clamar un derecho especial [que], en última instancia, siempre será
definido por el Estado y sus élites" (Waever, 1995, p. 6), y que va
dirigido a bloquear, contener o eliminar la amenaza. Para el caso
costarricense, el trabajo de Navarro (2021) muestra de forma muy
clara cómo este tipo de respuestas en el contexto de la pandemia,
además de tener un fuerte componente racista, redundan en la
vulnerabilización de las poblaciones más expuestas a los riesgos y
amenazas de la crisis.

Siguiendo el posicionamiento posestructuralista de Waever,
Salazar y Yenissey Rojas identifican que, en el momento contem-
poráneo en la región, “El uso del lenguaje [...] provoca un clima per-
secutorio permanente en muchas vidas” (Salazar & Yenissey Rojas,
2011, p. 34), pues los detentores del poder siempre podrán intentar
utilizar la securitización de un tema para ganar control sobre este
(Waever, 1995, p. 6). No se trata de un mecanismo reducidamente
simbólico o semántico, sino de uno que a partir del acto discursivo
activa respuestas de las instancias y actores estatales, con efectos de
realidad para las personas y con tendencia a su institucionalización y
enquistamiento subjetivo.

Para el caso, este mecanismo clasificatorio se realiza como
procesos de criminalización en los que convergen los elementos de
riesgo-enemigo en el mismo sujeto amenazante. El cruce entre la teoría
del lenguaje, particularmente la noción de actos de habla (Austin, 1990),
y la teoría criminológica del etiquetamiento (Baratta, 2009), permiten
abordar la dinámica de operación criminalizante que se realiza sobre
buena parte de la población migrante y en movilidad. La manera en
que la defensa de la soberanía nacional, desde un ejercicio integrador
del poder en el Estado (seguridad nacional, poder soberano) (Foucault,
2000) se articula con la operación de un biopoder desintegrado, so-
cialmente actualizado y reproducido, es ejemplificado en la instalación
del “puesto” y los efectos que tuvo a nivel social y local. Se trata de una
operación animada por una particular expresión de la razón de estado,
que identifica amenazas en una población extranjera clasificada como
enemigo, y da pie a la operación de un mecanismo biopolítico de cri-
minalización, y que hunde sus raíces en una longeva matriz colonial
racista. Según Foucault (2000):
Fue el surgimiento del biopoder lo que inscribió el racismo en los mecanismos del Estado, [como] el medio de introducir por fin un corte en el ámbito de la vida que el poder tomó a su cargo: el corte entre lo que debe vivir y lo que debe morir [...] En la medida en que el Estado funciona en la modalidad del biopoder, su función mortífera sólo puede ser asegurada por el racismo. (p. 230)

De fondo, permanece la premisa bélica de la forma-guerra de que para vivir es indispensable matar, que se vuelve compatible con la forma del estado de derecho bajo su prerrogativa de excepcionalidad. Como señaló el autor, “dar muerte” no implica sólo el “asesinato directo”, sino también “el hecho de exponer a la muerte, multiplicar el riesgo de muerte de algunos [...] la muerte política, la expulsión, el rechazo” (pp. 230-231).

La vocería de los actos de habla que etiquetan a la población migrante como criminal no es exclusiva de las élites, funcionarios e instancias estatales, pues participan también medios de comunicación y diversos actores políticos y sociales. El dispositivo de la excepción opera más allá de los contornos del “Sistema-Estado” (Abrams, 2015) y se expresa culturalmente como un “sentido común” (Crehan, 2002) frente al “otro” en una situación de emergencia, al tiempo que “el discurso científico en tanto dispositivo de seguridad [...] considera a las particularidades culturales como objeto de intervención biopolítica” (Trapaga, 2020, p. 59). Es la figura constitucional de excepcionalidad la que activa las acciones y relatos estatales y sociales que lo realizan, y que al ampliar la lógica de guerra al plano social se expresan como formas de criminalización. Como “una lógica del tratamiento grupal o generalizante, contradictoria al derecho internacional que se rige por el principio de la individualidad del caso, asumiendo a la vez la segregación al acceso a la salud o promoviendo espacios más vulnerables al contagio” (Navarro Alvarado, 2021, p. 70).

En Panamá, el presidente declaró estado de emergencia (Resolución 11 de 2020)<fnref n="9" /> a penas tres días después del primer caso confirmado

<footnote n="9">⁹ Con base en la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 22-2006) y el artículo 55 de</footnote>
do, lo que abrió un plazo de 180 días para utilizar hasta $50MM para mitigar los efectos de la pandemia y estableció desde el 25 de marzo y hasta mediados de septiembre un toque de queda nocturno según el género (González et al., 2020). El Servicio Nacional de Migración extendió la vigencia de los permisos de residencia hasta mayo (Resolución 5731 de 2020), siempre que hubieran vencido después de la emergencia. No obstante, se mantuvo la suspensión de todos los procesos y actuaciones ante el Servicio Nacional de Migración hasta mayo (Resolución 7051 de 2020), cuando la resolución 7538 ordenó extender la vigencia de los permisos de residencia hasta finales de ese mes, extendiendo también a esa fecha la suspensión de procesos y actuaciones administrativas (Resolución 7538 de 2020). A finales de mayo, se volvió a extender la suspensión hasta la primera semana de junio, y se ordenó el restablecimiento gradual de la atención para trámites y servicios migratorios a partir del 8 de junio. No obstante, se mantuvo la restricción del permiso de ingreso al territorio nacional, otorgado sólo para vuelos humanitarios y de carga de equipos médicos y hospitalarios (Resolución 8189 de 2020).

En el caso de Nicaragua, destacan los desafíos para encontrar información oficial clara y precisa, tanto en medios de comunicación como en plataformas oficiales. El gobierno tuvo el menor nivel de respuesta oficial en relación con la pandemia; no declaró estado de emergencia o excepción ni impuso medidas de confinamiento o distanciamiento, las que calificó de “extremas” y anunció que “destruirían el país” (González et al., 2020). Incluso, al menos durante los primeros meses, promovió la realización de actividades masivas (Romero, 2020; Deutsche Welle, 2020c). Varios gobiernos de la región y diferentes organizaciones solicitaron que el gobierno de Ortega modificara el rumbo; a nivel interno, el sector privado llamó en junio a la población a realizar una “cuarentena voluntaria”, alertando sobre los potenciales impactos económicos y de salud frente a la inacción gubernamental (AMCHAM, 2020). Diversos sectores opositores denunciaron la respuesta estatal ante la OPS y la OMS y solicitaron mayor presencia de las

<footnote>la Constitución Política, y con control cruzado del Poder Legislativo en caso de una prolongación mayor a los diez días.</footnote>
instancias en el país. A principios de abril, la ops manifestó oficialmente su preocupación por la situación en el país y calificó la respuesta gubernamental de “inadecuada”, tanto por la débil prevención de las infecciones como por el control en sus diferentes etapas, poniendo énfasis en la convocatoria a reuniones masivas, la falta de distancia miento social, el deficiente en el reporte de casos y la falta de pruebas (Deutsche Welle, 2020a).<fnref n="10" /> No se modificaron las condiciones de asilo o refugio y el 14 de septiembre se anunció en el sitio de la Dirección de Migración y Extranjería que se seguirían garantizando servicios de atención (Mejía, 2020a).<fnref n="11" />

El Poder Ejecutivo hondureño estableció la suspensión de garantías constitucionales mediante declaratoria de estado de excepción el 15 de marzo (Poder Ejecutivo de la República de Honduras, 2020), lo que implicó un conjunto de prohibiciones específicas.<fnref n="12" /> Adicionalmente, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, la Fuerza Nacional Interinstitucional (FUSINA) y la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, quedaron habilitadas para apoyar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud en la ejecución de “los planes de emergencia y sanitarios necesarios para mantener el orden

<footnote n="10">¹⁰ El 21 de julio, la ops llegó incluso a solicitar al gobierno de Nicaragua permiso para ingresar al territorio nacional, con el objetivo de “evaluar *in situ* la situación del coronavirus en el país [...] ante la falta de información oficial transparente sobre la pandemia” (Diario Las Américas, 2020).</footnote>

<footnote n="11">¹¹ El 21 de septiembre en un comunicado se indicó que se garantizaron 13 760 servicios migratorios a personas nacionales y extranjeras, entre los que se encuentran residencias nuevas y renovaciones, prórrogas de estancia, visas de salida de residentes y de no residentes, visas de ingresos, emisión de carnet de residentes y constancias de residencia (Mejía, 2020b).</footnote>

<footnote n="12">¹² El decreto incluía excepciones a las restricciones de movilidad, específicamente para: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial a las industrias autorizadas; retorno al lugar de residencia; personal de salud que asista o cuide a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras, cooperativas y de seguros. El decreto completo en https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/PCM-021-2020.pdf</footnote>
y, sobre todo, la salud a fin de evitar la propagación del virus” (Poder Ejecutivo de la República de Honduras, 2020).

Esto generó críticas de la sociedad civil ante acciones de control y detención caracterizadas como desproporcionadas o abusos de poder (Human Rights Watch, 2020a; Deutsche Welle, 2020b). El toque de queda mantuvo horarios diferenciados según los niveles de emergencia por región, pero operó en todo el territorio nacional y fue total en el Distrito Central, Choluteca y La Ceiba, ciudades que estuvieron aisladas durante la vigencia del decreto. A finales de octubre, se extendió el toque de queda hasta el 1 de diciembre, luego de varias extensiones entre abril y septiembre (González et al., 2020). En relación con la población migrante con estatus o solicitante de refugio y/o asilo, no fue posible encontrar disposiciones claras;<fnref n="13" /> no obstante, el tratamiento de estas poblaciones quedó bajo la misma lógica criminalizante y policial con que se abordó para todo el territorio nacional.

El Salvador fue uno de los primeros países en declarar estado de emergencia y con las medidas de control a la movilidad más estrictas, desembocando, incluso, según algunas denuncias, en abusos de poder. El presidente declaró estado de excepción del 14 de marzo al 12 de abril, y estado de emergencia del 14 de marzo al 16 de mayo, aunque decretó una extensión hasta mediados de junio.<fnref n="14" /> Aunque esta última fue decla-

<footnote n="13">¹³ Se consultaron los medios de comunicación hondureños: *El Heraldo* (https://www.elheraldo.hn/), *La Tribuna* (https://www.latribuna.hn/) y *La Prensa* (https://www.laprensa.hn/). En el sitio oficial del Instituto Nacional de Migra-ción de Honduras [INM] (http://inm.gob.hn/) se encontró información sobre la habilitación e inhabilitación de servicios a personas extranjeras, sobre servicios a personas hondureñas y sobre temas migratorios y de control de movilidad en la página de Facebook oficial del INM (por ejemplo, sobre la apertura de fronteras), pero no sobre la situación de suspensión de derechos de refugio y asilo por mo-tivos del COVID-19.</footnote>

<footnote n="14">¹⁴ Justificada por Bukele con base en la prerrogativa de tomar decisiones sobre la declaratoria de emergencia, sin respaldo legislativo en situaciones en las que el Congreso no estuviera en condiciones de sesionar; aunque no era el caso, pues el plenario tenía una sesión programada. La acción fue impugnada por la oficina del Fiscal General ante la Corte Suprema que la declaró inconstitucional el 18 de mayo; ante lo cual el Congreso aprobó una extensión promovida por el Poder Legislativo con un tope de quince días para permitir la movilidad en el trans-</footnote>
rada inconstitucional por no tener el aval del Congreso, permitió nume-
rosas detenciones y acciones de control de personas por parte de militares
y policías. <fnref n="15" /> La coyuntura estuvo marcada por una fuerte pugna entre el
Ejecutivo y el Legislativo, así como por algunas intervenciones del Poder
Judicial, en relación al procedimiento y legalidad de las medidas. <fnref n="16" />

La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos presen-
tó, a finales de abril, un informe ante la Asamblea Legislativa, en el que
denunció que la policía y el Ejército habían cometido “detenciones ile-
gales” y “tratos crueles, inhumanos y degradantes”, contra las personas
detenidas en cuarentena (Lazo, 2020), incluida población extranjera. <fnref n="17" />
A pesar de esto, las acciones policiales y militares de control y deten-
ción se siguieron realizando. A finales de julio, el Legislativo aprobó un
plan de reapertura gradual que debía iniciar a finales de agosto, supe-

porte público y para la compra de medicamentos (González *et al.*, 2020). No obstante, la extensión fue vetada por el presidente, quien también se opuso a los esfuerzos del Congreso por dar seguridad jurídica a las medidas de suspensión de garantías.

<footnote n="15">15 Sobre todo, detención y despojo de licencias y vehículos a personas conductoras que no contaran con un permiso oficial, y detención de hasta por 30 días de personas que circularan sin permiso oficial o sin mascarillas (González et al., 2020). A pesar de que ambas medidas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema a inicios de abril, se siguieron realizando bajo indicación del Ejecutivo.</footnote>

<footnote n="16">16 A principios de mayo, el presidente publicó un nuevo decreto en el que pre-
sumiblemente atendía los problemas de legalidad e inconstitucionalidad de las
medidas, incluyendo la posibilidad de uso del transporte público para personas
trabajadoras de la salud, permisos para que integrantes de la policía, el Ejército
y trabajadores médicos realizaran compras y realicen transacciones bancarias
sin mostrar identificación, y la apertura de un centro para atender llamadas de
emergencia (González et al., 2020). No obstante, el decreto estipulaba también
que las personas sólo podrían salir dos veces por semana de sus hogares, y exclu-
sivamente dentro de sus pueblos y para la compra de alimentos y medicinas; lo
que dio pie a nuevos abusos y discrecionalidades por parte de los cuerpos de se-
guridad. Asimismo, se prohibió el uso de transporte público y privado (González
et al., 2020).</footnote>

<footnote n="17">¹⁷ Se acumuló un total de 778 denuncias ciudadanas contra la policía y el Ejército entre el 21 de marzo y el 22 de abril. También se denunciaron tratos crueles y degradantes contra personas privadas de libertad durante la crisis sanitaria (Human Rights Watch, 2020b).</footnote>
rando el boicot del Ejecutivo al lograrse revertir en la Corte Suprema un veto del presidente.

En Guatemala se estableció el “estado de calamidad” el 6 de marzo por un periodo de 30 días, que se extendió varias veces hasta finales de agosto e incluyó medidas como limitación del tránsito vehicular, cierre total durante fines de semana, toques de queda nocturnos, suspensión de actividades masivas (González et al., 2020). El gobierno estableció un plan de reapertura a finales de julio, que se vio interrumpido por el comportamiento epidemiológico en las localidades con mayores niveles de contagio comunitario. Respecto a la situación de población migrante en territorio guatemalteco, se estableció un protocolo de ingreso al país que solicitó pruebas de contagio (Instituto Guatemalteco de Migración, 2020).

En balance, es posible presumir que no existieron estrategias articuladas entre los diversos gobiernos para responder a la situación de las personas migrantes, refugiadas y asiladas en la región, que quedaron sometidas al tratamiento general de la población, lo que en los países con las medidas más fuertes pudo significar la violación a sus derechos específicos, sobre todo, bajo la práctica de la detención, típicamente criminalizante.

A pesar de que diferentes países de la región dentro de sus legislaciones garantizan la atención médica de emergencia a las personas migrantes sin discriminación por su estatus migratorio, en el contexto de la pandemia la dificultad de acceso a servicios médicos aumentó y no existen políticas públicas afirmativas para contrarrestar esta situación [...] La detención migratoria continúa siendo una práctica recurrente en Mesoamérica, a pesar de que los múltiples pronunciamientos internacionales han indicado los riesgos para la salud asociados con la transmisión del COVID-19 en este contexto [...] las restricciones de movilidad, la detención arbitraria de personas migrantes y refugiadas, incluidos niños no acompañados, ha aumentado notoriamente [...] Las condiciones precarias de detención es un común denominador en los centros de detención migratoria de los países de Mesoamérica. Con la pandemia, la situación de vulneración de derechos humanos de las personas migrantes detenidas aumentó, ya que no se cum-
plen con estándares mínimos para asegurar el derecho a la salud, integridad personal y vida. (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional [CEJIL], 2020, pp. 1-3)

Las acciones tomadas por las autoridades de cada país parecen ser respuestas puntuales que no demuestran suficiente claridad sobre los parámetros evaluados al momento de tomar dichas decisiones o estrategias coordinadas, para mitigar los efectos de la pandemia en las vidas de las personas migrantes en la región.

## El caso del "puesto fronterizo" en el norte costarricense

Ya se ha problematizado el carácter biopolítico y racista de la gestión migratoria en América Latina (Trapaga, 2020), particularmente para el contexto de la pandemia por COVID-19 (Ramírez Soruco, 2020), lo que permite considerar este rasgo, aun en términos relativamente generales, como una condición estructural bajo la que se producen socialmente y se gestionan gubernamentalmente los procesos migratorios. La afectación a población agrícola temporal (Cordero Parra, 2020b; Prunier & Salazar Araya, 2021; Navarro Alvarado, 2021), que ordinariamente ya se encuentra en condiciones de explotación y vulnerabilidad (Rodríguez Echavarría & Prunier, 2020; Rodríguez Echavarría, 2021), queda muchas veces inmovilizada, detenida por el Estado, o sometida a condiciones de trabajo aún peores; rasgo que se ha mostrado para casos fuera de la región (Díaz et al., 2020; Mardones, 2020).

En abril, la policía y autoridades migratorias amenazaron con deportar a un grupo de refugiados y solicitantes de refugio nica-ragüenses en la zona de Upala, una comunidad cerca de la fron-tera con Nicaragua. Esta situación fue denunciada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil a través de un comunicado de prensa en el que condenaron las acciones y demandaron al Go-bierno de Costa Rica el respeto del principio de no devolución y el derecho a solicitar asilo [...] Semanas atrás, hubo un incre-mento significativo de casos de COVID-19 en fincas dedicadas a la
siembra y exportación de piña, yuca y otros productos agrícolas en la zona norte del país. Estas empresas contratan a personas ni-caragüenses en condición irregular a quienes explotan, violan sus derechos y viven en condiciones de precariedad y hacinamiento. A pesar de la responsabilidad de los empresarios, Laura Bonilla, representante de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Ca-dexo) y dueña de dos de las empresas clausuradas, quiso culpar a las personas nicaragüenses de la situación afirmando a un medio local que el gran problema es la migración de enfermos nicara-güenses. (Méndez Araya & Siddharth, 2020)

Para 2020, se dio un crecimiento de 96% en los rechazos en la frontera con Nicaragua (Navarro Alvarado, 2021, p. 83) y circunstan-cias semejantes con lo que ocurrió en Chile respecto a la población agrícola temporal boliviana: mayor vulneración e informalidad laboral, dificultad o imposibilidad del retorno al país de origen, deficiencia en la atención sanitaria de esta población por parte del país de destino, entre otras (Mardones, 2020). En relación a población en tránsito in-tercontinental en Costa Rica, Navarro Alvarado (2021) ha mostrado la afectación específica de estas disposiciones a población migrante africa-na, caribeña y asiática, en relación a la suspensión de procesos de aten-ción y protección que se venían desarrollando (permisos temporales de tránsito y centros de atención temporal para personas migrantes).

El papel del lenguaje de la “enfermedad” y el “racismo medica-lizado” en las dinámicas de contención de población vulnerable soliciti-tante de refugio o asilo (Meer *et al.*, 2021) constituye poderosas lógicas globales que animan también los actos discursivos y operativos del go-bierno costarricense en el contexto de la crisis, y legitima “un abando-no progresivo del cuidado y un fortalecimiento del control” (Navarro Alvarado, 2021, p. 80).

Al discurso biomédico en Costa Rica, se le suma una lógica in-terna de selectividad que, durante el 2020, jerarquizó y estratificó los ingresos al país, teniendo un impacto profundo en la movilidad mi-gratoria regional y en la atención de los flujos migratorios irregulares, implicando riesgos de transmisión del virus en grupos vulnerables y planteando nuevas disyuntivas para el futuro migratorio (Navarro Al-varado, 2021).
El martes 16 de marzo, un día antes de la emisión formal del decreto ejecutivo declarando emergencia nacional, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, anunció desde el puesto fronterizo Las Tablillas: “Hemos decidido desplazar un importante recurso policial a la frontera norte, con el fin de garantizar la seguridad nacional y resguardar la salud pública costarricense” (Pérez González, 2020). Las medidas incluyeron la prohibición del ingreso de personas extranjeras a partir del miércoles 18 de marzo y hasta el domingo 12 de abril, y el aumento en la vigilancia por parte de la Fuerza Pública y Unidades Especializadas, la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio Nacional de Vigilancia Aérea y la Policía Profesional de Migración, con énfasis en un incremento de la presencia estatal en puntos de paso oficiales y no oficiales de la línea fronteriza.

Un día antes de la declaratoria formal de emergencia, según los procedimientos establecidos en el marco constitucional costarricense, y de cualquier posible mecanismo de control político por parte del Poder Legislativo, la vicepresidente se desplazó rápidamente a la frontera más sospechosa. Aquélla que, sobre la base de un conjunto muy incorporado de prejuicios sociales, ha sido históricamente construida como una amenaza a la soberanía o una fuente de conflictos. Campbell, en un acto discursivo y operativo con fuerte resonancia mediática, instaló en la frontera más amenazante la mirada acuciosa de la presencia estatal y declaró su securitización. Con aún mayor claridad y contundencia, la directora de Migración y Extranjería, Raquel Vargas, aseguró que “Si se detecta a una persona ingresando por un puesto no habilitado, los oficiales de la policía de migración procederán con la detención y harán el correspondiente rechazo por el puesto de control migratorio más cercano” (Pérez González, 2020). En este caso, la población migrante no es una que haya que cuidar, es una de la que hay que cuidarse.

El decreto del siguiente día estableció las medidas sanitarias en materia migratoria para prevenir los efectos del COVID-19 (Ministerio de Salud, 2020, 17 de marzo): restricción del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras por cualquier vía, con excepción de medios de transporte internacional de mercancías y personas con categoría de estancia diplomática y estatus o solicitud de residencia (Dirección General de Migración y Extranjería, 2020). Una semana después, también mediante decreto ejecutivo, se prohibió la salida del territorio a personas extranjeras
durante la declaratoria de emergencia (Decreto 42256-MGP-S de 2020), y se estableció que quienes salieran del territorio nacional perderían automáticamente el estatus migratorio (Pérez González, 2020).<fnref n="18" /> A partir del 1 de agosto se permitió la entrada de personas extranjeras sin residencia permanente en los dos aeropuertos internacionales, pero sólo desde países donde la pandemia estuviera controlada y siguiendo un estricto protocolo de salud (May Grosser, 2020);<fnref n="19" /> a mediados de octubre, se permitió para los países centroamericanos (González *et al*., 2020).

El 9 de abril, durante una visita a los puestos de control migratorio Las Tablillas y Peñas Blancas, la vicepresidenta y el ministro de seguridad anunciaron la instalación de una base aérea “alterna” (Presidencia de la República de Costa Rica, 2020) con el objetivo de mantener una vigilancia permanente de la frontera desde el aire (EFE, 2020). Para ese momento, y desde el inicio de la pandemia, se habían ejecutado ya un total de 5357 rechazos a personas extranjeras, la mayoría en la frontera norte. El tratamiento institucional de estas personas implicaba la revisión médica y la revisión policial (Orjuela Murcia, 2020), prioridades que desplazaron formas de intervención dirigidas a la protección de poblaciones vulnerables y la garantía de derechos humanos de personas en movilidad. Como ha señalado CEJIL:

> Debido a la falta de políticas públicas que adopten medidas positivas a favor de los migrantes, se ha evidenciado en la región una

<footnote n="18">¹⁸ Incluía a personas bajo las categorías migratorias de residencia permanente, residencia temporal, categorías especiales o no residentes, así como toda persona extranjera con un proceso de solicitud de estatus migratorio ya iniciado y que estuviera en revisión (Ministerio de Salud, 2020, 30 de septiembre). Los permisos para población extranjera con carné de persona refugiada, carné temporal de solicitante de refugio y carné temporal de permiso que hubieran vencido durante los primeros meses de la pandemia, fueron validados hasta el 17 de julio.</footnote>

<footnote n="19">¹⁹ Las medidas estuvieron vigentes del 18 de marzo al 12 de abril, pero fueron ampliadas mediante dos decretos ejecutivos, primero hasta el 30 de abril y posteriormente hasta el 31 de octubre. La apertura fronteriza contemplada para el mes de agosto incluyó únicamente el ingreso aéreo bajo cumplimiento de las pautas establecidas en la circular AJ-1467, publicada en La Gaceta el 19 de agosto de 2020 (Circular AJ-1467-08-2020 de 2020).</footnote>
serie de actos discriminatorios que imponen requisitos de iure o de facto que impiden el acceso efectivo al derecho a salud, bajo el contexto de COVID-19. Por ejemplo, en Costa Rica, el Área de Salud de los Chiles estableció que no se atendería a ninguna persona migrante en situación irregular sin antes llamar a migración y la fuerza pública, además se indicó que no se realizarán pruebas para COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular y que se presumiría que estas eran positivas para COVID-19. (CEJIL, 2020, p. 1)

A mediados de mayo, ante la detección de algunos conductores de transportes de carga que ingresaron al país desde Nicaragua, el gobierno emitió los decretos 42351-h (Ministerio de Hacienda, 2020) y 42350-MGP-S (Ministerio de Salud, 2020, 15 de mayo), impidiendo el paso a transportistas extranjeros, situación que se tensó aún más cuan- do el gobierno de Nicaragua decretó un cierre en la frontera con Peñas Blancas para el tránsito de mercadería proveniente de Costa Rica (Poma- reda, 2020). Resulta significativo que las medidas de securitización de la frontera norte impactaron incluso el trasiego de mercancías, común- mente sostenido en las fronteras de la región (y a nivel global), a pesar del contexto de pandemia, generando un “cierre técnico” (Barquero, 2020) cuando el gobierno de Nicaragua, en respuesta, aplicó la misma medida.

El ministro de seguridad, Michael Soto, llegó incluso a afirmar que “en este momento quisiéramos tener una barrera de contención sólida física, como un *muro*; no tenemos una frontera que sea infran- queable” (Lizano Jiménez, 2020), emulando una figura profundamen- te violenta y dramática de la gestión de las migraciones hemisféricas contemporáneas. Para Soto, “el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo *digno, sacrificado y patriótico*”<fnref n="20" /> (Céspedes, 2020). Por su parte, el ministro de salud, Daniel Salas, declaró en conferencia de prensa que en ese momento Nicaragua constituía el “principal riesgo sanitario” para el país. Para ese momento, el gobierno costarricense había recha- zado a más de trece mil personas, la gran mayoría en la frontera norte (6601 en Peñas Blancas y 6181 en Las Tablillas).

<footnote n="20">²⁰ Énfasis propio.</footnote>
El tono securitario era patente incluso en autoridades locales; en declaraciones al medio de comunicación *La Voz de Guanacaste*, el alcalde de La Cruz, Alonso Alan, destacando la prioridad del cantón en el manejo de la emergencia, afirmó que: “La Cruz [es] casi que la capital de la seguridad del país [...] Somos la contención de lo que estamos viviendo en este momento” (Esquivel, 2020).<fnref n="21" /> El acto discursivo del alcalde es indicador del carácter biopolítico de la gestión que se sugiere para la población migrante nicaragüense, una relación no necesariamente “militar, guerrera o política, sino biológica” (Foucault, 2000, p. 231). También se establece el vínculo entre la amenaza nicaragüense por el contagio, con una vaga noción de amenaza histórica más amplia que habría que contener con la misma intensidad; en palabras del alcalde del fronterizo cantón de San Carlos: “El nicaragüense viene a Costa Rica desde hace 30 años o más porque ha tenido puertas abiertas. Nos damos cuenta ahora porque se tuvo que cerrar la frontera por la enfermedad, sino eso seguiría” (Cordero Parra, 2020a).

La securitización de la frontera significó que la representación de la población nicaragüense como amenaza (factor de riesgo y vector de contagio) pesó muy por encima de una representación que recuperara las condiciones de vulnerabilidad y desprotección; la razón de estado se impuso a la razón humanitaria. A finales de junio, el gobierno costarricense descartó por completo la posibilidad de habilitar un corredor humanitario para población vulnerable en la frontera norte. Según el ministro de seguridad, el principal objetivo de la intervención estatal en la frontera era “mantener una zona sanitariamente segura demostrando que la principal preocupación del gobierno de la República es la seguridad y la salud de los costarricenses”<fnref n="22" /> (ElPaís.cr, 2020).

Como se indicó en el acápite anterior, Costa Rica fue uno de los pocos países que estableció formalmente acceso a pruebas (AFP, 2020) y

<footnote n="21">²¹ Habría que destacar el uso de la metáfora de “oleada” en el titular de la noticia, para describir la llegada de personas desde Nicaragua. Sobre esta imagen el análisis crítico del discurso ha reflexionado, mostrando su carácter racista y xenofóbico, así como los profundos efectos ideológicos en la población “resguardada” (Van Dijk, 1999, 2002).</footnote>

<footnote n="22">²² Énfasis propio.</footnote>
a vacunación para personas migrantes en el territorio o varadas en zonas fronterizas, aunque hubo señalamientos sobre la “falta de protocolos” para garantizar la aplicación (CEJIL, 2020, p. 2). Adicionalmente, la disposición se mostró más como una medida sanitaria que humanitaria, lo que se vio agravado por la activación de un discurso social y mediático xenófobo y nacionalista. Haciendo resonancia del discurso de algunos diputados y diputadas de oposición, el diario *La República* inició una nota del 9 de junio afirmando (no citando) que “[m]anejar la situación sanitaria, apoyar a los sectores productivos y controlar la situación migratoria son acciones urgentes que debe poner en práctica el gobierno en la Zona Norte” (Arrieta, 2020, p. 1). Un tratamiento particularmente grave fue el del diario *La Nación*, en su nota del 1 de junio, en la que exaltaba prácticas vigilantistas, xenofóbicas, nacionalistas y contrarias a las normativas internacionales de derechos humanos (Céspedes, 2020).<fnref n="23" />

Hasta agosto de 2020, 20 mil personas extranjeras fueron rechazadas en fronteras, 95% en la zona norte, y a 4851 personas extranjeras se les giró impedimento de ingreso por salir del territorio durante la emergencia (DGME). En alguna medida, dentro del discurso oficial se regresa puntualmente a la lógica de victimización, en el sentido de la invisibilización de la multiplicidad de condiciones e historias de las personas que intentaban ingresar al país en el contexto de pandemia, como de la voluntad que les impulsaba. Bajo este matiz, las personas que venían de Nicaragua eran pobres portadoras involuntarias del virus, desprotegidas por un gobierno negligente. Su condición de vector de contagio y de amenaza venía derivada de un problema estatal más que social, por lo que la operación del dispositivo xenofóbico se instala plenamente en el nivel institucional-oficial, sin dejar de tener resonancia en diferentes sectores sociales.

La lógica criminalizante se expresó en actos operativos como la transformación del Centro de Operaciones Conjuntas (COC), creado para la atención de operaciones contra el narcotráfico, en un punto de

<footnote n="23">²³ Navarro Alvarado destacó, por ejemplo, cómo la “cobertura de las protestas de personas migrantes en el CATEM Norte, el enfoque se centró en los disturbios y ataques de la población migratoria a funcionarios de los Centros de Atención” (2021, p. 84).</footnote>
coordinación logística para acciones securitarias en la frontera. Soto describió a la población como “una especie de salón donde hay radares, computadoras y comunicación con todo el país para movilizar aviones, barcos y patrullas [...] lo que hicimos es que el COC lo tuvimos que transformar en el centro de operaciones de la pandemia” (Céspedes, 2020).

¿Es descabellado pensar que este recurso operativo podría servir también para identificar situaciones y necesidades específicas de poblaciones vulnerables que permitan un ejercicio más suave y diferenciado en la imposición de medidas de control y vigilancia fronte-riza? ¿O qué recursos tecnológicos tradicionalmente utilizados para la “guerra” o “combate” de ciertos actores criminales podría servir a causas humanitarias, sin descuidar el interés nacional y la salud pú-blica? Si algo ha mostrado la pandemia es que el enfoque naciona-lista y aislacionista es peor, a la larga, para la contención global de la pandemia. En este caso, además, se pierde de vista la posibilidad de enfrentar un fenómeno crítico desde otras lógicas, contribuyendo a la descuritización (Waever, 1995), de asuntos urgentes de abordar de forma más integral y coordinada.

## Conclusiones

En un informe de 2020 sobre Centroamérica en el contexto de la pandemia, CEJIL destacó que:

> Flujos importantes en la región, como el desplazamiento de personas venezolanas, nicaragüenses, las caravanas y el retor-no forzado de algunas personas han provocado un aumento de xenofobia en los países receptores y de tránsito. Por ejem-plo, en Costa Rica, el Ministro de Salud realizó declaraciones públicas indicando como el principal riesgo sanitario para el país es el manejo de la pandemia por parte de Nicaragua, jus-tificando el refuerzo en la vigilancia en la frontera norte [...] [En] Guatemala, el año pasado declaraciones del Ministerio de Salud culpabilizaron directamente del aumento de contagios de COVID-19 a los migrantes que regresaban deportados de Es-tados Unidos. (CEJIL, 2020, p. 4)
Este estilo no parece ser marca sólo de la región centroamericana, sino que está presente también en otros países de Latinoamérica y el mundo (Méndez, 2020). Mardones (2020) ha mostrado, por ejemplo, cómo la gestión política de la migración terrestre boliviana “ha estado atravesada por el racismo, la aporofobia y la xenofobia institucional”, particularmente para los movimientos de retorno (p. 5). En este marco, destacan algunas lógicas comunes a nivel regional para el caso centroamericano (Mora et al., 2021). En primer lugar, se identifican rasgos de lo que Yerko Castro Neira (2020) ha calificado como un estado de excepción de facto en materia migratoria en cierres de fronteras e hipervigilancia estatal, sostenido en el crecimiento de nacionalismos selectivamente xenófobos, espirales de violencia social y estatal y violación de derechos humanos, e impactando en la creación de nuevos espacios de confinamiento y procesos de movilidad en reversa (Álvarez Velasco, 2020).

En segundo lugar, aunque las tendencias regionales en las principales respuestas estatales y sociales se expresan de forma diferenciada en los países, son comunes las orientaciones al control y la vigilancia fronteriza e interna, así como respuestas institucionales y sociales que van desde el confinamiento y la violencia social xenofóbica hasta la solidaridad. En esta misma línea, y como tercer rasgo común, los casos muestran cómo las fronteras “se han convertido desde 2020 en lugares de cuarentena, espacios que impiden desde la condición más generalizante del discurso médico, el supuesto avance o propagación de la enfermedad” (Navarro Alvarado, 2021, p. 64), mientras que se prioriza la circulación de capital y mercancías.

Asimismo, es común la ausencia de coordinación regional en las respuestas oficiales, lo que ha generado mayores problemas, tensiones políticas y diplomáticas, y afectaciones para poblaciones en movilidad, así como una tendencia de los países a dar respuestas principalmente sanitarias y de cierre y contención, que no contemplan en su plena dimensión las potenciales afectaciones para poblaciones en movilidad o en condiciones de vulnerabilidad. Encima, el bajo nivel con que las denuncias de estas prácticas o la emergencia de prácticas alternativas impactan el debate público y los procesos de toma de decisiones para la gestión migratoria muestran que, en un contexto de eventual reactivación económica y continuas presiones demográficas, las “restricciones
fronterizas iniciales han puesto en marcha procesos [...] que probablemente culminarán en un mayor apoyo para restringir la migración futura" (O'Brien & Eger, 2021, p. 640).

Por otra parte, queda en evidencia que Costa Rica no escapa a una matriz de poder más amplia en la que el constructo racista y su derivación xenofóbica sirven como elementos para facilitar la gestión biopolítica de la población migrante en la frontera. De forma semejante a lo que encontró Navarro Alvarado para el caso de la frontera sur, en la frontera norte "la narrativa [también] confirma el fortalecimiento de retóricas antiinmigrantes, elaborando una cobertura tendiente a significar el peligro migratorio en el marco de la crisis de la pandemia, sin informar sobre las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes" (Navarro Alvarado, 2021, p. 85).

Mostrando su raíz colonial, estas formas de representación despotencian material y simbólicamente sujetos políticos e invisibilizan las condiciones estructurales de su opresión, al tiempo que producen la imagen de las personas migrantes como gente que hay que cuidar y de la que hay que cuidarse. Este estilo de gestión se articula con prácticas como los nuevos autoritarismos (Programa Estado de la Nación, 2021), el crecimiento de los discursos conservadores (Velásquez Pérez, 2020) y la fragmentación y deslegitimación de la representación política (Córdova & Maihold, 2020).

En un plano más normativo, y tomando en cuenta el balance anterior, es importante recordar que la formulación del concepto de securitización viene acompañada de la idea de desecuritización. Ahí se inscribe la posibilidad política, más allá de uno u otro proyecto nacionalista y de élites, de que se construyan socialmente nuevas formas de gestionar y atender las movilidades, particularmente las de las poblaciones más precarias y comúnmente centrales en todo el modelo de acumulación y desarrollo. El análisis de casos en coyunturas críticas, como la de la pandemia, pueden contribuir a la construcción de rutas analíticas críticas que eviten reificar la seguridad como "una cosa" (Waever, 1995, p. 21), así como analizar de manera más compleja "cuándo, por qué y cómo las élites etiquetan los problemas y desarrollos como problemas de *seguridad*," y si es posible hacer esfuerzos para mantener algunos temas "fuera de la agenda de *seguridad*"<fnref n="24" /> (Waever, p. 8).

<footnote n="24">²⁴ Énfasis en el original.</footnote>
La contribución de la academia es reconstruir e interpretar críti-
camente las formas de movilidad y toda la compleja producción social
implicada (Salazar Araya, 2017, 2019), como estrategias (no estatales)
de reproducción y protección social. Éstas en el campo transnacional de
la migración adquieren la forma de resistencias ante la opresión histó-
rica estructural que determina la condición de sujeto de la población
migrante, pero también ante las operaciones de criminalización y vic-
timización que orientan buena parte de los mecanismos securitarios
implicados.

En este sentido, un primer paso para contribuir a “desecuritizar”
los procesos migratorios y de movilidad transfronteriza, es reconocer las
estrategias de movilidad como formas de reproducción social (y estatal)
y de resistencia de gran parte de la población centroamericana (Cas-
tro Neira, 2019; Cordero Díaz & Garibo García, 2019; Varela Huerta
& McLean, 2019; Villalobos & Ramírez, 2019; Salazar Araya, 2019;
Torre Cantalapiedra & Mariscal Nava, 2020), más que como factores
o vectores de riesgos y amenazas. Esto debería llevarnos, también, a
reconocer que las lógicas de criminalización y victimización que operan
sobre esta población en el campo transnacional de las migraciones, in-
visibilizan y aplacan por la misma razón de estado que las anima, pero
forma redes sociales, familiares, comunitarias y colectivas de (auto)pro-
tección y cuidado con gran profundidad histórica.

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# VIII
## Itinerarios teológico-políticos del África Occidental en América Latina

Pedro Roa Ortega

### Introducción

A partir de entrevistas etnográficas, el objetivo principal de este capítulo es delinear un concepto de movilidad humana transnacional magnifiesta como imperativo político-kinético; es decir, pautas cercanas a la movilización marcial, o movimiento prácticamente imposible de no acatar (Sloterdijk, 2020). Ésta es la experiencia dispar de un mundo con fronteras porosas y territorios poco gobernados, porque los Estados no pueden gobernarlo todo al mismo tiempo, junto a nuevas formas de sometimiento en los lugares de origen, tránsito y destino (Williams, 1997).

A modo de hipótesis, este trabajo sostiene que los flujos procesadores de África en Latinoamérica son éxodos contemporáneos, método de lucha y organización sociopolítica cuya estirpe, empero, puede volverse contraproducente y acarrear nuevos efectos de privación, destierro y agonía. De tal manera, la propuesta es reflexionar acerca de cruces transfronterizos que, en principio, constituyen movimientos sociales (Mezzadra, 2005) e incluso mobilizaciones transnacionales impedidas por lenguajes teológicos que son necesariamente políticos.

El capítulo está estructurado en cinco secciones, más comentarios finales. La primera y segunda parte explican brevemente el planTEAMIENTO metodológico de la investigación y el historial sociológico
de su objeto de estudio. Los siguientes tres apartados presentan al-
gunos pasajes de las entrevistas, al tiempo que delinean la propuesta
teórico-conceptual del ensayo a partir de dos ejes analíticos. El eje
descriptivo aborda la economía política del tránsito clandestino por
Latinoamérica. Un recorrido pletórico de penurias y ambigüedades,
restricciones y amenazas, así como posibilidades y alternativas de ac-
ción sociopolítica y vida transnacional (Winters & Reiffen, 2019). A
nivel gubernativo, medidas que acogían y auxiliaban, o que por lo me-
nos permitían el movimiento, pero más comúnmente mecanismos que
perseguían, encerraban, dejaban y hacían morir. En particular, intere-
san los procesos desafiantes y subordinados que componen itinerarios
prolongados geográfica, política e históricamente. Movilidades con-
frontadas con la modernidad neoliberal y sus conceptos de soberanía e
individuo, el racismo antinegro y una interminable lista de agresiones
nacionalistas a nivel estatal y social. Estas trayectorias son interdicción
de los “límites de la comunidad nacional, la ciudadanía y la propia
delimitación territorial de los Estados-nación” (Castro Neira, 2018, p.
33), así como interpelación franca al “estatuto mismo de lo político”
(Castro Neira, 2014, p. 35).

El segundo eje analítico considera la *via theologica* (Bedford,
2005, citado en Campese, 2017) de éxodos en ocasiones sin posibili-
dad de retorno, a partir del concepto *Eros de la movilidad transnacional
clandestinizada*: a la vez acto de fe, hermenéutica del ser religioso y ra-
cionalidad ético-política (O'Neill, 2010), lo mismo que conglomerado
de afectos (Napolitano, 2016) e impulso de vida (Ngwa, 2015).

Nota metodológica

Esta investigación es resultado del trabajo de campo que llevé a cabo
entre abril y junio de 2019 en Tijuana, Baja California. Los partici-
pantes fueron seis varones adultos provenientes de Guinea-Conakry,
Ghana, Burkina Faso, Nigeria y Camerún.<fnref n="1" /> Las entrevistas tuvieron
lugar en la Casa del Migrante, donde colaboré regularmente como vo-

<footnote n="1">1 Por razones de espacio, aquí se recuperan solamente tres testimonios.</footnote>
luntario en distintas áreas. No hubo otro criterio de selección que la apertura de los narradores para compartir sus historias. Usualmente, tras un primer contacto producto de la interacción cotidiana, así como del cumplimiento del protocolo de consentimiento informado típico en los estudios antropológicos actuales, se acordaba un horario conveniente para la entrevista.<fnref n="2" /> Para ello, la administración del albergue siempre puso a nuestra disposición un espacio adecuado en términos de confidencialidad.<fnref n="3" />

En conjunto, la Casa del Migrante proporciona alojamiento, alimentación, atención médica primaria, acompañamiento psicológico breve, acompañamiento espiritual, acompañamiento jurídico para solicitudes de protección internacional (en Estados Unidos y México), asistencia para tramitar documentos oficiales (en el caso de ciudadanos mexicanos deportados), coordinación con empresas locales para facilitar la inserción laboral, talleres de capacitación (por ejemplo, electricidad o jardinería, clases de computo e idiomas) y actividades recreativas (celebración de efemérides, convivios, entre otras). Perteneciente a la *Scalabrini International Migration Network* (SIMN) y fundada en 1987 por la Congregación de Misioneros de San Carlos Borromeo, la Casa del Migrante es uno de los centros de acogida de mayor presencia en Tijuana y fue el primer albergue de su tipo en Latinoamérica.<fnref n="4" /> Formalmente, tiene capacidad para alojar hasta 150 personas, sin embargo, en distintos momentos, el entorno fluctuante de la ciudad ha obligado a expandir este límite de manera notable. A partir del verano de 2019, la administración determinó que el albergue dejaría de recibir principalmente a población adulta masculina para abrir sus puertas de forma definitiva a mujeres y familias.

Este ensayo tiene un enfoque benjaminiano, esto es, miniaturisita. Un trabajo pastiche con fragmentos narrativos que expresan te-

<footnote n="2">² En todos los casos, se utiliza un seudónimo para identificar a los informantes.</footnote>

<footnote n="3">³ El autor agradece de sobremana la comprometida labor de todas las personas involucradas en el funcionamiento de la Casa del Migrante en Tijuana, así como el apoyo brindado por la institución para llevar a cabo las entrevistas.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Establecida en 2007, la SIMN engloba a más de 250 organizaciones y entidades con presencia en países como Brasil, Colombia, Guatemala, Sudáfrica, Filipinas y el territorio de Taiwán.</footnote>
sis teológico-políticas y una crítica histórico-social. Esta colección de instantáneas dibuja con palabras mosaicos donde las cuestiones más agobiantes de nuestro tiempo pueden examinarse a partir de interpretaciones y conceptos sacramentales. Así pues, las narraciones son el vehículo por el cual se pretende ir de la intención a la intención; o sea, del recuento de la *decisión de migrar* a la comprensión de circulaciones y movimientos, donde lo más importante no es el "sujeto de la experiencia", sino la experiencia como sujeto (Benjamin, 2018, p. 191); porque en el lenguaje nunca hay un sólo portavoz, sino la humanidad que se comunica a sí misma "al *nombrar*"<fnref n="5" /> (Benjamin, 2018, p. 26). La cuestión está en saber si la etnografía es más una labor transformadora de elementos significativos en datos formales, o bien un empeño fundamentalmente documental que trabaja con yuxtaposiciones y disparidades.

De duración variable entre 45 y 90 minutos, las entrevistas (en inglés y español) fueron semiestructuradas de acuerdo con mis intiuetudes investigadoras preliminares; a saber, los motivos de la huida y las condiciones del trayecto. Con el fin de que la investigación fuera lo menos intrusiva posible, en cada caso, solamente se condujo una entrevista formal cuyos hallazgos fueron complementados por medio de conversaciones casuales. En resumen, se intentó cultivar aquella cualidad capaz de albergar el don de la palabra del otro, permitir que ésta siga su curso, que vaya y vuelva, que se detenga e incluso que hable en el silencio. Desde luego, las conversaciones fueron también moldeadas según las estrategias narrativas y dramáticas de mis informantes, quienes reclamaban una posición política acreedora de protección internacional.

Se recurrió al método de transcripción creativa de citas tomadas de las narraciones para construir un texto crítico a partir de historias cuyos referentes en muchos sentidos pueden aludir a la imagen dialéctica de andanzas caracterizadas por intervalos, donde recuerdo y vivencia coinciden como disolución y creación simultánea en un rompecabezas de "fondo caótico" (Benjamin, 2005, p. 175). Un montaje de fragmentos que encajan unos con otros como acertijos históricos donde "sólo hay

<footnote n="5">⁵ Énfasis en el original.</footnote>
conocimiento a modo de relámpago”, tras el cual “retumba” “el largo trueno” de la escritura (Benjamin, 2005, p. 459).

Antecedentes

Pese a que este ensayo no ahondará en los contextos desencadenantes,
conforme a las narraciones y a la revisión documental acorde, se iden-
tifican cuatro factores determinantes para la movilidad transnacional
africana al exterior del continente: el estado crítico de las economías
locales, las tensiones y desavenencias con trasfondo etnorreligioso deri-
vadas en conflagraciones armadas y guerras civiles (Oriola & Adeyanju,
2011), la debacle medioambiental aunada a desastres naturales recrude-
cidos en tiempos del cambio climático (Wabgou, 2016) y la integración
subyugada de África al mundo globalizado en la efectiva continuidad
de estructuras colonialistas fundamentales (Okome, 2002).

Las personas procedentes de África que llegan a la frontera nor-
te de México son principalmente hombres jóvenes (aunque también
cada vez más mujeres viajan solas o con sus familias), en ocasiones
con formación profesional o técnica, habilidades multilingües y expe-
riencias previas de movilidad transnacional. Por lo general, se evoca
la embestida del proyecto europeo de securitización de fronteras (el
incremento en costo y riesgo de los cruces clandestinos) como la va-
riable decisiva en la elección de la ruta transatlántica-intercontinen-
tal. En particular, mis informantes favorecieron la ruta transatlántica
sobre el trayecto por el Mediterráneo, debido a que pronosticaban
mayores posibilidades que una entrada legal a Estados Unidos por
medio del sistema de protección internacional que a cualquier país de
la Unión Europea.

Los datos estadísticos acerca de cuántas personas procedentes de África cruzan el Atlántico para establecerse o desplazarse por América Latina son poco confiables y se prestan a confusiones. Por ejemplo, en 2019, México reportó 7065 ingresos,<fnref n="6" /> Guatemala 2413,<fnref n="7" /> Costa Rica

<footnote n="6">⁶ Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.</footnote>

<footnote n="7">⁷ Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.</footnote>
5989,<fnref n="8" /> Panamá 8126,<fnref n="9" /> Colombia 2611,<fnref n="10" /> Ecuador 5734¹¹ y Brasil 5945.<fnref n="12" /> Lo anterior es consecuencia de las limitaciones institucionales y logísticas de los gobiernos latinoamericanos, pero también de las estrategias de los viajeros. Notablemente, durante el periodo 2018-2019, en México, era común que personas originarias de Haití se hicieran pasar por congoleños para evadir los filtros que las autoridades migratorias implementaron específicamente para contenerles.

Ciertamente, estos circuitos de movilidad humana transnacional no son algo nuevo. Lo que pasó fue que los gobiernos de la región siguieron una estrategia de escamoteo hasta que las mal llamadas “crisis migratorias” de 2015 y 2016 comenzaron a generar impacto mediático mundial. De hecho, hace más de 25 años que se sabe del arribo continuo de personas provenientes de prácticamente todos los rincones de África, casi siempre con destino a Brasil o Argentina. En la última década, a estos países se suman Ecuador, Colombia, Costa Rica y México para formar un sistema de tránsito compuesto por fuerzas dinámicas entrecruzadas, resultado de las tensiones y negociaciones entre países vecinos, el dominio de organizaciones criminales que le disputan el control de territorios a los Estados, el influjo de instancias no estatales o no nacionales, como la Iglesia católica o las Naciones Unidas y el poder hegemónico estadounidense.

Por otra parte, también habría que destacar que la llegada de personas de África (y Asia) era ya tema de debate al menos desde 2010, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) reunió a representantes de Argentina, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala y México, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el objetivo de discutir la particular heterogeneidad de estos flujos (trabajadores migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas y víctimas de tráfico humano), así como posibles repercusiones para la geopolítica latinoamericana (Freier, 2013).

<footnote n="8">⁸ Dirección General de Migración y Extranjería.</footnote>

<footnote n="9">⁹ Servicio Nacional de Migración.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ Departamento Administrativo Nacional de Estadística.</footnote>

<footnote n="11">¹¹ Instituto Nacional de Estadística y Censos.</footnote>

<footnote n="12">¹² Núcleo de Estudos de População da Universidade Estadual de Campinas.</footnote>
Desiertos éticos y oasis ónticos

Jericho (44 años), originario de una comunidad rural al este de Ghana, es casado y profesa el cristianismo; tiene una hija y dos hijos. Antes de huir se desempeñaba como profesor de inglés y agricultor. Durante la preparación de la tierra, la quema de pastizales se extendió hasta alcanzar casas y terrenos vecinos. Algunos le acusaron de haber provocado el desastre intencionadamente. En primera instancia, dejó su pueblo para instalarse en Kumasi, capital de la región Ashanti, pero la moción fulgurante de los comuneros le dio alcance en la ciudad y poco después amenazó a toda la familia: "El fuego es incontrolable. Yo estaba tan confundido y la gente tan enojada. Tuve mucho miedo. Cuando alguien tiene tanto odio no puedes hacerle frente, es mejor esperar a que su furia se calme. Nunca antes tuve la intención de irme. Decidí que lo mejor sería que mi familia se escondiera y que yo dejara el país".<fnref n="13" />

Tras una breve investigación en línea, Jericho tomó algunos ahorros y compró un boleto de avión hacia Quito. Debido a que no pudo conseguir un pasaporte, aseguró su entrada a través de una carta consular emitida por la representación diplomática de Ecuador en Sudáfrica, documento que obtuvo por medio de un conocido. Al llegar, con la ayuda de un compatriota ya asentado en el país sudamericano, buscó trabajo, aunque sin suerte:

> Muchas cosas pasaron por mi mente esas dos semanas. Ya sabía lo peligroso que es el camino a Estados Unidos, así que inicialmente ni siquiera lo consideraba. El único plan que tenía era huir, salvarme y trabajar para mantener a mi familia, pero después escuché que gente de todo el mundo estaba viajando en grupo para disminuir los riesgos, y pensé: "si tengo éxito, ya está; si no, se lo dejo todo a Dios". Lo que Dios hizo por mí durante este viaje fue maravilloso, sí, Dios realmente se muestra de formas misteriosas.<fnref n="14" />

<footnote n="13">¹³ J. Nimoh, comunicación personal, 9 de abril de 2019.</footnote>

<footnote n="14">¹⁴ En el Libro de Eclesiastés 11:5 (Biblia Reina Valera, 1960): "Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas".</footnote>
Para los flujos procedentes de África, los puntos de entrada casi siempre eran Ecuador y Brasil. Concomitante a la industrialización de rutas administradas por poderosas y sofisticadas organizaciones en ambos lados del Atlántico, en estos países prevalecen algunos aspectos de la flexibilización de las políticas regionales de movilidad transnacional durante el denominado giro a la izquierda, entre 2003 y 2016. Destaca el contexto ecuatoriano porque, debido a la creciente presión internacional (principalmente de Estados Unidos), el gobierno dio marcha atrás sobre lo que durante casi diez años fue uno de los regímenes de movilidad humana más abiertos del mundo. Por otra parte, también es cierto que restricciones a la entrada de personas provenientes de África (y Asia) fueron implementadas desde 2010, a la par del rutinario entrenamiento que oficiales migratorios ecuatorianos reciben de distintas agencias del gobierno estadounidense. De acuerdo con algunos análisis, la influencia estadounidense sobre las normativas de movilidad humana transnacional en Ecuador equivale a una llana coerción que se expresa en discursos racializados más o menos encubiertos por la retórica del combate al crimen organizado y el terrorismo (Echeverri & Acevedo, 2018).

Además de fronteras relativamente poco vigiladas, en Sudamérica las personas procedentes de África enfrentaban una contradicción de base: políticas en principio benévolas, pero que no otorgaban garantías y además empleaban procedimientos selectivos dirigidos a grupos específicos. Por una parte, excepcional apertura, y por otra, numerosos y habituales obstáculos a nivel práctico, resultado de lagunas jurídicas caracterizadas por la improcedencia e incompatibilidad de marcos legales nacionales e internacionales, la falta de políticas sensatas y el ascenso de paradigmas de fronterización (Álvarez Velasco, 2020).

Este panorama de equívocos empeoraba en países como Colombia, donde hasta hace poco no existían leyes con enfoque de derechos en lo relativo a temas de movilidad humana transnacional. Más aún, los recientes cambios jurídico-legislativos que beneficiaron a miles de exiliados venezolanos, también autorizaron la criminalización de ciudadanos y organizaciones locales que asisten a personas en route. Sobre el papel, la prioridad era fomentar flujos ordenados y prevenir el tránsito irregular (Ramírez et al., 2013). La realidad, sin embargo, evidencia que la modesta capacidad institucional de las autoridades
colombianas, además de una significativa falta de cooperación con go-
biernos vecinos, produjo e intensificó contextos de alta vulnerabilidad
(Perea *et al.*, 2019).

En atención a su devoto empeño, aquel amigo emigrado le pro-
porcionó a Jericho algunos dólares y el contacto de una persona que
le ayudó a cruzar la frontera. En territorio colombiano, el trayecto fue
costoso, la policía instaló varios puntos de revisión en los que las ex-
torsiones y otros abusos son comunes. Para las personas procedentes
de África, obtener un permiso de tránsito temporal podía demorar un
par de días o hasta dos semanas. Una vez con el documento en sus ma-
nos, se dirigían a los enclaves costeros de Turbo y Necoclí, para luego
tomar el extremadamente peligroso trayecto por aguas del Urabá hacia
Capurganá y la frontera panameña; traslado en el cual los naufragios
no eran inusuales y los más debilitados, cuando ya no podían seguir
aferrándose, sucumbían a la noche eterna. Más adelante, las variaciones
topográficas y medioambientales, pero sobre todo elementos humanos
nocivos, hicieron del cruce por el bosque tropical del Darién una haza-
ña en cuerpo y espíritu:

Viajamos de noche en un bote pequeño y sin luces. El modo en que se mueve, ¡qué serio! La gente puede caerse fácilmente; tienes que dejar todo lo que traes para agarrarte. Gracias a Dios pudimos cruzar. Éramos muchos, alrededor de cincuenta, pero en esa jungla hay un dicho: “cada quien para sí mismo”. Al llegar, encontramos a una mujer haitiana con sus dos hijos pequeños. Todos sus compañeros les dejaron atrás. Estaban en peligro, cualquier cosa podía sucederles. Nosotros vimos personas muertas en el camino, sus cuerpos tirados. Tuve que sacrificarme y caminar con ellos. Estábamos exhaustos. Algunos locales pasaban a un lado de nosotros, así nada más, pero otros aguardaban el momento para robarnos. Nos quitaron todo, hasta la comida. Habíamos pagado para andar por esa zona. No pude contener mis lágrimas.

Pese a su semejanza con la ley de la naturaleza, “cada quien para
sí mismo” es un enunciado donde resuena una significación humana
decisiva: la diferencia excepcional entre amigos y enemigos, ahí don-
de surge la posibilidad real de la muerte física (Schmitt, 2009). En
los confines de estos rugosos terrenos, la brecha y tensión de esa diferencia excepcional se plantea donde Jericho identifica la noción de *autosacrificio*. Configuraciones ético-políticas que persisten aun en los contextos más opresivos: la exclusión de todo lo que se entiende por ciudadanía, la experiencia de ruptura de lazos sociales y la inminencia de una muerte violenta. Esta fuerza de vida (Ngwa, 2015) creativa en las dimensiones afectivas de praxis y conceptos teológicos (Pandolfo, 2007), quizás puede interpretarse como impugnación de la máxima *homo homini lupus*. En todo caso, queda pendiente la tarea de repasar las características que hacen del Darién una travesía por desertos éticos y oasis ónticos desperdigados, móviles.

En la frase “tuve que sacrificarme” tal vez reverbera “el pensamiento llevado al límite del pensamiento” que “exige el sacrificio, o la muerte, del pensamiento”; es decir, el desmoronamiento de la lógica que persigue lacerante “la realización de una finalidad última” (Bataille, 1976, citado en Esposito, 2003, p. 203); porque en el “registro de la fe” y el “compromiso con Dios”, que es lo mismo que el compromiso con todas aquellas personas que sufren, lo único que importa es la consagración (Lloyd, 2011b, p. 280). Jericho tal vez apostó a la posibilidad de “un sacrificio ‘a pérdida’ que pierde”, “sin ganar nada”, donde el ser-para-la-muerte (la base de Eros) carece de instrumentalidad y el acto sacrificial “concentra en sí el valor” (Bataille, 1978, citado en Esposito 2003, p. 204). El campo espiritual donde las almas son penetradas por la alteridad y viceversa; luego, también ser-para-la-vida y movimientos al modo de nacimientos permanentes (Sloterdijk et al., 2011).

Específicamente, el concepto de fuerza de vida (*nchwi-ntɔ*) en el éxodo se refiere a dos impulsos fundamentales: autoconservación y memoria en contextos de violencia, trauma y amenaza de extinción de la vida (Ngwa, 2015). Una hermenéutica africana en contacto con la tradición teológica cristiana negra y sus nódulos paradójicos, donde ser humano significa encontrar algo por lo cual valga la pena morir (Cone, 1997, citado en Lloyd, 2011a) y el riesgo de la fe es libertad a la vez histórica y escatológica en la lucha de la humanidad para preservarse a sí misma (Lloyd, 2011b).

Después de tomar el primer bote, porque no hay caminos ni autobuses para cruzar de Colombia a Panamá, salimos a pie y luego
subimos a otro bote antes de llegar a la jungla. Puedo asegurar-
te que ésta es una de las partes más peligrosas del viaje. Cuan-
do todo terminó me dije a mí mismo: “ya está, voy a lograrlo”.
Muchas personas cruzan caminando por las montañas, pero eso
puede tomar de una a dos semanas. En cambio, en el bote, el
trayecto se reduce a cuatro o cinco días. El primer pasaje costaba
treinta dólares, el segundo ciento cincuenta.

La frontera colombo-panameña es una zona desgobernada bajo cualquier estándar, es decir, una frontera gobernada por violencias mortíferas. Salvo una creciente presencia militar, las instituciones e infraestructuras del Estado son prácticamente inexistentes. Este vacío ha dado lugar a un sinnúmero de economías informales e ilegales con frecuencia controladas por organizaciones criminales y grupos armados. En pocas palabras, mientras que el gobierno colombiano asumió un enfoque administrativo más o menos limitado, sumado a una legislación restrictiva y hostigamiento institucional dirigido a quienes brindan asistencia a personas en tránsito, en Panamá, las autoridades adoptaron una gestión militarizada mezclada con discursos sobre derechos humanos, emergencia humanitaria y cooperación internacional.

Al arribar en el primer punto de recepción en Metetí, las perso-
nas recién llegadas eran enumeradas, examinadas y vacunadas; su infor-
mación biométrica, comparada con la base de datos de la Interpol. Si
no había motivo de alarma, se les permitía continuar hacia un segundo
parador situado en La Peñita, normalmente tras una o dos noches en
Bajo Chiquito u otras comunidades donde no había plataforma oficial
alguna para recibirles. Retenidos mientras el dispositivo de seguridad
panameño-costarricense gestionaba su traslado al enclave fronterizo de
Paso Canoas, grupos de hasta cien personas eran enviados a El Golfito
para después encaminarse hacia La Cruz o Peñas Blancas, localidades
cercanas a la frontera con Nicaragua. Este manejo colaborativo fue en
parte habilitado por la OIM y ACNUR mediante organizaciones humani-
tarias locales y transnacionales encargadas de coordinar aspectos clave
como transporte, alojamiento, alimentación y acceso a servicios médi-
cos básicos.

Jericho contrajo una dolorosa infección ocular en La Peñita. Las autoridades permitieron su traslado a una clínica, aunque fue él quien
costeó el tratamiento. Debido a que le fue prohibido ir al dispensario, tuvo que confiar su tarjeta de débito a los agentes migratorios asignados para custodiarle, quienes al volver le entregaron los medicamentos y aseguraron que solamente habían podido retirar la mitad de los fondos en su cuenta. Jericho tardó más de una semana en acceder a un cajero automático y desmentir los oficiales panameños. Sin duda, las agresiones por parte de representantes del Estado de todos los niveles son vicisitudes cotidianas para los jóvenes africanos que viajan por América Latina.

Afortunadamente, uno de los muchachos en mi grupo me ayudó y después llamé a un amigo en Estados Unidos, él hizo una colecta. Entrar a Costa Rica fue fácil, ahí la gente nos apoyó mucho. En Nicaragua fue diferente, muy difícil, había que pagar y cruzar es muy peligroso. El gobierno seguramente recaudó bastante dinero porque había mucha gente que quería entrar. En Honduras, esperamos toda una semana a que nos dieran el pase, pero en Guatemala no paramos ni un día. Estuvimos detenidos seis días en Tapachula antes de que nos permitieran viajar a Tijuana.

Pese a las buenas referencias y sin descrédito a los efectos altruitistas, de acuerdo con investigaciones especializadas, Costa Rica se ha convertido en un país frontera (Sandoval, 2005, citado en Kron, 2010). Como ejemplo de ello, en 2003, el gobierno comenzó a requerir visados para no residentes, anulando así las facilidades que hasta entonces permitían la entrada bajo el estatus de turista a la mayoría de los ciudadanos del Sur Global (Kron, 2011). Más tarde, en 2005, dos proyectos constituyentes con evidente carácter disuasivo fueron promulgados, mientras que, en 2010, una nueva legislación, en teoría enfocada al respeto de los derechos humanos y el fomento de la inclusión social, legalizó la restricción del acceso a servicios públicos mediante procedimientos burocráticos difíciles de proseguir (Fouratt, 2016, 2014, citado en Winters & Mora Izaguirre, 2019).

De manera similar, en colaboración con la OIM y el ACNUR, el gobierno mexicano dispuso una estrategia de control y administración de limbos jurídicos, cuyo objetivo era acelerar la entrada y salida de personas mediante filtros de seguridad, al mismo tiempo que proporcionaba
algunos servicios básicos como alimentación, alojamiento, transporte o emisión de permisos de tránsito temporales. Estas acciones, polémicas y mal implementadas, son parte del proceso histórico que desde hace más de tres décadas ha transformado a México en una frontera mundial, endeble pero violenta. Es decir, un territorio donde coexisten flujos altamente diversos con la proliferación de lugares de circulación y obstrucción: movimientos progresivamente más fluidos y multidirectionales, pero también ralentizados, costosos y arriesgados.

Jericho completó el viaje de Quito a Tijuana en cinco meses. Para la fecha de nuestra entrevista,<fnref n="15" /> había abandonado la idea de obtener asilo en Estados Unidos. El nuevo objetivo era regularizar su estatus legal a través de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR).<fnref n="16" /> Sin embargo, el incremento exponencial de solicitudes, aunado a la incapacidad e indolencia de las autoridades, auguraba un escenario poco alentador. Las personas como Jericho no sólo debían lidiar con las frustrantes barreras de la disfuncional burocracia mexicana, además, enfrentaban severas limitantes a su movilidad una vez iniciado el trámite y hasta su conclusión, lo cual provocaba que un segmento importante abandonara el proceso, a veces, sin posibilidad de reiniciarlo. Según datos de la propia COMAR, menos de una tercera parte de las peticiones alcanzaban resolución.<fnref n="17" />

Cuando llegué también quería cruzar, pero después me di cuenta de que la única opción era quedarme. Número uno, necesitas un *sponsor*, alguien que viva en Estados Unidos y pueda recibirme.<fnref n="18" />

<footnote n="15">15 J. Nimoh, comunicación personal, 9 de abril de 2019.</footnote>

<footnote n="16">16 La COMAR es un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. Fue fundada en 1980 tras la llegada de miles de personas que huían de las guerras civiles en Guatemala y El Salvador.</footnote>

<footnote n="17">17 Entre 2013 y 2018, el número de solicitudes de protección internacional en México pasó de 3424 a 29631 (Torre Cantalapiedra, 2019). Para antes del cierre de 2019, se estimaban más de 70 mil nuevas peticiones (Torre Cantalapiedra et al., 2021).</footnote>

<footnote n="18">18 A pesar de que tener un contacto que pueda ofrecer auspicio no es requisito legal para presentar una solicitud de asilo, en la práctica, las cortes y los jueces migratorios estadounidenses, última instancia a la que un solicitante puede apelar su expul-</footnote>
Yo no tengo a nadie. Mis amigos allá no tienen papeles. Núme-
ro dos, incluso si te dejan salir pronto del centro de detención,
aunque también pueden dejarte ahí por meses y meses, ¿cómo
vas a vivir si nadie puede ayudarte? Quedarme aquí sin papeles
también es un problema porque así no se consiguen buenos tra-
bajos. El proceso en México es tardado, siempre hay demoras.
Cuando llegas a tu cita, la gente de migración dice: “Venga en
quince días”. Luego, otra vez, quince días más, así es. Pero tengo
fe que las cosas saldrán bien.

Aunque no es posible adentrarse en el tema, debe señalarse que
la experiencia de Jericho ilustra fielmente la precaria realidad que las
personas en movilidad transnacional clandestinizada viven en México.
Tras dejar la Casa del Migrante, se instaló en un pequeño departamen-
to que compartía con otros cuatro jóvenes africanos. Jericho laboraba
largas y pesadas horas en la industria de la construcción. El salario era
bajo, no más de veinte dólares diarios. Al cabo del primer mes, un
accidente de trabajo le dejó incapacitado durante varias semanas. La
convalecencia le obligó a cambiar de vivienda y establecerse en uno de
los vecindarios más peligrosos de Tijuana. Jericho pasó varias semanas
recuperándose en un cuarto de aproximadamente 16 metros cuadrados
hecho de lámina, con piso de tierra y sin agua corriente o drenaje. Por
fortuna, una vez repuesto, consiguió trabajo y alojamiento en una igle-
sia evangélica en el centro de la ciudad.

Para quienes forman parte de un segmento minoritario dentro
de grandes flujos, como es el caso de las personas provenientes de África
en América Latina, la circulación de información y los conocimien-
tos que se transmiten en microredes son particularmente importantes.
Como tantas otras personas en movilidad, Jericho llegó a Tijuana atraí-
do por su ajetreada vida económica y su infraestructura social traducida
en albergues y organizaciones de apoyo humanitario. Pese a los retos y
dificultades de vivir sin documentos, antes del accidente, su estancia en
México había sido una paleta de experiencias contrastantes sobre un
telón de fondo básicamente afable:
En pocas palabras, las personas aquí han sido buenas, sin odio. En general, no he tenido problema con la gente, aunque la comunicación a veces sea difícil. Sí, porque lo primero es el respeto. Yo soy africano, tú mexicano y aquel hondureño, pero todos somos iguales. Por la gracia de Dios, yo respeto a todo el mundo, pero dejar que alguien me quite los derechos, eso no lo concederé. Por ejemplo, recuerdo que en Honduras había un muchacho cubano a quien no le gustaban los negros. Las cosas llegaron al punto que sólo la policía pudo detener la pelea. También aquí, una vez un chico mexicano deportado me dijo: "¡Eh, tú, extranjero, sal de aquí; este es mi país!". Yo me enfadé mucho, pero al final las personas del albergue intervinieron y todo se calmó.

Incompleta y espléndida, la sonrisa de Jericho personificaba la convicción del combate al racismo antinegro: fantasmagoría (Mbare, 2016) de propiedades expansivas ligada a gravámenes raciales y culturales (Zeleza, 2007), herencia del pasado colonial latinoamericano. El tema excede el foco de este trabajo, pero es indispensable al menos mencionar que las ideologías racistas funcionan por medio de conceptos legales, políticos y sociales representantes de condiciones que atentan contra la dignidad de la vida humana, de la producción y explotación de vulnerabilidades diferenciadas, así como de circunstancias de prematuración a la muerte sancionadas por el Estado e instancias extrajudiciales (Gilmore, 2007, citado en Gilroy, 2014). Asimismo, se reconoce expresamente que las personas negras luchan contra un sistema supremacista global que se expresa también en políticas, leyes y dispositivos, cuyo objetivo es impedir al máximo su acceso a canales formales de movilidad transnacional (Bashi, 2004).

Puede especularse que la opinión favorable de Jericho también se debía en parte a que nuestra conversación tuvo lugar antes del empeoramiento de las medidas de contención que las autoridades mexicanas dispusieron a propósito de las amenazas arancelarias del gobierno estadounidense entre mayo y junio de 2019.<fnref n="19" /> Como cabría esperar, las per-

<footnote n="19">¹⁹ Para evitar impuestos sustanciales (de 5% a 25%) a diversas exportaciones, el gobierno mexicano concedió desplegar una violenta estrategia de contención a lo largo de todo su territorio, en particular, la frontera sur.</footnote>
sonas en movilidad a quienes estas acciones represivas estaban dirigidas,
muy pronto mostraron decididamente su oposición. Por ejemplo, lo
sucedido el 21 de agosto en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachu-
la, donde viajeros procedentes de África, Haití y Cuba protagonizaron
varios encontronazos con la Guardia Nacional;<fnref n="20" /> o también, el 9 de julio
en la garita migratoria de El Chaparral, en Tijuana, cuando alrededor de
150 manifestantes africanos denunciaron extorsiones sistemáticas por
parte de oficiales migratorios y agentes de la policía municipal.

No obstante el acompañamiento legal que recibía en la Casa del Migrante desde abril de 2019, hasta enero de 2020 la petición de refugio de Jericho no había sido resuelta. La necesidad de proveer para su familia en Ghana, así como el entorno económico y jurídicamente incierto en México, eran factores sobre los cuales él meditaba al examinar la posibilidad de un cruce a Estados Unidos por vías alternativas.

## Experiencias de fe y clandestinidad

Jerome (25 años), originario del centro-sur de Nigeria, es casado y no tiene hijos. Creció en un entorno urbano y practica el cristianismo. Tiene estudios universitarios truncos y, antes de huir, administraba un próspero negocio propio. Partió a causa del clima de inestabilidad y violencia política que históricamente recubre las relaciones intergrupales en el país. Su relato resume la fragmentación social resultado de la dominación colonial británica (1914-1960):

> Nosotros tenemos un conflicto, ¿cómo explicarlo? El norte es musulmán y el sur cristiano. El problema es más grave para los cristianos en el norte, los están matando. Ahí se crea la imagen negativa del país. En el sur el problema más importante es que los gobernantes toman todo sin devolverle nada al pueblo; pero casi todos somos cristianos, así que la gente es más abierta, muy diferente al norte. Ellos nunca viajan; en cambio, en el sur consigues un trabajo, y pronto visitas varios países para obtener cono-

<footnote n="20">20 Una policía militarizada creada en marzo de 2019.</footnote>
cimiento que puedes aplicar al volver. Un día yo estaba haciendo
un negocio en el norte y las milicias quemaron el pueblo ente-
ro. Tuve que irme. Cuando un cristiano está en el norte, tiene
que actuar como si fuera musulmán. Durante los ayunos no se
puede comer en público. Si lo haces, la gente te señala. Imponen
sus formas y dicen: "¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¡Vete! ¡Éste no es tu
pueblo!".

Similar al relato del apartado anterior, para Jerome entrar a Es-
tados Unidos mediante el sistema de protección internacional no era
parte de un plan específico previo, y el umbral de fuga se convirtió
en horizonte de viaje toda vez que el punto de huida inicial probó no
ofrecer condiciones de vida aceptables. Esta circunstancia les distingue
de la mayoría de las personas que llegan a la frontera norte de Méxi-
co procedentes de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua), el Caribe (Haití y Cuba), Sudamérica (Venezuela, Co-
lombia, Ecuador y Brasil), Medio Oriente (Siria e Irak) y otras partes
de Asia (Afganistán y el Subcontinente Indio). Además de asegurar
que nunca estuvo interesado en cruzar *al otro lado*, Jerome hizo hinca-
pié en una de las mayores odiseas de la movilidad transnacional clan-
destinizada: *tabula rasa*, o aprender a vivir como arrojado al mundo por
segunda vez. Él también intentó establecerse en Quito, pero tras dos
meses, reanudó el trayecto.

Yo sólo buscaba un lugar dónde estar. Primero intenté en Ecua-
dor, pero, ¿si no hay trabajo para los ciudadanos, qué puede es-
perar un migrante? Sí, porque yo soy una especie de ingeniero
práctico. También sé hacer negocios. Sí, yo vivía muy bien, solía
estar a cargo de todo. Aquí tengo que empezar desde cero, como
si acababa de llegar a este mundo y recibir donaciones de la gen-
te. ¡Pero si antes vestía y vendía la mejor ropa! ¿Ahora tengo que
ponerme prendas usadas? ¡Ay, Dios mío! ¡Es una pena! [risas]
¿Me entiendes? Es duro. A veces quieres gritar, pueden ser pen-
samientos como "no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello",
pero tienes que dominarlos; si no, enloqueces.
Ecuador solía considerarse un país razonablemente seguro e incluso económicamente atractivo para personas como Jerome. Pese a que las perspectivas se han vuelto menos favorables, él y muchas personas más encontraron en la capital ecuatoriana una ruta de escape inmediato. Llegada y salida parecen decisiones hasta cierto punto pertinentes y sobre la marcha, pero no hay que olvidar que la movilidad no sólo está determinada por las facilidades que una persona encuentra para ingresar y establecerse en otro país, sino por las posibilidades de formular destinos alternativos (Feline & Holloway, 2019).

En su teléfono, Jerome me mostró una fotografía tomada algunos meses antes de su partida. Se le observa sonriente y robusto junto a uno de sus mejores amigos, descansando sobre el cofre de su automóvil. Viste una camisa tipo polo color rojo por la que asoma una cadenita dorada, pantalones y zapatos deportivos. También, lleva uno de esos enormes relojes de mano que se han vuelto populares recientemente. Sin duda, él es un conocedor de la vida cosmopolita, o mejor, *afro-politana* (Mbembe, 2016): refractarios históricos de fuerzas sociales, económicas y políticas que son producto de la modernidad, así como fenómenos globales en sí mismos (Williams, 1997).

Mi historia es diferente. Si alguien hubiera podido explicarme cómo sería la selva en Panamá, habría regresado a Ecuador, o habría buscado otro lugar en África. Llegamos, no sé cómo describirlo. En la montaña más grande, me enfermé. Llovía mucho esa noche. Las personas en mi grupo avanzaban. Era como escalar al cielo. Todos se movían rápido, no podían esperarme. Estaba muy enfermo, solo y no sabía a dónde ir. Así pasé una semana, sin comida, sólo con el agua de la lluvia. Yo le pedía a Dios. Él me rescató a través de dos personas, un hombre de la India y una mujer de Burkina Faso. Una mujer muy fuerte. Cuando parábamos a descansar, yo la miraba y pensaba: "si ella nos deja atrás, al menos ahora caminaré con este hombre que también es débil" [risas]. Encontramos a unas personas oriundas. Les gritamos: "¡aquí, ayuda!" Ellos respondieron: "¿dólar?", dijimos que sí y entonces nos llevaron cerca del primer campo en su bote. Diez días después, mientras estaba en recuperación, uno de los guardias me con-
tó que al llegar todos estaban convencidos de que no sobreviviría. Ése es Dios.

Ostensiblemente, en el relato de Jerome aparece algo parecido a la experiencia interior (Bataille, 1973, citado en Esposito, 2003) encarnada, pero no por completo incorporable, ajena a la mayoría de las definiciones porque bordea "lo invivable" (Foucault, 1994, citado en Esposito, 2003, p. 190). Inscripciones, formas y ritmos de una historia contada en el lenguaje de la epopeya y lo milagroso (Ngwa, 2017). La afirmación "ése es Dios" quizá denota una fenomenología contraparte de la incertidumbre que en el Darién se aviva a cada paso. Ante las calamidades, cuando algunos dólares pueden hacer la diferencia entre vida y muerte, la narración expresa la "valencia mesiánica" que acompaña a los pueblos y almas peregrinas "hacia el Reino de Dios" (Campese, 2017, p. 41).

La religiosidad alrededor de vivencias abruptas, itinerarios constituidos por pendientes y barrancos, cumbres y abismos, pero también destellos providenciales y camaradería terrenal, de ordinario insiste en la importancia de las decisiones y responsabilidades propias; sin embargo, a menudo su hermenéutica expresa una suerte de no-elección (O'Neill, 2010). Luego no se trata solamente de afirmar la fe en Dios, sino de una interpretación lógica de la realidad donde nada ocurre sin intervención divina. Una posición religiosa acerca de todo lo que le rodea y por la cual alguien advierte la mano de Dios en el mundo, porque Dios existe en la naturaleza inmanente a los movimientos de los objetos y las personas (Schmitt, 2005, citado en Lloyd, 2012).

En Nicaragua comenzó otro viaje porque el gobierno no permite que pases. Creo que se paga según la persona, algunas más, otras menos. Tienes que cruzar por el mar en la noche. Pero ése no es un mar, es el océano que lleva a cualquier parte y tú vas en un bote pequeño sin luces. Después te suben a una *pick-up* y no les importa si alguien cae. La policía y el éjército están vigilando por todas partes. Recuerdo que a un chico camerunés lo asesinaron ahí mismo. Mucha gente muere, pero nadie sabe. Ellos simplemente pueden disparar cuando te ven. Gracias a Dios todo fue muy rápidamente. Honduras es diferente, ahí tienes que ir con los militares, pero
estás libre. En Guatemala pasas por migración, ellos te dan otro papel. En Tapachula nos pusieron en un autobús directo a Tijuana. Sólo permitían bajar para comprar comida, pero ellos deciden cuándo, no tú. En los tres días de camino hay varias revisiones.

De acuerdo con sus divergentes pero entreverados procesos históricos y políticos, ante la inviabilidad de una campaña de deportaciones masivas, desde 2015 los gobiernos de Panamá, Costa Rica y Nicaragua implementaron políticas destinadas a impedir y desalentar el paso de personas hacia Norteamérica. En particular, el gobierno nicaragüense desplegó violentas estrategias de contención (Moreno Rodríguez, 2019) que, por cierto, no impidieron el funcionamiento de una bien establecida industria de cruces fronterizos (Winters & Mora Izaguirre, 2019). Nadie pasaba más de unas horas en territorio nicaragüense, pues, en caso de ser detenidos, aun cubriendo la cuota de entrada (150 dólares), los viajeros eran devueltos a Costa Rica.

A diferencia de la exhaustiva implicación del Estado en esta parte del corredor centroamericano, la postura de las autoridades hondureñas y guatemaltecas puede definirse como indiferencia planificada. No impedían la entrada o el movimiento al interior, pero tampoco proporcionaban otro servicio además de la emisión de permisos de tránsito temporales. Naturalmente, indiferencia planificada no significa ausencia, pues en estos países es costumbre enviar a militares, policías y agentes migratorios para entrenarse en tácticas de retención y vigilancia con diversas agencias del gobierno estadounidense (JCUS-WOLA, 2014, citado en Vilches, 2015). Así pues, en Honduras y Guatemala eran organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil (generalmente vinculadas a alguna institución eclesiástica) las encargadas de resarcir las omisiones estatales.

Al momento de nuestra entrevista,<fnref n="21" /> Jerome llevaba en México dieciséis meses y tenía casi un año de haber iniciado el proceso de regularización. Tardaría tres meses más, pero finalmente alcanzó su primer propósito y obtuvo la constancia que acreditaba su estatus de refugiado, lo cual le permitió reclamar el derecho de reunificación familiar y favorecer así la entrada legal de su esposa al país.

<footnote n="21">²¹ J. Isiaka, comunicación personal, 13 de mayo de 2019.</footnote>
Jerome es el único de mis interlocutores que no fue huésped de la Casa del Migrante, aunque sí aprovechaba el servicio de comedor y acompañamiento jurídico. Recién llegado a Tijuana, encontró refugio en una iglesia evangélica a unos trece kilómetros del centro. Mediante contactos que estableció en la congregación, al poco tiempo comenzó a trabajar como ayudante general en una distribuidora de materiales para la construcción. Tras hacerse de algunos ahorros, se mudó a un pequeño departamento en las inmediaciones del albergue junto a dos jóvenes ghaneses.

Como es costumbre en Tijuana, Jerome arribó motivado por su dinamismo económico y oportunidades laborales. Hasta cierto punto, la ciudad restauró su ánimo. A pesar de las asperezas propias de una urbe fronteriza, según él, la gente en Tijuana es abierta porque bueña parte sabe lo que significa dejar la tierra natal para adentrarse en no man's land: una ciudad mundial donde las opciones que brinda la mezcolanza humana son virtualmente infinitas e impredecibles. Aunque había decidido establecerse, Jerome hablaba de un mundo amplio, pero circunscripto a las realidades del día a día, donde el porvenir excede cualquier proyección a priori. Lugares a los que inicialmente sólo vincula la propia fuerza productiva, pero donde es posible articular cuerpos, comunidades y geografías con ecologías, ideologías y economías de vida (Ngwa, 2015).

Aquella fuerza que también puede denominarse creación religiosa, el paradójico “envoltorio metafísico y estético” de lo político en el renacer a la vida y “una historia por venir” (Mbembe, 2016, pp. 302-303), no es el consuelo del final de los tiempos y tampoco se limita al anhelo que anuncia el cese de las desgracias humanas. Encomendarse a un proyecto divino es parte del repertorio creativo de una cronología histórica inscrita en el tiempo de Dios. Ahí, donde la lucha por la libertad en el mundo precipita la libertad escatológica y viceversa (Lloyd, 2011a). Ser libre a pesar de vivir en un mundo en el que la libertad se niega, por ejemplo, a través de mecanismos político-jurídicos que impiden o dificultan el acceso a medios elementales de subsistencia.

Yo pienso que seré un big guy si me quedo en esta ciudad; pero ahora, mientras hablo contigo, sólo creo una cosa: Dios tiene un plan. ¿Ves? Eso es lo que he aprendido en este viaje. Tú puedes
pensar muchas cosas, pero definitivamente vas a terminar haciendo algo diferente. Como te dije, yo sólo buscaba un lugar dónde estar. Todos mis amigos querían ir a Estados Unidos, pero yo no veo por qué. El problema es obtener un buen trabajo, porque aquí los empleadores saben que los africanos buscan dólares, no pesos [risas]. Ahora estoy en la construcción, pero empecé limpiando automóviles. Quiero alejarme de esos trabajos, aunque sin papeles es lo único que queda. ¿Ves? Si obtengo los documentos, ganaré mi libertad. Podré acceder a un mejor empleo y hacerme cargo de mí mismo, sin depender de nadie.

Prácticamente, desde su fundación, Tijuana se ha consolidado como polo de movilidad humana transnacional y, aun cuando este trabajo no aborda la distinción entre globalización y transnacionalismo, a propósito de la experiencia de personas como Jerome, cabe señalar lo siguiente: por una parte, esta diferencia es una cuestión de escalas, afectaciones planetarias provocadas por la circulación de capitales y la reconstitución permanente de los modelos económicos neoliberales; por otra parte, frente a estas dinámicas irremediablemente violentas, quienes llegan a esta ciudad encuentran y pergeñan un sinnúmero de iniciativas para volverla habitable. A pesar de que Tijuana es en muchos sentidos el epítome de la inmensa y mortífera frontera que México es hoy, Jerome enfatizaba las virtudes que acarrea su *esencia transfronteriza*:

> Aquí puedes encontrar una gran mezcla de personas provenientes de lugares muy distintos. A cualquiera puedes preguntarle: "¿De dónde eres?" ¿Me entiendes? ¡Ah! Yo soy africano, tú eres hondureño o mexicano, éste es de aquí, aquél de allá. Nosotros tenemos un lugar así en Nigeria, Lagos, un *no man's land* donde puedes ver movimiento en las calles las 24 horas. ¿Cómo llamarle? Cuando viene gente de varios países y trabajan juntos, se vuelven hermanos. Eso es lo que está pasando. Es como un material que se funde con otro para crear algo nuevo, mejor y más fuerte. En Tapachula me dijeron que Tijuana es un lugar peligroso, pero a mí nunca me ha pasado nada malo. Yo me muevo libremente a todas horas. ¿La policía? No, con ellos tampoco he tenido problemas, salvo una vez. Estaba afuera del albergue, no
sé que había pasado con unos chicos haitianos. Llegaron varias patrullas para interrogarnos. Uno de los policías me dijo: “¡Eh, tú, haitiano!”. Le expliqué que soy africano y su humor cambió. No sé qué tanto decía, pero seguro eran palabras duras porque gritaba. Sí, a los haitianos los tratan mucho peor que a nosotros.

De forma paralela a las transformaciones sustantivas que ciudades como Tijuana experimentan a partir del arribo de personas en tránsito y potenciales nuevos habitantes, habría que subrayar la importancia de las teorías socioculturales sobre conceptos como ciudadanía e identidad nacional. Esta suerte de panóptico clasificatorio combina ideologías producto de la sociedad, así como del poder estatal que influye en la conformación de categorías determinantes de los riesgos y las posibilidades que las personas recién llegadas perciben. En este caso, el relato ofrece un vistazo a la escala de clase y raza que emplea la policía local.

Dos semanas después de nuestra conversación, comprobamos que esta insidiosa vigilancia en modo alguno recae sólo sobre los extranjeros. En aquella ocasión, me ofrecí para trasladar algunas piezas de mobiliario que una persona voluntaria en la Casa del Migrante había donado a unos exhuéspedes. Eran alrededor de las cinco de la tarde y el trayecto consistía en no más de cinco cuadras. Caminábamos lentamente, intercambiando bromas y deteniéndonos para descansar la carga. La policía salió como de las sombras. Tan sólo unos segundos antes, habíamos saludado a Jerome y a uno de sus compañeros de vivienda, quienes se dirigían al albergue. Para ese momento, ya sabía yo que la estrategia más sensata frente a la ferocidad de la policía tijuanense es tratar de ignorar su presencia. De todas maneras, tres agentes (uno más permaneció al volante) descendieron de la parte trasera de la *pick-up* donde llevaban arrestados a dos hombres de aspecto desaliñado. Con el argumento de una inspección de rutina, los policías, rutinariamente, nos inmovilizaron y procedieron a revisarnos de forma humillante. Ante nuestra protesta, los agentes respondieron: “preocúpense cuando les estemos sembrando algo, entonces reclaman”.<fnref n="22" />

<footnote n="22">²² Este fue sólo uno de varios detestables encuentros con la policía municipal mientras realizaba actividades de trabajo de campo.</footnote>
Testigo de que en esta frontera casi nadie está exento de la industria del terror policíaco y su incriminación arbitraria, Jerome me miró consternado, pero advertido de las implicaciones, y se apartó rápidamente.

## Designios transnacionales

Mohamed (28 años), originario de Guinea-Conakry, es soltero y practica el islam. Se expresa en el vernáculo de tres poderes coloniales: francés, portugués y español. Antes de partir se desempeñaba (por temporadas) como operador de maquinaria en el sector de la construcción. Huyó a causa de la violencia política y el deterioro económico de larga urdimbre que asola al país. Además de una serie de golpes de Estado con el involucramiento de Francia y Estados Unidos, las históricas disputas intergrupales sobre recursos económicos y representatividad política, así como la consolidación de poderosas organizaciones criminales, en Guinea, los efectos de las guerras civiles en Sierra Leona (1991-2002) y Liberia (1999-2003) son todavía palpables.

En África hay muchos extranjeros que viajan, por eso hablo idiosmas. Normalmente, mi cabeza está bien [risas], aprendo rápido; así que no fue sólo la falta de trabajo. Es muy peligroso allá en Guinea. Tú debes buscar cuántas manifestaciones ocurren y qué es lo que pasa; las redes sociales te muestran de qué va, pero yo te puedo decir esto: todo lo que tú pienses como lo peor, está ahí [risas]. Te digo la verdad, si en mi ciudad solamente llegué al colegio, yo quiero otra cosa para los hijos que un día tendré. ¿Entonces, el motivo principal para salir? Puede haber muchas cosas, si te explicara... Tuve que aprender a trabajar, porque no pude terminar los estudios. Mi familia no tiene nada. Hace muchos años vivía con unos parientes. Yo les ayudaba, cualquier trabajo que me decían hacía. Desde ahí, la vida es muy difícil para mí. Pero eso yo lo acepto, para aprender muchas cosas, aquí, o en otro lugar que Dios me va a designar.

Para Mohamed, el viaje a la frontera norte de México también comenzó tras intentar avecindarse en Sudamérica. En cierto modo,
completar el trayecto le tomó casi dos años. Durante nuestra conversación<fnref n="23" /> rememoró los diecisiete meses que pasó en São Paulo realizando arduas labores por un sueldo que nunca iba más allá de los 150 dólares quincenales. Brasil destaca como puerto de entrada porque es el único país latinoamericano que tiene relaciones diplomáticas y económicas estables con África, en particular Angola y Sudáfrica (Winters & Reiffen, 2019). A causa de ello, solía ser costumbre que los ciudadanos de varios países africanos entraran con una visa de turista fácil de obtener. En contraste, gobernados por criterios de ciudadanía y nacionalidad, los procedimientos de regularización se han vuelto engorrosos y cada vez menos asequibles (Espiro, 2021).

Si hay que pagar renta, ese salario no vale nada. Es muy difícil sobrevivir, por eso vine acá. Cuando dejé mi país, no tenía idea. Debido a la forma en que salí, no pude hacer un plan. Tuve que trabajar para ganar un poco de dinero y seguir. Es lo que pasa, como decía mi madre: "Todo te encuentra en la vida". Tienes que seguir tu destino, porque no se puede esperar en casa a que la vida te vaya a encontrar. Hay que dejar el miedo, yo soy así. Anduvimos por la selva de Panamá tres noches y cuatro días. En nuestro grupo había mucha gente. No quería esperar a que todos caminaran juntos porque tardaríamos más de una semana y yo traía poca comida. Algunos nos separamos, pero después encontramos bandidos: cinco personas, dos tenían revolver y tres machete. Les entregamos todo porque, si tú protestas, te matan. Después atacaron a otro grupo. Dispararon dos veces. Tengo un amigo de Guinea, mataron a su hermana. También a un muchacho togolés lo mataron. Ese día me ha marcado, fue muy duro.

Ya se ha señalado que el paso por el Darién es una proeza en cuerpo y espíritu. Al parecer, una experiencia de tránsito que siempre entraña montos de desolación sólo comparables a sus exuberantes paisajes. Una frontera cuya economía política hace de los cuerpos

<footnote n="23">²³ M. Keïta, comunicación personal, 22 de mayo de 2019.</footnote>
dinero ambulante y de las vidas objetivo directo del poder (Esposito, 2003). Parajes donde el trauma colonial se actualiza política, existencial y escatológicamente en itinerarios que se apartan de ideales abstrac-tos de liberación o resarcimiento (Pandolfo, 2010). Esas trayectorias atraviesan el imperativo político-kinético de la modernidad, es decir, la imposición del movimiento hacia más movimiento como principio ontológico y única alternativa de existencia (Sloterdijk, 2020).

En este sentido, podría afirmarse que Mohamed expresa una imaginación afirmativa en concordancia con el compromiso activo que exige la dimensión renovadora y crítica de la fe coránica en contextos de desarraigo material y subjetivo. Riesgos y posibilidades de vida en la fuerza paradójica de la renuncia absoluta al decreto divino, este es el compromiso de las personas fieles que no cesan de encarnar la libertad de cumplir con la obra de Dios en el mundo (Pandolfo, 2018).

Además, el viaje fue difícil porque tenía pocos ahorros y había que gastar en comida, transporte y cama. Aunque fuera un bebé, tenía que pagar. Cuando viajas así, cualquier cosa puede suceder; eso hay que aceptarlo. No sirve de nada quejarse. Dios dice que hay mal y hay bien; si no está eso, el mundo no puede moverse. Y si tú eres hombre de Dios, la vida no te va a engañar; no te deten-gas a juzgar lo que encuentras en el camino.<fnref n="24" /> En Tapachula pasé detenido diez días. Tuve suerte, hay personas que tardan más de un mes. Después, compré un boleto para Ciudad de México y luego Tijuana. Gasté más de 130 dólares. Quería comenzar el trámite [de regularización] allá, pero decidí venir aquí porque me dijeron que hay trabajo y otros africanos que pueden apoyar-me. Así somos nosotros. Por ejemplo, si el muchacho que me ha ayudado para llegar a México desde Panamá, si él viene aquí, no conoce a nadie y yo tengo un cuarto, ¿lo dejaré en la calle? ¡No! Yo voy a socorrerlo. La vida es así, como decimos: "La mano que da es la misma mano que recibe".

<footnote n="24">²⁴ En el Corán 21:35 (Cortés, 2005): “Todas las almas probarán la muerte. Dios te pone a prueba en el mal y el bien, mediante la fitna, y a Dios debes volver”.</footnote>
Las actuales políticas de contención e inmovilidad forzada (Agudo Sanchíz, 2019) que las personas en tránsito por México deben sortear tienen sus orígenes en la fundación (en 1993) del Instituto Nacional de Migración (INM), organismo facultado legalmente (desde 1996) para llevar a cabo tareas de inspección y detención en todo el país. Pese a que en 2011 se aprobó la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en teoría una de las legislaciones latinoamericanas más avanzadas en la materia, las autoridades mexicanas continuaron orientándose hacia una estrategia concentrada en programas de seguridad nacional y fronterización, siempre en cabildeo con sus “pares estadounidenses”. Como ocurre en otras latitudes, es claro que el marco legislativo mexicano se rige por criterios político-administrativos antes que por principios humanitarios.

En efecto, México se ha convertido en la “muralla protectora” de los Estados Unidos. Ante la imposibilidad de controlar la circulación de seres humanos, el Estado administra flujos y hace de su territorio una vasta frontera equipada con diversos instrumentos de detención y expulsión. Un régimen que formaliza la exclusión de los indeseables y la inclusión subordinada de los indispensables (Mezzadra, 2005), la importancia que el gobierno estadounidense asigna a las políticas mexicanas de securitización fronteriza es más que obvia. “La frontera de Guatemala con Chiapas es ahora nuestra frontera sur”, aclaró un alto funcionario a mediados de 2012 (Morales et al., 2014, p. 3). La desidia, incompetencia y sumisión de las autoridades mexicanas produjeron condiciones propicias para la proliferación de abusos y la vulneración de derechos. Por ejemplo, el hecho de que agentes del INM colaboren regularmente con dependencias de seguridad locales y federales en tareas de monitoreo y detención, en flagrante quebrantamiento de la legislación vigente.

Sí, al principio yo buscaba el asilo en Estados Unidos, pero es complicado, necesitas a alguien adentro [un sponsor]; si no, te deportan. Tengo amigos allá, pero no pueden ayudarme porque ellos tampoco tienen documentos. Prefiero quedarme. En Tijuana puede haber una oportunidad para mí. Tengo otro amigo, un paisano que también quería cruzar pero que aho-
ra vive en Ciudad de México y tiene residencia permanente, él me dijo: “Para qué arriesgarte a la deportación, aquí tienes mucho por lograr”. Fue así como cambié de idea. Aquí, allá, es lo mismo. Lo único importante es que Dios hizo el mundo muy grande para que encuentres y defiendas tu vida.<fnref n="25" /> Aprender a vivir como extranjero, porque la vida puede cambiar en cualquier momento, eso hay que saberlo. Como extranjero tienes que evitar problemas, ésa es tu responsabilidad. Tienes que respetar la ley del país a donde llegas, para que ese respeto te dé oportunidades. Hay que seguir el corazón, trabajando con paciencia, paso a paso.

Semanas antes de terminar su estancia en la Casa del Mi-
grante,<fnref n="26" /> Mohamed pensaba ya en la salida. Él también acudió a
la oficina de acompañamiento jurídico del albergue para iniciar su
solicitud de protección internacional. Junto a dos compañeros de
viaje, planeaba rentar un diminuto departamento en un área cerca-
na. A consideración de servicios como electricidad y agua potable,
calculaban gastar aproximadamente trescientos dólares mensuales.
Con prudencia y colaboración aparte, conseguir alojamiento en
Tijuana, en modo alguno, es fácil. Además del alto costo de los
alquileres, la mayoría de los arrendadores desconfía de los recién
llegados. La irregularidad y explotación laboral que acompaña a la
falta de documentos, claro está, también eran desafíos con los que
tendrían que lidiar.

De golpe, antes de la fecha programada para dejar el albergue,
uno de los compañeros partió hacia la frontera de Matamoros, a razón
de rumores sobre mayores posibilidades de entrar a Estados Unidos vía
el procedimiento formal del asilo y también por rutas alternas. Moha-
med lamentó esta decisión y cuestionaba el atrevimiento de su colega, a
quien reprochaba el entregarse demasiado rápido al anhelo de cruzar. Al

<footnote n="25">²⁵ En el Corán 4:97-98 (Cortés, 2005): “¿Acaso no es la tierra de Allah lo suficientemente extensa como para emigrar?”.</footnote>

<footnote n="26">²⁶ Oficialmente, el albergue proporcionaba alojamiento hasta por treinta días; sin embargo, solían hacerse excepciones que permitían estancias más largas.</footnote>
preguntársele acerca del tránsito por México y su experiencia en Tijuana, aseguró que sólo el tiempo le daría los elementos adecuados para una evaluación precisa. Según él, “un extranjero” tiene poco tiempo que perder con tales atribuciones, pues lo imprescindible es encontrar “la inspiración” para tomar determinaciones, asumir riesgos y resolver dilemas.<fnref n="27" />

El relato explica una interpretación teológica para la cual el tiempo de la catástrofe se relaciona con el tiempo de la creación; donde aflicción y desventura se circunscriben al mundo y sus vicisitudes que invitan a probar (*fitnaīt*) e intentar (*ibtilāʾ*). Lo anterior no sólo implica el registro afirmativo de las tragedias personales y colectivas, así como tampoco es mera apología de los efectos mitigantes de la fe (Pandolfo, 2018). Para la tradición islámica, el problema teológico y existencial del sufrimiento humano es también un problema político consecuencia de sistemas socioeconómicos opresivos y violentos. De hecho, el Corán menciona el termino migración (*higrah*) en vein antisiete versos, generalmente bajo el entendido de que abandonar el terruño es deber y meta de los fieles cuando existen circunstancias que impiden una vida espiritual y material orientada en el nombre de Dios (Aldeeb, 1996).

## Conclusiones

Los gobiernos latinoamericanos reproducen la tendencia mundial que subordina sus marcos jurídicos, el derecho internacional público y las prerrogativas de los derechos humanos a paradigmas de securitización fronteriza. Sumado a ello, en Latinoamérica coinciden atmósferas político-económicas volátiles y violentas, corrupción generalizada en los aparatos y representantes del Estado, voraces y brutales organizaciones criminales, así como la incesante tentativa de imposición de los intereses estadounidenses. Lo anterior no significa que las autoridades latinoamericanas sean agentes pasivos. Al contrario, se trata de protagonistas que persiguen y afianzan objetivos específicos mediante pos turas estratégicamente contradictorias.

<footnote n="27">²⁷ M. Keïta, comunicación personal, 22 de mayo de 2019.</footnote>
El amplio abanico de pasajes en la región está determinado por criterios políticos que, so pretexto de la legalidad, son la fuerza principal que transforma (en los peores casos y de acuerdo con sus propias características) las fronteras latinoamericanas en auténticas barreras neropolíticas. En términos más bien generales, puede decirse que estos son regímenes mixtos en los cuales los gobiernos comparten con organismos transnacionales algunos aspectos de su soberanía, a la par de violentas economías de tránsito consecuencia de la ilegalización de personas. Los flujos contemporáneos procedentes de África en Latinoamérica van de la geografía a la teología. Son descripciones sociopolíticas, narrativas de éxodo, menoscabo a la ley de los Estados y obediencia al mandato divino. Un ensamblaje histórico y escatológico articulado como participación irrevocable en la lucha por la dignidad humana.

Lo mismo avasallamiento y subjetivación, la experiencia de tránsito se descubre como arrojo y diligencia en un mundo que aún permite relaciones y esferas sociales basadas en principios de solidaridad y hermandad, pero donde la humanidad no cesa de luchar contra monstruos fantasmagóricos. Leviatanes tullidos pero tan fieros como siempre, los Estados nacionales modernos son como bestias híbridas atrapadas entre tribalismo y cosmopolitismo (Sloterdijk et al., 2016). Para algunos pocos privilegiados ofrecen la posibilidad de ciudadanías múltiples entre la comunidad, la nación y la sociedad mundial. Para las masas empobrecidas y quebrantadas multiplican el alcance del exilio y la crudeza del destierro.

Circulaciones y flujos, interrupciones e inercias, traspiés y desplomes en el curso y moción de la gran maquinaria moderna por la cual todo aquello que es dinámico también puede ser abyección, trauma y muerte. Esta es la experiencia transicional de cruzar líneas imaginarias que organizan percepciones sociopolíticas determinantes del rasgo de la diferencia entre amigos y enemigos, criterios de autoctonía y extranjería, o la brecha entre humanidad y barbarie.

Las personas procedentes de África en América Latina huyen para no morir y viajan porque desean la vida. La huida y el viaje se revelan entonces como actos de redescubrimiento, ahí donde la violencia despreye y reconfigura geografía e historia, dando ocasión a “la creatividad individual y colectiva, al ingenio, la imaginación y la inventiva” (Ngwa, 2017, p. 219). ¿Permite lo anterior hablar de *flânerie poscolonial*? (Wi-
lliams, 1997); tal vez, sobre todo porque en la “dialéctica del callejeo” el *flâneur* es al mismo tiempo objeto de consumo y consumidor (Benjamin, 2005, p. 77). En verdad, las personas como Jericho, Jerome y Mohamed son sospechosas, miradas “por todo y por todos” (Benjamin, 2005, p. 425). Son pobres y van sin documentos, su piel es negra y sus costumbres foráneas. O al revés, primero está el fenotipo, el lenguaje y las creencias, y más tarde viene la distinción de clase y ciudadanía. En su callejeo transnacional, *flâneurs* poscoloniales hacen y reciben transferencias electrónicas, utilizan mapas en línea, redes sociales y otras formas de mensajería instantánea; sucumben al monitoreo biométrico, sanan las heridas del tránsito, son fuerza de trabajo y destinatarios de ayuda humanitaria.

Quizá siempre una expresión de heroísmo, a partir de los relatos, más que una heroica, este trabajo constata un *eros* de la movilidad que contribuye a la producción de hermenéuticas y fenomenologías teólógico-políticas transnacionales. Sujetos poscoloniales antiteleológicos redimidos “política, económica y ontológicamente, a través de la ruta” (Castro Neira, 2019, pp. 25-26). Éxodos representantes del compromiso de las personas que desafían el empuje del poder, cuyo objetivo es hacer de ellas otra cosa que seres humanos (Lloyd, 2011a). Sus trayectorias y tribulaciones asemejan un tipo de peregrinaje; sin embargo, aquí se eligió el concepto de *itinerario* (Napolitano, 2016) para dar cuenta de la reminiscencia viva en las rutas, así como los medios metafísicos, estéticos, sensoriales y espacio-temporales disponibles según el compromiso de su fe.

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IX
Haitianos y haitianas en las fronteras de México:
temporalidades, (in)movilidades y
documentación

Catherine Bourgeois

Preámbulo

Septiembre de 2021. Unas imágenes particularmente violentas dan la vuelta al mundo en numerosos medios de comunicación: agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense (U.S. Border Patrol), a caballo, persiguen a migrantes haitianos (hombres, mujeres, niños y niñas) que cruzan el Río Grande para llegar a Del Río, ciudad fronteriza en Texas. Otras fotografías muestran cientos de personas hacinadas debajo de un puente en Del Río y también en campamentos improvisados en Ciudad Acuña, Coahuila, del lado mexicano. Para llegar a la fronte- ra norte de México, recorrieron en autobuses casi 2500 kilómetros des- de la ciudad de Tapachula, Chiapas, situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Guatemala. Los registros de la Comisión Mexicana de Ayu- da a Refugiados (COMAR) y los reportes de las organizaciones de apoyo y defensa de las personas migrantes señalan un aumento considerable de la población haitiana en Tapachula a partir de agosto de 2021. La llegada masiva de haitianos y haitianas a México, buscando entrar a Es- tados Unidos, se dio en el contexto posasesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, y del nuevo TPS (Temporary Pro- tected Status) para Haití, declarado por la administración de Joe Biden
el 3 de agosto de 2021 por un periodo de 18 meses. Pero la violencia desatada por los agentes fronterizos estadounidenses contra la población migrante haitiana en Texas, y el reinicio de las expulsiones hacia Haití vía aérea por el gobierno estadounidense (Service Jésuite aux Migrants-Haïti), frenaron bastante el flujo hacia Ciudad Acuña. Miles de personas que habían llegado a México en agosto y septiembre, y las que iban en camino en Centroamérica, optaron por quedarse un tiempo en Tapachula y buscar una manera de regularizar su estadía en el país.

El arribo a México de migrantes haitianos se dio en el marco de las nuevas movilidades haitianas hacia Sudamérica a partir del año 2010 (Audebert, 2012; Joseph, 2017), principalmente hacia Brasil y Chile.<fnref n="1" /> En cada uno de estos países intentaron comenzar una nueva vida e integrarse social, económica<fnref n="2" /> y políticamente<fnref n="3" /> (Joseph, 2016; Amode, 2019, entre otros). Sin embargo, las distintas crisis económicas y políticas que sacudieron la región, el endurecimiento de las políticas

<footnote n="1">¹ Varios factores fueron decisivos para que miles de jóvenes haitianos y haitianas emprendieran el camino hacia países de Sudamérica –principalmente Brasil, Chile y, en menor medida, Perú (Nieto, 2014; Vásquez et al., 2015; Joseph, 2015): por un lado, el sismo del 12 de enero de 2010, la epidemia del cólera el mismo año, el aumento del racismo y de la xenofobia institucional en República Dominicana contra la población haitiana (Bourgeois, 2016, 2018), el aumento del control migratorio en el hemisferio norte (EE.UU., Francia y su Departamento de Ultramar, la Guayana Francesa); y por el otro, el auge económico y las posibilidades laborales que ofrecían en esa época Brasil y Chile (países que, además, fueron parte de la MINUSTAH de 2004 a 2017), y algunas que otras facilidades de ingreso a esos territorios (a través de Ecuador, que permite la entrada sin visa a nacionales haitianos que luego se dirigieron a Brasil, Guyana francesa y Surinam; Brasil, que facilitó en 2012 la entrega de visas permanentes por razones humanitarias como respuesta al sismo; Chile, que, entre 2012 y abril de 2018, sólo pedía que los haitianos mostraran una carta de invitación de trabajo y un comprobante de capacidad de sustento de 1000 US dólares en efectivo).</footnote>

<footnote n="2">² En Chile, por ejemplo, se insertaron principalmente en el mercado laboral de la construcción, de la agricultura, del comercio ambulante y de la limpieza, a veces de manera formal y a veces de manera informal; muchas veces alternando contratos de trabajo y trabajos sin contrato (Bustamente Cifuentes, 2017; Valenzuela Jeldes et al., 2014).</footnote>

<footnote n="3">³ A través de la fundación de organizaciones comunitarias haitianas (Joseph, 2016).</footnote>
migratorias hacia los haitianos,<fnref n="4" /> los obstáculos para su regularización<fnref n="5" /> y también para su inserción en el mundo laboral y social local,<fnref n="6" /> han empujado a miles de ellos y ellas a retomar el camino hacia cielos norteños que imaginan más clementes. En este sentido, la observación de la movilidad de un grupo nacional, como los haitianos, permite abrir la posibilidad de analizar un conjunto de cuestiones capitales de las migraciones contemporáneas: la producción legal de una población precarizada y desechable (De Genova & Roy, 2020) en la mayoría de los lugares de estancia, las violencias estatales y legales, el racismo institucionalizado, el endurecimiento de las políticas migratorias, la externalización y la internacionalización de la gestión de la migración, pero también las estrategias y resistencias que despliegan estos grupos frente al control migratorio contemporáneo y a su confinamiento en una posición de exclusión social y explotación.

La idea del “sueño americano” aparece en las conversaciones como un estribillo muy presente en el imaginario colectivo de muchos habitantes del llamado Sur Global, como un leitmotiv capaz de guiar y animar el caminar de las personas. De hecho, a pesar de los enormes obstáculos que enfrentan en el camino, los relatos de conocidos que lograron entrar a Estados Unidos, la creencia en que el TPS les permitirá quedarse en este país,<fnref n="7" /> y las redes transnacionales con parientes

<footnote n="4">⁴ Perú empezó a exigir visas para el ingreso de haitianos a su territorio; Ecuador endureció su política migratoria en el marco de su lucha contra la trata y el tráfico de personas; Chile empezó a deportar a los haitianos cuyos permisos de trabajo habían vencido, etcétera.</footnote>

<footnote n="5">⁵ Con cierta excepción en Brasil, ya que muchos haitianos y haitianas consiguen residencia –como lo pude comprobar durante el trabajo de campo.</footnote>

<footnote n="6">⁶ Las dificultades para conseguir un trabajo declarado –lo cual les abriría las puertas de la residencia temporal y luego definitiva–, así como el racismo que sufren en muchos ámbitos (trabajo, espacio público, etcetéra, son recurrentes en los distintos testimonios y relatos de las personas haitianas que vivieron en Chile, según entrevistas realizadas en Tijuana (2019, 2021) y Tapachula (2021).</footnote>

<footnote n="7">⁷ Técnicamente, el TPS sólo se otorga a personas que ya están en territorio estadounidense, evitando su deportación al país de origen por las condiciones que atraviesa el mismo. Así, no permite la entrada de haitianos al territorio estadounidense. De hecho, al mismo tiempo que publicaban un TPS para los haitianos ya presentes en el territorio estadounidense, el gobierno reforzaba los controles</footnote>
radicados allá, participan de la construcción de EE.UU. como polo de atracción para miles de haitianos y haitianas que buscan mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares en Haití.

Es así como, a partir de 2016, miles de haitianos que vivían en Sudamérica emprendieron el viaje rumbo al norte con el objetivo de llegar a la frontera mexicana-estadounidense e ingresar a EE.UU. gracias al TPS otorgado en abril de 2011. El cierre de este programa, por la administración de Barack Obama en septiembre de 2016, y el aumento de los controles fronterizos, obligaron a muchos de ellos a permanecer en las ciudades fronterizas mexicanas (principalmente Tijuana) a la espera de algún cambio de situación. Muchos de los y las que se quedaron en 2016 y 2017 en México han podido, hasta cierto punto, regularizarse (París Pombo, 2018). Esto muestra cómo la ley y los marcos jurídicos de los países modelan en gran parte los devenires de los migrantes haitianos y haitianas, sus lugares de residencia, sus espacios de espera y sus proyectos migratorios.

El flujo haitiano no se detuvo con el cierre del TPS en 2016. Más bien siguió y sigue: cada año son más numerosos los haitianos y haitianas que salen de Brasil y Chile y se lanzan sobre los caminos que llevan hacia el norte del continente, como lo reflejan las solicitudes de refugio ante la COMAR. Los primeros que llegaron a México en 2016-2017 venían sobre todo de Brasil; a finales de 2018 y desde ese año, la mayoría provienen de Chile, buscando escapar de las difíciles condiciones de vida y de los vuelos de retorno “voluntario” organizados por el gobierno de Sebastián Piñera. Llegan a México después de un viaje de más de nueve mil kilómetros que recorren generalmente en autobuses, pero también con trayectos a pie y en botes. Vemos así cómo, por momentos muy específicos, eventos que suceden a más de nueve mil kilómetros de distancia, por medio de nuevas leyes restrictivas, impactan en sitios muy distantes como México, estableciendo una suerte de corriente de energía jurídica que atraviesa países y paisajes.

<footnote>fronterizos y las patrullas marinas para frenar y prohibir el ingreso de migrantes haitianos a su territorio (Montoya-Ortiz y Sandoval-Forero, 2018). Lo mismo ocurrió en agosto y septiembre de 2021 con la declaración de un nuevo TPS y, a la vez, el reinicio de los vuelos de expulsión.</footnote>
La travesía desde el sur (Chile, en el caso de mis interlocutores) hasta el norte (México) dura entre uno y tres meses e incluye el tránsito por diez países: Chile (punto de salida), Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México (punto de llegada). La travesía se realiza en condiciones extremadamente difíciles y violentas (Bourgeois, 2021; Miranda, 2021), donde más de una vez enfrentan obstáculos (impedimentos para cruzar las fronteras de manera regular, violencia por parte de las autoridades y de grupos del crimen organizado, robos, estafas, inmovilidad forzada)<fnref n="8" /> y donde sus vidas corren grandes peligros (ataques, violaciones, asesinatos).<fnref n="9" /> Llegan a la frontera sur de México con el objetivo de seguir hacia la frontera norte. Al no poder alcanzarla o al no poder cruzar la frontera estadounidense, buscan maneras de quedarse en México (aunque sea temporalmente).

Este trabajo se centra en las trayectorias de la población migrante haitiana en México entre 2019 y 2021, en su intento de alcanzar la frontera norte del país y entrar a Estados Unidos. Sin embargo, el estudio de la movilidad no puede realizarse sin el estudio de la inmovilidad impuesta a miles de personas, tanto por las políticas migratorias de la región como por la pandemia de COVID-19. Este trabajo se basa en una etnografía de las (in)movilidades haitianas en México. La apuesta de este artículo, a través de su enfoque metodológico y redaccional, es exponer algunas reflexiones macrosociológicas, desarrolladas en otros textos de este libro, al acercarse lo más posible a las experiencias vividas por las personas. Lejos de ser un simple microanálisis, la etnografía se interesa así en las experiencias cotidianas de los individuos con el objetivo de entender e interpretar mejor las prácticas y las estructuras sociales en las que se insertan.

En esta perspectiva, este trabajo se interesa de cerca en los obstáculos que enfrenta la población haitiana en esta inmovilidad forzada,

<footnote n="8">⁸ Particularmente en Panamá, donde son apresados por las autoridades migratorias, llevados en distintos centros de detención y trasladados hacia la frontera con Costa Rica por las autoridades en función de las cuotas acordadas por las autoridades migratorias costarricenses (Bourgeois, 2021).</footnote>

<footnote n="9">⁹ En especial, el cruce del Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá (Bourgeois, 2021).</footnote>
y sus diferentes maneras de responder a ella. Se enfoca en particular en el proceso de solicitud de refugio en México –opción que consideran seriamente los haitianos y haitianas para permanecer legalmente en el territorio nacional, esperando, tal vez, una oportunidad para entrar en EE.UU. La etnografía permite así describir este proceso (y su evolución entre 2019 y 2021), pero sobre todo cuestionarlo más ampliamente y también a los dispositivos institucionales (instituciones estatales, organizaciones internacionales y algunas ONG)<fnref n="10" /> que intervienen en la “gestión de la migración” en el territorio mexicano. Muestro así cómo esta herramienta jurídica pensada para brindar protección internacional, y los dispositivos de gestión de la migración, que supuestamente deben garantizar y velar por la protección de los individuos, participan a veces inconscientemente de la irregularización/ilegalización de las personas migrantes –proceso jurídico, político y social muy extendido en la gestión migratoria practicada por los países del Norte Global, como bien aparece en otros textos de este libro–. Aquello pone de nuevo en evidencia –si hiciera falta– el carácter sumamente perverso de un sistema nacional e internacional de protección que produce inseguridad, precariedad e ilegalidad. Por ende, siempre partiendo de la etnografía de las (in)movilidades haitianas en México, cuestiono y analizo la espera inherente al régimen migratorio que lleva a la conformación de nuevos espacios provisorios de vida. La descripción y el análisis de las posibilidades de acción de los haitianos y haitianas en estos “territorios de la espera” (Vidal & Musset, 2015a) muestran, así, el despliegue de

<footnote n="10">10 Muchas ONG de atención a migrantes están en una situación en la que parte de sus programas dependen de los financiamientos externos e internacionales que logran conseguir. Para algunas, esos financiamientos orientan parte de su trabajo y también su alcance (el número de personas atendidas, etcétera). Esta situación económica, a la cual se agrega la cantidad enorme de trabajo, hace que muchas no puedan atender a todas las personas que acuden, y deban “elegir” entre quienes van a apoyar o no (ya sea en asesoría legal, en alojamiento o apoyo económico). La etnografía muestra que, a veces, el criterio de “selección” es que la persona “tenga un caso”; es decir, que presente una situación personal que le “garantice” el reconocimiento de la condición de refugiado según los criterios establecidos en la legislación internacional relativa al asilo. Así participan, sin quererlo, de la fábrica de la irregularidad de personas en situación de migración.</footnote>
varias estrategias para enfrentar los controles migratorios, contrarrestar la política estricta del asilo en México y tratar de obtener la protección internacional que necesitan. Este trabajo muestra así su capacidad de organización y de inventiva para paliar una situación de gran precariedad, producida y reproducida por los regímenes fronterizos y migratorios de toda la región.

## Itinerario etnográfico: observación, participación, compromiso

La investigación se realizó utilizando una combinación de técnicas cuantitativas y, en menor medida, cuantitativas, con el análisis de las estadísticas de la COMAR. El primer acercamiento a la realidad de la población migrante haitiana en México se hizo en Tijuana, Baja California, entre mayo y julio de 2019, con haitianos y haitianas que llegaron a finales de 2018 y en 2019. En aquel entonces, Tijuana era la ciudad de la frontera norte con mayor presencia de haitianos y haitianas que deseaban entrar a EE.UU. (Bourgeois, 2020, 2021). Por las dificultades de realizar tal cruce, vinculadas a la implementación del Plan Quédate en México (o Migrant Protection Protocols-MPP) por la administración estadounidense en enero de 2019, cientos de haitianos y haitianas quedaron varados en la ciudad de Tijuana y consiguieron alojamiento, sobre todo en dos albergues: El Templo Embajadores de Jesús, una iglesia cristiana situada en el Cañón del Alacrán (en una zona empobrecida de Tijuana), y Espacio Migrante, una iniciativa civil local situada en la Zona Centro de la ciudad, que cuenta con un centro comunitario y un albergue. El albergue de la iglesia cristiana llegó a alojar en esa época a unas 300 personas de Haití, entre ellas unos cincuenta niños, niñas y bebés.

Me inserté en ambos espacios de manera distinta. En Embajadores de Jesús propuse a los pastores organizar talleres recreativos para niños y niñas, yendo dos o tres días a la semana al albergue. El trabajo con los niños y niñas permitió el acercamiento con sus padres y luego con la mayoría de las personas adultas presentes, deseosas de resolver algunas dudas sobre su situación en su idioma –el creol haitiano–. En Espacio Migrante, en cambio, trabajé como intérprete/traductora
español-creol-francés para reuniones comunitarias, consultas y asesorías legales, a solicitud de las coordinadoras del albergue.

Realicé el mismo trabajo con una tercera organización tijuanense que ofrece asesoría legal a personas deportadas de EE.UU., migrantes y solicitantes de refugio en México. Así fui conociendo, conviviendo y conversando con haitianos, haitianas y personas francófonas originarias de varios países de África (Burkina Faso, Togo, Camerún), además de centroamericanos y centroamericanas que se encontraban en Tijuana. La colaboración con la tercera organización, Agencia Migrante, cuyo local se encontraba en aquel tiempo a pocos pasos del puesto fronte-rizo de El Chaparral, siguió a lo largo de los años 2019, 2020 y 2021, vía comunicación telefónica. Se trataba principalmente de facilitar la comunicación entre la abogada y coordinadora de la organización y los solicitantes de refugio que acudían para recibir asesoría legal y necesi-taban una intérprete/traductora. Esta labor me permitió acercarme y adentrarme en el mundo del proceso de solicitud de refugio en México, y conocer los principales actores estatales y civiles que lo gestionan. Con el paso del tiempo, a los primeros casos de seguimiento se fueron agregando otros casos, en su mayoría de personas haitianas que acudían a Agencia Migrante. También, por la misma circulación de las personas entre distintas ciudades fronterizas de Baja California, se extendió el trabajo de campo a Mexicali, llevándome a colaborar con una organi-zación internacional de defensa de los derechos de las personas migran-tes, la Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS),<fnref n="11" /> ofreciendo también servicios de traducción.

A estas distintas labores de acompañamiento se agregan obser-vaciones etnográficas en el espacio público, en particular alrededor de la calle Negrete en la Zona Centro de Tijuana, donde se instalaron decenas de haitianos llegados a partir de 2016 y 2017, quienes abrie-

<footnote n="11">¹¹ HIAS fue fundada en Estados Unidos en 1881 para asistir a judíos que huían de los pogromos en Rusia y Europa del Este. A partir de la primera década del siglo XX, la organización amplió su trabajo a comunidades y refugiados no judíos en va-rios países de Europa, Asia, África, América latina y el Caribe. hias está presente en México desde el año 2019 y tiene oficinas de atención en todo el territorio nacional (entrevista con una trabajadora de hias, Tijuana, abril de 2021).</footnote>
ron pequeños restaurantes que pronto se convirtieron en espacios de encuentro comunitario. En esos espacios pude, además de disfrutar la deliciosa comida haitiana, conversar con varias personas recién llegadas a Tijuana y que encontraban ahí un poco del calor de su tierra, después de un viaje largo y extremadamente difícil. También realicé observaciones en el puesto fronterizo de El Chaparral, que conecta a México y EE.UU. a través de un cruce peatonal. Para 2019, El Chaparral se había convertido en un lugar donde cientos de personas acudían cada día para inscribirse en una lista de espera gestionada por los Grupos Beta, con el fin de organizar los turnos para solicitar el asilo en EE.UU.,<fnref n="12" /> o bien acudían para escuchar las llamadas de los números de la lista que iban a ser atendidos por las autoridades migratorias estadounidenses, o, en el mejor de los casos, para ser llamados y atendidos. El pase de lista empezaba a las seis de la mañana y duraba en promedio dos horas, lapso en el que se podía percibir la ansiedad, la impotencia y a veces un cierto enojo de la gente ante la lentitud del procedimiento, los números que no avanzaban, el manejo poco transparente de la lista y la falta de información.

<footnote n="12">¹² En EE.UU., los solicitantes de asilo deben presentarse ante una corte de justicia dedicada exclusivamente al ámbito migratorio. Para “atender” a las numerosas solicitudes, el CBP (U.S. Customs and Border Protection) implementó un sistema de turnos para pasar ante la Corte de Migración. En Tijuana, los Grupos Beta, órgano del Instituto Nacional de Migración, se encargó, en 2019 y hasta el cierre de la frontera por la pandemia en 2020, de gestionar la lista de espera. Cada persona que se presentaba en El Chaparral con toda la documentación requerida (documentos de identidad) recibía un número de turno. Cada número englobaba a un grupo de 10 personas. Cada mañana, un agente de los Grupos Beta, siguiendo las instrucciones de las autoridades migratorias estadounidenses, llamaba los números que iban a pasar ante las autoridades para iniciar el proceso de solicitud de asilo en EE.UU. En el 2019, la lista de espera era tan larga que las personas debían esperar varios meses antes de conseguir su primera audiencia en EE.UU. Una vez depositada la solicitud, las personas eran devueltas a México para esperar la resolución de su caso –según el Programa Quédate en México/MPP–. En la gran mayoría de los casos, las personas debían acudir a otras audiencias y presentar nuevos documentos que “demostraran” los motivos por los cuales solicitaban el asilo y no podían regresar a su país. Una misma persona podía tener hasta cuatro o cinco audiencias antes de recibir una respuesta a su solicitud –generalmente negativa.</footnote>
Una segunda fase del trabajo de campo se realizó entre abril y noviembre de 2021, en el marco de un estudio comparativo sobre los procesos de solicitud de refugio ante la COMAR en tres ciudades: Tijuana, Ciudad de México y Tapachula, Chiapas (Bourgeois, 2022). Además de entrevistas a organizaciones de apoyo a personas migrantes y agentes de la COMAR, tuve varias conversaciones informales con solicitantes de refugio que esperaban su turno o alguna información en las oficinas de la COMAR en las tres ciudades. En octubre de 2021, ante la llegada de miles de haitianos a la ciudad de Tapachula, situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Guatemala, volví allá para hacer dos semanas de observación participante en el estadio olímpico de Tapachula, donde la COMAR organizaba el preregistro de miles de personas solicitantes de refugio, en su gran mayoría nacionales haitianos. Me inserté en este nuevo proceso ofreciendo mis servicios de intérprete/traductora y pude entrar al estadio como voluntaria de una organización civil de apoyo a personas migrantes y refugiadas. Durante aquellas semanas tuve pequeñas conversaciones con cientos de haitianos y haitianas que habían llegado a esta ciudad entre agosto y septiembre de 2021, y acudían al estadio para iniciar el proceso de solicitud de refugio; también hice muchas observaciones en espacios públicos (el mercado en el centro de Tapachula y los distintos negocios situados ahí, como los locales de venta de comida haitiana) y en los alrededores de las dos oficinas de la COMAR en Tapachula. En noviembre estuve de nuevo unos días en Tapachula para ver la evolución de la situación.

Finalmente, cabe señalar que, por mis investigaciones anteriores en República Dominicana y Haití (entre 2007 y 2017), y debido a que mis conocidos allá saben de mi trabajo en México, he sido contactada por varias personas con familiares o conocidos en Tapachula y otros lugares en México para proporcionarles información, realizar traducciones, etcétera. Lo mismo ha sucedido con mis contactos en Tijuana y EE.UU., que facilitaron mi número de teléfono a sus padientes en el camino hacia México. Ello ha permitido ampliar mi red de contactos haitianos en México, conocer parte de sus trayectorias y los numerosos obstáculos que enfrentan no sólo en el camino hacia el norte, sino sobre todo en su proceso de solicitud de refugio en México.
## Primera etapa: Tapachula, Chiapas

Las personas haitianas ingresan a México cruzando el río Suchiate, que marca la frontera con Guatemala, en la región del Soconusco, al sur del estado de Chiapas. Por su cercanía con el país vecino, la ciudad de Tapachula es uno de los principales puntos de entrada para miles de personas migrantes. Tapachula tiene una larga relación con el tema migratorio: en 1982, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) instaló ahí su primera oficina en México para responder a la llegada de miles de migrantes guatemaltecos que huían de la guerra civil en su país. En Tapachula también se encuentra una representación de la COMAR, institución encargada de recibir, llevar y analizar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de principio a fin (Bourgeois, 2022). Tapachula también cuenta con la presencia de varias organizaciones de la sociedad civil (local, nacional e internacional) que trabajan en la atención a las personas migrantes y ofrecen varios servicios: alojamiento, alimentación, atención médica y/o psicológica, asesoría jurídica, talleres de formación, etcétera. Este panorama organizativo convierte la ciudad en un punto de paso casi obligatorio para miles de personas que llegan a México por la frontera guatemalteca.

## Tapachula: 2016-2019

Así pues, desde el arribo de los primeros haitianos a México en los últimos años, casi todos y todas pasaron por la ciudad de Tapachula, etapa en su camino hacia la frontera con EE.UU. Si bien la gran mayoría de las personas haitianas, incluyendo sus hijos e hijas, cuentan con documentación (pasaportes por lo general), no tienen las visas requeridas para estar legalmente en el territorio nacional o para transitar por él. Cabe señalar aquí la enorme paradoja existente entre los medios de comunicación y los gobiernos que insisten en destacar la ilegalidad de los haitianos (así como de otros grupos migrantes), y la realidad de observar que muchos de ellos hacen todos los esfuerzos posibles para obtener sus papeles, mas no pueden obtener una visa para viajar hasta México de manera segura y menos costosa. Por tanto, al llegar a Tapachula,
una de las principales necesidades, según cuentan haitianas y haitianos entrevistados, es conseguir un documento que les permita trasladarse hacia la frontera norte.<fnref n="13" />

Entre la llegada de los primeros haitianos en 2016 y las caravanas migrantes a finales de 2018, dos documentos permitían este traslado. El primero era el “oficio de salida del país”, otorgado por el Instituto Nacional de Migración (INM), documento que da al portador 20 días para abandonar el territorio nacional. El segundo era la tarjeta de visitante por razones humanitarias (TVRH), con vigencia de un año, otorgada por el INM a miles de personas de las caravanas del otoño de 2018 “como medida para solucionar y ordenar la migración”.<fnref n="14" /> En los hechos, miles de personas, entre ellas personas de nacionalidad haitiana, ocuparon tanto el oficio de salida del país como la TVRH para trasladarse hasta la frontera norte. Sin embargo, ante la llegada de miles de personas a varias ciudades fronterizas del norte y el aumento de las solicitudes de asilo en EE.UU., la administración de Donald Trump prensionó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que frenara drásticamente el flujo migratorio hacia el norte. Ello dio lugar al despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, y a la implementación del Plan Quédate en México a partir de enero de 2019, para impedir la llegada de personas migrantes a EE.UU.

Esta nueva política migratoria tuvo repercusiones en la gestión de la migración en la frontera norte, pero también en la frontera sur de México y, por supuesto, en Tapachula. A finales de 2018, el INM dejó de entregar visas humanitarias a las personas migrantes, y la TVRH se empezó a tramitar únicamente durante el proceso de solicitud de refugio. Para la población migrante haitiana en México, estas nuevas medidas se tradujeron en la necesidad de conseguir a toda costa un “oficio de salida del país” para desplazarse hasta la frontera norte. Para obtener este documento, cientos y luego miles de personas migrantes, entre ellas

<footnote n="13">¹³ La búsqueda frenética de este documento muestra lo que Liliana Suárez Navaz (1999) ha llamado el “fetichismo de los papeles” para describir la creencia en que la documentación “puede convertir a los indocumentados en sujetos legales”.</footnote>

<footnote n="14">¹⁴ Entrevista con agente de la COMAR, Tijuana, mayo de 2021.</footnote>
muchas “extracontinentales”,<fnref n="15" /> se acercaron al INM, cuyo módulo de atención, en Tapachula, se encuentra dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI (el centro de detención para personas migrantes más grande de México). En 2019, este proceso llevó a que cientos de personas tratasen de entrar en la estación migratoria, formándose en los alrededores de la estación durante varios días con la esperanza de ser atendidas.

Las personas que logran entrar a la estación migratoria o son “aseguradas” por las autoridades, según el término oficial, permanecen varios días o semanas en el centro de detención en condiciones duras: alimentación descrita como escasa y “mala”, problemas de higiene, mucha tensión entre las personas detenidas, poco acceso a información sobre los distintos procesos posibles (sea la solicitud de refugio o el “retorno asistido”, las expulsiones, etcétera) o violencia verbal y hasta física por parte de agentes del INM (Andrade et al., 2017; Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH], 2019). Las pocas organizaciones de atención a la población migrante autorizadas a acceder a la estación migratoria describen una situación de hacinamiento, y con casi ninguna posibilidad de conversar a solas con las personas ahí detenidas y de proporcionarles el acompañamiento adecuado de cara a la solicitud del refugio en México.<fnref n="16" /> Las pésimas condiciones de detención no son exclusivas del sistema migratorio mexicano; también se producen en los centros de detención para personas migrantes en EE.UU. y en los países de la Unión Europea (Golash-Boza, 2015; Babels, 2017), mostrando así la continuidad existente entre las políticas migratorias del Norte Global.

<footnote n="15">¹⁵ En México, se clasifica a los migrantes originarios del Caribe, de África y de Asia como “migrantes extracontinentales”, ocultando los orígenes de las personas y los diversos contextos de los que provienen. Organismos internacionales como la OEA, el ACNUR y la OIM utilizan esta clasificación, al igual que académicos, activistas y funcionarios públicos casi sin discusión alguna. Sin embargo, esta categoría, al igual que otras, no sólo califica a las personas, también produce “cifras, modalidades diferentes de reconocimiento, de apoyo y de rechazo” (Agier, 2008). La categoría “migrantes extracontinentales” debe ser cuestionada y analizada a la luz de sus efectos sobre las personas, la manera de percibir los flujos migratorios, etcétera.</footnote>

<footnote n="16">¹⁶ Entrevistas con integrantes de organizaciones de atención a migrantes, Tapachula, 2021.</footnote>
Después de varios días o semanas de detención, las personas lo-
gran salir de la estación migratoria bajo una de estas dos condiciones:
1) Comprometerse a salir definitivamente del país (en este caso, la gen-
te recibe un “oficio de salida del país”); 2) solicitar la regularización
(en cuyo caso reciben un “oficio de salida de la estación migratoria con
fines de regularización”). En ambos casos, tienen un plazo limitado
para solicitar el refugio o abandonar el territorio nacional. Los que
optaron por abandonar el país utilizaron el oficio de salida para llegar
a la frontera norte, y describieron este documento como una especie
de “salvoconducto”. Otros optaron por solicitar el oficio de salida con
fines de regularización; es decir, para solicitar el refugio en México. Esta
segunda “opción” también es la única que permite conseguir la TVRH
y los “beneficios” que ofrece (entre ellos, poder trabajar legalmente)
(Bourgeois, 2021), y explica en parte por qué un número muy impor-
tante de personas haitianas han solicitado el refugio en México en los
últimos años.

En caso de solicitar la salida con fines de regularización,
el INM procede al reconocimiento de la nacionalidad que la perso-
na ha declarado, y para ello se comunica con la embajada corres-
pondiente: pasado el término de quince días hábiles, si la embajada
no emite información sobre el reconocimiento de la nacionalidad,
el INM otorga a la persona migrante un “oficio de salida”. En caso de
que la embajada reconozca a la persona como nacional de su país,
el INM procede a su expulsión. La etnografía muestra que algunas
personas no se declaran como ciudadanas haitianas a la hora del pro-
ceso de reconocimiento de la nacionalidad, sino como nacionales de
países africanos. Esta estrategia se explica porque la comunicación
con las embajadas de estos países es difícil o incluso nula, lo que
conlleva a que sea imposible confirmar la nacionalidad de la persona
y eventualmente proceder a su “retorno asistido”, además del hecho
que no se organizan vuelos de deportación hacia África. Evitan así las
expulsiones y pueden solicitar el reconocimiento de la condición de
refugiado ante la COMAR.<fnref n="17" />

<footnote n="17">17 Esta información proviene de las entrevistas realizadas a haitianos y haitianas, y también fue publicada en diversos medios de circulación nacional.</footnote>
En Tapachula, la oficina de representación de la COMAR lleva las solicitudes de refugio en todo su proceso;<fnref n="18" /> las recibe, las analiza y emite las resoluciones de los casos ahí presentados.<fnref n="19" /> Hay que señalar que las personas solicitantes de refugio tienen la obligación de permanecer en la entidad federativa donde hicieron la solicitud durante todo el proceso, el cual dura como mínimo varios meses. Durante este proceso, las personas pueden tramitar ante el INM la TVRH, que les permite trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, como la salud y la educación por un periodo de un año. Este documento es el que realmente esperan obtener los haitianos y haitianas, porque entienden que no van a poder cruzar la frontera estadounidense antes de un tiempo más o menos largo, y necesitan resolver el problema de los recursos económicos para la vivienda, la alimentación y otras necesidades básicas.

## Tapachula 2020-2021

La pandemia de COVID-19 ha modificado sustanciosamente el proceso de solicitud de refugio. Los plazos de entrega de las constancias de trámite ante la COMAR, los plazos para la entrevista de elegibilidad y la entrega de la resolución están oficialmente suspendidos desde el 23 de marzo de 2020.<fnref n="20" /> En 2020, las solicitudes de refugio en Tapachula disminuyeron con respecto a los años anteriores, debido a las distintas medidas de cierre de fronteras y a las políticas migratorias de los países que se encuentran en la ruta hacia México y que impidieron el paso de las personas (Mora Román et al., 2021). En 2021, las cifras subieron

<footnote n="18">¹⁸ Se analiza más adelante el proceso de solicitud de refugio.</footnote>

<footnote n="19">¹⁹ En otros lugares del país no hay oficinas de representación de la COMAR, puede haber una oficina de enlace COMAR, o simplemente una persona “enlace COMAR” en el Instituto Nacional de Migración. En tales casos, las solicitudes de refugio se reciben en la oficina de enlace y luego se envían a la oficina central de la que depende, generalmente la COMAR de Ciudad de México. Las solicitudes de refugio se gestionan entonces a cientos o miles de kilómetros del lugar de estancia de la persona solicitante, quien tiene poco acceso a información sobre su dossier y debe esperar un tiempo indefinido antes de recibir respuesta (Bourgeois, 2022).</footnote>

<footnote n="20">²⁰ Plan de operación de la COMAR, 23.03.2020.</footnote>
de nuevo; en julio, la oficina de la COMAR en Tapachula recibía cada día
un promedio de trescientas solicitudes.<fnref n="21" />

Pero el aumento mayor se dio a partir de agosto de 2021: desde
ese mes hasta octubre, entre mil y dos mil personas se presentaron
cada día ante la COMAR para solicitar refugio; en su gran mayoría, eran
nacionales haitianos. El aumento de las solicitudes de refugio se expli-
ca por una confluencia de diferentes circunstancias: la reapertura pro-
gresiva de las fronteras en Centroamérica, el asesinato del presidente
Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 –el cual provocó aún mayor ines-
tabilidad y violencia en Haití– y la declaración por la administración
de Joe Biden, el 3 de agosto de 2021, de un nuevo TPS para Haití por
un periodo de 18 meses. Todo esto llevó a que miles de haitianos y hai-
tianas salieran de Chile y Brasil para retomar las rutas e intentar llegar
a EE.UU. Según cifras de la COMAR, alrededor de 40 mil haitianos y hai-
tianas llegaron a Tapachula entre agosto y septiembre de 2021 (COMAR,
2021a, 2021b). Miles apenas pasaron por la ciudad y continuaron hacia
la frontera norte, más específicamente hacia Ciudad Acuña, en el estado
de Coahuila, en la frontera con Texas. Allá cruzaron por el Río Bravo
e intentaron ingresar a EE.UU. para beneficiarse del programa TPS. Sin
embargo, la violencia perpetrada en su contra por agentes de la Patru-
lla Fronteriza y el reinicio de las expulsiones hacia Haití detuvieron el
movimiento hacia la frontera norte. Los que aún estaban en Tapachula
optaron entonces por quedarse un tiempo en México y buscaron la ma-
nera de poder trabajar legalmente y evitar los arrestos, las detenciones
y las deportaciones.

Rebasada por el número de nuevas solicitudes de refugio, la
COMAR de Tapachula optó, en un primer momento, por entregar cita-
torios a través de una página en línea con fechas de cita muy lejanas.<fnref n="22" />

<footnote n="21">21 Entrevistas con integrantes de organizaciones de atención a migrantes, Tapachu-
la, julio de 2021.</footnote>

<footnote n="22">²² La cita se programaba a través de la página https://citascomar.mx/, disponible en español, francés, creol haitiano e inglés. El citatorio es un documento que sirve para dar una cita en la COMAR e iniciar el proceso de admisión. La cita suele programarse en un lapso de 1 a 2 meses. Este citatorio no constituye en nada un documento migratorio; de hecho, hasta finales de septiembre, la Guardia Nacional podía enviar a la estación migratoria a personas que habían recibido un citatorio, pero no habían tenido aún su cita en la COMAR.</footnote>
Sin embargo, en septiembre de 2021, ante el aumento exponencial de las solicitudes de refugio, la imposibilidad de atenderlas en tiempos razonables, la falta de condiciones materiales y de personal para recibir a todas las personas solicitantes de refugio, la exhortación de la CNDH a agilizar el proceso de admisión<fnref n="23" /> y las denuncias sobre el comercio de falsos citatorios, la COMAR, en colaboración con el ACNUR, decidió organizar un proceso de preregistro en un espacio abierto con gran capacidad de aforo. Eligieron el estadio olímpico de Tapachula, actualmente sin uso deportivo, situado a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad. Cuenta con una zona de aparcamiento muy grande que da hacia la carretera principal, donde pasan taxis colectivos y minibuses. Este proceso se llevó a cabo durante más de seis semanas (entre finales de septiembre y mediados de noviembre), en el estadio olímpico, habilitado para recibir a un promedio de 2 mil personas al día. Con el apoyo del personal del ACNUR y de otras organizaciones solicitadas (SJR, Hospitalidad y Solidaridad, Casa Refugio), organizaron los distintos módulos para verificar la documentación de las personas y sus eventuales citatorios emitidos antes del nuevo proceso; realizar el prerregistro de la cita para la COMAR con los datos personales y las fotos de toda la familia; y entregar el nuevo citatorio sellado en el que aparece el día y la hora en que el titular de la familia debía presentarse en la oficina de la COMAR para iniciar el proceso de solicitud de refugio.

Durante dos semanas, realicé observación participante en el estadio de Tapachula, como voluntaria de una organización de atención a migrantes y, a solicitud del personal de la COMAR y del ACNUR, me dediqué a entregar los famosos citatorios y a proporcionar algunas informaciones adicionales en creol. Aproveché este espacio para tener pequeñas conversaciones con haitianos y haitianas, preguntarles sobre sus expectativas, responder algunas dudas, informarles sobre espacios de atención y acogida para personas migrantes y canalizarlos a otras organizaciones. A medida que fueron pasando los días, la entrega de los miles de citatorios y las fechas para iniciar el proceso de solicitud ante la COMAR se fueron alejando, llegando hasta febrero de 2022 para tener la primera cita y dar inicio la solicitud de refugio. En noviembre

<footnote n="23">²³ CNDH, comunicado de prensa del 29 de agosto de 2021.</footnote>
y diciembre de 2021, el INM lanzó un programa de “reubicación” destinado a trasladar a personas migrantes hacia otras entidades federativas para iniciar en éstas el proceso de solicitud de refugio.

<figure><img src="image_13.png" /><figcaption>Figura 1. Estadio olímpico de Tapachula.</figcaption></figure>

Nota: Haitianas y haitianos esperando su turno en el estadio olímpico de Tapachula, octubre de 2021. ©Fotografía: Pedro Anza/ Cuartoscuro.

## Segunda etapa: el traslado hacia la frontera norte

Entre 2016 y finales de 2018, muchos haitianos y haitianas solicitaron el “oficio de salida del país” y lo utilizaron para trasladarse hacia la frontera norte y allá ver las posibilidades de cruzar la frontera de EE.UU. En Tapachula, el INM suele dar este documento para que las personas salgan del país vía Guatemala.<fnref n="24" /> En entrevistas realizadas a agentes de la COMAR en 2021, estos mencionaron en dos ocasiones

<footnote n="24">²⁴ Según entrevistas con las organizaciones de atención a migrantes en Tijuana, abril de 2021, y Tapachula, julio y octubre de 2021.</footnote>
Esas estrategias se apoyan en el conocimiento por parte de las personas migrantes del racismo institucional presente en México, en particular entre las autoridades involucradas en la gestión migratoria con las que se topan en el camino (agentes de la Guardia Nacional, del INM y de la COMAR). El racismo institucional en México no es algo nuevo; ha sido denunciado y analizado, en especial cuando se manifiesta hacia las poblaciones indígenas (Saldívar, 2012; Solís et al., 2019). La discriminación étnico-racial institucional también afecta a las personas afrodescendientes en México, quienes han sido invisibilizadas durante décadas (Velázquez & Iturralde, 2016) y no reconocidas constitucionalmente hasta el año 2019 (Delaplace & De Lachica Huerta, 2020). La construcción de la nación mexicana como comunidad imaginada europea y mestiza (Treviño Rangel, 2008) ha tenido y sigue teniendo repercusiones en el trato a la población afromexicana en la vida diaria. Y esto también afecta a las poblaciones afrolatinas (en especial de Haití) y africanas migrantes. Los testimonios de migrantes afrodescendientes y africanos muestran claramente la discriminación racial y la xenofobia que sufren, en su tránsito y su estancia en México, por parte de la población civil y también de representantes de las autoridades en distintos ámbitos como el trabajo, el transporte, los controles, las detenciones arbitrarias, etcétera.<fnref n="26" /> Sin embargo, lejos de darse por vencidos, los relatos sobre las trayectorias entre la frontera sur y la frontera norte muestran que los haitianos y haitianas, conscientes de la discriminación racial que ejercen las autoridades, desarrollan estrategias que aprovechan los estereotipos compartidos colectivamente en México sobre las poblaciones afrodescendientes para conseguir trasladarse más rápidamente hacia el norte del país y/o conseguir un trabajo. No obstante, como ya he mencionado, las autoridades migratorias mexicanas tratan de mantenerse al día con las estrategias de las personas migrantes con vistas a replicar las acciones colectivas y limitar su agentividad. Por esa razón, no mencionaré aquí las estrategias desarrolladas, ya que su exposición pondría en peligro la seguridad de muchas personas.<fnref n="27" />

<footnote n="26">²⁶ Conversaciones y entrevistas con migrantes haitianos y africanos en Tijuana (2019-2021) y Tapachula (2021).</footnote>

<footnote n="27">²⁷ Agradezco enormemente la confianza de todas las personas que compartieron conmigo sus estrategias y también sus temores y angustias.</footnote>
Tercera etapa: Tijuana, Baja California

Los primeros haitianos y haitianas que llegaron a México en 2016 se
fueron casi directamente hacia la ciudad de Tijuana. Si bien muchos
pudieron cruzar la frontera, solicitar asilo en el país vecino o benefi-
ciarse, más adelante, del programa TPS, la administración de Barack
Obama lo cerró en septiembre de 2016. Aquello no impidió que los
haitianos y haitianas siguieran llegando a la frontera norte de México.
De hecho, muchos se asentaron en las ciudades fronterizas (princi-
palmente Tijuana y Mexicali) y pudieron, luego, regularizar su estan-
cia en territorio mexicano de diversas maneras: a través del Programa
Temporal de Regularización Migratoria entre enero y diciembre de
2017, a través del casamiento con una pareja mexicana o a través de la
regularización por tener un hijo o hija nacido en territorio mexicano,
y así solicitar la residencia permanente por unidad familiar. Mas el
deseo de cruzar a EE.UU. no desaparece con la regularización; sigue
muy presente en los proyectos migratorios de los haitianos y haitianas
y, de hecho, no son raros los casos de personas que, ya regularizadas e
insertadas social y laboralmente en Tijuana, cruzan la frontera cuando
se presenta una oportunidad. Con este objetivo continuaron llegan-
do muchos haitianos y haitianas en 2018 y 2019 a Tijuana. Viajaron
desde Chile, Brasil y Venezuela con la esperanza de cruzar la frontera
y seguir rumbo a Miami, Nueva York, Boston, Philadelphia, Chica-
go o Washington D.C., donde tienen parientes y amistades. Fueron
frenados en su proyecto por la implementación de los MPP o Plan
Quédate en México por el gobierno estadounidense en enero de 2019.
De hecho, fue llegando a la ciudad fronteriza que la mayoría se enteró
de que, para entrar a EE.UU. legalmente o sin pagar miles de dólares a
traficantes, debían solicitar el asilo.

Se unieron así a los miles de migrantes de Centroamérica, Áfri-
ca y algunos otros de Asia, obligados a seguir las nuevas reglas del
proceso de solicitud de asilo en EE.UU. desde Tijuana. Y quedaron
varados y estancados en la frontera sin posibilidad real de seguir hacia
al norte (por el momento) y tampoco de volver al sur por el costo del
viaje, los riesgos del camino que ya atravesaron una vez, el hecho de
que muchos no tienen residencia legal en el país anterior de estancia
(Chile o Brasil) y tampoco posibilidad real de volver a empezar allá.<fnref n="28" />

La mayoría de los haitianos y haitianas que conocí en 2019 habían conseguido alojamiento en albergues de la sociedad civil tijuanaense. Los albergues que más haitianos y haitianas recibieron en ese momento fueron el Templo Embajadores de Jesús, en el Cañón del Alacrán, y Espacio Migrante, en la Zona Centro de Tijuana. Ambos lugares recibían tanto a familias como a adultos solos –lo cual no era muy común en aquel momento.<fnref n="29" /> Compartían los espacios con adultos y familias centroamericanas, en condiciones, a veces, de hacinamiento en infraestructuras no habilitadas para recibir a tanta gente. Otros haitianos conseguían alojamiento en casitas rentadas por amigos o conocidos. Muchos intentaban conseguir un pequeño trabajo, generalmente informal, en la venta ambulante, en algunos restaurantes para la limpieza, o en carwash (talleres de lavado de automóviles).

En los distintos espacios de acogida, la gran mayoría de las personas querían solicitar asilo en EE.UU. y, para ello, se habían inscrito en la lista de espera gestionada por los Grupos Beta vinculados al INM. Se trata de una lista de espera para obtener la primera cita ante una corte de migración en EE.UU. Los responsables de los albergues se mantenían al día de los números de la lista de espera para el MPP, anotándolos en pizarras. Como sea, muchos y muchas se aproximaban varias veces a la semana a la garita de El Chaparral, donde los agentes del Grupo Beta llamaban a los números. Pasaban horas debajo de un puente, ya fuera para inscribirse en

<footnote n="28">²⁸ En las conversaciones mencionan muchas veces que han dejado el trabajo que tenían en Brasil o Chile, que han vendido casi todo o todo lo que tenían para financiar el viaje, que han tenido que pedir dinero a familiares que viven en Estados Unidos, etcétera. Otros que viajaron “por separado”, es decir, dejando a su pareja en Chile o Brasil por cuestiones económicas (seguir trabajando y enviar dinero al que viaja y juntar luego el dinero necesario para la pareja o los familiares que se quedaron), dicen que no pueden volver a Chile o Brasil porque la pareja “ya viene de camino” (Bourgeois, 2021).</footnote>

<footnote n="29">²⁹ Muchos espacios de acogida en Tijuana recibían principalmente a un tipo de población: los hombres solos, las mujeres solas o con hijos, las familias, comunidad LGBTQIA+, por ejemplo. Con el aumento del número de personas que llegaron a Tijuana a mediados de 2019, varios albergues modificaron su política de acogida y algunos espacios reservados para hombres empezaron también a recibir a niños y niñas acompañados de sus padres.</footnote>