genes y los textos, en diálogo con los periodistas de dos regiones que son epicentro del genocidio en curso contra migrantes y refugiados. Este capítulo aborda la representación de las migraciones en la prensa escrita, sus dinámicas productivas y sus efectos en los imaginarios sociales contemporáneos sobre la movilidad humana.

## A modo de introducción.

## ¿Qué es eso de espectáculo fronterizo?

El espectáculo fronterizo es una categoría de análisis con la que nombramos, en los estudios migratorios y fronterizos, a las formas de banalización de la violencia contra las y los migrantes en el mundo (Hess, De Genova & Hess, 2015, citado en Casas-Cortés et al., 2015). Desde nuestra perspectiva, este abordaje tiene un peso cada vez más relevante en los mecanismos narrativos que fundamentan el enfoque de las migraciones en términos de “crisis” y de la consecuente excepcionalidad en términos legales y necropolíticos<fnref n="2" /> de la gubernamentalidad migratoria en ambos lados del Atlántico. Hay una instrumentalización de la representación mediática de la muerte y la violencia contra los migrantes para justificar las formas en que se gobiernan y “gestionan” las migraciones en el mundo.

Entre muchos ejemplos de espectáculo fronterizo que hemos analizado, están los casos de los saltos de las vallas de Ceuta y Melilla, de las llegadas de migrantes en piraguas en las islas Canarias, de los rescates de migrantes por parte de las ONG en el Mediterráneo central, de las llegadas de personas refugiadas a Lesbos, de la contrainsurgencia militar

<footnote n="2">² La necropolítica es una propuesta analítica del camerunés Achille Mbembe (2011), quien sostiene que, además de gobernarse la vida humana y de la naturaleza en el capitalismo (la biopolítica de Michel Foucault de 1979), el Estado y el mercado aspiran a gobernar *desde la muerte* de cierto tipo de sujetos y dimensiones de la naturaleza en lo contemporáneo. Esta propuesta completa la economía política del sujeto y la propuesta teórica de Michel Foucault sobre el biopoder, la vida y las relaciones de poder. Por eso, la necro (muerte), política (gobierno) se refiere a las estrategias, dispositivos y relaciones de poder con que se gobiernan poblaciones enteras y también al cuerpo, al sujeto.</footnote>
desplegada contra caravanas migrantes en México y Guatemala, de la cobertura de las consecuencias de desastres naturales en Centroamérica –como los huracanes Iotta y Eta de 2020, que provocaron las caravanas reprimidas en la frontera que divide a México de Guatemala–, de la cobertura de masacres contra migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos transitando por México. Desde nuestra perspectiva, todos estos episodios son ejemplos claros de la teatralización profunda de la representación del fenómeno migratorio en los medios masivos de información y de las modalidades contemporáneas de fronterización de los imaginarios colectivos para pensar dicho fenómeno.

Un componente fundamental de este espectáculo fronterizo es la narrativa de los medios de comunicación de masas y, en particular, las representaciones periodísticas (textuales, fotográficas y audiovisuales) en el periodismo hipertextual o nativo-digital que hoy se practica.<fnref n="3" />

Ya hemos estudiado estos procesos en ambos lados del Atlántico antes (Binimelis-Adell & Varela-Huerta, 2021). En este capítulo nos interesa contribuir con pistas para seguir comprendiendo los mecanismos de este espectáculo fronterizo, concretamente en la frontera entre España y Marruecos y en la frontera de Estados Unidos y México, dos fronteras de corredores migratorios densamente transitados y reporteados.

Bernd Hess, Nicolas De Genova y Sabine Hess (Casas-Cortés et al., 2015) definen el espectáculo fronterizo como un performance en el que operan símbolos, lenguajes y dispositivos de gubernamentalidad migratoria para la producción legal de la ilegalidad que se imprime en las vidas cotidianas de las personas migrantes y refugiadas.

Entre estos dispositivos necro y biopolíticos para gobernar sus movimientos, están la espera (administración del tiempo), la denegación del derecho al asilo (administración de la subjetividad jurídica) y sus procesos burocráticos (administración del espacio y los roles sociales) (Estévez, 2018).

En este marco, el espectáculo fronterizo sirve para volver operativas e imprimir nueva vida a las nociones de pertenencia a una comu-

<footnote n="3">³ Por periodismo hipertextual nos referimos al periodismo virtual que hace uso del hipertexto, o la capacidad de la cibernética para enlazar textos e imágenes para las audiencias; el así llamado periodismo nativo digital.</footnote>
nidad política, la ciudadanía liberal moderna; al mismo tiempo que es una vitrina para proyectar y fijar en el imaginario colectivo de esa comunidad política la securitización de la migración como una medida imprescindible para mantenerse a salvo de los “otros”, los extraños que amenazan. Finalmente, el espectáculo fronterizo proyecta para las sociedades del *clickbite*<fnref n="4" /> la necesidad de la existencia de la así llama-da “industria del rescate y el humanitarismo” (López-Sala, 2020; Nyberg-Sorensen & Gammeltoft-Hansen, 2012).

Así, el espectáculo fronterizo es un dispositivo concreto del régimen global de fronteras, que sirve para el gobierno de los “otros” (personas refugiadas, migrantes y deportadas), al tiempo que es un dispositivo para resemantizar la noción del nosotros “ciudadanos” en tiempos de globalización y virtualización de la existencia humana. Las tecnologías de este dispositivo son muchas, desde la teatralización de la defensa militar de la frontera, hasta la hiperexposición mediática de la ingeniería biométrica en las fronteras internas y externas de los corredores migra-torios, pasando por la construcción de relatos e imágenes de quienes las desafían: los migrantes, como peligrosos y/o víctimas indefensas.

El espectáculo fronterizo es una forma de nombrar los relatos mediáticos que hacen la cobertura del momento mismo de naufragios, detenciones en altamar, cuerpos deshidratados en el desierto de América del Norte o el Magreb en primer plano, bebés escupidos al mar o niñas infladas por el agua del Río Bravo; todas son formas de violencia de Estado que, en cambio, es traducido por los medios de información como “medidas estatales” que persiguen gobernar la migración hasta que se vuelva “segura, ordenada y regular”. Relatos que pocas veces apuestan por ejercer un periodismo de investigación que aborde las causas, los perpetradores y las estructuras que provocan estas tragedias.

<footnote n="4">⁴ Los estudiosos de la comunicación conciben a las sociedades hiperconectadas como dependientes del *clickbite* (el conteo de impacto en las publicaciones de los medios y redes sociodigitales). Una aproximación interesante a este fenómeno, que explora el estado del arte en la discusión sobre racismo, xenofobia y medios nativo digitales, puede leerse en el texto “¡MigrEmos! Emociones y migraciones en un mundo imago-céntrico. Un estado del arte”, de Laura Gherlone: https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/13880/1/migremos-emociones-migraciones.pdf</footnote>
Que pocas veces parten del relato mismo de las personas migrantes, tal y como lo demuestra el hecho que ocho de cada diez noticias sobre migraciones en España o México reportan voces directamente migrantes (Inmigracionalismo, 2022; González, 2022) y que escasamente dan seguimiento a los procesos de asentamiento e integración de migrantes y refugiados más allá de las fronteras terrestres.

El espectáculo de la frontera es uno de los dispositivos centrales para la transformación de la semántica en torno a la migración, otrora un tema laboral cuando nuestros abuelos fueron braceros y, hoy, un problema de seguridad nacional. El espectáculo de fronteras re/presenta la migración como algo gestionado paralegalmente por “mafias” que llaman “redes de trata y tráfico de personas”, las cuales representan una modalidad criminal a la que es necesario responder con lógicas militares. Al mismo tiempo, a los clientes de estos traficantes se les representa, según el caso, como víctimas o criminales que contrataron servicios de coyotaje y cayeron en la desgracia de volverse víctimas de estos servicios.

La figura del “coyote” como criminal y del migrante como víctima que contrata a criminales para ser traficado está instalada en nuestras cabezas, corazones y almas. En eso el espectáculo fronterizo ha conseguido domesticar nuestras “formas de ver” la migración. Un ejemplo de ello es cómo en México la bestialización de la migración fue posible por la hiperexposición mediática de una de las muchas vías de transmigración, la que usan desde hace dos décadas sólo el 30% de los migrantes de este país tapón: el tren de la empresa Ferrovías, llamado coloquialmente “La Bestia”. Otro ejemplo de espectáculo fronterizo es lo que los colegas en España han llamado la paterización de la migración, también una hiperexposición de esta forma de transmigrar en detrimento de la mayoría que transita en terminales áreas del sur de la Europa Schengen.

Por eso, el espectáculo fronterizo ha consolidado la justificación de responder a la necesidad de asilo y refugio de quienes huyen de guerras diversas con tanques militares y agentes fronterizos, armados para “defenderse” de las “avalanchas migratorias”. Al mismo tiempo, ha complejizado la trama de la industria de la migración y el rescate humanitario, volviéndolo un enjambre difícil de cartografiar y comprender, pues sus servicios y alcances son difíciles de rastrear mediante
el periodismo y la investigación sociocientífica, ya que están entre
subrogados por los estados y privatizados por agencias internacionales
y ONG que son consorcios mundiales. Como sugieren Hess, Kasparek y
De Genova (citados en Casas-Cortés et al., 2015):

Más allá del Estado y sus agencias de seguridad, han surgido
otras instancias del espectáculo fronterizo que hacen hincapié
en la violencia, el sufrimiento y la muerte en la frontera. Esto
es lo que William Walters ha denominado el “nacimiento de la
frontera humanitaria” (Walters, 2011). La frontera humanitaria
está menos interesada en las preocupaciones de seguridad militar
o política, y en cambio se centra en una perspectiva sobre los
migrantes como víctimas, almas perdidas individuales que deben
ser rescatadas y atendidas. Este espectáculo particular da lugar a
lo que Walters describe como el poder neopastoral ejercido por
las ONG y los individuos, no por actores estatales, pero en la ma-
yoría de los casos con una referencia explícita a normas supraes-
tatales como derechos humanos o el derecho internacional. En
el proceso, sus imágenes se transmiten a través de los medios
de comunicación y campañas, creando redes transnacionales de
atención [traducción propia]. (p. 22)

De ahí nuestro interés teórico y político en abonar pistas, cartografías concretas sobre qué rostro tiene ese espectáculo fronterizo en los corredores migratorios que estudiamos desde hace dos décadas, el méxico-americano y el marroquí-hispano.

Entiéndase ésta como una cartografía, medio analógica y medio
virtual, que apuesta por coproducir pistas sobre lo contemporáneo en los
dos lados del Atlántico; no un estudio con una voluntad comparativa,
pues los escenarios son radicalmente distintos, sino apenas como un ejer-
cicio de puente, que intenta poner en diálogo nuestras perspectivas como
intérpretes pero, sobre todo, los “modos de ver” de los y las periodis-
tas que trabajan haciendo crónicas con urgencia sobre la migración. Un
diálogo también entre dos espacios fronterizados diferentes: la frontera
entre Marruecos y España, como caso paradigmático de la frontera entre
África y Europa, y la frontera entre México y EE.UU., como caso para-
digmático de la frontera entre América Latina y el norte del continente.
Artesanía metodológica.
Situando nuestro lugar de enunciación

Las preguntas centrales que buscamos responder en este capítulo son: ¿Qué formas concretas adquiere el espectáculo fronterizo en el trabajo periodístico y fotográfico de medios de comunicación en las dos fronteras estudiadas? ¿Cómo opera esa semántica de ilegalización y misera-bilización de las personas migrantes y refugiadas?

Para imaginar, indagar, analizar, comprender y explicar el espectáculo fronterizo que hace posible el periodismo sobre migraciones en las fronteras hispano-marroquí y la estadounidense-mexicana, combinamos dos técnicas: en primer lugar, un análisis documental sobre las grandes tendencias, tanto del espectáculo fronterizo, como de sus representaciones en algunos fragmentos fronterizos en ambos lados del Atlántico, centrándonos en la fronteras norte y sur de México, de un lado, y en los enclaves de Ceuta y Melilla y las islas Canarias, del otro.

Nos concentramos en estudios teóricos y empíricos relacionados con estos temas, pero también en el seguimiento de la iconografía que se publica en los medios de mayor circulación en las redes socio-digitales y de mayor tiraje en papel, y los así llamados nativodigitales.<fnref n="5" /> Para compilar y analizar este corpus, ejercimos la llamada “etnografía virtual” (Ruiz & Aguirre, 2015): una ciber-etnografía del trabajo de los fotógrafos, reporteras, editores, redactores y camarógrafos que cubren las rutas de los corredores migratorios de ambos lados del Atlántico.

En segundo lugar, para poner en diálogo nuestras dudas, nuestras hipótesis y los avances de esta investigación, realizamos entrevistas en profundidad semidirigidas, tanto formales como informales, con informantes clave: fotógrafos, fotoperiodistas, fotógrafos-activistas y reporteras. En la frontera española se realizaron en diferentes momentos entrevistas con Teresa Palomo (fotoperiodista y activista en la frontera sur); Brú Aguiló, miembro del colectivo Fotomovimiento (colectivo de fotógrafos activistas basados en Barcelona, pero activos

<footnote n="5">⁵ Revistas que ejercen un periodismo de investigación menos propio del diarismo y más afincado en la apuesta por investigaciones colaborativas, multisituadas y en profundidad.</footnote>
también en la frontera sur); José Palazón (miembro de la asociación Pro.De.In de Melilla y también fotógrafo y activista) y Antonio Ruiz (fotógrafo para medios nacionales españoles, en particular *El País*, en Melilla y Ceuta).

En el lado americano del Atlántico, en la Ciudad de México, entrevistamos a la reportera del *New York Times* y Bloomberg, la estadounidense Maya Averbuch; a Encarni Pindado, fotoperiodista independiente originaria de España, quien desde la década pasada trabaja poniéndole rostro a las mujeres migrantes que atraviesan o viven en México, cubriendo para medios sobre todo en lengua inglesa y que sostiene su propio proyecto llamado MigraZoom. Finalmente, entrevistamos a la fotoperiodista Mónica González Islas, fotoreportera de *El País* México y directora del documental “Geografía del Dolor”.<fnref n="6" />

Tanto entre los periodistas en Europa como entre las periodistas y fotoreporteras en América, el criterio de selección de la muestra se construyó con base en el seguimiento que hemos hecho de sus coberturas; es decir, responde al análisis del corpus de ciberetnografía, y también porque hemos coincidido en la cobertura de las violencias y las prácticas de desobediencia de esos migrantes “en terreno”, como le llaman los periodistas, o “en campo”, como le decimos los sociocientíficos. Si bien estas entrevistas no son el corpus central de nuestro capítulo, realizarlas y analizarlas nos permitió comprender la economía política de los medios que cubren migraciones en ambos lados del Atlántico.

Además del corpus etnográfico virtual y de las entrevistas con reporteras y fotógrafos, leímos las coberturas, las voces y las interacciones de las audiencias sobre información en materia de migración y refugio, usando nuestro bagaje conceptual de estudiosos de la comunicación y las prácticas culturales, además de los saberes que compartimos con quienes estudian la migración, considerando a las personas migrantes y refugiadas como productoras de epistemes en movimiento.

Como investigadores de la migración, desde el principio de este siglo, cuando nos conocimos en Barcelona, hemos acompañado las luchas de migrantes contra los dispositivos de fronteras internas y externas que buscan gobernar las vidas de quienes se atreven a desafiarlas

<footnote n="6">⁶ Sacbé Producciones, 2014.</footnote>
abiertamente. Desde entonces, hemos presenciado la progresiva ins-
trumentalización de las cuotas de dolor infligidas en migrantes, en sus
familias y en sus comunidades, para hacer circular mensajes (fotografías
y textos, clips audiovisuales, películas y series) de los "castigos ejem-
plarizantes", de las "consecuencias mortales" de quien se plantea desa-
fiar las normas de acceso y permanencia en las economías donde estos
desobedientes se quedan atrapados en la transitoriedad, como México
o Marruecos, o donde finalmente consiguen asentarse, como el espacio
Schengen o Estados Unidos y Canadá.

Por estas trayectorias de investigación, partimos de la intuición de que, además de la espectacularización de las consecuencias de migrar sin "papeles", los mensajes mediáticos puestos en circulación vuelven a poner la mirada en cuerpos cada vez más jóvenes —hasta fotografiar a bebés ahogados— y más vulnerabilizados, como las mujeres que intentan el tránsito solas o con sus hijos en brazos. Hay, pues, además de una espectacularización de la violencia contra las personas migrantes, una vo-luntad que devuelve a las víctimas la culpa de esa violencia institucio-nal. Y que busca en dicha representación desincentivar la migración por vías autónomas por parte de refugiados que huyen para salvar la vida. Desde nuestra perspectiva, los medios refuerzan la noción de ilegalidad y criminalidad que los gobiernos construyen para referirse a personas que buscan, migrando con o sin papeles, una vida que se pueda vivir.

Si de situar nuestro conocimiento se trata, nuestras miradas vie-
nen, de un lado, de las ciencias políticas –aunque contaminadas por la
antropología y las relaciones internacionales– y, del otro, del periodismo
y la socioantropología. Nuestro terreno común es la práctica etnográfí-
ca, tanto digital como la que se adapta a los escenarios donde transitan
y se atoran, o donde finalmente se establecen, las personas migrantes.
Hacemos activismo epistemológico, que definimos como la práctica
académica de investigación en la acción participante. Pero, además de
acompañar los procesos sociales para comprenderlos y cooperar para la
transformación de la realidad social, el activismo epistemológico se re-
fiere a la tarea de generar nuevos marcos de pensamiento que nos permi-
tan comprender, explicar y transformar los hechos sociales estudiados.

Sentipensamos las migraciones y las políticas y leyes que las in-
tentan "gestionar", para denunciar y desnormalizar las prácticas de vio-
lencia legal que se ejercen con las leyes que extranjerizan en contra de migrantes, refugiados y deportados (Menjívar & Abrego, 2012).

En este trabajo partimos de la puesta en diálogo de las realida-
des empíricas (a través de los corpus producidos) con los conceptos y
categorías con los que trabajamos. Si bien se trata de realidades mi-
cro y macrosociales profundamente diferentes, encontramos reflejos y
ecos en las prácticas de muerte que documentamos tanto desde España
como desde México, en la que consideramos una guerra global contra
las sociedades migrantes y sus comunidades; pero también reconoce-
mos espejos en las prácticas de vida, de resistencias, en las denominadas
luchas migrantes, por una vida que se pueda vivir y celebrar.

En concreto, y apenas como ejemplo de un amplio corpus, analizaremos cuatro imágenes que circularon en periodos similares en ambas orillas del Atlántico. Dos de ellas hacen referencia a rescates o naufragios en el Mediterráneo, y las otras dos a ahogamientos en el Río Bravo, y una de las muchas formas de violencia estatal que comparten México y Estados Unidos. Presentamos un análisis de estas imágenes icónicas que son ejemplo del espectáculo fronterizo.

Un modelo de análisis propio para navegar
la espectacularización de lo fronterizo

Nuestra investigación se sitúa en una frontera disciplinaria y epistémi-
ca, con un centro de gravedad común: las cuestiones relacionadas con
las migraciones y las fronteras, desde un punto de vista crítico. Nos
apoyamos en la literatura, todavía escasa en castellano, sobre el espec-
táculo fronterizo (Cuttitta, 2012, 2014; De Genova, 2013; Gabrie-
lli, 2021; Ritaine, 2010; Tazzioli, 2015; Tiszler, 2019; Van Reekum,
2016), dentro de un marco más amplio sobre el espectáculo político
(Edelman, 1985, 1988; Balandier, 1994), las representaciones visuales
de la frontera (Bleiker et al., 2013; Brambilla, 2021) y la necropolítica
puesta en juego con los escenarios de movilidad (Varela-Huerta, 2020;
Johnson & Reece, 2016).

Un primer eje que nos acerca es aquel relacionado con la constante producción de “crisis” en las zonas fronterizas, relacionadas con los cruces informales o indocumentados (Scott et al., 2018; Jeandesboz
& Pallister-Wilkins, 2016). Nos interesa, en particular, comprender los mecanismos de representación de estas “crisis migratorias”, ya que son una pieza fundamental en el espectáculo fronterizo y en la producción de un contexto social y político propenso al desarrollo de la excepcionalidad de la respuesta performativa del Estado.<fnref n="7" />

Este encuadre de los cruces fronterizos informales (que por su larga permanencia histórica ya tendrían que ser considerados como fenómenos estructurales) como “crisis”, como hechos imprevistos e imprevisibles, justifica una acción “de emergencia” y una respuesta “excepcional” por parte de los Estados. Nos referimos al uso de medidas “excepcionales” en el sentido de la producción de un estado de excepción, de facto y no de jure, en los espacios fronterizos, generando así zonas más amplias de agresión física y de indefensión legal para las personas migrantes y refugiadas (Ferrer-Gallardo & Gabrielli, 2018).

El segundo eje que nos une es la reflexión compartida sobre el gobierno global de las migraciones, que es la discusión teórica y política que piensa la suma de entramados de poder, dispositivos bio y necropolíticos y subjetividades legales y paralegales que suscriben la apuesta institucional de “migraciones seguras, ordenadas y regulares”. El gobierno global de las migraciones es el entramado de dispositivos, subjetividades y tecnologías para concretar la “gestión de las migraciones” (Domenech, 2018).

Tanto en Europa como en América, se ensayan formas de biopolítica contra las personas migrantes, que se basan abiertamente en un estado de excepción permanente, en la progresiva desciudadanización de franjas poblacionales cada vez más extensas (Moreno, 2014). Y para despojar de la humanidad inherente y sus derechos a esas personas que el capital y los Estados consideran “mano de obra”, se ponen en marcha dispositivos necropolíticos, lo mismo legales que administrados por “gobiernos privados indirectos”, una categoría de Achille Mbembe (2011) que desde hace tiempo instrumentamos para comprender la gestión paralegal de la migración (Varela-Huerta, 2017a).

<footnote n="7">⁷ Véanse Ferrer-Gallardo & Gabrielli (2018), para el caso de Ceuta & Melilla. Para un argumento más general, véase Ritaine (2009).</footnote>
El contexto de este texto. Geopolítica de la espectacularización de lo fronterizo

<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>Figura 1. *El archipiélago fronterizo español: los enclaves de Ceuta y Melilla y las Islas Canarias.*</figcaption></figure>

Ubicación de Ceuta y Melilla 2007

Nota. Los enclaves de origen colonial de Ceuta y Melilla, ubicados al norte de Marruecos, constituyen las únicas fronteras terrestres entre Europa y África, y son la puerta de entrada al territorio europeo para los migrantes que intentan desafiar las vallas fronterizas ahí desplegadas.

El trazado fronterizo que separa el Estado español de sus vecinos es particularmente extendido y variado; si una parte de sus confines son internos al espacio Schengen de libre circulación dentro de Europa (los que colindan con Portugal al oeste y con Francia al norte), otra parte mira hacia el continente africano. En particular, tres puntos han adquirido en las últimas dos décadas una gran visibilidad mediática y un peso político creciente. Nos referimos a: 1) El Estrecho de Gibraltar, donde 16 kilómetros de mar separan los dos continentes; 2) las dos ciudades-enclave de Ceuta y Melilla, territorios bajo soberanía española en el norte del territorio de Marruecos (soberanía contestada por este país); 3) las Islas Canarias, situadas en el océano Atlántico, frente a las costas de Marruecos y del Sahara Occidental. Aquí analizaremos los
dos últimos casos, que comparten, aparte de su carácter periférico, la cercanía terrestre o marítima con el continente africano.

Desde un punto de vista político, estos fragmentos fronterizos se caracterizan por la relevancia que han adquirido en relación con las llegadas migratorias. Sin embargo, la no correspondencia entre la dimensión de estos flujos –relativamente marginal en términos numéricos si es comparada con el total de entradas que se realizan principalmente con visado turístico– y su enorme peso político, señala la importancia del elemento simbólico que se moviliza en estos casos desde el poder político y desde los medios de comunicación. Estos fragmentos fronterizos se han construido como pieza clave del espectáculo fronterizo, tanto en el contexto español como en el de la Unión Europea.

En términos numéricos, más allá de algunos picos de llegadas en momentos bastante puntuales, en el caso de Ceuta y Melilla, hasta la aparición de la pandemia y la consecuente perturbación de todos los flujos humanos relacionados con los enclaves, hay cifras bastante constantes, tanto en términos de tentativas de cruces como de entradas cotidianas de trabajadores y de mujeres porteadoras (Moreno, 2020).<fnref n="8" /> Estas últimas son más relevantes desde un punto de vista cuantitativo, pero han sido históricamente invisibilizadas hasta la llegada del COVID-19, cuando prácticamente desaparecieron. Por una evaluación de 25 mil entradas diarias de trabajadores y porteadoras, hasta la pandemia de COVID-19, se registraban en promedio entre cuatro y cinco mil tentativas al año (Ferrer-Gallardo & Gabrielli, 2018).

La pandemia redujo en 2020 las llegadas de personas migrantes en los dos enclaves, además de cancelar de golpe los cruces cotidianos de trabajadores, ya que Marruecos sigue manteniendo cerrada su frontera con los enclaves desde la pandemia (Gabrielli, 2021a). Esta situación cambió a mediados de mayo de 2021, cuando, a lo largo de

<footnote n="8">⁸ Las porteadoras son mujeres que transportan mercancías de un lado al otro de las fronteras en sus hombros, con pesos inmensos; se trata de cargadoras, “diableras” se les diría en México, pero su trabajo hace posible una economía fronteriza en lo cotidiano y, como en otros casos, estas mujeres son criminalizadas, carecen de derechos laborales y, cuando su cuerpo deja de soportar las cargas inmensas de las mercancías, no hay amparo para ellas y sus familias.</footnote>
un día, más de 8 mil personas llegaron a Ceuta de manera informal, debido a que Marruecos dejó temporalmente de operar sus funciones externalizadas de control de las movilidades (Ferrer-Gallardo & Gabrielli, 2022). En el caso de Canarias, por su localización específica en las rutas migratorias, ha habido dos grandes picos de llegadas en las últimas décadas (uno en 2006 y otro en 2020), mientras que, en otros periodos, las llegadas han sido extremadamente reducidas.

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>Figura 2. México, de frontera vertical a país tapón.</figcaption></figure>

Nota. Muertes y desapariciones de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos, 2014-2018; cartografía de Mónica Piceno y Adrián Flores, Colectivo GeoComunes, Ciudad de México, 2018. Los datos provienen del Missing Migrants Project (Organización Internacional para las Migraciones). https://missingmigrants.iom.int/

México es el segundo territorio de expulsión laboral en el mundo, sólo después de la India, una sociedad con una de las diásporas más significativas que viven en el “exilio económico” en Estados Unidos; y, desde la puesta en vigor del neoliberalismo en la región mesoamericana, México alberga los corredores migratorios donde prima la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos de las personas
migrantes en tránsito. Desde hace dos décadas, estas personas conocen a México como “país frontera”, y nosotros proponemos llamarlo “país tapón” (Varela-Huerta, 2019), pues es cada vez más difícil ingresar a su territorio militarizado con 30 mil soldados de la Guardia Nacional, específicamente desplegados para “la gestión militarizada de la migra-ción”; salir sin los papeles en regla, es prácticamente imposible.

Este taponamiento deja en el desamparo a cientos de miles de personas que no acceden al ejercicio del derecho al asilo, pero tampoco pueden regularizar su situación migratoria en un país al que las personas migrantes siempre piensan como un territorio “de paso”, cuando en realidad es cada vez más amplia la diáspora de ciudadanos de todo el mundo, pero sobre todo de centroamericanos y sudamericanos atrapados en lo que hemos llamado la “transitoriedad permanente”: una suerte de estado liminal que, no obstante su supuesta invisibilidad, ha hecho crecer de manera sostenida desde hace por lo menos cinco años la demanda de la condición de refugiados en México en un tres mil por ciento en promedio.<fnref n="9" />

México es actualmente un país de expulsión para millones de seres humanos que van a trabajar en “contingentes” de trabajadores temporales a Canadá y Estados Unidos (Hernández, 2012); también expulsa a un número no calculado de personas por empobrecimiento y por desplazamiento forzado debido a la “Guerra contra las drogas”, de la que ya hemos dado antecedentes. Sin embargo, desde la firma de los tratados de liberalización económica en Centroamérica a partir de la década de 1990, México es también la principal reclusa, checkpoint, frontera mortal para más de un millón de personas que, en promedio, intentan cada año atravesar el país por tierra, mar y aire para entrar en Estados Unidos. Paradójicamente, es la economía mexicana la que se sostiene en las remesas de los mexicanos ilegalizados en Estados Unidos

<footnote n="9">⁹ De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-giados, este aumento refleja la tendencia ascendente prepandemia, que comenzó en 2014, y que continúa a la vez que el país expandió su capacidad para procesar las solicitudes de asilo e integrar a las personas refugiadas. Entre 2014 y 2019, el número de solicitudes de asilo registradas en México aumentó de 2 137 a 70 302, un incremento de más del tres mil por ciento (ACNUR, 2021).</footnote>
(pues es la principal fuente del PIB); al mismo tiempo, las instituciones mexicanas detienen y deportan a 8 de cada 10 personas que intentan llegar por tierra a Estados Unidos (Varela-Huerta, 2015, 2019). Estos intentos son, en su mayoría, un éxodo de ciudadanos centroamericanos que huyen de las precarias condiciones económicas, la inseguridad, la extorsión y la violencia, pero también de la dictadura de Juan Orlando Hernández en Honduras, así como de las sequías cada vez más recurrentes en el que llaman “corredor seco centroamericano” (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 2016).<fnref n="10" />

Es en este contexto que, a pesar de los cambios en las filiaciones partidistas de los gobiernos en turno, las cada vez más familiarizadas transmigraciones por este país tapón son gestionadas por un régimen abiertamente militar; es por ello que, como consecuencia, los trayectos y los peligros a los que se enfrentan los migrantes y refugiados en México son cada vez más letales. Desde esta década, además de secuestros, violaciones, asesinatos, masacres de migrantes y una suma de violencias estatales, también por parte de ciudadanos organizados y desorganizados, hemos sido testigos de naufragios colectivos en las costas del sur de México, y también de ahogamientos (son el segundo factor de muerte en los tránsitos de migrantes según las propias autoridades migratorias y sus escasos datos públicos) de unidades familiares en el Río Bravo, ese que separa a Estados Unidos de América Latina.<fnref n="11" />

Las cuotas de dolor que reclaman las migraciones por consecuencia de las necropolíticas de los gobiernos que expulsan a estas familias, los que los ven transitar por sus corredores migratorios y los que les esperan para explotarlos por carecer de papeles, son espectacularizadas. Los migrantes son retratados en México, América Central y Estados Unidos como víctimas atrapadas, como personas traficadas, como seres humanos despojados de humanidad. Abundan las imágenes de niños enjaulados en las

<footnote n="10">¹⁰ El Corredor Seco Centroamericano, en particular Guatemala, Honduras y El Salvador, está viviendo una de las sequías más graves de los últimos 10 años, dejando a más de 3.5 millones de personas en la necesidad de asistencia humanitaria (FAO, 2016).</footnote>

<footnote n="11">¹¹ Véase Bermúdez et al. (2020).</footnote>
baby-jails, que son continuamente mostradas en telediarios y medios impresos. Asimismo, se ha normalizado la idea de que las mujeres migrantes suman más de una violación sexual antes de llegar a sus destinos. Y todo ello es retratado por una especie de porno-necropolítica; hay un goce gore en la escopofilia del dolor migrante. La escopofilia es aquello que el feminismo fílmico nos ha enseñado a analizar como el “placer de mirar” (Mulvey, 1988). “La escopofilia implica la estimulación sexual, ya que alude a la utilización de otra persona como un objeto erótico” (Soto, 2013, p. 32).

Tal parece que narrar la migración desde este lado del mundo implica siempre tener que encontrar la historia más desgarradora. Tanto los editores como las audiencias parecen tener la mirada adiestrada para partir de la comprensión de los cuerpos migrantes como totalmente despojados de la dignidad humana, con la que se comprenden a sí mismos los espectadores de este espectáculo fronterizo. Aunque cabe también resaltar que las audiencias y los medios de información en esta región viven en estrés postraumático permanente, que no da tregua; y la semántica de la violencia contra las personas migrantes debe comprenderse en ese marco de lo que la teórica feminista Rita Segato ha llamado “nuevas formas de guerra” (2014), refiriéndose a los cuerpos de las mujeres en América Latina, pero que desde México puede entenderse como la neoliberalización de todas las formas de violencia en contra de cuerpos producidos como vulnerables, más nunca desechables.

## Espectáculo fronterizo en los dos lados del Atlántico: Un diálogo en torno a las resonancias entre Europa y América

Situadas las voces y los contextos a los que interpelamos para comprender la espectacularización fronteriza que nos preocupa, comparimos ahora el diálogo sobre la representación de la migración en ambos lados del Atlántico.
Desde Europa

El mercado de los medios hegemónicos parece privilegiar la frescura del tema, su urgencia, asociada al grado de dramatismo, que parece representar una variable central en la visibilidad o no de un episodio de llegadas en las fronteras. De todas formas, la atención se concentra principalmente en los momentos de los cruces (Ceuta & Melilla) o de las llegadas a puerto (en Canarias).

Es ilustrativo ver cómo la “crisis” de las Canarias se abrió paso en los medios solamente hacia el final del año 2020, mientras hoy, aun continuando el fenómeno, casi no hay visibilidad en los medios hegemónicos (pero sí la hay en medios marginales y comprometidos con estos temas, desde una perspectiva más analítica y crítica).

Si miramos al contexto semiótico, existe una hegemonía cultural en torno a las representaciones y las percepciones del fenómeno migratorio, o por lo menos de una parte muy marginal aunque extremadamente visible del mismo. Hay que plantearse ciertas interrogantes no sólo respecto de la tipología de imágenes y a su sobrerrepresentación o ocultación, sino también respecto a los marcos de recepción posibles de las imágenes.

La hegemonía produce dos posturas posibles preestablecidas de los receptores de las imágenes, que, aun pareciendo dicotómicas –migrantes como amenaza o migrantes como pobres desesperados que hay que “ayudar”–, son parte del mismo proceso de silenciamiento y ocultación de las personas migrantes y construyen versiones únicas sobre realidades muy complejas.

Con respecto a la cuestión de la hegemonía, en su intersección con las dinámicas de racialización y alterización, hay dos casos paradigmáticos acaecidos recientemente en las fronteras españolas que merece la pena citar. Ambos tienen en común el hecho de reproducir y seguir alimentando la imagen del salvador blanco frente al “otro”.

El primer caso es el de una imagen<fnref n="12" /> que retrata un joven senegalés abrazado por una joven voluntaria de Cruz Roja en la playa de Ceu-

<footnote n="12">¹² Véase Estaire, O. (2021, 24 de mayo). La historia del joven del abrazo en la playa de Ceuta. *El País*. https://elpais.com/espana/2021-05-24/la-historia-del-joven-del-abrazo-en-la-playa-de-ceuta.html</footnote>
ta, el día 19 de mayo de 2021. Esta foto<fnref n="13" /> se volvió viral en las redes, y la joven fue violentamente atacada –siempre en las redes– por perfiles de extrema derecha, mientras era defendida por las fuerzas progresistas, incluidos actores gubernamentales. Frente a este aparente antagonismo que no se centraba mucho en el análisis de la imagen, emergen las críticas de las comunidades radicalizadas y afrodescendientes respecto de la centralidad de la salvadora blanca, de la que se conocen su nombre (Luna), su historia, su punto de vista, su experiencia y sus emociones, mientras que del joven senegalés no se conocía ni el nombre ni el destino (hasta que un artículo publicado varios días después explicó que se llama Abdou y fue deportado “en caliente” horas después de tomar la foto) (Estaire, 2021).

El segundo caso es el de un miembro de la Guardia Civil<fnref n="14" /> que rescata a un bebé de pocos meses en el mar frente a Ceuta. Ciertos estereotipos son resaltados: el papel de las fuerzas de seguridad, blancas y “buenas”, como salvadoras de migrantes.

El texto que acompaña a la foto<fnref n="15" /> es bastante ilustrativo: “Juanfran es incapaz de saber a cuántas personas ha asistido en el agua durante estos dos días, pero al regresar esta mañana ha tenido tiempo para atender a los muchos medios de comunicación que querían entrevistar a quien se ha convertido en una de las imágenes, la más humanitaria, de esta grave crisis migratoria y diplomática entre España y Marruecos” (Ortega, 2021).

<footnote n="13">13 Véase Agencia EFE, España Migración Ceuta. Fotografía: Reduan Ben Zakour. https://ef.s.efeservicios.com/foto/espana-inmigracion-ceuta/8013404134. (Recuperado el 31 de octubre de 2023).</footnote>

<footnote n="14">14 Guardia Civil [@guardiacivil] (2021, 18 de mayo). Juan Francisco rescatan- do a un bebé del agua en Ceuta [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/guardiacivil/ status/1394650130985455624?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembe- d%7Ctwterm%5E1394650130985455624%7Ctwgr%5E898c5498dde052401b- 6511bad15740057d32f2bd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww. elmundo.es%2Fespana%2F2021%2F05%2F19%2F60a4c356fc6c83a0038b459a. html. (Recuperado el 31 de octubre de 2023).</footnote>

<footnote n="15">15 Véase Ortega, P. (2021, 19 de mayo). El guardia civil que rescató un bebé en el mar: “Estaba helado, frío, no gesticulaba”. *El País*. https://elpais.com/espa- na/2021-05-19/el-guardia-civil-que-rescato-al-bebe-en-el-mar-estaba-helado- frío-no-gesticulaba.html</footnote>
Hay sin duda una narrativa visual dominante, construida sobre varios elementos clave. En primer lugar, una unilateralidad de la visión: siempre se observa desde el lado español. Es muy difícil encontrar fotos desde el lado marroquí (en los casos de Ceuta y Melilla, donde la frontera es terrestre). En segundo lugar, la masculinidad de la representación (en particular en los casos de Ceuta y Melilla): contexto casi-bélico, jóvenes varones, hombre “controlando la frontera” (guardias civiles, militares españoles, fuerzas de seguridad y paramilitares marroquíes).

Existen unos elementos comunes siempre presentes: el dispositivo fronterizo (vallas); las personas que intentan el salto (generalmente en grupos bastante numerosos y con encuadres amplios que no permiten reconocer las caras; psicología social (empatía vs. miedo). Eventualmente, las fuerzas de seguridad (Guardia Civil y, en el caso de Ceuta en mayo 2021, también un gran número de militares españoles) y trabajadores/voluntarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y ONG (Cruz Roja, principalmente).

Sin embargo, hay igualmente novedades: en el caso de Ceuta de mayo de 2021, respecto de anteriores episodios del espectáculo fronterizo entre España y el continente africano, hay una presencia masiva de fuerzas militares españolas, con un equipamiento muy protectivo/agresivo, y claramente fuera de contexto con relación a las tareas que le eran encomendadas en ese momento específico y la supuesta amenaza (personas nadando, entre las cuales había muchos niños y adolescentes). Antes del episodio de Ceuta, los militares no habían aparecido en tareas de control de las fronteras en el caso español. Este es un elemento importante en la tendencia siempre creciente a la secularización de la cuestión migratoria. Se visibilizan también de manera más marcada los trabajadores de ONG y OSC, aunque estos siempre han tenido cierta visibilidad en las llegadas marítimas a Canarias, considerando sus tareas en los puertos a las llegada de los cayucos.

## Desde América

Cuando preguntamos a las periodistas entrevistadas para este trabajo sobre los criterios para informar en torno a la realidad en las fronteras norte y sur de México, ellas afirmaron que hay lógicas de mercado,
como en toda industria, que se imponen a los códigos deontológicos de las empresas periodísticas para las que trabajan.<fnref n="16" /> Por eso, nos explicaron, la estética privilegia el *clickbait* o *raitting digital* antes que la ética o el periodismo de servicio. A esta “línea editorial” es lo que llamamos porno-necropolítica y periodismo de bytes (o impacto en redes sociodigitales, que es como hoy también se establecen los barómetros de audiencias para la venta de espacios publicitarios).

En la agenda de los medios hegemónicos, la migración es una más de las escenas de lo social donde se combinan la corrupción, la impunidad, la desprotección estatal y las tramas de gobiernos privados indirectos, como las redes de coyotaje, que abundan en el país desde que se iniciara la también llamada “Guerra contra el narco”. Las personas migrantes son para el periodismo otro de los rostros cotidianos que ilustran las violencias contemporáneas en México, nos contaron las periodistas entrevistadas.

La movilidad y sus actores políticos, económicos, sociales y hasta culturales, son una realidad que atraviesa muchas de las coberturas de lo cotidiano. La representación de la migración en los medios mexicanos, al ser este –como ya dijimos– un país tapón con múltiples formas de migración atravesándolo, hace referencia a las remesas de mexicanos en el extranjero como la principal fuente de divisas que sostiene el PIB nacional, además de ser recurrente la representación de la migración centroamericana en los corredores migratorios que confluyen con las rutas del tráfico de armas y drogas en México. Además, hay una intensa cobertura de la migración, de las formas de administrarla, desde los gobiernos implicados, como moneda de cambio en la relación geopolítica de México con su principal “socio” comercial: Estados Unidos.

Es ahí, en la *migrantidad* –como define Lauren Heidbrink (2021) a la experiencia de las trayectorias de vida atravesadas por el exilio y la deportación–, donde mexicanos y migrantes de América Central, América Latina, Asía y África convergen. En la frontera norte de México, todas las personas migrantes o solicitantes de asilo son tratadas con la misma violencia legal. De ahí es que recuperamos dos imágenes y dos momentos.

<footnote n="16">16 Los códigos deontológicos son las normas éticas que suscriben los editores del medio o del gremio, según sea el caso, para la cobertura periodística de lo cotidiano.</footnote>
## Valeria y Óscar

El 25 de junio de 2019, desde Matamoros, Tamaulipas, Julia Le Duc publicó en el diario mexicano *La Jornada* una serie fotográfica en la que aparecieron los salvadoreños Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, de un año y 11 meses.<fnref n="17" /> Murieron ahogados en el Río Bravo al intentar cruzar la frontera e ingresar a Brownsville, Texas. Los cuerpos de ambos estaban hinchados, el río los escupió del lado de la rivera mexicana. Valeria y Óscar fueron encontrados como resultado de la búsqueda propiciada por la mamá de la pequeña, Tania Ávalos, quien presenció la muerte de su hija y su pareja sin poder salvarles. La fotografía rápidamente se hizo viral. El gobierno de Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, respondió indemnizando a la sobreviviente de una familia que, contaba la nota de Le Duc, esperó por meses la entrevista para solicitar asilo político en Estados Unidos y, tras permanecer en una de las regiones más letales del México contemporáneo por meses sin respuesta a su petición, intentó cruzar de esa forma para huir de ese corredor de la muerte.

Durante los días siguientes, otros medios de información reprodujeron la fotografía de Le Duc, usando los cuerpos hinchados de Valeria y su padre como ejemplo de los reiterados ahogamientos de migrantes que intentan cruzar, nadando, la línea que divide América Latina de Estados Unidos.<fnref n="18" /> En la reproductibilidad y viralidad de esa imagen se consolidó el mensaje de escarnio, de culpa, una forma de usar los cuerpos muertos como pedagogía de la crueldad, como sostiene Rita Segato (2018) para entender los feminicidios de Ciudad Juárez en el México contemporáneo.

<footnote n="17">¹⁷ Véase Le Duc, J. (2019, 25 de junio). Migrante salvadoreño y su hija mueren en el intento de cruzar a EU. *La Jornada Sin Fronteras*. https://www.jornada.com.mx/sin-fronteras/2019/06/24/migrante-salvadoreno-y-su-hija-mueren-en-el-intento-de-cruzar-a-eu-9107.html (Recuperado el 31 de octubre de 2023).</footnote>

<footnote n="18">¹⁸ El ahogamiento figura entre las primeras causas de muerte, según los poco datos de diferentes iniciativas de ONG que, a su vez, son usadas por las instituciones mexicanas para reportar el índice de letalidad en sus fronteras. Véanse Bermúdez et al. (2020).</footnote>
Pocos medios ofrecieron el contexto de la nota de Le Duc, en la que se explicaban las condiciones que habían obligado a la familia Martínez Ávalos a intentar cruzar nadando la frontera, condiciones en las que permanecen miles de familias en la franja fronteriza méxico-americana:

> El campamento del Puente Viejo fue desmantelado y ahora los extranjeros se limitan a esperar en los alrededores del cruce Puer ta México para ser llamados y poder ingresar a Estados Unidos a pedir asilo. En condiciones de hambre y hacinamiento, y bajo temperaturas de hasta 45 grados centígrados, los migrantes espe ran la oportunidad de ser escuchados y lograr mejores condicio nes de vida. (Le Duc, 2019)

Negrofobia en los dos lados del muro

En el otoño de 2020, en plena pandemia y luego de que el gobierno estadounidense sellara su frontera sur alegando, además de sus políticas migratorias, el conocido como Título 42 –un artilugio legal relacionado con el manejo de crisis sanitarias (Del Monte, 2021)–, se hacinaban a la intemperie, sobreviviendo debajo de un puente fronterizo, 15 mil personas migrantes y solicitantes de asilo de diversas nacionalidades. La mayoría de ellas procedían de Haití y habían logrado sortear a la *mi- gra*, los *coyotes* y la negrofobia (Joseph & Bersani, 2017) de la sociedad mexicana hasta llegar a ese punto de la franja fronteriza.

Semanas antes de que la foto de Paul Ratje,<fnref n="19" /> de la Agencia Francesa de noticias, en la que un agente a caballo de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos intenta evitar que un migrante haitiano llegue al campamento a orillas del Río Grande, cerca del puente que une Texas y México, se viralizara al reproducirse en medios hegemó-

<footnote n="19">¹⁹ Véase AFP (2021). Inmigración en 2021: las imágenes que estremecieron al mundo. Fotografía: Paul Ratje. https://www.afp.com/es/storytelling/inmigra-cion-en-2021-las-imagenes-que-estremecieron-al-mundo#section-1 (Recupera-do el 31 de octubre de 2023).</footnote>
nicos norteamericanos, se había producido la cobertura que los medios llamaron “crisis de los migrantes haitianos”, plasmada en reportajes fotográficos, clips audiovisuales desgarradores y notas periódicas que daban cuenta de las torturas infligidas a los haitianos que caminaban (literalmente) desde Brasil y Chile por los corredores migratorios que unen a Sudamérica con el centro y el norte del continente.

Se habían normalizado ya en los noticieros de televisión y en las portadas de los medios hegemónicos en México reportes sobre los “costos humanos” de la gestión militarizada del gobierno de Morena, el partido en el poder. Pero esta imagen fue especialmente espectacularizadora de la “gestión compartida” de la migración entre México y Estados Unidos, en un momento político muy complejo por la insurgencia civil contra el racismo, último episodio del movimiento Black Lives Matter y la respuesta del nativismo blanco apenas unos meses antes.

Pocos días después, el campamento citado en algunas de las notas que replicaron la foto fue arrasado. El reportaje de Constanza Lambertucci desde Ciudad Acuña, en Coahuila (México), para el diario *El País*, replicaba ésta y otras imágenes del trato que los agentes fronterizos estadounidenses dan a los cuerpos negros que intentan cruzar a su territorio; en él afirma:

> Baptiste es una de las 15,000 personas que se agolpan desde el jueves en un campamento entre Ciudad Acuña, en Coahuila (México), y la ciudad tejana de Del Río, después de tratar de cruzar de forma ilegal la frontera entre los dos países. Ahora espera en la sede de una ONG, la única que trabaja periódicamente en la ciudad, donde los voluntarios han armado una tienda de campaña para que algunos migrantes puedan dormir en colchonetas finas antes de partir este martes en bus o en avión hacia otros destinos dentro del país. En el campamento debajo del puente, Baptiste lo pasó mal: el polvo en el aire, el sol fuerte, los robos. Y antes de eso, el viaje desde Chile, los seis días a pie en la selva que separa Colombia de Panamá, la llegada a Tapachula, en el sur de México. (Lambertucci, 2021)
He aquí, entonces, dos ejemplos del espectáculo fronterizo desde México: la muerte como escarnio y la victimización de quien caminó un continente para ser representado como una víctima desamparada a quien sólo una ONG puede salvar.

## A modo de conclusión

En este trabajo hemos intentado responder a las preguntas detonadoras de: ¿Qué formas concretas adquiere el espectáculo fronterizo en el trabajo de medios de comunicación en las fronteras hispano-marroquí y mexicano-estadounidense? y ¿cómo opera esa semántica de ilegalización y miserabilización de las personas migrantes y refugiadas?

Al analizar la práctica periodística, hemos intentado comprender las formas en que se definen las agendas informativas y cómo se producen las coberturas “en terreno”, para ofrecer a las audiencias información en clave de espectáculo fronterizo, que aleccione a las poblaciones, de América Latina o el norte de África, sobre por qué no es correcto desafiar las fronteras. Mensajes que, desde nuestra perspectiva, miserabilizan a las personas migrantes y buscan en sus retratos ejercer una pedagogía de la crueldad, del escarnio, para fijar en los imaginarios colectivos la certeza de que el ahogamiento, la asfixia, la deshidratación, la militarización y la mercantilización de los cuerpos son los únicos horizontes posibles para quien se atreva a desafiar al régimen global de fronteras; unas formas de representación de la agencia política migrante que busca subvertirla, culpabilizar a las personas migrantes de las formas de violencia que padecen.

Sirva este capítulo para aportar pistas que ayuden a responder a las mencionadas preguntas, como parte de una investigación que es colectiva y colaborativa, de largo aliento y que tramamos con muchas otras personas que investigan o reportean la migración.<fnref n="20" />

En esta entrega damos cuenta de que, en ambos corredores mi-

<footnote n="20">²⁰ Veáse el libro *Espectáculo de frontera y contranarrativas audiovisuales*, coordinado por Binimelis-Adell y Varela-Huerta (2021), en el que se abordan diferentes estudios de caso usando esta misma perspectiva analítica.</footnote>
gratorios, se representa a las personas migrantes como amenaza o como víctimas, pobres desesperados que necesitan “ayuda” de la industria del humanitarismo y el rescate, esa industria millonaria en la que se sigue alimentando la imagen del salvador blanco frente al “otro”.

Ofrecimos pistas en torno a cómo, en el corredor hispano-ma-
rroquí, hay una unilateralidad de la visión en la que siempre se observa
desde el lado español. Una representación en clave de masculinidad (en
particular en los casos de Ceuta y Melilla): contexto casi-bélico, jóvenes
varones, hombre “controlando la frontera” (guardias civiles, militares
españoles, fuerzas de seguridad y paramilitares marroquíes).

En el caso de México, se dan lógicas de mercado, como en toda
industria, que se imponen a los códigos deontológicos; la estética privi-
legia el *clickbait* antes que la ética o el periodismo de servicio. Se instru-
mentaliza la noticiabilidad de la migración por parte de los regímenes
políticos en turno, sobre todo en Estados Unidos. Y se representan a
las personas migrantes que han caminado un continente entero como
víctimas en el desamparo, que necesitan ser salvadas o “contenidas” mi-
litarmente para que no se arriesguen a la deshidratación en el desierto o
al ahogamiento en los ríos a ellos mismos y a sus familias.

Con ambas postales, bien generales y que ofrecen en sí mismas
posibilidades de sendas agendas de investigación y acción, quisimos
demostrar en qué sentido el espectáculo fronterizo, la representación de
la migración desde el trabajo de la fotografía y la narrativa periodística,
refuerzan en nuestros imaginarios sociales la idea de migración como
sinónimo de crisis, de migrantes como corporalidades a la intemperie
siempre sin agencia y, sobre todo, justifica la militarización de las fron-
teras como respuesta a dichas “crisis” y subjetividades.

Esperamos que este capítulo sea el comienzo de muchas y mutuas
contaminaciones entre quienes estén explorando prácticas estéticas y su
relación con el gobierno global de las migraciones, en éstos y otros co-
rredores migratorios. Porque, mientras escribimos este texto y ustedes lo
leyeron, miles de personas migrantes siguen siendo exterminadas por las
políticas que dicen aspirar a una “migración segura, ordenada y regular”.
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MIGRACIONES EN LAS AMÉRICAS
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VI

Entre Ecuador y Estados Unidos: deportados en tránsito. Aproximaciones históricas y etnográficas a la desobediencia migrante y sus efectos espaciales

Soledad Álvarez Velasco

Este capítulo analiza la desobediencia migrante y sus impactos espaciales. Para ello, localiza el análisis en el espacio poscolonial, transnacional y desigual entre Ecuador y EE.UU. y reconstruye las trayectorias de ecuatorianos que emigraron a este último país, fueron deportados y reiniciaron sus tránsitos indocumentados hacia ese mismo destino.<fnref n="1" /> La reflexión da cuenta de cómo los deportados en tránsito no son figuras dóciles.<fnref n="2" /> Provenientes de comunidades rurales indígenas, sus movilidades ingobernables reactualizan una resistencia histórica contra el insuperado legado colonial que ha producido a la población indígena como ciudadanos racializados de segunda clase, confinados a la superexplo-

<footnote n="1">¹ Una primera versión en inglés de este texto fue publicada en la Revista *Antipode. A Radical Journal of Geography* (2021).</footnote>

<footnote n="2">² Si bien mujeres latinoamericanas y caribeñas son detenidas y deportadas desde EE.UU., el régimen de deportación de ese país apunta e impacta desproporcionadamente a cuerpos masculinos, prácticamente en más de 90% (Golash-Boza & Hondagneu-Sotelo, 2013). El caso ecuatoriano no es ajeno a esta tendencia; de ahí que el análisis que sigue se centra en los efectos de ese régimen en hombres ecuatorianos deportados. Por esa razón no utilizo un lenguaje de género incluyente, mientras señalo de partida la necesidad de extender este análisis a las experiencias vividas por mujeres deportadas para comprender cómo ese régimen las impacta, cómo ellas lo resisten y cuáles son sus posibles desobediencias.</footnote>
tación y la híper-precarización. De ahí que su desobediencia migrante sea doble: contra ese legado colonial racista y sus efectos presentes; y contra los violentos mecanismos de dominio y control poblacional que ejercen tanto el régimen de control fronterizo estadounidense externalizado hasta Ecuador, como el propio régimen de control fronterizo ecuatoriano que, de diversas maneras, ejerce formas de dominio sobre los deportados en el país de origen. Con sus efectos espaciales, la desobediencia migrante altera las nociones de pertenencia territorial basadas en premisas nacionalistas, al tiempo que transforman a Ecuador, su país de origen, en un lugar de tránsito.

La discusión histórica constata además los efectos de la política estadounidense de intervencionismo en las Américas, incluyendo Ecuador, y las desiguales relaciones geopolíticas y geoeconómicas entre ambos países. Las sutiles formas de control posdeportación que se ejercen en Ecuador dan cuenta de cómo *EE.UU.* ha externalizado su frontera sutilmente hasta el país andino. Las personas ecuatorianas deportadas en tránsito, de hecho, resienten mientras resisten con su movilidad esas formas de control remoto expandido.

Cinco secciones configuran este capítulo. En la primera, propongo la perspectiva teórica que acompaña mi análisis retomando claves dadas por los estudios migratorios y fronterizos críticos. El material histórico y etnográfico en que se basa mi reflexión es analizado en las secciones segunda, tercera y cuarta, mientras que en la conclusión ahondo en las contribuciones teórico-metodológicas y en los límites y potencialidades que el concepto desobediencia migrante y sus efectos espaciales arrojan para iluminar la dinámica migratoria presente.

El material etnográfico proviene de mi investigación doctoral, dedicada a un análisis del pasado y el presente de la producción de Ecuador como un espacio global de tránsito hacia *EE.UU.* Conduje una etnografía multisituada en diversas ciudades ecuatorianas entre 2015 y 2017, que me permitió reconstruir 20 trayectorias de migrantes y refugiados en tránsito. De ese total, 16 eran migrantes de Siria, Iraq, Nigeria, Sudán, Zimbabwe, Cuba, Haití y República Dominicana, y cuatro ecuatorianos deportados; todos estaban en ruta a *EE.UU.* También llevé a cabo una etnografía del espacio digital construido por esos 20 migrantes en tránsito y una reconstrucción histórica de la condición de Ecuador como país global de tránsito. Esa primera
investigación se complementó con una segunda etnografía multisitua-
da, realizada entre 2018 y 2019 en comunidades emisoras en la provin-
cia de Azuay, Ecuador.

Movilidad, deportación
y desobediencia migrante

La capacidad de movimiento es una de las características inherentes a la especie humana. No somos seres enraizados a un lugar. En movimiento, tejemos y confrontamos relaciones de poder, experimentamos y re-significamos la vida cotidiana, mientras reconfiguramos el espacio de forma multiescalar (Cresswell, 2006; Sheller, 2018). Esa característica humana definitoria ha encontrado, sin embargo, su límite mayor en el Estado-nación, pues gobernar la movilidad de las poblaciones ha sido un elemento *sine qua non* para su existencia desde sus orígenes (Scott, 1998). El modelo estatal westfaliano –fundamento del sistema estatal moderno–, ha requerido de un territorio y de una población sobre los que soberanamente ejercer control para justificar su existencia (Fraser, 2010). Es ese modelo el que traza un “determinismo natural” (Harvey, 1998/1990, p. 279) que inventa, por un lado, espacios nacionales atrapados por fronteras y, por el otro, a poblaciones no-nacionales o a cuerpos no pertenecientes al territorio nacional, no ciudadanos, ni merecedores de protección estatal (Sayad, 2010; Balibar, 2005).

El modelo westfaliano naturaliza así la máxima del “fundamenta-
lismo nacional”, haciendo eco a Abdelmalek Sayad (2010) o la concep-
ción de que al territorio nacional cercado le corresponde una población
nacional –por nacimiento o reconocimiento legal– y al Estado-nación
le corresponde gobernar esa población y tutelar su movilidad para pre-
sumir un supuesto control territorial (Foucault, 2007). Dado que los
Estados-nación modernos son “Estados raciales” configurados a partir
de los legados de la violencia colonial, el control de la movilidad de los
“no-nacionales” constantemente reactiva y perpetúa jerarquías racistas
en torno a la ciudadanía y la pertenencia (Goldberg, 2002; Armenta,
2016). Decidir qué cuerpos entran, salen, se quedan, pertenecen o son
expulsados del espacio nacional han sido funciones estatales primor-
diales para reforzar esa máxima y sus mecanismos de poder racistas.
Esto se debe a que, como argumenta John Torpey (2018, p. xi), el Es-
tado-nación ha “monopolizado los legítimos medios de movimiento”,
tornando a las personas aparentemente dependientes de su autoridad
para desplazarse, especialmente, cuando se trata de cruzar fronteras in-
ternacionales.

Los sujetos que desobedecen la máxima del fundamentalismo nacional encarnan entonces una movilidad autónoma que, al ser una “contra-conducta” –siguiendo a Michel Foucault (2007)–, debe ser castigada. En las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, el sistema estatal moderno adoptó la deportación como el castigo estatal emblemático para punir a quienes, sin su autoridad, autónomamente, se muevan usando medios “ilegítimos”, residan de manera ilegalizada, o a quienes cometan algún tipo de delito en un territorio nacional al que no pertenecen (Torpey, 2018).

La expulsión legalizada, como sugiere Sharam Khosravi (2018, p. 6), constituye un acto estatal “pedagógico”, pues, con su implementación, la autoridad estatal no sólo busca deshacerse de aquellos no-nacionales indóciles, sino advertir y educar al resto de los “otros” para moldear sus conductas. En esta línea, Nicholas De Genova argumenta que no es la deportación *per se*, sino la deportabilidad la que pretende domesticar la movilidad desobediente. La deportabilidad es la amenaza latente de ser expulsado en cualquier momento del territorio nacional donde se reside pero al que no se pertenece. Sufrir esa amenaza tiene otro efecto altamente productivo para el funcionamiento del capitalismo: la deportabilidad sirve para docilizar al trabajo migrante ilegalizado y racializado, confinándolo a un “natural” lugar de explotación mientras lo torna en una mercancía desechable (2002).

De hecho, como demuestra Yann Moulier-Boutang (2006/1998), controlar la fuga de siervos, de esclavos, de consortes y de pobres de los lugares de explotación y sometimiento laboral “legalmente” creados, ha sido determinante para comprender la emergencia y transformación del capitalismo. Gobernar el movimiento del trabajo libre y subordinarlo al trabajo asalariado no libre, anclado a un territorio nacional determinado, ha sido la máxima, en cambio, para la extracción de plusvalía y expansión de la acumulación desigual de capital en el sistema mundo desde tiempos coloniales al presente (Marx, 2008/1867; Cohen, 2016). La autonomía de la movilidad y su desobediencia al lugar
de subordinación, impuesto simultáneamente por el fundamentalismo nacional y el capitalismo, deben interpretarse como un cuestionamiento radical al *modus operandi* del poder ejercido por los Estados-nacionales capitalistas (Mezzadra, 2011; De Genova, 2017).

En el presente, bajo el régimen neoliberal de control fronterizo, se han endurecido las políticas migratorias racistas incrementando la “producción legal de la ilegalidad migrante y su deportabilidad” (De Genova, 2002), y en prácticamente todos los países del mundo se ha adoptado algún esquema más sutil o más tecnologizado y militarizado para identificar, detener y expulsar a los “illegal aliens”, provocando múltiples impactos sociales, económicos, legales y políticos, y redoblando, a la vez, la criminalización, el racismo y la violencia contra la población migrante (Kanstroom, 2012). En este contexto, es sugerente el llamado de Nathalie Peutz (2006) a comprender la deportación no sólo como una punición estatal de una sola vía para reubicar físicamente a no-nacionales desde el país de deportación al país de ciudadanía, sino como un proceso social que, siendo funcional a la reproducción del capitalismo contemporáneo, abarca múltiples temporalidades y espacialidades y disputas socio-políticas entrelazadas.

Alineados con ese llamado, desde la antropología y la geografía crítica, varios autores proponen superar una conceptualización irreal de etapas nítidamente distinguidas del antes, durante y después de la deportación, para comprender el *continuum* espacial y temporal de la expulsión (Khosravi, 2018). Es en ese *continuum* donde se reconfi-guran relaciones económicas y políticas (Walters, 2016), se entretejen y refuerzan nuevas espacialidades entre países de origen, tránsito y des-tino (Golash-Boza, 2015; Hiemstra, 2012), se entremezclan relaciones familiares y comunitarias (Hasselberg, 2018) y se evidencian, a la vez, los efectos continuados de las políticas de control y sus “reverberaciones espaciales”, haciendo eco a Nancy Hiemstra (2012).

Por un lado, las logísticas de deportación, incluyendo centros de detención, tecnología especializada y medios de transporte aéreos y terrestres, no son sólo instrumentos para el “gobierno de las migraciones” (Tazzioli, 2014), sino espacios de disputa entre migrantes ilegalizados, deportables, y múltiples actores que determinan ese *continuum* de la expulsión (Walters, 2016; Khosravi, 2018). Por otro lado, como parte de la externalización de fronteras, el control sobre los deportados
no cesa al salir del país de deportación, sino que continúa en el país de origen, aunque toma otros matices. A la llegada, la condición de deportabilidad puede mutar, por ejemplo, a una re-criminalización o punición en origen (De Genova, 2017; Alpes, 2018; Collyer, 2018), al confinamiento a una “ciudadanía extranjerizada” (Lecadet, 2012), o a que los deportados encarnen a nacionales “no bienvenidos” y de segun- da categoría (Siulc, 2009). Es decir, en el espacio nacional de supuesta pertenencia “natural” y de “ciudadanía”, la producción de la ilegalidad migrante, su precarización y desechabilidad (De Genova & Roy, 2020) puede adoptar otras formas impactando a los deportados llegados a “casa”, muchas veces incluso detonando en ellos nuevas movilidades.

La violencia constitutiva del castigo estatal emblemático no es, sin embargo, sinónimo de conclusión del proyecto migratorio y menos aún de obediencia (De Genova, 2017). La deportación, de hecho, no es un freno irreversible para la movilidad migrante. La figura del migrante indocumentado deportado que recomienza su tránsito irregularizado al llegar a su país de origen encarna, hoy, la desobediencia migrante y nos permite comprender su lucha vital y otros matices de ese continuum de expulsión, como las transformaciones espaciales que provoca.

La desobediencia migrante y las transformaciones espaciales que provoca han sido de interés de los estudios migratorios críticos, parti- cularmente en aquellos alineados con la perspectiva de la autonomía de la migración (Mezzadra, 2011; Papadopoulos & Tsianos, 2013). Mayoritariamente centrados en el contexto europeo, han dado cuenta de cómo, ante el redoblamiento de las políticas de control de la Unión Europea, su externalización al sur y la militarización del Mediterráneo vía Frontex, los migrantes indocumentados en tránsito y solicitantes de asilo, con su movimiento, han desobedecido el control estatal, han seguido navegando en pateras por nuevas rutas marítimas con la guía de información digital compartida (Stierl, 2016), se han fugado de campos de refugiados (Rygiel, 2011), han hechos protestas públicas y cruzado fronteras militarizadas (Schindel, 2016) e, incluso, se han resistido al control biométrico, negándose a que sus huellas dactilares sean tomadas a la llegada en ciertas localidades fronterizas como Lam- pedusa (Tazzioli, 2018). Siguiendo a Martina Tazzioli (2018), todas esas desobediencias dan cuenta de que, ante la “tecnología política” (Foucault, 2007) que hoy se implementa para disciplinar la movilidad,
lo que surge es una estrategia generalizada de “contención a través de la movilidad” (Tazzioli, 2018, p. 2765). Este capítulo se alinea con –y contribuye a– esa discusión crítica con evidencias etnográficas e históricas sobre la desobediencia migrante y sus efectos espaciales más allá del contexto europeo, centrada en la figura del migrante deportado que recomienza su tránsito desde Ecuador a ee.uu.

La desobediencia, sugiere Raffaelle Laudani (2013), revela un rechazo autónomo y consciente de los mecanismos de control impuestos por el poder y su ley, y es ahí donde reside la capacidad de contestación social ante sus mecanismos de sometimiento. Como parte de su minucioso análisis sobre la racionalidad del poder y el gobierno de las conductas de las poblaciones, Michel Foucault (2007) otorga un rol central a las continuas formas de desobediencia a las que él llama “contra-conductas”. Prescindiendo de la oposición binaria entre poder y resistencia, Foucault llama la atención sobre su relación dialéctica, o sobre cómo los sujetos afectados por múltiples dominaciones tienen potencialidad de oposición a ser conducidos y disciplinados. Las contra-conductas se materializan así en espacios públicos y privados, en expresos actos de resistencia o en prácticas más imperceptibles pero presentes en la microfísica del poder (Rossdale & Stierl, 2016).

Comprendo la desobediencia migrante como un cúmulo de actos cotidianos de rechazo autónomo y consciente ante los mecanismos de control a la libre movilidad y de fijación a un territorio nacional y/o a un lugar social de opresión. Esos actos revelan rebeldías que las poblaciones históricamente marginalizadas ponen en práctica para desfijarse de un lugar de dominación y explotación anclado en el territorio nacional racista, ponerse en movimiento interno y, más tarde, cruzar fronteras de manera autónoma por fuera del control estatal. Esa desobediencia podría plasmarse en prácticas públicas y convertirse en acciones políticas, como las huelgas de hambre en centros de detención de migrantes o los plantones masivos ante cierres fronterizos.

No obstante, centrar la atención en el cúmulo de rebeldías cotidianas, aparentemente imperceptibles pero completamente presentes en las trayectorias migrantes, permite dar cuenta de dos cosas. Primero, como dice Tim Cresswell (2006), que en el desplazamiento entre un punto A y otro B hay mucho más que sólo movimiento físico; puede existir una disputa de poder encarnada en sujetos históricos que activan
la movilidad como estrategia de resistencia. Segundo, que los migran-
tes, estando sujetos al poder, son sujetos con poder que no sólo tienen
la capacidad de ponerse en movimiento, sino que con su movimiento
rechazan la desigualdad sistémica y las prácticas estatales que intentan
fijarlos a un territorio determinado (Balibar, 1991).

Comprender la desobediencia migrante desde la particularidad de las Américas ha pasado desapercibida, y no ha sido comprendida en su dimensión histórica. Este capítulo contribuye a esa reflexión: siguiendo una perspectiva antropológica *etic*, basada no obstante en trabajo etnográfico *in situ* y reconstrucción de trayectorias migratorias, el argumento a discusión es que la movilidad de los deportados que re-comienzan su tránsito irregularizado puede ser leída como una desobe-diencia ante las formas de control estatal ejercidas tanto por el país de origen, como remotamente, vía la externalización de su frontera, por el país de deportación. Con su movimiento, los deportados confrontan la máxima del fundamentalismo nacionalista, el monopolio estatal de control de los “legítimos” medios de movimiento y el régimen neolib-eral de control de la movilidad que pretende cesar su movimiento. Al re-comenzar su tránsito, ellos actualizan otra insubordinación: al histórico lugar racializado de explotación del que huyeron la primera vez pero que, al llegar, supone una renovada precarización en origen. Esa des-obediencia migrante es la forma que toma la resistencia de la migración ecuatoriana, transformando a Ecuador, su espacio nacional de origen, en un espacio de tránsito disputado de sus propios nacionales.

Entre Ecuador y EE.UU.: la producción de un espacio poscolonial, transnacional y desigual

Cuando me detuvieron, sabía que me deportarían [...] El policía de ICE me preguntó hace cuánto tiempo vivía ahí [en EE.UU.]. ¿Sabe qué sentí? Como si un hielo me atravesaba las piernas [...] Haciendo cuentas habían pasado unos 20 años desde que me fui de Gualaceo, y no volví [...] Cuando te detienen, te maltratan porque para ellos somos delincuentes por no tener papeles, y no es así. Verá, yo en todos esos años no pude regularizarme, pero
claro que intenté. Pagué a abogados, hice lo que pude [...] ¡Tanta plata que me gasté! Uno carga siempre una angustia pesada, pesada [...] Pero nunca pude tener papeles [...] Me agarraron y no hubo nada qué hacer: a detención y luego me deportaron en avión [...] Todo esto ha sido para mí como vivir un mal sueño. Allá [en EE.UU.] se quedó todo: el trabajo, la casa, el carro, mi gente, la plata ahorrada, ¡20 años! Así no más de pronto, cambió mi vida [...] Llegar ha sido duro. En una palabra: un *shock*, porque yo no quería volver a Gualaceo [...] Ha sido raro ver que las casas están diferentes, pero a la vez, ¿sabe qué? Todo sigue igualito: la gente no tiene en qué trabajar. Y si trabaja en el campo, no alcanza. Y si se trabaja en la construcción, pagan poco. Y en Quito, tampoco hay trabajo [...] A mí me pareció que en veinte años unas cosas cambiaron, pero la vida en Gualaceo sigue dura, no hay trabajo. Como siempre ¿no? [...] Yo ni bien llegué me di cuenta de eso y pensaba que no me quería quedar, que no me iba a quedar, porque de Gualaceo ya me fui, de esa vida ya me fui. Y me decía, y me digo hasta ahora, que por qué me tengo que quedar, si no quiero. Además, tengo que volver a recuperar lo que dejé allá [en EE.UU.]. Y en esas estoy, usted me agarra yéndome.<fnref n="3" />

Este es un extracto del testimonio de Félix, un ecuatoriano deportado a los 38 años. Al concluir sus estudios secundarios salió *por la chacra*<fnref n="4" /> en un grupo de cinco migrantes guiados por el mismo *coyote* que, años atrás, había llevado a varios familiares y vecinos hasta EE.UU. Él viajó sin documentos y sin la autorización del Estado ecuatoriano ni de los otros Estados que supuestamente controlan la movilidad en los ocho espacios nacionales que separan a Ecuador de EE.UU. Era 1997 cuando Félix partió. En ese entonces, "no había tanto problema en la ruta", como él mismo recordaba. Por eso, en menos de dos meses llegó a Texas, desde donde tomó un autobús hasta Nueva York para encon-

<footnote n="3">³ Félix. Quito, abril de 2017.</footnote>

<footnote n="4">⁴ “Por la chacra”, “por la pampa” o “por el camino” son las formas locales, usadas por las comunidades migrantes, para nombra a la salida irregularizada desde Ecuador a EE.UU.</footnote>
trarse con su primo. Se instaló en Queens, y ahí armó una vida hasta el día en que una redada migratoria irrumpió en la fábrica donde él trabajaba. Al no tener permiso legal de residencia, al ser indocumentado, él era deportable. Estuvo tres meses en detención hasta que, en enero de 2017, encadenado de pies y manos, vía un vuelo de deportación, fue expulsado y obligado a retornar al lugar del que había salido cuando tenía 17 años. Pero, como decía Félix, el “shock” que la deportación deja, junto con la extrañeza de llegar al lugar que paradójicamente le era completamente familiar por ser su comunidad de origen, y la constatación de que la violencia de la pobreza en Gualaceo seguía “igualita”, eran razones suficientes para que no quisiera quedarse en Ecuador y estuviera “yéndose”, como él mismo decía, para retomar la ruta al norte.

La historia de Félix no es infrecuente en Ecuador. De hecho, entre su trayectoria migratoria y la de Manuel, de 28 años, Andrés, de 29 años, y Fabián, de 33 años, existían coincidencias. Al igual que Félix, los tres últimos son oriundos de comunidades indígenas rurales de la provincia de Azuay. También partieron con la guía de *coyotes* para instalarse en Nueva York, donde Manuel y Andrés vivieron por una década y Fabián por casi 15 años. A pulso, construyeron una vida en esa ciudad. Pero, al igual que Félix, no pudieron franquear los camientos legales del sistema de inmigración de EE.UU. y, desde su partida de Ecuador, habían vivido como indocumentados. Los tres también retornaron, encadenados de pies y manos, en vuelos de deportación. Salvo en el caso de Andrés —que ya había sido deportado en 2006, al ser detenido tras cruzar el Río Bravo—, para el resto ésta era su primera deportación, también estaban en “shock”, usando las palabras de Félix, y tampoco querían quedarse en sus comunidades de origen. Cuando los conocí, también estaban en el proceso de recomenzar su tránsito a EE.UU.

Como ellos, miles de personas oriundas de Ecuador han sido deportadas desde EE.UU. Entre el 2000 y el 2019, ese país deportó a 55671 ecuatorianos, en su gran mayoría hombres, lo cual equivale a un promedio de 2930 personas al año; desde 2012, ello situó a Ecuador entre los diez principales países de origen de personas deportadas, ocupando los primeros lugares entre los países sudamericanos, en la lista del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, 2002-2019; U.S. Immigration and Customs Enforcement [USICE], 2019).
Por un lado, estas cifras son consistentes con la puesta en marcha de la violenta maquinaria estadounidense de deportación que, durante las dos últimas décadas, ha operado como mecanismo estatal racista de “control social post-ingreso” (Kanstroom, 2012), dirigido mayoritariamente a hombres latinos y caribeños que, como Félix, Fabián, Andrés y Manuel, residían sin autorización legal en EE.UU. (Golash-Boza & Hondagneu-Sotelo, 2013; Goodman, 2020). Por otro lado, el hecho de que Ecuador figure entre los principales países de origen de deportados desde EE.UU. es consistente con su historia migratoria.

Gioconda Herrera (2019) y Brad Jokisch (2014) argumentan que, a pesar de que desde mediados del siglo XX ya existían registros de personas ecuatorianas residiendo en EE.UU., fue desde finales de la década de 1970 cuando la emigración a ese destino cobró fuerza y se sostuvo durante las siguientes décadas. Según datos de la oficina de Inmigración y Estadísticas de EE.UU., si en 1950 residían legalmente en ese país alrededor de 11 mil personas ecuatorianas, para 2017 esa cifra alcanzó las 738 mil (Jokisch, 2014; Noe-Bustamante et al., 2019). La prolongación en el tiempo de este movimiento migrante y su constitución multigeneracional, han configurado una diáspora ecuatoriana en torno a ese destino (Butler, 2001); y ese movimiento constante, incluyendo el de deportados que, como Félix, Fabián, Andrés y Manuel recomienzan sus tránsitos, ha tenido determinadas consecuencias espaciales.

Como sugieren Michael Collyer y Russell King (2015), las diásporas migratorias en su historicidad producen, de hecho, espacios transnacionales o disputados que surgen de la tensión entre movilidad y control, ejercido este último a través de tácticas directas, imaginativas o simbólicas. Esa tensión, dirán los autores, produce, a la vez, respuestas organizativas y articulaciones sociales, económicas, políticas y culturales de diversa índole, vía infraestructuras digitales y físicas, que trascienden fronteras y que provocan transformaciones en ese espacio disputado (Collyer & King, 2015).

Entre Ecuador y EE.UU. existe en efecto un espacio transnacional en el sentido en que lo expresan Collyer y King (2015). Ese espacio tiene una densidad histórica de más de seis décadas y se explica a la luz de la tensión entre movilidad y control. La movilidad está encarnada mayoritariamente en personas migrantes ecuatorianas indocumenta-
das, adultas y menores de edad acompañadas y no acompañadas, así como en personas deportadas que recomienzan su tránsito. El control se materializa, en cambio, en el régimen de visado impuesto por EE.UU. a Ecuador y en la dinámica de su régimen de deportación; en las políticas de externalización de la frontera estadounidense a México y a otros países centroamericanos, que ha implicado la imposición de barreras a la movilidad ecuatoriana, incluyendo visados, detenciones y deportaciones (Álvarez Velasco, 2020); e, incluso, en las formas de cooperación binacional entre EE.UU. y Ecuador en materia de seguridad y control migratorio (Ruiz & Álvarez Velasco, 2019) que, como analizo después, impactan directamente en ecuatorianos deportados cuando llegan a su país de origen.

Las articulaciones derivadas de esa tensión fundante han moldeado asimismo ese espacio transnacional; por una parte, articulaciones económicas consecuencia del envío de remesas desde EE.UU. a Ecuador, históricamente posicionadas entre los primeros lugares según el país de procedencia (Banco Central del Ecuador, 2015). Por otra parte, aquéllas de índole social y cultural, producto del imaginario geográfico creado en torno al sueño americano en versión ecuatoriana, transmitido de generación en generación (Hochschild, 1996); y de una reorganización familiar que, vía infraestructuras sociales y digitales, ha desarrollado nuevas formas de cuidado transnacional (Herrera, 2019). Además, figuran articulaciones socioeconómicas resultado, en cambio, de la operación de redes de *coyotaje* que, en las seis últimas décadas, han habilitado tránsitos irregularizados por rutas aéreas, marítimas y terrestres; la reunificación de niños, niñas y adolescentes con sus padres y madres migrantes en EE.UU.; y la puesta en marcha de un boyante negocio ilegalizado que produce altos réditos en la economía informal ecuatoriana, configurado en torno a esa movilidad por rutas no autorizadas (Álvarez Velasco, 2018).

Las diversas articulaciones que conforman este espacio transnacional deben entenderse también como parte de las dinámicas poscoloniales en las Américas, donde el intervencionismo estadounidense y su dominio geopolítico y geoeconómico han sido decisivos (Grandin, 2006). Como en muchos países del Caribe y América Latina, en Ecuador el intervencionismo estadounidense se materializó en mecanismos militares, económicos y políticos. Durante la Segunda Guerra Mund
dial, por ejemplo, el ejército estadounidense ocupó bases estratégicas, como las de Salinas y Galápagos (Fitz-Henry, 2015). Y, entre 2000 y 2009, utilizó la base militar de Manta como parte de su Guerra contra las Drogas (Vine, 2020). Durante la década de 1930, la United Fruit Company expandió sus operaciones a la costa ecuatoriana, provocando, como en muchos países centroamericanos, transformaciones radicales en las relaciones laborales y en la política local (Striffler, 2001). Y, durante la Guerra Fría, la CIA se infiltró en la policía, los grupos civiles y las ONG locales, mientras que las fuerzas militares y policiales ecuatorianas fueron entrenadas en la Escuela de las Américas (Gill, 2004). Estos mecanismos políticos formaban parte de la Operación Cóndor, respaldada por EE.UU., cuyo objetivo era reforzar el terror estatal para controlar la amenaza del comunismo y eliminar sectores subversivos en Sudamérica. En el marco de la Operación Cóndor, el presidente ecuatoriano Jaime Roldós, que se oponía firmemente al intervencionismo estadounidense, fue asesinado (Blum, 2013). A principios del siglo XXI, el intervencionismo estadounidense en Ecuador ha adoptado otras formas mucho más sutiles, como la externalización de mecanismos de control para frenar la movilidad no deseada (Miller, 2019), como vemos a continuación.

El intervencionismo estadounidense ha ido de la mano de relaciones geoeconómicas desiguales (Grandin, 2006). EE.UU. ha sido el primer socio comercial de Ecuador, el principal destino de las exportaciones no petroleras y uno de los dos principales países acreedores de deuda externa (Lucero, 2020). La dependencia de Ecuador de la mayor economía del mundo ha traído inevitables consecuencias en el cumplimiento de políticas desiguales de comercio exterior (Acosta & Cajas, 2015) y la adopción de requerimientos neoliberales de ajuste estructural, como parte de los programas de deuda nacional desde la década de 1980 (Harvey, 2005). Esta dependencia geoeconómica se agravó desde el año 2000, cuando Ecuador renunció a su moneda nacional y adoptó como moneda de curso legal el dólar estadounidense (Davison, 2007).

La dependencia económica de Ecuador del mercado estadounidense, el endeudamiento externo y los ajustes estructurales neoliberales forzados han tenido repercusiones nacionales nefastas, multiplicando las crisis socioeconómicas y el éxodo migratorio de ecuatorianos hacia EE.UU., su principal destino en las últimas seis décadas (Acosta, 2002).
De hecho, el neocolonialismo estadounidense y la migración forman
parte de un mismo continuum (Gómez, 2020). El espacio poscolonial,
trasnacional y desigual configurado entre Ecuador y ee.uu. debe en-
tenderse, por tanto, como un efecto de esta misma historia de desigual-
dad de poder geopolítico y geoeconómico.

La desobediencia inicial

Al desplazar nuestra atención del análisis estructural a la fuerza subje-
tiva migrante, un elemento adicional pasa a primer plano para expli-
car esta producción espacial. Inicialmente presente en los “migrantes
pioneros” que partieron ilegalmente a ee.uu. a finales de la década
de 1960, y posteriormente entre la segunda y tercera generación de
migrantes, la desobediencia migrante explica no sólo la tensión entre
movilidad y control, sino la existencia del espacio transnacional Ecu-
dor-ee.uu. como un territorio en disputa.

¿De dónde surge esa desobediencia que detonó la producción de ese espacio transnacional disputado, qué lectura histórica se puede hacer de la misma y qué posibles repercusiones ha tenido en el presente, en particular en las trayectorias de deportados y deportadas que, como Félix, Fabián, Andrés y Manuel, recomienzan tránsitos irregularizados? Plantear respuestas a estas interrogantes lleva a una necesaria revisión histórica para comprender cómo insuperadas injusticias sistémicas, propias de la acumulación capitalista poscolonial y racista ecuatoriana, arrojan elementos explicativos.

Durante mi trabajo de campo, conocí a Beatriz, una campesina
indígena de 67 años de Cochapamba (una pequeña ciudad rural de
Azuay) y abuela de Manuel, uno de los cuatro deportados cuya trayec-
toria reconstruí. Así es, en parte, su reflexión sobre la migración:

Yo tendría menos de 20 años y me acuerdo que empezaron a
irse. Se fue primero un joven de Mayantur. Luego los hijos de
mi padrino. Se fue también mi hermano [...] Después me casé
y también se fue mi esposo. Primero se iban los hombrecitos y
luego las mujeres. Primero los adultos, luego los guaguitos. Por la
pampa, se iban y se van, hasta ahora. También los que regresan
porque les devuelve la policía [...] Eso le pasó a mi Manuel, y ahora *vuelta* [otra vez] se quiere ir. Se van porque aquí pasa esto: la tierrita da mucho, pero es bien poquita plata lo que al final resulta; entonces, hay que irse.<fnref n="5" />

La comunidad indígena de Mayantur, de la que habla Beatriz, se localiza a menos de una hora por tierra de Cochapamba, la comunidad donde esta mujer nació. Aunque ella nunca ha salido de Ecuador, la migración atraviesa su vida: ella ha atestiguado la partida de sus hermanos, tíos, primos, vecinos, de su esposo, hijos y nietos, a quienes cuidaba. También ha visto como familiares suyos, incluyendo sus propios nietos, han retornado –por haber sido deportados– y han recomenzado sus tránsitos. Ése fue el caso de Manuel, uno de los cuatro deportados cuya trayectoria migrante es base para este análisis. Su padre emigró a EE.UU., y más tarde lo hizo su madre. Fue entonces cuando él, con 2 años de edad, quedó a cargo de Beatriz, hasta que, al cumplir los 18 años, “fue mandado a buscar”, como localmente se conoce a la reunificación familiar vía *coyotaje*.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en los cantones rurales de la provincia de Azuay, que concentran a población indígena campesina (2019), son numerosas las familias que, como la de Manuel, cuentan con varias generaciones de emigrantes en EE.UU. (Rebaï, 2009): tras Manuel, están su padre y madre emigrantes y, tras ellos, su abuelo. En el caso de Félix, él también pertenecía a la tercera generación de migrantes. En cambio, los padres de Andrés y Fabián constituyeron la primera generación de emigrantes en sus familias. En esa cadena generacional migrante que constituye las trayectorias de los cuatro principales interlocutores de este estudio, se materializa la historicidad de ese proceso social, alertando, además, de la persistencia de constricciones estructurales para la reproducción social de la vida de esas familias indígenas campesinas y transnacionales (Herrera, 2019).

Beatriz decía que “la tierrita da mucho, pero es bien poquita plata lo que al final resulta; entonces, hay que irse”. Su observación surge de su experiencia vital, reflejando lo que sucede en Ecuador: la pobreza ha

<footnote n="5">⁵ Beatriz, 67 años. Cochapamba, septiembre de 2019.</footnote>
encontrado en la vida campesina el nicho para reproducirse. Para el año 2018, 43% de la gente que vivía en las zonas rurales era pobre, mientras que en las zonas urbanas la proporción fue sólo de 16% (INEC, 2019). La población indígena representa 8% de la población ecuatoriana (aproximadamente 1 millón 200 mil personas) y, al vivir en el campo, es más pobre: 60% de las personas indígenas en Ecuador vive en condiciones de pobreza y 81% trabaja en empleos informales –aproximadamente 30 puntos porcentuales más que el promedio nacional–, vinculados en su mayoría a la economía agrícola (INEC, 2019; Banco Mundial, 2018).

Con segundas y terceras generaciones de emigrantes en EE.UU., las familias de Fabián y Andrés, y las de Félix y Manuel, son parte de esas cifras; cifras que no pueden ser explicadas sino como el resultado de injusticias racializadas acumuladas, producto del insuperado proceso colonial de acumulación primitiva (Marx, 2008/1867). Dicho proceso no sólo despojó a la población indígena de sus medios de reproducción social autónoma, dejando la estructura de la propiedad de la tierra en manos de pocos latifundistas blanco-mestizos, sino que, simultáneamente, creó un lugar simbólico que justificó la subordinación y la superexplotación de la mano de obra indígena, como base del proceso de acumulación primaria-exportadora de la economía ecuatoriana (Velasco, 1972). Ese legado colonial racista se constata, de hecho, en los niveles de pobreza del campo y de las poblaciones indígenas en Ecuador.

Andrés Guerrero (1997) apunta que la “administración privada de poblaciones dominadas” (pp. 4-5), indígenas y afrodescendientes, fue el sello constitutivo del Estado-nación ecuatoriano poscolonial. Al ser concebida como inferior, constituida por ciudadanos no merecedores de derecho alguno, esa población dominada quedó bajo el tutelaje de la población blanco-mestiza y confinada al espacio privado. Sea en latifundios, unidades domésticas o en la iglesia, esos cuerpos racializados fueron gobernados para ser superexplotados (Velasco, 1972). El espacio público, representado en la dinámica urbana, en contraste, era el espacio de los supuestos ciudadanos plenos, la población blanco-mestiza “libre” (Guerrero, 1997).

Ese esquema de administración privada de población dominada (Guerrero, 1997), estaba incluso plasmado en la constitución de 1830, con la que se inaugura el Estado ecuatoriano poscolonial. En el Título VIII, *De los derechos civiles y garantías*, el Artículo 68, afirmaba que:
"[El] Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable" (Cancillería del Ecuador, 1830).

Es así como se configura el indigenismo ecuatoriano o la relación entre el naciente Estado y la población indígena: vía el primer marco constitucional, legalmente se "naturaliza" la subordinación y la violencia hacia esos cuerpos racializados y se otorga carta blanca para que "tutores" —sean estos curas, párrocos o latifundistas— los domestiquen para asegurar así el violento aprovechamiento de su trabajo en condiciones deshumanizantes. Retomando el argumento planteado en la sección previa, la producción legal de población desechable e híper-precarizada (De Genova & Roy, 2020), en el caso ecuatoriano y en el de tantos otros Estados poscoloniales, ha sido estratégicamente funcional tanto para la máxima del fundamentalismo nacionalista —que controla el territorio nacional y la movilidad al interior del mismo, bajo un esquema de ciudadanía jerarquizada y racializada que establece quién es un ciudadano nacional pleno y quién no—, como para la máxima de la acumulación capitalista, basada en la híper-explotación y desposesión de derechos a ciertas categorías de poblaciones; en este caso, población indígena (Harvey, 2005).

Por eso, "escapar del ámbito privado", haciendo eco a Guerrero (1998, p. 117), ponerse en movimiento para fugarse del tutelaje, es un acto de primordial relevancia, resistencia y posible reconfiguración vital para la población dominada. Moverse de un punto A a un punto B no sólo supone movimiento físico, sino muchas veces una disputa de poder encarnada en sujetos históricos que activan la movilidad como estrategia de resistencia (Cresswell, 2006). Ese es el caso de la migración indígena en Ecuador: más allá de ser sólo un desplazamiento físico del campo a la ciudad, debe leerse como una estratégica desobediencia; por tanto, histórica resistencia, a ese esquema opresivo tutelar.

Desde mediados del siglo xx, en el marco del impulso estatal a la industrialización y al modelo agroexportador derivados del auge petrolero (Torres & Carrasco, 2008), la población indígena emigra a las grandes ciudades ecuatorianas, provocando cambios en la estructura socioeconómica del campo, en las relaciones sociales de producción agraria y en sus propias condiciones vitales (Velasco, 1972). Ese "escap
pe", como dice Guerrero (1997), guarda una promesa de autonomía en el tránsito del espacio tutelado privado al espacio público en la vida urbana; o en el tránsito del trabajo esclavizado al régimen asalariado "libre" (Moulier-Boutang, 2006/1998).

Esa experiencia de movilidad autónoma que se fuga del lugar de opresión al que le fue históricamente asignado, es parte constitutiva de las diversas fases del capitalismo. Consecuentemente, es una lucha constante entre la posibilidad de redefinir autónomamente proyectos vitales, y la confrontación con esquemas de poder de distinta naturaleza que insisten en controlar esa movilidad (Moulier-Boutang, 2006/1998). En el caso ecuatoriano, el insuperado colonialismo interno determinará otras formas de explotación de esos cuerpos racializados a su llegada a las ciudades, al supuesto espacio público "libre". La población indígena, si bien deja de estar tutelada, pasa a engrosar las filas de nichos laborales desvalorizados e híper-precarizados de la economía informal urbana, confrontando a la vez el permanente racismo cotidiano que reitera la distinción entre ciudadanos y no-ciudadanos (Guerrero, 1997; Torres & Carrasco, 2008).

Por eso, tal como reflexiona Toni Negri (2006), esos movimientos autónomos que atraviesan la historia del capitalismo deben comprenderse "como episodios de afirmación de su libertad, que constituyen el contraluz permanente de los procesos de servidumbre y de hegemonía colonial (interna y externa)" (Negri, 2006, p. 18). El tránsito del campo a la ciudad de la población indígena es efectivamente un "contraluz" a ese esquema de opresión tutelar poscolonial: siendo su movimiento un "episodio de afirmación de su libertad", debe seguir resistiendo las formas de poder poscolonial que insisten en gobernar y oprimir a esos cuerpos racializados. Esa tensión presente entre el escape y la opresión, entre la promesa de la autonomía de movilidad y el control, ya no en el tránsito del espacio tutelado al espacio público, sino del espacio nacional, del país de origen, al extranjero, se reactualiza en la desobediencia migrante.

A mediados de la década de 1960, la movilidad hacia el exterior surge como posible forma de resistencia al histórico lugar de subordinación, explotación e híper-precarización vital para la población indígena dominada. En esos años, la crisis de la producción de paja toquilla provoca una contracción económica en las localidades rurales de varias provincias serranas, incluyendo las de la provincia de Azuay
(Jokisch, 2014). Esto se debió a que la producción y exportación del *Panama Hat* eran una significativa fuente de ingresos para la economía agrícola de autosubsistencia en esas provincias. Esos sombreros, tejidos por mujeres indígenas, eran oriundos de Ecuador, aun cuando su denominación se modificó a consecuencia de la ruta de exportación: de Ecuador a Panamá, luego a México y de ahí a EE.UU., particularmente a Nueva York, desde donde eran exportados a Europa (Miles, 2004; Kyle, 2000). La caída de los precios de los *Panama Hats* en el mercado internacional desató una crisis económica local que fue respondida con las primeras migraciones, sobre todo de hombres jóvenes indígenas que, siguiendo la ruta del sombrero, partieron a diversos destinos como Venezuela, Canadá y EE.UU. (Kyle, 2000; Rebaï, 2009).

Escapar de la crisis y de la híper-precarización, con el movimiento autónomo de los “migrantes pioneros”, no sólo configuró la así llamada Primera Ola Migratoria (Acosta et al., 2006; Herrera et al., 2005), sino que amasó conocimiento migrante en ruta y delineó lo que se convertiría en la boyante industria del *coyotaje*, que por décadas ha facilitado la salida irregularizada de miles de otras personas de Ecuador (Kyle & Liang, 2001). Esa misma respuesta estaría presente durante la crisis del petróleo que, entre 1986 y 1990 –lapso que coincide con el giro del Estado ecuatoriano al neoliberalismo–, produjo migraciones rurales masivas a EE.UU.; e incluso en la Segunda Ola Migratoria, cuando, ante la crisis del nuevo milenio (1996-2006), que desembocó en la dolarización de la economía, irrumpieron migraciones urbanas a Europa, sobre todo a España e Italia, mientras persistían las salidas a EE.UU. (Herrera et al., 2005).

Ante el cúmulo de crisis socio-económicas, propias de una frágil economía primaria dependiente de la exportación (Velasco, 1972), la migración internacional ha sido una respuesta persistente. Ese movimiento autónomo se dispara con la desobediencia inicial que configura el espacio poscolonial, transnacional y desigual entre Ecuador y EE.UU., un espacio efectivamente de disputa entre la movilidad y el control. Se trata de un movimiento que contradice y rechaza el lugar de subordinación e híper-explotación de la población indígena en el campo ecuatoriano, así como esa ciudadanía jerarquizada y racializada. Es un movimiento que, contradiciendo el lugar de pertenencia a un espacio nacional que violenta, subordina y explota, parte contradicien-
do el control estatal del monopolio de los “medios legítimos de movimiento” (Torpey, 2018). *Por la chacra*, indocumentados, corriendo el riesgo de ser detenidos y deportados, con la salida de los “pioneros” migrantes indígenas, se abre así el camino para cruzar irregularmente ocho fronteras nacionales; camino que, en la actualidad, es la vía para intentar contradecir el afán del régimen neoliberal de control de la movilidad, cuyo orquestador mayor en el continente ha sido EE.UU. (Mezzadra & Neilson, 2013; De Genova, 2017).

Reinterpretar la Primera Ola Migratoria en clave de “desobediencia inicial”, no sólo permite comprender la configuración del espacio poscolonial, transnacional y desigual disputado entre Ecuador y EE.UU., sino además identificar que, en ese movimiento migrante de seis décadas, hay un “escape”, “un episodio de afirmación de libertad” que no puede pasar desapercibido, pues refleja una resistencia histórica ante las injusticias sistémicas y racistas presentes en el Estado-nación ecuatoriano poscolonial. De hecho, esa desobediencia inicial se reactualiza en el presente y se encarna en la movilidad de las segundas y terceras generaciones de deportados que recomienzan sus tránsitos.

## La desobediencia al presente

Cada dos semanas, un avión federal estadounidense del Sistema de Justicia y Transporte de Prisioneros y Extranjeros traslada a alrededor de 90 ecuatorianos a Guayaquil, ciudad que recibe prácticamente todos los vuelos de deportación desde EE.UU. (El Universo, 2019). En algunos de esos vuelos aterrizaron Fabián, en 2015, Andrés y Manuel, en 2016, y Félix, en 2017. El castigo estatal icónico de la deportación, supuestamente, implica, siguiendo a Michael Collyer, “el traslado de individuos de un Estado donde no disfrutan de los beneficios de la ciudadanía al Estado donde sí lo hacen” (2012, p. 9). Esa conceptualización, sin embargo, no es aplicable en todos los casos, menos aun en aquéllos en los que los ciudadanos, estando todavía en sus países de origen –incluso antes de convertirse en migrantes indocumentados deportables–, ya habían sido despojados de derechos elementales, y por eso mismo emigraron (Ngai, 2004; De Genova & Roy, 2020). En casos como esos, la posdeportación no augura el retorno al “beneficio de la ciudadanía”.
Las trayectorias migratorias de Félix, Fabián, Manuel y Andrés son un claro ejemplo de ello. Primero, como sostuve antes, por su propia historia migrante y, segundo, porque en la medida en que la etapa posdeportación fue desarrollándose, ellos enfrentaron una serie de experiencias que, aun cuando eran nuevas, exacerbaban y profundizaban esa ya conocida ciudadanía jerarquizada y racializada, que se tornó intolerable, detonando una vez más su desobediencia migrante.

Sentirse recriminalizados a su llegada, fue una experiencia reiterada por los cuatro deportados como algo que marcó su retorno forzado a Ecuador. El violento régimen de deportación estadounidense opera con base en la abierta criminalización de la migración (Peutz & De Genova, 2010) que se materializa en la detención y encarcelamiento en ese espacio nacional; estrategia de control que no cesa en la posdeportación. Eso lo experimentó en carne propia Manuel, durante el vuelo de deportación:

> No es un vuelo normal. No podíamos movernos ni hablar. Había policía gringa ahí adentro. Yo creo que todos teníamos miedo. Íbamos encadenados. Para mí era un avión para torturarnos como a los peores criminales [...] No sabía qué esperar a la llegada a Ecuador. Nunca me imaginé, eso sí, que al llegar ¡esté la policía! ¿Se da cuenta? Lo detienen: policía; en el vuelo: policía, y al llegar: policía.<fnref n="6" />

La reflexión de Manuel evidencia que los vuelos de deportación son “medios de gobierno y de poder” (Walters, 2016, p. 481) que EE.UU. emplea para domesticar la desobediencia migrante más allá de su espacio nacional. En este caso, es dentro de los “aviones para torturar” a migrantes, parafraseando a Manuel, que atraviesan el espacio transnacional Ecuador-EE.UU., en donde persiste el control a la movilidad indócil. En el lapso que dura el traslado aéreo, los deportados son vigilados, no pueden hacer uso del baño y sólo son desencadenados cuando el avión ingresa a espacio aéreo ecuatoriano, a pocos minutos de aterrizar. La bienvenida policial en el país de origen es asimismo otra

<footnote n="6">⁶ Manuel, 29 años, ecuatoriano deportado. Cuenca, abril de 2017.</footnote>
de las formas en que perdura la criminalización de los migrantes. En el testimonio de Manuel ya se entrevé ese hecho, el cual Fabián describe con más detalle:

> Nos llevaron a una sala aparte, no es el sitio normal de pasajeros [...] Yo pensaba que quizá me llevarían preso pero ahora en mi país [...] Tenía miedo, para qué le voy mentir [...] Cuando me tocó, un policía me preguntó que cómo me había ido para allá [a EE.UU.], si había pagado, por qué me detuvieron. Respondí bien poco, porque no quería meterme en líos. Quería finalmente estar sin policías cerca, así había pasado los últimos meses.<fnref n="7" />

No fue un trabajador social, una psicóloga o algún funcionario de las carteras sociales del Estado ecuatoriano quien recibió a esos cuatro deportados; fue la policía nacional, junto con agentes migratorios, quien les dio la bienvenida. Esa presencia policial tiene una clara función: producir miedo en los migrantes para que en ellos se reafirme el hecho de que cometieron una falta, y que su “criminalidad” será verificada ya no sólo en el país de deportación, sino en el propio país de ciudadanía (Huysmans, 2006). Aun cuando en Ecuador no existe ningún proceso penal que pueda derivarse por ser deportado, el recibimiento policial extiende simbólicamente la criminalización vivida en EE.UU. y durante el vuelo de deportación. De hecho, esa extensión da cuenta de cómo el control de los migrantes ilegalizados no cesa tras la deportación (Hiemstra, 2012), sino que tiene un claro *continuum* espacial y temporal que opera entre Ecuador y EE.UU. (Khosravi, 2018). Por eso, tal como decía Fabián, los deportados no eran tratados como “pasajeros normales”, ya que *de facto* el Estado ecuatoriano los convierte en los “illegal aliens” que han vuelto a “casa”. En entrevista, la exviceministra de Movilidad Humana (2013-2017) –cartera de Estado adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, a cargo de la política migratoria ecuatoriana– explicó ese procedimiento:

<footnote n="7">⁷ Fabián, 33 años, ecuatoriano deportado. Cuenca, mayo de 2017.</footnote>
Nuestra policía nacional está presente cuando aterrizan esos vuetlos. Es importante interrogarlos para obtener información sobre cómo salieron del país, cómo fueron detenidos; y, sobre todo, si tienen vínculos con traficantes. Los deportados deben denunciarlos y ayudarnos a nosotros a detener a esos criminales. El trabajo que hacemos con la policía nacional es asegurarnos de que no vuelvan a salir, y menos aún pagando a redes criminales que trafican a migrantes. Ellos deben cooperar con el gobierno para acabar con ese crimen.<fnref n="8" />

Los interrogatorios policiales al llegar a “casa” son parte de las tácticas del gobierno de las migraciones (Tazzioli, 2014). Analizando el caso de deportados cameruneses, Jill Alpes (2018) constata que esas tácticas se aplican con el afán de disciplinar y disuadir la reemigración clandestina a la Unión Europea (UE) (Alpes, 2018). Ese control se explica en el marco de las relaciones geopolíticas desiguales, donde los países de origen se tornan en la policía de sus propios nacionales para detener la movilidad ilegalizada a economías centrales (Faist, 2019; Mezzadra & Neilson, 2013); formas en las que opera el control remoto de la UE y de EE.UU. (Zolberg, 2006).

Encubierto bajo el infalible argumento del combate al tráfico de migrantes, tal como argumentó la exfuncionaria entrevistada, el interrogatorio a los deportados en Ecuador, al igual que en el caso camerunés, tiene entonces una triple funcionalidad. Primero, reforzar el castigo estatal frente a la contraconducta de haberse movido por medios ilegítimos y haber residido sin autorización estatal en un espacio nacional distinto al del nacimiento, en este caso EE.UU. Segundo, producir miedo en esos sujetos en movimiento, advirtiéndoles de que el Estado ecuatoriano los vigila, y provocar así la disuasión de otro intento de “migración ilegalizada” a ese destino. Y, por último, obtener información en torno a la dinámica del tráfico de migrantes y la migración irregularizada en tránsito que sale desde Ecuador a EE.UU. elemento clave en la agenda de cooperación binacional de ambos países.

<footnote n="8">⁸ Exviceministra de Movilidad Humana, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Entrevista personal, Quito, mayo de 2016.</footnote>
Desde inicios del siglo XXI, el combate a los delitos transnacionales del tráfico de migrantes y la trata de personas se ha convertido en la vía legítima para implementar tácticas de control de la migración no deseada desde países empobrecidos y/o en conflicto a EE.UU. (Miller, 2019; Kyle & Koslowski, 2011). Desde entonces, ese mismo combate ha sido parte de la agenda de cooperación binacional entre Ecuador y EE.UU. en materia de seguridad nacional y migración ordenada (Bonilla, 2002). El gobierno estadounidense, vía su embajada en Ecuador y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), ha tenido un rol activo en el diseño e implementación de los diversos planes nacionales de combate a la trata de personas y al tráfico de migrantes (Ruiz & Álvarez Velasco, 2019); así como en la formación directa, tanto de agentes migratorios como de la policía nacional, en métodos de control fronterizo, identificación a migrantes irregularizados y traficantes, y en operativos para desmantelar ambos delitos (Álvarez Velasco, 2020).<fnref n="9" /> Los interrogatorios policiales a la llegada, como dijo la exviceministra entrevistada, son, por tanto, funcionales para el Estado ecuatoriano pues, a través de ellos, los deportados son convertidos en fuente de información “cooperante” para el combate del tráfico de migrantes, cumpliendo así con la agenda de cooperación binacional que el país mantiene con EE.UU.

La cara policial del Estado fue la que los cuatro deportados conocieron desde que aterrizaron en Ecuador. Félix, Fabián, Manuel y Andrés retornaron forzadamente entre 2015 y 2016; lapso que coincide con los dos años finales de la así llamada “Revolución Ciudadana” (2007-2017), un gobierno, política e ideológicamente, de izquierda que se sumó al giro “posneoliberal” sudamericano (Acosta & Cajas, 2015). Entre los planteamientos más notables de ese gobierno figuraba

<footnote n="9">⁹ Funcionarios ecuatorianos de las Direcciones Anti-Trata de Personas y Anti-Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno y de Unidad de Delitos Transnacionales de la Fiscalía General, son, de hecho, entrenados en la International Law Enforcement Academy (ILEA) ubicada en El Salvador. La ILEA (https://sansalvador.ilea.state.gov/) se creó en 2005 por iniciativa del expresidente Bill Clinton, con el propósito de asegurar la lucha contra delitos transnacionales y el terrorismo (ILEA, 2023); mecanismos que confirman las formas en las que la externalización de la frontera de EE.UU. opera en las Américas (Miller, 2019).</footnote>
un abierto rechazo al intervencionismo estadounidense en asuntos in-
ternos (Pugh, 2017) y al régimen neoliberal de control a la movilidad
humana. Este último rechazo se materializó en un giro progresista en
materia migratoria amparado en la Constitución de 2008, que garan-
tizaba, entre otros, el “derecho a la libre movilidad” (Artículo 40) y el
“principio de ciudadanía universal” (Artículo 416), otorgando a nacio-
nales y extranjeros los mismos derechos (Organización de los Estados
Americanos [OAS], 2008). No obstante, dicho progresismo no estuvo
carente de contradicciones, reveses y, sobre todo, brechas entre el dis-
curso político, la constitución progresista y una práctica política que
nunca dejó de reforzar el control migratorio y preservar la cooperación
con EE.UU. en seguridad nacional y control fronterizo (Álvarez Velasco,
2020). El recibimiento policial a personas deportadas es, de hecho,
una clara muestra de ello, junto con la ausencia de una política de
protección social o programa de atención integral para esa población
ecuatoriana. Es más, el recibimiento policial es parte de las prácticas
del heterogéneo régimen de control migratorio ecuatoriano, el cual no
sólo se ejerce sobre población inmigrante caribeña o extracontinental,
ilegalizándola y deportándola (Álvarez Velasco, 2020), sino sobre sus
nacionales deportados, construidos como ciudadanos criminalizados
de segunda categoría.

En los inicios de la Revolución Ciudadana en 2007, se creó la
Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), primera institución pú-
blica a cargo de implementar una política migratoria con enfoque de
derechos. Entre las responsabilidades de la SENAMI figuraba atender,
vía programas específicos, a la población refugiada y migrante que
llega, sale o transita por Ecuador (SENAMI, 2007). Fue así como, en
2009, se creó un programa inicial para atender a deportados. A decir de
la exoficial del Programa de Atención al Migrante Deportado: “Desde la
SENAMI se pretendía cubrir las necesidades sociales y emocionales de los
deportados. Íbamos al aeropuerto. Les recibíamos nosotros, les dába-
mos un *lunch*, llenábamos un registro social y luego coordinábamos su
salida a provincias. Estábamos apenas empezando a perfilar la atención
desde un enfoque de derechos. Pero todo eso quedó ahí”.<fnref n="10" />

<footnote n="10">¹⁰ Exoficial del Programa de Atención al Migrante Deportado (2009-2013). Entre-vista personal, Quito, enero de 2016.</footnote>
Por malos manejos administrativos, tensiones políticas y reve-
ses del progresismo ecuatoriano en materia migratoria (Margheritis,
2011), sólo seis años después de su creación, la SENAMI fue desapare-
cida y sus competencias repartidas, desde 2013, entre el Ministerio de
Gobierno (instancia a cargo, entre otras cosas, de la policía nacional) y
el viceministerio de Movilidad Humana, institución adscrita al Minis-
terio de Relaciones Exteriores y creada para asumir las responsabilida-
des de la extinta SENAMI. En ese traspaso de competencias, el Programa
de Atención al Migrante Deportado que, tal como lo dijo la exfuncio-
naria, apenas se empezaba a esbozar, “quedó ahí”.

Desde entonces, la única respuesta que el Estado brinda a las
personas deportadas es la bienvenida policial a cargo del Ministerio
de Gobierno. La Ley Orgánica de Movilidad Humana, aprobada en
enero de 2017, garantiza supuestamente la aplicación efectiva de la
Constitución progresista; sin embargo, como afirmó en entrevista un
abogado especialista en derechos humanos y migración, asesor de la
Corte Constitucional: “Lamentablemente, no existe ninguna acción
afirmativa dirigida a los deportados; no hay ninguna perspectiva de
atención integral, simplemente no hay nada para ellos. Es como si no
existiesen en la ley”.<fnref n="11" />

Esa invisibilización en el marco legal, junto con la total negligencia del Estado ecuatoriano para generar políticas de protección social y programas de atención integral para la población deportada, refuerza la ciudadanía jerarquizada y racista que, como se analizó en la sección previa, históricamente ha despojado de derechos a población campeña indígena migrante, que además es deportada. En esa negligencia se constata además cómo el Estado, siguiendo a Judith Butler (2012), provoca a través de regulaciones legales una clara distinción entre cuerpos que importan y otros que no: los deportados importan en tanto fuente “cooperante” de información, no en tanto sujetos históricos con ciudadanía plena. Posdeportación, su infracondición socioeconómica de hecho se fue deteriorando aceleradamente. Andrés reflexionaba con toda claridad al respecto. En sus palabras:

<footnote n="11">¹¹ Entrevista, abril de 2020.</footnote>
¡Qué va a ser fácil esto! De un día para el otro todo se queda allá [EE.UU.]. Uno llega sin nada, y luego aquí el gobierno no ayuda, del gobierno yo no espero nada. La familia ayuda en lo que puede, pero nuestras familias están jodidas, vivir sólo de la chacra no se puede, por eso nos fuimos [...] Cuando nos devuelven, lo que queda es sobrevivir. La vida del devuelto es pesada, es durísima, es triste [...] No sé, a mi me parece que es imposible quedarse”.<fnref n="12" />

Efectivamente, “la vida del devuelto” se torna “imposible”. Habían pasado diez, once, quince y veinte años desde que Manuel, Andrés, Fabián y Félix emigraron, respectivamente, partieron como adolescentes y los “devolvieron” de adultos a un lugar que, siendo familiar, paradójicamente les resultaba ajeno. Los cuatro llegaron con las manos vacías, “sin nada”, parafraseando a Andrés; eso sí, con la carga emocional de la irreversible pérdida material y simbólica del lugar que tenían en EE.UU. Como decía Félix: “Allá se quedó todo: mi home, mi hija, mi esposa, mi casa. Desde que entré en detención, les prometí a ellas, y a mí mismo, que volvería. Yo llegué sabiendo que me tengo que regresar, que éste no es mi lugar”.

Insistían estos cuatro deportados en que el apoyo de sus familias extensas en las comunidades campesinas indígenas en Azuay había sido decisivo en ese retorno abrupto. Sin embargo, no era suficiente para quedarse. Retomando las palabras de Félix, Ecuador no era más su home: por años, ellos habían construido a pulso otra vida a la que estaban acostumbrados; una vida con otros tiempos y con otras formas de sobrevivencia vinculadas a la economía urbanizada, acelerada e híperconectada de Nueva York. A partir de sus relatos, del tono de su voz y de su gestualidad, se entreveía que su posdeportación estaba marcada por una sensación de incertidumbre, frustración y angustia constante por estar en el lugar que “ya no era más su lugar”, como decía Félix.

“Me pedían papeles que no los tengo y no sé cómo sacarlos”, decía Fabián con insistencia cuando describía las dificultades que tuvo en sus primeros días en Ecuador. Esos “papeles” a los que él se refería, y de los que también hicieron mención los otros tres deportados, eran

<footnote n="12">¹² Andrés, 29 años, ecuatoriano deportado. Gualaceo, julio de 2017.</footnote>
certificados de diversa índole para comprobar quiénes eran. No se traba de documentos oficiales (a los que los cuatro sí accedieron, pues, al estar en su país de ciudadanía, rápidamente obtuvieron su cédula de identidad ecuatoriana), sino de “papeles” que certificasen algún tipo de vida pasada en Ecuador. Ellos decían que les pedían, por ejemplo, certificados que constataran sus habilidades y conocimientos, que dievan cuenta de trabajos previos y de su “honorabilidad” a la hora de trabajar, e incluso registros bancarios. Este último requisito era exigido en algunos empleos, siendo indispensable para acceder a un crédito inicial. No contar con esos “papeles” era una traba para rearmar la vida. De hecho, la exigencia de esos certificados, y la inexistencia de algún programa estatal que guíe y apove a los deportados en su retorno involuntario, da cuenta de obstáculos burocráticos cotidianos que confinan a los deportados a limitadas oportunidades laborales y a una acelerada hiperprecarización al llegar al país de origen (Silver, 2018; Khosravi, 2018). Eso fue exactamente lo que sucedió con Félix, Fabián, Andrés y Manuel.

Retomando el análisis de la segunda sección, estos cuatro deportados provenían de familias indígenas campesinas, cuya fuente de sobrevivencia ha sido y sigue siendo la agricultura; y, como mencioné antes, el campo ecuatoriano concentra los mayores índices de pobreza y de empleo informal a nivel nacional (INEC, 2019). Por eso, como decía Andrés, “vivir sólo de la *chacra* no se puede”; el multiempleo es consecuentemente una vía de subsistencia. Sin embargo, Félix y Manuel se graduaron del bachillerato, Andrés terminó el tercer año de secundaria y Fabián sólo terminó la primaria. Es decir, ninguno de los cuatro había concluido la educación superior, lo que implicaba que, al igual que miles de otros ecuatorianos, estaban condenados a trabajos en la economía informal y a confrontar la violencia de la pobreza, ya sea en la ruralidad o en las ciudades (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2019). Estos elementos definitorios de sus trayectorias son el resultado de prácticas estatales racistas institucionalizadas que reproducen la disparidad entre las personas y perpetúan así la desigualdad racial y las diferencias socioeconómicas (Bonilla-Silva, 2015; Omi & Winant, 2014).

Durante su tiempo de estancia en Ecuador, los cuatro combinatoron empleos. Trabajaron en el cultivo de la tierra, en la construcción,
como cobradores de pasaje de autobús, como taxistas, en panaderías e, incluso, en la venta en el mercado como parte del negocio familiar. Aunque sus condiciones de trabajo eran similares a las que tenían en EE.UU. –en el sentido de que también estaban confinados a la economía informal de ese país–, había una diferencia importante: la cantidad de dinero que percibían. En Ecuador, si tenían suerte, ganaban el salario mínimo, 386 dólares al mes, pero normalmente ganaban menos, monto que apenas les servía para cubrir sus necesidades materiales; no se diga en los casos en que su familia se quedó en EE.UU., como en los de Félix y Fabián.

La híperprecarización cotidiana era para ellos un retroceso vital. “Ganar tan pocos dólares por trabajar más de ocho horas no vale la pena. Yo ganaba alrededor de 1200 dólares por semana, ahora gano lo que allá ganaba en dos días. Así no puedo vivir”, decía Manuel. Fabián, en un punto, incluso empezó a recibir remesas que su esposa le enviaba desde EE.UU.: “Me siento muy mal por recibir dinero. Yo era el que enviaba plata, ahora soy yo el que recibe; se dio vuelta la cosa. Y para mí, es un retroceso”. La limitada situación material generaba en estos dos deportados, como en Andrés y Manuel, una frustración constante. A pesar de que ellos no cesaban de trabajar, el dinero que percibían simplemente no les alcanzaba, pues en Ecuador, el nicho laboral al que estaban confinados reflejaba la desigualdad y el racismo que históricamente ha afectado a la población indígena campesina. Esa frustración por no poder mejorar sus condiciones vitales se agravaba cotidianamente porque los cuatro además cargaban con la “vergüenza” de ser deportados. Así reflexionaba Félix: “Los que hemos sido devueltos, casi no hablamos de lo que nos ha pasado. Se pasa mal cuando le regresan a uno [...] Yo le dijera que uno carga con vergüenza frente a la gente, frente a uno mismo [...] No sé, es la vergüenza de que te agarraron y te regresaron. Es duro y toca aguantar eso hasta poder salir de nuevo.”

Para Félix, Manuel, Andrés y Fabián, lidiar con la vergüenza de ser un migrante deportado en “casa” fue quizá lo más difícil del retorno forzado. Retomando el análisis previo, la historia migrante de Ecuador ha configurado una cultura migratoria que se ha transmitido entre tres generaciones. La “vergüenza” de ser deportado refleja, por tanto, una trayectoria migratoria truncada que socialmente puede ser vista como un fracaso, por no cumplir con el modelo histórico designado de ser
un migrante que exitosamente llegó y permaneció en el país de destino. Esa vergüenza también se activa debido a la inmensa dificultad de recomenzar sus vidas posdeportación en las comunidades nativas. Cargar con vergüenza es una de las formas en las que los deportados son estigmatizados en sus países de origen (Silver, 2018), algo que tiene de hecho afectaciones emocionales irreversibles en las trayectorias vitales de esos migrantes, y que exigiría a los Estados formas de atención social pertinentes (Schuster & Majidi, 2015; Zilberg, 2011).

La sensación de haber sido recriminalizados al llegar, la condena a la híperprecarización vital y el peso de cargar con la vergüenza de ser un deportado, marcaron la experiencia posdeportación de Félix, Fabián, Manuel y Andrés. Esas experiencias, ajenas a cualquier noción de ciudanía, ya no en el país de deportación sino en el país de origen (Peutz, 2006), se sumaron a la pérdida del lugar simbólico y material que, a pulso, ellos habían construido en EE.UU. Si bien en ese lugar tenían que lidiar con la carga de ser indocumentados y deportables, el trabajo en el mercado informal les permitía sostener la reproducción social de sus familias en EE.UU. y ayudar a las que quedaron en Ecuador. Tener ese lugar, simbólicamente, suponía que ellos para sus comunidades de origen no habían fracasado en el intento de alcanzar el “sueño americano” en versión ecuatoriana. En conjunto, todas esas condiciones se tornaron en razones suficientes para reactivar su movilidad autónoma. En contra de esa “involuntariedad” (Drotbohm, 2012) que les provocaba el hecho de estar en el lugar en el que no querían estar, porque no era más su *home*, los cuatro deportados resolvieron recomenzar su tránsito.

Las repercusiones espaciales del régimen de deportación de EE.UU. en Ecuador son innegables (Hiemstra, 2012), pues han producido impactos psicológicos y sociales en los deportados, e incluso re-producen formas de violencia en Ecuador. No obstante, dicho régimen no disuade ni domestica los actos impredecibles que pueden detonar el re-comienzo de nuevos tránsitos al norte.

No fue algo inmediato. Por su experiencia previa, los cuatro deportados sabían que planificar el viaje clandestino toma tiempo. Tenía que definir la ruta, identificar al *coyote* y, sobre todo, mediante la petición de un préstamo a un *chulquero* en Ecuador o a un familiar en EE.UU., reunir al menos 10 mil dólares para pagar sus servicios. Debido a que, en la última década, el control estatal se ha reforzado y las for-
mas de violencia se han recrudecido en el corredor migratorio Región Andina-Centroamérica-México-EE.UU. (Varela, 2015; Álvarez Velasco, 2020), irse por *la chacra* supone además contar con mayor información sobre el camino, asegurarse de tener un *smartphone* a la mano para ir conectado y, sobre todo, llenarse de valentía para volver a cruzar una ruta que, aun cuando era conocida, estaba llena de violentas contingencias, donde lo más riesgoso no era cruzar las ocho fronteras nacionales que separan a Ecuador de EE.UU. y ser detenido o deportado otra vez, sino transitar por rutas que suponen enfrentar un riesgo permanente de muerte.

Fabián fue al que más tiempo le tomó retomar el camino. Había pasado prácticamente un año desde su deportación y no lograba reunir el dinero suficiente para partir. Después de que lo conocí, no tardó más de tres meses en partir finalmente. Andrés y Manuel esperaron ocho y diez meses antes de partir. Félix, en cambio, reactivó su tránsito casi de inmediato. Vivir 20 años en Nueva York y haber dejado a su familia nuclear allá era determinante en su decisión de reemigrar. En menos de tres meses, logró contactar a un *coyote* recomendado, obtener un préstamo para pagarlo y llenarse de fuerzas para salir nuevamente por *la chacra*. En la última conversación que tuvimos, me dijo: "uno nunca está listo para irse, pero se aprende *yéndose*; tantos y tantos que se han ido, les devuelven y se van. Yo ya fui una vez, y duré 20 años. Ahora voy por la segunda vez".

Desde lejos y desde una posición privilegiada, podría parecer a primera vista incomprensible que la desobediencia de estos cuatro migrantes los lleve a un destino en el que serán convertidos (de nuevo) en sujetos ilegalizados, racializados, deportables y explotables. Sin embargo, también en Ecuador la desigualdad estructural y el racismo sistémico los han convertido a ellos, a sus familias y a sus comunidades durante siglos en sujetos racializados y explotables (De Genova & Roy, 2020). Enfrentarse a la posibilidad de ser criminalizados, detenidos e incluso deportados por el sistema de inmigración racista de EE.UU. no era su principal preocupación, sino resolver la materialidad de sus vidas, algo que en Ecuador no podían hacer. Esa era la diferencia más significativa entre quedarse y reemigrar, como explicó Manuel: "No tengo miedo de que me detengan ni de que me vuelvan a deportar; tengo miedo de poder sobrevivir. Estados Unidos es un lugar donde vamos a
trabajar y trabajar y trabajar. Sin trabajo, no comemos, ni nuestra gente que se queda y a la que enviamos dinero. Por eso nos vamos de nuevo. ¿Es tan difícil de entender?".

Sin romantizar su desobediencia, pero con la intención de comprender este movimiento histórico que marca la lucha espacial de estos migrantes, cabe recordar a Marx: "El reino de la libertad sólo comienza allí donde el trabajo determinado por la necesidad y consideraciones mundanas cesa; así, en la propia naturaleza de las cosas, éste se encuentra más allá de la esfera de la producción material real" (2010/1864, p. 593).<fnref n="13" /> Como efecto del desarrollo geográfico desigual (Harvey, 2006), existe una diferencia abismal (e insalvable) entre *ee.uu.*, la mayor economía del mundo, y Ecuador: mientras que el primero no deja de ofrecer nichos laborales informalizados para la mano de obra migrante, el segundo no puede garantizar trabajo digno a 50% de su población económicamente activa (INEC, 2020). Optar por reiniciar sus tránsitos a *ee.uu.* es, para los migrantes como Félix, Manuel, Andrés y Fabián, sólo un paso más dentro de una lucha mucho más larga: la lucha desplegada por la fuerza de trabajo para modificar sus condiciones de vida existentes en camino hacia su libertad (Marx, 2010/1894).

Desobedeciendo al castigo estatal icónico de la deportación; haciendo caso omiso a los efectos que en ellos dejaron los "vuelos para torturar a migrantes" o los interrogatorios policiales a la llegada; contradiciendo el deseo estatal de que ellos se tornen "cooperantes" en su combate al "tráfico de migrantes"; negándose a ocupar un lugar histórico de superexplotación y a estar condenados a la violencia de la pobreza racista en Ecuador; contradiciendo el fundamentalismo nacionalista que pretende controlar la movilidad y equiparar la pertenencia al lugar de nacimiento; desobedeciendo la supuesta imposibilidad de escoger dónde recrear un lugar simbólico y material para reinventar la vida, los cuatro volvieron a partir.

Las trayectorias de estos cuatro deportados en tránsito se suman a las de muchas otras personas deportadas ecuatorianas que, con su movilidad, resisten un perverso proceso de precarización y desecha-

<footnote n="13">¹³ Traducción propia del inglés al español.</footnote>
bilidad en su propio país de ciudadanía. Y la forma en que lo hacen es reactivando su desobediencia migrante, poniéndose una vez más en movimiento. Al salir otra vez por el camino, esa movilidad irregulariza- da transformó a Ecuador, a su país de origen, en un espacio de tránsito para retornar al lugar que ellos habían hecho su home.

La historia migrante de Ecuador, el impacto de la externalización de la frontera de EE.UU., vía programas de cooperación binacional, y las formas locales en las que el Estado ecuatoriano adopta y adapta el control de la movilidad ilegalizada (Andersson, 2017), son condiciones fundamentales que, junto a la desobediencia migrante encarnada en los deportados en transito, explican cómo Ecuador no sólo es actualmente un espacio de tránsito utilizado por migrantes irregularizados en ruta a EE.UU. o a otros destinos en las Américas (Álvarez Velasco, 2020), sino también por sus propios connacionales, quienes después de haber sido deportados, tal como decía Félix, terminan otra vez “yéndose”.

## Conclusión

Comprender la producción del espacio poscolonial, transnacional y desigual Ecuador-EE.UU. en clave de la desobediencia migrante, resul- ta relevante en la interpretación crítica del presente marcado por la exacerbación de la tensión entre movilidad y control. Esa clave analí- tica revela actos cotidianos de rechazo que la población históricamen- te marginada pone en marcha, autónoma y conscientemente, ante los mecanismos de control a su libre movilidad, de fijación a un territorio nacional y a un lugar social de opresión. La deportación al país de ciudadanía es desobedecida con la reactivación del tránsito migratorio, y el confinamiento al histórico lugar de subordinación y explotación racializada es desobedecido, asimismo, mediante la remigración. Con base en los hallazgos presentados, es posible afirmar que, en cualquier intento de comprender críticamente el actual gobierno de las migra- ciones, habría que poner por delante la desobediencia migrante, pues, como afirman Martignoni y Papadopoulos (2014): “el movimiento va antes que el capital –pero no es independiente de él–, y la movilidad va antes que el control –pero no desconectada de él–” (p. 38), y es la desobediencia migrante, la que, como vimos, dispara la movilidad.
Abdelmalek Sayad (2010) propuso la doble ausencia como plan-
teamiento teórico, metodológico y político para analizar la simultanei-
dad de experiencias vividas entre la (e)migración y la (in)migración. El
origen es incomprensible sin el destino, pues entre ambos hay conexio-
nes históricas poscoloniales, geoeconómicas y geopolíticas que explican
la migración (Sayad, 2010). Como he mostrado, la configuración del
espacio poscolonial, transnacional y desigual Ecuador-EE.UU. es inex-
plicable sin entender que el (neo)colonialismo de EE.UU., superpuesto
al colonialismo español (Gómez, 2022, p. 70), sentó las bases para la
consolidación de relaciones geoeconómicas y geopolíticas desiguales
entre ambos países, cuyos efectos han sido determinantes a la hora de
interpretar críticamente el incesante ir y venir, las deportaciones y sub-
siguientes remigraciones, de ecuatorianos ilegalizados por décadas. Es
más, un cúmulo de violencias estatales está presente en ese espacio pos-
colonial, transnacional y desigual Ecuador-EE.UU., impactando las vidas
de los deportados. Una de las formas que toma ese régimen es la crimi-
nalización de los migrantes y el uso efectivo de tácticas de control sobre
sus cuerpos, sumado a que ellos son abrupta y legamente arrancados
del lugar material y simbólico que construyeron en EE.UU., un espacio
nacional al que no pertenecían por nacimiento, pero sí por decisión.

Esa violencia estatal tiene un correlato en el país de ciudadanía. En el caso analizado, la bienvenida policial, la invisibilización y negligencia estatal al no proporcionar algún tipo de protección social o mecanismo de cuidado a esos deportados-retornados, son formas en las que se materializa la violencia estatal en origen. Por eso, los deportados resienten los efectos no sólo del régimen de deportación estadounidense y su externalización hasta Ecuador, sino también las paradójicas formas en las que el régimen de control fronterizo ecuatoriano impacta las vidas de sus connacionales.

En clave de Sayad (2010), cabría así entender que, en la depor-
tación en tránsito, hay una doble desobediencia: al país de deportación
–que, bajo el fundamentalismo nacionalista insiste en regresar a aqué-
llos que no pertenecen por nacimiento a un espacio nacional en el
que, sin embargo, han armado una vida o pretenden hacerlo– y al país
de ciudadanía –que los confina a la pertenencia por nacimiento, no
por elección, perpetuando en muchos casos la ocupación material y
simbólica de históricos lugares de subordinación y superexplotación.
Los deportados en tránsito ejercen actos de reacción contra los Estados poscoloniales que han seguido despojando violentamente de derechos fundamentales a determinadas poblaciones, principalmente indígenas y afrodescendientes (Gilmore, 2002). Es esta población despojada de la plena ciudadanía en su país de origen la que emigra, la que es deportada y la que desobedece el control estatal reiniciando sus movilidades como parte de una incesante y vital lucha espacial. Esa doble desobediencia marca ese *continuum* de violencia, siendo a la vez una forma de contestación social ante la exacerbación de la violencia de la pobreza, de la desprotección estatal y de la producción de vidas desechables. Con sus efectos espaciales, la desobediencia migrante altera las nociones de pertenencia territorial basadas en premisas nacionalistas, al tiempo que transforma a Ecuador, su país de origen, en un lugar de tránsito.

Uno de los límites del análisis hecho es la necesidad de incluir una perspectiva de género para comprender, desde las experiencias vividas de mujeres deportadas, cómo ese régimen las impacta y cómo ellas resisten. Aquí se abren líneas de investigación futuras para, en diálogo con el feminismo latinoamericano, dar cuenta de las desobediencias iniciales y contemporáneas protagonizadas por mujeres migrantes y deportadas en el espacio poscolonial, transnacional y desigual Ecuador-EE.UU.

El giro global antiinmigrante define el momento actual. El emblemático castigo de la deportación se expande junto con políticas cada vez más letales, dirigidas a los cuerpos racializados para controlar su libertad de movimiento. Por eso, ahora más que nunca, la desobediencia migrante nos enseña que la movilidad es “en sí misma, un acto político” (Mitropoulos, 2007), que desencadena una poderosísima respuesta social autogestada de autocuidado para sostener la reproducción de las condiciones materiales y la protección de las vidas de los migrantes, tanto en los países de destino como de origen. Una defensa radical de la desobediencia migrante residiría precisamente en nuestra capacidad de adoptar otra mirada y posición, capaz de comprender su potencial político e histórico para desestabilizar los nacionalismos letales, activando prácticas incesantes de libertad y sostenibilidad de la vida transnacional.
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VII

Control biopolítico y xenofobia institucionalizada
en la frontera norte de Costa Rica. Respuestas
securitarias a población migrante y refugiada
durante la pandemia por COVID-19

Sergio Salazar Araya

Introducción

Las primeras respuestas estatales respecto a población migrante y en mo-
vilidad en Centroamérica ante el contexto de pandemia por COVID-19
son parte de un proceso más amplio de securitización de la vida social
a nivel regional, expresado en acciones de control material y represen-
tación pública sobre estas poblaciones. Para el caso en particular, ambas
formas parecen realizarse desde la criminalización y victimización de
poblaciones, prácticas que se combinan en actos discursivos y operati-
vos específicos y no son exclusivas de instancias y actores estatales.

El objetivo del presente trabajo consiste en analizar un conjunto
de actos de este tipo por parte del gobierno de Costa Rica, como par-
te de sus respuestas a la población en movilidad en el contexto de la
pandemia. Aprovechando el caso específico de la frontera norte, se evi-
dencia que las respuestas se fundamentaron en prácticas y discursos de
excepción, emergencia y sanitización por encima de enfoques de pro-
tección de poblaciones vulnerables y garantía de derechos humanos.

Trabajos recientes han abordado contextos semejantes para
el caso costarricense y de otros países. Guillermo Navarro Alvarado
(2021) ha abordado los cierres de frontera entre marzo de 2020 y 2021, “comparando las formas de apertura progresiva, los grupos migratorios implicados y sus efectos” (p. 65). El caso actualiza un proceso histórico más amplio de creciente securitización de las problemáticas y conflictos sociales en la región (Solís Vargas, 2017; Kourliandsky, 2019) y el mundo (Chamie, 2020), que sirve como premisa analítica de la gestión fronteriza de mecanismos de securitización animados y justificados desde discursos e imaginarios xenofóbicos y racistas.<fnref n="1" />

Más ampliamente, el debate se establece entre miradas analíticas que parten de la necesidad de securitizar el fenómeno migratorio desde una perspectiva de seguridad nacional y/o global, particularmente en relación a la población en tránsito, entre las que destacan las acciones gubernamentales y algunas perspectivas académicas (Benítez Manaut, 2011) y perspectivas críticas (Castillo, 2005; Inda, 2006; Pallito & Heyman, 2008; Heyman, 2008; Golash-Boza, 2012), que en torno a estudio de casos y regiones específicas, argumentan que constituyen falsas salidas al problema (Canales et al., 2019).

Este contexto de la gestión migratoria en la región centroamericana se encuentra condicionado por factores geopolíticos, que orientan en buena medida las principales acciones y relatos oficiales a nivel nacional, y operan como determinantes estructurales de la acción social y política de las poblaciones en movilidad, particularmente de las más vulnerables. Desde hace varias décadas, los principales procesos de cooperación internacional establecen la colaboración en temas de seguridad como requisito (Iniciativa Mérida) y han establecido la incidencia en espacios de coordinación y gobernanza regional como prioridad. Un ejemplo es la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), creada en 1996, en la que “[el] papel preponderante de EE.UU. en la región, así como su capacidad financiera dentro de la CRM, ha favorecido que sus intereses y métodos prevalezcan en la organización” (Solís Vargas, 2017, p. 19).

Los procesos de migración intrarregional de larga data se articulan con la migración sur-norte contemporánea (León-Araya & Salazar

<footnote n="1">¹ Esta perspectiva crítica se evidencia también en trabajos semejantes para otras latitudes (Díaz et al., 2020; Arango et al., 2021; Meer et al., 2021; O'Brien & Eger, 2021; Martin & Bergmann, 2021).</footnote>
Araya, 2016; Prunier & Salazar Araya, 2021), en tanto la movilidad ha sido un mecanismo de adaptación de poblaciones excluidas y mar- ginalizadas en respuesta a crisis, conflictos y tensiones frente a las que los Estados no han respondido de forma efectiva. Una estrategia de re- producción social desplegada por comunidades, unidades familiares e individuos, y que ha generado un “habitus migratorio” (Salazar Araya, 2017), presente en las formas de movilidad más actuales. Igualmente, la tendencia a la contención de la movilidad a partir de estados de ex- cepción o emergencia, se enmarcan en un plano histórico más amplio que forma parte del estilo nacionalista y autoritario de muchas de las formaciones estatales de la región.<fnref n="2" />

En este marco, la coyuntura abordada ofrece el valor heurístico y analítico de examinar el comportamiento de instancias y actores es- tatales en situaciones de crisis, donde más claramente se evidencian las rupturas con trayectorias discursivas y de institucionalización que pre- sumiblemente animaron los procesos de formación de estado durante los últimos cuarenta años. La democratización, la institucionalización del conflicto social, la garantía del estado de derecho y de los derechos humanos son proyectos que pasan a un segundo plano cuando se iden- tifica “algo que puede socavar el orden político dentro de un Estado” (Waever, 1995, p. 5), y rápidamente se vuelve a las formas que tradi- cionalmente, en diferentes momentos de la historia centroamericana (To- rres-Rivas, 2007, 2010) han animado los proyectos políticos de las élites estatales en la región: la razón de Estado y el ejercicio despótico del poder.

En un plano macro o global, los mecanismos de securitización abordados se articulan a procesos políticos más amplios que dan cuenta

<footnote n="2">² Un buen ejemplo de estas prácticas y los traslapes y excesos que implican en relación a la excepción y el estado de derecho, son los Grupos de Tarea Conjunta, conformados por cuerpos de seguridad civiles y militares, en algunos casos con acción y coordinación transfronteriza (Salazar Araya, 2017), como el caso del Grupo Chortí y otros. Se trata de una “policialización del Ejército”, no como “desnaturalización en los cuerpos castrenses, sino [como] un desdoblamiento de sus actividades” dirigido a “diseñar los asuntos de guerra en el imaginario o subjetividad colectiva de los ciudadanos, para obtener apoyo y legitimar las acciones castrenses [...] y dotar de mayores facultades a los militares para que amplíen su presencia en la sociedad” (Salazar & Yenissey Rojas, 2011, p. 34).</footnote>
de las fuerzas que condicionan el fenómeno migratorio a nivel estructural, y que en el caso de la región muestran importantes vacíos, debilidades y desconexiones (París et al., 2015; Vargas-Mazas, 2020; Morales Gamboa, 2020, 2021; Faret et al., 2021). Estas medidas no permiten abordar los alcances y complejidades de los fenómenos de movilidad de población contemporáneos en la región (Instituto Tecnológico Autónomo de México [ITAM], 2014; López Castellanos, 2018; Canales & Rojas, 2018; Canales et al., 2019; Wolf, 2020; Morales-Gamboa, 2020, 2021).

Es posible delinear las principales tendencias de las respuestas estatales en Centroamérica en relación con poblaciones migrantes y refugiadas en el contexto de la pandemia por COVID-19, a partir de tres tipos de medidas específicas: cierres de fronteras, medidas de suspensión de asilo y refugio y declaratorias de excepción o emergencia (Mora Román et al., 2021).<fnref n="3" /> Como ha señalado Guillermo Navarro (2021), durante la pandemia se “ha expuesto un delgado hilo que sostiene la relación entre derechos humanos y condiciones migratorias, que implica a la restricción del movimiento como su eje global y con ello a la vigilancia generalizada de las fronteras” (p. 64).

Los distintos actores estatales han desplegado medidas y respuestas de contención respaldadas en discursos nacionalistas y de securitización que restringen y controlan la movilidad, y se materializan distinto para diferentes poblaciones migrantes, solicitantes de asilo y en tránsito. Las disposiciones han coincidido en tiempo y forma en la mayoría de los países, y también ha sido común el dar prioridad a la circulación de mercancías por encima de los derechos a la movilidad de las personas.

Para este caso en particular, interesa el fenómeno de securitización como parte de un proceso más amplio (de profunda raíz colonial) de

<footnote n="3">³ Es importante reconocer que hay experiencias y procesos de colaboración científica que se han interesado por identificar e interpretar algunas caracterizaciones y tendencias regionales y nacionales, vinculadas a las respuestas gubernamentales en materia migratoria ante la crisis sanitaria (Álvarez Velasco, 2020; Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2020; Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA], 2020; González et al., 2020).</footnote>
ocultamiento de la condición de sujeto histórico y político de la población migrante y en movilidad, y la reconversión de su representación pública mediante estrategias discursivas de construcción de sospechas. Efectivamente, como ha señalado Domenech (2021): “[la] migración ‘irregular’ pasó a engrosar las supuestas nuevas amenazas mundiales” (p. 69), lo que en esta coyuntura ha sido muy evidente. No obstante, la gestión de la movilidad en la región no se reduce a prácticas de criminalización, pues el discurso y la agenda de derechos humanos no lo permiten.

La securitización, para el caso de los procesos migratorios y las poblaciones en movilidad transfronteriza, se apoya en dos estrategias discursivas diferenciadas pero articuladas, dos “actos de lenguaje” oficial y performativo: aquel que establece la condición vulnerable de la población migrante en tanto población que es parte de un estado y contribuye a su reproducción (remesas); y aquel que establece, también desde la mirada estatal, la condición de riesgo en tanto población extranjera, vehículo de posibles riesgos y enemigos externos. En el primer caso, la población migrante debe ser protegida, por lo que se convierte en objeto de securitización. En el segundo caso, la población migrante debe ser contenida e incluso combatida, pues es factor o vector de posibles riesgos y amenazas.

Emergen formas de representación más sutiles, que incorporan el elemento “humanitario” como rasgo de vulnerabilidad y fragilidad de la población migrante y en movilidad, al tiempo que asocian a esta población factores de riesgo, ya sea voluntario (criminal) o involuntario (vector de contagio). Efectivamente, las migraciones contemporáneas han trastocado “el orden fronterizo regional y dieron lugar a diferentes prácticas de control [...] que han oscilado entre el punitivismo y el humanitarismo [e incluso], la narrativa humanitaria ha ido permeando las intervenciones de control estatal” (Domenech, 2021, p. 72). Ahora, la producción social del “otro”, desde discursos hegemónicos, combina idealizaciones humanistas proyectadas como representaciones de victimización, vulnerabilidad, sacrificio y heroísmo, con estereotipos derivados del discurso de criminalización.<fnref n="4" /> La población migrante

<footnote n="4">⁴ La ayuda humanitaria, el acompañamiento de organizaciones no gubernamentales e incluso ciertas formas de participación de la academia, pueden reproducir</footnote>
es gente que hay que cuidar, y de la que hay que cuidarse. Por ningún lugar aparece una representación de agencia.

En un primer momento, se describen las acciones de cierre fronterizo de los países centroamericanos, con excepción de Costa Rica, que se detalla en el último acápite, así como las prácticas y discursos oficiales que las acompañaron. Se identifican algunos rasgos comunes a la región, como la lógica securitaria y nacionalista de las acciones de cierre, así como los efectos desproporcionados que tuvo en la inmovilidad y garantía de derechos de poblaciones vulnerables.

Posteriormente, se describen los procesos de excepcionalidad por país, las figuras jurídicas utilizadas y los procesos políticos para su validación, destacando cómo éstos tienen en común el realizarse desde mecanismos muy concretos de criminalización que redundan en situaciones de desprotección de poblaciones vulnerables. Finalmente, en el marco de las tendencias regionales descritas, se presenta el caso del "puesto fronterizo", instalado por el gobierno de Costa Rica en la frontera norte como respuesta securitaria a la pandemia. La medida se evidencia como una respuesta biopolítica animada por una lógica xenofóbica y racista, que finalmente no es efectiva en los objetivos de contención epidemiológica que la justifican. El capítulo termina con algunas conclusiones como rasgos comunes y derroteros normativos.

En relación al material empírico, el seguimiento mediático durante los primeros meses de la pandemia sirvió para la construcción de una línea del tiempo de las principales medidas estatales. Se consultaron los principales periódicos de cada país, medios internacionales en versión digital y los sitios web oficiales de los ministerios de gobierno y relaciones exteriores, las direcciones de migración y las presidencias, así como de distintas organizaciones no gubernamentales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

<footnote>lógicas de victimización que plantean topes a la potencia subjetiva y política de la población migrante. Es necesario salir del esquema criminalización-victimización y lo de lo que Domenech llama "prácticas humanitarias de control migratorio" (2021), y reconocer la creatividad y agencia de la población migrante implicadas en la producción social de la movilidad.</footnote>
Guerra a la movilidad: contención
de personas y circulación de mercancías
como prioridades del régimen fronterizo
ante la pandemia

El sentido profundo de la idea de seguridad, a pesar de la ampliación de sus referentes empíricos, queda fuertemente anclado a la razón de Estado en su tradición despótica, lo que se expresa tanto en las formaciones discursivas oficiales y hegemónicas, como en las prácticas estatales asociadas a estas. Como señaló al respecto Ole Waever (1995) en su reflexión y conceptualización sobre la idea de securitización, en contraste con los importantes niveles de “formalización” discursiva y práctica que ha adquirido la tradición de la “seguridad nacional”:

> La “seguridad” de quien/lo que sea/es una idea muy poco clara. No hay literatura, ni filosofía, ni tradición de “seguridad” en términos no estatales [...] En la medida en que tenemos una idea de una modalidad específica denominada “seguridad” es porque pensamos en la seguridad nacional y sus modificaciones y limitaciones, y no porque pensemos en la palabra cotidiana “seguridad” [...] El concepto de seguridad se refiere al Estado. (p. 2)

Las prácticas de securitización, en este caso de las movilidades, implican necesariamente mecanismos clasificatorios y selectivos (frecuente, aunque no exclusivamente fronterizos) para la realización de lo que en último término constituye una acción de guerra que actualiza la razón de Estado, y se expresa como política de muerte (Sullivan, 2022). Desde la perspectiva del proceso de formación del estado de derecho, estas prácticas se legitiman en figuras de excepción y emergencia, que suspenden derechos y activan arbitrariedades oficiales, mostrando el carácter ambiguo con que se actualiza la ley como instrumento social y la fuerte inclinación contra la garantía de derechos humanos (Castro Neira, 2018).

Las medidas de emergencia han llegado a interrumpir la vida cotidiana, los viajes internacionales se han suspendido en gran medida y se han cerrado muchas fronteras estatales. La preferen-
cia de los líderes estatales por la lucha contra el virus implica el ingreso a la guerra, aunque está claro que el paralelo es engañoso y que los involucrados en la “guerra” no son soldados, sino simplemente ciudadanos. (Mezzadra & Stierl, 2020, p. 1)<fnref n="5" />

Con frecuencia, se olvida que la propuesta de Waever (1995) se presenta bajo la dupla securitización/desecuritización, pues la fertilidad analítica está no sólo en explicar las prácticas y discursos en términos de una matriz de guerra más amplia, sino en mostrar posibles conflictos y problemas que podrían atenderse, estatal y socialmente, por fuera de dicha matriz. Para el autor, abordar un problema en términos de seguridad “evoca una imagen de defensa contra amenazas, lo que asigna al Estado un papel importante para abordarlo”, y esto “no siempre es una mejora” (p. 1). La crítica de Mezzadra y Stierl permite argumentar que justamente las movilidades, particularmente las de las poblaciones más vulnerables, constituyen problemas que deberían salir del alcance de la securitización.

Como ya se mencionó, los discursos securitarios se han instalado en espacios regionales de coordinación en la gestión de las migraciones desde hace mucho tiempo, y han significado “la priorización de la seguridad en una organización cuyo origen estaba centrado en los derechos humanos (DD.HH.)” (Solís Vargas, 2017, p. 14). Más ampliamente, desde los ochenta, el modelo de “guerra de baja intensidad” ha recolocado las tareas preventivas de los cuerpos de seguridad civiles, siendo “confiscadas, por decreto o estado de excepción, y puestas bajo vigilancia y control de los cuerpos armados castrenses” (Salazar & Yenissey Rojas, 2011, p. 33). Paralelo a esta forma de operación estatal-militar, empieza a vislumbrarse en el discurso hegemónico sobre seguridad, el reenfoque desde la noción de seguridad del Estado a la de seguridad de la población.

<footnote n="5">⁵ “Emergency measures have come to disrupt everyday life, international travel has largely been suspended, and many state borders have been closed. State leaders liken the fight against the virus to engaging in warfare –although it is clear that the parallel is misleading and that those involved in the ‘war’ are not soldiers but simply citizens” (Mezzadra & Stierl, 2020, p. 1).</footnote>
Waever muestra cómo las reglas y estructura de la guerra de los Estados contra enemigos que amenazan su existencia y reproducción, se trasladan, material y simbólicamente, a otras esferas sociales donde la acción militar no es central o no está presente del todo. Esto hace surgir diversos campos en los que se juega según las reglas de la guerra, pero con otros recursos y frente a “nuevas” problemáticas. Estas pugnas podrían entenderse como formas de guerra no convencional, donde una de las particularidades es la construcción de enemigos distintos a los Estados-nación y actos de violencia no necesariamente bélica (Mbembe, 2011), pero donde la operación de securitización siempre implica la identificación de factores o vectores de riesgo (Salazar & Yenissey Rojas, 2011). En relación a la población migrante, destaca que estas personas:

> Encarnan de la manera más dura las contradicciones y tensiones en torno a la libertad de circulación y su negación contemporánea. No es de extrañar que, en el clima actual, tienden a convertirse en uno de los primeros objetivos de las medidas más restrictivas [...] El peligro de confundir la guerra declarada contra la pandemia con una guerra contra la migración es grande, y los costos humanos son altos. Las medidas de restricción fronteriza ponen en peligro la vida de poblaciones vulnerables para quienes el movimiento es un medio de supervivencia. (Mezzadra & Stierl, 2020, pp. 3-4)

Para Waever (1995), los procesos de securitización desde una orientación “tradicional progresiva”, llevan a la aceptación implícita de un significado no evidente en la idea de seguridad, pero que se vuelve nuclear: que la seguridad es una realidad objetiva, previa al lenguaje. Esto implica una segunda idea no menos significativa: que más seguridad siempre será mejor o deseable, y que la seguridad debería abarcar más y más amplios temas y problemas que los tradicionales (ambiente, migración, bienestar, refugio, migración). Todo esto lleva a expandir el ámbito de la seguridad hasta casi abarcar toda la agenda social y política, muchas veces sobrepasando los parámetros ordinarios del estado de derecho, pero siempre con un anclaje centrado en la razón de estado.

Salazar y Yenissey Rojas parten de la securitización como “la versión extrema de carácter político aplicada en asuntos considerados
amenazas”, con base en la cual se activan “dispositivos de control para identificar riesgos, seleccionar medidas de emergencias, objetivar al enemigo y aplicar medidas justificadas por encima del tratamiento político” (Salazar & Yenissey Rojas, 2011, p. 33). Este proceso implica la identificación y producción social de un bien o bienes u objetos sociales que deben ser protegidos, lo que lleva necesariamente a la identificación de potenciales riesgos y factores o vectores de riesgo. Pero éste es un proceso que no se reduce a la acción material del Estado, sino también a su acción simbólica y discursiva. En este sentido, la securitización puede ser entendida, también, como la *producción sociopolítica de la sospecha*.

Como tendencia global, la OIM ha destacado que la respuesta de países, territorios y áreas, luego de la declaración de la pandemia, se caracterizó por “múltiples restricciones de entrada para nacionales de países, territorios y áreas específicas, cierres de aeropuertos y suspensiones de vuelos”, tendencia que se mantuvo desde marzo hasta junio de 2020, cuando inició una disminución gradual (como es citado en Navarro Alvarado, 2021, p. 69). En Centroamérica, las respuestas estatales, a pesar de la clara orientación securitaria común en los casos abordados, dan muestra de debilidades y vacíos en la coordinación institucional, evidenciando una ausente o al menos débil gestión regional de la movilidad (Morales Gamboa, 2020, 2021; Faret et al., 2021), y aumentando los niveles de incertidumbre sobre el futuro de los países, lo que en América Latina y el Caribe supone una particular situación de inestabilidad, contemplado los antecedentes históricos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2020).

En Panamá, el primer caso confirmado se registró el 9 de marzo y seis días después el presidente Cortizo comunicó que a partir del siguiente día se activaría la restricción de ingreso al país de personas no nacionales y no residentes, así como el requerimiento de “aislamiento preventivo” por catorce días a toda persona panameña o extranjera residente (Cortizo, 2020). Desde mediados de marzo, sólo se permitió la entrada a nacionales y residentes extranjeros con cuarentena obligatoria; el 22 de marzo, el Ejecutivo comunicó la suspensión de vuelos internacionales por un periodo de treinta días (Cortizo, 2020), medida que se extendería en tres ocasiones hasta mediados de agosto, cuando ciudadanos y residentes permanentes pudieron volver al país (González et al., 2020).
En Nicaragua, durante los últimos días de marzo, la primeira dama, Rosario Murillo, anunció algunas medidas sanitarias para el mantenimiento del tránsito de mercancías por puestos fronterizos (Del Cid, 2020). Para el mes de mayo, Nicaragua era el único país de la región que mantenía fronteras abiertas para personas extranjeras, pero que paralelamente cancelaba vuelos de repatriación y restringía el ingreso de personas nacionales, provocando situaciones de inmovilidad forzosa para población nicaragüense en tránsito (Del Cid, 2020), lo que provocó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (González et al., 2020). Con la entrada en vigor de los decretos 42351-H y 42350-MGP-S en Costa Rica, que establecieron limitaciones a transportistas extranjeros, la situación se tensó aún más, pues el gobierno de Nicaragua decretó un cierre en la frontera con Peñas Blancas para el tránsito de mercadería (Pomareda, 2020).<fnref n="6" />

El 15 de marzo, mediante un mensaje en cadena nacional, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, informó sobre las medidas para contrarrestar la pandemia, que incluían el cierre de fronteras, con excepción a la entrada de personas ciudadanas y el transporte de carga y suministros (Gobierno de la República Honduras, 2020). El 21 de marzo se actualizaron las disposiciones, estableciendo el control migratorio terrestre para: 1. Ingreso de personas hondureñas, residentes y diplomáticas. 2. Salida de personas extranjeras. 3. Entrada y salida de transportistas de carga (Instituto Nacional de Migración [INM], 2020).

En el marco de las tensiones entre Costa Rica y los demás países centroamericanos, sobre las que se detallará en el siguiente capítulo, el 26 de mayo, la Administración Aduanera hondureña emitió un comunicado indicando que a partir de ese momento no se permitiría el ingreso y tránsito de mercancías provenientes de Costa Rica. El 19

<footnote n="6">⁶ Como acción de protesta ante las medidas de cierre, transportistas centroamericanos bloquearon hasta finales de mayo los pasos fronterizos de Peñas Blancas, en el norte, y Paso Canoas, en el sur (Pomareda, 2020a; Esquivel, 2020b). Sobre la situación Ortega declaró públicamente que “por combatir la pandemia, no se puede crear una crisis y una pandemia que tendría un impacto humanitario y que afectaría a final de cuenta a la población centroamericana” (EFE, 2020).</footnote>
de junio inició un plan de reapertura en cuatro fases, que tuvo que suspender por la curva de contagios (González et al., 2020); el 10 y 17 de agosto, la frontera empezó a recibir vuelos nacionales e internacionales, respectivamente (EFE, 2020), bajo previo llenado de una en-cuesta epidemiológica y la presentación de un resultado negativo de prueba de 72 horas para personas extranjeras (González et al., 2020).

En El Salvador, desde los primeros días del mes de marzo, in-cluso antes de que hubiera casos confirmados, la Dirección General de Migración y Extranjería confirmó el aumento en el control de los pun-tos fronterizos. El 11 de marzo, el presidente comunicó en cadena na-cional el cierre de fronteras por tres semanas, condicionando el ingreso de personas extranjeras y nacionales al cumplimiento de un mes de aislamiento (Labrador, 2020). Tres días después, Bukele decretó la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos,<fnref n="7" /> li-mitando el ingreso al país sólo para personas salvadoreñas, residentes y con condición diplomática. La reapertura del aeropuerto internacional de El Salvador se dio el 4 de septiembre para pasajeros en tránsito y el 19 para vuelos comerciales (Orellana, 2020).

El gobierno guatemalteco estableció, desde inicios de marzo, un periodo de “estado de calamidad”, lo que abrió la posibilidad de medi-das extraordinarias y la suspensión de derechos. El cierre de fronteras inició el 12 de marzo “por vía aérea, marítima o terrestre mientras dure el estado de calamidad, exceptuando transportistas que ingresen vía terrestre en actividades comerciales” (Sputnik, 2020). El 13 de marzo se confirmó el primer caso y al siguiente día el presidente Giammatei comunicó las medidas de contención, incluida la extensión del cierre de fronteras a los países con un mayor número de casos comunitarios. Dos días después, se comunicó que el 17 de marzo iniciaría el ci-e-re general de todas las fronteras y la suspensión de vuelos (Aristegui Noticias, 2020), con excepción de personas guatemaltecas, residentes permanentes, cuerpo diplomático y casos excepcionales determinados por las autoridades (Román, 2020), medida que se fue extendiendo gradualmente hasta octubre (Sagastume, 2020).<fnref n="8" />

<footnote n="7">⁷ https://proteccioncivil.gob.sv/download/decreto-611-ley-de-restriccion-temporal-derechos-constitucionales-concretos-para-atender-la-pandemia-covid-19/</footnote>

<footnote n="8">⁸ Sobre el caso guatemalteco, es importante destacar el papel que jugó el propio</footnote>
Con excepción de El Salvador, que estableció las medidas an-
tes y después de los demás países de la región, los cierres fronterizos
coinciden para la segunda semana de marzo. En todos los casos, las
medidas superaron los cuatros meses y recayeron con mayor peso en
la contención de la movilidad humana, sobre todo personas migrantes
“irregulares”, mientras que la movilidad de mercancías se mantuvo
durante casi todo el periodo, con excepciones puntuales como la seña-
lada para las fronteras costarricenses. Todas las restricciones estuvieron
vinculadas a declaratorias de emergencia o excepción, y se establecie-
ron por decisión del Ejecutivo con respaldo del Poder Legislativo, con
excepción de El Salvador.

Destacan los casos de El Salvador y Nicaragua, como aquéllos en que las medidas de cierre fueron más severas, generando incluso problemas de movilidad para poblaciones nativas varadas fuera de las fronteras, como ocurrió con población nicaragüense en tránsito. En el caso salvadoreño, resalta el hecho de que las medidas de contención de población fueron particularmente inflexibles y se dieron, en varias ocasiones, en condiciones no adecuadas desde el punto de vista sanitario, epidemiológico y de derechos humanos, lo que plantea la pregunta sobre el nivel de planificación y uso adecuado de recursos en la respuesta estatal.

Criminalización y desprotección
social de las poblaciones más vulnerables

En relación a las migraciones, los procesos de securitización de los
flujos pasan frecuentemente por la criminalización de sus poblacio-
nes (Solís Vargas, 2017), pues “nombrar un determinado fenómeno
como un problema de seguridad” implica que el Estado “puede re-

<footnote>gobierno de los Estados Unidos con los denominados “vuelos malditos” en la
propagación del virus bajo vectores de contagio que pudieron evitarse y que
descuidaron por completo los estándares de derechos humanos de atención a
población deportada. En abril de 2020, las personas migrantes deportadas por
Estados Unidos representaban 20% de los casos positivos de COVID-19 (Navarro
Alvarado, 2021, p. 71).</footnote>