# Vulnerabilidad y justicia: Políticas del cuerpo en contexto de intervención de asistencia a mujeres que sufren violencias

Fabiola MIRANDA-PÉREZ, Carolina Rojas Lasch

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Fabiola MIRANDA-PÉREZ, Carolina Rojas Lasch. Vulnerabilidad y justicia: Políticas del cuerpo en contexto de intervención de asistencia a mujeres que sufren violencias. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. MUCHO GÉNERO QUE CORTAR: estudios para contribuir al debate sobre género y diversidad sexual en chile, 2022, 978-956-6210-05-4. hal-03892702

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# MUCHO GÉNERO QUE CORTAR:

Estudios para contribuir al debate sobre género y diversidad sexual en Chile

VARIOS AUTORES

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POR NUESTAS MUELTAS
TOOA UNA VIDA DE SUCHA

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GEDIS

Programa de Investigación
en Género y Diversidad Sexual
Universidad Alberto Hurtado
## MUCHO GÉNERO QUE CORTAR:

### ESTUDIOS PARA CONTRIBUIR AL DEBATE SOBRE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL EN CHILE

© Programa de Investigación de Género y Diversidad Sexual GEDIS, 2022

© Fabiola Miranda, Carolina Rojas Lasch, María Teresa Rojas, Marcela Mandiola Cotroneo, Nicola Ríos González, aleosha eridani, Lieta Vivaldi, Nicolás Ried Soto, Javiera Aliste, Alejandra Poillot Rubio, Blas Radi, Jaime Barrientos, Ximena Poblete, Pablo Astudillo, Mario Catalán-Marshall, Antonia D'marco Carrasco, Sebastián Collado.

Programa de Investigación de Género y Diversidad Sexual GEDIS
Universidad Alberto Hurtado
Santiago de Chile 2022

ISBN Edición impresa: 978-956-6210-04-7

ISBN Edición digital: 978-956-6210-05-4

### Imágenes de portada

© Santiago Canales, marcha feminista 2019.

© "Abrazo" Lia Bacigalupo, Viña del Mar 2019.

© Marcela Mandiola, Diversidad, Buenos Aires, 2019.

© Mural "Alicia en el país sin maravillas". Foto Nicola Ríos, Santiago, 2019.

### Diagramación digital: ebooks Patagonia

### Impreso en Chile / Printed in Chile

La reproducción total o parcial de este libro queda prohibida, salvo que se cuente con la autorización del editor.
# MUCHO GÉNERO QUE CORTAR:

Estudios para contribuir al debate sobre género y diversidad sexual en Chile

VARIOS AUTORES
PARTE II

Producción de experiencias y resistencias en el campo de estudios de género y diversidad sexual en Chile. 137

6. La investigación social sobre las violencias hacia las personas LGBTQ+ 139

Jaime Barrientos.

7. El género como opresor y/o emancipador de las identidades profesionales en educación parvularia. 161

Ximena Poblete.

8. No se nace mujer, se aprende. El caso de la primera academia de transformismo en Chile. 185

Pablo Astudillo.

9. Pedagogías del *dureo* marica: prácticas y deseos de resistencia queer en las aulas. 205

Mario Catalán-Marshall, Antonia D'marco Carrasco.

10. Torcido de nacimiento: violencia hetero-cisgénero en los inicios del desarrollo de la identidad sexual. 245

Sebastián Collado.
# PARTE I

REMIRAR Y DEBATIR EL GÉNERO Y
LA DIVERSIDAD SEXUAL EN TORNO A
CONCEPTOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS
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Foto de Carolina Rojas, Santiago, 2010.
## VULNERABILIDAD Y JUSTICIA: POLÍTICAS DEL CUERPO EN CONTEXTO DE INTERVENCIÓN DE ASISTENCIA A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIAS<fnref n="1" />

Fabiola Miranda-Pérez

Carolina Rojas Lasch

### Resumen

Tanto en América Latina como en Chile, se han comenzado a aplicar políticas que buscan responder a situaciones de extrema desigualdad provocadas por la fuerte implementación de modelos económicos y sociales de corte neoliberal. Es en ese marco que se han desplegado, sobre todo desde los años 1990 en adelante, programas de asistencia en distintos sectores de la política pública que buscan luchar contra las desigualdades que experimentan las mujeres. Tales situaciones han sido comprendidas a la luz de la noción de vulnerabilidad social, la cual moviliza una economía moral altamente “generizada” (Rojas Lasch, 2019). En este contexto, el presente trabajo busca analizar los mecanismos estatales de apoyo a mujeres que sufren violencias. Nos interesa observar el cuerpo femenino como un objeto por el que circula y se transmite política y socialmente la condición de vulnerabilidad. Para ello, estudiaremos las estrategias de mujeres que solicitan asistencia judicial y cómo ellas movilizan en éstas, la relación con

<footnote n="1">1 El capítulo contó con el apoyo de dos proyectos de investigación FONDECYT de iniciación (Fondo Nacional de Desarrollo y Tecnológico, Chile). FONDECYT Iniciación nº11190123 "Nuevos repertorios de la acción pública: profesionales psicosociales en el contexto de la reforma a la justicia familiar y penal en Chile" y FONDECYT de Iniciación nº11200458 "Ontología y prácticas de la Vulnerabilidad. Una categoría de protección y producción de la norma y la diferencia".</footnote>
su cuerpo reproductivo y su cuerpo maltratado. Nuestras reflexiones surgen de una etnografía realizada en diferentes tribunales de familia de la Región Metropolitana. Postulamos la existencia de paradojas que se apoderan de las estrategias de mujeres, transformando el cuerpo reproductivo en un recurso que les permite acceder a la asistencia social al tiempo que las intervenciones de los sistemas de atención al maltrato femenino ejercen una fuerte regulación en las decisiones reproductivas. Del mismo modo, mostramos cómo una intervención, que promueve el empoderamiento de las mujeres pero que no actúa en un proceso dirigido a deshacerse de los patrones de género, tiende a normalizar las situaciones que las llevan a pedir intervención estatal.

Palabras clave: violencias; justicia; mujeres; vulnerabilidad.

## Introducción

En América Latina, especialmente desde la década de 1990 y ante los primeros efectos de la implementación del neoliberalismo (Gaudichaud, et al, 2015), se han desplegado diversas políticas para corregir las desigualdades. Entre otras, se encuentran aquellas que están dirigidas a la asistencia de mujeres, siguiendo una interpretación técnico-operativa del género (Forstenzer, 2017). Este tipo de acciones se orientan principalmente a incentivar a las mujeres a solicitar la ayuda del Estado y a promover su empoderamiento relevando su responsabilidad en el cuidado y la auto-protección (Schild, 2007; Miranda Pérez, 2017; Rojas Lasch, 2018). Todo esto se ha desarrollado en un contexto donde las desigualdades se han entendido a la luz de la noción de vulnerabilidad, la cual ha movilizado una economía moral fuertemente generizada (Rojas Lasch, 2019).

La dimensión generizada de la acción pública se evidencia en los efectos diferenciados que tienen las acciones del Estado sobre hombres y mujeres (Jenson, 2009; Mettler, 1998), a tal punto que se ha llegado a hablar de la
emergencia de políticas de género (Jacquot, 2014). Ahora bien, si bien el género surge como una dimensión estructurante de las relaciones con las instituciones (Bozec, Réguer-Petit, 2015) y de la manera que estas entienden el gobierno de sus públicos, la cuestión sobre cómo las relaciones de género condicionan la interacción cotidiana con el Estado es todavía un objeto escasamente estudiado. Poco sabemos sobre cómo, desde lo concreto, se despliegan las políticas y cómo ellas estructuran relaciones de género.

En este campo, desde un enfoque *bottom up* de políticas públicas, queremos analizar los efectos de la acción pública. Sin querer redefinir la categoría misma, lo cual ha sido trabajado en la literatura, entendemos que el género estructura y organiza las normas que vehiculan la acción pública. De esa manera, termina siendo una dimensión central en la recepción de las políticas (Revillard, 2017). La acción pública, por su parte, establece sectores de intervención, sujetos y públicos, definiendo los contornos y propiedades de quienes merecen la atención del Estado, lo cual está cargado de valores y asignaciones morales y políticas (Muller, 2000). Para observar cómo esto ocurre, analizaremos la experiencia de mujeres que han sufrido violencias y que han llevado sus experiencias a tribunales de familia en Chile. Ponemos especial atención, al trabajo de los equipos interdisciplinarios (compuestos por abogados/as, trabajadores/as sociales y psicólogos/as), quienes son los que trabajan en estos temas a partir de la reforma a la justicia implementada desde el 2005.

Nos interesa observar el cuerpo femenino como un objeto transmisor de la condición de vulnerabilidad política y social. Desde ahí, presentaremos las estrategias de mujeres que solicitan asistencia judicial, enfocándonos en la relación con su rol reproductivo y su cuerpo maltratado. Postulamos la existencia de paradojas que se apoderan de las estrategias de las mujeres que son la población objetivo de la política pública, observando dos tendencias. En primer lugar, el propio hecho reproductivo se transforma en un recurso estratégico que les permite el reconocimiento de sus derechos, pese a la fuerte regulación de las decisiones reproductivas y maternales que tienen lugar una vez que las mujeres se integran al sistema. Y, por otro lado, constatamos la presencia de discursos que promueven su empoderamiento por parte de
los agentes del Estado, pero sin dotarlas de herramientas que les permitan deshacerse de los patrones de género.

## Vulnerabilidad, asistencia y justicia

En Chile, lo asistencial se ha ido consolidando como un campo estructurante de la acción pública en materia de lo social de la mano con la instalación de un nuevo modelo de políticas sociales, el neoliberal. Esto se ha significado políticamente como la recomposición del Estado social, luego del brutal abandono de las responsabilidades públicas en materia de políticas sociales que se realizó durante la dictadura de Pinochet (1973-1989). Este supuesto retorno de lo social (Rojas, 2019) se ha caracterizado por una fuerte institucionalización de la asistencia y la incipiente creación de sistemas de pretenSIón securitarios y proteccionistas (vinculados principalmente a pensiones y, en menor medida, a salud). Sin duda, en este contexto, lo asistencial ha sido prioritario y ha estado acompañado de la implementación de sistemas altamente tecnificados de gestión y de identificación y priorización de los sujetos con derecho a recibir la asistencia.

En este marco, las formas de comprensión de las desigualdades, así como la semántica de lo social, despliegan una lógica liberal de la vulnerabilidad, promovida por entidades internacionales como el Banco Mundial. Según ésta, la focalización de los sujetos beneficiarios de la asistencia opera en base a la identificación de la dificultad que estos tienen para enfrentar riesgos futuros de acuerdo a sus condiciones de vida presente. Desde ahí, la política distribuye y asigna un estatus social considerando la edad, el cuerpo (dis) capacitado, la educación y el estado de salud de los miembros del hogar (ejemplo de esto es el Registro Social de Hogares<fnref n="2" />).

Dado que la focalización utiliza como criterio central la idea de “hogar”, las principales destinatarias de la política asistencial son las mujeres. Pero,

<footnote n="2">² El RSH, es el principal de mecanismo de clasificación social chileno para la focalización de los servicios y beneficios sociales: http://www.registrosocial.gob.cl/</footnote>
a diferencia de lo que fueron las políticas compensatorias de los años 1990 en Chile (que se dirigían prioritariamente a la mujer en función de su rol de género), en la actualidad el derecho o mérito a la asistencia está cada vez más condicionado a la experiencia de ser madre. En efecto, el ser madre es la puerta de entrada al reconocimiento y la protección de ciertos derechos sociales por parte del Estado. Esto se relaciona, por cierto, con el rol de cuidado que hoy las políticas sociales intentan reforzar a través del trabajo de incitación y educación social de las mujeres. De este modo, se condiciona el acceso a los beneficios asistenciales a la demostración de prácticas de este tipo (Destremau y Georges, 2017).

Desde ahí, queremos pensar en la dimensión generizada de los roles sociales y de las figuras de indeseabilidad que promueve la acción pública: ¿cómo las prescripciones generizadas participan en la definición del buen o mal sujeto, del buen o mal pobre, de la buena o mala madre? ¿En qué medida dichas normas de socialización pueden ser resistidas y utilizadas por aquellos/as a quienes se pretende moldear? Mirar dicha recepción de las políticas (Revillard, 2017), entendiéndola como un conjunto de procesos co-constructivos a través de los cuales se integra a sus destinatarias, nos permite ver críticamente sus efectos sociales. En el fondo, buscamos analizar si esta recepción reproduce aquellos discursos y prácticas que busca combatir.

## El género en la relación de asistencia social y justicia social en VIF

Las prácticas socio-jurídicas comportan una aparente neutralidad en materia de lo social, pero en el último tiempo, en Chile, se observa que tienen un alto contenido asistencial. En efecto, los espacios jurídicos, en un contexto neoliberal, permiten (o dan paso a) la resolución de conflictos más allá de lo propio de esta esfera. Así, terminan por substituir a instituciones del ámbito social, cuando los destinatarios/as tienen la sensación de que estas últimas no sirven en sí mismas para la resolver sus problemas. De este modo, dichas instituciones entregan la posibilidad de reconocer un derecho, de
modificar un estatuto, o bien, se constituyen en sí mismas como espacios
de intervención social, lo cual se observa en el caso de los casos de mujeres
que sufren violencias.

La articulación de estos dos campos (jurídico y asistencial) en Chile no es evidente en los análisis. La dimensión social, efectivamente, suele ser invisibilizada en los estudios sobre los espacios jurídicos. La motivación de ponerlos en relación nace de un giro en la mirada: desde “las políticas” a las destinatarias y las prácticas de implementación de aquellas políticas.

Recordemos que, en Chile, luego del retorno a la democracia, se desplegó todo un movimiento modernizador del Estado que implicó reformar las instituciones que promovían las políticas sociales. Al alero de la creación del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN), se creó en 1991 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), como un organismo que debía promover planes de igualdad de oportunidades para las mujeres, además de fortalecer e impulsar medidas en la lucha contra las violencias en los espacios domésticos. Es así que, luego de una discusión de más de tres años en el Congreso Nacional, se promulgó la primera ley de violencia intrafamiliar en 1994. Asimismo, se crearon ciertos dispositivos *ad hoc* para promover la protección de las mujeres en el ámbito local. Por su parte, en el mismo año, se formó una comisión encargada de gestar dos grandes reformas a la justicia, tanto del sector penal como de la justicia de familia (Azócar, 2015).

A raíz de las distintas críticas que tuvo esta primera ley (dada su falta de sanciones y lentitud procedural), y sumado al proceso de reforma a la justicia desde mediados de los años 2000, el año 2005 fue promulgada una segunda versión de la ley de violencia intrafamiliar. Esta nueva ley mandataba al Servicio Nacional de la Mujer (actual Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género) a coordinar una política nacional para la lucha de las violencias contra las mujeres (VCM). Por otro lado, también ponía a disposición de la ley tanto a los tribunales de familia como aquellos del sector penal para recibir los casos asociados a las violencias cometidas contra mujeres por parte de sus parejas.
Al amparo de esta ley, actualmente los tribunales de familia acogen específicamente aquellas situaciones que no constituyen delitos al no trastarse de agresiones físicas y reiteradas en el tiempo, como los episodios de agresiones psicológicas. Por su parte, el sector penal asume todas aquellas denuncias que sí son constitutivas de delito. Para abordar estos casos, los tribunales de familia se apoyan en el trabajo de profesionales del ámbito psicosocial (quienes componen el Consejo Técnico), quienes reciben las causas y aconsejan a los jueces para la resolución de conflictos. Y en el sector penal, la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) del Ministerio Público analiza el nivel de riesgo de las víctimas con el apoyo de profesionales psicosociales y les brinda apoyos.

Desde la promulgación de la segunda ley, se creó toda una red compleja de intercambios entre el sector de la política social (SERNAM) con aquel de las instituciones de justicia (Juzgados de Familia y URAVIT), dada la complejidad de los casos y en búsqueda de una lógica de cooperación intersectorial. En este marco, también se formaron las Casas de Acogida y otros dispositivos de atención jurídica, asistencial y psicológica, dependientes del SERNAM (actual Servicio Nacional de la Mujer y de la equidad de género o SERNAMEG). Los requisitos para acceder a ellos, en muchos casos, es haber pasado por alguna institución de justicia. Lo anterior ha ido creando redes de interdependencia complejas, porque muchas veces es rol de los tribunales o de la Fiscalía abrir la puerta para que las mujeres puedan acceder a dispositivos de protección o de asistencia social en el contexto estudiado.

A partir de lo hasta aquí planteado, se presentarán los casos observados a través de una etnografía, desde las aproximaciones de la observación participante, realizadas en los distintos tribunales de familia de la Región Metropolitana. Por confidencialidad, se mantendrán en reserva cuáles fueron los espacios de observación, al igual que los nombres de las personas que colaboraron con este estudio, los cuales han sido adaptados a nombres ficticios.

<footnote n="3">³ Establecimientos para mujeres víctimas de violencia grave.</footnote>
A través del presente análisis, nos interesa ir poniendo en evidencia las dinámicas que acontecen en estos espacios de justicia: específicamente, cómo las lógicas de asistencia en justicia se tensionan y cómo se van reproduciendo discursos en torno a roles de género para permitirle a mujeres el reconocimiento de sus derechos.

* Laura, madre joven denunciante, noviembre de 2013.

Esta mañana, camino hacia la sala de espera del sector donde ocurren las audiencias en el tribunal de familia. De lejos observo a una joven mujer con un gran bolso. Me da la impresión que carga cosas de ella y de alguien más, tal vez un niño. Me siento discretamente a su lado e intento conversarle. Me mira tranquilamente y responde frente a mi saludo. Le cuento que no soy parte del público, que estoy llevando a cabo un estudio sobre el trabajo del tribunal. No parece incomodarse, creo que está aburrida, quizás de las esperas y de las burocracias, del ir y venir. Son las 8:30 de la mañana. Al ver que parece interesarle mi presencia, le pregunto si la puedo acompañar un rato. Su nombre es Laura [nombre ficticio]. Se ve muy joven. Le pregunto su edad y me dice que tiene 18 años y en seguida la comuna en la que vive..., se ve preocupada.

Me comenta que tiene la impresión de que va a pasar toda la mañana ahí. No es la primera vez que viene (estuvo el día anterior) y tal vez ya ha estado en otros lugares solicitando ayudas, porque tiene un hijo pequeño, una relación problemática con su con su expareja y no tiene recursos para poder mantener en buenas condiciones al niño. En esta mañana, ella está en el tribunal porque el día anterior había ido a realizar “trámites” para obtener una pensión de alimentos, ya que su expareja no le ayuda de manera constante. Al parecer y desde su punto de vista, las otras instituciones “no son claras” o le piden “muchas cosas”. Ella me señala que la funcionaria que la atendió el día anterior, al escuchar su relato, detectó que su problema no solo se trataba de una problemática relativa a la situación de los alimentos, sino que existían episodios de violencias. Le recomendó que sería bueno que los denunciara para que su caso tomara más relevancia. Como ayer esperó
mucho tiempo en esas otras instituciones, cuando llegó acá el tribunal es-
taba por cerrar y no alcanzó a pasar a audiencia. Por eso decidió venir muy
temprano hoy "a ver si podía finalmente denunciar".

Le pregunto qué quiere hacer y me dice muy segura que viene a “denunciar a su marido por violencia intrafamiliar”. Me relata que se trata de un hombre joven al igual que ella, pero que no lleva una vida fácil, que se dedica al robo, que acaba de salir de la cárcel por el delito de receptación”. Dada la intermitencia de su expareja en la cárcel, es prácticamente ella y sus padres, quienes deben mantener económicamente al hijo que tienen en común. En ese momento, me comienza a contar, sin que pueda preguntarle si trabaja o no, que de manera esporádica realiza turnos en un *call center*... “son pitutos, de repente me salen reemplazos” ..., con lo cual intenta minimizar ante mí sus ingresos, como si hubiese un motivo para hacerlo.

Cuando me termina de contar esto, le pregunto si está bien, ya que la
noto –de la nada– nerviosa, como si ya hubiese comenzado a interactuar
con algún agente estatal. Ahí vuelve a tomar la palabra y comienza a con-
tarme “ahh... Lo que pasa es que él [su expareja] siente que tiene derechos
sobre mí”. Yo le pregunto por qué. “Me cela todo el tiempo, siente que le
debo respeto, pero ya no estamos juntos. Si me ve con amigos, se molesta,
me amenaza, y no puedo salir tranquila, ni siquiera con mis amigas de la
población, porque su familia o él me gritan en la calle frente a la gente
“maraca” y otras cosas que prefiero no reproducir, señorita” ... ¿Te molesta
mucho todo eso?, le pregunto. Ella me responde: “claro, es como me dijo la
señorita de ayer [la funcionaria de atención de público]... es como violencia
psicológica. Yo ando preocupá’ siempre, yo soy joven, quiero tener otro
marido... Me gustaría salir a trabajar tranquila, no tener miedo de que me
vayan a quitar mi hijo, no aguanto todo esto”.

<footnote n="4">4 Según el Código penal chileno Artículo 456 bis A., "El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objetos [...] de apropiación indebida [...] las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma [...]".</footnote>
Nuestra conversación es interrumpida a eso de las 9:20 a.m., porque la llaman a su audiencia preliminar. Yo la sigo y consigo entrar con el consentimiento de todas las partes. En la audiencia, le preguntan por qué se autorepresenta y no vino con abogado o asesorada..., en una suerte de cuestionamiento, y ella admite no haber asistido a las instancias del Servicio Nacional de la Mujer [donde podría obtener representación legal gratuita]. Eso la pone un poco nerviosa, pero trata de mantenerse compuesta, porque ya está ahí y, tal vez, espera salir mejor de lo que entró.

El juez lee la denuncia que ella realizó el día anterior en la oficina de atención de público [donde se reciben las denuncias en este tribunal]. Efectivamente, en la denuncia se reproduce la historia que ella me acaba de contar, incluyendo todo el lenguaje que ella se autocensuró de reproducir por vergüenza ante mí. Laura, sigue todo el ritual del juicio, y asiente muy tranquila cada vez que le preguntan si está todo bien. Le preguntan si quiere agregar algo a lo expuesto y señala que sí: "necesito vivir tranquila y hacer mi vida. Con todo lo que me pasa, no puedo salir y, al no poder salir y trabajar, no puedo mantener a mi hijo. Mi ex no me ayuda con nada, solo me da problemas. No quiero que se acerque a mí ni a mi hijo". El juez le responde: "Gracias, aquello va a quedar registrado, pero usted vino por violencia intrafamiliar. Y está también el tema de la pensión, pero nosotros en esta audiencia no podemos ver el tema de los alimentos, porque es otra materia y tiene otro procedimiento. Eso es otra cosa, ¿me entiende?", "aquí y ahora vemos el tema de la violencia". Ella vuelve a asentir. La audiencia sigue y el juez, con un tono muy paternalista, le reprocha el hecho de haber tenido un hijo con un hombre relacionado con el delito: "Señora, ¿su pareja siempre tuvo este tipo de conductas delictuales?", sin dejarla responder, "¿por qué no se cuidó si no era su pololo?". Laura se avergüenza y le explica vagamente que siempre quiso tener un hijo. El juez pronto la interrumpió, para decirle lo que resolvió.

<footnote n="5">5 En efecto, la primera audiencia que prevé el Tribunal de Familia es para salvaguardar la seguridad de los denunciantes y se conoce como audiencia preliminar. Le sigue la audiencia de preparación [al juicio], donde ya deben presentarse ambas partes. La última etapa es la audiencia de juicio, donde se presentan las pruebas y se toma la decisión final.</footnote>
La audiencia es muy rápida (5 minutos aproximadamente). Ella obtiene una medida de protección que implica una orden de alejamiento por parte de su expareja hacia ella. La derivan a la asistente social de su municipalidad, para acceder a algún apoyo para el niño, ya que el proceso de mediación y juicio por alimentos en su caso podría ser bastante “complicado”.

Cuando salimos, nuestra conversación continúa, ya que la noto abrumada, un poco nerviosa. Le pregunto cómo lo va a hacer... y si viven cerca... “Sí, la verdad es que vivimos cerca, somos vecinos. Se va a tener que ir no más... No creo que lo haga, pero ahora me protege la ley”, “yo quiero que queden antecedentes que es un mal padre”, “que, por culpa de todo esto, yo no puedo trabajar”. Agrega que ella recibe la leche y las conservas de duraznos que a veces le dan..., pero que eso es una burla. Y cuando le pregunto por qué si vino por violencias no pide ayuda en SERNAM. Me dice “es que yo no voy a ir a seguir un tratamiento por violencias, porque eso no me va a dar de comer a mí ni a mi hijo. No me sirve”. Se despide de mí y me dice “bueno, intentaré ver cómo solucionar las cosas, pero... Si al final una es la tonta por fijarse en gente así” ...

• *Claudia, mujer adulta, asesora del hogar, diciembre de 2013*

Hoy acompaño a una funcionaria del Consejo Técnico<fnref n="6" />, una psicóloga. Son casi las 11 a.m. y pronto comenzará la hora en que este tribunal recibe personas para las entrevistas. A la hora puntual, la funcionaria llama a la primera persona en espera de atención, Claudia. Se trata de una mujer adulta que acude muy arreglada al tribunal. La funcionaria procede a realizar todas las preguntas que permiten caracterizarla: nombre y edad. Ella indica tener 37 años. Ocupación, señala ser asesora del hogar. La funcionaria pregunta “¿dónde vive usted, señora? Ella indica su comuna. “¿Dónde trabaja?”. “En las Condes, pedí permiso para venir”. “¿Está casada?”, “sí, hace mucho tiempo”, “¿tiene hijos?”, “sí, 3, pero solo 2 viven con nosotros”.

<footnote n="6">6 En el Tribunal de Familia, el consejero técnico es un profesional del área psicosocial, es decir, trabajador social o psicólogo, quien ayuda a construir los casos, derivar a instancias de ayuda social y a asesorar a los jueces en sus decisiones.</footnote>
La funcionaria va al meollo de la consulta: "bueno, señora, ¿por qué está aquí?, ¿qué pasó?, ¿es su primera vez?". Claudia comienza a contar que hace casi 20 años está casada, que tiene una hija mayor de edad que se fue apenas pudo del hogar... y que hace unos 15 o más años ella sufre violencia junto con sus hijos por parte de su cónyuge. "¿Qué tipo de violencias?, pregunta la funcionaria, y ella responde "yo creo que todas".

En su relato, Claudia cuenta haber ya asistido a las instancias del Servicio Nacional de la Mujer, pero que nunca termina los tratamientos psicosociales, ya que no confía en la gente que trabaja ahí. Cuando relata su experiencia en el SERNAM, la caracteriza como negativa, incluso desde el punto de vista de la asistencia legal. Sobre esto último, dice: "se nota que tienen abogados jóvenes sin experiencia", o que ellos nunca quieren ayudarla en todo lo que necesita. La funcionaria profundiza: "¿qué es todo lo que necesita?". "Yo necesito que, al hombre con el que decidí tener hijos, lo castiguen por todo el daño que me ha hecho, que nos ha hecho...".

Claudia relata que su marido tiene problemas psicológicos y que nunca se ha querido tratar, que antes justificaba su mal carácter con eso, pero que esta situación se volvió insoportable. "Nos trata pésimo, nos grita, nos hace pasar vergüenzas... a mis hijos que van al colegio". Y que últimamente, sumado a todo eso, "le ha dado por el vicio... Se va a las máquinas [de apuesta] y cuando le va mal llega curado". "Ahí sí queda la grande, nos ha tirado el pelo, nos insulta, los vecinos escuchan los gritos. Me da vergüenza... Donde yo vivo se escucha todo de una casa a la otra" ... "Yo me quiero separar".

La funcionaria le pregunta: "¿qué edad tienen sus hijos menores?". Claudia responde "una tiene 8 y el otro 12". La funcionaria, con voz entre seria y mo-
lesta, le insiste: "bueno, usted me cuenta que hace 15 años que vive violencia, ¿por qué siguió teniendo hijos, si a usted le pegaban o maltrataban?". Claudia dice: "Bueno, de enamorada, porque le creía, pensé que iba a parar".

Claudia cambia de tema y cuenta que su marido trabaja como obrero de la construcción, y que con los años ha ido adquiriendo malos hábitos como "ir a las máquinas" o llegar muy borracho. Sumado a todo esto, afirma que se ha transformado en el principal sostén del hogar: "mi marido dice estar deprimido
hace mucho tiempo, y eso ha hecho que abandone muchas veces su trabajo,
teniendo que ser yo la que pague las cuentas... Y que, más encima, se porte mal”.

Lo que gatilló su denuncia fue que un día llegó tarde a su trabajo. Su jefa, al verla mal, le insistió en que era necesario que denunciara. “Imagínese, todo el mundo sabe, hasta en mi trabajo” [...] “Mis hijos están grandes y ya están cansados como yo... Yo sé que no es fácil, pero estando con él en la casa, ni siquiera puedo acceder a las ayudas [del Estado], porque es mi marido, pero depende de mí, y no clasifico para algunas postulaciones y bonos”.

La funcionaria le explica que, para acceder a la intervención del tribunal por el problema de violencias y dado a que sus hijos también han sido víctimas y principales testigos, es probable que tengan que entrevistarlos y acudir a audiencias. Entonces, pregunta si cree que ella y ellos estén preparados para aquello. Le dice que... quizás, en su situación... tal vez, sea mejor iniciar un proceso de divorcio y, de manera paralela, buscar algún medio para mantenerlo alejado del hogar por los hechos de violencia que señala.

Claudia acepta el consejo de la funcionaria. De esta manera, la deja en la espera para entrar a una audiencia preliminar, para obtener una orden de alejamiento por violencias. Cuando Claudia se retira de la oficina, la funcionaria me dice “¿ves?, ¡eso es lo que quería! Separarse, para acceder a ayudas. ¡Acá siempre se mezcla todo!”.

## El estatuto de "madre" en el acceso a asistencia y justicia

La falta de un sistema de asistencia social sólido y la restringida e incierta respuesta de parte del Servicio Nacional de la Mujer transforman el sector de la justicia en un espacio donde las mujeres acuden para salir de la situación de violencia que viven o han vivido. No obstante, como es posible apreciar, también acuden en búsqueda de resolución de problemas de otra índole, tales como pensiones alimenticias, divorcio, el estatus de madre sin pareja, entre otros.
Tal como observamos en los relatos, el espacio de justicia es también un lugar donde se acude para acceder ayudas asistenciales, cuya atribución podrían ser del dominio de la política social. Al respecto, resulta en primera instancia interesante mostrar que, en cuanto es la justicia la que mandata la obtención de ayudas o asistencia, aquellas terminan por adquirir un grado de exigibilidad. Así, en la práctica, la justicia dota a la asistencia de un estatus de derecho que no es propio de su naturaleza (Simmel, 2011), de modo que, por ejemplo, los municipios, tal como se mostró en el caso anteriormente presentado, deben acoger la derivación del tribunal y priorizar y garantizar la atención del hijo de Laura. En otras palabras, la justicia logra asegurar el reconocimiento de un derecho o el acceso a ayudas específicas que los organismos de protección de la mujer, como SERNAMEG, no logra entregar<fnref n="7" />: cambio de domicilio, subsidios para el pago del arriendo, ayuda económica mensual para pagar el arriendo, tratamiento de consumo de drogas, terapias psicológicas, etc.<fnref n="8" />. En este sentido, la acción de la justicia, dado su poder normativo y jurídico, logra ser en muchos casos más eficaz que la política social frente a las necesidades de las mujeres.

Por otro lado, resulta importante observar que en el espacio de justicia y de atención social de la misma, el reconocimiento del maltrato a la mujer está mediatizado por la experiencia de ser madre. Esto se hace evidente en los ejemplos presentados. Por ejemplo, para resguardar probablemente a

<footnote n="7">7 Cabe señalar que el Servicio Nacional de la Mujer cuenta con dos mecanismos principales de intervención (con el tiempo se han ido creando otros dispositivos adicionales), los Centros de la Mujer, donde las mujeres maltratadas pueden solicitar apoyo psicosocial y asesoría legal. El tiempo previsto por estas intervenciones, que son especialmente en forma de taller grupal, tiene una duración de 6 meses. Por otro lado, existen albergues conocidos como “Casas de Acogida” donde las mujeres víctimas de violencia grave son enviadas a permanecer con sus hijos/as hasta los 13 años por un período que no debe exceder los tres meses.</footnote>

<footnote n="8">8 Particularmente en el caso de la justicia penal, la URAVIT (Unidad regional de víctimas y testigos) del Ministerio Público, como se mencionó anteriormente, brinda acceso a prestaciones y tratamientos más sofisticados y de una manera más rápida que los mecanismos orientados al tratamiento de la violencia a cargo del Servicio Nacional de la Mujer, actual SERNAMEG. Como resultado, algunas mujeres deciden abandonar los procesos del SERNAM y acudir directamente a la justicia para denunciar.</footnote>
Claudia y a sus hijos de la exposición asociada a testimoniar la profesional
la orienta a cambiar su demanda penal por una civil. Esto se refuerza a
nivel de las prácticas de priorización al interior de los tribunales, donde se
priorizan los casos en los que hay hijos/as por sobre aquellos que refieren a
una mujer soltera sin hijos/as. En suma, la condición de madre es clave para
abrir o desplegar la acción del Estado en materia de violencias y maltratos,
pero quedando la mujer y su situación personal relegada a un segundo lugar.

Desde el otro lado de la ventanilla, se advierte que los y las funciona-
rios/as de justicia asumen discursos normativos respecto a las decisiones
reproductivas de las mujeres cuando se reportan en contexto de violencias.
Esto da cuenta cómo en los procesos jurídicos, investidos de la autoridad
normativa legal, opera la discrecionalidad subjetiva de sus funcionarios/
as, reprochando, enjuiciando y sopesando las experiencias maternales de
las mujeres. En otras palabras, las trayectorias de las mujeres que acuden a
la justicia de familia están marcadas por sentencias morales implícitas con
respecto a ser una buena o mala madre. Y, por consiguiente, una buena
merecedora de la atribución de ayuda, protección u otro apoyo que se les
pueda entregar. Lo anterior moviliza todo un contenido moral respecto a
sus roles y en torno a los porqués llegan a dichas instancias. En definitiva,
esto da cuenta de concepciones generizadas sobre lo que implica ser víctima
de violencias. Tal situación deja un margen de tensión en la medida que da
lugar a una tácita responsabilización de las mujeres, a partir de las decisiones
que han tomado.

Finalmente, se observa que en las mujeres denunciantes también hay
una construcción de estrategias en concordancia a su experiencia con las
instituciones. Estas instituciones, por cierto, establecen condiciones cada
vez más sofisticadas para construir a su población objetivo, muchas de ellas
asociadas a su condición de riesgo. En este panorama, el espacio de la justicia
es aquel que valida dicha condición/estatuto como entrada a dispositivos
de asistencia.
El cuerpo reproductivo: ‘vehiculizador’ de la acción pública para el tratamiento de violencias

Frente a los casos observados, podemos visualizar que, en la interacción con la política, las destinatarias objetivan la experiencia de tener hijos/as. El ser madre pasa a ser un factor de consideración de su vulnerabilidad lo que permite ser consideradas dentro de la ley de violencias intrafamiliares en tanto víctima del delito, como para acceder al estatuto de asistida bajo el mandato del espacio de justicia.

Extremando analíticamente esta dinámica de funcionamiento, es posible plantear que más que por ser mujeres, las instituciones observan y se interesan en ellas en tanto cuerpos reproductivos. Es decir, las mujeres maltratadas se convierten en sujetas de focalización de la acción pública en función de sus cuerpos y sus prácticas reproductivas. Las políticas incitan a que las decisiones reproductivas emerjan como tecnologías de lo público, ya que pueden estar en el origen del acceso de alguna prestación o reconocimiento de derechos, tal como se puede observar en los casos.

Como se ha venido mencionando, esto es el resultado de una política que incita un modo de pensar lo social y la acción pública, el cual vehiculiza nociones maternizadas del género. Es decir, el atender al hecho de “disponer” o no de un hijo o hija y relevarlo para acceder a la asistencia del Estado, es evidentemente un efecto indirecto de la política. Sin embargo, en las prácticas de intervención, esto se complejiza ya que el hecho de disponerlo puede ser significado de manera negativa dando pie, por ejemplo, a situaciones donde las mujeres son sancionadas moral y socialmente. Esto permite regular, entonces, también el uso estratégico que puedan hacer las mujeres del recurso de tener un/a hijo/a.

En definitiva, el valor que tiene la posibilidad reproductiva se traduce, en el contexto de la política de asistencia desde justicia, en una sentencia fuertemente contradictoria: se premia el haber tenido hijos o hijas al tiempo que se castiga.
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