obreros no comunistas. Entre ellas: (1) la jornada de siete horas, (2) el des-
canso de seis semanas con remuneración para las mujeres antes y después
del nacimiento de un hijo, (3) el aumento en los salarios, (4) los subsidios
para los desempleados, (5) oposición al desalojo del desempleo incapaz
de pagar un alquiler, (6) la prohibición del cese de funcionamiento de las
fábricas, (7) la división de los latifundios, (8) la expropiación de indus-
trias importantes en manos de intereses extranjeros y el patrimonio de
la Iglesia, (9) el rechazo al Código del Trabajo, (10) la liberación de pre-
sos políticos y (11) el reconocimiento diplomático de la Unión Soviética.
Además, se acordaron exigencias puramente bolcheviques como: (1) que
Ibáñez fuera sometido al juicio de un Jurado de Obreros y Campesinos,
(2) que los carabineros fueran reemplazados por guardias de obreros, (3)
que a los indígenas se les otorgara el derecho a la libre determinación y
la organización de su propio estado y (4) que se formara un gobierno de
obreros y campesinos<fnref n="374" />.

El pensamiento bolchevique también se incorporó en los nuevos
estatutos de la FOCH. Según el artículo 2, la misión de la FOCH era
“defender los derechos de los obreros, campesinos, soldados, marineros,
indígenas, pequeños comerciantes y empleados públicos y privados”. Otro
objetivo de la FOCH era luchar contra el imperialismo (artículo 6)<fnref n="375" />. Las
condiciones inciertas tras la caída de Ibáñez hicieron que los comunistas
se engañaran a sí mismos y creyeran que la situación del Chile en 1931 era
similar a la de Rusia en 1917. Las tácticas correctas los llevarían al poder
como había sucedido con los bolcheviques. Hay quienes argumentan que
el ataque de diciembre de 1931 al cuartel general de un batallón militar
apostado en Copiapó fue un intento de llevar estas ideas a la práctica por
parte de los comunistas. Sin embargo, el resultado no fue el inicio de una
revolución proletaria exitosa. En su lugar, condujo a una trágica masacre
de obreros en Nochebuena y en la ciudad aledaña de Vallenar<fnref n="376" />.

A los comunistas también se los acusó de haber instigado el levanta-
miento de los marineros de Coquimbo y Talcahuano, ocurrido dos meses
antes. Los comunistas jamás realizaron tal cosa, a pesar de que no solían
mostrar recato a la hora de llevarse el crédito. Su crónica del acontecimien-
to relata un movimiento espontáneo en contra de la intención del gobier-
no de reducir los salarios<fnref n="377" />. Quizás la amonestación del Buró Sudamerica-

<footnote n="374">374 *Bandera Roja* (Santiago), 27 de agosto de 1931.</footnote>

<footnote n="375">375 *La Jornada Comunista* (Valdivia), 7 de noviembre de 1931.</footnote>

<footnote n="376">376 Oswaldo Quijada Cerda, *La Pascua trágica de Copiapó y Vallenar* (Santiago, 1932), pp. 4-7.</footnote>

<footnote n="377">377 *La Jornada Comunista* (Valdivia), 5 de septiembre de 1931.</footnote>
no de la Internacional Comunista corrobora este planteo. El Buró criticó a los comunistas chilenos por no convertir el levantamiento en una victoria revolucionaria. Las condiciones estaban en su punto, afirmó el Buró. El partido fracasó en aprovechar la confusión en los círculos burgueses y el descontento generalizado entre los obreros, así como la solidaridad que la FOCH podrían haber brindado a los marineros. Era cierto que los marineros no tenían “idea alguna de la naturaleza profundamente política [...] ni de la enorme importancia de la acción revolucionaria” en la que se habían involucrado. Pero era justamente el trabajo del partido convencerlos<fnref n="378" />.

La crítica del Buró no era del todo justificada. Los líderes del partido chileno trataron de canalizar el levantamiento hacia una revolución, pero sin éxito. Los comunistas propusieron la formación de consejos de obreros, marineros y soldados, pero esta sugerencia fue desestimada por los marineros. Los comunistas obtuvieron mejores resultados cuando instaron a los obreros a apoyar a los marineros con un paro general. Incluso aquí la respuesta fue dispareja. En Valparaíso, la mayoría de los trabajadores adhirió al paro y no se presentó a trabajar en varios días. Los trabajadores tranviarios, sin embargo, ignoraron el llamado. En Santiago, el corazón de la política, los comunistas no consiguieron más que una manifestación simbólica<fnref n="379" />.

Su fracaso subrayó la diferencia entre los chilenos y los rusos, y que la nueva política del comunismo internacional hacia los sindicatos no estaba funcionando. El derrocamiento de Ibáñez ocurrió durante el “tercer período” del comunismo internacional, caracterizado por los llamados “frente únicos” por la base, de denuncia del social fascismo y en apoyo del sindicalismo paralelo. Los líderes comunistas de Chile, fieles seguidores de la nueva línea política, dividieron a los profesores, empleados, ferroviarios y otras agrupaciones fuera de su control. Estas tácticas sirvieron para aislarlos de la corriente principal de trabajadores, en especial de los sindicatos industriales. En distintas ocasiones, el partido incluso admitió este hecho. En el decimosegundo pleno del partido, se tomaron medidas para fortalecer su influencia, como establecer células comunistas en los sindicatos industriales y en las organizaciones reformistas, como las llamaban. Ahora bien, esto no significaba que hubieran renunciado a la política de sindicatos duales.

Aunque el Partido Comunista y la FOCH no eran lo suficientemente fuertes como para llevar a cabo una revolución, poseían una notable capa-

<footnote n="378">378 Buró Sudamericano de la Internacional Comunista, op. cit., pp. 16–17.</footnote>

<footnote n="379">379 *La Jornada Comunista* (Valdivia), 16 de septiembre de 1931.</footnote>
cidad de recuperación. Fue gracias a la labor de Recabarren y sus colegas que, tras años de clandestinidad y persecución, la FOCH recuperó casi de un día para otro la fuerza que tenía entre los obreros del salitre del norte y los mineros del sur. En menos de un año, la FOCH recuperó el control sobre un centenar de consejos sindicales distribuidos por casi todo el país, de Arica a Chiloé<fnref n="380" />.

Pero en la medida que se desplegaban las políticas comunistas, au-
mentó la oposición a estas. Los anarcosindicalistas, enemigos históricos
de los comunistas desde antes de la dictadura de Ibáñez, se oponían más
que nunca a las tendencias centralizadoras del comunismo. De inmediato
tras la caída de Ibáñez, los anarquistas reconstruyeron sus sindicatos. El
31 de octubre de 1931, organizaron una nueva federación, la Confeder-
ación General del Trabajo (CGT). En su estructura, la nueva federación
se acercaba más a la antigua FORCH que a la IWW. Se basaba en agru-
paciones regionales más que industriales y daba plena autonomía a cada
federación regional. Si la CGT no hubiese insistido en incluir en su decla-
ración de principios que el objetivo principal de la organización era llegar
al comunismo anarquista, se habría convertido en la nueva organización
aglutinante. Su insistencia en la filosofía anarquista redujo su utilidad y se
volvió un pequeño grupo sectario. Aunque atrajo a grupos de trabajadores
marítimos, de imprenta y de la construcción, la cantidad de sus miembros
nunca superó los 10.000³⁸¹.

Para 1932, una fuerza rival tanto para el comunismo como para el anarcosindicalismo apareció en el movimiento obrero chileno. Se la bautizó en la Revolución Socialista del 4 de junio de 1932. Aunque descendía de las otras dos ideologías más antiguas, contenía nuevos elementos. En su origen, sus miembros eran esencialmente de clase media, en su mayoría profesionales y empleados no manuales. Nació del germen que se apoderó de los estudiantes universitarios tras la Primera Guerra Mundial. Entre sus líderes estaban Eugenio Matte, Oscar Schnake y Eugenio González. A Schnake y González los atrajo el anarquismo en 1920. Había líderes docentes como César Godoy Urrutia y viejos dirigentes obreros como Carlos Alberto Martínez. Muchos eran excomunistas. En ciertos aspectos, la nueva fuerza se acercaba más a las ideas de Recabarren de los días anteriores a la Revolución Bolchevique.

El primer indicio de esta nueva agrupación apareció a principios de
agosto de 1931 en una reunión auspiciada por un grupo de docentes y

<footnote n="380">380 *La Opinión* (Santiago), 1 de mayo de 1932.</footnote>

<footnote n="381">381 Luis Muñoz Hörz, "El sindicalismo revolucionario chileno", en *Rumbo* (Santiago), febrero de 1940, pp. 11-12.</footnote>
otros profesionales. Presidiendo la reunión estaba Eliodoro Domínguez, activo en el movimiento docente. Durante el encuentro, los presentes decidieron fundar el Partido Socialista de Chile y adoptaron el siguiente programa: (1) rechazo a reconocer las deudas contraídas por Ibáñez, (2) distribución de las fortunas amasadas por los partidarios del dictador, (3) división de los latifundios, (4) nacionalización de las industrias esenciales, (5) cierre de la escuela militar y naval, (6) igualdad política y social de la mujer, (7) rechazo de las leyes laborales y revisión de la legislación social. Su objetivo último era, por supuesto, establecer un Estado socialista<fnref n="382" />.

Una ola de grupos socialistas surgió rápidamente en consecuencia. El principal de ellos fue la Nueva Acción Pública, liderada por Eugenio Matte<fnref n="383" />. Matte, un abogado y periodista connotado, también era líder de la Orden Masónica. Era amigo de Marmaduke Grove, en ese entonces commandante de la Fuerza Aérea de Chile y también masón. Grove había sido cercano a Carlos Ibáñez y desempeñó un papel importante en el golpe de estado de enero de 1925, que devolvió la presidencia a Alessandri. Sin embargo, rompió relaciones con Ibáñez cuando este se convirtió en dictador. Los vínculos de Grove con hombres como Matte cobrarían importancia luego en el ascenso del socialismo chileno.

Tras el derrocamiento de Ibáñez, Juan Esteban Montero asumió la presidencia. No fue capaz de resolver la crisis económica, lo que exacerbó el descontento obrero. Muchos líderes con inclinaciones socialistas pensaban que la situación era propicia para instaurar un régimen socialista con la ayuda de Grove y el Ejército. El 4 de junio de 1932, llevaron a cabo un golpe incruento contra Montero. Los promotores del golpe denominaron su gobierno como la República Socialista. El eslogan de los revolucionarios, “pan, techo y abrigo”, sacudió a las masas obreras de su apatía, reviviendo el fervor que habían mostrado en 1920 durante la primera campaña de Alessandri.

En el manifiesto emitido el día del golpe, el 4 de junio, los revolucionarios exigieron: (1) monopolio gubernamental sobre el crédito, (2) medidas para prevenir el cierre de las industrias importantes, en especial la salitrera, (3) control gubernamental del comercio exterior e interior, (4) liquidación de la COSACH, la agencia comercial a cargo del mercado del salitre, (5) monopolio gubernamental del petróleo, yodo, fósforo, tabaco, alcohol y azúcar, (6) indulto a los marineros que participaron de la sublevación de la Escuadra, (7) expropiación de todas las monedas extranjeras

<footnote n="382">382 *El Mercurio* (Santiago), 5 de agosto de 1931.</footnote>

<footnote n="383">383 Alejandro Escobar y Carvallo, "Nacimiento del socialismo en Chile", cap. V, pp. 25-29 (texto inédito en posesión de Escobar).</footnote>
en manos de ciudadanos chilenos, (8) permiso para que las personas sin
techo se muden a casas desocupadas, y (9) cultivo de tierras sin uso para
los campesinos sin tierra. A su vez, el nuevo gobierno prometió tomar
medidas para asegurar la alimentación, abrigo y vivienda para todos, para
lo que designó a un comité de obreros y soldados<fnref n="384" />.

Quince sindicatos centrales y agrupaciones políticas de izquierda se fusionaron en la Alianza Socialista Revolucionaria de Trabajadores (ARS) para salvaguardar la revolución del 4 de junio<fnref n="385" />. La ARS instó al nuevo gobierno a establecer un consejo económico nacional para supervisar la producción y la distribución. Las políticas del consejo debían orientarse a transferir el control de la economía de manos extranjeras al Estado, promover la organización de cooperativas de consumo y agrícolas. La ARS sugirió que el sistema tributario se revisara y que los impuestos indirectos fuesen reemplazados progresivamente por impuestos directos. También esperaba una mayor eficiencia en la administración pública, la eliminación de los burócratas inútiles y un sistema penal más progresista. Para aumentar el nivel cultural de la población, proponía una refundación total del sistema educativo. Insistía en la necesidad de modificar el sistema de asistencia pública y bienestar social, así como la adopción de un sistema íntegro de medicina socializada para mejorar la salud de las masas<fnref n="386" />.

Tras doce días en el poder, el gobierno “socialista” de Matte y Gro-
ve cesó de existir. Fue derrocado por traiciones internas. Matte, Grove y
algunos otros líderes fueron exiliados y encarcelados. Quedó demostrado
que el fervor popular sin un partido fuerte y organizado solo conduce a
un callejón sin salida y a la frustración. Lo único que el Gobierno pudo
lograr antes de su caída fue distribuir los bienes domésticos empeñados
en la agencia estatal.

Cuatro meses después del estallido de la llamada “Revolución Socia-
lista”, la crisis constitucional terminó con la elección de Arturo Alessandri
en octubre de 1932. Una vez más, Alessandri asumió la presidencia con la
determinación de asegurar que la Constitución aprobada en su gobierno
anterior fuese respetada. Para prevenir una nueva revuelta, supuestamente
por las fuerzas que habían orquestado la revolución de junio, Alessandri
dio su bendición a la Milicia Republicana, una organización paramilitar de
50.000 hombres, la mayoría de ellos en buena situación económica.

Los círculos obreros y de izquierda insistían en que esta fuerza ha-

<footnote n="384">384 Suplemento de *La Opinión* (Santiago) 4 de junio de 1932.</footnote>

<footnote n="385">385 *Nuevos Rumbos* (Santiago) 10 de septiembre de 1932, p. 6.</footnote>

<footnote n="386">386 Ibid, 1 de octubre de 1932, pp. 4-5.</footnote>
bía surgido para preparar un gobierno de tipo fascista. Sus alegatos parecían tener fundamento. La Milicia escogía como objetivos especiales a los grupos obreros y socialistas. Las riñas callejeras entre los simpatizantes obreros y socialistas y la Milicia Republicana se tornaron frecuentes. El gobierno de Alessandri pidió y obtuvo facultades extraordinarias del Congreso para lidiar con los desmanes. Con el pretexto de mantener el orden, el gobierno clausuró periódicos obreros, ordenó redadas en los puntos de reunión de la clase obrera y encarceló a dirigentes sindicales y políticos obreros. Los desmanes aumentaron su frecuencia y las peleas callejeras se intensificaron tras la organización del Partido Nacista en 1932 por Jorge González von Marées, un extremista de ideas nacionalistas y admirador de Hitler y Mussolini.

La elección presidencial de octubre de 1932 dejó en claro que la Revolución Socialista del 4 de junio respondía a una necesidad política fundamental. Aunque Grove se encontraba preso en la Isla de Pascua cuando la elección se llevó a cabo, recibió 60.000 votos y se posicionó en segundo lugar. Además, las fuerzas que respaldaron a la Revolución también tuvieron éxito en las elecciones parlamentarias, con 40.000 votos a su favor. Estos y otros factores llevaron a los líderes de los diversos grupos socialistas a sentir la necesidad de organizar un partido capaz de implementar un programa socialista. La iniciativa la tomó Matte y su Nueva Acción Pública, y fue seguida por la Alianza Socialista Revolucionaria, la Orden Socialista y varios otros grupos. El 19 de abril de 1933, el Partido Socialista de Chile se proclamó oficialmente.

Para aquellos que ayudaron a formar el Partido Socialista de Chile, este no era simplemente un partido más, sino un tipo completamente nuevo de partido, tanto en su composición como en su ideología. Su fundamento teórico se basaba en Marx y Lenin, con una inclinación quizás más cercana a Lenin que Marx. Su principal discrepancia con los comunistas no residía tanto en la teoría básica, sino en las tácticas y lealtades a la tradición nacional. La declaración de principios del Partido Socialista de Chile hablaba de interpretar la situación chilena y mundial sobre la base de un marxismo “enriquecido y rectificado” por los cambios científicos y sociales acontecidos desde los días de Marx. Consideraba al Estado como un “órgano de opresión” de una clase sobre otra, y afirmaba que la evolución democrática era imposible porque la clase capitalista se había organizado en “cuerpos civiles armados y ha erigido su propia dictadura para mantener a los trabajadores en la miseria y en la ignorancia e impedir su emancipación.”<fnref n="387" /> Por lo tanto, se argumentaba que un cambio total en la

<footnote n="387">387 Declaración de principios del Partido Socialista, reproducida en la parte trasera</footnote>
estructura social, como contemplaba el socialismo, solo podría realizarse
bajo una dictadura temporal del proletariado.

Desde sus inicios, el partido se opuso a afiliarse a la Internacional Socialista, dominada por los socialistas europeos. En su lugar, abogaba por estrechar lazos con los partidos socialistas y democráticos de América Latina. Tenía la esperanza de ver nacer una "Confederación Socialista" en el hemisferio occidental, en la que todas las naciones latinoamericanas participaran.

El Partido Socialista de Chile se distinguía del Partido Comunista en su aproximación a los problemas nacionales e internacionales. Los líderes socialistas no consideraban que las tácticas y la orientación de los comunistas en 1933 fueran realistas, y las condenaban por no aprovechar lo mejor del pasado nacional. Denunciaron abiertamente la demagogía comunista, su fantasía revolucionaria, su utopismo e izquierdismo infantil. Según una de las mentes más lúcidas del Partido Socialista, tales actitudes no podían atraer a las masas ni generar la anhelada "Segunda Independencia Nacional, la Independencia Económica de Chile"<fnref n="388" />. Para liberar a la nación de "la explotación económica y política del capitalismo internacional y la oligarquía nacional", se necesitaban políticas adaptadas a las condiciones criollas.

En efecto, muchos estuvieron de acuerdo con la crítica, ya que el crecimiento del partido fue meteórico. Al cabo de cinco años, el nuevo partido se había convertido en una fuerza política importante. Su rápido ascenso, sin embargo, resultó ser un arma de doble filo. Distintos elementos, que iban desde los liberales de clase media hasta ex trotskistas, ex estalinistas y ex anarquistas, fueron los principales impulsores en el nacimiento del partido. No obstante, su éxito electoral atrajo a personas que se unieron al nuevo partido únicamente por los beneficios que podía ofrecerles. La estabilidad futura del partido dependía de hacer de estos elementos miembros leales y bien disciplinados. De lo contrario, no habría posibilidad de que el partido enfrentara los desafíos que presentaban las condiciones políticas, sociales y económicas de Chile, ni las artimañas y políticas de infiltración y subversión que pronto adoptarían los comunistas bajo órdenes de Moscú.

Antes de que las fuerzas desintegradoras hicieran su aparición, el Partido Socialista contribuyó a fortalecer el movimiento sindical de Chile.

<footnote>de Estatuto y reglamento del Partido Socialista, aprobado por el VIII Congreso General Ordinario (Santiago), 15 de marzo de 1942.</footnote>

<footnote n="388">388 Oscar Schnake, *Política Socialista* (Santiago, 1938), pp. 79-81.</footnote>
Bajo la influencia y guía socialista, algunos de los sindicatos industriales comenzaron una campaña para unirse con otros sindicatos. En noviembre de 1931, treinta sindicatos industriales de Santiago, con un total de 12.000 miembros, organizaron la Confederación de Sindicatos Industriales de Santiago. En abril de 1932, algunos de los sindicatos libres se les unieron para formar la Federación Nacional Sindical y Organizaciones de Trabajo. En total, los miembros de la nueva federación ascendían a 50.000³⁸⁹. El nombre de la organización se cambió en su convención de marzo de 1934 al de Confederación Nacional de Sindicatos de Chile. La influencia de los socialistas en la nueva organización quedó clara en la declaración de principios que la Confederación abrazó. Esta sostenía que:

> [El actual régimen social del capitalismo está en crisis porque se basa en la propiedad privada de los medios de producción e intercambio, y porque la minoría propietaria es absolutamente inepta y carece de moralidad y de justicia.

> Mientras que la clase explotadora, gracias a su influencia económica y a la complicidad de las fuerzas reaccionarias, vive en la abundancia y detenta el poder público para su exclusivo beneficio, la gran mayoría del pueblo vegeta en la carencia y la miseria. Estas condiciones detestables pueden transformarse mediante el esfuerzo combinado de todos los trabajadores, sean industriales o intelectuales, hombres o mujeres, quienes conscientes de sus obligaciones y derechos actúen en concordancia con la orientación revolucionaria de la lucha de clases.

> El objetivo de este movimiento emancipatorio es destruir el antagonismo de clase existente mediante la instauración de un nuevo régimen económico, caracterizado por una mayor moralidad social y basado en la propiedad colectiva de los medios de producción e intercambio]<fnref n="390" />.

La Confederación Nacional de Sindicatos de Chile se propuso unir a todo el movimiento sindical. Aunque un amplio segmento de los obros todavía pertenecía a sindicatos de orientación anarquista y un número aún mayor estaba afiliado a la FOCH, controlada por los comunistas. En muchos casos, especialmente entre los profesores, los ferroviarios y los panaderos, existían sindicatos duales, fruto del “frente único” por la base.

<footnote n="389">389 Oscar Álvarez Andrews, op. cit., en *La Hora* (Santiago), 9 de octubre de 1938, p. 24.</footnote>

<footnote n="390">390 Citado en Luis Muñoz Hörz, op. cit., p. 13.</footnote>
Sin embargo, para 1934, la necesidad de unidad se tornaba cada vez más urgente. El gobierno de Alessandri y, específicamente, las políticas fiscales de su ministro de Hacienda, Gustavo Ross, generaban un creciente malestar, lo que desencadenó huelgas tanto entre los trabajadores del Estado como de la industria privada.

En 1934, los profesores de enseñanza primaria de Santiago se declararon en paro en demanda de aumentos salariales. El paro recibió el respaldo de la Unión de Profesores, de orientación socialista, y la Federación de Profesores, de tendencia comunista. La respuesta del gobierno fue una ola de despidos y arrestos indiscriminados. No solo se detuvo a los dirigentes docentes, sino también a los líderes socialistas. El descuento entre los trabajadores ferroviarios llevó al masivo abandono de sus puestos de trabajo, lo que ocasionó más arrestos. Los enfrentamientos con la Milicia Republicana se volvieron más frecuentes, lo que resultó en derramamiento de sangre en las calles de Santiago.

En enero de 1934, los líderes de la Federación Nacional Sindical y las Organizaciones del Trabajo de Chile señalaron que la difícil situación de los obreros ameritaba nuevos esfuerzos, nuevos métodos y la organización de una nueva agencia para estudiar los problemas y preparar el terreno para un congreso de unidad<fnref n="391" />. Enviaron invitaciones a los sindicatos anarquistas y comunistas para unirse en el Frente Sindical Proletario, cuya misión sería coordinar actividades con miras a la unidad orgánica de todas las fuerzas obreras. Sin embargo, la FOCH, de tendencia comunista, todavía influenciada por las tácticas divisorias del Tercer Período, respondió que solo se uniría si se adoptaba su programa antifascista.

Ante el rechazo de este ultimátum, la FOCH anunció que celebraría una Conferencia Nacional de Unidad Sindical el 29 de junio de 1934. Solicitó a todos los trabajadores a organizar comandos mixtos de unidad sindical y convocó a una conferencia regional preliminar para el 9 de junio, una especie de ensayo general para la reunión mayor. Los comunistas reconocieron que fue un fracaso y culparon a los dirigentes del Frente Sindical Proletario, al que anteriormente habían tildado de “cadáver”, por la falta de éxito de la conferencia<fnref n="392" />.

La unidad de los sindicatos avanzó cuando la Internacional Comunista cambió su postura y adoptó la política de los frentes populares. Los comunistas de Chile dieron un giro y comenzaron a acercarse a quienes antes motejaban de “social-fascistas”. La infiltración, y no la división, era

<footnote n="391">391 *El Proletario* (Arica), 5 de enero de 1934.</footnote>

<footnote n="392">392 *Justicia* (Santiago), 9 de junio de 1934.</footnote>
la nueva táctica. A los comunistas se les indicó que su misión aún era “desenmascarar” a sus enemigos, pero que ahora debían hacerlo “no con adjetivos estridentes” como en el pasado, sino presentando pruebas<fnref n="393" />.

Los primeros signos de esta nueva postura de los comunistas comenzaron a notarse hacia fines de 1934. Tras la huelga de profesores, la Federación de Profesores de orientación comunista se fusionó con la Asociación para formar la Unión de Profesores de Chile. Se establecieron comandos únicos para los panaderos y otros grupos. En abril de 1935, el Partido Comunista envió una comunicación al Partido Socialista sugiriendo la acción conjunta entre ellos y anunciando que no considerarían actividades en un frente unido hasta el congreso de unión sindical, fijado para el 1 de junio de 1935 en Valparaíso<fnref n="394" />.

La Confederación Nacional de Sindicatos Legales anunció la convocatoria a un congreso del cual se esperaba que surgiera una nueva federación compuesta por todos los sindicatos. Los comunistas, no obstante, se oponían a la formación de una nueva federación en ese momento. En su lugar, proponían designar un comité cuya misión sería preparar el terreno para un nuevo congreso. Su excusa era la falta de un planeamiento democrático en los preparativos para el congreso de Valparaíso.

Sin embargo, las verdaderas razones eran menos nobles. En una editorial en *Justicia*, titulada “Un nuevo camino a la unidad”, los comunistas revelaron la causa de su reticencia a crear una nueva organización conjunta en Valparaíso. “El Congreso de Valparaíso”, indicó la editorial, “se efectuó en una situación en la que el movimiento de unificación estaba siendo liderado por los sindicatos de la Confederación y el Partido Socialista”<fnref n="395" />. Las tácticas comunistas los habían aislado de la corriente principal del movimiento sindical, y el cambio de postura no les dio tiempo suficiente para infiltrarse en estos sindicatos. Temían que el control de la nueva organización pasara, por ende, a sus rivales socialistas. De ahí su intención de ponerle freno.

La Convención de Valparaíso tuvo su apertura en la fecha establecida con una asistencia de 70 delegados. A pesar del deseo entre los delegados de que una organización unida se formase allí mismo, se adoptó la resolución sugerida por un delegado de Aconcagua, representante de la postura comunista. Los comunistas alabaron la decisión por estar en la línea con una verdadera democracia sindical. Su órgano de prensa proclamó, en

<footnote n="393">393 Ibid, 2da semana de junio de 1935.</footnote>

<footnote n="394">394 Carta reproducida en Oscar Schnake, op. cit., pp. 85–89.</footnote>

<footnote n="395">395 *Justicia* (Santiago), noviembre de 1935.</footnote>
tono moralizante, que “la democracia sindical es una de las piedras angula-
res de nuestras organizaciones; seamos fieles al mandato de la mayoría”<fnref n="396" />.

Mientras tanto, se precipitaron los eventos en Chile y se apresuró el
proceso que llevó a la formación del Frente Popular. Esto fue seguido por
la unidad sindical. El 2 de febrero de 1936, tras esfuerzos fútiles por con-
seguir un aumento de salarios, 12.000 trabajadores de los ferrocarriles es-
tatales abandonaron sus puestos. Otros obreros paralizaron en solidaridad
y el movimiento amenazó con crecer como una bola de nieve. El gobierno
declaró ilegal la huelga; el ejército tomó el control de los ferrocarriles y
suprimió por la fuerza todas las manifestaciones. El 8 de febrero, Alessan-
dri declaró estado de sitio en todo el país, disolvió el Congreso, clausuró
la prensa opositora y encarceló o sometió a arresto domiciliario a muchos
líderes de izquierda. Los más militantes de ellos, políticos y sindicalistas,
fueron exiliados<fnref n="397" />.

Tras el paro ferroviario, el Comando creado en el Congreso de Val-
paraíso se reorganizó y creció en importancia. En septiembre de 1936 se
había organizado el Frente de Unidad Sindical, que incluía representantes
de la FOCH, de la CGT anarquista y de la Confederación de Sindicatos,
al igual que del Frente Unido de Trabajadores Ferroviarios, la Asociación
de Empleados, la Federación de Panaderos, la Asociación de Trabajadores
Metalúrgicos, la Unión de Profesores, la Asociación Central de Chofe-
res, los zapateros, la Liga de Campesinos Pobres, los carpinteros y otros.
Representaba prácticamente a todo el movimiento sindical de Chile. El
Congreso de Unidad Sindical marcó el paso definitivo hacia la creación de
una nueva organización, cuando representantes de unas 300 agrupaciones
se congregaron en Santiago el 26 de diciembre de 1936³⁹⁸.

En el Congreso de Unidad Sindical se encontraron representadas
las tres principales ideologías políticas: los socialistas, los comunistas y
los anarquistas. Sin embargo, los delegados anarcosindicalistas de la CGT
abandonaron el Congreso al no lograr que se adoptara su perspectiva.
Esto dejó a los socialistas y a los comunistas en una disputa por el control.
Aunque los socialistas superaban ligeramente en número a los comunistas,
algunos de sus delegados se retiraron antes de la votación para el conse-
jo ejecutivo, lo que dio a los comunistas una pequeña ventaja. Salvador
Ocampo, el candidato comunista para la secretaría general, recibió un voto

<footnote n="396">396 *Justicia* (Santiago), junio de 1935.</footnote>

<footnote n="397">397 John Reese Stevenson, *The Chilean Popular Front* (Filadelfia, 1942), p. 64.</footnote>

<footnote n="398">398 José Castro, “Cómo se generó la C. T. Ch.”, en *C. T. Ch*. (Santiago), 10 de septiembre de 1943.</footnote>
más que Juan Díaz Martínez, el candidato preferido por los socialistas. No obstante, tras un acuerdo entre los líderes de ambos partidos, Díaz fue elegido secretario general y Ocampo subsecretario. Esta distribución se replicó en otros cargos, lo que resultó en un equilibrio entre las dos fuerzas dominantes en la Confederación de Trabajadores (CTCH).

Dada la composición del congreso, no sorprende que la declaración de principios de la CTCH tuviera como objetivo principal la destrucción del capitalismo y la implementación del “socialismo integral”. Esto se lograría mediante la organización de todos los trabajadores, urbanos y rurales. La CTCH prometía luchar “para liberar a Chile del yugo imperialista y de la oligarquía nacional”. Adoptó como propios los lemas de Karl Marx: “trabajadores del mundo, ¡uníos!” y “la emancipación de los trabajadores debe ser obra de ellos mismos”<fnref n="399" />. Tenía además la intención de utilizar cualquier método que ayudara a mejorar la situación económica, técnica, cultural y política de los obreros. Se comprometía a velar por el cumplimiento de leyes que ya figuraban en los reglamentos, así como a trabajar por leyes nuevas y mejores, y a proteger el derecho a la organización y la huelga.

En la estructura que adoptó la CTCH se reconocía la importancia de los sindicatos industriales. De acuerdo con su constitución y estatutos, un principio básico de la organización era “en cada fábrica o en cada empresa un Sindicato; en cada industria una Federación; en cada provincia, un Consejo Provincial; más los organismos profesionales de obreros y empleados que las necesidades exijan”<fnref n="400" />.

La CTCH se erigió como un símbolo de la creciente cooperación tras el cambio en la orientación comunista, siendo una consecuencia directa de la formación del Frente Popular en mayo de 1936. El Partido Socialista de Chile siempre había defendido la cooperación política y económica de la clase obrera. Para enfrentar la amenaza de la Milicia Republicana y sus actividades pseudofascistas, en 1934 el Partido Socialista organizó el Bloque de Izquierda con los trotskistas (conocidos en Chile como la Izquierda Comunista) y al ala progresista del Partido Demócrata, encabezada por Pradenas Muñoz, dueño y editor del periódico *La Opinión*. Ni el Partido Radical ni el Comunista estaban dispuestos a unirse al Bloque de Izquierda. Pero para 1936, el escenario político cambió considerablemente. El Partido Radical había roto con Alessandri, a quien ayudó a alcanzar la presidencia, y los comunistas ahora abogaban fervientemente por el

<footnote n="399">399 Juan Díaz Martínez, *Treinta meses de acción en favor del proletariado de Chile* (Santiago, 1939), pp. 23-24.</footnote>

<footnote n="400">400 Ibid, p. 25.</footnote>
Frente Popular. La cercanía de las elecciones parlamentarias y presidenciales actuó como un catalizador adicional para la consumación del Frente Popular.

Aunque generalmente se atribuye el mérito a los comunistas por el Frente Popular, los primeros pasos concretos hacia su realización fueron dados por el Partido Socialista. Cuatro días después del inicio de la huelga de los ferrocarriles estatales, el Partido Socialista se reunió en una convención en Concepción. Entre las resoluciones adoptadas se encontraba un llamado a los partidos Comunista y Radical para que se unieran en un bloque de izquierda más amplio. Asimismo, el Frente Popular nunca habría despegado si no fuera porque el Partido Socialista retiró a su propio candidato y aceptó a Pedro Aguirre Cerca como el candidato del Frente Popular<fnref n="401" />. La contribución del partido a la victoria final del Frente Popular es reconocida de forma transversal.

Los sindicatos participaron directamente en la elección de Aguirre Cerda y del Frente Popular a través de la CTCH. La CTCH se integró como miembro del Frente Popular en junio de 1937 y participó en la convención que nominó a Pedro Aguirre Cerda. Sus delegados se dividieron en partes iguales por la postura comunista y la socialista, como evidencian las votaciones. La mitad de los delegados votaron por Marmaduke Grove, líder de los socialistas, siguiendo las directrices de su partido. Cambiaron de parecer cuando el partido lo indicó. La otra mitad votó con los comunistas.<fnref n="402" />

Cuando Pedro Aguirre Cerda asumió la presidencia en 1938, se inauguró un nuevo capítulo para los trabajadores organizados. En lugar de parias perseguidos, los obreros se convirtieron en una fuerza política importante, con acceso cercano al sillón presidencial. A los líderes de los dos partidos que compartían el control de la CTCH se les invitó a participar en el gobierno. Mientras que los comunistas se negaron, los socialistas aceptaron y se les otorgaron tres ministerios: Fomento, Previsión y Asistencia Social, y Tierras y Colonización. El Ministerio del Trabajo lo asumió Pradenas Muñoz del Partido Demócrata, cuyas raíces en el movimiento sindical se remontaban a los días de Recabarren. Aunque los comunistas se negaron a formar parte del gabinete, a muchos de sus miembros se les otorgaron cargos administrativos tanto en la capital como en las regiones. Con el Ministerio del Trabajo en manos amigas, se garantizó a los obreros que sus quejas y conflictos recibirían su debida atención que y que, en ge-

<footnote n="401">401 Juan F. Fernández, *Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular Chileno* (Santiago, 1938), pp. 46–50, 63–65.</footnote>

<footnote n="402">402 Ibid.</footnote>
neral, los resultados serían favorables.

Las cifran así lo demuestran. Durante los primeros seis meses luego de que el Frente Popular asumiera la presidencia, se registraron 267 conflictos que involucraron a 32.364 trabajadores. Salvo uno, todos fueron resueltos de forma satisfactoria para los obreros y esa excepción solo implicó a diez trabajadores<fnref n="403" />. Para 1940, los salarios nominales de los trabajadores industriales habían aumentado en un 42,86%; mientras que el de los trabajadores no manuales lo hicieron en un 24,13%<fnref n="404" />. Esto significaba también un aumento considerable en los ingresos reales, especialmente para los trabajadores industriales<fnref n="405" />. El crecimiento en el número de sindicatos y la afiliación a estos también reflejaba el cambio en el clima político. Antes del gobierno del Frente Popular, había en total 125.978 miembros repartidos en 932 sindicatos; tras el cambio de gobierno, estas cifras aumentaron a 172.609 miembros y 1.919 sindicatos, respectivamente<fnref n="406" />.

Aunque estas victorias eran importantes, los líderes de la CTCH sabían que todavía quedaba un largo camino por recorrer. Tenían la impresión de que el gobierno del Frente Popular no había hecho todo lo que estaba a su alcance. Por ejemplo, no había mejorado la situación de los trabajadores rurales. Tampoco estuvo dispuesto a legalizar los sindicatos agrícolas ni a modificar las leyes laborales. De hecho, ninguna de las demandas fundamentales de los obreros se había satisfecho y los proyectos que se lograron se desvanecieron con el inoportuno fin del Frente Popular el 15 de enero de 1941, cuando se lo sacrificó en el altar del Pacto entre Hitler y Stalin.

Como todos los conglomerados políticos, el Frente Popular nunca alcanzó una verdadera unidad de propósitos. Las fricciones y rencillas internas por el poder fueron inevitables. Los dos componentes principales, los radicales y los socialistas, se habían enfrascado en una intensa batalla por la influencia desde el principio. Los radicales temían ser superados por el Partido Socialista. Para 1940, la rivalidad entre ambos partidos fue eclipsada temporalmente cuando la disputa entre socialistas y comunistas salió a la luz. Fue esta última pugna la que finalmente destruyó el Frente Popular.

La verdad es que los líderes socialistas y comunistas nunca se quisieron mucho. Los socialistas desconfiaban de las buenas intenciones de

<footnote n="403">403 Juan Díaz Martínez, op. cit., p. 38.</footnote>

<footnote n="404">404 John Resse Stevenson, op. cit., p. 126.</footnote>

<footnote n="405">405 Francisco Walker Linares, op. cit., p. 214.</footnote>

<footnote n="406">406 John Reese Stevenson, op. cit., p. 129.</footnote>
los comunistas, mientras estos últimos no olvidaron ni por un instante el consejo de Lenin de sostener a los socialistas como “la soga sostiene al ahorcado”. La política de los comunistas, incluso durante el auge del Frente Popular, era crear divisiones entre los mandos y las bases socialistas para algún día liquidar a sus rivales.

Luego del pacto entre Hitler y Stalin y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la presencia de los comunistas dentro del Frente Popular tambaleaba. El conflicto se convirtió abiertamente en una crisis con los ataques de los comunistas contra Oscar Schnake, socialista y ministro de Fomento de Chile. Este había sido designado por el gobierno para representar a Chile en la Conferencia de La Habana, convocada por el presidente Roosevelt en el verano de 1940, para lidiar con los problemas ocasionados por la guerra. Desde Cuba, Schnake viajó a los Estados Unidos a principios de agosto y permaneció allí hasta diciembre. Schnake quería convencer al Export-Import Bank de darle un préstamo a Chile y obtener una promesa de compra del salitre y cobre chileno para compensar la pérdida de mercados durante la guerra. Su trabajo también era evitar que los funcionarios de las compañías cupríferas estadounidenses restringieran la producción, lo que llevaría a despidos de trabajadores con consecuencias trágicas para la economía nacional. Después de meses de negociaciones, consiguió el cometido principal de la visita.

En el verano de 1940, los comunistas adoptaron una actitud de neutralidad absoluta. Cualquiera que apoyara a los aliados eran tildado de bélicista. Roosevelt, que antes había sido el regalón de los comunistas, ahora era considerado el militarista máximo. La cooperación con los Estados Unidos era denunciada. Así, desde la óptica comunista, Schnake se había vendido al imperialismo. Durante su estadía en los Estados Unidos, los comunistas no cesaron de insultarlo.

Schnake regresó convencido de que los socialistas no podían continuar su alianza con los comunistas. Había llegado la hora de romper, le dijo al Comité Central de su partido. El Comité decidió que Schnake anunciara la disolución en la reunión pública organizada en principio para darle la bienvenida. Grove, el secretario general del partido y quien encabezaba la reunión, preparó el terreno. Hizo un repaso de la historia del socialismo chileno y las diferencias que los separaban de los comunistas. Felicitó públicamente a Schnake por “la forma provechosa y brillante en la que había cumplido la misión que le había asignado el gobierno”, dejando en claro la postura oficial del partido respecto de Schnake. También indicó que el Partido Socialista, aunque se oponía a la sugerencia de la derecha política de remover a los parlamentarios comunistas de sus cargos, no simpatizaba
con su programa a nivel nacional ni internacional. Cuando llegó el turno de Schnake, despotricó contra el Partido Comunista, tildándolo de ser una “quinta columna” y un “traidor de la clase obrera”. Luego, expresó la pos- tura socialista de la siguiente manera:

> “seguiremos apoyando y ayudando al gobierno del Frente Po- pular, pero tenemos la intención de retomar nuestra indepen- dencia de acción, porque no deseamos estar en alianza con un partido que nos ha traicionado<fnref n="407" />.

El discurso de Schnake del 15 de diciembre confirmó el quiebre. El término oficial del Frente Popular ocurrió el 15 de enero. Los socialistas solicitaron a los otros partidos en el Frente Popular que se aliaran sin los comunistas para las elecciones parlamentarias. Sin embargo, los radicales hicieron caso omiso a la petición. Por consiguiente, el Partido Socialista anunció su retiro del Frente Popular.

Al día siguiente, la CTCH siguió los pasos socialistas al salirse del Frente Popular. Esto, por supuesto, significaba que los socialistas, y no los comunistas, controlaban su consejo ejecutivo. Si los comunistas hubieran sido mayoría, seguramente no lo hubieran permitido. Parecía que la ten- sión entre ambas fuerzas políticas terminaría por destruir a la CTCH.

Dentro del marco legal en el que debían operar, estas divisiones pa- ralizaban a los sindicatos, llegando al punto de que incluso el arma más poderosa de los obreros, la huelga, se volvía ineficaz. Los sindicatos se salvaron de este destino gracias al ataque de Hitler a la Unión Soviética. La nueva línea que siguió a la invasión de Rusia pospuso la división y les dio a los comunistas una oportunidad para completar su misión de infiltración y convertirse en la fuerza dominante en los sindicatos. Cuando finalmente se concretó la división en febrero de 1946, se llevaron consigo el mayor botín.

La fortuna fue menos generosa con el Partido Socialista. Como Mi- nerva, de quien los mitos dicen que nació adulta, el Partido Socialista no había tenido una infancia y una juventud que permitiera desarrollar entre sus miembros esa lealtad era posible con un desarrollo gradual. El partido tuvo muchos cargos lucrativos antes de tener la oportunidad de constituir bases locales que funcionaran bien. Esto atrajo a aquellos cuya lealtad era, a lo más, superficial. Cuando parecía que el partido podría adoptar polí- ticas que pondrían en peligro sus trabajos, estas personas se rehusaban a

<footnote n="407">407 Carta reproducida en *La Crítica* (Santiago), 27 de diciembre de 1941, pp. 1-2.</footnote>
aceptar las decisiones y la disciplina del partido. Y si estas mismas personas tenían cierta cantidad de seguidores, el resultado solía ser la salida del partido. La situación se agravaba con las envidias personales y la competencia sucia de los líderes para granjearse votos e influencias. Toda batalla electoral estaba condenada a traer una crisis del partido que llevaba a la pérdida de miembros y a la disminución de la confianza de las masas en el PS.

Al poco tiempo de que el partido hubiera obtenido su primera victoria parlamentaria en 1937, con la elección de 20 miembros en el Senado y la Cámara de Diputados, presenció la primera división en sus filas. Un grupo pequeño, encabezado por el escritor Ricardo Latcham, quería que el partido apoyara al exdictador, el general Carlos Ibáñez del Campo, como candidato a la presidencia en 1938. Cuando el partido se negó a seguir esta postura, se separaron y formaron la Unión Socialista. La pérdida de miembros fue mínimo en esta ocasión. Pero si el partido hubiera mirado en una bola de cristal, habría sido un buen momento para detenerse a reflexionar. Latcham y sus seguidores presagiaron cómo se desarrollarían las cosas más adelante.

La segunda división fue mucho más grave. Ocurrió a principios de 1940 y surgió de la decisión de permanecer en el gobierno. El líder de esta división fue el maestro primario César Godoy Urrutia. Si bien la división parecía responder a cuestiones políticas, en realidad, se trató de una lucha por el poder. Cuando Godoy perdió ante Marmaduke Grove como secretario general, llegó a la conclusión de que no había esperanza para implementar las políticas que le interesaban. Por lo tanto, se retiró del partido y se llevó consigo aproximadamente a un tercio de los miembros. En junio de 1940, él y sus seguidores fundaron el Partido Socialista de los Trabajadores. Cuatro años más tarde, en 1944, Urrutia y su grupo se fusionaron con los comunistas después de que él y otros miembros de su grupo no lograran ser reelegidos para el Congreso. La escisión liderada por Godoy le costó al Partido Socialista su control sobre la Unión de Profesores.

Si no fuera por la enfermedad y muerte del presidente Aguirre Cerda al año siguiente (1941), el Partido Socialista habría podido afrontar de mejor manera la deserción de Godoy. En vez de mantener la disciplina entre sus miembros, la atención del partido se desvió hacia las nuevas elecciones programadas para febrero de 1942. Una convención especial, convocada debido a la situación causada por la muerte de Aguirre Cerda, nominó a Oscar Schnake como candidato, el otrora secretario del partido y ministro de Fomento. Hubo un gran entusiasmo en el partido por la candidatura de Schnake, y se tenían ilusiones de que otras fuerzas políticas lo apoyarían,
lo cual no se concretó. No se podía esperar el apoyo de los comunistas, ya que lo consideraban el principal obstáculo para sus planes de debilitar al Partido Socialista. Tampoco el Partido Radical mostraba un gran entusiasmo por su candidatura. Ya que, después de todo, este partido, y no el Socialista, era el más antiguo y con mayor número de seguidores entre los partidos de izquierda.

Se mencionaron varios nombres como posibles candidatos, pero uno en particular, resultaba especialmente inquietante para los socialistas y otros interesados en la preservación de la democracia política: el exdictador, el general Carlos Ibáñez del Campo. Entre los principales candidatos posibles propuestos por el Partido Radical figuraron Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Este último fue el primer líder del Frente Popular y tenía la reputación de ser amigable con los comunistas. Ríos, en cambio, era dueño de un fundo de considerable tamaño y no resultaba tan afín a los comunistas. Pertenecía al ala derecha del Partido Radical y sus ideas no eran tan progresistas como las de Aguirre Cerda.

Aparecían todo tipo de rumores sobre acuerdos políticos. Uno de ellos sugería que Schnake estaba negociando con otro candidato, mientras que otro rumor afirmaba que el Partido Socialista tenía la intención de retirar la candidatura de Schnake. El Comité Central del partido llegó categóricamente esto. El 26 de diciembre de 1941, el Comité Central del Partido Socialista recibió una carta de Schnake en la que analizaba la confusa situación chilena, incluyendo el hecho de que su nombre no había generado el apoyo nacional que él y otros esperaban. En cambio, su nombre era asociado al intento de hacer acuerdos con otros candidatos, algo que él desmintió. Sugirió que el partido reconsiderara su candidatura en vista de la gravedad del momento político<fnref n="408" />. Sin embargo, tras una reunión, el Comité Central rechazó la idea y anunció que no retiraría su nombre, ya que consideraban que Schnake tenía buenas posibilidades de ganar.

Casi dos semanas después de esta afirmación, el partido efectivizó retiró su apoyo a Schnake y se unió a la llamada Alianza Democrática, que estaba compuesto por los mismos partidos que integraban el Frente Popular, incluidos los comunistas. El candidato de la Alianza Democrática fue Juan Antonio Ríos. Los comunistas ejercieron fuertes presiones en favor de González Videla<fnref n="409" />. ¿Por qué el Partido Socialista prefirió a Ríos en lugar de Schnake? ¿Era la posibilidad de la elección de Ibáñez en 1942 (y no dentro de diez años) una amenaza tan grande como lo percibía el

<footnote n="408">408 Para detalles de este período y para la campaña que le siguió, véase *La Crítica* (Santiago) de diciembre de 1941 y enero de 1942.</footnote>

<footnote n="409">409 Partido Socialista, *Una etapa de clarificación socialista* (Santiago, s. f.), pp. 11-12.</footnote>
partido? No podemos saberlo con certeza. Sin embargo, una cosa es clara: el respaldo a Ríos y la decisión posterior de seguir en el gobierno fueron catastróficos para el partido. En la convención de Rancagua de 1942, la pugna interna entre los opositores y los partidarios de la participación en el gobierno fue tan feroz que desmembró el partido.

Enredada con esta cuestión estaba la elección del secretario general del partido. La situación era similar a la de 1939, antes de que Godoy dejara el partido, pero en una escala mucho mayor. Los dos candidatos eran Grove, el líder espiritual y secretario del partido, y Schnake, quien generalmente tenía la reputación de ser el más capaz de los líderes. El primero favorecía la participación en el gobierno; el último se oponía. La contienda dejó una herida mortal en el partido, de la cual nunca se recuperó. Las tensiones eran tan altas que la convención no pudo elegir un secretario. Se designó un comité encabezado por Salvador Allende, quien alguna vez ocupó el cargo de ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, y que representaba ambos puntos de vista, para hacerse cargo de los asuntos de la organización hasta que las condiciones se normalizaran<fnref n="410" />.

El grupo liderado por Grove ganó temporalmente en la cuestión de permanecer o retirarse del gobierno. Sin embargo, esta victoria fue pírrica, ya que se logró a un alto costo para la paz interna del partido. Además, la decisión de mantenerse en el gobierno fue deshecha durante la convención especial celebrada en Valparaíso en agosto de 1942. A partir de entonces, la fortuna del partido comenzó a declinar y alcanzó su punto más bajo en las elecciones presidenciales de diciembre de 1946. Por primera vez en su historia, el partido se presentó solo, sin alianzas de ningún tipo, nominando a uno de sus propios miembros, Bernardo Ibáñez, quien había sido secretario general de la CTCH desde 1939. Solo obtuvo 12.000 votos.

Entre la elección de Ríos y su muerte en 1946, el partido perdió miembros debido a salidas y divisiones. Un sentimiento de decepción se apoderó de la colectividad e incluso figuras incondicionales como Schnake optaron por tirar la toalla y renunciar a asumir roles activos. Schnake abandonó el país para convertirse en embajador, primero en México y luego en Francia. Marmaduke Grove, el líder espiritual que había anunciado en la convención de Valparaíso que en adelante sería simplemente un soldado leal que seguiría las decisiones de la mayoría, abandonó el partido en 1944 y fundó lo que denominó el Partido Socialista Auténtico. Este grupo, al igual que el liderado por Godoy, terminó siendo absorbido por los comunistas. Una nueva fragmentación ocurrió en 1948, esta vez respecto a la

<footnote n="410">410 Oscar Schnake, op. cit., pp. 91–93.</footnote>
postura del partido frente a la Ley de Defensa Permanente de la Demo-
cracia. A pesar de su reducida cantidad de miembros, el partido se dividió
de nuevo en tres facciones antes de la elección presidencial de 1952. La
facción más grande, liderada por Raúl Ampuero, se llamó a sí mismo el
Partido Socialista Popular, mientras que la siguiente en importancia fue el
Partido Socialista de Chile liderado por Salvador Allende.

En la medida que se apagaba la estrella socialista, se alzaba la del comunismo. Para 1943, los comunistas habían logrado infiltrarse exitosamente en muchas organizaciones, especialmente en los partidos Radical y Socialista. Consideraban que había llegado la hora de absorber definitivamente al Partido Socialista. Este intento ya se había gestado en 1937, pero tras la invasión de Hitler a la Unión Soviética, los comunistas renovaron sus esfuerzos en esta dirección. En 1937, el Partido Socialista rechazó la maniobra de forma categórica<fnref n="411" />. Sin embargo, para 1943, el proceso de sabotaje había avanzado considerablemente y la situación interna del Partido Socialista era tan precaria que no pudo rechazar la idea de plano. Los líderes socialistas, para ganar tiempo, informaron al Partido Comunista que estaban dispuestos a explorar la posibilidad de una fusión orgánica, aunque se negaban a aceptar comandos de unión locales. Por su parte, el Partido Comunista insistió en que eran esenciales. Los líderes socialistas eran conscientes del uso que los comunistas hacían de estos comandos para sembrar la discordia entre las bases socialistas y sus líderes<fnref n="412" />. A pesar de que en la convención de Valparaíso se votó por prohibir la colaboración de las unidades locales con los comunistas, el hecho de que aún existieran demostraba el éxito de la campaña del Partido Comunista por un “Nuevo Partido”.

El éxito de las tácticas de infiltración y control de los sindicatos por
parte de los comunistas fue significativo, pero su impacto a largo plazo fue
aún mayor. En la segunda convención de la CTCH, celebrada en Santiago
el 11 de septiembre de 1943, los comunistas eran claramente la fuerza pre-
dominante. Estaban decididos a derrotar la resolución presentada por los
socialistas, que proponía retirarse de la Alianza Democrática y promover
en su lugar la formación de un nuevo partido que representara a todos los
trabajadores y elementos progresistas<fnref n="413" />. Incluso intentaron imponer qué
socialistas debían integrar el consejo ejecutivo de la CTCH, renegando
así del acuerdo previamente alcanzado con los socialistas. Estos se vieron

<footnote n="411">411 Partido Socialista, *Una etapa de clarificación socialista*, op. cit., pp. 137-138.</footnote>

<footnote n="412">412 C. T. Ch., *Resoluciones del II Congreso Nacional de la C. T. Ch.* (Santiago, 1944), p. 17.</footnote>

<footnote n="413">413 Partido Socialista, *Una etapa de clarificación socialista*, op. cit., p. 27.</footnote>
forzados a organizar un escuadrón de choque para protegerse de posibles ataques de los comunistas<fnref n="414" />. Aunque los socialistas aún mantenían el cargo de secretario general, ya no contaban con la mayoría en el consejo ejecutivo.

Mientras la guerra continuara, había pocas probabilidades de que los comunistas tomaran medidas que forzaran una división. Sin embargo, cuando la guerra contra Hitler llegó a su fin, y una vez comenzada la Guerra Fría, los comunistas adoptaron una postura similar a la que mantuvieron durante el pacto entre Hitler y Stalin. Esta nueva posición puso en peligro la unidad de los sindicatos, y la división se materializó en febrero de 1946.

La crisis se desencadenó por la imprudencia del Gobierno. El 23 de enero de 1946, el Gobierno ordenó la disolución de dos sindicatos en las sedes de la Compañía Salitrera de Tarapacá, alegando que los sindicatos habían adherido a huelgas ilegales. Al día siguiente, el consejo ejecutivo de la CTCH se reunió y decidió de forma unánime convocar a una paralización nacional por un período de 24 horas, a efectuarse el 30 de enero, en protesta contra la acción del Gobierno y en apoyo al derecho a huelga<fnref n="415" />. También se acordó llamar a una reunión para la noche del 28 de enero.

En Santiago, alrededor de 10.000 personas se congregaron en la Plaza Bulnes el 28 de enero. El número de policías y carabineros era inusualmente alto, y apenas había comenzado la reunión cuando se escucharon disparos que continuaron durante unos minutos, resultando en la muerte de 6 trabajadores y dejando a 80 heridos. Casi de inmediato, muchos de los presentes, liderados por el secretario de la CTCH, organizaron una marcha a través de las calles principales de Santiago exigiendo el castigo de los responsables de la masacre. Esa misma noche, todo el gabinete gubernamental renunció, se declaró estado de sitio y se suspendieron las garantías constitucionales.

La situación política del país ya era bastante confusa para cuando ocurrieron los eventos del 28. El presidente Ríos estaba enfermo de gravidad, aunque entonces no se sabía con certeza. Había cedido el gobierno al vicepresidente Alfredo Duhalde, quien enfrentaba dificultades tanto con los miembros de su propio Partido, el Radical, como con el gabinete que había heredado.

<footnote n="414">414 La crónica que sigue se basa en el testimonio de Bernardo Ibáñez, el secretario de la C. T. Ch., en *Memoria de la Confederación de Trabajadores de Chile presentado por su secretario general, Berarndo Ibáñez, 1943-1946* (Santiago, 1946), pp. 16-29. Otros testimonios no distan demasiado del de Ibáñez.</footnote>

<footnote n="415">415 Ibid, pp. 28-29.</footnote>
Instigada por los acontecimientos del 28 de enero, la paralización del 30 fue absoluta en toda la nación. En Santiago, el día cobró un grado de solemnidad adicional con el funeral de los mártires. En sus discursos fúnebres, los secretarios de la CTCH exigieron el castigo de los culpables, la suspensión del estado de sitio, la formación de un gobierno compuesto por elementos democráticos y la restauración de los derechos legales de los sindicatos. El 1 de febrero, el consejo ejecutivo, junto con los dirigentes de distintas federaciones afiliadas a la CTCH, decidió un paro indefinido que comenzaría el 4 de febrero; el propósito era presionar al gobierno para que aceptara el programa de doce puntos de la CTCH.

Con el paso de los días, el programa devino en la demanda por un nuevo gobierno, aunque existían diferentes visiones sobre qué tipo de gobierno sería aceptable. Los comunistas insistían en que la huelga debía continuar hasta que se instalara una administración compuesta por representantes de todos los partidos de la Alianza Democrática, lo que incluía a los comunistas, pero no a los socialistas. Por otro lado, los socialistas del consejo ejecutivo opinaban que el paro debía terminar tan pronto como se levantara el estado de sitio y se formara un gobierno democrático, capaz de restaurar los derechos civiles. Se entendía, por supuesto, que dicho gobierno restablecería la personalidad jurídica de los dos sindicatos y se encargaría de que los responsables de los crímenes del 28 de enero fueran llevados ante la justicia.

El 2 de febrero, el presidente interino Duhalde intentó formar un gabinete con los partidos de la Alianza Democrática, similar en composición al anterior a la crisis, pero inexplicablemente no lo logró. A estas alturas, los socialistas, que no habían sido parte del Gobierno desde 1943, intervinieron y accedieron a unirse al gabinete. Se les otorgaron cuatro cargos, incluido el Ministerio del Trabajo, y se les prometió que el estado de sitio se levantaría y que se restauraría la personalidad jurídica de los sindicatos inmediatamente después de que jurasen en sus puestos.

Para Bernardo Ibáñez, la participación de los socialistas en el Gobierno era garantía suficiente, por lo que insistió en poner fin a la paralización. Sin embargo, los comunistas se rehusaron y, al ser mayoría, lograron imponer su voluntad. Los socialistas, por su parte, estaban convencidos de que la huelga traería una guerra civil y, con ella, una dictadura militar. Por eso, en vísperas del paro, Ibáñez habló en la radio instando a los obreros a no hacer caso al llamado de los comunistas. Estos acusaron a Ibáñez de traición a la CTCH y lo destituyeron como secretario general, siendo reemplazado por Bernardo Araya. Ibáñez y sus seguidores se negaron a reconocer la legitimidad de esta acción.
Según Ibáñez, solo 60.000 trabajadores respondieron al llamado de huelga del 4 de febrero, mientras que fuentes comunistas afirman que al menos 200.000 participaron. La huelga fue absoluta en las minas de carbón y casi lo mismo aconteció entre los obreros del salitre y el cobre. Duró hasta el 9 de febrero. A pesar de ello, los comunistas no lograron obtener un Gobierno favorable a sus intereses, y en el que su partido estuviera representado. Sí se las ingenieron para dividir la CTCH y demostrar su control sobre el movimiento sindical. Por lo tanto, dos facciones de la CTCH, una controlada por el comunista Bernardo Araya y la otra por el socialista Bernardo Ibáñez, lucharon entre sí. Estas fuerzas estaban más o menos equilibradas; la lucha fue encarnizada y resultó incluso en la muerte de algunos militantes. En aquellos lugares donde los comunistas tenían un control absoluto, no toleraban la existencia de oposición, y esto a menudo desencadenó actos de violencia, incluyendo asesinatos<fnref n="416" />.

Mientras los socialistas formaran parte del gobierno y, en especial, dirigieran el Ministerio del Trabajo, se morigeraba en cierta medida la capacidad de los comunistas para imponer su voluntad. Con el respaldo del Gobierno, los socialistas podían despojar a los comunistas del control de algunos sindicatos, como fue el caso de los trabajadores del cemento de La Calera. Además, pudieron recuperar la sede y hacer uso de los fondos que tenía la CTCH antes de su división<fnref n="417" />. Sin embargo, no había duda de que los comunistas controlaban los sindicatos de las principales industrias de Chile, como el carbón, el salitre y el cobre. También tenían una influencia considerable en los sindicatos de los trabajadores ferroviarios y textiles. Los únicos rubros importantes en los que su influencia era más débil era el transporte marítimo y el empleo público.

La muerte de Ríos en junio cambió el panorama político en favor de los comunistas. Gozaban de una buena racha que culminó con la victoria de Gabriel González Videla el 4 de septiembre. Cuando González Videla regresó del sur tras ser oficialmente nombrado presidente, los comunistas manifestaron su apoyo organizando una multitudinaria recepción en la estación de ferrocarril y llevándolo en hombros a través de más de dos kilómetros de las calles de Santiago. González Videla reconoció públicamente la contribución del PC a su victoria, primero en una carta a su presidente, invitando a su partido a integrarse al Gobierno, y luego en un

<footnote n="416">416 Los comandos controlados por los comunistas reclamaban al gobierno y exigían la restitución de las sedes y el uso de fondos del grupo de Araya. Véase su número del boletín C. T. Ch. (Santiago), 1 de mayo de 1946, p. 6.</footnote>

<footnote n="417">417 La carta y el discurso se reproducen en Ricardo Fonsaca, *Defensa del triunfo y cumplimiento del programa* (Santiago, 1946), pp. 5–7 y 17–21.</footnote>
discurso ante la conferencia nacional convocada por el Partido Comunista para definir su postura y medidas futuras<fnref n="418" />.

En 1938, tras la victoria del Frente Popular, Aguirre Cerda ofreció cargos ministeriales al Partido Comunista, pero este los rechazó. Ahora, su postura había cambiado y estaban ansiosos de ser parte del gabinete presidencial. De hecho, por eso habían insistido en la huelga del 4 de febrero de 1946. Ricardo Fonseca, secretario del partido, instó a los delegados de la conferencia nacional del 11, 12 y 13 de octubre que el partido participara del Gobierno, argumentando que era lo que el pueblo deseaba: “un gobierno con ministros comunistas”<fnref n="419" />. En 1938, los comunistas habían rechazado la inclusión en el gabinete porque creían que su presencia daría argumentos a los enemigos del Frente Popular; en 1946, ya no le temían a los “designios, calumnias e intrigas del enemigo”. Ni siquiera sentían aversión por ser parte de un Gobierno en el que también participarían miembros del Partido Liberal, un partido de derecha. Estaban seguros de que el pueblo quería que se implementara el programa de la campaña presidencial de González Videla, y juzgaban que su presencia serviría como garantía, como afirmó el propio González Videla

¿A qué fueron a la Moneda? La oposición insistía en que los comunistas estaban usando su posición en el gobierno para hacer proselitismo. Los comunistas no lo negaron; argumentaron que esto era perfectamente válido<fnref n="420" />. Durante este período, el partido experimentó un notable aumento de miembros, de todos los estratos sociales. El incremento más significativo provenía de las zonas agrícolas, lo que parecía ser una consecuencia directa del control de los comunistas sobre el Ministerio de Agricultura, dirigido por uno de sus ministros. Casi tan pronto como Gabriel González Videla asumió la presidencia, el ministro del Trabajo anunció que primaba una mala interpretación de las leyes laborales que prohibían la

<table><thead><tr><td>Comuna o provincia</td><td>1944</td><td>1947</td></tr></thead><tbody><tr><td>Aconcagua</td><td>989</td><td>1.758</td></tr><tr><td>O'Higgins</td><td>1.770</td><td>4.064</td></tr><tr><td>San Fernando</td><td>312</td><td>1.444</td></tr><tr><td>Valdivia de Lontué</td><td>0</td><td>255</td></tr><tr><td>Linares</td><td>511</td><td>1.095</td></tr><tr><td>Longaví</td><td>13</td><td>146</td></tr><tr><td>Bióbio</td><td>278</td><td>1.522</td></tr><tr><td>Malleco</td><td>184</td><td>726</td></tr></tbody></table>

<footnote n="418">418 Ibid, p. 42.</footnote>

<footnote n="419">419 Luis Reinoso, “La jornada electoral de 6 de abril y la crisis política”, en *Principios*, mayo de 1947, pp. 10–12.</footnote>

<footnote n="420">420 Ibid, pp. 7–10. Abajo, algunas de las zonas agrícolas en las que los comunistas obtuvieron un incremento significativo de votos:</footnote>
sindicalización de los trabajadores agrícolas. A esto le siguió una fiebre de sindicalización bajo auspicio comunista, lo que los puso en conflicto con sus compañeros de gobierno, especialmente con aquellos del partidos Radical y Liberal, que incluían a latifundistas entre sus filas. Estos últimos presentaron un proyecto de ley en el Congreso que, aunque permitía la sindicalización de los trabajadores agrícolas, imponía tantas restricciones que en realidad imposibilitaba la viabilidad sindical.

La prueba del crecimiento de la influencia comunista durante este período se reflejó en las elecciones locales del 6 de abril de 1947. Los comunistas obtuvieron 90.000 votos y se convirtieron en el segundo partido más grande de Chile. Lo más notable fue que el aumento de votos en las comunidades agrícolas superó con creces al de las zonas industriales. Los votos del partido mostraron grandes avances en los llamados “bastiones feudales”. No hubo una sola provincia agrícola de importancia en la que el aumento no fuera considerable, e incluso en algunos casos, se logró la elección de concejales del partido por primera vez<fnref n="421" />. Además, el partido consiguió el control mayoritario de provincias industriales importantes, incluyendo los centros mineros de Potrerillos, Chañaral y Sewell. El incremento neto de su representación a lo largo del país fue del 10%. En Santiago, el corazón político del país, duplicó sus votantes de 12.892 a 25.939, convirtiéndose así en el partido principal de la ciudad<fnref n="422" />.

Aunque la estrategia del Partido Comunista era mantener la olla a presión en el sector agrícola, trató de mitigar el descontento entre los trabajadores industriales mediante huelgas solo en casos “extremos y excepcionales”. Los trabajadores debían coordinar sus actividades con las del Gobierno. Los comunistas hacían hincapié en aumentar la producción y abogaban por la organización de comandos representativos de obreros, gerentes y técnicos gubernamentales en todas las fábricas y minas. Denunciaban las huelgas de panaderos, funcionarios públicos, trabajadores del tranvía y marítimos como “irresponsables” y favorables a elementos reaccionarios. Calificaban a las huelgas, especialmente las lideradas por los trabajadores de los ferrocarriles estatales y el Ministerio de Salubridad, bajo liderazgo socialista, como políticas y subversivas<fnref n="423" />.

Los paros estaban relacionados directamente con el descontento de

<footnote n="421">421 Ibid. Para información sobre las fuerzas del Partido Comunista, según datos de una persona que no pertenece a este, véase Sergio Vergara, *Decadencia o recuperación* (Santiago, 1945), p. 224.</footnote>

<footnote n="422">422 Ricardo Fonseca, “Solución popular a la crisis”, en *Principios*, febrero-marzo de 1947, pp. 5-6.</footnote>

<footnote n="423">423 Ibid, p. 7.</footnote>
los trabajadores por la escalada de precios, incluyendo los del pan, la mantequilla, la harina y otros insumos básicos. Los comunistas se oponían a los paros liderados por los socialistas, a quienes insistían en llamar trotskistas, pero fomentaban la agitación social mediante la organización de la Central Nacional de Defensa de los Consumidores (CENADECO). Esta organización, una fachada comunista, se dedicaba a protestar contra el alza de precios y a castigar la especulación. Los comunistas querían que el gobierno utilizara la CENADECO, al igual que otras organizaciones afines, para “modificar la correlación de fuerzas a su favor y aislar a sus enemigos”<fnref n="424" />. Sin embargo, estas tácticas cínicas generaron rechazo. Lo ganado por los comunistas en las elecciones municipales ya había despertado incomodidad entre los radicales y los liberales. Los liberales tomaron la primera medida, retirando a sus ministros del gabinete y precipitando una crisis. Luego, renunciaron los radicales y los democráticos. Solo permanecieron los comunistas en el Gobierno. González Videla se enfrentaba a una crisis para la cual no veía otra solución que el sacrificio de los comunistas. Y eso fue lo que hizo.

Los comunistas denunciaron la crisis como una maniobra de los enemigos del régimen y predijeron terribles consecuencias, incluida la guerra civil. Alegaron que un gabinete sin comunistas aislaba al gobierno de las masas obreras. Aunque todavía no atacaban al presidente. Intentaban seducirlo y alejarlo de su propio partido —el Radical—, pero no tuvieron éxito. Por el contrario, cada día surgían nuevos indicios de que el matrimonio entre los comunistas y el presidente se deslizaba hacia el divorcio.

Cuando ya no quedaba ningún plan de reincorporación al Gobierno, los comunistas cambiaron su táctica una vez más. Ya no hablaron de la necesidad de aumentar la producción. Ahora, sus esfuerzos se centraban en forzar un enfrentamiento con el gobierno mediante el uso del poder de los trabajadores en las industrias principales. Para esto, no había un sector más estratégico para servir a los intereses del comunismo que los mineros del carbón. Había 12 sindicatos mineros con un total de 23.000 miembros cuyos objetivos estaban bajo el control absoluto de los comunistas<fnref n="425" />. Una

<footnote n="424">424 En 1945, los ingresos de los dos sindicatos más grandes en Schwager y Lota eran de 3.819.988,87 pesos y 2.697.857,84 pesos, respectivamente. De sus ingresos, el sindicato de Schwager gastó 4.715 pesos en su biblioteca y en otras actividades educacionales y culturales, 109.118 pesos en salarios y otros desembolsos de dirigentes, y 156.433 pesos en expansión sindical. El sindicato de Lota gastó un monto mayor en actividades educacionales, un total de 35.442 pesos. Los salarios y desembolsos de los dirigentes ascendían a un total de 119.860,50 pesos, y los de expansión sindical a 243.797,90 pesos. Los datos provienen de Silvestre Molina Urra, op. cit., p. 96.</footnote>

<footnote n="425">425 Citado por Silvestre Molina Urra, op. cit., pp. 111–112.</footnote>
huelga simultánea de todas las minas, si duraba lo suficiente, paralizaría la
economía entera. Además, los mineros estaban listos para iniciar nuevas
negociaciones contractuales. La negociación que terminó con el paro de
febrero de 1946 expiraba en octubre. Los mineros obtuvieron aumentos
ridiculamente pequeños en sus salarios por la mediación. Sus condiciones
eran miserables y el aumento sostenido de los precios durante los últimos
18 meses hacía que la idea de una huelga fuera tentadora para los mineros.
No había posibilidad de que las compañías accedieran a las nuevas deman-
das sin luchar.

Tras agotar todos los requisitos legales del Código del Trabajo, los
sindicatos emitieron la orden de huelga el 4 de octubre. Se habían negado
con anterioridad a la sugerencia de someter las diferencias a mediación.
Tan pronto como se declaró el paro, el gobierno tomó medidas para evitar
el daño que podría causar al país. Emitió un decreto que ordenaba a los
mineros regresar al trabajo. Al mismo tiempo, ordenó a las compañías au-
mentar los salarios de todos aquellos que trabajaban bajo tierra en un 40%,
y en un 30% para los que trabajaban en la superficie. También ordenó un
aumento del 33% en las viviendas familiares, y una asignación adicional
de 75 pesos para los obreros con familias que no residían en casas de la
empresa. Además, el decreto estipulaba que cada trabajador recibiría un
día extra de pago por cada seis días de empleo<fnref n="426" />.

Los líderes comunistas de los mineros se negaron a bajar la huelga
y, dos días después de la emisión del decreto, las minas seguían cerradas.
Como resultado, el presidente de la República solicitó al Congreso el dere-
cho a suspender las garantías constitucionales y declarar un estado de sitio.
El Congreso lo concedió y el Ejército se encargó de la operación de las
minas. Los mineros fueron inducidos por el Ejército y se les ordenó volver
al trabajo. En tanto, los líderes comunistas fueron arrestados y puestos
en custodia. Se realizaron redadas, se cerraron las sedes del Partido en las
zonas mineras y se confiscaron sus publicaciones.

El estado de sitio se extendió a las zonas mineras del norte, donde
los comunistas también controlaban los sindicatos. Se otorgó poder a las
compañías para despedir a los comunistas que amenazaran con interferir
en la producción, lo que resultó en despidos masivos. Muchos trabajado-
res, aunque no fueran comunistas, a menudo eran etiquetados como tales
por las compañías. No solo eran despedidos, sino que también podían ser
encarcelados o expulsados de la zona en la que habían vivido, quizás, toda
su vida.

<footnote n="426">426 Véase el artículo 2 de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia publicada en el *Diario Oficial*, 18 de octubre de 1948.</footnote>
Después de que el Gobierno acabara con la huelga de los mineros, Gabriel González Videla, quien seguramente no habría llegado a la presidencia de no ser por los comunistas, se convirtió en el hombre más aborrecido por estos. En un acto de hostilidad recíproca, insistió en la destrucción del Partido Comunista. Presionado por él, el Congreso aprobó en octubre de 1948 la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. La ley declaró ilegal al Partido Comunista y a cualquier asociación cuyo objetivo fuera establecer un régimen antidemocrático o atacar la soberanía de la nación. En consecuencia, a los miembros del Partido Comunista se les negó el derecho a inscribirse en el padrón electoral. Si ya estaban inscritos, sus nombres debían ser tachados. La negación del derecho a votar se extendía a las elecciones locales y nacionales. Cualquier ciudadano cuyo registro hubiese sido cancelado tenía que esperar cinco años, incluso después de desafiliarse del Partido Comunista, antes de recuperar sus derechos ciudadanos.

Esta medida generó oposición tanto durante su tramitación en el Congreso como después de su aprobación, incluso entre aquellos que no simpatizaban con los comunistas. Más que una defensa de la democracia, la ley parecía una anulación de la democracia. Por lo demás, se percibía como una amenaza para los sindicatos. La ley proporcionaba a los empleadores una poderosa arma para purgar a sus empresas de sindicalistas militantes. Las sanciones en la ley servían como un freno contra la acción militante destinada a alcanzar demandas en realidad legítimas. Esta ley permitía multas de hasta 50.000 pesos, encarcelamiento, detención, expulsión o incluso forzar a los afectados a residir en sitios muy alejados de su residencia o actividad económica. Estas penas podían imponerse a cualquier persona acusada de planear sabotajes, paralizar la producción industrial o "cualquier otro acto que tenga por objeto alterar dolosamente el normal desarrollo de las actividades productoras del país, con el objeto de perjudicar a la economía nacional o de perturbar un servicio de utilidad pública"<fnref n="427" />. Otras acciones sujetas a las mismas sanciones incluían la organización, el apoyo o la incitación de paros y huelgas en industrias estratégicas y en los servicios públicos, o donde la huelga pudiera amenazar gravemente el orden público. Además, se prohibía a los funcionarios públicos, a nivel nacional y municipal, así como a los empleados de empresas autónomas fiscales y semifiscales, hacer huelgas. Cualquier persona que

<footnote n="427">427 United States Department of Labor, *Notes on Labor Abroad*, agosto de 1950, pp. 39-40. Los aumentos salariales promedio durante 1949 variaron de 16% a 24%. El aumento en el costo de vida en la Provincia de Santiago, del 1 de enero de 1949 al 1 de enero de 1950, era de 20,6%.</footnote>
abogara, participara o apoyara un paro en estos rubros estaba sujeta no solo a sanciones, sino al también al despido inmediato de su empleo. Los desacuerdos entre los trabajadores y la gerencia de los servicios públicos concesionados debían ser sometidos a mediación por una junta compuesta por un representante de los obreros, uno de la empresa y uno designado por el presidente de Chile.

La Ley de Defensa Permanente de la Democracia causó una nueva crisis en el Partido Socialista. Un grupo encabezado por Bernardo Ibáñez, secretario de la CTCH de orientación socialista, respaldaba la ley, mientras que un grupo mucho más numeroso, liderado por Raúl Ampuero, —antiguo líder de la juventud socialista— se oponía a ella. El saldo de estas diferencias fue una nueva escisión en la que el grupo de Ibáñez logró conservar el nombre del partido para fines electorales, mientras que la facción de Ampuero tuvo que adoptar el nombre de Partido Socialista Popular de Chile. Esta nueva división desacreditó aún más al socialismo chileno, llevando a la apatía a muchos miembros del partido y a deserciones. Esta situación también se reflejó en los sindicatos. La CTCH de Ibáñez controlaba pocos sindicatos importantes. Su mayor fuerza estaba en los sindicatos de funcionarios públicos. Los líderes socialistas entre los ferroviarios generalmente estaban del lado de Ampuero.

La Ley de Defensa Permanente de la Democracia infligió una grave herida al PC, pero no fatal. A pesar de quedar ilegalizado y con algunos de sus líderes en la clandestinidad, el partido encontró formas de continuar con sus actividades mediante organizaciones de fachada. Mantuvo su dominio sobre los mineros del carbón, incluso después de que muchos de sus seguidores fueran despedidos y enviados a sitios remotos como Pisagua. En la siguiente votación de representantes, se eligió a una nueva cohorte de comunistas y los sindicatos mineros siguieron siendo tan comunistas como antes de la promulgación de la ley. Lo mismo ocurrió con los sindicatos de los salitreros. Con el cobre, aunque el control comunista no era tan predominante, seguía siendo importante.

La desunión, la desorganización, la apatía y el miedo a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia redujeron la actividad sindical entre los trabajadores industriales durante 1948 y 1949. Se registraron pocas huelgas y pocas victorias. Los incrementos de salarios pronto fueron contrarrestados por el aumento del costo de la vida<fnref n="428" />.

Sin embargo, durante esos años hubo un desarrollo interesante entre

<footnote n="428">428 Arturo Jauregui, "Notes on the Trade Union Situation in Uruguay, Chile, Paraguay and Argentina", en *Inter-American Labor Bulletin* (Washington), julio de 1950, p. 4.</footnote>
los empleados no manuales. Mostraron una militancia sorprendente, afiliándose y organizando sindicatos en números significativos por primera vez. La Confederación de Empleados Particulares, con sedes en todo el país, y que afirmaba contar con 220.000 miembros para 1950, junto con otros grupos como los empleados bancarios y ferroviarios, crearon la Junta Nacional de Empleados de Chile (JUNECH). Bajo el liderazgo de Edgardo Maass, la JUNECH libró una vigorosa campaña contra la caída del estándar de vida debido al alza de los precios<fnref n="429" />.

Para 1950, los trabajadores industriales, afectados por el aumento del costo de vida, comenzaron a perder la timidez. El número de huelgas ilegales creció de 24 en 1949 a 164 en 1950⁴³⁰. Los trabajadores marítimos y del cobre fueron los primeros en reaccionar. No se limitaron a expresar su descontento a través de huelgas, sino que se dispusieron a reorganizar festeraciones sólidas de todos los trabajadores. Aquellos que trabajaban en la industria del cobre fueron especialmente exitosos en este aspecto.

El primer paso para organizar la Confederación de Trabajadores del Cobre se dio en enero de 1951, cuando los representantes de los empleados se reunieron en La Serena para discutir. Decidieron convocar a una convención que incluyera no solo a los empleados de oficina, sino que a todos los trabajadores de la industria. La convención se reunió por dos días en marzo en Machalí, cerca de Rancagua, donde la Braden Copper Company, una filial de la Kennecott, tenía su casa matriz. Lo más interesante sobre esta convención es que de los 85 delegados presentes, solo tres eran comunistas<fnref n="431" />. Antes de la huelga de los mineros del carbón de 1947, los mineros del cobre estaban afiliados a la Federación de Mineros, donde los comunistas dominaban. La mayoría de las agrupaciones locales de los mineros del cobre habían tenido liderazgo comunista. La convención de Machalí representaba una nueva situación: Los dirigentes presentes quieren crear una nueva organización libre del dominio político de cualquier partido. De estas deliberaciones nació la Confederación de Trabajadores del Cobre, fuerte y organizada<fnref n="432" />.

Las elecciones presidenciales que se avecinaban sirvieron como un estímulo adicional para la aceleración del movimiento de trabajadores. De

<footnote n="429">429 United States Department of Labor, op. cit., junio de 1951, p. 14.</footnote>

<footnote n="430">430 Carlos Latorre C., "Copper Workers of Chile Organize Federation", en *Inter-American Labor Bulletin*, septiembre de 1951.</footnote>

<footnote n="431">431 Para una discusión del estado de la organización sindical desde la perspectiva del sindicalismo estadounidense, véase Paul Reed et al., "Report of the U. S. Labor Delegation", en *Inter-American Labor Bulletin*, septiembre de 1952, p. 2.</footnote>

<footnote n="432">432 *Mundo* (Santiago), noviembre de 1952.</footnote>
hecho, a medida que se acercaban las elecciones, más militantes se volvían hacia los sindicatos. En 1948, cuando aún quedaban cuatro años para la elección presidencial, el Partido Comunista ya había empezado a barajar la posibilidad de postular al exdictador, el general Carlos Ibáñez del Campo, como su candidato. Sin embargo, cuando la fecha se aproximaba, fue el Partido Socialista Popular de Ampuero el que se convirtió en el principal impulsor de su candidatura. El Partido Comunista, al menos públicamente, respaldaba a Salvador Allende, un socialista y exministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social durante el gobierno de Aguirre Cerda con el Frente Popular. Allende se distanció del grupo de Ampuero por su apoyo a Ibáñez, al que denunció como el candidato de los fascistas y del dictador argentino Juan Domingo Perón. Otros 60 miembros importantes se unieron a Allende en su oposición a Ampuero; se retiraron del Partido Socialista Popular y se unieron al Partido Socialista de Chile, del cual Allende se convirtió en candidato433.

Muchos pensaron, incluido el Partido Socialista Popular, que la elec-
ción de Carlos Ibáñez del Campo como presidente podría frenar la espiral
inflacionaria y estabilizar la economía. Además, Ibáñez del Campo prome-
tía derogar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. La victoria de
Ibáñez naturalmente aumentó el prestigio del Partido Socialista Popular, lo
que se reflejó en las siguientes elecciones parlamentarias, donde obtuvie-
ron 19 diputados y 5 senadores.

Tras la victoria de Ibáñez, el Partido Socialista Popular emitió una de-
claración en la que aseguraba que los trabajadores habían sido “un factor
decisivo en la batalla electoral”. Debían ser “la fuerza principal del nuevo
régimen”. También llamó a “consolidar la unidad en una única y poderosa
Confederación de Trabajadores, que respete todas las tendencias políticas
de los trabajadores”, desarrollase “plena democracia interna” y fuese lo
sufficientemente fuerte para “defender su autonomía ante el gobierno y los
partidos políticos”. La declaración también afirmó que en la confederac-
ión habría un lugar para todos los trabajadores, incluso para aquellos que
estaban bajo dominio comunista, a los que “la camarilla” que dirigía a este
partido había “traicionado vilmente”434.

Unos meses después de que Ibáñez asumiera la presidencia, la urgen-
te necesidad de unidad, mencionada en la declaración del Partido Popular

<footnote n="433">433 Citado por Luis López Aliaga, "The Triumph of General Ibañez", en *Inter-Ameri-
ican Labor Bulletin*, octubre de 1952.</footnote>

<footnote n="434">434 El análisis de la composición política del Consejo Ejecutivo fue realizada, a petición de la autora, por Jorge Barría, miembro del Partido Socialista Popular y autor de varios estudios del movimiento obrero y social de Chile.</footnote>
Socialista, se materializó. Delegados representantes de todas las tendencias políticas e ideológicas se reunieron el 12 de febrero de 1953 en Santiago. El congreso se prolongó por cuatro días y de él emergió, por primera vez en la historia de Chile, una organización central que agrupaba a todos los grupos importantes. El consejo ejecutivo, compuesto por 25 miembros, incluía representantes de todo el espectro obrero. Había cinco comunistas, todos funcionarios del partido, entre los que se incluía a Bernardo Araya, el antiguo líder de la CTCH comunista; seis socialistas populares; dos socialistas independientes; tres miembros del Partido Socialista de Chile; dos falangistas; dos radicales; tres anarquistas; y dos católicos independientes, uno de los cuales, Clotario Blest, resultó presidente de la Central Única de Trabajadores de Chile. En realidad, presentaron tres listas: una de los comunistas, otra de los socialistas populares, y una tercera de los anarquistas. La lista encabezada por los comunistas y sus aliados —los Socialistas de Chile, uno de los socialistas independientes, los falangistas, los radicales y Clotario Blest—, sumando trece personas en total, obtuvo la mayoría real del Consejo435.

Un análisis de las agrupaciones del Consejo Ejecutivo revela que las alianzas entre socialistas populares y anarquistas representaban a dirigentes de los ferroviarios, los marítimos, los mineros del cobre, los trabajadores de la telefónica, los trabajadores de la industria química, los trabajadores de los molinos de harina, los panaderos, los zapateros, los obreros de la construcción, los empleados bancarios y los profesores. Por supuesto, los comunistas, aunque representados, tenían a sus espaldas agrupaciones de sectores económicos claves de la nación tales como el carbón, la metalurgia, el salitre y los textiles. Todavía mantenían una influencia considerable entre los trabajadores del cobre, siendo mayoría en las minas de Potrerillos y contando con una fuerza significativa entre los obreros de Chuquicamata, ambas pertenecientes a Anaconda. De hecho, el intento comunista de desacreditar a los liderazgos no comunistas dentro de la Confederación de los Trabajadores del Cobre de Chile fue lo que llevó a esta última a respaldar una huelga de todos los trabajadores del cobre en mayo y junio de 1952, a pesar de estar convencida de que el momento no era propicio436.

La esperanza de que Ibáñez pudiera estabilizar la economía se desvaneció antes de que su administración cumpliera un año. El 15 de enero de 1953, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para otorgar al Gobierno facultades económicas y administrativas de emergencia para "paliar la inflación, equilibrar el presupuesto y proteger a la economía sin

<footnote n="435">435 *Mundo* (Santiago), diciembre de 1951, pp. 8-9.</footnote>

<footnote n="436">436 *Hispanic-American Report*, VI, 1, febrero de 1953, pp. 31 y 32.</footnote>
destruir la democracia"<fnref n="437" />. Sin embargo, para finales del año, la situación estaba aún peor que en 1952, con un aumento del costo de la vida de 50%. Respecto de la situación de Chile, el Christian Science Monitor se expresaba de la siguiente manera:

> "La inflación aumenta más rápido que nunca [...] ni un solo problema presupuestario fiscal o privado ha sido resuelto aún, por lo que, en general, el capital político de Ibáñez ha declinado de forma considerable"<fnref n="438" />.

Entonces, Ibáñez también se retractó de su promesa de campaña de derogar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. De hecho, en su mensaje al Congreso, denunció a los comunistas como el principal motor de las manifestaciones y huelgas. Esto les otorgaba a los comunistas mucho más crédito del que realmente merecían. La mayoría de las huelgas se llevaron a cabo en sectores donde los dirigentes pertenecían a otras militancias.

La actitud del Gobierno hacia las demandas de los trabajadores, y el fracaso en derogar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, agrió las relaciones entre los socialistas populares e Ibáñez. Dado que había desempeñado un papel importante en su elección, el Partido Socialista Popular recibió la invitación a formar parte del gobierno. Hasta noviembre de 1953, el partido contaba con tres o cuatro representantes en el gabinete. Había presentado un plan para afrontar las dificultades económicas y su interés principal en el gobierno era llevar a cabo este diseño. Hacia finales de 1953, el presidente Ibáñez notificó a los líderes del partido que, a su vez, su plan económico había fracasado. Al mismo tiempo, restringió la libertad con la que los sindicatos operaban. Cuando Ibáñez declaró estado de sitio en la Región de Antofagasta como resultado de una huelga de la Anglo-Lautaro, el Partido Popular Socialista retiró su apoyo. Para fines de 1954, el quiebre era total y el Partido Socialista Popular ahora era abiertamente hostil al gobierno. Se vio forzado a tomar esta postura debido a las acciones del gobierno contra los sindicatos, el arresto de los dirigentes sindicales, y el uso más frecuente del estado de sitio<fnref n="439" />.

<footnote n="437">437 Citado en *Hispanic-American Report*, VII, febrero de 1954, p. 31.</footnote>

<footnote n="438">438 Raúl Ampuero, “Informe de la delegación del Partido Socialista Popular de Chile”, en *Boletín del secretariado latinoamericano de la Internacional Socialista* (Montevideo), mayo de 1956, p. 92.</footnote>

<footnote n="439">439 *Hispanic-American Report*, VI, 9, 10, 11, octubre-diciembre de 1953.</footnote>
Con la organización de la Confederación de los Trabajadores del Cobre, de la CUT, y la tolerancia inicial del gobierno, en 1953 comenzó una ola de huelgas. Hubo paralizaciones prácticamente todos los meses. En marzo, una huelga de inspiración comunista en la mina de Chuquicamata se extendió a Potrerillos. Estas fueron seguidas por las huelgas de los trabajadores textiles, ferroviarios, siderúrgicos y de aseguradoras. En noviembre, 20.000 profesores de todos los niveles de enseñanza (desde el nivel primario hasta el universitario), realizaron un paro en protesta por los bajos salarios. El paro terminó tan rápido como empezó, sin que los profesores obtuvieran nada. La más seria de las paralizaciones fue en las salitreras de Anglo-Lautaro, en la provincia de Antofagasta. Unos 10.000 trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo tras exigir un salario diez veces superior a lo que la compañía tenía intención de ofrecer. Duró 55 días e implicó sabotaje, lo que llevó al gobierno a declarar estado de sitio, con el resultado antes mencionado del alejamiento y ruptura del Partido Socialista Popular con Ibáñez<fnref n="440" />.

El año 1954 resultó ser aún peor. El deseo de las compañías de despedir trabajadores generó malestar entre los obreros del cobre. Como había grandes excedentes de cobre, las compañías solicitaron permiso al Gobierno para disminuir la producción y recortar personal. La Braden Copper buscaba una reducción del 30% de su mano de obra, mientras que la Chilean Exploration pretendía una disminución del 50% en sus minas de Chuquicamata y Potrerillos. En febrero, los empleados del Banco del Estado abandonaron sus puestos. Dado que se trataba de un banco estatal, la huelga fue declarada ilegal conforme a la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. En respuesta, los trabajadores convocaron a un paro nacional de todos los bancos, lo que llevó al Gobierno a imponer estado de sitio en las regiones de Santiago y Valparaíso. El paro duró cuatro días. Los obreros obtuvieron un aumento mensual de 2%, y el Gobierno prometió que no habría represalias. Hacia fines de marzo, alrededor de 4.000 trabajadores de servicios también se declararon en huelga. Ante esta situación, el Gobierno envió a la Armada para operar cuatro de las principales centrales energéticas y arrestó a trece de los líderes sindicales. Durante ese mes, el país enfrentó también un paro de los trabajadores marítimos. Una vez más, puso en estado de sitio a todos los puertos<fnref n="441" />.

La CUT convocó a una movilización para el día 17 de mayo, en la que participaron mineros del carbón y del cobre. El transporte, con excepción de los buses y taxis privados, quedó paralizado. La movilización

<footnote n="440">440 Ibid, VII, 3, abril de 1954, pp. 34-35.</footnote>

<footnote n="441">441 Ibid, VII, 5, junio de 1954, p. 31.</footnote>
apoyaba la demanda sindical de abolir la Ley de Defensa Permanente de la Democracia y de indultar a todos los presos políticos. La causa directa de la paralización fue el arresto de Clotario Blest, secretario general de la CUT, quien fue encarcelado por un discurso que pronunció el 1 de mayo, considerado subversivo y calumnioso por las autoridades. Entre otras co-sas, se le atribuye haber dicho lo siguiente:

> “Compañeros, el panorama del país es demasiado trágico. Hombres irresponsables e incapaces nos han llevado a esta si-tuación [...] La clase trabajadora, con su intuición admirable, sabe ya señalar, con su índice acusador, a todos estos traidores y “vende patrias”. Ahí están sentados en La Moneda, presidente y ministros; ahí están, compañeros, muchos traidores a la patria, sentados en el propio Congreso Nacional”<fnref n="442" />.

Dado el precario estado de salud de Blest y la reticencia del Go-bierno a tener un mártir en sus manos, fue liberaron a los pocos días. Sin embargo, la movilización continuó según lo planeado. En los meses siguientes, los trabajadores del cobre una vez más asumieron la iniciativa. La huelga comenzó el 17 de agosto e involucró tanto al personal de ofi-cina como a los obreros, abarcando a casi toda la industria. Demandaban salarios más altos y prestaciones complementarias. Las compañías argu-mentaron incapacidad financiera para cumplir con las exigencias de los trabajadores<fnref n="443" />. El 20 de septiembre, el gobierno declaró estado de sitio en las regiones de O’Higgins (donde se encontraban las minas Braden), Antofagasta (donde estaban las minas de Anaconda), Metropolitana y Val-paraíso. La imposición de la ley marcial fue seguida por desórdenes en Potrerillos. Según fuentes gubernamentales, quince huelguistas arrancaron una bandera chilena y supuestamente se les escuchó gritar: “Somos comu-nistas, no chilenos”<fnref n="444" />.

Ya en 1953, el Gobierno culpaba a los comunistas por las huelgas. El 28 de abril, el periódico comunista *El Siglo* fue suspendido y su edi-tor arrestado por publicar propaganda partidaria, infringiendo la Ley de Defensa Permanente de la Democracia<fnref n="445" />. En abril de 1954, el Gobierno ordenó la suspensión por cinco días de *El Tarapacá* de Iquique por per-

<footnote n="442">442 *Noticiario Obrero Inter-Americano* (Ciudad de México), 1 de septiembre de 1954.</footnote>

<footnote n="443">443 *Hispanic-American Report*, VII, 9, octubre de 1954, p. 28.</footnote>

<footnote n="444">444 Ibid, VI, 4, mayo de 1953, p. 31.</footnote>

<footnote n="445">445 Ibid, VII, 4, mayo de 1954, p. 33.</footnote>
mitir la publicación de propaganda comunista. Se encarceló al editor del periódico al día del cierre y permaneció tras las rejas durante el tiempo de la suspensión. *Las Noticias Gráficas* fue clausurado por completo y tres de sus editores exiliados a la remota provincia de Aysén por períodos de uno, dos y tres años<fnref n="446" />. En noviembre, se ordenó una nueva suspensión de *El Siglo* por treinta días y se deportó a más comunistas. El gobierno llegó al extremo de allanar la casa de un diputado para capturar a un comunista que se escondía allí<fnref n="447" />.

Sin embargo, las huelgas continuaron. Las condiciones que causaban el malestar, en lugar de mejorar, empeoraban con cada día que pasaba. El índice del costo de vida aumentó en un 37% en la primera mitad de 1955 y era un 78% más alto que en junio de 1954⁴⁴⁸. El 30 de junio, 60.000 trabajadores del transporte y las comunicaciones realizaron una huelga. El gobierno declaró estado de sitio una vez más. La CUT amenazó con llamar a un paro general en julio si el gobierno no modificaba la estructura económica y financiera<fnref n="449" />.

La paralización se concretó el 7 de julio, duró un día y contó con la participación de un millón de trabajadores a lo largo de Chile. Fue la manifestación más grande de la historia del país. Una paralización absoluta. En Santiago, el paro comenzó y terminó sin mayores incidentes. La CUT exigió un aumento del 60% en los salarios y un bono de 25.000 pesos por cada trabajador, amenazando con renovar el paro si estas demandas no se cumplían. El paro finalizó cuando el Gobierno prometió liberar a todos los arrestados y reunirse con los líderes de la CUT para considerar la cuestión salarial. El comité se reunió en múltiples ocasiones con el presidente de la república. Al final, el Gobierno descartó la única propuesta sugerida por los trabajadores y la inflación siguió su rumbo.

Una nueva ola de paros, protagonizados principalmente por los funcionarios públicos, se desató en agosto. A pesar de la ilegalidad de estas huelgas, prácticamente todos los ministerios se sumaron. Esto incluía a empleados del Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social, la Tesorería General de la República, el Servicio Nacional de Aduanas y el Banco Central. A pesar de que el Gobierno ofreció un aumento salarial del

<footnote n="446">446 Ibid, VII, 10, noviembre de 1954, p. 30.</footnote>

<footnote n="447">447 Chase Manhattan Bank of New York, *Latin American Business Highlights*, septiembre de 1955, p. 15.</footnote>

<footnote n="448">448 *Hispanic American Report*, VIII, 6, julio de 1955, p. 280.</footnote>

<footnote n="449">449 Ibid, VIII, 7, agosto de 1955, p. 328.</footnote>
35%, los trabajadores se negaron a aceptarlo<fnref n="450" />. Muchos fueron arrestados y catorce líderes fueron procesados. La CUT amenazó con convocar otro paro general si los arrestos no cesaban. Los huelguistas regresaron el 5 de septiembre, pero las condiciones que los habían impulsado a movilizarse seguían presentes.

En octubre y los meses siguientes, el Gobierno comenzó a implementar un programa antiinflacionario que se convertiría en una nueva fuente de conflicto. La administración de Ibáñez del Campo contrató a una empresa estadounidense de expertos financieros para llevar a cabo un estudio de la economía y recomendar medidas para estabilizarla. Sin embargo, las recomendaciones de estos expertos no fueron bien recibidas por los trabajadores y las agrupaciones de izquierda que controlaban los sindicatos. Entre estas medidas se encontraban recortes de personal, la privatización de algunos servicios públicos y empresas estatales con déficit para facilitar la entrada de capital privado (que en realidad era el capital extranjero), la explotación de los recursos petrolíferos y la restricción de aumentos salariales a no más del 50% del alza del costo de vida por un año<fnref n="451" />.

La última de estas propuestas fue la que más indignó a los trabajadores. Se planeaba implementarla junto con medidas preventivas contra las alzas de precios. Los obreros, no obstante, estaban convencidos de que esta última medida no sería efectiva y, hasta cierto punto, tenían razón. El proyecto de ley presentado por Gobierno en diciembre limitaba los aumentos salariales, pero dejaba a discreción del Ejecutivo la aplicación de controles de precios. Ante esto, la CUT reaccionó de inmediato y convocó a un paro general de duración indefinida a partir del 9 de enero de 1956.

Cuando la CUT tomó esta decisión, el país ya agonizaba por un paro de la industria del cobre, dirigido más contra el Gobierno que contra las compañías. En un intento por garantizar una mayor expansión de la producción y nuevas inversiones de capital, el gobierno del General Ibáñez flexibilizó los términos bajo los cuales las compañías de cobre estadounidenses operaban (que producían más del 90% del volumen total de cobre en Chile. Esta medida incluía la designación de una comisión tripartita para redactar un nuevo estatuto que rigiera las relaciones en la industria del cobre. El estatuto entraría en vigor a los 180 días de ser adoptado. Sin embargo, la comisión, compuesta por representantes de las compañías de cobre, la Confederación de Trabajadores del Cobre y el Gobierno, se estancó. Los representantes de los trabajadores objetaban algunas pro-

<footnote n="450">450 Ibid, VIII, 8, septiembre de 1955, p. 377.</footnote>

<footnote n="451">451 Raúl Ampuero, op. cit., p. 95.</footnote>
puestas alegando que reducían los beneficios conquistados por los obreros y que otras tenían como objeto debilitar a los sindicatos. A pesar de estas objeciones, el estatuto se aprobó, ya que los representantes gubernamentales votaron en línea con los empleadores. Además, el Gobierno insistía en que el estatuto entrara en vigor en la fecha acordada, rechazando la soli-citud de la Confederación de Trabajadores del Cobre de realizar un estudio más exhaustivo y hacer modificaciones según las preocupaciones de los trabajadores. Así las cosas, la Confederación ordenó abandonar los pues-tos de trabajo. El paro comenzó el 14 de diciembre de 1955 y duró tres semanas. Los obreros regresaron a las minas el 5 de enero, solo luego de que el Gobierno accediera a no implementar el controvertido estatuto<fnref n="452" />.

Tras sufrir grandes pérdidas tributarias debido al paro en la industria del cobre, el Gobierno de Ibáñez no estaba dispuesto a tolerar otra parálisis de la vida económica del país. Veinticuatro o 48 horas antes del inicio programado del paro, el Gobierno arrestó a los dirigentes sindicales, declaró estado de sitio y movilizó su poderío militar para sofocar las manifestaciones. A pesar de los esfuerzos, el paro no fue generalizado, incluso durante el primer día, y para el segundo día se desintegró. Algunos culpan a las medidas represivas, mientras que otros sostienen que no fue la única razón de su fracaso. Demasiados obreros, incluidos aquellos de la industria del cobre que acababan de regresar al trabajo después de tres semanas en huelga, habían perdido la fe en el liderazgo de la CUT y simplemente no respondieron al llamado<fnref n="453" />. A pesar de ello, el Congreso aprobó la ley. La inflación no se detuvo en 1956; simplemente se aminoró su ascenso.

Mientras tanto, el descontento entre los trabajadores siguió en aumento. En enero de 1957, con las elecciones parlamentarias a menos de dos meses de distancia, el Congreso votó por aumentar los salarios para los empleados públicos y privados en un promedio de 36%<fnref n="454" />. Los obreros industriales obtenían aumentos del mismo porcentaje cuando se renovaban sus contratos. No obstante, ningún grupo quedó satisfecho con lo que recibió. Los precios de bienes básicos como el pan, el azúcar y el aceite habían aumentado y superaban el incremento salarial. Esto desencadenó protestas contra el alza de los precios lideradas por estudiantes universitarios. Aunque el gobierno estaba convencido de que detrás de los estudiantes estaba el Partido Comunista, testigos imparciales lo niegan, señalando

<footnote n="452">452 Robert J. Alexander, "The Copper Workers' Strike in Chile", en *Inter-American Labor Bulletin*, febrero de 1956, p. 5.</footnote>

<footnote n="453">453 *¡Ahora! Trabajadores* (Santiago), 27 de febrero de 1957, pp. 6-7.</footnote>

<footnote n="454">454 Algunos trabajadores recibieron aumentos del 50%; otros solo del 10%. Los profesores percibieron un aumento salarial del 15%.</footnote>
que las manifestaciones estudiantiles son más antiguas que el surgimiento del PC en Chile, como lo evidencian las protestas de 1918 iniciadas por los universitarios contra el alza del costo de vida.

Hacia finales de marzo, un aumento en los pasajes de bus fue la gota que rebalsó el vaso. El 2 de abril, el resentimiento acumulado estalló en cuatro días de manifestaciones y represión violenta por parte del Ejército en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Concepción. Más de veinte personas perdieron la vida, cientos resultaron heridas, y muchos cientos más fueron arrestadas. Entre los arrestados figuraban casi todos los miembros del consejo ejecutivo de la CUT, la mayoría integrantes de los consejos regionales y muchos sindicalistas activos. Además, el comité ejecutivo completo del Partido Comunista fue procesado bajo el cargo de subversión, debido a un llamado a los soldados a hacer causa común con los manifestantes.

Estos eventos de abril empeoraron una situación ya tensa, tanto para la CUT como para los partidos de izquierda. La Central ya había afrontado una crisis menor en octubre de 1956, cuando los comunistas en el consejo ejecutivo exigieron que la organización protestara contra la represión soviética en Hungría. La revuelta húngara estalló unas semanas antes de la invasión de Egipto por Israel, Francia y Gran Bretaña. La Unión Soviética denunció a gritos la agresión, al igual que los comunistas chilenos, quienes se aseguraron de que la CUT se mostrara abiertamente en contra de los "imperialistas". Sin embargo, cuando se trataba de condenar la agresión de la Unión Soviética, los comunistas vacilaban y abandonaban las reuniones. Por un momento, parecía que se repetiría la división de la Confederación de Trabajadores de Chile ocurrida en 1946. La crisis se superó y los comunistas regresaron al consejo con la condición de que su crítico más acérrimo, el sindicalista Héctor Durán, fuera suspendido del consejo. Durán fue acusado de proporcionar información no autorizada a un reportero, aunque él lo negó<fnref n="455" />.

La influencia comunista en la CUT recibió un impulso adicional cuando el Partido se afilió al Frente Revolucionario de Acción Popular y cuando la Central aceptó ayuda financiera de la Federación Sindical Mundial. Clotario Blest, presidente de la CUT, reveló en su informe a los delegados de la segunda conferencia nacional celebrada en Santiago el 16 de febrero de 1957, que la organización había tenido que recurrir a la Federación Sindical Mundial para ayudarla a reducir su déficit. Blest se quejó de que las federaciones industriales y regionales no pagaban sus cuotas de

<footnote n="455">455 *Ahora! Trabajadores* (Santiago), 27 de febrero de 1957.</footnote>
forma regular y con frecuencia ignoraban las directivas de la CUT<fnref n="456" />.

La conferencia nacional fue convocada bajo la premisa de evaluar las posturas pasadas y planificar el futuro, aunque su verdadero propósito era lograr la adhesión de la CUT al FRAP. Desilusionado por la ruptura de su alianza con el presidente Carlos Ibáñez, Ampuero y su grupo de socialistas populares abogaron por la formación de un frente unido que incluyera a diversos partidos y grupos obreros. Así nació el FRAP, unos meses antes de las elecciones municipales de abril 1956. En febrero de ese mismo año, durante el XII Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Kruschev, primer secretario del partido, pronunció su famoso discurso en el que atacaba y desacreditaba a Stalin. En esa misma ocasión, Kruschev enunció la nueva línea que regiría las relaciones entre comunistas y socialistas. El Partido Socialista Popular, cuya orientación desde 1948 había sido más titoísta que socialista, interpretó que esta nueva política permitía la formación de un nuevo Frente Popular en 1956, excluyendo al Partido Radical<fnref n="457" />. Invitaron al Partido Comunista a unirse al FRAP, y este aceptó con gran entusiasmo. La proximidad de las elecciones parlamentarias aceleró este proceso de incorporación. Una vez que comunistas y socialistas populares se unieron, obtener la afiliación de la CUT al FRAP se convirtió en una tarea relativamente sencilla.

La propuesta generó una grave crisis en la Central. Los sindicalistas se opusieron firmemente a la idea de afiliarse al FRAP. Recordaron a los delegados que la declaración de principios pregonaba la independencia absoluta de “toda política partidista” y la acción política autónoma de los partidos políticos, disposiciones redactadas para mantener la unidad. Cuando se tomó la decisión de unirse al FRAP, los tres miembros sindicalistas renunciaron en protesta y formaron el Movimiento de Rectificación Sindical, con el objetivo de que la CUT regresara al camino del sindicalismo, sin verse influenciada por cálculos partidistas o el control comunista<fnref n="458" />. Al final, los sindicalistas y otros grupos se retiraron, dividiendo una vez más al movimiento sindical en facciones enfrentadas.

¿Qué lograron los socialistas con esta nueva maniobra? Los resultados electorales demostraron una vez más que, en actividades de frente unido, los comunistas se fortalecían mientras que sus aliados se debilitaban. Exceptuando a los comunistas, los candidatos del FRAP no obtuvieron

<footnote n="456">456 Ibid.</footnote>

<footnote n="457">457 Véase “Conclusiones del debate político del Comité Ejecutivo del Partido Socialista Popular de Chile”, reproducido en *Boletín del Secretariado Latino-americano de la Internacional Socialista* (Montevideo), septiembre de 1956, pp. 245-246.</footnote>

<footnote n="458">458 *¿Ahora! Trabajadores* (Santiago), 16 de marzo de 1957, p. 2.</footnote>
buenos resultados. Los socialistas populares fueron los más afectados, ya que su representación en la Cámara de Diputados se redujo de 19 a 8. El Partido Socialista de Allende perdió un diputado, mientras que los comunistas duplicaron su representación<fnref n="459" />. La alianza del Partido Socialista Popular con los comunistas comprometió su futuro y dividió a los sindicatos.

El 20 de julio de 1952, una delegación de sindicalistas estadounidenses llegó a Santiago invitados por la Confederación de Trabajadores del Cobre. En el informe de su visita, la delegación describió el movimiento obrero de Chile en los siguientes términos:

> “El movimiento obrero de Chile, con la excepción de la Confederación de Trabajadores del Cobre y un puñado de sindicatos, está permeado por tendencias y facciones políticas. Cada partido político tiene un supuesto “Departamento Sindical”, que, en la práctica, actúa como si fuese un movimiento sindical autónomo [...]

> A grandes rasgos, nos parece que el movimiento obrero de Chile es relativamente fuerte a nivel unitario o de empresa. Carece, sin embargo, de la coordinación necesaria a nivel industrial o nacional”<fnref n="460" />.

Cinco años después, el panorama no mostraba muchos cambios. ¿Por qué las agrupaciones chilenas no habían logrado establecer un centro político fuerte y estable? El periódico sindicalista *¡Ahora! Trabajadores*, en su editorial del 1 de abril de 1957, ofrecía la siguiente respuesta:

> [Debido a que todas las centrales de trabajadores establecidas hasta ahora han nacido al alero condiciones y aspiraciones políticas, estas han adoptado, en su celo revolucionario, programas demagógicos, declaraciones de principios ultrarrevolucionarias, que en realidad no son otra cosa que teorías románticas y munidos fantásticos, que carecen completamente de cualquier asidero científico, económico y social].

<footnote n="459">459 El Registro Electoral canceló la representación de los comunistas, argumentando que la Ley de Defensa Permanente de la Democracia prohibía que los comunistas fuesen candidatos y que, de salir electos, éstos no podían asumir el cargo. Los comunistas no se candidateaban como comunistas, sino que figuraban en las listas electorales de otros partidos del FRAP.</footnote>

<footnote n="460">460 Reed et al., op. cit.</footnote>
Además, la editorial atribuía la responsabilidad al fenómeno que llamaba el “control remoto” a través del comité central o los departamentos sindicales de los partidos. Una gran parte de la culpa recaía en aquellos que se autodenominaban socialistas. En 1937, el Partido Socialista gozaba de un enorme prestigio entre las masas. Tenían la oportunidad de constituir un movimiento sindical fuerte y democrático, pero fracasaron. En su lugar, permitieron que su partido se entrampara en rencillas internas de poder y, desde 1946, en un tipo de izquierdismo infantil que, a su vez, resultaba oportunista<fnref n="461" />. Esta actitud mantuvo a la CUT fuera de la Federación Regional Interamericana, la filial del hemisferio occidental de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, y la llevó a buscar apoyo en la Federación Sindical Mundial.

Sin embargo, algunos sindicatos industriales, como la Confederación de Trabajadores del Cobre, la Federación Marítima, la Federación de Trabajadores Químicos y Farmacéuticos, y la Federación de Trabajadores del Ferrocarril, han demostrado suficiente independencia para unirse o mantener relaciones estrechas con la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT). Con el tiempo, estas y otras agrupaciones similares quizás podrán tener éxito en diseñar una federación nacional autónoma y democrática. Las modificaciones a las leyes laborales propuestas en el Congreso también podrían ser de ayuda en este sentido. Aun así, esperar que el movimiento obrero se desvincule por completo de las tendencias políticas va en contra de la tradición, y significaría borrar más de cincuenta años de historia obrera, incluyendo los años formativos en los que Luis Emilio Recabarren jugó un rol de vital importancia.

<footnote n="461">461 Eduardo Frei Montalva hace la siguiente evaluación del fracaso del Partido Socialista: “Debió tener en la evolución política de Chile un gran papel; su camino en las masas era fácil y más penetrable su misión que los de los comunistas. Captó el sentimiento socialista, que indudablemente late en el mundo obrero, y eso explica su rápido crecimiento; pero las sucesivas divisiones han llevado al pueblo desilusión y escepticismo”. *Historia de los partidos políticos chilenos*, op. cit., p. 238. Para una evaluación similar, de un miembro del Partido Socialista, véase Jobet, *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*, op. cit., p. 201.</footnote>
Nota bibliográfica

La autora utilizó una amplia gama de fuentes. Estas incluyen libros de difusión y especializados, pero principalmente periódicos, documentos e informes emitidos por las organizaciones obreras y políticas, discursos de funcionarios políticos, sindicales y gubernamentales, entrevistas e incluso, un largo poema de la vida de Recabarren redactado por Antonio de Undurraga, así como algunos poemas más breves sobre temas sociales escritos de puño y letra por Luis Emilio Recabarren. Además, se emplearon algunos materiales inéditos, y se consultaron y citaron muchos otros trabajos que se detallan en la bibliografía.

Existe una vasta literatura, alguna de carácter altamente académico, escrita por chilenos y extranjeros, sobre el contenido del primer capítulo, “Chile durante la infancia y juventud de Recabarren”. El uso de esta literatura por parte de la autora se refleja en las notas del capítulo. La autora desea hacer una mención especial a uno de los trabajos por su valor académico, pero sobre todo por su interpretación de la historia de Chile. El libro en cuestión es el *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile* de Julio César Jobet. Jobet pertenece a un grupo de historiadores jóvenes que son socialistas o han sido influidos por el pensamiento socialista y que intentan hacer en la historiografía chilena lo que Charles Beard y sus seguidores han hecho con la historiografía de Estados Unidos. Algunos, por supuesto, discrepan de la interpretación de Jobet; sin embargo, todos coinciden en que es un trabajo intelectual serio. El *Ensayo* se publicó originalmente como una serie de artículos en la revista *Atenea* de la Universidad de Concepción en los números de abril, mayo, junio, julio y agosto de 1946, bajo el título “Síntesis interpretativa del desarrollo histórico nacional durante la segunda mitad del siglo XIX”. En 1951, la Universidad de Chile lo publicó en una forma relativamente expandida, con el título actual en sus *Anales de la Universidad de Chile* (CII, 81-82). Luego, fue reeditado en una forma más accesible en 1952 en la Colección América Nuestra de la Editorial Universitaria.

Cuando la autora comenzó su investigación, apenas existía material
de fácil acceso sobre el movimiento obrero y casi nada de valor sobre Recabarren. Sin embargo, la Biblioteca Nacional en Santiago albergaba una rica colección de literatura periódica Afortunadamente, el interés en el movimiento obrero, e incluso en la figura de Recabarren, está en aumento entre los académicos chilenos, en parte gracias al trabajo de Jobet, quien ha escrito varios artículos sobre el tema. Hasta hace poco, eran principalmente los estudiantes más jóvenes, y no los profesores más experimentados, quienes mostraban un mayor interés en los problemas obreros. La mayoría de los estudios eran presentados por candidatos a grados.

Los problemas obreros, más que el movimiento obrero en sí, capta-
ron primero la atención de los estudiantes. Por ejemplo, en 1873, Daniel
Feliú publicó un panfleto interesante titulado *El trabajo y las huelgas de obre-
ros*, basado en una serie de conferencias dadas en la escuela para adultos
“Elías Cuevas” en Valparaíso. Luego, en 1899, Juan Enrique Concha pu-
blicó *Cuestiones obreras*, la primera tesis escrita por un estudiante universita-
rio sobre los obreros. En 1901, apareció otra tesis titulada *La educación y el
trabajo ante la legislación*, por Alejandro Fariña. Sin embargo, uno de los estu-
dios más interesantes y útiles se publicó en 1903. Este estudio proporciona
tanto una descripción cualitativa como cuantitativa del estándar de vida de
la familia de un artesano en Santiago, junto con información estadística
general sobre salarios y condiciones de vida. Fue llevado a cabo por G.
Eyzaguirre Rouse y J. Errázuriz Tagle, bajo el título *Estudio social: monografía
de una familia obrera de Santiago*. Después, Errázuriz Tagle publicó también
su propia tesis en 1906, *El desarrollo histórico de nuestra cuestión social*. En 1905,
apareció una obra que condenaba las huelgas, titulada justamente *Las huel-
gas*, escrita por Héctor Holley. Otra tesis con casi el mismo título que la
de Errázuriz Tagle, *Observaciones sobre la cuestión social en Chile*, fue publicada
por Javier Díaz Lira en 1904. En 1907, apareció otra tesis que abordaba la
necesidad de un código del trabajo: *Sobre la dictación de un código del trabajo y
de la previsión social* de Luis Malaquías Concha S. En 1908, Benjamín Vicuña
Subercaseaux publicó *El socialismo revolucionario y la cuestión social en Europa
y en Chile, seguido en 1909* por el primer estudio que utilizaba estadísticas
laborales, *La estadística del trabajo*, por Simón B. Rodríguez.

De esta manera, al finalizar la primera década del siglo XX, ya existía una pequeña producción intelectual sobre los trabajadores, proveniente tanto de universitarios como de otras personas, aunque muy pocos se involucraban directamente en el movimiento obrero y sindical. Si bien no todas estas investigaciones poseen un alto valor, es interesante advertir que reflejan el impacto que el movimiento estaba teniendo en la sociedad.

A los trabajos mencionados debemos agregar aquellos publicados
por militantes del movimiento obrero y sindical. Con la excepción de los libros y panfletos de Víctor Soto Román y un par de obras de Recabarren, y uno o dos más, casi todo el material anterior a 1910 se encuentra en periódicos y revistas. La autora ha estudiado y analizado la mayoría de los periódicos obreros tempranos, comenzando con *El Gutenberg*, cuyo primer número apareció el 24 de septiembre de 1886, y leyó todos los números del *Boletín de la Liga General del Arte de la Imprenta* de Valparaíso y Santiago, publicados a lo largo de 1892. Se consultó también la prensa anarquista y un número significativo de las publicaciones del Partido Demócrata. De los primeros periódicos anarquistas, la autora considera que *La Ajitación* es el más útil, con un total de 28 números desde el 9 de septiembre de 1901 hasta el 28 de enero de 1903. Se revisaron todos los periódicos que Recabarren editó o en los que se involucró directamente en su fundación, indiscando en las notas cuáles fueron las principales fuentes utilizadas. Además, se consultaron los debates del Congreso de 1921-1924, durante los años en que Recabarren fue miembro de la Cámara de Diputados. También se estudió toda la obra publicada e incluso inédita de Recabarren en forma de panfletos y libros. Para corroborar la veracidad de las declaraciones de la prensa y publicaciones obreras, se recurrió a la prensa no obrera, principalmente a *El Mercurio* de Santiago. Para eventos específicos que ocurrieron fuera de Santiago, se consultaron periódicos locales.

La primera historia del movimiento obrero apareció en 1926 con el título de *La organización sindical en Chile y otros estudios sociales*, escrito por Moisés Poblete Troncoso. Otro libro, titulado *Compendio de la legislación social y desarrollo del movimiento obrero en Chile*, de Aristódemo Escobar Zenteno, se publicó en 1940. Sin embargo, ambos estudios resultaron de poca utilidad ya que se limitan a mencionar el nombre de Recabarren. En 1938, apareció la biografía de Recabarren redactada por Fernando Alegría, la cual incluye ciertas afirmaciones fantasiosas, y en 1955, se publicó *Recabarren*, escrito por Jobet. Para el período posterior a Recabarren, la autora recurrió exhaustivamente a las publicaciones de los partidos Socialista y Comunista.

El interés creciente de Estados Unidos en los movimientos obreros de América Latina ha redundado en más material en inglés sobre el movimiento obrero de Chile. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se publicaban artículos ocasionales por el Ministerio del Trabajo en la revista *Labor Review* y en boletines especiales. En 1928, la Oficina de Estadísticas Laborales emitió el Boletín N°461, que consiste en un estudio de las organizaciones obreras en Chile realizado por Moisés Poblete Troncoso. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Oficina publicó, por varios años, las *Labor Notes Abroad*. La filial occidental de la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales Libres, la ORIT, publica también boletines en inglés y en español.

Hoy en día hay diálogos más frecuentes entre los líderes obreros, y sus informes son fuentes valiosas. La autora encontró muy provechoso el “Report of the Visit to Chile and Peru of the United States Labor Delegation” encabezado por Paul Reed y publicado en el *Inter-American Labor Bulletin* de septiembre de 1952. Para los acontecimientos recientes, también ha sido útil el *Hispanic-American Report*, publicado mensualmente por la Universidad de Stanford y que consiste en información recolectada y resumida de periódicos latinoamericanos.
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RECABARREN
Y EL MOVIMIENTO
OBRERO EN CHILE

En el año del centenario de la muerte de Luis Emilio Recabarren (1876-1924), nos complace poner al alcance del público nacional la traducción del texto Recabarren and the Labor Movement of Chile de la historiadora estadounidense S. Fanny Simon, obra regularmente aludida en la producción historiográfica referida a Recabarren, pero muy escasamente consultada de manera directa.

Como podrá apreciarse a la luz del excelente estudio introductorio del joven historiador Alfonso Salgado, este trabajo fue fruto de la primera investigación académica realizada en torno a la figura del líder sindical y político chileno de inicios del siglo pasado, tarea que tomó a su autora más de una década de contactos y trabajos con personas y fuentes chilenas hasta dar hacia 1957 con una versión que estimamos como definitiva.

Tanto la disponibilidad del original en inglés así como numerosos valiosos antecedentes que nos informan ampliamente de los avatares experimentados por Simon en sus esfuerzos de redacción como de publicación de su trabajo, se deben de igual modo a la valiosa labor investigativa desarrollada por el ya citado A. Salgado.

Sin duda que dar a conocer ahora esta traducción eficientemente hecha por Nicolás Pérez Ferretti no sólo importa el rescate de un quehacer que llevaba décadas en el silencio, sino, a la vez, aportar a la construcción del acervo bibliográfico que, con el tiempo, se ha generado sobre la vida y actuación de la señera personalidad de L. E. Recabarren.

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FACULTAD DE
HUMANIDADES

www.ariadnaediciones.cl

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