y el análisis de la economía de la comunidad, según el religioso catalán, preludian el moderno sistema del crédito y del débito (véanse los gráficos de las pp. 106-107).

El franciscano de Girona se pregunta, en fin, qué sistema legal y qué forma político-institucional puede operar para proteger la estabilidad del valor de la moneda. El autor del estudio preliminar acompaña en sus reflexiones a Eiximenis y apostilla sus ideas de pedagogía política y civil, dirigida a los gobernantes de los reinos de la Corona de Aragón, a la sazón de uno de los más importantes en Europa.

Concluye Evangelisti que este religioso catalán representa una de las síntesis más acabadas del franciscanismo de su época, que reconocía el buen uso de las riquezas, el valor de la gestión de los bienes ajenos y un sentido de la justicia que no se avenía mal con la pobreza voluntaria (p. 65). A diferencia de otros teóricos de su época, Eiximenis no se centra exclusivamente en la fundamentación moral, sino que sabe descender a los detalles concretos, y es capaz de establecer algunos métodos de gobierno civil, económico y financiero.

Tras el estudio, seguidamente se presenta el texto bilingüe (catalán-italiano) de los capítulos 139-152 y 193-197 del *Dotzè del cristià*. La traducción es rica y plástica y las notas que la acompañan son siempre pertinentes. En el apéndice se añade "De mutatione monete", la rúbrica 36 del *Speculum principum* de Pere Belluga y un análisis del mismo, que permite una comparación con el texto de Eiximenis.

Para mayor comodidad y difusión entre el público lector, el libro se encuentra alojado en internet (http://www.openstarts units.it/dspace/handle/10077/9277). Hay que subrayar, para concluir, que este libro es el primer volumen de una colección titulada "Rei Nummariae Scriptores", que tiene como objetivo reflexionar sobre la moneda y el dinero en la Edad Media y en los albores de la Modernidad a partir de textos de Juan de Mariana, Nicolás de Oresme, Nicolás Copérnico, Gabriel Biel y un largo etcétera. Si la colección continúa con el mismo nivel de calidad con toda seguridad ha de ser una referencia absoluta. Así lo espero y lo deseo.

RAFAEL RAMIS BARCELÓ
Universitat de les Illes Balears

HÉBERT, Michel, *Parlamenter. Assemblées représentatives et échange politique en Europe occidental à la fin du Moyen Âge* (Paris, Éditions de Boccard, 2014), 687 págs.

Michel Hébert es profesor de historia medieval en la Universidad de Quebec en Montreal, y miembro de la Academia de las Artes, Letras y Ciencias Humanas de la Sociedad Real de Canadá. Ha escrito un libro que condensa buena parte de su experiencia investigadora, cuya idea principal es la de detallar y reflexionar sobre la aparición de los procesos parlamentarios a partir del siglo XIII, su acción política, sus competencias fiscales y su rol constitucional. Parlamentos, cortes, estados generales, en definitiva asambleas reunidas para deliberar y negociar a través de un proceso que es analizado detalladamente, y que cuenta con un ceremonial particular y ordenado para conseguir llegar al acuerdo y respeto de legitimidades mutuas.

El libro consta de cuatro partes y trece capítulos. La primera parte, "Trois assemblées, un paradigme", pone en contexto las tres asambleas (Francia, Inglaterra y Corona
de Aragón) que conforman el núcleo duro de análisis comparativo. En la segunda parte, “Faire un parlament, dire un pays”, se analiza la letra de convocación como acto y documento que da arranque a la celebración de parlamentos, también se analizan otros aspectos relativos a su conformación, dignatarios y representantes presentes, y aspectos electivos y de conformación del cuerpo político. La tercera parte, “Un théâtre de la parole”, combina aspectos ceremoniales tales como el discurso y su retórica política, la organización del tiempo y espacio del debate, las decisiones y sus mayorías, y las jerarquías entorno simbolismo del acto. Por último la cuarta parte, “De la parole à l'écriture”, analiza la importancia de la documentación en la historia parlamentaria, la documentación oficial como las actas de los procesos o la documentación de carácter notarial, como también la de un carácter más tratadista o cronista.

“*General parlament lo qual es general a tot lo present regne*”: Esta frase, perteneciente a la Cerdeña de finales del siglo XV, describe la idea de reunión de una comunidad cuyos parlamentarios representan al reino por completo. Una palabra tan genérica como puede ser “general”, resulta mucho más densa frente al estudio del fenómeno de celebración de asambleas parlamentarias en la edad media. *Curia generalis o Cort general* (que a los catalanes nos resulta muy familiar), abraza toda una significación territorial que desde el siglo XIII designará a la entidad representativa que reúne a los elementos constitutivos de la sociedad política (p. 254).

Para describir las líneas básicas que Hébert nos ofrece a través de un trabajo denso a la vez que completo, es necesario ir a un estadio más primario de la idea. Se trata de la descripción, análisis y reflexión sobre un determinado grupo de asambleas representativas, basadas en la reunión que se da en un espacio-tiempo común con carácter ordinario integradas por individuos o grupos que personalmente o a través de representantes, están habilitados para hablar y actuar en nombre de esa asamblea, en una relación de negociación con un príncipe territorial en todos los aspectos que busca un bien común. La eficacia de estas asambleas responderá a la obediencia de un determinado número de normas en relación a las prerrogativas de la persona que las convoca, así como también de la autoridad de los individuos presentes. La solemnidad del momento, los rituales del procedimiento y la multitud congregada explican según el autor que desde Escocia hasta Portugal, o desde Brabante hasta Sicilia las fuentes utilizan el término “celebración” a la hora de describir el desarrollo de estas asambleas. El carácter teatral y simbólico de estas reuniones es el hilo conductor que el autor utiliza para describir la representación de las mismas, pues su forma de celebración es descrita mediante actores y roles, actos y escenas, localizaciones y planificaciones, discursos y sermones, preguntas y respuestas. El autor las considera espacios de libertad, pues dan lugar a una forma de dialogo, de negociación y de intercambio entre un príncipe y un cuerpo político representado. Un intercambio caracterizado por un juego complejo de palabras que describen la transacción entre un monarca que nunca tendrá un poder absoluto, con el poder de unos súbditos que nunca podrán disputarle radicalmente sus competencias (pp. 1-3). Es por eso que el autor se fija en aquellas asambleas que tienen unas características específicas que nos llevan a hablar de un verdadero intercambio político, con una característica fundamental y común: el ofrecimiento de un subsidio condicional y por lo tanto posterior a la resolución de agravios (p. 71), junto con otro elemento clave, bajo mi punto de vista: su configuración bajo el concepto y práctica del pactismo jurídico.

El nacimiento de estas asambleas tendría que ver o tener en cuenta el acceso de los representantes de las ciudades, pues supone la introducción de un nuevo asiento
territorial y grupo social en auge en el siglo XIII. Se trata de un sector que jugará un papel fundamental sobre todo en la representación ejercida ante el consentimiento de nuevas prácticas fiscales en el siglo XIV, y que darán lugar a una especie de contrato fiscal que buscará establecer un derecho de veto a la mayor parte de aspectos que lo institucionalizarán. La periodicidad, las diputaciones permanentes, la obligación de consentimiento o su concesión mediante la presentación de agravios describen un panorama que transformará el contrato fiscal simple en un contrato político complejo (p. 7). En una sociedad teocéntrica y dominada por el iuscentrismo político, resulta clave en la configuración del parlamento medieval la idea de los estamentos, estados o los órdenes como una subdivisión de la totalidad del pueblo cristiano. Los tres estados o todos los estados como forma globalizadora, con expresiones equivalentes como *general* en el mediterráneo de la Corona de Aragón, o comunidad del reino en Inglaterra, aparecen como una pieza clave de todo este entramado; la comunidad entera o el general se encuentra presente mediante sus *maiores* y sus *meliores*; esto es mediante su *major et sanior pars*. A través de esta idea ya se deja ver el ideal de comunidad con la distinción entre grandes y comunes. Uno de los primeros ejemplos en donde se muestra esta idea será en la letra de convocación del parlamento napolitano de 1289 (pp. 253-254). En el caso francés, no se presentan los estados en el parlamento como comunidad en sentido inglés, sino que se trata de una gran reunión de representación general que en 1484 se presenta *per nationes et turmas*, de un reino formado por principados, duodos, condados, bailías, diócesis, etc. (p. 263). En la justificación como comunidad no faltarán tampoco las alusiones a la metáfora corporativa para describir a la sociedad política como cuerpo político y cuerpo místico, largamente expandida des del siglo XII, reflejo del pensamiento teológico y político (sociedad teocéntrica y dominada por el iuscentrismo político). Esta idea, reforzada a través de la figura teológica de origen pauliano asociando a la Iglesia su cuerpo místico, será adoptado en política como *corpus mysticum publicae*; y aparecerá en el discurso de muchas asambleas europeas, a la vez que presentado por personajes como John de Salisbury, Vincent de Beauvais, Jean de Terrevermeille, John Fortescue o Pere de Fenollet entre otros (pp. 267-271).

Se trata de una comunidad que debe, entre otras cosas, tomar decisiones y en donde subyace un tema fundamental que es el de las mayorías necesarias para llegar a ciertos acuerdos. La idea por la que la voluntad de la mayoría frente a la disidencia de una minoría permite obtener la eficacia jurídica de la unanimidad, es bastante antigua. En el dominio aragonés la idea vendrá proporcionada de la interpretación del artículo 80 de los *Usatges de Barcelona*, que será recordado en las diferentes *corts catalanas*. Mayoría simple frente mayoría calificada será un punto de reflexión, como en tiempos actuales. Bonifacio VIII reconocerá en 1298 el principio de mayoría simple, como también lo hará la Carta Magna 1215 y las provisiones de Oxford de 1258, a la vez que será confirmado por el juez Littleton en 1476 quien avisará de la obligación de las minorías de conformarse con la voluntad mayoritaria. Jaume Callís hablará de la imposición de la mayoría de la minoría cuando ésta sea la única homogénea, si en el seno del resto de brazos no se da un acuerdo mayoritario. Y en diferentes asambleas surgirá la duda sobre si el voto debe ser per cápita o por orden, como en Frioul en 1486 en el que se requerirá el consejo de un experto, quien recomendará que sea per cápita, tal y como reclamaba la nobleza (pp. 425-429).

Un punto interesante del libro es la cuestión de la elección de los representantes del tercer estamento que asistirán al parlamento. En gran parte la historia nos habla de las instituciones municipales como entidades más habituales en la elección de los
diputados. Pero esa es una cuestión que variará mucho dependiendo del lugar. Dis-
posiciones bastante generales como la de Pedro II de Aragón en 1307, como también
un estatuto inglés de 1445 remiten a la autoridad municipal como el consejo de la
ciudad instando a una elección legítima, o al sheriff del condado para que ordene a
los funcionarios municipales a proceder en buena y debida forma a la elección y su
notificación. Algunas disposiciones serán más específicas como en Castilla, donde doce
linajes nobles conformarán el cuerpo electoral de los procuradores en cortes. En otros
sitios comisiones electorales formadas por alcalde, concejales y la comunidad designa-
rán a los representantes, como es el caso de la asamblea de Tours en 1308, efeméride
de la cual existe un dossier de procuraciones dirigidas a distintas villas, y que muestra
la diversidad de situaciones. Otro aspecto importante es el de aquellos representantes
elegidos a la vez por una instancia representativa como en la Provenza del siglo XV. Las
cartas enviadas a las autoridades del condado darán orden de convocar asambleas de los
tres órdenes en cada circunscripción que a la vez elegirán uno o dos representantes. La
diversidad de casos y sistemas lleva al autor a la reflexión sobre este tipo de representa-
ción que se presupone que era formada por una élite restringida local; aspectos como
si realmente representa a alguien, si eran reelegidos o si se daban disputas en alguno
de los procesos, serán cuestiones abiertas (pp. 199-205).

El autor reflexiona sobre la atmósfera que envuelve la celebración de parlamentos,
y lo hace sirviéndose de ejemplos varios, si bien el peso del estudio comparativo recae
en el análisis en profundidad del parlamento de París de 1356, el “buen parlamento”
inglés de 1376 y las Cortes Generales de la Corona de Aragón en Monzón en 1383-
84. El autor habla de antropología historiográfica de los parlamentos, y cita a Peter
Burke al decir que: “*no one as far as I know, has yet attempted to write the historical
anthropology of parliaments*” (p. 14). Considera pues que delinear este tema es extre-
madamente ambicioso, aunque a nivel historiográfico contamos con instituciones bien
descritas y documentadas en cuanto a sus formas institucionales, hecho que dificulta
su comparación con otras menos desarrolladas. Se trata pues de un libro construido
alrededor de la ceremonia parlamentaria, como forma simbólica, procedimiento, y
como manifestación de comunidades políticas orientadas hacia el consenso en ese
intercambio y negociación (pp. 14 y 15), que tiene como base a un cuerpo político y,
por tanto, deviene una comunidad frente el poder soberano en la construcción de una
asamblea representativa que traslada al príncipe una voz colectiva y unánime “*pour le
proufit de la chose publique*” (p. 74).

Las letras o cartas de convocación ocupan un lugar especial en el análisis, pues se trata de documentos creadores y fundadores de las asambleas (p. 117), y que se caracterizan por tener un doble nivel de justificación: por un lado, circunstancial, y por el otro, de orden jurídico e ideológico (p. 94). Son básicas para analizar los fundamentos legales de las asambleas, a la vez que sus fuentes de legitimidad. Se trata de documentos que manifiestan la autoridad del príncipe y su capacidad de proceder. Define las causas de convocación, el orden del día de la asamblea; y en general determina la fecha de reunión impuesta a los súbditos (p. 83). Una prerrogativa real que obliga a través de determinadas fórmulas a personarse. El análisis del autor es muy detallado y comparativo en cuanto a estas fórmulas. En la Corona de Aragón, por ejemplo, a finales del siglo XIII se utiliza la forma *requirimus et rogamus*. A partir de 1300 la formula no será la misma para el clero *requirimus et monemus*, que para los comunes con *dicimus et mandamus* (pp. 88-89). Esta será una cuestión no exenta de polémica en determinadas partes de Europa, pues algunos requerimientos y su fórmula provocarán las quejas de
sus destinatarios, que reclamarán un tratamiento ajustado a su estatus, a la costumbre o que sea el propio Rey y no otros oficiales quien manden la misiva (p. 91).

El detallado análisis de diferentes cartas en cuanto a su construcción semántica seguirá en la mayoría de casos el mismo esquema, una nomenclatura tripartita expositiva (Rey, reino y sujetos) que el autor describe como la base del bien común y la jerarquía de sus beneficiarios (el Rey, el reino, las villas y el conjunto de los súbditos). Sirva aquí de ejemplo el *writ* de convocación de Eduardo II en 1314: “*quia super diversis et arduis negociis nos et statum regni nostri et maxime terre nostre Scocie specialiter tangentibus*” (pp. 95-97). Una de las cartas de convocación más antiguas en estos términos conocida es la de Federico II a las villas de Sicilia en 1240 (p. 82). Otro aspecto analizado es el de la aparición en algunas letras del *Quod omnes tangit*, y su origen justiniano, que adoptará el derecho canónico y después el derecho civil como autoridad conjunta en la convocación de grandes del reino que serán requeridos en ocasión de una importante reforma, como será en las provisiones de Oxford en 1258. Aunque el autor ya advierte que se trata de un poder regio, pues la utilización del *Quod omnes tangit*. debe ser observado más como un deber general de aconsejar o asistir, que como un principio constitucional. De hecho la fórmula de requerir *consilium* se encuentra en muchas de las letras de convocación. Desde la época carolingia se difunde la fórmula *auxilium et consilium*, como el deber del vasallo de respetar a su señor (pp. 99-101).

Antes de entrar en la fase de examen profundo de aspectos anteriormente mencionados, tales como las letras de convocación, los miembros de las asambleas, el concepto de comunidades, territorios y cuerpos políticos, el tiempo del debate o la dinámica parlamentaria, el autor pone en contexto los tres ejemplos que guían el libro: Francia, Inglaterra y la Corona de Aragón. Esta exposición resulta fundamental para desgranar el resto de la teoría y práctica analizada. Posiblemente sorprendería a algunos, en cuanto no suele ser común asociar pactismo jurídico y descentralización en la historia política y jurídica de un lugar que quedó eclipsado por la revolución francesa. El caso de Francia es analizado a través de sus estados provinciales y su rol fundamental en la configuración del contrato fiscal, y de la relación con los Estados Generales. El autor reconoce que faltan estudios comparativos actuales, haciendo uso de los importantes trabajos de la Escuela positivista y los discípulos de la Escuela de Cartas del siglo XX como A. Coville, L. Cadier, A. Dussert, entre otros (p. 10).

En un contexto bélico (común a la convocación de los tres parlamentos), y caracterizado por la cautividad de Juan II, el parlamento de París de 1356 es puesto en contexto a través del discurso de apertura y los aspectos más generales de su práctica parlamentaria. En una primera fase, el autor ofrece un esquema que nos resume las líneas básicas de discurso que tiene lugar el 17 de octubre, y que pronuncia el canciller de Francia Pierre de la Foret (el autor apunta que se trata de una estructura similar a la que seguirán las sesiones del parlamento inglés y las cortes de los territorios de la Corona de Aragón en esa época). A continuación y en nombre de la asamblea tres oradores toman la palabra, cada uno representando a los tres estados del reino. En la segunda fase de este proceso, los estados se retiran a otro emplazamiento para deliberar apartados de la autoridad real. En este caso en concreto se desplazan al convento de los *Cordeliers*, donde disponen de todas las facilidades para una fase tan importante. Allí es nombrada una comisión más reducida de representantes (de 50 a 80) llamados *élus*, que recibirán el “poder de ordenar” (pp. 26-29). Durante dos días la comisión debate y redacta unos artículos que ha sido debatidos por los *élus* de cada estado en
sesiones particulares, para ser luego adoptados por los tres estados reunidos en sesión plenaria. (p. 32).

El análisis del parlamento de Westminster de 1376 es fundamental, a la vez que muy interesante, para comprender dos aspectos básicos del parlamentarismo inglés: la aparición de la figura del *Speaker* de los comunes (figura clave en la historia parlamentaria de tipo británica, bajo la persona de Peter de la Mare), y la consolidación de éste como portavoz de la comunidad del reino. El autor se sirve en gran medida de la *Anonimalle Chronicle* que cubre la literatura parlamentaria comprendida entre 1333 y 1381; la cual describe el parlamento de 1376 y los debates internos de los comunes. Se cree que fue utilizada como propaganda política a favor de un determinado movimiento reformador. Se trata de un documento fundamental aunque esté plagado de imprecisiones (pp. 39-41).

Como en el caso francés, la diversidad de fuentes nos permite hacer una destacada reconstrucción de las etapas y procedimiento. El año anterior, el Rey emite los *writs of summons*, convocando el parlamento. La *painted chamber* es el punto de encuentro donde se pronuncia el discurso de apertura por el canciller John Knyvet con tres puntos básicos: mantenimiento de la paz y buen gobierno del reino, defensa del país de los enemigos, y medios de financiación de la guerra. Finalmente se insta a lores y comunes a deliberar separadamente para dar una buena respuesta. La crónica anónima es más completa que la documentación oficial, precisa más la demanda y distribución del subsidio, y da una versión diferente del discurso de Knyvet, pues hace alusión a la presentación de agravios (146 *Common petitions*) para mejorar el buen gobierno en respuesta a las insinuaciones de malversación que circulaban en la opinión pública (pp. 42-44). El parlamento de 1376 se da en un momento político convulso donde se rechaza el impuesto directo demandado por el Rey, a la vez que aparecen los primeros *impeachments* a determinados consejeros reales acusados de malversar y mal aconsejar. De hecho los comunes solo aceptarán algunas de las peticiones a cambio de que se hagan efectivas estas destituciones (p. 50).

Algo semejante sucede enomo en París en 1356, donde el parlamento solicitará el nombramiento de 28 élus que asistirán al Delfín, en el parlamento inglés de 1376 los comunes solicitarán el nombramiento de nueve consejeros (tres prelados, tres condes y tres barones) para asistir a Eduardo III, éstos serán elegidos por el último *intercommuning*, el mismo que exigiría los *impeachments* (pp. 50-51). A propósito del *Intercommuning o entrecommuner*, se trata de un sistema de comunicación entre ambas cámaras (sistema similar al que se dará con los *tractadors* de las cortes catalano-aragonesas, cuya función primordial es la de agilizar el proceso de negociación), puesto que los lores podrían solicitar la delegación de los comunes en sus debates (destacando el papel posterior jugado por el *speaker* como portavoz de los comunes delante de los lores en la presentación de sus deliberaciones). Este sistema fue muy utilizado en las discusiones sobre el subsidio y los asuntos financieros, lo cual permitía una mayor armonización de los temas a deliberar que eran sometidos ante la autoridad por separado (pp. 48-49).

Las dos principales fuentes (crónica anónima y la de Thomas Walsingham) describen la consolidación de los comunes como portavoz del bien público de la comunidad del reino. El speaker (que recoge, ordena y junta las deliberaciones de los comunes en determinados puntos, y que los recita tomando la palabra después de todas las exposiciones) habla en nombre de los comunes, y éstos a la vez en nombre de dicha comunidad (pp. 52-53).

La descripción de las Cortes de Monzón tiene como trasfondo una situación política
revuelta dentro de la Corona de Aragón, sumado al contexto de guerra con Castilla, la denominada “Guerra de los dos Pedros” (Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón) y con el vecino Luis de Anjou. El tesoro real sufrirá un grave revés, y el principal sistema de ingresos será el donativo o *donatiu*. La revuelta en Cerdeña supone el punto fuerte de esta reunión, pues las principales negociaciones versarán sobre el subsidio que reclama el Rey para una acción militar de gran envergadura. Al igual que en los otros dos parlamentos analizados, el proceso familiar (es decir, los acuerdos entre los brazos/estados) también pedirá la suspensión de determinados consejeros reales que se consideraban perjudiciales para el Rey (p. 69).

La celebración de las *Corts catalanas* y aragonesas es considerada un proceso muy formal de un intercambio que se caracteriza por la ausencia casi total de espontaneidad (p. 66), donde un ceremonioso rey pronuncia el discurso de apertura en catalán, *la proposició*; y que supone un verdadero sermón político (p. 61). Pedro IV el Ceremonioso es considerado el monarca que más explotará la riqueza de la retórica parlamentaria, ya tradicional en la Corona de Aragón, y continuada por sus sucesores, en unas predicaciones de marcada influencia de las Sagradas Escrituras. Pedro IV dará mucha importancia a la celebración de las asambleas políticas, las cuales convocará muchas veces en los diferentes territorios que gobierna durante su largo reinado Jaume Callís hablará en su *Corts* sobre la importancia de las proposiciones reales inaugurales, las cuales considerará una forma de purificación. También hablará de la excelencia de los sermones de Pedro IV y Martín I (pp. 345-347) El portavoz de la asamblea y presidente de facto es el infante Martín, quien hablará en nombre de la asamblea y responderá de forma oficiosa en aragonés, aunque en el resto de intervenciones lo hará en catalán (p. 63). La importancia del asiento y la distribución en la sala resultan fundamentales en una reunión en donde lo ceremonioso es fundamental. A la derecha del rey se sientan los caballeros, nobles y prelados de Aragón y Valencia; mientras que a su izquierda los relativos a Cataluña y Mallorca (si bien este último territorio aparece en algunos documentos como parte integrante del Principado y no como reino separado). Frente a él, los diputados de las villas repartidos de izquierda a derecha por territorios, mientras que delante de él estará flanqueado por el consejo real (p. 60). El proceso de cortes catalano-aragoneses es un fenómeno fuertemente estudiado, del cual se tiene mucha documentación como el denominado *proceso común*, documentación notarial extremadamente precisa en cuanto al orden y cronología de los acontecimientos (p. 55). Aunque destaca por ser un proceso verbal, también lo es escrito intensificándose conforme entra en acción la verdadera fase de negociación (p. 67). Las impresiones sobre el funcionamiento de estas asambleas y su dinámica y eficacia asombrará a los estudiosos del siglo XIX. Las fuertes críticas y exigencias que los estados implorarán al monarca ante determinados escenarios, les resultará difícil poder ser comparado con su realidad (p.70). El desarrollo de estas asambleas políticas responde a una economía orientada en la guerra, en una sociedad en plena mutación y con una cultura jurídica en plena eclosión. Es por ello que el autor considera que no se dan las circunstancias que en el siglo XVIII y XIX refundarán la práctica de la representación política en sentido actual, haciendo difícil observar en clave constitucionalista su formación; aun cuando estamos hablando de procesos que aseguren el derecho a consentir el impuesto, el derecho a participar en la elaboración y sanción de la ley, derecho a reunirse regularmente con intervalos determinados, elección más o menos democrática de los representantes del tercer estado, control de los oficiales reales y participación en el ejercicio de la justicia soberana (pp. 10-11).
El libro tiene muy en cuenta el pactismo en la Corona de Aragón y su proceso parlamentario que culminará en Cataluña con la creación de la Generalidad en 1359 (p. 9). Esta cultura jurídica y política será descrita no solo con documentación oficial, sino también por muchos personajes como Francesc Eiximenis y su idea de cuerpo político en su obra *Lo crestià*, donde habla de los reyes que responden sabia y humil-demente a sus pueblos en sus cortes (p. 77). Se analiza la influencia de Cataluña en la configuración del concepto del General, y su expansión al resto de territorios de la Corona. Una vez creada la Diputación, ésta se considera la representación permanente de la comunidad política, es decir, del general, por lo que se la nombrará *generalitat*. Menciona el autor que en el resto de territorios se configurarán instancias permanentes conocidas como “*generalitats*” (p. 255), esto necesitaría de algún matiz, más que nada no debe confundirse el plural sin la coletilla “del General”, pues puede crear confu-sión con las denominadas “*generalitats*” en plural, que fueron un tipo de impuestos. Las diputaciones, y en concreto la diputación del general de Cataluña o generalidad, es presentada como encarnación de la identidad de la comunidad del reino ante el monarca, por delegación permanente de la asamblea.

El autor deja desde un principio clara la separación entre cortes y *corts*, pues como ya he dicho los detalles en la escritura, leguaje y semántica son muy cuidados. Ahora bien, durante el texto a veces se usa de forma indistinta, refiriéndose a cortes cuando se celebraban en el principado de Cataluña; algo que con toda seguridad se debe a que mucha información sobre el tema es en castellano, y que en la redacción determinados autores optarían por traducirlo todo a este idioma. Otro aspecto que merecería, bajo mi punto de vista, mayor detalle (el autor se basa en los trabajos de Tomàs de Montagut) sería la visión que tiene sobre el sistema polisinodial típico de la Corona de Aragón, su cultura jurídica y sus comparaciones con uniones supranacio-nales o confederales actuales. También la diferencia que se hace entre convocación de cortes y parlamentos en Cataluña se reduce a que estos últimos eran menos formales, algo que debería ser más matizado, ya que tendría que especificarse que se trataba de asambleas que carecían de potestad legislativa, y que los estados no estaban represen-tados colectivamente, aspectos que debilitaban la presentación de agravios, tal y como apunta Víctor Ferro. Respecto a la cultura jurídica, si bien es cierto que se menciona tímidamente, se tendría que recalcar más en ciertas descripciones que quien preside las *corts* de Cataluña no lo hace en cuanto rey de Aragón, sino en cuanto príncipe de ese territorio, junto con la importancia del Casal de Barcelona en la configuración y genealogía de la Corona de Aragón.

Desde ese punto de vista, es interesante mencionar la visión que Mateo de Echevarri (como explica Larrazábal Basáñez), asesor del señorío de Vizkaya, proporciona sobre la cultura jurídica del lugar frente a las intenciones homogeneizadoras desde Castilla por parte del conde-duque de Olivares en 1630. Echavarri explicará el concepto de que el señorío era un territorio distinto al de la Corona de Castilla, pues no participaba de sus cortes, siendo la misma persona rey en un sitio, y señor en otro. La unión del príncipe con los distintos territorios era bajo la consideración *aeque principaliter y no per modum accesorii*. El monarca entonces, era como dos personas distintas, como si señorío y reino fuesen gobernados por dos señores separados, haciéndose inconsistente la extensión del derecho de uno hacia el otro, aun siendo dos territorios bajo un mismo príncipe. Este concepto fue reiterado en otras ocasiones, en donde se argumentaba que el pueblo del señorío tuvo señores electivos hasta que el puesto se convirtió en hereditario, no con ello pasando a ser absoluto, sino más bien a través de pactos y condiciones.
Un mismo príncipe, por lo tanto, puede convocar en su nombre diferentes asambleas, como en la Corona de Aragón, y otros casos como el rey de Inglaterra que convocará el parlamento inglés, irlandés, los estados de Guyana o Normandía dependiendo del período de dominación. Hay muchos ejemplos, como en los territorios donde el monarca es el Papa (p. 262). Como prerrogativa real, el rey elige la fecha y lugar de convocación. Ahora bien, la legislación empezará a recoger la obligatoriedad de que éstas sean convocadas regularmente (entre otros límites a este derecho real). Por ejemplo, en 1283 el privilegio general aragonés establecerá que el rey deberá convocar cortes cada año en la ciudad de Zaragoza, y lo mismo sucederá el mismo año en Cataluña donde una constitución fijará el mismo criterio con alternancia posterior entre Barcelona y Lleida. Monzón tenderá a ser el lugar para la convocación de cortes generales de toda la Corona de Aragón (pp. 118-119). Se dará entonces la tendencia a celebrar cortes en el mismo lugar en un porcentaje muy elevado, sin perjuicio de hacerlo en otras localidades no precisamente importantes, muchas veces por motivos excepcionales tales como conflictos bélicos o situaciones de insalubridad como la peste (p. 128). La territorialidad se convertirá en derecho, y en algunos casos los estamentos recordaran el derecho de convocar las asambleas en los límites jurisdiccionales/territoriales. La periodicidad de las asambleas, y su promesa formal, nos hablarán de una norma de derecho más que de una simple práctica. El autor considera que esto tiene mucho que ver con la aparición de las primeras reivindicaciones de control de los funcionarios reales, junto con las primeras concesiones reales (o limitación del poder o jurisdicción universal regia). Inglaterra y la Corona de Aragón serán los primeros espacios en darse esta situación en el siglo XIII (pp. 139).

El poder de convocación de parlamentos, que arranca por voluntad regia, es matizado en el texto con otros dos aspectos. Uno tiene que ver con el poder de auto-convocación fuera de la prerrogativa real en territorios como Languedoc a partir de 1356 hasta 1418 (p. 148). Y el otro está relacionado con la potestad de delegar dicho poder a algunos personajes en determinadas circunstancias. El autor analiza varios ejemplos como el de María de Castilla, quien tuvo que recordar ante las protestas de los estados catalanes que los reyes de Aragón habían sido siempre poseedores de esta libertad la de delegar. O como Jaume Callís, quien haría una proposición a la formulación de la costumbre catalana de aceptar este tipo de delegaciones (p 137). También es bien analizada la delegación de la palabra del rey ya sea por ausencia de éste en cortes, o incluso en presencia suya el cual utilizará a funcionarios reales o a oradores para recitar su discurso. Las causas pueden ser varias: desde dotar de más distinción al evento o eficacia retórica, o por motivos de edad, como el caso de Enrique III de Castilla, que con doce años preside las cortes en Madrid en 1391, y que tomará la palabra para demandar al canciller para “que leyese de su parte un escripto [...] que es su tenor del este que se sigue” (p. 351).

Las críticas o dudas a la discrecionalidad del monarca en la mayoría de los temas que envuelven la convocación y celebración de parlamentos nos proporciona una idea del peso de la comunidad frente la autoridad. Por eso también es analizada la motivación en las cartas de convocación como forma de legitimación jurídica. La Carta Magna, por ejemplo, precisa que cuando el Rey reclame el común consejo del reino, deberá indicar el motivo de convocación. Esto sucederá con todas las letras de convocación de los parlamentos analizados en los que el contexto bélico se deja claro como situación especial y de necesidad. La escasa información dará lugar a quejas en Provenza en 1426, o en Udine en 1468, entre otros. El autor también habla del trasfondo propagandístico
real, propio de una gestión que asegure la paz, la justicia y el buen gobierno. Entre algunos ejemplos cita los preámbulos con mensajes incluso moralizadores de Amadeo IX a los estados de Saboya (pp. 103-107).

El libro que reseñamos, en definitiva, nos detalla toda una maquinaria puesta al servicio de la deliberación, la cual constituye un auténtico laboratorio de la modernidad política, como considera el autor. Una deliberación que supone una negociación de reafirmación de la libertad, por una parte la del príncipe que representa el no traicionar su concepción de soberanía; y por otra parte la de los súbditos que no quieren renunciar al derecho de consentir nuevas cargas a imponer y la obtención de contrapartidas. Bajo esta formulación, se halla un auténtico contrato de reciprocidad, que une al príncipe con los súbditos, en un doble flujo ascendente y descendente de libertades y gracias mutuas, y con un discurso político que apelará al bien común.

Desde esta perspectiva, uno no debe imaginar la conformación de estas asambleas como espacios de oposición, pues los procesos de elección y deliberación se hallarán bajo el concepto de co-gobierno. Es por eso que el autor tampoco considera a este tipo de asambleas parlamentarias como democracias (siendo una idea que deja clara desde el principio), al estilo del liberalismo político del siglo XIX, el cual precisamente apaá a la tradición medieval de sus cortes y parlamentos a la hora de justificarse como instancia de representación política. No debe confundirse, por lo tanto, el modo de representación de las asambleas medievales como algo equiparable a lo que se entiende por democracia, al igual que el pacto político tampoco será una constitución en el sentido contemporáneo, pues entre otras cosas, no se dan las características de renuncia formal a las prerrogativas de soberanía. No se trata de un pacto político constitucional que nos deje hablar de asambleas propiamente llamadas a legislar, sino más bien hablaríamos de su vertiente como *forums* constituyentes, según aprecia el autor. Hablar del llamado constitucionalismo medieval sería, según el profesor Hébert, aludir a un elemento de equilibrio entre poderes o de una expresión de valores y reivindicaciones de derechos. El parlamentarismo es entonces más una cultura, que un fenómeno de instituciones establecidas por ley y derecho: un conjunto de procesos regulares de desarrollo de acciones y actos de comunicación, una simbolización de la relación política, una práctica y una cultura a través de comunidades políticas fundadas con los valores del intercambio, del pacto y del consentimiento (pp. 583-590).

En conclusión, este libro del profesor Hébert, denso y lleno de detalles y juicios, es una de las obras más completas de historia comparada de las instituciones políticas medievales, concretamente de las instituciones parlamentarias. La narración puramente histórica de los hechos y la exposición de las fuentes jurídicas se ve complementada de forma sorprendente con una consecuente visión propia de la ciencia y teoría política, algo que se agradece mucho en estudios de historia del derecho y de las instituciones. Por si la extraordinaria narración y visión de conjunto sobre estas instituciones no fuese suficiente para adentrarse en ellas, la parte final del libro incorpora una selección de representaciones pictóricas con sus respectivos comentarios descriptivos. Su lectura, como se ha intentado mostrar en las páginas anteriores, merece una atención detallada. Será un libro que, más allá de objeciones puntuales, será un punto de referencia a partir de ahora.

PERE RIPOLL SASTRE

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona