la lista o para ver el avance de los números. Una espera que, con el paso de los meses, se fue alargando cada vez más (Bourgeois, 2020).

Muchos haitianos que llegaron en 2018 y 2019 se inscribieron en la lista de espera para solicitar el asilo en EE.UU. Sin embargo, al extenderse indefinidamente el tiempo de espera, se encontraron en una situación migratoria irregular en México. En efecto, tanto el oficio de salida con fines de regularización como el oficio de salida del país, tienen una “vigencia”; es decir, tienen un plazo definido para empezar el proceso de regularización o salir del país. Una vez pasado este plazo, se encuentran en situación migratoria irregular y, en caso de un control policial o migratorio, pueden ser arrestados, llevados a una estación migratoria y deportados. Ante este riesgo, muchos optaron por tratar de quedarse legalmente en México para trabajar e instalarse temporalmente en la zona fronteriza mientras esperaban el momento más adecuado para cruzar. A través de la red de pares instalados en Tijuana y de los servicios de asesoría legal, las personas se percatan de los trámites que deben realizar para intentar quedarse legalmente en México. En muchos casos, buscan entonces iniciar el proceso de solicitud de refugio ante la COMAR o retomarlo si lo iniciaron en Tapachula.

## Solicitar el refugio en México, ¿un laberinto sin salida?

Al igual que en muchos otros países (Mazzella, 2014), el proceso de solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado en México es bastante largo, contiene varias etapas y puede ser bastante complejo tanto para los y las solicitantes, como para las personas de asesoría legal que los y las acompañan.<fnref n="30" />

El primer paso de este proceso es el prerregistro. Consiste en llenar un formulario en línea, lo cual constituye en sí un obstáculo porque no todos tienen acceso a computadoras o las habilidades para

<footnote n="30">³⁰ Entrevistas con organizaciones de asesoría legal para personas migrantes, Tijuana, Ciudad de México y Tapachula, 2021. Para un análisis detallado del proceso de solicitud de refugio en México, véase Bourgeois, (2022).</footnote>
manejarlas. Además, este formulario –como casi todos los demás que deberán llenar para completar la solicitud de refugio– está en español y muchos no entienden del todo las preguntas y las responden de manera muy somera, lo cual también constituye un obstáculo para ser reconocidos como refugiados al faltar a veces elementos importantes de su trayectoria. Para llenar estos formularios, algunos de los haitianos y haitianas con quienes conversé acuden a terceros que “ofrecen” sus servicios en los centros de internet a cambio de dinero (15 dólares en Tijuana), a abogados privados supuestamente “especialistas” en trámites migratorios, o a abogadas que trabajan en las organizaciones de defensa de las personas migrantes (Bourgeois, 2021).

Después de llenar los formularios, deben entregar los documentos en la oficina local de la COMAR. A partir del otoño de 2021, el proceso de preregistro cambió en Tapachula ante la llegada de miles de haitianos y haitianas en agosto y septiembre. Como he mencionado anteriormente, la COMAR de Tapachula modificó el proceso de preregistro para la solicitud de refugio y lo organizó en el estadio olímpico de Tapachula. Aquello se realizó en coordinación con el ACNUR, cuyo papel en la gestión de la migración a nivel local se hace cada vez más presente, como resultado de la internacionalización de la política migratoria (Hoffmann & Rodríguez López, 2021). También estuvieron involucradas en el proceso varias organizaciones de atención a migrantes, tanto de Tapachula como de Ciudad de México.<fnref n="31" /> El proceso duró poco más de seis semanas, desde finales de septiembre a mediados de noviembre de 2021. Consistía en recibir a las personas en los diferentes “módulos de atención” (según terminación oficial) para: 1) Revisar la documentación de las personas y sus eventuales citatorios emitidos antes del nuevo proceso; 2) realizar el preregistro de la cita para la COMAR con los datos personales y las fotos del solicitante y su familia; 3) entregar el citatorio sellado donde aparece la fecha y la hora en las que el titular debe presentarse en la oficina de la COMAR para iniciar realmente el proceso de solicitud de refugio. Cada día se formaban en

<footnote n="31">³¹ Y, justamente, esas organizaciones reciben algún tipo de ayuda del ACNUR (financiamiento de programas, albergues socios, etcétera) (notas de trabajo de campo, Tapachula, Chiapas, octubre de 2021).</footnote>
el aparcamiento del estadio unas 2 mil personas (a veces más), adultos, niños y niñas. La gran mayoría eran de nacionalidad haitiana (probablemente más del 90%) y unos pocos procedían de Venezuela, Cuba, Centroamérica y países africanos.<fnref n="32" /> Hacían largas filas bajo el fuerte sol chiapaneco, esperando varias horas para entrar en los espacios habilitados y luego pasar por los distintos módulos de atención, con una calma y una paciencia que inspiran respeto, pero que reflejan una actitud resignada ante los largos e interminables trámites administrativos que los superan; además, ante un dispositivo de gestión migratoria que somete, poco a poco pero inexorablemente, a los cuerpos y espíritus. En el estadio había poco más de cuarenta agentes de la Guardia Nacional, velando oficialmente por la seguridad de los funcionarios y trabajadores, que instalaban barreras para dibujar un laberinto por el que debían pasar las personas presentes; metáfora física del laberinto administrativo que les esperaba. Con el citatorio en mano, las personas pueden, en días y semanas posteriores, presentarse a la COMAR de Tapachula e iniciar el proceso de solicitud de refugio.

En Tijuana, la oficina de la COMAR se abrió en julio de 2019, pero fue inaugurada en marzo de 2021: esto significa que, durante más de un año y medio, sólo había en Tijuana una oficina de enlace de la COMAR que dependía de la oficina central en la Ciudad de México. En términos prácticos, todas las solicitudes que llegaban a la oficina de Tijuana se enviaban a la COMAR de Ciudad de México para ser analizadas.<fnref n="33" /> En Mexicali, capital de Baja California, la situación es aún más compleja, pues no hay siquiera una oficina de enlace de la COMAR en esta ciudad. Las personas que desean iniciar el proceso de solicitud de refugio deben acudir a la oficina del INM, donde un agente de migración está a cargo de brindar información, recibir los documentos y enviarlos luego a Ciudad de México.

<footnote n="32">³² Principalmente de Mauritania y Camerún, según pude ver al entregar los citatorios.</footnote>

<footnote n="33">³³ Desde marzo de 2021, la oficina de la COMAR en Tijuana está habilitada para llevar desde el inicio los procesos de solicitud de refugio, pero solamente para aquellos casos que se iniciaron después de la inauguración oficial de la oficina (entrevista con agente de la COMAR, Tijuana, abril de 2021).</footnote>
Iniciar el proceso de solicitud de refugio parece ya complejo por varias razones. La primera de ellas –tal vez la más importante para la población no hispanoparlante– tiene que ver con el idioma, ya que muchos haitianos y haitianas no hablan el español de manera fluida o lo entienden de manera parcial,<fnref n="34" /> lo cual complica todo el proceso en sí, y también muchos otros aspectos de su vida. Otro obstáculo tiene que ver con el plazo otorgado para depositar la solicitud: ésta debe hacerse dentro de los veinte días naturales después de recibir el oficio de salida de la estación migratoria, o dentro de los treinta días después de haber llegado a México. Sin embargo, las entrevistas muestran que muchos y muchas se enteran de que pueden solicitar el refugio ya pasado el plazo. La COMAR permite que se deposite una solicitud de refugio pasado el plazo, agregando una carta en la que el o la solicitante explica las razones de su tardanza en iniciar el proceso. No obstante, en los casos que he acompañado, pude comprobar que la COMAR se ampara de esta situación para rechazar el inicio de la solicitud de refugio. En estos casos, la persona ni siquiera puede iniciar el proceso de solicitud de refugio, es declarada “no admitida” y sólo puede poner un recurso ante la COMAR para apelar esta decisión. Este proceso de recurso es muy largo y complicado,<fnref n="35" /> y necesita que la persona tenga asesoría de algún abogado, preferiblemente alguien que trabaja en una organización de defensa de las personas migrantes.<fnref n="36" /> El tercer obstáculo se refiere a los errores introducidos en los oficios de salida por los agentes del INM: errores en los nombres, en la ortografía de los apellidos, incluso a veces en la nacionalidad. Estos errores crean complicaciones a la hora de solicitar la condición de refugiado ante la COMAR, porque las informaciones en los formularios y en el oficio de salida no se corresponden.

<footnote n="34">³⁴ Como consecuencia de sus itinerarios migratorios, los adultos que vivieron en Chile y Venezuela hablan un poco el español, mientras que los que vivieron en Brasil hablan un poco el portugués. Los niños y niñas hablan bastante bien el idioma del país donde nacieron o se criaron. Entre ellos, los haitianos y haitianas en México se comunican casi exclusivamente en creol.</footnote>

<footnote n="35">³⁵ Al igual que otros procesos posibles para tratar de cancelar decisiones de la COMAR (como el amparo y el juicio de nulidad) (Bourgeois, 2022).</footnote>

<footnote n="36">³⁶ O también abogadas y abogados del Instituto de Defensoría Pública.</footnote>
El cuarto obstáculo está relacionado con los motivos que deben expresar las personas en los distintos formularios para solicitar el refugio.<fnref n="37" /> Para muchos de ellos y ellas, resulta sumamente complicado expresar esos motivos en español, porque no manejan del todo este idioma.<fnref n="38" /> De esos motivos y de cómo se detallan depende también la admisión al proceso de solicitud de refugio. En la misma perspectiva, una vez admitida la solicitud de refugio, las personas deben presentar las pruebas de la situación por la cual piden ser reconocidas como refugiadas. Sin embargo, los motivos por los cuales la mayoría de las personas salieron de Haití tienen que ver con las condiciones de vida extremadamente duras, las crisis económicas y políticas constantes, la violencia generalizada y los problemas ambientales. Pero no se reconoce esta situación estructural como motivo suficiente para solicitar el estatus de refugiado. El no reconocimiento de esas situaciones estructurales por las autoridades y las instituciones internacionales a cargo de la gestión de la migración, permite reducir a los y las migrantes –poencialmente refugiados y refugiadas– a la calidad de “migrantes económicos” y, así, deslegitimar sus solicitudes de protección, su presencia y sus proyectos migratorios. Y cuando huyen de Haití por amenazas de muerte, asesinatos de parientes o secuestros, generalmente no traen consigo pruebas que podrían reforzar su dossier. Además, incluso cuando han presentado evidencias de las amenazas, la COMAR ha rechazado varias solicitudes bajo el argumento de que se solicitó el refugio una vez expirado el oficio de salida. En el mismo orden de ideas, deben explicar por qué no solicitaron el refugio en los países donde migraron primero

<footnote n="37">³⁷ El formulario de prerregistro también lleva la casilla “motivos por los cuales salieron de su país”. Sin saber qué escribir, muchos y muchas dejan que los abogados privados o las personas que “ofrecen sus servicios” en los centros de internet (a cambio de dinero) llenen esa parte del formulario, poniendo –en el mejor de los casos– motivos generales como “pobreza” o “violencia”, entre otros (notas de trabajo de campo, Tijuana, 2019 y 2021, y Tapachula, 2021).</footnote>

<footnote n="38">³⁸ Las oficinas de la COMAR en Tijuana y Tapachula cuentan con traductores-intérpretes de creol/español que ayudan a las personas a llenar los formularios y durante las entrevistas. Sin embargo, las solicitudes son tantas que no logran ayudar a todo el mundo (notas de trabajo de campo, Tijuana y Tapachula, abril, julio y octubre de 2021).</footnote>
(en este caso, Chile). Los trámites de la COMAR, y los documentos que deben presentar, aparecen, así, como “copiados” de las políticas migratorias estadounidenses que buscan frenar cada vez más la inmigración al pedir pruebas de los riesgos incurridos en el país de origen.

Finalmente, otro obstáculo tiene que ver con el funcionamiento de la COMAR y el conocimiento del proceso de solicitud del refugio, precisamente en sus distintas etapas. En su gran mayoría, las personas desconocen el proceso que deben seguir para pedir el refugio; sólo saben que deben “ir a Migración” (INM) o “ir a la COMAR”,<fnref n="39" /> pero no saben exactamente qué documentos llevar, qué documentos faltan, o cómo se deben llenar los formularios. Tampoco conocen los distintos pasos del proceso: muchos piensan que, al depositar el primer formulario, su solicitud ya va a ser estudiada y que pronto tendrán una respuesta. Cabe señalar que el proceso en sí es bastante opaco y que las fuentes de información están incompletas y/o no resultan accesibles a todos y todas. De hecho, las oficinas de la COMAR a las que pude entrar no tienen letreros o afiches que indiquen los pasos a seguir.

Tampoco se les da a las personas solicitantes un estimado de la duración del proceso y del tiempo entre cada etapa. Eso hace que la gente vuelva una y otra vez a la COMAR con la esperanza de recibir una respuesta positiva, pero generalmente sólo se les dice que aún no hay notificación de su solicitud, o que falta otro documento, o que van a tener una primera entrevista, etcétera. De nuevo, la “dilatación del tiempo” (Kobelinsky, 2014), o el tiempo de espera indefinida, no es algo exclusivo del sistema mexicano; de hecho, es un aspecto ya estudiado de las políticas migratorias en los países de la Unión Europea (Babels, 2017; Aulanier, 2021, entre otros). Tanto en México como en Europa, la dilatación del tiempo, y a veces su aceleración (como los plazos muy cortos para realizar ciertos trámites), son una de las técnicas

<footnote n="39">³⁹ El hecho de que la oficina de la COMAR en Tijuana se encuentre en el mismo edificio que el INM no permite que las personas entiendan bien qué diferencias hay entre estas dos instituciones. Peor es en Mexicali, donde la persona que oficia como enlace COMAR (para recibir las solicitudes y entregar luego las notificaciones) es un agente del INM. Reina entonces una confusión enorme para las personas que no saben qué tareas corresponden a cada institución.</footnote>
usadas por parte de las autoridades migratorias para disuadir a los soli-
citantes de protección internacional, por un lado, y frenar o detener el
acompañamiento que algunas organizaciones de atención a migrantes
pueden brindar, por el otro. Y esta dilatación del tiempo, a través de la
espera indefinida, genera, como ya he mencionado, muchos problemas
de ansiedad y desesperación entre las personas migrantes.

Una vez admitida la solicitud para iniciar el proceso de recono-
cimiento de la condición de refugiado, el o la solicitante debe perma-
necer en el estado donde la presentó –permanencia que se comprueba
firmando cada semana el libro de control de extranjeros en la COMAR o
en el INM. El caso se declara “abandonado” (término oficial) cuando la
persona no firma el registro durante dos semanas seguidas o cuando
se traslada a un estado distinto sin autorización previa de la COMAR.<fnref n="40" />
Esta obligación constituye otro obstáculo para la regularización de los
haitianos, pues muchos iniciaron su proceso de solicitud de refugio en
Tapachula, Chiapas, pero luego se trasladaron hacia ciudades fronteri-
zas en Baja California sin esperar respuesta de su caso o autorización de
la COMAR para desplazarse a otra entidad federativa. Al llegar a Tijuana,
desean seguir con el proceso de solicitud de refugio, pero ya aparecen
en el sistema de Tapachula. El paso a seguir es solicitar “la reapertura
del caso” o solicitar la constancia de abandono en Chiapas y volver a
iniciar todo el procedimiento en Baja California.<fnref n="41" />

Finalmente, otros y otras vuelven a solicitar el refugio en la COMAR
de Tijuana después de haber recibido una resolución negativa en Tapa-

<footnote n="40">⁴⁰ En caso de querer trasladarse a otro estado, el solicitante debe notificar su in-
tención a la COMAR y esperar la autorización. La oficina de la COMAR del lugar
donde se inició el caso notifica a la oficina del lugar de traslado que la persona
tiene un caso abierto al cual darle seguimiento.</footnote>

<footnote n="41">⁴¹ Para ello, es necesario que la COMAR de Tijuana pida a la COMAR y/o al INM de Tapachula que revisen los libros de control de extranjeros, para confirmar oficialmente que el solicitante dejó de firmar durante dos semanas consecutivas. Luego se expide la constancia de abandono a la persona solicitante de refugio y, con ese documento, puede acudir a la COMAR para reiniciar el proceso. Conseguir la constancia de abandono puede durar semanas o más tiempo debido al retraso vinculado a la pandemia de COVID-19 (entrevistas con agentes de la COMAR y con abogadas en Tijuana, abril de 2021).</footnote>
chula, lo cual es posible agregando elementos al dossier (motivos, necesi-
dades específicas, pruebas, etcétera). En algunos casos, esta estrategia ha
dado frutos y las personas han conseguido regularizarse en Tijuana. No
obstante, según las abogadas entrevistadas, son pocas las posibilidades
reales de que los haitianos obtengan el estatus de refugiado en México,
incluso cuando cuentan con el apoyo de organizaciones que brindan ase-
soría legal. Y es muy probable que muchos queden en situación irregular
con serias implicaciones en su vida cotidiana.

Haitianos y haitianas
en las fronteras de México

"Mwen bezwen jwenn pwotokòl la",
en busca de documentación

Durante los días de observación en las oficinas de la COMAR en Tijuana, en abril de 2021, en varias ocasiones fui interpelada por haitianos y haitianas formados en el aparcamiento frente al edificio, quienes me habían escuchado hablar en creol. Tenían preguntas sobre el proceso y dudas sobre los documentos que se les entregaban, y querían respuestas en su idioma. Casi siempre fue la misma pregunta: "¿Cuándo me van a dar la tarjeta [de visitante por razones humanitarias]?". En los acompañamientos como intérprete a través de organizaciones de asesoría legal, también me di cuenta de que muchas de las dudas que volvían una y otra vez tenían que ver con la constancia de trámite ante la COMAR y/o con la TVRH o la resolución.

En octubre de 2021, al entregarles el citatorio al final del proceso de prerregistro ante la COMAR, en el estadio olímpico de Tapachula, miles de haitianos y haitianas aprovecharon para preguntarme en creol, mostrando el citatorio: "Eske dokiman sa a pwotokòl la?" ("¿este documento es el protocolo?"). Tuve que responder, miles de veces,<fnref n="42" /> que sólo era el citatorio para iniciar el proceso de solicitud de refugio, que lo que

<footnote n="42">42 Durante el proceso de prerregistro en el estadio olímpico, se atendió a entre mil y dos mil personas al día.</footnote>
ellos llamaban “el protocolo” sucedía más adelante en el proceso y que debían esperar aún varias semanas para conseguirlo. E invariablemente me respondían: “Mwen bezwen jwenn pwotokòl la” (“yo necesito conseguir el protocolo”).

Me tomó un tiempo entender qué era el “protocolo”, porque ningún documento se llamaba así oficialmente. La confusión no sólo era mía, también reinaba del lado del personal de las instituciones y organizaciones de atención a migrantes, quienes unas veces me decían que se trataba de la constancia de inicio de trámite ante la COMAR y otras me decían que era la TVRH. Después de varios días y de confirmarlo con distintas personas, caería en la cuenta de que el protocolo es la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Por supuesto, la confusión también reinaba entre las y los migrantes haitianos, quienes no sabían exactamente qué era el protocolo.

Esta confusión no es casual. La observación en el estadio olímpico muestra que el equívoco es, muchas veces, provocado por los mismos agentes del Estado sin que tengan necesariamente consciencia de ello. Por un lado, existe cierta confusión entre las tareas que corresponden a los y las agentes de la COMAR, del INM y los trabajadores y trabajadoras del ACNUR, de la OIM y de otras organizaciones de atención a las personas migrantes: el procedimiento de prerregistro en el estadio conllevaba en sí un movimiento del personal de atención, entre interrupciones, preguntas y dudas que se tenían que resolver con otros colegas.

Por otro lado, la misma confusión reinaba entre las personas migrantes: no distinguían bien entre los grupos de trabajadores y les pedían información sin distinción. La barrera del idioma también es otro factor que provoca cierta confusión, ya que los agentes y trabajadores buscan palabras, sinónimos en español, y en otras lenguas que a veces hablan (inglés o francés), para brindar información y tratar de hacerse entender. Es en este contexto que surgió la palabra “protocolo” (*pwotokòl*, en creol haitiano). Llama la atención que se trate de la misma palabra que la usada en la frontera norte de México con los famosos “protocolos de protección para migrantes” (MPP) implementados por la administración estadounidense. Los migrantes haitianos están familiarizados con este término, o al menos lo han escuchado de otros migrantes que les han precedido en el camino. También nos podemos preguntar hasta qué punto el proceso de solicitud del refugio
en México copia (o se inspira en) el proceso de solicitud de asilo en EE.UU., confirmando entonces una suerte de continuidad entre las políticas migratorias estadounidenses y mexicanas; en este mismo sentido, hasta qué punto esa confusión es o no una técnica usada por los agentes para confundir y desanimar a las personas migrantes en su proceso de solicitud. Sea intencional o no, la confusión beneficia al Estado y a su sistema de control, hace el proceso más lento, incierto y angustiante, aumenta la ansiedad y lleva a que las personas tomen decisiones apresuradas y riesgosas, como el cruce de la frontera por zonas desérticas o peligrosas.

Además, la confusión resulta de la conjunción de varios factores. Por un lado, el proceso de solicitud de refugio es muy largo y complejo, sobre todo para quienes no tienen asesoría o acompañamiento jurídico –como es el caso de la mayoría de los haitianos y haitianas debido a dificultades de idioma, a la falta de canalizaciones con las organizaciones y a su posibilidad real de apoyarles.<fnref n="43" /> Por otro lado, las informaciones que llegan<fnref n="44" /> a las personas migrantes sobre el proceso de solicitud de refugio pocas veces son completas (los folletos o videos suelen presentar las etapas del proceso sin entrar en detalle o mencionar los tiempos) o están en su idioma (los folletos impresos en creol haitiano son escasos).

<footnote n="43">43 Las organizaciones de atención a migrantes que trabajan en el terreno están tan rebasadas por las demandas que no pueden atender a todas las personas, y a veces sólo apoyan a aquéllas que “tienen un caso”; esta “modalidad” de trabajo también se ve en organizaciones en EE.UU., por ejemplo (Agudo Sanchíz, 2020). Partiendo de ello, los haitianos y haitianas reciben mucho menos apoyo de las organizaciones de asesoría legal para migrantes porque “no tienen casos”, según los criterios actualmente utilizados para reconocer la condición de refugiado (notas de trabajo de campo, Tijuana, 2029-2021, y Tapachula, 2021).</footnote>

<footnote n="44">44 Cabe señalar que, tanto las instituciones públicas que tienen a su cargo la gestión migratoria (COMAR, INM) como las organizaciones civiles de atención a migrantes, privilegian la difusión de información sobre los procesos de refugio en internet (Facebook, YouTube, Instagram); existen folletos, pero generalmente sólo están disponibles en los centros de atención y no siempre en gran cantidad. Este modo de difusión olvida que mucha gente no necesariamente conoce las páginas de la COMAR o del ACNUR, y no necesariamente tiene acceso a un smartphone, una computadora o simplemente datos de internet para acceder a esta información (Bourgeois, 2022).</footnote>
Esto conlleva que la gente no sepa bien por dónde va su dossier o para qué sirve tal o cual documento.

Sin embargo, a pesar de las confusiones y de las dificultades del laberinto burocrático, los haitianos y haitianas saben que existe un dossier que les permite estar y trabajar legalmente en México por un año (la TVRH). Y es este documento el que buscan conseguir porque tienen muy claro que no pueden continuar en la clandestinidad en que han vivido en otros países de estancia y/o de tránsito. Por ello, miles se formaron durante horas (y a veces días seguidos) para entrar en el estadio de Tapachula y realizar ahí el prerregistro de solicitud de refugio. No obstante, las informaciones proporcionadas por la COMAR y otras organizaciones de atención a migrantes en cuanto a este proceso no fueron muy claras ni completas. En efecto, todas las personas haitianas con quienes conversé durante este proceso pensaban que iban a recibir la TVRH y que podrían trabajar y vivir legalmente en México por un año.

Las solicitudes de refugio depositadas por una misma persona en Tapachula, en Ciudad de México o en Tijuana después de recibir una resolución negativa, los pagos para ser inscritos en listas para un supuesto plan de regularización colectiva en Tijuana en 2019 –plan que resultó ser una estafa (Bourgeois, 2021)–, la participación en las caravanas con la esperanza de recibir papeles de parte del INM,<fnref n="45" /> los desplazamientos en condiciones peligrosas hacia otros puntos fronterizos con la esperanza de ser atendidos rápidamente<fnref n="46" /> y las inscripciones en las listas de espera de los MPP, muestran bien la búsqueda desesperada de documentación por parte de los y las migrantes haitianos y haitianas. En este sentido, vemos que los papeles han adquirido un valor desmesurado para las personas migrantes –desmesurado porque ya no constituyen garantía alguna para acceder a un estatus legal en el país.

El “fetichismo de los papeles”, es decir, la creencia en que la documentación “puede convertir a los indocumentados en sujetos legales”

<footnote n="45">⁴⁵ En los hechos, el INM ha otorgado cientos de TVRH a personas que iban en las caravanas del otoño de 2021, pero sólo son visas humanitarias válidas por un año y no se entregan dentro de un proceso de solicitud de refugio, que podría tener alguna salida positiva.</footnote>

<footnote n="46">⁴⁶ Como es el viaje de Tijuana a Ciudad Acuña, por ejemplo.</footnote>
(Suárez Navaz, 1999), está muy presente entre las personas migrantes. Sin embargo, conseguir ciertos documentos sólo resuelve algunos aspectos de la vida de manera provisoria. Es el caso de la constancia de trámite ante la COMAR, que permite evitar las deportaciones,<fnref n="47" /> y de la TVRH, que permite trabajar y acceder a ciertos derechos durante su vida (3, 6 o 12 meses, según los lugares y a discreción de las autoridades). Sólo una resolución positiva de solicitud de refugio permite salir de la clandestinidad de manera definitiva. No obstante, ésta tampoco está totalmente garantizada. La etnografía del proceso de solicitud de refugio muestra que existen muchos mecanismos que favorecen una “irregularidad institucional”, es decir, la “tendencia administrativa a cerrar las posibilidades de conseguir una situación legal estable” (Suárez Navaz, 1999). Entre los mecanismos existentes, cabe mencionar errores ortográficos en los nombres y apellidos de los solicitantes de refugio y/o errores de nacionalidad en sus documentos de solicitud, en las constancias de trámite, incluso, en las resoluciones positivas.<fnref n="48" /> Estos errores resultan en parte del descuido de los funcionarios, rebasados por el estrés y el exceso de trabajo, a la hora de copiar correctamente los nombres y apellidos que aparecen en los documentos de identificación presentados por el o la solicitante –y también por el hecho de que muchos solicitantes no se atreven a pedir modificaciones. Pero, es probable que, como lo muestran las notas de prensa y testimonios de migrantes, existan prejuicios y conductas discriminatorias, en particular contra ciertos grupos sociales, nacionales y raciales, mismos que orientan el trabajo de los funcionarios y las autoridades. Ello afecta en particular a las personas afrodescendientes y africanas en México: hay un descuido en verificar la nacionalidad de la persona fuera de su apariencia fenotípica o de la nacionalidad de sus padres, como el caso de los niños y niñas de nacionalidad brasileña o chilena de padres haitianos.

También existen prácticas que apuntan a una “irregularización institucionalizada” (Calavita, 2007), es decir, un proceso jurídico-ad-

<footnote n="47">⁴⁷ A condición de permanecer en la entidad federativa donde se inició el proceso de solicitud de refugio.</footnote>

<footnote n="48">⁴⁸ Notas de trabajo de campo, Tijuana, Ciudad de México y Tapachula, 2019-2021.</footnote>
ministrativo que opera de tal manera que cierra las posibilidades a ciertas categorías de extranjeros de conseguir un estatus legal estable. Así, por ejemplo, aunque legalmente los niños y niñas nacidos en territorio mexicano de padres extranjeros tienen derecho a la nacionalidad mexicana, cada vez son más frecuentes las prácticas de no entrega del acta de nacimiento por parte de funcionarios de las oficinas de registro civil. También son frecuentes, en el acta de nacimiento, los errores ortográficos en los nombres o apellidos de los padres o los errores de nacionalidad.<fnref n="49" /> Esto dificulta la regularización por vínculo familiar y, aunque las modificaciones se puedan hacer, se hacen esperar y la gente se desespera. Vemos así que la búsqueda de legalidad a través de los papeles es muy complicada, y para muchos haitianos y haitianas es casi un callejón sin salida que lleva a unos limbos jurídicos sin posibilidad de regularizarse. Y todo el proceso parece estar hecho para cancelar el derecho a la protección de estas personas.

## Movilidades, inmovilidades y temporalidades

Como he mencionado anteriormente, el paso por México, que muchos haitianos y migrantes de otras nacionalidades imaginaban e imaginan como una “simple” etapa hacia Estados Unidos, se revela mucho más largo debido a la inmovilidad impuesta por las políticas migratorias estadounidenses y mexicanas. Entre éstas destacan, en EE.UU., el

<footnote n="49">49 Fui testigo de estas prácticas en Tapachula y en Tijuana, en 2021. Muchas organizaciones de atención a migrantes a nivel local trabajan de la mano con abogados voluntarios (y a veces también con UNICEF) para acompañar a los padres en el proceso de declaración del niño o niña y exigir la entrega de los documentos de nacimiento y nacionalidad. En algunas oficinas de la COMAR, los oficiales tratan de establecer el diálogo con las oficinas civiles del estado para poder resolver los errores y prevenirlos. Se dan cuenta de los errores cuando los padres de un niño o niña nacido en México se presentan para solicitar el refugio en vez de ir al INM a solicitar la residencia permanente por unidad familiar (notas de trabajo de campo, Tijuana, 2021).</footnote>
cierre del programa del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos y haitianas en septiembre de 2016, bajo la administración de Barack Obama<fnref n="50" />; la implementación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) por la administración de Donald Trump, en enero de 2019, obligando de facto a los solicitantes de asilo a permanecer en México hasta tener su cita ante las cortes de migración estadounidenses y la resolución de su solicitud. Estas primeras medidas resultaron en el hacinamiento de miles de personas, entre ellas muchas de nacionalidad haitiana, en las ciudades fronterizas del norte de México: Tijuana y Mexicali (Baja California), Nogales (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua), entre otras. Del lado mexicano, el despliegue de la Guardia Nacional, el aumento de los controles migratorios, la criminalización de las personas migrantes, la disminución del presupuesto de la COMAR, los vuelos de deportación, entre otras medidas, también favorecen cierta inmovilidad y revelan una política migratoria que se apoya en lógicas policiales y de seguridad, siguiendo así el modelo prescrito por EE.UU.

Ante la política del MPP, miles decidieron solicitar el refugio en México, proceso bastante largo y complejo. La pandemia de COVID-19 complejizó aún más la situación: se implementó la restricción fronteriza Título 42 en EE.UU., que permite expulsar rápidamente a las personas migrantes que ingresan al territorio estadounidense, oficialmente por razones de salud pública en tiempo de pandemia. En México, desde marzo de 2020, la COMAR ha suspendido los plazos no sólo para dar respuesta a las solicitudes, sino también para entregar distintos documentos que permiten una vida un poco más decente para las personas solicitantes (como la constancia de inicio de trámite de refugio<fnref n="51" /> y también la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, que permite el trabajo declarado y el acceso a derechos

<footnote n="50">⁵⁰ El TPS abierto por la administración de J. Biden, en agosto de 2021, no constituye ninguna garantía para las y los haitianos que están en las rutas, ya que sigue en aplicación el Título 42 y las autoridades migratorias estadounidenses mantienen vuelos de deportación hacia Haití.</footnote>

<footnote n="51">⁵¹ Ésta impide los arrestos y las deportaciones por el INM dentro del estado donde se solicitó el refugio.</footnote>
fundamentales).<fnref n="52" /> Los tiempos de espera se han alargado mucho, dejando a las personas en una gran incertidumbre.

El proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado también conduce a una cierta inmovilidad espacial. En efecto, los y las solicitantes tienen la obligación de permanecer, durante todo el proceso, en la entidad federativa donde introdujeron su dossier, como es especificado en la constancia de trámite que reciben en la COMAR. El traslado a otro estado tiene implicaciones muy concretas en la solicitud de refugio e implica nuevos trámites bastante complicados y con pocas posibilidades reales de éxito,<fnref n="53" /> sin hablar de los riesgos de arrestos por el INM si son controlados en otro estado sin previa autorización de la COMAR. Además, la etnografía revela que, desde la primavera de 2021, la TVRH que se entrega a los solicitantes de refugio en Tapachula precisa que la gente permanezca en esta ciudad (Bourgeois, 2022). En otros lugares del país, la TVRH no está vinculada a un lugar (sea ciudad o estado), y es justamente gracias a ello que mucha gente se ha movido hacia los estados norteños. Este nuevo límite tiene implicaciones serias en la vida, los lugares de vivienda y de trabajo de los y las solicitantes de refugio en Tapachula: deben quedarse en el perímetro muy reducido de la ciudad y corren el riesgo de ser arrestados y llevados a la estación migratoria en caso de controles migratorios en las carreteras desde y hacia Tapachula.

Estas inmovilidades forzadas son el resultado del régimen fronte-
rizo y migratorio que rige toda la región, y obliga a miles de personas a
permanecer en espacios no planeados y no deseados. Esta permanencia,
pensada por la gente como algo provisorio, no tiene una temporalidad
definida. Los procedimientos para pedir el asilo, sea en México o en
EE.UU., son largos (más con la pandemia). La desesperación que surge
de la larga espera, lejos de ser el resultado de trámites engorrosos, es
parte de la estrategia de contención de las migraciones. Cada etapa del

<footnote n="52">⁵² Legalmente, las personas migrantes tienen derecho a los servicios de salud. La etnografía muestra, sin embargo, que este acceso es cada vez más complicado y restringido, pues las personas han sido rechazadas en varios hospitales públicos. Deben entonces acudir a pequeños centros de salud que están rebasados por las demandas y que tampoco los reciben siempre (Tijuana y Tapachula, 2021).</footnote>

<footnote n="53">⁵³ Según abogadas entrevistadas en Tijuana, abril de 2021.</footnote>
proceso toma semanas en vez de días, como está previsto por la ley.<fnref n="54" /> Se agregan a ello la misma complejidad del proceso con las posibilidades de los distintos recursos, las notificaciones de los avances que no llegan, el silencio de los agentes de la COMAR ante la pregunta, muchas veces repetida: “¿Cuándo me van a entregar la constancia?”.<fnref n="55" /> Se agregan también al problema los documentos que se pierden y la poca comunicación entre las distintas oficinas de la COMAR sobre los casos de abandono y de reapertura en otro estado (Bourgeois, 2022).

Todo lo anterior conduce a mucha confusión, incertidumbre, angustia, desesperación y frustración en las personas migrantes. Incluso cuando el sistema de gestión de la migración se propone, oficialmente, resolver una situación de emergencia como ha sido el caso de la llegada de miles haitianos a Tapachula a partir de agosto de 2021. En octubre de 2021, los haitianos y haitianas, con sus hijos e hijas, pasaban horas y también días en el aparcamiento del estadio olímpico, durmiendo ahí en colchonetas improvisadas, sin ninguna condición sanitaria –la gente no tenía acceso a las infraestructuras sanitarias del estadio y había mucha basura en el entorno–, bajo un sol que oprime durante toda la mañana y bajo las fuertes lluvias de las tardes del otoño chiapaneco.

En noviembre de 2021, ante la imposibilidad de la COMAR de atender a todas las personas, el INM organizó el traslado de miles de ellas a otras entidades federativas (según el llamado “plan de reubicación”) para aliviar el trabajo en Tapachula. En el estadio olímpico, el INM procedió a inscribir en listas a todas las personas dispuestas a irse a otro estado del centro del país, entregando luego pequeños boletos de papel que les permitían subirse a los buses. Ahí también reinaron la confusión y la desesperación ante los días de espera para ser trasladados, aunadas a la poca o casi nula información que se les proporcionó, casi ninguna en creol haitiano, cuando ellos constituían la mayoría de las personas que iban a ser “reubicadas”.<fnref n="56" /> A ello se agregan además las inquietudes al ser enviados a estados donde la gran mayoría de los hai-

<footnote n="54">⁵⁴ Antes de la pandemia, la COMAR tenía 45 días hábiles para entregar la resolución positiva o negativa al solicitante (Bourgeois, 2021).</footnote>

<footnote n="55">⁵⁵ Entrevista con un migrante haitiano, Tijuana, abril de 2021.</footnote>

<footnote n="56">⁵⁶ Notas de trabajo de campo, Tapachula, noviembre de 2021.</footnote>
tianos y haitianas no tiene contactos y que no son los lugares elegidos de acuerdo con su proyecto migratorio a largo plazo. Es un régimen migratorio que separa e inmoviliza. Era también palpable la confusión entre el documento prometido por el INM –la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias con vigencia de un año– y el proceso de solicitud de refugio (pre)iniciado ante la COMAR, que permite, en caso positivo, una estancia más duradera en México.<fnref n="57" /> Cabe señalar también que la reubicación era una de las dos caras de la moneda presentada por el INM: al mismo tiempo que salían los autobuses hacia el centro del territorio mexicano, partían semanalmente vuelos con gente expulsada hacia Haití, desde el pequeño aeropuerto de Tapachula.<fnref n="58" />

A unos 4 mil kilómetros de Tapachula, en Tijuana, la situación no era envidiable. Cientos de haitianos y haitianas seguían llegando a esta ciudad fronteriza al verse imposibilitado el cruce entre Ciudad Acuña, Coahuila y Texas, en Estados Unidos. El panorama pintado por los haitianos, haitianas y las coordinadoras de albergues también era pésimo.<fnref n="59" /> El gobierno de Biden había cerrado en enero de 2021 el programa MPP, pero estaba atendiendo los “casos positivos” muy lentamente.<fnref n="60" /> También había rumores del próximo reinicio del MPP,

<footnote n="57">⁵⁷ Muchas personas sólo tenían el prerregistro y su citatorio para iniciar oficialmente el proceso de solicitud de refugio ante la COMAR.</footnote>

<footnote n="58">⁵⁸ Para aquel momento, se rumoreaba sobre las presiones del INM a personas haitianas detenidas durante controles para que “aceptaran” el llamado “retorno asistido” (notas de trabajo de campo, Tapachula, noviembre de 2021).</footnote>

<footnote n="59">⁵⁹ Entre los haitianos y haitianas que se comunicaban conmigo, había gente que había conocido en Tapachula en julio y octubre de 2021, y también familiares de amistades haitianas en República Dominicana.</footnote>

<footnote n="60">⁶⁰ Desde el cierre del MPP en enero de 2021, las autoridades migratorias estadounidenses han estado atendiendo a las personas que tienen un caso MPP activo; es decir, las que fueron forzadas a permanecer en México bajo el MPP y que cuentan con un caso pendiente ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria de los Estados Unidos. (Executive Office for Immigration Review). El trabajo de campo en Tijuana, en abril de 2021, reveló que las autoridades migratorias estadounidenses sólo dejaban ingresar a 25 personas por día para continuar su proceso de solicitud de asilo en EE.UU. Las personas que tienen un caso MPP inactivo no pueden ingresar a EE.UU., y tampoco las que fueron retornadas a México bajo el Título 42 (Bourgeois, 2022). En diciembre de 2021, la administración</footnote>
llevando a que cientos de personas se amontonaran en campamentos improvisados en los alrededores del puesto fronterizo de El Chaparral.

En estos “territorios de la espera” (Vidal & Musset, 2015a), donde la improvisación para resolver las dificultades del día a día se mezcla con la angustia de ser controlado, arrestado, deportado, separado de sus acompañantes, con la incertidumbre y la frustración ante un proceso de solicitud de refugio que no avanza, muchos haitianos y haitianas muestran una impresionante determinación a seguir adelante. En respuesta a la inmovilidad impuesta, buscan la manera de volver a moverse para llegar a la frontera norte o a otro punto fronterizo, para reunirse con familiares y amistades que también están en el camino. Es así cómo se vio en verano de 2019 un movimiento rápido de cientos de haitianos y haitianas desde Tijuana hacia Ciudad Acuña, en Coahuila, donde supuestamente era más fácil cruzar la frontera y entrar a EE.UU. (Bourgeois, 2021).<fnref n="61" /> Lo mismo pasó en agosto de 2021, cuando cientos de haitianos y haitianas “aparecieron” de pronto en Ciudad Acuña, unos días después de haber llegado a Tapachula. Y al “cerrarse” este punto fronterizo, se trasladaron hacia Tijuana.

Otros, con quienes me había reunido, llevaban meses en Tapachula intentando conseguir el refugio y, de repente, me llamaban poco tiempo después de nuestro encuentro para avisarme que ya estaban en Tijuana después de un viaje de cuatro o cinco días en autobús. Otros más me llamaban para decirme que ya estaban “del otro lado”: en dos semanas habían llegado a México, atravesado el país y conseguido cómo cruzar la frontera estadounidense a un precio muy inferior a la tarifa de los *coyotes* —revelando así nuevas rutas de cruce hasta ahora poco conocidas. Finalmente, también hubo haitianos y haitianas que

<footnote>estadounidense dio luz verde al reinicio del MPP, lo cual prolonga la inmovilidad forzada.</footnote>

<footnote n="61">⁶¹ En una semana, los albergues donde vivían mayormente haitianos y haitianas se vaciaron sin más aviso que un saludo de despedida a la hora de cargar las mochilas. En el Templo Embajadores de Jesús, los padres pasaban a buscar a sus hijos o hijas en el taller de actividades, como si tuvieran que ir por algún mandado, y a los 10 minutos volvían los niños y niñas a despedirse, cargando ya su pequeña mochila y diciéndome que se iban para otro lugar; información luego confirmada por la madre o el padre, en voz baja (Bourgeois, 2021).</footnote>
optaron por unirse a las caravanas de migrantes, en especial la que salió de Tapachula el 19 de noviembre de 2021 y avanzó mucho más rápido que las caravanas anteriores. Así se deben leer las movilidades haitianas dentro del territorio mexicano: son reveladoras de la circulación de mucha información dentro de la comunidad migrante haitiana sobre las rutas y los posibles cruces, de la capacidad de organización colectiva y, en especial, de la capacidad de dejarlo todo en unos pocos días para moverse e intentarlo de nuevo en otro lugar, con la misma esperanza y mayor determinación, a pesar de los innumerables obstáculos.

## Agentividad migrante en los territorios de la espera

Los lugares de tránsito se convierten cada vez más en espacios temporales de vida marcados por la espera “sin fecha de caducidad”. La espera indefinida impuesta a las personas migrantes tiene dimensiones psicológicas, sociales, económicas, jurídicas, culturales, geográficas y políticas (Vidal & Musset, 2015a). En esos territorios de la espera que “inducen o restringen las posibilidades de acción” (Vidal & Musset, 2015a, p. 8), las condiciones de vida de los haitianos y haitianas –como de todos los y las migrantes– son sumamente precarias. En el terreno de la vivienda, muchos “resuelven” el problema a través de la renta de una habitación o de una pequeña casa compartida entre varias personas; algo que ha sido posible durante un tiempo en Tapachula gracias al programa de apoyo económico del ACNUR, cancelado en el otoño del 2021.<fnref n="62" /> Las

<footnote n="62">⁶² Ante el crecimiento de la población migrante en Tapachula en los últimos años, los espacios de acogida como los albergues se han visto totalmente rebasados y sus capacidades de atención muy limitadas. Según explican los trabajadores de varios albergues, han tenido que implementar criterios para poder alojar a las personas. Las familias con niñas y niños pequeños, así como personas que presentan una situación calificada como de urgencia (familias en la calle, sujetas a persecuciones), tienen mayor posibilidad de ingresar, por un tiempo limitado, a un albergue. Sin embargo, para ello se necesita que las personas sean “detectadas” por las organizaciones, lo cual implica que tengan algún tipo de acercamiento a las organizaciones de atención a migrantes y sean canalizadas hacia los alber-</footnote>
habitaciones se suelen rentar en “cuarterías”,<fnref n="63" /> pequeños edificios de tres o cuatro pisos, divididos en habitaciones en condiciones extremadamente precarias, donde todo lo básico se renta (el colchón, los platos, los utensilios para cocinar, etcétera). Mas no todos y todas tienen los recursos económicos para alquilar esos espacios. También hay muchas personas que se van rotando entre casas de amigos o conocidos para evitar quedarse en la calle, convirtiendo cada día en una búsqueda de un lugar dónde reposar a salvo. En Tijuana, cuando los albergues están llenos y las casas amigas no disponibles, consiguen una tienda de campaña y un lugar donde instalarla, a pesar de las pésimas condiciones meteorológicas y las bajas temperaturas que puede haber en invierno en Baja California. A la búsqueda de un cuartito se agregan las necesidades de conseguir alimentos, una consulta médica, las medicinas básicas, etcétera. Esta búsqueda provoca mucha ansiedad entre las personas que se encuentran en las situaciones más extremas; ansiedad que se agrega a los distintos traumas consecutivos al viaje agotador y violento por el que pasaron para llegar hasta México.<fnref n="64" />

Para enfrentar estas situaciones de gran precariedad, muchos haitianos y haitianas muestran una capacidad de respuesta rápida. En Tapachula, como en otras ciudades del país donde están varados, tratan de insertarse lo más pronto posible en el mercado laboral. Si bien existen muchos obstáculos para que obtengan un trabajo declarado (el no tener

gues. Este punto es muy importante, ya que las capacidades de atención de las organizaciones son cada vez menores ante el aumento de la población migrante, ante la disminución de los programas de apoyo económico del ACNUR, y ante el hecho de que muchas personas no saben a quién o dónde acudir para solicitar apoyo.

<footnote n="63">⁶³ Agradezco mucho a Míriam Zamora Chávez por haber sido mi guía en Tapachula y permitirme acceder a numerosos lugares fuera del espacio público.</footnote>

<footnote n="64">⁶⁴ En varias ocasiones me topé “por casualidad” con personas que, al escucharme hablar en creol con otra persona, se acercaron para solicitar ayuda. Las conversaciones muestran la angustia, los miedos, los traumas por todo lo que vivieron en su viaje, en especial el cruce del Tapón del Darién. Hay personas que no consiguen salir del cuartito donde viven, no pueden dormir, no se atreven a ir a un centro de salud, no tienen qué comer o no tienen ropa adecuada, pañales para cambiar a los bebés, etcétera (notas de trabajo de campo, Tapachula, julio y octubre de 2021).</footnote>
la TVRH es, sin lugar a duda, el mayor de ellos), desarrollan pequeñas actividades informales pensadas en función de los tiempos de espera y de la realidad del entorno. La venta ambulante es la actividad más común: venta de diversos tipos de artículos cargados en poncheras plásticas sobre la cabeza, venta de comida callejera (café, pasteles salados, frituras), venta de platos típicos de Haití para los connacionales (arroz con habichuelas negras y salsa de vegetales o carne, huevos hervidos, etcétera), venta de ingredientes necesarios para la preparación de comida haitiana, que no son tan comunes en la comida centroamericana y/o mexicana;<fnref n="65" /> venta de bebidas (agua, sodas refrescadas en neveritas con hielo), entre otros productos. La venta se realiza tanto en el espacio público (calle, plaza) como privado ( locales alquilados a mexicanos, donde la gente puede ir a comprar el plato del día entre una variedad de distintas opciones como carne, vegetales, pescado o frituras).<fnref n="66" />

De hecho, durante el proceso de prerregistro en la COMAR, de septiembre a noviembre de 2021, en el estadio olímpico de Tapachula, se podía ver un gran número de pequeños vendedores y vendedoras ofreciendo bebidas y comida a las miles de personas que acudían al estadio. Otros se veían en los alrededores de las oficinas de la COMAR y del ACNUR en Tapachula, ofreciendo café y pastelitos fritos típicos de Haití. Los puestos son sencillos: un carrito habilitado con una canastilla para freír o una olla para mantenerlos calientes, una mesita plegable con un termo de café, unos vasitos de plástico, crema y azúcar; una carretilla

<footnote n="65">⁶⁵ Algunos tubérculos como la yautía, la yuca y el ñame; los plátanos verdes, algunas especies, hierbas, etcétera.</footnote>

<footnote n="66">⁶⁶ En el centro de Tapachula, en la zona cercana al mercado, existen varios locales de este tipo. El conocimiento del idioma creol permite ubicarlos más fácilmente, ya que jóvenes haitianos (hombres generalmente) arengan a los transeúntes en creol y los invitan a entrar en el local para conocer los diferentes “menús” del día. Como pude ver, el dueño del local nunca está muy lejos, “chequea” quién entra en el local –sobre todo si la persona no es haitiana– y averigua el motivo de la “visita”. Lo “ayuda” en su tarea, probablemente a cambio de una pequeña remuneración, un haitiano que se presenta como “el encargado del espacio” y con quien se tiene que establecer el primer contacto a la hora de querer pasar tiempo en el local y conversar con la gente –presencia que se debe negociar no sólo con el “encargado del espacio”, sino también con las demás personas– (notas de trabajo de campo, Tapachula, octubre de 2021).</footnote>
para los vegetales y los víveres; o una neverita de playa para las bebidas. Conversando con vendedores y vendedoras sobre su negocio, explicaron que habían llegado hacía poco —generalmente una o dos semanas—, y que ya llevaban varios días armando su negocio. Esto muestra su capacidad de acción y su rapidez para improvisar una fuente de recursos, sea donde sea y por el tiempo que sea.

<figure><img src="image_14.png" /><figcaption>Figura 2. Local de comida haitiana en Tapachula.</figcaption></figure>

Nota: Local de venta de comida por y para la comunidad haitiana, Tapachula, octubre de 2021. ©Fotografía: Pedro Anza/ Cuartoscuro.

Otros sectores de actividades son los restaurantes de comida haitiana, de los cuales hay varios en Tapachula y en Tijuana, sobre todo en las zonas del centro. También hay algunas discotecas disimuladas en locales “en la parte de atrás”, donde acuden jóvenes haitianos y haitianas a escuchar konpa,<fnref n="67" /> reggae y reguetón. Son negocios de personas que están más o menos establecidas en el lugar, y que hasta cierto punto tienen papeles. Dentro de estos negocios también se destacan las peluquerías, especialmente en Tapachula y Tijuana, así como espacios con videojuegos. Finalmente, otro sector donde están cada vez más presentes los haitianos es el de la construcción, en el que, según comentan los

<footnote n="67">⁶⁷ Música y baile originarios de Haití.</footnote>
lugareños mexicanos, son valorados su larga experiencia (en República Dominicana, Chile o Brasil), sus conocimientos de los oficios, su des treza, su rapidez de trabajo y también su costo, por lo general inferior al de otros trabajadores.

Estas actividades no borran ni disminuyen la angustia, la incertidumbre y la frustración que sienten las personas ante la lentitud del proceso de solicitud de refugio. Sirven para responder a las necesidades económicas inherentes a la vida, de alguna manera “suspendida”, en los territorios de la espera. El “arte del resolver” (*se demele*, en creol haitiano) las dificultades de una estancia prolongada y no deseada en México, revela no sólo la capacidad de acción rápida de los haitianos y haitianas, sino también su capacidad a (re)Crear rápidamente pequeños círculos o redes más amplias que permiten apoyo y ciertas solidarida des. Las redes se construyen sobre relaciones anteriores formadas por vínculos familiares, amistades y compañerismo en el país de origen y/o en los distintos países de estancia anterior (República Dominicana, Brasil, Chile). También se apoyan en nuevas relaciones que nacieron en el camino, “uniendo” a haitianos y haitianas por lo que vivieron durante el trayecto; en este sentido, tal vez pueda hablarse de “comu nidad de destino” (Vidal & Musset, 2015a, p. 12). La capacidad para “ resolver” descansa también sobre estas redes y, sobre todo, sobre el compartir las experiencias de quienes estuvieron antes o siguen en los lugares de la espera. Así se crea y (re)crea en los espacios de espera lo que Laurent Vidal y Alain Musset llaman un “habitus de la espera”, es decir, “un conjunto de competencias (comportamentales, sociales, etcétera) vinculadas a las situaciones de la espera que puntúan su mo vilidad” (2015b, p. 26). Y los haitianos y haitianas se apropian de un espacio de tiempo en la medida de sus capacidades.

Conclusiones

El estudio de las trayectorias de los migrantes haitianos y haitianas en México, entre 2019 y 2021, muestra las dificultades que enfrenta esta población en su búsqueda de mejores condiciones de vida (*lavi miyò*, en creol haitiano), inalcanzables en el contexto de violencia generali zada y de crisis económicas, políticas y ambientales, que conoce Haití
desde hace largos años. En esta búsqueda, se acercan a la COMAR para solicitar el refugio, como miles de migrantes de otros países que llegan a México. Los relatos de las trayectorias migratorias muestran que las categorías, casillas en las cuales las instituciones tratan de colocar a las personas –refugiados y migrantes–, no son herméticas. “El refugiado es [...] una categoría que se transforma sin cesar, con el paso del tiempo, al favor de las prioridades políticas y de los cambios en las relaciones de poder” (Akoka, 2017, p. 48).

En realidad, muy pocos haitianos y haitianas viajan con la idea de solicitar el refugio o el asilo, ya sea en México o en EE.UU. En el camino o a su llegada a México se enteran de un proceso que podría, tal vez, permitirles quedarse legalmente en México. También es en el momento de este proceso que los haitianos y haitianas exponen quizá por primera vez las razones más profundas que los empujaron a salir de Haití: la violencia estructural vinculada a la crisis política, que no parece tener fin y que los afecta todos los días (razones que no se limitan para nada al aspecto económico). Pero aquellos motivos son considerados insuficientes por la legislación internacional en materia migratoria y se les coloca en la casilla de “migrantes económicos”. Se les da, sin embargo, la ilusión de un posible cambio de estatus migratorio aceptándolos, temporalmente, en la casilla de “solicitantes de refugio”.

El recorrido por el laberinto del proceso de solicitud de refugio, casi única opción para quedarse legalmente en el país, es muy largo e implica una inmovilidad forzada que puede durar varios meses o más. La espera impuesta no resulta pura y simplemente de la cantidad enorme de trabajo y de la imposibilidad de las instituciones encargadas de gestionar la migración para hacerle frente, como pudo haber sido el caso ante la situación extraordinaria provocada por la pandemia de COVID-19. La espera ya estaba ahí antes de la pandemia.

La espera que se produce, es institucionalizada y reglamentada por las autoridades (Beriet & Dewaele, 2015, p. 37): la externalización de la gestión de la migración hace todo lo posible para disuadir e impedir que las personas migrantes continúen su viaje y lleguen a reclamar, a las puertas de Occidente, condiciones de vida dignas; es decir, sin explotación, sin violencia y sin la pobreza generalizada provocada, en gran parte, por los países del Norte Global en su carrera imparable y violenta hacia el aumento de las riquezas y el acaparamiento de los re-
cursos. La espera, nos dicen Grégory Beriet y Ambre Dewaele (2015), "se convierte en una forma objetiva y extensiva de gestionar los movimientos de población" (p. 137). Y es exactamente lo que muestran las trayectorias migratorias aquí analizadas. Es más, "la gestión de los migrantes por las autoridades implica una suspensión del proyecto de los migrantes" (Babels, 2017, p. 57), que tiene implicaciones en su relación o *rapport* con el espacio.

En efecto, la solicitud del refugio, casi única vía de regularización para estas personas, conlleva una dimensión espacial. Por un lado, la reclusión en ciertos espacios –confinamiento provocado por ciertas condiciones del proceso de solicitud de refugio (permanecer en el estado donde se inicia el proceso)– es una forma de circunscribir a las personas a un lugar en particular (Tapachula, a varios miles de kilómetros de la frontera norte) y así frenar su progresión hacia los Estados Unidos. Aparece así clara y nuevamente el peso de Estados Unidos en la región, imponiendo políticas y mecanismos de contención de los flujos migratorios a países como México, que aceptan "hacer el trabajo sucio" –al igual que el papel jugado por Turquía o Libia respecto de la Unión Europea (Babels, 2018). Por otro lado, los programas de reubicación de las personas migrantes sirven para dispersarlas y deshacer los vínculos entre quienes viajan juntas, ya que no todas serán "reubicadas" en el mismo lugar. Sirven entonces como mecanismo para replicar a la acción colectiva migrante.

Estos programas de reubicación son, además, programas del INM, cuya tarea es gestionar a los migrantes, mas no ofrecerles protección internacional. En este sentido, la investigación muestra que el INM otorga, a las personas "reubicadas" y a los y las migrantes que viajan en caravanas, visas humanitarias (TVRH) con validez de un año, pero que solamente pueden ser renovadas si la situación en el país de origen sigue siendo considerada como peligrosa al cabo del año.<fnref n="68" /> Las entrevistas con asesores legales subrayan que, en muchos casos, las personas no

<footnote n="68">⁶⁸ Entrevistas con agentes de la COMAR y asesores legales en Tijuana y Tapachula, 2021. Agregan que los agentes del INM casi no dan explicaciones sobre las condiciones e implicaciones de este documento, comparado con el proceso de solicitud de refugio.</footnote>
logran renovar su visa humanitaria bajo el pretexto de que la situación por la que salieron de su país ya no es la misma. Ello afecta particularmente a los haitianos y haitianas que llegaron a México después de haber residido en terceros países como Brasil y Chile, ya que las razones por las que salieron de esos lugares no son consideradas válidas (crisis económicas, racismo institucionalizado, imposibilidad de regularizarse, etcétera). Al mismo tiempo, se trata de una comunidad cuyos motivos para salir de su país de origen (violencia generalizada, crisis políticas, sociales, económicas y ambientales permanentes) tampoco son reconocidos como suficientes por la legislación internacional sobre el refugio.

Asesores legales de organizaciones de atención a migrantes también subrayan que, al vencer la visa humanitaria, muchos y muchas quieren solicitar el refugio, pero no pueden hacerlo porque han excedido el plazo permitido. Podemos entonces cuestionar la visa humanitaria otorgada por el INM en tanto mecanismo para impedir la solicitud del refugio. Y como un mecanismo que, aunque disfrazado de regularización temporal, produce la ilegalidad de miles de personas.

Además, en esa búsqueda del refugio que les permitiría convertirse en sujetos legales, es preciso señalar que no todos los solicitantes haitianos se pueden posicionar de la misma manera ante el Estado. Las entrevistas y el seguimiento de varios casos muestran que no todos tienen los mismos conocimientos sobre las reglamentaciones migratorias o los trámites que deben hacer. Tampoco todos tienen las mismas habilidades para moverse dentro del mundo de la administración e iniciar el proceso de regularización. Algunos logran conseguir el apoyo de organizaciones que brindan asesoría legal, pero el seguimiento de su expediente y los esfuerzos de los y las abogadas pocas veces obtienen una resolución positiva en el caso de los haitianos y haitianas. Cabe señalar también que la gran mayoría de los haitianos ni siquiera llegan a esas organizaciones por falta de conocimiento y/o de canalización efectiva. Eso conlleva a que se queden en México en una situación de gran precariedad e ilegalidad jurídica.

Sin embargo, lo que también nos enseña la migración haitiana en México es que existen grietas en esas estructuras, por las que las personas se cuelan para reinventar nuevas estrategias sociales y económicas que les permitan soportar la espera, pero también, quizás, escapar de ella –o, en todo caso, no someterse simplemente a ella sin reaccionar.
Así se pueden leer las estrategias o tácticas desarrolladas y utilizadas por los migrantes haitianos y haitianas para soportar la espera, pero también para desafiar la inmovilidad forzada y tratar de llegar a la frontera norte y, cómo no, cruzarla.

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X

El dispositivo migratorio regional
del sur de Veracruz: El migrante permitido y la
internacionalización de la atención al migrante

Odile Hoffmann

María Teresa Rodríguez López

Introducción<fnref n="1" />

El sur de Veracruz, en la vertiente oriental de México, es el área geográfica que compone el trayecto más corto hacia la frontera norte del país en su extremo oriental. Por ello, ha sido una ruta muy empleada por parte de migrantes procedentes de Centroamérica con destino a Estados Unidos. El trayecto por esta zona no es nuevo, pero aumentó y se volvió más evidente que nunca en las últimas dos décadas. Desde ahí se diversifican las vías hacia el norte, en un abanico de rutas establecidas al este, al centro y, cada vez más, al oeste del país por la ruta del Pacífico.

Desde los años sesenta y setenta del siglo veinte, El Salvador, Guatemala y Honduras se incorporaron al sistema migratorio norTEAMericano, y tuvo lugar un crecimiento notable de la población de nacidos en estos países viviendo en Estados Unidos. En la década de los ochenta, estos flujos aumentaron rápidamente debido al recrudecimiento de los conflictos armados en Guatemala y El Salvador; en el caso de Honduras, la migración se aceleró a partir de la década de

<footnote n="1">¹ Agradecemos a Catherine Bourgeois y Yerko Castro Neira la lectura y comenta-
rios a la primera versión de este texto.</footnote>
los noventa. Fue entonces cuando se sumaron nuevos movimientos de población centroamericana asociados a crisis económicas regionales y desastres vinculados a los pasos de los huracanes Mitch en 1998 y Stan en 2005. Para entonces, las redes laborales y familiares desempeñaban ya un papel importante en la direccionalidad y sostenimiento de los flujos migratorios en Estados Unidos. En lo que va del siglo XXI, esta migración se ha mantenido a un nivel elevado. La violencia social originada por la delincuencia y el crimen organizado, la acentuación del extractivismo (de minerales, recursos hídricos y monocultivos) a manos de intereses extranjeros de Norteamérica, Europa y China, que han empobrecido a las regiones rurales expulsando a sus habitantes, así como cierta anomia política alimentada por la corrupción (Mack, 2017), provocaron nuevos desplazamientos forzados de los países de la región conocida como “triángulo norte de Centroamérica” (TNCA) (Pederzini et al., 2015).

Los desplazamientos masivos de los últimos lustros dieron lugar a la visibilización del rol de México como país de tránsito y destino de migrantes temporales y permanentes. Hoy la migración está sujeta a transformaciones aun más drásticas, algunas muy recientes y coyunturales, como veremos más adelante.

En este contexto, la región sur de Veracruz toma relevancia como área de tránsito de migrantes que se proponen llegar a Estados Unidos. Desde Guatemala, entrando a bordo del ferrocarril por Chiapas o por Tabasco, las trayectorias confluyen en Medias Aguas y Coatzacoalcos. La ciudad de Acayucan se localiza a pocos kilómetros de estas poblaciones atravesadas por las vías ferroviarias, para cuyos habitantes se había vuelto habitual el tránsito de cientos de migrantes a bordo del tren –conocido como La Bestia– con destino al estado fronterizo de Tamaulipas o hacia el centro del país, para seguir de ahí hacia la frontera norte.

En los últimos años, el tren dejó de ser el principal medio de transporte, debido a la alta peligrosidad de la ruta y a los operativos oficiales para contener el flujo migratorio desde la frontera sur. No obstante, el flujo migratorio no solamente no se ha detenido, sino que se ha diversificado: hoy en día no sólo emigran hombres, en su mayoría jóvenes, como antaño, también se agregan mujeres solas o en pareja, niños, niñas y adolescentes y familias enteras. Los medios y estrategias de movilidad también se han transformado: las personas migrantes via-
jan contratando *coyotes*,<fnref n="2" /> a bordo de “combis” (vehículos usados para el transporte público) de marcas comerciales o escondidos en tráileres o camiones de carga. Quienes viajan por cuenta propia se arriesgan aun más, transitando en autobuses de pasajeros y a pie por caminos poco vigilados donde pueden sufrir asaltos, secuestros o detenciones.

A pesar de que el tren ha sido suplantado como medio de transporte, el sur de Veracruz –en particular los municipios de Acayucan y Oluta– continúa siendo lugar de paso y confluencia de migrantes. Ello se debe a varios factores, entre ellos su ubicación geográfica. Habitantes de Acayucan y migrantes se refieren a esta ciudad como: “lugar de tránsito forzado”, “llave del sureste”, “embudo orográfico” y hasta “trampa geográfica”.<fnref n="3" /> Todos estos términos apuntan a un paso obligado y una etapa decisiva, en la que los migrantes orientan su trayecto y toman resoluciones con respecto a las rutas y estrategias a seguir. Al mismo tiempo, esta ubicación geográfica también es percibida como posiblemente ventajosa y estratégica, por ejemplo, cuando los comentarios se refieren a las acciones de grupos delincuenciales con presencia en la región: “Acayucan es un lugar con muchas salidas, a todas partes, a Oaxaca, México, Tamaulipas, Veracruz, a todo el sureste [...] es tierra de cárteles, de delincuentes, con múltiples salidas hacia el norte, el sur, por mar, por la sierra, por las carreteras o por el río”.<fnref n="4" /> Es en este contexto, marcado por la dualidad, que se instalan en Acayucan desde los años 1990-2000 varias instituciones y espacios dedicados a la migración y a las personas migrantes: albergues, comedores, consulados, oficinas de

<footnote n="2">² El término “coyote”, en el contexto de la frontera México-Estados Unidos, así como de las comunidades de emigrantes al interior de México e inmigrantes asentados en Estados Unidos, denomina a un actor social que hace de intermediario y guía para cruzar clandestinamente la frontera a cambio de una remuneración económica elevada. Son considerados por los gobiernos de ambos países como traficantes de personas (Alonso, 2010) y es frecuente la violación de los derechos humanos de quienes trafican (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], s. f.).</footnote>

<footnote n="3">³ C. Escalante. Dirección General de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado de Veracruz, comunicación personal, noviembre de 2019.</footnote>

<footnote n="4">⁴ A. Delgado, antropólogo, historiador y habitante de Acayucan, comunicación personal, octubre de 2019.</footnote>
ACNUR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), entre los más importantes.

En este trabajo buscamos entender cómo se teje, en unos cuantos años, este dispositivo complejo que articula iniciativas privadas y públicas, locales y globales, borrando incluso fronteras entre estas categorías. Paralelamente a esta construcción local y regional, nos interesa analizar cómo este dispositivo se consolida como un nodo de un sistema mucho más amplio, dominado por actores internacionales como el ACNUR.

Al escribir estas líneas, tenemos dos ambiciones. La primera es describir una situación nueva, en todo caso reciente y poco conocida hasta hoy. La segunda es contribuir al debate sobre las políticas y los actores de la migración, aportando datos empíricos sobre la externalización de la frontera y la internacionalización de la acción pública en materia de migración, por un lado, y la fabricación de una diferenciación entre migrantes “buenos” y “malos”, autorizados o no, por el otro. Consideramos que ambos procesos se encuentran interrelacionados.

Por *dispositivo* entendemos el concepto propuesto por Foucault:

> Un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados cieníficos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas [...] una especie –digamos– de formación que, en un momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia.
> 
> (García Fanlo, 2011, p. 1)

El concepto permite interpretar lo que pasó a principios del siglo XXI en el sur de Veracruz, con la instalación de instituciones y entidades diversas pero vinculadas por un objeto compartido –la atención a la migración– y una característica principal –la de producir una nueva subjetividad, el “migrante permitido”. “Los dispositivos no ‘capturan’ individuos, sino que producen sujetos que como tales quedan sujetados a determinados efectos de saber/poder” (García Fanlo, 2011, p. 3).
## Apunte metodológico

Al inicio de este proyecto hay una inquietud ciudadana por el proceso migratorio en la región de estudio y residencia de ambas autoras. Nuestras investigaciones previas en la región del Sotavento (Rodríguez & Tallet, 2009; Velázquez et al., 2009) nos habían llevado a analizar las dinámicas territoriales en la larga duración como en la coyuntura más reciente. El análisis de la migración nos traía nuevos retos, tanto empíricos (quién, dónde, cuándo, cuántos, etcétera) como teórico-metodológicos.

El texto privilegia una perspectiva que da cuenta de las lógicas institucionales, entendidas a partir de las experiencias de sus actores: entrevistas, funcionarios y autoridades. Son ellas y ellos quienes fueron entrevistados y entrevistadas en prioridad, ya sea en sus espacios de trabajo (albergues, consulados, oficinas) o, en algunos casos, en espacios públicos fuera de los horarios laborables. Las principales instituciones visitadas están registradas en el cuadro 1. Son instituciones internacionales (ACNUR), federales (COMAR, INM), estatales, locales, así como de la sociedad civil, que en su conjunto constituyen el dispositivo migratorio regional.

La voz de las personas migrantes aparece principalmente a través de las de sus interlocutores, además de algunas entrevistas realizadas en los albergues y en el espacio público de Acayucan, especialmente en el parque central. No significa que los y las migrantes sean pasivos. De hecho, se insertan respondiendo de manera activa y desplegando estrategias, dando muestras de una capacidad de agencia real pero segmentada, en el sentido de que la pueden desplegar dentro de, o fuera de las distintas entidades del dispositivo migratorio institucional.

La descripción y la interpretación de este dispositivo se fundan en las observaciones y entrevistas realizadas en Acayucan, Oluta, Tierra Blanca y Coatzacoalcos a lo largo del año 2019, las cuales fueron brutalmente interrumpidas en el 2020 a causa de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. En cada una de estas localidades visitamos las instituciones dedicadas a acompañar o atender a las personas migrantes, además de realizar entrevistas en los espacios públicos y con algunos interlocutores privilegiados, es decir, habitantes locales con cierta trayectoria en estos temas (líderes culturales, algunas autoridades políticas y civiles). En total, realizamos cinco estancias con duración de una a dos semanas cada una (abril, junio, octubre y
diciembre de 2019 y febrero 2020).<fnref n="5" /> No utilizamos grabadora durante las entrevistas, sino toma de notas, transcripción al diario de campo y balance y discusión de los hallazgos al final del día.

## Cuadro 1

Principales instituciones dedicadas a la migración, presentes en Acayucan, Ver., 2019

### Instituciones federales:

Estación Migratoria de Acayucan (EMA), la segunda más grande de México, con capacidad para 836 personas; depende del Instituto Nacional de Migración (INM) y entró en funciones en 2007. En su interior se ubica una de las cuatro delegaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) a nivel nacional.

### Instituciones internacionales:

Consulado General de El Salvador, Agencia Consular de Honduras, Agencia Consular de Guatemala, oficinas de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (una de las cinco existentes en México), Asylum Access, RET Internacional.

### Instituciones de la sociedad civil:

En Oluta, municipio vecino de Acayucan, está la Casa del Migrante Mons. Guillermo Ranzahuer González, dependiente de la diócesis de San Andrés Tuxtla. En la región existen otros dos albergues, uno en Coatzacoalcos y otro en Tierra Blanca. Además, algunas residencias privadas que suelen recibir de uno a diez migrantes de forma puntual e irregular.

### Instituciones locales:

Cruz Roja Mexicana, Delegación Acayucan, Procuraduría Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (DIF), Fiscalía especializada en atención a migrantes.

En abril y mayo de 2020 procedimos a un primer análisis de las trayectorias migratorias y a un reconocimiento de las etapas de índole burocrática e institucional atravesadas por los migrantes, seguido por lecturas y algunas entrevistas complementarias que nos llevaron a este documento, finalizado en diciembre 2020.

<footnote n="5">⁵ Agradecemos el acompañamiento de nuestra colega, la Dra. Regina Martínez Casas (CIESAS, Ciudad de México), durante una de las estancias y recorridos de campo.</footnote>
En Acayucan, las personas migrantes no han aparecido públicamente actuando como colectivos más que en ocasiones específicas, como sucedió con las “revueltas” en la estación migratoria en casos de contingencia por la falta de agua e instalaciones sanitarias, en la primavera de 2019. La mayoría del tiempo aparecen más como víctimas y sujetos de las instituciones, confinados en sus papeles de “beneficiarios”, “agradecidos”, “autorizados”. Acayucan no alberga muchas instancias de la sociedad civil organizada, observadores internacionales, colectivos de abogados, comités de defensa o, en general, presencia internacional, probablemente por el carácter reciente de su constitución como nodo migratorio (a diferencia de las ciudades de Tijuana y Tapachula, donde es mucho más evidente, quizás como efecto de su ubicación en las zonas fronterizas del norte y el sur, respectivamente).

## Acayucan, contexto y pretexto

Acayucan es escenario de un paisaje migratorio diverso, compuesto por migrantes de diferentes orígenes, en tránsito, solicitantes de refugio y “asegurados” por el INM. En 2019, se encontraban, de mayor a menor cantidad: hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, cubanos, nicaraguenses, indios, cameruneses, personas de Bangladesh, de Sri Lanka, haitianos, nepalíes y pakistaníes (INM, 2019). La diversidad no sólo es de nacionalidad, también se refiere al perfil de las personas migrantes. Ya no se trata solamente de grupos de hombres en busca de aventura y trabajo, sino también de mujeres, jóvenes y menores de edad, grupos, familias e individuos que, conjuntamente, constituyen las “personas en movimiento” que transitan por la región.

Las palabras de habitantes de Acayucan evidencian que las diferencias objetivas ligadas a la historia colectiva de cada grupo, y a las trayectorias migratorias de las personas, alimentan estereotipos no exentos de racismo: “Aquí llegaron los cubanos por manadas. Los que vienen son jóvenes, con ambición. Ellos van de paso seguro a Estados Unidos, donde les esperan sus familiares. Vienen con más dinero, están más conectados”.<fnref n="6" /> “Los de Haití son muy recatados. No sueltan

<footnote n="6">⁶ Mujer de 70 años, comunicación personal, octubre de 2019.</footnote>
información. Ellos se adaptan a las reglas, guardan perfil bajo, son muy educados. Son muy delicados en cuidar su aspecto, muy tranquilos. Son conscientes [de su situación precaria] y preocupados [...] Hay un grupo étnico hondureño, garífuna, ellos no se mezclan, no entran a los albergues [...] Los guatemaltecos son más nobles, calidos, obedientes”.<fnref n="7" />

Si bien existen diferencias objetivas y subjetividades diversas, asociadas a los migrantes que llegan a Acayucan, todos tienen en común la transitoriedad y la impredictibilidad de su situación. No saben cuánto tiempo van a estar en la región y en la ciudad, un lugar que muchos de ellos sólo conocen a través de sus instituciones (la estación migratoria, los albergues) y sus calles céntricas.

El municipio de Acayucan contaba con más de 83 mil habitantes en 2010, entre ellos 7382 habitantes de hogares indígenas, repartidos en 272 localidades. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 60% de los pobladores vive en la cabecera municipal, la ciudad del mismo nombre (2010). A grandes rasgos, la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA) se ocupa en los sectores primario y secundario, y la otra mitad en el sector terciario.

Acayucan es una “ciudad ranchera”, un polo urbano que concentra y redistribuye productos y servicios, cumpliendo una función comercial y administrativa de gran importancia regional. Ubicada en la inmensa zona ganadera del sur del estado de Veracruz, ha sido cuna de grandes caciques, el más nombrado fue Cirilo Vázquez (asesinado en 2006); sus hijos e hijas ocuparon puestos políticos (alcaldías, diputaciones), además de controlar la mayoría de los circuitos de riquezas. Éstas provienen tanto de ámbitos lícitos (ganadería, comercio) como ilícitos, entre los que resalta el abigeato, el “huachicol”<fnref n="8" /> (la ciudad se

<footnote n="7">⁷ Hombre de 32 años, comunicación personal, octubre de 2019.</footnote>

<footnote n="8">⁸ La palabra “huachicol” se usa para designar el robo de gasolina con perforación de los ole PRODUCTOS, que ha llegado a constituir un fraude de gran alcance en todo el país. Una de las primeras acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la lucha abierta contra el huachicol a nivel nacional.</footnote>
ubica muy cerca de la zona petrolera de Minatitlán-Coatzacoalcos-Co-
soleacaque) y el paso de estupefacientes por lo menos desde la déca-
da de 1980 (especialmente en el municipio vecino de Playa Vicente).
Hoy la región es una de las zonas más violentas del estado, con mu-
chas desapariciones y secuestros y la presencia de numerosos actores
armados. Las personas migrantes, cuando no son víctimas directas de
exacciones, participan de este entramado del que deben protegerse sin
conocerlo.

La presencia de migrantes adquiere importancia en Acayucan
en el último cuarto del siglo xx. Con ella se instalan o cobran rele-
vancia varias instituciones dirigidas a la atención de la población mi-
grante (ver cuadro 1), particularmente a partir de la "crisis migratoria
centroamericana" de 2010; ésta coincidió con la Ley Nacional de
Migración, emitida por el gobierno mexicano en 2011, en respuesta
al aumento de la migración y al incremento de la violencia y las vio-
laciones de derechos humanos de los y las migrantes (Pederzini et al.,
2015). En la cabecera municipal se concentran las instituciones de
carácter local, nacional e internacional mencionadas en la introduc-
ción de este trabajo.

Entre los años 2018 y 2019, dos eventos importantes desem-
bocaron en una nueva “crisis migratoria” en México: las caravanas
de migrantes centroamericanos, por un lado, y el viraje de la política
migratoria mexicana, por el otro. A fines de 2018 y durante los pri-
meros meses de 2019, las caravanas de migrantes irrumpieron en los
escenarios geográficos y políticos de la migración en México; primero,
al rebasar a la administración migratoria fronteriza en el sur del país
–miles de migrantes se reunieron y atravesaron la frontera sin presen-
tar documentación alguna– y, después, al imponerse como sujeto co-
lectivo móvil, movedizo, fluido, difícil de encuadrar y categorizar (“la
oleada”).<fnref n="9" /> Las caravanas eran portadoras de demandas claras (derecho

<footnote n="9">⁹ Las cifras difieren, pero hubo por lo menos seis caravanas, con diferentes convocatorias y grados organizativos. La primera de ellas tuvo lugar el 12 de octubre de 2018, la segunda el 21 de octubre, la tercera el 2 de noviembre, la cuarta el 18 de noviembre, la quinta el 15 de enero de 2019 y la sexta el 15 de abril del mismo año (Arista, 2019).</footnote>
al libre tránsito reconocido por México) y reclamos igualmente claros (denuncias de extorsiones, secuestros y abusos a los derechos humanos ejercidos en especial por parte de representantes de la autoridad, especialmente hacia las mujeres y los niños). Las caravanas representaron un fuerte reto para México, a tal grado que el país pidió apoyo a la ONU en octubre 2018 para implementar el programa de “retorno voluntario asistido”, un eufemismo para hablar de contención y expulsión. Aún en el año 2020, ha habido intentos de ingresos de caravanas a México por la frontera con Guatemala (atravesando el río Suchiate), las cuales han sido fuertemente reprimidas por la Guardia Nacional. Cuatro de estas caravanas pasaron por Acayucan.

> El verdadero choque fueron las caravanas de finales 2018 y principios de 2019. Hubo cuatro caravanas que pasaron por Acayucan, la más fuerte en octubre-noviembre de 2018. El hotel estaba lleno de periodistas. Había un puesto de socorro en Sayula. Se hizo un albergue improvisado en el mercado vacío, y otro en el Greco (unidad deportiva), para 2 mil o 3 mil personas. Ahí estaban el Ayuntamiento, Médicos Sin Fronteras (ahí sí apoyó para la cuestión de salud). También el Movimiento Migrante Mesoamericano, pero no hicieron nada, sólo hablar con los medios.<fnref n="10" />

Muchas instituciones y asociaciones civiles de Acayucan se movilizaron para contribuir con ropa, comida y otras formas de apoyo:

> En la primera caravana tuvo mucho apoyo de la población. En la segunda y tercera ya no, sólo de las iglesias. Hubo problema de alimentación, pasaron hambre. Algunos pusieron desorden, fue un problema. Fue cuando la crisis de hacinamiento en la estación [migratoria]. Según una responsable de albergue, “estas caravanas representaron un quiebre [en la atención al migrante en la región]”. La caravana vino a perjudicar a la migración, al

<footnote n="10">¹⁰ Trabajadora del albergue Monseñor Ranzahuer, comunicación personal, noviembre de 2019.</footnote>
endurecerse las condiciones, cerrarse la frontera, cuando llegó
la Guardia Nacional.<fnref n="11" />

El segundo acontecimiento “fundador” de la nueva política migratoria mexicana fue la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al chantaje de Donald Trump del 7 de junio de 2019. El presidente Trump planteó que, si México no cooperaba para controlar y reducir el ingreso de migrantes a Estados Unidos, su gobierno impondría aranceles a las importaciones de productos mexicanos. Después de negociaciones, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, en representación del presidente López Obrador, accedió a las exigencias estadounidenses.

A partir de entonces, el gobierno de México empezó a cerrar la frontera sur, desplegando a agentes de la Guardia Nacional y armando y deportando a miles de personas indocumentadas. Con ello se marcó una ruptura brutal con la política que el presidente en turno había anunciado en su campaña y que había empezado a seguir en los primeros meses de su gobierno, a saber, una “política migratoria humanitaria”, basada en dos premisas fuertes: el libre tránsito –inscrito en la Constitución Mexicana– y la defensa de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su origen, procedencia o estatuto migratorio. De un día para otro se agudizó la vigilancia en la frontera sur, se multiplicaron las redadas, los retenes, los aseguramientos y las deportaciones. Se desplegaron miles de soldados de la Guardia Nacional (recién creada en medio de una controversia aguda) con la finalidad de detener el cruce de migrantes, demostrando la prioridad de la política de control y seguridad sobre la de regulación y acompañamiento de las migraciones que se había anunciado pocos meses antes.

Estos dos acontecimientos, evidentemente vinculados, hicieron colapsar el dispositivo regional de atención a la migración. La estación migratoria de Acayucan se convirtió en un centro de detención masiva. En julio de 2019, la prensa registró que en dicha estación se encontraban retenidas más de tres mil personas en condiciones higiénicas deplorables,

<footnote n="11">¹¹ Trabajadora del albergue Monseñor Ranzahuer, comunicación personal, noviembre de 2019.</footnote>
cuando su capacidad es para 800. Hubo quienes estuvieron hasta cuarenta días prácticamente incomunicados, presionados por el INM para que optaran por la deportación voluntaria (El Heraldo de México, 2019).

## “Caer” en la Estación Migratoria de Acayucan: adversidades y disyuntivas

La Estación Migratoria de Acayucan (EMA) está situada a 6.8 kilómetros al norte de la ciudad de Acayucan, sobre la carretera costera del Golfo. Para acceder al edificio, imponente, rodeado de muros altos, con un pesado enrejado al frente y acceso vigilado, es preciso mostrar identificación oficial y justificar la visita. Pasando el estacionamiento, se encuentra una segunda caseta de seguridad; antes de ingresar al interior de la estación, se procede a un segundo registro. La EMA es la segunda más grande del país, después de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. Tiene cupo para 836 personas en un área de 20 mil metros cuadrados. Hasta ahí se transfieren migrantes que fueron “asegurados” y detenidos en otras delegaciones del INM en distintos puntos del país.

Los términos usados por las instituciones y sus funcionarios ilustran el esfuerzo constante de eufemización del fenómeno de contención autoritaria de la migración. El personal del INM, por ejemplo, habla de las personas que están “aseguradas” (no “detenidas”) después de que hayan sido “rescatadas” (no “arrestadas”) y luego “presentadas”. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el INM mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal en la EMA de un extranjero que no acredita su situación migratoria (Ley de Migración). Nos dice un joven que trabaja en el albergue de Oluta: “Cada mes, ACNUR canaliza [hacia el albergue] a las personas que liberan de la Estación. Ah no, perdón, no las “liberan” pues no están “detenidas” sino resguardadas, aseguradas, rescatadas”.<fnref n="12" />

El edificio de la EMA es de dos plantas, con varias estructuras conectadas entre sí. En la planta superior se ubican las oficinas administrativas del INM y, en la parte de abajo, se ubica la garita por la que ingresan las personas “aseguradas” o detenidas. Algunas personas migrantes se acercan

<footnote n="12">¹² R. M., comunicación personal, 10 de diciembre de 2019.</footnote>
a la EMA y se “tiran” o “se entregan” voluntariamente para ingresar al programa de deportación. Esta decisión está relacionada con las dificultades que han encontrado para llegar a Estados Unidos; muchas de estas personas son víctimas de violencia por parte de grupos del crimen organizado y de violaciones a sus derechos humanos, y “prefieren” –no les queda más opción– regresar a sus países de origen. Sin recursos para lograrlo por sí mismos, la única forma es solicitar el “retorno” (la deportación).

El espacio principal de la estación se denomina “población”: es el sitio donde se concentran las personas migrantes aseguradas, quienes son ubicadas en diferentes áreas de acuerdo con el sexo y la edad. El área de población masculina cuenta con dos entradas: una lleva a las “celdas” y la otra al área de las regaderas, los sanitarios, el comedor y el patio central. Se encuentra un segundo patio en el que hay dos canchas que pueden ser utilizadas para jugar básquetbol o futbol, y en una de las orillas hay mesas con sillas que, por lo general, son usadas para jugar cartas (Andrade et al., 2017). En esta zona se encuentra un sitio especial para hombres que llevan consigo hijos menores de edad. También se localiza un área para adolescentes no acompañados.

En el área de población femenina se ubica a las mujeres con hijos e hijas menores de 12 años. El acceso está controlado por dos guardias femeninas. Un corredor conduce a los cuartos –más bien celdas–, pero es evidente que dicho corredor sirve también de dormitorio, pues ahí, a ras del suelo, se encuentran varias colchonetas donde descansan mujeres y niños pequeños. A un lado del pasillo se ubica el acceso a un salón de juegos para los niños y niñas, quienes son atendidos diariamente, por unas horas, por personal del DIF municipal.

Las condiciones de la detención son muy difíciles. La estación de Acayucan ha sido denunciada por sus malos tratos y su estructura carcelaria. Se han registrado condiciones de hacinamiento, carencia de atención médica y psicológica, falta de higiene en el área de regaderas y sanitarios, alimentos en mal estado, de mala calidad o que no toman en cuenta las diferencias culturales, insectos en las colchonetas y un calor sofocante dentro de las instalaciones (Andrade et al., 2017; CNDH, 2019).<fnref n="13" />

<footnote n="13">¹³ Aquí no ha llegado ni el material de recepción (desde camas, ropa, comida) ni la tecnología (sistemas de identificación, lectura de iris, comprobación de datos de</footnote>
Dentro del recinto suele haber riñas entre las personas aseguradas, así como el hurto de las pocas pertenencias de los y las detenidas. Un joven cubano al que entrevistamos en Acayucan, en octubre de 2019, nos relató que estuvo siete días en una zona de confinamiento –"el calabozo"– por haber reñido con un migrante salvadoreño. También se han registrado amotinamientos y quema de colchonetas en protesta por las condiciones de hacinamiento e insalubridad. Entre julio y agosto de 2019, en el momento de contingencia migratoria del que hablaremos más adelante, la estación estuvo rebasada; llegó a albergar hasta tres mil personas, más del triple de su capacidad. Muchas de estas personas tuvieron que permanecer día y noche en las áreas descubiertas a temperaturas muy altas, sin agua y sin comida suficiente.

Son frecuentes las denuncias de violación a derechos humanos. Personal del albergue Monseñor Ranzahuer, de la diócesis de San Andrés Tuxtla, informó en entrevista que el INM suele discriminar a los portadores de VIH, dándoles hoja de salida sin orientarlos acerca del camino a seguir para ser atendidos. Las quejas rebasan al Instituto de Nacional de Migración. De acuerdo con datos recabados por la organización civil Insyde en 2015 (es decir, antes de la contingencia mencionada), las personas entrevistadas en la EMA manifestaron falta de atención por parte de sus representantes consulares e incluso de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) (Andrade et al., 2017). Más allá de las prácticas denunciadas, la defensa de los derechos humanos conlleva una fuerte potencia política para las luchas migrantes.

La situación empeora en momentos de crisis, como ha ocurrido con la pandemia de COVID-19. A fines de abril de 2020, frente al riesgo de contagio, los funcionarios de la EMA trataron de vaciar sus instalaciones y liberaron a las personas migrantes otorgándoles una simple visa temporal o constancia de solicitud de refugio, sin acompañamiento. Fue así como, el 28 de abril, 74 migrantes fueron trasladados de la EMA al albergue Monseñor Ranzahuer de Oluta, bajo la advertencia a su personal de que los dejarían en la calle si el albergue no los recibía (Zamudio, 2020).

<footnote>nacimiento, pulseras con GPS, etcétera) que llegan a contribuir a una economía política de la seguridad en Estados Unidos.</footnote>
Cuando ingresan a la estación, las personas migrantes reciben información sobre su situación legal y se les dan a conocer las opciones con que cuentan a partir de ese momento, tanto por parte de funcionarios del INM como por entidades especializadas y avaladas por dicha institución: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONG internacional Asylum Access y el ACNUR. Las personas provenientes de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) son atendidas por sus consulados, que tienen acceso a la EMA y cuentan con un espacio donde proceden diariamente al registro de connacionales que se encuentran ahí, expidiendo documentación y llevando a cabo los requerimientos necesarios.

La etapa de detención en la estación migratoria –según lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Migración– puede prolongarse hasta quince días, en tanto se resuelve el procedimiento administrativo migratorio; sin embargo, dicha privación de la libertad puede extenderse hasta por sesenta días hábiles en los casos en que no exista información fehaciente sobre la identidad y/o nacionalidad, o que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de documentos de identidad o viaje; o bien a causa de enfermedad o discapacidad física o mental –médicamente acreditada– que imposibilite viajar a la persona migrante (CNDH, 2019). Según la mayoría de las personas con quienes conversamos, las estancias en la EMA suelen extenderse varias semanas.<fnref n="14" /> Estos tiempos de extensión variable transforman la estancia migratoria en un “territorio de la espera”, marcado por la incertidumbre y constituido de dimensiones múltiples, desde lo psíquico hasta lo político, pasando por lo emocional y lo económico; esto lleva a ciertos autores a entender la espera como un hecho social total (Vidal & Musset, 2016).

Durante esta etapa, la persona migrante está “alojada” en la estación migratoria, sin derechos claros una vez que rebasa la duración

<footnote n="14">¹⁴ Esta duración puede ser menor para las personas guatemaltecas, quienes son deportadas más rápidamente, debido a que por lo general no piden refugio y pueden ser trasladadas por vía terrestre hasta la frontera: “Los guatemaltecos no piden refugio; quieren estar o en Estados Unidos o en Guatemala [...] No se quieren quedar en México, salvo los que se quedan con una pareja, o por embarrazarse y tener su hijo aquí” (Cónsul de Guatemala en Acayucan, comunicación personal, diciembre de 2019).</footnote>
legalmente estipulada. Su detención no es penal, ya que, de acuerdo con la Ley General de Población de julio de 2008, no se debe sancionar penalmente el ingreso o permanencia no documentada de personas en contexto de migración internacional (CNDH, 2019). Es decir, la migración irregular no se considera un delito sino una falta administrativa. Pero, en la práctica, las personas migrantes en situación irregular se quedan privadas de libertad por decisión del INM. El trato, el vocabulario, la organización del espacio, todos los ámbitos de la estación migratoria remiten al universo carcelario. Así es como, en la práctica institucional que asimila falla migratoria y delito, se viene construyendo la criminalización de la migración fuera de cualquier marco jurídico o legal.

Durante su detención, las personas migrantes son interrogadas por “el jurídico” (el Departamento Jurídico de la EMA). En este departamento se decide, para cada migrante, una de tres opciones: la deportación a su país de origen, la orientación hacia la COMAR en caso de que decidan solicitar la condición de refugiado o la regularización de su estancia en México. Es el paso fundamental para el futuro de la persona migrante, la primera selección que define la categoría a la que pertenecerá –en los registros, los informes, los censos– a partir de este momento. Así es como lo refleja este comentario: “En la estación, lo primordial es el jurídico, el que te abre el camino hacia la COMAR. A veces tarda entre 60 y 75 días antes de [dejarte] salir”.<fnref n="15" />

Los criterios para definir en qué categoría quedará la persona migrante son varios y pueden cambiar de un momento a otro, según las condiciones políticas y migratorias. Un primer criterio se refiere a la nacionalidad, como se verá más abajo. Otro a la solicitud de refugio –realizada o no– por la persona migrante. Otro criterio remite a la vulnerabilidad que puede ostentar. De confirmarse esta última condición, la regularización debe ser inmediata, siguiendo el artículo 133 de la Ley de Migración, que especifica que las personas reconocidas como *vulnerables* son automáticamente regularizadas. Las causas de vulnerabilidad son variadas: padecimientos físicos, ser adulto o adulta mayor, embarazo, violación, mutilación, acoso, etcétera. El certificado de vul-

<footnote n="15">¹⁵ Habitante de Acayucan, comunicación personal, octubre de 2019.</footnote>
nerabilidad es proporcionado por la institución correspondiente según el motivo: Instituto Nacional de las Mujeres, Fiscalía de Atención al Migrante, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Registro Civil, o alguna autoridad del sector salud, entre otras. Es decir, la condición de vulnerabilidad no corresponde a una instancia migratoria ni jurídica particular, cualquier administración puede atestiguarla. Sin embargo, muy pocas instituciones, funcionarios y personas migrantes conocen este procedimiento.

La regularización se da mediante el otorgamiento de una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, otorgada a las personas migrantes vinculadas o conectadas a una situación de riesgo, conflicto, inestabilidad o peligro para sus derechos básicos en su lugar de procedencia, así como a quienes hayan acreditado la situación de vulnerabilidad. Esta disposición, cuyo plazo de vigencia era de un año anteriormente (ahora es solamente de cuatro meses), fue alentada en los primeros meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteaba otorgarla de manera más amplia entre la población migrante. Sin embargo, quedó en un segundo plano a partir del giro en la política migratoria en junio de 2019.

Cuando una persona no dispone de identificación reconocida como válida (creíble, autorizada) que compruebe su origen, el INM procede a una modalidad temporal de regularización que impide su detención y deportación. La administración mexicana proporciona un permiso temporal denominado “oficio de salida”, el cual supuestamente se mantiene vigente durante el tiempo necesario para su tránsito por el país, casi siempre hasta Estados Unidos. Este oficio de salida regulariza –de manera transitoria– el estatuto migratorio de las personas indocumentadas. Se ha convertido en una opción para numerosas personas migrantes que no declaran su nacionalidad, o lo hacen de forma poco convincente a ojos de la administración,<fnref n="16" /> y evitan así la deportación. Este oficio también sirve para ciudadanos oriundos de países que no tienen acuerdos de deportación con México. Existen otras opciones

<footnote n="16">¹⁶ Por ejemplo, declarando ser originario u originaria de países que no cuentan con consulados a los cuales pueda acudir la administración mexicana para comprobar sus declaraciones.</footnote>
más específicamente dirigidas a los nacionales de países fronterizos, como son las Tarjetas de Visitante Regional, que se expiden a personas originarias de Guatemala y Honduras en los puntos de ingreso en la frontera sur de México, permitiéndoles una estancia temporal en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

La estación migratoria funciona como un filtro administrativo para distinguir entre una minoría de migrantes regularizados (aquéllos que serán deportados, los no autorizados para permanecer en territorio mexicano) y los solicitantes de refugio que permanecen como “migrantes autorizados” por el tiempo que dure el trámite. De manera que las personas detenidas en situación migratoria irregular no tienen más opción que solicitar el refugio, si desean volverse “migrantes autorizados” y evitar la deportación. Para poder salir de la EMA, tienen que “llegar a la COMAR”.

## El largo camino en la COMAR

Es posible acceder a la COMAR por dos vías: desde el área de “población” en la estación migratoria –es decir, los cuartos de detención–, cuando así lo decide el departamento jurídico del INM, o por decisión propia, cuando las personas migrantes se acercan directamente a la COMAR para solicitar refugio. Sin embargo, en realidad casi nadie recurre a esta última opción, por lo menos en Acayucan, ya que las instalaciones de la COMAR están ubicadas en el interior de la propia Estación Migratoria que, como vimos, funge como centro de detención con acceso sumamente restringido y vigilado. Esta situación es calificada de “absurda” por un alto funcionario de la política migratoria en Veracruz: “Es una absurdidad. ¡Nadie se va a atrever a pedir apoyo a la COMAR, en el lugar mismo donde los detienen!”.<fnref n="17" /> El propio responsable de la COMAR en Acayucan lamenta esta situación y aboga por un traslado de las oficinas a cualquier otro lugar de la ciudad o de la región.

Las personas migrantes que llegan a la COMAR aspiran a ser reconocidas como refugiadas y deben convencer al personal de que cum-

<footnote n="17">¹⁷ Comunicación personal, noviembre de 2019.</footnote>
plen con las condiciones para ello.<fnref n="18" /> El procedimiento completo consta de dos etapas principales. En la primera etapa se define si se otorga o se niega el estatuto de *solicitante de refugio*. La elegibilidad puede ser “automática” (*prima facie*), para personas provenientes de países considerados de alto riesgo por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite mensualmente un listado de los países con riesgos para sus nacionales.<fnref n="19" /> En otros casos, la elegibilidad se evalúa mediante varias entrevistas en las que la persona solicitante presenta argumentos y convence a los funcionarios de que fue y es víctima de determinados riesgos o peligros en su país. Las personas originarias de algunos países obtienen casi automáticamente su constancia de solicitantes de refugio e incluso la condición de refugiados, como es el caso de Venezuela. Otras, por el contrario, lo consiguen muy rara vez, como los cubanos.<fnref n="20" /> Otras más se quedan detenidas durante largas semanas en la EMA –las provenientes de África, por ejemplo–, mientras que otras pueden salir de inmediato acudiendo a sus consulados (como quienes proceden de Guatemala, Honduras y El Salvador). En los casos en que los funcionarios de la COMAR consideran las pruebas insuficientes, se niega el estatus de refugiado –varias

<footnote n="18">¹⁸ La Declaración Universal de la ONU de 1951 define como refugiadas a aquellas personas que tienen fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.</footnote>

<footnote n="19">¹⁹ La declaración de Cartagena de 1984 es un texto sobre refugio de amplitud regional para América Latina y suscrito por México, que incluye los contextos de desestabilización de los países como un criterio de elegibilidad del estatus de refugiado. En 2019, México reconoció a Honduras y El Salvador como parte de esta definición; Venezuela ya lo era, Haití no. Los nacionales de esos países son prioritarios y automáticamente aceptados como refugiados (*prima facie*). Para evaluar los riesgos y situaciones de los países, hay concertación (no formal) entre SEGOB, SRE, COMAR y ACNUR, donde cada organismo aporta sus competencias y *expertise* (D. Anzueto, delegado de la COMAR en Acayucan, comunicación personal, 9 de diciembre de 2019).</footnote>

<footnote n="20">²⁰ Los cubanos tienen una tasa de obtención de refugio muy baja (21% en 2019), pues casi siempre logran llegar a Estados Unidos antes de concluir el trámite (D. Anzueto, delegado de la COMAR en Acayucan, comunicación personal, noviembre de 2019).</footnote>
apelaciones son posibles, como veremos más adelante– y la persona migrante sigue en situación irregular.

Si se otorga el estatuto de *solicitante de la condición de refugiado*, la persona recibe una constancia y una identificación o Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal.<fnref n="21" /> Estos documentos le permiten trabajar en México y le garantizan que no será deportada, pero con la condición de permanecer en el estado de Veracruz hasta obtener la resolución de su solicitud. Dicha resolución, en teoría, no debería tener más de tres meses; durante este tiempo, la persona solicitante debe presentarse una vez por semana a firmar en la EMA.

Mientras tanto, la COMAR estudia el caso para decidir si se otorga o se niega la condición de refugiado o refugiada. Supuestamente, la COMAR cuenta con 45 días hábiles para resolver un caso (excepcionalmente 186 días). Si se les niega la condición, las personas solicitantes pueden solicitar un recurso de revisión que deberá ser resuelto en treinta días. Si éste también se les niega, tienen la opción de recurrir al recurso de nulidad que tendrá que resolverse en un plazo de 186 días (cuatro meses y medio), o bien recurrir a un amparo que tardará otros treinta días. Mientras siguen este proceso (que puede durar meses), las personas solicitantes no pueden ser deportadas. Si ninguno de estos recursos procede, algunas de ellas recurren a la justicia por violación de sus derechos, iniciando otro ciclo de procedimientos legales que siguen impidiendo la deportación. Sin embargo, pocas son las personas que siguen caminos tan largos y tortuosos; la mayoría se desespera por el tiempo, la energía y los recursos que invierten. Desisten de las opciones legales y siguen su camino hacia la frontera norte en calidad de migrantes en situación irregular.

En este largo itinerario en la estación migratoria, y luego durante su interlocución con la COMAR, el punto medular para la persona migrante consiste en elaborar y presentar un relato convincente de su vulnerabilidad o de los riesgos a los que se enfrentaría al regresar a su país. Estos relatos se dirigen a los funcionarios del INM ("el jurídico"

<footnote n="21">²¹ Esto ocurre en Veracruz, pero no todas las entidades federativas siguen el mismo procedimiento. Por ejemplo, Oaxaca no proporciona CURP a los solicitantes de refugio.</footnote>
que otorga o no la categoría de “solicitante”) o de la COMAR (los entrevistadores, que otorgan o no la condición de refugiado o refugiada). Se presentan en entrevistas individuales (no familiares) en las que los entrevistadores intentan hacer un diagnóstico y evaluar la elegibilidad y credibilidad de la solicitud.

Para la persona migrante, la construcción de las narrativas se basa en tres elementos fundamentales. Primero están “los papeles”, es decir, las pruebas que la o el migrante puede ostentar para apuntalar su relato y que pueden ser fotografías, artículos de prensa, documentos de identidad, oficios. Muchas veces estos papeles ya no existen, algunos se pueden reencontrar en internet o en archivos, otros no. El segundo elemento es la narrativa misma que las personas solicitantes construyen sabiendo (o creyendo saber) qué tipo de “explicación” es más o menos bien recibida en el momento de la entrevista. El tercer elemento que hace posible la construcción de las narrativas lo constituyen “los aliados”, es decir, todos aquéllos que ayudan a las y los migrantes en esta fase particularmente difícil. Se trata sobre todo de apoyo material: alojamiento, alimentación, atención a la salud, educación y empleo. En Acayucan, varias asociaciones privadas y servicios públicos aportan sus recursos, como lo vimos al inicio de este texto: el DIF municipal, el hospital de la Cruz Roja, las iglesias, varias ONG, algunas agencias internacionales, algunos particulares y los albergues, entre otros. El caso de ACNUR merece análisis a parte (ver más adelante). En Acayucan y la región, los albergues y comedores (tres de ellos con cierta trayectoria, dos más precarios) constituyen sin duda los espacios que hacen posible la vida de los y las migrantes en su *face-à-face* con las instituciones.

Además del apoyo material, el albergue Monseñor Ranzahuer de Oluta proporciona un apoyo jurídico mediante el cual la persona migrante va elaborando su relato con la asesoría de un especialista en orientación y representación legal, conocido como “paralegal”. En este caso, el paralegal fue contratado por ACNUR en el marco de un programa piloto nacional que cuenta con 25 paralegales a nivel nacional, para brindar asesoría a las personas alojadas en el albergue en espera de resolver su situación.

Las personas que obtienen el reconocimiento de su condición de refugiadas deben gestionar la Tarjeta de Residencia Permanente en la delegación del INM en la ciudad de Veracruz o en Coatzacoalcos. Esta
condición les otorga los mismos derechos que a cualquier ciudadano mexicano, salvo el de votar.

La COMAR puede extender una “protección complementaria” para las personas solicitantes que no logran adquirir la condición de refugiadas; se trata de un estatuto intermedio que otorga la residencia permanente, es decir, la protección consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo con lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011.

En resumen: una vez abierto un expediente de solicitud de condición de refugiado, la COMAR cierra los casos en tres situaciones:

- Con la resolución (positiva, negativa o de protección complementaria).

- Por abandono (si la persona solicitante omite firmar por dos semanas o sale del estado de Veracruz sin permiso).<fnref n="22" />

- Por desistimiento de la persona solicitante.

La incapacidad de las instituciones para cumplir con sus obligaciones está en el centro de los comentarios de personas migrantes, pero también de los responsables de los programas y de los mismos funcionarios: faltan recursos, falta personal, falta tiempo, falta conocimiento y capacitación. Ya vimos las insuficiencias del INM, en particular de la EMA. La COMAR en Acayucan también es objeto de muchas críticas por parte de las personas solicitantes de refugio. Es una de las cuatro oficinas de la institución a nivel nacional y su capacidad de operación es débil,<fnref n="23" /> con sólo 25 agentes, entre ellos solamente ocho oficiales de protección (quienes otorgan la elegibilidad). La oficina de la COMAR en Acayucan tiene a su cargo la cobertura de los estados

<footnote n="22">²² En este caso, pueden reiniciar solicitudes en otro estado de la República.</footnote>

<footnote n="23">²³ Las tres restantes se ubican en la Ciudad de México, Tapachula, Chiapas y Teno-sique, Tabasco. La COMAR está presente, además, en las instalaciones del INM en varias ciudades del país: Monterrey, Nuevo León, Tijuana, Baja California y Palenque, Chiapas (COMAR, 2020).</footnote>
de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca y Veracruz, por lo cual requeriría mayores recursos humanos y financieros para dar un seguimiento mucho más eficiente y expedito a las solicitudes de refugio. Del 1 de enero al 9 diciembre de 2019, la COMAR en Acayucan atendió 2334 casos, correspondientes a 5100 personas solicitantes.<fnref n="24" /> Fueron resueltos 877 casos (802 positivos, 72 negativos). Hubo 490 casos de abandono por parte de los solicitantes y 80 desistimientos del proceso. Quedaban 887 en curso, un número casi igual al de los casos resueltos en un año.

La dupla INM/COMAR constituye la base de la política migratoria mexicana; ambas instituciones atienden a las personas migrantes requiriendo la documentación que compruebe su estatus migratorio, aunque con fines distintos (el control para el INM, la regulación para la COMAR). Cooperan en el primer nivel de atención; en Acayucan comparten incluso el espacio físico de sus oficinas. Ambas entidades se ubican en el mismo nivel administrativo: son órganos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Sin embargo, no son iguales; están inmersas en juegos de poder y relaciones desiguales en las que el INM ostenta mucha mayor fuerza política y capacidad de acción. Como lo señala la jefa de la oficina de ACNUR en Acayucan, a finales de 2019: "El gobierno privilegia la detención, el control –claramente– y no la regulación migratoria. El presupuesto anual es de 1500 millones de pesos para el INM y apenas 25 millones para la COMAR".<fnref n="25" />

El trato que se le da a una persona en situación migratoria irregular varía según su nacionalidad, dependiendo de si su país mantiene algún acuerdo migratorio con México, si este acuerdo contempla la deportación, en qué condiciones, etcétera. La nacionalidad es el principal filtro –después del de vulnerabilidad, que supuestamente es universal– para orientar el trato administrativo de una persona migrante en situación irregular. Es por ello que se vuelve relevante el papel de los consulados.

<footnote n="24">²⁴ D. Anzueto, comunicación personal, 9 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="25">²⁵ A. Méndez, comunicación personal, diciembre de 2019.</footnote>
El papel de los consulados: ¿antagónicos o aliados del INM y la COMAR?

Antes del año 2010, los consulados de los países de Centroamérica tenían su sede principal en la capital mexicana, y otra más en la ciudad de Veracruz, principal puerto de entrada al país; contaban con personal reducido que tenía como principal encomienda resolver problemas administrativos, judiciales o jurídicos de sus connacionales. Sin embargo, a partir del incremento de la migración centroamericana, los consulados y agencias consulares se vieron obligados a dedicar la mayor parte de su tiempo a la documentación de los migrantes detenidos por el INM en alguna etapa de su viaje al norte.

En coordinación con el INM, que les trasmite la lista de personas “aseguradas”, el personal consular registra a las personas detenidas, les proporciona la documentación indispensable y, en caso de deportación, supervisa el proceso de retorno a su país.<fnref n="26" /> La tarea de documentar a las personas “aseguradas” se volvió tan importante a finales de la primera década del siglo XXI, que los consulados más requeridos tuvieron que trasladar sus oficinas desde el puerto de Veracruz hasta Acayucan para atender a los migrantes detenidos. Así fue como llegaron a Acayucan las agencias consulares de El Salvador y de Guatemala en 2009, hoy en día consulados con instalaciones propias. La agencia consular de Honduras se instaló en el año 2011, en el Palacio Municipal de Acayucan. Por tanto, fue el aumento de los flujos migratorios, articulado con la violencia ejercida en contra de los migrantes, lo que llevó a la mayor implicación de los consulados en la gestión de los migrantes en México y en particular en Acayucan.

La cónsul de El Salvador señala en entrevista: “En 2006 respondimos juntos, con Guatemala y Honduras, al aumento de migración

<footnote n="26">²⁶ Este es un proceso administrativo calificado de “retorno” o “repatriación” de quienes no han obtenido la Tarjeta de Estancia de Visitantes, la visa humanitaria o solicitado refugio. La categoría de “deportados”, de uso común entre las personas migrantes, en rigor no aplica, pues califica a quienes son devueltos a su país por decisión judicial, lo cual no es el caso de los “retornados”, que han cometido un delito administrativo. Sin embargo, la brutalidad del trato justifica por sí solo el uso de la categoría de “deportación” en el lenguaje común.</footnote>
de estos años. Era la ruta del Golfo, con un alto porcentaje de salvadoreños [...] Había muchos delitos contra migrantes, desaparecidos, violaciones; Veracruz era *foco rojo*, a todo lo largo de la ruta del tren: Tierra Blanca, Agua Dulce, Medias Aguas”.<fnref n="27" /> Por su parte, el agente consular de Honduras declara:

> Aquí es una región sumamente violenta. Coatzacoalcos es una de las diez ciudades más violentas del mundo [...] Con los consulados de El Salvador y Guatemala trabajamos juntos ciertos temas, como los aseguramientos masivos; las violencias y violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades y el desconocimiento de los textos y procedimientos por agentes del gobierno, por ejemplo, la Guardia Nacional.<fnref n="28" />

Aquí vale precisar que la Guardia Nacional ha sido foco de polémica desde su creación, al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019; fue concebida para proporcionar mayor seguridad pública al unir las fuerzas de los tres niveles de gobierno, integrando efectivos de la Policía Federal Preventiva, la Policía Naval y la Policía Militar. Muchas críticas se elevaron frente a lo que se consideró una violación a la autonomía de cada nivel de gobierno en su política de seguridad, y una inevitable militarización de la seguridad pública. Se temía que desembocara en mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales, aumentando la inseguridad en lugar de combatirla. De hecho, a un año de su creación, ha sido objeto de varias denuncias de la CNDH por violaciones de derechos humanos, incluidas acusaciones de abusos contra migrantes, tortura y detención arbitraria (Gandaria, 2020). La Guardia Nacional está muy presente en el sur de Veracruz para controlar las principales rutas; en octubre de 2020 se inició la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en la región.

Los tres responsables consulares entrevistados mencionaron que la situación de los migrantes ha mejorado, pero sigue extremadamente complicada. Los abusos del INM en contra de las personas migrantes

<footnote n="27">²⁷ Acayucan, 10 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="28">²⁸ Cónsul de Honduras, 13 de diciembre de 2019.</footnote>
es uno de los problemas, pero no el único, como señala el cónsul de Guatemala en Acayucan:

[...] no tanto en Acayucan, pero sí, de manera muy grave se dan abusos de los agentes migratorios en el norte, en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. Ahí les quitan dinero, celulares [...] entre los de la autoridad, muchos actúan como unos profesionales, pero otros no, hay mucha corrupción. Los abusos también se dan entre los propios migrantes: hay pandilleros, maras, cárteles. Los *coyotes, polleros*, al inicio son conocidos, pero pronto pierden el control y el tráfico deviene trata (10 de diciembre de 2019).

Los consulados han registrado amenazas, extorsiones, asaltos, violaciones robos y secuestros a sus connacionales. En los últimos años se visibiliza un fenómeno que sin embargo no es nuevo: la desaparición de migrantes. “Es un tema muy difícil, no hay protocolo. Tuvimos un taller en CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) sobre este tema, para establecer lineamientos de trabajo”.<fnref n="29" />

Las tres autoridades consulares consideran prioritario tratar de reducir el tiempo que pasan los migrantes detenidos en la estación migratoria de Acayucan, facilitar el regreso para los repatriados y proporcionar protección en materia de salud, especialmente para las personas mutiladas por accidentes de tren, así como para portadores de VIH. También coinciden en que es fundamental brindar mayor asesoría jurídica a las personas migrantes. Sin embargo, no conciben sus acciones de la misma manera, no invierten tiempo ni recursos de forma similar, ni tienen la misma política ni filosofía. Todo esto se relaciona, por su puesto, con la historia migratoria y política de cada país y con su situación actual. En Acayucan, los consulados de El Salvador y Guatemala tienen mayor presencia que la Agencia Consular de Honduras.<fnref n="30" />

<footnote n="29">²⁹ Cónsul de El Salvador, comunicación personal, 10 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="30">³⁰ El Consulado de Guatemala en Acayucan cuenta con siete personas, cuatro de ellas son expatriadas de Guatemala. El Consulado de El Salvador tiene a su cargo a cuatro personas, dos de ellas con el estatuto consular. En cambio, en la Agencia Consular de Honduras solamente trabaja el oficial responsable y una secretaria.</footnote>
En particular, el consulado de El Salvador asume un papel importante en cuanto a la redefinición de la acción de los consulados y la reflexión sobre migración, por varias razones. En parte se debe a la muy alta proporción de emigrados de El Salvador (tres millones de salvadoreños viven fuera de su país, una tercera parte de su población total que es de nueve millones), que explica la experiencia de la administración salvadoreña en la materia. Por otro lado, en años recientes, El Salvador asumió opciones políticas correspondientes a esta experiencia:

> En El Salvador trabajamos mucho desde la Cancillería para elaborar procedimientos de atención consular, lineamientos para niños, niñas y adolescentes, LGBT, reclusos, desaparecidos, fallecidos. Los elaboramos nosotros, no vienen de fuera [...] En El Salvador tenemos expertise por la apertura de la cancillería a nutrirse de otras experiencias, con talleres en México, con la Pastoral de Movilidad Humana, la Universidad Iberoamericana, el Servicio Jesuita a Migrantes, el CIDE. El Servicio Jesuita a Migrantes fue asesor de nuestra cancillería de 2009 a 2014.<fnref n="31" />

El consulado de Guatemala parece enfocarse más hacia la documentación y el retorno de los migrantes, mientras que la agencia consular de Honduras, más precaria, se dedica a la protección consular y registra los casos de fallecidos, caídos del tren, los que tienen problemas de seguridad, secuestros o problemas judiciales. Pero, más allá de sus divergencias, los tres consulados han tenido que unir sus esfuerzos, obteniendo logros en varios ámbitos:

> En Veracruz, los tres consulados hicimos bloque desde 2010. Ac tuamos como grupo y hubo reconocimiento a la labor consular de protección. Se creó la Fiscalía del Migrante, primero en Chiapas, luego en Veracruz. En el estado de Veracruz, la Dirección Estatal de Atención a Migrantes, que antes sólo atendía a veracru zanos, ahora atiende a migrantes extranjeros. Con la Secretaría de Salud fue una batalla, la hicimos juntos. Estuvo fuerte la pelea

<footnote n="31">³¹ Cónsul de El Salvador, 10 de diciembre de 2019.</footnote>
sobre las condiciones de detención en las estaciones migratorias, no sólo aquí, la llevamos con CNDH. En esto, el informe sobre la Estación Migratoria de Acayucan fue clave [...] Se logró cambio en las autoridades de la estación que eran muy corruptos.<fnref n="32" />

Los Consulados trabajan con la administración mexicana en varios niveles (federal, estatal y municipal), en una “relación muy estrecha con las autoridades, de colaboración, de reciprocidad, de demandas también”.<fnref n="33" /> Durante un tiempo, existieron mesas de trabajo sobre migración a nivel estatal y federal para dar seguimiento a acuerdos, estudiar cuestiones de la fiscalía, ver los problemas de regularización. A estas reuniones convoca el INM o la Dirección de Atención al Migrante, dependiendo del tema. Los consulados también consultaban con dependencias autónomas, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, en general, con los demás actores que intervienen en el campo migratorio, como ACNUR y el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM). Todo ello ha dado buenos frutos: “En los últimos años ha mejorado la situación de derechos humanos de los migrantes por la labor de la red de consulados”.<fnref n="34" /> “Hace dos años hicimos un memorándum de entendimiento en cuanto a atención a migrantes, con Guatemala y El Salvador. Había visión conjunta de las cancillerías. Incluso, compartíamos algunos recursos, como viajes comunes. Se fue perdiendo por las crisis políticas en cada país”.<fnref n="35" />

No sólo las evoluciones políticas en Guatemala, El Salvador y Honduras explican el nuevo giro en las colaboraciones entre consulados y entre los consulados y la administración mexicana. También los cambios en México modificaron el panorama. Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “ya no hay política migratoria, hay cambios permanentes de personal en el INM, que ciertamente lo necesitaba. Esto ha provocado muchos retrasos en las regularizaciones; esto

<footnote n="32">³² Cónsul de El Salvador, 10 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="33">³³ Cónsul de El Salvador, comunicación personal, Acayucan, 10 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="34">³⁴ Cónsul de Guatemala, comunicación personal, Acayucan, 10 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="35">³⁵ Cónsul de El Salvador, comunicación personal, 10 de diciembre de 2019.</footnote>
afecta a todo el que esté tramitando visa humanitaria. Ha aumentado
la detención en las estaciones migratorias".<fnref n="36" />

El vínculo institucional entre los consulados y la administración mexicana se debilitó. Fue la crisis de marzo de 2019 la que marcó una ruptura, a partir de la detención masiva y brutal de personas en situación irregular y su concentración en algunas estaciones migratorias, fenómeno conocido como “la contingencia”:

La crisis fue desatada el 31 de marzo con el anuncio de AMLO y
duró hasta agosto de 2019. Nos avisaron apenas algunas horas
o días antes, sólo para que supiéramos que venía la crisis: hubo
tres mil detenidos en la estación migratoria de Acayucan, cuan-
do su capacidad es de 840. En la crisis nos ocupamos de todos,
niños, niñas y adolescentes no acompañados, con discapacidad,
con diabetes. Había de todo, problemas de aseo personal, falta
de ropa, calzado. El 30 de marzo empezó el cerco en Veracruz,
los salvadoreños pidieron refugio. Los canalizamos a la COMAR a
través del jurídico de la estación migratoria. (Cónsul de El Salva-
dor, 10 de diciembre de 2019)<fnref n="37" />

Al mismo tiempo, la participación de la sociedad civil también
cambió: “Antes, la sociedad civil apoyaba más. Se vio el cambio. Con
las caravanas, a fines de 2018, hubo movilización y apoyo de la societ-
dad civil”.<fnref n="38" /> Pero, “con la crisis en el norte (la amenaza de Trump que
desembocó en el cierre de la frontera con México y en la detención ma-
siva de migrantes en la frontera sur mexicana), se genera el problema,

<footnote n="36">³⁶ Cónsul de El Salvador, comunicación personal, 10 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="37">³⁷ Es interesante en este testimonio la última frase, donde la cónsul reconoce haber tramitado refugio para sus connacionales –cosa que no sólo no le incumbe, sino de la que se supone no debe estar informada– en estrecha coordinación con el INM, la EM y la COMAR. Esto constituye una prueba más de la existencia de este “dispositivo migratorio”, en el que los componentes/actores están vinculados por flujos de personas e información más allá de las relaciones estatutarias que puedan tener.</footnote>

<footnote n="38">³⁸ Cónsul de Honduras, comunicación personal, Acayucan, 13 de diciembre de 2019.</footnote>
viene la contingencia y ya no hay apoyo de los habitantes, salvo los de siempre, como el Movimiento Migratorio Mesoamericano”.<fnref n="39" />

Los consulados participan activamente del dispositivo migra-
torio regional. Como dice el oficial consular de Honduras: “aquí en
Acayucan convergemos todos: beneficencia, autoridades, todos”. <fnref n="40" />
El dispositivo integra instituciones especializadas como el INM y la
COMAR, pero también otros organismos y actores que no pertenecen
al ámbito de la migración, pero condicionan en gran medida su buen
funcionamiento y se ven influenciados por ella. Entre ellos, la Direc-
ción de Atención al Migrante del estado de Veracruz, que solía aten-
der únicamente a los ciudadanos veracruzanos en migración hacia o
en Estados Unidos, brindando asesoría jurídica y apoyo en caso de
enfermedad o fallecimiento, repatriación de cuerpos, etcétera. Desde
2013, debido a la presencia de un número considerable de migrantes
de origen centroamericano, víctimas de violencia, se integró una Fisca-
lía de Atención al Migrante, que incluye en sus misiones la atención a
migrantes extranjeros en el territorio veracruzano. Para ello, se creó una
sede descentralizada –la única del estado– en la ciudad de Acayucan, la
cual se encuentra ubicada dentro del Palacio Municipal.<fnref n="41" />

Otra institución que ha mostrado considerable capacidad de
adaptación es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes del DIF de Acayucan,<fnref n="42" /> que incluyó entre sus prerrogativas la
atención a las y los menores migrantes que están de paso por su juris-
dicción. La Procuradora es interlocutora reconocida por parte de las
instituciones especializadas en migración, toda vez que se trate de aten-
ción a menores, ya sea por cuestiones de salud, educación, maltrato,
situación jurídica, etcétera. De la misma manera, el hospital local de la
Cruz Roja activó sus redes internacionales (en particular el CICR) para

<footnote n="39">³⁹ Cónsul de El Salvador, comunicación personal, Acayucan, 10 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="40">⁴⁰ Comunicación personal, Acayucan, 13 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="41">⁴¹ C. Escalante, Dirección General de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado de Veracruz, comunicación personal, noviembre de 2019.</footnote>

<footnote n="42">⁴² El tema de los derechos y la atención a niños, niñas y adolescentes (NNA) ha adquirido en años recientes una importancia internacional, con injerencia de la ONU, la UNICEF, la CNDH, etcétera (CNDH, 2019).</footnote>
desarrollar su expertise en el trato a los y las migrantes mutilados por el tren. Otra ilustración de estas adaptaciones institucionales se encuentra en el municipio de Oluta, colindante de Acayucan, donde el Ayuntamiento extendió a las personas solicitantes de refugio –atendidas por la COMAR– el beneficio del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social, de carácter federal.

Estos ejemplos –hay muchos más– muestran cómo el ambiente local, marcado por la importancia de la migración, ha modificado las acciones y los nexos entre instituciones, las cuales no en todos los casos fueron diseñadas para colaborar en este tema.

## ACNUR, ¿una hegemonía discreta?

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, fue creada en 1950 para auxiliar a las personas desplazadas en Europa como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, ACNUR interviene en los países a solicitud de sus gobiernos. En México, su participación fue decisiva en los años ochenta del siglo veinte, para dar seguimiento y apoyo a los refugiados que huían de los conflictos armados en América Central, principalmente de Guatemala. ACNUR acompañó la creación de la COMAR en 1980 y asesoró sus actividades –especialmente en los estados de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo– hasta que se lograron los acuerdos de paz en Guatemala, en 1996.

En los años siguientes, disminuyó su presencia en México; aunque en 2014 el gobierno solicitó nuevamente su intervención en vista del aumento vertiginoso de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados por parte de migrantes centroamericanos. En 2013 se recibieron 1296 solicitudes de refugio; el año siguiente, casi el doble, con 2137 solicitudes de refugio (COMAR, 2013, 2018). En los años siguientes, el número de solicitudes siguió aumentando hasta llegar a más de 70 mil en 2019 (Martínez Casas, 2019; Delegado del INM en Acayucan, comunicación personal, diciembre de 2019). Las instituciones nacionales atravesaron grandes dificultades para enfrentar ese brutal crecimiento que dio en apenas cinco años, y adaptarse en cuanto a personal, instalaciones, protocolos, etcétera. En este contexto, la presencia de ACNUR ha sido solicitada y bienvenida. Distintas agen-
cias internacionales especializadas en otros ámbitos –como en el de protección y la salud (CICR) y la atención a la niñez y la educación (UNICEF)– también participan de esta internacionalización de la atención a migrantes en México.

El mandato de ACNUR es dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de refugiados a nivel mundial (ACNUR, 2018). Implementa programas para asegurar protección inmediata a las personas solicitantes de refugio y refugiadas, en temas de seguridad, asesoría jurídica, salud y educación, así como para buscar soluciones duraderas en cuanto a su inserción laboral en los lugares de acogida, para el retorno asistido a sus lugares de origen y para trámites de naturalización. En teoría, ACNUR no interviene directamente en los programas oficiales, sino que brinda asesoría y fortalecimiento a determinadas instituciones, en especial a la COMAR.

En 2016, ACNUR abrió sus oficinas en Acayucan con tres personas; hoy en día, cuenta con catorce personas. Atiende las regiones de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Ixtepec, Puerto Escondido y Huatulco. La delegación de Acayucan adquirió gran importancia y desarrolla casi todos los programas que ofrece ACNUR a nivel nacional: Programa Alternativa a la Detención (ADT);43 apoyo a la integración laboral de los migrantes en las ciudades de Guadalajara, Saltillo y Monterrey, donde existen convenios con empresas privadas y con instancias federales de desarrollo social; apoyo económico a los albergues; programas de educación e inserción laboral, asesoría legal, capacitación, etcétera.

En muchos de estos programas, ACNUR colabora estrechamente con la COMAR, e incluso apoya a esta entidad con la asignación de cinco “comisionados” que trabajan para la COMAR, pero son contratados por ACNUR, así como con capacitaciones para su personal.44 Además,

<footnote n="43">43 El Programa Alternativa a la Detención consiste en beneficiar a migrantes detenidos en situación irregular para que lleven a cabo su procedimiento legal fuera de las estaciones migratorias.</footnote>

<footnote n="44">44 A nivel nacional, ACNUR contrató en 2018 a 46 oficiales “facilitados a la COMAR” (ACNUR, 2018, p. 2); para 2019 financió 300 “posiciones” en COMAR (A. Méndez, jefa de la oficina de ACNUR en Acayucan, comunicación personal, 13 de diciembre de 2019). Quienes no son directamente contratados por la agencia, reciben capa-</footnote>
apoya y colabora de manera puntual con otras instituciones públicas locales.

Con la sociedad civil, ACNUR actúa a través de la figura de “socios”, que son las instituciones que participan en la convocatoria que emite anualmente y que desean recibir sus apoyos (financieros, técnicos, políticos, de formación, etcétera). En la región de Acayucan, los socios son RET Internacional, Asylum Access, así como los albergues de Oluta y Coatzacoalcos. La colaboración con ACNUR puede darse para un asunto muy acotado: renovar un albergue, financiar algún arreglo de infraestructura, etcétera. De tal manera, el albergue de Coatzacoalcos, inaugurado en octubre de 2019, obtuvo apoyo para la construcción del edificio, pero no para su funcionamiento. Contrario a lo que se dice (es conocido en la región como el “albergue ACNUR-CICR”), en realidad no es socio de ACNUR. En cambio, el albergue de Oluta, la Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González, es socio activo de ACNUR. La agencia paga cierta suma por cada persona solicitante de refugio o refugiada que se hospeda en el albergue. Además, financió parte de la construcción del edificio y el equipo de cómputo, y asegura el sueldo de tres miembros del personal: un abogado, un paralegal y un psicólogo social. Por ello es que varias personas consideran que este albergue “es de ACNUR”.

La influencia de ACNUR es importante por sus aportes materiales y financieros. En tanto organización internacional financiada en gran parte (casi la mitad) por Estados Unidos, goza de una posición de dominación que se impone a sus socios. Su influencia también se debe a su actuación en la capacitación a funcionarios, en la generación de documentación de apoyo y en la promoción entre los propios migrantes. Es decir, tiene un ascendiente significativo en la transmisión de principios, valores y prácticas, en sintonía con una visión democrática, pacifista y universalizante sobre los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio.

<footnote>citación de la misma: “En 2018, más de 1100 oficiales de COMAR e INM fueron capacitados por el ACNUR” (ACNUR, 2018, p. 2). La amplitud del apoyo es tan grande, que un funcionario de la Dirección General de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado de Veracruz, no vaciló en declarar: “La COMAR depende de ACNUR” (C. Escalante, comunicación personal, 10 de diciembre de 2019).</footnote>
La tarea más importante de ACNUR es proporcionar elementos de discursos, narración, narrativa, que hace mucha falta en las instituciones locales, aun en las especializadas, como COMAR y los albergues [...] El refugio no se da, se reconoce. Es un derecho internacional [...] Todo México está comprometido con los acuerdos internacionales, no sólo el gobierno, también su gente [...] En muchos casos, los migrantes mismos no se reconocen como en riesgo, ni saben sus derechos ni piden refugio. Eso debido a la normalización de la violencia, que es infiltrada en sus vidas desde que empiezan a comer y hablar; es muy naturalizada, muy presente entre sus papás, entre sus familiares.<fnref n="45" />

Este testimonio es claro en el sentido en que precisa el principal papel de ACNUR, que es construir un discurso “entendible” acerca de cómo tratar la migración, tanto para las instituciones como para el público y las propias personas migrantes. Para ello, dispone de programas especializados, como hemos visto en la formación de paralegales encargados de producir narrativas admisibles, y de una fuerte capacidad de difusión. Así va definiéndose la figura del “buen migrante”, la víctima a la que hay que ayudar –el o la solicitante de refugio– mediante un dispositivo especializado que constituye la buena cara de la acción pública; la otra (la represión, la criminalización) queda a cargo del INM y la Guardia Nacional.

En la práctica, se dibuja una frontera entre quienes trabajan con ACNUR y quienes no lo hacen. Dicha frontera define el acceso a recursos estratégicos. Quedan fuera de sus programas –tajantemente– aquellas acciones dirigidas a las personas migrantes que no son refugiadas ni solicitantes de refugio y que integran la gran la mayoría de las personas en movimiento. De acuerdo con el informe titulado *Sistema de entidades relacionadas con la protección de los Derechos Humanos en la región transfronteriza México-Guatemala* (Martínez Casas, 2019), sólo el 10% de la población migrante en México entra dentro de la categoría de refugiado o solicitante de refugio. El mismo informe señala que, para

<footnote n="45">⁴⁵ A. Méndez, jefa de la oficina de ACNUR en Acayucan, comunicación personal, 13 de diciembre de 2019.</footnote>
2019, había un volumen aproximado de 80 mil solicitudes de refugio frente a un flujo irregular procedente de Centroamérica, estimado en 800 mil casos. También se informa que en Tapachula, 70% de los migrantes no acude a los albergues.

Por su parte, un interlocutor en Acayucan corroboró que muchos migrantes se alojan en viviendas rentadas y compartidas entre ellos, o incluso en habitaciones de hotel. Es decir, gran parte de las personas migrantes no hacen uso de la infraestructura e instancias pensadas para ellas. Según estas estimaciones,46 aproximadamente 90% de las personas migrantes no solicita refugio ni son registradas por las instituciones especializadas. En otras palabras, el volumen total de migrantes irregulares es nueve veces mayor al de las personas solicitantes de refugio y refugiadas. Sin embargo, las instituciones vinculadas a ACNUR no se orientan hacia ellas, quienes quedan totalmente excluidas de su radio de acción.

Pese a ello, a nivel local, ACNUR ocupa un espacio absolutamente central en el dispositivo migratorio. Trabaja con casi todos los actores de la sociedad civil, empresarios, instancias gubernamentales, así como en programas coyunturales o de larga duración presentes en este ámbito. Ejerce una suerte de hegemonía discreta por su inserción diversificada en distintos espacios y niveles del dispositivo migratorio. La referencia a ACNUR es omnipresente en las entrevistas a personas responsables de instituciones en la región y son pocas las críticas. Algunas, sin embargo, se dejan escuchar, por ejemplo, de parte de quienes atienden al conjunto de migrantes sin distinción de estatuto migratorio (refugiado, solicitante o en situación irregular). Una de ellas expresaba cierto disgusto: "En ACNUR son muy cerrados, no es un programa incluyente".47

Para los colectivos que trabajan con migrantes o solicitantes de refugio, formar parte de la red de "socios" de ACNUR no es una decisión inocua; implica participar en la convocatoria anual, llenar los requi-

<footnote n="46">46 A pesar de que existen instrumentos estadísticos complejos y actualizados, tanto por INEGI como por Colef, INM y COMAR, con censos y encuestas especializadas, siguen existiendo amplias "zonas grises" en las estadísticas migratorias, en las que se desdibujan los datos relativos a los indocumentados, los desaparecidos, las víctimas de trata o de violaciones a sus derechos fundamentales.</footnote>

<footnote n="47">47 Funcionaria de la Delegación Acayucan de la Cruz Roja, comunicación personal, diciembre de 2019.</footnote>
sitos, informar los rubros, visibilizar presupuesto, etcétera. Es decir, hay que asumir cierto costo al aceptar la normatividad impuesta por la agencia, desde llenar el expediente en línea hasta entregar informes periódicos sobre las actividades realizadas.<fnref n="48" />

En el albergue de Oluta, cada mes se rinden cuentas a ACNUR, llenando una base de datos (COBO) en la que registran información de interés por cada área (paralegal, técnica y psicosocial), con el número de personas atendidas, ingresos, solicitantes por país, edad, género, etcétera. Los técnicos del albergue tienen acceso a la base para llenar los datos, mas no para consultarla ni conocer la información genera- da, lo que algunos miembros del personal del albergue interpretan como una configuración desigual, en la que “los albergues trabajan bajo la sombra de ACNUR”. Ésta es la opinión de un joven que, en 2019, era estudiante de antropología y trabajó como voluntario en el mencionado albergue du- rante varios años, antes de ser contratado por ACNUR para continuar en el mismo albergue como paralegal. En sus propios términos, su papel es el de preparar a las personas migrantes para las entrevistas en la COMAR; es decir, ayudarles a estructurar sus narrativas, buscar pruebas, si es necesario ir al consulado a solicitar actas que prueben la veracidad del relato, levantar denuncias, etcétera. Si bien valora la colaboración ACNUR-albergue, no deja de señalar algunas fuentes de incomodidad; algunas residen en la diferencia abismal entre quienes laboran en el albergue con salarios precarios o como voluntarios, y los funciona- rios de ACNUR –varios de ellos expatriados–, a quienes percibe alejados de la realidad local:

> En ACNUR, el personal va cambiando, cada cinco o seis meses; hay algunos mexicanos, otros de Colombia o de otros países, ellos vienen “en terreno” como dicen, no se anclan [...] Además, en ACNUR existe una jerarquía muy estricta entre los que laboran ahí. No se mezclan las autoridades con los que están en contacto

<footnote n="48">⁴⁸ Quizás por ello algunas organizaciones prefieren actuar por su cuenta, allegán- dose de otros recursos, para evitar el excesivo control de ACNUR. Hasta donde pudimos entender, esta opción no se toma tanto por cuestiones ideológicas, sino para escapar de un trato demasiado dominante, burocrático y complejo.</footnote>
con los migrantes a diario; cuando hay una reunión con ACNUR, sólo es con los directivos. Yo nunca he ido al ACNUR.<fnref n="49" />

ACNUR le hace el trabajo al gobierno de Estados Unidos [...] Hay un pacto entre políticas migratorias de México y respuestas inmediatas que aporta ACNUR. Se apoya a los migrantes sin saber lo que se busca [por parte del Estado mexicano], como si el objetivo fuera mantener la calma entre los migrantes y lograr manejar las oleadas migratorias. A ACNUR no le interesa la gente, no les da seguimiento; está para organizar la contención de los centroamericanos, para que no entren a Estados Unidos, para que se queden en México. Por eso organizan a los refugiados en México, con más dignidad. Mejor refugiados en México que migrantes en Estados Unidos. Por esto [por ser poco numerosos y poco relevantes para Estados Unidos], ACNUR poco se interesa en los demás [cubanos, haitianos, indios], no entienden contextos fuera de Centroamérica.<fnref n="50" />

Este interlocutor se refiere de manera muy lúcida al papel jugado por el dispositivo humanitario –al cual contribuye– en el proceso de externalización de la frontera, por un lado, y en la influencia decisiva de Estados Unidos en estas dinámicas, por el otro. Estos fenómenos complejos se dan en medio de relaciones muy desiguales, a nivel institucional, pero también entre las personas a nivel local. Este colaborador de ACNUR resiente la jerarquía existente entre actores locales e internacionales, entre trabajadores confrontados a la penuria cotidiana –la de las personas migrantes y la suya propia– y la institución internacional que parece gozar de recursos ilimitados, tanto económicos como políticos. Pero la incomodidad no sólo se debe a un resentimiento frente a la desigualdad, ni se reduce a la cuestión económica o de estatus; también es política e ideológica; se basa en la idea de que ACNUR y sus socios

<footnote n="49">⁴⁹ Paralegal del albergue Monseñor Ranzahuer, comunicación personal, 12 de diciembre de 2019.</footnote>

<footnote n="50">⁵⁰ Paralegal del albergue Monseñor Ranzahuer, comunicación personal, 12 de diciembre de 2019.</footnote>
lanos no necesariamente comparten los mismos supuestos políticos, especialmente frente a las demandas de Estados Unidos, la externalización de la frontera y las necesidades de las personas migrantes.

## Conclusiones

Acayucan se presenta como un caso emblemático de las maneras en que las políticas migratorias nacionales e internacionales se plasman en un ambiente geográfico y social concreto. En apenas diez años, se elaboró un dispositivo regional complejo, constituido con múltiples instituciones y actores en el que circulan una serie de acomodos, tensiones y negociaciones tácitas entre los componentes, mismos que repercuten en la vida regional, más allá del ámbito exclusivo de las migraciones.

Entre los actores presentes en Acayucan, sobresale ACNUR, lo que da pie a una interpretación más global del dispositivo migratorio regional en términos de internacionalización de la política migratoria. De manera factual, la intervención de ACNUR, y en menor medida de la Cruz Roja Internacional, incide en las acciones locales con todos sus recursos y capacidades acumulados desde el ámbito internacional. Suele omitir a los niveles intermedios –o incluso a los niveles estatal y federal– con tal de lograr cierta eficacia. Es una internacionalización práctica, instrumental, objetiva.

En el plano político, se evidencia la internacionalización de la política migratoria en tanto ACNUR llega a adquirir tanta o más relevancia que las instituciones nacionales dedicadas a la gestión de la migración, INM y COMAR. Este fenómeno corresponde a lo que Ferguson y Gupta (2017) llaman *gubernamentalidad transnacional*, la modalidad de gobierno de las personas que ya no recae solamente en los Estados, sino en ONG muy potentes que asumen funciones de gobierno a nombre de la sociedad civil, nacional o transnacional, o, en el caso nuestro, internacional. Estas organizaciones son horizontales a los órganos del Estado –algunas veces rivales, algunas veces sirvientes, algunas veces carcelarias, algunas veces parásitas. Pero, en cualquier caso, son agentes que se ubican en la misma escala y en el mismo espacio global que los órganos estatales (Ferguson y Gupta, 2017). ACNUR no es una
"ONG potente", sino una agencia del sistema ONU, fuertemente dependiente de Estados Unidos para su financiación, por lo que preferimos hablar de "internacional" más que "transnacional".

Una tercera característica de esta internacionalización reside en su capacidad de producir subjetividades. ACNUR, y con ella la COMAR y el INM, participan en la construcción de una narrativa autorizada alrededor del refugio, promoviendo una serie de concepciones en torno a los derechos de las personas migrantes. Inciden en la elaboración de categorías de migrantes: solicitantes, refugiados, deportados, en tránsito, por nacionalidad, por tipo de documentación requerida, por edades, etcétera. Estas clasificaciones cambian día con día, generando incertidumbre e inestabilidad entre los actores que son dependientes de dichas categorías y deben adaptar sus actuaciones en consecuencia.

Esta narrativa es al mismo tiempo universalizante y apolítica. Conlleva una profesionalización de los actores que colaboran en la atención a las personas migrantes, sujetos a normas internacionales. Sus acciones se plasman en cifras, informes y proyectos, y muy poco en construir un debate o posiciones que orienten a la opinión pública en los temas de migración y migrantes. Promueve, así, la idea de un "migrante permitido", parafraseando la noción del "indio permitido" (Hale & Millamán, 2006; Rivera Cusicanqui, 2008): el migrante que acude a las instancias y sigue los procedimientos oficiales establecidos. Sin embargo, hemos señalado que solamente una mínima parte de las personas en movimiento se inserta en estos circuitos, mientras que una gran mayoría permanece invisibilizada, ignorada, desprotegida y estigmatizada.

El caso de Acayucan muestra que el régimen de solicitud de refugio contribuye a la elaboración de la diferencia entre los "buenos" y los "malos migrantes", quienes siguen los marcos legales y quienes eligen el camino contrario. Este régimen forma parte de un mecanismo de contención de los flujos migratorios con destino al Norte Global. De esta manera, el dispositivo migratorio regional en Acayucan y, con él, el gobierno mexicano, cumplen con su papel en la producción de la ficción de una atención a los derechos de los migrantes, en el marco de la nueva jerarquía geopolítica que en la realidad se les impone.
La internacionalización de la acción migratoria en Acayucan es un elemento constitutivo del fenómeno global de externalización de la frontera Estados Unidos-México, con la que Estados Unidos “delega” a México la tarea de gestionar sus fronteras aun fuera de las zona fronterizas que le atañen por colindancia geográfica, incluso hasta la otra frontera, miles de kilómetros al sur. Al igual que en Europa, la externalización de las fronteras tiene como finalidad evitar la llegada de migrantes, para lo cual se activa un conjunto de políticas complementarias: visados, levantamiento de muros, militarización de la frontera, privatización del control migratorio, institución de los “terceros países seguros”, multiplicación de los centros de detención, entre otros (CEAR Euskadi, 2014). La internacionalización de la atención a los refugiados –vía ACNUR– puede verse como otra de estas políticas. En tanto pilar del dispositivo migratorio regional del sur de Veracruz –y en términos de Foucault (2006)–, la internacionalización produce subjetividades y normas que al final fabrican al “buen migrante” y, de paso, invisibilizan y hasta deslegitiman al migrante económico, aislado, autónomo (o que busca serlo), el que no aparece en los registros de la ayuda humanitaria, la víctima del capitalismo extractivista.

El dispositivo migratorio regional, supuestamente construido para apoyar a los migrantes en tanto sujetos vulnerables, al final valida una práctica excluyente. Este engranaje tan complejo y potente, en términos discursivos y políticos, contribuye a una reinvisibilización de miles de migrantes que se quedan fuera de los albergues, que no se acercan a la COMAR y que, por lo tanto, no existen en los programas de ACNUR. Las y los migrantes invisibles, quienes nunca accederán a la categoría de refugiados o refugiadas, se vuelven muy fácilmente sujetos de criminalización, alterización y xenofobia.

Referencias

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XI

# Observando las migraciones bajo el COVID-19: deshumanización y biopolítica en la frontera de México con Estados Unidos

Yerko Castro Neira

## Introducción

En antropología política, los intereses y objetos de investigación han cambiado enormemente en los últimos 30 años. Debido a una variedad de factores, tales como el influjo de los debates feministas en antropología o la creciente preeminencia, desde la década de 1990, de enfoques derivados del posestructuralismo francés, se han generado cambios en cuanto a objetos, temas y problemas de estudio. Gracias a ello, el panorama de investigaciones en la disciplina en la actualidad es rico y variado, y se puede expresar en una amplia territorialidad etnográfica diferenciada.

Uno de los grandes temas de investigación que se ha visto enriquecido y complejizado es, precisamente, el de las migraciones y movilidades humanas. Como en otras grandes áreas de investigación, la lectura que hagamos de las migraciones debe conducirse considerando que es muy difícil dar cuenta de la totalidad, como si se tratase de un análisis funcionalista de comienzos del siglo xx. Al contrario, es tal la magnitud y la variedad de situaciones que podemos hallar en las movilidades humanas, que es preciso asumir una mirada de prisma y una lectura por medio de facetas del fenómeno (Mestiri, 2016). Además, dado el carácter sensible de estas investigaciones y su condición objeti-
va al realizarse en medio de situaciones de vida muy complicadas para las personas, es recomendable y deseable que se desarrollen por medio de un tipo de investigación colaborativa y transdisciplinaria.

Esto es, precisamente, lo que abordaré en las siguientes páginas. Me interesa reflexionar sobre las migraciones y el momento pandémico provocado por el COVID-19. Aunque hay muchos procesos asociados a ello, me interesa analizar dos aspectos, en mi opinión, absolutamente clave del momento actual. Me refiero, primero, a la tendencia a la deshumanización de los migrantes y de las migraciones. Un fenómeno que bien podemos hallar en el continente americano o en casi cualquier punto de la geografía global. Y, junto a esta inclinación, la otra tendencia que me interesa describir es la cada vez más frecuente dimensión biopolítica en el control de las migraciones.

Al analizar los cambios y los efectos que se han producido en esta época de confinamiento y de medidas sanitarias en el mundo, espero detenerme en la deshumanización y la biopolítica como dos elementos clave que pueden ayudar a analizar la situación contemporánea. Es importante decir que estas tendencias no son nuevas y más bien tienen una larga historia dentro de las formas en que los Estados han gestionado las migraciones. Sin embargo, espero demostrar que estos procesos, si bien anteriores a este tiempo, se han intensificado de modo inusitado, al punto de poder observar cómo diferentes gobiernos han encontrado en las razones de salud la justificación perfecta y legítima para continuar impulsando la agenda de control migratorio.

El aspecto teórico importante aquí es reconocer que en las migraciones y en las fronteras se dan formas múltiples de control y poder, siendo difícil hallar una manera unificada y coherente de formación del orden. Esto significa que, además de situaciones múltiples, encontramos la coexistencia de poderes y contrapoderes. Como explica Thomas Nail (2013), en las fronteras observamos la naturaleza mezclada de poderes, donde coexisten artes de gobernar diferentes. Precisamente, biopolítica y deshumanización son dos maneras en que se expresan esas distintas artes de gobernar.

Conviene advertir que los resultados de investigación indican que no es posible englobar todas estas estrategias diferenciadas de gobierno de las migraciones bajo el rótulo de "formas biopolíticas de
control”. Al contrario, al observar las migraciones en la actualidad y bajo la pandemia del COVID-19, podemos ver distintas dimensiones de poder, como son aquellas formas de poder soberano expresadas en la figura del estado de excepción impuesta por no pocos gobiernos. A ella le acompañan diversas formas de poder disciplinario que contribuyen a modelar un orden determinado, mismas que se entremezclan con formas biopolíticas de la gestión migratoria. En las conclusiones espero abundar sobre estas consideraciones y sobre su significado para la comprensión de la gestión migratoria contemporánea.

Este trabajo ha sido posible gracias a mi participación en dos proyectos de investigación. En el primero de ellos he podido, junto a mis colegas del proyecto, seguir los acontecimientos que han estado ocurriendo en torno a los migrantes en esta época de pandemia.<fnref n="1" /> Durante 2020 y 2021, hemos monitoreado las distintas situaciones y la participación de los actores migratorios. Con ello, más el uso de estrategias de investigación en línea propias de la etnografía digital (Hine, 2015; Boellstorff et al., 2012), he podido recolectar una variedad de datos provenientes de instituciones, de personas migrantes que han dado su testimonio en distintas entrevistas y de organizaciones de apoyo y defensa de migrantes.

Gracias al segundo proyecto del que me he beneficiado para escribir este artículo,<fnref n="2" /> pude realizar dos temporadas de trabajo de campo en los años 2018 y 2019 en la ciudad fronteriza de Tijuana. En ellas, logré identificar los principales procesos asociados a los migrantes, y conocer el trabajo de las activistas legales que los acompañan en sus

<footnote n="1">¹ Se trata del Proyecto “(In)movilidad en las Américas y COVID-19”, una amplia iniciativa coordinada por Soledad Álvarez Velasco, investigadora de la Universidad de Illinois, Chicago, en donde más de 70 investigadoras y estudiosos del continente nos hemos organizado desde el año 2020 en nodos o grupos de investigadores por país y por región, siguiendo los acontecimientos asociados a los Estados, los migrantes y el COVID-19. Para más información, ver: https://www.inmovilidadamericas.org/</footnote>

<footnote n="2">² Proyecto que coordiné junto a Alejandro Agudo Sanchíz y que llevaba por título *Geopolíticas de la exclusión, frontera y poder en Tijuana*, financiado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.</footnote>
solicitudes a los gobiernos de México y Estados Unidos para obtener
un estatus legal.<fnref n="3" />

El siguiente apartado está destinado a describir y explicar la situación actual en la frontera, con especial énfasis en los migrantes. Es- pero demostrar en esta parte que el COVID-19 proporcionó la oportuni- dad perfecta para que gobiernos de las más variadas corrientes políticas adquirieran poderes extraordinarios que les permitieron intensificar su agenda de control y vigilancia migratorios. Posterior a esa sección, presentaré e identificaré los principales procesos de deshumanización que se observan en las fronteras y en las migraciones. En esta sección, espero definir con la precisión requerida lo que entiendo por deshu- manización a través de la presentación de situaciones y procesos que revelan esta dimensión de las políticas de control actuales.

Después de este apartado, pasaré a revisar los procesos de control migratorio que están fuertemente asociados a una dimensión biopo- lítica. Será importante entonces explicar lo que entiendo por estos procesos, al dar ejemplos y casos concretos que reflejan cómo hemos alcanzado este énfasis biopolítico en las políticas actuales. Para finalizar este trabajo, en las conclusiones intentaré reflexionar a partir de todo lo discutido, con el fin de explicar su significado para la comprensión de las políticas de gestión y control migratorio.

Situación actual: las fronteras
y las migraciones bajo el COVID-19

El 15 de enero de 2021 partía una nueva caravana de migrantes desde San Pedro Sula, en Honduras, rumbo a Estados Unidos (InMovilidad en las Américas, 2021). Siguiendo las transmisiones en línea de Radio Progreso, a cargo del periodista Gerardo Chevez, era posible apreciar

<footnote n="3">³ La gran mayoría de migrantes que arriba a la frontera norte de México busca llegar a Estados Unidos. Ante el endurecimiento de las políticas migratorias y la dificultad cada vez mayor para obtener un estatus legal en ese país, en los últimos años han aumentado de forma considerable las solicitudes para obtener la categoría de refugiado en México.</footnote>
que se trataba de personas sin muchos recursos. Muchas de ellas eran
madres solas con varios hijos, algunos jóvenes y personas mayores; la
gran mayoría de ellas era parte de los damnificados por alguno de los
dos huracanes que afectaron a Honduras durante el año 2020.

Esa vez, nos cuenta Gerardo Chevez, los *caravaneros* caminaron
dos días y una noche desde la estación de autobuses de San Pedro Sula
hasta llegar a Vado Hondo, en Chiquimula, Guatemala. Mencionan los
reportes que, entre la masa de gente, que sumaría unas 9 mil personas,
venían infiltrados policías y agentes de inteligencia militar; también,
grupos criminales. La estrategia militar que se aplicó contra los migran-
tes, y fue organizada por Honduras y Guatemala, consistió en prohibir
que se les vendiera agua y víveres a lo largo de la ruta y procurar que
les fuesen cortando los suministros de ayuda, al punto de que, al llegar
a Vado Hondo, fatigados y frustrados del largo viaje, los migrantes se
encontraron con un batallón de unos 800 a 1000 militares.

Radio Progreso fue reportando como los uniformados golpeaban
indistintamente a jóvenes, madres e hijos. Muchos huyeron y, al correr,
perdieron sus pertenencias. Gerardo Chevez cuenta cómo, por la no-
che, los militares juntaron todas esas mochilas y bolsos abandonados y
les prendieron fuego. Gente del lugar le comentó al reportero que por
allí pasan todo tipo de tráficos, drogas, armas y dinero, pero que, a pe-
sar de eso, nunca habían presenciado un despliegue militar tan amplio
y con ese violento nivel de uso de la fuerza.

Justamente, esas imágenes que nos llegan de este nuevo éxodo nos
permiten observar la enorme distancia entre las declaraciones de instan-
cias internacionales y gobiernos que apuntan a impulsar una migración
segura, ordenada y regular, y la realidad de hechos que confirman que
las acciones estatales buscan precisamente lo contrario.<fnref n="4" /> Además, esas

<footnote n="4">⁴ Esta política, conocida a partir del Pacto Mundial sobre Migración, fue lanzada por varios países y diversas instancias que se dieron cita en Marruecos en diciembre de 2018, bajo el abrigo de las Naciones Unidas. México adoptó este discurso y, ciertamente, en los primeros días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se realizaron acciones organizadas bajo la lógica difundida por el pacto. Sin embargo, meses después y debido a presiones del gobierno estadounidense, se dio un giro radical hacia una política de militarización y criminalización de las migraciones.</footnote>
acciones permiten entender que existe una muy buena coordinación entre países para contener, incluso con violencia, la llegada de estas personas. Pero, ¿qué razón justifica el uso de tantos recursos materiales, personal militar y tecnología para detener a personas que viajan a pie?

Para responder a esta pregunta, se debe considerar que la contención de las caravanas se inscribe en un marco más amplio de acciones de control migratorio, coordinadas entre los países de Centroamérica y NorTEAMérica. Es lo que en la literatura se ha denominado externalización de las fronteras (Zolberg, 2003; Fitzgerald, 2019), y que consiste en que los Estados han ampliado sus límites territoriales. Esto significa que, en el caso de Estados Unidos, este país ha logrado que su control fronterizo se haya extendido más allá de sus fronteras (Boyer et al., 2018).

Las caravanas hacen visible que las acciones de cada país no son respuestas nacionales aisladas, sino tareas coordinadas que llegan a formar parte de un régimen global de fronteras (De Genova, 2016). Se trata de un sistema de *apartheid* global (Chomsky, 2014), que busca limitar al máximo la movilidad migrante y hacer casi imposible que las personas puedan obtener un estatus legal en los países de destino. Como explicaba Maureen Meyer, de la organización WOLA:

> Aunque el sistema fue creado por Estados Unidos, fue aceptado por México y, en ese sentido, ambos son responsables. Es un sistema que no busca proteger a nadie, al contrario, es un sistema cruel e inhumano. Es un sistema diseñado para hacer imposible a las personas acceder al asilo y obliga a regresar y asumir los riesgos en sus países de origen. (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, 2020)

Para especialistas como Amalia Frank-Vitale, las caravanas pueden entenderse como una respuesta organizada frente a las políticas antiinmigrantes de este régimen internacional: "Las caravanas son una táctica, una estrategia para retar a este régimen" (InMovilidad en las Américas, 2021). Se trata de formas de desobediencia civil migrante (Álvarez Velasco, 2021), mismas que justamente buscan que las migraciones sean seguras y ordenadas, contrario a las acciones que paradójicamente realizan los Estados.
Un aspecto importante que caracteriza a este régimen global de control migratorio es su enfoque marcadamente militar, donde, al au- mento constante en el gasto en infraestructura y tecnología, se le suma la tendencia a criminalizar a los migrantes y las migraciones (Abre- go et al., 2017). María Corina Muskus, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explica que México considera los temas migratorios como temas de seguridad nacional, con lo cual se les homologa a casos de narcotráfico y crimen organiza- do (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019). Desde este punto de vista, desde hace años, la política se ha endurecido y se ha dirigido hacia un enfoque militar, dejando de lado una perspectiva basada en la protección de los derechos humanos de las personas. 5

Por medio de estas políticas antiinmigrantes, los países de la re- gión han logrado modificar el enfoque hacia las personas indocumen- tadas, catalogando la carencia de papeles ya no como una falta adminis- trativa, sino como un delito criminal (Abrego et al., 2017). Con ello, los migrantes viven constantes procesos de ilegalización y, tanto ellos como los activistas que los defienden, han estado expuestos a una cada vez mayor tendencia a la criminalización de sus actividades. 6

<footnote n="5">5 El aspecto policial y militar del control migratorio es un tema central que debe estudiarse con mayor énfasis. Para el caso de la región centroamericana, debemos recordar que Estados Unidos tiene allí una larga historia en la que, con frecuencia, su política militar ha sido central para explicar la permanencia o el quiebre de gobiernos determinados. Por otra parte, el uso de la fuerza militar puede ser visto como altamente contradictorio en varios aspectos, como los que destacaba en una conferencia Josiah Heyman. Este especialista de la frontera explicaba cómo Estados Unidos hacía enormes esfuerzos para detener la migra- ción indocumentada, mientras el paso de drogas como el fentanilo, a través de la frontera sur de ese país, se había multiplicado exponencialmente en los últimos años. El fentanilo es la droga que más muertes provoca entre los jóvenes nor- teamericanos (Red Reali, 2019).</footnote>

<footnote n="6">6 Entre las activistas legales y los voluntarios de albergues circulan comentarios y preocupaciones sobre las llamadas “alertas migratorias”, mismas que varios de ellos tendrian tanto en México como en Estados Unidos. Esto significa que sobre ellas se despliegan mecanismos de vigilancia y alerta especial por parte de los gobiernos. Viven, en este sentido, con una constante sensación de estar sien- do vigilados. Graciela Zamudio, una destacada abogada defensora de migrantes</footnote>
En otro trabajo (Castro Neira, 2020) he demostrado que se tra-
ta de regímenes profundamente jurídicos que trabajan con el fin de
ilegalizar personas. Lejos de ser algo natural, la ley crea el delito y, al
hacerlo, transforma a personas en ilegales. Esto significa que, en la ma-
triz global de exclusión de las personas migrantes, la ley desempeña un
papel fundamental. Para varios autores, la ley es el aspecto principal en
la vida de las personas, la cual determina sus planes y sus circunstancias
(Menjívar, 2011).<fnref n="7" />

La ilegalidad migrante es, en este sentido, una forma de gobierno a la vez que una forma de discriminación basada en el lugar de origen de las personas. Algunas investigaciones han documentado cómo las personas migrantes experimentan esa segregación legal en una combinación con sus experiencias de pobreza y racismo (Gonzales & Chavez, 2012). De forma coincidente con estos planteamientos, en mis estudios en la frontera norte de México he podido confirmar que, además de ser una frontera física, para los migrantes consiste también en una frontera jurídica (Castro Neira, 2020).

Se trata, en este sentido, de complejos legales propios de la fron-
tera, donde se combinan papeles y procesos jurídicos del Estado con
prácticas y lógicas ilegales, paralegales y casi legales ejecutadas por
actores no estatales y estatales. El resultado de todo ello es, tomando
prestada la expresión de los Comaroff, que "los muros altos de la ley" se
imponen aquí como una frontera prácticamente infranqueable para las
personas migrantes (Comaroff & Comaroff, 2009).

Toda esta situación ha creado un panorama complejo definido
por la paradoja biopolítica principal. Esta paradoja expresa contra-
dicciones fundamentales del modo siguiente. Se trata de poblaciones
centroamericanas o extracontinentales que encuentran cada día menos

<footnote>en Tijuana, me confirmó esto en una entrevista al decirme que “México no es
un lugar para periodistas o para defensores. Hay una criminalización brutal para
defensores de derechos humanos” (G. Zamudio, comunicación personal, 30 de
junio de 2019).</footnote>

<footnote n="7">⁷ Como lo han demostrado también Gonzales y Chavez (2012), los jóvenes de la generación de los *dreamers*, que llegaron siendo niños a Estados Unidos, muy pronto, a una temprana edad toman conciencia de su ilegalidad, misma que determina dónde pueden estudiar, vivir y trabajar.</footnote>
opciones para mantenerse en sus lugares de origen (es la *insostenibilidad de la vida* que han documentado organizaciones como FM4). Ellas deciden, entonces, emprender su camino rumbo al norte. Allí se enfrentarán a un sistema o régimen de control migratorio cada vez más duro y difícil de sobrepasar. El resultado de todo ello es que los migrantes habrán de buscar continuar sus proyectos migratorios por rutas más peligrosas o en compañía de actores criminales, con lo cual aumentarán las muertes y los migrantes desaparecidos en las fronteras.

El vínculo entre el control migratorio y la producción de muertes es un rasgo distintivo de la gestión biopolítica, tal como lo confirman algunas investigaciones. Como sabemos por Foucault, pasamos, en el tránsito a la modernidad europea, desde un régimen de poder soberano, donde se hacía morir a algunos mientras se dejaba vivir a otros, a un régimen biopolítico en el que la clave es hacer vivir a muchos mientras se deja morir a otros.

Tal parece ser el caso de las migraciones actuales. En ellas vemos espacios fronterizos como el de Arizona-Sonora (en Estados Unidos y México, respectivamente), donde miles de migrantes arriesgan sus vidas al cruzar por el desierto. De acuerdo con la interpretación y con los estudios de Jason De León: “Estados Unidos no puede matar a 3 mil o 4 mil migrantes en la frontera, pero los puede obligar a cruzar por sitios peligrosos, con lo cual se les deja morir” (Clusiau & Schwarz, 2020).

En este sentido, el desierto en Arizona, el mar Mediterráneo, el tapón del Darién o el Sahel en África, se han transformado en sitios emblemáticos de muerte y desaparición de migrantes, lo cual no puede ser concebido como algo externo a las políticas de control migratorio ni como un asunto exclusivo del crimen organizado. Al contrario, son aspectos centrales del propio régimen de control migratorio. Después de todo, como lo explica Carolina Kobelinsky, “hay una estrecha relación entre la muerte de migrantes en el mar y el endurecimiento de las políticas migratorias en Europa” (Unité de Recherche Migrations et Société, 2020).

Ahora bien, todo el marco global que estoy describiendo se ha intensificado y agravado con la pandemia provocada por el COVID-19. Esta emergencia sanitaria hizo posible que se les otorgaran poderes extraordinarios a los gobiernos, mediante la figura del estado de excepción, lo cual permitió intensificar los mencionados procesos de criminalización, vigilancia y control.
Entre las medidas que se han visto desplegadas durante este tiempo de COVID-19, destaca el cierre de fronteras en prácticamente todo el continente, para lo cual se ha redoblado la presencia militar y policial. Con ello, se ha fortalecido una concepción de seguridad específica, donde los migrantes son presentados como una amenaza directa a esa noción de seguridad y a la concepción del Estado. Sin quitar el polvo de la superficie, se ha vuelto una y otra vez a reforzar la noción westfaliana del Estado-nación. Y, derivado de todo ello, han aumentado las detenciones de migrantes, a quienes se trata sin ninguna consideración específica en caso de ser personas con necesidades de protección internacional.

Consecuente con estas medidas, desde Estados Unidos han aumentado las deportaciones *fast-track*, donde no se ha respetado el devido proceso y el derecho que las personas tienen a solicitar la protección de un Estado distinto de aquél en el que se sienten amenazadas. En estas deportaciones han participado activamente los gobiernos de México y Centroamérica, los cuales, argumentando también las necesidades de protección de la salud de sus connacionales y de los mismos migrantes, colaboran en el traslado de personas desde la frontera norte hacia la frontera sur de México.

Organismos internacionales como El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), han redoblado su presencia en las fronteras y en los procesos descritos, transformándose en actores centrales de lo que México hace en materia migratoria. Con ello, se ha provocado lo que Hoffmann y Rodríguez López definen en este mismo volumen como internacionalización de las políticas migratorias.

Desde varios puntos de vista, sorprende en este punto cómo México ha insistido en la necesidad de controlar la entrada de personas en su frontera sur debido a la pandemia, pero hasta el día de hoy no existen protocolos ni medidas de control para los migrantes extranjeros que llegan en los cientos de aviones que todas las semanas aterrizan en los aeropuertos del país. En este sentido, nos podríamos preguntar si, entonces, el argumento de protección contra el ingreso de personas con COVID-19 al país no es sino una justificación para frenar la entrada de un tipo determinado de personas, en este caso provenientes del sur, quienes generalmente son personas pobres. Se confirmaría así, de ser
el caso, que estamos ante una política migratoria que es también una política con dimensiones clasistas y racistas bien definidas.

Con todo lo anterior, puedo afirmar que, durante la pandemia, hemos asistido al desmantelamiento casi definitivo del derecho de asilo en Estados Unidos. Los procesos de solicitud de protección se suspensieron y, según cálculos de diversas organizaciones de defensores de migrantes, quedaron varadas en la frontera norte unas 65 mil personas distribuidas entre albergues, centros de acogida, viviendas improvisadas a lo largo de la frontera y en torno a los puertos de entrada a Estados Unidos.<fnref n="8" />

Debido a estas situaciones, asistimos en este periodo a la conformación de nuevas formas de territorialización por parte de los migrantes, formas novedosas de habitar el espacio fronterizo. Ejemplo de ello son los dos enormes campamentos de migrantes que se han erigido en el Chaparral, en Tijuana, y en Matamoros, Tamaulipas. Se suma a todo esto el hecho de que el gobierno en Estados Unidos, liderado por el presidente Joe Biden, se encuentra en medio de muchas críticas por parte de activistas y defensores de migrantes, quienes le reclaman que no sólo no está cumpliendo sus promesas de campaña, sino que está alcanzando en su administración cifras récord de deportaciones y expulsiones de migrantes.

## La deshumanización y la pérdida de empatía ante la crisis humanitaria

Estamos cambiando el paradigma migratorio. Somos impulsores del pacto Mundial por una migración segura, ordenada y regular. Somos creadores del Plan de Desarrollo con Honduras, Guate-

<footnote n="8">⁸ Información disponible en diversos informes y estudios, tales como *La Encuesta a Migrantes Internacionales en Tránsito a través de Ciudad Juárez: caracterización y expectativas inmediatas*, elaborado a fines de 2020 por un equipo dirigido por la investigadora María Inés Barrios de la O, en el Colegio de la Frontera Norte (Colef).</footnote>
mala y El Salvador. Nunca verán toletes ni lacrimógenas usadas
contra migrantes como en el pasado. El gobierno mexicano ha
priorizado en todo momento el respeto a los derechos humanos
de las personas que ingresan a territorio nacional. (Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, 2019)<fnref n="9" />

A pesar de estas declaraciones, son muchas las demandas y de-
nuncias que día a día se levantan contra el Estado mexicano por todo
tipo de abusos e ilegalidades cometidas contra personas migrantes. Y
esto no es exclusivo de México, sino más bien algo que se repite en La-
tinoamérica, al punto de llevarnos a preguntar hasta dónde llega la ex-
ternalización de fronteras de Estados Unidos. Mirado desde un ángulo
más amplio, se puede afirmar que esa externalización no termina en las
fronteras de México, sino que se extiende hacia un número bastante
amplio de países.

En este marco adverso, los migrantes van descubriendo muy
pronto en su trayectoria de viaje que todos están contra ellos, desde
quienes lucran con su presencia en economías criminales diversas hasta
ciertos sectores de los gobiernos y de las autoridades de la región. De
esta manera, los gobiernos están constantemente demostrando que la
distancia entre sus discursos de buenas intenciones y sus acciones con-
cretas es enorme.

Graciela Zamudio es una abogada que ha litigado importantes
casos de defensa de migrantes en Tijuana; para ella, con la pandemia
toda la situación empeoró. Además, se agravaron las situaciones de
vida, integridad, salud y seguridad para los migrantes desde los últimos
años.<fnref n="10" /> A todo esto se le suman las múltiples violaciones que venían
ocurriendo desde que, en enero de 2019, Estados Unidos estableció
los MPP.<fnref n="11" />

<footnote n="9">⁹ Palabras de Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ G. Zamudio, comunicación personal, 12 de diciembre de 2020.</footnote>

<footnote n="11">¹¹ MPP o Migrant Protection Protocols es un programa creado en 2019 mediante las leyes migratorias de Estados Unidos, el cual obliga a personas provenientes de terceros países (especialmente de Centroamérica) a esperar en México a sus próximas citas en cortes migratorias estadounidenses como parte de su proce-</footnote>