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Sociedad Civil en el regionalismo
latinoamericano

Lincoln Bizzozero

En los estudios sobre regionalismo en América Latina la “So-
ciedad civil” ha sido considerada desde una perspectiva analítica
sistémico-estructural; desde otra liberal posmoderna, enfocada en
el creciente activismo de la misma en los procesos regionales bus-
cando generar espacios e incrementar su margen de poder en al-
gunos temas; y también en su componente específico histórico-so-
cial, como constructoras de agenda regional y de contenidos en la
dimensión social del regionalismo.

Estos tres ejes analíticos para la consideración de la Sociedad
civil en el regionalismo por parte de analistas latinoamericanos ha
estado condicionado, más allá de la matriz de pensamiento, por el
contexto internacional y la evolución de la coyuntura en las rela-
ciones con Estados Unidos, especialmente por las prioridades de
las agendas regionales en América Latina y las propias definicio-
nes y alcance de los actores regionales. De esta manera, se identi-
fican distintos momentos y etapas en la consideración de la Socie-
dad civil en el regionalismo latinoamericano reciente: incipiente y
potencialmente revulsivo en la década de los '90 del siglo pasado,
aunque vinculado a la apertura de mercados y temas comerciales
(Jácome y Serbin, 1998; Franco y Di Filippo, 1999; Grinspun, Al-
varenga y Shamsie, 1999; Podestá, Gómez Galán, Jácome y Grandi, 2000); cuestionador del modelo neoliberal y generador de nuevas alternativas y posibilidades en distintas iniciativas regionales en la primera década de este siglo, lo cual continuará hasta medios de la segunda década (Garretón, 2001; Marleny Bustamante, 2002; Serbin, 2007; Grimson y Pereyra, 2008; Bidaseca y Rossi, 2008); y, más recientemente, sujeto de un estancamiento y hasta retroceso de los procesos regionales que se expresa también en la participación ciudadana, en un déficit democrático y en un decaimiento del movimiento político y social regional (Briceño Ruiz, Leal, Rocha Valencia y Serna Forcheri, 2019; Serbin, 2019). En esta etapa reciente toma relevancia la agenda como eje analítico para visualizar algunos temas en el regionalismo vinculados a la sociedad civil como migración, fronteras, seguridad, cooperación regional.

Desde una aproximación sistémica-estructural, el proceso de globalización se desarrolla conjuntamente con el de regionalización aparejando consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales en los distintos subsistemas regionales (Bernal-Meza, 2000; Bizzozero, 2020). La ubicación de esos subsistemas en el sistema mundial es el que condiciona las posibilidades y respuestas de los estados en los subsistemas regionales (Bernal-Meza y Masera, 2005). La sociedad civil regional es un componente del movimiento y respuesta de los estados en la generación del regionalismo en América Latina, por lo que tendrá las propias contradicciones específicas que se han generado desde el surgimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio frente a los impulsos panamericanos de Estados Unidos (Bernal-Meza y Masera, 2008). Desde esta perspectiva la relevancia de los actores se manifiesta políticamente, especialmente en el impacto que generen en el regionalismo como respuesta sistémica (Bernal-Meza, 1994).

Otra aproximación analítica ha estado más centrada en las capacidades, desarrollo y potencialidad de generar agenda de la so-
ciedad civil en esta nueva etapa en el sistema internacional como consecuencia de la globalización, las limitaciones del Estado y el potencial desarrollo de otros actores en un marco de redistribución de poder. Las sociedades civiles domésticas pasaron a articular respuestas, movilización y propuestas en ámbitos nacionales, pero también regionales e internacionales. Muchas de esas movilizaciones y actividades fueron propulsadas por organizaciones de la Sociedad civil, que a veces tenían un estatus internacional con objetivos precisos y reivindicaciones definidas en temas ambientales, regionales, derechos humanos y otros (De Piero, 2005; García Delgado, 2005). Desde esta perspectiva, la Sociedad civil regional cumple una función de bisagra entre el plano internacional y el nacional, con planteos específicos referidos a los bienes públicos globales y una mayor participación e incidencia en las decisiones en un marco democrático nacional (Serbin, 2020).

En esta aproximación se pueden considerar principalmente dos núcleos temáticos. Uno de ellos ha estado más enfocado en el papel de la sociedad civil frente a las falencias de Estados autoritarios y dictatoriales en América Latina, lo cual generó nuevas realidades de financiamiento de organizaciones internacionales económicas y de otras instancias económicas internacionales frente al decaimiento y falta de requisitos de confianza por parte del estado (Tussie, 1997). El otro insertó temas de la agenda global en los procesos regionales, entre los cuales se inscriben las negociaciones para concretar un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (Tussie y Botto, 2003).

Los cuestionamientos al ALCA y a varios temas vinculados a un modelo de regionalismo fueron sistematizados y expresados por analistas que mostraron la importancia de la sociedad civil organizada en el final de esa propuesta interamericana y el encadenamiento con UNASUR y otras propuestas, como la Alternativa Bolivariana para las Américas, que se fueron concretando hacia el final de la primera década del siglo XXI (Briceño Ruiz, 2012;
Pereira, 2011; Rojas Aravena, 2006; Di Filippo, 2005).

Con la caída del telón para el ALCA y también, de una etapa al menos, del regionalismo liberal, los análisis sobre la sociedad civil reflejaron los cambios que aparejó el regionalismo post hegemónico (Riggirozzi, 2012), los condicionantes de la economía política en la expresión nacional-regional de los actores (Tussie y Trucco, 2010) y las perspectivas autonómicas reflejando la evolución de la sociedad civil (Riggirozzi y Tussie, 2018). Con el final del ALCA se impuso la lógica geopolítica y las sociedades civiles tuvieron una expresión más definida espacialmente: América del Norte y Central por un lado y América del Sur por el otro (Sandoval Palacios, 2002; Methol Ferré, 2004).

La Sociedad civil regional tiene también un abordaje específico a partir de los propios procesos regionales de integración y también como constructora de agenda regional. Desde esta aproximación importa el papel específico de los actores de la sociedad civil en el impulso al regionalismo en América Latina, en los temas político-sociales que prioriza y que busca reflejar en la agenda regional, en la articulación con los estados y en el papel y contenidos que plantea para la dimensión social de los procesos regionales que en definitiva son modelos a construir (Bizzozero, 1999; 2005). En los mismos antecedentes del MERCOSUR se enfatiza la importancia que tuvo en la ampliación del derecho participativo, en la inclusión de la mirada de otros actores y en la defensa de la democracia y los derechos sociales la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (Vigevani, 1996; Portella de Castro y Wachendorfer, 1998). Y durante el proceso, que ya lleva treinta años, tomaron relevancia otros actores territoriales o sectoriales, como los vinculados a la educación, el cooperativismo, las organizaciones ambientales, la red de ciudades (Mercociudades) que con sus identidades generaron iniciativas propias y un nuevo espacio en red con proyección global (de Almeida, 1999; Sassen, 2007; Bizzozero, 2016). La ampliación en la participación de otros actores
y su impacto en los distintos procesos regionales en algunos casos
tuvo un ida y vuelta global-regional-local como en el caso de las
mujeres, que pudieron concretar a partir de Conferencias de las
Naciones Unidas ámbitos específicos en el área andina y el MER-
COSUR (Jelin, 2001).

Esta perspectiva analítica de vincular la Sociedad civil con la
construcción de agenda regional es particularmente pertinente
para el MERCOSUR, frente a la construcción “arriba hacia abajo” (Gajate, 2012) o el decaimiento de algunas instancias (Santos Carrillo, 2013), o bien la prioridad otorgada a las relaciones bilaterales por algunos países cardinales en la orientación del regionalismo latinoamericano como ser Venezuela (Jácome, 2011).

La especificidad de la Sociedad civil en el regionalismo del MERCOSUR está marcada por la politización de los actores, su participación y la demanda de otros actores por estar incluidos en el proceso, lo cual generó un *spill-over* institucional (Hirst, 1992; Mellado y Ali, 2014). Desde esta faceta, la sociedad civil no solamente participó en el regionalismo sino también fue constructora del mismo planteando como una de las reivindicaciones la ciudadanía regional (Bizzozero, 2003). Otro enfoque analítico de la sociedad civil en el regionalismo del Mercosur atañe las cercanías decisorias y las capacidades de los actores en hacer llegar sus reclamos a las instancias domésticas y subregionales (Grandi y Bizzozero, 1997).

El alcance y contenidos de la dimensión Social de la agenda regional, la ampliación en el número de actores y en la participación de los mismos y la vinculación con las políticas sociales regionales formaron parte de análisis que mostraron los nuevos escenarios regionales y los avances registrados (Perrotta y Vázquez, 2010; Mellado, 2011; Vázquez, 2019).

La regionalización de los temas de educación, salud, migración,
seguridad han trascendido en las últimas décadas lo que anterior-
mente se circunscribía a temas de frontera que se canalizaban vía
cooperación regional. Si bien la cooperación regional fronteriza
continúa, estos temas han tomado una dimensión regional inser-
tándose en la agenda de la sociedad civil y del regionalismo lati-
noamericano (Artola, 2017; Riggirozzi y Grugel, 2016). Por otra
parte, las dinámicas recientes han replanteado como tema el ESPA-
cio latinoamericano como tal y posicionado a nuevos actores como
parte del multiculturalismo originario, lo cual promueve nuevas
perspectivas como la vinculación de la sociedad civil con la iden-
tidad, la cultura, la nación y su expresión en los procesos regiona-
les y en el regionalismo (Flores Ortega y Álvarez de Flores, 2005;
MAS e IPSP, 2014).

Conexiones

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Redes sociales transnacionales alterglobalizadoras

**Conceptos:** Foro Social Mundial, Integración abierta, Regionalismos latinoamericanos, Sistema latinoamericano, Sociedad civil regional

**Figuras:** Andrés Serbin, Diana Tussie, José Briceño Ruiz, Lincoln Bizzozero, María Pía Riggirozzi, Raúl Bernal-Meza

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# Sociedad Civil Regional

Andrés Serbin

La necesidad de ordenar y manejar los asuntos mundiales de forma multilateral, tanto en la esfera económica como en la geopolítica y en la política internacional, dio lugar al surgimiento del concepto de una “gobernanza global” (Sanahuja et al., 2013). Por otra parte, su vinculación con la necesidad de desarrollar un multilateralismo universal y complejo dio pie a una creciente incidencia y participación de actores no-estatales en el sistema internacional (Serbin, 2013).

Consecuentemente, han surgido una serie de nuevos actores en la dinámica internacional, de carácter no-estatal, algunos de ellos genéricamente agrupados en el ambiguo rubro de “sociedad civil global o transnacional” (Smith y Weist, 2005: 612-622) debido a su creciente interacción y vinculación transnacional, y a su compleja incidencia sobre la política mundial. En el marco de una variedad de nuevos términos acuñados como “multilateralismo complejo” (O’Brien et al., 2000), “estructuras multi-nivel de la gobernanza global” o “minimalismo de redes” (Nye y Donahue, 2000) que señalan el desarrollo y la creciente proyección de estos actores no-estatales, la aparición de nuevos espacios y ámbitos para su desempeño, y la dilución de las diferencias y fronteras entre los niveles domésticos e internacionales de la política, éstos emergieron como factores importantes de la dinámica política glo-
bal y regional contemporánea.

La configuración de una gobernanza global giró en torno a los valores promovidos por Occidente bajo la hegemonía global estadounidense -la creación y consolidación de instituciones y normas internacionales acordes al Derecho Internacional, la promoción de los Derechos Humanos y de la democracia, y la liberalización económica, en el marco de una concepción westfaliana de un sistema internacional basado en la interrelación entre estados, pero con la participación eventual de otros actores (Kissinger, 2017: 13; Serbin, 2013)- y abrió importantes espacios para el involucramiento global y regional de las redes y organizaciones de la sociedad civil.

El concepto de “sociedad civil” -acuñado originariamente para caracterizar a aquella parte de la sociedad que no era parte del estado- es un concepto ambiguo y polisémico, dependiendo de los presupuestos conceptuales con que se maneje. Fundamentalmente se refiere a las asociaciones voluntarias sin fines de lucro que persiguen la defensa o promoción de un bien público en el marco de la dinámica de la tríada estado-mercado-sociedad civil. Al extender este concepto al ámbito internacional, se asoció con la defensa y promoción de bienes públicos globales o regionales, en relación e interlocución con organismos intergubernamentales y corporaciones multinacionales (Serbin, 2013).

Sin abundar en la genealogía ni en una discusión detallada de las diversas utilizaciones de este concepto, podemos señalar que, entre otras muchas interpretaciones que aporta la literatura sobre el tema, Mary Kaldor (2005) ofrece una tipología de cinco significados para la misma: como *societas civilis*, o “zona de civilidad” basada en el imperio de la ley y la existencia de una comunidad política; como sociedad burguesa (*Bürgerlische Gesellschaft*), en la versión de Wilhelm Hegel y Karl Marx, asociada con el advenimiento de una sociedad comercial creada por individuos que constituyeron la condición necesaria para una sociedad civil contrastada con el estado; en la versión activista, que implica la existencia de un es-
tado de derecho y una redistribución del poder en el marco de una
profundización de la democracia y de la ampliación de la partici-
pación y de la autonomía de una ciudadanía activa; en la versión
neoliberal, que remite a la vida asociativa de un “tercer sector”
no-lucrativo que actúa de substituto o complemento a muchas de
las funciones desempeñadas por un estado acotado; y en la versión
postmoderna, que concibe a la sociedad civil como un escenario de
pluralismo y contestación, y una fuente tanto de civilidad como de
incivilidad.

Cada una de estas versiones remite, asimismo, a una visión de
la sociedad civil global más vasta y configura, a la vez, visiones
normativas y descriptivas que, en el contexto de la globalización,
refieren, a su vez, a proyectos políticos diferenciados. Si bien Kal-
dor asume distintos aspectos de las tres últimas versiones para su
análisis de la sociedad civil global, se identifica más con la versión
activista que caracteriza en función de su poder de emancipación
política, de empoderamiento de los individuos y de la ampliación
y profundización de la democracia, concepción que se asocia, asis-
mismo, con la “Sociedad civil regional”.

La perspectiva de una visión plural y diversa de sociedades ci-
viles globales -que se despliegan en el marco de la contestación a
la globalización en sus diferentes aspectos- da lugar a un recono-
cimiento de los elementos distintivos de las culturas políticas que
arrastran e incorporan y al hecho de que, más allá de la interco-
nexión horizontal que se desarrolla en el entramado de la sociedad
civil global a través de la revolución informática, del desarrollo de
las redes sociales y del flujo acelerado de información y de ideas,
existe una gran heterogeneidad y fragmentación que posibilita la
emergencia, a su vez, de Sociedades civiles regionales, vinculadas
con la dinámica general de la sociedad civil global pero que mantie-
nen y detentan características propias asociadas a la importancia
creciente de las regiones como parte de la nueva dinámica global.
Hemos analizado y conceptualizado en otros trabajos el desarrollo
de una Sociedad civil regional en América Latina y el Caribe que
se caracteriza por una configuración de actores y de agendas con
rasgos propios, con el componente adicional de que su empodera-
miento constituye un elemento fundamental en el desarrollo y la
profundización efectiva de los procesos de integración regional en
un marco democrático (Serbin, 2002).

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, más allá de sus
rasgos intrínsecos y distintivos, las sociedades civiles nacionales
en América Latina y Caribe y, especialmente, las distintas expres-
siones de una emergente Sociedad civil regional son de desarrollo
tardío y se encuentran aún en proceso de configuración. A su vez,
las diversas crisis que atraviesan la actual transición del sistema
liberal internacional -que hemos analizado en otro lugar (Serbin,
2018)- se han asociado con la emergencia de regímenes y estructu-
ras autoritarias -"iliberales"-, que han contribuido a la restricción
de los espacios cívicos tanto a nivel nacional como regional y glo-
bal. La actual pandemia del COVID 19, no hace más que acentuar
y exacerbar estas tendencias en el marco de los impactos socioeco-
nómicos que acarrea y de la ausencia de respuestas multilaterales
tanto a nivel global como regional, a la par de la emergencia y con-
solidación de regímenes autoritarios y de mecanismos de control
y monitoreo digital de las actividades ciudadanas.

En prospectiva, la efectiva participación y el empoderamiento
consecuente de la ciudadanía, a nivel regional, dependen del for-
talecimiento, en un marco democrático, de la arquitectura insti-
tucional tanto del estado como de los organismos interguberna-
mentales, y del desarrollo e impulso de las organizaciones de la
sociedad civil, superando sus debilidades y falencias intrínsecas
(Serbin, 2007). En este marco, es evidente, que a mayor institu-
cionalidad democrática, se genera un mayor vigor y desarrollo de
las organizaciones ciudadanas, parteaguas fundamental a la hora
de definir la supervivencia de los diferentes esquemas e iniciativas
de la integración si estas apuntan a representar las demandas e in-
tereses legítimos de sus sociedades. Sin embargo, la reconfigura-
ción del mapa político de la región y la misma debilidad de las redes
y organizaciones ciudadanas a nivel regional -tanto en términos
de estrategias y agendas, de capacidades y de financiamiento para
su desarrollo- muestra la persistencia de regímenes “regionalita-
rios” (Serbin, 2004) de difícil reversión, profundizando la ausen-
cia de la ya significativamente ausente ciudadanía organizada en
los procesos de gobernanza regional (Serbin, 2019).

Como reflexión final, es dable preguntarse si esta ausencia no
se reforzará con el despliegue de regímenes autoritarios e ilibera-
les a nivel global y, eventualmente, a nivel regional, y cómo esta
ausencia impactará en el futuro, tanto la consolidación de la de-
mocracia en América Latina y el Caribe, como los rasgos que ad-
quiera la gobernanza global y regional y el rol que en éstas puedan
desempeñar las redes y organizaciones de la sociedad civil.

Conexiones

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Redes sociales transnacionales alterglobalizadoras

**Conceptos:** Regionalismos latinoamericanos, Sistema latinoame-
ricano, Sociedad civil en el regionalismo latinoamericano

Figuras: Andrés Serbin, Lincoln Bizzozero

Bibliografía

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# Sumak kawsay - Suma qamaña

Fabricio Pereira da Silva

O conceito de *Sumak kawsay* (em quéchua ou quíchua) ou *Suma qamaña* (em aimara) foi traduzido ao espanhol respectivamente como *Buen Vivir* e *Vivir Bien*. *Sumak* pode ser entendido por “harmonia” ou “plenitude”, e *Kawsay* como “viver” ou “conviver”. *Suma qamaña* pode significar “viver em paz”, “conviver bem”, levar uma “vida doce”, “criar a vida do mundo”. Ainda que não explicitamente imaginado para pensar as Relações Internacionais e as questões mundiais, o conceito foi ganhando espaço neste sentido, e apresenta potencialidades neste campo. Seus proponentes procuraram demonstrar suas possibilidades em ao menos três direções: na construção de relações globais menos desiguais, mais cooperativas e horizontalizadas; numa abordagem mais holística das questões ambientais, integrando humanidade e natureza e formulando novos direitos humanos, como à água e a um ambiente são; e em propostas em torno da defesa dos povos indígenas, em contextos de experimentação de formas de estados plurinacionais e de pluralismo jurídico.

Apesar de alguns registros escritos ao longo dos anos '90, sua emergência efetivamente se deu no início dos anos 2000, e sua maior expansão ocorreu a partir da segunda metade daquela década (Altmann, 2019; Vanhulst et al., 2020). Duas ideias estão em sua base: o comunalismo na relação entre as pessoas, com base na
reciprocidade e na igualdade; e uma concepção holística da relação humanidade/natureza, superando a ideia de externalidade do homem em relação ao meio ambiente e agregando elementos de justiça intergeracional. Este corpo de ideias vem assumindo diversos sentidos no Equador e na Bolívia, os lugares de origem deste debate. Mas se expandiu pela América Latina e em certa medida globalmente, por seu potencial crítico à modernidade e em particular ao neoliberalismo. Naqueles dois países, se tornou um elemento central nos governos de Rafael Correa (2007-2017) e de Evo Morales (2006-2019), sendo introduzido nas constituições promulgadas respectivamente em 2008 e em 2009.

O conceito se hibridiza com referências “ocidentais”, seja apelando para narrativas modernistas e socialistas, seja para as pós-modernistas e decoloniais. Este encontro se evidencia quando intelectuais mais atrelados ao ambiente acadêmico se apropriam dele, como Alberto Acosta, Edgardo Lander, Eduardo Gudynas, Maristela Svampa e Boaventura de Sousa Santos. Por outro lado, o conceito parece mais “originário” quando elaborado por intelectuais indianistas, aimaras como Simón Yampara e Javier Medina ou quíchuas como Luis Macas, Pablo Dávalos e Nina Pacari.

Geralmente, seus defensores propõem superar o extrativismo que constitui a base das economias primárias daqueles países, mas não há consenso acerca do que deveria substituí-lo. Alguns autores defendem um “desenvolvimento alternativo”, um novo regime de desenvolvimento. Outros buscam a própria superação da noção de desenvolvimento, um “não-desenvolvimento” ou “pós-desenvolvimento”. Na medida em que estes autores eventualmente propõem um “pós-capitalismo”, outro debate que se impõe é o de sua conexão com diferentes versões de socialismo. Por vezes, se defende uma mescla entre elementos capitalistas em chave neo-
desenvolvimentista com outros comunalistas<fnref n="14" />. Em abordagens mais indianistas, se enfatiza sua impossibilidade de conviver com o capitalismo, mas também com o socialismo (enquanto paradigma gestado pela modernidade), e se procura destacar seu potencial descolonizador (Pereira da Silva, 2019).

Morales e seu chanceler David Choquehuanca chegaram a assumir algum destaque na arena internacional, propondo o conhecimento de direitos dos povos indígenas, uma relação mais harmônica entre humanidade e natureza, e chegando a sugerir uma “Diplomacia do Viver Bem”. Diversas organizações indígenas andinas também contribuíram para o avanço destas questões, mediante seus esforços de paradiplomacia, recorrendo às noções de *Sumak kawsay* e *Suma qamaña*. Neste contexto, desde 2008 o governo boliviano defendeu internacionalmente os “Dez Mandamentos para salvar o planeta, a humanidade e a vida”. Para Choquehuanca, estes eram

baseados no Viver Bem, na vivência de nossos povos, em nossa visão sobre a Mãe Terra. Os Dez Mandamentos são primeiro: terminar, acabar com, erradicar o sistema capitalista. Segundo: renunciar à guerra. Terceiro: um mundo sem imperialismo nem colonialismo. Quarto: a água é de todos os seres viventes. Quinto: desenvolvimento de energias limpas e amigáveis com a natureza. Sexto: respeito à Mãe Terra. Sétimo: serviços básicos como direito humano. Oitavo: consumir o necessário, priorizar o que produzimos e consumimos localmente. Nono: promover a diversidade de

<footnote n="14">14 Como na proposição do ex-vice presidente boliviano Álvaro García Linera da necessidade de um “capitalismo andino-amazônico” (2011) como etapa prévia a um “socialismo comunitário”. Esta segunda noção ganhou primazia em trabalhos mais recentes do autor (2016), quando ele procurou propor um novo tipo de socialismo para o século XXI.</footnote>
culturas e economias. Décimo: o Viver Bem (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010: 16).

Com tudo isso, se avançou na circulação internacional do conceito. Uma compilação de intervenções internacionais e documentos sobre o tema elaborados pela Chancelaria boliviana pode ser encontrada no livro *Vivir Bien: mensajes y documentos sobre el Vivir Bien 1995-2010*, editado pelo Ministério das Relações Exteriores. Estas iniciativas contribuíram para a aprovação na Assembléia Geral das Nações Unidas da “Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas” (2007), e para a realização da Conferência Mundial dos Povos sobre a Mudança Climática e os Direitos da Mãe Terra (Cochabamba, 19 a 22 de abril de 2010). Segundo Morales, o

interesse individualista, egoísta, arremete não somente contra os povos, mas também contra o meio ambiente e o Planeta Terra. A forma de Viver Bem, em igualdade e justiça, em solidariedade e reciprocidade, em comunidade e coletividade, é a base para a defesa do meio ambiente, da natureza, da própria vida e de toda a humanidade. Estamos falando aqui de salvar a humanidade dos perigos que lhe inflige uma minoria individualista e sumamente agressiva, racista e belicista (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010: 9-10).

A chamada “Iniciativa Yasuní-ITT”, proposta lançada globalmente em 2007 pelo governo de Correa a partir da mobilização de movimentos ecologistas e indígenas, também pode ser associada à projeção internacional do conceito. A ideia era manter intocado o Parque Nacional Yasuní, reserva amazônica de biosfera e território de diversos grupos indígenas nômades, deixando de explorar suas potencialidades petrolíferas. Em troca, se esperava obter da comunidade internacional a metade do valor que o governo equa-
toriano estimava poder aferir da exploração daqueles recursos. No entanto, os resultados preliminares foram muito abaixo do esperado segundo o governo, o levando a justificar com isso a suspensão da iniciativa em 2013 e o início de sua exploração petrolífera em 2016.

Esse caso ilustra as dificuldades de transposição de um conceito com elementos originários, comunitários e holísticos para a arena internacional. Um corpo de ideias de forte potencial crítico e descolonizador é contraditório às logicas desiguais e opressivas que hegemonizam as relações internacionais. No entanto, se deve seguir apostando na relevância do *Sumak kawsay-Suma qamaña* para os temas internacionais, em ao menos três direções. Primeiro, como insumo produzido desde o Sul Global, ele pode contribuir para a redução de assimetrias e uma relação mais solidária entre os povos. Segundo, como implica numa relação holística entre humanidade e natureza, pode inspirar abordagens alternativas e criativas nos debates ambientais. Terceiro, em associação com o conceito correlato de plurinacionalidade, pode informar novas concepções de estados não baseados na premissa “uma nação, um estado e um território”, mas na pluralidade de identidades e formas organizativas no interior de um mesmo corpo político -contribuindo adicionalmente para imaginar novas formas de integração regional-.

## Conexões

**Teorias e Abordagens teóricas:** Enfoque decolonial de estudios internacionales

**Conceitos:** Colonialidad del poder, Cooperação Sul-Sul, Ecodesarrrollo, Estado Plurinacional, Regionalismos latinoamericanos

**Figuras:** Álvaro García Linera, René Zavaleta Mercado, Simón Yampara Huarachi
Bibliografía

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Vanhulst, J. et al. (2020). Los discursos políticos latinoamericanos sobre el buen vivir (1992-2017). *Ayer*, 119.
# Sur (Global)

Élodie Brun

La expresión “Sur Global” se ha convertido en un lugar común en el estudio de las relaciones internacionales, moda de la cual no escapa la academia latinoamericana -definida por autores que trabajan en la región o son originarios de ella-. La ausencia de definición del término en muchos de los trabajos que lo mencionan es problemática, dado que no existe consenso sobre lo que es o debería ser el Sur (Global). “Sur” *tout court* suele referirse a la expresión forjada por la Comisión Brandt en 1980 (Comisión Independiente sobre Problemas Internacionales del Desarrollo), en su famoso informe *Norte-Sur: un programa para la supervivencia* para describir el carácter estructural de las desigualdades entre los estados. Fue también un llamado para descentrar la mirada de la lógica de la Guerra Fría. La expresión corta sigue siendo privilegiada en estudios estado-céntricos (Brun, 2022; Ojeda Medina, 2016).

En el mainstream -entiéndase como un conjunto de investigadores que trabajan desde universidades bien clasificadas a nivel global, que utilizan el inglés como principal herramienta de trabajo-, la expresión Sur Global es reivindicada por autores críticos y poscoloniales, aunque su uso se ha expandido mucho más allá de estas perspectivas en detrimento de cierta claridad conceptual (Haug, Braveboy-Wagner y Maihold, 2021). En América Latina, encontramos más reflexiones sobre la definición de la cooperación
Sur-Sur que sobre el Sur (Global). Sin embargo, pese a que se menciona de manera creciente en español y portugués, se puede observar cierta ausencia de coherencia, lo que ha generado una serie de esfuerzos situados que comienzan a delinear cómo se entiende el Sur (Global).

Como punto de partida resaltan cuatro consensos que caracterizan esta literatura. Primero, el Sur (Global) no se refiere a una entidad geográfica, sino a “un imaginario social” (Pereyra Doval, 2010). Segundo, es indispensable pensarlo desde su heterogeneidad constitutiva; de ahí, por ejemplo, la crítica al uso del adjetivo “global”, engañoso por su carácter homogeneizador, en el libro de Tahina Ojeda Medina (2016). Otros investigadores llaman a cambiar de expresión por “Sur geopolítico” para tener una lectura más situada y que valora la agencia de los actores que lo componen (Milani y Kraychete, 2022). Tercero, el hecho de reflexionar sobre este concepto se asocia con la visibilización de ciertos saberes y discursos, en particular de actores que padecen las asimetrías del orden internacional operante, “occidental capitalista” según Javier Surasky (2016). Estas asimetrías son múltiples (económicas, políticas, culturales, etc.) y se suelen traslapar. Finalmente, estudiar el Sur Global requiere abrazar la transdisciplinariedad para poder entender todas sus complejidades (Levander y Mignolo, 2012).

A diferencia de las disputas que se observan entre variados acercamientos epistemológicos y ontológicos en el mainstream, en América Latina, las y los autores que estudian el concepto de Sur Global presentan posturas más conciliadoras. Subrayan el carácter ontológico plural del Sur Global, es decir, su composición por parte de actores gubernamentales y societales, provenientes del Sur y del Norte Global. El adjetivo “global” se refiere aquí a las consecuencias de la globalización y al aumento de las conexiones transplanetarias (Lechini, 2012). Al mismo tiempo, reconocen que el estado es el principal actor, incluso desde la perspectiva del
Sur Global. Esta preponderancia se considera a veces problemática (Brun, 2018; Ferabolli, 2021), dado que ata la suerte de este Sur Global a la voluntad de los gobernantes, que suelen cambiar con frecuencia y se pelean por la política a desarrollar bajo esta etiqueta de Sur (Global). De manera esperada, esta postura es compartida por autores que adoptan la perspectiva decolonial, en resonancia con el llamado a la lucha anti-hegemónica presente en sus trabajos (Surasky, 2016). También existe una propuesta para pensar el Sur Global de manera relacional, no a partir de lugares o actores, ni de las dialécticas asimétricas con las contrapartes del Norte Global, sino de los intercambios que lo componen, es decir, las relaciones Sur-Sur (Ferabolli, 2021). La ontología relacional también permite realzar la importancia de la acción colectiva de estos actores, en particular en los foros multilaterales que sirven como palanca política.

Si nos concentramos en los actores estatales, el concepto de Sur puede ser suficiente. De todas formas, este debe comprenderse de manera multidimensional. Hay dos elementos que suelen mencionarse como característicos fundamentales de un estado del Sur: primero, la experiencia colonial (Ferabolli, 2021; Lechini, 2012; Ojeda Medina, 2016), que podría ampliarse para incluir toda experiencia de dominación política (Brun, 2022), diferencia estos actores en comparación con otros que componen el sistema internacional.

Segundo, destaca el componente socio-económico, cuya definición es muy variada. Las y los autores se refieren a países en desarrollo o de la periferia (Ferabolli, 2021; Fernández y Moretti, 2020; Lechini, 2012; Santander Campos, 2016) o víctimas del capitalismo (Ojeda Medina, 2016; Surasky, 2016). Esta dimensión funciona en oposición a un Norte desarrollado, en la línea de la brecha Norte-Sur propuesta por la Comisión Brandt. Lo que define esta brecha varía en el tiempo, en función de las evoluciones de la economía mundial. Recientemente, la ausencia latinoamericana-
na de la Cuarta Revolución Industrial ha constituido una ilustración del rezago de la región.

Además, las y los autores latinoamericanos, o que escriben desde América Latina, insisten en la necesidad de dar agencia a actores del Sur a partir de esta otredad compartida (Lechini, 2012). Si el Sur (Global) existe en sí mismo, y no solo como el espejo de un Norte inalcanzable, es necesario que se refleje en su definición. Varias propuestas buscan responder este desafío. Muchos, como Citlali Ayala Martínez y Miguel Molina Alcántara (2014) y Roberto Goulart Menezes y Marina Bolfarine Caixeta (2020), rescatan la dimensión política e ideológica de pertenecer al Sur, mientras que Javier Surasky (2016) llama a recuperar lo ocultado por la modernidad y Guillermo Santander Campos (2016) remite a procesos de identificación positiva, en el sentido de que revela la necesidad de los demás para resolver desafíos propios. Más recientemente, Silvia Ferabolli (2021) invita a trascender nuestros lentes ontológicos e ir hacia una aproximación relacional del Sur (Global) y Élodie Brun (2022) propone considerar como tercera dimensión de pertenecer al Sur la autodesignación que los actores hacen de sí mismos. Los actores estatales pueden apropiarse de esta etiqueta o rechazarla. En este sentido, el Sur puede constituir una herramienta política para estados no-dominantes en el orden internacional. Varias de estas propuestas recuerdan la importancia de los factores cognitivos en la potencia política del Sur (Global).

Estos factores se encuentran en el corazón de las perspectivas críticas sobre el Sur Global. Desde América Latina, la perspectiva decolonial domina entre ellas. Menos centrados en la territorialidad, sus representantes insisten más bien en las lógicas materiales e ideacionales de dominación que operan en el mundo, marcado por el neocolonialismo y el capitalismo neoliberal e incentivan formas de resistencia desde la academia (Jaramillo Marín y Vera Lugo, 2013; Surasky, 2016). Es por eso que muchos de estos autores se dedican al estudio de la construcción del conocimiento, sus
sesgos, y la necesidad de desarrollar saberes propios desde el Sur Global, en coincidencia con las reivindicaciones de Boaventura dos Santos (2009). En este sentido, Enrique Dussel (2014) llama al diálogo entre “filosofías del Sur”. Marcos de Jesus Oliveira (2018) califica de sur-realismo (sul-realismo en portugués) el rebasar las imposiciones epistemológicas del pensamiento moderno. Estos autores asumen una posición política denunciadora con el objetivo de provocar cambios al estatus quo. Para ello, es necesario valozarizar el Sur Global y destruir la construcción de este como otro marginalizado, tal y como se impone desde los centros políticos y académicos dominantes (García, 2011; Miranda Delgado, 2019). Por lo tanto, el Sur Global, entendido como un proyecto político de transformación radical desterritorializado, también se extiende a geografías del Norte Global (presencia del Sur Global en el Norte Global y viceversa) (Jaramillo Marín y Vera Lugo, 2013; Rivera de la Rosa, 2014). Lo importante no es definir quién es el Sur Global, sino entender para qué sirve como concepto de emancipación, incluyendo de pensamiento, contra imposiciones mundiales (Levander y Mignolo, 2012). La mayoría reconoce la magnitud de las tareas pendientes para lograr este proyecto de cambio, comenzando por el ámbito del conocimiento (Devés et al., 2022).

Estas posturas críticas conllevan lógicas de exclusión, en el sentido de que sólo consideran como actores del Sur Global a los que se vinculan con el proyecto de transformación radical (Dussel, 2014; Rivera de la Rosa, 2014; Surasky, 2016). Ahí emergen desacuerdos con otros autores, para quienes actores del Sur Global también defienden elementos fundamentales del sistema global, como el capitalismo (Brun, 2022; Ferabolli, 2021). Otra reacción proviene de académicos que señalan que la visión desterritorializada del Sur Global lleva a ocultar las asimetrías entre los estados que, sin embargo, son constitutivas del funcionamiento del mundo para todos sus componentes (Milani y Kraychete, 2022).

Al fin y al cabo, el Sur (Global), cuando se estudia desde una
perspectiva latinoamericana, representa otra manera de dirigir la mirada sobre actores en situación de desventaja en un mundo estructuralmente desigual y asimétrico, sin descuidar su capacidad de agencia.

## Conexiones

**Teorías y Enfoques teóricos:** Dependencia, Enfoque decolonial de estudios internacionales, Estructuralismo latinoamericano

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales

**Conceptos:** Centro-Periferia, Cooperação Sul-Sul, Globalización/ Mundialización, Integracionismo, Pensamiento periférico, Tercermundismo latinoamericano

**Figuras:** Enrique Domingo Dussel Ambrosini, Walter Mignolo

## Bibliografía

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# Tercermundismo Latinoamericano

Germán Alburquerque

La constatación de una realidad histórica -la existencia de un vasto conjunto de pueblos no desarrollados, que ocupaban además un espacio común en el mapamundi- dio origen a la expresión “Tercer Mundo”. Con el tiempo, esos mismos pueblos cosificados (convertidos en objeto) se asumieron como un sujeto, dando a luz al “Tercermundismo”.

El concepto de Tercer Mundo nació en Europa en los años '50 y poco después llegó a América Latina (de 1956 data la primera mención en el continente, según nuestros estudios). Precisar la aparición del Tercermundismo latinoamericano resulta complejo. Incluso hemos llamado proto-Tercermundismo a las elaboraciones afines a la tendencia que no usaron explícitamente la expresión “Tercer Mundo” (Alburquerque, 2013a). Martín Bergel (2019) ha ido más allá localizando las raíces del Tercermundismo en las primeras décadas del siglo XX. Con más seguridad planteamos que entre fines de los '50 e inicios de los '60 se visualizan sus prime-ras manifestaciones. Con el correr de esta última década el Ter-cermundismo se expandió encarnando en las Ciencias Sociales, la Política, la Política Internacional, la Religión, el Arte y la Filoso-fía. Es la edad de oro, aquella donde se forjaron las propuestas más originales y atrevidas. En los setenta el Tercermundismo perdió vuelo político e ideológico, afincándose en el territorio técnico de
las Ciencias Sociales.

En este texto tratamos el Tercermundismo como sensibilidad, explorando las diversas expresiones en que derivó: ideología, política, paradigma científico. Esta sensibilidad estuvo determinada por la noción de que América Latina era parte del Tercer Mundo y compartía su identidad y su lucha. La coyuntura histórica hizo otro tanto. Era la época de la revolución, a nivel continental, y de la lucha anticolonial por la liberación, a nivel mundial. Todo acompañado de una revolución en los medios de comunicación y de transporte, que acercó a los pueblos de la periferia otrora tan lejanos. Fue en este ambiente que la intelectualidad latinoamericana teorizó sobre el Tercer Mundo y fundó el Tercermundismo autóctono.

En tanto ideología, el Tercermundismo latinoamericano se articuló en torno a los siguientes postulados: 1) el Tercer Mundo designa una unidad real, la de los pueblos desfavorecidos de África, América Latina, Asia y Oceanía (Devés, 2012); 2) entre estos pueblos debe existir una solidaridad estrecha que les permita adquirir cuotas cada vez mayores de poder; 3) lo que define el parentesco de estos países es el subdesarrollo económico y el origen colonial de su debilidad; 4) aunque formalmente independientes (o en proceso de independización), los pueblos del Tercer Mundo padecen la acción del neocolonialismo; 5) solo la lucha concertada puede proporcionar logros: la liberación integral de cada nación debe ser acompañada por la de sus pares; 6) se necesita una transformación estructural y revolucionaria que corte de raíz los perniciosos vínculos con el imperialismo; 7) los pueblos del Tercer Mundo son sujetos de su historia, en sus manos radica la construcción del futuro.

Las formulaciones ideológicas del Tercermundismo latinoamericano se fueron articulando en espacios nacionales y al fragor de polémicas locales, como sucedió en Argentina y en Uruguay. En el primer país, se enfrentaron un grupo de tercermundistas peronis-
tas y el “anti-tercermundista” y marxista Juan José Sebreli. Este
rechazaba el Tercer Mundo en tanto “mito burgués”, pues disolvía
la lucha de clases en la lucha nacional por la liberación antiimpe-
rialista (Sebreli, 1975). La revolución anticolonial que proponían
los tercermundistas, según Sebreli, integraba a la burguesía en la
lid revolucionaria; en cambio, seguía vigente la lucha de clases, la
única lucha posible, donde la unidad de las clases proletarias del
mundo era decisiva. Por su parte, Amelia Podetti y Norberto
Wilner (1969), quienes abrazaron el Tercermundismo desde el
peronismo y el “socialismo nacional”, postulaban la indivisibili-
dad de la lucha política y social. No se podía encarar la realidad de
los pueblos del Tercer Mundo solo desde el punto de vista social,
pues de por medio había una batalla política urgente que dar, aque-
lla contra el poder imperial.

En Uruguay la polémica se suscitó en torno a la Tercera Po-
sición. Esta, representada sobre todo por el grupo de la revista
*Marcha*, fue concebida como una vía alternativa a la polarización
propia de la Guerra Fría. En ese cuadro, el Tercermundismo aso-
maba accesorio. Carlos Real de Azúa (1996) no estaba de acuerdo,
y proponía que la Tercera Posición no era solo una posición en Po-
lítica Internacional, sino que debía convertirse en la ideología del
Tercer Mundo, en el “relato” que los pueblos en lucha requerían
para unirse y organizarse.

Si bien concebimos al Tercermundismo como una ideología
“blanda”, en parte porque nunca se formalizó o se organizó un
grupo de adherentes, sí tuvo manifestaciones políticas directas e
indirectas. De las primeras es ejemplo el intento del brasileño Cel-
so Brant (1987) por competir por la presidencia de Brasil a nombre
de un partido que buscaba movilizar las masas sociales del Tercer
Mundo. La expresión indirecta más importante, ya en el plano
de la política internacional, fue el No Alineamiento. Entre 1971 y
1983 se asistió a una masiva incorporación de países latinoameri-
canos al Movimiento de Países No Alineados. Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Perú se matricularon como miembros plenos de una organización que, nacida en 1961, respondía a la coyuntura de la Guerra Fría y al deseo de muchos países por mantenerse al margen de ese conflicto. En otros trabajos hemos postulado que tal incorporación marcó un giro en la política exterior del continente, giro que reflejó la irrupción de un nuevo paradigma internacional, el paradigma tercermundista, asumiendo que la propagación e influencia del Tercermundismo contagió -a lo menos- a las élites políticas que decidieron adherir al Movimiento, creando también el clima adecuado para esa adherición. Sin el Tercermundismo, integrarse a los No Alineados hubiera sido más difícil, más extraño, menos justificable.

El Tercermundismo, entendido como paradigma científico, encontró una enunciación de gran fuerza en el área de las Ciencias Sociales, y gracias a exponentes como el colombiano Orlando Fals Borda (1973; Albuquerque 2013b) y el argentino Pedro Negre Rígol (1975), elevó al estatus de ciencia del futuro a la que se emprendía en los países del Tercer Mundo. Esto significaba dar origen a una ciencia social nueva y propia, acorde a los problemas, desafíos y necesidades de los pueblos subdesarrollados, que, por lo mismo, había de superar a aquella practicada en el Primer Mundo, pero que también se convertiría en un modelo para esta.

El Tercermundismo coadyuvó a la elaboración de nuevas corrientes que recogían su forma de ver el orbe. Se puede conjeturar, por ejemplo, que la Teoría de la Dependencia algo le debe al Tercermundismo. Los dependentistas pensaron en un mundo dividido, cuestionaron el desarrollo y el subdesarrollo, ofrecieron diagnósticos y recetas universales, pero hablaron muy poco del Tercer Mundo. Cuando requerían ejemplos, por lo general acudían a América Latina. En consecuencia, no se puede establecer una relación directa entre ambos, pero sí sugerir que el Dependentismo brotó en un campo abonado por la sensibilidad tercermundista.

Así, el Tercermundismo, si bien decae hasta casi desaparecer,
logra proyectarse en otras teorías que heredan su preocupación por los pueblos periféricos. Aparte del Dependentismo, es también el caso del Pensamiento decolonial.

En síntesis, sostenemos que el Tercermundismo fue, en general, una sensibilidad, un particular clima compuesto por intereses, emociones, gustos, opiniones e ideas favorables al Tercer Mundo en sentido amplio. A partir de ese clima se derivó, primero, una ideología, un conjunto (disperso) de ideas que concebía al Tercer Mundo como un sujeto que, agrupando e identificando a los pueblos asiáticos, africanos y latinoamericanos, escribiría una historia propia de emancipación integral. En segundo lugar, el Tercermundismo germinó en expresiones políticas, dentro de las cuales la más trascendente fue el No Alineamiento, una opción de política exterior autonomista que preconizaba la unidad de los pueblos periféricos y que fue abrazada por un vasto sector del continente. Y en último término, el Tercermundismo se condensó como paradigma científico, vale decir, como un particular modo de conocer la realidad que se fundaba en la convicción de que los científicos sociales del Tercer Mundo, a partir de su trabajo en terreno, elaboraban una ciencia social única y original.

## Conexiones

**Teorías y Enfoques teóricos:** Dependencia, Enfoque decolonial de estudios internacionales, Realismo periférico, Teorias da Construção da Potência

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Escuela Brasil Gran Potencia

**Conceptos:** Autonomía, Autonomía relacional, Centro-Periferia, Cooperação Sul-Sul, Pensamiento latinoamericano en cuestiones internacionales y mundiales, Sur (global)

**Doctrinas:** Doctrina de la Tercera Posición

**Figuras:** Cândido Mendes de Almeida, Celso Furtado, Edgardo
Mercado-Jarrín, Enrique Iglesias García, Frantz Fanon, Helio Jaguaribe, Juan Gabriel Tokatlian, Raúl Prebisch, Roberto Russell

## Bibliografía

Alburquerque, G. (2013a) *Tercermundismo en el Cono Sur de América Latina: ideología y sensibilidad*. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, 1956--1990. *Tempo e Argumento*, 6 (13) 140--173.

Alburquerque, G. (2013b) *El tercermundismo como paradigma científico en América Latina: el pensamiento de Orlando Fals Borda*. *Universum*, 28 (2) 209-237.

Bergel, M. (2019) *Futuro, pasado, y ocaso del “Tercer Mundo”*. En A. Kozel et al. (Eds.) *El futuro: miradas desde las Humanidades*, Buenos Aires: UNSAM Edita, 108-125.

Brant, C. (1987) *Terceiro mundo, terceiro caminho, terceiro milênio*. Río de Janeiro: Editora da Mobilização Nacional.

Devés, E. (2012) *Pensamiento periférico Asia – África – América Latina – Eurasia y algo más. Una tesis interpretativa global*. Santiago: IDEA--USACH (edición digital).

Fals Borda, O. (1973) *Ciencia propia y colonialismo intelectual*. Méxicó: Nuestro Tiempo.

Mendes, C. (1963) *Nacionalismo e desenvolvimento*. Río de Janeiro: Instituto Brasileiro de Estudos Afro-Asiáticos.

Negre Rigol, P. (1975) *Sociología del Tercer Mundo. Una introducción a sus problemas sociológicos*. Buenos Aires: Paidós.

Podetti, A. (1969) *Racionalidad, irracionalidad y Tercer Mundo*. En N. Wilner (Ed.) *Ser social y Tercer Mundo: elementos para una lógica de lo nacional*, Buenos Aires: Galerna.

Real de Azúa, C. (1996) *Tercera posición, nacionalismo revolucionario y tercer mundo: una teoría de sus supuestos* [tres volúmenes].
Montevideo: Cámara de Representantes.

Rivano, J. (1969) *Cultura de la servidumbre: (mitología de importación)*. Santiago: Eds. Hombre Nuevo.

Sebreli, J. J. (1975) *Tercer Mundo, mito burgués*. Buenos Aires: Siglo Veinte.

Wilner, N. (Ed.) (1969) *Ser social y Tercer Mundo: elementos para una lógica de lo nacional*. Buenos Aires: Galerna.
# “Viento del sudoeste” o una tesis latinoamericana sobre la Guerra Fría

Carlos Federico Domínguez Avila

Un concepto puede ser entendido como una construcción lógica, establecida de acuerdo con un sistema de referencia y siendo parte de este. Quiere decir, una abstracción formada mediante la generalización de observaciones particulares. En ese sentido, el asé llamado “Viento del sudoeste” es una construcción lógica que procura aproximarse al macrofenómeno de la Guerra Fría o conflicto Este-Oeste -entendido como marco comprensivo- desde una perspectiva fundamentada en evidencia documental y en la investigación de la inserción internacional latinoamericana y caribeña en esa época (Domínguez Avila, 2005).

La Historia de las relaciones internacionales durante la segun-
da mitad del siglo XX presenta como uno de los acontecimientos
centrales aquello a lo que convencionalmente terminó llamándo-
se “Guerra Fría”. La noción de Guerra Fría no alude solamente a
la competencia, la confrontación y la tensión entre las superpo-
tencias y sistemas sociales antagónicos de la época, como normal-
mente se sostiene. Efectivamente, más allá del choque directo e
indirecto de proyectos, ideologías y ambiciones geopolíticas de
estadounidenses y de soviéticos, la historia de la Guerra Fría tam-
bién se expresó a través de: 1) conflictos al interior de las diferen-
tes sociedades -incluso al interior de las sociedades latinoamericanas-, 2) divergencias entre las superpotencias y otras potencias "aliadas" en sus respectivas áreas de influencia -esto es, conflictos Oeste-Oeste y Este-Este-, y 3) contradicciones entre las superpotencias y las naciones en desarrollo, incluyendo el caso específico de América Latina, que es el que más interesa para los fines del presente estudio (Lowenthal y Treverton, 1996).

Al mismo tiempo, tanto en términos teóricos como metodológicos, muchos investigadores del fenómeno de la Guerra Fría en América Latina continúan encontrando ciertas dificultades para aproximarse a este problema-objeto de manera consistente y coherente. Obsérvese, por ejemplo, que los investigadores latinoamericanos especializados en la historia de la Guerra Fría muchas veces se enfrentan al dilema y a la disyuntiva de tener que trabajar con base en teorías, doctrinas o tradiciones de política externa importadas desde los centros hegemónicos. El acceso a las fuentes primarias -incluyendo a los archivos públicos- también es otro desafío importante en el momento de producir conocimiento científico.

Parafraseando la famosa metáfora de Mao Zedong, de 1957, sobre la existencia y la relación dialéctica entre “dos vientos”, uno del Oeste y otro del Este, aquí proponemos avanzar en la teorización de un concepto latinoamericano sobre la Guerra Fría. En efecto, la noción del “Viento del sudoeste” propone avanzar en la construcción de una tesis latinoamericana sobre la Guerra Fría. Quiere decir, una aproximación teórico-metodológica más rigurosa, pertinente e históricamente verificable para la investigación de la Guerra Fría en y desde el continente latinoamericano.

Esquemáticamente, una tesis latinoamericana sobre la Guerra Fría presupone la existencia tanto de un campo de tensión epistémica -integrado por tres semicírculos concéntricos-, como de un regular número de tradiciones, doctrinas o tipos ideales de política e inserción internacional (Rouquié, 1997; Moniz Bandeira, 1997;
Ayerbe, 2001; Cervo, 2001); siendo que algunas de esas tradiciones, doctrinas o tipos ideales de política e inserción internacional, por cumplir ciertos requisitos y atender algunas cualidades necesarias -entre otras: el haber sido formuladas e implementadas por gobiernos de orientación democrática, bien como el haber impulsado opciones progresistas, solidarias, nacionalistas y antiintervencionistas-, terminan dando lugar a lo que hemos denominado como el núcleo duro e irreductible del Viento del sudoeste o de la tesis latinoamericana sobre la Guerra Fría.

Ese núcleo duro e irreductible de política e inserción internacional también se erige en patrón de mensurabilidad o estándar mínimo de comparación. Salvo mejor interpretación, el núcleo de una tesis latinoamericana de la Guerra Fría se integra por la convergencia, por la armonización y por las afinidades electivas que pueden ser abstraídas de los siguientes tipos ideales de política e inserción internacional: la tercera vía peronista, el anti-intervencionismo mexicano, la política externa independiente brasileña del período Quadros-Goulart, la Doctrina Betancourt, y la tesis de Contadora sobre el conflicto centroamericano (Cardoso y Faletto, 2010). He aquí un constructo analítico que se erige en el corazón de una tesis latinoamericana sobre la Guerra Fría. Y es por ese mismo motivo que el referido núcleo duro e irreductible puede -o debe- localizarse en el centro del primer semicírculo concéntrico del campo de tensión epistémica mencionado.

Además del núcleo duro e irreductible de una tesis latinoamericana de la Guerra Fría, en ese mismo primer semicírculo del campo de tensión epistémica, podemos identificar y ubicar a otras tradiciones, doctrinas o tipos ideales de política e inserción internacional altamente valiosas y prestigiadas. He aquí el caso de políticas externas tales como: el figuerismo liberal-democrático costarricense, la Operación Panamericana del gobierno de Juscelino Kubitschek, el pluralismo político allendista y el regionalismo cepalino. Todas ellas presentan importantes contribuciones para
el estudio de la Guerra Fría en el continente.

En el segundo semicírculo del campo de tensión epistémica pueden ser localizadas otras tradiciones, doctrinas o tipos ideales de política e inserción internacional que también son importantes para la investigación del impacto de la lógica de la Guerra Fría en América Latina, pero que, en nuestra opinión, no consiguen atender los requisitos citados. En general, este segundo conjunto de doctrinas políticas fue formulado e implementado por gobiernos y por otros actores de orientación autoritaria. Entre estas políticas, podemos mencionar a la Doctrina de Seguridad Nacional, la tesis del foco revolucionario, la teoría del dominó, o el “pragmatismo responsable”.

Y en el tercer semicírculo del campo de tensión epistémica habría que identificar a las políticas externas propugnadas por grandes potencias con vínculos e intereses en el continente latinoamericano durante la época de la Guerra Fría, especialmente la teoría estadounidense de la contención del comunismo, la teoría leninista del imperialismo, la teoría maoísta de los tres mundos, el gaullismo, y/o el No-Alineamiento.

El esquema analítico aquí presentado debe ser entendido, vale subrayar, en el marco de un campo de tensión epistémica en el sentido kuhniano del término, quiere decir, en un contexto de dialéctica interacción entre los tipos ideales de política e inserción internacional citados. Ello implica, entre otras cosas, que el Viento del sudoeste o una tesis latinoamericana de la Guerra Fría goza de un carácter dinámico, evolutivo e incluso paradigmático. Igualmente, este modelo acepta que nuevos tipos ideales de política e inserción internacional puedan ser incorporados, desagregados y/o redefinidos -incluso en lo tocante al propio núcleo duro e irreductible, siempre y cuando tales tipos ideales adscriban al *ethos* y a los requisitos colocados-. Y quizás lo más importante, todo lo aquí expuesto deberá continuar siendo sometido al rigor y a la convalidación de la investigación historiográfica, bien como a las contribuciones de
disciplinas afines.

En una época en la que se advierte sobre la posible reactivación de una lógica de Guerra Fría entre Estados Unidos, China y Rusia -con algunas implicaciones en el continente latinoamericano-, queremos creer que el relanzamiento de este debate a partir de un más elevado nivel de comprensión es importante, relevante y significativo. En última instancia, parece evidente que se trata de producir conocimiento teórico-metodológico que contribuya efectivamente en la construcción de repúblicas con alta y creciente calidad democrática en el continente latinoamericano y, simultáneamente, resistir a las presiones y a los designios hegemónistas de grandes potencias con vínculos e intereses en nuestra macro-región.

## Conexiones

**Teorías y Enfoques teóricos:** Estructuralismo latinoamericano

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Autonomía y Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales, Escuela de Brasilia, Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales, Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales

**Conceptos:** Autonomía, Centro-Periferia, Cooperação Sul-Sul, Nacionalismo-Coloniaje, Pensamiento latinoamericano en cuestiones internacionales y mundiales, Tercermundismo latinoamericano

**Doctrinas:** Doctrina Betancourt, Doctrina de la Tercera Posición

**Figuras:** Amado Luiz Cervo, Helio Jaguaribe, Luis Alberto Moniz Bandeira, Raúl Prebisch
Bibliografía

Ayerbe, L. (2001) *Estados Unidos e América Latina. A construção da hegemonia*. São Paulo: Editora UNESP.

Cardoso, F. H., y Faletto, E. (2010) *Dependência e Desenvolvimento na América Latina*. (novena edición). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Cervo, A. (2001) *Relações Internacionais da América Latina*. Brasília: Ibri y Fundação Alexandre de Gusmão.

Domínguez, C. (2005) El viento del sudoeste: prolegómenos de una tesis latinoamericana sobre la Guerra Fría. *Universitas Relações Internacionais*, 3 (1) 97-122.

Lowenthal, A. y Treverton, G. (1996) *América Latina en un mundo nuevo*. México: FCE.

Moniz Bandeira, L. (1998) *De Martí a Fidel*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Rouquié, A. (1997) *América Latina/ Introducción al Extremo Occidente* [cuarta edición] México: Siglo XXI Editores.
# PARTE IV: DOCTRINAS
# Doctrina de las 200 millas marítimas

Iván Witker Barra

En América Latina ha habido especial interés, desde los años '40 del siglo XX en adelante, por someter las aguas oceánicas circundantes a materia de regulaciones, en función de proteger sus recursos naturales, fuente de desarrollo económico para muchos estados. A fines de aquella década, numerosos gobiernos latinoamericanos emitieron decretos relativos a tal interés. Sin embargo, el único documento que hace una indicación precisa respecto a las millas necesarias a ser reguladas es la Declaración del presidente chileno, Gabriel González Videla (1946-1952). Las declaraciones de los Presidentes de Perú y varios países centroamericanos son posteriores. Del mismo modo, los países del Caribe, África y árabes adhieren a esta idea ya avanzados los años '70.

Por esta razón, se considera que los dos pilares fundamentales en la discusión que desembocó en la “Doctrina de las 200 millas” son, por un lado, la citada proclamación chilena del 23 de junio de 1947, reivindicando la soberanía estatal sobre el zócalo continental y mares adyacentes hasta 200 millas, y, por otro, la Declaración de Santiago de 1952 firmada por tres países, Chile, Perú y Ecuador (más la presencia de Colombia como observador).

La Declaración de Gabriel González Videla se basaba en el consenso internacional de la época, que reconocía a cada país el derecho de considerar como territorio nacional toda la extensión del
mar epicontinental y el zócalo continental adyacentes, y también en que los estados tenían la obligación de proteger y vigilar la explotación de sus riquezas contenidas en toda la extensión de su territorio. El Presidente chileno partía de las declaraciones realizadas por los gobiernos de Estados Unidos (1945), México (1945) y Argentina (1946) que habían proclamado la soberanía y los derechos de dichos estados sobre la planicie continental o zócalo a fin de conservar, proteger y reglamentar la propiedad de las riquezas naturales conocidas o que en el futuro se descubrieran, indispensables para el bienestar y progreso de sus pueblos.

Según la Declaración, para Chile era conveniente hacer una "proclamación análoga" a causa de que la vida del país queda vinculada al mar y a sus riquezas, tal es el caso de las minas de carbón, cuyos "trabajos se adentran y seguirán adentrándose en el territorio que queda cubierto por las aguas", pero también a su topografía y escasa extensión mediterránea.

Por su parte, y sobre la base de fundamentos análogos, los estados representados en Santiago de Chile, realizarían más tarde la siguiente declaración:

1. Los factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia, conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan las costas de los países declarantes, hacen que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen derecho los países costeros. 2. Como consecuencia de estos hechos, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. 3. La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zona marítima indicada, incluye también la soberanía y juris-
dicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde.

Estas Declaraciones latinoamericanas dieron lugar a la Doctrina de las 200 Millas, que se inserta en la noción de Zona Económica Exclusiva, la cual pasó a formar parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), aprobada en Jamaica en 1982.

En tal sentido, el interés se refiere no sólo a las 200 millas, sino a la llamada Zona Económica Exclusiva, la plataforma continental, los derechos de pesca, la explotación de recursos vivos y no vivos del océano, la libertad de navegación, la delimitación de los espacios marítimos, el uso pacífico de las aguas y subsuelo, fondos oceánicos, exploración e investigación científica, la pesca de alta mar, la pesca de especies transzonales y migrantes y un sinnúmero de otros temas de elevada sensibilidad para los países adyacentes en especial a la hoya del Pacífico. Estos países descubrieron en las materias señaladas una comunidad de propósitos e intereses que han ido concitando atención jurídica y política. Ello se observa con especial fuerza desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha canalizado este impulso a través de sucesivas Conferencias sobre el Derechos del Mar, que han dado vida a cuatro Convenciones específicas: Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua (1964), Convención sobre Alta Mar (1962), Convención sobre Plataforma Continental (1964) y Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar (1966). Luego, la ONU creó el Comité para la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos más allá de los Límites de la Jurisdicción Nacional (llamada comúnmente Comité de Fondos Marinos).
## Conexiones

**Conceptos:** Autonomía, Ecodesarrollo

**Doctrinas:** Doctrina Calvo, Doctrina Drago, Doctrina del *Utti Pos-sidetis Iuris*

**Figuras:** Carlos Calvo, Carlos Estrada, Luis María Drago

## Bibliografía

- Bello, A. (1954) *Principio de Derecho Internacional y Escritos Complementarios*. Caracas: Ediciones Ministerio de Educación.

- Declaración Oficial del Presidente de Chile Gabriel González Videla (1947) [Documento] 23 de Junio, Santiago de Chile. http://www.duna.cl/media/2014/01/hola.pdf

- Declaración de Santiago. Declaración sobre Zona Marítima (1952) [Documento] 18 de Agosto, Santiago de Chile.

- http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2008/seguimiento-demandaperuana/documentos/DeclaraciondeSantiago1952.pdf

- Declaración: La Zona Marítima de 200 Millas: Soberanía y Jurisdicción (1947) [Documento] Santiago de Chile. http://www.duna.cl/media/2014/01/hola.pdf

- Organización de Naciones Unidas (2014) *Derecho del Mar* [Boletín No. 83] Nueva York: ONU. https://www.un.org/depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinsp/bul83sp.pdf

- Vargas Carreño, E. (1973) *América Latina y el derecho del mar*. México: FCE.

- Vásquez Carrizosa, A. (1976) *Una política para los mares de Colombia*. Bogotá: Temis.
Doctrina Betancourt

Andrés Figueroa Jiménez

La “Doctrina Betancourt” consiste en una perspectiva de política internacional y de política exterior que es promovida por el Presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, entre 1959 y 1964. Tiene como idea central la condena política a los gobiernos carentes de un origen democrático. Particularmente, se trata de un enfoque que emplea a la política exterior como un instrumento de protección para los regímenes democráticos de América Latina.

Esta Doctrina se articula en torno a la promoción de la cooperación y las alianzas entre gobiernos democráticos con la finalidad de llevar a cabo acciones específicas contra gobiernos de facto, vinculados a golpes de estado o a dictaduras en la región. Tales acciones están representadas por la ruptura de relaciones diplomáticas, la suspensión de toda cooperación económica-tecnológica y la expulsión de la comunidad jurídica regional e internacional. Comprenden una serie de criterios subyacentes para la acción, entre los que destacan: primero, la utilización de la institución jurídica de “reconocimiento de gobiernos” como instrumento para la defensa del sistema democrático latinoamericano; segundo, la solicitud específica a la Organización de Estados Americanos (OEA) de exclusión de su seno de gobiernos dictatoriales (Betancourt, 1964; García Arias, 1969).

Los criterios anteriormente expuestos se sostienen en consi-
deraciones particulares de política y de teoría política elaboradas por Rómulo Betancourt, como las siguientes: 1) Los gobiernos no-democráticos constituyen entidades que ofenden la dignidad de América; 2) Los gobiernos no-democráticos comprenden estructuras no nacidas desde la expresión popular y desde elecciones libremente celebradas como única fuente de poder legítimo; 3) Los gobiernos dictatoriales implican arquitecturas de origen no respetable y que son completamente opuestas al contenido del artículo número 1 de la Carta de Bogotá, a su vez, acto constitutivo de OEA; 4) Los regímenes dictatoriales, que no respetan los Derechos Humanos, que violan las libertades ciudadanas y que llevan a cabo gobiernos de tiranía con políticas totalitarias, deben ser sometidos a un “cordón sanitario” y ser erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional (Betancourt, 1964; 1969; Guerón, 1972).

Para Betancourt, por lo tanto, existe una directa relación entre democracia y cooperación internacional. Asume, además, que una mayor vinculación entre los estados democráticos tiene dos utilidades para la región en su conjunto: primero, una mayor capacidad de operación y protección de las economías nacionales y, segundo, una mayor maniobrabilidad regional ante posibles acciones de Estados Unidos, consideradas “manipulativas” y funcionales a sus intereses en su accionar ante gobiernos dictatoriales de América Latina (Mendoza Barrundia, 1978).

Esta Doctrina, en su génesis, se articula como un potenciador nacional en torno a un escenario hemisférico en el cual Venezuela persigue entendimientos concretos con Estados Unidos al interior de materias diversas. Un ejemplo lo constituye la firma de acuerdos económicos entre ambos países hacia 1961 en el marco de la Alianza para el Progreso (Sant Roz, 2010).

La perspectiva Betancourt logra su constitución como Doctrina de Derecho Internacional Público, a partir de pronunciamientos y criterios orientadores de política exterior y de actuaciones desde
el plano jurídico internacional que se encuentran contenidos en documentos públicos del estado de Venezuela. A modo ilustrativo, dos ejemplos: uno de ellos es el telegrama dirigido desde la Presidencia de Venezuela hacia la Secretaría General de la OEA, el 22 de agosto de 1960, donde se indica que:

> Debe utilizarse la oportunidad de la Conferencia Interamericana de Quito a 1961 para articular una declaración o tratado específico en el cual se defina y precise que no pueden formar parte de la comunidad jurídica regional los gobiernos que no hayan sido elegidos por el voto del pueblo y cuyos caracteres representativos no sean objetables (Betancourt, 1964).

El segundo corresponde al Telegrama del Gobierno de Venezuela a la Presidencia de Argentina, fechado el 12 de octubre del mismo año, en el que se sostiene que:

> Venezuela ratifica por mi voz su decisión de no mantener relaciones diplomáticas ni comerciales con gobiernos no legitimados por el voto de los pueblos y de propugnar en la OEA que los regímenes de usurpación sean excluidos de la comunidad jurídica regional. (Betancourt, 1964).

La Doctrina Betancourt y sus instrumentos de no reconocimiento y ruptura de relaciones, luego del año 1964, fueron sustituidos por la denominada “Doctrina del pluralismo ideológico” practicada por los gobiernos de Rafael Caldera (1969-1974) y Carlos Andrés Pérez (1974-1979). Mientras, las sucesivas crisis socio-económicas y cadenas de golpes de estado en América Latina terminarían aislando diplomáticamente a Venezuela, la Doctrina no sería acogida como norma por la OEA (García Arias, 1969).

En relación con lo expuesto, es posible sostener que la perspectiva Betancourt carece de casuística que la precise o modifique y
que lo que se presenta es un reemplazo de doctrina.

## Conexiones

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Escuela Unionista Centroamericana

**Conceptos:** Cláusula democrática, Cooperação Sul-Sul

**Doctrinas:** Doctrina Cárdenas, Doctrina Carranza, Doctrina Estrada, Doctrina Tobar

**Figuras:** Genaro Estrada, Rómulo Betancourt

## Bibliografía

Betancourt, R. (1964) *La revolución democrática en Venezuela: documentos del gobierno presidido por Rómulo Betancourt. 1959-1964* [4 Volúmenes]. Caracas: Imprenta Nacional.

Betancourt, R. (1969) *Hacia América Latina democrática e integrada*. Madrid: Taurus.

García Arias, L. (1969) La desaparición de la Doctrina Betancourt sobre no reconocimiento de gobiernos "de facto". *Revista Española de Derecho Internacional*, 22 (1) 104-106.

Guerón, C. (1972) La Doctrina Betancourt y el papel de la teoría en política exterior. *Politeíta*, 1, 231-243.

Sant Roz, J. (2010) *El procónsul Rómulo Betancourt, memorias de la degeneración de un país*. Caracas: Monte Ávila Editores Latinoamericana.

Mendoza Barrundia, R. (1978) *EL Salvador y el Reconocimiento de Estados y Gobiernos*. El Salvador: UES.
# Doctrina Brum

Silvia T. Álvarez

La “Doctrina Brum” constituye una propuesta de multilaterización de la Doctrina Monroe (Atkins, 2019) a través de la creación de una alianza defensiva representada en una Liga Americana de Naciones. Fue elaborada por Baltasar Brum, Presidente del Uruguay (1919-1923), y expuesta por primera vez en una conferencia que brindara el 21 de abril de 1920, en la Universidad de Montevideo<fnref n="15" />.

Las ideas de Brum se presentaron en un escenario político signado por las derivaciones de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Estados Unidos había ingresado en la misma junto a los Aliados en 1917. Un año más tarde, su presidente, Woodrow Wilson, daba a conocer catorce puntos dirigidos a sentar las bases de un Nuevo Orden Mundial que, tras el fin de las hostilidades, habría de regirse por los principios del Derecho Internacional. Entre ellos, se encontraba la fundación de una Liga de las Naciones que cobraría realidad en el Tratado de Versalles (1919), aunque Estados Unidos, finalmente, nunca ingresaría en ella. Por entonces, el

<footnote n="15">15 Sus ideas fueron también expuestas en periódicos: Baltasar Brum (1923) Solidaridad Mundial. *La Nación*, 21 de enero, y Baltasar Brum (1923) La Asociación de los países americanos. *El Día*, 10 de febrero.</footnote>
país se convertía en la primera potencia económica mundial, y en América Latina, pronto llegaría a desplazar la presencia secular de Gran Bretaña como aliado económico de sus elites políticas.

Ante la Guerra, América Latina había estado dividida entre la neutralidad y el alineamiento. Uruguay, país que desde fines del siglo XIX cuestionaba los réditos económicos de la asociación secular con Gran Bretaña, y llegaría a ser considerado en los años '20 como uno de los países latinoamericanos más filo-estadounidenses (Turcatti, 1981), optó por ubicarse en el campo de los Aliados a través de la ruptura de relaciones diplomáticas con las potencias centrales. Baltasar Brum, por entonces Ministro de Relaciones Exteriores (1916-1019), perteneciente a las filas batllistas del Partido Colorado, justificaba la ruptura en nombre de la solidaridad continental (Shusman, 2014; Klein, 2017: 68). Poco tiempo después, ya en el ejercicio de la presidencia, enarbolando ideales democráticos y sociales, continuaría esta orientación de política exterior, a través de un posicionamiento que promovió el Panamericanoismo (Klein, 2017: 69 y ss.). En la formulación de su Doctrina, que generó en su época un debate público (Moreno Quintana, 1921), partía de una revisión de la historia del continente americano, en la que reconocía afinidades culturales, objetivos comunes de libertad y justicia, realizaciones colectivas, pero también desencuentros resultado de intereses en conflicto a partir de metas nacionales propias. En ese sentido, para el presidente uruguayo, del mismo modo que podía atribuirse a Estados Unidos una "política [que] pudo haber sido injusta y áspera con algunos países latinos" a "otras naciones latinoamericanas podrían formular idénticos reproches" (1920: 10).

Si siempre había entendido que la participación de Estados Unidos era imprescindible en los asuntos americanos, tal convicción aumentaba al observar que, tras su ingreso en la Primera Guerra Mundial, a la que atribuía una aplicación anticipada de la Doctrina Monroe, abandonaba su política de aislamiento y, guiado por el
idealismo, se comprometía en la defensa de los derechos de todos
los pueblos, entre ellos, la independencia y la integridad territorial
de países americanos. En este sentido, para Brum:

Si la poderosa nación del Norte se presta a realizar una política de
justicia y de igualdad con sus hermanas de América, sería nuestro
debender coadyuvar a sus propósitos, aunque sólo fuera por la consi-
deración de que, a menudo, las buenas maneras de los débiles con-
tienen los violentos impulsos de los fuertes (1920:10).

En consecuencia, entendía que el Panamericanismo, expresión
de confraternidad y de una justa aspiración de engrandecimiento
material y moral de todos los pueblos de América, también contri-
buiría a lograr el equilibrio entre Europa y el continente america-
no. Desde esta lectura, para Brum, a través de la historia, la Doc-
trina Monroe había sido la única manifestación permanente de tal
confraternidad, mientras ideas semejantes también habían sido
expuestas por próceres como Gervasio Artigas. Su extensión prác-
tica al continente representaría una expresión de previsión y pro-
piciaría "la paz y amplia independencia" de todos sus países (1920:
15). Consideraba, además, que tal propuesta era una consecuencia
lógica del Tratado de Versalles que parecía poner límites a la inter-
vención de la Sociedad de Naciones en los asuntos americanos, en
vistas de que reconocía la vigencia de la Doctrina Monroe (artículo
21 del Tratado), a lo cual se agregaba que la existencia de una Liga
Americana de Naciones daría una mayor injerencia del continente
americano, como región, en la Sociedad de las Naciones, en vistas
de que allí dominaban las grandes potencias en desmedro de los
estados americanos (1920: 17). A partir de tales ideas, que ponían
en evidencia lecturas realistas -conciencia de políticas de interés
y poder- e idealistas -defensa de- del sistema internacional, Brum
sintetizaba su propuesta en postulados que buscaban conciliar el
principio de soberanía estatal con el de solidaridad continental y
pueden resumirse del siguiente modo:

1) Juzgamiento de actos internos a un estado según sus propias leyes, salvo reclamaciones diplomáticas que podrán ser admitidas en casos de denegación evidente de justicia.

2) Reconocimiento de la nacionalidad de nacimiento a hijos de extranjeros nacidos en el continente americano, salvo si, obtenida la mayoría de edad, se encontrara en el estado de origen y manifestara su deseo de optar por la nacionalidad de éste.

3) Actuación uniforme y común de todos los estados americanos frente a agravios extracontinentales a cualquiera de ellos.

4) Constitución de una Liga Americana, sobre la base de la igualdad de sus integrantes.

5) Sometimiento al juicio arbitral de la Liga de controversias entre estados americanos, en caso de que no pudieran resolverse por las partes.

6) Consideración por parte de la Liga Americana de controversias entre un estado americano, - solo a su solicitud- y la Sociedad de las Naciones (1920: 31-32).

La delegación uruguaya presentó la proposición Brum en la Quinta Conferencia de Estados americanos que se realizó en Santiago de Chile entre el 25 de marzo y el 3 de mayo de 1923. Para entonces, Brum había asumido que Estados Unidos no participaría de la Liga de las Naciones e interpretó que el artículo 21 implicaba una limitación para la seguridad de las Américas. Ni Estados Unidos, que buscaba reservarse la aplicación de la Doctrina Monroe, ni los estados latinoamericanos, que pretendían que aquel asegurara la no intervención en los asuntos internos de sus estados antes de considerar cualquier posibilidad de seguridad colectiva, dieron su aprobación a la propuesta uruguaya (Atkins, 1997: 45).

Si bien la Doctrina Brum no llegó a realizarse, puede considerarse una de las fuentes más importantes en materia doctrinaria en defensa del Panamericanismo y un antecedente del sistema interamericano (Atkins, 1997: 45; 2019), pero también un ejemplo
de una etapa que se extendió entre la segunda mitad del siglo XIX y hasta inicios de la década del '30 en el siglo XX, observada como la coexistencia de posturas que reivindicaban, por un lado, la autonomía e identidad latinoamericanas (Doctrinas Drago, Tobar, Calvo, Carranza y Estrada) y, por otro, un alineamiento, "acoplamiento o aquiescencia" con las políticas de Washington (Russell y Tokatlian, 2013: 165 y ss.) desde donde se planteaba, fundamentalmente, una interpretación continentalista del pasado y el futuro de la región.

## Conexiones

**Conceptos:** Autonomía, Continentalismo americano, Integracionismo, Segurança hemisférica, Sistema latinoamericano

**Doctrinas:** Doctrina Calvo, Doctrina Carranza, Doctrina Drago, Doctrina Estrada, Doctrina Tobar, Doctrina Respice Polum

**Figuras:** Juan Gabriel Tokatlian, Roberto Russell

## Bibliografía

Atkins, G. P. (2019) *Latin America in the International Political system*. New York: Routledge.

Akins, G. P. (1997) *Encyclopedia of the Interamerican System*. New York: Routledge.

Brum, B. (1920) *Solidaridad americana*. Montevideo: Máximo García Editor.

Klein, F. (2017) *Baltasar Brum: el suicidio de un presidente*. Madrid: Planeta.

Moreno Quintana, L. (1921) *Política americana (Crítica a la Confe-rencia del Presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor*
Baltasar Brum). Buenos Aires: J. Menéndez.

Russell, R. y Tokatlian, J. G. (2013) América Latina y su gran estrategia: entre la aquiescencia y la autonomía. *Revista CIDOB d'Afers internacionals*, 104, 157-180.

Schusman, J. (2014) *Radicales y batllistas*. Buenos Aires: Dunken.

Turcatti, D. (1981) *El equilibrio difícil. La política internacional del batllismo*. Montevideo: CLAE / Arca.
Doctrina Calvo

Silvia T. Álvarez, Eduardo Devés

La “Doctrina Calvo”, denominada así por la formulación del ju-
rista argentino Carlos Calvo, en su obra *Derecho internacional teóri-
co y práctico de Europa y América* (1868), señala que los extranjeros
residentes, habiendo sufrido algún perjuicio en el país de acogida,
deberán recurrir a los tribunales de dicho país, evitando invocar
la intervención, por la vía diplomática o la fuerza, por parte de su
estado de origen.

En un escenario político caracterizado por el avance de los im-
perialismos europeos y la conformación de los estados modernos
en América Latina, se daría el pretexto para la intervención fran-
cesa en México siendo el desencadenante para la formulación de la
Doctrina Calvo. En 1861, un banquero suizo realizaba un présta-
mo al gobierno del presidente Miguel Miramón, garantizado con
bonos del tesoro nacional. La quiebra del banquero y la anulación
de la operación por parte del sucesor de Miramón, Benito Juárez,
dejaron los bonos sin valor y sin posibilidad de cobro a los acreedo-
res del banquero, que residían en Inglaterra, España y Francia. En
respuesta, este último país decidió la intervención en el territorio
mexicano que derivó en la creación de un gobierno bajo su tutela,
conocido como Segundo Imperio (1865-1867).

Elaborada en tiempos en que aún estaba en ciernes el derecho
internacional, mientras primaba el principio de poder efectivo de
los estados, la Doctrina Calvo se basa en un elemento central del estado moderno: la soberanía. Por un lado, se trataba de la soberanía legal -igualdad jurídica de los estados- y, por otra, de la soberanía westfaliana -exclusión de autoridades externas en toma de decisiones internas- y, derivado de ella, la integridad territorial. En este sentido, la Doctrina Calvo puede resumirse en tres postulados (Suñe, 2015: 195): 1) igualdad ante la ley de nacionales y extranjeros; 2) sujeción de los extranjeros a las leyes y jueces nacionales; y 3) abstención de los estados extranjeros de intervenir en las controversias patrimoniales de sus nacionales en terceros países. Dos argumentos centrales esgrimidos por Calvo en la formulación de su doctrina son: “El principio de la indemnización y de la intervención diplomática a favor de los extranjeros, a causa de perjuicios sufridos en los casos de guerra civil, no ha sido ni es admitido por ninguna nación de Europa o de América” y relativo a que:

> los Gobiernos de las naciones poderosas, que ejercen o imponen este pretendido derecho en contra de Estados relativamente débiles, cometen un abuso de poder y de fuerza que nada podría justificar y que es contrario a su propia legislación a la práctica internacional y a las conveniencias políticas (Calvo, 1868).

El principio de no intervención, que ya había sido formulado en la Doctrina Monroe frente a la injerencia europea, se presentaría, en la Doctrina Calvo, como una garantía de la propia independencia lograda por los estados americanos, y significaba un “discurso de no intervención con una perspectiva americanista (Arias Osipina, 2013: 194). Desde la Argentina, mientras comenzaba a consolidarse la estructura de un mercado agroexportador vinculado principalmente a Gran Bretaña, en términos de la noción de dependencia nacional puigiana, se buscaría al mismo tiempo salvaguardar los intereses nacionales frente a la fuerza del imperio de las grandes potencias europeas (Puig, 1980).
Como señala Francesco Tamburini (2002), el contenido general de la Doctrina Calvo se origina en el hecho de que no existe a través de su obra un espacio particular en donde se formule concretamente la doctrina. Esta:

> se forma de manera indirecta, a través de una lectura general de sus afirmaciones, que tienen que ser consideradas en su conjunto general. Es más, hay autores que opinan que la esencia de la filosofía de Calvo radica en el intercambio epistolar entre él y otro jurista argentino prócer de la independencia sudamericana frente a la intervención extranjera, Luis María Drago.

Resultado de la interpretación de otros juristas sobre la Doctrina Calvo es la “cláusula Calvo”, introducida en los convenios entre ciudadanos extranjeros, con la finalidad de obligarlos al recurso ante los tribunales locales en caso de controversias, renunciando a la ayuda diplomática de sus propios gobiernos. En términos contractuales, reconocía legalmente a los extranjeros con los mismos derechos que los nacionales (carácter legal); los obligaba a agotar los recursos de la jurisdicción interna (carácter jurisdiccional); y a renunciar al pedido de protección diplomática de su país ante cualquier controversia (carácter internacional). Este último elemento puede ser considerado “el fundamento de la no intervención en América, pasando desde una perspectiva diplomática o política (Wheaton), a una práctica y dinámica dentro de las relaciones jurídicas de los Estados con extranjeros” (Arias Opina, 2013: 197).

La Doctrina Calvo influiría en las doctrinas Drago y Estrada, pero también tendría una importante proyección, a través de la historia, en el campo internacional, regional y estatal. Su contenido fue incluido en distintas resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas (Shea, 1955: 76-77), en conferencias panamericanas, constituciones latinoamericanas y documentos emanados de controversias específicas entre estados y empresas multinacionales
(Marichal, 2015: 730-731).

El avance de la globalización y el aval a políticas de apertura comercial desde los años ‘90 ha generado la liberalización del régimen de las inversiones extranjeras a través del otorgamiento del trato nacional, la eliminación de la mayor parte de las restricciones a las remesas de capital y, finalmente, el estudio de nuevas formas de soluciones pacíficas de las diferencias a través de las cuales establecen nuevas reglas y formas de resolución de conflictos. El avance de los tratados bilaterales de inversión, la adhesión de la mayor parte de los estados latinoamericanos al Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSD), así como la suscripción a la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), expresan la migración de las competencias de nivel estatal a otras de carácter supranacional o internacional (Tamburini, 2002; Marichal, 2015: 731). Sin embargo, tal liberalización, vinculada a una integración abierta, también ha encontrado su reverso en políticas estatales que, en el marco de un regionalismo pos-hegemónico y gobiernos progresistas, a principios del siglo XXI, han reivindicado el ejercicio de la soberanía estatal en acuerdos con multinacionales que se reconocen herederos de los principios sostenidos en la Doctrina Calvo (Marichal, 2015: 731). En este sentido, la Doctrina Calvo puede ser considerada también como una expresión de la defensa de la autonomía nacional en el marco de la globalización neoliberal iniciada en los años ‘90.

## Conexiones

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Autonomía y Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales, Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales

**Conceptos:** Autonomía, Autonomía heterodoxa, Integración abierta, Regionalismos latinoamericanos
**Doctrinas:** Doctrina Cárdenas, Doctrina Drago, Doctrina Estra-da, Doctrina Juárez

**Figuras:** Carlos Calvo, Genaro Estrada, Juan Carlos Puig, Luis Ma-ría Drago

**Bibliografía**

Arias Ospina, F. (2013) Dinámica del derecho a la no-interven-ción en América del siglo XIX. *Pensamiento Jurídico*, Enero, 36, 196-197.

Marichal, C. (2015) El nacimiento de los estudios internacionales sobre América Latina: comentarios a las obras de José María Torres Caicedo y Carlos Calvo a mediados del siglo XX. *Foro Internacional*, 55 (3) 707-736.

Puig, J. C. (1980) *Doctrinas internacionales y Autonomía latinoame-ricana*. Caracas: Universidad Simón Bolívar, Instituto de Altos Estudios de América Latina.

Shea, R. (1955) *The Calvo Clause, A problem of Inter - American and international law and diplomacy*. Minneapolis: University of Min-nesota Press.

Suñé, N. (2015) Arbitraje en América Latina. Consideraciones en materia de inversiones. *Revista de la Secretaría del Tribunal Per-manente de Revisión*, 5, 191-216.

Tamburini, F. (2002) Historia y destino de la ‘Doctrina Calvo’: ¿Actualidad u obsolescencia del pensamiento de Carlos Calvo? *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* (24) 81-101. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0716-54552002002400005&scipt=sci_arttext
# Doctrina Cárdenas

Alfonso Sánchez Mugica

La “Doctrina Cárdenas” toma su nombre de una declaración hecha por el General Lázaro Cárdenas del Río (presidente de México de 1934 a 1940), en el marco del Congreso Internacional Pro Paz, celebrado el 10 de septiembre de 1938 en la capital mexicana. En la conferencia inicial, recuperada por primera vez por el jurista Salvador Mendoza en 1939 -dentro del libro *La Doctrina Cárdenas, Texto, antecedentes, comentarios, la Doctrina Monroe, la Doctrina Dra-go, la Doctrina Calvo, la Doctrina Cárdenas*-, Cárdenas señala que:

> El individuo que se desprende de su país para encontrar en otro lo que le hace falta en el suyo, tiene el deber imprescindible de aceptar todas las circunstancias, propicias o adversas, del ambiente que lo acoge, y, por un concepto compensativo, ha de gozar también de todas las prerrogativas del ciudadano útil y respetable de la sociedad en que vive (Cárdenas citado en Mendoza, 1939).

Esta declaración se produjo el 18 de marzo, en el marco de la nacionalización de la industria petrolera, y de seculares injerencias de Europa y Estados Unidos en territorio mexicano. Su propósito se dirigía a sostener la no extraterritorialidad de la nacionalidad, con el fin de suprimir todas las controversias jurídicas derivadas de dicha nacionalización.
Cabe destacar que el gobierno estadounidense nunca quiso reconocer en particular a la Doctrina Calvo como un principio internacional. No obstante, durante la década de los '30 se hizo más ríspida esta posición, precisamente, ante las nacionalizaciones llevadas a cabo por el presidente Lázaro Cárdenas a la industria petrolera. Las relaciones entre los Estados Unidos y México habían empezado a tener dificultades después de la promulgación de la Constitución de 1917, especialmente por su artículo 27, que reconocía la propiedad originaria de la Nación sobre los recursos naturales, además de incorporar implícitamente la cláusula Calvo así como también la Doctrina Carranza enunciada en 1918. En aquellos años, las empresas extranjeras poseían el 90% de los recursos petroleros mexicanos y México era el tercer productor mundial de petróleo, después de los Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, tiempo después, para obtener el reconocimiento de los Estados Unidos, el gobierno del General Álvaro Obregón, en 1923, firmó los Tratados de Bucareli con Estados Unidos, por medio de los cuales México suspendió la aplicación del artículo 27, garantizando los derechos de propiedad sin límites a particulares extranjeros y a las compañías petroleras estadounidenses. Pero las relaciones entre ambos países llegarían a su máximo nivel de conflicto con las nacionalizaciones de 1938, que no hicieron sino empeorar la situación, al restituir los principios constitucionales. En respuesta a ello, las potencias se volcaron contra el gobierno mexicano. Gran Bretaña, por ejemplo, rompió sus relaciones diplomáticas con México y amenazó con bloquear al país.

Por su parte, los Estados Unidos iniciaron de inmediato sus reclamaciones. El Secretario de Estado, Cordell Hull, creó entonces una fórmula que llevó su nombre en la que establecía las condiciones de las compensaciones debidas a los inversores que habían sufrido las consecuencias de las nacionalizaciones. Entre ellas, se exigía que fueran inmediatas, proporcionales al bien nacionalizado y en moneda convertible, es decir, en dólares, lo cual iba en
contra de la posición mexicana que consideraba que las indemni-
zaciones eran competencia de los tribunales y leyes de la República
mexicana. Este enfrentamiento no quedó solamente en un forcejeo
bilateral, sino que se expresó ese mismo año en Lima, durante la
celebración de la Octava Conferencia Panamericana. Más adelan-
te, la política estadounidense prefirió mantener sus relaciones con
México, pues buscaba su apoyo ante una eventual guerra mundial,
y tenía claro que este país podía suministrarle su petróleo ante la
contingencia bélica; así que prefirió contar con este recurso en vez
de insistir en la defensa de las empresas víctimas de la nacionali-
zación.

El discurso del Presidente Cárdenas, que puede considerarse
propiamente su Doctrina, añade a lo ya señalado que

[...] de la restricción del uso de la ciudadanía como de la persisten-
cia de la nacionalidad impuesta por su país de origen, se engendran
los escollos y se implantan los términos en que se desarrolla la teo-
ría absurda del extranjerismo con todas sus malas consecuencias
(...) Los pueblos impreparados los reciben como extranjeros, les
guardan como a tales consideraciones que sobrepasan los límites
del respeto y que confinan con las del temor. Por su parte los go-
biernos de origen los impulsan y los protegen como una avanzada
de inesperada conquista y como el primer paso para el logro de una
extensión de sus linderos y de su soberanía. Si esta teoría ciega-
mente imperialista que involucra una deformación de un bien en-
tendido nacionalismo fuera reprobada por las naciones y rechaza-
da particularmente por cada de uno de los ciudadanos, no habría
nunca lugar ni a la tirantez de relaciones, ni a reclamaciones, ni a
conflictos, ni a la discusión de sutilezas, ni a la invención de pretex-
tos para lanzar a las naciones a luchas estériles.

Al dejar la presidencia de la República, al General Lázaro Cár-
denas le preocupó que su legado doctrinario, por lo que dirigió una
carta al Presidente entrante, el General Manuel Ávila Camacho,
en la que señalaba lo siguiente:

Algo muy importante y trascendental en la vida de México, para
los hombres que asumimos el poder, es cuidar que entre tanto no
haya una declaración categórica del gobierno de Norteamérica en
el sentido de que abandona su teoría de reconocer la nacionalidad
de origen a los norteamericanos que se trasladan a otros países, no
debe aceptarse aquí a nuevos inversionistas de la nación vecina. Si
se descuida este importante aspecto, tendremos que lamentar más
reclamaciones indebidas y conflictos graves para México. Aunque
los extranjeros, de acuerdo con nuestras leyes, están obligados a
renunciar a toda protección diplomática, lo cierto es que los go-
biernos de Norteamérica no han respetado este principio que es
ley suprema en nuestro país, y por ello se hace indispensable tener
previamente una declaración oficial del gobierno norteamericano.
Nuestra Cancillería debe seguir trabajando hasta lograr el respeto
absoluto de la soberanía de la nación. Si con este principio está de
acuerdo el ciudadano que llegue a sucederme en la representativi-
dad del poder, se servirá transmitirlo a su inmediato sucesor.

En la lectura de esta declaración, y de las implicancias que se
derivan de ella, resultan relevantes diversos aspectos ya contení-
dos en doctrinas e ideas latinoamericanas previas. En primer lu-
gar, en parte, los principios allí contenidos constituyen una exten-
sión de las doctrinas Calvo y Drago, al negar la extraterritorialidad
en el continente americano, aunque sin desarrollar este planteo.
En segundo lugar, así, como en los casos de la Doctrina Juárez,
la Doctrina Carranza y la Doctrina Calvo, se buscó terminar con
la situación de privilegio que tenían los extranjeros derivada del
respaldo de las potencias a sus reclamaciones en contra de los go-
biernos latinoamericanos. Finalmente, la Doctrina que resultó de
la declaración se vinculó con la Doctrina Cárdenas y la Doctrina
Estrada en referencia a las condiciones para el reconocimiento de
los gobiernos de México. De esta manera, se trató de actualizar el
principio de no intervención, por lo que la declaración del presi-
dente Cárdenas puede leerse en clave de antimperialismo. En úl-
tima instancia, la Doctrina aporta, sobre esa base, a la idea según
la cual nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía
del país en que se encuentran.

Conexiones

**Doctrinas:** Doctrina Calvo, Doctrina Carranza, Doctrina Drago, Doctrina Estrada, Doctrina Juárez

Figuras: Lorenzo Meyer

Bibliografía

Arroyo Pichardo, G. (1984) La política internacional y nacionalis-
ta de Lázaro Cárdenas. *Relaciones Internacionales*, Abril-Junio,
79-82.

Brown, P. M. (1940) The Cardenas Doctrine. *American Journal of International Law*, Abril, (34) 300-302.

Mendoza Sánchez, J. C. (2011) *Cien años de política exterior mexicana: momentos trascendentales 1910-2010*. México: Grupo Editorial Cenzontle.

Mendoza, S. (1921) *La controversia del petróleo*. México: Politécnica.

Mendoza, S. (1939) *La Doctrina Cárdenas, Texto, antecedentes, comentarios, la Doctrina Monroe, la Doctrina Drago, la Doctrina Calvo, la Doctrina Cárdenas*. México: Ediciones Botas.

Tamburini, F. (2002) Historia y destino de la “Doctrina Calvo”: ¿actualidad u obsolescencia del pensamiento de Carlos Calvo? *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* (24) 81-101.
Doctrina Carranza

Alfonso Sánchez Mugica

La “Doctrina Carranza” es una declaración que establece las directrices de la política exterior mexicana. Sostiene la igualdad entre los estados y desaprueba la intervención en sus asuntos internos, aún para la protección de los nacionales, ya que las leyes de un país deben ser iguales para todos sus habitantes.

Esta Doctrina se elaboró tras el fin de la Primera Guerra Mundial, en un contexto signado por la consolidación de Estados Unidos como potencia económica en el plano internacional, la Revolución Mexicana y la sanción de la Constitución de 1917. Esta última había sido resultado de la revolución social, que reconoció la propiedad originaria de los recursos. Su implementación debía realizarse en un escenario convulsionado, con movimientos arмados activos y la destrucción de gran parte de la infraestructura del país. Además, el presidente Venustiano Carranza (1917-1920) se enfrentaba a los intereses de los empresarios extranjeros que buscaban conservar su poder y capital en México. Estados Unidos, a través del llamado “Corolario Roosevelt” a la Doctrina Monroe, consideraba a Latinoamérica espacio de sus intereses comerciales y afirmaba que se intervendría en los asuntos de cualquier país que amenazara los derechos o propiedades de sus ciudadanos. Así, las empresas y el gobierno estadounidenses empezaron a ejercer presión sobre el gobierno de Carranza porque sentían que la nueva
Constitución (artículos 27, 30 y 130) afectaba sus intereses, re-
currieron a intimidaciones e iniciaron campañas de desprestigio
contra el gobierno mexicano, mientras las compañías petroleras,
con el apoyo del Secretario de Estado Robert Lansing, amenazaron
con la intervención armada. Carranza decidió, entonces, proteger
los intereses nacionales declarando que la diplomacia no debía uti-
lizarse con el fin de perseguir intereses personales ni ejercer pre-
sión sobre los países débiles.

En la *Memoria* de la Secretaría de Gobernación sobre las activi-
dades realizadas en 1916, las directrices que se constituirían en la
llamada Doctrina Carranza se presentaron al Soberano Congreso
Constituyente en tres discursos pronunciados entre noviembre
de 1915 y enero de 1916. Producida la Revolución Mexicana, el 1º
de septiembre de 1918, en la apertura de sesiones de la Cámara,
Venustiano Carranza, ya como presidente constitucional, se pro-
nunció en contra de cualquier tipo de intervención, exigió el res-
peto mutuo a las leyes e instituciones, con base en la igualdad de
todas las naciones, y demandó que se respetara a México como a
toda nación soberana. Esta Doctrina, que respondía a los embates
de los Estados Unidos, y otras potencias, contra la soberanía y au-
todeterminación de México, y que estaba en plena concordancia
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de
1917, dice textualmente:

Que todos los países son iguales; deben respetar mutua y escrupu-
losamente sus Instituciones, sus Leyes y su Soberanía;

Que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún
motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse
estrictamente y sin excepciones, al principio universal de no in-
tervención;
Que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país a donde va a establecerse, ni hacer de su calidad de extranjero un título de protección y de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la Soberanía del país en que se encuentran, y finalmente,

Que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible, sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la Soberanía (citado en Gaytán, 2018).

Estas directrices implicaron modificaciones revolucionarias al derecho internacional imperante en ese momento. Si bien retomaban explícitamente la Doctrina Juárez (1867), que demandaba el respeto a la igualdad de los estados, la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, se relacionan con las Doctrinas Drugo (1902), que rechazaba el uso de la fuerza de un estado para cobrar deudas de otro y con la Doctrina Calvo (1896), que exigía a los extranjeros renunciar a la protección diplomática de su gobierno.

El respeto a la soberanía y la no intervención constituyen los pilares de la Doctrina Carranza, por su vinculación indisoluble, complementariedad e interacción. De ahí que cualquier acción de un estado que no respete la independencia de otro estado en su propio ámbito, implica una lesión a su soberanía y, al mismo tiempo, una intervención en sus asuntos internos. La comunidad regional hizo suya la Doctrina Carranza en la Conferencias panamericanas de Montevideo (1933) y Buenos Aires (1936) al consagrar el principio de no intervención. Tanto la igualdad jurídica de los estados como el respeto a su soberanía y a la no intervención serían principios del derecho internacional consagrados en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a la Cooperación entre los Estados de 1970.
La declaración de 1918 fue reconocida como Doctrina Carranza en 1935, cuando el senador Ernesto Soto Reyes solicitó al Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Portes Gil, le fueran remitidos los textos referentes a las doctrinas internacionales mexicanas para normar las relaciones del país con el exterior. La respuesta fue dada por Isidro Fabela, que remitió al secretario Portes Gil un memorándum en el que retomaba el discurso del presidente Carranza del 1º de septiembre de 1918.

El legado de Carranza es fundamental en la historia de la política exterior de México. Inspiró a la Doctrina Estrada (1930), que se opone al reconocimiento de gobiernos como forma de presión, y está consagrada en el artículo 89 de la Constitución vigente, y no se limita a la defensa de intereses nacionales, sino que también está consagrada igualmente a la paz y los intereses de la humanidad.

## Conexiones

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Autonomía y Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales, Escuela Rosarina de Relaciones Internacionales

**Conceptos:** Autonomía, Autonomía heterodoxa, Estados intermedios

**Doctrinas:** Doctrina Drago, Doctrina Estrada, Doctrina Juárez

**Figuras:** Carlos Calvo, Genaro Estrada, Luis María Drago

## Bibliografía

- Galindo, H. (1919) *La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino*. México: Imprenta Franco-Mexicana.

- Gaytán, R. I. (2018) *La Doctrina Carranza. Práctica internacional y*
legado doctrinario. México: INEHRM.

Galeana, P. et al. (2018) *La política exterior de México y la Constitución de 1917 en su centenario*. México: INEHRM/AMEI.
Doctrina Castañeda

Alfonso Sánchez Mugica

La “Doctrina Castañeda” es un término utilizado para refe-
rirse principalmente a la política exterior de México durante la
presidencia de Vicente Fox (2002-2006). Su nombre deriva del
responsable de las relaciones internacionales durante ese período,
Jorge Castañeda Gutman (2002-2003), a quien no hay que con-
fundir con su padre, el también diplomático mexicano Jorge Cas-
tañeda y Álvarez de la Rosa, quien igualmente ocupó la titularidad
de la Cancillería mexicana de 1979 a 1982. Esta Doctrina hace re-
ferencia a la prevalencia de los Derechos Humanos y la democra-
cia como valores universales que deben ser respetados y promovi-
dos por todos los estados en su orden interno y en sus relaciones
internacionales.

Fox nombró a Castañeda como su Secretario (Ministro) de Re-
laciones Exteriores al comienzo de su mandato. Su elección a la
presidencia supuso el fin de la hegemonía del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) y la llegada de un gobierno opositor al
poder, el Partido Acción Nacional (PAN) y una coalición de otros
partidos; así el principal interés del gobierno era marcar un nuevo
rumbo político en distintos planos, entre ellos la política exterior.
En ese sentido, Jorge Castañeda, quien también es un reconoci-
do académico, rompió con la política exterior del régimen ante-
rior e impulsó una nueva dirección que se caracterizaría por una
mayor apertura a la comunidad internacional y el aumento de la participación mexicana en los asuntos internacionales. Su principal planteamiento fue el de incluir en la agenda internacional de México los temas de la democracia y los Derechos Humanos. De alguna manera, se trató de trasladar al plano internacional los elementos que caracterizaron la llegada del gobierno de Fox. El régimen priista había evadido condenar las violaciones a los Derechos Humanos y civiles en Cuba o la Unión Soviética, en su momento, para evitar una acción internacional en reciprocidad que le exigiera a México el respeto de esos mismos derechos. Por lo tanto, Castañeda realizó algunas acciones, como extender la invitación a grupos internacionales en favor de los Derechos Humanos a establecerse en México, y apoyó las demandas internacionales y de los opositores cubanos en la isla y en los Estados Unidos en favor de los Derechos Humanos en Cuba. De esta manera, México decidió apoyar la resolución presentada por el gobierno de Uruguay en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para que fuera revisada la situación en Cuba en abril de 2002. Se aprobó por 23 votos a favor y 21 en contra y 9 abstenciones la resolución L.30 que “alienta al gobierno de Cuba a adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, así como el envío de un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Cuba.

Frente a esta decisión, y en el marco de un debate en la opinión pública, la izquierda mexicana utilizó de forma crítica el término de “Doctrina Castañeda” para hacer alusión a lo que consideró la alineación de México con los Estados Unidos en materia de política exterior. Mientras que otros observadores consideraron que México no podía seguir ignorando el problema de déficit democrático en Cuba y en otros países, especialmente una vez que Vicente Fox había prometido un cambio en ese sentido, buscando coherencia sobre lo que ocurría en México y su política exterior. También ar-
gumentaron que ese apoyo a la iniciativa uruguaya no condenaba directamente a Cuba, sino que hacía una serie de recomendaciones para mejorar la situación de los Derechos Humanos en la isla. Asimismo, se negó que esa decisión hubiera violado el principio de no intervención tradicionalmente sostenido por México, debido a que se hizo en el marco de un organismo multilateral del que Cuba es miembro también. El voto mexicano, presentado por el propio Canciller en Ginebra, argumentaba que la actuación internacional de México partía del reconocimiento de que los Derechos Humanos constituyen valores absolutos y universales, y de que es obligación de los estados, tanto individual como colectivamente, velar por su respeto.

En materia de Derechos Humanos se establecieron tres aristas. La primera era la creencia en el valor absoluto y universal de los Derechos Humanos, por encima incluso de la soberanía. La segunda era la autoexigencia de hacer todo lo que estuviera al alcance de México para que estos valores fueran cabalmente respetados dentro del país, y finalmente, la tercera, el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de Derechos Humanos. Se esperaba, así, que estos lineamientos coadyuvaran a consolidar el cambio democrático en México. En ese sentido se llevaron a cabo diversas acciones: además de los votos emitidos por México en los casos de Cuba, Palestina, Chechenia e Irán, en el período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 2002, el Presidente designó a una Embajadora especial para los Derechos Humanos y la Democracia. Se promovió la adopción de una resolución sobre pueblos indígenas y otra sobre protección a migrantes. En la Tercera Cumbre de las Américas, México apoyó la suscripción de una cláusula democrática; así como apoyó la iniciativa de lo que sería la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta nueva política del Estado mexicano fue consecuencia del llamado “bono democrático” con el que contó el Presidente Vicen-
te Fox en la elección del 2 de julio del 2000 que lo llevó al poder con más del 42,5% de los votos emitidos. Pero también fue resultado de lo que se concibió como el desarrollo de un nuevo sistema internacional orientado hacia el establecimiento de normas y principios de jurisdicción universal, por encima de la soberanía nacional, en una «nueva agenda», en la que destacaban los temas de los Derechos Humanos y la democracia, las cuestiones de género y discriminación, la protección del ambiente y el combate al crimen organizado y a la corrupción. Esta agenda llevó ulteriormente a proponer el llamado derecho a la intervención humanitaria, que inicia con el Informe Brahimi sobre las operaciones de mantenimiento de la paz y que llegaría a consolidarse con la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger presentada por el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan en 2005. En el plano nacional, estas ideas representarían un enfrentamiento doctrinario entre la propuesta de política exterior de Castañeda y Fox con los principios de no intervención enunciados en la Doctrina Carranza y precisados en la Doctrina Estrada. Aunque admitieron que seguían siendo doctrinas vigentes, y que estaban inscritas en el texto constitucional, ponían por encima de ellas estos principios universales, lo que fue interpretado por muchos analistas como el abandono de la política exterior tradicional emanada de la Revolución mexicana. En consecuencia, puede concluirse que la Doctrina Castañeda vino a hacer más compleja la política exterior mexicana al solaparse principios que se contradecían recíprocamente.

La política exterior de Jorge Castañeda fue más pragmática y no sólo hizo referencia a la democracia y a los Derechos Humanos. También hacía alusión a una cuestión relativa al nacionalismo en el sentido en que el propio Castañeda se pronunció señalando sobre el hecho que “el nacionalismo y el antiamericanismo ya no son viables en un mundo globalizado”, y que dejar de ser nacionalistas y defender los intereses nacionales supone a veces oponerse a Washington y otras apoyarlo. México dejaba atrás el nacionalismo
revolucionario que había caracterizado a los regímenes provenientes de la Revolución mexicana y se acercaba a una idea de un país más complejo en el que la ideología nacionalista daba paso a al concepto más complejo de interés nacional.

La Doctrina Castañeda vino a terminar el aislamiento de México, que había servido para mantener cerradas las puertas del país y facilitar la represión, el fraude político y la corrupción. Otras características de este cambio fue la firma del Acuerdo Global de México con la Unión Europea el primero de julio del año 2000, que incluía la cláusula democrática y de Derechos Humanos. Así mismo, tuvo lugar la eliminación del proceso de certificación de drogas de México frente a los Estados Unidos, el cuestionamiento a la pena de muerte aplicada a mexicanos en aquel país, así como la creación del Instituto México y el aporvechamiento de elementos de la diplomacia pública y cultural.

Más adelante en el gobierno foxista, y después de una serie de polémicas en la política exterior -como el desencuentro de México con Cuba y las críticas de otros países latinoamericanos, como Argentina y Venezuela, por adoptar una postura proestadounidense, así como el distancianciamiento con el Presidente Fox y otros miembros del gabinete-, sin haber logrado el acuerdo migratorio que planteaba con los Estados Unidos, Jorge Castañeda presentó su renuncia como Secretario de Relaciones Exteriores el 14 de enero del 2003.

Algunos opinan que la Doctrina Castañeda quedó relegada al olvido, pero lo cierto es que el 10 de junio de 2011 se publicó una amplia reforma constitucional que buscaba el fortalecimiento del sistema de reconocimiento y protección de los Derechos Humanos en México, que implicó la modificación de 11 artículos constitucionales. Algunas de estas reformas tienen un carácter internacional, como la incorporación de los Derechos Humanos de los tratados internacionales, el reconocimiento del derecho de audiencia para las personas extranjeras en caso de expulsión del territorio na-
cional por parte del presidente de la República, y la adición a la
fracción X del artículo 89 constitucional -que señala los principios
normativos que deberá seguir el Presidente de la República en la
conducción de la política exterior- de la siguiente frase "el respeto,
la protección y promoción de los derechos humanos". Esto puede
interpretarse como la incorporación constitucional de la Doctrina
Castañeda.

Conexiones

Conceptos: Cláusula democrática, Republicanismo

Doctrinas: Doctrina Betancourt, Doctrina Carranza, Doctrina Díaz Ordaz, Doctrina Estrada, Doctrina Rodríguez Larreta

Bibliografía

Aguilar, R. y Castañeda, J. (2007) *La Diferencia. Radiografía de un sexenio*. México: Grijalbo.

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Garza Elizondo, H., Schiavon, J.A., y Velásquez Flores, R. (2010)
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México: El Colegio de México.

López Montero, M. E. y Contreras Romero, C. (2017) *La política exterior de México: entre la responsabilidad global y el interés nacional*. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

López Montero, M. E. y Betancourt, P. A. (2010) *Temas y escenarios en la agenda de política exterior de los gobiernos de la alternancia política en México*. México: Universidad Nacional Autónoma de
México-Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Oppenheimer, A. (2003) *El Informe Oppenheimer/Fox y La Doc-
trina Castañeda. Mural*, 13 de Enero.

Castañeda, J. G. (2022) Palabras del Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, durante el 58 Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. *Revista Mexicana de Política Exterior*, Marzo (66) 201-209.

Fox Quesada, V. (2022) La política exterior de México en el siglo XXI. *Revista Mexicana de Política Exterior*, Marzo (66) 11-21.
# Doctrina del No Alineamiento Activo

Gilberto C. Aranda Bustamante

La “Doctrina del No Alineamiento Activo” (NAA) alude a las transformaciones del actual sistema internacional, aún con características no plenamente nítidas y precisas, pero en el que destaca un bipolarismo entrópico, con dos potencias en pugna por la hegemonía: Estados Unidos, como Estado hegemónico durante parte relevante de la Pos Guerra Fría, y China, como el Estado en ascenso y retador aspirante al cetro global, al tiempo que aparecen nuevos actores y nuevas dinámicas coalicionales y rivalidades, complementadas por diversas agendas de cooperación. Lo anterior no sólo supone dejar atrás al unifocalismo de cierre y comienzo de milenio, sino que además desplaza las expectativas de ascenso multipolar, muy popular dentro y fuera de la región.

Se trata de una doctrina que se afinca en la constatación empírica de cierta práctica, no completamente delineada aunque identificable, de los Estados de la región en orden a balancear sus relaciones con Washington y Beijing, sin inclinarse por uno u otro. Desde allí se despliega como una guía práctica para la acción de política exterior porvenir.

El enunciado de la Doctrina data de 2019, en el marco del foro de Puebla, cuando el ex ministro de Economía (1990-1993) y ex-senador chileno, Carlos Ominami (1994-2010), recetó el No Alineamiento para América Latina como una ruta que más que
neutralidad, supusiera que los gobiernos latinoamericanos dirigieran sus acciones a partir de intereses nacionales, sobre un ejercicio soberano activo que relegara a un segundo plano los objetivos de las grandes potencias. En julio de 2020, en un artículo de Foreign Affairs Latinoamérica, Ominami con Carlos Fortín y Jorge Heine ensayaron el primigenio enfoque temático al “No Alineamiento Activo”. Los tres retomaron la vieja idea de que los países latinoamericanos implementen una política exterior independiente en conexión con la tradición autonomista. Las raíces del concepto remiten a Helio Jaguaribe y a Juan Carlos Puig como formuladores más clásicos. Entre sus exégetas contemporáneos destaca Juan Gabriel Tokatlian, quien, junto a Roberto Russell, desarrolló a principios del siglo XXI el concepto de Autonomía Relacional para explicar la capacidad de un Estado para actuar simultánea y voluntariamente en forma independiente y en cooperación con otros, en virtud de intereses comunes (Russell y Tokatlian, 2002: 180). Más recientemente, el mismo autor presentó la “Diplomacia de la Equidistancia” como propuesta estratégica que en lugar de asumir una “Nueva Guerra Fría” subraya que la competencia y rivalidad sino-estadounidense está cruzada por la interdependencia, y que América Latina debe seguir un derrotero de distancias equivalentes que le permita construir una identidad regional y un estatus global.

En esa misma línea, aunque más cercano al relato de Nueva Guerra Fría, en noviembre de 2021 apareció el libro compilatorio *El No Alineamiento Activo y América Latina: Una doctrina para el nuevo siglo*, que concluye de modelar y vincular conceptualmente la Doctrina del NAA.

El NAA se inspira directamente en el No Alineamiento nacido a su vez de las entrañas de un rígido bipolarismo, cuyo hito fundamental fue la Conferencia de Bandung en 1955, liderada por el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru, el mariscal yugoslavo, Josip Broz Tito y el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser,
apuntando a la generación de una alternativa viable a la Guerra
Fría mediante la concertación -originalmente afroasiática- tras el
objetivo de mayores rangos de autonomía, no subordinada a Esta-
dos Unidos ni a la Unión Soviética, lo que exigía no adherir a nin-
guno de los pactos militares. La década siguiente se institucionali-
zó el Movimiento de los No Alineados (NOAL) en la conferencia de
Belgrado en 1961. De allí dató la presencia latinoamericana y del
Caribe, con Cuba participando en la delineación de posiciones an-
tiimperialistas. El acento político fue puesto en la no intervención,
soberanía y coexistencia pacífica de Estados que buscaban tener
voz propia en la arena internacional.

Sin embargo, el desvanecimiento de la Guerra Fría con la caída
del Muro de Berlín seguido por la desaparición del Pacto de Varso-
via y el colapso de la Unión Soviética, implicó el triunfo de Was-
hington que consolidó su supremacía en todo nivel, exportando
sus valores e ideología en clave de "Fin de la Historia" (Fukuya-
ma, 1992) mediante un ejercicio de unipolarismo incontestado.
El optimismo se erosionó con el atentado a las Torres Gemelas el
11 de septiembre de 2001 y se remeció aún más con la llegada de
China en la Organización Mundial del Comercio ese mismo año.
El proceso de expansión de la gobernanza mundial -hasta enton-
ces a imagen y semejanza de Estados Unidos- fue alterado por la
irrupción geoeconómica china, y geopolítica después. El centro
gravitatorio mundial migró del Atlántico Norte al Asia Pacífico,
vislumbrándose adicionalmente una nueva multipolaridad (Zaka-
ria, 2008), cimentada en un EE.UU. menguante, aunque no de-
rrotado, una China con alianzas en construcción sin consolidación
plena, además de potencias medias emergiendo, poderes regiona-
les oponiéndose mutuamente y organismos internacionales y ac-
tores no estatales, empresas y plataformas digitales globales con
cada vez mayor influencia.

Globalmente la declinación relativa de EE.UU. se dejó sentir al
desencadenarse la primera crisis financiera y económica global del
milenio, la quiebra del Banco Lehman Brothers en 2008 seguida
por una cascada de crisis: la Primavera Árabe y sus secuelas in-
terminables (Libia, Siria y Yemen), las crisis migratorias europeas
entre 2015 y 2016, y el crecimiento de las derechas radicales en
Occidente cuestionando el consenso de Pos Guerra Fría.

La concertación de diversos estados que no hacían parte del núcleo occidental de países industrializados (G-7) adquirió forma con el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y como derivación la emergencia del Sur Global, que agrupa a los no ganadores netos de la última globalización y entre los cuales está una América Latina cada vez más marginal.

La pregunta entonces es cómo debe enfrentar la región las nuevas condiciones globales en medio del indudable ascenso chino; la NAA sería la respuesta fundada sobre la premisa de una “Nueva Guerra Fría” entre Washington y Moscú contendiendo por el liderazgo mundial. Con un Estados Unidos que representa 24% del producto mundial y China alcanzando el 19% en el ítem y con proyecciones de superación a Estados Unidos a fines del actual deceso, el NNA aspira a constituirse en doctrina y guía para la acción. Según Fortín, esta Segunda Guerra Fría en ciernes, es cualitativamente distinta a la que se disputó en la segunda parte del siglo XX ya que los modelos ideológicos antinómicos y el factor militar diuasorio son reemplazado por cerradas “competencias en los platos comercial, de inversión, tecnológico y financieros con implicaciones geopolíticas”, complementadas por el “establecimiento de reglas de la gobernanza de la globalización” (Fortín, 2021: 241).

Las iniciativas se suceden: el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura (BAII), el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), y sobre todo Franja y la Ruta de la seda, propuesta por Beijing para potenciar las interacciones en Eurasia -cuyo control por parte de una sola potencia tanto temía el politólogo Brzezinski (1998)-, respondida por Washington con la configuración de un nodo secretario Indo Pacífico bajo la égida del QUAD (Estados Unidos, Ja-
pón, Australia e India). La ideología se presenta subsidiariamente, a la manera el idealismo wilsoniano de expansión de la democracia liberal, que no deja de ser esgrimida por Washington, mientras China y sus Estados afines defienden un tipo de orden basado en la soberanía estatal indiscutida, lo que implica la no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Las premisas westfalianas y de *realpolitik* prescindente de principios y valores considerados culturalmente acotados son re-flotados en medio de la arremetida comercial, inversiones digitales o infraestructura de China, es contestada desde foros como el G-7 en 2021 promocionando su iniciativa de Building Back Better World (B3W).

El corolario de esta competencia acelerada es la presión sobre diversos espacios para que decidan por una de las partes. Es lo que ocurre con América Latina y el Caribe tensionados para su alineamiento, una región que en la original Guerra Fría se consideraba área de influencia de Estados Unidos, con las excepciones de Cuba y Nicaragua. La condicionalidad de préstamos estadounidense que vincula todo empréstito a la no adquisición de tecnología china tiene por correlato la progresiva pérdida de gravitación mundial de América Latina y el Caribe. Las capacidades nacionales y de articulación de la región lucen desgastadas, a pesar de la "relajación" del poder de Estados Unidos en la región fue experimentado precozmente con el desahucio del Área de Libre Comercio para la Américas (ALCA) en 2004, la opción por otros bloques regionales -como UNASUR y ALBA- fueron más temporales que permanentes. La pandemia develó la fragilidad del actuar coordinado de la región. Mientras la Unión Europea y la Unión Africana adquirieron una parte significativa de sus vacunas conjuntamente, América Latina y el Caribe ni siquiera utilizaron los mecanismos previstos en sus organizaciones de cooperación.

Esta crisis de los denominados regionalismos latinoamericanos puede comenzar a superarse por medio de la práctica sistemática de la NNA, al conferirle una identidad específica que replica la
fórmula de la Tercera Posición en orden a cambiar la neutralidad
ecléctica por una forma de inserción internacional que observe in-
tereses nacionales e independencia en las decisiones exteriores, y
que tuvo su concreción política en el concepto de Autonomía he-
terodoxa (Puig, 1988). El derrotero de NAA significa el cultivo de
una distancia equivalencial respecto de las potencias, no simétri-
cas, que aplica una “geometría variable” según el repertorio temá-
tico. La concepción de Derechos Humanos y Democracia identifi-
caría una proxémica cercana a Estados Unidos, mientras en tema
de Comercio y desarrollo apuesta a cierta convergencia con China.
Lo anterior se traduce en una posición política propia que se des-
prende del ejercicio soberano de la autonomía de acción como cri-
terio eje de la gobernabilidad nacional/regional, constituida a su
vez en respuesta sui generis al conflicto chino estadounidense cuyas
líneas de fractura principales serían:

a. El vínculo entre gobernanza económica mundial y autonomía nacional;

b. El rol del Estado, y las empresas estatales en la esfera del comercio y los servicios internacionales;

c. La relación entre inversiones extranjeras y transferencia tecnológica.

Desde la perspectiva de la doctrina NAA dichos clivajes amena-
zan con desdibujar completamente el papel de América Latina en
los asuntos mundiales, dejándola fuera del rediseño de la geopolíti-
ca de mediados del siglo XXI. La receta exige primero una integra-
ción funcional a la autonomía nacional de la subregión y ensegui-
da con otros estados de Asia y África en la lógica de las relaciones
“Sur-Sur” (Brum, 2018), típica de los esquemas multipolares de
amplia circulación que responden mejor al concepto de Sur Global
que al de Tercer Mundo que aunque aún se proyecta sobre el pen-
samiento crítico decolonial (Bergel, 2019) no recibe hoy la misma
atención desde la contingencia política.

Los tres autores proponen que el No Alineamiento Activo es útil para guiar el establecimiento de una agenda regional: 1) mantener una posición equidistante de coordinación entre ambas potencias en pugna en los temas mundiales; 2) fortalecer las instancias regionales; 3) comprometerse con el multilateralismo; 4) coordinar una gobernanza económica internacional; 5) reorientar la política exterior y las cancillerías; 6) redefinir las nociones obsoletas de seguridad nacional; 7) incorporar a las nuevas instituciones financieras internacionales; 8) trazar un plan de acción contra el cambio climático; 9) hacer un esfuerzo persistente por garantizar la equidad de género y el equilibrio en las relaciones laborales, y 10) establecer un centro regional de control de enfermedades (Fortín, Heine y Ominami, 2020: 378).

## Conexiones

**Conceptos:** Autonomía, Autonomía Heterodoxa, Autonomía Regional, Cooperação Sul-Sul, Sur (Global)

**Doctrinas:** Doctrina de la Tercera Posición

**Figuras:** Helio Jaguaribe, Juan Carlos Puig, Juan Gabriel Tokatlian, Roberto Russell

## Bibliografía

- Bergel, M. (2019) Futuro, pasado, y ocaso del “Tercer Mundo”. En A. Kozel, M. Bergel y V. Llobet (Eds.) *El futuro: miradas desde las Humanidades*, Buenos Aires: UNSAM, 108-125.

- Brzezinski, Z. (1998) *El gran tablero mundial: La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos*. Madrid: Editorial Paidós.
Brun, É. (2018) *El cambio internacional desde las relaciones Sur-Sur. Los lazos de Brasil, Chile y Venezuela con los países en desarrollo de África, Asia y el Medio Oriente*. México: El Colegio de México.

Fortin, C. (2021) No Alineamiento Activo y gobernanza económica mundial: comercio e inversión. En C. Fortin, J. Heine y C. Ominami (Eds.) *El no alineamiento activo y América Latina: Una doctrina para el nuevo siglo*, Santiago de Chile: Editorial Catalonía, 223-235.

Fortin, C, Heine, J. y Ominami, C. (2020) Latinoamérica: No Alineamiento y la Segunda Guerra Fría. *Foreing Affairs Latinoamérica*, 20 (3) 107-115.

Fukuyama, F. (1992) *El fin de la historia y el último hombre*. Buenos Aires: Editorial Planeta.

Russell, R. y Tokatlian, J. G. (2002) De la Autonomía antagónica a la autonomía relacional. Una mirada teórica desde el Cono Sur. *Perfiles Latinoamericanos* (21) 159-194.

Puig, J. C. (1988) Política Internacional Argentina. En R. Perina y R. Russell (Eds.) *Argentina en el Mundo* (1973-1987), Buenos Aires: GEL, 19-45.

Zakaria, F. (2008) *The Post American World*. New York: Norton and Company.
Doctrina Díaz Ordaz

Andrés Figueroa Jiménez

La “Doctrina Díaz Ordaz” está constituida por un conjunto de
principios de política exterior promovidos por el gobierno de Mé-
xico desde 1966 a 1970. Estos principios enmarcan la actitud in-
ternacional del Estado de México y su contenido ha sido valorado
para la realización de acciones en el ámbito de las relaciones inter-
nacionales (Ortiz Ahlf, 2018).

Los ejes constitutivos de esta Doctrina son el resultado de la evolutiva experiencia del Estado de México en el ámbito internacional. Así, especialistas en Derecho Internacional Público han sostenido que implica un matiz de la Doctrina Estrada, formulada en 1930 y que, a su vez, se define por postular que, frente a escenarios de reconocimiento a gobiernos, el Estado no debe pronunciarse expresamente, dado que se asume como un ataque a la sobranía de las naciones y como una actitud crítica hacia sus asuntos internos. En consecuencia, el gobierno debe limitarse a mantener o romper relaciones diplomáticas sin que en ello vaya envuelto en una aprobación o reprobación de gobiernos surgidos especialmente a partir de crisis políticas (Ortiz Ahlf, 2018).

Los ejes de la Doctrina Díaz Ordaz son: primero, defensa del pluralismo ideológico en las relaciones internacionales; segundo, respeto a las decisiones de otros pueblos; tercero, compromiso con mantener el reconocimiento diplomático entre estados, independ-
dientemente del carácter u orientación de los gobiernos (Carrillo
Flores, 1966). Específicamente, se define de la siguiente manera:

México considera que no debe faltar un puente de comunicación
entre las naciones de América Latina, y que con ese propósito Mé-
xico desea que haya solución de continuidad en sus relaciones con
los demás estados latinoamericanos, cualquiera que sea el carácter
o la orientación de sus gobiernos (Carrillo Flores, 1966: 246).

El contenido de esta Doctrina implica un esquema funcional
para el tratamiento de problemáticas con carácter esencialmente
político a través del Derecho Internacional Público que incluyen el
reconocimiento a Estados y gobiernos frente a situaciones como
la ocurrencia de guerrillas, transiciones desde golpes de estado y
escenarios en los cuales existen al mismo tiempo dos gobiernos, el
oficial y el rebelde o beligerante (Ortiz Ahlf, 2018).

En esta Doctrina, la cuestión del reconocimiento de gobiernos
se resuelve desde la neutralidad e imparcialidad o, si se quiere, en
una discrecional voluntad por parte de los estados de continuar re-
laciones diplomáticas, más allá del cariz de gobiernos, y siempre
en virtud de la adecuación de aquellas relaciones con los intereses
nacionales fundamentales (Carrillo Flores, 1966; Torres, 2010;
Ortiz Ahlf, 2018).

El origen de esta Doctrina responde a un escenario hemisféri-
co influenciado por la Guerra Fría. Así, constituye un conjunto de
principios para la acción internacional frente a situaciones de con-
flicto como, por ejemplo, la tensión entre Estados Unidos y Cuba y
la campaña de este primer país para constituir un bloqueo comerc-
cial, económico y financiero sobre el segundo en la década del '60
(Ortíz Ahlf, 2018).

Por otro lado, los principios elaborados por el gobierno de Díaz
Ordaz logran su constitución como doctrina de Derecho Interna-
cional Público a partir de pronunciamientos, criterios, decisiones
y acciones político-exteriores que serán valoradas para la actua-
ción en el escenario internacional y que se encuentran contenidos
en documentos públicos del estado. A modo de ejemplo, el discurso
de toma de posesión del presidente Díaz Ordaz el 1 de diciembre de
1964 y el discurso del Secretario de Relaciones Exteriores Antonio
Carrillo Flores, el 15 de abril de 1969.

Esta Doctrina ha operado a partir de sus principios en los si-
guientes casos específicos que han precisado su funcionamiento:
primero, aplicación al interior del conflicto entre Estados Unidos
y Cuba. Aquí, la Doctrina se articula desde la posición del Estado de
México por conservar relaciones diplomáticas con ambos gobier-
nos y disminuir enemistades posibles, al tomar posición respecto
de conflictos que no le atañen de manera directa (Torres, 2010;
Ortiz Ahlf, 2018). Segundo, en relación a la intervención militar
de Estados Unidos sobre Vietnam. En este caso, la posición del go-
bierno mexicano consiste en tomar una actitud independiente sin
alterar las relaciones bilaterales con estos países (Torres, 2010).

Por último, debe considerarse a esta Doctrina como un meca-
nismo que permite a los estados un mayor nivel de maniobrabili-
dad en el escenario internacional, al no tomar posición formal a
favor de uno u otro actor en conflicto, sin esperar de los mismos su
adecuado desarrollo (Torres, 2010; Ortiz Ahlf, 2018).

Conexiones

Conceptos: Integracionismo

Doctrinas: Doctrina Cárdenas, Doctrina Carranza, Doctrina Dra-
go, Doctrina Estrada, Doctrina Juárez

Figuras: Genaro Estrada
Bibliografía

Carrillo Flores, A. (1965-1966) La Política Exterior de México. *Foro Internacional*, Octubre-Diciembre/Enero-Marzo, VI, 2-3 (22-23) 233-246.

Ortiz Ahlf, L. (2018) *Derecho Internacional Público* [cuarta edición] México: Oxford University Press.

Torres, B. (2010) Los años de Díaz Ordaz: El interés en los vecinos. En *México y el Mundo. Historia de sus Relaciones Exteriores* [Tomo VII: De la Guerra al Mundo Bipolar]. México: El Colegio de México, 169-196.

Rivera Cusicanqui, S. (2010) *Oprimidos pero no Vencidos, luchas del campesinado aymara y quechwa, 1900-1980* [cuarta edición] La Paz: La mirada Salvaje.
# Doctrina Drago

Iván Witker Barra

La “Doctrina Drago” establece que un estado acreedor no puede reaccionar con violencia ante un estado deudor, es decir, en caso de insolvencia, no puede recurrir a la guerra, a la ocupación militar o al bombardeo y, por tanto, representa una condena “al cobro coercitivo de deudas contractuales”. Fue elaborada por el jurista argentino Luis María Drago, entre 1902 y 1903, cuando se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina del presidente Julio A. Roca.

Para comprender la amplitud de esta Doctrina, es necesario tener presente dos tipos de contexto en los que se desenvuelven los hechos descritos.

Uno es el contexto externo donde, sin duda, la situación de Venezuela y varios países del Caribe sometidos a situaciones ignomíniosas por parte de las grandes potencias, fueron vistas como una oportunidad excepcional por la elite argentina en orden a instalar en el escenario internacional un tema que gozaría de las simpatías de toda la región. El contexto externo explica el deseo y la intención de Argentina por abrazar un liderazgo regional efectivo, que le permitiese una proyección aún mayor. Este punto entronca con la evidente rivalidad que la elite argentina percibía en el ascenso de Estados Unidos a nivel de potencia mundial.

El segundo contexto es interno. Bajo el slogan de “Paz y Admi-
nistración", el presidente Roca guió los destinos argentinos en un ambiente de optimismo durante el cambio de siglo, fundado en el sostenido crecimiento de la economía y el aumento exponencial de la inmigración, asuntos que siguieron curso ascendente en las décadas siguientes. El progreso material impregnaba la vida pública y en la elite se percibía una tendencia ineluctable hacia nuevas áreas de influencia y su paso a gran actor internacional. En esta línea, el único asunto pendiente era la normalización completa de las relaciones con Chile, un tema claramente menor por las dimensiones y proyecciones de ambos países y, por lo mismo, no susceptible de ser visto en el contexto externo. La Argentina finisecular tenía la mente puesta en los territorios colonizables, en los grandes mercados agropecuarios y en los accesos a vías marítimas a nivel global.

En tales contextos, toca a Drago presenciar el bloqueo a Venezuela por parte de fuerzas navales británicas, alemanas e italianas, que exigían el pago de la deuda externa y que resultó en el bombardeo a Puerto Cabello, La Guaira y Maracaibo, el 8 de diciembre de 1902, ante la negativa del recién asumido presidente venezolano, Cipriano Castro, de pagar la deuda contraída por gobiernos anteriores con particulares europeos

Drago, alarmado por las derivaciones de una intervención europea en el continente, dirigió una nota con fecha 29 de diciembre al ministro argentino en los Estados Unidos, Martín García Mérou -quien debía comunicarla al gobierno estadounidense-, en donde hizo un detallado relato de la posición argentina frente a los hechos. Drago sostenía en ella, a modo de corolario de la Doctrina Monroe, que "la deuda pública (de un estado americano) no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea" (Escudé y Cisneros, 2000).

Drago se dirigió con su propuesta al Departamento de Estado y a todos los gobiernos latinoamericanos con la finalidad de que su propuesta fuese anexada como corolario a la Doctrina Monroe.
Sin embargo, iba implícita la idea de salir al paso del criterio rector estadounidense impulsado por el presidente Theodore Roosevelt en orden a que su gobierno no apoyaría el incumplimiento de obligaciones financieras internacionales. Roosevelt era partidario de intervenciones cuando hubiese desorden interno en ciertos países. De ahí entonces la importancia de entender la Doctrina Drago en los dos contextos señalados.

Gracias al influjo de Drago, se llegó al año siguiente a un acuerdo firmado en Washington. Venezuela reconoció la deuda y las fuerzas europeas se retiraron y se estableció que las operaciones de préstamo y cualquier contrato entre privados con un estado soberano implicaban riesgos financieros que debían ser aceptados por el privado y, por lo tanto, no puede cobrarse por medios colectivos. El modo y el tiempo de pago formaban parte del honor de un pueblo y de las características de cualquier crédito.

La Doctrina Drago puede ser considerada “una apertura hacia una política multilateral basada en el concepto regional de hemisferio occidental, una extensión de los principios de Monroe y de las esperanzas de James Gillespie Blaine y Domingo Faustino Sarmento en la colaboración interamericana” (Escudé y Cisneros, 2000). Puede entenderse también como un escudo jurídico dirigido a proteger su independencia y soberanía de un estado e, incluso, su dignidad. El propósito final de Drago constituía una protección ante la eventualidad de ser sometido, mediante actos violentos, a situaciones de humillación internacional, como percibió. Por lo expuesto, está directamente conectada con la Doctrina Calvo en el sentido que ambas se fundamentan en la igualdad jurídica de los estados y en el respeto a la soberanía de estos, especialmente cuando han contraído una deuda.

La Doctrina Drago fue examinada en la Primera Conferencia Interamericana reunida en Río de Janeiro, en 1906, en la Cuarta Conferencia Panamericana en Buenos Aires, en 1910, y en la Conferencia de La Haya, en 1907. En esta última, Argentina estuvo
representada por Drago, y si bien apoyó la idea matriz de su propuesta, incluyó la necesidad de cualquier diferendo fuera resuelto mediante arbitraje *ad hoc* y, dependiendo de los que resolviera el árbitro, se aceptaban acciones armadas de parte del acreedor. Es el llamado *Convenio Porter*, por el nombre del presidente de la Conferencia.

## Conexiones

**Conceptos:** Autonomía

**Doctrinas:** Doctrina Calvo, Doctrina Cárdenas, Doctrina Estrada, Doctrina Juárez

**Figuras:** Carlos Calvo, Carlos Estrada, Luis María Drago

## Bibliografía

- Barros Van Buren, M. (1990) *Historia Diplomática de Chile 1541-1938*. Santiago: Editorial Andrés Bello.

- Boersner, D. (1996) *Relaciones internacionales de América Latina Breve historia*. Caracas: Nueva Sociedad.

- Drago, L. M. (1903) *La República Argentina y El Caso de Venezuela: Documentos, Juicios y Comentarios Relacionados Con La Nota Pasa-da Al Ministro Argentino en Washington*. Buenos Aires: Imprenta y Casa Editora de Coni Hermanos. http://www.bibliotecadigita-tal.gob.ar/items/show/847

- Drago, L. M. (2018) *Cobro coercitivo de deudas públicas*. Nuevo York: Wenworth Press.

- Escudé, C. y Cisneros, A. (2000) *Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina*. Buenos Aires: GEL/CARI.

- Zambrano Duran, M. del C. (2013) El bloqueo Naval a Venezuela (1902/1903) como elemento cristalizador de un nuevo prin-
cipio de derecho internacional. *Relaciones Internacionales*, 45, 3-20.
Doctrina Estrada

Alfonso Sánchez Mugica

La “Doctrina Estrada” es una formulación mexicana, enuncia-
da en 1930, relativa a la aplicación de los principios de igualdad
jurídica de los Estados, autodeterminación de los pueblos y no in-
tervención, que rechaza la práctica del reconocimiento de gobier-
nos por motivos políticos. En otros términos, no emite calificación
alguna sobre la legitimidad de los gobiernos de facto surgidos por
movimientos políticos, en estados reconocidos previamente.

Su autor, Genaro Estrada Félix, Secretario de Relaciones Ex-
teriores de México (1927-1932) durante la presidencia de Pascual
Ortiz Rubio, quiso denominarla “Doctrina mexicana”. Fue redac-
tada y publicada mediante un comunicado el 27 de septiembre de
1930, a raíz de que se habían presentado en ese año cinco golpes
de estado en América Latina. Su interés era impugnar un derecho
que se ejercía principalmente en detrimento de las naciones de
América Latina, de utilizar, por parte de las potencias mundiales,
el reconocimiento de gobiernos como medio de presión política
para obtener concesiones, ventajas y privilegios de los países que
sufrían crisis políticas.

El comunicado de la cancillería mexicana es el siguiente:

Con motivo de los cambios de régimen ocurridos en algunos paí-
ses de América del Sur, el gobierno de México ha tenido necesidad,
una vez más, de decidir la aplicación, por su parte, de la teoría llamada de «reconocimiento» de Gobiernos.

Es un hecho muy conocido el de que México ha sufrido como pocos países, hace algunos años, las consecuencias de esa doctrina, que deja al arbitrio de los gobiernos extranjeros el pronunciarse sobre la legitimidad o ilegitimidad de otro régimen, produciéndose con ese motivo situaciones en que la capacidad legal o el ascenso nacional de gobiernos o autoridades, parece supeditarse a la opinión de los extraños.

[...] Después de un estudio muy atento sobre la materia, el gobierno de México ha transmitido instrucciones a sus ministros o encargados de negocios en los países afectados por las recientes crisis políticas, haciéndoles conocer que en México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de las naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica, al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia, el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades (citado en Calderón Salazar, 1996: 917-918).

Como se observa, su explicación no es muy clara y algunos con-
sideran que tiene una argumentación circular, permitiendo un ejercicio arbitrario. Sin embargo, la Doctrina Estrada queda explicitada cuando se la inscribe en el mismo contexto y antecedentes que la Doctrina Juárez y la Doctrina Carranza y se la sitúa en los diversos debates jurídicos que amenazaban la efectiva autodeterminación de los gobiernos latinoamericanos. En ese sentido, rechaza las doctrinas europea y americana de reconocimiento de gobiernos en función de su naturaleza democrática o del cumplimiento de compromisos internacionales. También se expresa en contra de la obli-gación de reconocimiento que sostenía la Doctrina Tobar. El Insti-tuto Americano de Derecho y Legislación Comparada, que la revisó en 1930, declaró que robustece el principio de no intervención; es un corolario de la igualdad jurídica de los estados; hace innecesaria la diferencia entre reconocimiento de estados y de gobiernos; per-mite la incorporación de los estados a los organismos interguberna-mentales; y, sobre todo, evita los abusos en los que había caído esa práctica, como los Tratados de Bucareli de 1923, en los que los Es-tados Unidos condicionaban el reconocimiento de Álvaro Obregón como presidente a que se les garantizara los derechos de propiedad a los estadounidenses radicados en México y a sus compañías petrole-ras, en contravención de la Constitución de 1917 (Enríquez, 2020).

Sin embargo, Leonel Pereznieto señala la contradicción entre esta Doctrina y el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos, que se han establecido como un principio constitucional de la política exterior; pues permitió que los gobiernos posrevolucionarios evitaran ser criticados en actos de violación de los derechos humanos, a la vez que México se vio impedido de denunciar estas mismas violaciones realizadas por regímenes totalitarios (2002: 122). En un mundo globalizado, esta Doctrina encontraría limitantes por la adhesión a los tratados sobre los derechos humanos. Considera que condenar a un régimen político por violar los derechos humanos no va en contra de la Doctrina Estrada porque son dos cuestiones distintas, pero vinculadas. Se
respeta el régimen político interno, no se le juzga, pero se condena una violación sistemática a los derechos humanos.

Se puede resumir en que México no cree necesaria ni una de-
claración de reconocimiento, ni su solicitud, cuando existe previa-
mente el reconocimiento de Estado; pues su fundamento jurídico
es la continuidad de la personalidad internacional de los estados.
Tiene seguimiento con la llamada Doctrina Díaz Ordaz o Tesis de
la continuidad latinoamericana. En su sentido de no intervención,
la Doctrina Estrada está consagrada en la Constitución vigente, en
su artículo 89, que establece el reconocimiento de tal principio en
los lineamientos que debe observar la política exterior mexicana.

Conexiones

Escuelas de pensamiento y Redes: Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales

Conceptos: Pensamiento latinoamericano en cuestiones internacionales y mundiales

Doctrinas: Doctrina Cárdenas, Doctrina Carranza, Doctrina Díaz Ordaz, Doctrina Juárez, Doctrina Tobar

Figuras: Genaro Estrada

Bibliografía

Calderón Salazar, J. (1996) *Genaro Estrada*. 1887-1937. México: Se-sión solemne, LVI Legislatura, 904-918.

Enríquez, A. et al. (Coord.) (2020) *La política exterior de la Revolu-ción Mexicana en el centenario de la Constitución de 1917*. México: FCPyS/UNAM.

Pereznieto Castro, L. (2002) La Doctrina Estrada, una nota para su relectura. *Relaciones Internacionales*, Mayo-Agosto, 89, 121-126.
Doctrina García Robles

Alfonso Sánchez Mugica

La “Doctrina García Robles” refiere a la defensa de los princi-
pios universales de “paz” y “seguridad” internacionales a través de
la solución pacífica de controversias y de la proscripción de la ame-
naza y del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Estas
ideas se plasmaron en el Tratado para la Proscripción de las Armas
Nucleares en América Latina de 1967, mejor conocido como Tra-
tado de Tlatelolco.

Esta Doctrina fue elaborada por Alfonso García Robles (1910-
1991), a quien se le llamó *father of the treaty*. Perteneció a los diplo-
máticos mexicanos formados en las bases ideológicas y políticas de
la Revolución Mexicana, a partir de la Doctrina Carranza que resu-
me los principales ideales internacionales de México, que señala:
“De este conjunto de principios resulta modificado profundamente
el concepto actual de la diplomacia [...] La diplomacia debe velar
por los intereses generales de la civilización y por el establecimien-
to de la confraternidad universal”. Como exponente del llamado
juridicismo, que caracterizó la política exterior mexicana, García
Robles estuvo convencido de los principios de la integración lati-
noamericana y de los valores del derecho internacional. En 1982,
recibió, con la internacionalista sueca Alva Myrdal, el Premio No-
bel de la Paz, por su perseverancia a favor del desarme y de la paz en
el mundo. Se ha considerado que este galardón representó un re-
conocimiento al esfuerzo mexicano en materia de paz y seguridad.

Las ideas de García Robles y el Tratado de Tlatelolco deben entenderse en el marco de la Guerra Fría, una confrontación política e ideológica que también puso de manifiesto la capacidad militar de Estados Unidos y la Unión Soviética y sus proyecciones devastadoras. Los países latinoamericanos temían el riesgo de una guerra nuclear en la región, tras la revolución cubana y la crisis de los comités soviéticos en la isla en 1962 y, por ello, iniciaron negociaciones para que la región fuera un espacio libre de armas nucleares. El presidente del Brasil, João Goulart (1961-1964), que promovía la investigación y el desarrollo del uso pacífico de la energía nuclear, en 1962 presentó ante la XVI Asamblea General de la ONU un proyecto para la desnuclearización de la región. Dicha iniciativa se truncó dos años más tarde, cuando Goulart fue derrocado por un golpe militar. Por su parte, en 1963, el presidente de México Adolfo López Mateos (1958-1964), cuya gestión se caracterizó por el activismo internacional, convocó a sus contrapartes de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, a firmar una Declaración en la que se estableciera el compromiso de no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear, encargando a García Robles las negociaciones que culminarían el 14 de febrero de 1967 con la firma de dicho Tratado por 18 países.

Sus principales objetivos eran asegurar la existencia de una zona libre de armas nucleares, contribuir a la no proliferación internacional de dichas armas y fomentar el desarme general y completo, al incluir protocolos adicionales abiertos a los países que tenían territorios bajo su responsabilidad en la zona de aplicación del Tratado y a las cinco potencias nucleares, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Entró en vigor el 25 de abril de 1969, convirtiéndose América Latina y el Caribe en la zona poblada desnuclearizada más grande del mundo.

García Robles señaló claramente los beneficios del Tratado de Tlatelolco:
Para los Estados de la América Latina que son ya parte en el Tra-
tado, al igual que para aquellos que lleguen a serlo, el régimen de
total desnuclearización militar en él establecido entraña un doble
beneficio: alejar de sus territorios el peligro de que se conviertan
en blanco de eventuales ataques nucleares, y evitar el derroche de
sus recursos, indispensables para el desarrollo económico y social
de sus pueblos, en la producción de armamentos nucleares (García
Robles, 1987: 21).

Su impacto internacional se traduce en la existencia de otras
zonas libres de armas nucleares. Después de Tlatelolco, la desnu-
clearización se alcanzó en África, en 1996 y en el Sudeste de Asia,
en 1997. En Asia Central, el Acuerdo, firmado en 2006, aún no
entra en vigor, con lo cual sigue siendo un tema pendiente en el
orden internacional. Se observa que la desnuclearización es una
meta por alcanzar, un tema que preocupa y seguirá preocupando al
mundo, en términos de forma de disuasión y prevención a los fines
de que las armas nucleares sean eliminadas. En este panorama, la
Doctrina García Robles viene a constituir el antecedente latinoa-
mericano en su definición y puesta en práctica.

Conexiones

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales

**Conceptos:** Pensamiento latinoamericano en cuestiones internacionales y mundiales, Segurança hemisférica

Doctrinas: Doctrina Carranza, Doctrina Saavedra Lamas

**Figuras:** Alfonso García Robles, Carlos Saavedra Lamas, Graciela Arroyo Pichardo
Bibliografía

García Robles, A. (1967) *Génesis, alcance y propósitos de la proscripción de las armas nucleares en la América Latina*. México: El Colegio de México.

García Robles, A. (1987) *La proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe. En Vigésimo Aniversario del Tratado de Tlatelolco (1967-1987)*. México: OPANAL.

Enríquez, A. (Coord.) (2013) *Homenaje a Alfonso García Robles. Premio Nobel de la Paz, 1982*. México: FCPYS/UNAM.

Serrano, M. (2017) *El tratado de Tlatelolco: una mirada retrospectiva a medio siglo de su firma*. México: Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General del Acervo Histórico Diplomático.
# Doctrina Haya de la Torre

Aldana Clemente

La “Doctrina Haya de la Torre” constituye una propuesta emancipadora ante una preocupación política, nacional y continental: el avance del imperialismo sobre Latinoamérica. Fue elaborada por Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979) abogado, político y pensador peruano, en el contexto de la primera mitad del siglo XX.

El proceso a través del cual Haya de la Torre configuró su pensamiento estuvo marcado inicialmente por una activa participación en las luchas y reivindicaciones de estudiantes y trabajadores en Perú, donde fue arrestado y deportado en 1923. Exiliado en México, recibió influencias de la Revolución a través de sus intelectuales (principalmente de Vasconcelos y su noción de Indoamérica) pero también del estudiantado (Melgar Bao, 2003: 46). Posteriormente, se trasladó a Rusia, en donde las estrechas relaciones con los líderes soviéticos influyeron en la conformación y formulación de su proyecto, especialmente frente al imperialismo de Estados Unidos.

Su pensamiento y visión política se plasmó y difundió desde diciembre de 1924 a través de la “Alianza Popular Revolucionaria Americana” (A.P.R.A.) que dio nombre al “aprismo”. En la elaboración de su doctrina se destacaron como ejes y conceptos centrales: la posición frente al imperialismo, el indoamericanismo, la
unidad del continente y la relación entre Historia y Espacio-tiempo. Estas nociones fueron precursoras de un pensamiento latinoamericano en relaciones internacionales basado en el análisis de la realidad regional, con criterios y conceptos propios, sin realizar importaciones acríticas de las ideas europeas.

En este sentido, si bien Haya de la Torre partió de una visión del mundo que estuvo sustentada en el pensamiento marxista-socialista (del que tomó la relevancia de la economía como base de su análisis), éste fue adaptado a la realidad latinoamericana en la que los países no eran industriales y su economía era básicamente agraria o agrícola-minera. A partir de esta identificación, sostuvo que el imperialismo a diferencia del curso seguido en Europa como fase superior del capitalismo, cumplía el papel de primer inductor del capitalismo en América Latina, por lo que representaba su primera fase (Haya de la Torre, 1936: 89).

En esta línea, planteó una lectura histórica acorde a “Indoamérica”, es decir, basada en el reconocimiento de la dignidad del individio y demás etnias y pueblos que contribuyeron al mestizaje como realidad cultural de la identidad latinoamericana, que debía expresarse a través de un movimiento continental. El indoamericanismo representaba para Haya de la Torre “la etapa revolucionaria de nuestra América y la síntesis de la oposición de contrarios que impulsan el devenir de nuestra historia” (Haya de la Torre, 1942: 53). A partir de dicha unidad, propuso enfrentar al imperialismo partiendo de la búsqueda de un intercambio justo de capitales y materias primas entre países ricos y pobres, y una coordinación de intereses al servicio de la paz y el desarrollo. Entendiendo que, la verdadera revolución americana y antiimperialista sólo podría producirse a través de una Alianza Popular (Haya de la Torre, 1926) o unión solidaria de los pueblos indoamericanos que luchase a favor de la “justicia social” (Melgar Bao, 2018).

Estas ideas se profundizaron y radicalizaron en *Por la emancipación de América Latina* (1927) obra en la que definió cinco puntos
generales que servirían de base a cada país latinoamericano que decidiera unirse a esta especie de “internacional” regional para enfrentar el imperialismo (Bernal-Meza, 2014: 32): 1) postura antiimperialista frente a Estados Unidos; 2) búsqueda de unidad latinoamericana; 3) nacionalización de tierras e industrias; 4) internacionalización del Canal de Panamá, y 5) solidaridad de todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.

Sin embargo, a partir de los años '30, el concepto de Indoamérica y la relación con el imperialismo estadounidense fueron redefinidos por el político peruano ante un contexto marcado por la política del “buen vecino” propiciada por el gobierno de Theodore Roosevelt desde Estados Unidos (1933) y el surgimiento y expansión del fascismo alemán. En este sentido, Haya de la Torre distinguió dos imperialismos: democrático y totalitario, por lo que modificó el tono de denuncia y confrontación directo con el imperialismo yanqui para plantear una defensa común de la soberanía ante los peligros que el avance de las potencias extracontinentales totalitaristas suponía (Clemente, 2020: 32). En este sentido planteó: “nuestra primera tarea política es, consecuentemente, la tarea de defender nuestra soberanía. En esta obra de defensa ningún país aislado puede obtener la victoria. Si el peligro es común, económico, con proyecciones políticas, la defensa tiene que ser también común” (Haya de la Torre, 1936: 74). En esta línea, planteó la creación de un gran Frente Popular Norte-Indoamericano Antifascista que suponía excluir de cada país que participe en esa gran alianza democrática a los tiranos y a los métodos tiránicos que en ellos aparezcan (Melgar Bao, 2004: 162). Esta unión estratégica tenía como objetivo “[hacer] más fuerte la defensa en caso de agresión (...) al juntarnos a ellos para la defensa común” (Haya de la Torre, 1942: 15). Sin embargo esta alianza no implicó el abandono de la resistencia al imperialismo estadounidense y sus capitales, que debía continuar bajo la forma de una oposición económico-cultural que incluía, por ejemplo, los servicios de sus
empresas, principalmente en el área del transporte y las comuni-
caciones.

Posteriormente, la originalidad del pensamiento aprista y sus
postulados sobre el antiimperialismo latinoamericano se plas-
maron, desde un enfoque propio de la filosofía de la historia e in-
fluido por la Teoría de la Relatividad de Einstein, en la obra Espa-
cio-Tiempo-Histórico. Cinco ensayos y tres diálogos (1948). Allí Haya
de la Torre reconoció que las leyes históricas no tenían aplicación
universal dado que se encuentran condicionadas por el punto de
observación. Por ende, la historia del mundo vista desde Europa
no podía ser la misma que la Historia vista desde el Espacio-tiempo
histórico indoamericano (Haya de la Torre 1948: 12). A la vez, el
autor refutó como concepción europea, inválida en Indoamérica,
la división de la historia universal en edades, aduciendo que las an-
tiguas culturas del continente no tienen cabida en dicha división
eurocéntrica (Haya de la Torre 1948: 76-77). Por lo tanto, su tesis
del Espacio-Tiempo histórico se conformó en una defensa del pa-
sado de las sociedades de la región amerindia.

En este sentido, la propuesta de Haya de la Torre fue precurso-
ra de un pensamiento latinoamericano en relaciones internacio-
nales y representó un aporte al constituirse como un antecedente
de interpretación y adaptación de ideas surgidas en la realidad eu-
ropea del siglo XIX a la realidad latinoamericana del siglo XX. Su
resultado constituyó un pensamiento original producto de una re-
flexión situada histórica, social y culturalmente, acorde a un con-
tinente mestizo que, ante un contexto de avance del imperialis-
mo, debió propiciar políticas para superar el subdesarrollo. Desde
esta visión de mundo, Haya de la Torre elaboró estrategias políti-
co-económicas y apostó, incluso, al empleo de una semántica y un
lenguaje acorde a la realidad y singularidad local al buscar sustituir
términos como “raza” o “hispanoamericanismo” por otros como
“antiimperialismo” e “indoamericanismo”.

Si bien la Doctrina no llegó a concretarse como tal, puede con-
siderarse como una de las fuentes centrales en la trayectoria del partido Aprista en Perú, pero también en la conformación de partidos y movimientos latinoamericanos cuyos líderes reivindicaron la construcción de una Patria Grande, a partir de un ideario que pugnó por constituir relaciones de coexistencia y no de sometimiento frente a los imperialismos. Asimismo, posteriormente, y ante un contexto de avance del neoliberalismo, principalmente a partir del nuevo milenio, las ideas de Haya de la Torre influyeron, junto a las de José Martí y Simón Bolívar, en la constitución de la UNASUR (2008) y de la CELAC (2010) tanto en sus principios rectores como en el establecimiento de sus objetivos.

## Conexiones

**Escuelas de pensamiento y Redes:** Escuela Unionista Centroamericana

**Conceptos:** Autonomía, Integración, Patria Gramde, Pensamiento latinoamericano en cuestiones internacionales y mundiales, Regionalismos latinoamericanos, Sistema latinoamericano

**Doctrinas:** Doctrina Betancourt, Doctrina Drago

**Figuras:** Luis María Drago, Manuel Ugarte, Víctor Raúl Haya de la Torre

## Bibliografía

Bernal-Meza, R. (2014) La doctrina de la autonomía: realismo y propósitos. Su vigencia. En J. Briceño Ruiz y A. Simonoff (Eds.) *Integración y cooperación regional en América Latina. Una relectura a partir de la teoría de la autonomía*, Buenos Aires: Babilos, 95-120.
Clemente, A. (2020) De las doctrinas Drago y Haya de la Torre a la “integración solidaria” de Puig: bases teóricas para la integración regional en el pensamiento latinoamericano”. *Revista Estudios Avanzados*, (33) 28-39.

Haya de la Torre, V. R. (1927) ¿Qué es el A.P.R.A.? En V. R. Haya de la Torre, *Por la emancipación de América Latina*, Buenos Aires: M. Gleizer, 187-196.

Haya de la Torre, V. R. (1927) *Por la emancipación de América Latina*. Buenos Aires: M. Gleizer.

Haya de la Torre, V. R. (1936) *El antiimperialismo y el APRA*. Santiago de Chile: Ediciones Ercilla.

Haya de la Torre, V. R. (1942) *La defensa continental*. Buenos Aires: Americalee.

Haya de la Torre, V. R. (1948) *Espacio-tiempo-histórico: Cinco ensayos y tres diálogos*. Lima: Ediciones La Tribuna.

Melgar Bao, R. (2003) El joven Haya de la Torre y sus muchos mundos. *Revista de la Universidad de México*, Abril, 41-47. https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/18fb-f21a-8636-4356-bdc0-db5628534e6d/el-joven-haya-de-la-torre-y-sus-muchos-mundos

Melgar Bao, R. (2004) El populismo indoamericano: entre Haya de la Torre y Trotsky. *Cuadernos Americanos*, 1 (103) 150-165.

Melgar Bao, R. (2018) El antiimperialismo de la revista Indoamericana: México 1928. *Pacarina del Sur*, Enero-Marzo, 9 (34).
Doctrina Juárez

Alfonso Sánchez Mugica

La “Doctrina Juárez” es una declaración que sostiene la defensa de la soberanía y la igualdad jurídica de los estados como máxima del Derecho Internacional, cuyos principios fueron expuestos por el Presidente mexicano Benito Juárez tras su retorno al poder en 1864, una vez finalizada la intervención francesa en el país.

Esta Doctrina debe ser entendida en el marco de la historia de México. Durante el siglo XIX, como otros Estados latinoamericanos, el país estuvo conmocionado por la injerencia de grandes potencias. En 1835 inició la guerra de Texas, protagonizada por pobladores tejanos y anglo tejanos, que resultó en la separación de este territorio del Estado mexicano. Entre 1838 y 1839 se dio la primera intervención francesa, llamada también “guerra de los pasteles”, que obedeció a las reclamaciones de ciudadanos franceses contra el gobierno mexicano. Entre 1846 y 1848 se llevó a cabo la guerra entre México y Estados Unidos debido a las pretensiones expansionistas de este último país, que despojó a México de más de la mitad de su territorio. Finalmente, en 1861, Francia invadió México y constituyó un Segundo Imperio que se extendería hasta el año 1867, período durante el cual se libró una guerra civil entre conservadores, que apoyaban la intervención francesa, y republicanos, que reivindicaban la legitimidad del presidente Benito Juárez en lo que sería una disputa por la soberanía (Galeana, 2010:
157 y ss.). Juárez, de origen indígena zapoteco, había sido testigo de estas intervenciones y de los perjuicios que había sufrido México por los intereses expansionistas de las potencias y había sido, desde el mismo inicio de la ocupación francesa, uno de los principales defensores del principio de no intervención (Galeana, 2006: 122).

Concluida la intervención francesa en México, que representó la ocupación más larga por la que ha pasado el país, se inauguró la etapa de la República Restaurada. A su entrada a la ciudad de México, después de cuatro años de ausencia, el 15 de julio de 1867, Benito Juárez realizaba una declaración al pueblo mexicano, un llamado a la reconciliación, que expresaba, por una parte, la confirmación de un Estado que se declaraba independiente y soberano y, por otra, la prédica del liberalismo más puro:

> Hemos alcanzado el mayor bien que podíamos desear al ser consumada por segunda vez la independencia nacional (...) Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Este planteo se encontraba en el pensamiento ilustrado de Immanuel Kant, quien señalaba que la paz perpetua solamente era posible si existía la justicia apegada al respeto al derecho. El mismo se remonta al profeta Isaías, cuando establecía que “la obra de la justicia será la paz”, y representa la concepción según la cual la fuerza de los débiles se encuentra en el derecho. Eso expresa, de alguna manera, que el mayor triunfo que se había alcanzado al vencer al ejército más poderoso de la época era de carácter moral, y del triunfo militar se derivaba la fuerza del discurso de Juárez,
que le permitiría decidir libremente el tipo de relaciones exteriores a emprender.

De aquí se desprenden diversas ideas que debían regular las relaciones internacionales de México. Daniel Cosío Villegas destaca de este manifiesto y del mensaje que el propio Juárez dirigió al Congreso cuando este reanudó sus sesiones en 1867, el triunfo del modelo republicano contra el monárquico, y el de la soberanía nacional. En este sentido, cabe destacar el refrendo que hace México a seguir respetando los derechos de los extranjeros al mismo nivel que el de los nacionales, del mismo modo que afirma el cumplimiento de los tratados internacionales y demanda una respuesta semejante del resto de los Estados sobre la base, por tanto, de la justicia, la igualdad y la reciprocidad (Cosío Villegas, 1962: 531). Pero la Doctrina también estaba dirigida a condenar la práctica del reconocimiento de gobiernos que no hubiesen sido reconocidos por sus propios estados. Como resultado de la intervención, la política exterior juarista declaró la insubsistencia de los tratados y convenciones firmados con los países invasores o con los que habían apoyado el Imperio y estableció las condiciones en las que México estaba dispuesto a restablecer sus relaciones con el exterior y que consistían en el desconocimiento de los tratados con los países intervencionistas; el fin de tratados desventajosos para México; y la reanudación de relaciones con los países que habían participado en la intervención armada solo partir de su solicitud (Galeana, 2006: 121; Gaytán Guzmán, 2013: 49).

La Doctrina Juárez se ha convertido en símbolo de la defensa de la soberanía en América Latina. El derecho de autodeterminación de los pueblos y la igualdad de los estados fueron retomados por el presidente Venustiano Carranza (1917-1920) en la Doctrina que lleva su nombre; influyeron en la Doctrina Estrada (1930) de no reconocimiento de gobiernos; y, finalmente, están consagrados en el artículo 89 de la actual Constitución mexicana.
## Conexiones

**Conceptos:** Autonomía

**Doctrinas:** Doctrina Calvo, Doctrina Carranza, Doctrina Drago, Doctrina Estrada

**Figuras:** Carlos Calvo, Genaro Estrada

## Bibliografía

Cosío Villegas, D. (1962) La Doctrina Juárez. *Historia Mexicana*, 11 (4) 527-545.

Galeana, P. (2006) La Doctrina Juárez. *Decires, Revista del Centro de Enseñanza para Extranjeros. Nueva época*, Primer Semestre, 8 (8) 117-124.

Galeana, P. (2010) *La disputa por la soberanía*. México: El Colegio de México.

Gaytán Guzmán, R. I. (2013) Las relaciones internacionales de México en el siglo XIX: de la independencia formal a la actualización de la dependencia. *Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM*, Enero-Abril, 115, 33-67.
# Doctrina Respice Polum

Isabel Clemente

La "Doctrina Respice Polum" (expresión en latín que significa "mirar a la Estrella Polar") fue elaborada por el Presidente Marco Fidel Suárez (1918-1921) como fundamento de su propuesta de política exterior hacia Estados Unidos. Esta propuesta tenía como objetivo recomponer las relaciones binacionales rotas desde 1903, en el contexto de la separación de Panamá de Colombia y los proyectos de construcción del canal interoceánico que el Estado colombiano había adelantado mediante un contrato con la empresa francesa conducida por Ferdinand De Lesseps. El fracaso de esta obra (que culminó en la ruina de la compañía francesa y en una grave crisis financiera en Francia) tuvo impactos negativos en la economía colombiana. La posición del gobierno de Estados Unidos, de público apoyo al movimiento separatista de Panamá, respaldada por sectores empresariales norteamericanos interesados en la obra de un nuevo proyecto de canal, provocó la decisión colombiana de ruptura de relaciones binacionales.

La Doctrina del Respice Polum se inscribe en el eje de relaciones Norte-Sur, una de las alternativas presentes en la discusión sobre orientaciones de la política exterior de América Latina (Drekonja Kornat, 1982; Camacho Arango, 2010). Marco Fidel Suárez, un crítico de la política de Estados Unidos hacia América Latina y nacionalista convencido en su actuación como integrante del
Congreso colombiano y como canciller, en el nuevo contexto in-
ternacional marcado por el fin de la Primera Guerra Mundial y el
nuevo equilibrio de poder entre Europa y Estados Unidos, propu-
so un viraje en la posición de Colombia hacia Estados Unidos con
la “invitación” a “mirar hacia el Norte” y un curso de acción de
recomposición de relaciones con la potencia hemisférica (Pardo y
Tokatlian, 1989). Un nuevo tratado bilateral fue el resultado del
pragmatismo del Presidente y la afirmación de una línea de larga
duración en las relaciones bilaterales Colombia-Estados Unidos.
La respuesta de Estados Unidos consolidó esa orientación con la
negociación del tratado Urrutia-Thompson, negociado en 1914
y ratificado por Colombia en 1921, por el cual Estados Unidos se
comprometía a acciones reparadoras de la pérdida de Panamá, en-
tre ellas el pago de una indemnización de 25 millones de dólares,
derechos de tránsito por el canal de Panamá y respaldo a los dere-
chos de Colombia en sus diferencias con Nicaragua por la delimi-
tación de áreas marinas y submarinas en el Caribe.

Conexiones

Conceptos: Estados intermedios

Doctrinas: Doctrina Castañeda, Doctrina Brum

Figuras: Marco Fidel Suárez

Bibliografía

Arizmendi Posada, I. (1989) Marco Fidel Suárez. En *Presidentes de Colombia, 1810-1990*, Bogotá: Editorial Planeta, 213-220.

Bermúdez Torres, C. A. (2010) La doctrina del Respice Polum (Mirar hacia el Norte) en la práctica de las relaciones internacionales de Colombia en el siglo XX. *Memorias*, 12, 189-222.
Camacho Arango, C. (2010) *Respice Polum en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en el siglo XIX y los usos (y abusos) de una locución latina. Historia y Sociedad*, 19, 175-201.

Drekonja Kornat, G. (1982) *Respice Polum. Colombia. Política Exterior*. Bogotá: FESCOL.

Pardo, R. y Tokatlian, J. G. (1989) *Política exterior colombiana. De la subordinación a la autonomía*. Bogotá: Tercer Mundo Editores, Ediciones Uniandes.
Doctrina Rodríguez Larreta

Isabel Clemente

Elaborada por el Canciller uruguayo Eduardo Rodríguez Larreta, esta propuesta de política exterior se inscribe en el contexto del inicio de la Guerra Fría y del alineamiento hemisférico con la política exterior de Estados Unidos (Trask, 2015). Rodríguez Larreta, Canciller de Uruguay al inicio de la presidencia de Juan José de Amézaga (1943-1947), asumió como Ministro de Relaciones Exteriores el 4 de octubre de 1945. En la inauguración de su gestión, propuso adoptar como principio orientador de la política internacional americana el “paralelismo entre la democracia y la paz” en el entendido de que solo la vigencia plena de la democracia podía garantizar la paz (Casal, 1997). Según dicha tesis, el reconocimiento de esa asociación debía ser una norma indeclinable de acción de la política interamericana. El 23 de noviembre Rodríguez Larreta dirigió una nota a los Cancilleres de las Repúblicas Americanas (Oddone, 2003) en la cual exponía este argumento y agregaba que ese principio suponía la protección internacional de los derechos del hombre y la acción colectiva en defensa los mismos (Clemente, 2012). Afirmaba que el principio de no intervención no podía ser amparo para la violación de los derechos del hombre y de los acuerdos hemisféricos aprobados en las conferencias interamericanas.

La respuesta de las Cancillerías latinoamericanas a la nota uru-