El Ministerio Fiscal velará para que la resolución judicial que se dicte sea comunicada al Cuerpo policial que estuviere realizando la investigación, y en todo caso al CNP, a los efectos de que se adopten las medidas precisas dirigidas a evitar que el adulto que alega la relación biológica paterno-materno filial o una tercera persona abandonen el centro con el menor sin autorización judicial.

Si se tiene conocimiento de que el menor y el adulto van a abandonar el centro de manera inminente y no hubiera tiempo de que por el Ministerio Fiscal se promuevan las acciones judiciales oportunas, cuando de las declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador o noticia se apreciara una situación de riesgo inminente en la persona del menor, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actuantes procederán a separar al menor del adulto, comunicándolo inmediatamente a la Entidad pública de protección de menores para que se haga cargo del menor y se acuerde su atención inmediata y al Fiscal para el ejercicio de las acciones judiciales procedentes.

Apartado séptimo. Negativa a someterse a la prueba de ADN o cuando el resultado de la misma descarte el vínculo biológico paterno-materno filial.

Si el adulto se niega a someterse a la prueba o ésta resultase contraria a lo manifestado por él, el Ministerio Fiscal interesará del servicio público de protección de menores la asunción de la tutela urgente del menor si de las circunstancias concurrentes se apreciase que dicho menor se encuentra privado de la necesaria asistencia material o moral.

Apartado octavo. Menores acompañados por un guardador de hecho.

El Ministerio Fiscal interesará de la Entidad pública de protección de menores la asunción de la tutela urgente del menor, si de las circunstancias concurrentes se aprecia que el pariente o el adulto que acompaña al menor, no le garantiza la necesaria asistencia material o moral.

CAPÍTULO V

EXTRANJEROS INDOCUMENTADOS CUYA MINORIA DE EDAD NO PUEDA SER ESTABLECIDA CON SEGURIDAD

Apartado primero. Naturaleza, contenido y efectos de los expedientes de determinación de edad ordenados por el artículo 35.3 LOEX.

1. El artículo 35.3 LOEX atribuye al Ministerio Fiscal la responsabilidad de ordenar la práctica de pruebas médicas de determinación de edad de aquellos extranjeros que hubieren sido localizados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando, hallándose indocumentados, su minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.

2. Los expedientes incoados por el Ministerio Fiscal al amparo de dicho precepto y, en su caso la resolución adoptada, no persiguen la determinación de la edad del afectado en cuanto una de las manifestaciones de su estado civil, sino exclusivamente decidir con carácter cautelar y urgente, incluso si es posible durante el servicio de guardia si debe ser acogido en un centro de protección de menores de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor o por el contrario debe ser sometido al régimen ordinario de mayores de edad.

3. El decreto del Ministerio Fiscal resolviendo sobre la minoría o mayoría de edad del afectado tiene carácter meramente provisional pudiendo ser modificada la resolución adoptada, tanto de oficio como a instancia de quien ostente un interés legítimo, cuando se aporten datos o circunstancias sobrevenidas o que, siendo preexistentes, no se hubieran valorado por haberse conocido con posterioridad a la decisión adoptada.

4. En todo caso, el decreto del Ministerio Fiscal, cuando conste resolución judicial motivada dictada en cualquier orden jurisdiccional, será modificado de conformidad con el fallo en que se hubiera acordado una edad distinta.
5. En caso de que el extranjero sea portador de un documento falsificado al haber sido manipulado de manera manual o química para alterar los datos del documento original emitido por las autoridades extranjeras, se procederá de la manera prevista en el Capítulo III, apartado tercero, 3 del presente Protocolo, poniéndose al afectado a disposición del Juez de Instrucción competente.

Apartado segundo. Expedientes de determinación de edad: forma y tramitación.

Diligencias preprocesales.

Los expedientes de determinación de edad tramitados por el Ministerio Fiscal se incoarán y tramitarán siguiendo las formas de las Diligencias Preprocesales reguladas por el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes y de conformidad con las Circulares e Instrucciones ordenadas por el Fiscal General del Estado.

Apartado tercero. Incoación del expediente.

Los expedientes se iniciarán inmediatamente por decreto de incoación cuando el Ministerio Fiscal:

1. Reciba comunicación de alguno de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de haberse localizado a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad y que no aparezca inscrito en el RMENA.

2. Reciba comunicación de cualquier policía autonómica de haberse localizado a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.

3. Reciba comunicación de cualquier autoridad, institución o entidad, local o autonómica, que hubiese localizado, acogido o recibido a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad.

4. De oficio, cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de la existencia de un extranjero cuya minoría de edad no pueda establecerse con seguridad, carezca de la documentación precisa según el Capítulo II, apartado sexto de este Protocolo y sea necesario para la defensa de sus intereses de conformidad con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y las Circulares e Instrucciones del Fiscal General del Estado.

Las peticiones de incoación del expediente deberán ir acompañadas de una exposición razonada en la que se relacionen las circunstancias de la localización del afectado, motivos que hacen dudar sobre su minoría de edad, y, en caso de existir documentación genuina del menor expedida por autoridades extranjeras, los concretos indicios de sospecha sobre su fiabilidad y verosimilitud.

Cuando se incoe de oficio, el decreto inicial del Ministerio Fiscal deberá reflejar motivadamente no sólo las circunstancias recogidas en el párrafo precedente sino también las causas concurrentes que determinan su actuación, de conformidad con las Circulares e Instrucciones del Fiscal General del Estado.

El decreto de incoación del Expediente de determinación de edad será comunicado a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras con la mayor celeridad posible.

Apartado cuarto. Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Comprobación por el Fiscal de si el menor ha sido reseñado e inscrito en el RMENA con anterioridad. Actuaciones a seguir cuando el Fiscal tenga conocimiento de diligencias preprocesales abiertas en otra fiscalía respecto del mismo extranjero.

El Fiscal deberá hacer constar como primera diligencia que se ha realizado la previa y preceptiva reseña policial del afectado, incorporando la certificación negativa de no hallarse reseñado e inscrito previamente en el RMENA, expedida por la respectiva Brigada Provincial de Policía Científica del CNP conforme a lo dispuesto en el capítulo II, apartado tercero 1 de este Protocolo.
En caso de que el Fiscal tenga conocimiento de que se han abierto diligencias preprocesales en otra Fiscalía respecto del mismo extranjero, solicitará de la Fiscalía que lo estuviere tramitando la remisión de una copia íntegra del expediente de determinación de la edad y de las diligencias practicadas. Será competente para continuar la tramitación del expediente la Fiscalía del lugar donde estuviera el extranjero.

Apartado quinto. *Tramitación y diligencias a practicar en el expediente. Práctica de las pruebas médicas.*

1. Acuerdo del Ministerio Fiscal de autorización de pruebas médicas. Principios aplicables a las pruebas médicas. Actuaciones iniciales.

En el ámbito de aplicación del artículo 35.3 LOEX, la decisión sobre la práctica de pruebas médicas dirigidas a eliminar las dudas sobre la mayoría o minoría de edad del extranjero indocumentado es exclusiva del Ministerio Fiscal que la adoptará mediante acuerdo.

No se autorizarán pruebas médicas que repitan otras ya practicadas ni nuevas pruebas médicas cuando, a la vista de la reiteración con la que se han practicado las pruebas anteriores y las dosis de radiación a la que el sujeto haya estado sometido se aprecie un riesgo para la salud del menor según informe previo del facultativo o del médico forense.

Las pruebas médicas ordenadas practicar por el Ministerio Fiscal se regirán por el principio de celeridad exigiendo el previo consentimiento del afectado y un control médico- sanitario especializado y se llevarán a cabo con respeto a la dignidad de la persona.

A) La orden de practicar las pruebas médicas se dictará en el plazo más breve posible. Deberá adoptarse si fuere posible durante el servicio de guardia por el Fiscal que lo desempeñe cuando de la información recibida por los Cuerpos policiales no se desprenda la necesidad de la práctica de otras diligencias imprescindibles.

B) La información preceptiva y la petición de la práctica de las pruebas médicas podrá ser avanzada al Fiscal del expediente por fax, correo electrónico o vía telefónica, sin perjuicio de la remisión del atestado por conducto ordinario. En todo caso la policía actuante hará constar de manera fehaciente y expresa que ha realizado la completa reseña del afectado y que por el CNP se ha cotejado su resultado con el RMENA de la manera indicada en el Capítulo II, apartado tercero, del presente Protocolo.

C) El menor será trasladado a presencia del Ministerio Fiscal antes de proceder a ordenar la práctica de las pruebas médicas cuando así lo disponga el Fiscal tras valorar la información recibida por las fuerzas policiales.

D) Si se considera procedente realizar las pruebas médicas, el Fiscal remitirá los oficios correspondientes al Centro hospitalario, directamente o a través de la propia policía actuante.

E) Si por causas extraordinarias no pudieran practicarse durante el servicio de guardia las pruebas debidas, una vez que el menor ha sido reseñado y se ha cotejado el RMENA, el Fiscal pondrá a disposición de la Entidad pública de protección de menores competente al menor para que proceda a su ingreso en un Centro de protección de menores hasta que aquella pueda llevarse a cabo.

2. Consentimiento informado del extranjero.

El Fiscal autorizará la práctica de las pruebas médicas a condición de que el interesado preste el consentimiento tras haber sido fehacientemente informado, en el modelo que consta como Anexo III del presente Protocolo, de los siguientes extremos:

A. Contenido de la información.

a) Tipo, características y riesgos de las pruebas a las que va a ser sometido.

b) Finalidad que se persigue con la realización de las pruebas y las consecuencias que se derivarían de su negativa a practicarla.
B) Órganos que deben informar y ante los que debe prestarse el consentimiento. Formalización de acta.

a) La información sobre el tipo, características y riesgos de las pruebas a la que va a ser sometido deberá ser facilitada por el facultativo competente. El consentimiento se prestará ante el mismo.

b) Los demás aspectos de la información se prestarán por la propia policía actuante.

c) Del consentimiento prestado en los dos apartados anteriores se levantarán las correspondientes actas al respecto en las que consten de manera expresa e inequívoca la autorización del presunto menor.

C) Negativa a prestar su consentimiento.

a) En el supuesto de negativa a prestar su consentimiento para la práctica de las pruebas ante los agentes de la policía actuantes será llevado a presencia del Fiscal que tras recibirle declaración y tomando en consideración todas las circunstancias obrantes en el expediente podrá determinar que se trata de un mayor de edad.

b) Si entre las circunstancias concurrentes se hallaren indicadores de que el interesado pudiera ser víctima de trata de seres humanos prevalecerá la presunción de minoría de edad, debiéndose adoptar las medidas de protección inmediatas, comunicándose simultáneamente a la Unidad policial de Extranjería correspondiente del CNP a los efectos de valorar la aplicación del artículo 59 bis LOEX según las reglas establecidas por el Protocolo de protección de víctimas de trata de seres humanos, así como al Cuerpo policial actuante, a efectos de investigación.

c) El interesado podrá retirar su consentimiento en cualquier momento antes de la práctica de las pruebas médicas, en cuyo caso cesarán o se dejarán sin efecto las mismas, valorándose del mismo modo que si se tratare de una negativa precedente.

3. Traslado del extranjero a los Centros hospitalarios.

El traslado de los supuestos menores al Centro hospitalario se podrá realizar por agentes del CNP, Guardia Civil, Policías autonómicas o locales. Asimismo, lo podrá realizar el personal del Centro de protección de menores. Dicho traslado se realizará de la forma que menos perjudique al supuesto menor, con respeto de sus garantías y sus derechos.

Se procurará realizar los traslados en vehículos sin distintivos policiales y con personal no uniformado, salvo que las circunstancias del caso y la disponibilidad de recursos no lo permitan.

4. Personal sanitario.

Las pruebas de determinación de la edad y los correspondientes dictámenes periciales se realizarán por personal médico especializado en la materia. También podrán ser realizadas por los médicos forenses que, además podrán ser llamados en cualquier momento por el Fiscal para completar, precisar o ampliar los dictámenes recibidos.

Los Protocolos territoriales especificarán los Centros hospitalarios donde se llevarán a cabo y garantizarán la realización de la prueba de manera continua y permanente, sin limitación de horarios y fechas, con la mayor celeridad posible.

5. Pruebas a realizar.

Corresponde a los facultativos médicos según las leyes de su ciencia determinar las pruebas adecuadas y suficientes para eliminar la inseguridad sobre la minoría de edad del extranjero afectado. Se recomienda seguir los parámetros y pautas de actuación fijadas en las Conclusiones de la Jornada de Trabajo sobre Determinación Forense de la Edad de los MENA. Documento de Consenso de Buenas Prácticas entre los Institutos de Medicina Legal de España. En: Revista Española de Medicina Legal. 2011, Vol. 37, número 1, enero-marzo.
Cualesquiera que sean las pruebas practicadas tendentes a determinar el grado de maduración ósea o dental (prueba radiológica del carpo izquierdo de la muñeca y examen de la dentición, en particular del tercer molar, por medio de una ortopantomografía, radiografía de la clavícula para la cuantificación de los cambios de osificación), será preceptivo el previo examen físico y personal del interesado.

6. Informe médico.

El informe médico de determinación de edad deberá ser emitido en el plazo más breve posible; hará referencia a la identidad del médico informante, fecha y hora de la emisión; y expondrá de manera clara y motivada la técnica o técnicas que se hayan seguido para la determinación de la edad.

Justificará razonadamente el resultado de cada prueba practicada y contendrá una conclusión en la que se establecerá de manera precisa una horquilla de edad mínima y, si es posible, máxima del examinado que se corresponderá con el margen de error, porcentaje de incertidumbre o desviación estándar que dicho resultado pueda tener.

El Fiscal pedirá la repetición o ampliación del informe cuando se omita cualquiera de los datos reseñados, carezca del suficiente grado de motivación, o se sustituya la delimitación de la horquilla con otras locuciones o expresiones ambiguas e imprecisas.

Apartado sexto. Finalización del expediente. El decreto del Ministerio Fiscal.

1. Contenido del decreto del Ministerio Fiscal.

Los expedientes de determinación de la edad del artículo 35.3 LOEX concluirán tras el decreto del Ministerio Fiscal, que contendrá los siguientes apartados:

A) Fundamentación de los hechos.

En él se hará constar: la fecha, modo y circunstancias de localización del menor; la acreditación de que el menor ha sido fehacientemente reseñado; el NIP; el cotejo registral y su resultado; en su caso, la documentación que portaba el menor, naturaleza, filiación, nacionalidad y autoridad que lo expidió; la relación de los indicios o circunstancias que han determinado la necesidad de la práctica de las pruebas médicas; constancia del consentimiento informado del interesado; descripción de otras diligencias que eventualmente se hayan acordado para determinar la minoría de edad y su resultado; en caso de haberse practicado las pruebas médicas, sucintamente se recogerán los datos relativos a la identificación del médico que realizó las pruebas y firmó el dictamen, el Centro hospitalario en que se han realizado las pruebas y los medios de diagnóstico utilizados; el resultado de las pruebas realizadas.

B) Fundamentación jurídica.

Deberán valorarse, si las hubiere, las diferentes pruebas que obren en las diligencias (médica, documental, manifestaciones del interesado) o, de haberse producido, los efectos de la negativa o retirada del consentimiento a someterse a las pruebas médicas. Igualmente motivarán, en su caso, por qué no se aceptan los indicios de duda planteados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la policía autonómica o autoridad, institución o entidad, local o autonómica y no se ha acordado la práctica de las diligencias de comprobación.

C) Parte dispositiva.

a) Si el interesado debe ser considerado menor de edad, así se declarará expresamente y se acordará que el menor sea puesto a disposición de la Entidad pública de protección de menores.

Si se han realizado las pruebas médicas, la edad del sujeto se corresponderá con el tramo inferior de la horquilla, entendiéndose como día y mes de nacimiento el que corresponda con la fecha en que se practicaron las pruebas médicas a falta de otro dato, como las manifestaciones del menor si son compatibles con el resultado de aquellas.

b) Si no es posible pronunciarse sobre la mayoría o minoría de edad por no haberse
presentado el supuesto menor a la práctica de las pruebas médicas así se declarará archivándose en las diligencias provisionalmente.

lunes 16 de octubre de 2014

c) Si el extranjero debe ser considerado mayor de edad así se declarará expresamente comunicándolo a la mayor urgencia a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP, y, en su caso, al Cuerpo policial que realice la investigación.

2. Revisión del decreto del Ministerio Fiscal.

El decreto del Ministerio Fiscal disponiendo la mayoría o minoría de edad del extranjero es revisable de oficio o a instancia de quien ostente un interés legítimo.

Es competente para la revisión del decreto la Fiscalía correspondiente al lugar donde efectivamente resida el interesado. Cuando la Fiscalía ante la que se plantea la revisión del decreto sea distinta de quien la dictó, con carácter previo a tomar cualquier decisión solicitará de la Fiscalía que actuó anteriormente la remisión de una copia íntegra del expediente de determinación de la edad y de las diligencias practicadas.

La revisión procederá:

A) Cuando se aporten documentos o certificaciones genuinas expedidas por autoridades del Estado de donde es nacional el interesado que tengan fuerza probatoria según el artículo 323 LEC por haberse así reconocido por Convenio bilateral o Tratado internacional.

B) Cuando se comunique al Ministerio Fiscal cualquier sentencia o auto judicial de cualquier orden jurisdiccional que establezca otra edad diferente.

C) Cuando concurran circunstancias sobrevenidas o que siendo preexistentes no pudieron ser tomadas en cuenta en el momento de dictar el decreto, y el Fiscal las valore como relevantes y suficientes para su modificación. Significadamente, cuando conste la práctica de otras pruebas médicas de resultado incompatible realizadas en el ámbito de sus competencias a instancia de los Consulados españoles en el extranjero, de cualquier Administración del Estado, o de la Entidad pública de protección de menores en el ejercicio de su función de guarda y tutela.

La Entidad pública de protección de menores no puede, unilateralmente, fijar una edad distinta a la previamente establecida en el decreto del Ministerio Fiscal.

Si la Entidad pública de protección de menores por su propia iniciativa decide practicar pruebas complementarias con posterioridad al decreto del Ministerio Fiscal, para que puedan tener virtualidad revisora de la decisión acordada en el decreto del Ministerio Fiscal, tendrán que reunir los siguientes requisitos:

a) Deberá adoptarse tras un acuerdo que razone las causas y circunstancias que lo motivan y que señalará las pruebas concretas que pretende realizar.

b) Dicho acuerdo será notificado al Ministerio Fiscal y al declarado menor.

c) Un representante de la Entidad pública de protección de menores deberá informar al interesado mayor de 16 años o menor de 16 años con suficiente madurez sobre la finalidad y naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias, siendo preguntado si presta de manera libre e inequívoca su consentimiento a la realización de las pruebas. Dicha información se transmitirá con intérprete si el interesado no conoce el castellano.

d) Si el interesado tuviera menos de 16 años se le deberá nombrar un defensor judicial.

e) Del consentimiento informado se dejará constancia por escrito.
f) En caso de negativa a someterse a las pruebas médicas, la Entidad pública de protección de menores lo comunicará al Ministerio Fiscal que tras oír al interesado, acordará lo que estime procedente sobre la modificación del decreto.

g) Las pruebas médicas sólo se realizarán por personal facultativo experto o especializado y necesariamente serán complementarias y añadidas a las ya practicadas a instancia del Ministerio Fiscal sin que puedan repetirse las ya realizadas. En caso de no existir pruebas médicas anteriores deberán practicarse según las disposiciones precedentes de este Protocolo.

h) Finalizadas las diligencias complementarias, la Entidad pública de protección de menores dictará una resolución recogiendo el resultado de las nuevas pruebas practicadas y la incidencia que a su juicio pueda tener dicho resultado sobre la edad del afectado.

Dicha resolución la remitirá al Ministerio Fiscal con la documentación precisa para que, si fuera procedente, modifique el decreto de determinación de edad.

D) Cuando el interesado aporte documentación genuina expedida por el Estado de que es nacional que, aunque no reúna los requisitos previstos en el precedente apartado A):

a) No esté viciada de falta de credibilidad por concurrir cualquiera de las circunstancias reseñadas en el Capítulo II, apartado sexto 2, del presente Protocolo.

b) Provenga de cualquier Estado cuyo régimen legal no exija ningún tipo de control oficial sobre los registros públicos, la emisión de documentos y sus correspondientes cotejos.

A los efectos de que los fiscales tengan un conocimiento preciso en cada caso, la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General del Estado mantendrá una comunicación cuando sea necesario con la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios para recabar información acerca de la práctica existente sobre inscripción en los registros públicos y la emisión de documentos identificativos de que se trate, especialmente sobre si los datos que figuran en unos y otros pueden ser suministrados por los propios interesados o exigen una comprobación oficial o por la autoridad o funcionario que los expidió.

3. Notificaciones del decreto del Ministerio Fiscal e inscripción registral.

A) Tanto el decreto inicial como los que acuerden o denieguen su revisión serán notificados fehacientemente al interesado, a la Entidad pública de protección de menores, a la Delegación o Subdelegación de Gobierno y, en su caso, a la Fiscalía que dictó el decreto inicial.

B) Todos los decretos del Ministerio Fiscal por los que se concluyan unas diligencias preprocesales de determinación de la edad –cualquiera que sea el acuerdo adoptado– o su revisión serán comunicados a las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras del CNP para su debida constancia e inscripción en el RMENA.

C) Notificado el decreto inicial del Ministerio Fiscal declarando la minoría de edad a la Entidad pública de protección de menores, ésta dictará la resolución correspondiente asumiendo la acogida inmediata del menor.

Si el decreto del Ministerio Fiscal modifica la situación de minoría o mayoría de edad o establece una edad concreta distinta, el ente de protección dictará una resolución asumiendo el contenido del nuevo decreto.

Si el decreto inicial del Ministerio Fiscal es de mayoría de edad, la Entidad pública de protección de menores dictará en todo caso una resolución por la que se establezca su consiguiente baja en el Centro de protección de menores y la notificará de forma fehaciente al interesado para que pueda interponer los recursos o ejercer las acciones ante la jurisdicción que sean procedentes en defensa de sus intereses.
# CAPÍTULO VI

## DOCUMENTACION DE MENA

Apartado primero. *Documentación provisional.*

La unidad policial de extranjería actuante del CNP, en el plazo máximo de 72 horas, remitirá a la Entidad pública de protección de menores y al Director del Centro de protección de menores donde esté ingresado el menor la «ficha de inscripción MENA» o documento identificativo equivalente que se prevea en un futuro en las instrucciones del Secretario de Estado de Seguridad.

Dicha ficha servirá para que el menor pueda identificarse.

Apartado segundo. *Repatriación de MENA.*

Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán los Centros directivos competentes para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación del MENA de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 LOEX y 191 y siguientes REX.

Apartado tercero. *Residencia del MENA.*

1. Tramitación. Elevación de la propuesta por la Entidad pública de protección.

A) Plazos en que debe realizarse la propuesta.

Las gestiones dirigidas a determinar si es posible la repatriación u obtener el pasaporte o, en su defecto, la cédula de inscripción, deberán realizarse con la mayor celeridad.

Sin perjuicio de lo establecido en el REX, se considera a tales efectos que tres meses desde la puesta a disposición del MENA del Centro de protección de menores es tiempo suficiente para que, por parte de la Entidad pública de protección de menores, se solicite la autorización de residencia.

B) Documentos que debe presentar la Entidad pública de protección de menores.

A la solicitud de autorización, la Entidad pública de protección de menores deberá acompañar:

a) Copia completa del pasaporte en vigor o título de viaje, reconocido como válido en España, del MENA. De no poder obtener el pasaporte, este documento será sustituido por la cédula de inscripción del MENA si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 211 REX.

b) Documento acreditativo de que la persona física que interviene en el procedimiento tiene competencia para ello en representación de la Entidad pública de protección de menores.

c) Documento acreditativo de la relación de tutela legal, custodia, protección provisional o acogida inmediata entre el menor y la Entidad pública de protección de menores.

d) De tenerlo a su disposición, copia del decreto del Fiscal o del documento que acredite la fecha de puesta a disposición del menor.

e) Solicitud de la autorización en modelo oficial establecido al efecto.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno recabará de la correspondiente Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP la información que conste en la ficha de inscripción del menor en el RMENA.

El menor podrá colaborar con la Entidad pública de protección de menores para la obtención de la documentación señalada en el apartado anterior
Núm. 251 Jueves 16 de octubre de 2014 Sec. III. Pág. 83913

C) Tramitación de oficio del expediente por la Delegación o Subdelegación del Gobierno ante la omisión injustificada de la propuesta.

Si por causa no justificada no se ha elevado la propuesta de resolución por la Entidad pública de protección de menores, la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente al domicilio del menor iniciará, de oficio, el procedimiento relativo a la autorización de residencia.

En tal caso, la Oficina de Extranjería comunicará al MENA el acuerdo de inicio del procedimiento a través de la Entidad pública de protección de menores bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre, interesando la aportación de los documentos señalados en las letras precedentes.

2. Resolución, notificación del expediente y actuaciones posteriores.

A) Plazos.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno resolverá y notificará la resolución al MENA en el plazo máximo de un mes. Dicha resolución será comunicada al Ministerio Fiscal y a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del CNP correspondiente en el plazo de diez días desde que se dicte.

B) Inscripción registral.

El Ministerio Fiscal velará para que dicha resolución conste debidamente inscrita en el RMENA.

C) Solicitud de la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

El representante, acompañado del MENA, deberá solicitar personalmente, en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se concede la autorización, y ante la Oficina de Extranjería o Comisaría del CNP, la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

3. Disposición común. Plazo máximo para otorgar la autorización de residencia.

La tramitación y resolución del expediente deberán realizarse con la mayor celeridad. En todo caso, transcurrido el plazo máximo de nueve meses desde la puesta a disposición del MENA sea cual sea el estado de tramitación, la Delegación o Subdelegación de Gobierno otorgará la autorización de residencia.

Tendrá carácter prioritario la tramitación de los procedimientos relativos a las solicitudes de autorización de trabajo o, en su caso, de exceptuación a la autorización de trabajo presentadas, a favor del MENA, tanto si se presentan junto a la solicitud de autorización de residencia como si se presentan durante la vigencia de la misma.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.8 de la LOEX, la concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación cuando favorezca el interés superior del menor.

# CAPÍTULO VII

## GUARDA Y TUTELA DE MENA

Se procurará que en los Protocolos territoriales existan normas uniformes conformes a las siguientes pautas de actuación:

Apartado primero. Actuación de la Entidad pública de protección de menores.

La Entidad pública de protección de menores prestará la atención inmediata y el acogimiento que el MENA requiera. A efectos de la asunción formal de la tutela urgente, y en el más breve plazo posible, la Entidad pública de protección de menores debe:

1. Comunicar al CNP y al Ministerio Fiscal los datos de que disponga o pueda disponer para la inscripción y actualización constante del RMENA.
A tal fin, se remitirá sin dilación alguna la información referente a fugas, reingresos en los centros, cambio de Centro de protección de menores o de Comunidad Autónoma o cualquier otra información que afecte o modifique la situación del MENA.

lunes 16 de octubre de 2014

Sec. III. Pág. 109

2. Hacer gestiones de indagación sobre las circunstancias del MENA al objeto de constatar si existe una situación real de desamparo, si es posible reagrupar al MENA con su familia en su país de origen o donde ésta resida y, eventualmente, si existe una necesidad de protección internacional que no hubiera sido previamente detectada.

Se procurará que en dicha investigación participen expertos en la cultura y costumbres del país de origen del MENA.

En el plazo máximo de tres meses, la Entidad pública de protección de menores, una vez constatada la situación de desamparo del MENA, dictará una resolución administrativa en tal sentido, asumiendo la tutela del mismo.

3. Mensualmente, la Entidad pública de protección de menores remitirá al Ministerio Fiscal, así como a la correspondiente Delegación o Subdelegación del Gobierno, un listado de MENA que se encuentren bajo su ámbito de protección en el que se relacione cualquier dato relevante sobre los mismos, significadamente si hay decreto de determinación de la edad, fecha de ingreso en el Centro de protección de menores, fecha de la solicitud y, en su caso, concesión de la autorización de residencia.

Apartado segundo. *Petición de información del RMENA.*

La Entidad pública de protección, a través del Ministerio Fiscal, podrá dirigirse al CNP para que se le remita la información que conste en el RMENA respecto a un menor que esté bajo su protección.

El objeto de la información se limitará exclusivamente a la que precise la Entidad pública de protección de menores para la realización de las actuaciones propias de su competencia en defensa del interés superior del menor.

Apartado tercero. Actuaciones de supervisión del Ministerio Fiscal del correcto ejercicio de las funciones asignadas a la Entidad pública de protección de menores.

1. La fuga o abandono del menor del Centro de protección de menores que tuviera asignado para residir no será considerada causa de extinción de la tutela, que deberá seguir ejerciéndose para la localización del menor o para el caso que apareciere. De acuerdo con la legislación vigente, el Ministerio Fiscal impugnará cualquier resolución de cese de tutela indebidamente motivada.

2. Las Secciones de Menores de las Fiscalías y las Entidades públicas de protección de menores deberán realizar un especial seguimiento en los supuestos en los que estas últimas ejerzan las funciones tutelares mediante convenio, a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones u otras entidades dedicadas a la protección de menores.

# CAPÍTULO VIII

## MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y DE COORDINACION

Apartado primero. *Coordinación del RMENA.*

1. Para el correcto cumplimiento de lo previsto en el Capítulo II, apartado tercero, el Fiscal Delegado de Extranjería controlará que dentro de los primeros quince días de cada mes les sea remitido a él y a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras como responsable provincial del RMENA cuantos datos de estos menores, a último día del mes anterior, obren en poder de las Policías autonómicas y de la Entidad pública de protección de menores de la provincia.
2. El Ministerio Fiscal dictará las instrucciones adecuadas, efectuará los requerimientos y adoptará las medidas pertinentes –en desarrollo de la función encomendada por el artículo 215 REX- para que los MENA que, en el momento de aprobarse este Protocolo, ya se encontraren en el sistema de protección sin constancia registral, sean debidamente reseñados policialmente y que por el CNP sean inscritos en el RMENA.

3. El Ministerio Fiscal dictará las instrucciones adecuadas, efectuará los requerimientos y adoptará las medidas pertinentes –en desarrollo de la función encomendada por el artículo 215 REX- para que cualquier resolución o acuerdo dictados por las Entidades públicas de protección de menores sobre los MENA en relación a su situación personal, residencia y traslados o cualquier otro dato relevante, sean debidamente comunicados a las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras del CNP para su inscripción en el RMENA.

4. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras garantizará que la reseña de menores extranjeros y el cotejo registral pueda realizarse en cualquier dependencia del CNP a la mayor brevedad posible.

5. Los miembros del Ministerio Fiscal tendrán acceso informático libre y directo al RMENA sin limitación horaria alguna para el cumplimiento de la función atribuida por el artículo 35.3 LOEX y 215 REX.

Apartado segundo. Reuniones de seguimiento.

En cada provincia y con una periodicidad mínima semestral, el Ministerio Fiscal convocará una reunión de trabajo dirigida a realizar un seguimiento de las actuaciones relacionadas con la aplicación del presente Protocolo y para velar por la adecuada coordinación interinstitucional. A dicha reunión se convocarán a los mandos policiales competentes, los representantes de las instituciones autonómicas afectadas y la persona que designe el Delegado o Subdelegado del Gobierno correspondiente.

El Acta de dicha reunión será remitida a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, que la hará llegar a los representantes de los Ministerios firmantes de este Protocolo.

ANEXO I

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA IDENTIFICACIÓN EN APLICACIÓN DEL PROTOCOLO MARCO DE DESARROLLO DEL ARTÍCULO 190.2 DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA (REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL)

En __________ y en las dependencias de __________
sitas en __________, siendo las ____ horas del día __________, por los funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, con carnets profesionales n.º __________
que actúan como Instructor y Secretario, respectivamente, afectos a la Brigada de Extranjería y Fronteras
de dicha Comisaría, en presencia del intérprete don ______ con DNI/NIE n.º __________
se procede a extender la presente Acta para hacer constar los
siguientes extremos:

1. FINALIDAD.

Es finalidad de la presente, solicitar de la persona adulta referida en el punto siguiente, en su calidad de
acompañante del menor, igualmente referido en dicho apartado, que VOLUNTARIAMENTE PRESTE SU
CONSENTIMIENTO, debidamente informado, PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS de
carácter indubitado para realizar un análisis del ADN de las células epiteliales bucales propias y del menor,
para la obtención de dato identificativo que acredite la existencia del vínculo biológico, paterno-materno filial
dando con ello cumplimiento a las previsiones que sobre la misma se contemplan en el Capítulo IV del
Protocolo Marco de desarrollo del artículo 190.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
2. PERSONA A LA QUE SE LE OFRECE LA PRESENTE INFORMACIÓN Y DE LA QUE SE SOLICITA SU CONSENTIMIENTO INFORMADO.

El contenido de la presente se informa a quien dice ser: ________________________________, nacido/a en ________________, el día ________, hijo/a de ________ y de ________, nacional de ________________.

El motivo de realizarse esta información a la persona filiada es debido a que ha accedido de forma irregular al territorio español viniendo acompañada de un menor de edad extranjero, del que dice ser su padre/madre biológico, si bien no aporta documento alguno que acredite tal vínculo o parentesco. Dice que la filiación del menor es: ________________________________, nacido/a en ________________, el día ________, hijo/a de ________ y de ________________, nacional de ________________.

3. PRUEBA A REALIZAR Y PERSONAS SOBRE LA QUE SE PRACTICARÁ.

La prueba que se realizará, en los interesados, será la de ácido desoxirribonucleico (ADN), para la obtención de perfiles de ADN que sean reveladores exclusivamente de la identidad del sujeto a los fines que establece el apartado 1 de este Acta. Consistirá en FROTIS BUCAL mediante DOS hisopos de algodón.

La recogida de la muestra se realizará respecto del menor, así como del adulto que le acompaña, de quien se solicita el consentimiento. Las muestras biológicas permanecerán custodiadas durante un año en los archivos de las Unidad de Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, trascurrido este periodo de tiempo se procederá a su destrucción.

4. CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN POR LA FISCALÍA.

La presente información así como, caso de otorgarse el consentimiento, la realización de la prueba indicada se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, en documento con registro de salida n.º __, de fecha ____________, a la que, igualmente, se le dará cuenta del resultado de todas las actuaciones practicadas.

5. CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO.

Se informa al adulto que si deniega su consentimiento o, incluso, si consentido, con posterioridad, en cualquier momento previo a la práctica de la prueba, revoca tal consentimiento, el Ministerio Fiscal interesará del servicio público de protección de menores que asuma la tutela urgente del menor si de las circunstancias concurrentes se apreciase que dicho menor se encuentra privado de la necesaria asistencia material o moral, así como disponer las demás actuaciones que considere precisas en cumplimiento de la normativa vigente.

6. RESULTADO NEGATIVO DE PATERNIDAD.

El adulto es informado de que en el caso que no quede demostrada fehacientemente la paternidad, se entenderá que no existe el vínculo biológico alegado por el interesado y por el Ministerio Fiscal se adoptarán las medidas previstas en el punto anterior.

CONSENTIMIENTO

El adulto manifiesta que a través de la actuación del intérprete, ha entendido y comprendido todo el contenido de la presente acta, la encuentra conforme y conoce las consecuencias del resultado de la misma y su expresa y libre voluntad es que:

☐ Consiente y confirma que se proceda a la recogida de muestras biológicas de carácter indubitado propias y del menor.

☐ No consiente que se proceda a la recogida de muestras biológicas, ni las propias, ni las del menor.
El adulto firma la presente en unión del intérprete y del Instructor, de lo que como Secretario
CERTIFICO.

El Instructor,

El Adulto,

El Intérprete,

El Secretario,

ANEXO II

ACTA DE RECOGIDA VOLUNTARIA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS A MENOR Y ADULTO EN APLICACIÓN
DEL PROTOCOLO MARCO DE DESARROLLO DEL ARTÍCULO 190.2 DEL REGLAMENTO DE
EXTRANJERÍA (REAL DECRETO 557/2011, DE 20 DE ABRIL)

1. DATOS DE LA ACTUACION.

Funcionario/s actuante/s: carnet profesional n.º: .................... y n.º ....................

Lugar de toma de muestra biológica:

Fecha y hora:

Precinto:

SÍ

NO

2. FORMA DE RECOGIDA DE MUESTRAS: FROTIS BUCAL mediante DOS
hisopos de algodón.

3. FINALIDAD: para realizar un análisis de ADN a efectos exclusivos de acreditar la existencia del vínculo biológico paterno-materno filial a fin de dar cumplimiento a las previsiones que sobre la misma se contemplan en el Capítulo IV del Protocolo Marco de desarrollo del artículo 190.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

4. CONOCIMIENTO DE LA ACTUACIÓN: la realización de la prueba indicada se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, en documento con registro de salida n.º ____ de fecha ____.

5. DATOS DE LAS PERSONAS SOBRE LAS QUE SE REALIZA LA TOMA.

5.1 DATOS DEL MENOR SOBRE EL QUE SE PRACTICARÁ LA RECOGIDA DE MUESTRAS.

Nombre y apellidos: _________________________________ nacido
en ______________________________ edad _________ sexo_________.

5.2 DATOS DEL ADULTO QUE LE ACOMPAÑA Y SOBRE EL QUE SE PRACTICARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS.

Nombre y apellidos: _________________________________ nacido en
____________________ edad _________ sexo _________ con
documento _________________________________

Relación de parentesco con el menor (manifiesta) _________________________________
y que ha sido informado en Acta aparte y ha prestado su consentimiento.

Las muestras biológicas permanecerán custodiadas durante un año en el Cuerpo Nacional de Policía, trascurrido este periodo de tiempo se procederá a su destrucción.

El adulto firma la presente en unión del funcionario/s actuante/s CERTIFICO.

Fdo.: Funcionario/s actuante/s,

Fdo.: El Adulto,
<table><tr><td colspan="2">IMPRESIONES DACTILARES ADULTO</td><td colspan="2">IMPRESIONES DACTILARES MENOR</td></tr><tr><td>Índice izquierdo</td><td>Índice derecho</td><td>Índice izquierdo</td><td>Índice derecho</td></tr></table>

ANEXO III

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y AUTORIZADO PARA LA PRACTICA DE PRUEBAS DE DETERMINACIÓN DE LA EDAD

En ____________________ y en las dependencias de ____________________ sitas en ____________________, siendo las ______ horas del día ______, por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con carnets profesionales n.º ____________________, que actúan como Instructor y Secretario, respectivamente, afectos a la Brigada de Extranjería y Fronteras de dicha Comisaría, en presencia del intérprete don ______ con DNI /NIE n.º ____________________, se procede a extender la presente Acta para hacer constar los siguientes extremos:

1.

a) FINALIDAD: Es finalidad de la presente, solicitar de la persona referida en el punto siguiente, que voluntariamente preste su consentimiento, debidamente informado, para llevar a cabo pruebas médicas para determinar la minoría o mayoría de edad de dicha persona.

Si del resultado de las pruebas se desprende que el interesado es menor de edad ingresará en un centro abierto donde se adoptarán las medidas de protección (manutención, formación) adecuadas, no pudiendo ser objeto de expulsión, ni de ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros.

Si del resultado de las pruebas se desprende que el interesado es mayor de edad, será sometido al régimen ordinario de mayores de edad.

El resultado de las pruebas será interpretado de la manera más favorable para sus intereses. Cuando ofrezca un margen de edad (v. gr, entre 17 y 19 años), se entenderá que el interesado tiene 17 años.

b) TIPO, CARACTERÍSTICAS Y RIESGOS DE LAS PRUEBAS MÉDICAS: Las pruebas médicas se realizarán por personal sanitario especializado y cualificado y será informado sobre estos aspectos por los mismos a los que el interesado podrá hacer todas las preguntas que estime conveniente.

c) CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A OTORGAR EL CONSENTIMIENTO: Se informa a dicha persona que si deniega su consentimiento o, incluso, si consentido, con posterioridad, en cualquier momento previo a la práctica de la prueba, revoca tal consentimiento, el interesado será llevado a presencia del Ministerio Fiscal que tras recibirle declaración y tomando en consideración todas las circunstancias obrantes en el expediente podrá determinar que se trata de un mayor de edad.

También se le informa que si, en cualquier momento, revoca el consentimiento prestado ante el equipo médico, cesarán o se dejarán sin efecto las pruebas médicas, valorándose del mismo modo que si fuera una negativa.

2. PERSONA A LA QUE SE LE OFRECE LA PRESENTE INFORMACIÓN Y DE LA QUE SE SOLICITA SU CONSENTIMIENTO INFORMADO.

El contenido de la presente se informa a quien dice ser: ____________________, nacido/a en ____________________, el día ______, hijo/a de ______ y de ______, nacional de ____________________.
El motivo de realizarse esta información a la persona filiada es debido a que se encuentra en territorio español en situación irregular, manifestando ser menor de edad, sin que aporte documento fehaciente alguno acreditativo de su edad, al estar indocumentado.

3. CONOCIMIENTO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN POR LA FISCALÍA.

La presente actuación se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, en documento con registro de salida n.º __________, de fecha __________, a la que, igualmente, se le dará cuenta del resultado de todas las actuaciones practicadas.

CONSENTIMIENTO

La persona filiada tras la lectura del contenido anterior de la presente acta,
que se realiza a través de la actuación del intérprete, manifiesta:

1. Que ha sido informado con antelación y de forma satisfactoria por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la finalidad que se persigue con la realización de la prueba y de las consecuencias que se derivarían de su negativa a practicarla.

2. Que ha leído y comprendido este escrito. Está satisfecho con la información recibida, ha formulado todas las preguntas que ha creído conveniente y le han aclarado todas las dudas planteadas.

Expuestos los anteriores puntos, igualmente manifiesta que la encuentra conforme y conoce las consecuencias del resultado de la misma, y su expresa y libre voluntad es:

<figure><img src="image_102.png" /></figure>

Que autoriza y asume, libre y voluntariamente, la práctica de la realización de las pruebas médicas, sin perjuicio de que, tal y como se le ha informado, pueda revocar ante el médico el presente consentimiento.

<figure><img src="image_103.png" /></figure>

Que no consiente que se proceda a la práctica de las pruebas médicas.

El interesado firma la presente en unión del intérprete y del Instructor, de lo que como Secretario CERTIFICO.

El Instructor,

El interesado,

El Intérprete,

El Secretario
<figure><img src="image_104.png" /></figure>
BIBLIOGRAPHIE

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la possibilité d'amélioration en la matière pour les mineurs étrangers isolés, séance du 16 janvier 2007.

AI.BI., AMNESTY INTERNATIONAL ITALIA, ASGI, CENTRO ASTALLI, CESPI, CIR, CNCA, DEFENCE FOR CHILDREN, EMERGENCY, INTERSOS, OXFAM ITALIA, SALESIANI PER IL SOCIALE, SAVE THE CHILDREN ITALIA, SOS VILLAGGI DEI BAMBINI E TERRE DES HOMMES, Situazione dei minori stranieri non accompagnati in arrivo dalla c.d. "rotta balcanica" e direttive della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste del 31.8.2020 e del 21.12.2020, 2021, su bit.ly/3GB4BJ, pp. 2.

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**DEFENSEUR DES DROITS**, « Mineurs non accompagnés ». In : *Droits de l'enfant en 2017 : au miroir de la Convention internationale des droits de l'enfant*, 2017.

**ETIEMBLE A.**, *Les mineurs isolés étrangers en France*, rapport réalisé pour la Direction de la population et des Migrations, 2002.

**ETIEMBLE A.**, ZANNA O., « Actualiser et complexifier la typologie des motifs de départ du pays d'origine des mineurs isolés étrangers présents en France », Topik/Mission de Recherche Droit et Justice, SYNTHESE Juin 2013, *Des typologies pour faire connaissance avec les mineurs isoles étrangers et mieux les accompagner*.

**FRANCE.MINISTERE DE LA JUSTICE**, FAQ *mineurs non accompagnés*, 2016.

**FRANCE. MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES. MISSION MINEURS NON ACCOMPAGNES.** Rapport annuel d'activité 2017, 2018.

**GISTI**, L'Accès aux droits et aux soins des mineurs non accompagnés en France, 2017.
https://www.gisti.org/IMG/pdf/guide_mna-mdm_partenaires.pdf

**HUMAN RIGHTS WATCH**, « “C’est la loterie”. Traitement arbitraire des enfants migrants non accompagnés à Paris », 2018. https://www.hrw.org/fr/report/2018/07/04/cest-laloterie/traitement-arbitraire-des-enfants-migrants-non-accompagnesparis

**IGA, IGAS, IGJ et ADF**, Rapport de la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, *La Documentation française*, 15 février 2018.
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000336.pdf

**INSERM**, *Croissance et puberté. Evolutions séculaires, facteurs environnementaux et génétiques*. Expertise collective, 2007.

**INSPECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION, INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES, INSPECTION GENERALE DE LA JUSTICE, ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE France**, Rapport sur la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés, 2018.

**MÉDECINS DU MONDE**, « Argumentaire relatif à l'interdiction des méthodes médicales aux fins de détermination de l'âge des mineurs non accompagnés », 2017. https://www.infomie.net/IMG/pdf/argumentaire_medecins_du_monde_determination_me_dicale_de_l_age_30_11_dif.pdf

**MÉDECINS DU MONDE**, « L'accueil des migrants, reflet d'une crise de solidarité », 2019. https://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/tribunes/2019/01/15/laccueil-desmigrants-reflet-dune-crise-de-solidarite
**MINISTERO DELL'INTERNO** - **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**, *La tratta degli esseri umani in Italia*, 2021, bit.ly/3rzvGAG.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** - **DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE**, *Report mensile minori stranieri non accompagnati in Italia*, 2021.

**MINISTERE DE LA JUSTICE. DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE,**
Mission mineurs non accompagnés : Rapport annuel d'activité 2021.

**MISSION MINEURS NON ACCOMPAGNES**, rapport annuel d'activité 2019,
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/mineurs-non-accompagnes-12824/mission-mineurs-non-accompagnes-rapport-annuel-dactivite-2019-33104.html

**SENAT. COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, DOINEAU E., GODEFROY, J.-P.**, *Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés*, 2017.

**SENAT. COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, BOURGI H., BURGOA L., IACOVELLI X., LEROY H.**, Rapport d'information n° 854 (2020-2021), 29 septembre 2021.

**UNICEF**, *Los derechos de los niños et niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española*, Unicef comité español, février 2019.

**UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO E MINISTERO DELL'INTERNO**, *Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, 2021, su bit.ly/3EoGwwj.

## CONSEIL DE L'EUROPE

**COMITE DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L'ENFANT DU CONSEIL DE L'EUROPE**, Exposé des motifs de la recommandation CM/Rec(2022)22 sur les principes des droits de l'homme et lignes directrices en matière d'évaluation de l'âge dans le contexte de la migration.

**CONSEIL DE L'EUROPE**, Assemblée parlementaire, résolution n° 2195/2017.

**RECOMMANDATION CM/REC (2022)22** du Comité des ministres aux États membres sur les principes des droits de l'homme et lignes directrices en matière d'évaluation de l'âge dans le contexte de la migration, 14 décembre 2022.

**RECOMMANDATION CM/REC(2019)11** du comité des ministres aux états membres sur un régime de tutelle efficace pour les enfants non accompagnés et les enfants séparés dans le contexte de la migration, 11 décembre 2019.
**WENKE, D.**, Détermination de l'âge des jeunes migrants : politiques, procédures et pratiques des états membres du Conseil de l'Europe respectueuses des droits de l'enfant, Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2017.

**COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME**, Conseil de l'Europe, Les méthodes d'évaluation de l'âge des migrants mineurs doivent être améliorées, 9 août 2011.

**COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME**, Conseil d'Europe, Document de synthèse sur les droits des migrants mineurs en situation irrégulière, 25 juin 2010, (https://rm.coe.int/16806da7d6), p. 4.

## UNION EUROPEENNE

**Conseil de l'Union européenne**, Résolution du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers, Journal officiel n° C 221 du 19/07/1997 p. 0023 – 0027.

**PARLEMENT EUROPÉEN ET CONSEIL**, Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO, Série L, n°180 du 29 juin 2013.

**Commission européenne**, Approches nationales mises en œuvre dans l'UE et en Norvège à l'égard des mineurs non accompagnés à la suite de la détermination de leur statut, 2018.

## NATIONS UNIES

**Comité des droits de l'enfant des Nations unies**, Observation générale n° 6, Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, 1er septembre 2005.

**OBERKAMPF C., MAHE D.**, Communication au comité des droits de l'enfant en vue de l'ouverture d'une enquête sur les violations graves et systématiques de la Convention relative aux droits de l'enfant commises par la France relatives à la situation des enfants migrants non accompagnés sous sa juridiction, 4 novembre 2020.
# JURISPRUDENCE

## Cour de cassation française

C.Cass, Civ. 1re, 3 décembre 2020, n° 20-19.942.

C.Cass, Civ. 1re, 20 septembre 2019, n° 19-15.262.

C.Cass, Civ. 1re, 19 sept. 2019, n° 19-15.976, P+B+I ; JCP G 2019, act. 1081, note Gouttenoire.

C. Cass, Civ. 1re, 16 mai 2019, 19-12.552.

C.Cass, Civ. 1re, 7 mars 2019, 18-23.376.

C.Cass, Civ. 1re, 3 octobre 2018, n° 18-19.442.

C.Cass, Civ. 1ère, arrêt du 5 septembre 2018, n° 18-17311.

C.Cass, Civ. 1re, 13 décembre 2017, n°17-26.212.

C.Cass, arrêt du 16 novembre 2017, n° 17-24.072, AJ Famille, 2018, p.172 et s.

C.Cass, Civ. 1re, janvier 2017, n°15-13.383.

C.Cass, Civ. 1re, 11 mai 2016, n°15-18.731, Bull. n°10,

## Conseil d'Etat français

CE, ord. du 22 décembre 2022, n° 469560, inédit.

CE, avis du 21 juin 2022 n°457494.

CE, arrêt du 10 novembre 2021, n°457995.

CE, arrêt du 21 octobre 2020, n°445157.

CE, arrêt du 3 avril 2019, n° 428477, Unicef, AJDA 2019 p. 781.

CE, ordonnance de référé du 25 janv. 2019, n° 427169 / n° 427170 / n° 427167, Conseil départemental d'Indre-et-Loire, JCP A 2019, 2132, note H. Habchi.

CE, arrêt du 28 juin 2018, Min. Int c. M. Sylla, n°403431.

CE, ref. 28 juillet 2016, n° 401626.

CE, arrêt du 1er juillet 2015, n° 386769.

CE, réf. du 12 mars 2014, n° 375956.

## Cour d'appel

CA, arrêt du 12 mai 2022, RG n° 22/00797.

CA, arrêt du 16 février 2018, n° 17/00234.

CA, arrêt du 25 février 2016, n°15030331.

CA, arrêt du 16 mai 2000, n° 99/16403.
## Cour administrative d'appel

CAA, arrêt du 1er avril 2021, n° 20LY00565.

CAA, arrêt du 2 juillet 2020, n° 19LY04819.

CAA, arrêt du 15 janvier 2020, n° 18LY00876.

CAA, arrêt du 19 décembre 2019, n° 19LY01814, 19LY02746, 19LY02748.

CAA, arrêt du 27 juin 2019, n° 18LY03884.

CAA, ordonnance du 12 avril 2019, n° 18LY03709, 18LY03712.

CAA, arrêt du 28 mars 2019, n° 8LY01734.

CAA, arrêt du 28 mars 2019, n° 18LY01724.

CAA, ordonnance du 20 décembre 2018, n° 18LY01725.

CAA, arrêt du 15 novembre 2018, n° 17LY03248.

CAA, ordonnance du 17 octobre 2018, n° 18LY01671.

CAA, arrêt du 12 juillet 2018, n° 18LY01384, 18LY01386.

CAA, arrêt du 3 juillet 2018, n° 17LY03994.

CAA, arrêt du 19 juin 2018, n° 17LY04187.

CAA, arrêt du 27 mars 2018, n° 17LY02831.

CAA, arrêt du 30 mars 2017, n° 15LY03838.

CAA, arrêt du 24 janvier 2017, n° 15LY02179.

CAA, arrêt du 17 novembre 2016, n° 15LY01205.

CAA, arrêt du 13 octobre 2016, n° 16LY01151.

CAA, arrêt du 19 mai 2016, n° 15LY03481.

CAA, arrêt du 9 juin 2015, n° 14LY01420.

CAA, arrêt du 28 août 2014, n° 14LY01163.

## Conseil constitutionnel

C.C., décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, *M. Adama S.* [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge], JORF n°0069 du 22 mars 2019 texte n° 82.

C.C., décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019, *Unicef France et autres* [Création d'un fichier des ressortissants étrangers se déclarant mineurs non accompagnés].

C.C., décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, Association Avocats pour la défense des droits des étrangers et autres [Légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère], JORF n°0042 du 19 février 2022, texte n° 68.
## Cour des comptes

**Cour des comptes**, « La prise en charge des jeunes se déclarant MNA », Référé S2020-1510, 8 octobre 2020. https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-12/20201217-refere-S2020-1510-prise-charge-jeunes-mineurs-non-accompagnes-MNA.pdf

## Cour constitutionnelle italienne

- Arrêt n° 33 de 2021.

- Arrêt n° 102 de 2020.

- Arrêt n° 218 de 2018.

- Arrêt n°198 de 2003.

## Cour de cassation italienne

- C.Cass, sect. I, arrêt n° 5936 de 2020.

- C.Cass, pén., sect. V, arrêt n° 1839 de 2017.

## Conseil d'Etat italien

- C.E., sect. III., arrêt n° 3668 de 2021.

## Tribunal constitutionnel espagnol

- STC n°155/2015 du 9 juillet 2015.

- STC n°17/2013 du 31 janvier 2013.

- STC n°183/2008, du 22 décembre 2008.

- STC n°184/2008, du 22 décembre 2008.

- STC n°114/08 du 22 décembre 2008.

- STC n°236/2007, du 7 novembre 2007.

- STC n° 112/2004, du 12 juillet 2004.

- STC n°214/1999, du 29 novembre 1999.

- STC n°36/1991, du 14 février 1991.

## Tribunal suprême espagnol

- STS, n° 307/2020 du 16 juin 2020.

- STS, n°1263/2018, du 17 juillet 2018.

- STS, n° 720/2016 du 1er décembre 2016.

- STS, n° 2623/2014 du 22 septembre 2015.
STS, n° 507/2015 du 22 septembre 2015.

STS, n° 411/2015 du 3 juillet 2015.

STS, n° 368/2015 du 18 juin 2015.

STS, n° 343/2014, du 18 juin 2015.

STS, n° 329/2015 du 8 juin 2015.

STS, n° 908/214 et 536/2014 du 22 mai 2015.

STS, n° 318/2015 du 22 mai 2015.

STS, n° 319/2015 du 23 mai 2015.

STS, n° 320/2015 du 22 mai 2015.

STS, n° 2223/2013 du 23 mars 2015.

STS, n° 11/2015 du 16 janvier 2015.

STS, n° 13/2015 du 16 janvier 2015.

STS,, n° 1406/2013 et 214/2014 du 16 janvier 2015.

STS, n° 452/2014 du 24 septembre 2014.

STS, n° 453/2014, du 23 septembre 2014.

STS, n° 1382/2013 et 280/2013 des 23 et 24 septembre 2014.

## Cour européenne des droits de l'homme

Cour EDH, arrêt du 6 déc. 2022, *K. et autres c. Danemark*, n° 25212/21.

Cour EDH, arrêt du 21 juillet 2022, *Darboe et Camara c. Italie*, req. n° 5797/17.

Cour EDH, arrêt du 24 mars 2022, *C.E. et autres c. France*, n° 29775/18 et 29693/19.

Cour EDH, arrêt du 10 septembre 2020, *B.G. et autres c. France*, req. n° 63141/13.

Cour EDH, arrêt du 13 juin 2019, *Sh.D et autres c. Grèce, Autriche, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Serbie et Slovénie*, req. n° 14165/16.

Cour EDH, arrêt du 28 février 2019, *HA et autres c. Grèce*, req. n° 19951/16.

Cour EDH, arrêt du 28 février 2019, *Khan c. France*, req. n° 12267/16.

Cour EDH, arrêt du 24 mai 2018, *N.T.P. et autres c. États*, req. n° 68862/13.

Cour EDH, requête du 18 janvier 2017, *Ousainou Darboe et Moussa Camara contre l'Italie*, req. n° 5797/17.

Cour EDH, 12 juillet 2016, affaire *A.B. R.K. A.M. R.C et V.C. R.M et autres contre France*, req. n° 11593/12, 68264/14, 24587/12, 76491/14, 33201/11.

Cour EDH, arrêt du 19 janv. 2012, *Popov v. France*, req. n° 39472/07.

Cour EDH, arrêt du 13 décembre 2011, *Kanagaratnam et autres c. Belgique*, req. n° 15297/09.

Cour EDH, arrêt du 5 avril 2011, *Rahimi c. Grèce*, req. n° 8687/08.

Cour EDH, arrêt du 6 juil. 2010, *Neulinger et Shuruk c. Suisse*, req. n°41615/07.

Cour EDH, arrêt du 28 juin 2007, Wagner et J.M.W.L c/ Luxembourg, n° 76240/01.

Cour EDH, arrêt du 8 mars 2007, *Collins and Akaziebie v. Swede* req. n° 23944/05.

Cour EDH, arrêt du 12 octobre 2006, *Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique*, n° 13178/03.

Cour EDH, arrêt du 21 juin 2005, *Matsiukhina et Matsiukhin c. Suède*, req. n° 31260/04.

Cour EDH, arrêt du 28 novembre 1996, *Nsona c. Pays-Bas*, n° 23366/94.
Vidéos/films

**GOODISON, B.** (réalisé par), *Leave to Remain*. Paris : Chapeau Melon Distribution, 90 min, 2016. [DVD]

**KAURISMÄKI A.** (réalisé par), *Le Havre*. Paris : Pyramide vidéo, 93 min, 2012. [DVD]

**OUJDI, R.** (réalisé par). *Récit d'une jeunesse exilée, j'ai marché jusqu'à vous*. Paris : France télévisions, 52 min, 2016. http://lcp.fr/emissions/275151-recit-dune-jeunesseexilee-jai-marche-jusqua-vous

*Mineur Etranger Isolé, entre fracture et espoir*, Paris, Centre de victimologie pour mineurs, 2018. [Actes de colloque au format vidéo] https://cvmmineurs.org/page/conferences-colloque-2018
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TABLE DES MATIERES

<table><tr><td>SOMMAIRE</td><td>1</td></tr><tr><td>LISTE DES SIGLES ET PRINCIPALES ABREVIATIONS</td><td>1</td></tr><tr><td>INTRODUCTION</td><td>3</td></tr><tr><td>PARTIE 1 - UN CADRE D'EVALUATION CONSOLIDÉ</td><td>13</td></tr><tr><td>CHAPITRE 1 - LA CONSECRATION D'UNE PRESOMPTION DE MINORITE</td><td>13</td></tr><tr><td>Section 1 - La minorité</td><td>13</td></tr><tr><td>§ 1 - L'ambiguïté générée par la pluralité des dénominations</td><td>13</td></tr><tr><td>A - Les mineurs isolés étrangers</td><td>14</td></tr><tr><td>B - Les enfants séparés</td><td>16</td></tr><tr><td>C - Les catégories hybrides des individus approchant de la majorité</td><td>17</td></tr><tr><td>§ 2 - Le choix de la qualification mineur (étranger) non accompagné</td><td>18</td></tr><tr><td>A - La difficulté de se centrer sur la seule dénomination « enfant »</td><td>18</td></tr><tr><td>B - L'option d'une qualification se référant à la notion juridique de minorité</td><td>19</td></tr><tr><td>C - Quelle minorité ?</td><td>21</td></tr><tr><td>1. La polysémie de la notion de minorité</td><td>21</td></tr><tr><td>2. La variabilité du seuil de minorité</td><td>25</td></tr><tr><td>Section 2 - La présomption</td><td>26</td></tr><tr><td>§ 1 - L'existence d'une dynamique croisée en faveur de la reconnaissance d'une présomption de minorité</td><td>26</td></tr><tr><td>A - La dynamique nationale en faveur de la présomption de minorité</td><td>26</td></tr><tr><td>B - La pression des instances supranationales sur les Etats en faveur de la reconnaissance d'une présomption de minorité</td><td>31</td></tr><tr><td>1. Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies</td><td>31</td></tr><tr><td>2. La Cour européenne des droits de l'homme</td><td>32</td></tr><tr><td>3. Le Conseil de l'Europe et la Recommandation du 14 décembre 2022</td><td>36</td></tr><tr><td>§ 2 - La présomption de minorité comme levier à la représentation immédiate des intérêts du jeune migrant</td><td>38</td></tr><tr><td>A - La désignation d'un administrateur ad hoc dès l'entrée sur le territoire</td><td>38</td></tr><tr><td>B - L'organisation d'un système de tuteurs pour assister les jeunes migrants dans tous les aspects de leur séjour sur le territoire national</td><td>38</td></tr><tr><td>CHAPITRE 2 - LA JUDICIARISATION COMPLETE DE LA PROCEDURE D'EVALUATION</td><td>43</td></tr><tr><td>Section 1 - La reconnaissance d'un monopole en faveur du juge judiciaire</td><td>43</td></tr><tr><td>§ 1 - La dissociation de l'évaluation et de la mise à l'abri</td><td>43</td></tr><tr><td>§ 2 - Le choix d'une compétence de principe en faveur du juge judiciaire</td><td>44</td></tr><tr><td>A - Remettre en cause la compétence du juge administratif</td><td>44</td></tr></table>
<table>
  <tbody>
    <tr>
      <td>B – Le choix du juge judiciaire adéquat pour piloter la procédure d'évaluation de l'âge</td>
      <td>47</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Section 2 – L'adjonction d'une Commission d'évaluation pluridisciplinaire</td>
      <td>49</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>§ 1 – La création de structures intégrées à la procédure d'évaluation</td>
      <td>49</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>A – L'expérience italienne : les équipes pluridisciplinaires d'évaluation</td>
      <td>49</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>B – La configuration française : des entités spécialisées réparties sur l'ensemble du territoire national</td>
      <td>52</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>§ 2 – Une structure pluridisciplinaire</td>
      <td>54</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>A – La problématique de la qualification et de la formation des évaluateurs</td>
      <td>54</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>B – La composition d'une structure pluridisciplinaire</td>
      <td>56</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1. La pluridisciplinarité fictive du dispositif actuel</td>
      <td>56</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2. La composition de la future entité pluridisciplinaire d'évaluation</td>
      <td>58</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>C – Le fonctionnement de la commission pluridisciplinaire d'évaluation</td>
      <td>61</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Conclusion de la partie 1</td>
      <td>63</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>PARTIE 2 – DES CRITERES D'EVALUATION HIERARCHISES</td>
      <td>65</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>CHAPITRE 1 – LE CARACTERE PRIORITAIRE VOIRE EXCLUSIF DES PREUVES MATERIELLES</td>
      <td>67</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Section 1 – La prévalence des documents d'identité</td>
      <td>67</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>§ 1 – Le respect effectif de la présomption d'authenticité des documents d'identité</td>
      <td>67</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>A – La remise en question régulière de l'authenticité des documents étrangers</td>
      <td>67</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>B – Les solutions pour restaurer la présomption d'authenticité des documents</td>
      <td>73</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>§ 2 – Circonscire la portée des données contenues dans les fichiers</td>
      <td>78</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>A – La traçabilité des jeunes migrants en Europe et dans le monde</td>
      <td>78</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>B – Vers une utilisation pondérée des données contenues dans les fichiers</td>
      <td>80</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>§ 3 – La proposition d'élargir à la constitution d'un véritable « dossier » d'identification</td>
      <td>82</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Section 2 – La réalisation subsidiaire d'un entretien</td>
      <td>86</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>§ 1 – Une subsidiarité aménagée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant</td>
      <td>86</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>§ 2 – Un entretien modélisé</td>
      <td>87</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>A – Un entretien strictement défini dans ses modalités</td>
      <td>88</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1. L'implantation récente de l'entretien d'évaluation dans le système français</td>
      <td>88</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2. L'absence actuelle de cadrage des modalités de mise en œuvre des entretiens d'évaluation</td>
      <td>88</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>3. La nécessaire modélisation de l'entretien d'évaluation</td>
      <td>91</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>B – Vers un entretien participatif</td>
      <td>94</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>§ 3 – Des garanties renforcées</td>
      <td>94</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>A – La sauvegarde du contenu matériel l'entretien d'évaluation</td>
      <td>94</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1. La délivrance automatique d'un rapport d'évaluation</td>
      <td>95</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2. La mise à disposition d'un enregistrement vocal de l'entretien d'évaluation</td>
      <td>95</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>B – L'assistance pendant l'entretien</td>
      <td>96</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
C - La présence d'un interprète encadré par une charte d'interprétariat 97

D - Le contrôle juridictionnel de l'entretien 98

## CHAPITRE 2 - LE CARACTERE SECONDAIRE, IN FINE, INOPERANT DE LA PREUVE

### MEDICALE 100

Section 1 - La preuve médicale, un obstacle à la transparence de la procédure d'évaluation 101

§1 - Une évaluation parasitée par la controverse 101

§2 - Des résultats aléatoires voire inexploitables 104

Section 2 - L'incompatibilité de la preuve médicale avec l'intérêt supérieur de l'enfant 108

§1 - La surabondance du recours à l'examen médical aux fins de détermination de l'âge 108

§2 - L'impossibilité de garantir un consentement intègre du jeune migrant à se soumettre à des tests médicaux 111

### Conclusion de la partie 2 114

### CONCLUSION GÉNÉRALE 116

### ANNEXES 1

### ANNEXE N° 1 - GRILLE DES ENTRETIENS 2

### ANNEXE N° 2 - QUESTIONNAIRE EN LIGNE 12

### ANNEXE N° 3 - RESULTATS DU QUESTIONNAIRE EN LIGNE 1

### ANNEXE N° 4 - RECOMMANDATION DU CONSEIL DE L'EUROPE DU 14 DECEMBRE 2022 34

### ANNEXE N° 5 - ARRETE DU 20 NOVEMBRE 2019 51

### ANNEXE N° 6 - CONSEIL D'ETAT, AVIS DU 21 JUIN 2022 57

### ANNEXE N° 7 - PROTOCOLLO MULTIDISCIPLINARE DEL 2020 (ITALIE) 61

### ANNEXE N° 8 - LISTE DES CONSTATATIONS DU COMITE DES DROITS DE L'ENFANT DE L'ONU CONCERNANT LA DETERMINATION DE L'AGE DU JEUNE MIGRANT NON ACCOMPAGNE- 88 -

### ANNEXE N°9 - PROTOCOLO MENAS (ESPAGNE) 89

### BIBLIOGRAPHIE I

### OUVRAGES II

### OUVRAGES COLLECTIFS VI

### ARTICLES DE DOCTRINE X

### THESE, MEMOIRES DE RECHERCHE XXVIII

### RAPPORTS XXVIII

### CONSEIL DE L'EUROPE XXXI
<table><tr><td>UNION EUROPEENNE</td><td>XXXII</td></tr><tr><td>NATIONS UNIES</td><td>XXXII</td></tr><tr><td>JURISPRUDENCE</td><td>XXXIII</td></tr><tr><td>Cour de cassation française</td><td>XXXIII</td></tr><tr><td>Conseil d'Etat français</td><td>XXXIII</td></tr><tr><td>Cour d'appel</td><td>XXXIII</td></tr><tr><td>Cour administrative d'appel</td><td>XXXIV</td></tr><tr><td>Conseil constitutionnel</td><td>XXXIV</td></tr><tr><td>Cour des comptes</td><td>XXXV</td></tr><tr><td>Cour constitutionnelle italienne</td><td>XXXV</td></tr><tr><td>Cour de cassation italienne</td><td>XXXV</td></tr><tr><td>Conseil d'Etat italien</td><td>XXXV</td></tr><tr><td>Tribunal constitutionnel espagnol</td><td>XXXV</td></tr><tr><td>Tribunal suprême espagnol</td><td>XXXV</td></tr><tr><td>Cour européenne des droits de l'homme</td><td>XXXVI</td></tr><tr><td>Vidéos/films</td><td>XXXVII</td></tr><tr><td>TABLE DES MATIERES</td><td>39</td></tr></table>
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Aujourd'hui en France, les modalités de détermination de l'âge du mineur étranger non accompagné constituent un dédale normatif et institutionnel dans lequel il devient impossible de s'y retrouver tant l'architecture d'ensemble n'est autre qu'une embarcation de fortune qui surnage dans un océan migratoire toujours plus vaste et agité.

Pourtant les enjeux sont lourds de conséquences pour les jeunes migrants qui arrivent sur le territoire national et qui nécessitent une prise en charge et des soins. Pour bénéficier de ce dispositif d'accueil il ne suffit pas aujourd'hui de se revendiquer mineur, encore faut-il le prouver. Avoir le « bon » âge devient alors un enjeu de survie. Ici la minorité n'est plus seulement une donnée chronologique, elle devient un objet de discussions et de suspicions, nécessitant de collecter des preuves à son appui susceptibles à leur tour d'être réfutées. Or, le processus actuel peine à obtenir des résultats satisfaisants aptes à garantir la protection de tous ceux qui en sont légitimement bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement mineurs.

Il est donc nécessaire de repenser le système actuel et proposer un dispositif qui réponde aux objectifs de régulation des flux migratoires tout en garantissant le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est consacré non seulement par le Conseil constitutionnel mais aussi par nombres d'instances internationales comme le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme ou encore le Comité des droits de l'enfant des Nations unies.

Pour cela, une double méthode de réflexion a été mobilisée. Une étude empirique a été conduite au travers d'une enquête de terrain auprès de l'ensemble des acteurs qui sont en lien avec les mineurs étrangers non accompagnés (évaluateurs, associations, avocats, magistrats, Défenseur des droits...). Cette étude a été couplée à une réflexion comparée avec l'Italie et l'Espagne, afin de mettre en perspective le système français par rapport à d'autres modalités d'évaluation et leur manière d'envisager le recours aux examens médicaux aux fins de détermination de l'âge.

Le résultat s'affiche comme un instrument rationalisé et praticable. Reposant sur une double présomption de minorité et d'authenticité des documents d'identité, il s'articule autour de critères prioritaires et hiérarchisés d'évaluation que sont les documents d'identité et le rapport produit à l'issue de l'entretien. Le choix a été fait de positionner la preuve médicale à un rang secondaire dans la perspective de l'extraire, à terme, purement et simplement du dispositif du fait de son caractère manifestement inopérant. Cela permettra de garantir pleinement à chaque mineur étranger non accompagné d'être évalué, sans arbitraire, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

**Fanny JACQUELOT**, Maître de Conférences-HDR, Faculté de droit de St-Étienne, Université Jean Monnet. CERCRID, UMR-CNRS n° 5137

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Université
Jean Monnet
Saint-Étienne

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Faculté
de Droit
Saint-Étienne

CERCRID
UMR5137
CENTRE DE RECHERCHES CRITIQUES SUR LE DROIT

Institut des Etudes
et de la Recherche
sur le Droit et la Justice