EMPRESAS DE INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Inmaculada Buendía-Martínez

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Inmaculada Buendía-Martínez. EMPRESAS DE INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. Universidad de Castilla-La Mancha. Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha, Universidad de Castilla-La Mancha, pp.197-224, 2020, 9788409259854. hal-04880314

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# Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha

## DIRECTORES

FELIPE HERNÁNDEZ PERLINES

INMACULADA CARRASCO MONTEAGUDO

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de la Economía
Social 2020

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Castilla-La Mancha
# LIBRO BLANCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

## DIRECTORES

Felipe Hernández Perlines · Inmaculada Carrasco Monteagudo

## EQUIPO INVESTIGADOR

* Miguel Ángel Alarcón Conde
* Inmaculada Buendía Martínez
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* Inmaculada Carrasco Monteagudo
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* Felipe Hernández Perlines
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## COLABORADORES

* Laura Arroyo Romero-Salazar
* María Luisa Escudero Serrano
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* José Antonio Romero Manzanares
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CIRIEC
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**Editan**

Felipe Hernández Perlines
Inmaculada Carrasco Monteagudo

**Diseño de portada y maquetación**

Visualco Comunicación
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**Impresión**

Grafox Imprenta, S.L.
www.grafox.es
Tel. 925 33 73 11

**ISBN**

978-84-09-25985-4

**Depósito legal**

TO 341-2020

Impreso en España – Printed in Spain
# CAPÍTULO 6

## EMPRESAS DE INSERCIÓN Y CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Inmaculada Buendía-Martínez

Universidad de Castilla-La Mancha

Inmaculada.buendia@uclm.es

### 1. INTRODUCCIÓN

Las dos crisis de este siglo están teniendo efectos devastadores en la economía y en las estructuras sociales de los países de todo el mundo. La crisis de 2007 generó altos niveles de desempleo y los recortes en la política social han aumentado la vulnerabilidad de muchos segmentos de la población (Laparra y Pérez Eransus, 2012). Sin una recuperación consolidada, la nueva crisis provocada por el Covid-19 está conducido a escenarios económicos y sociales más negativos, con un aumento considerable de la magnitud de la población vulnerable (IMF, 2020). En estos contextos de crisis, la empresa social (ES) emerge como una poderosa herramienta de la sociedad civil para satisfacer las necesidades sociales y resolver los problemas que los sectores público y privado no pueden abordar (Defourny y Nyssens, 2012; Kaufman, Avgar y Mirsky, 2007; Petrella y Richez-Battesti, 2014).

Esta mayor relevancia de la ES ha generado un creciente interés por parte de los poderes públicos. En efecto, la ES está cada vez más presente en las agendas de los poderes públicos.
res públicos dado que representa una solución a los fallos de los estados en la provisión del bienestar (Leadbeater 1996; Nyssens 2006). Desde comienzo de esta década, tanto el Banco Mundial como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) están poniendo en marcha múltiples proyectos con el objetivo de analizar la contribución de la ES al desarrollo económico y social, así como los obstáculos a los que hace frente para estimular la inclusión social y la creación de empleo.

Particular importancia tienen los desarrollos en el ámbito europeo. Si bien la ES no ha sido objeto de una política específica si existen algunas medidas sectoriales que han apoyado su desarrollo. En un primer momento, se puso en marcha el Programa Leonardo Da Vinci en 2002 con el objetivo de desarrollar un marco de referencia centrado en la creación de capital social y en la formación para futuros emprendedores sociales. Diez años más tarde, cuando los efectos sociales de la crisis eran evidentes, la Comisión Europea lanzó la Iniciativa en favor de la ES reconociendo la importancia de estas empresas y proponiendo un plan de acción con medidas para mejorar su acceso a la financiación, visibilidad y marco jurídico de referencia (European Commission, 2011, 2015).

Esta mejora del contexto institucional tiene un impacto directo en el reposicionamiento de la ES avanzando en la construcción de un ecosistema favorable donde la ES pueda florecer, desarrollarse y consolidarse (Buendía-Martínez y Carrasco Montea-gudo, 2020; Borzaga et al., 2020). En el caso español, su reconocimiento como parte integrante de la Economía Social y las mejoras del cuadro legal han propiciado una evolución destacable en la última década. El análisis conceptual de la ES española y el estudio de las particularidades de sus diferentes formas son el objetivo de este capítulo.

## 2. LA EMPRESA SOCIAL EN EL CONTEXTO ESPAÑOL: CONCEPTUALIZACIÓN

A pesar de que la ES está lejos de ser un fenómeno nuevo, no es hasta finales de los noventa cuando se empiezan a encontrar algunos trabajos en la literatura académica. Desde ese momento hasta la actualidad, las investigaciones han aumentado considerablemente (Huybreechts & Nicholls, 2012; Mair & Marti, 2006; Rey-Martí, Ribeiro-Soriano y Palacios-Marqués, 2016; Short, Moss y Lumpkin, 2009), aunque son múltiples los posicionamientos sobre su conceptualización y caracterización. A pesar de que los debates académicos están lejos de encontrar la convergencia, hay características comunes en los que la mayoría de los investigadores están de acuerdo. Para Dacin, Dacin y Matear (2010), el concepto de ES vendría delimitado por las características individuales de los emprendedores sociales, su ámbito de actividad, los procesos y recursos utilizados, la misión principal y los resultados asociados. De esta forma, la ES tendría como fin la creación de un valor social (Mair y Marti, 2006; Peredo y Mclean, 2006; Weerawardena y Mort, 2006) basado en un proceso de inno-
vación social para desencadenar el cambio social y abordar las necesidades sociales (Austin, Stevenson y Wei-Skillen, 2006; Carraher y Welsh, 2005; Lévesque, 2002); estando la generación de excedentes basada en un esquema de creación de valor y, por tanto, los beneficios se reinvierten en la propia entidad (Santos, 2009) y con una orientación de mercado (Defourny y Nyssens, 2012; Monzón Campos, 2013). Con base en ello, la ES está en mayor medida presente en aquellas actividades económicas menos rentables y en las cuáles se pueden generar efectos externos positivos tales como los servicios sociales, la salud, la educación y la cultura (Nicholls y Cho, 2006; Terjesen, Lepoutre, Juste y Bosma, 2012).

Pero a pesar de este desarrollo teórico, centrado fundamentalmente en su natu-
raleza y configuración, existen fuertes divergencias en la delimitación de las organi-
zaciones que podrían considerarse como ES. En efecto, este es uno de los puntos más
conflictivos en el debate sobre ES con posiciones que pueden ser agrupadas en dos
enfoques. El primero, el anglosajón, que, en términos generales, incluye a todo tipo
de organizaciones y formas jurídicas siempre que tengan como misión la creación de
un valor social. El segundo, el continental europeo, más restringido en la ES que se
limitaría a aquellas organizaciones no lucrativas incluidas dentro de la Economía So-
cial (Defourny y Nyssens, 2012; Monzon Campos, 2013; Monzón Campos y Herrero
Montagud, 2016, 2017).

Este segundo enfoque es el que se adopta en este estudio para analizar las ES de
la región castellanomanchega. Desarrollado, en un primer momento, por la red EMES
su orientación fue adoptada por la Comisión Europea en sus diferentes comunicados
e informes. De esta forma, la ES viene definida como parte integrante de la Economía
Social estando caracterizada por su objetivo social, su conducta emprendedora, su
gobernabilidad democrática y/o participativa y la reinversión de sus excedentes (Eu-
ropean Commission, 2011, 2013, 2015; GECES, 2016; Parlamento Europeo, 2012).
En esta línea, Monzón Campos y Herrero-Montagud (2016: 311-318) desarrollan las
características identitarias de la ES en el contexto europeo:

a) Organizaciones privadas con propósito social. Esta característica permite dife-
renciar a la ES del resto de empresas dado que su ámbito preferente de actua-
ción es doble: la prestación de servicios sociales y/o el suministro de bienes y
servicios destinados a grupos vulnerables y la inserción laboral de personas de
difícil empleabilidad (Monzón Campos y Herrero-Montagud, 2017: 41). Su pro-
pósito social hace referencia a la resolución de un problema o necesidad social
desde una perspectiva prioritaria y amplia. En efecto, la ES tiene como su razón
de ser un objetivo social no considerando aquellas organizaciones que inclu-
yan estos como complementos a aquellos de naturaleza económica. Además, la
ES no sólo satisfacen las necesidades de sus propietarios y/o socios, sino que
amplían su ámbito a la comunidad en la que desarrollan su actividad, es decir,
su operativa tiene una marcada orientación hacia el interés general.
b) Actividad económica con enfoque empresarial y orientación de mercado. En tanto que empresa, la ES realiza una actividad económica dentro de un amplio conjunto de actividades tales como la formación e integración en el empleo de personas excluidas, prestación de atención sanitaria, social y servicios personales, y desarrollo local de áreas desfavorecidas. Es este desempeño que califica a la organización como ES. Pero, además, la ES debe tener trabajadores y asumir los riesgos propios de cualquier actividad empresarial. Señalar en este punto que ello no es incompatible ni con la colaboración de voluntarios en sus actividades ni con el apoyo financiero de donantes y/o administraciones públicas siempre y cuando los ingresos obtenidos por la actividad comercial desarrollada representen una parte significativa de sus ingresos. Este último aspecto tiene una particular importancia porque permite a la ES de contar con autonomía respecto al Estado y a otras formas empresariales.

c) Utilización prioritaria de los beneficios para el cumplimiento del propósito social. Este punto resulta prioritario en la diferenciación de la ES con relación al resto de formas empresariales convencionales. Aunque no existe una postura unánime sobre el porcentaje de reinversión de los beneficios obtenidos, esta norma implícita permite avalar el propósito social de su actividad comercial.

d) Adopción de formas de organización que reflejen el propósito social. Sin una obligatoriedad de estatuto jurídico para ser considerada como ES, si existe unanimidad en que las estructuras de gobernanza de las ES deben permitir no sólo reflejar sino también garantizar la prioridad y el cumplimiento del principio social.

Este planteamiento permite delimitar el perímetro de la ES en términos de organizaciones. De esta forma, siguiendo el trabajo de Barea y Monzón (2007), la ES en España es parte integrante de la Economía Social estando compuesta, fundamentalmente, por las empresas de inserción (EI) y los centros especiales de empleo (CEE) en tanto que productores de mercado de naturaleza no financiera. Esta perspectiva es adoptada por la Ley 5/2011 de Economía Social (España, 2011) que reconoce a las EI y los CEE como entidades prestadoras de servicios de interés económico general centrando su ámbito de actuación a la inserción laboral de colectivos en riesgos de exclusión.

### 3. LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN: CONCEPTUALIZACIÓN Y ESTADO DE LA SITUACIÓN

Si bien las EI comparten las características de las ES, descritas en el anterior epígrafe, tienen particularidades que las hacen singulares. En efecto, a pesar de la dificultad en
encontrar una definición que englobe la totalidad del concepto de EI, parece que existe cierta unanimidad en cuanto a su fin: la inclusión social de personas con problemas en el acceso al empleo normalizado (Marcuello Servós, Bellostas Pérez-Grueso y Marcuello Servós, 2008). Fijada su razón de ser, queda saber el cómo que refuerza su carácter singular: proceso de inserción que incorpora la formación y la experiencia laboral. Así, las EI pueden considerarse como estructuras de aprendizaje y empleo para que las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral tengan la oportunidad para incorporarse (Ramos Rosario, Vázquez Fernández y Fernández Rojas, 2016). Esto implica que el proceso de inserción se realizada desde la perspectiva educacional y laboral; es decir, pretende mejorar las destrezas en diferentes habilidades (sociales, personales, profesionales y laborales) para mejorar la empleabilidad (Marcuello Servós, Bellostas Pérez-Grueso y Marcuello Servós, 2008: 15).

El análisis del contexto y caracterización de las EI (ver figura 1) requiere remarcar un aspecto básico en su dinámica: la temporalidad. El paso de las personas por las EI es transitorio, pretende ser un puente para conseguir que aquellas personas vulnerables que se han quedado fuera del mercado de trabajo convencional se puedan reenganchar consiguiendo su inclusión. Es decir, las EI trabajan en el tránsito entre la exclusión y la inclusión diferenciándose de aquellas empresas de empleo protegido como los CEE que se trataran en el siguiente epígrafe.

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>**Figura 1.** Contexto y caracterización de las empresas de inserción</figcaption></figure>

FUENTE: Marcuello Servós, Bellostas Pérez-Grueso y Marcuello Servós (2008: 15)
## 3.1. El marco legal y características de las EI castellanomanchegas

La atención a los colectivos más desfavorecidos en CLM se remonta a 1986 con la promulgación de la Ley 3/1986 que organizó el sistema público de servicios sociales (España, 1986). Tras diferentes planes de ayudas públicas para atender a los colectivos más desfavorecidos de la región se publica la Ley de Solidaridad (España, 1996) que pretende estructurar un sistema de atención integral mediante políticas integrales. Si bien los recursos dedicados a programas de inserción tienen prioridad sobre cualquier medida prevista en el Plan Regional de Integración Social, no es hasta el 2002 en el que se reconoce de forma específica las ayudas para la integración sociolaboral (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2002).

A pesar de estos desarrollos, la concepción de las EI seguía siendo muy difusa con importantes diferencias entre las distintas regiones. La necesidad de fomentar el desarrollo del sector y homogeneizar su encuadre legal dio lugar a la Ley 44/2007 que permite no sólo regular estas empresas singulares, sino también reconoce y visibiliza el sector. Partiendo que las EI tienen como fin la inserción sociolaboral de personas vulnerables excluidas del mercado de trabajo ordinario, el nuevo marco normativo regula su constitución y operatividad (España, 2007):

a) Población objetivo y su relación con la EI. La normativa delimita los colectivos sujetos a su posible contratación por parte de una EI para su inserción: perceptores de rentas mínima de inserción (RMI) y aquellas que no puedan acceder a ellas; jóvenes entre 18-25 años procedentes de instituciones de protección de menores; personas en procesos de reinserción social y rehabilitación por enfermedad y/o trastornos adictivos; internos de centros penitenciarios, incluidos menores; y personas procedentes de centros de alojamiento alternativos y de los servicios de prevención e inserción social autorizados por las autoridades competentes autonómicas.

En la relación entre las personas objetivo y la EI es necesario destacar dos características clave: está regulada en un contrato de trabajo sujeto a la normativa laboral y el ámbito de la inserción se produce no sólo desde la perspectiva de la adquisición de competencias y habilidades con un itinerario personalizado, sino que se debe acompañar con servicios de intervención y acompañamiento para conseguir la inserción laboral en el mercado de trabajo ordinario.

b) Forma jurídica de las EI y sus entidades promotoras. Las EI pueden constituirse como sociedad mercantil, cooperativa y laboral. Además, para su consideración como EI se requieren dos condiciones: un mínimo del 30% de trabajadores en inserción durante los tres primeros años de actividad y el 50% a partir del cuarto; y la reinversión de al menos el 80% de sus resultados económicos en estructuras productivas y de inserción.
Por lo que respecta a las entidades promotoras, deben tener reconocido como objetivo social la inserción a través de EI pudiendo ser de tres tipos: entidades sin ánimo de lucro de derecho público, asociaciones sin fines lucrativos y fundaciones. La participación de las entidades promotoras en la EI depende de su naturaleza jurídica: en el caso de sociedades mercantiles, la participación mínima en la EI se fija en un 51% del capital social, mientras que las sociedades cooperativas y laborales el límite máximo es el establecidos por las legislaciones específicas para socios colaboradores y/o asociados.

c) Relaciones con las Administraciones Públicas (AA.PP.) desde dos perspectivas. Por un lado, las EI han de coordinarse con los servicios sociales y de empleo públicos para acreditar a las personas en riesgo de exclusión y para aprobar, intervenir y verificar los itinerarios de inserción. Por otro lado, las EI son reconocidas como receptores de ayudas públicas para la creación de organizaciones representativas y para el desarrollo de sus actividades en concepto de ayuda técnica, formación, contratación de técnicos e innovación.

La consideración de EI requiere de una calificación que ha de ser otorgada por las CC.AA. donde se ubique el/los centros de trabajo. De esta forma, en cumplimiento de la disposición transitoria primera de la Ley 44/2007, se pública el Decreto 22/2010 de la Consejería de Trabajo de la Comunidad Autónoma de CLM para regular la calificación y el registro de las EI de la región (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2010).

Para finalizar con la contextualización de las EI, es necesario hacer una referencia a la actualización de la normativa de las EI a través de la Ley 31/2015 (España, 2015). Esta regulación representa un punto de inflexión en el desarrollo de las EI como consecuencia de tres aspectos:

1) La inclusión de las EI en la reserva de contratos con las AA.PP. que implica la aplicación de "las cláusulas sociales relacionadas con la inserción laboral a su máxima expresión" (Álvarez de Eulate Bada, 2016: 28).

2) La ampliación de las bonificaciones en las cuotas empresariales por la contratación de personas que han finalizado sus itinerarios en las EI.

3) Su consideración como entidades prestadoras de Servicios de Interés General (SIEG) que permite mejorar el tratamiento fiscal ligados a su actividad de inserción y les permite recibir ayudas públicas (Alguacil Marí, 2016).

Este último punto, permite establecer en cada ámbito territorial un marco de apoyo. Así, en CLM las ayudas para las EI de la región se regularon por primera vez en 2018, siendo modificadas este año. Con un presupuesto de 1.345.000 euros, las subvenciones se centran en tres líneas (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2020):
1) Contratación y/o mantenimiento de personas en situación de exclusión social en las EI. La cuantía subvencionable depende del tiempo y del género: el 100% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante el primer año, 75% para el segundo año y 40% para el tercer año. En el caso de que la persona contratada sea mujer la cuantía subvencionable aumenta un 10% aplicable en el segundo y tercer años.

2) Mantenimiento de personal técnico de acompañamiento y/o producción. En este caso, la ayuda es del 75% del SMI por técnico por periodo de 12 meses, aunque la relación de personal técnico/trabajadores en inserción tiene que ser de 1 a 10 un pudiéndose subvencionar más de cuatro técnicos.

3) Contratación de asistencias técnicas para facilitar la viabilidad de las EI. En este caso, las actuaciones subvencionables son: estudios de mercado, viabilidad técnica, económica y/o financiera con el objetivo de ampliar las líneas de negocios o abrir nuevos centros de trabajo en CLM, auditorías contables y de balance social obligatorias y costes derivados de la obtención y renovación de las certificaciones de calidad.

## 3.2. La evolución y el estado actual de las EI castellanomanchegas

La regulación nacional de las EI estipula la obligatoriedad de presentación por parte de cada entidad de un balance social que incluya los resultados de la actividad económica y social desarrollada por la entidad. El depósito de este balance social también es recogido en la normativa de CLM en tanto que requisito para mantener la calificación de EI. A pesar de la importancia de este requerimiento, la no exigencia de publicidad de la actividad por parte de cada EI y la ausencia de informes globales de las unidades autonómicas encargadas de su calificación hacen compleja la tarea de ofrecer una evolución del sector.

La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) publica anualmente una memoria social que recoge las principales magnitudes del sector. Estos documentos son de suma importancia para visibilizar y valorizar la importancia del sector, aunque no reflejan la dimensión total del sector en España derivado de dos factores: no todas las EI están afiliadas a las asociaciones autonómicas y no todas las asociaciones autonómicas están, a su vez, afiliadas a FAEDEI. Esta limitación condiciona el estudio de la evolución y del estado actual de las EI en todo el territorio nacional y posicionamiento de las EI castellanomanchegas. Es por ello por lo que, en un primer momento, se procede a presentar la evolución de las EI integradas en FAEDEI en tres años que suponen un punto de inflexión en el desarrollo del sector: 2010 como primer año en el que las EI existentes se han adaptado a las previsiones de la Ley 44/2007; 2015 en tanto que se promulga la Ley 31/2015 que implica cambios fiscales y de orientación de mercado importantes; y 2019 como últi-
mo año con datos disponibles que permite ver el impacto de los cambios normativos en el sector y su evolución.

A pesar de que los datos contenidos en las tablas 1 y 2 representan en torno al 75% del total de EI existentes en España, se puede constatar el crecimiento del sector y definir su perfil. En primer lugar, cabe destacar que la forma jurídica predominante es la sociedad limitada mientras que las entidades promotoras son en su mayoría, un 67,2%, asociaciones y fundaciones. En este último aspecto es necesario señalar el fuerte crecimiento de las sociedades cooperativas como promotoras que se ha triplicado en el periodo de estudio. El 84% de las EI son fruto de la iniciativa de una sola entidad promotora lo que muestra la atomización del sector y la falta de concertación del sector para la generación de este tipo de entidades.

En segundo lugar, del análisis de la estructura de personal se destacan dos elementos: a) la tasa de crecimiento de la plantilla de inserción es mayor que el crecimiento de los efectivos de estructura lo que permite confirmar que las EI están en una fase de consolidación de las estructuras directivas, de gestión y administrativas que permite incrementar el número de Personas Trabajadoras en Inserción (PTI); b) la situación igualitaria en términos de género de las PTI; y c) el incremento en un 77% de los PTI receptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
<table><caption>Tabla 1. Características de las EI españolas 2010-2019</caption><thead><tr><th></th><th>2010</th><th>2015</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="4"><strong>El y entidades promotoras</strong></td></tr><tr><td>Total de EI participantes en el estudio</td><td>145<sup>1</sup></td><td>188<sup>1</sup></td><td>192<sup>2</sup></td></tr><tr><td colspan="4"><strong>Forma jurídica de las EI (%)</strong></td></tr><tr><td>Sociedad limitada</td><td>87,5</td><td>86,4</td><td>86,5</td></tr><tr><td>Sociedad laboral</td><td>20,8</td><td>2,4</td><td>6,0</td></tr><tr><td>Sociedad cooperativa</td><td>9,7</td><td>7,2</td><td>5,3</td></tr><tr><td>Otros</td><td>0</td><td>4,0</td><td>2,2</td></tr><tr><td colspan="4"><strong>Forma jurídica de las entidades promotoras</strong></td></tr><tr><td>Asociaciones (%)</td><td>43,2</td><td>40,8</td><td>28,6</td></tr><tr><td>Fundaciones (%)</td><td>40,0</td><td>37,6</td><td>38,6</td></tr><tr><td>Sociedades cooperativas (%)</td><td>6,4</td><td>24,0</td><td>17,4</td></tr><tr><td>Entidades públicas (%)</td><td>3,2</td><td>5,6</td><td>2,7</td></tr><tr><td>Otras (%)</td><td>7,2</td><td>8,0</td><td>12,7</td></tr><tr><td colspan="4"><strong>Número de entidades promotoras</strong></td></tr><tr><td>Una entidad (%)</td><td>88,7</td><td>85,6</td><td>84,2</td></tr><tr><td>Dos o más (%)</td><td>11,3</td><td>14,4</td><td>15,8</td></tr><tr><td colspan="4"><strong>Personal</strong></td></tr><tr><td>Plantilla total</td><td>4.111</td><td>5.061</td><td>7.210</td></tr><tr><td>PTI</td><td>2.092</td><td>3.117</td><td>4.360</td></tr><tr><td>Mujeres (%)</td><td>53,4</td><td>44,30</td><td>47,0</td></tr><tr><td>Hombres (%)</td><td>46,6</td><td>56,70</td><td>53,0</td></tr><tr><td>PTI receptora de RMI</td><td>839</td><td>1.074</td><td>1.486</td></tr><tr><td colspan="4"><strong>Permanencia media de los PTI (%)</strong></td></tr><tr><td>Menos de 6 meses</td><td>24,3</td><td>23,1</td><td>22,5</td></tr><tr><td>6-12 meses</td><td>17,4</td><td>26,2</td><td>29,0</td></tr><tr><td>1-2 años</td><td>35,8</td><td>29,9</td><td>26,3</td></tr><tr><td>2-3 años</td><td>22,5</td><td>23,7</td><td>22,1</td></tr><tr><td colspan="4"><strong>Comportamientos de los PTI (%)</strong></td></tr><tr><td>Finalizaron el proceso de inserción</td><td>24,2</td><td>24,41</td><td>22,36</td></tr><tr><td>Abandonaron el proceso antes de la finalización</td><td>11,0</td><td>8,1</td><td>10,9</td></tr><tr><td>Continuaron el proceso de inserción</td><td>64,8</td><td>59,5</td><td>60,5</td></tr><tr><td>Finalizaron su contrato</td><td>nd</td><td>7,92</td><td>6,3</td></tr><tr><td colspan="4"><strong>Destino de los PTI que finalizan la inserción (%)</strong></td></tr><tr><td>Mercado laboral ordinario por cuenta ajena</td><td>48,0</td><td>42,4</td><td>54,6</td></tr><tr><td>Mercado laboral ordinario por cuenta propia</td><td>nd</td><td>2,9</td><td>3,0</td></tr><tr><td>En la propia EI</td><td>5,7</td><td>7,1</td><td>11,0</td></tr><tr><td>Situación de desempleo</td><td>46,3</td><td>47,6</td><td>31,4</td></tr></tbody></table>

FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2011, 2016, 2020).

<footnote n="1">1. Incluye las EI de las CC.AA. de Andalucía, Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias, Cataluña, Castilla León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia.</footnote>

<footnote n="2">2. Incluye las EI de las CC.AA. de Aragón, Asturias, Extremadura, Canarias, Castilla León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.</footnote>
<table><caption>**Tabla 2.** Actividad económica y datos económico-financieros de las EI españolas 2010-2019</caption><thead><tr><th></th><th>2010</th><th>2015</th><th>2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Actividad de los EI por sectores de actividad (%)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Agricultura, ganadería y pesca</td><td>2,8</td><td>5,6</td><td>6,0</td></tr><tr><td>Construcción</td><td>7,6</td><td>7,2</td><td>7,5</td></tr><tr><td>Industria</td><td>4,8</td><td>7,2</td><td>11,3</td></tr><tr><td>Servicios</td><td>84,8</td><td>80,0</td><td>75,2</td></tr><tr><td>Resultados antes de impuestos (€)</td><td>690.788</td><td>206.790</td><td>67.549.432</td></tr><tr><td>Ingresos totales (€)</td><td>74.725.914</td><td>106.706.010</td><td>143.912.729</td></tr><tr><td>Facturación total (€)</td><td>58.922.832</td><td>84.609.827</td><td>112.160.364</td></tr><tr><td>Ayudas públicas (€)</td><td>14.175.035</td><td>17.993.743</td><td>27.929.365</td></tr><tr><td>Subvenciones privadas (€)</td><td>583.655</td><td>647.115</td><td>1.255.404</td></tr><tr><td>Otros ingresos (€)</td><td>1.016.224</td><td>6.455.325</td><td>2.567.596</td></tr><tr><td>Costes en personal (€)</td><td>43.822.994</td><td>60.599.079</td><td>45.595.355</td></tr><tr><td>Valor añadido bruto generado (VAB) (€)</td><td>46.722.890</td><td>64.292.500</td><td>115.161.902</td></tr><tr><td>Ingresos a las AA.PP.</td><td>5.293.762</td><td>3.517.212</td><td>8.461.239</td></tr><tr><td>Retorno económico por plaza de inserción (€)</td><td>6.439</td><td>4.940</td><td>6.083</td></tr></tbody></table>

FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2011, 2016, 2020).

En tercer lugar, los resultados de los itinerarios de inserción desarrollados permiten confirmar el papel clave que las EI desarrollan. Si bien la permanencia media de los PTI en las EI ha aumentado en duraciones inferiores al año, se ha reducido para el tramo comprendido entre 1-3 años. El comportamiento de los PTI en términos de finalización y continuación del proceso de inserción, finalización de contrato y abandono se mantiene prácticamente constante. El destino de los PTI que finalizan la inserción si ha sufrido cambios relevantes: el personal insertado en situación de desempleo se ha reducido en 15 puntos porcentuales y el mayor papel de las EI como empresas finalistas en tanto que una parte de los PTI consolidan el puesto de trabajo en la misma entidad (Veciana Botet, 2007).

En cuarto lugar, las actividades económicas desarrolladas por las EI son diversificadas en todos los sectores, aunque el predominio del sector servicios es claro. A pe-
sar de ellos se puede apreciar como aquellas entidades dedicadas al sector primario y a la industria han aumentado considerablemente en el periodo analizado.

En último lugar, los datos económicos-financieros permiten confirmar el crecimiento del sector. Los ingresos totales se han duplicado entre 2010-2019. La sostenibilidad y viabilidad de las EI queda patente dado que el 78% de sus ingresos se deriva del desarrollo de sus actividades. A pesar de ello, el apoyo de las AA.PP. resulta fundamental para compensar el sobre coste que las EI soportan como consecuencia de su labor inclusiva. Igual tendencia sigue el Valor Añadido Bruto (VAB) generado lo que tiene un impacto directo en los ingresos del sector a las AA.PP. vía impuestos.

En este punto resulta importante profundizar sobre el retorno social de las EI. La contratación de personal en situación de riesgo de exclusión genera un ahorro al conjunto de la sociedad. En efecto, por un lado, el ahorro de gasto público dado que las PTI no estuvieran contratadas deberían recibir algún tipo de ayuda y, por otro, la contratación lleva aparejada una contribución impositiva pasando los PTI de ser sujetos pasivos a activos (Veciana Botet, 2007). El retorno económico por plaza de inserción se mantiene constante en el periodo analizado.

En el caso de CLM, aunque los datos disponibles no permiten realizar un análisis evolutivo para todas las variables, se pueden perfilar algunas características del sector. La irregularidad es el rasgo que define la evolución de las EI castellanomanchegas. En efecto, el gráfico 1 muestra la evolución del número de entidades entre 2012-2019 que si bien ha tenido altibajos siempre se han concentrado Albacete y Guadalajara. No es hasta el 2019 cuando se crean entidades en Ciudad Real y Toledo siendo Cuenca la única provincia que no tiene este tipo de empresas. Resulta reseñable que las EI de la región están constituidas como sociedades limitadas, tan sólo durante los años 2016 y 2017 existe una entidad cuyo estatuto legal era sociedad cooperativa.

<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>**Gráfico 1. Evolución de las EI en CLM: total y desglose por provincias**</figcaption></figure>

**FUENTE:** Elaboración propia con base en FAEDEI (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
En el caso de la plantilla, tal y como se puede ver en el gráfico 2, es bastante irregu-
lar. En cualquier caso, es necesario señalar dos aspectos. En primer lugar, al contrario
de lo que ocurre a nivel estatal, existe un predominio de las mujeres tanto en los PTI
como en el personal técnico, de estructura y no inserción. En segundo lugar, el nú-
mero de PTI es superior respecto de efectivos lo que puede ser considerado como un
signo de consolidación de las EI en tanto que empresas cuyo objetivo es capacitar a
personas para incorporarse al mercado laboral ordinario.

Por lo que hace referencia a las personas que finalizan sus itinerarios de forma-
ción, los datos de los años 2018 y 2019 representados en el gráfico 3, son bastante
negativos en tanto que el porcentaje de desempleo es alto. La propia EI una de las
opciones laborales con más peso siendo la actividad emprendedora muy reducida.

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>**Gráfico 2. Evolución de la plantilla de las EI en CLM: composición por tipos y género**</figcaption></figure>

FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

<figure><img src="image_12.png" /><figcaption>**Gráfico 3. Destino de los PTI que finalizan la inserción.**</figcaption></figure>

FUENTE: Elaboración propia con base en FAEDEI (2019, 2020).
El sector en el que operan las EI de CLM es fundamentalmente el sector servicios, tan sólo una entidad actúa en el sector primario. Desde la perspectiva de la clientela, el mercado de las EI es fundamentalmente el sector privado con una contribución media del sector público entre 2017-2019 del 2,3%.

El análisis de las magnitudes económicas permite ver un cambio de tendencia y una regularidad de las EI castellanomanchegas. Tanto en facturación como en la recepción de subvenciones tanto de naturaleza pública como privada siguen una tendencia positiva (ver gráfico 4). Importante es el retorno económico que estas empresas ingresan al Estado vía impuesto. Por último, señalar que a pesar del apoyo que estas entidades reciben por parte de las AA.PP. en todo el periodo de análisis no se hayan beneficiado de las cláusulas sociales en los procesos de contratación pública y que la reserva de mercado a través de contratos menores y procedimientos negociados solo se haya producidos en los años 2011, 2012 y 2013.

<figure><img src="image_13.png" /><figcaption>**Gráfico 4. Evolución de la facturas, ayudas recibidas y retorno económico**</figcaption></figure>

**FUENTE:** Elaboración propia con base en FAEDEI (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

## 4. LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Los principios de igualdad y no discriminación, recogidos en nuestra Carta Magna, implica la prohibición de discriminación de forma directa o indirecta a aquellos grupos considerados como vulnerables. Uno de estos grupos vulnerables son las personas con discapacidad siendo consideradas como tales aquellas con deficiencias físicas.
cas, sensoriales y psíquicas iguales o superiores al 33% (España, 2013). Está fuera
de toda duda que las personas con algún tipo de discapacidad se enfrentan a dificul-
tades mayores que el resto de la población en todos los ámbitos de la vida cotidiana
incluyendo el acceso al empleo.

Las políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo son las que mayor tradi-
ción tienen en España. La justificación de la utilización de medidas de acción positiva
para favorecer el acceso al mercado de trabajo de las personas con discapacidad está
en los indicadores del mercado de trabajo. En efecto, los últimos datos disponibles
del INE fijan la tasa de actividad y desempleo del 24,5% y 25,2% para las personas
con discapacidad frente al 77,6% y 15,1% para la población sin discapacidad, respec-
tivamente (Bengoetxea Alkorta, 2020).

Las personas con discapacidad cuentan con tres canales de inclusión en función de su grado de discapacidad: servicios ocupacionales que implica el seguimiento de terapias ocupacionales, pero sin vinculación laboral; e inserción laboral mediante empleo ordinario o empleo protegido. En este último caso están los CEE objeto de este epígrafe.

4.1. El marco legal y de apoyo de los CEE
castellanomanchegos

El reconocimiento de los CEE si sitúa en la Ley 13/1982 de integración sociales de
los minusválidos regulándose su creación y desarrollo mediante el Real Decreto
2273/1985 (España, 1982, 1985). Entrado el nuevo milenio su funcionamiento se
completa con dos iniciativas: los enclaves laborales y las unidades de apoyo a la acti-
vidad profesional (España, 2004, 2006). Pero no es hasta la segunda década cuando
los CEE sufran una importante transformación (Sánchez Pachón, 2020). En primer
lugar, la Ley de Economía Social (España, 2011) reconoce a los CEE como entidades
integrantes de la Economía Social. En segundo lugar, la promulgación de diferentes
normas y la adhesión de España a la Convención Internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad de 2006 da lugar a la necesidad de la refundición de
las diferentes normas que lleva aparejada una nueva definición de los CEE. En tercer
lugar, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público reconoce a los CEE como des-
tinatarios de reserva de mercado creando un tipo especial de CEE: los de iniciativa
social (España, 2017).

El análisis completo del marco legal permite abordar la conceptualización de los
CEE. Son entidades cuya finalidad es la inserción laboral de las personas con disca-
pacidad desde una doble perspectiva: la realización de una actividad económica ase-
gurando un empleo remunerado a personas con discapacidad mediante un contrato
de trabajo; y el soporte para superar todos los obstáculos para su incorporación, per-
manencia y progresión a un puesto de trabajo a través de las unidades de apoyo. Su
naturaleza jurídica puede ser pública o privada con o sin ánimo de lucro. Además, su calificación como CEE requiere que su plantilla deberá contar, como mínimo un 70% de personas con discapacidad.

Existen dos tipos de CEE: de iniciativa capitalista y de iniciativa social. Éstos últimos viene definidos por la naturaleza y participación de sus entidades promotoras y por la reinversión de los resultados obtenidos. En efecto, la normativa considera que para obtener la calificación de iniciativa social los CEE debe cumplir las siguientes condiciones (España, 2017, art. 43):

1) Promovidos y participados en más de un 50% de forma directa o indirecta por una o varias entidades tanto públicas como privadas, pero que no tengan ánimo de lucro o que su carácter social este reconocido en sus estatutos sociales pudiendo ser asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la Economía Social. En el caso de que la titularidad sea una sociedad mercantil, la mayoría de su capital social debe ser propiedad de algunas de las entidades antes señaladas, directa o indirectamente a través del concepto de sociedad dominante.

2) Obligación de reinversión íntegra de los beneficios para la creación de oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, aunque es posible hacer la reinversión en el propio centro en el que se genera el resultado o en otros CEE de iniciativa social. En cualquier caso, este punto debe estar incluido como obligatorio en los estatutos o acuerdo social.

Esta tipología implica que no todos los CEE son empresas de la Economía Social. De esta forma, el CIRIEC-España establece el perímetro para aquellos centros de la Economía Social englobando a los CEE (Chaves Ávila, Juliá Igual y Monzón Campos, 2019; Monzón Campos, 2014):

1) Calificados como de iniciativa social.

2) Dependientes de entidades religiosas con personalidad jurídica específica como tales.

3) Cuya personalidad jurídica sea de cooperativa o sociedad laboral no considerados como de iniciativa social.

4) Reconocidos por la Federación Empresarial Española de Asociaciones de CEE (FEACEM) y participados por los principales grupos de la Economía Social, no incluidos en las categorías anteriores.

5) Todos aquellos no adscritos en función de los criterios anteriores identificados por los estudios del CIRIEC.

Por lo que hace referencia a la regulación jurídica de la concesión de ayudas públicas, desde una perspectiva nacional las bases reguladoras están contenidas en la Orden Ministerial de 16 de octubre de 1998 destinadas al fomento de la integración
laboral de personas con discapacidad en CEE y trabajo autónomo (España, 1998). A nivel autonómico, desde 1995 la Comunidad Autónoma de CLM tiene las competencias de gestión de los programas de integración de las personas con discapacidad en CEE como parte de los programas de apoyo al empleo. En este sentido, son diversas las órdenes emitidas por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo estableciendo las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de diferentes tipologías: promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en los CEE (ayudas a proyectos generadores de empleo, para el mantenimiento de puestos de trabajo, para contratación de gerentes y personal especializado y para la mejora de la competitividad, comercialización y cooperación interempresarial), contratación de personas discapacitas en enclaves laborales y contratación de personal para las unidades de apoyo a la actividad profesional o para promotores de empleo. Además, la inserción laboral es completada en la CLM por otros tres programas específicos (fomento de la autonomía personal, participación social activa y accesibilidad al medio físico y social) definidos en la Ley 5/1995 de Solidaridad (España, 1996).

## 4.2. El perfil de los CEE castellanomanchegos

Al contrario del estudio de las EI castellanomanchegas, la ausencia de datos no permite analizar la evolución de los CEE de la región siendo sólo posible presentar el perfil de los CEE de la región para el año 2019 con un número reducido de variables y su posicionamiento dentro del contexto español (ver tablas 3, 4 y 5).

En primer lugar, CLM cuenta con 90 CEE repartidos en todas las provincias de la CC.AA. siendo Toledo la que mayor número de entidades tiene seguida de Ciudad Real, Albacete, Guadalajara y Cuenca. Por lo que respecta a la tipología, los de iniciativa social son el 51,11% frente al 48,89% de iniciativa empresarial. La actividad económica realizada por los CEE castellanomanchegos se desarrolla en todos los sectores productivos, aunque sus ramas profesionales de actuación son: agraria, ganadería y jardinería; artes gráficas; comercio y marketing; edificación y obra civil; electricidad y electrónica; hostelería, ocio y restauración; informática y comunicación; madera y mueble; textil; servicios socioculturales y sociosanitarios; seguridad y medioambiente; servicios a empresas; y logística y transporte.
<figure><img src="image_14.png" /><figcaption>Gráfico 5. Los CEE: distribución territorial en CLM y tipología</figcaption></figure>

FUENTE: Elaboración propia con base en la información del Registro de CEE de CLM y CIRIEC-España (2020)

En segundo lugar, existen diferencias en términos de prevalencia de tipos de CEE y de la composición de la plantilla. Si bien en CLM los dos tipos de CEE están equilibrados en términos de número de centros, en el resto de España son los de iniciativa empresarial los que predominan duplicando en número a los de iniciativa social. Si se analiza la plantilla de personas discapacitas por tipo de centro, son los centros de iniciativa social en CLM los que integran al 65% de las personas discapacitadas frente al 41,81% para la totalidad del país. La mayor diferencia territorial se encuentra en el personal no discapacitado: los centros castellanomanchegos cuentan con la mitad de los efectivos que sus homólogos españoles.
<table><caption>**Tabla 3. Número de CEE por tipo y plantilla por tipo, género y tipo de contrato**</caption><thead><tr><th rowspan="3"></th><th rowspan="3">Tipo de centro</th><th rowspan="3">Nº de centros</th><th colspan="6">Plantilla</th></tr><tr><th rowspan="2">Total</th><th rowspan="2">Personas no discapacitadas</th><th colspan="2">Personas discapacitadas</th><th colspan="2">Personas discapacitadas</th></tr><tr><th>Contrato indefinido</th><th>Contrato temporal</th><th>Hombres</th><th>Mujeres</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">CLM</td><td>Iniciativa social</td><td>46</td><td>2.679</td><td>214</td><td>847</td><td>474</td><td>693</td><td>451</td></tr><tr><td>Iniciativa empresarial</td><td>44</td><td>1.423</td><td>119</td><td>331</td><td>195</td><td>455</td><td>323</td></tr><tr><td>Total</td><td>90</td><td>4.102</td><td>333</td><td>1.178</td><td>669</td><td>1.148</td><td>774</td></tr><tr><td rowspan="3">España¹</td><td>Iniciativa social</td><td>708</td><td>43.674</td><td>6.994</td><td>13.758</td><td>8.656</td><td>8.781</td><td>5.446</td></tr><tr><td>Iniciativa empresarial</td><td>1.418</td><td>58.287</td><td>7.245</td><td>14.698</td><td>9.952</td><td>15.683</td><td>10.932</td></tr><tr><td>Total</td><td>2.126</td><td>101.961</td><td>14.239</td><td>28.456</td><td>18.608</td><td>24.464</td><td>16.378</td></tr><tr><td rowspan="3">Participación de CLM sobre el total nacional (%)</td><td>Iniciativa social</td><td>6,50</td><td>6,13</td><td>3,06</td><td>6,16</td><td>5,48</td><td>7,89</td><td>8,28</td></tr><tr><td>Iniciativa empresarial</td><td>3,10</td><td>2,44</td><td>1,64</td><td>2,25</td><td>1,96</td><td>2,90</td><td>2,95</td></tr><tr><td>Total</td><td>4,23</td><td>4,02</td><td>2,34</td><td>4,14</td><td>3,60</td><td>4,69</td><td>4,73</td></tr></tbody></table>

1. No se incluyen los datos del País Vasco

FUENTE: Elaboración propia con base en CIRIEC-España (2020).
<table><caption>**Tabla 4.** Personas discapacitadas por tipo de centro y discapacidad</caption><thead><tr><th rowspan="3">Tipo de centro</th><th rowspan="3"></th><th colspan="2">Psíquica</th><th colspan="4">Física</th><th colspan="4">Sensorial</th></tr><tr><th colspan="2">33%-64%</th><th colspan="2">&gt; 65%</th><th colspan="2">33%-64%</th><th colspan="2">&gt; 65%</th></tr><tr><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">CLM</td><td>Iniciativa social</td><td>487</td><td>294</td><td>860</td><td>486</td><td>58</td><td>53</td><td>114</td><td>63</td><td>19</td><td>31</td></tr><tr><td>Iniciativa empresarial</td><td>160</td><td>135</td><td>538</td><td>29</td><td>32</td><td>25</td><td>52</td><td>51</td><td>4</td><td>9</td></tr><tr><td>Total</td><td>647</td><td>429</td><td>1.398</td><td>784</td><td>90</td><td>78</td><td>166</td><td>114</td><td>23</td><td>40</td></tr><tr><td rowspan="3">España<fnref n="1" /></td><td>Iniciativa social</td><td>10.458</td><td>6.463</td><td>8.724</td><td>5.300</td><td>1.149</td><td>783</td><td>1.554</td><td>1.270</td><td>678</td><td>600</td></tr><tr><td>Iniciativa empresarial</td><td>8.774</td><td>7.009</td><td>13.868</td><td>10.234</td><td>3.155</td><td>1.925</td><td>2.560</td><td>2.148</td><td>1.269</td><td>1.065</td></tr><tr><td>Total</td><td>19.232</td><td>13.472</td><td>22.592</td><td>15.534</td><td>4.304</td><td>2.708</td><td>4.114</td><td>3.418</td><td>1.947</td><td>1.665</td></tr><tr><td rowspan="3">Participación de CLM sobre el total nacional (%)</td><td>Iniciativa social</td><td>4,66</td><td>4,55</td><td>9,86</td><td>9,17</td><td>5,05</td><td>6,77</td><td>7,34</td><td>4,96</td><td>2,80</td><td>5,17</td></tr><tr><td>Iniciativa empresarial</td><td>1,82</td><td>1,93</td><td>3,88</td><td>2,91</td><td>1,01</td><td>1,30</td><td>2,03</td><td>2,37</td><td>0,32</td><td>0,85</td></tr><tr><td>Total</td><td>3,36</td><td>3,18</td><td>6,19</td><td>5,05</td><td>2,09</td><td>2,88</td><td>4,04</td><td>3,34</td><td>1,18</td><td>2,40</td></tr></tbody></table>

**FUENTE:** Elaboración propia con base en CIRIEC-España (2020).

<footnote n="1">1. No se incluyen los datos del País Vasco</footnote>
<table><caption>Tabla 5. Personas discapacitadas por tipo de centro y edad</caption><thead><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">Tipo de centro</th><th colspan="2">16-19 años</th><th colspan="2">20-24 años</th><th colspan="2">25-30 años</th><th colspan="2">31-44 años</th><th colspan="2">&gt; 45 años</th></tr><tr><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th><th>H</th><th>M</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">CLM</td><td>Iniciativa social</td><td>6</td><td>0</td><td>69</td><td>33</td><td>95</td><td>68</td><td>479</td><td>300</td><td>888</td><td>527</td></tr><tr><td>Iniciativa empresarial</td><td>4</td><td>2</td><td>46</td><td>15</td><td>58</td><td>55</td><td>244</td><td>173</td><td>434</td><td>273</td></tr><tr><td>Total</td><td>10</td><td>2</td><td>115</td><td>48</td><td>153</td><td>123</td><td>723</td><td>473</td><td>1.322</td><td>800</td></tr><tr><td rowspan="3">España<fnref n="1" /></td><td>Iniciativa social</td><td>154</td><td>58</td><td>831</td><td>459</td><td>1.692</td><td>1.087</td><td>7.642</td><td>4.900</td><td>12.113</td><td>7.562</td></tr><tr><td>Iniciativa empresarial</td><td>119</td><td>74</td><td>873</td><td>521</td><td>1.974</td><td>1.331</td><td>9.992</td><td>6.365</td><td>17.500</td><td>12.530</td></tr><tr><td>Total</td><td>273</td><td>132</td><td>1.704</td><td>980</td><td>3.666</td><td>2.418</td><td>17.634</td><td>11.265</td><td>29.613</td><td>20.092</td></tr><tr><td rowspan="3">Participación de CLM sobre el total nacional (%)</td><td>Iniciativa social</td><td>3,90</td><td>0</td><td>8,30</td><td>7,19</td><td>5,61</td><td>6,26</td><td>6,27</td><td>6,12</td><td>7,33</td><td>6,79</td></tr><tr><td>Iniciativa empresarial</td><td>3,36</td><td>2,70</td><td>5,27</td><td>2,88</td><td>2,94</td><td>4,13</td><td>2,44</td><td>2,72</td><td>2,48</td><td>2,18</td></tr><tr><td>Total</td><td>3,66</td><td>1,52</td><td>6,75</td><td>4,90</td><td>4,17</td><td>5,09</td><td>4,10</td><td>4,20</td><td>4,46</td><td>3,98</td></tr></tbody></table>

FUENTE: Elaboración propia con base en CIRIEC-España (2020).

En tercer lugar, existe un equilibrio entre los contratos indefinidos y temporales sin diferencias significativas entre la CLM y España. Esta ausencia de diferencias des-tacables entre territorios es aplicable si incluimos la variable género. Hay que señalar que, si bien existe un predominio de personas discapacitadas varones, la presencia femenina es casi 15 puntos porcentuales superior en CLM en comparación con el resto del país.

En cuarto lugar, considerando los tipos de discapacidad tanto en la región como en todo el territorio español la que predomina es la física seguida de la psíquica y la sensorial. Por lo que respecta al grado, la mayoría de las personas discapacita-das física y sensorialmente se sitúan en una posición moderada, es decir, entre un 33%-64%. Si existen diferencias si analizamos la contratación por tipo de centro y naturaleza de la discapacidad: en CLM los centros de iniciativa social contratan un

<footnote n="1">1. No se incluyen los datos del País Vasco</footnote>
mayor número de personas discapacitadas de los tres tipos, mientras que en el resto del país son los centros de iniciativa empresarial lo que emplean al mayor porcentaje de físicos y sensoriales.

En quinto y último lugar, el análisis por tramos de edad permite afirmar que las plantillas de los CEE están en un proceso de envejecimiento representando los mayores de 45 años un 56,30%.

## 5. CONCLUSIONES

Las EI y los CEE representan instrumentos clave en la integración sociolaboral de diferentes grupos vulnerables en riesgo de exclusión. Aunque el estudio realizado reconoce su labor innegable como estructuras transitorias hacia el mercado, la escasa disponibilidad de datos representa una tibia aproximación al estado de la situación. En cualquier caso, se puede concluir que, si bien los CEE están implantados en todas las provincias de la región, la presencia de las EI está lejos de ser la óptima. El perfil de los CEE castellanomanchegos para 2019 muestra diferencias con relación al sector del resto del país: los centros de iniciativa social son los que más personal discapacitado emplean tanto en absoluto como por naturaleza de la discapacidad, la contratación femenina es superior y el sector cuenta con la mitad de personal no discapacitado. En el caso de las EI, su evolución de términos de entidades y de personas en inserción es bastante irregular, aunque su facturación tiene una clara tendencia positiva.

A pesar de la utilidad del perfil realizado quedan muchas cuestiones no tratadas para comprender la fenomenología de este sector. Por ello, es necesario abordar de forma profunda e integral el estudio de estas entidades para validar su potencial económico y social como condición sine qua non para diseñar planes estratégicos que integren en su puesta en marcha no sólo al sector, sino también al gobierno regional.

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# Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha

## DIRECTORES

FELIPE HERNÁNDEZ PERLINES

INMACULADA CARRASCO MONTEAGUDO

El Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha ha sido realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha integrado por Miguel Ángel Alarcón Conde, Inmaculada Buendía Martínez, Beatriz Calderón Milán, María José Calderón Milán, Marcos Carchano Alcaraz, Inmaculada Carrasco Monteagudo, Sebastián Castillo Valero, Felipe Hernández Perlines, José Antonio Prieto Juárez y cuenta con la colaboración de representantes de las organizaciones más relevantes de la Economía Social de Castilla-La Mancha. Este libro es el primero de este tipo que se realiza en la región y se enmarca en la agenda de la declaración de Toledo como Capital Europea de la Economía Social 2020. El Libro Blanco de la Economía Social de Castilla-La Mancha cuenta con el patrocinio de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y pretende dar a conocer la situación de la Economía Social a la sociedad castellanomanchega.

CON LA COLABORACIÓN DE: