Propiedad colectiva de la tierra y movimiento indígena
en América Latina

Tania Giovanna Vivas-Barrera, Gabriel Alejandro Quintero-Sánchez, Bernardo Pérez-Salazar

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Tania Giovanna Vivas-Barrera, Gabriel Alejandro Quintero-Sánchez, Bernardo Pérez-Salazar. Propiedad colectiva de la tierra y movimiento indígena en América Latina. Opción, 2020, 35 (Es-pecial N. 25), 35 (25), pp.1323-1354. hal-03847137

HAL Id: hal-03847137

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Revista de Antropología, Ciencias de la Comunicación y de la Información, Filosofía, Lingüística y Semiótica, Problemas del Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología

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25

Año 35, 2019, Especial N°

Revista de Ciencias Humanas y Sociales
ISSN 1012-1587/ ISSNc: 2477-9385
Depósito Legal pp 198402ZU45

Universidad del Zulia
Facultad Experimental de Ciencias
Departamento de Ciencias Humanas
Maracaibo - Venezuela
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Revista de Ciencias Humanas y Sociales

© 2019. Universidad del Zulia

ISSN 1012-1587/ ISSNe: 2477-9385

Depósito legal pp. 198402ZU45

Portada: De Cabimas a Maracaibo enamorado

Artista: Rodrigo Pirela

Medidas: 100 x 60 cm

Técnica: Mixta sobre tela

Año: 2010
# Propiedad colectiva de la tierra y movimiento indígena en América Latina

**Tania Giovanna Vivas Barrera<fnref n="1" />**

Universidad Católica de Colombia
[tgvivas@ucatolica.edu.co](mailto:tgvivas@ucatolica.edu.co)

**Gabriel Alejandro Quintero Sánchez<fnref n="2" />**

Universidad Católica de Colombia
[gaquintero89@ucatolica.edu.co](mailto:gaquintero89@ucatolica.edu.co)

**Bernardo Pérez Salazar<fnref n="3" />**

Universidad Católica de Colombia
[bperezs@ucatolica.edu.co](mailto:bperezs@ucatolica.edu.co)

## Resumen

A la luz de los desarrollos de la protección del derecho a la propiedad privada en el ámbito del derecho internacional, este artículo analiza el contenido y alcances del derecho jurisprudencial a la propiedad colectiva de tierras indígenas creado mediante las innovadoras providencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Desde ese otero, se discute cómo estos avances jurisprudenciales incidirán sobre los movimientos indígenas en América Latina y sus estrategias para definir y avanzar sus objetivos políticos.

<footnote n="1">¹Investigadora Asociada, miembro del grupo de investigación “Personas, Instituciones y Exigencias de Justicia”, registrado con el código COL0120899 en Colciencias, del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CISJUC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. ID ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9105-7330</footnote>

<footnote n="2">²Auxiliar de Investigación miembro del semillero de investigación “Observatorio en Justicia Constitucional y Derechos Humanos” adscrito al grupo de investigación “Personas, Instituciones y Exigencias de Justicia”, registrado con el código COL0120899 en Colciencias, del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CISJUC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. ID ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8999-0028</footnote>

<footnote n="3">³Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia vinculado al grupo de investigación “Criminalidad y Conflicto”, en la línea Transformaciones del poder punitivo, del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CISJUC). ID ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2330-646X</footnote>
**Palabras clave:** Derecho de propiedad colectiva de la tierra; derecho internacional; SIDH; movimientos indígenas, América Latina.

Collective land ownership rights and the indigenous
movement in Latin America

Abstract

Based on contemporary developments concerning the protection of private property rights in the field of international law, this article traces the development of the content and scope of indigenous collective land ownership rights protected by the innovative jurisprudence of the Inter-American Human Rights System (IAHRS) on the matter. From this perspective, it discusses how rulings on the matter are shaping will shape indigenous movements in Latin America and their strategies to define and advance their political objectives in the future.

**Keywords:** Collective land ownership rights; international law; Inter-American System of Human Rights; indigenous movements; Latin America.

"La tierra es primero de Dios,
que la amasó con sus manos, en
segundo lugar de los patrones, que
guardan la escritura en un cajón de
su escritorio, pero en tercer lugar no
podería ser sino de Siervo que nació
en ella y en ella quería morir."
(Caballero, 1954: 68)

1. INTRODUCCIÓN

En décadas recientes y en dominios territoriales denominados
en los inicios de la modernidad como el Nuevo Mundo, el
reconocimiento del derecho de comunidades indígenas a la propiedad
colectiva de sus tierras se ha consolidado a partir de la reinterpretación
de la noción de protección de la propiedad privada contemplada en el
artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH), con base en instrumentos de derecho internacional como el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles (PIDCP), en vigor desde 1976, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales. En este contexto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CorteIDH) han derivado en la condena de numerosos Estados obligándolos a reconocer los derechos indígenas y a modificar estructuras legales excluyentes (Martínez, 2015; CorteIDH, sin fecha; Ostau de Lafont & Niño, 2017; Woolcott & Monje, 2018). Pero más significativamente, las decisiones sobre la materia han contribuido a la configuración actual tanto del movimiento indígena en América Latina como de las estrategias para la defensa de su autonomía (Engle, 2018; Uprimny & García-Villegas, 2004; Ostau de Lafont & Niño, 2016; Martínez & Noguera, 2017; Martínez, 2018; Acosta & León, 2018;).

Este artículo rastrea la emergencia del derecho a la propiedad colectiva de la tierra en la jurisprudencia de la CorteIDH, así como los retos que se derivan de esta innovación para el movimiento indígena latinoamericano en el futuro.

## 2. LA EMERGENCIA DEL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE TIERRAS INDÍGENAS EN EL SENO DEL SIDH

A finales de la década de los 50 del siglo pasado, avanzaba el derrumbe del orden colonial internacional con la irrupción de decenas
de nuevos Estados nacionales en el escenario mundial. Eran
prominentes las tensiones sobre la alineación de estos nuevos Estados
en el campo de expansión/contención de las economías de mercado
enfrentadas con los sistemas económicos de planificación centralizada
(Ruiz-Rico & Silva García, 2018). El proceso de negociación y
redacción de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), y de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (PIDESC)
en curso en aquel entonces, se desarrollaba en medio tanto de las
tensiones de la Guerra Fría, como del proceso de descolonización
(Scocozza, 2015). En dichas negociaciones, la definición de los
contenidos y alcances de la garantía del derecho a la propiedad privada
fue uno de los temas más álgidos, ya que la Unión Soviética
consideraba que su inclusión en estos pactos representaría una
amenaza para el sistema comunista y abriría la puerta para la
interferencia internacional en sus asuntos económicos internos. Por su
parte, con el proceso descolonizador ya en curso, algunos nuevos
Estados se oponían a las cláusulas de protección de la propiedad
privada por cuanto limitaría sus facultades para expropiar activos en
cabeza de agentes colonizadores, sin el pago de compensaciones
(Sprankling, 2014).

Ese era telón de fondo internacional en la década de los 50,
mientras trascurrían las discusiones sobre los derechos de las
comunidades indígenas y los instrumentos más apropiados para su
protección. En aquel entonces la Organización Internacional de
Trabajo (OIT) se destacaba entre las entidades intergubernamentales
involucradas en la lucha contra la imposición de trabajo forzoso a
poblaciones aborígenes en contextos coloniales, y en favor de la protección internacional de sus derechos. Ante la persistencia generalizada de las precarias condiciones de vida entre comunidades aborígenes en todo el mundo, la OIT promovió la redacción y ratificación del Convenio 107 de 1957, sobre poblaciones indígenas y tribales. Si bien su contenido se oponía a quebrantar los valores e instituciones autóctonos de estos pueblos y reconocía su derecho a las tierras que tradicionalmente ocupaban de manera colectiva, también proponía allanar la adaptación de los pueblos indígenas a las condiciones modernas de vida y de trabajo, propicias para el desarrollo económico. Además concebía que las medidas de protección para las comunidades indígenas deberían ser de carácter temporal, y preveía que con el desarrollo éstas se harían innecesarias (Tennant, 1994). Sin embargo, con las construcciones de grandes proyectos de hidroeléctricas y carreteras, así como con la expansión de la agricultura a gran escala, en América Latina se verificaron los efectos negativos del moderno modelo de desarrollo económico sobre comunidades indígenas, crecientemente afectadas por la expropiación de sus tierras ancestrales (Manzo, 2018: 48).

Dado que no tuvieron participación en la redacción del convenio 107 de la OIT, los movimientos indígenas y sus aliados rechazaron sus contenidos. Los interpretaron como un manifiesto civilizador, colonialista, centrado en la promoción de modelos de desarrollo económico e industrializado, cuya intención era imponer a los pueblos indígenas un modelo de vida ajeno al suyo. Esta resistencia se remontaba a la propia adopción de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, en tanto que desde entonces predominaba entre los líderes del movimiento indígena la visión que una *declaración universal* no ofrecía ningún horizonte para la defensa y la protección de la autonomía de los pueblos indígenas, por cuanto ésta se enmarcaba en la ya referida misión civilizadora de imponerles estilos de vida ajenos (Engle, 2018).

Paradójicamente, la crítica al sesgo cultural de la declaración universal de los derechos humanos eventualmente abrió la puerta para hablar en el ámbito del derecho internacional sobre el derecho a reclamar el respeto a las diferencias culturales y la integridad cultural de formas de vida distintas a las establecidas por el modelo de las economías industriales. Con la entrada en vigor del PIDCP en 1976, esta línea particular de pensamiento tomó mayor fuerza, concretamente con base en su artículo 27 que vela por el derecho de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a gozar en común con los demás miembros de su grupo, de su propia vida cultural, profesar y practicar sus creencias y emplear su idioma autóctono. Así, brevemente después de la entrada en vigencia del Comité de Derechos Humanos en ese mismo año, y en vista que su Protocolo Facultativo contemplaba la habilitación de partes no estatales a presentar demandas contra los Estados que hubiesen ratificado el Protocolo, el Comité conoció y adjudicó numerosas quejas presentadas en relación con el derecho de las minorías a gozar y compartir su propia vida cultural en grupo. Así, pese a que el PIDCP no incluye ninguna disposición sobre derechos sobre las tierras, a partir de la interpretación que el derecho a la
cultura ampara formas de vida y sustento estrechamente relacionados con tierras tradicionales y el uso de sus recursos naturales, éste pacto se convirtió en un instrumento principal para la reivindicación de derechos territoriales de los pueblos indígenas (Cole, 2006; Scheinin, 2004).

El otro instrumento internacional que aportó elementos significativos para soportar la jurisprudencia innovadora de la CorteIDH en relación con la protección de la propiedad colectiva de tierras indígenas, fue el Convenio 169 de la OIT de 1989 en relación con la protección del derecho a la cultura de los pueblos indígenas y su conexión con la tierra. En su momento, los movimientos indígenas criticaron también duramente el Convenio 169 por no permitir su participación directa en la redacción del mismo y no referir el asunto de la autodeterminación de los pueblos indígenas. No obstante, el instrumento refiere explícitamente los derechos de los pueblos indígenas, y en particular, la relación especial de la cultura indígena con sus tierras y territorios ancestrales. A partir de esa relación, la CorteIDH soportaría los vínculos comunitarios permanentes que constituyen el fundamento consuetudinario del reclamo de las comunidades indígenas al derecho de propiedad colectiva de la tierra (Engle, 2018).

Este fue el escenario en el cual emergió la innovadora jurisprudencia del SIDH sobre el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad colectiva de sus tierras. Sin embargo, conviene recordar que la regulación del derecho a la propiedad por
medio de mecanismos de derecho internacional, es un asunto que muchos sectores consideran una interferencia a la soberanía de los Estados, en tanto el reconocimiento, regulación y protección de la propiedad privada constituye una de sus facultades y obligaciones cardinales (Picarella, 2018). Finalmente, esta es la razón por la cual el derecho a la propiedad privada no se encuentra entre los derechos universalmente protegidos en los tratados internacionales como los ya referidos PIDCP y PIDESC. De allí que hoy la regulación del derecho a la propiedad se asiente en sede de organismos multilaterales de índole regional, como las Cortes Europea, Interamericana y Africana de Derechos Humanos, al igual que en innumerables tratados bilaterales que restringen el poder soberano de los estados para expropiar incondicionalmente activos asociados a inversiones extranjeras dentro de fronteras nacionales. (Vivas et al. 2012; Douglas, 2014; Cotula, 2015; Vivas, 2018: 142; Carvajal: 2018).

### 3. EVOLUCIÓN DEL DERECHO JURISPRUDENCIAL A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE TIERRAS INDÍGENAS

La Comunidad Awas Tingni pertenece a la etnia Mayagna o Sumo y se encuentra asentada en la llanura de la costa Caribe de Nicaragua, históricamente conocida como la costa de Mosquitia. Durante la década de los 80, luego de la victoria militar y política de los Sandinistas, el gobierno revolucionario intentó nacionalizar las tierras indígenas. Los pobladores de la antigua Mosquitia se alzaron en armas contra Managua, reclamando garantías constitucionales de
autonomía territorial. La terminación del conflicto armado se pactó mediante una negociación política, como resultado de la cual en 1987 la Asamblea Nacional Nicaragua aprobó el Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica, un marco legal e institucional que creó las Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN) y del Atlántico Sur (RAAS). En 1995 la Constitución de Nicaragua reconoció la propiedad comunal indígena de territorios ocupados ancestralmente; sin embargo, ello no se tradujo en modificaciones de las disposiciones legales sobre el reconocimiento del dominio estatal de tierras no tituladas, ni en los procedimientos para la titulación basados en modelos de asignación de predios en cabeza de particulares y no de comunidades indígenas. En estas condiciones, las comunidades indígenas enfrentaban dificultades para la protección judicial de su derecho comunal a la propiedad de la tierra. (Weinberg, 1998; González, 2006)

Ante la decisión estatal de entregar en concesión 62 mil hectáreas de terreno en 1996 a una empresa maderera con capital asiático para su aprovechamiento forestal durante 30 años, las comunidades indígenas en el área de influencia de la concesión se vieron expuestas al despojo de algunos de sus territorios al igual que de su dotación de recursos naturales. Ello, por cuanto sus territorios aún no se habían formalmente delimitado, demarcado ni titulado por el Estado, lo cual representaba una barrera sustancial para reclamar la protección judicial de sus derechos de propiedad comunal. El caso derivó en una demanda de protección accionada por la comunidad indígena Awas Tingni ante el SIDH (Awas Tigni c. Nicaragua), en
cuyo desarrollo la CorteIDH reconoció los vínculos comunitarios
permanentes y la relación cultural y espiritual con sus territorios
ancestrales como fundamento consuetudinario para soportar su
reclamo al derecho a la propiedad comunal de sus tierras.

En 2001 la CorteIDH condenó al Estado de Nicaragua por
violación al derecho a la protección judicial en conexión con la
obligación de los Estados de proteger judicialmente los derechos, y lo
conminó a adoptar disposiciones de derecho interno para proteger el
derecho a la propiedad comunal indígena de la tierra mediante un
procedimiento efectivo para delimitar, demarcar y titular sus tierras
comunales. En su providencia, la CorteIDH estableció que la
protección a la propiedad privada contenida en el artículo 21 de la
CADH abarca igualmente la protección de la propiedad comunal de
los pueblos indígenas, reconociendo la estrecha relación entre la
integridad cultural de los pueblos indígenas y los territorios ancestrales
que ocupan.

En abril de 2009, la CorteIDH verificó el deslinde,
amojonamiento y titulación de 73.394 hectáreas en cabeza de las
miembros de la comunidad de Awas Tigni, así como la definición de
los derroteros de linderos entre los territorios de las comunidades de
Awas Tigni, Diez Comunidades y Tasba Pri, y declaró el pleno
cumplimiento de la respectiva sentencia por parte del Estado de
Nicaragua. Este primer fallo de la CorteIDH y el subsiguiente
cumplimiento de las órdenes impuestas en el caso de Nicaragua,
impulsó la utilización de estrategias jurídicas en instancias
internacionales por parte del movimiento indígena y sus aliados para
avanzar sus causas y proteger el derecho a la propiedad colectiva de la tierra de otras comunidades indígenas en toda América Latina.

A partir de la sentencia en favor de la comunidad de Awas Tigni en 2001, la CorteIDH ha fallado sentencias condenatorias que obligan a los Estados de Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Surinam a reparar y proteger el derecho a la propiedad colectiva de territorios de pueblos indígenas y tribales. En la tabla 1 se presenta una síntesis de la evolución jurisprudencial de la CorteIDH en relación con el derecho de propiedad colectiva de tierras indígenas. Se destacan los derechos amparados e innovaciones jurisprudenciales en once casos con sentencia registrados entre 2001 y 2015.

<table><caption>Tabla 1. CORTEIDH: Evolución jurisprudencial sobre el derecho de propiedad colectiva de tierras indígenas, 2001 - 2015</caption><thead><tr><th>DERECHO AMPARADO</th><th>INNOVACIÓN JURISPRUDENCIAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Caso: Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua (2001)*</td></tr><tr><td>Protección judicial de derecho a la propiedad comunal de tierras.</td><td>Validez formal del vínculo comunitario permanente como fundamento consuetudinario que otorga el derecho a la reclamación del territorio a partir de su posesión.</td></tr><tr><td colspan="2">Caso: Comunidad Moiwana v. Surinam (2005)*</td></tr><tr><td>Propiedad comunal de territorios ancestrales</td><td>Ocupación ancestral del territorio como fundamento consuetudinario del vínculo comunitario que otorga derecho de propiedad colectiva de la tierra.</td></tr><tr><td colspan="2">Caso: Yakye Axa v. Paraguay (2005)*</td></tr><tr><td>Propiedad comunal de territorios ancestrales</td><td>✓ Ante conflictos con propiedad particular de terceros, define criterios para la reparación del derecho a la propiedad comunal en tierras distintas a la propiedad comunal ancestral:<ol><li>Por disposición legal previa;</li><li>Por necesidad;</li><li>Por proporcionalidad de la medida;</li><li>Por razones de legitimidad democrática.</li></ol>✓ Autoriza la opción de reparación a través de tierras alternativas a las ancestrales.</td></tr></tbody></table>
### Caso: Sawhoyamaxa v. Paraguay (2006)*

Propiedad comunal

✓ En ausencia de posesión colectiva del territorios ancestrales debido a despojos anteriores, fija dos criterios para limitar prescripción extintiva del dominio:

1. Uso y presencia tradicional en el territorio del pueblo indígena; y/o,

2. La comunidad obtiene su sustento del territorio (pesca, caza, cultivo y recolección y actividades tradicionales).

### Caso: Pueblo Saramaka v. Surinam (2007)*

Propiedad comunal

✓ Goce de propiedad comunal de territorios indígenas, incluye su dotación de recursos naturales.

✓ Razonamientos aplicables a pueblos indígenas homologables para pueblos tribales, dadas características sociales, culturales y espirituales que comparten en la relación con su territorio.

✓ Ampara derechos de pueblos tribales a consulta previa para explotación de recursos naturales en territorios ancestrales, con base en derecho a la libre autodeterminación amparado en PIDCP/PDESC.

### Caso: Xámok Kásek v. Paraguay (2010)*

Reparación por medio de tierras alternativas a las ancestrales

✓ Derecho a la titulación de territorios ancestrales;

✓ Opciones de reparación a través de tierras alternativas.

### Caso: Kiwcha de Sarayaku v. Ecuador (2012)*

Goce y uso de territorio, cultura propia e identidad

✓ No realización de consulta previa viola el derecho a la identidad cultural.

✓ Consulta previa de proyectos e intervenciones en territorios indígenas es un mecanismo de protección de derechos de goce y uso del territorio, la cultura propia e identidad cultural.

✓ Establece elementos esenciales de la consulta previa:

1. Carácter previo;

2. Buena fe y propósito de llegar a acuerdos;

3. Consulta adecuada y accesible;

4. Estudios de impacto ambiental;

5. Consulta informada.

### Caso: Comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia (2013)*

✓ Restitución y protección judicial de propiedad colectiva;

✓ Uso y goce de territorios de pueblos afrodescendientes

✓ Protección judicial del derecho a la propiedad colectiva, uso y goce sobre los territorios ancestrales para garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
### Caso: Kuna de Mandugandi y Embera v. Panamá (2014)*

Derechos al goce y uso de tierras
ancestrales y alternativas

✓ Protección de derechos de goce y uso de tierras alternativas donde las comunidades muestran voluntad de permanencia definitiva;

✓ Uso y goce de tierras aunque no haya ocupación o posesión tradicional de las mismas.

### Caso: Garífuna v. Honduras (2015)*

Derechos de goce de recursos naturales a los que han tenido acceso tradicionalmente, aun aquellos que no pertenezcan a territorios de propiedad colectiva.

✓ Protección del derecho de las comunidades indígenas al uso y goce de recursos naturales como ríos, lagos, mares y sus recursos hidrobiológicos, incluyendo aquellos ubicados en territorios no exclusivamente ocupados por comunidades indígenas, pero a los que tradicionalmente han tenido acceso.

✓ La protección incluye garantizar en condiciones de igualdad el derecho al acceso a aquellas playas, mares costeros y recursos hidrobiológicos a los que las comunidades indígenas han tenido acceso tradicionalmente.

### Caso: Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam (2015)*

Propiedad colectiva de la tierra y
derechos a la propia identidad
cultural

✓ Reconocimiento de los pueblos indígenas como garantes de protección ambiental y desarrollo sostenible.

✓ Limita las facultades de intervención del Estado para subordinar la propiedad indígena al interés general, representado en este caso, por las necesidades expansión de un asentamiento urbano.

Fuente: Sitio web oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr/; Elaboración de tabla propia de los autores

*Fecha de la sentencia de fondo CorteIDH

Por medio de este conjunto de sentencias, la CorteIDH desarrolló la jurisprudencia que hoy soporta el derecho de las comunidades indígenas y tribales a la propiedad colectiva de sus tierras. El proceso inició con la fundamentación consuetudinaria de su derecho colectivo a la propiedad de sus tierras ancestrales, a partir de la constatación que resulta inadecuada la dicotomía convencional
individuo-Estado, sobre a cual se fundan las instituciones públicas modernas, en el contexto de los pueblos indígenas y tribales. La propiedad colectiva emerge de un sentido de relacionamiento en el que la identidad y la pertenencia no se anclan a valores individuales, sino al ánimo de saberse parte de la comunidad como “ente colectivo” en el que reside la identidad que presta sentido a la propiedad. Desde esa óptica, la propiedad privada individual es un sinsentido por cuanto no encaja en órdenes del relacionamiento centrado en la comunidad.

En el desarrollo de esta base jurisprudencial, la CorteIDH reconoce la relación especial de las comunidades indígenas con su tierra como referente mediador para el mantenimiento de vínculos comunitarios permanentes. Estos se materializan en los lazos ceremoniales y espirituales que subyacen a actividades de sustento tradicional como caza, pesca y recolección estacional o nómada, al igual que el establecimiento de asentamientos o cultivos temporales, y en general, al uso y control de sus recursos naturales. En estas prácticas la CorteIDH registra expresiones específicas de la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo indígena en el uso y disposición de sus bienes, y en consecuencia, establece que la protección del derecho a la propiedad, uso y goce colectivo de su territorio es necesaria para el mantenimiento de su modo de vida y su supervivencia. Este avance a nivel internacional, también ha venido acompañado por desarrollos a nivel constitucional (Martínez et al., 2017; De los Santos et al., 2018; Vivas-Barrera, 2018; Llano y Silva, 2018; Navas et al., 2018) y que enfocan no solamente el derecho colectivo a la tierra sino al ejercicio de su poder de dar justicia y
otorgar respuesta de tipo sancionatorio dentro de sus comunidades, lo que notoriamente ha despertado profundo un interés desde el punto de vista de la trasformación del derecho sancionatorio en la región (Moya, 2018; Castillo & Bautista, 2018; Gómez-Jaramillo, 2018; Silva et al., 2018; Velandia, 2018; Silva García, Rinaldi y Pérez Salazar, 2018; González-Mongui, 2019; Silva & Pérez, 2019), así como sobre las implicaciones sobre los mecanismos de participación de estas minorías en las jóvenes democracias de América latina (Carreño Dueñas & Sánchez, 2018; Caldera, 2018;) y la transformación del pensamiento político latinoamericano (Ávila & Córdova, 2017; Picarella, 2017; Pitre-Redondo et al., 2017; Guadarrama, 2018; Blanco, 2019; Guadarrama, 2019; Ávila Hernández et al., 2019), fluctuando entre la búsqueda de mecanismos de transparencia en su lucha contra la corrupción (Becerra, 2014; Flórez et al., 2018; Becerra et al., 2018; Sánchez, 2019), el ataque frontal al feminicidio (Restrepo, 2018; Tirado et al., 2019) y la protección de sus minorías étnicas.

Ante conflictos con la propiedad privada de terceros en la restitución de tierras ancestrales, la jurisprudencia de la CorteIDH establece criterios para la reparación de la propiedad comunal por medio de tierras alternativas idóneas para garantizar el sustento de los pueblos indígenas de conformidad con sus usos, costumbres y creencias. A la vez, ampara su derecho al goce y uso de recursos naturales como playas, ríos, lagos, mares y sus recursos hidrobiológicos, incluyendo aquellos ubicados en territorios no exclusivamente ocupados por comunidades indígenas, pero a los que tradicionalmente han tenido acceso (Torres et al., 2018).
Con base en este conjunto de elementos, la CorteIDH extendió la aplicación de razonamientos semejantes en aquellos casos que conoce para amparar el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad colectiva de territorios ancestrales de pueblos tribales, cuya relación con la tierra comparte características similares a las referidas en el caso de las comunidades indígenas. Adicionalmente, con base en la protección internacional al derecho a la autodeterminación de los pueblos consignada en artículo primero como de los PIDCP y PDESC, ampara su derecho a la consulta previa como requerimiento para la explotación de recursos naturales en sus territorios (Woolcott & Cabrera, 2018; Agudelo & Prieto, 2018; Woolcott & Fonseca, 2018).

## 4. DERECHO DE PROPIEDAD COLECTIVA, MOVIMIENTOS INDIGENAS Y ESTRATEGIAS JUDICIALES DE DERECHO INTERNACIONAL

Como se señaló arriba, la decisión de la CorteIDH en el caso de la comunidad Awas Tigni impulsó a los movimientos indígenas y sus aliados en toda América Latina a utilizar estrategias jurídicas ante instancias internacionales como el SIDH, para avanzar su autonomía política. El uso de estas estrategias cobró especial ímpetu en el momento en que estas se convirtieron en elementos constitutivos de las luchas e identidades políticas de estos movimientos, particularmente en el propósito de lograr el reconocimiento de la autodeterminación y autonomía territorial de los pueblos indígenas y tribales dentro de los
Estados en los que se encuentran asentados (Engle, 2018; Uprimny & García-Villegas, 2006).

Sin embargo, hay que señalar aquí que luego de la declaración de pleno cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua de las órdenes impartidas por la CorteIDH de protección judicial del derecho a la propiedad colectiva de la tierra de la comunidad de Awas Tigni, en 2009, ninguna de las demás sentencias proferidas en relación con esta materia se ha cumplido a cabalidad hasta el momento de escritura de este artículo. Los tropiezos registrado en los informes de supervisión de las sentencias de la CorteIDH en relación con el reconocimiento y protección de la propiedad colectiva de territorios indígenas, iluminan las limitaciones de las estrategias jurídicas ante instancias internacionales para lograr un efectivo reconocimiento de los *derechos creados* por ellas, como ha sucedido en relación con el derecho a la propiedad colectiva de tierras indígenas. En ausencia de contextos nacionales consensuales y de apoyo político de parte de movimientos sociales para las medidas ordenadas por la CorteIDH, la inercia institucional tiende a predominar en beneficio del *statu quo*. En algunos casos como en Colombia y Surinám, la persistencia del conflicto armado y la carencia de control territorial efectivo por los agentes estatales representan barreras sustantivas para el cumplimiento de las órdenes de la CorteIDH en materia de protección de la propiedad colectiva de la tierra (Chávez, 2016; Echeverry & Díaz, 2016: 141) a la vez que acentúan las violaciones y discriminaciones contra la población indígena (Pérez & Vivas, 2016:102; Pérez, 2018a:161; Ariza, 2018). En otros casos, las cláusulas de los tratados
de protección de la inversión extranjera y los mecanismos de derecho
transnacional que los respaldan, constituyen talanqueras formidables
que en la práctica neutralizan la materialización de los derechos
creados por las órdenes de la CorteIDH (Vivas, 2014:9, Woolcott &
Florez, 2014; Palencia et al., 2019), y en muchas ocasiones son causa
de las violaciones de derechos humanos (Barreto, 2014; Urbina et al.,
2016: 54; Barreto: 2018).

Al respecto, resulta ilustrativo visitar el estado de cumplimiento
de las condenas impuestas al Estado de Paraguay en tres casos que
datan de 2005 (Yakye Axa c. Paraguay), 2006 (Sawhoyamaxa c.
Paraguay) y 2010 (Xámok Kásek c. Paraguay). De acuerdo con la
resolución de la CorteIDH, fechada 24 de junio de 2015, con los
resultados de la supervisión de cumplimiento de sentencia de las tres
condenas, en el caso Yakye Axa, el Estado indicó que desde 2010 la
adquisición de las tierras tradicionales resultó imposible luego del
fracaso de tres solicitudes del Poder Ejecutivo de expropiación
rechazadas en el Congreso Nacional. A raíz de esta situación, los
representantes de la comunidad indígena accedieron a una reparación
con tierras alternativas, que fueron adquiridas entre 2012 y 2014, con
el compromiso del Estado de construir una vía de acceso como
condición para su aceptación. Hasta la fecha de la supervisión, esta
condición no había sido cumplida por oposición de los vecinos a
otorgar servidumbre para la construcción de la vía. En el caso de
Sawhoyamaxa, el Estado manifestó que había tramitado una ley de
expropiación ante el Congreso para la adquisición de las tierras
ancestrales, pero las sociedades anónimas titulares de las mismas se
negaron a recibir los pagos correspondientes a la expropiación. Finalmente, en el caso de Xámok Kásek, frente a la obligación de devolver 10.700 hectáreas reclamadas por la comunidad, las autoridades paraguayas resolvieron dar prioridad al derecho de propiedad de los particulares por sobre el derecho a la propiedad de los miembros de la comunidad, por lo cual se acogió la opción de entregarles tierras alternativas que deberán ser elegidas de manera consensuada.

En los tres casos, el despojo original de tierras ancestrales indígenas data del siglo XIX, cuando el Estado las vendió a inversionistas británicos aprovechando la ausencia de ocupación permanente de las mismas por estas comunidades semi-nómadas, para pagar las indemnizaciones que le fueron impuestas al término de la guerra que perdió contra Argentina y Brasil. Por consiguiente, en la actualidad parte de estas tierras se encuentran protegidas por tratados de protección de inversión extranjera, que condicionan onerosamente su expropiación indemnizada por el Estado. Como es sabido, los referidos tratados de protección de inversión extranjera se consolidaron a escala global al inicio del siglo 20, estableciendo estándares internacionales para asegurar la estabilidad de las condiciones jurídicas por parte de los estados receptores de la inversión, así como su protección frente a la expropiación de activos. Por consiguiente, con anterioridad a la entrada en vigor de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, los tratados de protección de la inversión extranjera ya habían
establecido condiciones distributivas en favor de los derechos de los inversionistas. (Cotula, 2015; Vivas & Chávez, 2018:25).

Ahora bien, generalmente ante la eventualidad de una expropiación estatal, la inversión nacional es amparada con una compensación especificada conforme a algún estándar objetivo, previo el establecimiento de la existencia de un propósito de interés público y dentro de un proceso jurídico que garantice el debido proceso y la no discriminación. En contraste, los activos protegidos por tratados de inversión extranjera generalmente se someten a mecanismos transnacionales de arbitramento, los cuales tienen la competencia de determinar en cada caso el contenido de los derechos de la inversión extranjera afectada (Vallejo, 2017; Woolcott, 2015). En lo relativo a la tasación de la compensación, la protección de la inversión extranjera no establece su valor comercial, sino la expectativa del valor agregado proyectado en el plan de negocios elaborado por el inversionista al momento de establecerse en el país receptor (Perrone, 2016).

Es decir, la distribución de la carga del costo de cumplir con la devolución a comunidades indígenas de sus tierras ancestrales por los tratados de inversión extranjera en la práctica trae consigo para el Estado la obligación de retribuir las ganancias proyectadas con antelación por el inversionista, en caso de recurrir a la expropiación para cumplir con ese cometido. En estas condiciones no es de extrañar que en el caso paraguayo, ante la obligación de cumplir la devolución de tierra reclamadas por las comunidades, las autoridades se inclinen a
dar prioridad a los derechos de propiedad de la tierra de los particulares. Este costo resulta ser mucho más alto cuando se suman circunstancias de desplazamiento forzado interno, una alta conflictividad (Bernal, 2018; Burgos, 2018; Velandia et al., 2018; Navas y Montoya, 2018) y procesos de desmovilización de grupos armados y un panorama de transición postconflictual, como es el caso de varios países en América Latina (Daza González, 2016; Pérez, 2018b; Cubides et al., 2018a; Cubides et al., 2018b; Chacón et al., 2018a, Chacón et al., 2018b).

## 5. CONSIDERACIONES FINALES

La decisión de la CorteIDH de reinterpretar el artículo 21 del CADH y la obligación de los Estados de respetar y proteger el derecho de propiedad colectiva de la tierra de comunidades indígenas y pueblos tribales a partir de 2001, representa un paso significativo y audaz para la preservación de la diversidad cultural en el continente americano. Entre los efectos de la creación de este derecho jurisprudencial por la CorteIDH, se destaca la avidez que suscitó entre los movimientos indígenas latinoamericanos de abrazar estrategias jurídicas en instancias internacionales para avanzar sus causas y objetivos políticos.

No obstante, el tortuoso sendero seguido en el proceso de regulación y protección de la propiedad privada por medio de instrumentos de derecho internacional durante la segunda mitad del
siglo 20, advierten que la materialización de los derechos colectivos en esta materia creados por la CorteIDH, continuará enfrentando resistencias formidables dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales. Así lo demuestran los precarios resultados en el cumplimiento de las órdenes de restauración de derechos colectivos de tres comunidades indígenas en Paraguay. En ausencia de contextos nacionales consensuales y de apoyo político por parte de movimientos sociales significativos para las medidas ordenadas por la CorteIDH, la inercia institucional predominará en beneficio del *statu quo*. Los alcances de los tratados internacionales de protección de inversión extranjera, particularmente perversos en cuanto a las cargas económicas exorbitantes que imponen a los Estados ante la eventualidad de una expropiación, no auguran condiciones propicias para la materialización del derecho colectivo de propiedad de tierras indígenas en el futuro.

Dado el ánimo litigioso de los sectores que se oponen a la implementación y cumplimiento de las órdenes para materializar la propiedad colectiva de tierras indígenas, no se puede descartar que su eventual fracaso contribuya a deslegitimar este derecho jurisprudencial al igual que a la propia CorteIDH. En ese escenario, quizás amerite revisar la viabilidad de la apuesta hecha por los movimientos indígenas latinoamericanos en relación con el uso de estrategias judiciales en instancias internacionales, como elementos constitutivos de sus luchas e identidades políticas, para avanzar sus cometidos políticos en el futuro.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACOSTA PÁEZ, Estefanía & LEÓN MOLINA, Jorge. 2018. "Una mirada al derecho internacional desde H. L. A. Hart". *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 23 (Extra 2): 50-57.

AGUDELO GIRALDO, Oscar & PRIETO FETIVA, Camilo. 2018. "A vueltas con la legitimidad democrática. El caso de la explotación minera". *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 23 (Extra 2): 26-36.

ARIZA LÓPEZ, Ricardo. 2018. "Los feos, los sucios, los malos: criminalización surrealista de los acontecimientos urbanos". *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 23 (Extra 1): 170-178.

ÁVILA HERNÁNDEZ, Flor & CÓRDOVA JAIMES, Edgar. 2017. "Democracia y Participación ciudadana en los procesos de la Administración Pública". *Opción*, Vol. 33 (No. 82): 134-159.

ÁVILA HERNÁNDEZ, Flor; CALDERA YNFANTE, Jesús; WOOLCOTT OYAGUE, Olenka & MARTIN FIORINO, Víctor. 2019. "Biopoder, biopolítica, Justicia Restaurativa y Criminología Crítica. Una perspectiva alternativa de análisis del sistema penitenciario colombiano". *Utopía y Praxis Latinoamericana*. Vol. 24 N°.2 (Extra): 170-190.

BARRETO, Jose-Manuel. 2018. "Decolonial Thinking and the Quest for Decolonising Human Rights". *Asian Journal of Social Science*, Vol. 46 (No. 4-5): 484-502.

BARRETO, Jose-Manuel. 2014. "Epistemologies of the South and Human Rights: Santos and the Quest for Global and Cognitive Justice". *Indiana Journal of global legal studies*, Vol. 21 (No. 2): 398-422.

BECERRA, Jairo. 2014. "Colombia's Space Policy: An Analysis of Six Years of Progress and Challenges." *Acta Astronautica*, Vol. 100 (July): 94-100.
https://doi.org/10.1016/J.ACTAASTRO.2014.03.018.

BECERRA, Jairo; VELANDIA, Jhon & LEÓN, Ivonne. 2018. "Un modelo para la implementación de la Ley de Transparencia en Colombia: el Software Transparenci@". *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 23 (Extra 2): 99-112.
BERNAL CASTRO, Carlos. 2018. "Mutaciones de la criminalidad colombiana en la era del Posconflicto". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol.23 (Extra 1): 80-95.

BLANCO ALVARADO, Carolina. 2019. "El Ámbito del Derecho en la Descentralización Territorial Colombiana y la Comunidad Andina (Can). **Revista Republicana**, Vol. 26: 93-108. DOI: http://dx.doi.org/10.21017/Rev.Repub.2019.v26.a61

BURGOS SILVA, Germán. 2018. "El Estado moderno en cuanto «abstracción armada». Algunas reflexiones". **Revista Republicana**, Vol. 24: 105-126.

CABALLERO, E. 1954. **Siervo sin Tierra**. Ediciones del Alcázar. Madrid (España)

CALDERA YNFANTE, Jesús. 2018. "La democracia como derecho fundamental: Ideas sobre un modelo de democracia integral". **Opción**, Vol. 34 (No. 87): 584-624.

CARREÑO DUEÑAS, Dalia & SÁNCHEZ, Marco. 2018. "La asunción del Hiper-Estado". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol.23 (Extra 2): 38-48.

CARVAJAL MARTÍNEZ, Jorge. 2018. "El paradigma de la seguridad y las tensiones con los derechos humanos". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23 (Extra 1): 97-110.

CASTILLO DUSSAN, Cesar & BAUTISTA AVELLANEDA, Manuel. 2018. "Acceso a la Justicia Alternativa: Un Reto Complejo". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23 (Extra 2): 163-176.

CHACÓN TRIANA, Natalia; RODRÍGUEZ BEJARANO, Carolina & CUBIDES CÁRDENAS, Jaime. 2018a. "Protección de los derechos fundamentales y terrorismo: dilemas en el uso de la fuerza". **Revista Espacios**, Vol.39 (No. 16): 28-36.

CHACÓN TRIANA, Natalia; PINILLA MALAGÓN, Julián y HOYOS ROJAS, Juan. 2018b. "La protección de los derechos humanos a la luz de las nuevas obligaciones internacionales frente a la lucha contra el terrorismo". **Utopía y Praxis Latinoamericana**. Vol.23, N°.2 (Extra): 152-161.
CHÁVEZ- HERNÁNDEZ, E. 2016. Los procesos de paz en el Salvador, Guatemala y México: una visión comparada. In: **Derechos Humanos, paz y posconflicto en Colombia**. Colección JUS Público Núm. 9: 21-32. Ed. Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia). Disponible en: http://publicaciones.ucatolica.edu.co/uflip/derechos-humanos-paz-y-posconflicto-en-colombia/pubData/source/derechos-humanos-paz-y-posconflicto-en-colombia.pdf Consultado el 29.07.2018.

COLE, W. M. 2006. "When All Else Fails", **Social Forces**, Vol. 84 (4): 1909-1935.

CorteIDH, (sin fecha). "Pueblos indígenas y tribales". **Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos**. No. 11. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/indigenas.pdf. Consultado el 20.07.2018.

COTULA, L. 2015. "Property in a Shrinking Planet". **International Journal of Law in Context**, Vol. 11 (2): 113-134.

CUBIDES CÁRDENAS, Jaime; SIERRA ZAMORA, Alexandra & MEJÍA AZUERO, Jean Carlo. 2018a. "Reflexiones en torno a la Justicia Transicional en Colombia: Fuerzas Armadas, Víctimas y posacuerdo". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23 (Extra 2): 11-24.

CUBIDES CÁRDENAS, Jaime; CALDERA YNFANTE, Jesús & RAMÍREZ BENÍTEZ, Erika. 2018b. "La Implementación del Acuerdo de Paz y la Seguridad en Colombia en el Posconflicto". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23 (Extra 2): 178-193.

DAZA GONZÁLEZ, Alfonso. 2016. "El principio de complementariedad en la investigación, juzgamiento y sanción de delitos internacionales". **Revista Republicana**. Vol. 21: 43-58.

DE LOS SANTOS OLIVO, Isidro; ÁVILA HERNÁNDEZ, Flor & CALDERA YNFANTE, Jesús. 2018. "La forja del Estado democrático constitucional en Venezuela y su relación con la democracia integral". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol.23 (Extra 2): 75-97.
DOUGLAS, Z. 2014. Property, Investment and the Scope of Investment Protection Obligations, In: **The Foundations of International Investment Law**. Oxford University, (363–408). Oxford (United Kingdom).

ECHEVERRY OSORIO, D. & DÍAZ, S. 2016. “Minería aurífera ilegal en el resguardo indígena alto Andágueda”. **Novum Jus**: Vol 10 (1): 135-149.

ENGLE, K. 2018. **El desarrollo indígena, una promesa esquiva**. Siglo del Hombre / Universidad de Los Andes. Bogotá (Colombia).

FLÓREZ-ACERO, German; SALAZAR-CASTILLO, Sebastián & ACEVEDO-PÉREZ, Carlos. 2018. “De la indiferencia pública a la protección de los autores e intérpretes de las producciones de cine en Colombia, a propósito de la ley Pepe Sánchez de 2017”. **Vniversitas**, Vol. 67 (No. 136): 57-79.

GÓMEZ JARAMILLO, Alejandro. 2018. “Populismo, obediencia y divergencia?”. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23 (Extra 1): 33-48.

GONZÁLEZ MONGUI, Pablo Elías. 2019. “Selectividad penal en la legislación para la Paz de Colombia”. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23(Extra 1): 131-144.

GONZÁLEZ, M. 2012. “Securing rights in tropical lowlands”. **AlterNative**. Vol. 8, No. 4.

GUADARRAMA GONZÁLEZ, Pablo. 2018. “Humanismo práctico y el poder de las instituciones en la gestación del pensamiento político latinoamericano”. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23 (No. 81-1): 13-29.

GUADARRAMA GONZÁLEZ, Pablo. 2019. “La cultura como condición de paz y la paz como condición de cultura en el pensamiento Latinoamericano”. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 24 (Extra 1): 43-66.

LLANO FRANCO, Jairo Vladimir y SILVA GARCÍA, Germán. 2018. “Globalización del Derecho Constitucional y Constitucionalismo Crítico en América Latina”. **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23 (Extra 2): 59-73.
MANZO UGAS, G. A. 2018. "Sobre el derecho a la protesta". **Novum Jus.** Vol. 12 (1): 17-55.

MARTÍNEZ ELÍAS, A. E. 2018. "El surgimiento del Movice y la Teoría contemporánea de los movimientos sociales". **Novum Jus.** Vol. 12 (1): 131-161.

MARTÍNEZ MONTUFAR, A. & NOGUERA, D. L. 2017. "Garantía de los Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas en el multinacionalismo y el neoeoconstitucionalismo". **Novum Jus**, Vol, 11 (2): 19-51.

MARTÍNEZ LAZCANO, Alfonso; CUBIDES CÁRDENAS, Jaime & MORENO TORRES, María Camila. 2017. "Análisis comparativo de los mecanismos de protección de derechos humanos en la comisión legislativa dentro del ordenamiento jurídico de México y Colombia". **Estudios Constitucionales**, Vol. 15 (No. 2): 229-272.

MARTÍNEZ, M. 2015. "Reconocimiento sin implementación. Un balance sobre los derechos de los pueblos indígenas en América Latina". **Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales**. Vol. 60 (224): 251-278.

MOYA VARGAS, Manuel. 2018. "Sentido de justicia y proceso penal". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23 (Extra 1): 50-63.

NAVAS-CAMARGO, Fernanda; CUBIDES-CÁRDENAS, Jaime & CALDERA YNFANTE, Jesús. 2018. "Human Rights Encouragement Through Peaceful Resistance Initiatives in Rural Bogotá". **Opción**, Vol.34 (Especial No. 18): 2102-2126.

NAVAS-CAMARGO, Fernanda & MONTOYA RUÍZ, Sandra. 2018. "The Need of Having an Intercultural Approach, in the Welcome Mechanisms of Migrants and Refugees in Bogotá. Policy Review, Learning from Others, Making Proposals". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol. 23 (Extra 2): 114-126.

OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, Francisco & NIÑO CHAVARRO, Leidy. 2016. "Incidencia del derecho internacional del mundo del trabajo en el marco de los derechos humanos en Colombia". **Revista Republicana**, Vol. 20: 65-96.
OSTAU DE LAFONT DE LEÓN, Francisco & NIÑO CHAVARRO, Leidy. 2017. "La filosofía del mundo del trabajo en el siglo XXI". **Revista Republicana**, Vol. 22: 21-46.

PALENCIA RAMOS, Eduardo; LEÓN GARCÍA, Marcela; ÁVILA HERNÁNDEZ, Flor & CARVAJAL MUÑOZ, Paola. 2019. "El precedente judicial: herramienta eficaz para jueces administrativos del Distrito de Barranquilla". **Opción**, Vol.35 (No. 89-2): 396-434.

PÉREZ-SALAZAR, Bernardo & VIVAS-BARRERA, Tania. 2016. Sobre la situación de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en contra de las mujeres en el conflicto armado colombiano. In: **Derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia**. Colección JUS Público Núm. 9: 67-98. Ed. Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia) Disponible en http://publicaciones.ucatolica.edu.co/uflip/derechos-humanos-paz-y-posconflicto-en-colombia/pubData/source/derechos-humanos-paz-y-posconflicto-en-colombia.pdf Consultado el 25.07.2018.

PÉREZ-SALAZAR, Bernardo. 2018a. "¿Qué hay de la responsabilidad del estado colombiano después de una condena internacional? El caso de las comunidades afrodescendientes del río Cacarica" In: **Responsabilidad Internacional y Protección ambiental: En tiempos de paz, en medio del conflicto y en etapas de posconflicto**. Colección Jus Público; Núm. 24: 1 - 62. Universidad Católica de Colombia Bogotá (Colombia). Disponible en: https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/responsabilidad-internacional-y-proteccion-ambiental.pdf Consultado el 25.01.2019.

PÉREZ-SALAZAR, Bernardo. 2018b. "Construcción de paz en el orden del derecho transnacional penal: El caso colombiano". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol.23 (Extra 1): 65-78.

PERRONE, N. M. 2016. "Los derechos de los inversores extranjeros sobre la tierra según los tratados de protección de inversiones: una visión desde Latinoamérica". **Anuario Colombiano de Derecho Internacional**, No. 9: 273-308.
PICARELLA, Lucia. 2017. "El cosmopolitismo de la utopía a la posible implementación práctica". **Revista de Filosofía** (Venezuela), Vol. 86 (No. 2): 70-90.

PICARELLA, Lucia. 2018. "Democratic deviations and constitutional changes: The case of Turkey". **Academic Journal of Interdisciplinary Studies**, Vol. 7 (No. 2): 9-16.

PITRE-REDONDO, Remedios; MOSCOTE-ALMANZA, Hilder; CURIEL-GÓMEZ, Rebeca; ARCHILA-GUIO, Jesús Enrique; AMAYA-LÓPEZ, Nicolás Amaya. 2017. "Análisis comparativo de los mecanismos de protección de derechos humanos en la comisión legislativa dentro del ordenamiento jurídico de México y Colombia". **Estudios Constitucionales**, Vol.14 (No. 1): 126-132

RESTREPO FONTALVO, Jorge. 2018. "Feminizar a los hombres para prevenir la criminalidad". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol.23 (Extra 1): 112-129

RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo y SILVA-GARCÍA, Germán. 2018. "Tendencias y problemas actuales del sistema parlamentario en España". **Utopía y Praxis Latinoamericana**. Vol.23, N°.2 (Extra): 195-209.

SÁNCHEZ ACEVEDO, Marco. 2019. "Retos que involucra el análisis de los datos de los ciudadanos-el caso de la política pública de big data colombiana-primera en la región latinoamericana". **Revista General de Derecho Administrativo**. 50: (s.d).

SCHEININ, M. 2004. **Indigenous Peoples' Land Rights under the International Covenant of Civil and Political Rights**. NCHR. Oslo (Norway).

SCOCOZZA, Carmen. 2015. "La Primera Guerra Mundial. Un conflicto que llega desde el Este". **Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura**, Vol. 42 (No. 2): 161-176.

SILVA GARCÍA, Germán; VIZCAÍNO SOLANO, Angélica & RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo. 2018. "El objeto de estudio de la criminología y su papel en las sociedades latinoamericanas". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol.23 (Extra 1): 11-31.

SILVA GARCÍA, Germán; RINALDI, Cirus y PÉREZ SALAZAR, Bernardo. 2018. "Expansion of Global Rule by Law
Enforcement: Colombia’s Extradition Experience, 1999-2017”. **Contemporary Readings in Law and Social Justice.** 10.1: 104-129.

SILVA-GARCÍA, German & PÉREZ-SALAZAR, Bernardo. 2019. "Nuevas estrategias de construcción de la realidad del delito en el orden de las sociedades en red". *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 24 (Extra 2): 124-133.

SPRANKLING, J. G. 2014. "The Global Right to Property". *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 52 (2): 464-505.

TIRADO ACERO, Misael; LAVERDE RODRÍGUEZ, Carlos & BEDOYA CHAVARRIAGA, Juan Camilo. 2019. "Prostitución en Colombia: hacia una aproximación sociojurídica a los derechos de los trabajadores sexuales". *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, Vol. 29: 289-315

TORRES VÁSQUEZ, Henry; TIRADO ACERO, Misael & TRUJILLO FLORIÁN, Sergio. 2018. "El funcionalismo radical penal a partir de la bioética". *Revista Republicana*, Vol. 25: 179-198

TENNANT, C. 1994. "Indigenous Peoples, International Institutions and International Legal Literature from 1945 to 1993". *Human Rights Quarterly*, Vol. 16 (1): 1-57.

UPRIMNY, R & GARCÍA-VILLEGAS, M. 2004. Corte Constitucional y emancipación social en Colombia. In: *Emancipación social y violencia en Colombia*. (Ed.) Norma, M. García-Villegas y B. de Sousa Santos, (463-514). Bogotá (Colombia).

URBINA SÁNCHEZ, E., CITA TRIANA, R. A. & CAMPO ROBLEDO, J. A. 2016. **Explotación del carbón y desplazamiento: tensiones entre derechos y procesos económicos.** Colección Oikonomia. Marzo. Ed. Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia) Disponible en https://publicaciones.ucatolica.edu.co/catalog/product/view/id/194048/#.W2CMGjmZLIU Consultado el 30.07.2018

VALLEJO ALMEIDA, Germán. 2017. **La inversión extranjera directa: estudio de casos y lecciones aprendidas para su aplicación en Colombia.** Colección JUS Público Núm. 21.
Marzo. Ed. Universidad Católica de Colombia. Bogotá
(Colombia) Disponible en
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/inversion-extranjera-
directa.pdf Consultado el 30.07.2018

VELANDIA MONTES, Rafael. 2018. "Medios de comunicación y su influencia en la punitividad de la política penal colombiana". *Utopía y Praxis Latinoamericana*, Vol. 23 (Extra 1): 146-168

VELANDIA MONTES, Rafael; TIRADO ACERO, Misael & GÓMEZ JARAMILLO, Alejandro. 2018. "Cadena perpetua y predicción del comportamiento. Un análisis sobre la delincuencia en contra de menores de edad y la política penal en Colombia". In: *Revista Republicana*, Vol. 25: 241-263

VIVAS-BARRERA, Tania & CHÁVEZ-HERNÁNDEZ, Efrén. 2018. "Responsabilidad de las empresas multinacionales por violaciones de derechos humanos" In: *Responsabilidad Internacional y Protección ambiental: En tiempos de paz, en medio del conflicto y en etapas de posconflicto*. Colección Jus Público; Núm. 24: 1 - 62. Ed. Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia). Disponible en el siguiente link https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/responsabilidad-internacional-y-proteccion-ambiental.pdf

VIVAS-BARRERA, Tania. 2014. "Eficacia de las órdenes de la Corte Interamericana sobre reparación de la violación de derechos humanos." In: **Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos**. Colección JUS Público Núm. 4. Julio, pp. 9 - 35. Ed. Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia).

VIVAS-BARRERA, Tania. 2018. "Le droit constitutionnel colombien à géométrie variable". **Utopía y Praxis Latinoamericana**. Vol. 23 (2): 140-150.

VIVAS-BARRERA, T. G., RIVERA ROA, N. S., PARRA TRIANA, L. A. & ORTEGA GUZMÁN, L. 2012. "Minorías étnicas en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana De Derechos Humanos". **Novum Jus**. Vol. 6 (1): 125-140.

WADE, P. 1997. **Race and Ethnicity in Latin America**. Pluto Press.
Chicago (Illinois, USA).
WEINBERG, B. 1998. "Land Grab in Nicaragua." **Towards Freedom**, June/July. Disponible en http://www.hartford-hwp.com/archives/41/229.html. Consultado el 20.07.2018.

WOOLCOTT-OYAGUE, Olenka & FLÓREZ-ACERO, Germán. 2014. "El régimen de exención de responsabilidad de los ISP por infracciones de propiedad intelectual en el TLC Colombia Estados Unidos: Una explicación a partir de la DMCA y la DCE". Vniversitas. Vol.63 (No. 129): 385-416.

WOOLCOTT-OYAGUE, Olenka. 2015. "La indemnización de las víctimas de riesgos médicos allende los límites tradicionales de la responsabilidad civil". **Revista Criminalidad**, Vol. 57 (No. 1): 61-74.

WOOLCOTT OYAGUE, Olenka & MONJE MAYORCA, Diego. 2018. "El daño al proyecto de vida: Noción, estructura y protección jurídica según los parámetros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH". **Utopía y Praxis Latinoamericana**, Vol.23 (Extra 2): 128-138.

WOOLCOTT-OYAGUE, Olenka & CABRERA-PEÑA, Karen. 2018. "Las infracciones al derecho de autor en Colombia. Algunas reflexiones sobre las obras en internet y la influencia de nuevas normativas". In: **Revista Chilena de Derecho**. Vol. 45 (No. 2): 505-529.

WOOLCOTT-OYAGUE, Olenka & FONSECA-CASTRO, Paola. 2018. "Los medicamentos y la información: implicaciones para la imputación de la responsabilidad civil por riesgo de desarrollo en Colombia". **Revista Criminalidad**, Vol. 60 (No. 1): 79-93.

YRIGOYEN, Raquel. 2006. Hitos del reconocimiento del pluralismo jurídico y el derecho indígena en las políticas indigenistas y el constitucionalismo andino". **Pueblos indígenas y derechos humanos**, Universidad de Deusto (537-568). M. Berraondo (Coord.), Bilbao (España)
Esta revista fue editada en formato digital por el personal de la Oficina de Publicaciones Científicas de la Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia.
Maracaibo - Venezuela