# Reparación integral y transformadora para víctimas de femicidio

Reyes Ávila Ariadna

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Reyes Ávila Ariadna. Reparación integral y transformadora para víctimas de femicidio. Analysis. Claves de Pensamiento Contemporáneo, 2025, Vol. 39 (2025): Género, violencia y resistencia: miradas cruzadas sobre las luchas feministas en Ecuador, 39 (3), pp.1-24. 10.5281/zenodo.14867012. hal-04946763

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Ariadna Reyes Ávila

# Reparación integral y transformadora para víctimas de femicidio

**RESUMEN:** A diez años de la tipificación del delito de femicidio en Ecuador, la discusión sobre la Ley Orgánica de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral para hijas, hijos, madres, padres y demás familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas de mujeres, publicada en el Registro Oficial en junio de 2024, ha evidenciado las tensiones entre las obligaciones de reparación integral desde la perspectiva jurisdiccional y las necesidades y aspiraciones de las víctimas y sobrevivientes de femicidio. Estas esperan respuestas oportunas y eficaces por parte del Estado desde el momento en que ocurre el hecho, así como durante los itinerarios de dignificación de la víctima mortal, el acceso a la justicia y el restablecimiento de los proyectos de vida de hijos, hijas o dependientes. Enfatizan, además, el deber estatal de prevenir la violencia de género hacia las mujeres, subrayando la omisión del Estado cuando esta ocurre. El artículo aborda por qué se recurre a la noción de reparación transformadora como un puente entre la reparación integral en su naturaleza jurídica y el deber de debida diligencia reforzada del Estado frente a la violencia feminicida.

**PALABRAS CLAVE:** Violencia feminicida; Resarcimiento integral; Omisión estatal.

## The integral and transformative reparation for victims of femicide

**ABSTRACT:** Ten years after the criminalization of femicide in Ecuador, the discussion surrounding the Organic Law of Containment, Accompaniment, and Transformative and Integral Reparation for daughters, sons, mothers, fathers, and other family members of victims of femicide and other violent deaths of women —published in the Official Registry in June 2024— highlighted the tensions between the obligations of integral reparation from a jurisdictional perspective and the needs and aspirations of the victims and survivors of femicide. These individuals expect timely and effective responses from the State, starting from the moment the act occurs and throughout the processes of dignifying the mortal victim, accessing justice, and reestablishing the life projects of sons, daughters, or dependents. The article focuses on the duty to prevent gender-based violence against women and, consequently, the State's failure to act when such violence occurs. It also explains why the notion of transformative reparation is

► Ariadna Reyes Ávila, Grupo de Trabajo por los Derechos Humanos de Niñas y Mujeres Diversas. Dignidad+Derechos. Ecuador. Autor de correspondencia: (✉) ariadnareyesavila@gmail.com — iD http://orcid.org/0009-0008-6106-4514.
used as a bridge between comprehensive reparation in its legal nature and the State's
duty of enhanced due diligence in the face of feminicidal violence.

KEYWORDS: Feminicidal violence; Comprehensive reparation; State omission.

Introducción

La obligación de los Estados ante las consecuencias de las distintas formas
de violencia contra las mujeres por razones de género es la de asegurar
medidas efectivas para prevenir la violencia, proteger y atender a víctimas
y sobrevivientes, e investigar, sancionar y reparar el daño sufrido de forma
eficaz, útil y pertinente. Enunciada así, conforme a los estándares del
derecho internacional de los derechos humanos, la reparación integral se
erige en su doble naturaleza: como un derecho de víctimas y sobrevivientes,
y como un deber del Estado.

El femicidio o feminicidio es «la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión» (MESECVI, 2008). Cuando estos crímenes ocurren, el Estado democrático, de justicia y de derechos falla en su deber de prevención.

Conculcado el derecho a la integridad y, finalmente, el derecho a la vida,
surge el deber del Estado de reparar integralmente<fnref n="1" />. Cuando las medidas de

<footnote n="1">¹ Art. 8 Declaración Universal de Derechos Humanos (https://bit.ly/3onGtLu). Art. 2 y Art. 3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (https://bit.ly/430B05G). Art. 6 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (https://bit.ly/49Np2tA). Art. 14.1 de la Convención contra la Tortura, otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (https://bit.ly/49U1AuL). Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 31, Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados parte en el Pacto, 26 de mayo de 2004. Párr. 15 y 16 (https://undocs.org/es/CCPR/C/21/Rev.1/Add.13). Art. 39 de la Convención de los Derechos del Niño (https://bit.ly/48IOobV). Art. 2 de la Convención para Prevenir y Erradicar todas las formas de Discriminación hacia la Mujer CEDAW (https://bit.ly/3SuRyKF). Art. 4 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (https://bit.ly/3Ir2lzu). Recomendación General 28 de la CEDAW (Subpárrafo b.2) (https://bit.ly/3uUh3Mq). Recomendación General 33 sobre el derecho de las mujeres de acceder a justicia (https://bit.ly/3uV6s3M). Recomendación General 35 sobre Violencia contra la Mujer (https://bit.ly/3FR1ULz). Art. 25 de la Convención Americana sobre</footnote>
restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción simbólica y garantía de no repetición previstas en los artículos 77, 78 y 78.1 del Código Integral Penal se tornan ineficaces, se reproduce de forma sistemática la impunidad social ante las violencias de género, perpetuando un circuito que obstaculiza o arrebata los proyectos de vida de niñas, adolescentes, mujeres, *cuerpas* disidentes y cuerpos femeninos diversos.

A diez años de la tipificación del femicidio en Ecuador,<fnref n="2" /> el Consejo de la Judicatura reportó 785 crímenes y 1 911 muertes violentas de mujeres por tipos penales análogos.<fnref n="3" /> De los casos de femicidio, solo el 51,23 % (396)

Derechos Humanos (https://bit.ly/49NpsjE). Art. 7 de la Convención Belem do Pará (https://bit.ly/3pAu3jy). Art. 1 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (https://bit.ly/4bW5ViP). Art. 9 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura (https://bit.ly/3uWOhea).

<footnote n="2">² Tal como sostiene el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y ONU Mujeres (2013, p. 13) no existe un consenso en relación con los conceptos de femicidio y feminicidio. En el párrafo 33 indica que: el proceso de conceptualización de la muerte violenta de una mujer por ser mujer adquirió importancia en la década de 1970 cuando la expresión «femicidio» (o *femicide* en inglés) fue acuñada por Diana Russell. Esta expresión surge como alternativa al término neutro de «homicidio» con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer que, en su forma más extrema, culmina en la muerte. De acuerdo con la definición de Russell, el femicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, «los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres» (Russell, 2006, 7-78). En el párrafo 35 establece que, a partir del desarrollo anterior, Marcela Lagarde acuñó el término femicidio: como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, pero confirió a ese concepto un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso de deber de investigar y sancionar. Por esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un crimen de Estado. Se trata de «una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad». El concepto abarca el conjunto de hechos que caracterizan los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres en casos en que la respuesta de las autoridades sea la omisión, la inercia, el silencio o la inactividad para prevenir y erradicar esos delitos. En Ecuador el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal lo define como la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.</footnote>

<footnote n="3">³ Asesinatos: 1 581; homicidios: 190; robos con muerte: 85; violación con muerte: 26; sicariato: 23; secuestro con muerte: 4; abandono de persona: 2. (femicidio.ec https://bit.ly/3AyLScf a partir del Grupo de fortalecimiento estadístico de indicadores de</footnote>
cuenta con una resolución, mientras que en el 11,11 % la acción penal se extinguió.<fnref n="4" /> Las sentencias condenatorias constituyen únicamente el 74 % de los casos resueltos (294). Por otro lado, el 79 % de los casos sin resolución permanecen en la fase de investigación previa.<fnref n="5" />

Esta información evidencia significativas brechas entre el derecho de acceso a la justicia y las posibilidades reales de que las víctimas o sobrevivientes accedan a una reparación integral por la vía jurisdiccional. Esto apunta a la capacidad estatal para procurar justicia a través de una investigación penal diligente y especializada, que permita sustentar las adecuaciones fácticas y jurídicas de las acusaciones penales, e impartir justicia de manera célere y oportuna. Establecer la verdad y aliviar el sufrimiento en el menor tiempo posible mediante una sentencia justa y una reparación integral efectiva son deberes irrenunciables de los Estados.

El presente artículo aborda las discusiones en torno a la decisión legislativa de aprobar la Ley Orgánica de Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio y otras Muertes Violentas por Razones de Género (LOARTI), publicada en el Registro Oficial n.º 588 el 27 de junio de 2024. En particular, se analizan:

a) la reparación integral en la jurisprudencia ecuatoriana;

b) los alcances de la reparación transformadora;

c) la debida diligencia reforzada; y

d) la situación de las víctimas y sobrevivientes.

seguridad y justicia de la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Justicia, Crimen y Transparencia.

<footnote n="4">4 Las extinciones de la acción penal surgen principalmente por el suicidio del agresor luego de cometido el hecho.</footnote>

<footnote n="5">5 Datos del Consejo de la Judicatura a través de la plataforma de registro estadísticos femicidio.ec https://bit.ly/3AyLScf.</footnote>
La reparación integral en la jurisprudencia ecuatoriana

El proceso participativo<fnref n="6" /> de diseño del documento de política pública de reparación integral (2021), promovido por la Iniciativa Spotlight<fnref n="7" /> en Ecuador, adoptó como estándar del derecho a la reparación integral para víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer por razones de género y femicidio o feminicidio el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y la sentencia de la Corte Constitucional 004-13-SAN-CC, caso n.º 0015-10-AN (13 de junio de 2013), que en lo específico indica:

[...] la reparación integral en el ordenamiento ecuatoriano constituye un verdadero derecho constitucional cuyo titular es toda persona que se considere afectada por la vulneración de sus derechos reconocidos en la Constitución. Adicionalmente, es un principio orientador que complementa y perfecciona la garantía de derechos; así, esta institución jurídica se halla inmersa en todo el ordenamiento constitucional ecuatoriano, siendo transversal al ejercicio de los derechos. De esta forma, se logra que las garantías constitucionales no sean vistas como simples mecanismos judiciales, sino como verdaderos instrumentos con que cuentan todas las personas para obtener del Estado una protección integral de sus derechos. (la negrita es propia) (CC, 13.06.2013, p. 24).

<footnote n="6">6 Cien actorías de la sociedad civil, actores y actoras judiciales, profesionales de los sistemas cantonales de protección de derechos, y expertas del movimiento social de mujeres participaron en el proceso, tal como consta en el documento de política pública de reparación integral para víctimas y sobrevivientes de violencia contra miembros del núcleo familiar y femicidio.</footnote>

<footnote n="7">⁷ El mayor esfuerzo mundial destinado a poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas se inició con un compromiso de financiación inicial de 500 millones de euros, procedentes de la Unión Europea, para un esfuerzo global sin precedentes enfocado en invertir en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como condición e impulso para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Iniciativa Spotlight responde a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, con especial atención en la violencia doméstica y familiar, la violencia sexual y las prácticas perjudiciales basadas en el género, el femicidio, la trata de seres humanos y la explotación sexual y económica (incluida la explotación de mano de obra).</footnote>
Los estándares constitucionales obligan al desarrollo normativo y de política pública considerando esta triple dimensión: derecho humano cuyo titular son quienes se ven afectadas por la vulneración de sus derechos; principio orientador que complementa y perfecciona la garantía de derechos; dimensión transversal al ejercicio de derechos.

Pese a que los estándares constitucionales datan de 2013, del análisis de 18 sentencias realizado en el marco de la elaboración participativa de la política pública de reparación integral para víctimas de femicidio en 2021,<fnref n="8" /> ninguna de estas contenía mecanismos claros para que las medidas de reparación integral fuesen eficaces.

Los obstáculos jurídicos y procedimentales para la estimación y el cobro de indemnizaciones, la ausencia de servicios públicos especializados para la rehabilitación —particularmente los de salud mental—, las confusiones en materia de restitución de derechos en casos de pérdida de la vida humana por violencia de género, y la reiterada negación de las aspiraciones de las víctimas y sobrevivientes respecto a las garantías de no repetición y satisfacción simbólica son limitaciones identificadas en el diagnóstico del documento de política pública. Estas limitaciones coinciden con las señaladas por víctimas y sobrevivientes en el I Encuentro Nacional de Víctimas de Femicidio y Transfemicidio y por el movimiento social de mujeres (Quito, 29-30 de agosto de 2024).<fnref n="9" />

De allí que la discusión parlamentaria en torno al objeto de la ley reflejara serias tensiones derivadas de la interpretación del derecho. Por un lado, se promovió la tesis de la imposibilidad de tomar decisiones en materia de reparación desde el conocimiento del hecho, al considerarlo atentatorio contra el debido proceso. Por otro lado, la necesidad y aspiración de víctimas, sobrevivientes y defensores(as) del derecho humano a una vida sin violencias impulsaron que el Estado —omiso en su deber de prevención— se muestre eficaz y oportuno en reparar una vez que

<footnote n="8">⁸ Programa Spotlight y Secretaría de Derechos Humanos. Documento de Política Pública de Reparación Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar y Femicidio (2021). https://bit.ly/40v7Nfe.</footnote>

<footnote n="9">⁹ Declaración de Quito: I Encuentro Nacional de Víctimas y Sobrevivientes de Femicidio, Transfemicidio y el Movimiento Social de Mujeres. https://bit.ly/3UG8ZIL.</footnote>
la muerte de una mujer o de una persona que vive en y desde femeninos
diversos ocurre.

Rousset Siri (2011), al analizar el concepto de reparación integral a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), utiliza una imagen que clarifica la centralidad de la discusión propuesta por víctimas y sobrevivientes. El acto humano que despoja de vida a una mujer por razones de género desencadena una espiral de daños materiales e inmateriales, tanto para ella como para quienes le sobreviven. Estas dimensiones deben ser claramente identificadas y atendidas en la espiral de causas y consecuencias por parte del Estado.

Tal como sostiene Arroyo (2022), el laberinto androcéntrico del derecho limita el acceso a la justicia de las mujeres diversas y reproduce narrativas y prácticas que privan de pertinencia y especialidad a las interpretaciones judiciales en casos de actos típicos antijurídicos. Estos requieren decisiones complejas que consideren sus resultados y enfoques diferenciales del derecho, acercando así la justicia y la igualdad. La imagen utilizada por Rousset Siri es la siguiente:

> La forma en la que una violación a los derechos humanos puede incidir y afectar la historia personal de la víctima y su entorno presenta un alto nivel de complejidad. La misma Corte IDH, en su sentencia sobre reparaciones en el caso Aloeboetoe vs. Surinam, señaló que: «Todo acto humano es causa de muchas consecuencias, próximas unas y otras remotas. Un viejo aforismo dice en este sentido: *causa causæ est causa causati*. Piénsese en la imagen de una piedra que se arroja a un lago y que va produciendo en las aguas círculos concéntricos cada vez más lejanos y menos perceptibles. Así, cada acto humano produce efectos remotos y lejanos». (Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C n.º 15, párrafo 48, citado por Siri, 2011).

La mirada restrictiva de la reparación integral, entendida exclusivamente como un acto jurisdiccional cuyos alcances deben circunscribirse a decisiones previamente legitimadas por el consenso judicial, constituye un obstáculo cultural e institucional. En los hechos, esta perspectiva reproduce
estereotipos de género en las decisiones judiciales y limita el acceso de víctimas y sobrevivientes a la reparación integral.<fnref n="10" />

La persistencia de esta visión contribuye a la impunidad judicial y social frente a la violencia de género, y al incumplimiento del deber de los Estados de desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres en las decisiones jurisdiccionales, particularmente en los siguientes aspectos:<fnref n="11" />

## Del Sistema Universal de Derechos Humanos

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948):

* Art. 8: Derecho a recurso efectivo y amparo contra violaciones.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966):

* Art. 2.3: Garantizar un recurso efectivo.

* Garantía de cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965):

* Art. 6: Garantía de protección y recursos efectivos contra actos de discriminación racial.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984):

* Art. 14.1: Garantía del derecho a presentar denuncia y a recibir atención pronta e imparcial.

* Garantía de reparación y derecho a indemnización justa y adecuada, incluyendo medidas de rehabilitación.

<footnote n="10">¹⁰ En el análisis de las sentencias ejecutoriadas hasta el año 2021, se demostró que las decisiones carecían de medidas interdependientes e interrelacionadas entre los cinco mecanismos de reparación integral establecidos en el artículo 78 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Las víctimas entrevistadas indicaron que no se tomaron en cuenta sus legítimas aspiraciones de satisfacción simbólica y que, al momento de las decisiones jurisdiccionales, ellas ya habían recurrido a medidas de rehabilitación que tampoco fueron consideradas por los tribunales en los cálculos de indemnización. Además, se evidenció la falta de desarrollo de mecanismos efectivos de garantía de no repetición. Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial N.º 180, Quito, Ecuador, 10 de febrero de 2014.</footnote>

<footnote n="11">¹¹ Con base en MESECVI-ONU Mujeres 2022, p. 18 y 22.</footnote>
* Indemnización para las personas a cargo de la víctima en caso de fallecimiento.

Convención sobre los Derechos del Niño (1989):

* Art. 39: Medidas para promover la recuperación física y psicológica, así como la reintegración social.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979):

* Art. 2: Garantía de protección jurídica efectiva de los derechos de las mujeres y contra la discriminación.

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (1993):

* Art. 4: Sanciones para castigar y reparar agravios.

* Acceso a la justicia y resarcimiento justo y eficaz por el daño.

* Información adecuada sobre los derechos a pedir reparación.

## Del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969):

* Art. 25: Derecho a un recurso efectivo y garantía de cumplimiento de las resoluciones judiciales.

* Art. 63: La Corte Interamericana de Derechos Humanos está facultada para ordenar garantías de restitución y reparación, incluida la indemnización.

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994):

* Art. I: Obligación de prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada de personas.

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985):

* Art. 9: Garantía de compensación adecuada para las víctimas.

Convención de Belém do Pará (1994), Art. 7:

* Deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

* Medidas para prevenir la agresión.

* Medidas de protección y acceso efectivo a un juicio oportuno.
* Acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.

## Otros desarrollos y discusión legislativa

Caso Hernández vs. Honduras (2021): la sentencia establece que las mujeres trans son mujeres y, como tales, están amparadas por la Convención de Belém do Pará, incluyendo los derechos específicamente referidos a la reparación integral. La discusión legislativa optó por ensayar la fórmula de garantizar el derecho a través de la reparación transformadora e integral. Bajo este esquema, las funciones ejecutiva y judicial deben actuar de forma eficaz desde que ocurre el hecho, asegurando:

* Servicios de acompañamiento, contención y protección integral de derechos.

* Acceso a derechos civiles, sociales y económicos para las víctimas y sobrevivientes de femicidios o feminicidios.

* Justicia especializada, eficaz y oportuna.

## La reparación transformadora

Acudir a la noción de reparación transformadora, desarrollada por el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) junto con ONU Mujeres (Iniciativa Spotlight, 2022), surge como una necesidad en la resolución legislativa de la Ley Orgánica de Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio y otras Muertes Violentas por Razones de Género (LOARTI). Publicada en el Registro Oficial N.º 588, el 27 de junio de 2024, la ley busca extender puentes entre las obligaciones del Estado, a través de las funciones ejecutiva y judicial, frente a los daños producidos por los femicidios y su deber de prevención. El MESECVI y ONU Mujeres (2022) definen la reparación transformadora como:

> parte del entendido de que las mujeres y las niñas enfrentan una situación de violencia y discriminación estructural que preexiste a
la violación de sus derechos, por lo que la reparación de los daños no puede limitarse a volver a la situación anterior al daño, sino que debe trascenderla y tener un verdadero carácter transformador de sus vidas y la de sus comunidades (MESECVI y ONU Mujeres, 2022, 40-41).

La ex-relatora especial de Naciones Unidas Rashida Manjoo (2017), citada por MESECVI y ONU Mujeres (2022), explicó que el enfoque transformador implica cualquier medida de rendición de cuentas que aborde la brecha de impunidad y alivie a la víctima de la carga del daño sufrido. Esta visión concuerda con la propuesta de Joinet en 1997 en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en relación con la interdependencia de los diversos mecanismos de la reparación integral —rehabilitación, indemnización, medidas simbólicas y garantía de no repetición—, llamando la atención sobre las dimensiones individuales, generales y colectivas de la reparación, la no impunidad y la prevención de crímenes de violación de derechos humanos (civiles y políticos).

El informe del MESECVI y ONU Mujeres (2022), citando el Informe del Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición (2020), establece que, para la violencia hacia las mujeres basada en género:

> el epicentro de esta violencia se encuentra en la incapacidad del Estado para proteger, prevenir y responder eficazmente ante ella, lo que muestra su estrecho vínculo con la falta de reconocimiento de su gravedad y con la prevalencia de la impunidad. En ese sentido, los actos de violencia contra la mujer son parte de una jerarquía entre los sexos que solo puede comprenderse a fondo dentro de un contexto estructural más amplio. Sobre esta base, el enfoque restitutivo tradicional que busca devolver a la víctima a la situación anterior al ilícito resulta insuficiente en estos casos, dado que no garantiza el goce pleno de derechos de quienes ya se encuentran en condiciones de exclusión, desigualdad y discriminación (Ibíd.).
Es decir, la noción de reparación transformadora otorga responsabilidades al Estado en el deber de prevenir la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, protegerlas integralmente, asegurar sus derechos y proyectos de vida en dignidad y, por tanto, interrumpir y corregir la espiral de injusticias. También implica el derecho a conocer la verdad sin dilaciones y la obligación del Estado de tomar medidas individuales para reparar el daño sufrido, así como medidas institucionales y estructurales para evitar que vuelva a producirse un femicidio o feminicidio, haciéndose cargo tanto de las graves consecuencias de las omisiones en cada caso particular como del fallo estructural en el deber de prevenir la violencia de género.

La reparación transformadora cifra su carácter en la comprensión sistémica de la violencia de género hacia las mujeres y, por tanto, constituye un círculo virtuoso en el que la prevención es un deber del Estado y, cuando los femicidios o feminicidios ocurren, este debe perseguir y sancionar. Si es así, la naturaleza transformadora trasciende la mera naturaleza jurídica de la reparación integral y obliga al diálogo entre las funciones ejecutiva y judicial, asegurando decisiones y acciones desde el momento del hecho para interrumpir la impunidad social de las violencias de género.

La LOARTI (2024) resuelve esto mediante la obligación de acciones coordinadas y articuladas en tres momentos o fases: cuando ocurre el hecho y las actuaciones del Estado se esperan emergentes; desde que ocurre el hecho y hasta alcanzar la dignificación de víctimas y sobrevivientes, con actuaciones estatales que se centran en el acompañamiento y en la garantía de acceso a derechos civiles, sociales, económicos y de protección social de las víctimas y sus dependientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y, finalmente, en las decisiones jurisdiccionales integrales y transformadoras.

## Debida diligencia reforzada

Los consensos judiciales tienden a contraponer el debido proceso a la debida diligencia reforzada en materia de protección de los derechos de víctimas y sobrevivientes de violencia de género y su acceso a la justicia. El debido proceso es un derecho fundamental que contiene principios y garantías que aseguran que tanto los procedimientos como las conductas de
los actores judiciales y de quienes forman parte de las entidades auxiliares de justicia se mantengan dentro de las disposiciones del Estado social, de derechos y de justicia.<fnref n="12" />

Se entiende que el derecho del Estado a castigar requiere límites. Sin embargo, cuando las víctimas y sobrevivientes de violencia de género buscan acceder a la justicia, la arquitectura androcéntrica del sistema judicial —cuando no la cultura tribunalicia estructuralmente patriarcal— las coloca en una situación de desventaja ante el hecho jurídico y la disputa del conflicto de justicia. En este contexto, los principios del debido proceso suelen exacerbarse frente a los reclamos de las víctimas.

Los derechos más elementales de las víctimas y sobrevivientes quedan atrapados en un torbellino de dilaciones e ineficacia que, en su experiencia vital, mina sus factores de resiliencia ante el hecho, las expone a nuevos episodios de violencia misógina y vicaria<fnref n="13" />, y profundiza su desconfianza en el sistema judicial.

El debido proceso no se contrapone a la debida diligencia, la cual debe ser reforzada cuando ocurren crímenes letales contra las mujeres por razones de género y cuando es necesario proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por la muerte de su madre.<fnref n="14" />

<footnote n="12">¹² Ver Víctor Rodríguez Rescia. El debido proceso legal y la Convención Americana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos.</footnote>

<footnote n="13">¹³ Es aquella forma de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a las hijas e hijos y personas significativas para ellas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimiento, y que, de acuerdo con la literatura disponible en la materia, es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en los casos en que las agraviadas deciden terminar su relación o denunciar la violencia ejercida en su contra (2022). (Muñoz, Emma 2022 citando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México).</footnote>

<footnote n="14">¹⁴ Corte IDH. Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 350, párrs. 158, 164, 165: «[...] el deber estatal de organizar el sistema de justicia, de forma tal que el actuar de las autoridades conforme a la debida diligencia implique la adopción de una serie de medidas y el desarrollo de un proceso adaptado a las niñas, niños y adolescentes. [...] Se traduce en algunas garantías o componentes diferenciados en el caso de niñas, niños y adolescentes, que se fundan en el reconocimiento de que su participación en un proceso no se da en las mismas condiciones que un adulto. El sistema de justicia adaptado a las niñas, niños y adolescentes importará que exista una justicia accesible y apropiada a cada uno de ellos, que tome en consideración no solo el principio del interés superior, sino también su derecho a la participación con base en sus capacidades en constante evolución, conforme a</footnote>
En materia de violencia de género contra las mujeres, el alcance de la
debida diligencia debe comprenderse en los siguientes términos:

Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la
debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En
particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de
protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de
prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz
ante las denuncias. La estrategia de prevención debe ser integral,
es decir, debe prevenir los factores de riesgo y, a la vez, fortalecer
las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta
efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Asimismo, los
Estados deben adoptar medidas preventivas en casos específicos
en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden
ser víctimas de violencia. Todo esto debe tomar en cuenta que, en
casos de violencia contra la mujer, los Estados tienen, además de
las obligaciones genéricas contenidas en la Convención Americana,
una obligación reforzada a partir de la Convención de Belém do
Pará» (Corte IDH, Caso González y otras, Campo Algodonero vs.
México, 2009, párr. 258). La Corte Interamericana de Derechos
Humanos considera que el deber de investigar efectivamente,
siguiendo los estándares establecidos por el Tribunal (supra párrs.
287-291), adquiere alcances adicionales cuando se trata de una
mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad

su edad, grado de madurez y nivel de comprensión, sin discriminación alguna. [...] Además, tomando en cuenta el interés superior, no solo se debe evitar la revictimización, sino que, a través de las protecciones especiales y el acompañamiento especializado, se deberán generar las condiciones adecuadas para que la niña, niño o adolescente pueda participar de forma efectiva en el proceso penal. En este sentido, la actuación estatal deberá estar encaminada a la protección reforzada de sus derechos, a través de la actuación multidisciplinaria y coordinada de las agencias estatales de protección y apoyo psicosocial, investigación y juzgamiento, entre ellas el ministerio público, las autoridades judiciales, los profesionales de salud, los servicios sociales y legales, la policía nacional, entre otros, desde que el Estado conozca la violación de sus derechos y de forma ininterrumpida, hasta que esos servicios dejen de ser necesarios, a fin de evitar que su participación en el proceso penal les cause nuevos perjuicios y traumas adicionales, revictimizándolos. [...] El Estado deberá, una vez conocidos los hechos, brindar asistencia inmediata y profesional, tanto médica como psicológica y/o psiquiátrica, a cargo de un profesional específicamente capacitado en la atención de víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de género y niñez».
personal en el marco de un contexto general de violencia contra las mujeres (Corte IDH, Caso González y otras, *Campo Algodonero* vs. México, 2009, párr. 293, citado por UFEM, Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Procuración General de la Nación de la República de Argentina).

No existe contradicción ni tensión que implique la prevalencia de unas garantías sobre otras. En materia de reparación transformadora e integral a víctimas de femicidio o feminicidio y otras muertes violentas por razones de género, las decisiones administrativas y judiciales deben garantizar, desde el conocimiento del hecho, la protección de la dignidad de la víctima mortal, el derecho a la verdad y la justicia, y los derechos de quienes sobreviven a su muerte. Todas estas decisiones, tanto administrativas en sede ejecutiva como judiciales, tienen el deber de transformar.

La deshumanización de la víctima mortal y la ausencia de actuaciones emergentes, útiles, pertinentes y eficaces para la protección de los derechos de quienes afrontan la orfandad en circunstancias de ser víctimas y testigos de un crimen lesionan gravemente su proyecto de vida, así como el de las madres, abuelas o hermanas que asumen las consecuencias del hecho violento.

La ausencia o el enfoque limitado de la debida diligencia reforzada menoscaban derechos y profundizan condiciones de indefensión, lo que permite que la violencia de género continúe activa aun después de la muerte de la víctima. Esta violencia se dirige de manera directa hacia su historia de vida, su legado, quienes amó o protegió, o aquello que tuvo valor para ella, particularmente sus hijos e hijas cuando era madre. La debida diligencia reforzada implica el deber del Estado de prevenir cualquier mecanismo que reproduzca o perpetúe la violencia de género extrema.<fnref n="15" />

La debida diligencia reforzada es una institución de los derechos humanos que obliga al Estado a tomar decisiones útiles y pertinentes en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, ha sido ampliamente desarrollada en la jurisprudencia de la Corte Interamericana

<footnote n="15">15 Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia No. 28-15-IN/21. Párrafo 235.</footnote>
de Derechos Humanos en materia de protección del derecho humano de las mujeres a vivir sin violencia. La sentencia del Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua (Corte IDH, 2018, párrs. 158, 164 y 165), así como la sentencia del Caso González y otras, *Campo Algodonero* vs. México (Corte IDH, 2009, párrs. 282-283), desarrollan el deber de debida diligencia reforzada y su relación con el artículo 7.b de la Convención de Belém do Pará. Se establece que todas las instituciones y operadores con los que una víctima o sobreviviente entra en contacto desde el momento del hecho son responsables de realizar tanto lo que la ley permite como lo que la Constitución obliga, garantizando protección, atención integral y acceso a la justicia para las víctimas y sobrevivientes.

Cuatro son las condiciones que determinan el alcance de la debida diligencia reforzada en favor de las víctimas y sobrevivientes de femicidio o feminicidio:

a) Que todas las personas que operan en organismos especializados de protección de derechos, entidades auxiliares de la justicia y/o instancias judiciales actúen con el objetivo de proteger derechos y atender integralmente a las víctimas y sobrevivientes desde el conocimiento del hecho, previniendo cualquier forma de violencia vicaria y mayores vulnerabilidades.

b) Que se actúe sin dilación para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia. Esto implica la obligación de investigar con especialización como un deber de medio y no solo de resultado, bajo los principios de no revictimización y participación de las víctimas sobrevivientes, asegurando la dignidad de la víctima mortal.

Esto requiere la gestión técnico-científica forense especializada, civil, autónoma e independiente, conforme a los estándares desarrollados por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos<fnref n="16" /> y el Sistema

<footnote n="16">¹⁶ Recommendation 4. Interim report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez, submitted in accordance with General Assembly resolution 68/156. «62. The lack of independence and impartiality of many forensic medical services and health professionals is a key obstacle to combating impunity for perpetrators and ensuring reparations to victims. Health professionals tasked with the medico-legal evaluation of alleged victims of torture, with investigations into deaths in custody and with providing forensic evidence in criminal proceedings must enjoy organizational, institutional and functional independence from the</footnote>
Interamericano de Derechos Humanos para la investigación de muertes violentas de mujeres. Además, implica la responsabilidad indelegable de las fiscalías especializadas en la conducción de la investigación preprocesal y procesal penal, integrando la recolección de elementos para la reparación integral. Asimismo, se establece el deber de no revictimización y la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de delitos, restringiendo su participación en el proceso penal a una única vez mediante entrevista forense como testimonio anticipado.

c) Que los operadores de protección integral de derechos acompañen el sufrimiento derivado del hecho injusto y violento, asumiendo como deber el fortalecimiento de los factores de resiliencia de las víctimas y sobrevivientes del femicidio.

d) Que el Estado, a través de todas las entidades con responsabilidades, garantice los derechos fundamentales, civiles, sociales, económicos y culturales de las víctimas y sobrevivientes, en los términos que establece la ley, para niñas, niños, adolescentes y quienes les cuidan y protegen en los nuevos arreglos familiares. En virtud del principio del interés superior, la prioridad absoluta, la igualdad y la no discriminación, deberá considerarse una protección especial para quienes posean algún tipo de discapacidad, sean parte de familias migrantes, pertenezcan a un pueblo o nacionalidad originaria, o sean personas jóvenes no emancipadas. En todos los casos, los nuevos arreglos familiares deberán ser protegidos con recursos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas.

police, judiciary, military and prison services. The law and practice must ensure that they act in full impartiality». (Asamblea Nacional de la Organización de las Naciones Unidas, 2014). Por su parte la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos consultada por la Justicia, recomienda que: «To improve the scientific bases of forensic science examinations and to maximize independence from or autonomy within the law enforcement community, Congress should authorize and appropriate incentive funds to the National Institute of Forensic Science (NIFS) for allocation to state and local jurisdictions for the purpose of removing all public forensic laboratories and facilities from the administrative control of law enforcement agencies or prosecutors' offices (Committee on Identifying the Needs of the Forensic Sciences Community National Research Council, 2009).
La cuestión de las víctimas y sobrevivientes

De conformidad con la Resolución 60/47, aprobada en el año 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, se considera víctimas:

8. [...] a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término «víctima» también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2005).

El ordenamiento jurídico penal ecuatoriano integra este estándar. La nomenclatura de víctimas directas o indirectas y/o sobrevivientes de femicidio es un recurso que busca evidenciar el conjunto de víctimas del hecho femicida o feminicida. Centrada la violencia letal en la mujer y los femeninos diversos, el hecho produce una cadena de injusticias que afecta los vínculos de y en su vida, prioritariamente a sus hijas e hijos y a las relaciones parentales matrilineales.17 La obligación de la reparación integral prima facie es con la víctima mortal, su proyecto de vida arrebatado y con las víctimas sobrevivientes que sufren daño y tienen derechos ejercibles. Por tanto, genera obligaciones para actores y actoras institucionales, judiciales y auxiliares de la justicia, así como para el Estado

<footnote n="17">17 Por vía materna.</footnote>
como garante de derechos y obligado a reparar conforme lo establece la
LOARTI.

Las denominadas víctimas indirectas o víctimas sobrevivientes de violencia contra la mujer y de femicidio son, a la luz de los fundamentos del derecho internacional de los derechos humanos y del estándar del derecho penal ecuatoriano, víctimas. El uso de la calificación «indirectas» tiene dos alcances: a) Se refiere a los familiares que compartían el núcleo familiar, especialmente niñas, niños y adolescentes que sobreviven a la violencia, madres de la víctima mortal, abuelas u otras personas que, conforme al arreglo familiar, hayan estado o no a cargo de la víctima mortal.<fnref n="18" /> b) Comprende a las personas que hayan sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización, con especial atención a los femicidios o feminicidios por conexión (Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, 2013, 105, párr. 332).

El proyecto de vida conculcado corresponde a la víctima mortal, pero cuando de ella dependían los proyectos de vida de otras personas, estos también quedan inmersos en el daño sufrido y deben ser reparados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala en el caso Loayza Tamayo vs. Perú (Corte IDH, 1998) lo siguiente:

a) El denominado «proyecto de vida» atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas.

b) El «proyecto de vida» se asocia al concepto de realización personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone.

c) En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad. Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación (Caso Loayza Tamayo, 1998).

<footnote n="18">¹⁸ Se recomienda revisar la Ley General de Víctimas de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 y 4. wo83189.pdf (ordenjuridico.gob.mx).</footnote>
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI, 2022) desarrolló las categorías e indicadores de daño material e inmaterial que deben considerarse al momento de decidir los mecanismos de reparación integral en las legislaciones nacionales:

a) Restitución.

b) Rehabilitación, que puede incluir modelos de mayor integralidad producidos por la sociedad civil o el Estado y que desarrollan el enfoque de género.

c) Indemnización.

d) Satisfacción.

e) Garantías de no repetición.

La aspiración a la indemnización, aunque no constituya para las víctimas de femicidio el aspecto central en la esperanza de la reparación integral, ya que su prioridad es el acceso a la justicia, es legítima, legal, justa y necesaria.<fnref n="19" /> Sin embargo, los Estados, a través de sus sistemas judiciales o de las responsabilidades que les otorgan las leyes de tercera generación<fnref n="20" /> en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, no garantizan la reparación integral, y las sentencias suelen ser meramente declarativas, sumiendo a víctimas y sobrevivientes en un nuevo viacrucis por justicia reparadora.

El concepto de víctima, de conformidad con el estándar internacional de derechos humanos, al igual que el de proyecto de vida, no solo organiza la decisión jurisdiccional en materia de reparación integral, sino que también orienta la búsqueda de la verdad. Es un principio rector en la investigación especializada del delito y un activador, desde el momento del hecho, de la red de entidades estatales con obligaciones de proteger, atender y acompañar a víctimas y sobrevivientes del hecho femicida. Asimismo, es un principio fundamental en la protección de la dignidad de la víctima mortal, que se manifiesta a través de un trato técnico-científico forense digno, una

<footnote n="19">¹⁹ Ver MESECVI-ONU Mujeres 2022, p. 31-35. https://bit.ly/3uWN0Uq</footnote>

<footnote n="20">²⁰ Aquellas desarrolladas para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer que son de carácter orgánico e integral que se dirigen a proteger y garantizar derechos.</footnote>
investigación criminalística especializada e integral, la provisión de elementos para los ritos funerarios que representen su experiencia vital, así como la protección de su imagen y memoria personal, familiar y colectiva.

## Conclusiones

Existen estándares internacionales de derechos humanos y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Corte Constitucional ecuatoriana, suficientes para la adecuada definición de la reparación integral en su aspiración de transformar y para la adopción de medidas eficaces que regulen su ejercicio.

La reparación integral transformadora para víctimas y sobrevivientes de femicidio requiere nombrar la violencia que ocasionó la muerte como un asunto no solo individual, sino también social y estructural; prevenir la reproducción de la violencia de género y vicaria;<fnref n="21" /> señalar la especial condición de vulnerabilidad en la que hijas e hijos sobreviven a la muerte violenta de su madre; erradicar riesgos sobre su derecho a proyectos de vida dignos; y otorgar el lugar debido al rol que madres, abuelas y hermanas de la víctima mortal asumen en contextos de creciente desprotección.

Este deber constituye una serie de obligaciones que aluden a la triple dimensión de la reparación integral, de conformidad con el desarrollo jurisprudencial ecuatoriano enunciado anteriormente, y al concepto sociojurídico de reparación integral transformadora. También implica deberes para con el perfeccionamiento de los mecanismos de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción simbólica y garantías de no repetición, que son parte del ordenamiento jurídico nacional<fnref n="22" /> y cuyo

<footnote n="21">²¹ La violencia vicaria se concreta cuando se le inflige cualquier tipo de daño (o se amenaza con este) a una persona muy cercana a una mujer con la intención de vengarse o castigar a esa mujer en concreto. Es ejercida normalmente por parejas o exparejas que agreden a los hijos o hijas en común para castigar a la madre. Castigarla por irse de la casa, por tener otra pareja, por no ser "la mujer que debería ser". Y acá, en este punto, es donde se concreta el hecho de que se trata de una modalidad de violencia contra la mujer; que no es nada diferente a violentar a las mujeres y a las niñas para recordarles el lugar que deben ocupar en la estructura social patriarcal o para castigarlas por salirse de este lugar (Correa Flórez 2023).</footnote>

<footnote n="22">²² La Ley establece con total claridad cuáles son los mecanismos de reparación integral (Art. 78 y Art. 78.1 del Código Orgánico Integral Penal) y emite otras disposiciones directamente relacionadas con ello: (Art. 519.4; Art. 547.3; Art. 555; Art. 604.4.a; Art. 619.4; Art. 621; Art.</footnote>
desarrollo en materia de justicia de género es incipiente debido a la carencia de una política pública nacional, mecanismos institucionales eficaces y servicios para su realización.

Prevenir la violencia hacia las mujeres y los femeninos diversos como un deber del Estado, así como proteger y atender integralmente, perseguir, investigar y hallar la verdad, sancionar y reparar integralmente, se ratifican como los verbos rectores de las obligaciones estatales. Se trata de actuar sin dilación y con apremio en el deber primario de prevención, de compromiso con la verdad y la eliminación de la impunidad judicial y social, de transformación de las causas y consecuencias de la discriminación y la violencia basada en género, lo que implica la memoria como resistencia al olvido.

El perfeccionamiento y complemento de las garantías de protección y atención integral son materia de la reparación integral en la eficacia de los mecanismos de rehabilitación, que deben incluir los avances estatales y de las organizaciones sociales de mujeres diversas en el acompañamiento, contención y justicia terapéutica; de restitución; y de prevención, que es materia de reparación integral en razón de los mecanismos de satisfacción y garantías de no repetición.

El desafío consiste en cómo proveer de modo eficaz y en tanto deber del Estado la reparación integral transformadora a víctimas y sobrevivientes de femicidio o feminicidio, de manera tal que se eliminen los obstáculos normativos, institucionales y culturales para su eficacia desde todos y cada uno de los mecanismos de reparación transformadora e integral (restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición), desde el mero conocimiento del hecho (sea por noticias relacionadas con desapariciones o por el hallazgo de víctimas mortales) y

622.6; Art. 628; Art. 651.5; Art. 363-d y -e del COIP) y lo que agrega la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer en el Art. 29, 30, 31, 32, 33 y 34). Sin embargo, la reparación integral sigue siendo la garantía y derecho constitucional menos desarrollado para las víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer y su fuerza letal y la indemnización por la muerte violenta de las mujeres inalcanzable además de límites severos en la rehabilitación, medidas de satisfacción, garantías de no repetición y de restitución.
desde todas y cada una de las entidades y funcionarios o funcionarias que
toman relación con dichos hechos y sus víctimas.

Se trata de una espiral de aciertos en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres diversas, las cuerpas disidentes y los femeninos diversos, así como en la protección de los factores de resiliencia de niñas, niños y adolescentes huérfanos por el femicidio de su madre en el ejercicio del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral transformadora.

Agradecimientos

Al Movimiento Social de Mujeres y Feminista de Ecuador, el Observatorio de Violencia de Género hacia las Mujeres de Manabí, a las víctimas y sobrevivientes y sus organizaciones que guían la reflexión y la acción feminista.

Conflicto de intereses: La autora declara que no tiene ningún posible conflicto de intereses.

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## Información sobre el autor/a/es

► *Ariadna Reyes Ávila es* feminista colombo-ecuatoriana. Es educomunicadora, psicóloga, magister en sociología jurídica y en escritura creativa. Es defensora de derechos humanos e investigadora. Cuenta con experiencia en la formulación y diseño de políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres y para el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ha acompañado las luchas de diversos movimientos sociales y asesorado en la investigación especializada de los delitos de movilidad humada, trata de personas, de diversas formas de explotación y de violencia basada en género. **Contacto:** (✉): ariadnareyesavila@gmail.com. — iD http://orcid.org/0009-0008-6106-4514.

## Como citar este artículo

Reyes Ávila, Ariadna (2025). «Reparación integral y transformadora para víctimas de femicidio». *Analysis* 39, no. 3: pp. 1-24.