# Las escrituras legales del fondo “Vaca de Castro” en el Sacromonte. En los entresijos del poder metropolitano del siglo XVI

Hélène Roy

► To cite this version:

Hélène Roy. Las escrituras legales del fondo “Vaca de Castro” en el Sacromonte. En los entresijos del poder metropolitano del siglo XVI. Revista del CESLA, 2020, 39, pp.275-299. 10.36447/Estudios2019.v39.art15. halshs-04008588

HAL Id: halshs-04008588

https://shs.hal.science/halshs-04008588

Submitted on 10 Jul 2023

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
# Las escrituras legales del fondo “Vaca de Castro” en el Sacromonte. En los entresijos del poder metropolitano del siglo XVI

Hélène Roy

## Resumen

El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis crítico de ciertas escrituras legales conservadas en el Sacromonte, en especial la ejecutoria del pleito fiscal contra un oficial de la Monarquía Hispánica en Perú, Cristóbal Vaca de Castro. Las estrategias desplegadas por ambas partes querellantes en este caso son reveladoras de dinámicas de poder: ante un representante cuyo ejercicio de sus jurisdicciones en las Indias lo convertía en una amenaza para los intereses –económicos sobre todo y políticos– de la Corona, ésta despliega un arsenal judicial implacable pero no sin fallos. Así es como el ejemplo brindado por esta documentación reafirma un postulado bastante reciente en la historia colonial de América según el cual gobernar desde la Metrópoli, en otras palabras “vencer la distancia”, entrañaba el recurso a la justicia.

Palabras clave: Cristóbal Vaca de Castro, Archivo de la Abadía del Sacromonte, administración de la justicia y gobierno, Perú.

## Abstract

THE LEGAL WRITTEN DOCUMENTS OF THE VACA DE CASTRO'S ARCHIVES IN SACROMONTE. BEHIND THE SCENES OF THE SPANISH METROPOLITAN POWER IN THE 16TH CENTURY.

The purpose of this work is to offer a critic analysis of some legal written documents kept in the Sacromonte Archives, in particular the writ of execution of a trial against an official of the Spanish Monarchy in Peru, Cristóbal Vaca de Castro. The strategies deployed by both parties in this case reveal several dynamics of power: faced by a representative which exercise of his jurisdiction in the Spanish Indies made him a threat for the –economic as well as political– interests of the Crown, the latter deploys an implacable but not unfailing legal arsenal. Thus the example offered by this documentation reaffirms a relatively recent postulate in the Spanish-American History, that is to govern from the metropolis, or “to overcome the distance”, was unthinkable without resorting to justice.

Keywords: Cristóbal Vaca de Castro, Sacromonte Archives, administering justice and government, Peru.
El Archivo de la Abadía del Sacromonte en Granada alberga una documentación poco conocida sobre los litigios entre el Consejo de Indias y Cristóbal Vaca de Castro, Gobernador del Perú (1542-1544). A su regreso a España el oficial real fue procesado con 21 cargos por delitos de enriquecimiento ilícito e incumplimiento de las disposiciones reales. Aunque el fondo "Vaca de Castro" propiamente dicho cuenta con siete legajos, es el primero -titulado "Ejecutoria original del pleito seguido por el licenciado don Cristóbal Vaca de Castro, sobre los 21 capítulos que le puso el fiscal Villalobos, sobre la versación que tubo en el gobierno del Perú. Año 1545" (a partir de ahora "Ejecutoria")- el que llama nuestra atención por ofrecer la información más completa¹. Consiste fundamentalmente en una recopilación de escrituras legales que permiten reconstruir la génesis del pleito contra Vaca de Castro, el detalle de los cargos, los fundamentos de la defensa, las grandes etapas del procedimiento y su desenlace. El trabajo que presentamos durante el simposio dedicado al estudio y la puesta en valor del fondo (Granada, 6-7 de octubre de 2016) contempla a Vaca de Castro como un hombre ambicioso y avisado, dotado de una marcada inclinación por el arte de la política, y determinado en limpiar su honra manchada por las sospechas y condenas relativas a una insaciable -aunque bastante común en el contexto de la colonización de las Indias- voracidad económica. Así se nos reveló otra de su faceta, la de un hombre fragilizado, que sufrió numerosos reveses y sinsabores judiciales, siendo encarcelado, apartado de la vida política metropolitana, y sus bienes embargados durante los 11 años del pleito. Finalmente llegamos a entrever la potestad implacable que la Corona y su brazo procesal en el Consejo de Indias desplegaron contra su oficial (Roy 2017).

Estas primeras conclusiones no agotaron las posibilidades interpretativas que el material legal conservado en el Sacromonte brinda. Particular interés tiene la cuestión de la relación que entretuvo el poder metropolitano con sus primeros oficiales en el Nuevo Mundo. En el caso de Cristóbal Vaca de Castro, cabe preguntarse ¿cómo de mediador real se convirtió en enemigo público? Contestar a esta pregunta supondrá reconstruir el juego de las relaciones de poder que entretejió en el mismo Consejo de Indias antes de 1542, fecha en la que fueron removidos varios de sus miembros. Asimismo exploraremos los detalles de la defensa del ex oficial, a cargo de su hijo don Pedro de Castro y de sus procuradores. Lo cual nos llevará a reflexionar sobre los usos que se hizo de la documentación en esta pugna y la función de la escritura legal en el gobierno de las colonias españolas.

## ¿Cristóbal Vaca de Castro, un mediador en la sombra del poder metropolitano?

La ejecución de Diego de Almagro el Viejo, luego de la batalla de Las Salinas acaecida el 6 de abril de 1538, abrió un periodo de gran inestabilidad en Perú. A partir de entonces almagristas y pizzaristas entraron en la espiral de violencia de
las “guerras civiles”. Lejos de Perú, aquellas rivalidades resonaron en la corte metropolitana. Ambos bandos despacharon a sus representantes para que defendiesen sus intereses e influyesen sobre la comisión *ad hoc* nombrada por Carlos I con el cometido de remediar el conflicto: el propio Hernando Pizarro, quien ordenó la ejecución del líder almagrista, acudió a Madrid para concertar alianzas convenientes con los consejeros reales y otros personajes influyentes en la corte; por su parte los almagristas, entre ellos Diego de Alvarado, presentaron una acusación contra el clan Pizarro, y otra en especial contra Hernando (Padre García 1957: 27-29; Pérez de Tudela 1963: XXIII, XXVIII-XXIX; Medina 1895: VII: 149-159; CODOIN América 1873: 20: 217-485; AGI, Escribanía 1007-B). Dicha comisión encargada de hacer justicia fue dirigida por el presidente del Consejo de Indias y arzobispo de Sevilla, el cardenal García de Loaysa, y el comendador mayor de León Francisco de Los Cobos. Designaron a Cristóbal Vaca de Castro como “juez visitador” para que se informase sobre la situación en Perú y encontrase una salida al conflicto. Entonces oidor en la Real Chancillería de Valladolid, Cristóbal Vaca de Castro se convirtió en el mediador de las autoridades metropolitanas para pacificar aquella parte del Nuevo Mundo cuyos metales preciosos y riquezas eran tan indispensables para las finanzas de Carlos I. Según las instrucciones que recibió el 15 de junio de 1540 (Padre García 1957: 20-24; AGI, Indiferente 415, L.2, f.365r-378r), Cristóbal Vaca de Castro debía entre otras misiones “averigu[ar] qué es lo que pasó en la entrada del adelantado don Diego en el Cuzco y la batalla [de Las Salinas] que se dio, y de los excesos cometidos antes y después y nos deis cuenta de ello y en lo que obraréis lo hagáis mirando siempre a la pacificación de la Provincia”. En una provisión posterior, con fecha del 9 de septiembre de 1540, se le precisaba al oficial que asumiría el gobierno del Perú en caso de que muriese Francisco Pizarro (AAS, Ejecutoria, f.128v-129r).

Aquella nominación dejó insatisfechos a los dos bandos quienes se acusaban mutuamente de colusión con el juez recién designado. El 21 de abril de 1540, Hernando Pizarro objetó la decisión aduciendo que el licenciado Vaca de Castro era su enemigo (AGI, Escribanía 1007-B, f.81-83). En su pregón, pronunciado en Cuzco el 30 de abril de 1542, Diego de Almagro el Mozo denunciaba las maniobras de Hernando Pizarro en la corte para que los miembros del Consejo de Indias apoyaran la causa pizarrista y nombraran a un juez favorable²:

[...] como el cardenal presidente de las Yndias [García de Loaysa] tuviese el deu-
do de Hernando Pizarro por más principal que la onra de su magestad tenía tanta
vigilancia en que no supiesen los agravios e ynjusticias que acá se hazían que syn
autoridad de nuestro rey entre conpadres estando a ello presente Hernando Pizarro
se justificó su causa como él quiso;

[...] con mucha suma de oro y plata [Hernando Pizarro] se fue a la corte a dar quenta al Cardenal diziéndole el recurso que le quedaba de las minas de plata e la cantidad que sacaría dellas en todo año para le enchir aquella codicia frailesca e
conciencia de teólogo para no poder en la vida auer justicia ni hazérnosla de nuevos agravios (AAS, Ejecutoria, f.144v);

[...] venía un licenciado [Cristóbal Vaca de Castro] despachado de dicho Cardenal sólo a sustentar la causa de Pizarros como se parece por la copia de los capítulos que traya e por las cartas quel secretario Cobos e Cardenal e algunos de los del Consejo escreuían de cada día al Gobernador [Francisco Pizarro] e que a todos alcanzaba en el soborno que se hallaron en casa del marqués quando le mataron (AAS, Ejecutoria, f.145r).

No se encontró rastros de las cartas mencionadas entre Francisco Pizarro y el cardenal García de Loaysa o Francisco de los Cobos; no obstante, existen pruebas de la parcialidad de miembros del Consejo de Indias a favor del bando pizarrista. Pedro Cieza de León autoriza el “decir de algunos” para quienes la nominación de Vaca de Castro convenía a los intereses partidarios del cardenal:

> Los del Consejo de Yndias, deseando ser avisados de la verdad, nonbraron por juez de comisión e para que hiziese las ynformaçiones al licenciado Cristóbal Vaca de Castro, el qual quieren decir algunos que Hernando Piçarro procuró con el cardinal Loaysa para que fuese él y le encargaran las cosas del marqués Piçarro, e que se mostrase favorable en sus negocios (Cieza de León 1994: 92).

Este rumor viene confirmado por las dos cartas, con fecha del 28 de agosto y del 13 de septiembre de 1539, que el cardenal García de Loaysa –después de haberlo consultado con el Comendador mayor, el escribano Juan de Sámano y el licenciado Juan Suárez de Carvajal– escribió a Vaca de Castro para proponerle el cargo: “*el Gobernador Francisco Pizarro, creedme a mi, Señor, ques un bendito ombre, e que con él fareys lo que al servycio de Dios e del Rey conviene, no menos que si fuéredes solo*” (CODOIN América 1884: 42: 178-183)³. A partir del estudio de esta correspondencia, el peruanista Juan Pérez de Tudela dejó en claro que no se eligió a Vaca de Castro por la rectitud imparcial que se pudiera esperar de él, sino precisamente porque era “previamente aleccionable” y tentado por las incitaciones económicas que suponía el cargo (Pérez de Tudela 1963: XXIX). Por más larga y trabajosa que fuese su misión a Perú le permitiría –escribe el cardenal– salir de “*ese purgatorio de la Chancilleria [de Valladolid]*” (Berens 2017: 78), gracias a sustanciales ventajas como el hábito de Santiago, su nombramiento en uno de los consejos reales, además de una cuantiosa renta para asegurar a su linaje cierto encumbramiento social.

Francisco López de Gómara ofrece precisiones sobre las circunstancias de la nominación de Vaca de Castro y el origen de su relación con García de Loaysa:

[...] porque fuese [a Perú] le dio el consejo real y el hábito de Santiago y otras mercedes, y todo a intercesión del cardenal fray García de Loaisa, arzobispo de Sevilla y presidente de Indias, que le favoreció mucho por amor del conde de Siruela, su amigo (López de Gómara 1999: 212).
La conexión mencionada superaba la mera cercanía de circunstancias entre dos hombres que se conocían, sea por sus vínculos con la nobleza leonesa (Paniagua Pérez 1988: 63-64), sea por la mediación de un tercero como era el conde de Siruela, pues implicaba en realidad a varios miembros del Consejo de Indias dejando ver las relaciones de poder que Vaca de Castro estableció con la corte metropolitana en ejercicio. El Archivo General de Indias conserva rastros de aquellas relaciones, por ejemplo con el comendador mayor de León, Francisco de Los Cobos. Vaca de Castro salió a Perú con el poder de este consejero de Indias –quien recordémoslo formaba parte de la comisión al origen de su nominación– para que cobrase en su nombre los derechos de los oficios de fundidor y marcador que tenía en aquella provincia del Nuevo Mundo. En cuanto cayó en desgracia Cabeza de Vaca, Los Cobos se sumó a la larga lista de sus acreedores que desde 1546 reclamaron en Casa de Contratación que se levantara el embargo sobre los bienes que había acumulado en Perú. El fiscal exigía que la Hacienda Real fuera el acreedor prioritario sobre los bienes de Vaca de Castro, una demanda que constituye el objeto principal del pleito consultado (AGI, Justicia 1175, N°7). Una situación muy similar se produjo con Juan de Sámano, secretario real, que había dejado su poder al nuevo comisionado al Perú para que cobrase en su nombre las ganancias de las minas que tenía en Perú y dispusiese de la escribanía de la gobernación del reino de Nuevo Toledo (AGI, Justicia 1175, N°7, piezas 1 y 10; AGI, Justicia 467, N°1, f.121v). Al fin y al cabo, Vaca de Castro no sólo era el mediador de un poder metropolitano entregado a la causa pizarrista en el conflicto civil, sino que se había convertido en el garante de los negocios que ciertos consejeros de Indias y oficiales de pluma tenían en Perú.

Aquella posición lo condujo a implementar un sistema de reparto de las encomiendas que favorecía a sus allegados en la corte, como lo revela la carta que mandó a su esposa:

> Sy a vuestra merçed paresçiere que conviene tomar trabajo de hablar sobre ello [mis méritos] al comendador mayor [Francisco de los Cobos] y secretario Sámano, y cardenal [García de Loaysa] y conde de Osorno y los del Consejo de Indias, hacerlo heys, porque hará provecho; y para lo uno y lo otro ayudaros heys del presidente del Consejo Real, que pues yo he dado acá a su hermano un repartimiento de indios muy buenos, y con una myna de plata muy rica, hallándole a puerro [sic] en aquella mala tierra de Cali, obligacion tiene de hacer bien lo que me tocare. Y también os ayuda de la señora doña María de Mendoça, mujer del señor comendador mayor; que pues yo tengo cuidado de servir a todos, razón es que en esto me lo agradezcan y paguen; y pues yo, señora, lo he trabajado y lo merezco, bien es que allá se trabaje por aver algún provecho y se porfie que lo hagan, porque destos servicios tales que hazen caballeros, se suelen començar las casas y mayorazgos (Cartas de Indias 1887: 496).

En cuanto se supo en la corte que Vaca de Castro había aceptado el cargo, no faltaron los peruleros, sobre todo entre los partidarios de Almagro, quienes mandaron
noticias a Perú para decir que los Pizarro habían mandado muchos regalos a los del Consejo de Indias para que nombrasen a un juez afecto a ellos (Padre García 1957: 29). Existe además una misiva reveladora de la clase de juegos que el doctor Beltrán –otro consejero de Indias– había establecido con los Pizarro: se dirigía a Gonzalo Pizarro proponiéndole sus servicios en el Consejo a cambio de que considerase a su hijo Ventura Beltrán (Pérez de Tudela 1963: XXIX). La recompensa al hijo de Beltrán vino de parte del propio Vaca de Castro, quien le concedió el “alguacilazgo mayor de los Reyes y unos pocos indios para el servicio de su casa” por su apoyo en la guerra de Chupas (Colección Muñoz 2010, A110, t. 65, f.32r-33r; Medina 1895: VI: 258-261. Véase también AGI, Justicia 467, f.32r; Berens 2019).

En este contexto el rencor de Diego de Almagro el Mozo se cristalizó en torno a estos oficiales madrileños, quienes encarnaron todas las cuitas de su bando, como lo sugiere un testimonio de las conversaciones en el campo almagrista:

> Este testigo oyó decir, estando preso entre ellos, a Pedro de Sanmillán que hera uno de los del consejo del dicho don Diego [de Almagro] que no entraría el rey en el Perú hasta tanto que hechase de su consejo al Cardenal de Sevilla porque hera el Obispo de Norpas [sic] y al Obispo de Lugo porque hera galalon y al dotor Beltrán porque hera judas (AAS, Ejecutoria, f.80r; véase también Zárate 1947: 503).

Los personajes mencionados son el presidente del Consejo de Indias, el cardenal García de Loaysa, y dos oidores del mismo: el licenciado Juan Suárez de Carvajal, Obispo de Lugo, y el doctor Beltrán. Todos están designados a través de figuras prototípicas del traidor como lo sugieren las referencias a Judas, Galalón (otro nombre de Ganelón en el cantar de Roldán) y al obispo de "Norpas", más probablemente "Oppas" (obispo visigodo de Sevilla, que apoyó la invasión musulmana de la Península después de la batalla de Guadalete contra las tropas de Rodrigo). Fuera de que atestigua el rencor almagrista, este testimonio cobra un interés marcado cuando reparamos en que los tres oficiales designados fueron los que precisamente se vieron afectados por la visita del Consejo de Indias ordenada por el Rey en 1542. Esta visita intervino después de que Bartolomé de Las Casas y los suyos denunciaran la pasividad de los oficiales de Indias frente a la potestad de los encomenderos y los abusos contra los indios, y dejó al descubierto las intrigas de los tres consejeros (Pérez de Tudela 1963: XXXIV; véase también Schäfer 2003: 77-87). El doctor Beltrán fue suspendido de su oficio y condenado a pagar 17 000 ducados (Colección Muñoz 2010, A102, t.57, f.57v-58r)⁴. Al licenciado Juan Suárez de Carvajal se le revocó la merced que recibió de ciertos solares en México, y se lo condenó a una pena de 8500 ducados "para que oído el fiscal y los acreedores de Almagro que tienen hecha ejecución en ello se hiciese justicia" (Colección Muñoz 2010, A102, t.57, f.57v-58r); asimismo fue apelado a residir en su Obispado de Lugo o sea que concretamente quedó apartado del Consejo. García de Loaysa, en cuanto a él, conservó un tiempo la presidencia, aunque ya no de manera efectiva, perdiendo la mano absoluta en co-
sas de Indias, antes de ser removido a otra presidencia el año de su muerte en 1546 (Fernández de Piedrahíta 1688: 402-403). A pesar de los perdones que recibirán más tarde, estos tres consejeros acabaron por ser removidos de una u otra manera cediendo espacio para que otro Consejo diese origen a las Leyes Nuevas. De modo que contra las posturas pro-encomenderos y pro-pizarristas de los oficiales madril-leños, las quejas almagristas coincidieron con las peticiones lascasianas, haciéndose más audibles en las más altas esferas del poder, las cuales miraron con malos ojos la parcialidad de los consejeros de Indias solicitados por Hernando Pizarro. Este último acabó preso en el castillo de la Mota (Medina del Campo), desde donde asumió por muchos años la defensa legalista del patrimonio de los Pizarro. Caídos los protectores de Vaca de Castro en el Consejo de Indias en 1542, vino el tiempo de las desavenencias para el oficial en ejercicio en Perú.

En definitiva, Vaca de Castro obró un tiempo en la sombra del poder metropolitano como ejecutor de una política pro-pizarrista y fiador de los intereses de varios miembros de la corte en el Perú. Aquella posición lo llevó a desempeñar un protagonismo inesperado. Convertido en Gobernador del Perú a raíz de la vacancia del puesto por el asesinato de Francisco Pizarro el 26 de junio de 1541, Vaca de Castro zanjó el conflicto civil decretando la guerra a los almagristas y la ejecución de Diego de Almagro el Mozo. La documentación que se encuentra en el Archivo del Sacromonte y las fuentes disponibles en el Archivo General de Indias enseñan una faceta de Vaca de Castro mucho más resuelta y ambiciosa de la que esperaban de él: al mando de una auténtica empresa local de enriquecimiento personal Vaca de Castro "avía ecedido en algunas cosas en el dicho cargo" (AAS, Ejecutoria, f.1r), despertando el recelo del nuevo Consejo de Indias depurado de sus antiguos protectores. En este contexto era de suponer que la Corona intentaría derrocar a este todopoderoso en ciernes.

## Los procedimientos contra Cristóbal Vaca de Castro y la defensa de los intereses reales

Vaca de Castro fue relevado de su puesto de gobernador en 1543. El Rey nombró como sucesor al virrey Blasco Núñez Vela, el cual empezó a ejercer ple-namente su jurisdicción a su llegada a Lima, en mayo de 1544. Como el uso lo requería, dicho sucesor se encargó de llevar a cabo el juicio de residencia del oficial que lo precedió (AGI, Justicia, 467). El dictamen concluyó con 27 cargos y el virrey mandó poner preso a Vaca de Castro, quien se escapó a bordo de un barco donde lo habían trasladado. Después de una escala en Panamá, se dirigió a España pero sin entrar por el controlado puerto de Sevilla prefiriendo el de Lisboa. Poco después de su llegada a Valladolid, en junio de 1545, Vaca de Castro conoció nuevos infortu-nios judiciales: el fiscal del Consejo de Indias, Juan de Villalobos, presentó contra él dos acusaciones de 21 capítulos, la primera el 29 de junio y la segunda el 20 de
julio de 1545. La Ejecutoria conservada en el Sacromonte recopila los pormenores de aquel pleito y de las acusaciones: las más graves señalan el reparto de indios vacos en cabeza suya o de sus “criados” debiendo atribuirlos a la Corona, el envío de dinero a España sin registrar, la colecta de sobornos por atribuir repartimientos, gobernaciones, capitanías u otros oficios, por no quitar repartimientos o disimular culpados, la tentativa de soborno de miembros del Consejo de Indias y sus mujeres, etcétera. Una nomenclatura de todos los delitos imputados a Vaca de Castro en el pleito puede verse en el estudio preliminar de la Ejecutoria (Roy 2017: 166-167) o en anexo del presente.

El objetivo de semejante inventario era permitir el cotejo con los cargos del juicio de residencia realizado un año antes en Perú. Las numerosas coincidencias constatadas revelaron que la residencia encargada al virrey Núñez Vela constituyó probablemente una etapa preliminar y un pedido extraoficial del nuevo Consejo de Indias, o directamente del Rey, con vistas a un pleito de mayor envergadura contra el Gobernador del Perú. Así creemos que el fiscal Villalobos se inspiró en el juicio de residencia –no está nada descartado incluso que tuviera una copia del documento a la mano– (Roy 2017: 167-168). La relación inmediata entre los dos procedimientos podría verse entonces como un esfuerzo conjugado del Rey con el renovado Consejo de Indias para remover a un oficial cuyo poder en Perú se ejercía de manera descontrolada.

Paralelamente al pleito, sabemos que el celoso fiscal Villalobos diligenció en agosto de 1545 una encuesta en Lisboa porque sospechaba que en el viaje de regreso Vaca de Castro gestionara la venta de metales preciosos y esmeraldas en la capital portuguesa, sin registrarlos en la Casa de Contratación de Sevilla (AGI, Justicia 1174, N°2, R.3). El 7 de septiembre de 1545, el mismo fiscal presentó una nueva acusación contra Vaca de Castro, esta vez por el depósito de los indios de Chuquiao, antigua posesión de Francisco Pizarro, a cambio de 12 000 pesos. Esta acusación remite al capítulo 2 de la acusación registrada en la Ejecutoria, sin embargo aparece en una documentación legal distinta puesto que está asociada con otro pleito, el de los herederos de Francisco Pizarro que disputaban con el fiscal Villalobos el recobro de la suma percibida por Vaca de Castro (AGI, Justicia 1054, N°3, R.1).

La lista de los procedimientos entablados de manera consecutiva por el fiscal del Consejo de Indias contra su propio oficial sugiere que éste se había convertido en una amenaza para los intereses de la Corona. De hecho, sus actividades en Perú y en Lisboa redundaban en perjuicio del fisco. De modo que no se escatimó esfuerzos para recuperar el dinero acumulado (unos 6000 pesos de oro se encontraban embargados en la Casa de Contratación). El fiscal Villalobos multiplicó los pleitos contra los acreedores de Vaca de Castro quienes pedían que se levantara el embargo sobre el oro y la plata secuestrados en la Casa de Contratación. Tan sólo para el año 1546, hemos contado no menos de seis peticiones de acreedores disputadas por el fiscal: ya mencionamos las de Francisco de Los Cobos y Juan de Sámano, la de los herederos de Francisco
Pizarro; también aparecen peticiones de Francisca Suárez, viuda de García Suárez, de Reynaldi Estroci y de María González, viuda de Gonzalo Simón (AGI, Justicia 1175, N°7). Ahora bien, las peticiones de todos los acreedores quedaron atadas en un solo proceso según aparece en la Real Provisión de emplazamiento del 18 de agosto de 1550 (AGI, Patronato 280, N°2, R.54); el objetivo era facilitar la labor judicial de Villalobos quien alegó la prioridad del fisco sobre todas las demás peticiones.

El caso de otro acreedor de Vaca de Castro llama la atención: Dionisio de Bobadilla fue condenado a muerte por traición en la rebelión de Gonzalo Pizarro. Según las leyes en vigor, sus bienes recaían en beneficio del Erario, por lo que el fiscal Villalobos reclamó los 1500 pesos que Vaca de Castro le debía a Bobadilla. El pleito se inició en 1550, y fue prorrogado por los sucesores de Villalobos, los licenciados Agreda en 1554 y Gamboa en 1570 (AGI, Justicia 1075, N°1, R.5; AGI, Justicia 1085, N°2). Así que 20 años después de la primera petición, y a pesar de la rehabilitación de Vaca de Castro, el poder metropolitano seguía pretendiendo indemnizarse en los bienes de su ex oficial. Finalmente, mencionaremos el pleito sobre ciertos bienes que Vaca de Castro tenía en el Perú: Villalobos pedía por la vía legal que se levantara el embargo sobre los bienes que como testamentario Vaca de Castro heredó de Juan Calderón de la Barca. No se sabe quién fue exactamente, sino uno de esos peruleros sin heredero que debía su fortuna a la intervención de Vaca de Castro. La donación hecha en Cuzco el 18 de febrero de 1544 venía como “remuneración y pago y satisfacciones de los dichos cargos” que Calderón de la Barca recibió del Gobernador del Perú (AGI, Justicia 1077, N°2, f.4r). Nótese que el fiscal de la Audiencia de los Reyes presentó en 1551 una petición similar a la del fiscal del Consejo de Indias, o sea que ambos tribunales miraban con interés el patrimonio de Vaca de Castro.

No es necesario alargar la lista de los pleitos que se conservan en el Archivo General de Indias para medir la tormenta judicial que tuvo que enfrentar Vaca de Castro desde la cárcel. A los dos primeros procedimientos, el juicio de residencia de 1544 y el pleito de 1545 referido en la Ejecutoria, se agregaron procedimientos satélites, todos gestionados o iniciados por el fiscal del Consejo de Indias Juan de Villalobos, que constituyen la otra cara de la desgracia en que cayó Vaca de Castro. El poder metropolitano no sólo neutralizó a su oficial, quitándole todas sus prerogativas de gobierno, sino que se dedicó a una auténtica labor de recuperación de sus bienes adquiridos en Perú. El esfuerzo puesto tanto por sus acreedores como por los fiscales de Madrid y Los Reyes desde 1546 y durante décadas dice mucho del caudal que podía representar el patrimonio acumulado por Vaca de Castro. Un patrimonio familiar que más tarde su hijo Antonio Vaca de Castro (apoyado por su otro hijo Pedro de Castro) se empeñó en defender contra nuevos asaltos de la fiscalía de Indias, el virrey Francisco de Toledo y otros encomenderos en Perú⁵. El caso de la familia Castro ilustra entonces la manera como desde Madrid, por la vía legal, la Corona luchó por conservar el control de sus intereses en el Nuevo Mundo, a expensas de sus propios oficiales y vasallos.
## Administración de la justicia y dinámicas de poder

Cierta intransigencia prevaleció en el caso del antiguo Gobernador, como lo sugiere el lapso que separan las primeras acusaciones presentadas el 29 de junio y el 20 de julio de 1545 con la primera revisión el 19 de abril de 1554. Carlos I resistió varios años para concederle la reposición según lo menciona Antonio de Herrera y Tordesilllas, el biógrafo de Vaca de Castro, a su abogado e hijo don Pedro de Castro:

> No quiero callar que he hallado que el Consejo consultó varias veces al Emperador la inocencia del señor Vaca de Castro y que al cabo de ocho años le envió a Flandes una muy apretada consulta, y su Majestad Cesárea la tuvo cinco o seis años en un escritorio hasta que la resolvió; tan porfiado estuvo a creer las siniestras relaciones de la imprudencia de Blasco Núñez Vela (Pérez de Tudela 1963: XXXIII).

A pesar de las consultas para que se revisara la sentencia, de las distintas probanzas que presentó y de dos peticiones de reconvención contra el fiscal Villalobos, Vaca de Castro hubo de esperar 11 años, después de la segunda revisión del caso el 23 de mayo de 1556, para que se pronunciaran la absolución de la mayor parte de las penas y su liberación. ¿Cómo explicar la dilación del Rey y su firmeza en la resolución de este caso?

Entre las instrucciones que recibió Vaca de Castro para su misión peruana le correspondía reformar los “repartimientos excesivos” de los conquistadores (Pandre García 1957: 21). Concretamente se trataba de proceder a un nuevo reparto de las encomiendas entre los españoles beneméritos y averiguar cómo se cobraban los tributos para la Real Hacienda. La reformación a la que procedió Vaca de Castro fue motivo sin embargo de grandes disgustos: favoreció a sus allegados y en general a toda persona dispuesta a servirle, de modo que los muchos resentidos, aquellos beneméritos que quedaron fuera del nuevo reparto, como Juan de Cáceres, presentaron diversas quejas con el cometido de llamar la atención del Rey sobre las decisiones arbitrarias de su oficial (Roy 2017: 169). Aquella prerrogativa de Vaca de Castro se topó con la promulgación de las Leyes Nuevas en 1542: la supresión de todo nuevo repartimiento significaba el colapso de su sistema de favores recíprocos con los peruleros, y explica por qué recibió el respaldo de los encomenderos alterados en contra del virrey Núñez Vela encargado de aplicar las Leyes en Perú.

Con todo, creemos que las actividades de lucro de Vaca de Castro, porque redundaban en perjuicio directo de la Hacienda Real, constituyeron el motivo esencial de la intransigencia de Carlos I. Si bien el soborno constituía una práctica muy común, hasta tal punto que se discute la validez del concepto de corrupción en la sociedad española de los siglos XVI-XVII, y aunque muchos virreyes entretenían con los habitantes del Nuevo Mundo un patronazgo que rayaba en relaciones de lealtad y mutua obligación (Ragon 2016, Ponce Leiva 2016), parece que en este caso preciso el abuso alcanzó proporciones inauditas –“avía ecedido” (AAS, Ejecutoria,
f.1r)- y sobre todo incompatibles con los intereses reales. Por lo tanto, tras la sentencia interlocutoria de 1554, el fiscal Agreda (sucesor de Juan de Villalobos) prosiguió el pleito requiriendo el mantenimiento de las penas criminales y discutiendo las probanzas que la defensa presentó para anular dos cargos por los que Vaca de Castro había sido condenado a graves penas pecuniarias (AAS, Ejecutoria, f.179v-180r, 186v-191r).

Aquellos dos cargos parecen constituir las últimas disputas del Consejo de Indias contra Vaca de Castro. Corresponden a los capítulos 2 y 7 del pleito. En ellos, se acusaba al antiguo oficial: 1) el poner en cabeza suya o de sus criados a los indios vacos que fueron de los líderes pizarristas y almagristas (Francisco Pizarro, Diego Méndez, Pedro Oñate, Juan Vázquez de Osuna, Diego de Almagro, Hernando Pizarro, Juan de Baldibieso) y del Obispo del Cuzco Vicente de Valverde; en este caso el perjuicio para la Hacienda Real se estimaba a más de 100 000 castellanos; 2) el tomar metales de valor de 150 000 castellanos de la Hacienda Real. Entre los 21 capítulos que cuenta el pleito, estas dos acusaciones revistieron desde el principio un carácter prioritario para la Corona, dados el daño y las perspectivas de reparación que suponían para la Hacienda Real. Así existen varias provisiones del Príncipe Felipe que revelan preocupaciones tempranas a este respecto. Dos fueron dirigidas a los oficiales de Sevilla en la Casa de Contratación para que se averiguase “*si el licenciado Vaca de Castro Gobernador del Perú envió cantidad de oro y plata ocultamente a algunas personas y otras cosas*” (AGI, Justicia, 1159, N°12). En la primera provisión, con fecha del 21 de agosto de 1545, mandaba que se exhibiese los registros de partidas de oro y plata que Vaca de Castro trajo de Perú en nombre de Juan Navarro, Francisco Pérez y otros; en la segunda, con fecha del 18 de agosto de 1545, afirmaba que “*al derecho del fisco de Su Majestad conviene saber si la carabela que el licenciado Vaca de Castro enbio desde la isla de Cuba con Alonso de Argüello su criado si por su mandado vino dirigida al reyno de Portugal*” y mandaba que se interrogase al piloto de la carabela. En otra provisión posterior, el Príncipe pedía que se retuviese en Sevilla los envíos de oro y plata destinados a Vaca de Castro por haberse apropiado de dinero de la Hacienda Real y de los tributos de los indios que vacaron por muerte de Francisco Pizarro y otros (Varón Gabai 1996: 145).

Aquella disposición del Príncipe tuvo repercusiones en el proceso que los herederos de Francisco Pizarro abrieron en 1554 contra Vaca de Castro (AGI, Justicia 1054, N°3, R.1). Este proceso se inscribe en una “estrategia empresarial” de los Pizarro para recuperar su patrimonio en Perú y fundar con las rentas un mayorazgo en España. Se trataba de disputar por la vía legal lo que consideraban ser apropiaciones indebidas por parte de particulares u oficiales reales (era el caso para Vaca de Castro) así como confiscaciones de la Corona. Hernando Pizarro, último sobreviviente de los hermanos conquistadores del Perú, dirigió desde su cárcel del Castillo de la Mota aquella empresa de recuperación de los bienes de sus sobrinos: Francisca Pizarro⁶ con quien se casó en 1552 y el pequeño Francisco Pizarro⁷ (Rostworowski 2015). La docu-
mentación sobre este caso viene a confirmar lo que sugerían la Ejecutoria conservada en el Sacromonte y el juicio de residencia en el Archivo General de Indias, a saber que la Corona había ido acumulando detalles muy precisos sobre la apropiación que su oficial hizo de los repartimientos pertenecientes al clan Pizarro. Concretamente, se lo acusó de haber despojado a los hijos del difunto Francisco Pizarro, usufructuando los tributos de Chimú, Huaylas, Conchucos, Lima, Chuquitanta, Atabillos, Chuquiabo y otros (Varón Gabai 1996: 141). Numerosos testimonios afirman que Vaca de Castro mandó a sus mayordomos recoger los tributos y beneficios de varias encomiendas: a Gaspar Gil en Chimú donde recogió coca y maíz para venderlos y rescatar con los indios, acudiendo luego al licenciado Vaca de Castro con el oro y la plata que procedía de ello⁸; a Cristóbal [de] Rojas en Chimú y Huaylas⁹; a un tal Tostado en Huaylas¹⁰; a Diego Mejía en Canta, Huara y Atabillos¹¹; un tal Carreño sacó por 20 000 castellanos de oro de los indios Conchucos y Huaylas¹². Asimismo aparece que Vaca de Castro cedió repartimientos por vía de reformación, entre ellos algunos fueron del Marqués Francisco Pizarro, a personas de su entorno o de quienes buscaba apoyo: su capitán de la guardia Gaspar Rodríguez, su mayordomo Gerónimo de la Serna, su paje Argote, el conquistador y fundador de Arequipa Juan de la Torre, Ventura Beltrán (hijo del consejero de Indias doctor Beltrán) y otros (AGI, Justicia 467, f.32).

La administración de las encomiendas de los conquistadores del Perú, en particular las del Marqués Francisco Pizarro, ilustra cabalmente las dinámicas de poder dentro de la Monarquía imperial del siglo XVI. Para la Corona y su oficial en el Perú, el asesinato del Gobernador de Nueva Castilla en 1541 significó la vacancia de sus posesiones y la posibilidad de pingües beneficios. El usufructo personal que sacó Vaca de Castro de su gestión fue disputado en justicia por el poder metropolitano que mandó indagar las ganancias que su oficial percibió para cada repartimiento. Era sin contar con los herederos de Francisco Pizarro quienes a su vez reclamaron a Vaca de Castro su debido y disputaron a la Corona sus pretensiones sobre el patrimonio familiar. Este enredo judicial revela lo estratégico que resultaba la gestión de los bienes de los primeros conquistadores en Perú y explica en parte la intransigencia del Rey y su brazo procesal en las Indias hacia un oficial que se había atrevido a ocupar un lugar inconveniente. En ambos casos, la administración de la justicia se convertía para la Monarquía en un instrumento de poder, e incluso de gobierno a la distancia. Así se reafirma el principio estudiado por varios historiadores esta última década de la fuerte interdependencia en la Monarquía Hispánica entre la administración de la justicia y las tareas de gobierno (Caselli 2016: 9-21; “Vencer la distancia” 2016/2019).

## Una defensa hábil

La Ejecutoria constituye un documento valioso en la medida en que permite apreciar toda la retórica legal empleada por Vaca de Castro, su abogado y sus procuradores ante las peticiones de los dos fiscales del Consejo de Indias, Juan de
Villalobos y su sucesor Agreda. Es interesante ver cómo se justifican las acciones y decisiones del antiguo Gobernador como una respuesta adecuada al estado de las cosas en el Perú, las contingencias de la guerra, y sobre todo en conformidad con las instrucciones recibidas. Basta con retomar el ejemplo de los capítulos 2 y 7 del pleito para ilustrar la lógica de esta defensa. Con respecto a la gestión que Vaca de Castro hizo de las encomiendas de los primeros conquistadores, la defensa invocó las instrucciones reales del 15 de junio de 1540 para que reformase los "repartimientos excesivos" en números de indios. Ahora bien, esta jurisdicción le valió una casi "natural" resistencia por parte de los españoles de Perú:

> comenzó a entender en la reformación que por Vuestra Magestad le fue encomendada y en averiguar y saver las cosas y fraudes que avía avido en la hazienda real de Vuestra Magestad y como esto toca especialmente a vuestros oficiales y a otras personas que tenían execibo repartimiento an lo tomado por áspero e subcedió que pensando evadirse de esto enviando el Gobernador por su teniente a la ciudad de los Reyes a un bachiller Guebara que fue capitán en la vatalla no le quisieron recibir e hizieron ciertas cosas a manera de alteración [AAS, Ejecutoria, f.7v. Véase también AAS, Ejecutoria, f.101v].

En otro lugar, las decisiones de Vaca de Castro de privación o redistribución de las encomiendas en Perú se justificaron con una cédula real posterior a las instrucciones de 1540, donde se confirmaba su jurisdicción en la materia, lo cual vuelve a servirle de amparo legal (AAS, Ejecutoria, f.182r-183r). La cédula, firmada en Talavera el 15 de abril de 1541, posee alguna particularidad que explica por qué se incorporó a la Ejecutoria: fue pronunciada con el parecer del fiscal Villalobos, y confirmada por él en Valladolid el 14 de mayo de 1542. De esta manera, la defensa resalta el papel del propio fiscal que llevaba el pleito contra Vaca de Castro en las decisiones por las cuales se veía juzgado. El proceder llama la atención por su habilidad.

En el caso de las encomiendas de los herederos de Francisco Pizarro, su reparto también se justificó con el recurso a despachos reales, como la cédula según la cual los hijos ilegítimos no podían heredar los indios de sus padres:

> [Vaca de Castro] halló yndios vacos que fueron los siguientes los yndios del marqués don Francisco Pizarro porque aunque se dezía que los avía dado a sus hijos este que declara los tubo por vacos por su muerte por la cédula y probisión que ay de su Magestad en aquella probincia que ynavilita para aver los yndios del padre a los hijos que no fueren de legítimo matrimonio [AAS, Ejecutoria, f.21r].

El argumento del nacimiento ilegítimo de los hijos de Francisco Pizarro en Perú no era válido ya que en otra cédula del 10 de noviembre de 1536, el Rey había legitimado a los dos hijos del Marqués -Francisca y Gonzalo- habidos con doña Inés Huaylas Yupanqui (Rostworowski 2015). Probablemente por esta razón no vuelve a aparecer en toda la Ejecutoria. Probablemente por esta razón la defensa indicó en
otra parte que lo que se cobró de los indios del Marqués en la provincia de “la sierra de Guamanga abaxo hacia la parte de Los Reyes, Truxillo y San Miguel” se dio a los herederos para su sustentación, sin más detalles (AAS, Ejecutoria, f.22r).

Ante las carencias de la argumentación para justificar el beneficio en los repartimientos de los herederos Pizarro, la defensa resaltó la necesidad que tuvo Vaca de Castro de sustentarse, insistiendo en la insuficiencia de su salario como gobernador y alegando las contingencias en tiempos de guerras mediante un pragmatismo económico que usó a su ventaja:

> demás desto puso este que depone [Vaca de Castro] otros mil yndios en su cabeza en la probincia de la ciudad de los Reyes que avía poseído el dicho marqués que se dizen los yndios de Xauxa e la Barranca y que los dichos yndios puso en su cabeza para sustentar su oficio e cargo de gobernación porque sin ellos no podía con los cinco mil ducados de su salario ni con veinte mil en especial en el tiempo que este que depone andubo y estubo en la tierra que fue todo de guerra donde fue menester hacer muchos gastos en mesa y casa y aconpañamiento en especial tratándose segund se dezía de algunas personas de le matar [AAS, Ejecutoria, f.23v].

Además de los mil indios mencionados, Vaca de Castro confesó haberse atribuido otros cinco mil que vacaron a raíz de los delitos de sus titulares, en primer lugar los líderes almagristas. Sin embargo, esta repartición se juzgó bastante moderada en comparación con el acopio de indios que se atribuyeron los gobernadores precedentes, y conforme a la legislación (AAS, Ejecutoria, f.24r).

Por más convincente que resultara el argumento de la moderación salarial, la defensa debía encontrar una estrategia mucho más contundente para explicar el aprovechamiento de numerosos repartimientos de indios así como el cobro de dinero de la Hacienda Real. Su mejor baza consistió en destacar la necesidad que tuvo Vaca de Castro en tanto que oficial del Rey de financiar la guerra contra Diego de Almagro el Mozo. Parte de lo que cobró de los indios del Marqués Pizarro en la provincia del Cuzco y del Collao, aproximadamente 12 ó 13 000 castellanos, lo fue “en servicio de su Majestad”, como “cosa muy provechosa y necesaria / para el buen efeto de la guerra” (AAS, Ejecutoria, f.21v-22v). La piedra angular de su alegato consiste en justificar la oportunidad de tal guerra. Es precisamente lo que constatamos en el conjunto de la Ejecutoria, ya no tan sólo para legitimar la gestión de los repartimientos de Francisco Pizarro, sino como el principal motivo de las decisiones políticas y económicas tomadas, como el hacer otro sello real y llevarlo a Perú (AAS, Ejecutoria, f.19v), el recurrir a los cargadores de indios (AAS, Ejecutoria, f.20r, 155v-156r), la requisición de dineros de la Hacienda Real (AAS, Ejecutoria, f.31v-33r, 166v), etcétera. Cuando llegó Vaca de Castro a Los Reyes en mayo de 1542, Diego de Almagro el Mozo y sus “secuaces” ya habían asesinado al Gobernador Francisco Pizarro. Aunque fuera en represalias a la ejecución de Almagro el Viejo en Las Salinas (1538), y aunque el Rey no había proveído nada a este respecto, este acto tendía a designarlos como subversivos peligrosos, una representación que
Vaca de Castro contribuyó a construir y difundir por razones evidentes. De hecho, la rebeldía del Mozo se aprecia de distintas maneras en la Ejecutoria y las misivas de Vaca de Castro, aunque siempre como un peligro inminente para la Monarquía Hispánica:

* una usurpación de la autoridad real: “[los almagristas] respondían palabras feas en desacato de vuestra ymperial persona y que a vuestra magestad que estoviese presente darían la batalla” (Cartas de Indias 1887: 477; AAS, Ejecutoria, f.93v, 135r).

* un “crimen de lesa majestatis” (AAS, Ejecutoria, f.26v, 118r, 138v, 171v; Cartas de Indias 1887: 476).

* una colusión con el enemigo extranjero –el Rey de Francia y el turco Barbaroja (AAS, Ejecutoria, f. 27r, 38v, 42v, 117v, 174r)–. Esta acusación corbra todo su sentido si se considera el contexto de la novena guerra de Italia (1542-1546) y el asedio de Niza (1543) donde Carlos Quinto se opuso a la alianza franco-otomana. La noticia de aquellos eventos ya circulaba en Perú según dos referencias en la Ejecutoria (AAS, Ejecutoria, f.42r, 52v; Berens 2019).

* una colusión con el enemigo interior –los Incas de Vilcabamba (AAS, Ejecutoria, f.84v, 95r, 98r)–. Aunque parece fundado semejante vínculo, sobre todo si pensamos en la fuga de Diego Méndez y otros seis almagristas hacia la corte de Manco Inca después de la derrota de Chupas (Murúa 1986: 257-261; Betanzos 2015: 430-432; Cobo 1964: 101-102), la acusación no tenía otro motivo que provocar cierto estupor entre las autoridades reales, que temían entonces una sublevación contra el orden colonial en Perú.

* una revolución “comunera” (Cartas de Indias 1887: 479, 482; Guzmán Palomino 2009) mediante una comparación que traía sombríos recuerdos a la Corona de España.

Así fue como la victoria de Vaca de Castro contra los almagristas en Chupas (16 de septiembre de 1542) apareció como un acto heroico que aureolaba su gobierno en Perú. A este respecto pueden verse los seis lienzos, hoy conservados en el Sacromonte, que don Pedro de Castro encargó a un autor anónimo en 1614-1615 para ilustrar el buen gobierno de su padre en Perú: su fatigosa llegada a Los Reyes; su intervención decisiva en la batalla de Chupas; la condena de Diego de Almagro el Mozo por traición y las negociaciones de paz con él; la ejecución del líder almagrista; la llegada del virrey Blasco Núñez Vela y la rebelión de Gonzalo Pizarro; su salida del Perú. Notemos además que los distintos pleitos criminales seguidos por Vaca de Castro en 1542 contra capitanes almagristas¹³ ilustran la coherencia de la estrategia desplegada y su retórica legal para defender el balance de un gobierno harto controvertido. La presencia en el Archivo de la Abadía del Sacromonte de una copia del proceso criminal que mandó llevar contra el Mozo y sus secuaces en el mismo campo de batalla sugiere con fuerza toda la relevancia que revistó el
argumento de la amenaza al magistrado en su defensa (AAS, Proceso contra Diego de Almagro; Ziółkowski y Espinoza de la Borda 2010). Los últimos sucesos del caso lo confirman: en marzo de 1556, pocas semanas antes de que el Consejo de Indias promulgara su sentencia definitiva, el procurador de Vaca de Castro seguía pidiendo la presentación de las escrituras del “proceso breve que hizo contra don Diego de Almagro y sus secuaces” (AGI, Justicia 1075, N°2, R.3, f.3r).

Con una estrategia muy análoga, se mencionó la ayuda prestada al virrey Núñez Vela en el necesario esfuerzo de guerra contra Gonzalo Pizarro (AAS, Ejecutoria, f.184v). Aunque técnicamente la toma de las armas por Gonzalo Pizarro intervino después del gobierno de Vaca de Castro, mientras estaba encarcelado, resultaba doblemente oportuno integrar este argumento en la línea de defensa: primero porque atestiguaba su subordinación a los intereses de la Monarquía, segundo porque desacreditaba al clan Pizarro que lo acusaba de usurpación de bienes. En vista de ello, bien parece que Vaca de Castro recuperó un argumento recurrente del poder metropolitano en sus gestiones contra las tentativas judiciales de Hernando Pizarro, a saber el parentesco de los Pizarro con el rebelde así como la excesiva cantidad de encomiendas acumuladas (Varón Gabai 1996: 157-158). La Ejecutoria contiene fragmentos del proceso de los herederos Pizarro contra Vaca de Castro en 1554: la selección de estos documentos legales vino a respaldar el propósito de la defensa. En efecto, para el descargo de los capítulos 2 y 7, el procurador del antiguo oficial real presentó una petición para que se incorporara la fe de litis del proceso que tenía con Francisca Pizarro; en ella constaba una obligación por 12 000 pesos de buen oro que el Gobernador había firmado el 11 de octubre de 1544 a: “*los menores hijos del marqués don Francisco Pizarro e al señor Gonzalo Pizarro su tutor y curador [...] por razón de todo aquello que de las haziendas de los dichos menores yo e habido e cobrado e otro por mí mandado*” (AAS, Ejecutoria, f.186v-188v). Incorporar dicha escritura era muy oportuno en el contexto que nos ocupa, ya que tendía a atestiguar la preocupación de Vaca de Castro por la sustentación de los hijos de Francisco Pizarro, y podía eximirlo de las acusaciones de expoliación de sus rentas. Sin embargo, en otro contexto, la misma escritura se volvía problemática para Vaca de Castro que pidió su nulidad, practicando una forma de oportunismo judicial. Los papeles del pleito con Francisca Pizarro conservados en el Archivo General de Indias muestran que Vaca de Castro rechazó la obligación firmada en 1544 a Gonzalo Pizarro, el entonces tutor de los pequeños, alegando que había sido forzado a redactarla, con “justa causa de temor”, cuando estaba preso (AGI, Justicia 1054, N.3, R.1. Véase también AAS, Ejecutoria, f.189r). Más allá de la anécdota, este episodio echa luz sobre cierta ambivalencia en el uso que Vaca de Castro y sus defensores hicieron de las escrituras legales, destacando de nuevo su gran habilidad a la hora de defender el legado y el nombre de los Castro.
## Conclusión

La Ejecutoria constituye un material legal cuya lectura crítica le confiere un nuevo estatuto, el de testimonio histórico. De hecho, la inmersión en el Sacromonte y demás archivos permite ahondar nuestro conocimiento de una figura clave en la historia colonial, por ser uno de los primeros oficiales reales en el Perú. Cristóbal Vaca de Castro aparece como un hombre ambicioso que se excedió con respecto al lugar que las autoridades metropolitanas posteriores a 1542 pensaban reservarle y conoció por ello un largo viacrucis judicial. Como era de esperar, la respuesta por parte de su administración fue implacable, y lo llevó a movilizar junto con su hijo y abogado, don Pedro de Castro, y sus procuradores una defensa ofensiva y particul armente hábil. Pacientemente fueron consiguiendo la absolución de las penas criminales y de la mayor parte de las penas pecuniarias, así como la liberación conforme a la sentencia definitiva del 23 de mayo de 1556 (AAS, Ejecutoria, f.191r-195r). Una cédula real del 27 de febrero del mismo año mandó que Vaca de Castro fuera restituido en su plaza en el Consejo Real y premiado por sus méritos. Recuperó la investidura prometida cuando se marchó a Perú -el hábito de Santiago, además de una encomienda de la Orden (Palomas)-. Se le asignaron 29 000 ducados de salario anual (de los que descontaron los tributos de indios que encomendó para gastos de gobernador) y entre 15 000 y 20 000 ducados de rentas en indios vacos, a los cuales renunció a favor de su hijo Antonio, que pasó a Perú con el Conde de Nieva. Además consiguió una licencia para pasar 500 esclavos al Perú sin pagar derechos y un hábito de Santiago para su hijo (Paniagua Pérez 1988: 71; Padre García 1957: 264-265). Mirando esta cara de la moneda, es acertado hablar de rehabilitación. Sin embargo fue un Vaca de Castro fragilizado quien volvió a integrar el Consejo Real, por los 11 años en los que permaneció encarcelado en las prisiones de Arévalo, Simancas, villa del Pinto, y sus bienes quedaron embargados. Si bien se le absolvió de las penas criminales, fue condenado en virtud del capítulo 2 a pagar un total de 46 800 castellanos de lo que cobró de los tributos de indios en Perú. Fue absuelto en el capítulo 7, con la condición de que se realizaran nuevas averiguaciones (AAS, Ejecutoria, f.191v-195r). O sea que el poder metropolitano se reservaba el derecho de prolongar los procedimientos de indemnización de cuanto percibió su oficial en Perú. Las diligencias del procurador de Vaca de Castro durante el año 1556 demuestran que la labor de rehabilitación seguía en marcha después de concluso el pleito: pedía la presentación de dos escrituras -de los gastos que hizo el licenciado La Gasca durante su gobierno y de los gastos que se hizo en tiempos de la alteración de Francisco Hernández Girón- porque "siempre a lugar en los casos de acusación criminal aunque sea después concluso el pleyto presentar el acusado para sus defensas escrituras" (AGI, Justicia 1075, N°2, R.3, f.6r). La campaña de rehabilitación se prolongó en realidad varias décadas, pues se trataba de limpiar la mancha de honor que afectó a todo su linaje. Don Pedro de Castro se encargó de la defensa historiográfica, además de la estrictamente judicial, de su padre movilizando para
ello un amplía red de contactos (Roy 2017: 158; Cárdenas Bunsen 2014). Sin em-
bargo no logró cumplir con el proyecto desmesurado que la monumental Abadía
del Sacromonte dejaba entrever -reunir en torno al mausoleo del padre a los ricos
peruleros-. En cuanto a Antonio Vaca de Castro, consiguió algunas ventajas de las
pertenencias y rentas de su padre, pero no alcanzó el mayorazgo con que soñaba en
Perú, al lidiar con los pellizcos del virrey Francisco de Toledo y otros encomende-
ros¹⁴ para garantizar su gran encomienda, en realidad un conjunto de varias que le
administraban mayordomos e antiguos "criados" de su padre con los que también
tuvo pleitos.

Grandeza y decadencia resumen la vida de Cristóbal Vaca de Castro, un hombre un tanto olvidado por la historia actual y que rescatamos como una prueba de la potestad implacable que la Corona y su brazo procesal en el Consejo de Indias impusieron ya no sólo a los conquistadores del Nuevo Mundo -bastante conocidas son las querellas contra los Colón, Pizarro y Cortés- sino a sus propios oficiales. Asimismo, los papeles del pleito contra Vaca de Castro ponen en evidencia a la fi-gura del fiscal Juan de Villalobos (y en menor grado de su sucesor Agreda) como el pilar de esa política de dominio que ejerció la Corona a mediados del siglo XVI en sus posesiones de ultramar. Su nombre ya se conocía, puesto que también ofició como fiscal en las disputas para arrebatar las pretensiones de Hernando y Francisca Pizarro (Varón Gabai 1996), en los pleitos contra Hernán Cortés por la Merced de los vasallos (Martínez Martínez 2015) y contra Alvar Núñez Cabeza de Vaca acerca de su gobernación en el Río de la Plata (AGI, Justicia 1131). Conquistadores, he-rederos y oficiales se toparon con la autoridad de la Metrópoli que a pesar de que, o precisamente porque, constituía una fuente de poder bastante alejada, no estaba dispuesta a ceder protagonismo alguno. Rafael Varón Gabai (1996: 177) señala con razón que los funcionarios reales mandados a las Indias, en tanto que mediadores, iban rodeados de un séquito de familiares y criados -término repetido numerosas veces en los procedimientos que nos ocupan- a los que se agregaban grupos de intereses locales indispensables para gobernar. Los contrapoderes que emergieron entonces, verdadera empresa lucrativa en el caso de Vaca de Castro, mayorazgo para el clan Pizarro, gozaron de un "poder ilusorio" que la autoridad real se esforzó y acabó por aplacar.

Las pugnas de la Corona se fundaban en el recurso a la justicia. Así las es-
crituras legales ofrecen un material privilegiado para penetrar los entresijos de las
relaciones de poder entre la Monarquía española y los aspirantes, algunos dichosos,
muchos infelices, a integrar la primera élite americana en el siglo XVI. A pesar del
potencial de semejante material, poco está publicado, obligando a los historiadores
a localizar las informaciones en distintos archivos. Obviamente, la dificultad cam-
pea en la masa que representa este tipo de documentación y en la selección de las
piezas más provechosas. La presente publicación de la Ejecutoria es una tentativa
para responder a este complicado reto: si bien se trata de proponer un corpus fácil
de acceso a los que desearan ahondar los estudios sobre Vaca de Castro, también tiene como finalidad aprovechar a una comunidad más amplia de historiadores interesados en los temas del ejercicio de la autoridad metropolitana, el funcionamiento de las instituciones, el gobierno y la administración de la justicia en la Monarquía Hispánica del siglo XVI.

## Notas

1. Los otros seis manuscritos del fondo son de este tenor: el legajo 2 se titula "Relación sacada de las probanzas y escripturas presentadas por parte del ilustre señor licenciado Cristóbal Vaca de Castro cavallero de la horden de Santiago del consejo de su magestad del pleyto que a tratado con los licenciados Villalovos y Agreda fiscales que fueron de su magestad en el consejo real de las Indias"; el 3 es un duplicado de la Ejecutoria; el 4, muy deteriorado, se titula "Relación de la probanza sobre los gastos hechos por el licenciado Cristóbal Vaca de Castro, Gobernador del Perú"; el 5 es una copia de la Ejecutoria (legajos 1 y 3); el 6, una copia de la relación de probanzas (legajo 2); el 7 corresponde al "Proceso hecho ante Vaca de Castro en los Reynos del Perú, contra Don Diego de Almagro y sus secuaces", con fecha del 16 de agosto de 1542 (publicado por Ziółkowski y Espinoza de la Borda en 2010). Pudimos constatar en recientes investigaciones que otros documentos referidos a la acción de Vaca de Castro en Perú se encuentran esparcidos en los demás fondos del Archivo.

2. Ubicado en la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid (ms. 77, f. 535 y sig.), el pregón de Diego de Almagro el Mozo fue mencionado por Pérez de Tudela (1963: XXIII) y publicado por primera vez en 2010 por Mariusz Ziółkowski y Álvaro Espinoza de la Borda, a partir de la versión contenida en el volumen 7 (f. 11r-16v) del fondo Vaca de Castro en el Archivo del Sacromonte. Para este estudio, nos valdremos de la versión que figura en la Ejecutoria (f. 142v-147r).

3. Sobre las erratas en la transcripción y fechas de aquellas dos cartas en la *Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones de América y Oceanía* (CODOIN América 1884) y las siguientes publicaciones, ver Berens 2017: 77-78.

4. El documento citado recibió por parte de J. B. Muñoz el título siguiente: "Representaciones hechas al Rey por el obispo de Lugo y el doctor Beltrán, reclamando el resultado de la visita del Consejo de Indias, 5 y 14 de marzo de 1543". Para el caso de Beltrán véase también AGI, Indiferente general 423, L.20, f.602r-602v: Real cédula a los alcaldes de casa y corte dándoles comisión para que hagan información acerca de la acusación hecha por el fiscal contra el doctor [Diego] Beltrán, después de la visita del Consejo de Indias, iniciada en 1542 por S.M., y continuada por [Juan de] Figueroa, del Consejo Real. 08 de febrero de 1543. Véase también AGI, Patronato 185, R. 34: Súplica que hace a Su Majestad el doctor Beltrán sobre que se le aboliese de cierta pena pecuniaria que se le había impuesto por cómplice en las alteraciones de Perú. 20 de marzo de 1543.

5. En 1558, Antonio Vaca de Castro recibió merced de una renta de 16 000 pesos de oro de minas por los servicios de su padre y los que se esperaba de él; pasó al Perú en 1560 donde se le dio una cédula de encomienda, juntando varias, para alcanzar dicha cantidad, hasta que le situaron pensiones en ella para proveer los salarios de la Compañía de Gentiles Hombres y Lanzas y Arcabucos de su majestad. Sobre ello, se trató largo pleito (AGI, Lima 199, N°6; Glave 1992). Agradezcemos a Luis Miguel Glave por estos datos.

6. Francisca Pizarro (1534-1598) fue hija del conquistador Francisco Pizarro y de la princesa Inés Huaylas Yupanqui. La pareja tuvo otro niño Gonzalo en 1535, pero murió de enfermedad a los 11 años.

7. Francisco Pizarro (1539-1557) fue hijo del conquistador Francisco Pizarro y de otra princesa, Angelina Yupanqui. Tuvieron otro hijo, Juan, en 1540, pero probablemente murió joven. Los documentos pierden su rastro muy temprano. A propósito de este segundo hijo, ver los trabajos de genealogía: http://www.noblezaseminario.com/ChronKidsS.html

8. Véase también AGI, Justicia 1054, N.3, R.1, pieza 2, f.207-208.

9. Véase también AGI, Justicia 467, f.30v.

10. Véase también AGI, Justicia 467, f.30v.

11. Véase también AGI, Justicia 467, f.29v-30r. AGI, Justicia 1054, N.3, R.1.

12. Véase también AGI, Justicia 467, f.100v-101r.
13 En especial el proceso seguido por el licenciado Antonio de la Gama, teniente general, por mandado del Gobernador Cristóbal Vaca de Castro, contra Juan Rodríguez Barragán, secuaz y alcalde de don Diego de Almagro el Mozo, hecho en Cuzco el 07 de diciembre de 1542 (AGI, Justicia 1066, N°1) y el proceso fiscal seguido ante la Audiencia de Lima por el licenciado García de León, por mandado de Cristóbal Vaca de Castro, contra Diego Méndez, capitán de Diego de Almagro el Mozo, hecho en Cuzco el 09 de diciembre de 1542 (AGI, Justicia 422, N°1).

14 En especial Luisa Martel de Los Ríos, esposa del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega (Guamanpalpas), Pedro Alonso Carrasco (Carabaya), Antonio de Villa (Accha y Cabanilla), Damián de la Bandera (Carabaya la grande y la menor, Achambi, Ancoayllo y Papres en Condesuyo). Agradezcemos a Luis Miguel Glave por los datos.

## Abreviaturas

AAS: Archivo de la Abadía del Sacromonte (Granada)

AGI: Archivo General de Indias (Sevilla)

## Referencias citadas

Berens, Loann

2017 “Cristóbal Vaca de Castro y los dominicos del Perú”. *Estudios Latinoamericanos* 36/37: 73-99.

2019 “Una carta inédita de Cristóbal Vaca de Castro (1542)”. *Estudios Latinoamericanos* 39: 251-274.

Betanzos, Juan

2015 *Juan de Betanzos y el Tahuantinsuyo. Nueva edición de la 'Suma y Narración de los Incas'*. Edición de Hernández Astete, Francisco y Rodolfo Cerrón Palomino. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima.

Cárdenas Bunsen, José

2014 “Correspondencia privada e historia pública: las relaciones intelektuales de Pedro de Castro, Antonio de Herrera y el Inca Garcilaso”. *Colonial Latin American Review* 23 (3): 413-438.

Cartas de Indias

1877 *Cartas de Indias*. Ministerio de fomento, Madrid [versión digitalizada]. URL: openlibrary.org.

Caselli, Elisa (coord.)

2016 *Justicias, agentes y jurisdicciones. De la Monarquía Hispánica a los Estados Nacionales (España y América, siglos XVI-XIX)*. Fondo de Cultura Económica / Red Columnaria, Madrid.

Cieza de León, Pedro

1994 *Crónica del Perú. Cuarta Parte. Vol. II Guerra de Chupas*. Pontificia Universidad Católica del Perú / Academia Nacional de Historia, Lima.

Cobo, Bernabé

1964 *Historia del Nuevo Mundo*. P. Francisco Mateos (ed.). *Obras del P. Bernabé Cobo II*. Atlas (col. “Biblioteca de autores españoles” 92), Madrid.
## CODOIN América, 1ª serie

1873
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía. Tomo 20. Imprenta de Manuel G. Hernández, Madrid [versión digitalizada en Aecid]. URL: http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=1118

## CODOIN América, 1ª serie

1884
Colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones españolas en América y Oceanía. Tomo 42. Imprenta de Manuel G. Hernández, Madrid [versión digitalizada en Aecid]. URL: http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=1118

## Colección Muñoz

2010
Colección de don Juan Bautista Muñoz. Real Academia de la Historia, Madrid [versión digitalizada en DVD-Rom].

## Fernández de Piedrahita, Lucas

1688
Historia general de las conquistas del nuevo Reyno de Granada. Ambres [versión digital Fondo Antiguo de la Universidad de Sevilla]. URL: http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/751/12/historia-general-de-las-conquistas-del-nueuo-reyno-de-granada/

## Glave, Luis Miguel

1992
Vida, símbolos y batallas. Creación y recreación de la comunidad indígena: Cusco, siglo XVI-XX. Fondo de Cultura Económica. México.

## Guzmán Palomino, Luis

2009
"corrupción, separatismo y comuna en la guerra de Vaca de Castro contra Diego de Almagro el Mestizo", Cantuta 17 [versión digital]. URL: http://fr.calameo.com/read/000116093509f4370f82f

## López de Gómara, Francisco

1999
Historia General de las Indias. Prólogo y cronología de Jorge Gurria Lacroix. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes, Alicante [edición digital basada en la edición de Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978]. URL: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-general-de-las-indias--0/html/

## Martínez Martínez, María del Carmen

2015
"Hernán Cortés en España (1540-1547): negocios, pleitos y familia". Martín F. Ríos Saloma (ed.), El mundo de los conquistadores. UNAM / Instituto de Investigaciones Históricas / Silex Ediciones. México [versión digital]. URL: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/mundo/663_04_23_Carmen_Martinez.pdf
Medina, José Toribio

1895 Colección de documentos inéditos para la historia de Chile. Tomos VI y VII. Santiago de Chile.

Murúa, Martín de

1986 *Historia general del Perú*. Edición de Manuel Ballesteros. Historia 16 (col. "Crónicas de América" 35), Madrid.

Padre García, Casiano (O.S.A.)

1957 *Vida de don Cristóbal Vaca de Castro. Presidente y Gobernador del Perú. Ediciones Religión y Cultura*, Madrid.

Paniagua Pérez, Jesús

1988 "Don Cristóbal Vaca de Castro, un leonés del siglo XVI en el Nuevo Mundo". *Tierras de León* 28 (71): 61-72.

Pérez de Tudela, Juan

1963 *Crónicas del Perú I. II*. Atlas (col. "Biblioteca de autores españoles", tomos CLXIV y CLXV), Madrid.

Ponce Leiva, Pilar

2016 "Percepciones sobre la corrupción en la monarquía hispánica, siglos XVI y XVII". En Pilar Ponce Leiva y Francisco Andújar Castillo (ed.), *Mérito, venalidad y corrupción en España y América, siglos XVII y XVIII*, pp. 193-212. Albatros, Madrid.

Ragon, Pierre

2016 ¿Abusivo o corrupto? El conde de Baños, virrey de la Nueva España (1660-1664): De la voz pública al testimonio en derecho". En Pilar Ponce Leiva y Francisco Andújar Castillo (ed.), *Mérito, venalidad y corrupción en España y América, siglos XVII y XVIII*, pp. 267-282. Albatros, Madrid.

Rostworowski, María

2015 *Mujer y poder en los Andes coloniales. "Doña Francisca Pizarro. Una ilustre mestiza, 1534-1598" y otros ensayos acerca de la mujer en los Andes prehispánicos y coloniales*. IEP (col. Historia Andina 43, Obras completas X), Lima.

Roy, Hélène

2017 "La ejecutoria del pleito contra don Cristóbal Vaca de Castro: anatómia de un manuscrito 'peruano' del Archivo del Sacromonte". *Estudios Latinoamericanos* 36/37: 157-175.

Schäfer, Ernesto

2003 *El Consejo real y supremo de las Indias. Su historia, organización y labor administrativa hasta la terminación de la Casa de Austria*. Junta de Castilla y León / Marcial Pons Historia, Valladolid.

Varón Gabai, Rafael

1996 *La ilusión del poder. Apogeo y decadencia de los Pizarro en la conquista del Perú*. IFEA (col. "Travaux de l'IFEA" 98) / IEP, Lima.
"Vencer la distancia".

2016/19 Proyecto de investigación "Vencer la distancia. Actores y prácticas del gobierno de los imperios español y portugués". URL: https://distancia.hypotheses.org/

Zárate, Agustín de

1947 *Historia del descubrimiento y conquista del Perú*. Don Enrique de Vedia (ed.) *Historiadores primitivos de Indias II*. Atlas (col. "Biblioteca de autores españoles", tomo XXVI), Madrid.

Ziółkowski, Mariusz y Álvaro Espinoza de la Borda

2010 "Cristóbal Vaca de Castro contra Diego de Almagro 'El Mozo': Nuevos documentos sobre la 'Guerra de Chupas' en el Archivo de la Abadía del Sacromonte de Granada (España)". *Estudios Latinoamericanos* 30: 215-346.
Nomenclatura de los 21 cargos contra Cristóbal Vaca de Castro en el pleito seguido por el fiscal del Consejo de Indias, Juan de Villalobos<fnref n="1" />

<table><thead><tr><th colspan="2">Enriquecimiento ilícito</th></tr></thead><tbody><tr><td>Capítulo 2</td><td>Poner a los indios vacos en cabeza suya y de sus criados debiendo atribuirlos a la Corona. Los indios que vacaron fueron los de Francisco Pizarro, Diego Méndez, Pedro Oñate, Juan Vázquez de Osuna, Diego de Almagro, Hernando Pizarro, Juan de Baldibieso, el Obispo del Cuzco... El beneficio sacado se estima a más de 100 000 castellanos.</td></tr><tr><td>Capítulo 3</td><td>Estancar en provecho propio la venta de la carne, el maíz y la coca. El beneficio sacado también se estima a 100 000 castellanos.</td></tr><tr><td>Capítulo 4</td><td>Apropiarse gran parte de los 60 000 ducados de ropa y de sueldos destinados a las tropas reales. Poner la ropa en tiendas de Los Reyes y del Cuzco.</td></tr><tr><td>Capítulo 5</td><td>Dar al capitán Peranzures 5 000 castellanos de la Hacienda Real.</td></tr><tr><td>Capítulo 7</td><td>Tomar oro, plata, piedras de valor de 150 000 castellanos de la Hacienda Real.</td></tr><tr><td>Capítulo 8</td><td>Disimular lo que había sacado de las minas y de los réditos de los indios para no pagar el Quinto real (estimado a 50 000 castellanos). Usar de manera fraudulenta la marca del Quinto real.</td></tr><tr><td>Capítulo 9</td><td>Mandar a España más de 200 000 castellanos escondidamente, registrándolos con el nombre de sus criados (Diego de Aller, Alonso de Villalobosª, Fray Francisco Martínez, el capitán Peranzures, Francisco Becerra, Juan de Carranza...).</td></tr><tr><td>Capítulo 10</td><td>Enviar remesas de metales vía Portugal para evitar el control aduanero de la Casa de Contratación en Sevilla.</td></tr><tr><td>Capítulo 16</td><td>Dilatar la prisión de Diego de Almagro y Diego Méndez 5 ó 6 meses para gozar los frutos de sus indios.</td></tr><tr><td>Capítulo 17</td><td>Encomendar indios a sus criados, amigos, parientes y personas de quienes esperaba favores, intereses y dineros.</td></tr><tr><td>Capítulo 18</td><td>Recibir por más de 100 000 castellanos de sobornos para dar repartimientos, gobernaciones, capitanías y otros oficios, para no quitar repartimientos y disimular culpados. Percibir en lugar de la Hacienda Real más de 150 000 castellanos.</td></tr><tr><td>Capítulo 20</td><td>Enviar dádivas de oro y otras cosas a los miembros del Consejo de Indias y sus mujeres para anular sus culpados en las tomas de la Hacienda Real y de particulares.</td></tr><tr><td>Capítulo 21</td><td>Detener mucho tiempo los navíos en los puertos para aprovecharse más de la Hacienda Real y de los repartimientos de indios.</td></tr><tr><th colspan="2">Incumplimiento de la disposiciones reales</th></tr><tr><td>Capítulo 1</td><td>Obligar a los indios a transportar cargas excesivas con sus ropas, haciendas y las de sus criados.</td></tr><tr><td>Capítulo 6</td><td>Echar a los indios a las minas, sin pagarles sus jornales. El beneficio sacado se estima a 100 000 castellanos.</td></tr><tr><td>Capítulo 12</td><td>Incumplir las cédulas sobre el buen trato de los indios cargándolos, echándolos a las minas y llevándoles los tributos.</td></tr><tr><td>Capítulo 13</td><td>Descuidar la Hacienda Real.</td></tr><tr><td>Capítulo 14</td><td>Desatender su función para ocuparse en cosas suyas particulares (granjear minas, cobrar para sí tributos que pertenecían a la Corona, rescatar indios, vender ropas y mantenimientos para su cuenta, cobrar para sí los bienes de los culpados en la muerte de Francisco Pizarro).</td></tr><tr><td>Capítulo 19</td><td>Levantar a los pueblos del Perú contra el virrey Blasco Núñez Vela y los oidores de la Audiencia de Lima que llevaban ordenanzas reales para promulgar las Leyes Nuevas.</td></tr></tbody></table>

<footnote n="1">1 AAS, Ejecutoria, f.1r-4r.</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">Defección</th></tr></thead><tbody><tr><td>Capítulo 11</td><td>Huir de Perú sin hacer la residencia. Esconderse y desviar su camino hacia las Azores.</td></tr><tr><td>Capítulo 13</td><td>No volver a España ni enviar persona con poder para hacer la residencia.</td></tr><tr><td>Capítulo 15</td><td>Apartarse con 40 soldados a caballos en guarda de su persona durante la guerra contra Diego de Almagro.</td></tr><tr><td>Capítulo 21</td><td>Detener mucho tiempo los navíos en los puertos para que los miembros del Consejo no fuesen avisados de sus culpas.</td></tr></tbody></table>

<footnote>ª No confundir con Juan de Villalobos, el fiscal que dirigió el proceso contra Vaca de Castro.</footnote>