La vulnerabilidad de los migrantes ha aumentado debido a todo ello. Además, diversos gobiernos, al calificar las migraciones como ilegales y descontroladas, insistiendo en su carácter criminal y en que se trata de una “invasión”, han logrado fortalecer acciones estatales de contención y deportación. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto a otras organizaciones de defensa de migrantes, ha señalado que a todo esto debe agregarse que México ha dejado estos temas en manos de su Secretaría de Relaciones Exteriores, desplazando las tareas que eran propias de la Secretaría de Gobernación, lo cual ha llevado a discutir estos asuntos como si fueran un tema comercial y diplomático y no uno de derechos humanos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2019).

Y éste es quizás uno de los problemas más importantes, muchas veces denunciado por las organizaciones y los activistas. En las migraciones actuales estamos muy lejos de contar con un enfoque humanitario y más bien se trata de gobiernos tratando de “sacarse el problema” lo más pronto posible. Esto ocurre tanto en México como en Estados Unidos.<fnref n="12" />

En la frontera de México con Estados Unidos, el desierto y el cruce por Arizona constituyen el lugar con mayor tránsito de personas indocumentadas. Al mismo tiempo, es el lugar donde más migrantes desaparecen y donde más se encuentran restos óseos desperdigados por el suelo, restos que corresponden a personas que intentaban cruzar. Las imágenes que podemos capturar en esta frontera ilustran el carácter militar de las acciones estatales hacia la migración, a la vez que confirman la ausencia de un enfoque humanitario. Por ejemplo, la organización estadounidense No More Death documentó, en enero de 2018, cómo agentes de la patrulla fronteriza estaban destruyendo la ayuda huma-

<footnote>so de solicitud de asilo. En México, este programa se conoce como “Quédate en México”.</footnote>

<footnote n="12">¹² En esta parte, genuinamente nos podríamos preguntar si es que alguna vez los gobiernos se han conducido con enfoques humanitarios a lo largo de su historia. Quizás tendríamos dudas para afirmarlo al observar el permanente uso de un enfoque westfaliano de los Estados-nación; es decir, un enfoque que da prioridad indiscutible a las personas nacidas en el territorio y otorga privilegios en consecuencia.</footnote>
nitaria que había dejado en el camino en el desierto de Arizona (esta y otras organizaciones apoyan a los migrantes dejando latas de comida y galones de agua en los caminos por los que comúnmente pasan).<fnref n="13" />

¿Qué razones pueden explicar que miembros de la patrulla fronteriza (Border Patrol), además de realizar sus tareas de vigilancia y resguardo de la frontera sur de Estados Unidos, ahora se dediquen a destruir la ayuda humanitaria que dejan organizaciones diversas? ¿Qué enfoque humanitario podemos encontrar allí? Y, volviendo al caso que mencionaba antes en la frontera de Guatemala con Honduras, ¿qué necesidad tienen los soldados guatemaltecos de quemar las pertenencias de los migrantes si ya les habían impedido el paso?

Sospecho, más bien, que se trata justamente de procesos de intensibilización y de cumplimiento rutinario y mecánico de ciertas tareas, inmersas en un marco más amplio de políticas de control migratorio que permiten que todo esto ocurra. Dicho de otra manera, los Estados han sido hábiles en crear una amplia burocracia y una clase de fuerzas policiales y militares de contención de las migraciones, estableciendo una perversa noción de burocracia post-weberiana en la que el burócrata y el policía aparecen como apéndices de la maquina estatal de producción de expulsiones.

Pero no es un proceso exclusivo de estas fronteras. El 30 de agosto de 2020, un grupo de migrantes africanos realizó una marcha en Tapachula, en el sur de México, pidiendo la libertad para los migrantes detenidos en la Estación Migratoria Siglo XXI de esa ciudad. Esta marcha fue la culminación de una serie de protestas que habían estado protagonizando migrantes africanos para pedir su libertad y un tra-to digno. Según registraron los medios, estas personas denunciaban que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) eran: “[...] unos racistas, que hacen ruidos de monos cuando nos ven; no nos tratan como personas”. Como respuesta, muchos migrantes gritan-ban: “¡mafia! ¡mafia!”, cada vez que veían entrar a un funcionario a la estación migratoria (Pradilla, 2019).

<footnote n="13">¹³ No More Death. (2018). *Exija que la Patrulla Fronteriza cese de destruir la ayuda humanitaria*. https://nomoredeaths.org/exija-que-la-patrulla-fronteriza-cese-de-destruir-la-ayuda-humanitaria/</footnote>
Mirar a ciertas personas como animales y a otras como máquinas, dejándolas desprovistas de sus rasgos humanos, es algo característico de los procesos de deshumanización.

El realizador israelí radicado en Estados Unidos, Shaul Schwarz, pudo entrevistar a funcionarios y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Muchos de ellos tienen por misión capturar a personas indocumentadas para luego detenerlas y eventualmente deportarlas. Los policías de ICE han tenido, durante los años del gobierno de Donald Trump, un aumento considerable en sus tareas cotidianas, muchas de las cuales tienen que ver con atrapar personas sin papeles. "Yo tengo que deportar. ¡Ese es mi negocio: [It's my business]" (Clusiau & Schwarz, 2020), contestó un agente fronterizo cuando Schwarz le preguntó por qué hacía este tipo de trabajo. Y el oficial abundó en su respuesta: "Es de ignorantes. No elegimos a las personas por su raza o religión, sólo buscamos gente para deportar".

Muchos de los entrevistados justificaban así su trabajo, en un contexto donde no son pocas las veces que ellos participan en la separación de familias y en la detención de niños o menores no acompañados. En este marco, los oficiales de ICE pueden ser concebidos en su doble dimensión como agentes y como simples ejecutores de direcciones políticas. En la primera de ellas, autores como Heyman (1995) han demostrado que, muchas veces, estos funcionarios actúan de acuerdo a instrucciones precisas que luego son estratégica y arbitrariamente aplicadas, según lógicas diferenciadas. Muchas veces esas actuaciones son, en definitiva, guiadas por nociones y prejuicios sobre determinadas clases de personas, nacionalidades y supuestas categorías raciales.

En el otro extremo, en algunos casos, los agentes migratorios pueden ser concebidos también como ejecutores de tareas y parte estructural de una maquinaria estatal de expulsiones. En un sentido actualizado de la figura de autómata de Eichmann, descrito por Hannah Arendt, se trataría de funcionarios demasiado irreflexivos y bastante insensibles como para concebir sus tareas con una mirada autocrítica.

La deshumanización es un concepto que podría servirnos en esta parte. Esta noción nace de la psicología social interesada en comprender los genocidios del siglo xx. Junto a ella, la filosofía también contribuyó notablemente a lograr una mejor comprensión de estos fenómenos.
Por ejemplo, Hannah Arendt (2003), al estudiar el comportamiento de funcionarios nazis, elaboró su famoso concepto de la banalidad del mal. Su poderosa lectura ayudó a entender una de las dimensiones más paradójicas de todo esto al subrayar el carácter mundano, rutinario y común del mal.

Estas discusiones nos llevan a considerar preguntas fundamentales: ¿Cuál es la fuente de la violencia en masa? ¿Cuál es la fuente del desprecio o la insensibilidad frente a estas historias de migrantes? La deshumanización ofrece un enorme panorama de diferentes expresiones. Se entiende que, en ella, un colectivo de personas o algunos individuos pueden perder o les son sustraídas sus características y rasgos humanos. Se trata de un conjunto de acciones tendientes a concebir a ciertas personas como no del todo humanas, como seres inferiores y como figuras menores de la sociedad. En suma, a ellos no se les reconocen características humanas ni su dignidad (Jacques & Girard, 2012).

En el caso de las migraciones, los procesos de deshumanización tienen una larga historia, aunque se han venido acentuando en los últimos años, en especial en este tiempo de COVID-19. Por ejemplo, antes del comienzo de la pandemia, durante el arribo de las caravanas de migrantes a Tijuana en 2018, diferentes sectores de la sociedad, de los medios y algunas autoridades desplegaron discursos y acciones tendientes a construir una imagen deshumanizada de los migrantes. "Ellos no son migrantes, ellos son delincuentes", decían algunas personas reunidas en el centro de la ciudad para protestar por la presencia de los extranjeros. Otra persona mencionaba que "no son gente que viene a trabajar [...] yo no los quiero. Yo no soy racista, lo que se les está pidiendo es que se mantengan al margen de las ciudades". Un ciudadano indignado decía "¡Viva México, fuera los invasores! Los quiero fuera. Dejaron todo sucio. Dejaron excremento en todo el camino. Dejan toda la comida que les dan" (Univisión, 2018).

El alcalde de Tijuana en ese tiempo, Juan Manuel Gastélum, contribuyó notablemente a crear este clima adverso para los migrantes, desplegando discursos que tendían a transformar a todas las personas migrantes en presumibles criminales. El 19 de noviembre de 2018, en un acto público, el regidor apareció con una gorra que decía "Make Tijuana Great Again", imitando la frase tantas veces utilizada por Trump en su campaña. En ese acto, la autoridad volvió a insistir en que la
gente que venía en las caravanas eran delincuentes y consumidores de sustancias.<fnref n="14" /> Además, dijo en aquella ocasión:

> Esas personas van a la frontera y exigen que les den papeles, y ellos deben saber que los estadounidenses no procesan las cosas así. A los americanos no les interesa una o mil manifestaciones, eso sólo nos perjudica a nosotros, porque luego ellos cierran la línea por horas o días. Que me perdonen las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, pero: ¡Los Derechos Humanos son para humanos derechos, no para estos migrantes! (Milenio, 2018)

Justamente, los procesos de deshumanización provocan que observadores comunes de estos acontecimientos terminen por no ver personas con historias y necesidades particulares, sino gente interesada y movida por oscuros objetivos. "Ellos no son honestos y sus intenciones no son las que manifiestan", insisten quienes están en contra de las personas migrantes. Y eso ocurre incluso con activistas y defensores que antes sostenían una postura favorable pero que ahora, con las caravanas, tienen otra.

Este es el caso del Padre Solalinde, un reconocido sacerdote, activista y defensor de migrantes, que fundó un centro de acogida en el sur de México. En unas polémicas declaraciones efectuadas el 24 de noviembre de 2018, el defensor acusó a ciertas organizaciones y personas de “caravanizar” el éxodo migrante, ocasionando problemas internacionales con objetivos bastante oscuros:

> Al parecer, ellos le hacen el juego a Donald Trump. Organizaciones como Pueblos Sin Frontera no tienen escrúpulos y se han aprovechado de nosotros [...] No debieron haberlo hecho, ellos

<footnote n="14">¹⁴ Donald Trump utilizó el lema “Make America Great Again”, mismo que imitaba la exitosa campaña que en 1980 llevara a la presidencia a Ronald Reagan: “Let's Make America Great Again”. Por otra parte, a raíz de las reiteradas declaraciones del alcalde de Tijuana, la organización Alma Migrante y la abogada Graciela Zamudio presentaron un litigio contra la autoridad, el cual ganaron cuando un juez resolvió prohibir al alcalde hacer declaraciones sobre los migrantes y las caravanas.</footnote>
son activistas, algunos son extremistas. No creo que lo hagan por amor al arte [...] en sus caravanas siempre ponen a los niños y a las mujeres por delante. (Rosagel, 2018)

Criminales, traficantes, extremistas, y una larga lista de califica-
tivos de este tipo, reiterados en medios de comunicación y plataformas
digitales, convierten al migrante en una figura sospechosa y a la cual
debemos temer. Este lenguaje no sólo construye al “Otro” y lo cosifica,
sino que permite reafirmar la unidad del propio grupo. Debido a los
migrantes, gracias a la distancia que nos separa de ellos, podemos re-
afirmar nuestra identidad como mexicanos, como tijuanenses o como
norteamericanos.

Para Marx, la deshumanización se produce y está íntimamente
ligada con la alienación (Marx, 2007). Debido a ello, el ser humano
está separado de sus reales condiciones y potencialidades. El ser humano
está lejos de sí mismo y hasta su propia figura le es ajena. En cierto
sentido, la deshumanización es una forma en que se expresa la pulsión
de muerte de las sociedades. Un ejemplo de ello es el testimonio de
Ana, una mujer joven de Honduras que viajaba con sus hijos:

Una viaja por una aspiración a una vida mejor, buscando un
futuro que darles a los hijos. Sin embargo, la misma sociedad se
encarga de remarcar una y otra vez que no perteneces allí y que
no tienes nada. Aunque viajaba con mis hijos, la gente nunca
dejó de verme como prostituta. Porque para ellos todas las mujeres
podemos ser una prostituta, y más si eres migrante y si en el
camino has ido perdiendo tu propia identidad.<fnref n="15" />

Por supuesto, la deshumanización no sólo implica esa transfor-
mación de las personas en una masa indiferenciada, sino también pro-
duce muchas otras afectaciones. Puedo afirmar, en este sentido, que
el régimen de control migratorio es un sistema destinado a producir el
máximo dolor a las personas que buscan un horizonte distinto para sus
vidas y las de sus seres queridos. Es también un sistema que termina por

<footnote n="15">15 A. Gutiérrez, comunicación personal, 15 de junio de 2019.</footnote>
aterrorizar a las personas, trasformando el miedo en una forma de gubernamentalidad. De esta manera, se logra el objetivo de los gobiernos de desincentivar las migraciones hacia Estados Unidos.

La gubernamentalidad es un concepto que proviene de Foucault y que subraya aquella forma de gobierno que trabaja a nivel de las mentalidades. En este caso, destaca el hecho de que sentimientos como el miedo y, en ocasiones, el terror, pueden ser materiales centrales en la forma en que se conducen los gobiernos con sus poblaciones. En el caso migratorio, el miedo modela y configura las estrategias íntimas y las tácticas colectivas que siguen los migrantes. El miedo define rutas y geografías de desplazamiento. Impone límites a cada proyecto migratorio, al punto de estar ubicado en la bisagra que une a los gobiernos con la población.

Ahora bien, en otro trabajo he hecho énfasis en que el resorte final de las acciones del gobierno migratorio está destinado a tomar a los cuerpos como su territorio de operación (Castro Neira, 2021a). El cuerpo es el epicentro de la acción de gobierno en las migraciones. Y para ello, tanto las formas biopolíticas como las lógicas de deshumanización contribuyen a crear un orden determinado.

Cuerpos femeninos atravesados por violencias múltiples. Cuerpos jóvenes explotados al infinito en secuencias de producción y servicio que garantizan la extracción de valor. Cuerpos rotos y sin fuerzas luego de pasar por las estaciones de detención de ICE. Cuerpos mutilados y heridos a lo largo de la ruta migratoria. Cuerpos de mujeres intervenidos en cirugías no consentidas que cancelan sus posibilidades de descendencia. Y cuerpos desaparecidos. Cuerpos sin nombre, sin origen y sin destino. Hay toda una cartografía de afectaciones a cuerpos migrantes.

En el centro de la deshumanización están esos cuerpos. Cuerpos desaparecidos, cuerpos debilitados y cuerpos intervenidos haben parte de la ontología de cuerpos en las migraciones. En suma, una vez atrapados, esos cuerpos subsisten a los peores tratamientos y terminan condenados a ser sólo eso: cuerpos. El éxito de la deshumanización precisamente descansa en la transformación de esas personas y esas historias sociales y políticas en cuerpos. Objetos. Números y cifras.

A pesar de ser cuerpos que han sido violentados y lastimados, son también la materia que subiste y que puede organizar el rechazo. Son cuerpos que continúan vivos y visibles. Son la materialización
presente que nos obliga a recordar y cuestionar toda esa maquinaria deshumanizante de las migraciones. Si el cuerpo subsiste y permanece, eso lo separa del cuerpo desaparecido, la principal tragedia del migrante. El cuerpo vivo se puede rehumanizar. Así, la migración construye historias que atraviesan cuerpos. El sistema de control migratorio, tal como lo he descrito, busca la regulación total de los cuerpos a través de la deshumanización. En este sentido, en la migración se despliegan múltiples tecnologías de cuerpos, y en ello la deshumanización ocupa un lugar central como fuerza que lo permite.

## La biopolítica de las migraciones en la actualidad

Otra faceta distinta pero complementaria a la deshumanización es precisamente la dimensión biopolítica de las migraciones. En otro trabajo, he destacado la forma en que las cuestiones biopolíticas han llegado a estar en el centro del manejo de las migraciones, con especial énfasis en el tiempo de la pandemia por el COVID-19 (Castro Neira, 2021b).

Buena parte de la explicación de que esto haya podido ocurrir reside en que la pandemia del COVID-19 brindó las condiciones favorables para que distintos gobiernos adquiriesen poderes extraordinarios. Con ello, medidas extraordinarias como la aplicación de la figura de estado de urgencia, estado de alarma o estado de excepción en distintos países permitieron que, por razones de salud, se tomaran medidas especiales para contener a las migraciones. Esto está sucediendo en Estados Unidos, donde, a partir de mediados de marzo de 2020 y bajo el gobierno de Trump, se ha invocado la Ley del Servicio de Salud Pública de 1944; bajo la cual, legalmente se tomaron medidas excepcionales para impedir la entrada a quienes representen un “riesgo” a la salud pública. Bajo esta vieja ley, desempolvada para ser ejecutada contra los migrantes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), los encargados de determinar si una enfermedad contagiosa proveniente de un país extranjero puede representar un peligro para la salud en Estados Unidos, traspasan esta potestad a los CBP para que puedan expulsar rápidamente a los migrantes en nombre del interés superior de protección a la salud pública.
Con ello, debido a esta ley y en nombre de la protección sanitaria, se suspenden y subordinan todos los derechos antes reconocidos (derecho al asilo y el refugio, respeto al principio de no devolución, etcétera), con lo cual el COVID-19 ha sido utilizado para profundizar la remodelación de toda la política migratoria estadounidense.

Debido al Título 42, nombre con el que se conoce a esta política, la mayor parte de los migrantes expulsados desde Estados Unidos durante la pandemia lo han sido no por medio de leyes migratorias, sino por legislaciones en torno a la salud pública. Concretamente, las secciones 362 y 365 del Título 42 permiten a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades actuar de esta forma (Del Monte, 2021).

Las razones biológicas y la protección de la salud son aspectos típicamente biopolíticos de la gestión de gobierno. Con ello, se insiste en la preocupación por proteger la inmunidad de la comunidad nacional, señalando las posibles consecuencias de que los extranjeros traigan el agente patógeno.

El régimen biopolítico, como sabemos, proviene de una lectura desarrollada por Foucault (2007) y luego seguida y profundizada por una amplia gama de autores, como Giorgio Agamben (2006) y Roberto Esposito (2006) en filosofía. En los temas migratorios, ha sido uno de los enfoques predilectos de diversos investigadores que, desde inicios del siglo XXI, han estado interpretando diversas facetas en torno a estos problemas (Menjívar, 2006; Gonzales & Chavez, 2012; Nail, 2013; Abrego et al., 2017).

En este enfoque, se insiste en destacar que, para ciertos regímenes políticos, se ha profundizado la entrada de la gestión de la vida en la esfera del poder gubernamental. Aunque el concepto fue desarrollado en los años setenta del siglo pasado y Foucault lo elaboró, entre otras razones, para dar una lectura al fenómeno de la solución final planteada por el régimen nazi, esta noción se ha utilizado para leer otros fenómenos más actuales.

Por ejemplo, Paul Preciado menciona que la biopolítica es una forma determinada de poder que está lejos de haberse extinguido con el régimen nacionalsocialista. Al contrario, en fenómenos como los que dieron lugar al mito de Schengen y a la creación de la Comunidad Europea, es posible observar dimensiones claramente biopolíticas. Gracias a estos procesos, nos dice Preciado (2020), Europa ha inver-
tido millones de euros en la protección y vigilancia de las fronteras europeas. Agencias como Frontex, encargada de vigilar las fronteras de este continente, se han guiado por la noción de seguridad al interior de las fronteras, en donde los extranjeros del sur son concebidos como un problema. Y hoy, en tiempos de pandemia, se les concibe también como un problema de salud pública.

Para Foucault, en la era biopolítica, los gobiernos actúan para reducir los peligros biológicos. En este sentido, el poder se ejerce en el nivel de la vida, de la especie, de la raza y de los fenómenos masivos de población (Foucault, 2007). Éste es también el caso de México, país que ha estado participando de las deportaciones *express* y de expulsiones de migrantes desde su frontera norte (con los migrantes expulsados hacia allí desde Estados Unidos) y desde su frontera sur. En ambos casos, el gobierno de México ha insistido en que esto se hace para proteger a la población nacional, e incluso a los mismos migrantes, de un posible contagio con el virus SARS-COV-2.

Para muchas organizaciones defensoras de migrantes en Estados Unidos, como lo ha expresado Carol Rose, directora ejecutiva de la American Civil Liberties Union (ACLU) de Massachusetts, las expulsiones se han realizado bajo un disfraz de salud pública (El Economista, 2021). Es decir, bajo el discurso sanitario se ha logrado reforzar la maquinaria de deportación migratoria.

Foucault insiste en que en la biopolítica se utilizan tecnologías políticas que tienden a invadir el cuerpo, la salud, las maneras de alimentarse y alojarse, el espacio de existencia. El objeto de vigilancia gubernamental es el cuerpo, al cual se busca controlar micropolíticamente, pero siempre en conjunción con aquella vigilancia masiva, vigilancia también estadística. El fin último de todo ello es producir la vida de los súbditos, generando cuerpos al servicio del gobierno.

Las tecnologías biopolíticas en época de pandemia, además, se han visto reforzadas debido al uso estratégico que se ha dado al concepto de seguridad. Como se puede advertir en este caso, la invocación a las razones de seguridad para justificar la aplicación de medidas excepcionales contra migrantes ha otorgado legitimidad a las mismas.

El concepto de seguridad, sin embargo, requiere que se identifiquen aquellos elementos que amenazan a la seguridad misma. Para que el discurso tome fuerza, es preciso insistir en quiénes son los enemigos y
quiénes amenazan nuestra fetichizada seguridad. Por supuesto, en el estudio de caso en este trabajo, son las personas migrantes quienes amenazan la seguridad de nuestra comunidad nacional, y ahora, en tiempos de pandemia, ellos también amenazan nuestra inmunidad y nuestra seguridad biológica. Tal como en el concepto de Foucault, al expulsar a los migrantes o detenerlos por tiempos indefinidos, se está actuando justamente para evitar los peligros biológicos que pueden acarrear sus presencias.

Aunque las expresiones biopolíticas del control migratorio son múltiples y variadas, me refiero en este trabajo a tres casos donde son especialmente notorias. Una de ellas la he mencionado antes y consiste en el uso de la ley y de los mecanismos jurídicos para gobernar poblaciones migrantes, dentro de las cuales está el mencionado Título 42. La otra expresión tiene que ver con el uso de la ciencia y la medicina en el control eugenésico de las poblaciones migrantes, tal como lo reportan los informes y los medios sobre el caso de las intervenciones quirúrgicas sobre el cuerpo de mujeres migrantes en Estados Unidos. La tercera expresión biopolítica se vincula al uso de tecnologías y conocimiento científico para el control, la identificación y la detección de migrantes. Estas tres formas de expresión biopolítica del control migratorio son complementarias y muy relevantes para producir un orden determinado en torno a los fenómenos de migración. Un orden que contribuye a la formación de una matriz guiada por concepciones racializadas, de sexualidades y de clase sobre personas y grupos de gente.

Asimismo, pueden definirse como formas biopolíticas de control migratorio porque en conjunto reúnen tres características. La primera es que están organizadas y se dirigen hacia los cuerpos migrantes como objeto fundamental de control y de apropiación. En segundo lugar, dialécticamente se trata de formas que, a la vez que regulan los fenómenos masivos e individuales de vida, lo hacen respecto de los procesos de muerte, desaparición y abandono de migrantes "a su suerte". Finalmente, aunque estas expresiones pueden ser sólo mecanismos de control gubernamental de las poblaciones, conllevan un fortalecimiento de las concepciones racistas, clasistas y biologizantes de las personas migrantes.

Como he mencionado, entonces, en torno al control migratorio se ha desarrollado todo un despliegue tecnológico y científico. Estados Unidos, por ejemplo, ha venido aumentando su presupuesto en estas áreas hasta alcanzar importantes sumas de dinero en la época de Do-
nald Trump. Para el año 2020, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó una expansión radical de su sistema para la recolección de datos biométricos de los migrantes y sus familias. El secretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, dio a conocer esta noticia en septiembre de ese año, insistiendo en que “utilizar la tecnología disponible para verificar la identidad de un individuo es gobernar de forma responsable” (La Jornada, 2020).

Para ello, se comenzó a buscar información a partir de escaneos faciales y de iris, impresiones de voz y huellas dactilares. Pero se hizo esto no sólo con los migrantes, sino también con sus patrocinadores o *sponsors*. Estos patrocinadores son familiares o conocidos que viven legalmente en Estados Unidos y tienen actividades productivas. Ellos son clave porque ayudan a respaldar la solicitud de regularización del migrante. Ahora, con el fin de confirmar la identidad y para evitar que se cometan fraudes —dicen las autoridades—, se realiza esta verificación de datos.

Estos procesos de identificación se combinan con un sistema de encarcelamiento masivo de migrantes, sistema que ha crecido en los últimos años y que representa importantes utilidades para empresas privadas. Ejemplo de ello es el presupuesto ampliado de 4100 millones de dólares que Trump reservó para 2021 para alentar las detenciones diarias.

Desde el arribo de Trump a la presidencia de Estados Unidos, llegaron con él unos 10 mil nuevos oficiales de inmigración, estableciendo un récord de personas en procesos de capacitación y preparación de oficiales en el centro de formación en el estado de Georgia. Hoy existen más de 200 centros de detención de ICE en Estados Unidos, donde sólo cuatro de ellos son administrados por el Estado y los restantes por empresas privadas como CoreCivic o Geo Group. En este punto es que los migrantes también aparecen como una fuente de ingresos para estas empresas, porque al interior de esos centros de detención se debe pagar por la alimentación, el alojamiento y las llamadas telefónicas (Clusiau & Schwarz, 2020).

Las prácticas biopolíticas en este punto se reflejan en todas aquellas tecnologías de identificación y vigilancia, en las fronteras, en las oficinas de inmigración y en la vida cotidiana. Esto es lo que Gonzales y Chavez (2012) detectaron al identificar como formas biopolíticas a aquellos papeles de documentación migratoria, los formatos de empleo, licencias de conducir, cuentas bancarias, seguro médico, detenciones aleatorias y deportaciones.
Un aspecto desconcertante de estas expresiones biopolíticas en
tiempos de pandemia por el COVID-19 lo constituyen las denuncias que
señalan que se habrían estado aplicando histerectomías en el hospital
del Condado de Irwin en el estado de Georgia, a donde habrían llevado
a mujeres detenidas en la estación migratoria de ICE. De acuerdo a la
denuncia presentada ante la Oficina del Inspector General del Depar-
tamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por la enfermera
Dawn Wooten, trabajadora en el hospital de Irwin, un médico de la
institución habría practicado operaciones en innumerables ocasiones,
sin informar adecuadamente a las pacientes y sin que ellas comprendie-
sen del todo lo que estaban haciendo con sus cuerpos. Además, la en-
fermera alegó que el hospital no había dado los tratamientos adecuados
a los pacientes con COVID-19 (Flores & Aleaziz, 2020).

Estas intervenciones quirúrgicas no debieran sorprendernos; sin embargo, dado que, como lo han documentado algunas investigaciones, el modelo eugenésico norteamericano ha sido fundamental en la historia racial de ese país (Molina, 2006), esto significa que Estados Unidos fue pionero mundial al ser el primer país en contar con leyes de esterilización eugenésica. Antes que el régimen nazi, Estados Unidos ya estaba aprobando leyes guiadas por aquella filosofía, que supone y apuesta por la posibilidad de mejoramiento racial en las poblaciones. Probablemente, por estas razones no debería sorprendernos que ahora este país quiera aplicar estas políticas contra migrantes indocumentados, con el fin no expresado del todo pero quizás existente de, parafraseando a Foucault, luchar contra las “malas razas”.

Conclusiones

Hemos visto que hoy se gobiernan las movilidades humanas y su con-
tención por medio de dos procesos principales: el proceso legal y el
proceso militar-policiaco. La combinación de esas dos lógicas impacta
en la vida de las personas migrantes y crea un ambiente legal y político
altamente adverso a sus intereses. Los migrantes lo saben y entienden
que cuentan con pocos aliados, en especial en este tiempo de pande-
mia por el COVID-19. Justamente en este trabajo he demostrado que,
bajo un disfraz de interés por la salud pública de sus connacionales, los
gobiernos de la región han aprovechado el momento para profundizar su agenda antiinmigrante. En este sentido, se han dado las condiciones para que los dos grandes procesos que he descrito en este trabajo, la deshumanización y la biopolítica, se profundicen, se extiendan y terminen modelando las agendas migratorias de los gobiernos.

Tal como lo he desarrollado en este texto, tanto para la deshumanización como para la biopolítica, los cuerpos se encuentran en el centro del rechazo y del control. Así vistos, estos grandes procesos serían clave en la administración de las poblaciones excedentes del modelo de acumulación de capital. Por estas razones, debemos poner más atención en el significado que todo ello tiene para comprender la ontología de cuerpos en el capital.

Los migrantes excluidos, debilitados y confinados en centros de detención constituyen, para los gobiernos, una estadística, números, problemas. Son también cuerpos; cuerpos que no entraron en el patrón de acumulación o que no se han sometido del todo al mismo. En este trabajo, mi intención ha sido mostrar cómo se ha extendido la pérdida de empatía hacia estas personas, a quienes ahora percibimos como cuerpos que, además, amenazan nuestra seguridad y nuestra salud.

No obstante, debe entenderse que no se trata de fenómenos del todo novedosos. Son procesos de segregación y exclusión de larga data. De hecho, hay algo de repetitivo y circular de todos estos procesos por los cuales, en nombre de la ley, a veces de la salud o de la propia seguridad, se levanta toda una maquinaria de expulsión y exclusión que se legitima y persiste a pesar de todas las críticas.

La deshumanización y la biopolítica profundizan las agendas racializadas y clasistas con las cuales se confirma un orden desigual entre personas y países. En efecto, todo el orden perverso descrito aquí permite entender que se busca perpetuar un orden racial y de clase que sostiene privilegios para algunos y que, al mismo tiempo, cancela o limita las posibilidades de vida para muchos otros.

Se puede considerar que las políticas migratorias en la actualidad son parte sustancial de la reestructuración de relaciones geopolíticas entre países. Constituyen parte importante de la remodelación de relaciones y jerarquías entre clases de personas y grupos nacionales.

En esos procesos de reestructuración, el modelo de acumulación de capital y su dinamismo dependen de la incorporación efectiva, invisible y oculta de sectores criminales. Esos sectores son partes bien
articuladas al engranaje económico global y no algo externo al sistema. Junto a estos elementos, es también consustancial al modelo la producción de excedentes de población que deben ser desechados. En este sentido, en las migraciones vemos tanto la operación de esos grupos criminales como la maquinaria estatal de administración y desechamiento de cuerpos migrantes.

Debido a todo ello, podemos concluir que el sistema de control migratorio, global y nacional, al mismo tiempo, es una forma de administración y regulación de poblaciones excedentes del sistema económico. Al funcionar de esta manera, este sistema es también un aspecto fundamental de la reestructuración de jerarquías raciales, nacionales y de clase a lo largo y ancho del planeta.

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XII
Un enfoque alternativo sobre la “gobernanza de
la migración”: hacia una etnografía del activismo
en la frontera México-Estados Unidos

Alejandro Agudo Sanchíz

Resulta difícil encontrar análisis críticos en los que el “humanitarismo” –término que abarca desde colectivos solidarios locales hasta ong internacionales– no aparezca implicado en la transformación de las fronteiras en privilegiados dispositivos regulatorios, abocado a su captura por estrategias oficiales de control migratorio e, incluso, como agente de dominación global. En sus versiones más complejas, estas formulaciones destacan una abigarrada mezcla de control, lucha, denuncia y alivio mínimo del sufrimiento para hablar de una forma de “gobierno no gubernamental” (Fassin, 2007), desplegado como complemento, soporte e incluso reproductor de la administración, vigilancia y disciplina de la migración.

Mi objetivo es plantear una propuesta alternativa sobre el fun-
cionamiento de los regímenes contemporáneos de gestión migratoria.<fnref n="1" />
Dicha propuesta obedece a un enfoque basado en la práctica, propio de
la antropología de la organización y el activismo. El material empírico
empleado procede de un proyecto de investigación en espacios concre-

<footnote n="1">¹ Escrita originalmente para el Cuaderno de Trabajo núm. 7 del LMI MESO, (2020), una primera versión de este texto se publicó, bajo el título “La provisión de bienes y servicios como acción política. Configuración de modos humanitarios y burocráticos de gobernanza en la frontera México-Estados Unidos”, en *Périplos. Revista de Pesquisa sobre Migrações*, 5(1), 53-81.</footnote>
tos de provisión de ayuda y servicios a migrantes en Tijuana y, en mé-
nor medida, otras ciudades fronterizas de Baja California. Guiado por
una perspectiva etnográfica sobre quienes participan e interactúan en
esos espacios, el primer apartado del trabajo propone un marco meto-
dológico orientado a revelar qué otros aspectos tendría la frontera Mé-
xico-Estados Unidos, más allá de la constelación de formas de poder y
la introyección del proceso de dominación de los estudios migratorios
“críticos”. La participación en albergues y organizaciones civiles dirige
la atención a lo que frecuentemente hacen y se ven a sí mismas hacien-
do las personas involucradas en el activismo, el voluntariado y el tra-
bajo social: *proveer bienes y servicios*, en formas que les son específicas.

Dirigir la atención a esos actores en tanto prestadores de servicios significa ocuparse del humanitarismo y otras formas superpuestas de activismo como *entidades concretas*, a través de algunas de sus prácticas. Por otro lado, ello ofrece una opción para combinar enfoques normativos y empíricos en investigaciones sobre la solidaridad con migrantes, pues esas prácticas se sitúan en la interfaz entre orientaciones éticas, reglas organizacionales y regulaciones informales mediante las que voluntarios y activistas conciben su trabajo y se relacionan con los sujetos del mismo. La antropología y la sociología de las organizaciones permiten aquí enfocarse en una pluralidad de normas y prácticas, constitutivas a su vez de algunos de los distintos *modos de gobernanza* que es posible encontrar en la frontera México-EE.UU. El empleo de la “gobernanza” para hablar de modalidades de provisión de servicios –y no tanto de la producción de sujetos gobernables– obedece a mi búsqueda de conceptos exploratorios, no sujetos a un modelo analítico único (como el de la *gubernamentalidad*), sino orientados al examen de “una variedad de procedimientos de regulación social y patrones de comportamiento” (Olivier de Sardan, 2014, p. 407).

Las normas y prácticas que regulan los modos de gobernanza
surgen de las propias respuestas de los actores a las regularidades de
su trabajo, pero no dejan de ser ricamente contextuales y relacionales
(Olivier de Sardan, 2014; Heyman, 1995; Lipsky, 2010). En el se-
gundo apartado, describo los mecanismos gubernamentales que cir-
cunscriben las actividades de quienes proporcionan distintos tipos de
asistencia, monitorean abusos o buscan proteger los derechos de las
personas migrantes. Dichos mecanismos obedecen a una intensificada
política de disuasión del asilo y externalización de la gestión migratoria. Mediante esta política, EE.UU. transfiere los controles migratorios y las obligaciones de protección internacional hacia países como México, mediante una mezcla de amenazas de intervención directa y promesas de recursos para el desarrollo, la seguridad y la vigilancia fronteriza.

El tercer apartado está estructurado de acuerdo con una perspectiva tipológica que esboza la diversidad de posiciones ético-políticas, estrategias y modos de provisión mediante los que activistas y organizaciones civiles lidian con la administración del asilo de ese régimen fronterizo. Las siguientes secciones abordan los casos de un albergue religioso y una organización civil transfronteriza. Las normas, rutinas y dilemas de trabajadores sociales, activistas y voluntarios que proporcionan hospitalidad, orientación laboral y asesoría jurídica a migrantes revelan la naturaleza inherentemente política de la provisión de servicios. Las directivas y lógicas contradictorias a que están sujetos los proveedores, con inevitables conflictos, alianzas y estructuras de poder superpuestas, son particularmente evidentes en casos de coproducción de bienes y servicios mediante formas complejas de coordinación entre autoridades locales, asociaciones civiles y proyectos de organizaciones internacionales. Como expongo en el último apartado, estos ensamblajes de modos de provisión se orientan frecuentemente a gestionar la (in)movilidad de migrantes y refugiados en ciudades como Tijuana, convertidas en destinos forzados o imprevistos por los actuales esquemas de tercerización de controles migratorios, los cuales incluyen la repatriación y el reasentamiento asistido.

Es preciso rescatar lo político de su incuestionado estatus de dominación para examinar otras posibilidades de acción en las fronteras. No se trata de dar exclusividad a las prácticas de los actores, pero también de pretender "ver a través de ellos a la estructura social o el destino a los que están sujetos" (Latour, 1996, p. 199). Es necesario molestarse en entender cómo perciben sus mundos las personas involucradas en el activismo, cómo son vistas por los destinatarios de sus acciones y cómo lidian cotidianamente con las limitaciones de su trabajo. Busco reconocer la capacidad de agencia de los actores en distintos niveles, llamando la atención sobre la complejidad de las políticas migratorias como prácticas institucionales, la vida social de las organizaciones y la diversidad de actores e intereses tras los modelos y procedimientos para lidiar con las movilidades humanas en y a través de fronteras heterogéneas.
## Reconectar el poder a la acción

En muchos análisis críticos de la migración y las fronteras, el humanitarismo se vuelve un dominio desplegado como complemento de la militarización fronteriza, a cargo de contener sus daños colaterales (Fassin, 2007), o bien un soporte de la *securitización* de la migración como forma de “gubernamentalidad” transnacional (Bigo, 2002). De manera más radical, las ONG del humanitarismo aparecen como “los vasos capilares finales de las redes contemporáneas de poder, o (para retornar a nuestra metáfora general) son la ancha base del triángulo del poder global. Aquí, en este nivel más ancho y universal, las actividades de estas ONG coinciden con los trabajos del imperio ‘más allá de la política’, en el terreno del biopoder, satisfaciendo las necesidades de la vida misma” (Hardt & Negri, 2000, p. 314).

El problema es que la *metáfora general* de estos teóricos del “Imperio” abarca organizaciones globales, regionales y locales dedicadas a la protección de los derechos humanos (como Amnistía Internacional), la promoción del pacifismo (Witness of Peace) y la asistencia médica y el alivio del hambre (Médicos sin Fronteras, Oxfam). En aras de la investigación empírica, convendría empezar por distinguir, al menos de forma ideal-típica, entre distintas formas de *activismo* en función de la “posición-sujeto” que sus protagonistas “se asignan a sí mismos y a las personas con quienes interactúan” (Podgornik-Jakil & Bens, 2021, p. 300).<fnref n="2" /> Así, el activismo *humanitario*, dedicado a la prevención y al alivio del sufrimiento humano, imagina a sus sujetos como víctimas a quienes no se presupone ningún papel activo, más allá de mostrar gratitud y aceptación del *statu quo*; ello recalca la relación profundamente desigual entre donadores y receptores que cimenta lo que Fassin (2012) llama “gobernanza humanitaria”.

Los activistas de los derechos humanos resultan menos paternae-listas al construir a los sujetos con quienes se comprometen como in-

<footnote n="2">² El concepto de posición-sujeto se refiere a “las figuras usadas para describir a individuos, y con las cuales éstos se identifican, tanto si se reconocen a sí mismos a través de ellas como si no” (Fassin, 2012, p. 202, citado en Podgornik-Jakil & Bens, 2021, p. 300).</footnote>
dividuos portadores de derechos y libertades, aunque esta concepción resulta demasiado restrictiva y culturalmente específica del legalismo occidental: apelar al discurso de los derechos humanos universales ignora otros aspectos de las identidades sociales de los sujetos (Merry, 2006) y, en última instancia, resulta consecuente con la economía moral del orden político liberal global (Fassin, 2012).

Por último, la posición adscrita por el activismo político a sus sujetos como actores autónomos y “aliados”, a los que sólo hay que proporcionar oportunidades para luchar por un proyecto común, puede entrar igualmente en conflicto con las autoconcepciones de las personas cuando, por ejemplo, éstas no quieren volverse “políticamente activas” (Podgornik-Jakil, 2020).<fnref n="3" />

Estas críticas se reflejan, en cierta forma, en el trabajo sobre el humanitarismo y los regímenes migratorios contemporáneos ofrecido por William Walters (2011), quien agrupa las especificaciones del sujeto características de las diversas formas de poder bajo la noción de “frontera humanitaria”: ésta es un ejemplo de un régimen de biopoder poblado de víctimas sufrientes y receptores pasivos de ayuda, pero se combina con un “dominio positivo” de poder o una forma de gubernamentalidad consistente en la producción de conocimiento y verdad sobre otros, en un espacio socio-legal cuyos sujetos son gobernados a imagen y semejanza de individuos titulares de derechos, o de individuos “que son capaces de, o a los que ha de capacitarse para, movilizarse por sí mismos” (p. 152).

Al igual que otros estudios críticos de los regímenes fronterizos inspirados por las teorías foucaultianas de la gubernamentalidad (por ejemplo, Nail, 2013), el análisis de Walters deja poco espacio a las inconformidades y estrategias de los sujetos del activismo. Estos colaboran con los activistas por razones más personales e inmediatas que la lucha por los derechos humanos o la movilización política, pero también rechazan verse reducidos a su “nuda vida”, al no mostrar docilidad y gratitud por la asistencia recibida. Estas resistencias se derivan, precisamente, de la experiencia de la “desigualdad estructural inherente al en-

<footnote n="3">³ Véanse Podgornik-Jakil & Bens (2021, p. 301) para una descripción de estos tres tipos de activismo.</footnote>
cuentro con los activistas”: dicha desigualdad desestabiliza los marcos discursivos en que los activistas operan –“solidaridad incondicional”, “derechos humanos universales” o “movilización colectiva”–, orientados a equipararlos con las personas a quienes ayudan (Podgornik-Jakil & Bens, 2021, p. 309).

Por todo ello, asumir que las intervenciones humanitarias “sirven a particulares intereses o tienen ciertos efectos políticos no equivale a explicar los significados y motivaciones de los participantes, o a so-cavar su ética (cfr. Crewe & Harrison, 1998). El efecto de las cosas no explica sus propiedades” (Mosse, 2005a, p. 245, n. 7). Los análisis domino-céntricos no sólo nos meten en un callejón sin salida empírico. Dado que basan su investigación en cuestiones normativas inspiradas por la teoría y la filosofía políticas, también esperaríamos que especifi-casen qué debería hacerse con el activismo o proponerse para mejorar sus intervenciones (véanse Hoesch & Laube, 2019).

Los análisis basados más en enfoques normativos que en hallaz-gos de investigación pueden perder de vista la complejidad de la mi-gración y el papel de los activistas en la misma, así como las reacciones y motivaciones de los propios receptores de ayuda y solidaridad. Sin embargo, existe otra manera de incorporar un enfoque en lo normati-vo en la observación y descripción de fenómenos empíricos. Más que presuponer o prescribir determinados efectos y orientaciones, la inves-tigación puede iluminar las relaciones entre los objetivos declarados de una organización y la forma en que ésta opera en la práctica, entre una política pública y su implementación, o entre las normas oficiales y la acción real.

La antropología y la sociología empírica de las organizaciones, la burocracia y los servicios públicos muestran cómo los actores institu-cionales median entre diferentes ámbitos de normas y prácticas (Hey-man, 1995; Nuijten, 2003; Lipsky, 2010). Olivier de Sardan (2014) llama “normas prácticas” a las regularidades subyacentes a las acciones que se desvían de orientaciones normativas explícitas, aunque pueden resultar complementarias o adaptativas en la “aplicación” de reglas ofi-ciales nunca totalmente estables y, por tanto, siempre abiertas a la in-terpretación. Así puede establecerse un continuum entre, por un lado, las prácticas enfatizadas por un interaccionismo sociológico extremo y, por el otro, las normas públicas objeto del derecho o los “ordenamien-
tos jurídicos”, las “narrativas humanitarias” y otros “terceros agentes abstractos” (Mezzadra & Neilson, 2016, p. 32) privilegiados por la filosofía política.

Esta perspectiva puede trasladarse a las instituciones y colectivos cuyos fines organizacionales incluyen cubrir las necesidades y representar los intereses de migrantes, deportados y demandantes de asilo. En principio, las mencionadas especificaciones del sujeto de las distintas vertientes del activismo –víctimas/pacientes, portadores de derechos/ clientes o sujetos políticos/colaboradores– son importantes para examinar cómo entienden los activistas sus proyectos y las personas con quienes trabajan y, de manera más general, como parte de la formación de la identidad de los activistas. Como demuestran Žiga Podgorník-Jakil y Jonas Bens (2021) mediante un enfoque comparativo orientado a la práctica, sin embargo, en realidad las actividades de los distintos activistas se traslapan con frecuencia: diferentes condiciones materiales y políticas los inducen o fuerzan a “transgredir las fronteras de su tipo de activismo y a adoptar una postura práctica que sea más útil para sus sujetos”, aunque insistan en que las actividades adicionales no ocupan un lugar central en el enfoque de su trabajo (p. 298). Así, por ejemplo, algunos albergues en Tijuana proporcionan asesoría laboral y legal a las personas a quienes acogen y alimentan, mientras que los activistas legales y políticos han de invertir tiempo en asegurar asistencia básica para sus “clientes” o “camaradas”; todos pueden, a su vez, movilicar-se junto con personas migrantes en marchas, plantones, campañas de protesta y diversas formas de negociación y cabildeo políticos por el reconocimiento de derechos, la concesión de estatus migratorio legal o la cancelación de regulaciones injustas.

Lo que resulta transversal a los distintos tipos de activismo es, entonces, la provisión de bienes y servicios. Muchos activistas dedican buena parte de su tiempo a proporcionar alimentación, alojamiento, educación, asistencia médica, orientación laboral y legal e, incluso, servicios políticos como campañas de movilización, promoción de debates en la opinión pública y presión a autoridades para garantizar los derechos de los migrantes. Estos bienes y servicios no son públicos –es decir, disponibles para cualquier usuario y mayormente financiados mediante presupuestos fiscales–, sino colectivos o dirigidos a poblaciones específicas y
sujetos a una diversidad de fuentes de financiamiento privadas, públicas o autogestionadas.<fnref n="4" />

Aunque no presten servicios de la misma forma que los burócratas estatales “a nivel de calle” (Lipsky, 2010) o “en la interfaz” (Olivier de Sardan, 2014), los activistas y trabajadores sociales en contacto directo con migrantes también confrontan dilemas derivados, por ejemplo, de la escasez crónica de personal y recursos, los cuales exigen particulares formas de aplicar reglas y realizar objetivos organizacionales. La atención cercana a migrantes confluye con un saber-hacer asistencial, caracterizado por criterios (in)formales para la distribución de bienes y servicios en la gestión de las desigualdades y la vulnerabilidad social.

Podemos entonces emplear el concepto de “modo de gobernanza” de manera exploratoria, para referirnos a “un mecanismo institucional (‘dispositivo’) para la provisión de bienes y servicios públicos o colectivos”, de acuerdo con particulares “normas oficiales” y “normas prácticas”, caracterizado por representaciones ampliamente compartidas –por ejemplo, sobre la población atendida– y por “la puesta en juego de formas específicas de autoridad” (Olivier de Sardan, 2014, p. 420). La investigación en Tijuana me permitió identificar, heurísticamente, dos principales modos de gobernanza: el modo asociativo (asociaciones civiles, albergues de migrantes) y el modo proyectista (proyectos de ayuda de organizaciones nacionales e internacionales) (Olivier de Sardan, 2014, p. 421). Los trabajadores de albergues y asociaciones locales, por lo general, suelen hacer mayores esfuerzos que los prestadores de servicios públicos por adaptar sus reglas organizativas a las necesidades de particulares individuos. Los integrantes de ONG internacionales aspiran a tratar a todos por igual en la provisión de servicios mínimos, procesando conceptualmente a la población atendida mediante categorías contrastantes respecto de las empleadas por las burocracias migratorias estatales (por ejemplo, “refugiados” merecedores de protección vs. “mi-

<footnote n="4">⁴ Algunas de las prestaciones del activismo pueden vincular a migrantes con servicios netamente públicos, como la educación básica o la atención médica de emergencia. En estos casos, los integrantes de organizaciones no gubernamentales fungen más bien como intermediarios para el acceso de los beneficiarios a dichos servicios.</footnote>
grantes económicos” inelegibles). También cabe entender las categorías burocráticas como, en parte, un mecanismo orientado a hacer el trabajo anímicamente más fácil de gestionar al reducir la tensión entre objetivos ideales y capacidades reales (Lipsky, 2010).

Como tipos ideales, no obstante, estas modalidades de provisión son imposibles de encontrar en aislamiento. Por el contrario, aparecen inextricablemente vinculadas entre sí e incluso fusionadas, pues los albergues y asociaciones locales pueden recibir financiamiento y ayuda logística de organizaciones internacionales. Asimismo, estos modos pueden combinarse con otros como el modo burocrático (servicios estatales) y el modo municipal (servicios prestados por gobiernos locales en contextos de descentralización administrativa).<fnref n="5" /> En su investigación en Níger, Olivier de Sardan también encuentra otros modos más dispares y con incidencia variable en dominios o espacios públicos, como los de los patrocinadores locales, los operadores privados o empresariales y los actores religiosos; estos últimos “similares en algunas formas al modo asociativo, aunque con su propia especificidad” (2014, p. 421).

A estos modos podríamos añadir el de los grupos o redes de activistas políticos. En el trabajo solidario de estos últimos, como en el de los voluntarios de organizaciones sin fines de lucro, puede haber poco que se asemeje a un *ethos* conformado en “culturas profesionales” como las de las burocracias (Olivier de Sardan, 2014), consistentes, en este caso, en un cuerpo de normas oficiales y prácticas basadas en el conocimiento de las leyes de asilo estadounidenses y regulaciones humanitarias internacionales. Existen, sin embargo, principios ético-religiosos y políticos compartidos por voluntarios y activistas (“amor al prójimo”, “no fronteras”), quienes, al insertarse en redes de solidaridad, se apropian de elementos del marco discursivo del humanitarismo (Keck &

<footnote n="5">⁵ La disolución de fronteras entre “Estado y sociedad civil”, “formal e informal” o “local e (inter)nacional” obedece no sólo a las complejas formas de coordinación entre estos diversos modos de gobernanza, sino a las propias trayectorias de los participantes. Las burocracias “privadas” de organizaciones sin fines de lucro pueden incluir a antiguos servidores públicos que ahora desempeñan funciones estatales sin pertenecer al Estado, mientras que ciertos organismos estatales cuentan entre su personal a exresponsables de organizaciones internacionales y antiguos activistas fogueados en albergues para migrantes y ONG locales.</footnote>
Sikkink, 1998) y adquieren una comprensión más amplia de los problemas que confrontan en terreno.

Al referirme a la gobernanza de esta forma, no pretendo sustituir un léxico político por uno administrativo, sino incorporar ciertas dimensiones políticas de la acción pública no reducibles a la dominación. La provisión de servicios tiene una importancia y unos significados que van más allá de lo que se provee, pues puede interpretarse como un signo de (in)cumplimiento de responsabilidades por parte del Estado o de determinadas asociaciones civiles –incluso lo que cuenta como “bien colectivo”, y quién lo merece, está sujeto a disputas en diferentes sociedades. En contextos migratorios, las acciones públicas de las ONG se juzgan no sólo conforme a su capacidad de proporcionar lo esperado, sino además de cuestionar de fondo ciertas políticas estatales. El análisis de las relaciones de poder puede así combinarse con un análisis de la gestión de la provisión de servicios, la cual constituye “un campo semiautónomo que la antropología social debería investigar como tal” (Olivier de Sardan, 2014, p. 403).

Sin preconcebir al “humanitarismo” como algo abocado a la cooptación por estrategias oficiales de control migratorio, puede diалogarse con ciertas propuestas sobre la reconfiguración de las fronteiras como complejos y agonísticos espacios de gobierno humanitario. Las constelaciones de actores, medios y organizaciones de provisión ilustran, en efecto, las contradicciones, alianzas y contiendas políticas que demarcan el campo de acción del activismo. Lo que emerge como contracara de la militarización y el control en zonas como el desigual y abrasivo límite entre México y EE.UU., sin embargo, no es sólo una “frontera humanitaria” (*humanitarian border*) configurada por un ensamblaje de formas biopolíticas y disciplinarias de poder (Walters, 2011), sino una frontera de las prestaciones, los servicios y proyectos de ayuda: un “*delivery border*” constituido por configuraciones de entrega y provisión destinadas a reducir la vulnerabilidad de los migrantes y generar condiciones favorables para su relativa autonomía.

Los activistas podemos ser nosotros, etnógrafos que investigamos como voluntarios en las organizaciones y ámbitos de práctica objeto de nuestro interés. La opción metodológica de la “comprensión participante” (Mikkelsen, 1995) se suma a la capacidad de la etnografía de crear situaciones en las que las percepciones de los investigadores
sean influidas por las perspectivas de los propios actores, involucrados como coinvestigadores o, al menos, interlocutores críticos dispuestos a cuestionar nuestras interpretaciones. Una combinación de estas posibilidades caracteriza al proyecto colectivo de investigación en que se basa este trabajo. Las actividades del proyecto incluyeron la redacción, presentación y discusión de resultados con integrantes de organizaciones de derechos humanos, asociaciones civiles y grupos de defensores de migrantes.<fnref n="6" /> Dichos resultados provienen de estancias en campo extendidas en distintos periodos durante cuatro años (2017-2021), en un marco de trabajo colaborativo con estas organizaciones. Tanto las estudiantes de posgrado participantes como los coordinadores del proyecto hemos desempeñado trabajo voluntario en las cocinas y refectorios de albergues, ayudando a las trabajadoras sociales encargadas de proporcionar orientación laboral en uno de ellos y organizando actividades educativas para niños y niñas en otro. También seguimos a funcionarios públicos, abogados y trabajadores de derechos humanos en sus rutinas diarias, asistiendo a activistas legales en asesorías jurídicas a solicitantes de asilo.<fnref n="7" />

Al describir la práctica del activismo en estos contextos específicos, busco evitar interpretar acontecimientos en términos de un régimen de dominación que opera según su propia lógica interna (y que sólo unas pocas mentes privilegiadas pueden aprehender en su totalidad). Se trata de “reconectar el poder a la agencia” (Mosse, 2005b, p. 19) mediante la descripción de la interacción entre relaciones y conceptos, así como las interpretaciones divergentes a que están sujeto-los esos conceptos; de revelar, en suma, algo de los procesos sociales del gobierno global de las migraciones. Los efectos de este último

<footnote n="6">⁶ Codirigido con Yerko Castro Neira, el proyecto “Geopolíticas de la exclusión, frontera y poder en Tijuana” fue financiado por la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. El proyecto permitió una vinculación con el Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la misma universidad, con el que colaboramos en un informe sobre los riesgos y desafíos enfrentados en la frontera norte de México por albergues y organizaciones, de cuyas redes forma parte el propio PRAMI (véase: http://bit.ly/InformeTijuana2019).</footnote>

<footnote n="7">⁷ En este trabajo empleo pseudónimos, iniciales y, en ciertos casos, omito nombres de personas u organizaciones.</footnote>
—siempre una cuestión empírica— se logran socialmente en espacios concretos.

## Gestión transnacional del asilo en la frontera México-EE.UU.

Las intervenciones del activismo en esta frontera están delimitadas por un gobierno de las movilidades humanas que funciona mediante una compleja configuración de modalidades para la administración del asilo, en la cual participan instituciones dependientes de la Secretaría de Gobernación de México. Entre ellas figuran la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y los Grupos Beta adscritos al Instituto Nacional de Migración (INM). Estos últimos consisten en brigadas de servidores públicos “dedicados a salvaguardar los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional, sin importar su nacionalidad o situación migratoria”, así como a la provisión de “orientación, rescate y primeros auxilios” a las mismas (INM, 2022, p. 1).

Las prácticas de los Grupos Beta en las ciudades fronterizas de Baja California han distado de estos lineamientos, vinculándose, por el contrario, con acciones de control migratorio impulsadas por acuerdos binacionales de carácter tanto oficial como informal. Durante los últimos años de la administración del presidente estadounidense Donald Trump (2016-2020), dichos acuerdos incluyeron un sistema de “turnos” para solicitar asilo, gestionado de forma discrecional en conjunto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU. A quienes acudían cada mañana a puestos fronterizos como El Chaparral, en Tijuana, se les asignaba un número en una lista de espera que los obligaba a aguardar durante meses a que llegara su turno. Cuando esto sucedía, los solicitantes de asilo eran conducidos por los agentes del Grupo Beta ante los oficiales de la CBP en el puerto de entrada a EE.UU.<fnref n="8" />

<footnote n="8">⁸ Cada número de la lista incorporaba a diez personas. Cuando se completaba el cupo, se repartía el número siguiente. A partir de junio de 2019, pudo observarse una tendencia, dictada por oficiales de la CBP, a no llamar turno alguno en ciertas jornadas, al mismo tiempo que seguían distribuyéndose entre ocho y diez</footnote>
Las autoridades de EE.UU. negaron públicamente la existencia de la lista de espera o declararon no saber nada al respecto. “No harían otra cosa que negarlo”, me aseguró un activista legal estadounidense, “pues todo el procedimiento de los turnos es ilegal” (K. M., comunicación personal, 9 de junio de 2019).<fnref n="9" /> Este mecanismo había comenzado a emplearse en 2016 en Tijuana por iniciativa de las propias autoridades mexicanas para gestionar la creciente afluencia de personas, procedentes sobre todo de Haití, que buscaban obtener asilo en EE.UU. (Agudo Sanchíz, 2019, p. 90).<fnref n="10" /> Para julio de 2019, el sistema operaba en diversos puertos de entrada en la frontera norte de México, aunque existía una diversidad de acuerdos locales para su gestión. En la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, la lista de espera funcionaba mediante la colaboración entre la Dirección Municipal de Atención al Migrante y el Grupo Beta, cuyos oficiales asumieron como propia la tarea de los turnos. En Tijuana, los acuerdos del Grupo Beta con autoridades locales eran más ambiguos y los agentes operaban de forma semiencubierta con la asistencia de solicitantes de asilo mexicanos que, a cambio, podían ver acortado su tiempo de espera en la lista.

La política transnacional para la gestión migratoria es entonces construida mediante la colaboración entre las contrapartes burocráticas de México (INM/Grupo Beta) y EE.UU. (CBP) –cooperación ilustrativa de las desigualdades de poder entre ambos países–, así como mediante variables redes y arreglos entre actores pertenecientes a distintos modos locales de gobernanza. Además de los ayuntamientos, también participaban los propios albergues que recibían a aquellas personas que habían de esperar a que llegase su turno en la lista. Entre las instituciones que completaron este dispositivo para la administra-

<footnote>números por día. Ello engrosó la lista de espera con personas que tenían pocas esperanzas de que su número fuera llamado antes de los tres meses.</footnote>

<footnote n="9">⁹ Véase la demanda de una asociación civil de servicios legales contra el gobierno de EE.UU. por “formalizar” el rechazo de solicitantes de asilo mediante mecanismos como el sistema de turnos (American Immigration Council, 2017).</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ Sin embargo, algunas versiones apuntan a la iniciativa de los propios activistas, quienes habrían empezado a escribir los nombres de los solicitantes de asilo en una lista para tratar de remediar el caos existente en esos momentos (Y. Castro Neira, comunicación personal, 7 de mayo de 2020).</footnote>
ción del asilo se encontraba la Guardia Nacional, creada en marzo de 2019 como parte de una nueva estrategia para combatir la “delincuencia organizada” en México. Cada mañana, agentes de esta institución policiaco-militar vigilaban el procedimiento de asignación de turnos en la lista de El Chaparral, asistiendo al Grupo Beta y manteniendo a raya a curiosos, observadores de derechos humanos o antropólogos como el que esto escribe.

Una vez entregados a la CBP en el puerto de entrada, a los soli-
citantes de asilo les esperaba un periodo de reclusión de entre dos días
y tres semanas en prisiones conocidas como “hieleras”, por las bajas
temperaturas a que se somete a las personas allí confinadas, a la espera
de que los oficiales estadounidenses les comunicasen cuándo sería su
primera audiencia ante una corte migratoria.<fnref n="11" /> A las personas que no
eran de nacionalidad mexicana se las devolvía a México hasta el día
de dicha audiencia. Ello obedecía a una serie de medidas conocidas
como Migrant Protection Protocols (MPP), acordadas por el Departa-
mento de Seguridad Nacional estadounidense y el gobierno mexicano,
las cuales empezaron a implementarse en Tijuana en enero de 2019 y se
extendieron a otras ciudades fronterizas ocho meses después. En vigor
hasta 2022 y más conocidos –con cierta ironía implícita– como Progra-
ma “Quédate en México”, los MPP obligaron a personas provenientes
de terceros países a permanecer en territorio mexicano mientras durase
su proceso de asilo en EE.UU.<fnref n="12" /> El gobierno de México se comprometió
a “proporcionar a estas personas las protecciones humanitarias apropia-
das durante su estancia” en este país (u.s. Department of Homeland
Security [DHS], 2019, p. 2). A aquellos sujetos al esquema MPP se les

<footnote n="11">¹¹ El apelativo “hielera”, ice-box en inglés, también deriva de las siglas del órgano que opera estos centros de detención, Immigration and Customs Enforcement (ICE).</footnote>

<footnote n="12">¹² A los mexicanos puede dejárseles en libertad condicional en territorio estadounidense hasta la fecha de su audiencia; aunque a menudo esto se da tras el pago de una fianza (normalmente muy costosa), o mediante la intervención de un sponsor, familiar o conocido con estatus legal en EE.UU., que se comprometa a hacerse cargo de ellos mientras dura el proceso. Sin embargo, lo más frecuente es que les espere un prolongado periodo de detención, sobre todo si se trata de menores no acompañados o adultos sin hijos.</footnote>
hacía entrega de un documento que regulaba su ingreso a México en
calidad de “retornados”, aunque no permitía trabajar legalmente en el
país. En estas condiciones, habían de esperar varias semanas mientras
llegaba la primera cita en EE.UU. Cuando finalmente se presentaba a la
corte, el solicitante de asilo solía ir sin abogado, y el juez otorgaba otro
periodo para que consiguiera uno. Así llegaba la segunda cita y cuan-
tas más ordenasen los jueces de migración, en un proceso que podía
durar años.<fnref n="13" /> En agosto de 2019, la COMAR abrió una subdelegación
en Tijuana para atender el creciente número de solicitudes de refugio en
México, vistas por muchos como paso previo o alternativa obligada al
difícil asilo en EE.UU.<fnref n="14" />

Así, las burocracias migratorias operan para procesar solicitudes de asilo según una amalgama de normas que entran en conflicto con los marcos jurídicos por los que se rigen las organizaciones de derechos humanos, aunque también juegan con sus límites y contradicciones. Los MPP y las listas de espera pretendían eludir el principio de “no devolución” —que incluye el no rechazo en la frontera— de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Paradójicamente, de esta convención también surgió la categoría de “tercer país seguro”, la cual ofrece una vía de escape a la regla de no devolución, al admitir la posibilidad de que el país de destino remita a los refugiados a otro país al que considere capaz de darles las mismas atenciones. México ha asumido tácitamente este estatus al aceptar uno de tantos esquemas que externalizan el asilo hacia países de tránsito de los refugiados.

En este contexto, la gestión de los servicios de asilo se realizó de
forma disuasoria y violenta, a la fría intemperie de la mañana tiju-
nense, en la fila de espera para los turnos a un costado de la garita de
El Chaparral, o mediante las despiadadas “hieleras” de EE.UU. Estas

<footnote n="13">¹³ Entre 2014 y 2019, las peticiones de asilo rechazadas por los jueces estadounidenses se incrementaron desde un 49% a un 69%. Los solicitantes esperaron durante un promedio de 1030 días a los veredictos sobre sus casos, aunque un cuarto de ellos esperó incluso más: 1421 días o casi cuatro años. Véase la página del Centro de Acceso a Registros Transaccionales, una organización sin fines de lucro afiliada a la Universidad de Syracuse, en Nueva York (TRAC, 2020).</footnote>

<footnote n="14">¹⁴ Véase COMAR (2019).</footnote>
prácticas no se dirigen tanto a asegurar la provisión del servicio frente a ambigüedades en las reglas oficiales, sino que marcan más bien una distancia radical respecto de estas últimas e incluso expresan un rechazo a su legitimidad. Estas “normas prácticas transgresoras” (Olivier de Sardan, 2014, p. 410) son producto de las estrategias implementadas por los oficiales migratorios estadounidenses como “defensas” contra las que consideran demandas ilegítimas por parte de los clientes, y frente al riesgo de que la gestión de un número creciente de solicitudes se vuelva una tarea onerosa ante la sobrecarga de los sistemas de asilo. La implementación del doble dispositivo de la lista de espera y los MPP normalizó prácticas empleadas desde hacía tiempo por los oficiales, quienes evitaban procesar a los solicitantes de asilo negándoles el acceso en los puertos de entrada (Agudo Sanchíz, 2019, pp. 98-99). Ya en la década de 1980, ante la carencia de autoridad y presupuesto para “aplicar uniformemente la ley”, las “políticas tácitas” de los funcionarios estadounidenses incluían incentivar a los migrantes indocumentados a la “salida voluntaria”, alternativa a los largos procedimientos para la deportación formal, pero también contraria a la posibilidad de asilo (Heyman, 1995, pp. 266-267). El papel de las burocracias públicas en la gestión sistemática de la ilegalidad sugiere que los “efectos del Estado” en la frontera surgen no sólo del control y la represión directos, sino también de “ambiguas, eficaces, pero engañosas conspiraciones para violar la ley” (Heyman, 1998, p. 158, citado en Nuijten, 2003, pp. 202-203).

## Aproximación tipológica a las organizaciones civiles en Baja California

Los MPP y las listas de espera representan la culminación de una serie de barreras migratorias –físicas, jurídicas y políticas– que han moldeado la proliferación e intervención de albergues y organizaciones civiles durante las últimas décadas. Las personas desplazadas por la violencia interna empezaron a abundar en la frontera norte de México desde la primera década del siglo XXI, confluyendo con un creciente número de deportados de EE.UU. tras los ataques terroristas.
tas de septiembre de 2001. A partir de 2008, con la crisis financiera internacional y el declive del mercado laboral en ese país, la administración del presidente Barack Obama emprendió una agresiva política antiinmigratoria, que culminó con alrededor de 2500000 personas deportadas. En 2016, la administración de Obama canceló las visas humanitarias que habían concedido a las personas de nacionalidad haitiana tras el terremoto que había asolado a su país en 2010. Miles de ellas quedaron varadas en Tijuana, lo cual suscitó un gran apoyo por parte de distintos sectores de la sociedad civil. A los albergues y organizaciones existentes se sumaron activistas y acidémicas de varias instituciones locales, las cuales se agruparon en el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria de Tijuana. Éste se constituyó en un importante espacio de experiencia y aprendizaje para las integrantes de algunas de las organizaciones ahora más activas en la ciudad, quienes, ante la parálisis de los gobiernos municipal y estatal, se organizaron para identificar las necesidades de la población haitiana y sistematizar y difundir información sobre albergues y recursos disponibles.

Una nueva etapa en la intensificación y diversificación del activismo en Tijuana tuvo lugar entre marzo de 2017 y noviembre de 2018, cuando llegaron diversas caravanas de migrantes centroamericanos que buscaban cruzar la frontera. Miles de personas procedentes de países como Honduras o El Salvador se organizaron en una entidad colectiva que decidió transitar en grupo para reducir su vulnerabilidad a lo largo de la ruta migratoria. Dos de estas caravanas fueron asistidas por Pueblo Sin Fronteras, una organización transfronteriza creada en 2010 por defensores de derechos humanos de diversos estatus migratorios y nacionalidades, cuyos objetivos incluyen “el desarrollo de liderazgos” y “el acompañamiento” de las personas a lo largo de sus rutas migratorias (Pueblo Sin Fronteras, 2022, p. 1). La “formación para el conocimiento de los propios derechos” se impartió mediante talleres que, tras la llegada de los centroamericanos a Tijuana, dieron lugar a la organización de vigilias, marchas y plantones frente a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública para demandar la expedición de visas humanitarias, así como comunicados de prensa para denunciar los abusos sufridos
por integrantes de las caravanas a manos de la policía municipal y
otras autoridades locales.<fnref n="15" />

Estas iniciativas se aproximan al tipo ideal del activismo polí-
tico, el cual atribuye a sus sujetos la posición de actores autónomos
unidos con los activistas en una lucha política común, articulada sobre
los mismos intereses. En principio, estos discursos de movilización
colectiva y “derribo de fronteras” contrastan con la idea de la presta-
ción de servicios guiada por culturas organizacionales. Sin embargo,
los principios ético-políticos del activismo proporcionan equivalentes
funcionales a estas culturas y, en conjunto con las actividades consue-
tudinarias de los activistas, la gestión de sus encuentros con migrantes
y el propósito de resolver problemas concretos, producen la suficiente
regularidad para la estabilización de normas y prácticas. Éstas se ma-
nifiestan en la defensa y representación de los intereses de los refu-
giados en la opinión y el espacio públicos mediante la organización
de diversos eventos, campañas informativas y campañas políticas de
movilización de protesta.

Estos servicios políticos de movilización contestataria coexisten
con servicios legales para solicitantes de asilo, provistos por activistas
más próximos al polo de los derechos humanos, aunque también con
servicios de reasentamiento, acogida y asistencia humanitaria en luga-
res de origen o tránsito, intensificados ante la transferencia de contro-
les migratorios y obligaciones de protección internacional a México.
Muchos de esos servicios podrían someterse al enfoque crítico de la
“refronterización” del espacio político y territorial, o al caso más espe-
cífico de esta tendencia que Walters (2011) describe como la “emer-
gencia de la frontera humanitaria”: la reinvención de las fronteras
estatales y los accesos al territorio como zonas de gobierno humanita-
rio, materializado en diversos modos de compensar la violencia social
encarnada en los regímenes de control migratorio. En su amalgama de
prácticas de cuidado y asistencia con otras de protesta y denuncia, sin

<footnote n="15">¹⁵ Muchos de los integrantes de las caravanas fueron concentrados en improvisados centros de confinamiento en Tijuana, arrestados por la policía municipal y entregados a los oficiales del INM para su deportación a sus países de origen (véase la documentación proporcionada por el PRAMI, 2022).</footnote>
embargo, los distintos modos de activismo –humanitario, de derechos humanos y político– no reproducen invariablemente lógicas de control gubernamental. Algunas de esas prácticas pueden desestabilizar ciertas normas estatales y exponer a los activistas a la persecución bajo acusaciones de fomentar la migración ilegal e, incluso, la trata de personas.<fnref n="16" />

El punto de partida para la investigación puede pasar por desentrañar la confluencia de una gran diversidad de posiciones ético-religiosas o políticas, estrategias de acción y medios para la obtención de recursos. Tan sólo en Tijuana, encontramos ONG locales y transnacionales, las cuales pueden colaborar con instituciones públicas y/o recibir apoyo y asesoría de organismos internacionales. Sus fuentes de financiamiento –desde pequeños donativos individuales hasta un sistema de donantes compuesto por Estados nacionales y grandes fundaciones– varían según el tipo de ayuda proporcionada a qué personas y en qué espacios. El problema reside no sólo en proponerse examinar “qué otras formas de poder” se combinan con la biopolítica; el componente “minimalista” de esta última que enfatiza Walters está inspirado en la particular forma de humanitarismo de la organización Médicos Sin Fronteras, practicado a menudo en contextos como las zonas de conflicto y los grandes campos de refugiados (Redfield, 2005).

En Tijuana, lo más próximo a este extremo bio-asistencialista del activismo humanitario es un albergue consistente en cuatro grandes paredes entre las que, bajo un techo de lámina, se apiñan unas sesenta tiendas de campaña en las que duermen individuos e incluso familias enteras. No hay cuartos ni camas, sólo un pequeño espacio cercano a la entrada donde los migrantes instalan cada día unas mesas de plástico sobre las que consumen los alimentos salidos de una pequeña cocina. Al ser cuestionado por la carencia de otros servicios en el albergue, su

<footnote n="16">16 Los integrantes de Pueblo Sin Fronteras (https://www.pueblosinfronteras.org/index.html) han sufrido este tipo de criminalización en México, aunque los albergues y las organizaciones de defensa legal de migrantes también están expuestos a la persecución de las autoridades gubernamentales e, incluso, al hostigamiento de grupos nacionalistas y xenófobos (véase el informe elaborado por Front Line Defenders, PRAMI y Red TDT, 2019).</footnote>
director protestó que su imperativo era “ocuparme de la emergencia, de la contención”.<fnref n="17" /> Desde su inicio en la década de 1990, el albergue se constituyó como “Asociación Civil” y llegó a obtener financiamiento público como el provisto por el escaso y ahora cancelado—Fondo de Apoyo a Migrantes, creado para asistir a los municipios fronterizos mexicanos que más migrantes reciben.

Los responsables de otros albergues también han de participar en diversas formas de movilización y cabildo políticos en busca de disposiciones gubernamentales favorables, o disponer de sus propias áreas de acompañamiento jurídico y laboral. Las organizaciones de defensa de derechos y asesoría legal han de adaptar sus acciones a contingencias que requieren la provisión de asistencia y recursos básicos, o bien coordinarse con grupos u organizaciones que ofrezcan esta ayuda. Así, el asistencialismo mínimo de la gestión humanitaria de poblaciones migrantes coexiste con nuevos enfoques de activismo social, institucionalización de la incidencia y diversificación de medios, recursos y estrategias para luchar por derechos o modificar leyes. Los polos opuestos de la asistencia humanitaria y la incidencia sociopolítica son tipos ideales entre los cuales hay espacio para muchas variedades.

Ello nos lleva a tener en cuenta la diversidad de orientaciones mediante las que los propios activistas conciben sus objetivos y a las personas con quienes interactúan. Entre la asistencia a migrantes en el mantenimiento de su mera existencia física, la promoción de sus derechos humanos y su inclusión social, política y jurídica en términos de igualdad también caben diversas posturas éticas que se entremezclan y modifican en el curso de las actividades de esos actores. Un voluntario puede iniciar su trabajo en un albergue desde una actitud “religioso-samaritana” relativamente apolítica, motivado por el deseo de ayudar, y desarrollar una postura sobre “derechos humanos y justicia global” a causa de las historias de deportación y negación de asilo de los migrantes con quienes interactúa (Schirilla, 2019, pp. 75-76).

El cuestionamiento del orden migratorio existente puede, por otra parte, llevar a los activistas políticos a una posición de “hospitalidad incondicional”, insertándose en redes de solidaridad donde

<footnote n="17">¹⁷ J. M., comunicación personal, 20 de junio de 2019.</footnote>
la provisión de bienes y servicios básicos como “alimentación, alojamiento o salud a los excluidos de la ciudadanía se convierte en un acto político de resistencia”; esta *orientación radical*, propia del movimiento Sin Fronteras, sugiere formas “no soberanas” de solidaridad que difuminan la esperanza en un orden estado-nacional mínimamente justo (Kelz, 2015. pp. 1-2).

Lo anterior sugiere cómo la investigación empírica puede situarse en la interfaz de prácticas y orientaciones normativas, matizando la discusión del humanitarismo y los derechos humanos como problema filosófico –un asunto de “elevados ideales”– mediante el enfoque en “los detalles más mundanos de la vida institucional” (Walters, 2011, p. 151). De acuerdo con esta recomendación, pretendo, sin embargo, comprender esos aspectos mundanos de forma empíricamente abierta, desde la perspectiva de la provisión de servicios, sin equiparlos de entrada con un determinado régimen de poder y dominación; me interesa examinar cómo modifican los activistas sus orientaciones étnico-políticas, sus lenguajes de discordia y sus estrategias conforme a las cambiantes condiciones sociomateriales de poder que han de confrontar (Podgornik-Jakil & Bens, 2021).

A continuación, analizaré los casos de un albergue religioso perteneciente a una asociación civil de alcance regional y una organización transfronteriza de servicios legales. Sin abandonar los modos de gobernanza a los que pertenecen –el modo asociativo y el modo proyectista, respectivamente–, los integrantes de ambas instituciones pueden entrar en contacto entre sí y establecer relaciones con actores pertenecientes a otros modos. Junto con las fronteras entre lo público y lo privado o lo regional e (inter)nacional, la dicotomía movilidad-inmovilidad también queda cuestionada por estas constelaciones de actores e, incluso, por las prácticas de un mismo agente. Los servicios provistos por el albergue y la organización transfronteriza de defensa del asilo se orientan a asegurar la estancia legal y protegida de migrantes y refugiados, procurando su participación menos asimétrica en la vida económica, política y cultural de la sociedad receptora. Las configuraciones de formas institucionales de coprovisión de servicios de reasentamiento e integración en que entran estos actores, no obstante, revelan una compleja gestión de la (in) movilidad circunscrita por un régimen fronterizo que fuerza a muchos a adoptar a ciudades como Tijuana como destino forzado o no planeado.
## De la emergencia a la reinserción social

Las instituciones religiosas y sus edificios tienen una “cualidad sanitario” que mitiga los efectos de la “legalidad liminal” y social de los migrantes pero, por esa misma razón, “pueden servir más como un espacio de amortiguamiento contra la sociedad que como un vehículo de incorporación” (Menjívar, 2006, p. 1026). Éste, sin embargo, no es el papel en que se ven los responsables de la Coalición Pro Defensa del Migrante, A. C., formada en 1996 por tres albergues de Mexicali y otros tres de Tijuana, vinculados con la Iglesia católica. Según el director de uno de estos albergues: “En el transcurso de los años nos dimos cuenta que el modelo de dar techo y alimento no era suficiente y tuvimos que cambiar nuestra respuesta [...] En los últimos cuatro años empezamos a hablar un vocabulario nuevo y usar términos como reinserción social, casa de transición y reinserción laboral” (Murphy, 2017, p. 20).

Bajo una persistente envoltura caritativo-pastoral, originalmente inspirada por la misión de socorrer al caminante, hay en estas instituciones religiosas un núcleo de formalización y eficiencia administrativas, manifiesto en las decisiones de constituirse como asociación civil –imprescindible para recibir recursos públicos– e incluir servicios de asesoría jurídica, trámite de documentos o bolsa de trabajo –medidas necesarias para obtener apoyos de organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Ello ha atraído críticas, como las de una abogada que trabaja para una organización internacional en Tijuana, quien califica a estos albergues como “muy tibios”: “antes eran más combativos, pero ahora se quedaron como en una zona de confort donde cuidan mucho el recurso que reciben; pero no inciden, se quedan muy intramuros, no quieren vincularse con otras organizaciones”.<fnref n="18" />

Tales sospechas de autopromoción y cálculo administrativo tienen a neutralizar la misión moral del humanitarismo e ilustran la mezcla de contienda, protesta y ayuda que Walters (2011) localiza en la “frontera humanitaria”. Las controversias proceden en este caso desde el mismo campo del activismo y reflejan tensiones a lo largo del con-

<footnote n="18">¹⁸ S. V., comunicación personal, 19 de junio de 2019.</footnote>
tinuum de posiciones ético-políticas antes mencionadas. Mientras que desconfían del pragmatismo de la Coalición Pro Defensa del Migrante, ciertos integrantes de organizaciones de derechos humanos también difieren de las posturas “maximalistas” de Pueblo Sin Fronteras. Al hablar sobre las caravanas acompañadas por integrantes de esta organización, la abogada antes citada opinó que “les prometieron [a los migrantes] que irían rompiendo fronteras [...], aunque no les dijeron que esas fronteras las iban a ir rompiendo en México, pero no aquí en la frontera con Estados Unidos”.<fnref n="19" /> Otros activistas simpatizan generalmente con Pueblo Sin Fronteras y condenan sin paliativos la criminalización de sus líderes, pero cuestionan sus métodos y su confrontación con autoridades públicas con las que consideran necesario dialogar para incidir en la creación de leyes y políticas migratorias más justas.

Dicha incidencia es precisamente uno de los objetivos de los albergues de la Coalición, cuya integración en una red regional les ha permitido incrementar sus recursos y áreas de atención a migrantes indocumentados, deportados y desplazados internos. Algunos de estos albergues, creados en la década de 1980 y acostumbrados a adaptar sus servicios a situaciones cambiantes, han tenido que implementar estas medidas ante mecanismos como los MPP, los cuales conllevaron a que ciudades como Tijuana dejaran de ser un lugar de tránsito para convertirse en un destino forzado. Al expresar el riesgo de que los albergues en Tijuana se conviertan en sobrepoblados espacios de estancia indefinida, el coordinador de uno de ellos comentó que “un albergue es parte de un proceso; no debería ser un estilo de vida” (citado en Silva, 2019, p. 19).

De la máxima anterior emanan las normas que rigen la provisión de servicios en uno de los albergues de la coalición, destinado exclusivamente a hombres, donde el uso de dichos servicios es obligatorio. A quienes llegan a diario se les entrega una tarjeta de identificación provisional, en cuyo reverso el portador habrá de conseguir tres firmas si quiere permanecer en el albergue después de tres días. Las dos primeras firmas, estampadas por los encargados de la orientación legal y psicológica del albergue, se obtienen a cambio de asistir a asesorías brindadas en estas áreas. La firma de la responsable de la oficina laboral, no

<footnote n="19">¹⁹ S. V., comunicación personal, 19 de junio de 2019.</footnote>
obstante, sólo se otorgará una vez que el migrante haya obtenido un empleo. La oficina proporciona asistencia para ello, vinculando al interesado con potenciales empleadores y, en caso de tener nacionalidad mexicana, ayudándolo a tramitar documentos de identidad que posibiliten obtener un empleo formal.

Una vez conseguido el trabajo, normalmente en áreas como la construcción, los servicios de limpieza o la industria maquiladora, el migrante tendrá otros 27 días para encontrar su propio espacio de vivienda.<fnref n="20" /> Para ello, el ahorro es no sólo necesario sino, de nuevo, preceptivo: el trabajador habrá de hacer uso de una cuenta de banco compartida, abierta a nombre del albergue, para recibir los depósitos de su salario; o, en caso de cobrar en efectivo, guardar su dinero en la caja fuerte del establecimiento. Una de las trabajadoras sociales del albergue expresaba así su comprensión de estas reglas: "el ahorro es para darme cuenta que realmente estás trabajando y que en un determinado momento te vas a ir, vas a buscar un cuarto de renta, vas a poder regresar a donde tú quieras, o vas a tener un plan. Porque hasta para cruzar de nuevo a Estados Unidos tienes que tener algo de dinero".<fnref n="21" />

Tras encontrar alojamiento propio, los migrantes podrán seguir usando los servicios financieros del albergue, además de su servicio de comedor, atención médica, asesoría legal y acceso a internet; es decir, muchos de aquellos servicios análogos a las prestaciones sociales no provistas en sus empleos precarios, cuyos salarios se destinan a otras necesidades básicas, al envío de remesas a familiares o al pago de deudas contraídas para el proyecto migratorio. Esta situación también puede entenderse desde el ángulo de la "producción

<footnote n="20">²⁰ El albergue puede extender la estancia máxima hasta los 45 días en el caso de hombres que viajen con niños o sufran alguna enfermedad o incapacidad. Algunas reglas parecen no cambiar, como la obligación de los migrantes de permanecer fuera del albergue entre las ocho de la mañana y las tres de la tarde (coincidiendo a menudo con la jornada laboral). Un joven hondureño que viajaba con su hijo de tres años, enfermo de gripa, me preguntó si conocía "alguna organización de derechos humanos en Tijuana", pues estaba considerando "poner una queja" para denunciar el trato dispensado en el albergue (D. M., comunicación personal, 12 de junio de 2019).</footnote>

<footnote n="21">²¹ Comunicación personal, entrevista realizada por Laura Alvarado, octubre de 2019.</footnote>
paliativa de bienes y servicios colectivos” (Olivier de Sardan, 2014, p. 423) por diversos actores privados, en un ámbito donde los agentes estatales se limitan a gestionar los tortuosos procesos para la obten- ción de residencia y asilo.

La difícil adaptación de las normas oficiales del albergue a este contexto deja espacio a cierta *informalidad regulada* en interacciones cotidianas. Bajo las disposiciones metódicas para el desempeño sistemático de obligaciones formales, existe un margen de autonomía en las decisiones que las trabajadoras sociales del albergue pueden adoptar para hacer ciertas excepciones relativas a los plazos para en- contrar trabajo o vivienda, así como para permitir que los migrantes negocien con ellas qué tanto de su salario van a depositar en la caja fuerte o en la cuenta bancaria compartida (aun cuando les aconsejen hacer planes para el futuro, de acuerdo con las normas de “autocon- trol” y “autocuidado” expresadas públicamente por los responsables de la institución).

Los dilemas de la acción en estas interacciones pueden obedecer a diferencias entre el tiempo dictado por las reglas del albergue y el tiem- po experimentado por los migrantes. Aun con el apoyo del personal de la oficina laboral, encontrar un trabajo en tres días es complicado, es- pecialmente en el caso de hombres traumatizados por sus experiencias migratorias o a cargo de hijos pequeños. La propia idea de “reinserción” es polémica. Aunque exista necesidad de obtener un empleo –y la de- manda de mano de obra precarizada lo haga fácil–, “conseguir la firma” se convierte en una necesidad más imperiosa, pues de ello depende permanecer en el albergue al menos 27 días más mientras se espera turno en la lista de El Chaparral o a la audiencia ante el juez en EE.UU. Las normas prácticas subyacentes a las acciones de los prestadores de servicios son aquí más rutinarias que abiertamente expresadas como tales, y menos directamente observables que identificables a partir de dichas acciones. “Tienen tres días para que les firmemos. Conseguir un trabajo no es algo que puedas hacer en tres días [...] he hablado mucho con mis jefes, pero no lo entienden”, dijo la encargada del área laboral del albergue tras atender a tres personas que habían pasado a su oficina anunciándose con un sincero: “Hoy se me vence la tarjeta. Vengo por mi firma” (Alvarado, 2020, p. 129).
Dilemas de los prestadores de servicios
legales en la frontera norte de México

Pertenecientes en principio al modo proyectista de las organizaciones internacionales, los servicios legales para solicitantes de asilo muestran también una coordinación entre distintos modos de gobernanza. Algunas de las ONG orientadas al activismo legal en Baja California tienen vínculos con Asylum Access o reproducen el modelo de esta organización internacional, dedicada a la defensa de los derechos de los refugiados mediante su “empoderamiento legal” –proporcionalándoles “las herramientas para abogar por sí mismos”– y el trabajo de incidencia en las políticas públicas de los gobiernos nacionales (Asylum Access, 2020). Las asesorías jurídicas proporcionadas tienen como objetivo que los solicitantes de asilo “puedan armar sus casos” y defenderlos frente a las autoridades migratorias. Parte de esta orientación se destina a la “entrevista de temor creíble”, en la que el solicitante habrá de saber qué responder para tener mayor posibilidad de convencer a los oficiales y jueces estadounidenses del peligro que enfrenta en su país de origen.

Este tipo de servicios se ofrece en la sede de una de esas ONG en Tijuana. Anunciada en su página electrónica como “binacional”, se trata en realidad de una de las organizaciones sin fines de lucro estadounidenses que llevan a cabo campañas o proyectos en la frontera norte de México. Su membresía es típicamente difusa, pues oscila entre una constelación de voluntarios irregulares u ocasionales –como yo–, quienes abaratan sus costos e incluso la subsidian, y un núcleo estable de abogados y coordinadores, la mayoría de nacionalidad estadounidense, que han de encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos institucionales y las realidades de su trabajo. Tras mencionar que la lista de espera en El Chaparral era “ilegal”, durante un taller para solicitantes de asilo en junio de 2019, una abogada de la organización aclaraba que “ninguna persona debería pasar por ella, pero por el momento no hay más remedio que seguirla”; la abogada enfatizó las distintas etapas del proceso legal –incluyendo el confinamiento en la “hielera”–, anunciando que: “algunos jueces van a preguntarles si tienen miedo de regresar a sus países. No digan que no, digan: ‘tengo miedo de regresar a mi país y quiero solicitar asilo’. Recuerden, les van a hacer la entre-
vista de miedo creíble, pero el gobierno de Estados Unidos piensa que
todos ustedes mienten; por eso, ustedes tienen la tarea de pensar sus
propios casos para proponerlos".<fnref n="22" />

A este énfasis subyace el principio de que todos los clientes son
creíbles para la organización porque huyen de situaciones que ameritan
asilo. Todas las personas atendidas son consideradas “demandantes de
asilo” y, tanto en los manuales como en las sesiones de capacitación, se
conmina a los nuevos voluntarios a abstenerse de emplear otras catego-
rías y “evitar hacer suposiciones”. En contraste con las clasificaciones
empleadas por los burócratas estatales en EE.UU. (Lipsky, 2010), existe
aquí una fuerte orientación contra el desarrollo de cualquier “teoría
personal de la conducta de los clientes” que pueda excluir a parte de
la población de los servicios mínimos. Todos tienen derecho a que sus
casos sean registrados y retroalimentados, incluso aunque puedan con-
siderarse inviables bajo los criterios de la ley de asilo estadounidense.
En tales situaciones sigue rigiendo el principio profesional compartido
de la honestidad, y los asesores legales preguntan a los interesados si de-
sean ser canalizados a organizaciones aliadas que ofrezcan orientación
y recursos para el reasentamiento interno (o, en caso de ser extranjeros,
para la obtención de estatus legal en México). Antes de llegar a estas
recomendaciones, los asesores consideran todos los detalles del caso
para sugerir al solicitante de asilo un repertorio lo más amplio posible
de opciones de estancia legal en EE.UU.

Ofrecer alternativas a problemas particulares –mostrando con-
sideración con los tiempos y necesidades específicas de los migrantes–
también es infrecuente en las normas de las burocracias públicas, don-
de la autolimitación de responsabilidades y la reiteración de objetivos
formales constituyen “mecanismos de defensa” frente a las demandas
de los clientes; en este caso, no obstante, “enfatizar unos objetivos sobre
otros” permite a los responsables “ resolver parcialmente el problema de
qué tipo de organización están gestionando”, lo cual repercute en la
claridad con que se explica a los nuevos integrantes lo que se espera de
ellos (Lipsky, 2010, pp. 147-148). En uno de los talleres impartidos a
voluntarios de diversas nacionalidades, el capacitador nos recordó que,

<footnote n="22">22 Taller para solicitantes de asilo, Tijuana, 26 de junio de 2019.</footnote>
“al final del día, no podemos salvar el mundo. El enfoque de nuestro trabajo es fundamentalmente legal, no humanitario”.<fnref n="23" />

Desde la perspectiva crítica de la gobernanza de la migración, la variación en la extensión de la ayuda como complemento del control fronterizo obedece en parte a la economía moral y política de las ONG. Éstas “han de tomar decisiones estratégicas sobre qué problemas publicitarán, cuáles situaciones de injusticia politizarán y cuáles experiencias de sufrimiento humano buscarán aliviar” (Walters, 2011, p. 147). Según el enfoque empírico privilegiado aquí, sin embargo, la aserción de orientaciones organizacionales puede entenderse no sólo como un recurso para evitar excesivas presiones externas, sino como un mecanismo interno mediante el que los activistas confrontan el desánimo ante la distancia entre expectativas y capacidades percibidas. En una de las reuniones con que culminaban las jornadas de trabajo, no exentas de cierto componente de terapia grupal, la coordinadora de voluntarios nos reiteró que:

> El enfoque de nuestro trabajo es legal, no humanitario ni psicológico. Por supuesto, muchas de las personas que pasan a diario por nuestras asesorías legales tienen traumas, pero de momento no disponemos de herramientas ni de especialistas, por ejemplo, en psicoterapia, para lidiar con sus casos de otra forma que no sea la legal. Nos encantaría tener voluntarios con esa experiencia y ese perfil, pero de momento no es posible. (A. M., comunicación personal, 3 de julio de 2019)<fnref n="24" />

Existen otras razones por las que las organizaciones manifiestan tanto sus orientaciones como los costos de sus decisiones. Por ejemplo, aseverar que lo legal tiene primacía sobre lo humanitario promete

<footnote n="23">²³ Taller de inducción para voluntarios, Tijuana, 9 de junio de 2019. En su página electrónica, la asociación se define como “una organización de servicios legales” para deportados, migrantes y refugiados en Tijuana, aunque establece alianzas con asociaciones y albergues que ofrecen otros servicios como transporte, alojamiento y atención psicológica.</footnote>

<footnote n="24">²⁴ Reunión de voluntarios, Tijuana, 3 de julio de 2019.</footnote>
resultados no alcanzados por otras organizaciones con metas más disfusas. La limitación de responsabilidades es aun más estrecha en este caso, pues los clientes de la organización entienden y aceptan que los servicios gratuitos de asesoría jurídica en Tijuana no incluyen representación legal al otro lado de la frontera. No obstante, estas ONG suelen disponer de unidades especializadas en litigio o coaligarse con otras organizaciones de reforma legal para, por ejemplo, interponer demandas contra políticas migratorias injustas. Las tareas al sur de la frontera ya son en sí onerosas, pues los activistas han de ayudar a un gran número de solicitantes de asilo a prepararse para la entrevista de miedo creíble, o bien ofrecerles orientación para llenar los complejos formularios que habrán de llevar consigo en su próxima vista ante un juez en EE.UU.

Si bien promete mayor eficiencia, "la especialización dispensa a algunos trabajadores de desarrollar habilidades que deberían tener" (Lipsky, 2010, p. 146). Aunque traten de ser en extremo cuidadosos en sus entrevistas –incluyendo ensayos para los futuros interrogatorios–, los abogados pueden carecer de experiencia para lidiar con las consecuencias emocionales de la violencia inherente a la figura del asilo, cuyos criterios y procesos legales retraumatizan a los sujetos haciéndolos revivir las agresiones sufridas bajo la obligación de demostrar que han sido víctimas de ellas. Aquí quiero detenerme en las asesorías orientadas a decidir si el solicitante de asilo tiene un caso viable antes de la entrevista de miedo creíble. En estas interacciones participaron, por un lado, aquellos que esperaban su turno en la lista de El Chaparral; y, por el otro, estudiantes de derecho, pasantes y abogados estadounidenses; aunque también quien esto escribe, entre junio y noviembre de 2019, como voluntario a cargo de recabar información mediante entrevistas destinadas a servir como insumo para las asesorías.

En principio, mi trabajo consistió en fungir como intérprete, traduciendo del español al inglés los testimonios de las personas solicitantes de asilo. Debí repasar las preguntas de un cuestionario y transcribir en inglés las respuestas de las personas entrevistadas, hacer algunos resúmenes y notas marginales y, más tarde, solicitar la presencia de un abogado u orientador legal para mostrarle el cuestionario y explicarle mis notas. Basándose en esta información y mediante algunas preguntas adicionales, el abogado sopesaba si la persona tenía un caso lo suficientemente sólido como para enfrentar con posibilidades de éxito la
entrevista de temor creíble. Este dictamen se acompañaba de recomendaciones para dicha entrevista –qué aspectos enfatizar y cómo, también qué detalles excluir–, y de apoyo adicional para reunir y resguardar la documentación que el solicitante de asilo habría de presentar como evidencia ante las autoridades estadounidenses. Para aquellas personas que habían superado la entrevista de temor creíble y se encontraban de regreso en Tijuana –bajo el esquema de los MPP–, la asesoría legal incluía el llenado de un formato con un cuestionario más complejo que debían presentar en su próxima audiencia ante una corte de inmigración en EE.UU.; en algunos casos excepcionales, cuando era posible, se hacía un esfuerzo por encontrarle al solicitante de asilo un representante legal en aquel país.

Entre quienes entrevisté se encontraba Antonia, una mujer de mediana edad procedente de un municipio del occidente de México. Cinco años atrás, su marido había sido secuestrado por integrantes de un grupo local de autodefensas armadas, cuyas subsiguientes amenazas obligaron a Antonia y a sus hijos a huir a la frontera norte de México con la esperanza de obtener asilo en el país vecino. Resuelta a culminar de algún modo el duelo que los secuestradores de su marido habían buscado negarle, Antonia se decidió a darlo por muerto y llorarlo. Por ello, reaccionó con sorpresa cuando la joven abogada que le proporcionaba la asesoría, tras leer la información que yo había recabado en el formato correspondiente, le preguntó si tenía algún “vínculo legal demostrable” con su marido que pudiera proporcionar un “caso creíble” de asilo en EE.UU.: “¿No le digo que a mi marido lo desaparecieron hace ya cinco años? Si estuviera vivo, ya lo habrían encontrado”.

Siempre en mi presencia, necesaria para aclarar dudas sobre lo que acababa de escribir en el formulario –y para traducir, cuando los asesores legales no hablaban español–, la abogada comunicó a Antonia que sería de gran ayuda si pudiese responder por qué los agresores fueron específicamente contra ella o su marido. Ésta, de hecho, es la pregunta más importante de la entrevista de temor creíble a la hora de establecer una causal de asilo. Cuando Antonia dijo desconocer el motivo del secuestro de su marido por el grupo de civiles armados, la abogada le preguntó si había pensado en reasentarse en Tijuana o en algún otro lugar de México. Ella sacudió la cabeza: “Es lo mismo en todos lados, ya no se puede estar aquí. Más pronto o más tarde, los que le
hicieron eso a mi marido me encontrarían”.<fnref n="25" /> Antonia desconocía que esta respuesta sería insuficiente en una entrevista de miedo creíble, a menos que pudiese especificar la forma en que sus victimarios podrían encontrarla: “¿Tienen sus perseguidores vínculos con algún cartel, grupo armado, policía o ejército?”. Antonia mostraba inquietud ante las preguntas de la abogada, mirándome fugazmente como si buscase mi ayuda antes de responder.

Parte de la información que tuve que recabar como asistente de los asesores legales no era la que el entrevistado proporcionaba específicamente, sino la que debería proporcionar en el futuro para tener mayores posibilidades de éxito ante los oficiales estadounidenses. El carácter de mi entrevista inicial como entrenamiento o ejercicio práctico hizo que perdiese de vista los límites de mi responsabilidad y tendiera, inadvertidamente, a asesorar yo mismo al solicitante de asilo sobre cómo responder a las preguntas del cuestionario. Al acudir posteriormente el abogado, se iniciaba un juego tácito en el que se reasignaban e intercambiaban los roles del asesor o defensor legal y de la autoridad ante la que el solicitante debía comparecer.

Para la persona entrevistada/asesorada, la situación podía revadir una inquietante ambigüedad respecto del carácter de la orientación brindada y la posición real de los participantes en el ejercicio (en especial si, como en el caso de Antonia, la abogada consultora era estadounidense). En otra ocasión, una mujer me pidió que no dijera nada sobre su hijo mayor al abogado que la iba a orientar, pues aquél se encontraba en EE.UU. tras cruzar la frontera de forma indocumentada, huyendo, como ella, de la violencia criminal en su estado natal del sur de México. Le aseguré que el abogado estaba “de nuestro lado” y que, como todos los activistas de la organización, tenía como norma proteger la identidad de familiares en EE.UU. Desde la perspectiva del cliente, sin embargo, ¿se trata esto de una asesoría, de un ensayo, o más bien de una antesala del proceso legal de solicitud de asilo? ¿Son los abogados de la organización activistas dispuestos a ayudar, o autoridades a cargo de evaluar a solicitantes de asilo en el espacio fronterizo de Tijuana, engranadas con los mecanismos de la lista de espera y los MPP?

<footnote n="25">²⁵ Entrevista para asesoría legal, Tijuana, 28 de junio de 2019.</footnote>
¿Soy yo un voluntario asistente de estos actores o un “abogado” de los migrantes ante ellos?

La obligación de interpretar las experiencias de los migrantes en términos de la ley de asilo estadounidense –mediante su instrumento clave de la entrevista de temor creíble– me situaba, más bien, en un defectuoso papel de “traducción” antropológica entre prácticas y normas. La brecha entre ellas me pareció particularmente insalvable en el caso de individuos o familias que, desplazados por la violencia en sus lugares de origen, habían vuelto a sufrir secuestros, extorsiones y amenazas en la frontera norte de México, incluso antes de encontrarse con el escollo de la lista de espera. Mientras me preocupaba por enfatizar estas circunstancias como factor adicional en los casos de asilo, para los abogados asesores no parecían tener demasiado peso en sus diagnósticos sobre la viabilidad de las solicitudes.

Un ejemplo es el caso de Reina, una joven guatemalteca de 27 años que, junto con sus tres hijos pequeños, venía huyendo de una historia de abusos a manos de un marido violento y de las amenazas de muerte de los miembros de una pandilla criminal. Al llegar a Tijuana, Reina y sus hijos fueron retenidos durante dos días por unos tratantes de personas, quienes exigieron el pago de un rescate a sus familiares. Sin embargo, Reina logró escapar con sus hijos del hotel donde los tenían retenidos; desde entonces, dijo mostrándome su celular, no había dejado de recibir llamadas de amenaza de los responsables de su secuestro.

Pablo, uno de los abogados más experimentados de la organización y bilingüe en español e inglés, leyó el formulario que yo había acabado de llenar e hizo algunas preguntas a Reina. Le comunicó que solicitar asilo en EE.UU. era una opción viable, para lo cual podía emplear la ventaja comparativa que le ofrecía el encontrarse bajo una “doble amenaza” (su marido y las pandillas en Guatemala). Reina le respondió que, además, estaba expuesta a la persecución de sus vengativos secuestradores, argumentando que tenía como “pruebas” los números telefónicos desde los que había recibido sus llamadas de amenaza. “Apelé” a Pablo mostrándole la parte del formulario donde había incluido esta información, preguntando si el riesgo inmediato en Tijuana no contaría para el caso de asilo. Pablo lo negó con un leve gesto.
Los abogados como Pablo han de reconciliar la realidad empí-
rica de los sujetos con la realidad de la ley en aras del mejor resultado
posible, obstaculizado, quizás, al cuestionar implícitamente el propio
esquema MPP mediante el énfasis en las amenazas sufridas por los soli-
citantes de asilo en Tijuana. Como especialistas, tienden a procesar los
problemas de sus clientes conforme a las categorías y procedimientos
influidos por su capacitación y experiencia. Con una gran cantidad de
casos asignados para la asesoría legal, es razonable pensar que sean re-
levados de considerar cuestiones más amplias por colegas que trabajan
en departamentos de litigio y reforma legal.

Al reducir las tensiones entre ideales institucionales y condicio-
nes reales, la especialización constituye una defensa más de los pro-
veedores frente a sus enrarecidos mundos de servicio (Lipsky, 2010).
Mientras que la especificidad de tareas resuelve ciertos problemas para
los trabajadores y sus organizaciones, sin embargo, puede que este y
otros mecanismos de adaptación contribuyan a la distorsión del ideal
del voluntariado. Los activistas procuran reducir la brecha entre nor-
mas y prácticas al decir y procurar hacer lo mejor posible considerando
las circunstancias, pero los destinatarios de sus servicios pueden perci-
birlos en la posición de manipular al público en nombre de la institu-
ción de la que buscan ayuda. Como sentenció una mujer hondureña
que había recibido orientación legal de la organización con la que co-
laboré, “lo que hacen ahí es una forma racista de convencerla a una de
que no intente cruzar a Estados Unidos”.<fnref n="26" />

Es inevitable que algunas personas perciban la franqueza de los
abogados sobre las posibilidades de asilo en EE.UU. como un compo-
nente más del complejo de gestión migratoria en la frontera norte de
México, destinado a desincentivar u obstaculizar el proceso de soli-
citud. Sin ser ésta la intención de los activistas legales estadouniden-
ses, un enfoque neofoucaultiano nos llevaría a la conclusión de que los
efectos del control migratorio se manifiestan en un nivel “molecular”,
materializándose “en el seno de las instituciones y prácticas del gobier-
no humanitario” (Walters, 2011, p. 147). Sin embargo, la queja de la
mujer hondureña tiene otra lectura. Como parte de sus estrategias, los

<footnote n="26">26 M. M., comunicación personal, 30 de junio de 2019.</footnote>
migrantes evalúan lo que se les ofrece en términos de ayuda y las posibilidades de demandar atención a sus necesidades específicas; comparan y eligen entre distintos actores que ofrecen servicios similares, negociando sus biografías personales con la asesoría de quienes los ayuden a encontrar los términos adecuados para exponer sus casos. Algunos abogados mexicanos –como los que proporcionan orientación legal en los albergues de la Coalición Pro Defensa del Migrante– asesoraron a las mismas personas que habían pasado por la organización descrita, sugiriendo la posibilidad de considerar sus circunstancias de manera más personalizada, menos esquemática o no tan apegada al formulario de la entrevista de miedo creíble, para asistirlos en el propósito de armar casos de asilo con mayores probabilidades de éxito.

Una abogada de Baja California, directora de una pequeña asistencia sin fines de lucro, me aseguró que, gracias a sus asesorías, algunas personas regresaron a la organización estadounidense con un “caso de asilo” que, a diferencia de la primera vez, fue considerado “viable”. Como parte de su “acompañamiento más contextualizado” –al cual pude asistir *in situ* en diciembre de 2021–, además de preguntar a las personas si han pensado en reasentarse en Tijuana, ella les propone alternativas de solución a problemas particulares, tomando en cuenta diversos escenarios conducentes a rehacer un proyecto de vida del cual la ciudad pueda formar parte; su asesoría, me dice, es “humanitaria” y considera las problemáticas multidimensionales de los relativamente pocos casos a los que puede dar seguimiento para maximizar sus posibilidades.<fnref n="27" /> Su orientación no es tanto o sólo la de los servicios legales, sino la del trabajo social.

Más allá de las diferencias en las modalidades de provisión de servicios entre diversos actores y organizaciones, cabe reconocer cuán difícil es que los especialistas, intermediarios y operadores legales puedan dominar por completo el enrevesado y ambiguo campo del derecho migratorio (Menjívar, 2006). A ello se suma una tensión, común en la cultura profesional del derecho, entre las dimensiones técnicas concretas y el panorama socio-jurídico completo de cada caso. Mientras que muchos litigantes son expertos en detectar los detalles de procedi-

<footnote n="27">²⁷ D. C., comunicación personal, 8 de diciembre de 2021.</footnote>
miento y la mecánica jurídica del caso, el “espíritu” de lo que se juzga quedará en manos del juez.<fnref n="28" />

Lo anterior, sin embargo, no resta valor a la posibilidad de que el especialista tenga una concepción integral del cliente y de las alternativas disponibles para procesar su caso. ¿Deberían todos los asesores legales tener una comprensión de fondo del significado y las implicaciones de la desaparición forzada en México, o de las dinámicas del crimen organizado y la trata de personas en su frontera norte? ¿Cuáles serían los pasos necesarios para lograr que los solicitantes de asilo transiten de víctimas a “abogados de sí mismos”? El problema reside en encontrar un equilibrio práctico entre, por un lado, las contradicciones de la especialización (cuando impide a los proveedores de servicios tener una visión conjunta de su trabajo); y, por otro lado, los beneficios reportados por habilidades y orientaciones específicas que las organizaciones no pueden desarrollar en la totalidad de sus plantillas (especialmente en aquéllas caracterizadas por un voluntariado volátil).

## Configuraciones de provisión de servicios y gestión de la (in)movilidad

Mientras que las posturas a favor de “un mundo sin fronteras” suelen estar envueltas en polémica, existe mayor consenso sobre el derecho de las personas perseguidas por motivos políticos, étnicos o sociales a buscar protección en otro país; sin embargo, “el derecho a solicitar asilo no es un derecho a obtener asilo”, el cual es “concedido” por cada Estado-nación según mecanismos y criterios particulares mediante los que instrumenta las categorías del derecho internacional (Schirilla, 2019, pp. 71-72). Como reflejo de ello, la ONG descrita en el apartado anterior se presenta públicamente no sólo como una organización de servicios legales, sino además como una iniciativa destinada a defender los derechos de las personas migrantes frente a arbitrariedades “sistémi-cas” y “leyes inmigratorias injustas”.

<footnote n="28">²⁸ Agradezco a Yerko Castro el haberme recordado esta característica de la cultura legal más allá del derecho migratorio.</footnote>
Orientados a modificar las normas que constriñen el trabajo de los activistas, los procedimientos legales para revertir medidas como los MPP son, sin embargo, tortuosos y tienen dudosas posibilidades de éxito. Los administradores de la organización aún han de afrontar el hecho de que miles de personas desplazadas, retenidas por las barreras y filtros legales e ilegales del proceso de asilo, hayan de permanecer en México por tiempo indefinido. Las acciones emprendidas al respecto pueden divergir de la postura ideal de la igualdad de derechos y justicia global –una de las orientaciones éticas del activismo que, en términos típico-ideales, he mencionado aquí junto con las posturas “humanitario-samaritana” y “político-radical”. Más allá de la cultura organizativa en sí, las actitudes mediante las que se justifican las nuevas prácticas expresan algo de la cultura política de los activistas estadounidenses, su pesimismo ideológico (“no podemos salvar el mundo”) y el hartazgo con las instituciones de su país. En palabras de una de las directoras de la organización: “nosotros decimos a la gente que [lo de Estados Unidos] no es el sueño americano, es una pesadilla; así que, si tienen la oportunidad de quedarse aquí, nosotros los ayudamos”.<fnref n="29" />

Los esfuerzos por proporcionar una alternativa a los solicitan-
tes de asilo llevaron a los responsables de ésta y otras organizaciones
a participar en formas complejas de coordinación entre distintas mo-
dalidades de provisión de servicios. Junto con integrantes de Asylum
Access, se incorporaron a las asesorías brindadas por especialistas del
Programa Soluciones Duraderas del ACNUR, destinado a ofrecer op-
ciones como la “repatriación voluntaria” o el “reasentamiento”, por
ejemplo, a aquéllos reconocidos como refugiados en México por la
COMAR (ACNUR, 2001-2022).<fnref n="30" /> Estas acciones podían engranarse
con las del Programa Mesoamérica de la Organización Internacio-
nal para las Migraciones, uno de los esquemas orientados al ideal

<footnote n="29">²⁹ N. R., comunicación personal, 19 de junio de 2019.</footnote>

<footnote n="30">³⁰ El endurecimiento en las políticas de asilo de EE.UU. llevó a extender este programa a las personas retenidas en las ciudades fronterizas del norte de México, acentuando así el estatus tácito de este último como tercer país seguro. Estos esquemas de reasentamiento y repatriación asistida constituyen una violación camuflada del principio jurídico de “no devolución”.</footnote>
burocrático-gerencial de “la promoción de la migración regular, ordenada y segura” mediante ejes como el “retorno voluntario asistido” (Bonnie, 2017). Financiado por el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, este programa incluyó un componente de inserción laboral. Su principal actividad en Tijuana fue vincular a organizaciones del gremio empresarial con la Dirección Municipal de Apoyo al Migrante en la organización de “ferias del empleo”, establecidas desde hacía años por el Ayuntamiento con el objetivo de atender a personas deportadas desde EE.UU. A estas ferias se sumaron ONG y albergues que, como los de la Coalición Pro Defensa del Migrante, ofrecen servicios de orientación laboral.

Los objetivos de “reinserción laboral” y “social” de estos albergues constituyen ejemplos de las dimensiones sociales, económicas y políticas más amplias que, junto con las espaciales, caracterizan la inmovilidad en condiciones de movilidad presumida. La gestión de la inmovilidad de migrantes y refugiados supone una provisión paliativa de servicios que México apenas ofrece, incluso a sus connacionales deportados o desplazados internos. Esta provisión tiene lugar mediante una combinación de modos de gobernanza asociativo (albergues) y proyectista (la ONG transfronteriza de servicios legales y sus organizaciones internacionales aliadas), aunque también municipal (ayuntamiento de Tijuana) y burocrático (servicios estatales). Puede hablarse de “configuraciones de provisión” (Olivier de Sardan, 2014, p. 423) o ensamblajes de actores y organizaciones que permiten la producción de un servicio, en las que el Estado aún desempeña algún papel como regulador o garante. Por su alineación con las restrictivas políticas migratorias de EE.UU., el gobierno mexicano ha de participar en la prestación de servicios para aquellos que se encuentran retornados o retenidos en ciudades fronterizas como Tijuana. Además de servicios educativos para niños de familias migrantes (Agudo Sanchíz, 2019, pp. 87-88), también se encuentran los propios servicios migratorios, como la concesión del estatus de refugiado por la COMAR, o de visas por el INM. De hecho, las organizaciones civiles dirigen parte de sus denuncias a los escasos recursos y disposiciones del gobierno mexicano para hacerse cargo de los refugiados. Ante el magro presupuesto federal con que cuenta (25 millones de pesos para el año 2019), por ejemplo, la COMAR depende de manera sustanciosa del apoyo humano y material del propio ACNUR.
Como ámbito para observar las brechas entre prácticas reales y orientaciones normativas explícitas, la coprovisión paliativa de servicios de reasentamiento e integración ejemplifica, asimismo, las complejas redes sociales e institucionales mediante las que diversas organizaciones y asociaciones civiles lidian con las contradicciones de las políticas migratorias. Las organizaciones denuncian las prácticas de recepción migratoria por no ajustarse a las normativas internacionales de refugio. Sin embargo, en vista del endurecimiento de los controles y la proliferación de barreras para aquellos que buscan asilo en EE.UU., ofrecer la opción de quedarse en México puede parecer una posibilidad entre otras, incluso más “realista”. No obstante, este tipo de soluciones entra en conflicto con las expectativas y los proyectos de vida de las personas migrantes, quienes pueden no desear estar en México por los riesgos a que están expuestas, aunque también porque sus redes familiares de apoyo se encuentran en EE.UU.

La inmovilidad forzada de personas desplazadas en Tijuana no hizo sino agravarse desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Amparadas en el objetivo de frenar la expansión de la enfermedad, las reglas emitidas por el gobierno de EE.UU. a partir del 21 de marzo de 2020, incluyendo la entrada en vigor del llamado Título 42, permitieron a los oficiales devolver a México a miles de personas sin necesidad de iniciar un proceso en sus centros de detención, además de rechazar la mayoría de las solicitudes de asilo. El Título 42 aún se mantiene en vigor (diciembre de 2022), incluso después de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anticipase su finalización (Flores, 2022). Por otra parte, tras una decisión judicial favorable, la administración del nuevo presidente estadounidense Joe Biden anunció el fin de los MPP a partir del 8 de agosto de 2022 (Alonso Viña, 2022).

Al inicio de su administración, el demócrata Biden ya había intentado terminar con la implementación de los MPP. En febrero de 2021, emitió una orden ejecutiva mediante la que, a partir del día 19 de dicho mes, el Departamento de Seguridad Nacional comenzaría a procesar los casos de asilo de las aproximadamente 25 mil personas que aún se encontraban en territorio mexicano bajo el esquema de los MPP desde la administración de Donald Trump (Torre Cantalapie-
dra, 2022).<fnref n="31" /> Ello permitió a 13256 personas entrar en Estados Unidos para esperar la resolución de sus casos de asilo, si bien las impugnaciones legales a la orden ejecutiva de Biden detuvieron el trámite de las otras solicitudes de asilo pendientes (OIM, 2021). No obstante, las expectativas generadas por la nueva administración estadounidense hicieron que miles de personas se congregaran en las inmediaciones del puesto fronterizo de El Chaparral, llegando a establecer un campamento que, para marzo de 2021, contaba con alrededor de entre 1500 y 2000 personas (Torre Cantalapiedra, 2022, p. 9).

Cuando fui por última vez a El Chaparral, el 11 de diciembre de 2021, el campamento migrante contaba con menos de 400 personas, la mayoría de Centroamérica o del desplazamiento interno forzado por la violencia criminal en estados mexicanos como Michoacán o Guerrero. Mi presencia allí se produjo en calidad de voluntario para asistir en las asesorías proporcionadas por la abogada bajacaliforniana (a quien me referí en el apartado anterior), en el marco de una jornada de servicios proporcionados por diversas organizaciones de la sociedad civil. Esta era la última de una serie de intervenciones iniciadas en la primavera de 2021, cuando un grupo de organizaciones mexicanas y estadounidenses (Psicólogos Sin Fronteras, Border Line Crisis Center, etcétera) conformaron la Chaparral Humanitarian Alliance (CHA) para atender de manera directa a los migrantes del campamento. La CHA brindó una “atención integral” que constaba de apoyo psicosocial, asistencia médica y la tramitación legal de una excepción introducida en mayo de 2021 al Título 42, gracias a un acuerdo entre el gobierno de EE.UU. y la American Civil Liberties Union (ACLU). Mediante esta excepción, se creó la oportunidad de que un número de personas migrantes con determinados perfiles de vulnerabilidad entraran diá-

<footnote n="31">³¹ Desde su entrada en vigor en 2019, los MPP habían obligado a más de 70 mil solicitantes de asilo (la mayoría de origen centroamericano) a permanecer en México hasta que los tribunales de inmigración de EE.UU. pudieran resolver sus casos (OIM, 2021). Cuando Biden emitió su orden ejecutiva, no se sabía cuántos de dichos casos habían sido rechazados por no presentarse los solicitantes a las audiencias judiciales, y tampoco estaba claro cuántas personas podrían beneficiarse de la nueva medida ni dónde se encontraban, pues muchas de ellas podrían haber regresado a sus países de origen (véase Ap, 2021).</footnote>
riamente a territorio estadounidense para proseguir con sus trámites legales de asilo (Torre Cantalapiedra, 2022).

La excepción al Título 42 dio lugar a una nueva configuración de provisión de servicios. El gobierno de EE.UU. dejó en manos de diversas asociaciones civiles –entre ellas, las de la CHA y la organización de servicios legales con que colaboró en 2019– la tarea de identificar y seleccionar a migrantes con perfiles idóneos, cuyos casos enviarían a la ACLU antes de que ésta, a su vez, los remitiera a las autoridades estadounidenses. El gobierno ni siquiera proporcionó directrices sobre cómo realizar el escrutinio de perfiles vulnerables para su admisión, por lo que cada organización civil implementó sus propios cuestionarios y criterios según el área, la especialización o el tipo de activismo en que estuviera más enfocada (médico-humanitario, legal, psicosocial, etcétera) (Torre Cantalapiedra, 2022, p. 17). De acuerdo con las pautas elegidas por cada organización, los migrantes del campamento se presentaban como personas que no hablaban español, que pertenecían a la comunidad LGBTI, que habían sufrido amenazas en México, mujeres embarazadas, enfermos de gravedad, etcétera. Éste constituye un nuevo caso de “agencia paradójica” que se ajusta a las preconcepciones de quienes ven en la performatividad del sufrimiento y la propia “nuda vida” de los migrantes un entramado de formas de poder biopolíticas y disciplinarias (Schindel, 2017 citada en Torre Cantalapiedra, 2022, p. 17).

De esta forma, lograron cruzar a EE.UU. cientos de personas, incluyendo aquéllas que se habían reasentado en el campamento de El Chaparral tras esperar durante años en Tijuana a que se reactivaran sus solicitudes de asilo. Ante la gran afluencia de personas, atraídas por la posibilidad del proceso legal, algunas organizaciones civiles dejaron de prestar sus servicios de “cualificación para la vulnerabilidad” en el campamento, considerando concluida su labor con quienes lo habían conformado desde sus inicios. La situación se agravó después de que la excepción al Título 42 fuera cancelada por las autoridades estadounidenses en agosto de 2021, pues la administración de Biden no pudo reactivar los procesos de asilo, ni siquiera de la manera limitada y tortuosa en que se hizo durante el gobierno de su antecesor en la Casa Blanca, con el sistema de turnos y los MPP (Torre Cantalapiedra, 2022).
Durante la jornada de servicios del 11 de diciembre de 2021, las asesorías en que participé incluyeron decir a las personas asentadas en El Chaparral que, hasta nuevo aviso, no se admitían más solicitudes de asilo en EE.UU.: podrían “preparar todo” para cuando –o por si– se reiniciara el proceso, además de encontrar alternativas de residencia al precario campamento ante la inminencia del invierno. Una vez concluida la jornada, durante una conversación entre integrantes de algunas de las organizaciones participantes, una de ellas comentó que “ni el modelo de la Coalición Pro Defensa del Migrante sirve ya”. Los albergues y espacios de acogida en Tijuana están saturados y no existe alojamiento suficiente o asequible para la mayoría de los migrantes. Mis interlocutoras hablaron de una “situación insostenible” en la ciudad, culpando al gobierno de ir siempre a rebufo de los acontecimientos y de no actuar “hasta que estalla la crisis”.<fnref n="32" />

El 6 de febrero de 2022, a casi un año de su establecimiento, el campamento de El Chaparral fue desmantelado; sus ocupantes fueron desalojados en plena noche, cuando buldóceres y grúas derribaron y retiraron las tiendas de campaña con los enseres que había en su interior, en un operativo en el que participaron alrededor de 200 agentes –entre policía municipal (con equipo antimotines) y Guardia Nacional– y diversos funcionarios gubernamentales. La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, prometió en declaraciones públicas que su administración apoyaría a las personas del campamento, tanto para permanecer en Tijuana como para retornar a sus lugares de origen; aquéllas fueron trasladadas al Centro Integrador para el Migrante –un centro público establecido en 2019 para ofrecer diversos servicios, según un modelo similar al de la Coalición Pro Defensa del Migrante– y cuatro albergues pertenecientes en su mayoría a organizaciones religiosas.<fnref n="33" /> Sin embargo, estas opciones “no necesariamente garantizan largas estancias; lo

<footnote n="32">³² D. C., comunicación personal, 11 de diciembre de 2021.</footnote>

<footnote n="33">³³ El Centro Integrador para el Migrante depende de la administración federal y está destinado a proporcionar hospedaje, alimentación y atención a la salud, además de educación y vinculación laboral (véase: https://www.gob.mx/stps/prensa/abre-centro-integrador-en-tijuana-con-servicios-de-hospedaje-alimentacion-salud-empleo-y-educacion-229899?idiom=es).</footnote>
que puede propiciar que con el tiempo los migrantes se vean orillados
a [...] situaciones más precarias y peligrosas que las de residir en el
campamento” (Torre Cantalapiedra, 2022, p. 29).

Conclusiones

Muchos estudios críticos sobre los regímenes fronterizos contienen un
 giftaje normativo, pero éste raramente se justifica y sus conclusiones
 apenas se hacen explícitas (Hoesch & Laube, 2019). Si el humanita-
rismo es un dominio de gobierno desplegado como complemento de
 la militarización fronteriza, entonces, ¿qué postura adoptamos frente
 a la intervención de los actores humanitarios? Si tuviera que expres-
sar mi propia posición, diría que muchas intervenciones del *activismo*
 –acciones humanitarias incluidas– son defendibles, entre otras razones,
 porque suponen una contribución a la generación de condiciones para
 la ampliación relativa de la autonomía de migrantes y refugiados en
 contextos hostiles o desconocidos para ellos; que, cuando en nuestras
 voces autoritativas, los académicos hablamos del despliegue del hu-
 manitarismo como integrante de un orden de dominación global, o
 como complemento de la militarización, intervenimos en contiendas
 políticas con profundas consecuencias para aquellos cuyos esfuerzos y
 convicciones ponemos así en entredicho; y que, por tanto, las represen-
taciones domino-céntricas del humanitarismo resultan políticamente
 contraproducentes y éticamente cuestionables, además de empírica-
mente parciales o difíciles de sostener.

Más que explicarse, el “humanitarismo” –o todo lo que se agrupa
bajo este término– se sustituye a menudo por una *función* expresada
en términos de artefactos de poder –por ejemplo, la reproducción de
prácticas y efectos de control–, por lo que no llegamos a conocerlo sus-
tancialmente, en términos de sus propiedades, más allá de sus supuestas
utilidades políticas y efectos instrumentales; dichos efectos, como los
de las políticas de asistencia y cooperación en general, “tienen que ser
socialmente producidos por una multitud de actores intermediarios”
(Mosse, 2005b, p. 15). Resulta necesario comprender la configuración
de las fronteras no sólo como privilegiados dispositivos de regulación,
sino además como espacios asistenciales y sociolegales, desde la pers-
pectiva de los mundanos acontecimientos y relaciones de la vida institucional, las dinámicas organizativas y la provisión de servicios mediante complejas modalidades de defensoría, disposiciones estatales, participación ciudadana, activismo y trabajo comunitario.

Podemos situar esas relaciones y prácticas a lo largo de un continuum entre la experiencia biopolítica de los migrantes en un estado de excepción y su inclusión jurídica, política y social en términos de igualdad. En su cooperación con actores pertenecientes a otros modos de gobernanza, los activistas y trabajadores humanitarios pueden aproximarse —o no— a legitimar o reproducir la inclusión subordinada, el control y la regulación de las (in)movilidades humanas. Aún ha de reconocerse que el trabajo de activistas y ONG puede incorporarse a los mecanismos y estrategias de intercepción, deportación y reasentamiento coordinados por acuerdos intergubernamentales, por lo que pueden darse complejas relaciones entre la provisión de servicios y la producción de sujetos gobernables en las militarizadas fronteras contemporáneas.

Por ello, es preciso no desdeñar un posible vínculo entre las nociones de gobernanza inspiradas por la teoría política y la definición que he privilegiado aquí. El uso del término para referirme a modos institucionalizados de acción social orientada a la provisión de servicios colectivos supone, también, la producción e implementación de normas vinculantes, programas regulativos y códigos o racionalidades gubernamentales. Mi acepción más empíricamente amigable de la gobernanza, sin embargo, deja abierta la cuestión de si, y hasta qué punto, las personas a quienes se dirigen dichos códigos y reglas muestran obediencia y conformidad hacia ellos. Esto haría posible contrastar la interpretación más compleja del activismo como un campo fluido existente “en un permanente estado de cooptación, infiltración pero también provocación con el Estado” (Walters, 2011, p. 149).

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AUTORAS Y AUTORES

Alejandro Agudo Sanchíz es doctor en Antropología Social por la Univer-
sidad de Manchester, Gran Bretaña, en cuya Escuela de Ciencias Sociales
fue además investigador honorario entre 2005 y 2008. Ha trabajado
como consultor para diversas organizaciones civiles e instituciones pú-
blicas en México en los campos del desarrollo social y la seguridad ciu-
dadana. Actualmente, es profesor investigador en el Departamento de
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores de México y coordinador,
para este país, del Grupo de Trabajo “Antropología del Estado y de las
instituciones”, de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Sus
áreas de interés incluyen el Estado, las políticas públicas, las organiza-
ciones civiles y las comunidades profesionales de los sectores público
y privado. Es autor del libro *Una etnografía de la administración de la
pobreza* (2015).

Catherine Bourgeois es antropóloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Libre de Bruselas, en cuyo Instituto de Sociología también ha sido investigadora posdoctoral (2017-2020). Es integrante del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales “Migraciones y Fronteras Sur-Sur” (2023-2025), investigadora asociada en el Unité de Recherche Migrations et Société (URMIS), París/Niza, Francia) y en la Maison des Sciences Humaines de la Universidad Libre de Bruselas. Es, asimismo, investigadora invitada en el grupo de trabajo “Movilidades y reconfiguraciones de las ciudadanías”, del Laboratorio Mixto Internacional MESO (2019-2023). Sus trabajos se desarrollan en torno a las relaciones étnico-raciales en República Dominicana y Haití (desde 2004), las relaciones dominico-haitianas, las
dinámicas fronterizas, la migración haitiana en República Dominicana, las políticas migratorias dominicanas y el nacionalismo (desde 2007). Desde 2019 se enfoca en la migración haitiana y los procesos de solicitud de refugio en México. Ha impartido clases y cursos en universidades de Bélgica, México, Colombia y República Democrática del Congo. Publica y comunica sus trabajos en francés, español, inglés y creol haitiano.

Yerko Castro Neira ha trabajado en torno a las migraciones desde hace más de veinte años, cuando llegó a vivir a México. Desde entonces, su atención ha estado enfocada en la comprensión de los fenómenos de migración internacional, los estudios sobre la ley, la violencia y el análisis del Estado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y profesor investigador en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. Ha sido investigador huésped en el Laboratorio URMIS de la Universidad París VII. Es miembro de la red del Proyecto “(In)Movilidad en las Américas y COVID-19” y del Laboratorio Mixto International MESO. Ha trabajado con migrantes en Estados Unidos y en la frontera norte de México. Sobre todos estos temas ha escrito artículos, libros y ha dirigido tesis y trabajado con alumnos del posgrado de Antropología de la Universidad Iberoamericana y de otras instituciones.

Soledad Álvarez Velasco es geógrafa humana y antropóloga social. Su investigación analiza la interrelación de movilidad, control y transformaciones espaciales en las Américas. En particular, indaga la intersección entre la migración indocumentada en tránsito, los regímenes de control fronterizo, la formación de corredores migratorios y los impactos de la externalización de la frontera de Estados Unidos en la región, así como las luchas migrantes en estos espacios transnacionales. Entre sus últimas publicaciones constan el libro *Migración*. Colección Palabras Clave (Universidad Autónoma Metropolitana y Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales [CLACSO], 2021), en coautoría con Ulla Berg e Iréri Ceja; y los capítulos “Between hostility and solidarity: The production of the Andean region-southern cone transit migratory corridor”, en *Migration in South America* (IMISCOE Research Series, 2022) y “En búsqueda de un lugar: tránsitos irregularizados por las Américas”, en *Movilidades, control fronterizo y luchas migrantes* (CLACSO
y Siglo xxi Editores, 2022). Es profesora adjunta en los Departamentos de Antropología y de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la Universidad de Illinois, Chicago. Es miembro del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador.

**Andrea Buchetti** tiene una maestría con título de honor en Disciplinas Etnoantropológicas por la Universidad de Roma La Sapienza y es estudiante del doctorado en Historia, Antropología y Religiones en la misma universidad. A la fecha, es académica visitante en la University of California, Davis y estudiante visitante en el Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, para llevar a cabo su proyecto de investigación sobre la producción y el consumo de la práctica del skateboarding en la frontera oeste México-EE.UU. Además, desde 2019 participa en el proyecto de investigación sobre antropología del mar y fronteras mediterráneas *Ermenautica-Saperi in Rotta*.

**Edgar Córdova Morales** es doctorante en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en Ciudad de México. Actualmente, escribe su tesis doctoral sobre las resistencias migratorias y la producción de regímenes fronterizos en la frontera sur de México y en el Mediterráneo central. Sus principales intereses de investigación se centran en las migraciones, los estudios críticos de la frontera, la antropología jurídica y la raza. Es miembro del Grupo Internacional de Formación en Investigación "Temporalidades del Futuro en América Latina" (un programa binalcional de investigación y estudio germano-mexicano en la Universidad Libre de Berlín), así como becario del Instituto de Investigación sobre el Magreb Contemporáneo en Túnez. En 2018, fue acreedor al premio a la mejor tesis de maestría, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México.

**Lorenzo Gabrielli** es investigador en el GRITIM de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona e investigador asociado en el Centro Émile Durkheim de Sciences Po-Bordeaux Francia. Sus áreas de investigación abarcan la frontera y los procesos de fronterización entre Europa y África, tanto desde un punto de vista material como simbólico, la gobernanza multinivel de la migración internacional en el espacio eu-
ro-africano y la geopolítica de la migración en el Mediterráneo, entre
otras cuestiones relacionadas con los fenómenos migratorios.

Odile Hoffmann es doctora en Geografía y licenciada en Lingüística, así como directora emérita de investigación en el Institut de Recherche pour le Développement Francia, (IRD, www.ird.fr), y en la Universidad de París (URMIS). Ha sido investigadora huésped de El Colegio de México, de la Universidad del Valle (Cali, Colombia) y del CIESAS (México). Es fundadora y actual codirectora del Laboratorio Mixto Internacional MESO, que une al IRD y al CIESAS con las universidades de Costa Rica (UNA y UCR) en temas de circulación y migración en México y países centroamericanos (www.meso.hypotheses.org). Trabajó temas de dinámicas agrarias y políticas locales en Veracruz (1980-90) e investigó las políticas del multiculturalismo y las relaciones étnico-raciales en América Latina, particularmente para las poblaciones y comunidades negras (con estudios de caso en Colombia, México y Belice, 1990-2000). Desde hace veinte años combina ambas entradas (las dinámicas políticas rurales y las identificaciones étnico-raciales) para interpretar las transformaciones de los territorios y las sociedades frente a los fenómenos de racismo y desigualdades, en particular en contextos de migración. Ha ocupado la Cátedra Aguirre Beltrán en México y fue directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA). Ha publicado libros y artículos en Francia, México, Colombia, Brasil, Rusia y EE.UU.

Jasmine Iozzelli, tras graduarse en la Universidad de Roma La Sapienza, comenzó en 2020 un doctorado en Ciencias Antropológicas en la Universidad de Turín, con una tesis sobre políticas, prácticas y representaciones desde el mar Mediterráneo, en la que investiga las interacciones entre migrantes y activistas en el contexto de los rescates marítimos. Los principales aspectos de su investigación ponen en diálogo a la antropología de las migraciones, la del mar y la humanitaria. Al mismo tiempo, ha participado como tripulante en varias misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo central a bordo de buques de ONG y de la sociedad civil. Además, ha sido parte de la creación del proyecto de investigación *Ermenautica-Saperi in Rotta* de la Universidad de Roma La Sapienza, cuyo objetivo es investigar, a bordo de un velero, el mar como campo
etnográfico confrontando las diversas realidades que animan y atraviesan el Mediterráneo.

Fiorenza Picozza obtuvo el doctorado en geografía por el King's College de Londres, la maestría en Migración y Diáspora por SOAS, Universidad de Londres, y la licenciatura en Filosofía por la Universidad de Roma La Sapienza. Ha sido becaria posdoctoral en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora visitante en la Universidad de Houston y autora del libro *The Coloniality of asylum. mobility, autonomy and solidarity in the wake of europe's "refugee crisis"* (2021). Sus líneas de investigación giran en torno al refugio, las fronteras y los procesos de racialización. Sus investigaciones surgen de una larga experiencia en redes de solidaridad con personas refugiadas en Europa, en particular como educadora social. Ha llevado a cabo trabajo de campo etnográfico con refugiados y migrantes de diversos orígenes, así como con activistas, voluntarios, trabajadores sociales y abogados en Hamburgo, Roma y Londres.

Pedro Roa Ortega obtuvo la licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Su labor investigadora aborda temas de movilidad humana transnacional, teología política y filosofía de la religión. Ha hecho trabajo de campo en Tijuana y otras zonas de la frontera México-Estados Unidos, enfocado en las movilidades humanas procedentes de África occidental y el Triángulo Norte de Centroamérica.

María Teresa Rodríguez López es doctora y maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciada en Antropología por la Universidad Veracruzana, ambas en México. Es profesora investigadora del CIESAS, Unidad Golfo, con sede en Xalapa, Veracruz, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 1998. Forma parte del Laboratorio Mixto Internacional (MESO), integrado por académicos y académicas del IRD, el CIESAS y las universidades de Costa Rica (UNA y UCR). En dicho laboratorio coordina el Grupo de Trabajo "Movilidades y reconfiguraciones de la ciudadanía", en colaboración con Odile Hoffmann. Ha investigado sobre temas re-
lacionados con el multiculturalismo, relaciones interétnicas, procesos
rituales, diversidad religiosa y dinámicas de movilidad, con estudios de
caso en Veracruz y Oaxaca en México, y en Guatemala. Privilegia el
enfoque etnográfico para acercarse al estudio de las transformaciones
sociales y culturales frente a los fenómenos migratorios y las desigualda-
des estructurales. Ha publicado libros, capítulos de libro y artículos en
revistas especializadas sobre los temas antes descritos.

Sergio Salazar Araya es doctor en Antropología Social por la Universi-
dad Iberoamericana, Ciudad de México, y maestro en Ciencias Políticas
por la Universidad de Costa Rica. Sus temas de investigación son demo-
cracia y procesos de democratización en Centroamérica, políticas de seguri-
dad y pandillas juveniles en Centroamérica, migración centroamericana
en tránsito, modelos punitivos y políticas penitenciarias en Costa Rica,
y población penal juvenil en Costa Rica. Actualmente es docente de la
Escuela de Ciencias Políticas e investigador del Centro de Investigacio-
nes y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

Amarela Varela-Huerta es profesora investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y doctora en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Las líneas de investigación que configuran su quehacer académico son la migración, los movimientos sociales y los feminismos.
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UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA
CIUDAD DE MÉXICO

MOVILIDADES HUMANAS EN CRISIS.
ESTUDIOS COMPARADOS EN LAS FRONTERAS DE LAS AMÉRICAS Y EUROPA de Yerko Castro Neira, Alejandro Agudo Sanchíz y Catherine Bourgeois (coordinadores).
MOVILIDADES HUMANAS
EN CRISIS

ESTUDIOS COMPARADOS EN LAS
FRONTERAS DE LAS AMÉRICAS Y EUROPA

En este libro se hace un esfuerzo por poner luz a las distintas formas de gobierno de las migraciones alrededor del mundo. Para ello, en esta obra se reúnen 12 estudios que analizan críticamente el control migratorio contemporáneo, el cual contrastan con las respuestas migrantes, sus formas de lucha y organización, en el marco del mundo humanitario que les defiende y apoya.

Los capítulos del libro provienen de estudios de caso en las Américas: algunos localizados en varias regiones diferentes de México y en la frontera norte con Estados Unidos, en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, y en el corredor migratorio de Ecuador hacia los países del norte. Otra parte de los estudios de caso provienen de las fronteras de Europa: Ceuta y Melilla, el sur de Italia, la Isla de Lesbos en Grecia, el Mar Mediterráneo y distintas grandes ciudades de Europa a donde llegan migrantes como Roma, Hamburgo y Londres.

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UNIVERSIDAD
IBEROAMERICANA
CIUDAD DE MÉXICO

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www.lmineso.hypotheses.org
Laboratoire Mixte International
Laboratorio Mixto Internacional