entre Gerardo Joannon propulsor de adopciones ilegales y Roberto Bolton protegiendo a jóvenes y niños de la Villa Francia; entre Raúl Hasbún y sus prédicas de odio y la voz calma y sabia de José Aldunate denunciando la tortura en Chile.

A treinta años de la caída de la dictadura, la Iglesia liberadora que gozó del cariño y admiración de la comunidad chilena y de la internacional, paulatinamente ha perdido esa ubicación hasta llegar a la renuncia de todos los obispos, la suspensión de sacerdotes por prácticas criminales y otras querellas que la ciudadanía se ha acostumbrado a conocer.

Al finalizar la presentación del libro, un participante pronunció una de las reflexiones que concitó gran consenso.

La Iglesia Católica dejará de desangrarse en la medida que pueda desprenderse del grupo de sacerdotes que se resisten a dejar el poder y se decida a impulsar a curas que encarnan las ideas y conductas del jesuita Felipe Berrios, quien ha sido una voz crítica y esperanzadora durante la última década.

Esa decisión se ve lejana, si se considera que la Conferencia Episcopal nombró al obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, presidente del Consejo de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, un religioso que ha sido un reconocido informante de la dictadura y “guardia” del obispo Juan Barros, cuestionado encubridor de Karadima.
Plebiscito 1988, acontecimiento en disputa

27 septiembre, 2018
Portal Radio Cooperativa

El próximo 5 de octubre se cumplen 30 años del Plebiscito que dio inicio a una larga transición, desde un régimen dictatorial a un sistema democrático. La fecha puede festejarse o conmemorarse, entendidos como conceptos con matices diferenciados.

El momento tensiona interpretaciones que difícilmente podrán encontrarse en sus conclusiones, pues la valoración del presente se juega, precisamente, en este acontecimiento.

Para unos, el acuerdo entre la dictadura y una parte mayoritaria de la oposición, conducida por la Concertación de Partidos por la Democracia, debe festejarse, ya que era la única forma posible de instalar una "democracia protegida"; mientras que para un sector minoritario, quienes conmemoran, fue el resultante de las luchas sociales que obligaron a la dictadura y a una parte de la oposición a buscar una salida que evitara una tragedia y asegurara continuidad sin cambios fundamentales.

Lo anterior, podemos graficarlo en los matices que se expresan en el llamado a votar NO, y quienes optaron por convocar a un NO, hasta vencer.

Si vamos al origen del Plebiscito, no debería sonrojarnos aceptar que el Plebiscito fue fruto del acoplamiento de cúpulas políticas que aceptaron la persistencia del sistema político y económico de la dictadura, en función de lograr el preciado "cambio de mando" en orden; de paso, se aseguró impunidad, en el amplio sentido del concepto, léase: mantener una constitución ilegítima, leyes orgánicas que aseguraban continuidad económica y social, oscuras privatizaciones de empresas del Estado e impunidad a las violaciones a los derechos humanos, entre otros temas.

Probablemente, si se hubiese construido desde la derrota total de la dictadura y su modelo, hoy no tendríamos las expresiones negacionistas que se mantienen en la derecha política.
Lo anterior no invalida el esfuerzo y el aporte de quienes optaron por una salida que excedía el accionar delimitado por los marcos de la elite negociadora, actores políticos y sociales que propugnaban la salida de Pinochet, la creación de una asamblea constituyente y la conformación de un gobierno provisional, medidas que, el conjunto de partidos políticos que conformaron el primer gobierno transicional desconocieron haber propugnado, sumándose al cronograma de la dictadura.

Finalmente, se impuso el pragmatismo que orientaba el comportamiento de la oposición mayoritaria, negociar con los militares y la derecha la instalación de un sistema democrático.

Las declaraciones de algunos dirigentes de la otrora Concertación, intentan encapsular el Plebiscito, relevando el rol que cumplieron las elites y desconociendo e invisiblizando, incluso, los esfuerzos que sus bases realizaban en su territorio, un quehacer que se fundó en expresiones individuales y colectivas de resistencia a la dictadura, traducidas en manifestaciones políticas, sociales y culturales que fueron fundamentales para reorganizar el movimiento democrático.

En resumen, el Plebiscito es una fecha que tiene la virtud de haber evitado más derramamiento de sangre, profundizar la tragedia, disminuir el miedo; sin embargo, el Plebiscito es también un acontecimiento que nos condenó a construir un país sobre la base de consensos asimétricos, donde la dictadura siguió con poder de veto, los cómplices civiles y militares gozaron de impunidad y el sistema económico y social se instaló como el único posible.

Cimientos que llevamos tres décadas tratando de cambiar para edificar otros que emulen a la democracia pre dictatorial.

Decida usted, ¿el plebiscito lo conmemora o lo festeja?
Hasta Luego Padre José Aldunate

2 octubre, 2019

El Divisadero

Soy parte de una generación que creció enfrentándose a la dictadura, palmo a palmo trabajaban cristianos y marxistas; una generación que lograba fundir la no violencia activa con todas las formas de lucha; una generación que en la resistencia construía organización unitaria, con miras y propósitos colectivos. Somos una generación que fue formada por, entre otros/as mujeres y hombres, personas como Pepe Aldunate: reflexivo, corajudo, profundo y fraterno.

Debe haber sido en 1986 cuando conocí a Pepe Aldunate en las instalaciones de la CVX (Comunidades de Vida Cristiana) en la calle Almirante Barroso; éramos un grupo de jóvenes comunistas que utilizábamos ese lugar para reunirnos y/o recibir formación política. El cura Aldunate nos dio una charla, él tenía muy claro que no éramos católicos y que nuestro acercamiento a la Iglesia no era teórico ni religioso. Sabía que estábamos por el uso de todas las formas de lucha y no nos criticó, ni pontificó sobre la "no violencia activa"; nos dio un marco ético para el uso de la violencia como forma de resistencia...

Seguí leyendo libros y artículos de su autoría, viéndolo en misas relativas a la memoria y/o por víctimas de la dictadura; en actividades litúrgicas y en manifestaciones de protesta y/o de recordación. En septiembre de 2013, para que asistiera a la inauguración del memorial del Cuartel Borgoño que construimos con un grupo de amigos y autoridades comunales, fui a buscarlo a la casa de reposo del Colegio San Ignacio, fui con uno de mis hermanos, una sobrina y mi hijo que tenía ocho años: cuando llegamos al auto, presenté al cura Aldunate diciendo: "Saluden a un hombre que es casi un santo"... No sé si existen los santos o los cómo o casi santos. Sí sé que existen hombres buenos y valientes y Pepe Aldunate ha iluminado nuestro país con palabras y acciones que merecen mi amor y reconocimiento.

Hasta luego Padre José Aldunate...
# ¿Existen sistemáticas violaciones a los DDHH?

5 noviembre, 2019

Portal Radio Cooperativa

En 1986 Augusto Pinochet reiteró a la ciudadanía lo que ya había declarado en 1973, “estamos en guerra” y el 21 de octubre, Sebastián Piñera sinceró sus temores y conceptualizó su modo de gobernar, “estamos en guerra en contra de un enemigo poderoso”. Ese oponente es el pueblo, víctima de sus argucias, altanería y obstinación.

El 14 de mayo de 1985, Tatiana Fariña de 19 años, estudiante de sociología de la Universidad de Chile fue explosionada en un baño del Servicio de Acción Social de la Municipalidad de Lo Prado, la institucionalidad de la época la catalogó como delincuente subversiva. Años después se supo que había sido detenida por la Central Nacional de Informaciones, CNI, y que había sido asesinada producto de torturas en el Cuartel Borgoño.

El 20 de octubre de 2019, Joshua Osorio Arias de 17 años encontró la muerte en la fábrica textil Kayser, en Renca, se dijo que pereció calcinado junto a otras cuatro personas. Lo que se ocultó, en primera instancia, es que Joshua tenía tres orificios en el tórax, los cuales no fueron medidos por el Servicio Médico Legal.

¿Cómo murió Joshua, asesinado o por asfixia?, necesitamos saber y en caso que haya sido asesinado los responsables deben enfrentar la justicia.

No pretendo hacer un paralelo antojadizo entre la dictadura de Pinochet y la represión ejercida por las fuerzas policiales y militares amparadas por Sebastián Piñera, quiero exponer que el dispositivo para asesinar e infamar a personas entre un gobierno y otro, tiene similitudes. Hoy la represión colectiva se intensifica con la infinidad de tecnología tóxica que utilizan para dispersar movimientos sociales, aumentando la efectividad del acto represivo.

Un argumento irrefutable son las cifras que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH.
El reporte del viernes 2 de noviembre consigna que se ha detenido a 4.316 personas, un poco menos de 500 son niñas o niños; heridos en hospitales son 1.574, por disparos de bala 40 y por perdigones casi 500, con heridas oculares 157; 20 personas muertas y alrededor de 20, que denuncian agresiones sexuales, cuyos autores son carabineros.

Cabe enfatizar que la Cruz Roja dice que los heridos pueden ser el doble de lo pesquisado.

En ese marco, ¿puede negarse que existan violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos? Confusas son las declaraciones del director del INDH, Sergio Micco, cuando niega el carácter reiterado, organizado y coordinado por el poder político y militar para violar los derechos humanos.

Teniendo presente, además, la práctica sistemática de la violencia como herramienta de control social - aplicada a estudiantes, trabajo informal, pueblo mapuche, poblaciones - especialmente en manifestaciones.

Entiendo que el director del INDH ocupa su cargo gracias a los votos otorgados por la derecha política, sin embargo, no es tolerable que relativice el prestigioso trabajo del organismo para congeniarse con el gobierno, más aún, si hay 20 muertos, de los cuales, en cinco casos hay convicción de que participaron agentes del Estado y en la mayoría de las otras muertes, existe poca claridad sobre las circunstancias.

Es deseable que el señor Micco rectifique y sea más enfático no solo en la condena de las violaciones a los DDHH de manera abstracta, sino que se espera que exprese con más decisión su rechazo a los responsables civiles y uniformados de dichas violaciones.

Tenemos historia y una lamentable historia sobre abusos en derechos humanos; uno espera que el director del INDH esté a la altura de esa memoria, asumiendo que el deber de todo organismo de defensa de los Derechos Humanos es estar en la defensa de las personas y no tenga debilidades hacia quienes son responsables de esos atropellos.
# Chile: una trayectoria de impunidad

30 noviembre, 2019

El Desconcierto

El informe de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch dan cuenta de las graves y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, DDHH, cometidas por el Estado de Chile, a través de militares y carabineros, avalados por el discurso incendiario del Presidente de la República y las órdenes del ministro del Interior.

A lo anterior, se debe agregar que, al encargado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se le cuestiona idoneidad para conducir esta cartera recordemos que fue un férreo defensor de la dictadura y de Paul Schäfer, pedófilo y torturador de Colonia Dignidad. A esta persona se suma la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, quien ha guardado un relativo silencio sobre las violaciones a los ddhh, los cuales por normativa institucional debe defender. Para ser precisos, hay que reconocer su figuración pública para rechazar enérgicamente el informe de Amnistía Internacional y para acoger parcialmente el informe de Human Rights Watch, ambas declaraciones buscan blindar al presidente Piñera, dejando como únicos responsables a los carabineros.

¿Son autoridades destinadas a conducir un proceso que finalice con los responsables de las violaciones a los DDHH juzgados y encarcelados?; si son autoridades legítimas: ¿por qué tememos que la impunidad pueda imponerse?

Estas respuestas deben buscarse en las características de las autoridades gubernamentales; en la trayectoria de las Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros; en la escasa valoración que la derecha política hace del respeto a los DDHH, entre otros ámbitos.

La impunidad también puede rastrearse en el comportamiento de los regímenes transicionales que se limitaron a reparar materialmente, de modo precario, a una parte de las víctimas y a sus familiares e hicieron caso omiso de las
orientaciones emanadas del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, CNVR, que recomendó a la autoridad disponer de medidas y recursos para “dar lugar a proyectos culturales y simbólicos destinados a reivindicar la memoria de las víctimas en forma individual y colectiva, estableciendo nuevas bases para la convivencia social y una cultura más cuidadosa y respetuosa de los derechos humanos, que nos asegure que actos violatorios de tanta gravedad para la vida no serán cometidos en el futuro” (CNVR, 1991, p.1254). En definitiva, se trataba de imputarle a la derecha su responsabilidad en las violaciones a los DDHH.

Ese sentido no estuvo en la ruta de gobierno de Patricio Aylwin, 1990, el cual, en función de no activar la disputa ideológica y asegurar gobernabilidad, no lo presentó en su programa.

Posteriormente, los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) no propusieron, en sus respectivos repertorios, medidas que pudiesen avanzar en esa línea; se concentraron -“en la medida de lo posible”- en la búsqueda de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, relegando el hacer justicia a un estado de simulacro.

En los programas de gobierno de los cinco Presidentes de la República, desde 1990 hasta el 2019, es la ex presidenta Michelle Bachelet, la que tuvo mayor interés en la temática: el Museo de la Memoria, el diseño de un Plan Nacional de Derechos Humanos, la construcción de memoriales, la instalación de algunas fechas que, indirectamente, recordaban a la dictadura: el Día del Detenido Desaparecido (2006) y el Día Nacional contra la Tortura y el Día Nacional del Ejecutado Político (2009), entre otras. Pero la labor inconclusa de una presidenta, recordemos que Punta Peuco no fue cerrado, no logra ocultar el fracaso de las políticas públicas referidas a los derechos humanos y en eso comparten responsabilidad los regímenes de la Concertación y la otrora derecha golpista, hoy devenida en autoritaria.

A lo anterior, se debe sumar los intentos por imponer la impunidad o leyes de punto final durante los tres primeros gobiernos de la Concertación: Patricio Aylwin (1993) con el proyecto que buscaba cambiar información sobre el paradero de
los detenidos desaparecidos, por la agilización de los procesos judiciales sin encontrar responsables. El gobierno de Frei fue más allá y, a través de su ministro del Interior, Carlos Figueroa, y el senador de Renovación Nacional Miguel Otero, lisa y llanamente propusieron una ley de punto final.

Años después, el presidente Ricardo Lagos (2003) avaló la tesis de que las Fuerzas Armadas no poseían más información sobre los detenidos desaparecidos y su ministro del Interior, José Miguel Insulza, promovió la rebaja de penas a los escasos violadores de los DDHH que se encuentran recluidos.

Resulta curioso que personajes que tienen una amplia cobertura sobre la materia, sean protagonistas de los principales intentos de asentar la impunidad por las violaciones a los DDHH cometidas en dictadura.

Los antecedentes expuestos, confirman que debemos estar vigilantes en función de asegurar juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los DDHH, corroboran que las autoridades gubernamentales y una parte de la ex Concertación no aseguran que las instituciones trabajen por la verdad, la justicia y la reparación, lucha que debe tener como centro la reivindicación social de todos y todas las víctimas y la condena de los autores materiales y de quienes dieron cobertura privada y pública a los crímenes cometidos, asegurando así un verdadero Nunca Más.
La jauría de Plaza Ñuñoa

26 diciembre, 2019

El Desconcierto

Para prevenir al lector/a, en esta columna omitiré el nombre de los doce carabineros formalizados por agredir a una persona que se manifestaba pacíficamente el pasado 21 de octubre. A petición de la defensa, el juez accedió a proteger de la condena social a esta pandilla y prohibió la divulgación de sus nombres y sus rostros.

El Juez dictó prisión preventiva para cinco de los doce carabineros, cuatro que participaron de la golpiza y al teniente que fue quien la comandó, hoy pasarán la noche detenidos, gracias, en gran medida, al fiscal y a la coyuntura televisiva: un canal de televisión trasmitió en vivo la tortura.

Durante las tres jornadas que duró la audiencia, afuera del edificio del 8º Juzgado de Garantía, estaban los once suboficiales; sin familia, asustados, nerviosos, vestidos con el mismo traje que utilizan en un matrimonio, una graduación o un funeral; sus ropas simbolizaban lo confuso que era estar formalizados ante un Juez.

Cerca, pero distante, el oficial, de facciones caucásicas, vestía “casual”, se acompañaba de su familia y su defensor; un profesional físicamente parecido a los suboficiales, pero que insuflaba el desparpajo y la vulgaridad de quien siente que “logró un ascenso social”. Un ejemplo del comportamiento del abogado son sus declaraciones que, sin considerar la evidencia del informe de Human Rights Watch, HRW, y de otros informes internacionales, declaró: “Todos los casos que conozco de posibles agresiones sexuales son falsos” (CNN, 26 de noviembre). Según el último reporte de Instituto Nacional de DDHH hay 207 denuncias de violencia sexual, en su mayoría se involucra a Carabineros. Otro de los abogados es Germán Cueto Echeverri, profesional que, de acuerdo a información de prensa, no ha podido justificar el pago de doce millones de pesos de parte de la Municipalidad de Cerro Navia, en el periodo de Luis Plaza, imputado en el “caso basura”.
Profesionales que son coordinados por el ex General Director interino de Carabineros, Julio Pineda, quien, en su cuestionada trayectoria, negó la participación de un carro lanza aguas en contra del estudiante Rodrigo Avilés en Valparaíso: "Los antecedentes que tenemos es que fue una caída de la persona sola", lo que no consideró, es que todo Chile había visto el ataque criminal del carabinero que manejaba el vehículo. El rol de Pineda en la audiencia fue coordinar y hostigar a los familiares de la víctima.

Las grandes promesas que la institución le hace a los jóvenes pobres para que sean suboficiales, es alcanzar una vida tranquila, seguridad material, respeto familiar, distinción en su territorio, entre otras ilusiones que duran hasta que cometen el disparate de seguir a sus superiores.

Les ocultan el temor y el desprecio que generan en su comunidad inmediata, les disimulan que desde que se alistan en las Fuerzas Especiales de Carabineros su instrucción será el golpe a una persona desarmada, la violencia como arma de sometimiento, la prepotencia como acción relacional; la sumisión, el abuso y el servilismo, la dominación y la obediencia a sus "jefes" que no provienen de su pueblo, población, villa o campamento.

Los abogados no conocían a los suboficiales, algunos adujeron ser sus recientes patrocinadores, no los miraban, les ordenaban donde sentarse, no los miraban, no sabían sus nombres, no los miraban.

El Estado provee gratuitamente de abogados a quienes cometen delitos, los doce carabineros tenían defensa asegurada y pagada por su empleador, sin embargo, esa no fue la opción de los carabineros o de quienes deciden por ellos.

¿Por qué hay profesionales que se ofrecen a defender a violadores de los DDHH? ¿Es un trabajo *ad honorem*, es convicción, es voluntario? ¿Estamos frente a un “cartel” de protección de violadores a los DDHH?

En el banquillo, uno al lado del otro, estaban doce sujetos que, pagados por el Estado, ejercen una violencia socialmente ilegítima, crueldad que, aunque tengan el monopolio de su uso, es degenerada, practican una acción que busca el sometimiento físico y psicológico de manera intencionada.
Todos los carabineros guardaron silencio ante el fiscal, todos declararon no reconocer a su compañero que aparecía, a su lado, reprimiendo en el video, todos suscribieron las mentiras que el teniente inventó en torno al detenido en Plaza Ñuñoa. ¿Estamos frente a nuevos pactos de silencio?

Miraban al juez doce individuos cuya vida es una tragedia y sus motivaciones humanas son un infortunio. Once sujetos a quienes les prometieron mejor calidad de vida y los condujeron a un abismo y un sujeto, el oficial, que ideológicamente opresivo, reproduce el maltrato que su clase acostumbra a impartir a su contrario/a, ya sea un servil o resistente; le inculcaron odio y desprecio de clase y lo profesa cada vez que ejercita su oficio.

La audiencia, en todas sus versiones, para quienes promueven las violaciones a los DDHH, representaba la defensa del trabajo sucio que no debería verse; la molestia que presenta un Estado de Derecho cuando hace que sus instituciones funcionen, la fricción entre el discurso cínico de defensa de los DDHH fuera de las fronteras y la promoción y amparo de la trasgresión de todo sentido de humanidad.

Los carabineros formalizados que torturaron a un ciudadano indefenso que se manifestaba con una sartén y una cuchara, representan la frustración de toda la humanidad que afilia a una sociedad civilizada; el fracaso de los gobiernos transicionales que se construyeron sobre la impunidad y no propusieron cambiar la doctrina de las policías, la encarnación de la falta de piedad; la descomposición de una institución que las autoridades gubernamentales defienden como dique de su propia putrefacción.
# ¿En Chile se tortura?

3 febrero 2020

Portal Radio Cooperativa

Imagine usted.

El 21 de octubre, después de participar de un carnaval reivindicativo, alegre y esperanzador, un grupo de cincuenta personas, no acatan el toque de queda y permanecen en Plaza Nuñoa: cantando, gritando, tocando cacerolas.

A los minutos, llega un teniente y once carabineros, irrumpen y torturan a un participante que tocaba una sartén de aluminio con una cuchara. Lo golpearon entre 5 y otros 7 dieron cobertura a la crueldad del teniente Martin Blanc, quien declara: "No lo quería detener".

La conclusión del Informe de la Policía de Investigaciones de Chile, dice: "La conducta desplegada por los funcionarios policiales tuvo como único objeto infligir golpes y sufrimientos graves a la víctima, sin justificación alguna, los que resultaron de carácter grave en consideración a su especial condición de vulnerabilidad y el carácter de las lesiones sufridas".

A Moisés Órdenes lo dejaron con politraumatismo, le rompieron la nariz, cinco costillas, le botaron dos dientes, perdió la visión del ojo izquierdo, quedó con secuelas en el derecho y sufrió un neumotórax, en esas condiciones lo subieron a un carro institucional. No le brindaron auxilio, se mofaron, tuvieron expresiones sarcásticas y desidia ante su crítico estado de salud. En el hospital, el teniente, mientras pedía perdón a los familiares, le sugería mentir a la médica sobre las heridas y pedía ayuda dolosa a la Fiscalía.

Imagine usted.

Cuando el superior jerárquico y encargado del sumario a los carabineros los convocó a declarar, dijeron coralmente, las lesiones que tiene son por oponer "tenaz resistencia" a la detención.

Vea el video, está en redes sociales, y constate que para carabineros, una persona atacada por sorpresa que tiene una sartén de aluminio y un teléfono celular, puso en peligro la integridad de 12 sujetos armados, vestidos con indumentaria para reпримir, bastones y escopetas para lanzar lacrimógenas.

Imagine usted.
Que una Jueza de Garantía, contraviniendo la formalización del fiscal jefe de Ñuñoa, Álvaro Pérez, y la decisión del juez Daniel Aravena, ordenó sobreseer definitivamente a todos los carabineros que participaron de la tortura, pero que no pegaron con pies, puños y bastones.

De este modo, la jueza de garantía no considera que al manifestante de Plaza Ñuñoa lo torturaron y que quienes lo hicieron son agentes estatales que violaron la Constitución Política de la República, transgredieron la Convención Americana de DDHH y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que suscribió Chile en 1987, entre otros tratados internacionales, además de interpretar antojadizamente el Código Penal chileno.

Imagine Usted.

La resolución de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, conducida por el Juez Juan Cristóbal Mera, que quita la prisión preventiva a los cinco carabineros con participación activa en la tortura y la decisión de la jueza de garantía Patricia Ibacache de sobreseer la investigación a los siete carabineros que tuvieron una conducta omisiva, favorecen al Ministerio del Interior como responsable político de las fuerzas policiales y al alto mando de Carabineros como encargados directos.

Cuando desestiman las pruebas aportadas en el informe de la PDI y el Sumario de Carabineros, se limitando la realización de un juicio transparente y la aplicación de justicia. Se debe sumar que el gobierno sigue esquivando los informes de diversos organismos internacionales y nacionales que acusan graves violaciones a los derechos humanos, documentos que son la base para declarar que se cometen crímenes de lesa humanidad.

Imagine Usted.

Al 15 de enero, según reporte INDH, había 3.649 personas heridas, 405 con daños oculares, 2.063 heridas por disparos, hay 1.354 víctimas que han presentado querellas, de ellas 770 por torturas. Sin embargo, las cárceles están llenas de manifestantes y casi ningún carabinero cumple prisión preventiva.

Imagine usted.
La próxima persona detenida, encarcelada, herida, torturada, vejada, entre otras violaciones a sus derechos fundamentales, es usted y los garantes de esa detención son los carabineros.

¿En Chile se violan los DDHH?
Proceso constituyente y violaciones a los DDHH

12 febrero, 2020

El Desconcierto

¿Usted quiere cambiar la Constitución de 1980? La respuesta es rotunda: Sí.

Una Constitución producto de un fraude dictatorial, blanqueada por un gobierno democrático en 2005, que otorga al Estado un rol subsidiario y residual, propicia el lucro de los privados con la salud, la educación, las pensiones; que niega a los empleados públicos el derecho a huelga, silencia a los pueblos indígenas y a las mujeres las condena a no tener autonomía sobre sus cuerpos, debe ser anulada.

Esta Constitución defendida por leyes orgánicas que solo pueden ser cambiadas con un quórum del parlamento de 4/7; por un Tribunal Constitucional y un Consejo de Seguridad Nacional solo ha permitido tener una democracia débil que promueve desigualdad y abuso.

El proceso constituyente diseñado en el Parlamento el 15 de noviembre de 2019 no asegura cambios sustanciales a la Constitución actual. Indudablemente, se puede dejar atrás el simbolismo de la dictadura, pero no hay muchas posibilidades de que los candados de la actual Constitución sean rotos. No es una exageración creer que nada muy sustancial cambiaría. ¿Por qué?, porque definieron que la Convención Constituyente proponga leyes que reúnan un consenso de 2/3 de los asambleístas, quienes a su vez, serán elegidos por distritos parlamentarios, es decir, el mecanismo favorece a los actuales partidos políticos, en desmedro de los independientes y de otras fuerzas sociales que se verán excluidas de tener representación.

Ahora, imaginemos que toda la oposición obtiene más de 2/3 de asambleístas, ¿entonces se podrán hacer cambios fundamentales? Primero, es casi imposible que esta idea tenga alguna posibilidad de ser una realidad, pero si así fuere, tampoco se harán los cambios, pues la mayoría de los artífices de “esta gran oportunidad de cambio” tienen trayectorias que se ajustan a los intereses de la actual Constitución y han sido sostenedores del
modelo económico, las estructuras sociales y la pálida democracia que tenemos.

Permítanme aseverar que no es virtud ser olvidado: ¿Quién fue el principal impulsor de la privatización del agua?, Eduardo Frei Ruiz Tagle; ¿quién permitió que Augusto Pinochet volviera Chile y no fuese juzgado ni condenado?, José Miguel Inzulsa; ¿Quién negó el asesinato de Matías Catrileo?, Felipe Harboe; ¿Quién comandó la oposición a la reforma en pro de mayor equidad educativa propuesta por Michelle Bachelet?, Ignacio Walker; y así podría entregar mucha evidencia sobre las conductas de estos predicadores del cambio, quienes, cual gatopardistas espabilados, tratan de sortear una crisis sin cargar la cuenta que han consumido.

¿Usted quiere paz social?, pues SÍ, la respuesta es sincera y categórica.

Necesitamos un Chile armónico, regido por un sentido común que respete las diferencias, un lugar que resuelva sus desigualdades, un espacio donde sus enfrentamientos se desarrollen en el marco de una concordia que avanza hacia mayores niveles de justicia.

¿Nos proponen construir paz social?, claro, sobre la base de la sumisión, a renunciar a la movilización social, a la intimidación jurídica, a la amenaza de cárcel, al riesgo de ser herido/a o la posibilidad de ser asesinado/a. Atropellos amparados en el silencio de muchos demócratas de ayer, quienes hoy, revestidos de fervientes defensores de la paz social, utilizan el término como muletilla asociada a su desbandada mezquindad.

Cualquier proceso constituyente debe desarrollarse sin apremios, sin coacciones, sin chantajes ni amenazas y con el Estado como garante de que el proceso asegure democracia, representación, participación y deliberación en la toma de decisiones. Hoy, ninguna de las características anteriores está comprometida, lo cual le otorga un carácter aberrante a todo el procedimiento. Como país, no es soportable construir, nuevamente, una institucionalidad sobre la base de las violaciones a los derechos humanos e impunidad a los represores civiles y uniformados.

Por lo anterior, exigir respeto a los DDHH, más democracia y transparencia en la construcción de un proceso constituyente
inquieta al *establishment* político, entonces, descalifican catalogando de “ultras”, “maximalistas”, “destructores” y cuanto término les sirve para socavar la idea de más democracia y más participación. Nótese que nadie está pidiendo revoluciones, ni socialismos del siglo XXI, solo se exigen condiciones íntegras para concursar un proyecto de país.

Ante la inminencia del plebiscito del 26 de abril, nos enfrentamos a un dilema: o somos capaces de obligar al gobierno y a sus cercanos (oficialistas y opositores) a cesar la represión, liberar a las presas y presos políticos, iniciar juicios a los represores y hacer los ajustes institucionales que aseguren un proceso constituyente democrático, participativo y reformador, o aceptamos el trazado del Parlamento y el Gobierno y se concursan “cambios en la medida de lo posible”, consagrando la idea de paz y justicia social como un anhelo imposible. Usted elige...
Hermanos Vergara, Paulina Aguirre y
los presos/as de la revuelta

29 marzo, 2020
El Desconcierto

Dicen los testimonios que la noche del 29 de marzo de 1985, agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI, se agazaparon a la entrada de una cabaña en El Arrayán, apareció Paulina Aguirre Tobar de 20 años: la asesinaron con ocho balas, dos de las cuales atravesaron su cabeza.

Dijo la prensa afín a la dictadura, que había sido enfrentamiento con personal de Carabineros y agentes de la CNI, que había policías y agentes heridos, que podíamos estar tranquilos: “Eran extremistas”.

Dice la justicia que están identificados casi todos los asesinos, se ha probado su participación alevosa, su obstrucción a la justicia; se han cerrado los casos y en su mayoría, los asesinos nunca estuvieron presos, no pisaron una cárcel. ¿Dígame Ud. si este simulacro de justicia no se llama impunidad?

La rebelión social iniciada en octubre pasado ha tenido como protagonistas a jóvenes, quienes no han cesado de movilizarse y poner en evidencia una crisis institucional de proporciones, un sistema neoliberal que ha consagrado a Chile como un país desigual, gobernado por una minoría que se reproduce endogámicamente, sin disposición de cambiar ni corregir el modelo y para superar la crisis social promueve la represión.

Desde octubre en Chile, se violan sistemáticamente los Derechos Humanos, se ha asesinado a mujeres y a hombres, hay personas calcinadas cuya muerte no se ha investigado, hay jóvenes mutilados/as de uno o de sus dos ojos, hay torturados y hay más de 2.300 presos y presas políticas que el gobierno tiene como rehenes, igual como fue en Dictadura.

La cantidad de jóvenes cautivas y cautivos no ha sido una prioridad para la mayoría de quienes se dedican a la política y han manifestado compartir esta movilización social, tiene el poder fiscalizador y no lo han usado; pareciera que la presión de los medios de comunicación oficiales y el majadero discurso sobre el
orden público del Gobierno, surte efecto y las y los inhibe de sumarse a acciones orientadas a que el sistema judicial haga su trabajo de manera desprejuiciada e independiente y los deje en libertad.

Quienes acreditan la detención e indican al fiscal los hechos para que los califique como una falta o un delito, son los carabineros u otras policías. Sí, los mismos uniformados que hemos visto faltar a la verdad en televisión, en las redes sociales, ante los fiscales, los jueces, frente a la opinión pública. Paradojalmente, son ellos quienes ponen la rúbrica sobre el supuesto comportamiento de un joven detenido por desorden público o por un supuesto “maltrato de obra a Carabineros”. En la mayoría de las detenciones de las y los jóvenes de la revuelta, no hay más pruebas que las palabras o el certificado de esta Institución.

La versión oficial de la dictadura sobre el asesinato de Eduardo, Rafael y Paulina, fue que eran terroristas, a ella se sumaron los medios de comunicación y una parte importante de políticos y ciudadanos que usaron esta mentira como una cómoda argucia para dejar sus conciencias tranquilas.

En tiempos de incertidumbre y dolor, que no nos gane la abulia, no triunfe el temor, que la ingratitud no vuelva a poblar nuestras almas: ¡¡¡ Libertad inmediata a todos y todas los presos de la revuelta!!!
# El cura obrero, el estallido y el coronavirus

29 marzo, 2020

Portal Radio Cooperativa

Hace poco más de una semana murió Mariano Puga, el cura obrero que supo, en diferentes etapas de la historia de Chile, crear resistencias, promover obras que dignificaban a la persona y defender los derechos del pueblo, concepto escondido y silenciado durante tres décadas y que hoy vuelve a ponerse al corriente, en el marco de lo que se ha denominado "estallido social".

Mariano, en una de sus últimas cartas, resumió la postura que tuvo en sus más de sesenta años de sacerdocio e hizo un diagnóstico que hoy vemos con estupor: "La revolución no se hace con los poderosos, sino con aquellos que hacen suya la causa de los sin poder y esos nos faltan hoy. No veo cómo este sistema los va a producir, más bien al revés, el sistema toma a los sin poder y los transforma en los adoradores del modelo de consumo". Palabras certeras que describen un mundo que se expresa en la actual crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus.

Hemos vivido la ilusión de ser sobrevivientes y que el éxito de esa faena, depende de lo que cada uno/a es capaz de hacer por sí solo/a, y en esa sentencia solo cabemos nosotros y nuestros más cercanos.

Una constatación sombría que se puede identificar en el feriante que subió las papas y la lechuga; en el supermercado que aumentó el valor de los productos de higiene; las farmacias, las mismas de las colusiones, que han elevado el precio de las mascarillas, el alcohol y la vitamina C; los bancos y su severidad en el cobro del crédito; el liderazgo gubernamental renuente a auxiliar a los trabajadores informales; y la vecina y el vecino que acapara para, en los supuestos tiempos de escasez, tener incluso lo que no será capaz de consumir.

Este peligro sanitario testimonia la crisis social que reflejó el estallido de octubre: duradera, sofocante, indignante y dolorosa, que no solo refleja un sistema construido sobre la base de la injusticia, sino también, de algún modo nos revela la cultura del
individualismo que nos infundieron a fuego, como complemento de un éxito, en el mejor de los casos, parcial y efímero.

Hasta hace unas semanas estábamos construyendo comunidad, re-conociéndonos, aprendiendo a exigir nuestros derechos y comprometiéndonos a cambiar un sistema que oprime la libertad y los deseos y exprime el vigor y la pujanza, en virtud de la riqueza y suntuosidad de unos ínfimos. Esa lucha se desató en octubre del 2019 y ha tenido consecuencias que no pueden ser desoídas; muertos, heridos, torturados y presos y presas políticas/os olvidados por la institucionalidad estatal.

Para colmo, hoy, además del pánico y la preocupación legítima por el coronavirus, han surgido voces que pretenden relegar las reivindicaciones sociales; aducen el gasto público que significa la crisis sanitaria, llaman a la unidad detrás de medidas que no conducen a mayor justicia social, sino que, en el mejor de los casos, aplacarán algunos meses de subsistencia, pero no resolverán los problemas de fondo.

Buscar en la crisis sanitaria una oportunidad para perpetuar las estructuras del sistema socioeconómico, es un ejercicio estéril, la crisis del coronavirus es, además, la consagración de un diagnóstico social que será superado cuando los cimientos del neoliberalismo, incluidos los culturales, sean removidos y sepultados en el Chile que Mariano condenó, para dar paso a un Chile que nace desde su comunidad virtuosa que clama, al igual que el cura obrero, "¡El despertar no tiene que morir nunca más!".
# Manola Robles: tres momentos para mi historia

4 enero, 2021.

Portal Radio Cooperativa

Debe haber sido 1984. Radio Cooperativa emitió los tambores característicos de sus cápsulas noticiosas y leyó un bando que prohibía a la radio informar de las protestas en contra de la dictadura: el medio debía remitirse al avisaje comercial y a las informaciones generadas desde el gobierno. Después de esa información aparentemente neutra, programaron la canción "De una sola manera se pronuncia tu nombre". Víctor Manuel destaca: "No hace libre ni te hace más honrado, más justo, si no fuera de todos no sería de ninguno, los que siempre pretenden manejarte a su gusto, que tú seas tan libre les parece un insulto", era el llamado de un medio de comunicación a la libertad, en voz de un cantautor español solidario con Chile. Era la existencia de una radio que, con autonomía e irreverencia, albergaba a un puñado de profesionales comprometidos con el periodismo y su principal razón de ser: la humanidad y sus derechos.

Manola Robles es parte fundamental de aquella historia, una de las voces rigurosas, valientes, sobrias y directas, que permitía advertir lo que los velos del poder pretendían ocultar; conocedora de economía, encontró el boquete entre la mentira oficial y la realidad que se padecía, utiliza la palabra justa y sabe "decir sin decir", en función de sortear la censura gobernante.

Debe haber sido 1991. Era estudiante y llegué a trabajar a Radio Cooperativa. Varias voces emblemáticas habían tomado otros rumbos, quedaban algunas/os profesionales que solo con mirarlos inspiraban aprendizaje e imitación; el cigarro, el café y la máquina de escribir Underwood, eran parte de esa radio que todavía era AM y estaba al centro de la comuna de Providencia.

Manola despachaba rápido y con frases cortas, no era particularmente comunicativa con las nuevas "adquisiciones", léase nosotros/as jóvenes estudiantes, quienes nos debatíamos entre aprender el oficio o sucumbir como aficionados a un modo de hacer periodismo que había mostrado coraje y virtud en tiempos trágicos.
Fue el año 2017, cuando mudé mis columnas de medio de comunicación. Una sorpresa fue saber que Manola era la editora de Opinión en Cooperativa. No recuerdo si hubo bienvenida, me abrió el espacio y luego lo dirigió de manera respetuosa, directa y amable. Fue la editora de las columnas, sin abandonar una suerte de severidad formativa y consideración del sentido de lo que yo buscaba decir. En su edición había rigurosidad y protección: esa máxima que enseñaba a decir sin que el poder y sus múltiples prolongaciones tuvieran la oportunidad de atraparte.

La trayectoria de Manola Robles encarna la necesidad de futuro y esperanza, la urgencia de asumir el oficio con la humildad y prudencia de ser un anónimo/a al servicio de una sociedad que requiere prestancia a la hora de informar. El espectáculo es presuntuoso, el periodista como noticia es la muerte del periodista y el nacimiento de la arrogancia. Manola Robles es la antítesis de los reconocimientos de empresas y grupos de poder, es la sustancia de una mujer que la primera lealtad la tiene con su propia integridad y con ello, le alcanza para trabajar con energía y potencia: para mí, para usted y para nosotros/as.
La mirada incendiada:
Un relato “en la medida de lo posible”

12 abril, 2021

Portal Radio Universidad de Chile

Cada cierto tiempo el pasado reciente es registrado por la
industria audiovisual chilena y fruto de ese interés se ponen en
circulación memorias que, muchas veces, tensionan los hechos en
su sentido y veracidad.

La película La Mirada Incendiada pretende relatar parte de la vida de Rodrigo Rojas Denegri, fotógrafo que, junto a Carmen Gloria Quintana, fue rociado con bencina y asesinado en julio de 1986.

Previo al estreno se publicaron críticas de la familia de
Rodrigo Rojas, pues no se les consultó, ni se les hizo partícipes de
la construcción del personaje y del contexto íntimo del joven.
Asumiendo que la mayoría de quienes vivieron ese episodio,
incluyendo a toda la familia De Negri, están vivos y accesibles,
resulta incomprensible que la producción de la película señale que
hace cinco años le mandó un correo electrónico a la madre de
Rodrigo y no hubo respuesta.

Entiendo que Carmen Gloria Quintana tampoco participó de
la creación de su personaje y no fue consultada, es decir, la “voz
en off” se construye como una ficción sin visos de la realidad,
que no se ajusta a su experiencia vital.

A través de los medios de comunicación se ha hecho una
pregunta de manera reiterada: las víctimas ¿tienen derechos de
autor?, la respuesta es evidente: no, no tienen ese derecho, pues la
tragedia no se rige por el derecho de autor, es una desdicha que, a
priori, merece ser respetada y acogida, las víctimas directas no
pueden ser soslayadas a la hora de crear una obra audiovisual.

La Mirada Incendiada responde a los criterios políticos de la
transición a la democracia: negación u omisión del contexto, de la
organización gremial como motor de la caída de la dictadura, de
la militancia social como opción legítima y nutritiva a la causa
democrática, el ocultamiento de los civiles que sostuvieron a la
dictadura.
"Son los dueños de Chile", dice el personaje interpretado por María Izquierdo refiriéndose a Carabineros, frase que reduce la complejidad del periodo, en dictadura Carabineros era lo que es hoy en democracia, el grupo de choque de los dueños de Chile, de civiles que colaboraron con la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, recordemos que Francisco Javier Cuadra, secretario general de Gobierno, a pesar de la evidencia rehuyó durante semanas aceptar que fueron los militares.

Pinochet señaló "no quiero pensar mal, pero me da la impresión de que llevaba algo oculto, se le reventó y les produjo la quemación"; el director de la Posta Central, el Dr. Raúl Guzmán, obstaculizó la atención médica de Rodrigo y Carmen Gloria y los oficiales Pedro Fernández Dittus y Julio Castañer González, son los autores materiales del asesinato de Rodrigo y las heridas a Carmen Gloria. La película no menciona al principal asesino, a sus cómplices civiles y no identifica a los responsables.

Hay una verdad judicial, testigos, evidencia pública y privada de los hechos y todavía existen producciones audiovisuales que insisten en ocultar la identidad de los criminales y sus cómplices civiles, sin embargo, amparados en el cartel: "basado en hechos reales o inspirada en" fisgonean en las vidas de las víctimas y sin pudor las alteran para "mejorar" su producto audiovisual.

La memoria hegemónica que circuló en la transición democrática, a través de los medios de comunicación, el sistema escolar, las autoridades de gobiernos, entre otras estructuras, tiene la característica de volver invisible a las otras memorias, esencialmente la de las víctimas y los luchadores sociales y esta película contribuye con ese propósito.

Rodrigo Rojas Denegri, es hijo de una prisionera política, torturada, exiliada, proviene de una familia comprometida con la lucha antidictatorial, es el contexto que lo motiva a venir a Chile, Rodrigo fue parte activa de la Agrupación de Fotógrafos Independientes, AFI, grupo fundamental en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, la identidad de Rodrigo se asocia al fotógrafo/a comprometido/a, valiente, talentoso/a, ¿cómo contar su historia encubriendo su intimidad política, su militancia social? Vea la Mirada Incendiada.
Los medios
## Concentración y medios

03 julio, 2007

Portal Movimiento Generación de los 80.

Y fue un programa de televisión el que obligó al ex presidente Lagos a salir de su ostracismo y defender airadamente su obra, la cual ¡en buena hora!, es cuestionada; no en su totalidad, es innegable que en algunas materias fue un gobierno exitoso, pero sí es criticada en los proyectos más deficientes.

El programa Contacto provocó molestia en el oficialismo (era de esperar, si en muchos de ellos la soberbia es su mayor consejera); no aceptan ser criticados ni siquiera por quienes comparten proyecto y han sido fundamentales en la construcción de este Chile post dictadura. Los llamados díscolos ¿qué y quiénes son?, son oficialistas que dentro de la Concertación tienen voces, a veces, disidentes; pero en lo medular son concertacionistas.

Si con sus camaradas se descontrolan ante la crítica, por constructiva que sea, no debería ser distinto que hicieran lo mismo frente a un programa de televisión. Y lo hicieron arguyendo un muy mal argumento: la parcialidad y falta de rigurosidad del canal católico en la emisión del longevo programa de televisión. Especulo que si en la promoción del espacio no hubiese aparecido la imagen del ex presidente Lagos, el espacio habría pasado inadvertido, se hubiese tomado como un programa más de denuncia, un programa que genera realidad en los electores, pero que es incapaz de mellar el encumbrado mundo de los políticos. La promoción del programa *En La Mira*, del Canal del candidato presidencial de la Alianza, versaba sobre los "asesinatos en los hospitales públicos". Una cosa es ser negligente, otra distinta es que se acuse de planificar una muerte. Aquel reportaje de opinión ¿causó el mismo revuelo que *Contacto*? No, ahí los empleados públicos, quedaron silenciados, el programa ofendió y no hubo quien defendiera a los trabajadores públicos, como tampoco hubo quien defendiera a los facilitadores sociales del programa *Puente*.

*Contacto* tiene un prestigio ganado, la historia está bien contada; apelando a la emoción, logró trasmitir el mensaje que las
cosas desde el Estado no se han hecho bien, que existe
impunidad y corruptela en las instituciones intermediarias entre el
Estado y las personas. Vuelvo a especular: por falta de pruebas el
espacio no pudo insinuar ni denunciar que había corrupción
desde el Gobierno. Desde una visión periodística, si así hubiese
ocurrido, correctamente se hubiese pasado de un acontecimiento
noticioso a un hecho político. Hasta ahí, Canal 13 solo argumentó
que era un tema de interés público y que entienden el periodismo
como un ejercicio fiscalizador: ¡Canasta limpia para la red
telesiviva! Ahora, cuando un medio se autoimpone ser
fiscalizador, es legítimo que quienes consumimos televisión, le
exijamos que actúe en concordancia con la notable tarea.

En este orden de ideas, uno se pregunta si falla el olfato
periodístico del equipo que no huele que Celco, propiedad del
grupo Angelini, dueño de Copec, hace rato que no está
cumpliendo las normas ambientales, que tal vez existe dolo en su
accionar. No huelen que donde compran sus meriendas: el Líder,
los Ibáñez tienen prácticas antisindicales. Esto es por mencionar
dos ejemplos que ilustran cómo los medios de comunicación
suelen callar cuando el dinero de sus avisadores está de por
medio.

Y cuando son vinculantes ideológicamente también aplican
ley mordaza: la red de apoyo a Colonia Dignidad de civiles
vinculados a la derecha política ¿no es un acontecimiento que
requiere ser transformado en noticia? Y los civiles vinculados a
los partidos políticos de derecha que tuvieron participación
directa e indirecta en las violaciones de derechos humanos ¿No es
materia a ser denunciada?, el desfalco al Estado chileno en la
década de los ochenta ¿no debe ser fiscalizado por los medios de
comunicación? Es más fuerte la vinculación ideológica y más
débil la libertad de expresión.

Molestias, regaños, pataletas y demases en torno a los medios
de comunicación no tienen asidero en el marco del actual
modelo, de las prioridades legislativas y gubernamentales. A mi
juicio, el tema de fondo es la concentración de los medios la que
atenta contra la libertad de expresión y quienes han podido desde
el gobierno o el Parlamento cambiar esta situación no han tenido
la voluntad de hacerlo. Por el contrario: la legislación de las radios
comunitarias, la nula voluntad del gobierno de avisar en medios
independientes y la decisión de que el canal nacional se maneje con criterios de mercado, sin considerar su misión pública, son muestras de que la profundización de la democracia todavía no logra enfilar un rumbo más participativo, más libre, más diverso.
# U-Udi: De pasiones, amores y el fútbol

23 mayo, 2011

The Clinic

Las consignas sirven para unificar y decir en fácil un imposible, son una invitación a imitar mecánicamente una idea, ya sea por su ritmo, sus palabras, su entonación o qué se yo, ese irreproducible placer de sentirse parte de algo, un algo que casi siempre se nutre de muchas consignas. Dicho lo anterior, para mí, “más que una pasión un sentimiento”, fue durante años un acto de fe que me permitía no cuestionar, no explicarme, pasar raudo a otra cosa, impune, solemne, insolente. Era un comodín para instalar una idea sin que el resto pudiese rebatirla, pues es tan irracional, que solo queda la incomunicación, la triste expresión “bueno, allá él”, y luego pasar a otro tema. Nuevamente, dicho todo lo anterior, explicaré lo que me pasa. Como hablaré de un sentimiento, me permitiré ser un sentimental y contar por qué seguí durante años al equipo de fútbol Universidad de Chile y porque decido no seguir más a la U-Udi de Chile.

Hace ya muchos años, cuando apenas tenía unos ocho, siguiendo el sentimiento, el amor a mi padre, me gustó el Audax Italiano, él tenía sus motivos y yo los míos, él era hijo de un italiano y yo, hijo de un hombre que he admirado toda mi vida, y con ello también sus gustos... incluidos los futbolísticos. Pasaron algunos años más, no muchos, y un buen día fui al estadio a ver Universidad de Chile v/s Audax Italiano, no recuerdo el resultado del encuentro. Sí está en mi memoria la barra de la U, gritando consignas contra Pinochet, maldiciendo, insultando, reivindicando, liberando. Y, además, tiró monedas a los Carabineros que custodiaban la cancha... Como buen chico que siente que crece y que debe seguir creciendo, me cambió a la Universidad de Chile, no por su equipo, ni su institución, sino por su barra, que por esos años, era mayoritariamente universitaria.

Me cambió de equipo (de fútbol) y de paso busqué identidad lejana a la de mi padre. Dos actos tremendously
enriquecedores, que marcaron mi búsqueda de independencia. Treinta años después mi hijo cuando tenía cuatro años, hizo lo propio; (por motivos que él sabe contar y que yo no explicaré) se pasó de la U-UDI, a Colo Colo-RN. No menciono a Universidad Católica, ya que no tiene cabida en mis recuerdos, y menos aún, cuando tiene a un Socio-listo como mandamás, aunque en realidad sean otros los que la dirigen desde la Bolsa.

Mi pasión por aquel equipo duró muchos años y se manifestó en los potreros, en la defensa y explicación de ser protagonista de la medianía de la tabla de posiciones, y también cuando fue campeón después de más de dos décadas, aquel día lo recuerdo con cariño: desde el partido que lo transformó en el monarca hasta los regados y ansiosos festejos en Plaza Italia. Con el tiempo, mi entusiasmo decayó, me ausenté del estadio y el tema de ser campeón fue quedando en el rezago de las conversaciones, dicho de otro modo, ya no había pasión, solo un sentimiento, que después de algunos años sería cuestionado. No creo en el sentimiento si no va acompañado de racionalidad, no basta con declamar que se quiere y punto, si no hay razones que permitan entender ese amor. Escudarse en el sentimiento es un salvoconducto para cometer odiosos actos que persiguen una comprensión, que raya con la impunidad.

Creo en la convicción, en el sentimiento cuestionado y confrontado, y aquellas máximas me permiten aseverar que mi amor por un equipo, en este caso la Universidad de Chile, no existe, se acabó, se terminó, ya no va más. Es el recuerdo de un equipo que me permitió gustar del fútbol, socializar con mis iguales y con quienes tenían otras elecciones deportivas, gastar saliva cuando no había nada más interesante de qué hablar, generarme expectativas semana a semana, alcanzar pequeños triunfos cuando las redes del equipo contrario eran más vencidas que las del plantel que elegí seguir. Abandonarlos no ha sido una decisión fácil y su dificultad radica en el cuestionarse uno y lo que hace, sin embargo, me conforma saber que la U-UDI, me abandonó cuando sus astutos dirigentes decidieron transformarla en Sociedad Anónima.

En dictadura, la U tuvo adeptos libertarios, pues se sentía que era una institución secuestrada por la dictadura, hoy es una institución que desde la institucionalidad legítimamente
construida, llena de dinero a un puñado de ex adeptos de la dictadura, hoy convertidos en prominentes hombres del negocio deportivo. El fútbol con sus mafias amateur, en antaño era un bien público recreativo, incluso en dictadura no dejó de tener esa condición, hoy son Sociedades Anónimas, de uso privado, mercantil y selectivo. Hoy cada partido tiene consecuencias en la Bolsa de Comercio, no importa el espectáculo y mucho menos el hincha, a no ser que se le considere como un objeto pagador de cuotas y boletos para ver a un grupo de hombres malos pa' la pelota. Para ser justos, siempre hay excepciones vistiendo el traje azul dentro de la cancha, lamentablemente en la dirigencia no hay ninguna. Como la U no es lo que fue, y yo no soy lo que ellos quieren que sea, hoy no sigo al equipo de los amores, de las pifias, del buen lunes y el mal domingo, es mejor buscarse un "equipito" que le ponga pasión a su camiseta, de nylon o algodón, blanca o azul, con sponsor multinacional o solo con un número que cada vez que toma la pelota nos ilusionamos que mete un gol y que ese gol te lleva a la final. Esa final que ni los millones de sus jugadores reggetoneros han sido capaces de brindarnos. Yo, me vuelvo al fútbol de barrio. Al menos, hasta que la institución recupere la cordura y la decencia y vuelva a ser nuevamente el cobijo del romántico viajero.
Los pobres no eligen la televisión que ven

22 abril, 2014

El Mostrador

El incendio en Valparaíso visibiliza un sinfín de agujeros comunicacionales que el Estado y, con menos responsabilidad, la sociedad en su conjunto ha tolerado con una abominable desidia. A propósito del puerto, hemos visto y escuchado, a veces con estupor, una secuencia de frases comunes emanadas de profesionales que, desde el lugar del inquisidor que comercia con el dolor del pobre, se vinculan con la víctima del desastre.

La pregunta hecha por una señora periodista de un canal público: "¿Por qué vive en un lugar tan peligroso?", grafica el espacio que ocupan las personas humildes para los medios de comunicación; permanentemente son presentadas como sujetos de mofa, de acusación o un peligro latente para otros. El reportero establece una relación desigual con su entrevistado; el pobre es un producto que se mercantiliza a través de las pantallas de su estación televisiva; una buena nota es aquella que rentabiliza, que acapara la preferencia de los telespectadores y, como consecuencia, de los empresarios que avisan sus productos.

La televisión se autoimpuso, ateniéndose estrictamente a una lógica de mercado, que la entretención era su única función social; informa para entretener, banaliza la cultura en función de divertir, estereotipa y segrega para sacar, a un distraído telespectador, una risotada. No se hace cargo del contenido formativo que hace circular y tampoco del rol social que tiene por definición, ya que utiliza el espectro radioeléctrico público.

La cobertura televisiva a la tragedia de Valparaíso reitera la necesidad de cambiar el rumbo de la industria y la incorporación activa del Estado, no solo para velar porque los contenidos televisivos sean los adecuados en la formación de ciudadanía; es urgente que también se involucre en la enseñanza de los medios en el sistema educativo.

Es imprescindible que desde el Estado se estimule la formación de audiencias, y ese esfuerzo debiera ir acompañado por la enseñanza de los medios en la escuela, invitando a la
comunidad a trabajar para que los estudiantes codifiquen y
resignifiquen la noticia, construyendo conocimientos que
consideren la propiedad de los medios de comunicación; y que
esos dueños articulan una empresa que defiende, entre otros,
intereses económicos, religiosos, sociales; en definitiva, es
necesario sincerar que hay grupos de poder que pretenden influir
en las conductas de la sociedad.

La pregunta de la señora periodista devela no tener conciencia de su condición económica de privilegio, la cual le da la posibilidad de elegir. Expone su rigidez cuando trata de explicarse las causas que llevan a la gente a vivir en “lugares peligrosos”; la profesional es víctima de una escuela y una formación universitaria que discrimina, que castiga a la pobreza, relevándola como si fuera opcional vivir en condiciones de carencia, como si la pobreza fuese una cuestión individual y no un problema sistémico donde los únicos no responsables son aquellos que viven en condiciones de peligro y marginalidad. Ojalá que la anunciada reforma educativa vaya en dirección de construir una escuela como un espacio de crítica y entendimiento social, multicolor e integrador.

Es la escuela la llamada a entregar herramientas a la ciudadanía para que interprete el enmarañado mensaje de la industria televisiva. La televisión es un espacio de libertad relativa, que será suprimida si se altera o cuestiona el paradigma que origina las injusticias sociales que majaderamente naturaliza, disfrazándolas de crónica roja.

Para transformar la sociedad, para avanzar en la justicia social, para alcanzar el desarrollo, se hace necesario crear audiencias exigentes en la apreciación del arte y la cultura, pero no solo en las expresiones doctas o con arraigo en la “tradición” cultural de las comunidades locales y nacionales, también es deseable poner al centro el carácter ideológico de la cultura de masas, así la señora periodista no tendrá dificultades en entender, fruto de su propio proceso reflexivo, que “los pobres no eligen donde vivir”.
# Causas de una derrota

20 diciembre, 2017

Portal Radio Cooperativa

Resulta estrecho pensar que la responsabilidad de haber perdido la conducción del país solamente es de la Nueva Mayoría y/o se debe al desaliñado aporte que hicieron algunos dirigentes del Frente Amplio, invisibilizando, de paso, a otros causantes: la Democracia Cristiana y el laguismo.

A la luz de los resultados electorales, se podrían identificar algunos acontecimientos que anunciaban una derrota electoral futura y que la coalición de gobierno no reconoció a tiempo y/o si lo hizo, en muchas ocasiones, contó con la abulia de parte de su dirigencia.

Algunas ideas para el análisis.

Ataques a la Presidenta entre lo público y lo privado. La humanidad de la Presidenta debilitó su ejercicio de autoridad y su imagen de mujer proba y justa. Ante el caso Caval, tuvo un comportamiento más de madre que de estadista, lo que posibilitó que la derecha igualara la indecorosa conducta de su nuera con los delitos asociados a Penta y Soquimich. En ese marco, penetraron en el gobierno sectores conservadores que impusieron una agenda alejada del sentido transformador del programa. El cambio de gabinete de mayo de 2015, simboliza el contragolpe de la antigua derecha de la Concertación.

La escasa diversidad de medios de comunicación se plasmó en una campaña del terror contra las reformas. "Improvisación y desorden" fueron los conceptos que la derecha logró adosar a las nuevas políticas públicas. Lo anterior, se suma a la incapacidad del gobierno de comunicar, de transmitir a la ciudadanía los beneficios sociales de las reformas, la justeza y viabilidad de sus principios no fueron explicados de manera oportuna y clara. La torpe frase del entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre evidencia esta insuficiencia, "bajar al otro de los patines", cuando la cualidad de la reforma educativa es la nivelación hacia arriba, es decir, ponerles patines a todos.
Los topos. La desorganización de la Nueva Mayoría y la falta de compromiso programático de varios de sus dirigentes hicieron daño al proyecto y a los partidos políticos de la coalición.

Los ejemplos de deslealtad de quienes suscriben a un modelo neoliberal y oportunistamente se sumaron a la candidatura de la Presidenta Bachelet, abundan.Se puede agregar a este síntoma, la falta de convicción de varios portavoces y técnicos del candidato de Fuerza de Mayoría, quienes no lograron interpretar el anhelo de justicia social con medidas que dieran cuenta del avance que proponía el conjunto del programa.

La fractura en el diálogo con las organizaciones sociales dificultó la construcción de políticas públicas de manera participativa, quedando esta promesa solo en la declaratoria.

El juicio, a veces destemplado, de sectores que se ubicaron a la izquierda de la coalición de gobierno, favoreció que se propagara un “sonido ambiente” de fracaso, facilitándole a la derecha la concreción de sus propósitos. Cabe destacar que la demora en el apoyo de los principales dirigentes del FA a la candidatura de Alejandro Guillier, es un elemento marginal, que de haberse concretado de manera decidida no aseguraba otro resultado que el conocido.

El actual escenario político y social no puede dejarnos conforme, como tampoco puede eximirnos de la responsabilidad, de manera diferenciada, en la derrota en la elección presidencial.

Este es el tiempo de hacer las críticas y autocríticas de manera fraterna y con perspectiva de futuro, aún es posible creer que hay condiciones para hacer transformaciones estructurales al modelo.

Hoy, es necesario convocar a reconstruir el tejido social con la gente y para la gente; juntar voces que articulen verdades y proyectos que consideren el sentir de la mayoría, y por sobre todo, se deben buscar las ideas que unifican a las izquierdas y desde ahí ofrecerle al país la defensa de las conquistas sociales logradas y la voluntad de conducir un nuevo gobierno.
# Chile, impunidad y dinero

2 febrero, 2018

Portal Radio Cooperativa

El reciente convenio entre el Estado de Chile y Soquimich y el acuerdo para suspender la investigación por los pagos realizados al ex senador Pablo Longueira y a las fundaciones ligadas a él, suscrito entre la Fiscalía y el holding controlado por el ex yerno de Augusto Pinochet, evidencian que la impunidad ha sido una práctica fundamental del sistema democrático post dictatorial.

Por décadas hemos visto desfilar en el Parlamento a civiles y militares responsables de violaciones a los derechos humanos, pontificando de demócratas, utilizando espacios televisivos, tomando decisiones públicas y pactando la democracia con los grandes capitales.

Por otra parte, el sistema judicial ha continuado con su trato dispar para dictar justicia, no solo en lo referido a las violaciones a los derechos humanos, también lo hace cuando se trata del pobre y sus rencillas con la justicia; del poderoso y sus delitos tributarios, sus colusiones, cohechos y asociaciones ilícitas.

En los medios de comunicación se naturalizaron rostros que persistieron con sus falsas neutralidades, sus acomodos impertérritos, su travestismo moral, sus sombras ocultas en los sets televisivos.

Se mantuvo a los propietarios y profesionales de los medios, quienes son responsables activos de montajes y silencios que velaron la muerte de hombres, mujeres y niños.

Se alteraron los significados de las palabras, los conceptos se relativizaron. A las torturas las llamaron excesos; a los asesinatos, muertes y a la dictadura, régimen militar.

La sociedad chilena, chantajeada por “razones de Estado”, debió tolerar asaltos y robos a las empresas públicas, la privatización de los servicios básicos, de las carreteras, del deporte, del ocio, todos procesos carentes de transparencia e información adecuada.
Se asentaron modos de hacer política en los cuales, en algunos casos, la víctima fue corrompida por el victimario, cuando a cambio del blanqueamiento y la posibilidad de mantener las granjerías del negocio, el otrora verdugo repartía dinero malogrando la democracia.

En consideración a la Plebe y para extender aún más este estado de impunidad, se determinó entonces que los futbolistas que cometieran accidentes automovilísticos criminales, también tendrían la posibilidad de comprar justicia, “Chile está primero” rezaba la consigna.

Y así en los ámbitos en que la impunidad es sinónimo de transacción, donde el dinero se instala como mecanismo reparatorio de delitos y faltas, como riqueza para adquirir reconocimiento, como obstáculo para impartir justicia.

Esta práctica pertinaz nos ha convertido en un país con una institucionalidad de cartón piedra, en donde el Estado de Derecho es tironeado y confundido, sus leyes masacradas y su gente se debate entre el ostracismo y la indignación.
Camilo Catrillanca, los medios y la amargura

20 noviembre, 2018
Portal Radio Cooperativa

El asesinato de Camilo Catrillanca, además de evidenciar las innumerables contradicciones y sesgos de la autoridad y de Carabineros, constata el comportamiento de los canales de televisión abierta y de los periódicos de circulación nacional. Esa conducta abarca no solo a los propietarios y/o controladores, también a los profesionales encargados de comunicar, quienes se asumen como actores políticos del medio de comunicación.

Primero es necesario confirmar la precarización material que ha sufrido el oficio de periodista, condición que se intensifica producto de la concentración de medios, la proliferación de escuelas de periodismo y el vertiginoso desarrollo de la tecnología, que, si bien amplía las posibilidades del hacer, no mejora las condiciones laborales y por ende, la calidad del trabajo realizado. Es decir, hay un contexto que escapa a la voluntad del profesional.

El atentado en contra del pueblo mapuche y la primera versión emanada de Carabineros y reforzada por el gobierno, era de dudosa veracidad y la opinión pública inmediatamente lo entendió así.

Una muestra es la medición que realizó el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central menos de 24 horas después del asesinato. El resultado del estudio señala que un 99% repudia al llamado Comando Jungla; otro porcentaje importante, menciona al ministro del Interior como el responsable político de la muerte de Camilo Catrillanca y cuestiona la política de militarización que los gobiernos democráticos han tenido con el Wallmapu.

Sin embargo, a pesar de existir una opinión pública incrédula y resistente a la versión oficial, la televisión abierta insistió en afirmar que fue un enfrentamiento y los periódicos o mantenían la tragedia fuera de sus llamados de portada o reproducían las coordenadas entregadas por una institución cuestionada por malversación de fondos públicos, obstrucción a la justicia,
fabricación de pruebas falsas, abuso de poder, entre otros, me refiero a Carabineros de Chile.

La parrilla televisiva, aquella mañana del 15 de noviembre, tenía programado sobresaturar al televidente de informaciones sobre la salud del joven Máximo Menem Bolocco, mientras en el sur de Chile una madre y un padre lamentaban que carabineros, amparados por la autoridad política nacional, hubiese asesinado a su hijo y desplegara un inútil blindaje para no asumir la fechoría.

Las opiniones de los conductores y periodistas de TV estaban colmadas de frases ligeras y fáciles, futilidades, minucias que trataban de impactar en los afectos de los televidentes que impávidos veían como les estructuraban una realidad social viciada por pequeños espectáculos.

Maquinaria de representaciones que lucraban con el dolor y el privilegio del joven Máximo y desechaban la aflicción y la urgencia de un pueblo que ha padecido demasiados agravios de la “civilización chilena”.

Criticar solo a la empresa de las comunicaciones deja a su trabajador en una posición pasiva, impune, lo libera de cumplir un estándar de calidad y a seguir un comportamiento que debiese enaltecer su oficio, lo exime de asumir a la ciudadanía como su único reflector, aceptando que su integridad se juega en su compromiso ético y el valor social de su quehacer está en la verdad, la ponderación y el recelo a “las versiones oficiales”.

Vivimos un tiempo donde la crítica al periodismo no puede centrarse en el desempeño técnico de sus profesionales, en su agudeza estética, en su manejo del artificio o en la capacidad para contar una historia, sino debería orientarse también en el objetivo y el sentido de sus contenidos, en promover la pregunta más básica y seguro la más intrincada de responder, ¿para qué hacer periodismo, dónde están las fidelidades, cuando la legítima defensa del trabajo se transforma en la desintegración de la ética del oficio?
# Tiempos de intolerancia

7 enero, 2019

Portal Radio Cooperativa

Una muchacha pasea un perro por la comuna de Ñuñoa, sorpresivamente dos jóvenes le exigen que el animal se desplace libre: "Perro sin correa", es la consigna. Querían sumar a su bramido acechador a otros transeúntes, quienes miraban impertérritos.

En la joven cuestionada pueden observarse algunas virtudes: le gusta su perro, tiene la voluntad de destinarle tiempo y respeta la normativa sobre tenencia responsable de mascotas y animales.

En las otras jóvenes, puede percibirse una inconciencia en cuanto al uso de la correa, objeto utilizado para que el perro no sea un peligro para él mismo y, además, limita la posibilidad de que agreda a un ser vivo. Por otra parte, esa acción puede inhibir la persistencia de la virtud (tener y pasear un perro) e imponer modos y comportamientos únicos y reductivos.

Creerse poseedor/a de una verdad, querer personificar una pureza total que se manifiesta cada vez que se juzga y excluye a todo quien no se ajusta a sus cánones, es la incapacidad de reconocer las propias tensiones que cargamos y descargamos cotidianamente.

Sin encono, pero con urgencia, es necesario reflexionar sobre el fanatismo prevaleciente en grupos que, en nombre de la tolerancia y la bondad, totalizan a una persona a partir de un rasgo, ocultando las múltiples características y contradicciones que nos constituyen como seres humanos.

Este patrón conductual podemos encontrarlo en innumerables acciones y máximas conceptuales y morales sostenidas de modo irreflexivo, modelo utilizado para resolver un problema o una diferencia, pauta que legitima una reacción mecánica que, muchas veces, desconoce la vigencia de un Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos.

Hoy, la principal lapidación se realiza a través de las redes sociales; en ese espacio, justos y pecadores pueden ser devastados y comunitariamente aniquilados. Facebook, Twitter, Instagram y
otras aplicaciones, facilitan castigar a una persona por tener la
“impertinencia” de no cantar o de esbozar un canturreo
prescindiendo de los acordes inquisidores/as.

Para estos guardianes de la conducta y la moral no vale
separar entre un hombre o mujer que comete un delito o abuso y
quien expresa una opinión, un comentario o un discurso que no
se balancea al ritmo de su existencia.

Para ellos y ellas son todos “humanoides”, como catalogó a
los comunistas el tristemente recordado Almirante Merino, quien
bajo el supuesto de que no creían en Dios ni en la democracia
(por cierto, su particular democracia) dijo que no calificaban para
ser totalmente seres humanos.

La anécdota de la muchacha que paseaba el perro, devela un
riesgo que puede hacernos retroceder a los tiempos de dictadura,
respecto a la vigencia de los derechos humanos, no solo como un
mandato irrenunciable del Estado, también como referente
relacional entre iguales.

Estas restricciones grupales nos invitan a cometer la fatalidad
de reducir la diversidad social y de pensamiento, a menoscipiar
la diferencia, despojándola de sus beneficios transformadores,
cargándola de esquirlas amenazantes, de acabose y degradación.

La práctica de las verdades no puede ser implacable e
impositiva, la conjunción de certezas es la disputa habitual de
ideas que seducen y cautivan en función de mejores condiciones
para vivir con otros y otras, habilitando en ese otro y otra, sus
ideas y creencias.
El sádico “Don Hugo” y su corte desalmada

5 abril, 2019

Portal Radio Cooperativa

Un reportaje de la televisión pública denunció a un empresario por torturar a un grupo de trabajadores, en especial, a uno que aparecía como el más débil. Esta denuncia, con imágenes incluidas, se hizo en la Fiscalía durante dos años y no se avanzó en la búsqueda de justicia; más bien, se intentó asegurar impunidad al empresario, evidenciándose que en Chile “las instituciones No funcionan” con la celeridad y pulcritud que los chilenos pobres necesitan y que las autoridades son más diligentes cuando están frente a una cámara de televisión.

Quisiera detenerme en la actitud de los trabajadores de la empresa de Hugo Larrosa, en los colegas del hombre torturado; quiero destacar la mofa de quienes participaban de estas sesiones de tortura; relevar la complicidad de todos los que sabían y no hicieron nada y vincular el silencio de hoy, con el de hace tres décadas, cuando las torturas y las vejaciones provenían del Estado.

La memoria tiene aristas que no han sido visibilizadas; algunas se han omitido como parte de las estrategias políticas que permitieron juntar a una parte de la antigua y la nueva élite en un mismo hemiciclo y otras para mantener una suerte de “armonía cínica” que permitiera a colaboradores/as, negligentes y pusilánimes de la dictadura, relacionarse con personas que tuvieron la virtud de defender la dignidad propia y la de otros, expresar su descontento y demostrar entereza, a riesgo de consecuencias que podían culminar con su vida.

Me recuerda a aquellos profesores que no se inmutaron cuando nos expulsaban de los liceos por pedir democracia, un trato justo, por exigir “libertad para estudiar y seguridad para vivir”, como invocaba la consigna del movimiento secundario.

Me recuerda a aquellos funcionarios que, amparándose en ser técnicos, no tenían opinión en torno a las injusticias laborales, sobre los salarios de hambre o la persecución al dirigente sindical.
Me recuerda que la dictadura, también, se sostuvo en la pasividad de personas que no tuvieron el mínimo coraje para solidarizar con las víctimas, empatizar con el perseguido, fraternizar con el sufrimiento del prójimo. ¿A qué precio se debe mantener un trabajo?

Las violaciones a los derechos humanos, las prácticas de tortura y exterminio, el abuso, no son experiencias para encapsularlas en un pasado que se dice superado.

Todo vejamen que se produce contra una persona por su condición de fragilidad, por su pensamiento, por su origen, por su accionar tiene de referencia el pasado y tiene el crudo, amargo y angustiante sello del presente, que hoy, se ejemplifica en un empresario bestialmente cobarde.

El actuar criminal Hugo Larrosa, en su empresa situada en Colina, se suma a la crueldad de políticos/as que minimizan y/o niegan la responsabilidad de la dictadura en las violaciones a los derechos humanos, al trato discriminatorio al inmigrante pobre, al acecho a la población LGTB, entre otros acontecimientos que la TV trasmite habitualmente.

Por otra parte, la matriz que permite que se sigan produciendo estos abusos se alimenta de una institucionalidad deficiente, de la imposición de un mensaje de desprecio y odio vociferado por sujetos que gozan de poder y posición y de la existencia de una mayoría que por temor o desidia no se decide a actuar de manera individual y colectiva.
La intuición de Mon Laferte

3 diciembre, 2019

Portal Radio Cooperativa

Mayo de 1983 tuvo características que vale la pena destacar; entre otras, se cumplían 10 años de dictadura y se iniciaron las protestas en contra del régimen, que pasaba por un periodo de crisis económica, social y política. Y - como dato de la causa - en Viña del Mar nacía Norma Monserrat Bustamante Laferte.

Las nacientes manifestaciones pacíficas fueron combatidas por la dicta

dura utilizando la violencia y el crimen como modo de
coerción, implementando represalias colectivas e intensificando la
persecución y el destierro a quienes se resistían. Todavía tenemos
en nuestra retina el accionar de carabineros y militares que, de
amanecida, allanaban poblaciones y sacaban de sus casas a todo
hombre mayor de 14 años para maltratarlo en algún sitio eriazo.

No conozco a Monserrat Bustamante Laferte, pero de acuerdo a su fecha de nacimiento ella tenía meses cuando, en el marco de la cuarta protesta fueron asesinadas 29 personas, entre ellas, Sandra Janet Henríquez Aguilar, una niña de 14 años.

La pequeña Monserrat tenía casi dos años, en 1985, el día que Carabineros ejecutó a los hermanos Rafael (18 años) y Eduardo (20) Vergara Toledo.

Un día después, otros carabineros secuestraron, torturaron y degollaron al diseñador Santiago Nattino, al sociólogo José Manuel Parada y al profesor Manuel Guerrero.

El 4 de septiembre de 1985, un piquete de carabineros irrumpió en la Población La Victoria, reprimió a los pobladores y mató de un balazo al sacerdote francés André Jarlan.

Monserrat Bustamante era una pequeña niña y crecía en medio de abusos y crímenes, donde Carabineros era un actor importante. Imagino que en su entorno se comentaba la situación del país, algunas informaciones que aparecían en los medios de comunicación y la incertidumbre y temor que eran parte de la cotidianeidad de los chilenos.
Siendo una veintañera, Monserrat Bustamante Laferte se hace conocida en la industria televisiva y años más tarde despliega todo su talento y compromiso social, como Mon Laferte.

Como joven, imagino que, con estupor, se informó de la Operación Huracán, montaje investigativo de Carabineros que - bajo el amparo de la Ley de Inteligencia - en 2017 detuvo a ocho comuneros mapuche acusados de formar parte de una asociación ilícita terrorista.

Meses más tarde, el Ministerio Público confirmó que la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros manipuló las pruebas que incriminaban a los detenidos e intervino fraudulentamente mensajes en sus teléfonos. Todos los comuneros quedaron libres.

Un año después, nos tocó vivir con dolor el asesinato de Camilo Catrillanca, quien trabajaba en su tractor cuando un balazo de Carabineros le destrozó la cabeza; una década antes otro carabinero baleó a Matías Catrileo Quezada y otro uniformado hizo lo mismo con Alex Lemun, de solo 17 años.

Penas bajísimas han tenido los responsables, cuya primera intención ha sido negar o alterar lo sucedido.

**¿Indigna la impunidad?**

También Carabineros está involucrado en la desaparición (2005) de José Huenante, 16 años, a quien se le vio por última vez en una patrulla policial perteneciente a la 5ª Comisaría de Puerto Montt.

Sobre el desfalco a la institución, somos todos testigos de esta verdad judicial, que supera los 28 mil millones de pesos.

**¿Indigna la corrupción?**

Durante el denominado estallido social, carabineros ha sido el cuerpo militar más represivo; hoy se investiga la muerte de 26 personas, entre aquellos casos el presunto suicidio por ahorcamiento de dos hombres que se encontraban detenidos en comisarías y la muerte del trabajador mecánico Álex Núñez quien, se denuncia, falleció después de una golpiza dada por carabineros.

Además, 3.000 mil heridos, más de 300 personas con daño ocular, casi 90 personas abusadas sexualmente y denuncias de torturas apuntan a la institución.
Cuando Mon Laferte dice sobre los incendios que "bay muchos
casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron
incendiando", se está haciendo cargo de un rumor y agrega que "eso
todavía no está claro".

Lo que se requiere es que ese rumor sea investigado y la
opinión pública sea informada.

Créanme que lo sano y deseable para un país es tener una
policía cercana, correcta, apegada a las leyes, respetuosa de los
derechos humanos, con capacidad operativa y de inteligencia.

Mon Laferte habla de lo que siente, cree o ha escuchado. El país, atónito, observa y padece una policía militar que requiere ser intervenida por el poder civil y refundada, creándose una institución apegada a altos estándares para asegurar eficacia investigativa y una oportuna intervención operativa en concomitancia con el respeto de todos y cada uno de los derechos humanos.
Comunicadores/as en la encrucijada

8 marzo, 2020

Portal Radio Cooperativa

La dictadura evoca recuerdos individuales y colectivos, muchos trágicos y otros sobrecogedores, especialmente cuando se trata de acontecimientos o acciones que iluminaban a un país en medio de tanta barbarie.

Parte de esas memorias, plasman el desempeño de la prensa oficial y el rol que cumplió como sostenedora de un régimen criminal: imágenes, audios, palabras, autoridades y periodistas funcionaron como un dispositivo, que desinformaba para manipular una realidad donde los derechos humanos eran violados de manera sistemática.

Durante la dictadura y en los gobiernos democráticos se publicó suficiente evidencia sobre episodios y personajes que, impúdicamente, diseñaron y ejecutaron montajes comunicacionales para dar legitimidad y legalidad a acciones criminales, otorgando continuidad y proyección a la tiranía.

Como un contrario a la constatación anterior, en nuestras memorias surgen otras historias que nos conmocionaron, permitiéndonos cotejar la realidad de los medios oficiales con la realidad que el pueblo vivía.

Se revela otro modo de hacer periodismo, oficio construido por mujeres y hombres que tuvieron la entereza de desafiar a la dictadura y a la industria de las comunicaciones, permitiéndonos saber, informarnos, erigirnos como seres involucrados en los destinos de un país determinado por autoritarismos e injusticias.

En mi trayectoria he encontrado profesionales diversos, ese andar me permite mencionar a tres mujeres periodistas con quienes, por generosidad del azar, me he tenido que relacionar laboralmente: Manola Robles, voz fundamental de Radio Cooperativa; María Olivia Mönckeberg, artífice y conductora de publicaciones opositoras a la dictadura, y Patricia Verdugo, destacada profesional del periodismo investigativo. Las nombro a ellas, porque son personas que cuando se jugaba la vida, no solo
la fuente laboral, tuvieron un quehacer coloreado de dignidad y compromiso social.

La rebelión social ha puesto de manifiesto estos dos modos de entender el periodismo: por una parte, confirmamos el ejercicio que insiste en desinformar, construir acontecimientos empinando a la desprestigiada oficialidad, silenciar y/o relativizar las violaciones a los derechos humanos; por otra, comprobamos la existencia de nuevas/os altruistas que nos defienden de la falsa calma que los medios construyen, de la violencia que los medios amplifican, de la promesa de conseguir un orden público, aunque este se cimente sobre violaciones a los derechos humanos.

El tiempo que vivimos pone de manifiesto la crisis de un periodismo que mercantilizó su formación, se obsesionó con la tecnología, se desprendió de sus marcos éticos y desdeñó la formación intelectual como una cualidad que redunda en la obra final: la noticia.

Los noticiarios y los programas de magazine que entregan información utilizando el “aquí y ahora” de enlace con la crisis social, han sido la purulencia de un sistema comunicacional que cambió la intimidad de celebridades, por mensajes que provocan miedo, ocultando así la tragedia y la incertidumbre del vivir de la mayoría de las y los chilenos.

Chile despertó y este verbo favorece que hagamos análisis y evaluaciones de los comportamientos de cada profesional y medio de comunicación; el ejercicio devela prácticas silentes y pusilánimes y otras, comprometidas con el oficio y nuestra gente.

Reivindiquemos un periodismo de calidad y compromiso, veraz e independiente, implicado con la defensa de los derechos humanos e implacable con quienes los violan: no hay neutralidad posible cuando se asalta a la vida con ocultamientos y mentiras.

¡Chile despertó!
# Pandemia y humanos y deshumanización

13 agosto, 2020

Portal Radio Cooperativa

Los libros tienen una vida interna que nos cautiva, seduce y estimula a progresar en esa idea muchas veces plasmada en memoria, que irremediablemente nos lleva a un final. Valoramos un libro porque nos obsequia vida, porque es capaz de ofrecernos interpretaciones de nuestra propia vida, de nosotros/as y el contexto que circundamos.

Hace días desperté con el apuro de releer un libro que, hace más de un cuarto de siglo, me regaló un amigo que se proponía estimular mi propia reflexión sobre la paternidad, la melancolía y la muerte, mi padre se había ido hacía un par de años.

"La vida se convierte en muerte, y es como si la muerte hubiese sido dueña de la vida durante toda su existencia. Muerte sin previo aviso, o sea, la vida que se detiene. Y puede detenerse en cualquier momento", escribe Paul Auster en las primeras páginas de *La invención de la soledad*, una historia que se inicia con la muerte de su padre y ese acontecimiento provoca en el autor un insondable viaje al pasado.

Me faltan dedos de pies y manos para contar la cantidad de papás y mamás de amigos y amigas que han fallecido en el marco de esta emergencia sanitaria, es verdad, todos tenían tantos años como experiencia y la muerte era esperada como una extensión más de sus existencias; sin embargo, también es una perogrullada decir que ese morir fue ingrato, desconsolado, con una carga desagradecida y de desvergüenza social que no nos resigna.

"Tenemos que lamentar el primer fallecido en Chile por COVID-19. Mujer de 83 años, postrada, en la que se optó por un manejo compasivo", dijo el 21 de marzo, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y así quiso tranquilizar a una sociedad que depositaba desconfianza y repudio hacia la administración de una pandemia que nos aísla en un árido destierro.

Cerca de un 85% de las personas fallecidas por Covid tenían más de 60 años; un 34.29%, más de 80, la experiencia de otros países confirmaba que eran la población de mayor riesgo y las
autoridades, a través de la prensa, utilizaban sin dobleces esa evidencia para apaciguar a hombres y mujeres e insistirles en continuar con sus faenas productivas o de servicio.

Encapsular las consecuencias del virus fue el propósito, instalar ese imaginario para abrir malls, promover "normalidades laborales", sostener la producción y estimular tomar cerveza y/o café en grupo.

En Chile, una persona ingresa grave a un hospital y pierde su condición de paciente informado; una vez al día, su estado de salud física será comunicado a un familiar,

No hay palabras de aliento, no hay explicación de los procedimientos médicos, no hay cercanía corporal, no hay despedidas, solo existe el compromiso de avisar.

Si la persona sorteó positivamente los embates de la enfermedad, será una noticia que alivia; si falleció, sus cercanos deberán preparar un breve rito funerario que no alcanza a ser una despedida.

No pretendo desconocer la gravedad de la pandemia, el desconcierto científico, el compromiso de las y los trabajadores de la salud, pero tampoco pretendo ignorar que corremos el riesgo de finalizar este tiempo de emergencia, siendo más desagradecidos y descuidados con nuestras/os viejas/os, consolidando, en un modelo social impuesto, que "todo es desechable y provisional".
# Verbos en juego

9 octubre, 2020

Inédita

Las escuelas de periodismo se esmeran en enseñar, entre otras materias, la utilización de los verbos: ¿Por qué los medios comunicación masiva insisten en llamar caída a un empujón?, soslayando, de ese modo, que las imágenes muestran el empujón del carabinero Sebastián Zamora a un adolescente; desestimando la versión de la fiscal Ximena Chong, quien calificó al carabinero como un “peligro para la sociedad”; del juez de garantía, Jaime Fuica Martínez que estimó que “a criterio de este tribunal, (el carabinero) propicia la caída del menor”; del propio carabinero Zamora: “Jamás quise empujarlo para que cayera” y de numerosos testigos (ninguno carabinero) que indican a Zamora como responsable del empujón al adolescente que terminó inconsciente en el río Mapocho.

Ensayemos tres ideas relacionadas:

1.- La propiedad de los medios de comunicación masiva y su dependencia de los auspiciadores, subordina la verdad y la ética al financiamiento del medio, que, disimulando esta relación, altera el verbo y con ello el origen de la noticia. Que un adolescente termine agónico en un río producto de la acción de un carabinero, es un acontecimiento que reúne todas las características para convertirse en noticia, porque no es un acontecimiento habitual, aunque el abuso policial haya devenido en norma.

2.- Hoy, mantener un medio de comunicación masiva es ganancia simbólica, es invertir en incidencia, es contribuir al statu quo, manejar la agenda pública, enmarcar lo posible, defender intereses reducidos, potenciar unas voces y acallar otras, naturalizar culturas, ideas y comportamientos que no cuestionen lo habitual. Quienes controlan los medios de comunicación masiva, por lo general, son los patronos de la pesca, la minería, el agua, las forestales y otros recursos que “movilizan” la economía.

3.- Los medios de comunicación masiva organizan su quehacer estructurando su trabajo a partir de frentes noticiosos,
se agrupan desde la autoridad: el frente educación obtiene
noticias desde el Ministerio de Educación; policial, desde el
Palacio de los Tribunales; economía, desde el Ministerio
Hacienda, entre otros, generándose una supeditación del medio a
su fuente principal. A esta rareza, se suma que el importe de los
viajes y otras actividades del quehacer periodístico son costeadas
por la fuente y, hoy, en tiempos de híper conectividad, incluso la
institución gubernamental y/o empresarial, envía al medio de
comunicación imágenes y declaraciones que, cual aduana, este
hace circular a través de su plataforma.

Hagamos el ejercicio: si Carabineros es la institución que genera noticias, que entrega exclusivas al medio, que hace programas con canales de televisión que atraen auspiciadores: ¿los medios de comunicación masiva tendrán la independencia para informar, sin subterfugios verbales, que un carabinero empujó a un muchacho al río? ¿Por qué los medios de comunicación masiva insisten en llamar caída a un empujón?, esta pregunta no es un mero ejercicio semántico, la RAE define en su primera acepción para caer: "Dicho de un cuerpo: Moverse de arriba abajo por la acción de su propio peso"; y para empujar: "Hacer fuerza contra alguien o algo para moverlo, sostenerlo o rechazarlo" (https://www.rae.es/drae2001).

Consiste en precisar la Verdad y esto los aleja de la estructura
de Poder, mantener la ambigüedad les permite presentar una
mercancía (noticia) en medio de un proceso manipulador.

Estas ideas no pretenden exculpar al colega que se aleja de los
marcos éticos que las escuelas de periodismo instruyen, pretenden
relevar que el quehacer periodístico es parte de un sistema que
urge sea reflexionado y modificado, en perspectiva de
incorporarlo a una nueva Constitución; un sistema que debe
desarrollarse desde un enfoque de Derechos Humanos: pluralista
y diverso, tanto en sus fuentes de información como en la
propiedad del medio, con sentido de lo público y pilar
fundamental de la convivencia democrática.
Cultura, protesta y escuela
La tele y la escuela

13 marzo, 2013

El Mostrador.

Marzo es un mes en que una parte de la parrilla programática de la TV se renueva; esa situación es coincidente con el ingreso de los estudiantes a clases. Es tal vez, el momento apropiado para convocar a los docentes a reflexionar sobre el uso de la TV en sus prácticas pedagógicas, e interrogar a la institución escolar sobre los espacios que da para que innoven su quehacer académico.

Pareciera ser un lugar común que en diversas encuestas se entreguen datos críticos a los contenidos que emiten los canales de televisión, información que no se condice con las preferencias de los telespectadores. La ecuación: a más banalidad mejor sintonía; más cultura menor aceptación del público, parece ser imbatible.

Lamentablemente, una característica de la sociedad de la información es que la industria televisiva, (empresa y auspiciadores) ha fomentado la formación de ciudadanos acríticos, de gustos poco exigentes, que se desdoblan en criticar la parrilla programática de la TV, pero en el momento de elegir, optan por los programas de farándula y *docurrealidad*, por sobre los de mayor calidad artística y cultural.

Este tipo de declaraciones, se entienden ya que los sujetos responden la encuesta pensando en dar una opinión acorde a las críticas instaladas por la denominada cultura docta, léase el saber que entrega la escuela y la academia. Por otra parte, a pesar de que la indagatoria es anónima, el individuo busca compensar sus gustos “culpables”, con declaraciones adecuadas.

La Séptima Encuesta Nacional de Televisión, realizada por el Consejo Nacional de Televisión, confirma la tendencia de versiones anteriores; el promedio de televisores por hogar es de 2,7; el aparato se ubica, principalmente, en el living y el dormitorio de los padres. El 63,3 de la población tiene televisión pagada, además de la abierta; ven un promedio de 3 horas, 24 minutos al día; y el 70% de las familias ven televisión en el horario que va de las 18:00 a las 20:00, horas.
¿Qué le dicen estos datos al sistema educativo, cómo interpelan el quehacer docente, qué les dicen a los padres? Algunas interpretaciones posibles son: que ver televisión sigue siendo una actividad familiar; la preferencia de los niños y jóvenes, en la TV abierta, son los programas de entretención y el noticiero que cierra el horario apto para menores de edad; ver televisión es la principal actividad que hacen los niños/jóvenes después de cumplir con sus obligaciones escolares; y la televisión de pago ha dejado de ser un privilegio de los sectores económicamente más acomodados. Hoy la gente que puede paga por ver.

Otro dato interesante, es la opinión de los padres, quienes, a pesar de que en su mayoría, declaran que la televisión influye negativamente en los niños, y evalúan el contenido como mediocre, permiten que estos la vean más de tres horas, y, ¿Si no son los padres los encargados de normar el comportamiento de los estudiantes en sus casas, quién es el responsable? La respuesta se desprende de los datos de la encuesta: es saludable bajar la cantidad de horas de exposición de los niños frente a la televisión, y acompañar activamente a sus hijos en el entendimiento del contenido, no dejar que sea la TV la que forme a sus hijos, sino usarla como una herramienta para abrir temáticas que permitan profundizar la relación afectiva y formativa con sus hijos.

La gente demanda aumentar los contenidos culturales y educativos de la televisión abierta, emitidos en el horario familiar: (18:00 a 22:00 horas), lo cual debiera ser un llamado de atención de los sectores económicos y políticos que tienen injerencia en la industria.

Es particularmente atractivo que la gente declare que el rol de la TV es informar, culturalizar, educar, y entretener. Aunque sea una declaración que no se condice con las decisiones que toma el mismo sujeto cuando se enfrenta al televisor, al menos, podría ser un punto de inicio que las autoridades debieran considerar a la hora de legislar e implementar la televisión digital. Y decidir si queremos TV digital, para emitir por nuevas frecuencias más de lo mismo o aumentar no solo la cantidad de contenidos, sino, sobre todo la calidad de estos.

Por último, cabe destacar que la gente cree que los responsables de mejorar los contenidos son, en primera instancia,
los canales de televisión; luego, las autoridades del Estado y los telespectadores.

Hacerse expectativas con el comportamiento de ejecutivos televisivos es una ilusión, su inspiración ha sido ganar dinero, y hasta ahora, ha sido un negocio rentable, ¿por qué cambiarían? Sobre el rol del Estado, puede entenderse que depende de las autoridades y la visión que tienen de la cultura y de los sujetos que se forman.

Probablemente será una ingenuidad depositar confianza en que el Estado haga transformaciones sobre la materia por iniciativa propia. Sin embargo, la sociedad civil, expresada como telespectadores es capaz de presionar los cambios. ¿Y cómo puede hacer presión? A través de innumerables espacios participativos, pero sin ninguna duda que bla escuela es el principal espacio.

Este espacio puede ser usado por apoderados y docentes. Si la TV es confrontada por el sistema educativo, puede transformarse en una herramienta educativa. Solo se necesita diseñar estrategias de intervención y asumir que la TV es parte constitutiva de la identidad de los niños y los jóvenes, que el proceso de enseñanza aprendizaje requiere de este reconocimiento para, en conjunto, darle un nuevo giro al mensaje televisivo.
Por una escuela abierta

23 mayo, 2014

El Mostrador

Las palabras del ministro de Educación –“las familias son seducidas por ofertas de colegios que solo tienen el nombre en inglés y que por $ 17 mil le ofrecen al niño que posiblemente el color promedio del pelo va a ser un poquito más claro (...). Una cantidad enorme de supercherías que nada tienen que ver con la calidad de la educación”– son dolorosas, justas y necesarias.

Acordémonos de los colegios Britania, aquellos establecimientos de infraestructura indigna, miles de estudiantes y un sostenedor que terminó preso. Ese ejemplo grafica otras decenas de casos, que no son patrimonio de los establecimientos que atienden población vulnerable, también podemos apreciarlo en la educación particular pagada, la diferencia está en el capital cultural de cada niño/a, lo cual hace que los mecanismos de selección sean un tanto más finos, pero el valor agregado del colegio sigue siendo escaso.

Una manera de entender este problema es desde la culpabilidad del sostenedor y la institucionalidad que le permitió lucrar, e ir más allá, robarle al Estado y, por sobre todo, a la comunidad educativa que confiaba en sus promesas de convertir a más de un millar de estudiantes pobres en “alguien”. ¿No es eso lo que se les dice a los niños pobres? Ser alguien en la vida a cambio de mudarse de barrio, desconocer su origen y, desde la fragilidad de su salario, intentar domiciliarse en la extendida clase media. Ese “ser alguien” que se ha inculcado desde el diferenciarse de tu par, de tu vecino, de tu familiar, de tus hermanos.

Entonces, acudir a un colegio de nombre en inglés, es simbólicamente rentable, simula una aproximación a la cultura dominante, da prestancia, esperanza y distinción. Educarse en ese sitio promete el acceso a una economía de bienestar, cultura y ocio que nunca llega.

Esta promesa de mejorar tus condiciones de vida, por la vía de la competencia traducida en segregación, ¿es patrimonio de
esos colegios?, creo que no, los establecimientos de elite que se financian con recursos públicos hacen una promesa parecida, excepto algunos que administran hábitos y talentos de estudiantes que, de todos modos, explotarían en cualquier lugar que les brinde condiciones mínimas de desarrollo intelectual.

Lo anterior, además de atentar en contra de los aprendizajes de los niños y jóvenes, estimula que la escuela pública urbana se enajene de su comunidad inmediata, sugiriéndoles a sus estudiantes despreciar el entorno donde nacen y se crían, estableciendo barreras que instalan hostilidad y/o distancia con su comunidad.

En el marco de la nueva reforma educativa, por discutir, se ha puesto énfasis en las condiciones de acceso al sistema educativo, el copago, el lucro, entre otros contenidos, aspectos fundamentales para cambiar el sistema. Sin embargo, no aparecen ideas, ni reflexiones y mucho menos propuestas sobre el sentido social de la escuela y su vínculo con la comunidad. ¿Qué ubicación tiene la escuela, qué espacio ocupa en el desarrollo de su entorno, qué propósitos comunes se pueden construir comunitariamente?

Fortalecer la educación pública, también significa repensar la escuela, lo cual lleva implícito estar dispuestos a acoger las demandas y las expectativas del entorno, que excede a la comunidad educativa, incluyendo a la sociedad organizada institucionalmente: juntas de vecinos, clubes deportivos, y a las organizaciones agrupadas desde la informalidad: bibliotecas autogestionadas, colectivos de madres, entre otras.

Hoy, pueden generarse condiciones para que la escuela se transforme en un lugar abierto, que acoja las diversas inquietudes e intereses de la comunidad, un espacio de mediación cultural que releve la identidad local, promueva el conocimiento de los otros y facilite la producción y circulación de culturas y artes. Construir una escuela abierta a la comunidad, acogedora, prestadora y recibidora de servicios, espacio de intercambio y producción de sentidos, es crear educación pública activa y transformadora.
# Estudiantes movilizados: entre ponerle y no ponerle

26 junio, 2014

El Mostrador

Nos encontramos en el inicio de un proceso de cambio en el sistema educativo, la discusión de una reforma fruto de la movilización de los estudiantes secundarios y universitarios, quienes con sabiduría y arrojo han sabido poner en la agenda político/social, en 2006 y 2011, la necesidad de construir un país más justo en lo educativo, y en otros ámbitos de la sociedad: vivienda, salud, medio ambiente, entre otros.

Las reivindicaciones de los estudiantes han tenido una amplia aceptación en la opinión pública, la que se expresa en distintos sondeos y, por qué no explicitarlo, también a través de la mayoritaria preferencia ciudadana por el programa de gobierno presentado por la Nueva Mayoría. La comunidad entre otras cosas, dijo que Chile requería de un sistema de educación superior gratuito y de calidad y de un sistema de educación básica y secundaria que tuviese más presencia del Estado, único sostenedor que podría asegurar más calidad y justicia. Dicho de manera gruesa: existe una amplia opción por los cambios profundos y ese fue el mandato entregado al actual gobierno y sus parlamentarios.

La sociedad chilena exige profundidad y no cosmética, participación y no gatopardismo, justicia y no solo equidad. Nadie puede asegurar que toda la Nueva Mayoría actúe en concordancia con este espíritu y mucho menos que toda esté convencida. A ratos, resulta difícil creer que algunos y algunas militantes de los partidos de gobierno trabajarán por articular cambios a los cimientos del sistema; más bien, expresan su voluntad de arreglar las cosas al estilo Concertación: una sopladita por aquí, otra por allá, una pasadita de trapero y ya, nuevamente se califican cambios superfluos como el proceso más grande de los últimos dos siglos; ¿recuerdan estas y otras escenas?, ese guion lo hemos sufrido en demasía.
Dicho lo anterior, ¿es entendible que los estudiantes miren con recelo los movimientos políticos que se fraguán en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento?, me parece que sí, que sobran los motivos para tener desconfianza; sin embargo, esta incredulidad puede jugar la mala pasada de no permitir identificar con claridad cuándo, para concretar la transformación deseada, conviene unir fuerzas y contribuir al avance que se propone.

Dentro del marco de la discusión y articulación de la reforma educativa, la decisión que tomaron los estudiantes, mantenerse movilizados, es acertada y necesaria, esencialmente porque permite mantener vigilantes a los movimientos sociales, lo cual puede redundar en la inhibición de los sectores conservadores que buscan graduarse de celadores del actual orden. Además, valorándolo como un esfuerzo común y coordinado, el ingreso de ex dirigentes estudiantiles al Parlamento y al Ministerio de Educación, potencia las demandas históricamente comandadas por los jóvenes.

Nuevamente, dicho lo anterior, surge la duda de si la audacia mostrada por el movimiento estudiantil en sus luchas recientes, se condice con la radicalización de las movilizaciones que adopta un grupo del movimiento... Instalo esta interrogante, ya que, a veces, la movilización de algunos estudiantes aparece más cercana al continuismo transversal que se apropió de la transición que a los aires transformadores que ellos mismos ayudaron a fundar.

En esa línea, vuelvo a preguntar: hoy, la toma de un liceo ¿contribuye a mejorar la educación pública, fortalece la calidad educativa que cada estudiante debe recibir en su formación escolar, vigoriza el vínculo entre la escuela y su comunidad, robustece al movimiento estudiantil? La respuesta está en la necesidad de que los estudiantes vuelvan a tener creatividad y eficacia en las movilizaciones que se proponen.

Soy un convencido de que quienes gozan de privilegios solo perderán sus prebendas si la sociedad reclama y se moviliza decididamente por alcanzar mejores niveles de justicia social; si expresa su rabia y molestia; si es capaz de proponer y velar por que su propuesta no sea conjurada. Hoy, se organizan avances cualitativos en materia educativa, por eso, existe urgencia de abrocharlos y presionar por que la teja se corra cada vez más hacia una justicia plena.
En definitiva, brego porque la sociedad en su conjunto mantenga presión y vigilancia sobre los cambios comprometidos, al igual que tenga la sapiencia para promover y organizar un flujo que mantenga distancia entre la necesaria profundidad de cambio que el sistema educativo requiere y el entorpecimiento a los esfuerzos que se realicen para lograr dichos cambios.
Reforma Educativa parcialidad
que genera confusión

10 noviembre, 2014

El Mostrador

Una tentación exculpatoria de algunos académicos, analistas políticos y tomadores de decisión ha sido instalar en la gente, esa gran “masa” sin nombre ni rostro, la responsabilidad de la implementación de las malas políticas públicas. De esa manera, y de otras más o menos elegantes, los poderes legítimos y los fácticos, no asumen que son los principales administradores del cambio cultural que se pensó y ejecutó en dictadura y se profundizó en democracia: pasar de ser un sujeto social, para el que “su problema es mi problema”, a ser una persona concentrada en el bienestar individual.

A propósito de la reforma educativa y las diversas encuestas que circulan semanalmente en los medios de comunicación, en las que, a juzgar por esos instrumentos, la ciudadanía estaría dividida entre apoyar la reforma educacional o rechazarla, han surgido voces que interpretan este dato como la posición mezquina de un sector de la población que tendría las condiciones para resolver su vida “rascándosela con sus propias uñas”.

Este comentario parte de una premisa que pone el acento en la conducta de la gente. Algunos ejemplos son: los padres y apoderados de los sectores medios defienden sus escasos privilegios, haciendo primar sus intereses individuales por sobre los colectivos; la sociedad no practica el concepto de solidaridad; los estudiantes “meritocráticos” de los colegios públicos con privilegios, no desean mezclarse con los niños/as y jóvenes desfavorecidos cultural y materialmente, entre otras afirmaciones… estas constituyen verdades aparentes.

En esa misma línea, otra verdad artificial es creer que la ciudadanía quiere cambios en la selección, el lucro y el copago. Si bien ética y educativamente los cambios impulsados por el gobierno van en la dirección correcta, aquello no significa que un sector de la población comparta o entienda las transformaciones que se le proponen. ¿Culpa de la gente?, siendo a pensar que la
globalidad del cambio cultural que se pretende promover no ha sido bien comunicada y que las primeras medidas no han sido acompañadas de iniciativas que permitan dimensionar la necesidad y urgencia de la transformación.

Sumado eso a la incógnita del contenido que tendrán otros proyectos de ley, tales como la nueva institucionalidad de la educación pública, la reforma a la educación superior y el estatuto docente, se desconoce si existirán propuestas que involucren ámbitos fundamentales para promover el cambio cultural que se requiere: televisión pública de calidad, amplia, diversa, inclusiva, vinculada a las culturas nacionales y locales, que refuercen los contenidos y sentidos que presenta la escuela; una reforma curricular que incorpore a las artes y a las culturas de manera transversal con una valoración similar a las de disciplinas escolares tradicionales; apertura de la escuela a su entorno, resituarla como un espacio de encuentro de la comunidad en la que se emplaza, entre otras iniciativas que van en directa relación con los objetivos de la reforma y en consonancia con el tipo de niños/as y jóvenes que se quiere educar.

Hacer propio el sentido de la reforma educativa es un ideario que excede a los cambios regulatorios que han copado la agenda pública, si bien son indispensables, no pueden aparecer como únicos y aislados. Hoy es tiempo de construir una mayoría que se sienta parte de esta transformación cultural, ubicándose cada uno de nosotros como sujetos activos de cambio.
# Piñera contra los estudiantes secundarios

4 junio, 2019

Portal Radio Cooperativa

El gobierno ha basado su relación con los estudiantes de Enseñanza Media utilizando la luma y el garrote; promoviendo desmantelar las reformas en pro de la inclusión educativa y la supresión de contenidos que mutilan la formación ética y ciudadana de los y las jóvenes.

La arremetida comunicacional coordinada entre alcaldes, ministros y el presidente se inició con la proposición y posterior aprobación de la ley "Aula Segura", avalada en el Parlamento por un puñado de parlamentarios de oposición. Hoy, su puesta en vigencia, permite que carabineros llegue incluso a las salas de clases reprimiendo a los estudiantes que se manifiestan en contra de las políticas gubernamentales. Además, contribuye a la estigmatización de los estudiantes secundarios.

En concordancia con esta ley, a través del control preventivo de identidad, (detención por sospecha se llamaba en dictadura), el gobierno pretende profundizar el castigo a lo diferente, al reclamo, a la rebeldía.

Una de sus tantas expresiones es permitir a la policía uniformada o a las autoridades educativas locales, la revisión de las mochilas de los estudiantes. Esa medida atenta en contra de la dignidad y la libertad de los y las jóvenes.

Todo lo anterior, ha sido el marco para reprimir despiadadamente a estudiantes y apoderados del principal referente público de la educación chilena, el Instituto Nacional. La agresión ha sido encabezada por el alcalde de Santiago, hijo de un ex edil designado en dictadura, a quien emula con sus actos represivos y engañosos.

Por otra parte, utilizando recursos del Estado e información confidencial, la ministra de Educación Marcela Cubillos, otrora admiradora de Augusto Pinochet, inició una cruzada que denominó "Admisión Justa"; se trata de promulgar una ley que reinstala el ingreso por calificaciones académicas, desconociéndose otras importantes variables que establecen la
diversidad, justicia y libertad que toda comunidad educativa debiese aspirar.

Es simbólico que Piñera y la ministra hayan presentado este proyecto en el Liceo Augusto D'Halmar de Nuñoa, un espacio de excelencia académica que sostiene sus buenos resultados sobre la base de la selección y “expulsión” de los estudiantes que “académicamente” avanzan con más lentitud.

Por último, la eliminación de la obligatoriedad de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en tercero y cuarto medio, desconoce el valor de disciplinas fundamentales para “que los ciudadanos y ciudadanas logren situar su existencia en el tiempo, entiendan en toda su extensión y complejidad la idea de cambio y puedan así conocer y explicar su presente, interrogándolo y transformándolo”, como se señala en la carta pública de historiadores que se oponen a esta medida.

Estas iniciativas revelan el carácter autoritario y abyecto que el gobierno de Chile tiene hacia los estudiantes secundarios, especialmente, hacia los y las jóvenes pobres, a quienes pretenden reservarles oficios y tareas de autómatas, en función de sostener y reproducir un sistema que los excluye.

Asegura la “meritocracia” para los hijos de una minoría y la condena para los desamparados del sistema.

Las movilizaciones de los estudiantes, profesores y apoderados también sugieren que la resistencia tiene efectividad en la medida que actúan coordinadamente y que la imagen de violencia y destrozo que la televisión presenta se anula cuando es la comunidad la que se expresa en el marco de las acciones que define una mayoría.
Más arte, más cultura, mejor educación

13 enero, 2015

El Mostrador

Existe consenso sobre la necesidad de una formación integral de los niños, niñas y jóvenes, a través de una educación que involucre el desarrollo de sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales; sin embargo, el sistema educativo privilegia las habilidades cognitivas, obviando la formación compleja de la persona, las que además se esfuerza en medir con pruebas estandarizadas.

La Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Chile, señala en el artículo 31.2.: "Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento".

Si la incorporación de la cultura y el arte a la formación de los estudiantes es un consenso social, entonces, el Estado debiese ser el garante de que esto ocurra.

El sistema educativo chileno brinda a los niños, niñas y jóvenes oportunidades acotadas para acceder a la cultura y las artes en sus respectivas escuelas; si bien existen iniciativas que las promueven como parte integrante de su formación, también es cierto que, en muchas ocasiones, se entrega al equipo directivo del establecimiento o a la comunidad escolar la sustentabilidad económica de las expresiones artísticas, poniéndose énfasis en su financiamiento y no en el sentido transformador que tienen la cultura y el arte al interior de la escuela.

Probablemente, esta es una de las primeras tensiones que deberán resolver las autoridades cuando se implementen las iniciativas de cultura y educación comprometidas en el programa de gobierno. Esfuerzos tales como: crear un programa para niñas y niños en disciplinas artísticas; una red nacional de coros y cuerpos de baile infantil, y un nuevo programa, de carácter masivo, para el desarrollo artístico y creativo del arte y la cultura
al interior de la Jornada Escolar Completa, requieren de cambios a la concepción de cultura arraigada en la institucionalidad estatal y en las escuelas. Por ejemplo:

* Los fondos concursables y el financiamiento transitorio de los programas que promueven la transversalidad del arte y la cultura, deberían dejar de ser dos características de la presencia estatal en el sistema educativo. Al Estado le corresponde dotar de recursos humanos y materiales que permitan el desarrollo del arte y la cultura en la escuela.

* Si un establecimiento no promueve la educación como un espacio que entrega formación integral a los estudiantes, idea que considera la promoción de la cultura y las artes como elementos transversales, las autoridades deberían colaborar de manera directa para que el establecimiento se transforme en un centro pluralista, democrático, participativo, diverso y de calidad. Así como el Estado interviene en la mejora de materias como matemática y lenguaje, debería destinar esfuerzos que potencien el arte y la cultura.

* Las horas destinadas al cultivo de expresiones artísticas y culturales, en el marco de la Jornada Escolar Completa, deben incrementarse, transformando las iniciativas en parte de un proyecto educativo integrador que represente y colabore en la educación de niños, niñas y jóvenes reflexivos, críticos, sensibles, comprometidos con su desarrollo y el de su comunidad.

* El Estado puede capacitar a los docentes en función de incorporar nuevas estrategias pedagógicas que les permitieran incorporar códigos ajenos a su formación, utilizándolos en el vínculo cotidiano con sus estudiantes.

Por último, vale la pena recordar que ejercer el derecho a la educación es el punto de partida para construir una sociedad justa, democrática y participativa, y esto se logra, también, con más arte y más cultura dentro y fuera de la escuela.
¿No hemos aprendido nada?
La burocracia censura una obra de arte

8 julio, 2016
El Mostrador

En ciertas ocasiones, el arte nos estrega obras que invitan a
remecernos, que intentan correr los límites, que, en el mejor de
los casos, provocan socialmente una relectura de la realidad. A
veces, esta se asemeja a la nuestra y, en otras, es muy lejana.
Ejemplos: la postal que presentaba a Simón Bolívar con rasgos
afrodescendientes y pechos prominentes (1994) o la obra de
teatro "Prat" (2002), que revisitó la imagen del marino, dotándolo
de afecto y sensibilidad.

Como consecuencia de esas creaciones aparecieron algunos
burócratas –no utilizo el término despectivamente– que
pretendieron negarlas, ocultarlas, censurarlas y maldecirlas, por
sentir que fueron las responsables del cuestionamiento de su
labor o, al menos, sobre cómo entienden que debe ser la
burocracia o se arrogaban la voz de todos, señalando que nos
ofendían.

Lamentablemente, a julio de 2016, constatamos que no todas
las personas transforman la experiencia institucional en
aprendizaje. Nuevamente, burócratas nos recuerdan que en Chile
todavía existen estos “guardias pretorianos” de las costumbres,
las culturas y las artes y que tienen el poder de privar a la
ciudadanía del arte, así como la posibilidad de saturar a la
ciudadanía de lo que ellos definen como obra artística.

Paso a explicarme: Felipe Rivas, artista visual, fue convocado
por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a exponer en el
Centro de Extensión, Centex. La invitación era a exponer la obra
"Ideología", en el marco de una muestra colectiva denominada
"Invisible". Precisamente, se trataba de mostrar creaciones que
los espacios formales y/o sacros de exhibición del arte se sienten
incómodos de cobijar. Otros invitados son Carlos Lepe, Bernardo
Oyarzún y Fernando Casas.
El artista trabajó largo tiempo en convertir la obra "Ideología" en una videoinstalación que, a través de varias cámaras, mantenía el sentido de la obra; sin embargo, Felipe Rivas, por medio de su Facebook, denuncia que fue censurado. Los motivos formales son que no existirían posibilidades técnicas; el no escrito –según el creador– sería que el video podría entorpecer la discusión sobre el futuro Ministerio de las Culturas.

La obra -en síntesis- es un montaje visual y sonoro íntimo que repasa la experiencia militante del autor, la figura de Salvador Allende y la masturbación explícita como una acción que atraviesa todo su discurso político.

El acto de censura que relato propone una serie de interrogantes que no permiten problematizar la decisión tomada: ¿es la institucionalidad la que censura o se hace de acuerdo a las limitaciones y juicios de la autoridad de turno? ¿Le corresponde al Estado regular los contenidos y sentidos de una obra de arte? ¿Se puede intentar limitar el universo artístico? ¿Para crear, el artista debe rehuir personajes de interés público? ¿Sigue siendo el sexo o el acto sexual un elemento de discriminación? ¿Los espacios del Estado deben estar sujetos a las veleidades políticas?

Aunque las respuestas se insinúan en las interrogantes, algunas veces, se requiere precisar.

La obra de arte es un acto de toma de posición política que tiene la virtud de expresar ideas, sentidos, afectos, aquello la convierte en única y necesaria, por ende, no puede un trabajador del Estado prohibirla o tratar de utilizarla de acuerdo a su lectura de la realidad política. Hacerlo, es horadar el sentido de nuestra democracia, negando la esencia que constituye la humanidad: el derecho a reflexionar y disentir.

Censurar una obra artística, independientemente del valor estético que uno le otorgue, es un atentado al otro, es negarlo, invisibilizarlo, maltratarlo, despreciarlo, es un cercenamiento de su integridad. Aquella ignominia la padecimos en dictadura y la combatimos de diferentes modos, a través del arte y fuera de sus expresiones formales, y es precisamente ese combate el que se evoca cuando, en las decisiones o el accionar de una autoridad, se evidencia arbitrariedad, sesgo y discriminación.
# Ottone y la Cultura sin rumbo

3 noviembre, 2016

El Mostrador

La censura a la obra "Ideología", de Felipe Rivas; denostar e intentar clausurar el premio a Felipe Durán, talentoso artista que ganó el reconocimiento de fotografia Rodrigo Rojas De Negri; la actual polémica en torno a la política curatorial del nuevo Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, la que es separada arbitrariamente (1967) del universo artístico temporal del Museo Nacional de Bellas Artes, son algunas (hay otras) de las expresiones públicas que denotan lo confundido que está el ministro, lo cual lo insta a no renovar las políticas culturales y no cumplir el programa de Gobierno, so pretexto de ordenar lo que hay, desconociendo que lo que hay cumplió un ciclo.

Correspondía en 2016 renovar las políticas culturales, proceso que no se inició y la autoridad máxima del Consejo Nacional de Cultura y las Artes no dio explicaciones del por qué suprimió la renovación de las políticas culturales 2017 - 2022, función entregada por el Estado de Chile.

Es la tercera vez que el organismo público debe recrearlas, poniendo dentro de un marco institucional los planes, programas y proyectos que emanan desde el Estado de Chile, de instancias regionales, provinciales y comunales. Menudo trabajo tenía una institución que está *ad portas* -al menos así se ha presentado- de convertirse en un ministerio y que tiene como principal activo una trayectoria de participación y formulación de políticas de manera inclusiva y ciudadana.

Tributa al espíritu participativo institucional, el proceso de Consulta Indígena que lideró la ex ministra Claudia Barattini y la ex subdirectora Lilia Concha, quienes tuvieron la prudente osadía de, amparadas por los requisitos de estándares internacionales y nuestra propia normativa, dialogar con las comunidades de pueblos originarios y tribales de todo el país y asumir acuerdos que honran al Estado. Dos de esos compromisos fueron la creación del Departamento de Pueblos Originarios y denominar a la repartición como Ministerio de las Culturas las Artes y el
Patrimonio, en plural, puesto que da cuenta de la pluriculturalidad y diversidad de Chile; ambos mandatos fueron cumplidos.

Una señal contraria es la decisión de no renovar las políticas culturales, dejando trunca una práctica que tiene el sector: construir colectivamente una hoja de ruta y criterios que permitan no solo orientar el trabajo, sino también evaluar cómo lo hacen los encargados de conducir dicha implementación, a partir de dar voz a los agentes relevantes que intervienen en esas políticas.

El modelo de construcción de las nuevas políticas culturales, presentaba el desafío de no retroceder en su aspecto participativo, asumía dar un paso adelante y presentarse ante la ciudadanía teniendo el coraje de transferir y defender los aciertos y aceptar las debilidades que ha experimentado la institución, me refiero esencialmente a los campos en donde se ha avanzado menos de lo prometido y, en algunos casos, ha existido un pragmatismo conservador que no da cuenta de las clarividencias de los creadores, gestores y actores culturales que piden un cambio en el rumbo de los contenidos y estrategias de las políticas culturales.

Quisiera destacar la participación de la ciudadanía en la construcción de las políticas culturales y cuál es la estrategia metodológica que quedó obsoleta y que debía ser reformulada. Hasta ahora, ha predominado la idea de convocar a grupos de interés, implementando modelos de arrastre, poniendo al centro a un facilitador que recoge las ideas, reclamos y reflexiones de los asistentes, sin hacerse cargo de las críticas y propuestas que puedan emanar del encuentro. Posteriormente, dependiendo de la convicción democrática de la autoridad, se considera el tiempo y las opiniones de la ciudadanía para la formulación de planes, programas y proyectos.

Este llamado método de arrastre permite, desde la autoridad, tener una escucha que facilita que las voces se expresen y, aparentemente, se escuchen. También se caracteriza por el hecho de que la autoridad no orienta y no se hace cargo de su trabajo y sus decisiones, lo que permite dejar al Estado ausente, a pesar de que su presencia se exprese cotidianamente.

Cuando no se han definido políticas, el modo más democrático es escuchar sin interferencias, traducir, diseñar e implementar políticas que consideren la voz de las minorías y las mayorías. En el caso de las políticas culturales, corresponde
renovarlas, ya que el Estado las creó y las asumió; por ende,
debería tener el coraje de evaluarlas.

Dejar al país sin políticas culturales es una mala decisión si se
considera que se discute en el Congreso el proyecto que crea una
nueva institucionalidad cultural, la cual debiera considerar el
aporte que hace la sociedad civil (como lo expresado los filósofos
Antonio Gramsci y Jürgen Habermas, entre otros), valorando que
es actor fundamental para la construcción de una democracia
robusta, la que requiere de un universo público capaz de fiscalizar
y criticar al poder estatal y al de mercado; hoy, ese mérito no es
cuestionado, más bien se instala como un activo de los Estados
modernos.

Sería saludable para la democracia y su normal funcionamiento que todas las autoridades apreciaran dos atributos fundamentales de la sociedad civil: independencia y capacidad crítica.
La cultura no merece nuevos ofertones

29 agosto, 2017

El Mostrador

En menos de cien días, nos enfrentaremos a la elección presidencial y parlamentaria; antiguos y nuevos rostros concursarán un escaño en la Cámara. Ante la disyuntiva que tendremos en las elecciones del 19 de noviembre, es fundamental que las ideas que promueven los candidatos sean realizables, que tengan sentido de realidad, financiamiento y legitimidad social, además de ser novedosas. Y la novedad estaría dada en la capacidad de corregir lo medianamente realizado y transformar los cimientos sistémicos que han impedido la construcción de un país más justo, libre y democrático.

Durante el próximo quinquenio, no se deberían abandonar las reivindicaciones sectoriales que han caracterizado a los programas de gobierno, pero habría que asumir la crisis del sector y que su dramática invisibilidad no se sortea con una inyección de recursos o medidas tributarias como quitar el IVA al libro, pues si bien podría colaborar para transformar el libro como un objeto más asequible, no logrará por sí solo revertir los bajos índices de lectura. Tiendo a creer que es más trascendental crear una editorial del Estado que, además de colaborar en bajar el precio final del libro, permita masificar publicaciones que colaboren en reducir las brechas sociales, en construir conciencia crítica, en hacer de la lectura una entretención formativa.

En la misma línea anterior, es deseable que se revisen y modifiquen, cuando corresponda, subsidios, exenciones fiscales, desgravación arancelaria a productos culturales, en función de rebajar los costos del proceso creativo, su divulgación y comercialización. El desafío de la institucionalidad es aumentar el gasto en cultura, sobre todo, consiste en priorizar y ser eficiente en el gasto.

Dicho lo anterior, el desarrollo de la cultura y las artes en Chile ha sido uno de los aspectos más difíciles durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Sin desconocer los avances que se han producido, particularmente en lo que se
refiere a institucionalidad, infraestructura y financiamiento destinado a las creaciones, no puede obviarse que los índices de desigualdad en el acceso siguen siendo alarmantes, transformar en acciones las políticas culturales sigue siendo una realidad sujeta a las interpretaciones del Ministerio de Hacienda y no han sido “rendidores” los escasos recursos económicos que el Estado de Chile destina vía presupuesto nacional. En mi opinión, es evidente la necesidad de cuestionar los pilares sustentadores de la “cultura” que se promueve, sus énfasis y sus paradigmas; es urgente cambiar el sentido y la dirección de los recursos que se destinan al sector cultura.

Para graficar lo que señalo, quisiera compartir una anécdota: hace algunos días visité el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, y me encontré con la muestra “Hecho en Chile, Hecho en Madera”, que reunía obras de artesanos y diseñadores que utilizan esta materia prima como fuente de sustento. Una pequeña obra y la invitación a visitar la página web del emprendimiento era lo que más se repetía, lo cual contrastaba con el espacio de privilegio otorgado a las marcas, a las grandes empresas, a las forestales; CMPC, aquellos de la colusión del papel higiénico o Arauco, forestal condenada por la muerte de los cientos de cisnes de cuello negro en el Río Cruces de Valdivia, eran parte de los auspiciadores, quienes concurren a estas iniciativas para vender más y mejorar su imagen.

Pero eso no es todo, entre el GAM y el Teatro Municipal, histórico centro de eventos que -lo digo simbólicamente- visitan los dueños de la CMPC y Celulosa Arauco, se llevan más del 10 por ciento del presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Tenemos un problema y ese conflicto nos afecta a todos y, de paso, sugiere algunas preguntas: ¿Cuál es el rol del Estado en la Cultura y el lugar de cada uno de los actores del negocio?, no solo me refiero a los auspiciadores ocasionales, también a las empresas nacionales y transnacionales que participan de nuestra industria cultural.

Este ejemplo hace patente que la relación del Estado con instituciones privadas termina, muchas veces, fortaleciendo la responsabilidad social de las empresas, sin corregir la injusticia; permite que el espacio cultural siga siendo un lugar de uso preferente para los sectores que tienen mayor acceso a la cultura.
En definitiva, en la institucionalidad cultural los esfuerzos económicos y humanos siguen estando al servicio de estrategias que no han logrado corregir la desigualdad en el acceso de los sectores más pobres.

Por otra parte, los requisitos de cofinanciamiento y/o sustentabilidad siguen presentes en las condiciones para entregar recursos, ambas expresiones soterradas del neoliberalismo cultural que instala al artista como un gestor, distribuidor y comercializador de su propia creación, y a la organización social o institución pública como responsable económica del programa del Estado. Requerimos una política cultural y un programa de gobierno que suprima estas nociones, el Estado es el responsable de generar condiciones para la creación, el acceso, la formación artística y cultural, entre otras políticas.

Quienes asuman la nueva institucionalidad cultural podrán constatar que la principal dificultad de las ideas impulsadas por los gobiernos democráticos, muchas de ellas acertadas, se han implementado de manera mecánica y en ocasiones sin convicción transformadora. Frecuentemente, se ofrece un plan, un programa o una medida, que luego se ignora o se materializa sin cuestionar el carácter ideológico que tienen sus contenidos. Así, perduran temáticas que son latamente desarrolladas por el mercado, se mantiene el carácter hegemónico de las instituciones y prevalecen los mismos cultores/as, impidiéndose el surgimiento de nuevos/as actores en las artes y las culturas.

Es necesario promover cambios que permitan dar un giro en las políticas culturales, despojándolas de todo atisbo de neoliberalismo, promoviendo el aporte basal del Estado al desarrollo de la cultura local y regional e implementando políticas que con eficiencia en el gasto, garanticen el acceso a las artes y las culturas de toda la comunidad, poniendo énfasis en los inmigrantes, los pueblos originarios, los establecimientos educacionales públicos y los territorios con un alto índice de vulnerabilidad, entre otras prioridades.

Un futuro gobierno progresista debería enfatizar la pluralidad cultural; la democratización del acceso; la amplitud en la formación educativa formal e informal; mejorar y ampliar la educación artística; identificar y promover las prácticas culturales
que se desarrollan al interior de las organizaciones sociales,
sindicatos, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores.

Es urgente dar un giro en los mecanismos de financiamiento
de obras y actividades culturales, transitar de la concursabilidad a
la entrega de aportes basales, concretar el proyecto de televisión
cultural y cambiar el sentido de la televisión pública. Se ha
prometido y se debe cumplir con la descentralización de la
cultura, las regiones necesitan más autonomía de la capital y los
pueblos y ciudades más independencia de las capitales regionales.
En los temas de derechos humanos la memoria política y social
necesita ampliarse, de una política de sitios requiere avanzar hacia
una política que integre acontecimientos y sujetos. Podría seguir
enunciando urgencias que tiene Chile y que sus artistas, sus
artesanos, sus gestores, sus académicos, entre otros, podrían
atender de manera exitosa, sin embargo, lo que se requiere para
poner en circulación esas ideas, esa fuerza, ese talento, es
convocar a la sociedad en su conjunto a repensar y reconstruir
nuestras políticas culturales.
# Cultura y cambios

14 marzo, 2018

Portal Radio Cooperativa

Hace algunos días se publicaron los resultados de La Cuarta Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017 (ENPC) que realizó el Ministerio de las Culturas, un ejercicio estadístico necesario y fundamental para la implementación de las políticas culturales y el programa del nuevo gobierno. Cabe recordar, que la candidatura de Sebastián Piñera no presentó programa en cultura, por lo tanto, es una incógnita.

El documento contiene información que, según como se interprete, será un insumo importante para seguir profundizando el modelo neoliberal que prevalece en la conducción del ámbito cultural estatal o para evidenciar que lo obrado en acceso, los últimos años, obstaculiza la asistencia a espectáculos y actividades artístico-culturales, por ende, el desarrollo de la cultura y las artes.

Si se comparan los resultados de la ENPC del año 2012 con las cifras de su versión 2017, se aprecia que los encuestados ante la pregunta referida a la asistencia al teatro, conciertos de música popular, exposiciones de artes visuales, museos y bibliotecas, entre otras expresiones, declaran ir menos que hace cinco años atrás.

Es decir, el público en vez de aumentar ha disminuido, en algunos casos de manera considerable. Solo se evidencia un alza en la concurrencia a ver una película.

En cuanto al libro, el dato es más desalentador todavía: cuando se pregunta sobre la lectura de al menos un libro durante los últimos doce meses, un poco más de un tercio de los encuestados, 38,9 %, dice que leyó, ocho puntos menos que el ejercicio realizado en 2012.

La medición solo informa sobre el acceso, no problematiza la calidad de la obra ni su valor cultural y/o artístico; dicho de otro modo, da lo mismo si la persona fue a ver una cinta de calidad o una película comercial; no importa si leyó un clásico de la literatura o un manual de autoayuda; si la obra artística se dio en
el marco de una actividad cultural o educativa o fue una transada entre un consumidor y un proveedor.

Un segundo dato sobre el que propongo reflexionar es respecto del grupo etario que accede a las obras artísticas y culturales: fundamentalmente son jóvenes que transitan entre los 15 y los 29 años, lo cual manifiesta que el sistema educativo es un sector que debe ser removido por las artes y las culturas, es el lugar donde se deben considerar sus prácticas culturales para promover las virtudes que tiene toda formación integral.

Y el tercer ámbito que resulta interesante resaltar es la correlación que existe entre quienes, al tener más estudios, acceden a una mayor participación pasiva en actividades artísticas y culturales.

Un botón de muestra es la asistencia a espectáculos de música actual; la distancia entre quienes tienen el privilegio de haber cursado una carrera universitaria y quienes solo tuvieron la oportunidad de tener enseñanza básica incompleta, es escabrosa: mientras los primeros asisten en un 46,2 %, los segundos lo hacen en un 11,3%.

En el marco de la creación de una nueva institucionalidad los resultados de la ENPC 2017 ponen de manifiesto la necesidad de repensar el sector; la relación de una elite de las industrias culturales con el Estado, la preponderancia que debería tener el sistema educativo en el arte y las culturas; la injerencia de las universidades en el “pensar y hacer” las artes y las culturas; la “sustentabilidad económica”; los concursos como único modo de financiamiento; la participación de nuestros pueblos originarios y otros temas que han quedado relegados en el sótano de las políticas públicas, prisioneros del crecimiento económico y el mercado.

En tiempos de incertidumbre, es imprescindible volcarse al territorio, disputar el poder local, reivindicar y potenciar las prácticas culturales que se desarrollan de manera transversal, en las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles. Estos son los lugares de producción y circulación cultural y expresiones artísticas que el Estado nunca debió haber desatendido y que hoy es una oportunidad volver a conocer, respetar y potenciar.
Las infamantes palabras del ministro Rojas

12 agosto, 2018

Portal Radio Cooperativa

Las injuriosas y ofensivas palabras de Mauricio Rojas, ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, no son expresiones aisladas y tampoco constituyen novedad en los relatos y las acciones de una parte importante de la institucionalidad y sus autoridades.

No es aislado, porque la decisión del gobierno de no dar curso al proyecto de ley que establecía una indemnización para las víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura y la resolución de la Corte Suprema de liberar a ocho criminales detenidos en Punta Peuco son marcos referenciales que permiten que un ministro pueda tener el desparpajo y la vulgaridad de tergiversar el sentido y propósito de uno de los pocos espacios de memoria que el Estado, en 30 años, se ha encargado de diseñar, construir y mantener.

No es novedoso, porque el sector mayoritario de la derecha nunca ha tenido el coraje y honradez para condenar las violaciones a los derechos humanos y aceptar su derrota moral y ética, la tendencia que ha primado es vaciar de contenido los relatos que pudiesen identificarlos como únicos y exclusivos responsables de la cobertura política y social que permitió el actuar de los militares y civiles en contra de la población y la militancia de izquierda.

No es novedoso, porque entre sus representantes y autoridades no solo tienen cómplices “pasivos”, también conviven responsables activos de torturas y asesinatos.

Mauricio Rojas es la expresión brutal de quien buscó ventaja y posición en quienes solidarizaron con las víctimas y, posteriormente, a sus compañeros/as les desconoció su condición y dolor, relativizó el rol de los victimarios y se puso al servicio de una maquinaria negacionista.
No es una declaración novedosa porque desde los inicios de
la transición hubo quienes, aun siendo víctimas, invisibilizaron el
dolor, ocultaron a los actores que resistieron a la dictadura,
apostaron por la atomización de las organizaciones de defensa de
los derechos humanos y, embriagados por compartir el gobierno,
se sentaron en la mesa de la negociación con sus antiguos
verdugos.

No cometeré el infortunio de igualar al olvidadizo con el
fariseo, quiero enfatizar que Mauricio Rojas ha tenido contexto
para permitirse insultar arteramente y esto podría transformarse
en un estímulo para enmendar los errores cometidos.

La consigna Nada y nadie está olvidado permite ordenar una
idea: es la esencia de un país que quiere respetarse a sí mismo;
mantener su dignidad y poner al centro de los agradecimientos a
quienes vivieron la tragedia de manera directa.

Chile tiene una deuda con las víctimas de la dictadura y si
algunos insisten en no asumirla, no podremos construir una
sociedad sana y vigorosa.

Las palabras de Rojas horrorizan, indignan y evidencian la
necesidad de aunar voluntades para alcanzar verdad y justicia
acorde a los crímenes cometidos; reconocimiento y reparación a
las víctimas y sus familiares y construir una memoria inclusiva,
que mire el pasado en perspectiva de un futuro comprometido
con la plena vigencia de los derechos humanos.
# No presto mi muro al Neofascismo

20 diciembre, 2018

Portal Radio Cooperativa

Nos acostumbramos a escuchar o leer declaraciones de celebridades televisivas atiborradas de lugares comunes, ingravideces y fatuidades, las que alimentan la convivencia cotidiana de la ciudadanía, otorgan sintonía a los matinales y sustentan la curiosidad por la vida ajena y/o conducen la atención hacia una coyuntura irrelevante para el acontecer social.

A esta cultura de la banalidad, la desvergüenza y lo desechable se suman, con mucho entusiasmo, autoridades municipales o parlamentarias, quienes ponen al centro un sesgo que transforma la ignorancia ingenua y ramplona en un oscurantismo envilecido por la amoralidad, el olvido y el fomento de la falsedad y el engaño.

Esta evaluación se puede ejemplificar fácilmente. Un diputado se refirió a las víctimas de exilio, tortura y prisión política como "terroristas con aguinaldo"; una parlamentaria calificó a una brigada muralista como "un grupo extremista de la Unidad Popular" y acusó a una defensora de los derechos humanos de haber "llamado a matar personas", teniendo como prueba una viñeta cómica; y un ex candidato presidencial desconoció la verdad judicial sobre el asesinato de Nattino, Parada y Guerrero, afirmando que "hubo personas que tomaron venganza por compañeros de ellos que cayeron en el atentado a Pinochet", desconociendo la participación de Carabineros.

Estas declaraciones, cuatro entre muchas, son cada vez más habituales, no solo evidencian una desprolijidad histórica y contextual, también son atroces modos de inducir al odio.

El balbuceo de neofascistas impugnando crímenes contra la humanidad, la ausencia de un marco regulatorio que impida que estas personas expresen su embuste, la exención de condenas institucionales a su verborrea, son algunas urgencias que el país debe ser capaz de atender y dictar leyes más estrictas en torno al tema.