Cecilia Mayorga Muñoz, Lorena Valencia Gálvez, Marta Arranz Montull (Editoras)

SEPARACIÓN,
DIVORCIO Y
RELACIONES
FAMILIARES

UN ANÁLISIS MULTIDISCIPLINARIO

Ariadna
ediciones
Separación, divorcio y relaciones familiares.
Un análisis multidisciplinario

Evaluadores externos

Dra. Mireia Roca Escoda
Universidad de Barcelona, España

Dra. Paula Sepúlveda Navarrete
Universidad de Cádiz, España

Dr. © Joan Casas Martí
Universidad de Barcelona, España

Dr. Lorenzo Mezzasoma
Universidad de Perugia, Italia

Dr. John Tito Añamuro
Universidad de Perugia, Italia

Dra. Sandra Iturrieta Olivares
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Dra. Maria Moyano Yugovic
Universidad San Sebastián, Chile

Dra. Yasna Badilla Briones
Universidad de La Frontera, Chile

Dr. Mauricio Ramírez Pérez
Universidad de Tarapacá, Chile

Dra. Andrea Comelín Fornes
Universidad de Tarapacá, Chile

Dra. Sonia Romero Pérez
Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile

Dr. José Luis Gálvez Nieto
Universidad de La Frontera, Chile

Dra. Eva Rubio Guzmán
Universidad Pontificia Comillas

Impresión: Talleres Gráficos de LOM Ediciones
Separación, divorcio y relaciones familiares.
Un análisis multidisciplinario

Cecilia Mayorga Muñoz, Lorena Valencia Gálvez, Marta Arranz Montull
Editoras

ISBN: 978-956-6276-13-5

Santiago de Chile

Primera edición, diciembre 2023

Gestión editorial: Ariadna Ediciones

http://ariadnaediciones.cl/

DOI: https://doi.org/10.26448/ae9789566276135.90

Composición Portada:

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Obra postulada y/o ingresada a plataformas internacionales: Book Citation Index (sólo en inglés), ProQuest, OAPEN, ZENODO, DOAB, Digital Library of the Commons, SSOAR, Open Library (Internet Archive) HAL Archives Ouvertes (Francia); UBL (Universidad de Leipzig), Humanities Commons; Historicum.net (Alemania); Pekín University Library; Scilit (Literatura científica), Humanities Commons (Open Access Book Network)

Todos los libros de Ariadna Ediciones cumplen con los requisitos de selección de originales de la SPI (Scholarly Publishers Indicators) y el proceso de evaluación por pares ciegos externos.

Agradecimientos Institucionales

Este libro se ha desarrollado en el marco del Proyecto Fondecyt Regular N°1211291, por lo que recibió financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID) y del proyecto FRO 2055.
Aporte Institucional Universidades Estatales 2020, CC 1027.29. Ha contado con el apoyo del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades para el establecimiento de las redes de colaboración internacional.
# Índice

Prólogo................................................................................................................7

I PARTE: Perspectiva socio jurídica de la separación y el divorcio................................................................................................................8

1. Germán Varas Cicarelli: Aproximaciones a la ley de matrimonio civil y la causal de termino divorcio................................................................................9

2. Ferdinando Treggiari: El interés superior del menor: Derechos fundamentales, experiencias sociales, casos judiciales................................27

3. Leonor Riquelme - Francisco Riquelme: Corresponsabilidad parental y conciliación trabajo-familia................................................................................41

4. Vicky Paola Ceballos Núñez - Gemma Pellicé Gibernau: Mediación familiar en Chile y Cataluña: comparación de los alcances a partir de las reformas................................................................................................................51

5. Paulina Krause Pincheira: Narrativas saturadas en el proceso de mediación post pandemia................................................................................69

6. Cecilia Mayorga Muñoz: Coordinación de parentalidad en contextos de divorcio................................................................................77

II PARTE: Perspectiva sociocultural y psicosocial de la separación y el divorcio................................................................................86

7. Lorena Valencia Gálvez: Perspectiva antropológica del parentesco y el divorcio................................................................................................................89

8. Yenifer Alexandra Ossa Rodríguez - Miguel Ángel Baldomero Rocha Santos - Isabel Cristina Hernández-Madrid: Paradojas y desafíos para el ejercicio de la paternidad responsable y atenta después del divorcio o la separación................................................................................................................95

9. Ximena Briceño Olivera - Tania Saavedra Herrera: Relaciones de género y corresponsabilidad parental. Contribuciones desde relatos de Vida................................................................................................................107
# Prólogo

Como editoras, estamos complacidas de presentar este libro amplio e interdisciplinar que profundiza en el paisaje socio-legal y socio-cultural del matrimonio, el divorcio y la mediación familiar. El libro proporciona un análisis profundo de las reformas recientes, dando luces sobre la evolución del matrimonio civil, el reconocimiento del matrimonio del mismo sexo, y la terminación de los matrimonios por divorcio. También explora los derechos y responsabilidades de los cónyuges, incluida la protección de los derechos fundamentales de las y los niños.

Las personas lectoras obtendrán reflexiones sobre las condiciones jurídicas y las diversidades culturales sobre el matrimonio, los diversos motivos para el divorcio, y la reciente inclusión de la rectificación de la identidad de género como una causa válida de divorcio. El libro también subraya la importancia de proteger los derechos fundamentales de las y los niños, niñas y adolescentes, reconocerlos como titulares de derechos y defender sus intereses en casos de conflicto familiar.

Además, el texto aborda el papel crucial de la responsabilidad parental y la necesidad de un enfoque equilibrado de la vida laboral y familiar para el bienestar de los niños y los adolescentes. Destaca las disparidades en la co-responsabilidad en Chile y aboga por un marco jurídico que promueva la igualdad entre los géneros y el equilibrio entre el trabajo y la familia.

En esta edición también se aborda un análisis comparativo de la mediación familiar en Chile y Cataluña-España, examinando los principios, las reformas recientes y el uso de los servicios de mediación remota. También profundiza en la complejidad de la mediación post-pandemia, abordando los desafíos socioemocionales y el impacto de la pandemia en la dinámica familiar.

Por último, el libro explora la aplicación de la coordinación parental como medida para salvaguardar el bienestar de las y los niños en familias de alto conflicto, aprovechando perspectivas jurídicas, sociales y psicológicas para subrayar su eficacia en la reducción de los conflictos y la promoción de la salud psicosocial de padres e hijos/as.

Este libro es un recurso para los profesionales del trabajo social, la psicología, el derecho, la educación social, las ciencias sociales y también para las personas que ejercen roles políticos, académicos y cualquier ciudadano interesado en comprender la intrincada interacción entre el derecho, el matrimonio, el divorcio, la diversidad cultural y las dinámicas familiares.
I PARTE:

Perspectiva socio jurídica de la
separación y el divorcio
# 1. Aproximaciones a la ley de matrimonio civil y la causal de termino divorcio

German Varas Cicarelli*

## Resumen

Este artículo ofrece una visión general del derecho civil del matrimonio y los motivos para el divorcio en Chile, destacando las reformas recientes que han dado forma a su estructura y alcance. Se trata de las características del matrimonio civil, incluyendo su naturaleza contractual o institucional, sus propósitos, formalidades y limitaciones. El artículo también aborda la transformación jurídica y las controversias que rodean el matrimonio entre personas del mismo sexo en Chile, incluidos los argumentos a favor y en contra. Concluye que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una cuestión de derechos humanos y de equidad bajo la ley, lo que marca un avance significativo hacia una sociedad más inclusiva.

## Introducción

El matrimonio civil, institución fundamental en la sociedad, ha experimentado transformaciones significativas, reflejando la evolución de las concepciones culturales, sociales y legales. Este apartado se propone realizar una aproximación a la ley de matrimonio civil, destacando no solo sus normas principales, sino también explorando las recientes reformas que han moldeado su estructura y alcance.

En el centro de estas reformas se encuentra el avance hacia la igualdad y la inclusión, manifestado de manera destacada en la implementación del matrimonio igualitario. La aceptación y legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo no solo constituye un hito en términos de derechos civiles, sino que también desencadena una reevaluación profunda de los principios subyacentes en las legislaciones matrimoniales.

A medida que abordamos esta exploración, es crucial considerar el contexto histórico y las motivaciones detrás de estas reformas, así como examinar su impacto en la sociedad contemporánea. La

<footnote>* Abogado, Magister en Derecho. Docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Correo electrónico: german.varas@ufrontera.cl</footnote>
legalización del matrimonio igualitario no solo redefine la noción misma de matrimonio, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la equidad, la diversidad y la autonomía individual en el contexto de las uniones civiles.

## Definición y características del matrimonio civil: Una mirada crítica

La definición legal del matrimonio, consagrada en el artículo 102 del Código Civil, establece que es un "contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida con el fin de vivir juntos, de proprorear y auxiliarse mutuamente". (Código Civil Chileno, 1855, Artículo 102). Este enunciado, aparentemente claro, despierta una serie de reflexiones y plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza y las implicaciones de esta institución social.

Algunas características del Matrimonio son las siguientes:

a) Naturaleza Contractual o institucional: La definición legal establece que el matrimonio es un contrato, entendido como un acto nacido de la voluntad de dos personas y regulado por la ley civil. Sin embargo, esta concepción no es unánime. Algunos académicos sostienen que el matrimonio va más allá de la mera relación contractual y es una institución. Para la Iglesia Católica, por ejemplo, el matrimonio es considerado un sacramento. La distinción crucial radica en que, mientras en un contrato se generan obligaciones, en el matrimonio surgen deberes y obligaciones, con la notable diferencia de que el matrimonio no puede disolverse por la sola voluntad de los cónyuges.

Esta discrepancia adquiere relevancia al comparar el matrimonio con el acuerdo de unión civil<fnref n="1" />. Mientras que en este último se permite la terminación unilateral por parte de uno de los convivientes, el matrimonio impone una mayor solidez y estabilidad, al no permitir la disolución unilateral. Este matiz es significativo, especialmente en lo que respecta al régimen de bienes y la obligación de auxilio mutuo, elementos que definen la esencia misma del vínculo matrimonial.

<footnote n="1">¹ El Acuerdo de Unión Civil es una ley que permite que dos personas que conviven o deciden vivir juntas puedan celebrar un contrato con el fin de regularizar los aspectos jurídicos propios de una vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Ley 20830. Publicada el 21 de abril 2015.</footnote>
b) Finalidades del matrimonio: La definición legal destaca que el matrimonio tiene como propósitos fundamentales vivir juntos, procreate y auxiliarse mutuamente. Estos objetivos trascienden lo meramente individual y apuntan a la construcción de una unidad familiar. No obstante, es crucial examinar cómo estas finalidades se han adaptado a las cambiantes dinámicas sociales. La evolución de la sociedad y la comprensión contemporánea de la familia plantean desafíos para la interpretación de estas metas tradicionales y subrayan la importancia de una legislación matrimonial flexible y receptiva a la diversidad de experiencias. En resumen, la definición y características del matrimonio civil no solo son términos legales estáticos, sino conceptos dinámicos que evolucionan con las percepciones culturales y sociales. Este análisis crítico busca profundizar en la comprensión de la complejidad de la institución matrimonial y su impacto en la sociedad moderna.

c) Contrato solemne y formalidades: El matrimonio es, ante todo, un contrato solemne. Su perfección no se limita al mero consentimiento de los contrayentes; además, debe cumplir con ciertas formalidades establecidas por la ley. Estas formalidades no solo dotan de solemnidad al acto matrimonial, sino que también contribuyen a garantizar su validez y legalidad.

d) Unión entre dos personas: Aunque el Código Civil contempla la posibilidad de que una parte sea más de una persona en ciertos contratos, el matrimonio constituye una excepción a esta regla. En su esencia, el matrimonio implica la unión exclusiva y singular entre dos personas. Esta singularidad resalta la particularidad del vínculo matrimonial en comparación con otros contratos regulados por el derecho civil.

e) Fundamento de la Filiación Matrimonial: El matrimonio adquiere una dimensión adicional al convertirse en el fundamento de la filiación matrimonial en casos donde los cónyuges procrean hijos. La ley reconoce y regula la filiación que surge dentro del matrimonio, estableciendo derechos y responsabilidades específicos para los padres en el contexto de esta institución.

f) Contrato dirigido según la doctrina: La doctrina legal concibe al matrimonio como un contrato dirigido. Esta característica implica que el matrimonio no es simplemente un acuerdo entre partes, sino un contrato con objetivos y finalidades específicas. La dirección inherente al matrimonio resalta su papel no solo como una expresión de voluntades individuales, sino como una
institución orientada hacia propósitos determinados, como la
formación de una familia.

g) Limitaciones de edad y reforma legal: El matrimonio, como contrato, está sujeto a ciertas limitaciones, y una de las más destacadas es la edad mínima requerida para celebrarlo. En Chile, la modificación de la Ley 21.515 establece que solo las personas que hayan cumplido los 18 años pueden celebrar válidamente el matrimonio. Esta restricción busca garantizar que quienes contraen matrimonio cuenten con la madurez y capacidad necesarias para asumir los compromisos asociados.

h) Inclusividad de género: Una transformación significativa en la conceptualización del matrimonio se refiere a la inclusividad de género. Con reformas legales, se eliminó el requisito de que las partes sean de distinto sexo, permitiendo que el matrimonio se celebre por parejas heterosexuales y del mismo sexo. Esta modificación representa un avance importante hacia la igualdad y la no discriminación en el ámbito matrimonial

Transformación legal y controversias en torno al matrimonio igualitario en Chile

La Ley N° 21.400 marcó un hito al posicionar a Chile como el vigésimo quinto país en el mundo en reconocer oficialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta significativa transformación legal introdujo modificaciones al Código Civil y otros cuerpos legales, allanando el camino para la igualdad matrimonial en el país.

Controversias y argumentos contrarios
al matrimonio igualitario

Argumento religioso: Uno de los argumentos más recurrentes en
contra del matrimonio igualitario se basa en consideraciones religiosas.
Algunos sostienen que las uniones del mismo sexo contradicen creencias
religiosas tradicionales. Sin embargo, se destaca que la separación entre
religión y Estado es fundamental en sociedades democráticas, y el
matrimonio civil se presenta como una entidad legal autónoma,
independiente de la religión.

Argumento de tradición: Otro argumento se apoya en la tradición, argumentando que el matrimonio ha sido históricamente definido como la unión entre un hombre y una mujer. Se contrarresta este punto al reconocer que las sociedades evolucionan y adaptan sus
instituciones a lo largo del tiempo, abrazando el cambio como parte integral de su desarrollo.

Argumento de la procreación: Algunos sostienen que el matrimonio está principalmente destinado a la procreación y crianza de hijos, excluyendo a las parejas del mismo sexo por su incapacidad para procreate naturalmente. Sin embargo, se enfatiza que el matrimonio no se limita a parejas con intenciones procreativas, ya que muchas parejas del mismo sexo optan por tener hijos, sea por medios biológicos o adoptivos.

Argumento de impacto en la familia y la sociedad: Se argumenta que el matrimonio igualitario podría tener un impacto negativo en la estructura tradicional de la familia y la sociedad. Se subraya que no existen evidencias sólidas que respalden esta afirmación, con estudios que muestran que las familias encabezadas por parejas del mismo sexo son estables y saludables.

Argumento de libertad de expresión y religión: Se plantea que el matrimonio igualitario podría infringir la libertad de expresión y religión de aquellos que se oponen a él. No obstante, se señala que en muchos países se han implementado salvaguardias legales para proteger estas libertades, permitiendo simultáneamente el matrimonio igualitario.

## Matrimonio igualitario como derecho humano

En última instancia, el matrimonio igualitario se presenta como una cuestión de derechos humanos y equidad bajo la ley. A nivel global, se ha avanzado hacia la igualdad matrimonial, reconociendo el derecho de todas las parejas a casarse, independientemente de su orientación sexual. Cada argumento en contra ha sido debatido y evaluado en tribunales y opinión pública, marcando un progreso significativo hacia una sociedad más inclusiva.

## Perspectiva infantil sobre el matrimonio igualitario

La opinión de los niños sobre el matrimonio igualitario varía según su crianza, entorno social y madurez. A pesar de las influencias externas, muchos niños tienden a ser abiertos y aceptan la igualdad matrimonial, guiados por su percepción clara de justicia. A medida que crecen, su comprensión se profundiza, permitiéndoles formar opiniones informadas basadas en valores personales. El diálogo abierto y respetuoso sobre estos temas contribuye al desarrollo de opiniones propias, fomentando la comprensión de la diversidad y la igualdad en la sociedad.
## Condiciones de existencia y validez del matrimonio: Exploración detallada

### Condiciones de Existencia del Matrimonio:

El matrimonio, como institución legal, requiere el cumplimiento de condiciones esenciales para su existencia. Estas condiciones fundamentales son:

a) Consentimiento de los contrayentes:

El acuerdo mutuo entre las partes involucradas es imperativo para que el matrimonio sea válido. Este consentimiento debe ser libre y voluntario, marcando el inicio del compromiso marital.

b) Presencia del Oficial del Registro Civil o ministro de culto:

La intervención de un representante legal ya sea un Oficial del Registro Civil o un ministro de culto, es esencial durante la ceremonia matrimonial. Su presencia garantiza la legalidad y formalidad del acto.

c) Ratificación ante el Registro Civil:

Además de la celebración, el matrimonio debe ser ratificado ante un oficial del Registro Civil. Este paso, que valida el acto, es especialmente crucial cuando la ceremonia se lleva a cabo ante un ministro de culto de una entidad religiosa de derecho público.

### Condiciones de Validez del Matrimonio:

Las condiciones que determinan la validez del matrimonio, según el Artículo 4 de la Ley de Matrimonio Civil, son:

a) Capacidad de los contrayentes o ausencia de impedimentos dirimentes: La aptitud legal para contraer matrimonio, sin la presencia de impedimentos legales que anularían la validez del acto, constituye un requisito esencial.

b) Consentimiento libre y espontáneo: El consentimiento debe ser otorgado de manera libre y espontánea, sin coacción ni presiones externas. Este principio asegura la autenticidad del compromiso marital.

c) Cumplimiento de formalidades legales: La observancia de las formalidades establecidas por la ley es necesaria para validar el matrimonio. Esto incluye seguir los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

**Causales de Incapacidad o Impedimentos Dirimentes:** Existen dos tipos de causales que, de surgir, pueden llevar a la nulidad del
matrimonio; las absolutas, que impiden el matrimonio con cualquier persona; y las relativas, que restringen la unión con sujetos específicos.

### Causales de Incapacidad Absoluta o Impedimentos Dirimentes Absolutos:

a) Vínculo matrimonial no disuelto: Personas ligadas por un matrimonio no disuelto están en situación de incapacidad absoluta para casarse.

b) Unión civil vigente con otra persona: Aquellos comprometidos en un acuerdo de unión civil vigente no pueden contraer matrimonio, a menos que sea con su propio conviviente.

c) Menores de 18 Años: Individuos menores de 18 años están incapacitados para contraer matrimonio, marcando una legislación que ha evolucionado para garantizar la madurez necesaria.

d) Privación de uso de razón: Quienes estén privados de uso de razón, incluyendo dementes interdictos, están incapacitados para el matrimonio.

e) Trastorno o anomalía psíquica diagnosticada: Aquellos con trastornos psíquicos diagnosticados, que afecten su capacidad para formar la comunidad de vida matrimonial, están incapacitados para contraer matrimonio.

f) Falta de juicio o discernimiento suficiente: Quienes carezcan de suficiente juicio o discernimiento para comprender y comprometerse con los derechos y deberes esenciales del matrimonio están incapacitados.

g) Incapacidad de expresar voluntad: Aquellos que no puedan expresar claramente su voluntad, ya sea de forma oral, escrita o mediante lenguaje de señas, enfrentan una incapacidad absoluta.

### Causales de Incapacidad Relativa o Impedimentos Dirimentes Relativos:

a) Vínculo de parentesco: Se prohíbe el matrimonio entre ascendientes y descendientes por consanguinidad, ascendientes y descendientes por afinidad, colaterales por consanguinidad en el segundo grado, y adoptado con uno de los adoptantes.

b) Homicidio: El cónyuge sobreviviente no puede contraer matrimonio con el imputado o condenado por homicidio del cónyuge fallecido.

En resumen, estas condiciones y causales buscan establecer un marco legal que proteja la autenticidad y legalidad de las uniones
matrimoniales, asegurando que se basen en el libre consentimiento y cumplimiento de requisitos esenciales.

## Respecto al consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes

El artículo 8 de la Ley de Matrimonio Civil aborda la esencial condición de consentimiento libre y espontáneo de los contrayentes, estableciendo casos en los que esta premisa podría estar ausente.

### Error sobre la Identidad o Cualidades Personales:

**Caso 1:** Error acerca de la identidad del otro contrayente. Ejemplo: el mandatario se equivoca en la persona.

**Caso 2:** Error sobre cualidades personales del otro contrayente, relevantes para el consentimiento. Esta causal, de naturaleza abstracta, exige fundamentación, siendo subjetiva y susceptible de interpretación. La doctrina sugiere criterios para su aplicación, excluyendo alegatos basados en circunstancias conocidas al contraer matrimonio o aceptadas durante la vida marital, así como cualidades patrimoniales o pasajeras. La presión social no está claramente definida, dejando espacio para interpretaciones.

Fuerza Determinante para el Vínculo: Se refiere a la fuerza, ya sea física o moral, que haya sido determinante para contraer el matrimonio. La fuerza moral, como amenazas o intimidación generadoras de un temor insuperable, es la que vicia el consentimiento. La física no, ya que no involucra voluntad. La fuerza debe ser injusta, ilegítima, grave y determinante.

## Cumplimiento de solemnidades legales: Detalles importantes

No todas las solemnidades matrimoniales tienen el mismo peso y su omisión puede tener distintas consecuencias, dependiendo de si el matrimonio se celebra en Chile o en el extranjero.

### Solemnidades de Matrimonios en Chile:

a) Manifestación: Los contrayentes notifican su deseo al oficial del Registro Civil, pudiendo hacerlo por escrito, oralmente o en lenguaje de señas. El oficial debe informar sobre los fines del matrimonio y regímenes patrimoniales, previniendo sobre la libertad y
espontaneidad de la decisión. La omisión de estos aspectos no anula el matrimonio, pero conlleva sanciones administrativas.

b) Información: Los interesados, al manifestar su deseo, deben proporcionar información de testigos sobre la ausencia de impedimentos. La omisión de esta etapa no anula el matrimonio, pero implica una falta que puede sancionarse administrativamente.

c) Celebración del acto: La ley establece plazos para la celebración del matrimonio después de la manifestación e información. La no celebración en este plazo requiere repetir los procedimientos.

d) Responsabilidad penal del oficial del Registro Civil: Debe cumplir con los deberes, y su negligencia puede acarrear consecuencias penales.

e) Matrimonios ante entidades religiosas: Producen los mismos efectos que el matrimonio civil si cumplen con requisitos específicos. La entidad religiosa debe proporcionar un acta que detalle la validez del matrimonio y los requisitos de los contrayentes y testigos. La inscripción en el Registro Civil es obligatoria en un plazo de 8 días, o el matrimonio no tendrá efectos legales.

En conclusión, la legislación chilena establece cuidadosamente las condiciones y solemnidades para la celebración del matrimonio, buscando preservar su autenticidad y legalidad. La omisión de ciertos pasos puede conllevar sanciones administrativas, subrayando la importancia de seguir rigurosamente los procedimientos legales.

## Derechos y deberes del matrimonio

El matrimonio conlleva una serie de derechos y deberes que, al ser comprendidos y respetados, contribuyen a la estabilidad y el bienestar de ambos cónyuges. A continuación, se detallan estos aspectos, ofreciendo una perspectiva más clara y mejorando la expresión.

Deber de fidelidad o guardarse fe (Código Civil de Chile, 1855, Artículo 131): Este deber, prohíbe las relaciones extramatrimoniales y considera el adulterio como causa de divorcio culposo. No obstante, la fidelidad abarca más que la exclusividad sexual; implica confianza y lealtad en la relación.

Obligación de socorro, alimentos y expensas para la litis: La obligación de socorro entre cónyuges, que se manifiesta en la provisión de auxilios económicos necesarios, incluye específicamente la obligación alimenticia. Este compromiso se traduce en una reciprocidad entre los cónyuges. Las expensas para la litis, según el artículo 136 del Código Civil, obligan a proporcionar recursos para acciones legales.
Deber de ayuda mutua (Código Civil de Chile, 1855, Artículo 131): Los cónyuges están obligados a brindarse ayuda mutua en todas las circunstancias de la vida. Este deber implica cuidado y atención personal durante la duración del matrimonio, reflejando una sólida unión familiar.

Deber de protección recíproca: Este deber implica la protección que un cónyuge debe brindar al otro frente a posibles agresiones de terceros o eventos que puedan afectar su integridad física o psicológica. Refleja el compromiso de salvaguardar el bienestar del compañero/a.

Deber de convivencia: Se establece como un deber recíproco, indicando que los cónyuges deben vivir en el hogar común, a menos que existan razones graves para no hacerlo. Este deber fomenta la cohesión y la construcción de una vida en común.

Deber de respeto mutuo. Este deber exige que los cónyuges mantengan un trato que asegure la dignidad a la que tienen derecho. Destaca la importancia de respetar la integridad y la posición del otro en el vínculo matrimonial.

Deber eventual de cohabitación: Enfocado en los fines esenciales del matrimonio, como la procreación y una vida sexual plena, este deber se vincula a la convivencia íntima entre los cónyuges. Su incumplimiento, sin causa justificada, podría ser la fundamentación para acciones legales.

Obligación eventual de pagar compensación económica: Consagrada en la ley de matrimonio civil, la compensación económica se presenta como un deber adicional que puede surgir en caso de divorcio o nulidad. Su existencia es eventual y su cuantía variable según las circunstancias específicas del caso.

La comprensión y respeto mutuo de estos derechos y deberes son fundamentales para el éxito y la duración del vínculo matrimonial, preservando así la esencia y la integridad de esta institución.

## Terminación del matrimonio: Causales y procedimientos legales

El matrimonio, como institución legal y social, se encuentra sujeto a diversas circunstancias que pueden llevar a su conclusión. Estas circunstancias, conocidas como causales de terminación, están claramente definidas en la Ley de Matrimonio Civil. La comprensión de estas causales es esencial para entender los mecanismos legales que rigen el cese de la unión matrimonial.

Muerte de uno de los cónyuges: La duración del matrimonio está intrínsecamente ligada a la vida de los cónyuges. La muerte de uno de ellos automáticamente disuelve la unión, sin necesidad de trámites adicionales. Este hecho no solo implica la desaparición física de uno de
los cónyuges, sino que también conlleva a la disolución de la sociedad conyugal y al término del régimen de participación en los gananciales, si los hubiere.

Muerte presunta después de plazos establecidos: En casos de ausencia prolongada, la ley contempla la posibilidad de declarar la muerte presunta. Sin embargo, esta medida no es inmediata y requiere el transcurso de plazos específicos, a saber, 1, 5 y 10 años. Una vez cumplidos estos plazos, la inscripción en el Registro Civil se vuelve esencial para formalizar la conclusión del matrimonio.

Sentencia firme de nulidad: La nulidad matrimonial se fundamenta en la existencia de irregularidades que invalidan el matrimonio desde su origen. La obtención de una sentencia firme es necesaria para que esta causal entre en vigor.

Sentencia de divorcio: disolver el matrimonio implica una sentencia legal que reconoce la separación efectiva de los cónyuges. Esta causal se activa en situaciones de quiebre irreparable de la relación conyugal.

Rectificación de identidad de género según Ley 21.120: La evolución de la legislación también ha incorporado causales que responden a la protección de derechos fundamentales, como la identidad de género. La Ley 21.120, junto con su modificación mediante la Ley 21.400, introduce la posibilidad de terminar el matrimonio en casos de rectificación de sexo y nombre, tanto para menores como para cónyuges mayores de edad.

Comprender estas causales proporciona una visión integral de los diversos caminos legales que pueden llevar a la conclusión de un matrimonio, reflejando la complejidad y la adaptabilidad de la legislación a las realidades sociales cambiantes.

## Análisis de la causal de termino: Divorcio

Concepto de divorcio: Aunque la Ley de Matrimonio Civil no proporciona una definición precisa del divorcio, el artículo 53 establece que esta acción pone fin al matrimonio sin afectar la filiación ya determinada ni sus consecuentes derechos y obligaciones. El divorcio puede entenderse como la disolución legal de un matrimonio válido, declarada por un juez a solicitud de uno o ambos cónyuges, tras cumplir con los requisitos legales y, en ciertos casos, tras un período establecido por la ley.
## Diferencia entre el divorcio y la nulidad de matrimonio

Es crucial distinguir entre el divorcio y la nulidad del matrimonio. Mientras que el divorcio indica la terminación de un matrimonio válido, la nulidad se refiere a la invalidez del matrimonio desde su origen. Algunas diferencias clave incluyen la imprescriptibilidad de la acción de divorcio, la posibilidad de terceros para demandar la nulidad, y la preservación del régimen matrimonial en el divorcio frente a su inexistencia en la nulidad.

## Causales de divorcio

Este análisis de las causales de divorcio no solo se limita a definiciones formales, sino que se adentra en la comprensión de sus matices legales y sociales. En esta exploración, se busca arrojar luz sobre los motivos y circunstancias que pueden llevar a la ruptura de un matrimonio, destacando la importancia de comprender el proceso legal y las implicaciones emocionales y familiares que subyacen en estas decisiones.

### Divorcio por cese efectivo de la convivencia

**Unilateral (mínimo tres años):** Puede solicitarse cuando un cónyuge presenta una demanda unilateral por cese efectivo de la convivencia durante al menos tres años.

**Conjunta (mínimo un año):** También llamado "divorcio remedio", este tipo de divorcio se concede cuando ambos cónyuges, de manera conjunta, solicitan el divorcio debido al cese efectivo de la convivencia por al menos un año.

### Divorcio por falta o culpa

Esta modalidad, conocida como "divorcio sanción", permite que uno de los cónyuges demande el divorcio por una falta imputable al otro. La falta debe constituir una violación grave de los deberes conyugales, incluyendo obligaciones hacia los hijos, tornando intolerable la vida en común.

El Artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil establece que el divorcio puede ser demandado por uno de los cónyuges cuando se cumplan los siguientes requisitos:
La demanda debe fundamentarse en una falta imputable al otro cónyuge.

La falta debe constituir una violación grave de los deberes conyugales o hacia los hijos, tornando intolerable la convivencia.

Esta causal genérica se evalúa de manera ponderada por el juez y no requiere el transcurso de un plazo específico. Además, se incluyen ejemplos de hechos que pueden desencadenar esta causal, como atentados contra la vida, malos tratos, transgresiones graves de los deberes conyugales, condenas por crímenes, alcoholismo, drogadicción, y tentativas de prostitución.

El artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil enumera diversas circunstancias que pueden fundamentar la solicitud de divorcio, destacando que la lista proporcionada no es exhaustiva, sino ejemplar. Entre las causales se incluyen:

Atentado o malos tratos graves: Cualquier acto que amenace la vida o cause maltratos significativos a la integridad física o psíquica del cónyuge o de los hijos.

Transgresión grave y reiterada: Conducta que constituya una violación seria y repetitiva de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio.

Condena ejecutoriada: Se contempla la posibilidad de divorcio cuando uno de los cónyuges ha sido condenado por crímenes o delitos graves contra la familia, la moral pública o las personas, según lo establecido en el Código Penal.

Alcoholismo o drogadicción: La presencia de alcoholismo o drogadicción que represente un obstáculo significativo para la convivencia armónica entre los cónyuges o con los hijos.

Tentativa de prostitución: Actos que evidencien una tentativa de prostituir al otro cónyuge o a los hijos.

Estas causales representan situaciones extremas que, al comprobarse, pueden llevar a la conclusión legal del matrimonio.

## De la causal de cese efectivo de la convivencia

Además de la causal genérica, el Artículo 55, inciso 3, de la Ley de Matrimonio Civil añade otra posibilidad para solicitar el divorcio. En este caso, el cese efectivo de la convivencia debe extenderse durante al menos tres años. Los requisitos para presentar la demanda de divorcio bajo esta causal son:

a) Transcurso de 3 años desde el cese de la convivencia.

b) Cumplimiento de la obligación alimentaria durante el período de cese de la convivencia, cuando sea aplicable.
Esta causal busca contemplar situaciones en las que la separación se ha prolongado en el tiempo.

## Del divorcio de mutuo acuerdo

El inciso 1 del Artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil establece la posibilidad de divorcio de mutuo acuerdo, con requisitos específicos:

a) Solicitud conjunta de ambos cónyuges.

b) Cese de la convivencia por más de un año.

c) Presentación de un acuerdo completo y suficiente que regule todas las relaciones mutuas y con respecto a los hijos.

Este acuerdo debe abordar temas como alimentos, régimen de bienes del matrimonio y, en el caso de los hijos, establecer disposiciones relativas a alimentos, cuidado personal y relaciones parentales, siempre procurando el interés superior del niño y la equidad en las relaciones futuras. Este enfoque busca facilitar un proceso de divorcio amigable y con un cuidado especial hacia los aspectos familiares involucrados.

## De la titularidad y ejercicio de la acción de divorcio: Clarificación y detalles adicionales

El marco legal que regula la titularidad y el ejercicio de la acción de divorcio, según el artículo 56 de la Ley de Matrimonio Civil, establece que solo los cónyuges tienen el derecho exclusivo de iniciar dicho proceso. Aunque, en principio, cualquiera de ellos puede ser demandado (artículo 55), cuando la causa radica en la falta grave según el artículo 54 (violación de deberes y obligaciones conyugales, incluyendo responsabilidades hacia los hijos), solo el cónyuge no responsable puede instigar el divorcio. La irrenunciabilidad de esta acción, según el artículo 57, y la habilidad de cónyuges menores de edad o interdictos para ejercerla, como establece el artículo 58, subrayan la seriedad y el carácter inmutable de esta decisión legal.

## ¿Cómo se acredita el cese de la convivencia?: Claridad en los procesos

El cese de la convivencia, requisito fundamental en muchos casos de divorcio, puede acreditarse de diversas maneras según la fecha del matrimonio. Para uniones posteriores al 18 de noviembre de 2004, el
acta de cese de convivencia ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, notificación judicial, escritura pública o acta protocolizada son válidos. Para matrimonios anteriores a esa fecha, cualquier medio de prueba, como documentos y testigos, puede ser utilizado.

**Compensación económica:**
**Protegiendo al cónyuge más débil**

La compensación económica, mecanismo legal diseñado para equilibrar las disparidades tras el divorcio, se justifica en el cese de obligaciones conyugales. Según el artículo 61 de la LMC, el cónyuge que, durante el matrimonio, no pudo o no quiso desarrollar una actividad lucrativa tiene derecho a compensación. Esta solicitud procede en casos de divorcio, nulidad, rectificación de sexo y nombre, y acuerdos de unión civil.

Factores y procedimientos para determinar la compensación económica: Consideraciones detalladas

La determinación del monto de la compensación económica implica una evaluación de múltiples factores según la ley de matrimonio civil.

Factores que involucran a ambos cónyuges:

a) La duración del matrimonio y la vida en común.

b) La situación patrimonial de ambos.

c) La buena o mala fe en la nulidad del matrimonio.

Factores que atañen al cónyuge solicitante ("Cónyuge Beneficiario"):

a) Edad y estado de salud.

b) Situación en beneficios provisionales y de salud.

c) Cualificación profesional y acceso al mercado laboral.

d) Colaboración en las actividades lucrativas del otro cónyuge.

Determinación del monto y forma de pago de la compensación Económica: Convenios y decisiones judiciales

La determinación del monto de la compensación económica puede ser convencional o judicial. La primera ocurre cuando los cónyuges, mayores de edad, acuerdan el monto y la forma de pago por escritura pública o acta de avenimiento. La segunda se da cuando no hay acuerdo y el juez decide el monto y la forma de pago. El juez puede ordenar el pago en dinero, acciones u otros bienes, establecer derechos de usufructo sobre propiedades del cónyuge deudor, o incluso
determinar el pago en cuotas, considerando la capacidad financiera del deudor y la fluctuación económica mediante unidades reajustables.

## Conclusiones o reflexiones finales

En los últimos años, la legislación en torno al matrimonio civil ha experimentado una profunda transformación, marcando un hito en la conquista de derechos y la igualdad para todos los ciudadanos. Uno de los cambios más trascendentales ha sido la inclusión del matrimonio igualitario, un avance legal que consolida la aceptación y reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo.

La Ley N° 21.400, publicada el 10 de diciembre de 2021, representó un cambio significativo al abrir las puertas del matrimonio civil a parejas conformadas por personas del mismo género. Este paso crucial hacia la igualdad de derechos ha sido fundamental para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, tengan acceso a la institución del matrimonio en igualdad de condiciones.

Esta modificación legislativa no solo significa un avance jurídico sino también un reconocimiento social de la diversidad y la inclusión. El matrimonio igualitario ha sido celebrado como un triunfo de la justicia y la equidad, reflejando la evolución de la sociedad hacia una mentalidad más abierta y respetuosa.

Entre las reformas introducidas, destaca la adaptación de las causales de divorcio para reflejar la realidad contemporánea. La Ley N° 21.120 considera nuevas circunstancias, reconociendo la importancia de salvaguardar la armonía conyugal en situaciones específicas relacionadas con la identidad de género.

En este contexto, la causal de divorcio asociada a la rectificación de la identidad de género emerge como un avance pionero. Esta disposición permite la disolución del matrimonio en casos en que uno de los cónyuges ha obtenido la rectificación de sexo y nombre, proporcionando una respuesta legal y respetuosa a las necesidades de las personas transgénero.

En conclusión, las últimas modificaciones en la Ley de Matrimonio Civil, particularmente la inclusión del matrimonio igualitario y la adaptación de las causales de divorcio, representan un capítulo significativo en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y justa. Este cambio no solo tiene implicaciones legales, sino que también simboliza un compromiso con el respeto a la diversidad y la consolidación de derechos fundamentales para todos los ciudadanos.
Referencias

Bettini Silva, K., & Ibarra Gutiérrez, E. (2007). La Iglesia y la Ley de Matrimonio Civil. Universidad de Chile. Tesis de Pregrado. Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales). https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/112159

Código Civil de Chile [CC]. Art.131. 17 de mayo de 2004. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30179

Código Civil de Chile [CC]. Art.136. 17 de mayo de 2004. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30179

Código Civil de Chile [CC]. Art. 2. 17 de mayo de 2004. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30179

de la Maza Gazmuri, I. (2005). El error en las cualidades personales del otro contrayente en la ley 19.947. Ius Et Praxis, 11(1), 11-35. https://doi.org/10.4067/s0718-00122005000100002

Fueyo, F. F. (1996). Instituciones modernas del derecho civil: homenaje a Fernando Fueyo Laneri. Editorial Jurídica Conosur.

Pazos, R. R. (1998). Derecho de familia (Vol. 1). Editorial Jurídica de Chile.

Ley No. 21.515 Que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como requisito esencial para la celebración del matrimonio, 28 de diciembre de 2022, Diario Oficial [D.O] (Chile).

Ley No. 21.400, Modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo, 10 de diciembre de 2021, Diario Oficial [D.O] (Chile).

Ley No. 21.400, Modifica diversos cuerpos legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del mismo sexo, 9 de diciembre de 2021, Diario Oficial [D.O] (Chile).

Ley No. 21.120 Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, 28 de noviembre de 2018, Diario Oficial [D.O] (Chile).

Ley No. 19.947, art. 8, Establece nueva ley de matrimonio civil, Diario Oficial, 7 de mayo de 2004, [D.O] (Chile).

Ley No. 19.947, art. 53, Establece nueva ley de matrimonio civil, Diario Oficial, 7 de mayo de 2004, [D.O] (Chile).

Ley No. 19.947, art. 54, Establece nueva ley de matrimonio civil, Diario Oficial, 7 de mayo de 2004, [D.O] (Chile).

Ley No. 19.947, art. 55, Establece nueva ley de matrimonio civil, Diario Oficial, 7 de mayo de 2004, [D.O] (Chile).

Ley No. 19.947, art. 57, Establece nueva ley de matrimonio civil, Diario Oficial, 7 de mayo de 2004, [D.O] (Chile).
Ley No. 19.947, art. 58, Establece nueva ley de matrimonio civil, Diario Oficial, 7 de mayo de 2004, [D.O] (Chile).

Ley No. 19.947, art. 61, Establece nueva ley de matrimonio civil, Diario Oficial, 7 de mayo de 2004, [D.O] (Chile).

Ley No. 20.830, Crea el acuerdo de unión civil, Diario Oficial, 15 de abril de 2015, [D.O] (Chile).

Somarriva, M. (1948). *Derecho de Familia*. Editorial Nacimiento.
## 2. El interés superior del menor: Derechos fundamentales, experiencias sociales, casos judiciales

Ferdinando Treggiari*

### Resumen

Este artículo reflexiona sobre la efectividad de los derechos fundamentales del menor y sobre el significado atribuido por la jurisprudencia a la expresión “interés superior del menor”, con referencia particular al fenómeno de la maternidad subrogada y la fecundación asistida. Se trata de la protección de los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, su derecho al afecto, a ser escuchado y la evolución de la legislación italiana a este respecto. El artículo también aborda la categoría de derechos relacionales en la esfera de la familia y la juventud, así como el derecho a la asistencia moral.

### Un derecho menor

En la encíclica Fratelli tutti<fnref n="1" /> del 3 de octubre de 2020, el Papa Francisco habló de derechos "no suficientemente universales", porque aún no están reconocidos o insuficientemente garantizados en muchas partes del mundo. Los derechos de los menores también pueden adscribirse a esa categoría, no sólo porque su protección aún no está plenamente garantizada en todas partes, sino porque el menor sigue siendo tratado más como un objeto, que como un sujeto de derechos. A pesar de los considerables avances logrados en las últimas décadas en el derecho de menores, tanto nacional como internacional, persiste la idea de que el estatus legal de los niños es esencialmente un reflejo de los deberes de los padres. Esta es quizás la razón por la que a menudo se habla del «interés», más que del «derecho», del menor. En cambio, es importante calificar las necesidades de los menores como derechos fundamentales, porque es en estos derechos que se basa la dignidad de la

<footnote>* Abogado, Doctor en Historia del Derecho por la Universidad de Florencia, Italia. Catedrático de Historia del Derecho Medieval y Moderno, departamento de Jurisprudencia, Universidad de Perugia, Perugia, Italia. Correo electrónico: ferdinando.treggiari@unipg.it</footnote>

<footnote n="1">¹ Carta encíclica Fratelli tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, 3 de octubre de 2020, 22-24.</footnote>
persona. Immanuel Kant<fnref n="2" /> distinguió lo que tiene precio, y por tanto tiene un valor relativo, de lo que no admite equivalente, y por tanto tiene un valor absoluto, como la dignidad. La dignidad de una persona y con mayor razón la dignidad de la persona que no tiene capacidad de autodeterminación y autoprotección- sólo puede fundarse en el respeto y la disciplina de sus derechos fundamentales.

A partir de mediados del siglo pasado, la legislación internacional y europea en materia del estatuto jurídico de los menores justamente se desarrolló en el marco de los derechos fundamentales. Esta legislación se basa actualmente en tres cartas fundamentales: la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada en Fiume en 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas; la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989; el Convenio Europeo sobre el ejercicio de los derechos del niño, votado en Estrasburgo el 25 de noviembre de 1996 y ratificado por los estados miembros de la Unión Europea. Estos dos últimos Convenios prevén derechos específicos atribuidos al menor, de los cuales el art. 1 de la Convención Internacional de 1989 da la definición: menor ("child") es "todo ser humano menor de dieciocho años, a menos que de acuerdo con las leyes de su Estado haya alcanzado antes la mayoría de edad"<fnref n="3" />.

## Los derechos fundamentales del menor como fundamento del derecho de menores

El niño debe ser respetado ante todo como persona. Los artículos 12-14 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 afirman el derecho del menor «a formar su propia opinión y a expresarla libremente»; a "buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo"; el "derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión", que también incluye el derecho a la libertad de religión, es decir, la inmunidad a las restricciones religiosas, incluso si provienen de la propia familia o cultura; finalmente, el derecho "a ser oído en cualquier procedimiento judicial o administrativo que le concierna".

<footnote n="2">² Immanuel Kant, Fondazione della matafisica dei costmi (1785), a cura di Vittorio Mathieu, Rusconi, Milano, 1994, p.157.</footnote>

<footnote n="3">³ Cfr. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: conquiste prospettive a trent'anni dall'adozione, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Roma, 2019; A. Varricchio, Il superiore interesse delle persone minori di età: la tutela dei diritti nei procedimenti civile, amministrativo e di famiglia, en Rassegna giuridica, 3/2022.</footnote>
La Convención Internacional de 1989 prevé también otro derecho fundamental: el derecho al afecto, es decir, el derecho a ser cuidado por los padres y a no ser separado de ellos, salvo en caso de malos tratos (artículos 7 y 9). Puede parecer paradójico proclamar un "derecho al afecto", dado que el afecto no es exigible; o afirmar un "derecho a la familia", si el padre rechaza al niño. Pero el ordenamiento jurídico debe prever altos niveles de protección a los menores, a fin de poder promover y hacer avanzar su situación jurídica. Esta perspectiva también explica el frecuente recurso de las normas internacionales al concepto de "necesidad". El Principio VI de la Declaración de los Derechos del Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959) queda expresado así:

> “Para el desarrollo armonioso de su personalidad, el niño necesita amor y comprensión. Él debe (...) crecer bajo el cuidado y responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad material y moral”.

A su vez, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 traslada el foco a los deberes de los padres, comprometiendo a los Estados a «prestar asistencia a los padres en el cumplimiento de su responsabilidad en la crianza y desarrollo del niño» (art. 18) y, en caso de que se encuentre privado de su entorno, garantizar al niño una forma alternativa de cuidado y asistencia (art. 29). Los Estados también reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida suficiente para asegurar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (artículo 27 n.1) y declaran que los padres tienen la responsabilidad primordial de asegurar «las condiciones de vida necesarias para el desarrollo del niño» (art. 27 n. 2).

La Carta de los Derechos Fundamentales, adoptada por la Unión Europea en Niza los días 7 y 12 de diciembre de 2000 y plenamente vinculante para todas las instituciones europeas y para los Estados miembros, habla expresamente de un verdadero "derecho". La Carta de Niza se emitió para responder a la necesidad, surgida durante el Consejo Europeo de Colonia en junio de 1999, de definir una serie de derechos y libertades de excepcional importancia, para ser garantizados a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Antes de su entrada en vigor, la protección de los derechos fundamentales estaba encomendada casi exclusivamente a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, dado que el Tratado de Roma (1956, que fundó la Comunidad Europea) no contenía ninguna referencia a los derechos fundamentales. Los derechos proclamados como fundamentales por la Carta de Niza son: 1) Dignidad (art. 1-5); 2) Libertad (art. 6-19); 3)
Igualdad (art. 20-26); 4) Solidaridad (art. 27-38); 5) Ciudadanía (art. 39-46); 6) Justicia (art. 47-50). Según el art. 24, párrafo 1, «Los niños tienen derecho a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar. (...)».

El ordenamiento jurídico italiano también reconoce expresamente los "derechos" de los menores. La ley del 4 de mayo de 1983, n. 184 comienza afirmando que el menor tiene "derecho a crecer y ser educado dentro de su propia familia". Este es el primer reconocimiento expreso de un personalísimo y perfecto derecho subjetivo del menor no sólo a recibir educación, sino a recibirla en el seno de la familia o en todo caso a tener una educación "de tipo familiar", es decir, acogida afectuosa, promoción y atención a la persona con sus especificidades. Además, el reciente art. 315-bis del código civil italiano, introducido con la ley n. 219 de 10 de diciembre de 2012, sobre la equiparación de los hijos, atribuye a las necesidades fundamentales del menor en crecimiento el espesor de derechos subjetivos perfectos en el ámbito familiar. En la práctica, convirtió los deberes de los padres en derechos de los hijos, disponiendo que "el hijo tiene derecho a ser mantenido, educado, instruido y asistido moralmente por los padres (...)".

## Cuidado y asistencia moral en la interpretación de la jurisprudencia italiana y la nueva categoría de derechos relacionales

La jurisprudencia italiana ha tratado de definir mejor el contenido del derecho del menor al cuidado y a la asistencia moral, especificando que «el estado de abandono es reconocible cuando ha faltado un mínimo de cuidado, calor afectivo, ayuda psicológica indispensable para la formación de la personalidad» (Casación Civil, sección I, sentencia 4 mayo 2000 n. 5586); o "si los padres han hecho falta al hijo una asistencia asidua y amorosa en las diversas necesidades cotidianas" (Casación Civil, sección I, sentencia de 28 de marzo de 1987, n. 3038). Hace ya cuarenta años que el Tribunal de Menores de Roma (sentencia de 6 de febrero de 1984) había establecido que «el menor tiene derecho no a cualquier asistencia de los padres, sino a la provisión de tratamientos adecuados para garantizarle un desarrollo óptimo, es decir armónico y equilibrado y a vivir en un ambiente moralmente sano que lo libre de influencias nocivas».

De estos pronunciamientos se deduce que la asistencia moral se define no tanto en función de su contenido, sino en función de su posible resultado. Siempre se trata de comprender cuándo un comportamiento de los padres hacia el niño en crecimiento es "cuidado" y cuándo, en cambio, se convierte en "descuido"; cuando el menor goza
de una adecuada "protección" moral y cuando se oprime por una "sobreprotección", considerando que los conceptos de "cuidado" y "asistencia moral" varían en relación con los contextos sociales y culturales. Esta es también la razón que hace necesario el diálogo permanente entre el derecho y las demás ciencias humanas. En un contexto en el que las necesidades fundamentales se convierten en derechos, en el ámbito familiar ha madurado la categoría de los llamados derechos relacionales, que incluye ciertamente el derecho al cuidado y a la asistencia moral.

Pero ¿cómo se concreta un 'derecho relacional'? ¿Cómo esperar una presencia afectuosa, una cercanía que dé seguridad y protección? ¿Cómo se puede exigir el amor? El menor debe poder exigir aquellas relaciones interpersonales que sean necesarias para su desarrollo. Sin embargo, las relaciones interpersonales familiares parecen incompatibles con pretensiones de carácter jurídico. La buena relación no es coercitiva, siendo efecto de un comportamiento natural, espontáneo, gratuito. El derecho a la asistencia moral (entendido como una acogida afectuosa y calurosa, especialmente en el primer segmento de la vida del niño) es el más "relacional" de los derechos y, por tanto, el más difícil de hacer valer.

## El derecho a ser oído en la legislación italiana e internacional

El progreso realizado por la legislación italiana en los últimos ochenta años está marcado por algunos hitos importantes. Originalmente, existe el texto del art. 319 del código civil italiano de 1942 (idéntico al artículo análogo del anterior código civil nacional de 1865 y del código francés de 1804), que justificaba los malos tratos en perjuicio del niño a la luz del poder de corrección atribuida exclusivamente al padre. Este poder incluso tenía un significado criminal. De hecho, estableció la regla de que «El padre que no puede refrenar la mala conducta de su hijo puede (...) internarlo en una institución correccional, con la autorización del presidente del tribunal. La autorización también puede solicitarse verbalmente. El presidente del tribunal, habiendo adquirido la información, dispone por decreto sin actos formales y sin declarar las razones». El art. 319 fue derogado en 1975 por la reforma del derecho de familia italiano (Ley 19 de mayo de 1975, n. 151) y la Ley n. 149 de 2001, en el art. 37, reformando el art. 333 del código civil italiano, prevé la expulsión del progenitor o conviviente que "maltrata o abusa del menor".

La gran novedad llegó con la Ley del 10 de diciembre de 2012, N° 219 (Disposiciones relativas al reconocimiento de los hijos naturales), que:
a) estableció que "todos los niños tienen el mismo estatus jurídico", aboliendo así cualquier diferencia de derechos entre los hijos legítimos, naturales, adúlteros, incestuosos y suprimiendo cualquier adjetivo del código civil;

b) introdujo en el código civil un nuevo artículo (art. 315bis: Derechos y deberes del niño), que establece que «El niño tiene derecho a ser mantenido, educado, instruido y asistido moralmente por los padres, con respeto a sus capacidades, sus inclinaciones naturales y sus aspiraciones. El niño tiene derecho a crecer en la familia y a mantener relaciones significativas con sus parientes»;

c) autorizó (por primera vez en la historia)<fnref n="4" /> el reconocimiento del niño nacido del incesto, que hoy "puede ser reconocido con la autorización previa del juez teniendo en cuenta el interés del niño y la necesidad de evitar cualquier perjuicio al mismo".

El nuevo art. 315bis del código civil italiano contiene una lista de derechos del niño: 1-2-3) para ser mantenido, educado e instruido;

4) ser asistido moralmente por sus padres respetando sus capacidades, sus inclinaciones naturales (este es el llamado derecho de cuidado);

5) crecer en la propia familia;

6) mantener relaciones significativas con familiares;

7) ser escuchado: «El hijo menor que haya cumplido los doce años de edad, y también de menor edad si es capaz de discernir, tiene derecho a ser oído en todos los asuntos y procedimientos que le conciernen» (art. 315bis, inciso 3).

Detrás de esta nueva legislación italiana hay dos importantes estándares internacionales. El primero está constituido por la Observación General n. 12 de la ONU sobre el derecho del niño a ser escuchado, inciso n. 90⁵; el segundo está contenido en el art. 12 de la

<footnote n="4">⁴ Cfr. F. Treggiari, «Ex nefario coitu natus»: breve retrospettiva sulla condizione giuridica del figlio incestuoso, in La parificazione degli status di filiazione, Coord. R. Cippitani e S. Stefanelli, ISEG, Perugia-Roma, 2013, pp. 205-218</footnote>

<footnote n="5">⁵ «Una familia en la que los niños y adolescentes puedan expresar libremente sus opiniones, y en la que estas sean tomadas en serio desde una temprana edad, proporciona un modelo importante y prepara al niño y al adolescente para ejercer el derecho a ser escuchado en el contexto más amplio de la sociedad. Este enfoque es útil para promover el desarrollo individual, mejorar las relaciones familiares y apoyar la socialización de niños y adolescentes y desempeña un papel preventivo en todas las formas de violencia en el hogar y en la familia».</footnote>
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de
1989⁶.

Hemos pasado, pues, de una concepción según la cual el Estado
y la familia deben formar a los niños desde temprana edad en la
obediencia y el rigor, al derecho del niño, niña y adolescente a ser
escuchado. Hemos pasado de una pedagogía de la obediencia a una
pedagogía del diálogo y de la participación activa; de la potestad exclusiva
del padre (código civil de 1942) a la potestad de ambos progenitores
(Constitución de 1948) y de la potestad de ambos progenitores a la
responsabilidad de ellos (reforma del derecho de familia de 1975, con la
que la potestad se transforma en función). Hoy, con la afirmación del
derecho a ser oído, se ha logrado la eliminación total de las formas
autoritarias en el ejercicio de la potestad parental y el menor se ha
convertido definitivamente en "sujeto" y ya no en objeto de las
decisiones familiares.

Después de la ley italiana n. 219/2012 sobre la equiparación del
estado del niño, que implementó la categoría de responsabilidad parental,
la legislación delegada reemplazó la palabra "poder", dondequiera que
esté presente, con la palabra "responsabilidad parental". Esto es
consistente con la legislación supranacional, donde la noción de
"responsabilidad parental" ya está presente desde hace algún tiempo: en
la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (art.
18); en el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 sobre
cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de
protección de menores; y en el Reglamento CE de 27 de noviembre de
2003 n. 2001 relativo a la ejecución de decisiones en materia matrimonial
de responsabilidad parental.

El cambio no es sólo terminológico, sino que tiene
repercusiones concretas, por ejemplo, en el caso de separación de la
pareja parental. Cuando un hijo se confía solo a uno de los padres, este
se convierte en titular de la potestad, pero las decisiones más interesantes
las toman ambos padres y, en todo caso, el progenitor sin custodia tiene
el derecho de supervisar la educación y crianza de los hijos, pudiendo
recurrir al juez cuando considere que se han tomado decisiones lesivas a
los intereses de los hijos. En definitiva, el concepto de "responsabilidad
parental" hace referencia a una condición lo más compartida e igualitaria
posible.

<footnote n="6">⁶ «Los Estados Parte garantizan al niño con capacidad de discernimiento el derecho a expresar libremente su opinión sobre cualquier asunto que le afecte, siendo debidamente tenidas en consideración sus opiniones teniendo en cuenta su edad y grado de madurez».</footnote>
El tránsito de autoridad a la responsabilidad parental ha atribuido un sentido humanizador a la relación educativa, dando importancia a lo que se llama la ética del cuidado.

## El interés superior del menor en la jurisprudencia europea

El interés superior del niño<fnref n="7" /> está en el centro del Convenio de Estrasburgo sobre el ejercicio de los derechos del niño (1996), cuyo objetivo es «promover, en el interés superior de los menores, sus derechos, otorgarles derechos exigibles y facilitar su ejercicio garantizando que puedan, por sí mismos o por medio de otras personas u organismos, poder participar en los procedimientos familiares que les conciernen ante una autoridad judicial». La primacía del interés del niño se reafirma en el art. 24, párrafo 2, de la Carta de Niza (2000), según el cual «En todos los actos relativos a los niños, ya sean realizados por autoridades públicas o por instituciones privadas, el interés superior del niño debe ser considerado primordial». Punto central entonces tiene el art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), que protege el derecho al respeto a la vida privada y familiar.

En el ordenamiento jurídico europeo, los conflictos entre los intereses del menor y los intereses de los padres son resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí hay algunos casos:

1) Bronda c. Italia (9 de junio de 1998). En este caso la menor, abandonada por su padre y cuya madre padecía patologías psiquiátricas, había sido puesta en una familia de acogida. Los abuelos habían pedido la custodia de la niña. Sin embargo, según el juez italiano, la pequeña, que llevaba un tiempo bien establecida en la familia de acogida, sólo habría sufrido con el regreso a su familia de origen. La propia pequeña, escuchada varias veces, había expresado pánico ante la idea de dejar a su nueva familia. La Corte Europea ha decidido que en este caso el juez italiano no se había excedido del margen de discrecionalidad que se le reconoce en este asunto (Tribunal Europeo de Derechos Humanos [HUDOC], 2023).

2) Levin c. Suecia (15 de marzo de 2012). En este caso, los hijos de la demandante se trasladaron a centros y familias de acogida por el abandono material y moral de la familia de origen.

<footnote n="7">⁷ Su cui cfr. ora *Best interest(s) of the child. Una delicata e controversa declinazione*, a cura di E. Ceccherini e F. Brunetta d'Usseaux, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023.</footnote>
El Tribunal de Estrasburgo sostuvo que la limitación de los derechos de visita de la madre estaba justificada por el interés superior de los menores, ya que estos hicieron progresos y la presencia de su madre les creaba fuertes estados de ansiedad (HUDOC, 2023).

3) Paradiso y Campanelli c. Italia (24 de enero de 2017). Este caso se refería a la colocación en los servicios sociales de un bebé de nueve meses nacido después de la fertilización in vitro con el esperma del solicitante y el uso de la maternidad subrogada. Los solicitantes habían sido registrados en Rusia como padres del niño, sin mencionar la subrogación. En Italia, la solicitud de transcripción de la partida de nacimiento había sido rechazada y los solicitantes habían sido procesados por alteración del estado civil, con la consiguiente apertura del procedimiento de adoptabilidad del menor. La Corte Europea consideró que se había violado el art. 8 del CEDH, porque el niño ya había desarrollado lazos familiares con los solicitantes, lo que no justificaba su alejamiento. (HUDOC, 2023)

4) Gnahoré c. Francia (19 de septiembre de 2000). Aquí la Corte aprobó la decisión de las autoridades estatales que habían restringido los derechos de visita del padre y encontró que el art. 8 de la CEDH, había sido violado, dado que el padre había sido condenado por actos de violencia contra su hijo y había tenido un comportamiento de falta de cooperación con los servicios sociales durante las visitas. (HUDOC, 2023)

5) Hokkanen c. Finlandia (23 de septiembre de 1994). También aquí la Corte encontró que no se había violado el art. 8 ECHR por haber prohibido las autoridades estatales las reuniones entre padre e hija, encomendadas a sus abuelos maternos tras la muerte de su madre, al considerar que la hija se había opuesto a tales reuniones y era lo suficientemente madura para que su opinión fuera tenida en cuenta. (HUDOC, 2023)

## Interés superior del menor y gestación subrogada

El interés superior del menor también se destaca en los eventos relativos al uso de la gestación subrogada. En Italia está prohibida la subrogación, pero las parejas en cuestión, y entre ellas las del mismo sexo, recurren a esta práctica en el extranjero, en los países que la permiten. Sin embargo, la gestación subrogada contraída y realizada fuera
de las fronteras nacionales impide la posterior inscripción del menor en
Italia, dado que, en Italia, a diferencia de otros países europeos, como
España y Dinamarca, en la partida de nacimiento del menor se puede
registrar sólo el padre biológico, no aquel que tiene la voluntad de serlo<fnref n="8" />.

La Corte de Casación italiana, con sentencia del 30 de diciembre
de 2022, anuló la sentencia con la que en 2018 los jueces de la Corte de
Apelación de Venecia habían ordenado al alcalde de Verona que
reconociera a los dos padres de un niño nacido en Canadá en 2015
gracias a la donación de óvulos. Al mismo tiempo, en su sentencia, la
Casación señaló la adopción como la forma de garantizar la paternidad
del compañero no biológico. A la espera de una intervención deseada
por parte del legislador, la Casación italiana ha indicado el camino de la
adopción (ya revisto por el Corte Constitucional italiana con la sentencia
n. 33 de 2021)<fnref n="9" /> para proteger el estado del hijo de la pareja homosexual y
no dejar el derecho del niño suspendidos indefinidamente.

Además de los problemas legales y éticos relacionados con la
gestación subrogada y sobre todo de la hipótesis de que la gestante
cambia de opinión sobre la obligación pactada con el contrato, está la
otra cara de la moneda: la necesidad, una vez nacido el niño, de proteger
su derecho fundamental a la continuidad de la relación afectiva con
ambos sujetos que compartieron la decisión de traerlo al mundo, sin que
el método procreador lo impida. El niño seguramente tendría derecho a
ser criado por la madre, que lo dio a luz; pero la mujer que se embaraza
solo para cumplir una obligación contractual asumida ante los clientes
muchas veces no quiere desempeñar la función materna. Sin embargo,
podría cambiar de opinión y precisamente por desalentar este
replanteamiento es una práctica para que el embrión se forme con el
ovocito de otra mujer. Pero si no lo piensa, no es del interés del recién
nacido hacer valer el derecho a obtener alguna ejecución específica
contra la madre embarazada. Esto explica por qué el interés del menor
que vive y crece en una determinada comunidad de afectos con ambos
clientes puede ser el del reconocimiento no sólo social sino también
jurídico de este vínculo. Cuando al proyecto procreativo le sigue el
cuidado concreto y actual del menor y se caracteriza por el ejercicio de
facto de la potestad de los padres a través del cuidado constante del hijo,
la falta de atribución de un estatuto jurídico a esta relación no se limitaría

<footnote n="8">⁸ Sobre esta materia cfr. S. Tonolo, Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, en Diritti umani e diritto internazionale, 9, 2015, pp. 202-209.</footnote>

<footnote n="9">⁹ C. Attanasio, La Consulta e il tema dell'omogenitorialità: un monito al legislatore sulla necessità di una più ampia tutela del superiore interesse del minore (nota a Corte cost. 9 marzo 2021, n. 32), in Familia, 3/2022, pp. 335-378.</footnote>
a la condición del progenitor doloso, que ha elegido un método de procreación desaprobado por el ordenamiento jurídico italiano, pero que acabaría perjudicando al propio hijo, cuyo derecho al respeto de la vida privada se vería significativamente lesionado. Por eso, según los jueces de Casación, hay que equilibrar los derechos: el valor social negativo (que en el verano de 2023 el gobierno italiano pensaba transformar en una prohibición penal 'internacional') de la práctica de la procreación realizada en el extranjero no puede tener repercusiones en el destino del nacido. De ahí la necesidad de separar el supuesto ilícito (recurso a la gestación subrogada) de los efectos que de él puedan derivarse sobre la relación de filiación y sobre el menor.

## Interés superior del menor y fecundación asistida

El interés superior del menor surge también en una muy reciente sentencia de la Corte Constitucional italiana (n. 161 de 24 de julio de 2023), llamada a pronunciarse sobre la legitimidad constitucional del art. 6, párrafo 3, de la Ley 19 de febrero de 2004, n. 40. Esta disposición establece que la voluntad de acceder al proceso de procreación asistida (MAP) debe ser expresada por escrito por los miembros de la pareja y que esta voluntad sólo puede ser revocada hasta el momento de la fecundación del óvulo. La Corte Constitucional confirmó la legitimidad constitucional de esta disposición, reiterando que el consentimiento otorgado por la pareja a un proceso de fecundación asistida es irrevocable, incluso si la relación de pareja se interrumpe posteriormente.

El caso fue el siguiente. Una pareja había recurrido a la procreación asistida sin proceder inmediatamente a la implantación del embrión en el útero de la madre, porque la mujer debía someterse a algún tratamiento médico. Después, dos años después de la formación del embrión in vitro, la relación matrimonial se rompió y divorcio de los cónyuges. Por la separación y divorcio, el marido declaró formalmente que revocaba el consentimiento dado a la procreación asistida. La mujer, por su parte, había solicitado al centro de salud competente que procediera a la implantación del embrión criopreservado para llevar a término el embarazo. La Corte Constitucional debía valorar si el fin de la relación de pareja justifica la revocabilidad del consentimiento dado por el padre a la filiación, o si, tras producirse la fecundación, prevalece el consentimiento expresado en el momento del tratamiento, obligando al padre aceptar una filiación que ya no se desea. La Corte italiana decidió que la Ley núm. 40/2004 actualmente en vigor, que permite retirar el consentimiento paterno sólo hasta el momento de la fecundación, no contradice los principios constitucionales, ya que la suerte jurídica de un hijo no puede depender de cambios en la voluntad del padre y prevalece
la expectativa de maternidad sobre la disidencia paterna que interviene después de la fecundación del óvulo.

La sentencia también subraya otro valor: la dignidad del embrión. Las libertades fundamentales, según los jueces constitucionales italianos, no pueden reconocerse solo en la dimensión individual, sino que deben tener en cuenta y estar de acuerdo con otros intereses. En su caso, tienen que secundar tanto la expectativa de la madre como la expectativa y la vida futura y los derechos del niño. Proclamar la 'socialidad' de los derechos fundamentales, en coherencia con el proyecto constitucional, significa ante todo proteger los derechos de los sujetos débiles. Si en la constitución los derechos coexisten con los deberes, los derechos humanos no pueden ser declinados sólo en singular. Los hombres tienen derechos porque conviven entre sí y los derechos de los menores sólo pueden realizarse con el cumplimiento de los correspondientes deberes de los demás.

Referencias

Attanasio, C. (2021). La Consulta e il tema dell'omogenitorialità: un monito al legislatore sulla necessità di una più ampia tutela del superiore interesse del minore (nota a Corte cost. 9 marzo 2021, n. 32), in Familia, 3/2022, 335-378

Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (2019). La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza: conquiste e prospettive a trent'anni dall'adozione, Roma.

https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_anni_convenzione.pdf

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000). Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo – HUDOC. (20 settembre 2023). Giurisprudenza. https://hudoc.echr.coe.int/eng

Convenzione europea sui diritti dell'uomo (1953). Corte europea dei diritti dell'uomo.

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_eng

Ferrari, F. (2023). Interesse del minore e tecniche procreative,

Milán. https://mappeser.com/2023/05/17/fabio-ferrari-interesse-del-minore-e-tecniche-procreative-principi-costituzionali-e-ordine-pubblico-francoangeli-2023/

Garcia Cano, S. (2000). La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996. Giornale spagnolo di diritto internazionale, 52(2), 678-686.
Kant, I. (2019). Fondazione della metafisica dei costumi. Gius.
Laterza & Figli Spa.

Papa Francesco, Encíclica Fratelli Tutti, 3
Ottobre 2020.

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

Tonolo, S (2015)- Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Diritti umani e diritto internazionale, 9, 202-209.

Treggiari, F (2013). Ex nefario coitu natus: breve retrospettiva sulla condizione giuridica del figlio incestuoso, in La parificazione degli status di filiazione, Coord. Roberto Cippitani e Stefania Stefanelli, Perugia-Roma, 205-218. ISEG Universita de Perugia.

Varricchio, A. (2022). Il superiore interesse delle persone minori di età: la tutela dei diritti nei procedimenti civile, amministrativo e di famiglia, in Rassegna giuridica.

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/idi_rassegnagiur_idica_3-22Quest.2_1.pdf
### 3. Corresponsabilidad parental y conciliación trabajo-familia

Leonor Riquelme*
Francisco Riquelme**

## Resumen

Este capítulo analiza la importancia de la responsabilidad parental y el equilibrio entre el trabajo y la familia para el desarrollo holístico de los niños y los adolescentes. Destaca la necesidad de políticas públicas que promuevan la participación igualitaria de ambos padres en el cuidado de los hijos, en particular en los casos de separación o divorcio. El capítulo también destaca las desigualdades en la co-responsabilidad en Chile, que tienen un impacto negativo en las condiciones de trabajo de las mujeres. Pide un marco normativo que promueva la igualdad de derechos y el equilibrio entre el trabajo y la familia, evitando los conflictos entre los roles y asegurando el bienestar de la familia. El concepto de responsabilidad parental conjunta debe abarcar tanto aspectos financieros como no financieros, y el Estado debe desempeñar un papel protector y de apoyo en la promoción del bienestar de la familia y del niño. [08]

## Corresponsabilidad parental y conciliación trabajo-familia

Según lo declara la Constitución Política de la República, la familia es el núcleo social, de ahí la importancia del reconocimiento de diversos tipos de familia, y el rol del Estado en promover buena convivencia en todas aquellas, que mantienen el vínculo indisoluble de parentesco, pero no el de convivencia, sea por separación o divorcio. Ahora bien, la promoción de la buena convivencia de aquellas familias, cuya vida en común se ha disuelto, debiese formar parte de los deberes del estado, bajo rotulo de corresponsabilidad estatal, en armonía con principios orientadores como el interés superior del niño y la protección de la familia. Por ello, nos inclinamos por evidenciar la necesidad de avanzar en políticas públicas para abordar o fomentar aspectos no

<footnote>* Trabajadora Social. Doctora en Ciencias Sociales, académica del Departamento de Trabajo Social. Universidad de La Frontera. Temuco. Chile. Correo electrónico: leonor.riquelme@ufrontera.cl</footnote>

<footnote>** Abogado, Magister en Derecho. Correo electrónico: riquelme@abogadotemuco.cl</footnote>
económicos de la corresponsabilidad que permitan el desarrollo integral de los niños, niñas o adolescentes, como también avanzar en propiciar medidas de conciliación trabajo-familia, compartiendo por igual las tareas del cuidado de los hijos, más aún en aquellos casos donde el contexto de la separación genera una mayor tensión entre los dominios del trabajo y la familia, pero también una mayor dependencia de la fuente laboral para satisfacer las necesidades de subsistencia del grupo familiar.

La familia es la base o núcleo de la sociedad, según lo declara y reconoce la Constitución Política de la República, el reconocimiento es de relevancia práctica para priorizar las acciones del Estado en materia legislativa, al favorecer el reconocimiento de múltiples tipos o formas de familia, y facilitar la buena convivencia en todas ellas, incluso en las familias, que mantienen el vínculo indisoluble de parentesco, pero no el de separación o divorcio.

Ahora bien, la promoción de la buena convivencia de aquellas familias, cuya vida en común se ha disuelto, debiese formar parte de los deberes del Estado, bajo rotulo de corresponsabilidad estatal, en armonía con principios orientadores como el interés superior del niño y la protección de la familia, toda vez que se reconoce que el Estado está al servicio de la persona humana, por lo que debe promover el bien común, creando condiciones sociales que permitan a las personas su mayor realización espiritual y material, en atención a los derechos y garantías que reconoce la propia carta fundamental, sin perjuicio de la incorporación de los derechos humanos.

Entendemos la corresponsabilidad estatal como aquel principio del derecho, en virtud del cual, el Estado se encuentra frente al deber de facilitar y promover el pleno cumplimiento, por parte de los padres, de la obligación de cuidado y protección de los hijos, propiciando la participación en el desarrollo integral de los hijos y mantención de la familia. La preocupación por parte del Estado hacia la familia, más aún en contexto de separación o divorcio, resulta de relevancia para el mejor y mayor desarrollo integral (espiritual y material) de los niños, niñas y adolescentes, así como para evitar o disminuir conflictos entre los padres. El conflicto refiere a una oposición mutua entre progenitores que refleja la expresión de diferencias entre ambos (Justicia & Cantón, 2011) e incluye comportamientos como agresión verbal y no verbal, agresión física, defensividad, retirada y también apoyo, afecto y solución de problemas (Cummings & Davies, 2010).

Las decisiones que el Estados adopte respecto de las políticas públicas orientadas en esta vía resultan determinantes para la sociedad, la economía, la salud pública y otros intereses fiscales. Podemos observar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el cuidado y protección de la familia, de los niños, niñas y adolescentes se regula desde una perspectiva
parental tradicional, estableciendo derechos o garantías para ellos, pero con cargo general o exclusivo de la madre, esto si bien resulta ser un avance, en la práctica ha traído consecuencias adversas para la mujer, en especial para la que desempeña un trabajo remunerado.

En Chile, se visualizan importantes desigualdades en materia de corresponsabilidad lo que repercute negativamente en desmejoradas condiciones laborales para las mujeres, al implementarse leyes que no propician en su totalidad condiciones de igualdad o de derecho de titularidad neutra, regulándose materias propias de la paternidad con cargo exclusivo a la maternidad, así ocurre con la Ley N°20.545 de 2011 de protección a la maternidad, que reemplaza el artículo 195 del Código del Trabajo, señalando que la madre trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado de maternidad de seis semanas antes del parto y de doce después del parto. De igual forma esta ley agrega el artículo 197 bis, que otorga un permiso postnatal parental de doce semanas o dieciocho, cuando la madre regresa a trabajar por media jornada. Cabe mencionar, que en este artículo se considera que en el caso de que ambos padres sean trabajadores, la mujer podrá ceder al hombre el permiso, pero sólo a partir de la séptima semana de iniciado permiso parental.

Otro buen ejemplo se puede observar en la Ley N°20.166 de 2007, que extiende sólo el derecho de las madres trabajadoras a amamantar o alimentar a sus hijos, aunque no exista sala cuna, el cual al sustituir el artículo 206 del Código del Trabajo establece "Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años". Finalmente, en la Ley N°21.391 de 2021, que agrega el artículo 206 bis al Código del Trabajo, se impone al empleador la obligación de ofertar al trabajador la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo para el cuidado de niños o niñas y personas con discapacidad, no obstante su aplicación es restrictiva, limitándola a situaciones de estado de excepción constitucional y a la naturaleza de las funciones, resultando aplicable a quienes tengan el cuidado de personas con discapacidad, niños en edad preescolar o hasta los doce años en caso de cierre de establecimientos educacionales, dejando en los dos primeros casos a elección de la madre quien ejerce el cuidado, en lugar de distribuir equitativamente los tiempos del cuidado, en general, como es sabido tiene como consecuencia mayor desempleo de la mujer o en su caso discriminación en el acceso al empleo perpetuando el rol tradicional de cuidado como labor femenina.

Por ello, nos inclinamos por evidenciar la necesidad de avanzar en un marco normativo en la legislación nacional, que posibilite un mayor equilibrio del mundo laboral con la vida familiar, debido a que resultan insuficientes, en el contexto laboral, los aislados y mínimos permisos que se confieren esporádicamente frente a contingencias
particulares. Por lo que se considera apremiante avanzar hacia el reconocimiento de derechos de titularidad neutros respecto de permisos laborales, licencias médicas, reducciones de jornadas, incorporando prácticas como sala cuna para padres y madres por igual, permisos de alimentación mixtos y licencias de cuidado distribuidas equitativamente.

La relevancia de avanzar por este camino se explica mejor al comprender que en el mundo laboral actual el conflicto proveniente de demandas del trabajo y la familia se ha convertido en unos de los riesgos psicosociales más relevantes (Recuero & Segovia, 2021). El conflicto trabajo-familia es conceptualizado como un modo de conflicto entre roles en el cual las demandas generadas desde los dominios trabajo y familia son mutuamente incompatibles en algún aspecto (Greenhaus & Beutell, 1985) y se ha evidenciado que, tanto el conflicto del trabajo hacia la familia, como de la familia hacia el trabajo aumentarían la sintomatología emocional negativa asociada a estrés, depresión y ansiedad en mujeres con trabajo remunerado (Riquelme-Segura et al., 2023).

Por ello, no se aventura, para evitar mayores costos sociales, enfatizar el diseño de políticas para armonizar o lograr la conciliación trabajo-familia, para crear condiciones positivas y saludables, que permitan cumplir la igualdad de las responsabilidades familiares y laborales y su implementación puede generar beneficios, que impactan a diversos actores (Jiménez & Gómez, 2014). Más aún en aquellos casos donde el contexto de la separación genera un conflicto al interior de ella y que se extiende de manera exponencial hacia el trabajo remunerado, provocando una mayor tensión entre los dominios del trabajo y la familia, pero también una mayor dependencia de la fuente laboral para satisfacer las necesidades de subsistencia del grupo familiar.

En la medida que no se fomente la corresponsabilidad de los padres y se persista con una visión tradicional de cuidado, como la existente en América Latina, con una división del trabajo por género (Vaca 2019), donde las mujeres que trabajan, empleadas o no, en comparación con hombres empleados, serían quienes realizarían significativamente más tareas, como cocinar y limpiar, así como el trabajo mental de planificación y gestión (Daminger, 2019; Perry-Jenkins, 2020), la desigualdad en materia de trabajo seguirá existiendo en perjuicio de la mujer. Ello podría traer consecuencias negativas, pues se vuelve más probable que la brecha entre conciliación trabajo-familia sea favorable al hombre, distanciéndose más aún cuando el padre no custodio, que no aporta a otras dimensiones del cuidado de los hijos, tiene como única exigencia de corresponsabilidad favorecida por el Estado una obligación de entregar una suma de dinero.
Lo antes señalado, apunta a propiciar una nueva mirada de la corresponsabilidad, prosperar hacia iniciativas como las llevadas a cabo por España mediante la promulgación de la Ley de Conciliación N°39 de 1999, la cual constituye la principal herramienta de la política pública para compatibilizar las responsabilidades del trabajo y la familia. Como también las implementadas en Suecia donde se han repartido medidas de cuidado entre la familia y el Estado de Bienestar, buscando lograr igualdad de género en materias como el servicio de preescolar garantizado o el permiso parental obligatorio que no puede ser transferido entre progenitores, debido a que cada padre tiene días reservados (Vicente Vicente, 2021).

En Chile, la corresponsabilidad parental debiese emerger como principio del derecho de familia, con la obligación de cuidado y protección de los hijos, esto con independencia de si los padres viven juntos o no y en conformidad con la Ley N°20.680 de 2013, la cual establece que ambos padres “participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos”. La corresponsabilidad parental incluye diversas dimensiones, siguiendo el texto constitucional, una patrimonial y otra espiritual o moral, unas susceptibles de exigir inclusive forzadamente y otras que quedan en el fuero individual de los padres, ya que son obligaciones de contenido subjetivo, cuya exigibilidad forzada podría llevar a mayores tensiones, pero no deben quedar al margen de abordarse mediante acciones positivas de fomento.

Así planteada la cuestión, debemos dejar en claro que la corresponsabilidad parental termina quedando sujeta a la capacidad de los padres de poner en el centro el mayor bienestar de sus hijos en toda dimensión, siendo las cuestiones económicas de alta relevancia, pero no las más significativas para el desarrollo integral de los hijos. Es interesante preguntar cómo el Estado asume un rol protector y promotor de la familia y de la niñez y adolescencia en aspectos en que puede incidir para promover o inclusive, según la necesidad del caso, exigir la vigencia de la corresponsabilidad en el divorcio o separación de los padres.

Reconocemos que en la reciente implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, Ley N°21.484, promulgada en el año 2022, que modifica la Ley N°14.908, promulgada en el año 1962, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, se puede apreciar la existencia de intentos para hacer efectiva la responsabilidad de los padres en contexto de separaciones, y que como fue adelantado tiene fuerte referencia a las cuestiones de carácter económico o patrimonial comprensibles dadas las condiciones de desenvolvimiento de la sociedad actual, cada vez más mercantilizada, a pesar de su nombre, sin embargo, se extraña que la reglamentación no favorece ni promueve la corresponsabilidad parental
ya sea en la etapa del llamado a conciliación en los juicios sobre divorcio,
alimentos, relación directa y regular e inclusive en algunos casos de
medidas de protección, sostenemos que dicha instancia junto a la
mediación aparecen como oportunidades para favorecer aspectos de
corresponsabilidad paterna con ello permitir y favorecer el desarrollo
integral del niño, manteniendo el vínculo preexistente y evitando el
restringir la mirada a aspectos netamente pecuniarios.

En efecto, una de las primeras cuestiones consideradas por la
normativa fue establecer la inadmisibilidad de demandas de rebaja o cese
de pago de pensiones de alimentos, si el demandante mantiene vigentes
anotaciones en el registro nacional de deudores de pensiones de
alimentos, salvo casos calificados que deberá determinar el juez.
Consideramos que en ello se evidencia la preocupación de la
corresponsabilidad en la dimensión económica, misma conclusión
arribamos al observar la posibilidad de hacer efectivo el pago de los
alimentos forzosamente, mediante la retención de los fondos que el
alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos
financieros o de inversión, haciendo de cargo del Estado investigar la
situación patrimonial del alimentante o reajustar montos adeudados.
Nada se reguló, salvo lo económico, sobre aspectos de salud, educación
o participación del padre no custodio en actividades ordinarias de la vida
de los hijos, sean sociales, culturales o de simple esparcimiento, siendo
esas participaciones susceptibles de fomentarse, favoreciéndolas para
mantener o generar respecto del padre que no vive con el hijo y no se
restrinjan por el padre custodio.

Legislaciones que reconocen o valoran, en este caso
económicamente el rol del padre custodio deberían favorecer también la
conciliación trabajo-familia, toda vez que la existencia de políticas
organizativas favorables a la familia permite a las personas gestionar el
trabajo y las responsabilidades al interior de las familias (Schulz-Knappe
& Ter Hoeven 2020). A su vez, para el padre no custodio, quien
regularmente podría desarrollar sus funciones laborales normalmente y
con menor carga respecto de la familia, también es importante contar
con políticas laborales de apoyo, los entornos laborales de apoyo resultan
particularmente beneficiosos para las familias (Lawson et al., 2019),
permitiéndoles equilibrar de mejor manera sus múltiples roles (Gahlawat
et al., 2019), compartir roles de cuidado con el padre custodio,
atendiendo por igual a las necesidades educación, salud o recreación de
los hijos.

Por suerte, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo
de Deudas de Pensiones de Alimentos da reconocimiento al trabajo de
cuidado, no remunerado a cargo de las madres, y puede llevar a la
conciliación trabajo-familia, ya que permite al padre que se mantiene a
cargo de los hijos en común, imputar el cuidado a su parte o proporción de contribución económica de los alimentos. Sabemos y no pasamos por alto, que aquellas obligaciones no patrimoniales, morales, son subjetivas y estrechamente vinculadas al cariño y afecto, por ello son cuestiones de compleja reglamentación y de difícil cumplimiento forzado. No obstante, no pueden quedar entregadas al arbitrio del padre que no mantiene la convivencia con los hijos o a la restricción del padre cuidador. Más bien, el propósito de la normativa, razonamos, debe tender a modificaciones como la que se introduce en el artículo 323 del Código Civil, que señalaba como finalidad o propósito de los alimentos que el alimentario pudiera subsistir "modestamente de un modo correspondiente a su posición social", transitando acertadamente a una finalidad más plena que permita al alimentario vivir "adecuadamente, resguardando el interés superior, la autonomía progresiva y el desarrollo integral del niño, niña y adolescente", en el entendido que un desarrollo integral de los hijos podría inclusive reducir tensiones que se generan al interior de la familia, aumentando recursos disponibles que podrían utilizados en otros dominios como el trabajo.

En armonía con lo que se viene diciendo, se aprecia el reconocimiento que el legislador ha dado a aquellos aspectos no económicos o patrimoniales de la corresponsabilidad, valorizándolos, puesto que, entre las varias modificaciones innovó en mandatar al juez, al tiempo de determinar la suma de dinero a pagar, considerar el tiempo destinado por el padre que conserva el cuidado del niño, niña o adolescente precisamente a las labores que dicha tarea conlleva. En efecto, al modificarse el artículo 6 de la Ley N°14.908 de 1962, se señala que el juez, "al fijar la pensión de alimentos deberá especificar las circunstancias consideradas para determinar la capacidad económica del alimentante y las necesidades del alimentario, considerando en ello, además de lo dispuesto en el Código Civil, la distribución y tasación económica del trabajo de cuidados para la sobrevivencia del alimentario".

La innovación expuesta parece acertada, ya que reconoce el trabajo no remunerado de cuidado de las personas, ya no solo desde una declaración de principios sino de manera práctica. Permitiendo al padre cuidador imputar dichas labores a la proporción en que debe concurrir en el ámbito económico de la obligación, dicho más evidentemente, reconoce la labor del padre que vive con el niño, niña o adolescente, del padre que labora como apoderado en el ámbito escolar, que colabora con los estudios, que se hace cargo de los tramites médicos, es decir, del que carga sobre sus hombros todas las obligaciones conexas a mantener la convivencia con el o los hijos, tasando o valorando económicamente el cuidado dispensado por el padre o madre, así una menor carga en la dimensión familiar del conflicto, aportara al equilibro con el trabajo.
Pareciera entonces, que es momento de plantear nuevos desafíos, como lo sería revisar el concepto de alimentos en nuestro sistema normativo, ya que no se trataría de una mera contribución dineraria para la subsistencia. Los alimentos deberían ser parte de la corresponsabilidad de los padres respecto de sus hijos, en lo que atañe a esta nueva modalidad de familia, la familia monoparental vinculada, que refiere a la situación del padre o madre que no obstante de no corresidir con los hijos/as, cumple funciones parentales que varían en contenido, frecuencia e intensidad, comparada con el progenitor tutor (Mayorga & Salazar, 2019). En ningún caso, se debiese limitar la corresponsabilidad a los aspectos patrimoniales, sino que se esperaría avanzar en cuestiones que permitan el desarrollo del hijo en común, de manera adecuada a las exigencias de la familia, de la sociedad y del Estado. El interés del niño estará dirigido a mantener el apego, los afectos, los círculos de protección y la seguridad con toda la familia, entre otros, favorecer su autoestima, su independencia, la toma de decisiones por el progreso de su autonomía, solo así se podría aspirar a un desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

En definitiva, así como el legislador determinó reconocer el trabajo del padre custodio, es deber del Estado para con la familia avanzar en abordar o fomentar aspectos no económicos de la corresponsabilidad que permitan el desarrollo integral de los niños, niñas o adolescentes. Probablemente esto sea susceptible de ser interpretado con la exigencia de mantener una relación directa y regular comprensiva no sólo de las conocidas “visitas” de cierta periodicidad, sino que también aquellas labores que se han centrado, casi exclusivamente, en quién tiene la custodia de los hijos, y que no fueron abordadas, explícitamente en la Ley N°20.680 de 2013, que entiende por relación directa y regular la mantención del vínculo familiar, a través de un contacto periódico y estable, más no comprende aspectos de corresponsabilidad en el sentido que se viene tratando acá.

Referencias

Código Civil Chile. (2000).

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=172986&idParte=8776

Código del Trabajo Chile. (2002).

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436

Constitución Política de la República de Chile. (2005). Artículo 1, inciso segundo. Chile.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302&idParte=5342
Cummings, E. M., & Davies, P. T. (2010). *Marital conflict and children. An emotional security* perspective. Nueva York, NY, E.U.: The Guilford Press.

Daminger, A. (2019). The cognitive dimension of household labor. American Sociological Review, 4(3), 609-633.

https://doi.org/10.1177/0003122419859007

Gahlawat, N., Phogat, R. S., & Kundu, S. C. (2019). Evidence for Life Satisfaction Among Dual-Career Couples: The Interplay of Job, Career, and Family Satisfaction in Relation to Workplace Support. Journal of Family Issues, 40(18), 2893-2921.

https://doi.org/10.1177/0192513X19868267

Gómez, V., & Jiménez, A. (2019). Género y trabajo: hacia una agenda nacional de equilibrio trabajo-familia en Chile. Convergencia Revista De Ciencias Sociales, 79, 01-24.

http://dx.doi.org/10.29101/crcs.v0i79.10911

Greenhaus, J. H., & Beutell, N. J. (1985). Sources of conflict between work and family roles. Academy of Management Review, 10, 76-88.

Jiménez, A., & Gómez, V. (2014). Conciliando trabajo-familia: análisis desde la perspectiva de género. Perspectivas en psicología., 11(2), 289-302.

Justicia Galiano, M. J., & Cantón Duarte, J. (2011). Conflictos entre padres y conducta agresiva y delictiva en los hijos. Psicothema, 23(1), 20-25.

Lawson, K. M., Sun, X., & McHale, S. M. (2019). Family-friendly for her, longer hours for him: Actor-partner model linking work-family environment to work-family interference. Journal of Family Psychology, 33(4), 444-452.

https://doi.org/10.1037/fam0000506

Ley N°14.908. (1962). Fija el texto definitivo y refundido de la Ley número 5.750, con las modificaciones introducidas por la Ley número 14.550. Chile.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=27977

Ley N°39. (1999). Para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. España.

https://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/39

Ley N°20.166. (2007). Extiende el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun cuando no exista sala cuna. Chile.

Ley N°20.545. (2011). Modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental. Chile.
Ley N°20.680. (2013). Introduce modificaciones al código civil y a otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados. Chile.
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1052090

Ley N°21.391. (2021). Establece modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo para el cuidado de niños o niñas y personas con discapacidad, en los casos que indica. Chile.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1168623&idParte=10286626&idVersion=2021-11-24

Ley N°21.484. (2022). Responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos. Chile.

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1181003

Mayorga, C., & Salazar, D. (2019). Tipologías familiares y ciclos vitales. Una propuesta conceptual y operativa para la intervención social. Ediciones Universidad de La Frontera. Chile

Perry-Jenkins, M. y Gerstel, N. (2020). Trabajo y familia en la segunda década del siglo XXI. J. Marriage Fam, 82, 420-453. https://doi.org/10.1111/jomf.12636

Recuero, L. H, & Segovia, A. O. (2021). Work-Family Conflict, Coping Strategies and Burnout: A Gender and Couple Analysis. Journal of Work and Organizational Psychology, 37(1), 21-28.
https://doi.org/10.5093/jwop2021a5

Riquelme-Segura, L., Schnettler, B., Orellana, L., y Saracostti, M. (2023). Conflicto trabajo-familia, síntomas emocionales negativos y satisfacción familiar en mujeres con trabajo remunerado durante la pandemia de COVID-19. Revista Latinoamericana de Psicología, 55, 38-45. https://doi.org/10.14349/rlp.2023.v55.5

Schulz-Knappe, C., & Ter Hoeven, C. (2020). Family-specific social support at work: The role of open and trustworthy communication. International Journal of Business Communication. https://doi.org/10.1177/2329488420955171

Vaca, I. (2019). Oportunidades y desafíos para la autonomía de las mujeres en el futuro escenario del trabajo. Asuntos de Género, N°154 (LC/TS.2019/3). Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Vicente Vicente, M. J. (2021). Las políticas de empleo y de conciliación laboral y familiar en el paradigma sueco. Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, 8(1), 25-34. https://doi.org/10.5209/cgap.76195
4. Mediación familiar en Chile y Cataluña:
Comparación de los alcances a partir de las reformas

Vicky Paola Ceballos Núñez*
Gemma Pellicé Gibernau**

Resumen

Este artículo compara la mediación familiar en Chile y Cataluña, destacando las diferencias en las leyes y reformas que han afectado la aplicación de la medición en ambos lugares. En él se analizan los principios orientadores de la mediación, los temas de mediación obligatorios en Chile, el aumento de la demanda de servicios de medición y las recientes reformas que permiten la videoconferencia. El artículo menciona también la disponibilidad de la mediación remota en Chile y la promoción de la medición familiar como alternativa al proceso judicial en Cataluña.

Introducción

La mediación es una de las formas más antiguas de solución de
conflictos utilizada por los seres humanos, ahora bien, el concepto de
mediación familiar tal y como lo conocemos ahora nace en EEUU a
finales de los años 60 ante la inconformidad y fracaso del sistema judicial
que no daba respuesta a la resolución de conflictos, era un sistema
colapsado y la mediación ayudó a descongestionarlo.

Alrededor del mundo varios países han ido implantando la
mediación como complemento al sistema de justicia. En Europa se
introdujo la mediación a primeros de los años 70, siendo el Reino Unido
uno de los países pioneros en ejercer esta práctica. A partir de la
Recomendación 1/1998 del Comité de ministros de Europa, se instó a
promover la mediación como un método de resolución de conflictos,
implantándose en diferentes países europeos. En el año 1998 se aprueba
el primer texto legislativo de mediación en España, por otra parte, y

<footnote>* Trabajadora Social, Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile; Máster en Mediación Familiar y en Ámbitos del Derecho Privado. Correo electrónico: vickyceballos.ts@gmail.com</footnote>

<footnote>** Trabajadora Social, Máster en Terapia Familiar Socioeducativa, Universidad de Barcelona Cataluña. Correo electrónico: gemmapellice@hotmail.com</footnote>
como uno de los tantos ejemplos en América Latina, en Chile la consolidación de la mediación se da en el año 2004.

Aunque la mediación familiar se da en distintos contextos, continentes y culturas, existe una concepción general sobre esta, y es que la mediación familiar es una intervención extrajudicial que debe estar al alcance de toda la población y que cuenta con una serie de principios rectores que garantizan su ejecución.

Los principios rectores se presentan como garantías fundamentales para asegurar la eficacia y la integridad del proceso de mediación, estos son; la **imparcialidad y neutralidad**, el mediador/a no debe de tener ningún conflicto de intereses, debe ser imparcial y neutral, no debe favorecer ni tomar partido por ninguna de las partes; la **confidencialidad**, se debe mantener la privacidad del proceso, con algunas excepciones como la obligación legal de informar sobre situaciones de abuso, peligro y/o violencia intrafamiliar; la voluntariedad, el proceso de mediación es **voluntario**, las partes participan de manera libre y consciente; la **buena fe**, el mediador tiene que actuar con exigencias de buena fe y respeto mutuo.

En general los principios descritos anteriormente son base en la creación del marco jurídico de los países o territorios que contemplan la mediación familiar, sin embargo es posible por ejemplo encontrar otros, en la caso chileno, uno de los principios que se integra en su Ley es el **Interés superior del niño** "por el cual, en el curso de la mediación, el mediador velará siempre para que se tome en consideración el interés superior del niño, niña o adolescente, en su caso, pudiendo citarlos sólo si su presencia es estrictamente indispensable para el desarrollo de la mediación." Aunque la Ley catalana no lo incluye como un principio, también se refiere a la importancia y obligación de la protección de los derechos de los niños y niñas.

Existen variados métodos que pueden ayudarnos a resolver conflictos familiares fuera del sistema jurídico formal, algunos de los métodos más conocidos de ADR<fnref n="1" /> son la negociación, la mediación, el arbitraje, la conciliación y la transacción, sin embargo, la mediación es la vía de resolución basada en el diálogo y búsqueda de soluciones constructivas dentro de la variedad de alternativas que mejor resultado puede otorgarnos a largo plazo (Ortuño Muñoz, 2018). A diferencia de otros sistemas, la mediación tiene características que la hacen mucho más eficiente y menos costosa, evita métodos de confrontación como la intervención judicial y ayuda a preservar las relaciones entre las partes. Tanto en el caso catalán como chileno, generalmente el coste económico es menor o totalmente subvencionado.

<footnote n="1">¹ Alternativas de Resolución de Disputas, conjunto de técnicas que permiten resolver conflictos sin la necesidad de utilizar la fuerza ni la intervención judicial.</footnote>
Es importante considerar que la mediación familiar no es
terapia, pero participar en ella puede lograr un efecto terapéutico, pues
ayuda a resolver el conflicto protegiendo los vínculos del sistema
familiar, introduciendo a la reflexión, la gestión de las emociones y ayuda
a la comunicación, considerando las necesidades de todos los
involucrados.

La mediación familiar como alternativa de resolución de conflictos es relativamente nueva en Cataluña y Chile, ambos territorios han escrito leyes que han impactado de forma totalmente diferenciada y también han realizado reformas a esas primeras leyes. A partir del análisis documental y jurídico veremos el alcance diferenciado que se da entre ambos territorios, particularmente sobre el alcance que tiene actualmente la mediación familiar en ellos.

Mediación familiar en Chile

La mediación familiar es un sistema de resolución de conflictos a que llegan las partes, estas son ayudadas por un tercero imparcial llamado mediador familiar. El mediador los acompaña en el proceso de obtener una solución que surja de ellos mismos, esto se da en un espacio fuera de los tribunales, en un ambiente que favorece la comunicación.

Chile consolida la mediación familiar el 1 de octubre de 2005 con la Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia, con esta Ley se establece el marco legal, la promoción, administración y el acceso, consolidando las bases para su implementación en todo el territorio nacional.

Se esperaba que la integración de la mediación al sistema jurídico ayudase a descongestionar los Tribunales de Familia colapsados con causas sin resolver, pero los primeros años el impacto de la integración familiar al sistema judicial no tuvo los resultados esperados. No se evitó el colapso de los tribunales y la apertura de causas por esta vía fue muy inferior a los esperado. Los legisladores decidieron llevar más allá a la mediación familiar, incluyendo dentro de esta modificación a las materias de obligada mediación.

Para cumplir con el ideal de justicia temprana, desformalizada,
transparente, accesible, directa y colaborativa<fnref n="2" />, el 16 de agosto del año 2006 se
da inicio al proyecto de Ley N°20.286, el fin de este proyecto de Ley era
modificar orgánica y procedimentalmente la Ley que se encontraba
vigente. El año 2008 finalmente se dictó la Ley N° 20.286, que modificó

<footnote n="2">² Primer Trámite Constitucional: Cámara de Diputados. 17 de agosto de 2006. Mensaje en Sesión 66. Legislatura 354. Sesión Ordinaria N° 66; Mensaje 4438-07.</footnote>
la Ley N° 19.968 y que, entre otras cosas, convirtió a la mediación familiar en una instancia previa y obligatoria en las materias de mayor concurrencia en la justicia de familia en Chile.

Las materias que previo a la judicialización de los casos debían ingresar obligatoriamente al sistema de mediación correspondían a: pensión de alimentos, relación directa y regular, cuidado personal o sus modificaciones<fnref n="3" />.

Aunque se le otorgó el carácter obligatorio, en ningún momento las partes están obligadas a participar o a llegar a acuerdo, más bien esto significa que, previo a la presentación de una demanda en el Tribunal de Familia, al menos una de las partes debe haber solicitado ante un centro de mediación público o privado la apertura de un procedimiento de mediación.

No existe sanción si el requirente no asista a la sesión previa de mediación, o si finalmente ya iniciado el proceso desistan de continuar. Es obligación de la persona mediadora, entregar un acta de mediación frustrada donde únicamente se informa que no se ha llegado a acuerdo en las materias que se han solicitado. El certificado de mediación frustrada entregado no tiene una duración establecida por ley, sin embargo, la mayoría de los tribunales le asigna una vigencia de seis meses. Este informe se envía directamente al Tribunal de Familia competente y se entrega una copia a la parte que esté presente. Una vez que el Tribunal de Familia conoce que se ha frustrado la mediación en las materias obligadas, es posible que una de las partes continúe con el proceso judicial presentando una demanda ante el Juez del Tribunal de Familia.

También existen otras materias de familia que se pueden mediar, estas son:

✓ Relaciones mutuas entre los cónyuges, especialmente los alimentos que se deben.

✓ Pensión compensatoria para el cónyuge que la solicita.

✓ Materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio.

✓ Los aspectos educativos en la crianza de los hijos y/o hijas.

Esta reforma de impulso de la mediación familiar, considera este mecanismo autocompositivo<fnref n="4" /> de resolución de conflictos como un medio de acceso a la justicia, por tanto, la garantía constitucional de

<footnote n="3">³ Estas materias están directamente relacionadas a causas donde hay menores de edad involucrados.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Los métodos autocompositivos son: negociación, conciliación y mediación. Los métodos heterocompositivos son: el arbitraje y proceso judicial.</footnote>
acceso a la justicia que se encuentra consagrada en la Constitución Política de Chile no se pierde, más bien se potencia, pues se le entrega la misma validez a un acuerdo tomado en mediación o a la sentencia que determine para la resolución del caso un juez de familia, esto quiere decir que los acuerdos de mediación familiar tienen categoría de equivalente jurisdiccional.<fnref n="5" />

Claramente la implementación de la mediación previa y obligatoria significó un hito en el sistema tanto así que, si comparamos el ingreso de causas en el período de 2017 de mediación voluntaria y el año 2010 de mediación previa y obligatoria, hubo un aumento del 869% en la demanda de los servicios y al mirar la *ilustración 1* se demuestra que hasta el período previa la pandemia la caída de causas que ingresaban al sistema público se mantuvieron en ascenso.

La cantidad de causas ingresan son principalmente por la solicitud directa de las personas, seguido de la derivación desde Tribunales y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) que es un organismo público encargado de proveer de defensa gratuita a quienes no pueden pagar por ella, en cumplimiento al mandato de la Constitución Política de Chile que garantiza un acceso igualitario a la justicia a todos los ciudadanos. Durante el período del 2009 hasta el 2017 en la Región Metropolitana, existía la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia, quienes también hacían derivación de casos. Y desde el año 2016 existen las causas espontáneas que ingresan vía web.

El año 2020 marca un precedente en la cantidad de casos que ingresan vía web, ya que del total de causas eran solo el 18% el año 2018 aumentando a un 59% del total de causas que ingresaron el año 2020, manteniendo esta tendencia de aumento. Hoy el país cuenta con 166 centros de mediación licitados para una población total de 19.960.889 millones según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

<footnote n="5">⁵ El artículo 111 de la ley N° 19.968 dispone que el acta de mediación "deberá ser remitida por el mediador al tribunal para su aprobación en todo aquello que no fuere contrario a derecho, pudiendo el juez en todo caso subsanar los defectos formales que tuviera, respetando en todo momento la voluntad de las partes expresada en dicha acta. Aprobada por el juez, tendrá valor de sentencia ejecutoriada".</footnote>
<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Ilustración 1- Serie de tiempo que muestra el número de causas que ingresan y las que se resuelven con acuerdo en Chile. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos desde SIMEF<fnref n="6" />.</figcaption></figure>

El 25 noviembre 2021 se promulga la Ley N° 21394 que “Introduce reformas al sistema de Justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”, institucionalizando la mediación por vía remota mediante videoconferencia, con acuerdo de las partes, sin que puedan ser grabadas, captadas, interceptadas, divulgadas ni reproducidas por las partes, el mediador ni por terceras personas. Esta reforma especifica que, el acta a que dé lugar podrá ser firmada mediante firma electrónica simple o avanzada.

Entonces, como una alternativa que facilita el acceso la mediación familiar esta puede realizarse de forma remota, lo primero que se debe tener en cuenta es que ambas partes deben estar de acuerdo con esta modalidad y deben manifestarlo por escrito, como requisito se debe contar con Clave Única<fnref n="7" />, tener los medios tecnológicos que permitan la participación en modalidad conferencia –contar con cámara y

<footnote n="6">⁶ Datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado. Solicitud de información pública N° AK001T-0005383 recibido el 19 de mayo de 2023 en la Secretaría de Estado y derivada a la Unidad de Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos.</footnote>

<footnote n="7">⁷ Es una identificación electrónica que le permite a los ciudadanos acceder a todos los Servicios del Estado, de manera fácil y segura. Más información en https://claveunica.gob.cl/</footnote>
micrófono- y que en el lugar donde se encuentren no haya presencia de
tercera personas para garantizar la confidencialidad del proceso.

Es posible también, acceder a un sistema mixto, donde una de
las personas se encuentre presencial y la otra participe de forma remota.
Tanto si se llega a acuerdo o no, los participantes podrán firmar el Acta
de Acuerdo o el Acta de Mediación Frustrada a través de Firma
Electrónica Simple, usando su Clave Única en el sitio web “Mi Portal”
del Sistema de Mediación Familiar.

La estructura de la Ley chilena propicia que la Mediación Familiar garantice la confidencialidad<fnref n="8" />, gratuidad<fnref n="9" />, accesibilidad<fnref n="10" />, rapidez<fnref n="11" />, igualdad<fnref n="12" /> y voluntariedad<fnref n="13" />. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2023)

Respecto a los costes de la mediación, es importante destacar
que dependerá si la mediación es privada, voluntaria o si corresponde a
casos de mediación obligatoria.

Los casos de mediación privada se regirán por el acuerdo que las
partes y el mediador estipulen, sobre los casos de mediación voluntaria<fnref n="14" />,
debe ser financiada por las partes y su valor máximo será determinado
por el arancel que fije el Ministerio de Justicia<fnref n="15" />, puede ser gratuito para
las personas de escasos recursos o que sean patrocinadas por la
Corporación de Asistencia Judicial u otra entidad de asistencia jurídica
gratuita.

<footnote n="8">⁸ Todos los temas tratados en mediación no pueden ser divulgados por el mediador, ni usados por las partes en eventuales juicios posteriores.</footnote>

<footnote n="9">⁹ El servicio en general es gratuito cuando, al menos una de las partes, cumpla con uno o más requisitos.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ Se cuenta con 161 Centros de Mediación Familiar Licitados a lo largo del territorio nacional. Y la actualización del Registro de Mediadores de Chile muestra con fecha 10/05/2023 que existen 2490 mediadores registrados y habilitados. https://n9.cl/d9v15</footnote>

<footnote n="11">¹¹ Por ley, los procesos de mediación deben durar un máximo de 60 días corridos, desde que se solicita el proceso.</footnote>

<footnote n="12">¹² Los mediadores deben velar porque no exista un trato diferente entre las partes, para que no se imponga la opinión de uno sobre el otro.</footnote>

<footnote n="13">¹³ Si bien antes de iniciar una demanda judicial, las partes están obligadas a intentar una mediación previa y obligatoria en tres materias, tanto la asistencia, como alcanzar un acuerdo, es totalmente voluntario para las partes.</footnote>

<footnote n="14">¹⁴ Son casos que ingresan al sistema público licitado.</footnote>

<footnote n="15">¹⁵ El Decreto 109 Exento que reajusta arancel máximo que podrán percibir los mediadores inscritos en el Registro de Mediadores de la Ley N° 19.968, según lo informado por la Unidad de Mediación de la División Judicial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en Informe "Arancel Máximo Mediadores Registrados", de fecha 28 de diciembre de 2021, informa un reajuste de $102.353 (ciento dos mil trescientos cincuenta y tres pesos chilenos) por cada sesión de mediación y rige para el año 2022.</footnote>
Ahora bien, en relación a los casos de mediación obligatoria, esta es gratuita, y de manera excepcionalmente se cobra por el servicio, total o parcialmente, cuando los usuarios disponen de recursos para financiarlo. Para ello se considerará el nivel de ingresos, la capacidad de pago y el número de personas del grupo familiar. Según informes del año 2016 del total de personas que ingresaban a un Centro de Mediación, solo el 1,3% de ellas eran rechazadas para la entrega del servicio gratuito. (Letelier G & García G, 2016)

Actualmente son beneficiarias de gratuidad aquellas personas con ingresos iguales o inferiores a $1.241.962 (un millón doscientos cuarenta y un mil novecientos sesenta y dos pesos) per cápita. [OMS]

A continuación, se muestran las otras de las formas en que se puede optar a la gratuidad, estos factores se acreditan mediante el certificado emitido por la institución correspondiente y/o credencial respectiva.

- Ser beneficiario/a de Fonasa de los grupos A-B-C, o contar con tarjeta de gratuidad en salud.

- Encontrarse cesante durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud.

- Ser beneficiario/a de subsidios estatales, tales como el subsidio a la discapacidad mental, de agua potable o el Pilar Solidario.

- Ser beneficiario/a de Programas Sociales del Estado. Encontrarse en algunos de los tramos de calificación socioeconómica (hasta el 90% inclusive) de hogares con menores ingresos del Registro Social de Hogares.

- Contar con privilegio de pobreza o estar patrocinado/a por las Corporaciones de Asistencia Judicial, o alguna de las entidades públicas o privadas destinadas a prestar asistencia jurídica gratuita.

- Ser adulto/a mayor.

- Ser beneficiario del Plan GES o que algún miembro de su grupo familiar padezca de alguna enfermedad catastrófica o crónica.

- Ser alumno regular de algún programa de estudios de enseñanza media o superior.

- Pertenecer a una etnia indígena.

- Presentar algún tipo de discapacidad.

- Ser o haber sido víctima de violencia intrafamiliar.

- Presentar un 25% de endeudamiento en relación a sus remuneraciones líquidas.
El sistema de Mediación Familiar en Chile funciona así, con cuatro vías de ingreso presencial, agendamiento WEB, CAJ y a través del Tribunal de Justicia. Los casos son atendidos por el centro de mediación que corresponde por cercanía a la vivienda del requirente. Las sesiones pueden darse de forma conjunta e individual. Las sesiones pueden darse de forma presencial, vía remota o mixta. Existen dos resultados posibles, en primer lugar, terminar con acuerdo, en este caso las personas firman el Acta de Acuerdo libre y voluntariamente, se adjunta este documento con una copia de la cédula de identidad de las partes y el certificado de nacimiento de los beneficiarios, esta se presenta por el centro de mediación al Tribunal para su aprobación.

Si el Tribunal aprueba el acuerdo le otorga el valor de sentencia, en este caso el mediador debe informar a las partes. Si el Tribunal rechaza el acta de mediación debe informar a las partes, también dependiendo del caso y/o de las observaciones que haga el Tribunal, el mediador podrá subsanar errores de forma del escrito, citar a las partes para complementar información, señalar otras vías para resolver el conflicto o frustrar la causa. También el Tribunal podría solicitar antecedentes previos a proveer, en este caso el mediador recopila los antecedentes solicitados y los envía nuevamente junto al acuerdo.

En segundo lugar, si no se llega a acuerdo, existen diversos motivos para frustrar una mediación; si sólo asiste una parte, si ninguna parte asiste, si solo una parte desea mediar, si ninguna parte desea mediar o si existen antecedentes de violencia intrafamiliar entre las partes. En caso de que la mediación se frustre, las partes pueden requerir de la asesoría legal de un abogado particular, si no cuentan con los medios económicos pueden solicitar asesoría jurídica gratuita en la Corporación de Asistencia Judicial. Solo los mediadores y mediadoras están facultados para emitir el certificado de Mediación Frustrada.

## Mediación familiar en Cataluña

En Cataluña, al igual que en otras comunidades autónomas, se fomenta y promueve la mediación familiar como alternativa a la vía judicial para resolver disputas familiares, centrándose en la facilitación del diálogo entre las partes enfrentadas con el fin de entender sus problemas y encontrar una solución satisfactoria.

Es importante hacer referencia a la normativa establecida en Cataluña sobre la mediación, ya que la regulación de la mediación busca garantizar la calidad y la integridad del proceso, así como promover la confianza en la mediación como una forma positiva de resolver conflictos.
Con la Ley 30/1981, de 7 de julio, que modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y determina el procedimiento por nulidad, separación y divorcio, permitiendo a los cónyuges establecer mediante convenio regulador acuerdos sin necesidad de establecer un procedimiento contencioso. Esta modificación dio paso a que las parejas en proceso de separación o divorcio pudieran establecer de forma conjunta y voluntaria un convenio regulador evitando la confrontación y el litigio en los tribunales.

Cataluña fue la primera comunidad autónoma española en regular la mediación familiar. Inicialmente, la mediación iba a la reconciliación de la pareja, y ahora se orienta hacia los acuerdos necesarios para regular la ruptura (Agencia Estatal Boletín Estatal del Estado, 2023). Con la Ley 1/2001, de 15 de marzo, de Mediación Familiar de Cataluña, Cataluña fue de las pioneras en realizar cambios en el ámbito del derecho de familia. Años atrás el Comité de ministros del Consejo de Europa, inició en el ámbito de familia soluciones alternativas a la vía judicial e instó a los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a instruir o fortalecer la que ya tenían.

En esta recomendación se exponen una serie de principios de la mediación como el principio de voluntariedad, pudiendo las partes acogerse o no a la mediación o decidir en qué momento finaliza, ya sea con acuerdo total, parcial o sin acuerdo. También, que el mediador pueda dar por finalizada la mediación si no se dan las condiciones fijadas inicialmente. El mediador y las partes deben asistir personalmente a las sesiones, que no pueden valer de intermediarios ni representantes. También se debe mantener la confidencialidad con la información que se trate durante todo el proceso, excepto cuando hayan hechos delictivos o cuando existan amenazas para la vida. Además, la Ley regula los aspectos jurídicos fundamentales de la mediación familiar, crea el Centro de Mediación Familiar de Cataluña y crea los Registros de personas mediadoras.

A nivel estatal se creó la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. En Cataluña, hoy en día, en materia de mediación, se rige bajo la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado. Se necesitó actualizar su legislación para adaptarse a las demandas de la sociedad. Era preciso evitar la judicialización de determinados conflictos, no solo por descongestionar los Tribunales de Justicia sino también, por asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos facilitando la comunicación entre las partes. Esta Ley también determina qué ámbitos pueden ser objeto de mediación y establece los principios de la mediación. Además, regula el desarrollo de la mediación, por ejemplo, la sesión previa e inicio de la mediación, como debe actuar la persona mediadora y se determina la naturaleza y las
funciones del Centre de Mediación de Catalunya (CMC)<fnref n="16" />, definiendo
también las funciones de los colegios profesionales que llevan a cabo
mediaciones. Finalmente, establece los requisitos para ser mediador o
mediadora registrado en la Generalitat de Cataluña.

Otra de las leyes importantes para conocer la mediación familiar en Cataluña es la Ley 9/2020, del 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y a la familia. Esta ley fomenta el uso de la mediación en conflictos familiares intentando evitar que las separaciones, custodias y tutelas de los hijos lleguen a juicio. Desde entonces, los jueces pueden obligar a las partes a una sesión informativa, para conocer los beneficios de la mediación, no asistir sin justificación se someterá a la confidencialidad y debe comunicarse a las autoridades judiciales. También puede que la mediación familiar se realicé obligatoriamente, o se intente en primera instancia previo a la judicialización, si las partes lo han pactado anteriormente.

La Mediación Familiar en Cataluña abarca una amplia variedad de áreas, en las que puede ser útil para resolver conflictos y facilitar acuerdos entre los miembros de una familia. Se guía a las partes para llegar a acuerdos mutuamente aceptables respecto a la custodia de sus hijos y/o hijas, establecer régimen de visitas, acordar la pensión alimenticia, la división de bienes, la comunicación y otros aspectos legales y emocionales. También se puede intervenir en otro tipo de situaciones familiares como, disputas familiares relacionadas con herencias, justicia juvenil, distribución de bienes y propiedades, entre otros.

De acuerdo a los datos obtenidos por el Centro de Mediación de
Cataluña, este informa que en el año 2022 había 549 mediadores activos
registrados, 544 menos que hace diez años, que también existen
diferentes organismos que ofrecen el Servició de Información Mediadora
(SIM) cómo los colegios profesionales y las administraciones, o multitud
de servicios tanto de carácter público como privado que ofrecen en
exclusiva o dentro de otros servicios la mediación. También los datos
indican que el CMC en el 2022 tenía 33 convenios de colaboración, que
corresponden a 32 menos que hace diez años. Respecto a los costes de la
mediación es importante destacar que esta depende si la persona es
beneficiaria de justicia gratuita. En este caso, el coste, está
subvencionado por el Departamento de Justicia. Los órganos encargados
de tramitar la asistencia jurídica gratuita son los Servicios de Orientación

<footnote n="16">¹⁶ Esta institución fomenta, y facilita el acceso a la ciudadanía, registra y designa a las personas mediadoras y realiza el seguimiento. El centro también homologa la formación de los mediadores.</footnote>
Jurídica (SOJ)<fnref n="17" />. Cabe destacar que la sesión previa, obligada por el juez, siempre será gratuita para las partes. En caso de no ser beneficiario de justicia gratuita, el coste de las sesiones será financiado por las partes con las tarifas asignadas por el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. En caso de las mediaciones a nivel privado, cada mediador decide su remuneración.

Algunos números a considerar respecto a la realidad de este territorio es que hoy en día y de acuerdo a los datos obtenidos del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), en Cataluña viven 7.770.689 millones de personas. Según el Centro de Mediación de Cataluña, en el año 2022 el CMC gestionó 3.279 expedientes. De estos, 2.033 fueron solicitados directamente de familias y 696 de derivaciones judiciales, el resto de las solicitudes vinieron del derecho privado. Se iniciaron 596 mediaciones iniciadas directamente de familias, finalizaron 492 y con acuerdo fueron 341. De las iniciadas por derivación judicial fueron 341, de estas 328 finalizaron y con acuerdo solo 146.

La *ilustración 2* muestra en que en los inicios existió un alza en las causas iniciadas ya sea por vía judicial o directa y en el número de acuerdos alcanzados, y que independiente de la baja y repunte, se ha mantenido estable la tendencia en cuanto a la cantidad de acuerdos alcanzados.

<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Ilustración 2- Serie de tiempo que muestra el número de casos que solicitan y las que se resuelven con acuerdo en Cataluña. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos desde CMC<fnref n="18" />.</figcaption></figure>

<footnote n="17">17 El servicio se ofrece por parte de profesionales de la abogacía del ICAB y tiene como finalidad proporcionar orientación jurídica sobre cuestiones planteadas por los ciudadanos, informar sobre la mediación como vía alternativa para la resolución de conflictos y tramitar las solicitudes de justicia gratuita para obtener la designación de abogado o abogada del turno de oficio.</footnote>

<footnote n="18">¹⁸ Indicadores principales informados en la web por el Centre de Mediación de Catalunya.</footnote>
La mediación ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a los
cambios de la sociedad. Unos de los mayores retos al que tuvimos que
hacer frente fue la pandemia de COVID-19 que produjo situaciones de
estrés: las familias pasaron más tiempo juntas de lo habitual, en
ocasiones, en espacios muy reducidos, pudiendo generar tensiones por
falta de privacidad, miedo al no saber lo que pasaba, pérdida de los seres
querido.

Durante la pandemia se cerraron todos los servicios no esenciales, y por tanto los conflictos no se podían resolver mediante la vía judicial. Las familias separadas o divorciadas con hijos vivieron situaciones complicadas en la gestión de la custodia de sus hijos como, por ejemplo, en la entrega y retorno de los hijos e hijas en el momento de confinamiento. Se produjeron desavenencias y decisiones contrarias en función de cada juzgado.

El Departamento de Justicia de Cataluña a través del Centro de Mediación de Cataluña puso en marcha un programa de mediación exprés y gratuito con el objetivo de resolver las diferentes consultas y conflictos en el menor tiempo posible durante el estado de alarma dictado por el gobierno. Las familias realizaban las consultas vía correo electrónico, la mayoría de estas consultas, eran por no llegar a un acuerdo por la tenencia de los hijos. Además de este servicio, también se crearon unas guías de recomendaciones para los padres y madres separados).

Es interesante mirar la *ilustración 2* y observar que independiente de la baja de causas que ingresaron en ese período, en promedio se resolvieron muchas más causas con acuerdo que en años anteriores.

Según los datos del Centro de Mediación de Cataluña, en el 2020 se iniciaron en el territorio 2.777 mediaciones. A causa de las medidas de prevención y seguridad establecidas por el gobierno, los mediadores y servicios tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad. El 70% de las mediaciones fueron de manera telemática con videoconferencia. [OB]

Antes de la pandemia, se utilizaba en muy pocas ocasiones,
como por ejemplo en casos que los familiares estuvieran separados por
grandes distancias, por ejemplo, que los padres de los niños y niñas
vivieran en distintas Comunidades Autónomas. A día de hoy, se siguen
realizando algunas sesiones de manera virtual manteniendo sus principios
y sus características.

Conclusión

Resolver conflictos familiares mediante la mediación es una
oportunidad para evitar procesos judiciales largos, costosos y con una
alta carga emocional. Destacando que no se trata a las personas como
opONENTES sino como colaboradores, consiguiendo evitar procedimientos judiciales, disminuir el nivel de conflicto y favorecer la convivencia. No obstante, si no se resuelve el conflicto no quiere decir que se haya fracasado. Seguramente las personas que han participado en este proceso habrán aprendido a gestionar sus conflictos de diferente manera (Pellicé & Román, 2022). ARTUR Roman, mediador e investigador analiza la efectividad de la mediación en la mejora de la relación en conflictos paterno o materno filiales, con un éxito de 77% de los casos, aunque por periodos cortos de tiempo (Roman, 2022). Este éxito viene derivado de que las personas inician el proceso de manera voluntaria y son ellas las que con la ayuda del mediador llegan a acuerdos, por tanto, la obligatoriedad no es la respuesta para que la mediación adquiera la importancia que se espera, la voluntariedad es un principio fundamental en la mediación que no puede faltar.

La Ley catalana considera la Mediación Familiar como un complemento y una nueva forma de prestación de la tutela judicial, obligando a las partes a informarse en caso de que la autoridad judicial lo estime y si las partes no asisten sin justificación, se deja precedente de la insistencia injustificada, y solo en los casos derivados desde la autoridad judicial se garantiza la gratuidad de la sesión previa informativa.

Existen diferencias entre ambos territorios, por una parte, en Cataluña, en la Guía para la Práctica de la Mediación Intrajudicial, el Consejo General del Poder Judicial, reconoce que la voluntariedad de la mediación no es incompatible con la obligatoriedad de asistir a la sesión informativa previa, advirtiendo, que la no asistencia a una sesión se puede considerar una conducta contraria a la buena fe.

Por otra parte, Chile entiende la mediación familiar como el primer paso o primera instancia para la resolución de conflictos a nivel familiar. Se considera la mediación familiar como la puerta de entrada a la resolución de conflictos y no como una alternativa secundaria, sobre todo en materias que involucran a menores de edad. No hay consecuencias en caso de no asistir a mediación, ni siquiera en los casos en que han sido derivados desde el Tribunal de Familia, pues el acta de mediación frustrada no informa los detalles del por qué no se logró acuerdo.

Las adecuaciones de ambos territorios a sus leyes responden a compromisos internacionales, por una parte, el año 2015 la Organización de Naciones Unidas aprobó la Agenda sobre el Desarrollo Sostenible, que establece 17 objetivos de alcance mundial e interrelacionados. El objetivo número 16 plantea: "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles" (Naciones Unidas, 2023).
Podemos decir que la medición es una técnica de resolución de conflictos que debería estar al alcance de toda la población. La ley en Cataluña garantiza a las personas acceder a la justicia gratuita. Todos los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para defenderse o que tengan reconocido legalmente este derecho pueden acogerse a este legítimo, teniendo subvencionada la mediación por el Departamento de Justicia, pero no todas las familias deciden acceder al servicio. Hay familias que optan pagar la mediación privada, también otras que no la ven necesaria o no confían en ella y deciden utilizar otros métodos de resolución, como el acceso directo a la judicialización para resolver sus conflictos familiares.

En cambio, la Ley en Chile al garantizar casi para la totalidad de las personas el acceso gratuito a la Mediación Familiar, donde un porcentaje muy bajo de personas que solicitan la mediación en el sistema licitado quedan fuera y deben pagarlo y que, sin embargo, se regula el valor máximo que puede cobrar los mediadores. La Mediación Familiar es un derecho de acceso a la justicia, por tanto, la entrada principal para resolver conflictos en familia, previo a la judicialización, sobre todo en casos de menores de edad involucrados, el derecho al acceso a la justicia está consagrado y debe ser efectivo y justo.

El acceso a la Justicia durante la pandemia significó un desafío tanto para Chile como para Cataluña, ambos territorios incorporaron la utilización de medios electrónicos para satisfacer las necesidades de la población. El éxito fue rotundo, y las estadísticas de este trabajo lo avalan, aunque la diferencia entre ambos territorios es dispar, si ha quedado como precedente que, pese a la contingencia, los casos y causas que terminaron con acuerdos sobre ingresados aumentaron en porcentaje.

Aunque la sociedad está cada vez más concienciada de utilizar la mediación como vía de resolución de conflictos, es importante que se promueva y masifique como una alternativa viable y efectiva de resolución de conflictos, asegurando su disponibilidad y acceso para todas las personas que lo necesiten. Sabemos que la mediación afecta a nivel judicial o económico y también a las relaciones familiares. Es necesario un cambio cultural profundo y un cambio de paradigma en la mentalidad de la ciudadanía. Para poder promover y apostar decididamente por los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, es necesario dotar de recursos económicos y personales, incluyendo la formación de profesionales en el campo de la mediación y la realización de campañas publicitarias dirigidas a la ciudadanía.

Las reformas que ambos territorios han propiciado para la incorporación más profundo de la Mediación Familiar han tenido distintos resultados, por una parte, Cataluña a pesar del esfuerzo de
incluir la sesión previa informativa obligatoria, muestra que el alcance de
la mediación aún no tiene los resultados esperados, y la población aún
recurre en general en primera instancia al juez para resolver los conflictos
familiares. Por otra parte, Chile con sus reformas y la inclusión de las
materias de obligada mediación, muestra un aumento significativo en el
alcance que esta tiene.

Referencias

Agencia Estatal Boletín Estatal del Estado. (Julio de 2023). Ley 1/2001, de 15 de marzo, de *Mediación Familiar de Cataluña*. BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-7380

Agencia Estatal Boletín Estatal del Estado. (Julio de 2023). Ley 15/2009, de 22 de julio, de *Mediación de Derecho Privado de Cataluña*. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-13567

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (Julio de 2023). *Ley Fácil*. BCN: https://www.bcn.cl/portal/leyfacil

Ceballos Núñez, V. P. (Julio de 2023). *El principio de voluntariedad en la mediación familiar de Chile y Cataluña*. Tesis de master en mediación. Barcelona, Cataluña, España: Universidad Autónoma de Barcelona.

Consejo General del Poder Judicial. (2016). *Guía para la práctica de la mediación intrajudicial*.

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-practica-de-la-Mediacion-Intrajudicial/

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (Julio de 2023). Lley 9/2020, del 31 de juliol, de modificación del libro segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=879610

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia. (2018—2020).
*Memòria de legislatura*.

https://justicia.gencat.cat/ca/departament/publicacions/llibres_per_tematica/memories/

Lauroba, M. E., Magre, J., & Casanovas, P. (2011). *El libro Blanco de la Mediación en Cataluña*. Huygens.

Letelier G, C., & García G, P. (2016). Resumen ejecutivo de evaluación programas gubernamentales (EPG). Programa licitaciones sistema nacional de Mediación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos. http://www.dipres.gob.cl/597/articles205706_r_ejecutivo_institucional.pdf)
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
(Julio de 2023). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-9112

Macho Gómez, C. (2014). Origen y evolución de la mediación: el nacimiento del “movimiento ADR” en Estados Unidos y su expansión a Europa. Anuario de Derecho Civil, Tomo LXVII, Fascículo 3, 931-996.

https://boe.gob.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-C-2014-30093100996

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (julio de 2023). *Mediación de Conflictos Familiares*. Mediación Chile: https://www.mediacionchile.gob.cl/

Naciones Unidas. (Julio de 2023). *Objetivos de desarrollo sostenible*. Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2017/01/Goal_16_Spanish.pdf

Ortuño Muñoz, P. (2018). *Justicia sin jueces. Métodos alternativos a la justicia tradicional*. Ariel.

Pellicé, G., & Román, A. (2022). *La mediació com a eina del treball social*. Social.cat. https://www.social.cat/opinio/19036/la-mediaciocom-a-eina-del-treball-social

Roman, A. (Julio de 2022). *Utilización de la mediación en contextos de conflictos filioparentales en España*. https://www.serviciossocialesypoliticasocial.com/-117

Salazar Pérez, M. (2016). A 10 años del sistema nacional de mediación familiar en Chile. *Revista de Mediación Familiar Chilena*, 8-18.

Suares, M. (2012). Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnicas. Paidós.
# 5. Narrativas saturadas en el proceso de mediación post pandemia

Paulina Krause Pincheira*

## Resumen

El artículo aborda el impacto de la pandemia de COVID-19 en los procesos de mediación post pandemia, específicamente en casos de divorcio y separación. Se destaca la dificultad en el manejo de competencias socioemocionales, la falta de compromiso y la influencia de la pandemia en el comportamiento de las personas. Se analiza la inestabilidad social, la falta de empatía en las relaciones humanas y el impacto significativo en la salud mental, con altas tasas de depresión y ansiedad. Se explora el proceso de mediación y la importancia de circularizar la comunicación, a pesar de la complejidad añadida por la falta de certezas y la sensación de indefensión. A pesar de estos desafíos, la mediación sigue siendo valorada como una forma de gestionar conflictos y llegar a acuerdos que sanen emocionalmente en este contexto post pandemia.

## Introducción

El objetivo de esta publicación es compartir reflexiones sobre cómo, a partir de la postpandemia, se aprecia la saturación de las narrativas de las partes en conflicto en procesos de mediación en casos de divorcio y/o separación, expresada en la dificultad en el manejo de competencias socioemocionales y de asumir compromisos. Se visualiza una narrativa donde predominan las historias rígidas, con escasa capacidad de reflexión, atentas en la solución inmediata, pero desde una perspectiva individualista, acotando la colaboración en beneficio propio. Frente a este encuadre crítico, no debería llamar la atención estas características, en función de los vaivenes de la sociedad en la contingencia actual, sumándole a ello el periodo de pandemia, donde las cuarentenas y el aislamiento social afectaron profundamente el comportamiento de las personas y su salud mental. El miedo al contagio y a la muerte se apoderó del pensamiento, así como la aparición de muchas emociones negativas centradas en el aburrimiento, frustración,

<footnote>* Trabajadora Social, Magíster en Estudio y Desarrollo de la familia. Correo electrónico: krause.paulina@gmail.com</footnote>
desesperanza, entre otras. Por otra parte, estamos frente a un mundo político distinto, visiblemente más agresivo, convulsionado, “líquido”, donde lo frecuente es la inestabilidad, con cambios vertiginosos y en un contexto donde las instituciones no revisten la solidez ética-moral de antaño, como precisa Zygmunt Baumann en su libro “Modernidad Liquida”. El autor alude al rasgo permanente de la modernidad, el abandono de las estructuras, la falta de reciprocidad en las relaciones humanas, donde se aprecia la poca empatía, sentimientos de frustración, competencia y la incapacidad de proyección, generando una permanente incertidumbre.

La mediación familiar se instala en Chile a fines de la década de los noventa para constituirse en una nueva apuesta para trabajar con familias en conflicto, desde una perspectiva democrática e integrativa en función a que las partes son llamadas a trabajar el conflicto y co-elaborar en propuestas para superarlos. Esto, mediante la intervención de un tercero (facilitador) imparcial. De esta forma, la mediación familiar tiene como base de su trabajo metodológico varios modelos, como el de “Harvard”, el “Transformativo” y el “Circular Narrativo”, este último cuya principal representante es la estadounidense Sara Cobb.

Respecto a este último modelo, es importante destacar que su difusión en Latinoamérica y específicamente en Chile estuvo a cargo de la psicóloga y terapeuta familiar argentina Marinés Suárez. La profesional, autora de varios libros sobre el tema, realizó durante en el período comprendido entre los años 2006-2010 diversas capacitaciones a profesionales chilenos, adaptando su implementación de acuerdo con la particular cultura latinoamericana. En dichas capacitaciones, hace hincapié en las relaciones y redes familiares (emociones y relaciones intensas), extrapolando de la terapia de la Narrativa de White y Epston - que dice relación con la deconstrucción de las historias-, una tercera narrativa/historia, donde los involucrados visibilizan y experimentan acontecimientos vividos en colaboración, con un objetivo compartido, cosificando el problema y proyectándose desde el interés que los une para disminuir la distancia emocional. De este modo, se modifica la percepción del otro al contextualizar conjuntamente una historia resignificada positivamente, alcanzando con ello un escenario más adecuado para alcanzar acuerdos serios y sólidos.

En el Centro de Mediación Temuco de la Corporación de Asistencia Judicial -lugar en que me desempeño como coordinadora y mediadora- si bien son utilizados los tres modelos de mediación más conocidos, en el ámbito familiar se ha optado preferentemente por el “Circular Narrativo”. Desde este modelo, se puede apreciar que en los últimos tres años se ha dificultado trabajar con las partes. Un primer análisis de esta situación puede centrarse en la saturación de las
historias/narrativas de las personas, que se expresa en la rigidez del discurso producto de las pocas habilidades socioemocionales, falta de empatía y escasa lealtad. De esta forma, se visualizan conductas agresivas, impulsividad y poca tolerancia, lo que provoca la "cancelación" de la opinión del otro (a), afectando con ello la esencia del modelo, que es la circularidad, la reflexión y la resignificación positiva de las situaciones.

Así, se produce una cristalización del proceso en sí, lo que obliga en la mayoría de los casos a una negociación acotada al corto plazo, o resultando simplemente en una mediación frustrada. Se percibe, siguiendo a Bauman, una actitud de "liquidez" frente a la vida de pareja, a los roles de coparentalidad y corresponsabilidad, donde todo puede ser y no ser al mismo tiempo desde una mirada cortoplacista. Específicamente en el ámbito familiar, la disputa en el cuidado de los hijos se centra y se estanca en la discusión económica y en los costos involucrados para su mantención. Por otro lado, en temas como el tiempo y el espacio destinados al cuidado de los hijos aparecen características y rasgos personales que superponen la competitividad individual al bienestar superior de los niños (as). Con esto, se deja de lado el compromiso y la estabilidad necesarias para lograr un acuerdo en un contexto de conflicto.

Aparecen, de esta forma, aquellos elementos que describen una complejidad social en la forma que describe el filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman en la "Sociedad Moderna", en donde dejan de existir las certezas y la realidad se vuelve inestable e impredecible, englobando con ello a las relaciones humanas que aparecen, sobre todo, en un contexto de conflicto en al ámbito familiar.

## Narrativas saturadas

Tanto desde la teoría, pero sobre todo desde la práctica, la mediación deja en evidencia que las partes llegan al proceso posicionadas desde una individualidad rígida, que posteriormente se intenta flexibilizar desde una línea de desarrollo donde la intervención del mediador avanza progresivamente hacia narrativas colaborativas, lo que permite alcanzar un acuerdo serio y suficiente que satisfaga a las partes. No obstante, posterior a la pandemia, estas narrativas se perciben notoriamente rígidas, resistentes al cambio, dificultando e invisibilizando los recursos y habilidades personales necesarios para trabajar la situación de conflicto. Más aún, no se aprecia tampoco la disposición al cambio para llegar a acuerdos, siendo patente el desinterés por el otro (a).
Miriam Markus (2013) en su libro "El Vibrar de las Narrativas" señala que las personas, con el tiempo, llegan a creer que el problema expresa su identidad, y que representan verdades sobre su carácter, naturaleza y objetivos de vida. Frente a este diálogo interno, retroalimentado una y otra vez, es complejo desestabilizar el discurso. Sin embargo, el "Modelo Narrativo" nos habla de lo eficiente que son las conversaciones externalizadoras, la capacidad de poner el conflicto a "danzar" a través del lenguaje, que es lo que hacen las partes, guiados por el mediador a través de las intervenciones. De esta forma, las personas van experimentando cómo el problema se va distanciando del Yo, y la relación pasa de ser antagónica a una de colaboración.

No obstante, el correlato en la dinámica de las narrativas saturadas deja entrever apatía, incapacidad de hacerse responsable de lo que “me toca del conflicto”, centrando la solución en un acontecimiento conveniente en el tiempo y el espacio. Esto, que resulta llamativo, permite deducir su relación con la inestabilidad del sistema social: el exceso de incertidumbre, estructuras que se levantan desde la fragilidad, por ejemplo, en el área laboral. Esto último es una variable crítica, en el sentido de la poca garantía que existe de la permanencia en un lugar de trabajo. Por ejemplo, Bauman (2000) señala en la “Modernidad Líquida” que la variable “trabajo” ha sufrido un cambio de paradigma, pues antes “cualquier aprendiz que comenzara su trabajo en “Ford” podía estar seguro de que terminaría en esta misma empresa”.

En este ejemplo, se plasma el dogma del largo plazo y la estabilidad: para cualquier persona que ingresara a esta empresa, lo probable es que trabajara toda su vida, y esto sería considerado un logro y, por tanto, digno de ser destacado. Sin embargo, la vida moderna, que es multifacética, nos trae un concepto mental distinto: el corto plazo, que viene a reemplazar dicho paradigma de la estabilidad. Respecto de este tema, el sociólogo polaco señala que un joven en Estados Unidos con un nivel relativo de educación puede esperar cambiar de trabajo hasta once veces en el transcurso de su vida<fnref n="1" />.

Pero no sólo el trabajo es hoy una variable de cambio permanente. Las relaciones humanas también han asumido este paradigma del “corto plazo”. El matrimonio, por ejemplo, ya no constituye un compromiso para “toda la vida”, algo que aparece obsoleto y poco coherente respecto de cómo se arma y reorganiza la familia en la actualidad. Pero más allá de esta situación en particular, la discusión se centra en si esta versatilidad en las relaciones es nutritiva, sana y, en definitiva, favorecedora para el desarrollo social.

<footnote n="1">¹Modernidad Liquida, Trabajo (pág. 157)</footnote>
Desde la mirada que entrega la Mediación, se entiende que en este proceso aparece la representación de la familia. Los participantes que se sientan a discutir suelen ser padres con hijos en común, y los temas que impiden los acuerdos se relacionan con ellos: su mantención, el colegio, el rol de coparentalidad a partir de la separación, cuidado personal, etc. Pero, como ya se ha planteado, los acuerdos se dificultan cada vez más y en otros ni siquiera es posible. Así, se percibe el individualismo con sus intereses y preocupaciones propias, donde la negación de ver al otro como un “socio” se hace insostenible en esta tarea de ser padres. Es más, cancelando el diálogo y la posibilidad de que los hijos se vinculen de una forma sana con éstos.

## Proceso de mediación:

El proceso de mediación es una instancia voluntaria, flexible, donde un tercero está preparado para instalar un contexto de conversación y confianza de una manera imparcial para encarar el conflicto entre las partes que se han congregado para ello. Así, la circularidad narrativa que se intenta implementar no es solo un modelo para aplicar, sino una forma de deconstruir la realidad que las partes trasladan a la mediación, dada por la experiencia y los correlatos que las personas han ido construyendo a partir de sus historias, dándole vida a personajes con connotaciones positivas y negativas, según determinados arquetipos (el justo, injusto, el bueno, el malo).

El mediador deberá realizar un diagnóstico a partir de las narrativas de las partes. Circularizar la comunicación implica considerar la comunicación verbal, la analógica-no verbal y el contexto ambiental. El proceso es dinámico, esto es, avanza y retrocede en la medida que se va pasando de una etapa a otra, y sin que el proceso sea evaluado en relación con el acuerdo. En este sentido, Sara Cobb señala la importancia de llevar a las partes a la reflexión, aumentar el protagonismo, modificar las narrativas armadas que traen a la mediación. Así, la externalización del conflicto/problema hace que las personas vayan abandonando paulatinamente los relatos dominantes y, mediante las técnicas interrogativas y afirmativas, ir en busca de aquellos acontecimientos extraordinarios que, de acuerdo con el trabajador social Michael White (White, 1997) son como “pepitas de oro”, toda vez que van a dar la capacidad de “airear” las historias, sacándolas de la rigidez y otorgándoles un nuevo significado.
Postpandemia

La palabra postpandemia hace referencia a la “manera de vivir después de haber sufrido una enfermedad mundial”[08]. A principios del 2020, fuimos afectados por el COVID-19, causando una pandemia que para la mayoría de la población resultó un hecho inédito de gran escala que afectó la forma de relacionarnos y, por supuesto, instaló en la conciencia colectiva de la modernidad un sentido de fragilidad ante la enfermedad que no se vivía desde 1918. Ese año fue la última vez que el mundo fue afectado por una pandemia (la “gripe española”, causada por un brote del virus de la gripe tipo A) que provocó entre 21.000.000 y 50.000.000 2. Así, frente a este evento inesperado, con un mundo hiperconectado que no estaba preparado para el encierro, el miedo a la muerte, al contagio, a la separación entre los seres queridos, y los millones de muertes alrededor de todo el mundo, entre otras muchas situaciones, provocaron un efecto devastador, sobre todo en la salud mental de la población, que incluso antes de la pandemia mostraba datos preocupantes.

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “los estudios muestran altas tasas de depresión y ansiedad, entre otros síntomas psicológicos, especialmente entre las mujeres, los jóvenes, las personas de condiciones de salud mental preexistentes, los trabajadores de la salud y las personas que viven en condiciones vulnerables”. 3 A esto se ha sumado con posterioridad una crisis económica que ha causado la pérdida de trabajo o actividad que permitía el sustento de la persona o familia. Aquellos que no vivieron esta experiencia, tuvieron que adaptarse al teletrabajo, y los niños, niñas y adolescentes al telestudio. Con esto, se perdió la cotidianidad de la vida en comunidad y retraerse del mundo social, contextos que han influido y son variables que contribuyen a la generación de problemas en la salud mental.

En una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial en el año 2021 en 30 países de todo el mundo, más de la mitad de los participantes de Chile, Perú y Canadá manifestó que su salud mental había empeorado desde el comienzo de la pandemia, superando el promedio global del estudio de 45%. Por otro lado, la última ronda del estudio del Termómetro de Salud Mental en Chile (2021) evidenció que el 32.8% de las personas encuestadas presentaban síntomas asociados con problemas de salud mental a principios de 2021.

<footnote n="2">2 Https://www.paho.org</footnote>

<footnote n="3">³ Del Estudio “Fortalecimiento de las respuestas de salud mental al Covid-19, en las Américas: análisis y recomendaciones de políticas de salud.</footnote>
Posterior al retorno de la presencialidad, paulatinamente las personas se han ido integrando a una cotidianidad que sufrió cambios en la forma de relacionarse tanto a nivel familiar, como laboral y social. La modificación de ciertos hábitos, como por ejemplo el aumento del nivel de compras online, el trabajo híbrido y la comunicación virtual que, en su momento, permitió mantener el contacto entre familiares y facilitar la continuidad de los estudios en escuelas, colegios y universidades, ha tenido consecuencias que se perciben en la manifestación de emociones negativas ante situaciones cotidianas en todos los grupos etarios, la poca tolerancia a la frustración y la ansiedad que genera la inmediatez, lo que es posible apreciar de forma directa al trabajar en procesos de mediación, sobre todo en el ámbito familiar.

## Consideraciones finales:

Frente a la levedad de la estructura social con la que chocamos a diario, donde el excesivo individualismo impide la generación de una postura empática hacia un otro, y en donde el ejercicio de la libertad parece otorgar derechos que no consideran los derechos de otros, esta reflexión realizada a partir de la experiencia surgida de los espacios de mediación puede colaborar en la comprensión de la complejidad social en la postpandemia.

Las personas, sobre todo en instancias de conflicto, son espejos que reflejan un mundo cambiante y complejo alejado de la solidez de antaño y en donde las certezas escasean. Esto genera, quizás, una sensación de indefensión y vulnerabilidad que se expresa y aprecia en los diálogos circulantes que aparecen en las sesiones de mediación, marcados por los atropellos discursivos centrados en lo irónico/hosco, en que un otro aparece siempre como antagónico. Esto problematiza poder adentrarse en el pensamiento lento, el de la reflexión y la autoconciencia que permita superar las experiencias e historias construidas a partir de los correlatos, donde los hechos y los personajes se acomodan a la versión más idónea que tienen de sí mismos, invisibilizando la experiencia del otro (a).

En postpandemia, esta situación se ha hecho más frecuente, complejizando el trabajo con las partes a partir de la resignificación de sus historias. Como bien señala Marinés Suárez (2000), el poder “pararse desde otra reja” y mirar una nueva historia, donde los personajes debieran estar en una posición mejorada, a partir de legitimar hechos, situaciones, personajes y también valores como la lealtad, compromiso y la generosidad. Sin embargo, esto se hace cada vez más difícil, pues las personas, si bien pueden estar dispuestas a solucionar un conflicto, no quieren invertir demasiado tiempo en ello, centrándose en negociaciones
cerradas, o simplemente no pudiendo llegar a acuerdos por la dificultad de generar compromisos y asumir responsabilidades que vayan más allá de los intereses individuales, dilatando de esta forma los procesos de respuesta.

En este contexto, el impacto de la pandemia a nivel emocional, entre muchos otros factores, puede haber afectado profundamente la visión de mundo de las personas, contribuyendo a la construcción de una sociedad donde la “liquidez” parece ser la norma, esto es, cambiante, llena de incertidumbres y una merma significativa de las habilidades sociales.

La mediación como instancia de resolución de conflicto sigue siendo muy valorada en la comunidad, dando la oportunidad a muchas de solucionar un conflicto, a gestionarlo mediante la conversación mediada, superando percepciones y emociones que desgastan física y mentalmente, y donde el acuerdo aparece como una instancia sanadora.

Referencias

Bauman, Z. (2015). *Modernidad líquida*. Fondo de Cultura Económica.

Boletín Desastres N°131.- Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental

de la población. (s. f.). OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud.

https://www.paho.org/es/boletin-desastres-n131-impacto-pandemia-covid-19-salud-mental-poblacion

Suares, M. (2002) *Mediando en Sistemas Familiares*. Ediciones Paidós Ibérica.

Suares, Marines (1996) *Mediación. Conducción de disputas, Comunicación y Técnicas*. Ediciones Paidós Ibérica.

Markus, M. E. (2013). El vibrar de las narrativas de mediación: una mirada del conflicto desde la teoría de las narrativas, la teoría energética y la metafísica. Paidós. https://etimologias.dechile.net

PAHO/WHO | Pan American Health Organization. (2023, 7 abril). https://www.paho.org/en

Tausch, A., Souza, R. O. E., Martínez-Viciana, C., Cayetano, C., Barbosa, J., & Hennis, A. (2022). Strengthening mental health responses to COVID-19 in the Americas: A health policy analysis and recommendations. The Lancet Regional Health - Americas, 5, 100118. https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100118
# 6. Coordinación de parentalidad en contextos de divorcio

Cecilia Mayorga Muñoz*

## Resumen

En este capítulo se analiza la aplicabilidad de la coordinación parental en Chile como medida para preservar el bienestar de los niños en casos de separación o divorcio. Se trata de aspectos jurídicos, sociales y psicológicos, así como de la necesidad de formación profesional y de adaptación cultural. Se hace hincapié en la importancia de reducir los litigios en las familias de alto nivel de conflicto y se sugiere la aplicación de estrategias de resolución de conflictos en los procedimientos judiciales. Se citan diversas fuentes y estudios para apoyar la eficacia de la coordinación parental en la reducción de los conflictos y en el beneficio de la salud psicosocial de los padres e hijos/as, lo que a su vez demanda la necesidad de formación de los profesionales y la adaptación cultural del modelo.

## Introducción

El cese de la vida en común que conlleva la separación y el divorcio, además de constituirse en una crisis no normativa, es un proceso psicosocial y ecológico que modifica las interacciones familiares, demandando una reorganización de sentimientos, emociones y aspectos prácticos de la vida cotidiana.

La literatura especializada nos muestra que en los procesos de separación y divorcio existen una multiplicidad de factores intervinientes que modifican las interacciones familiares, afectando el desarrollo de todos o la mayoría de los aspectos de la vida cotidiana de la familia. Probablemente uno de los ámbitos en el que se evidencia con fuerza dichos cambios relacionales, de roles y funciones es en la crianza de los hijos e hijas, función parental que se ve condicionada por los importantes niveles de conflictividad que a menudo acompañan la ruptura de pareja y que se ha asociado a efectos nocivos en los hijos, de modo que, un desafío no menor para los progenitores es la organización de la co-parentalidad post divorcio, definida como la colaboración de

<footnote>* Trabajadora Social, Doctora en Estudios y Tratamiento de las Relaciones Familiares por la Universidad Pontificia Comillas, España. Académica del Departamento de Trabajo Social. Universidad de La Frontera. Temuco. Chile c.e. cecilia.mayorga@ufrontera.cl</footnote>
dos figuras parentales en la crianza de los hijos (Feinberg, 2003) o
también descrita como “la forma en que los progenitores se perciben el
uno al otro, coordinan el cuidado de sus hijos, utilizan las habilidades
para comunicarse, resolver problemas y decidir conjuntamente”
(Capdevila, 2016, pp.43 en De Pedro, 2018).En términos generales, este
nuevo modo de vincularse, conlleva la implicación de ambos
progenitores en diversos aspectos de dicho proceso.

Si bien en una separación debiera existir la continuidad de la familia, como grupo que otorga el soporte emocional y material que contribuye positivamente a la formación de la persona, actualmente se observa que ante la ruptura de la pareja también se produce una cierta separación de los hijos e hijas, propiciado por el conflicto interparental durante el proceso (Sanabria, 2023), fenómeno que condiciona de manera importante las relaciones entre los adultos y entre éstos y sus hijos(as) (Yárnoz-Yaben, 2010), pues los niveles de conflictividad impiden los consensos necesarios respecto a la reorganización de la vida familiar.

En este sentido varios estudios han demostrado la nocividad del conflicto parental en la salud mental y en el comportamiento de los hijos, asociándolo a sintomatología internalizante, como síndrome depresivo, aislamiento social, ansiedad, entro otras (Grych y Fincham, 1990).

Cuando nos referimos a la experiencia de los adultos, algunos
estudios evidencian que la coparentalidad con posterioridad a la ruptura,
transita en una gradiente de dos polos en la que las relaciones entre los
padres, ahora exparejas pueden ir desde el conflicto a la cooperación
(Beckmeyer et al., 2019; Ferraro et al., 2019), pudiendo encontrarse una
alta conflictividad inicial e ir variando en el tiempo en función de nuevos
acuerdos de relación o de la resolución de las disputas que han dado
origen al enfrentamiento entre ellos.

De modo que, lograr una crianza compartida efectiva puede ser
un desafío no menor cuando los padres divorciados comparten sus
responsabilidades de crianza en diferentes hogares, ya sea porque han
desarrollado intereses diferentes o como ya se ha señalado, por
encontrarse en situación de conflictividad, comportamiento que conlleva
hostilidad y discrepancias entre ellos, producto de factores contextuales y
de las experiencias y significados que ha tenido para cada uno la ruptura.
Sin embargo, es importante destacar que existe evidencia que la alianza
coparental es importante para brindarle al hijo(a), consistencia en su
proceso de desarrollo (Rejaán, van der Valk, & Branje, 2022).

En respuesta, al riesgo de los hijos e hijas de los prolongados
procesos judiciales de separación y divorcio, surge la Coordinación
Parentalidad (CP), entendida como un proceso técnico especializado
dirigido a la resolución de conflictos familiares tras la ruptura de pareja,
enfocándose en la protección de los menores y en alcanzar alianzas de cooperación en la crianza compartida. Estrategia que ha sido probada con éxito en otros países y que podría ser adoptada y adaptada al contexto chileno como un modelo socio jurídico de intervención especializada que favorezca el bienestar integral de NNA y promueva la parentalidad positiva.

## La coordinación de parentalidad

La coordinación de parentalidad (CP), también denominada *special master, wiseperson, family court advisor, mediator-arbitrator, o parenting plan coordinator* (Sullivan, 2013), tiene su origen a mediados de los años ochenta en Estados Unidos (Kelly, 2014). Mientras que la figura del coordinador de parentalidad (CDP) surge en ese país en los 90 (Rodríguez y Soto, 2015) cuando se plantea que los procesos judiciales de separación y divorcio que se prolongan son un factor de riesgo para el bienestar de niños y niñas.

A este respecto, se mencionan como precursores de la CP los estados de California y Colorado (Kelly, 2014; Sullivan, 2013). Aunque no todos los estados cuentan con dicha regulación, en la actualidad esta práctica se encuentra establecida en todo el territorio norteamericano, tanto en Canadá como en Estados Unidos (Behrman, 2016; Neff & Cooper, 2004; Parks, Tindall & Yingling, 2011).

En efecto, esta estrategia surge a consecuencia de un elevado número de divorcios y el uso de la vía judicial, por parte de progenitores, para resolver aspectos relacionados con la parentalidad, los que en muchos casos no eran resueltos por las sentencias judiciales (Fariña, et al., 2017).

La Coordinación Parental (CP) es un proceso técnico especializado dirigido a la resolución de conflictos familiares que surgen tras la ruptura de pareja, enfocándose principalmente en la protección y el bienestar de los hijos. Dicho proceso está dirigido por un coordinador de parentalidad (CDP). También ha sido definida como un proceso alternativo de resolución de conflictos en el cual se asiste a progenitores con alta conflictividad para ayudarlos a implementar un plan de parentalidad, guiándolos y educándolos sobre las necesidades de sus hijos, y, por otro lado, colaborando de manera complementaria con el sistema judicial sin sustituir las funciones de un juez (Baides, 2022).

Por su parte, el término de alta conflictividad según Birnbaum y Bala (2010) refiere al uso frecuente del sistema judicial, falta de confianza y hostilidad entre los progenitores, presencia de violencia doméstica, rechazo de los hijos/as a uno de sus progenitores, dificultades en la comunicación entre los padres y con los hijos/as, lo cual resulta
difícil de resolver mediante métodos convencionales de intervención, razón por la cual, dentro de los objetivos de la coordinación de parentalidad está la elaboración e implementación del Plan de Parentalidad, que busca dar respuesta a las dificultades antes descritas. Por tanto, este Plan supone el monitoreo del cumplimiento de las órdenes judiciales, la resolución de disputas respecto a los hijos y la disminución del conflicto a través de la educación en comunicación y la toma de decisiones efectivas (Beck et al., 2008).

El plan de parentalidad consiste en un documento técnico, pero a la vez un instrumento en el que se establecen las acciones de crianza compartida y la distribución de responsabilidades parentales para satisfacer las necesidades de los hijos e hijas en todos los ámbitos de su desarrollo. El plan de parentalidad lo rastrea el coordinador de parentalidad, en un tiempo que definirá de acuerdo con el grado de conflictividad entre los adultos.

Si los progenitores están en un grado de conflictividad bajo, puede que la intervención del CDP sea menor, ya que los progenitores podrían llegar a entenderse y elaborar en conjunto un plan de parentalidad. En estos casos los padres priorizan el bienestar de sus hijos dejando de lado sus diferencias, pero cuando el grado de conflictividad es elevado, es necesaria la participación del CDP para gestionar la relación con los hijos menores de edad y hacer efectiva la resolución judicial (Alba, 2019). En algunos casos, los coordinadores de parentalidad también pueden tener la autoridad para tomar decisiones no fundamentales en relación con los hijos dentro del alcance de la orden judicial (McHale & Carter (2019).

Aunque la coordinación de parentalidad tiene como elemento común con la mediación el propósito de resolver un conflicto, no tiene la voluntariedad que contempla la mediación. Además, tal como señala Blanco (2020) “mientras que la mediación está pensada para aquellas familias con una conflictividad leve o intermedia, la coordinación de parentalidad es un recurso solo posible en situaciones de alta conflictividad e hiperconflictividad” (p. 265).

## El coordinador de parentalidad

El coordinador de parentalidad (CDP) hace referencia a un/a profesional que, con un conjunto de conocimientos, habilidades y competencias específicas, por mandato judicial, actúa en situaciones de alta conflictividad familiar, asumiendo una responsabilidad con las familias y especialmente en la protección de los hijos e hijas (García et al., 2018).
La figura del CDP y las orientaciones para el cumplimiento de sus funciones son recientes y su implementación solo se encuentra formalizada en algunos países. Tal como señala Romero (2020) el rol de estos profesionales se inserta en el conflictivo familiar con el fin de intervenir profesionalmente considerando la interrelación de los aspectos jurídicos, sociales, psicológicos y educativos, que conlleva la dinámica familiar que ha estado expuesta a la crisis no normativa del divorcio. Es por esto que el coordinador de parentalidad es un profesional con experiencia y formación especializada en intervención psicosocial, orientación familiar e intervención en situaciones de conflicto y violencia familiar y en temas de mediación (Arias y Bermejo, 2019).

Dentro de las situaciones en las que interviene el CDP se encuentran: conflictos generados por las diferencias en los horarios de recogida y entrega de los niños de un progenitor a otro, problemas logísticos en relación con fechas culturalmente especiales, la programación de las vacaciones de los hijos/as, actividades extra escolares, la comunicación entre los progenitores y el cómo fomentar la comunicación de los hijos con el progenitor no residente, así como otros temas que puedan surgir, propios de la vida cotidiana, como el aspecto físico (vestimenta, aspecto estético, etc), la alimentación, el cumplimiento de horarios y mantenimiento de hábitos. Sin embargo, los cambios resultantes no pueden modificar los siguientes puntos: el tiempo o calidad del tiempo que un progenitor pasa con su hijo, la designación del cuidador principal que establece el plan de parentalidad, la potestad o responsabilidad parental y las visitas supervisadas (Capdevila, 2016).

La intervención del CDP resulta beneficiosa en diferentes momentos del procedimiento con familias. En este sentido, su intervención surge a partir de una sentencia judicial. El coordinador parental actúa como nexo para asegurar el cumplimiento de lo pactado acorde a las necesidades específicas de los menores de edad implicados (Zafra, 2019), en un rol de imparcialidad ante los progenitores y el resguardo de la debida confidencialidad que implique el proceso.

Con relación a las funciones que se le atribuyen al Coordinador de Parentalidad, Hernández (2022, pp. 68) y Romero (2020, pp.125-126) señalan las siguientes:

a) Reducir, gestionar y evaluar el conflicto parental.

b) Coordinar y obtener información de profesionales e instituciones que intervienen con la familia.

c) Ofrecer información específica y psicoeducación.

d) Contribuir al diseño y cumplimiento de un "Plan de Parentalidad".
e) Realizar la función educativa para realizar la implementación del Plan de Parentalidad señalado por el juez.

f) Supervisar y ayudar al cumplimiento de las resoluciones judiciales: visitas, comunicaciones, satisfacción de necesidades de los menores, cuestiones relacionadas con la patria potestad, etc.

g) Estimular y promover el diálogo y el consenso entre los progenitores o tutores en orden a mejorar la comunicación, la cooperación y las habilidades para resolver las diferencias o controversias.

h) Proteger el bienestar integral de los menores en sus distintos ámbitos o aspectos: psicológicos, físicos, educativos, sociales y espirituales. El bienestar de los hijos como fin mayor y principal pasa necesariamente por preservar las relaciones paterno/maternos filiales para que sean saludables, seguras y beneficiosas para los hijos.

i) Asumir la toma de decisiones sobre asuntos en los que los progenitores no hayan alcanzado consenso, velando siempre por el bienestar superior de los menores involucrados.

j) Elaborar informes que procedan según sentencias e informar de los acuerdos que las partes hayan llegado por sí mismo o mediante intervención del coordinador parental, e informar de las propuestas sobre las relaciones personales o las estancias de los menores con el padre o la madre u otros tutores reconocidos, en orden de que el juez decida en caso de existir acuerdos entre los padres.

k) Hacer posible que el ejercicio de las funciones del coordinador parental repercuta positivamente en la reducción ante los tribunales de justicia de la litigación de los casos de familias de media y alta conflictividad.

## Reflexiones en torno a la implementación de esta medida en Chile

En nuestro país, las tasas de divorcio han aumentado en los últimos años, además, la escasez de estudios sobre familias que viven el proceso de separación o divorcio y las consecuencias que estas vivencian al reconfigurar el sistema familiar, nos posiciona en un plano desfavorable al buscar soluciones centradas en el bienestar familiar, resguardando la integridad de niños, niñas y adolescentes.

Ante la posibilidad de implementar la coordinación de parentalidad en Chile y garantizar la estabilidad de las relaciones familiares mediante el diseño y desarrollo de un plan de parentalidad, hay
que reflexionar sobre las condiciones facilitadoras, las necesidades que surgirían para hacer efectiva esta iniciativa y los desafíos que representa para los actores y organismos involucrados en el contexto sociocultural en el que se realizaría.

La revisión de documentación oficial y la información proporcionada por informantes claves da cuenta de un escenario donde a nivel contextual, podríamos decir que la sociedad chilena ha ido instalando mecanismos de conciliación para regular la convivencia social, ejemplo de ello es la existencia en nuestra realidad nacional de medidas alternativas de resolución de conflictos, como la mediación, actualmente utilizada en el campo de las relaciones familiares, laborales y comunitarias. Lo anterior podría considerarse un facilitador para la incorporación de otras medidas alternativas, en este caso para regular la crianza compartida cuando los padres muestran dificultades para establecer acuerdos en este ámbito, con posterioridad a la separación.

Por otro lado, dentro de las medidas de protección, la ley establece que los jueces de familia podrán tomar las medidas pertinentes según el principio del bien superior del niño. Este planteamiento da margen al juez para establecer como parte de la sentencia, una medida que propicie el bienestar de los niños/as, pero también a educar a los padres sobre la importancia de desarrollar una alianza parental positiva en beneficio de sus hijos/as.a en familia tienen profesionales con formación y experiencia, para peshear las familias con litigios recurrentes e identificar factores de riesgo, que expongan a NNA a vulneraciones de derechos y prevenir su institucionalización, medida que conlleva importantes costos financieros para el Estado.

No es menos relevante como elemento de contexto, el hecho que en nuestro país no existen programas de apoyo a familias separadas. Cuando estas requieren de algún soporte sociojurídico los servicios disponibles se limitan a la orientación y asistencia jurídica a los procesos legales de divorcio, especialmente a familias vulnerables, a través de las corporaciones de asistencia judicial, pero no existe este apoyo, en lo referido al ejercicio de la parentalidad de los padres separados, que es la finalidad de la coordinación de parentalidad.

Además, es necesario fomentar la realización de un trabajo colaborativo entre las entidades judiciales, los profesionales que realizan la labor de coordinadores parentales y otros profesionales que puedan colaborar en el proceso, como profesionales de la salud mental, si algún padre se encuentra en un tratamiento por algún trastorno mental o alguna adicción, para evaluar y solucionar posibles dificultades en el proceso de la coordinación parental (Vásquez et al., 2018) mediante mecanismos de derivación que se pueda establecer con la red local que necesitará el éxito de la iniciativa.
A nivel metodológico, podemos identificar al menos dos desafíos. A fin de probar la eficacia de la medida en nuestro contexto nacional, será necesario contar con una batería de herramientas para la instalación de esta estrategia. En primer término, debemos contar con profesionales calificados que combinen habilidades y aptitudes de diversas áreas de especialización tales como: infancia y adolescencia, mediación familiar, formación sistémica, conocimientos jurídicos, maltrato intrafamiliar y violencia de género (Carter, 2011), por lo que habrá que generar procesos de formación sistemáticos para formar a los coordinadores de parentalidad. Del mismo modo, será necesaria la elaboración de instrumentos técnicos para la evaluación diagnóstica y abordaje de los conflictos parentales, con pertinencia cultural. En este sentido es de toda relevancia pensar en una implementación adaptada ya no solo a las características socioculturales globales, sino en específico considerar su adecuación para la atención de familias provenientes de nuestros pueblos originarios o primeras naciones. Ciertamente lo anterior supone diseñar e implementar una prueba piloto de la medida, lo que permitirá su adecuación y pertenencia para el logro de los objetivos que justifican su creación.

Con los antecedentes señalados, se estima necesario implementar estrategias de resolución de conflictos en procedimientos judiciales, especialmente en familias con litigios reiterados, para fortalecer habilidades vinculares, formativas, protectoras y reflexivas, mediante el desarrollo de estrategias integrales para evitar la cronificación de los conflictos que involucran al NNA y disminuir los costos al Estado por la recurrente intervención judicial que puede generar ingresos a centros residenciales.

En consecuencia, implementar la coordinación de parentalidad en Chile, con normas acordes a nuestra cultura, podría generar un impacto positivo en la resolución de conflictos familiares, ya que el beneficio reduciría costos personales, familiares e institucionales, considerando que reduciría el tiempo de las familias en el ámbito judicial, en ocasiones sin resolver conflictos parentales, ocasionando la polarización entre los progenitores, vulneración de los derechos de niños y niñas, agotamiento emocional y en algunos casos el desgaste financiero de alguna parte.

La evidencia sugiere que la coordinación parental focalizada beneficia la salud psicoemocional de los padres y de los hijos, y se benefician directa e indirectamente siempre que las intervenciones reduzcan el conflicto y fortalezcan la crianza compartida (Vásquez, et al, 2018).
Referencias

Alba, E. (2019). El plan de parentalidad y el coordinador parental: herramientas de protección del menor ante las crisis matrimoniales. *Revista Boliviana de Derecho*, 28, 114-133.
http://www.revista-rbd.com/wp-content/uploads/2019/08/114-133.pdf

Arias, F. & Bermejo, N. (2019) La coordinación de parentalidad y la toma de decisiones, *Revista de mediación*, 12, (4).
https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2019/07/Revista23-e4.pdf

Baides, J. (2022) El coordinador de Parentalidad: Una figura idónea en la gestión de conflictos familiares. *Diálogos Jurídicos*, 7. 253-270
https://doi.org/10.17811/dj.7.2022.253-270

Beck, C., Putterman, M. Sbarra, D. & Mehl, M. (2008) Roles del coordinador de crianza, objetivos del programa y servicios proporcionados: perspectivas del programa del condado de Pima, Arizona. *Revista de Custodia de menores* 5 (1-2) 122-139.
DOI: 10.1080/15379410802070468

Behrman, L. (2016). It takes a Village–Taming high Conflict with the “2 PC Model”. Journal of Clinical Psychology: In Session, 72, 469-483. https://doi.org/10.1002/jclp.22257

Beckmeyer, J.J., Markham, M.S., & Troilo, J. (2019). Postdivorce Coparenting Relationships and Parent-Youth Relationships: Are Repartnership and Parent-Youth Contact Moderators? *Journal of Family Issues*, 40(5), 613–636. hDoi:i10.177/0192513X1821395 journals.sagepub.com/home/jfi

Birnbaum, R. & Bala, N. (2010) Hacia la diferenciación de familias en alto conflict: un análisis de la investigación en ciencias sociales y la jurisprudencia canadiense. *Revisión del Tribunal de Familia*, 48, (3), 403-416. https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2010.01319.x

Blanco Carrasco, M. (2020). *Las responsabilidades parentales en situaciones de crisis familiar: Mediación, puntos de encuentro y coordinación de parentalidad*. Editorial Reus.

Capdevila, C. (2016) La coordinación de coparentalidad. Una intervención especializada para familias en situación de alta conflictividad crónica post ruptura de pareja. *Anuario de Psicología*, 46, 41-49. https://revistes.ub.edu/index.php/Anuario-psicologia/article/view/17422/20208

Carter, D. (2011). *Parenting coordination: a practical guide for family law professionals*. New York: Springer Publishing Company
https://psycnet.apa.org/record/2011-06367-000
Fariña, F., Parada, V., Novo, M., & Seijo, d. (2017). El coordinador de parentalidad: un análisis de las resoluciones judiciales en España. *Acción Psicológica*, 14(2), 157-170.

https://www.redalyc.org/pdf/3440/344054646011.pdf

Feinberg, M. E. (2003). The internal structure and ecological context of coparenting: A framework for research and intervention. *Parenting*, 3(2), 95-131.

https://doi.org/10.1207/S15327922PAR0302_01

Ferraro, A.J., Petren, R.E., Pasley, K. (2019). Patterns of Parental Interactions After Divorce and Individual Well-Being. *Journal of Child and Family Studies*, 28, 1413-1424. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s10826-019-01373-0.

García, A., López, A., & Novillo, B. (2018). *La Coordinación Parental, rol del Trabajador/a Social*. Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, 1-10. https://www.trabajosocialhoy.com/articulo/216/la-coordinacion-parental

Grych, J. H. y Finchman, F. D. (1990). Marital conflict and children's adjustment: A cognitive-contextual framework. *Psychological Bulletin*, 108, 267-29.

Hernández, D. (2022). Tenencia Compartida: La necesidad del coordinador parental en el Perú. *Revista científica WARMI*, 2, (2). https://revista.uct.edu.pe/index.php/warmi/article/view/322/400

Kelly, J. B. (2014). Including Children in the Parenting Coordination Process: A Specialized Role. En S.A. Higuchy y S. J. Lally (Eds.), *Parenting Coordination in Post Separation Disputes: A Comprehensive Guide for Practitioners*. 43-70. Washington, DC: American Psychological Association.

McHale, J. & Carter, D. (2019). A través de los ojos del niño: una intervención avanzada de coordinación de parentalidad para las familias con alto conflicto posterior al divorcio. *Anuario de Psicología*, 49 (3), 156-163,

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7490402

Neff, R. & Cooper, K. (2004). Parental Conflict Resolution: Six, Twelve, and Fifteen-Month Follow-Ups of a High-Conflict Program. *Family Court Review* 42, 99-114. https://doi.org/10.1111/j.174-1617.2004.tb00636.x

Ordway, A. M. (2015). Parenting Coordination: A New Frontier for Professional Counselors. vistas online, 30.

https://www.counseling.org/docs/defaultsource/vistas/parenting-coordination-a-newfrontier-for-professionalcounselors.pdf?sfvrsn=da4a412c_10
Parks, L. S., Tindall, H. L. & Yingling, L. C. (2011). Defining Parenting Coordination with State Laws. *Family Court Review*, 49, 629-641.
https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2011.01398.x

Romero, F. (2020), Dinámica y cambios en familias de conflictividad media y alta judicializadas. Satisfacción y mejoras, coordinación de parentalidad. *Intervención psicoeducativa en la desadaptación social*, 13, 121-145.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7696019

Rejaán, Z., van der Valk, I. E., & Branje, S. (2022). Postdivorce coparenting patterns and relations with adolescent adjustment. *Journal of Family Issues*, 43(7), 1739-1759.
https://doi.org/10.1177/0192513X21103002

Rodríguez, M. & Soto, R. (2015) El coordinador de parentalidad. Una propuesta desde dentro. *Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, 15, 171-187.
https://www.masterforense.com/pdf/2015/2015art11.pdf

Sanabria, O. (2023). La Coordinación de Parentalidad, una respuesta ante la alta conflictividad familiar en el estado de México. *MSC Métodos De Solución De Conflictos*, 3(4).

https://revistamsc.uanl.mx/index.php/m/article/view/45

Seijo, D., Fariña, F., Fernández, P. & Sánchez, V. (2023) Vivencia de la Parentalidad: Diagnóstico de la parentalidad experimentada e intensidad de sentimientos. *Revista de investigación en educación*. 21 (1) 6-30.

https://revistas.uvigo.es/index.php/reined/article/view/4529/3445

Sullivan, M. J. (2013). Parenting Coordination: ¿Coming of Age? *Family Court Review*, 51, 56-62. https://doi.org/10.1111/fcre.12008

Vásquez, N., Tejedor, A., Beltrán, O., Antón, M. & Delgado, J. (2018) *Manual de coordinación de parentalidad. Abordaje de familias con hijos atrapados en rupturas conflictivas*. EOS.

Yárnoz-Yaben, S. (2010) Bienestar Psicológico en progenitores divorciados: Estilos de Apego, soledad percibida y preocupación por la expareja. *Clínica y Salud*, 21, (1), 77-9.
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180615542007

Zafra, R. (2019) El coordinador parental, elemento de nexo entre progenitores. *Revista de Mediación*, 12, (1).
https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2019/07/Revista23-e6.pdf
II PARTE:

Perspectiva sociocultural y psicosocial de la
separación y el divorcio
# 7. Perspectiva antropológica del parentesco y el divorcio

Lorena Valencia Gálvez*

## Resumen

El parentesco ha sido uno de los temas más importantes en los estudios antropológicos, ya que es una de las principales vías por las que los humanos se relacionan entre sí. El parentesco se puede definir como el conjunto de relaciones sociales que se establecen entre las personas que tienen un lazo de consanguinidad, afinidad o adopción (Carsten, 2004). Sin embargo, el parentesco no es tan sólo una construcción biológica, sino un importante sistema simbólico que implica normas, valores y prácticas culturales que varían de una sociedad a otra. En este sentido, el tema del divorcio también se ha convertido en una preocupación importante en las sociedades contemporáneas. Desde una perspectiva antropológica, el divorcio no es simplemente un acto individual, sino que tiene implicaciones sociales, culturales y económicas en la vida de las personas involucradas. En este artículo, se explorarán las perspectivas antropológicas sobre el parentesco y el divorcio y cómo estos se relacionan entre sí.

## Perspectiva antropológica del parentesco

Para los antropólogos, el parentesco no es sólo una cuestión biológica, sino que tiene una importante dimensión social y simbólica. El parentesco es una forma en la que las personas establecen relaciones sociales, económicas y políticas. Según Geertz (1983), el parentesco es "un conjunto de relaciones que la sociedad considera tan importantes que a menudo establece normas sobre cómo las personas deben comportarse en estas relaciones".

Las relaciones de parentesco pueden ser de tres tipos: consanguíneas, por afinidad y de adopción. Las relaciones consanguíneas se establecen con la sangre y se basan en la línea de descendencia. Las relaciones por afinidad se establecen a través del matrimonio y se basan en la conexión con el cónyuge. Las relaciones de adopción se establecen

<footnote>* Trabajadora Social, Dra. en Antropología Social, Investigadora Postdoctoral María Zambrano, Unitat de Formació i Recerca UFR de Treball Social. Facultat de Educació. Universitat de Barcelona, España.</footnote>
por medio de una ceremonia formal en la que se reconoce a una persona como miembro de una familia.

En muchas sociedades, la estructura de parentesco determina en gran medida la organización social y económica. Por ejemplo, en algunas sociedades africanas, los lazos de parentesco se basan en lazos de hermandad que establecen redes de solidaridad en la economía y en la política (Fortes, 1969). En otras sociedades, como la China tradicional, la familia extensa era una unidad económica y política importante, donde los lazos de parentesco producto del matrimonio eran fundamentales para la economía y la sociedad (Wolf, 1972).

## Perspectiva antropológica del divorcio

El matrimonio como universal cultural tiene muchas facetas que prescriben los derechos y deberes de los cónyuges; reconocen la unidad sexual; procrean los hijos para regular las líneas de decencia y conceder estatus a su descendencia; tratar los asuntos financieros; participar en actividades recreativas y mantener las relaciones con la familia política (Rahman, 2013).

El divorcio, por tanto, retoma la sanción social que separa formalmente a los esposos de su vida conyugal, pone el adjetivo de "divorciada" junto a su estatus social y crea muchos efectos en su vida social (Rahman, 2007). Al igual que matrimonio, el divorcio es casi universal en todas las sociedades, pero varía en los grados y condiciones impuestos por las legislaciones y procedimientos de la sociedad (Rahman, 2013; Parvez 2011; Ahmed 2007; Bertrand 1967).

Según la investigación antropológica, el divorcio puede considerarse un indicador de la transformación social y familiar de la sociedad. El estudio del divorcio desde una perspectiva antropológica arroja luz sobre la dinámica cambiante de las relaciones, las estructuras familiares y las normas sociales. Examina los factores culturales y sociales que contribuyen a la prevalencia y las consecuencias del divorcio en diferentes comunidades y sociedades.

La antropología como ciencia adopta un enfoque holístico para comprender el comportamiento humano y la cultura, incluido el estudio del divorcio. Examina la interacción de los factores biológicos, culturales y sociales en la configuración de las experiencias y los resultados del divorcio para los individuos y las comunidades. Al estudiar el divorcio, los antropólogos pueden comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas, el impacto del cambio social y la variación cultural en la experiencia del divorcio.