# Construccion nacional y resurgimiento comunal: el gobierno municipal y la pugna por las politicas de tierra en Los Tuxtlas, Veracruz (1880-1930)

Eric Léonard

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Eric Léonard. Construccion nacional y resurgimiento comunal: el gobierno municipal y la pugna por las politicas de tierra en Los Tuxtlas, Veracruz (1880-1930). Ohmstede A.E. (ed.), Trejo Contreras Z. (ed.), Rangel Silva J.A. (ed.). El mundo rural mexicano en la transicion del siglo XIX al siglo XX, CIESAS; IRD; El Colegio de San Luis, pp.167-212, 2017, 978-2-7099-2416-0. hal-04177440

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PUBLICATIONS DE LA

CASA CHATA

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Una de las tareas fundamentales del CIRAS es la distribución del conocimiento científico a través de la publicación de textos, a fin de que los balladinos de investigaciones se incursionen a las círculas más amplias de discursos académicos y de la sociedad en general.

Publicaciones de la Casa Chata en la colección que constituye el principal discipinar, estudios logísticos, históricos y de antropología social, así como una diversa especialización: educación, religión, estilos políticos, religiosidad, salud, estudios del lenguaje, derecho humano, pueblos indígenas, gívero, vienen-cita, epigrafa, entre otros.

Este libro presenta una visión de diversas espacios territoriales que llevan a repasar en la transición del siglo XX al siglo XX del mundo rural mexicano. Diversas preguntas cruan los enfoques que se engloban en la obra. ¿Qué tipo de conflictos se generaron en el mundo rural? ¿Cómo se expresaron los derechos en torno a los intereses natacionales? ¿Cuál es el rol de los pueblos indígenas? ¿Poderon hablar de arreglos institucionales? ¿Cómo muerzen los discursos y acciones de defensa y conservación de los humanos comunitarios? ¿Se presentan concepciones difusivas de territorio entre los actores sociales? ¿Cuál es y etapa se permitirá la legalización que fará significado a la estructura agroturística en los siglos XIX y XX? ¿Qué papel tetradomos los ejidos? Entonces muchas que plantear los autores.

El análogo de los casos de Aguascalientes, Cuauhtzingo, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán que cubren la presente publicación, nos brinda a mostrar que las greenhüllidas han ido limitadas por una condición que perjudica comprender cómo las disposiciones jurídicas y económicas, así como las estrategias de resistencia y represión, se desvuelvarán de manera letalmente. Aun así, nos muestran los acuerdos, las negociaciones y las diferencias entre los diversos actores sociales, tanto desde visionarios verticales como heterotomados, lo que permite un erfuerzo por parte de los autores por observar y presentar visiones ínte englobantes.

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El mundo rural mexicano en la transición del siglo XIX al siglo XX

## El mundo rural mexicano
en la transición del siglo XIX al siglo XX

Antonio Escobar Ohmstede
Zulena Trejo Contreras
y José Alfredo Rangel Silva
(coordinadores)

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El COLEGIOS
SAN LUIS

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Construcción nacional y resurgimiento comunal. El gobierno municipal y la pugna por las políticas de tierra en Los Tuxtlas, Veracruz, 1880-1930

Eric Léonard*

En este trabajo, me propongo examinar la forma en que la definición del contenido de los derechos de propiedad sobre la tierra y la regulación del acceso a dichos derechos (la designación de las instancia habilitadas para asignar los derechos de tierra y sancionar su ejercicio) han constituido un objeto central de pugna a nivel de las municipalidades, así como entre éstas y los niveles superiores de gobierno, ya sea estatal o federal. Detrás de estas pugnas yace un debate que ha marcado la historia de la construcción del Estado en México y que atañe a las modalidades de integración de las comunidades locales a un proyecto unificado de Nación y a las relaciones entre los derechos locales (tanto de participación política como de propiedad) y el marco jurídico nacional.

La cuestión del control de la propiedad agraria por las corporaciones civiles y de la autonomía que dicho control otorgaba a los pueblos en términos de definición de los derechos y obligaciones de sus residentes fue un objeto central de preocupación para los gobernantes nacionales desde los inicios del periodo independiente. Para los liberales del siglo XIX, la transformación de la propiedad corporativa en propiedad individual no sólo apuntaba a dinamizar la producción agropecuaria y a generar recursos fiscales, sino también a reformar la manera como los pueblos se relacionaban con la sociedad nacional. Las leyes de desamortización de 1856 ambicionaban la formación de una clase de propietarios individuales, autónomos de los gobiernos locales para ejercer sus derechos de posesión de la tierra, y la

<footnote>* Institut de Recherche pour le Développement, Université Paul-Valéry Montpellier, eric.leonard@ird.fr.</footnote>
construcción de una ciudadanía de tipo individual y universal, en ruptura con las identidades colectivas que caracterizaban las formas acción política de los pueblos.<fnref n="1" /> En esta perspectiva, la transición de la propiedad corporativa a la propiedad individual constituía un paso esencial en el proceso de integración nacional e institucionalización del Estado y de las entidades federativas.

Las disputas entre instancias de gobierno local y nacional (o estatal) en torno a la naturaleza de los derechos de propiedad no fueron definitivamente zanjadas con la implementación de las leyes de desamortización, durante los últimos decenios de régimen porfirista, sino que se manifestaron con un vigor renovado en ocasión de la aplicación del decreto del 6 de enero de 1915 y de la Constitución de 1917. La implementación de la reforma agraria dio pie, en muchos ámbitos locales, a intentos de restauración de organizaciones comunales, en las que el poder político del ayuntamiento procuraba combinarse con el control de la tierra y de la asignación de los derechos agrarios entre la población residente. Me propongo indagar aquí las regularidades en las formas de movilización política y las luchas por el poder municipal que se desarrollaron en dos momentos claves de cambio legal: por una parte, los años que precedieron la aplicación de las leyes de desamortización de los terrenos municipales, en el curso de la década de 1880, y por otra la primera ola de reparto agrario que afectó al estado de Veracruz, en ocasión de los dos periodos de gobierno del general Adalberto Tejeda, durante la década de 1920.

Me referiré para ello al caso de la región de Los Tuxtlas, ubicada en el sur del estado de Veracruz, y más específicamente al municipio de San Andrés, cabecera política y económica de este cantón desde los inicios del periodo independiente. Me interesaré en los procesos

<footnote n="1">¹ Véase al respecto Hale (1968, 231), Purnell (2002, 221), Ducey (2008, 303). Blázquez Domínguez (1986, 2, 644) reproduce una declaración del general Ignacio R. Alatorre, gobernador interino del estado de Veracruz, ante la legislatura estatal en 1867, que resume perfectamente el postulado liberal: "Reducidos a propiedad particular los terrenos de indígenas, serán estos últimos propietarios, y elevados a la condición de ciudadanos útiles, formarán parte del pueblo, este pueblo sufrido y desgraciado que por mil motivos reclama toda vuestra predilección".</footnote>
mediante los cuales el ayuntamiento municipal se convirtió en el centro de control de los
dispositivos de asignación de recursos estratégicos (naturales, como las tierras y los bosques, y
políticos, como las candidaturas a las elecciones legislativas, tanto estatales como federales).
Examinaré en particular la dinámica de los conflictos, a menudo violentos, que dichos procesos
generaron, considerando dos esferas de conflictividad: el gobierno municipal, y el campo de las
relaciones entre el ayuntamiento y el gobierno estatal, el cual fungió, en ambos momentos
considerados, como un espacio clave de negociación, imposición o impugnación de los
acuerdos de gobernabilidad que se habían de aplicar en el nivel municipal.

Este trabajo se divide en tres partes. La primera describe el proceso de constitución de la propiedad municipal y los mecanismos mediante los cuales la élite empresarial de San Andrés se adueñó de la administración de estas tierras y franqueó las leyes de desamortización de 1857. La segunda parte examina el proceso de ruptura del pacto de gobernanza que había asociado el campesinado indígena y las diferentes facciones del grupo empresarial, en ocasión de las transformaciones del campo económico regional del último cuarto del siglo XIX y las incidencias que dicho proceso tuvo en las modalidades de disolución y reducción a propiedad particular de los terrenos municipales en 1886. En la tercera parte, me interesaré en las pugnas entre facciones y actores políticos locales y entre éstos y los gobiernos sucesivos del estado de Veracruz a lo largo de la década de 1920, examinando las relaciones que estas pugnas entretuvieron con la conducción del reparto agrario en el municipio.

La propiedad comunal en el centro del poder municipal: la construcción del común municipal y su gestión por las elites locales (1830-1880)<fnref n="2" />

<footnote n="2">² Esta parte retoma elementos de un trabajo en proceso de publicación (Léonard 2011).</footnote>
La constitución del fundo legal de San Andrés Tuxtla remite a un proceso original, pues las tierras y poblados que integraron la jurisdicción municipal, una vez consumada la independencia, seguían siendo propiedad de los duques de Terranova y Monteleone, la familia napolitana depositaria de la herencia del conquistador Hernán Cortés. Desde fines del siglo XVI, la región de Los Tuxtlas había quedado relegada a la periferia de la organización económica del Marquesado del Valle (González Sierra 1991; Aguirre Beltrán 1992), lo cual se prestó a que San Andrés surgiera durante el siglo XVIII como un centro político y económico autónomo de la cabecera y alcaldía de Santiago Tuxtla, a raíz de la implantación de comerciantes españoles y del desarrollo de la producción de algodón a manos de los campesinos indios y pardos (Léonard 2011). El hecho es que al momento de su erección como cabecera de cantón por el Congreso del nuevo estado de Veracruz (1825) y su nombramiento posterior a rango de villa (1830), el pueblo de San Andrés Tuxtla no contaba con terrenos propios, al igual que Santiago y Catemaco, los otros dos municipios que integraban dicho cantón.

*Constitución y gestión del común municipal: un proceso controlado por la élite comercial*

La constitución de un fundo legal y de propios para financiar sus actividades fue una urgencia apremiante para los ayuntamientos recientemente creados. En diciembre de 1833, el gobierno federal declaró propiedades del Estado las llamadas "tierras de conquista" entre las cuáles figuraba el Marquesado del Valle, abriendo la posibilidad para los ayuntamientos de adquirir propios y terrenos de repartimiento. El recurso interpuesto ante el Congreso por Lucas Alamán, apoderado del Duque de Terranova y Monteleone, le procuró los plazos necesarios para vender
las tierras del extinguido Marquesado. Los terrenos de la jurisdicción de Los Tuxtlas fueron comprados en septiembre de 1837 por el coronel Luis Ruiz, hacendado, comerciante y vecino de Tlacotalpan, quien había sido diputado por el Sotavento en la primera legislatura estatal. En el curso del año siguiente, Ruiz pactó varios acuerdos con los pueblos de los municipios tuxtlecos para traspasarles la mayor parte de dichas tierras. En el contrato suscrito en 12 de junio de 1839, Ruiz cedió en terreno pro indiviso, "a favor del común de San Andrés Tuxtla" un total de 15 sitios de ganado mayor (26 347.5 hectáreas) por la cantidad de 5 200 pesos.<fnref n="3" /> Debido a los apremios legales que imponía la legislación veracruzana tras la promulgación del decreto del 22 de diciembre de 1826,<fnref n="4" /> es muy probable que la forma institucional que soportó la realización de la transacción fue de constituir para ello una sociedad mercantil, misma que cobraría una existencia funcional a partir de 1861- aunque ningún documento permite comprobarlo anteriormente a la década de 1860, y en las disputas ulteriores que se desarrollaron en torno a la desamortización de estas tierras, se aludió al "común municipal" o a los "terrenos del pueblo" de San Andrés.

Varios aspectos de la transacción convienen ser destacados. En primer lugar, Ruiz conservó para sí todo el curso navegable de los dos ríos, Grande de Catemaco y de Tuxtla, que vinculaban la región con la cuenca fluvial del Papaloapan, así como la extensión de tierras ubicada entre estos dos tramos, hasta su confluencia (ver la figura 1). Tomó una provisión similar en el acta de venta de ocho sitios de ganado mayor, suscrita con la municipalidad de Santiago Tuxtla en junio de 1844.<fnref n="5" /> De esta manera, Ruiz conservaba el control de los embarcaderos y bodegas (de Totoltepec para San Andrés, de Otapa y Alonso Lázaro para

<footnote n="3">³ Artigas (1896); Archivo de la Comisión Agraria Mixta de Veracruz (en adelante ACAM), exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos.</footnote>

<footnote n="4">⁴ El decreto estatal del 22 de diciembre de 1826 "sobre repartimiento de terrenos de indígenas y baldíos" ordenaba, en su artículo primero que "Todos los terrenos de comunidad de indígenas con arbolado y sin él, se reducirán a propiedad particular, repartiéndose con igualdad a cada persona entre las poblaciones y congregaciones de que se componga la comunidad", en Florescano Mayet 1984, 5. Posteriormente el decreto de 1826 fue completado por una serie de actos jurídicos (leyes del 20 de marzo de 1837 y del 4 de abril de 1856, decretos 58 del 2 de julio de 1861, y 152 del 17 de marzo de 1869), que apuntaban a reforzar el carácter obligatorio de la desamortización.</footnote>

<footnote n="5">⁵ ACAM, exp. 332, Loc. Santiago Tuxtla, Restitución.</footnote>
Santiago) a través de los cuales se realizaban los intercambios con el centro del país y el puerto de Veracruz.

En segundo lugar, los comerciantes de San Andrés controlaron el proceso de constitución del común municipal: los apoderados del pueblo eran Manuel A. de la Cabada, quien había sido miembro de la primera legislatura estatal al lado del coronel Ruiz,<fnref n="6" /> Manuel Cinta y José Aurelio García, ambos comerciantes, siendo León Minquiz el único representante de los indígenas.<fnref n="7" /> Llama asimismo la atención la presencia de destacados miembros del grupo de comerciantes de San Andrés, F. R. Artigas, J. Miravete, M. Riveroll, entre los testigos de la compra de ocho sitios de ganado mayor por “los naturales y vecinos” de Santiago Tuxtla, cinco años después.<fnref n="8" />

Estas circunstancias sugieren la implicación de la élite sanandresana en la adquisición de terrenos por la villa de Santiago. Asimismo, el acta de transacción entre Ruiz y los vecinos de San Andrés menciona que, de los 5 200 pesos pagados por los 15 sitios de ganado mayor, cuatro mil habían sido adelantados por el licenciado de la Cabada.<fnref n="9" /> Para el último cuarto del siglo XIX, la familia Cabada, que ya en 1838 poseía terrenos en la jurisdicción municipal de Santiago,<fnref n="10" /> aparecería dueña de la hacienda de El Laurel, que se extendía sobre 8.75 sitios de ganado mayor (alrededor de 15 500 hectáreas) incluyendo las tierras inicialmente conservadas por Ruiz en el curso navegable de los ríos Grande de Catemaco y de Tuxtla (Medel y Alvarado

<footnote n="6">⁶ Esa misma legislatura que atribuyó a San Andrés la cabecera del nuevo cantón de Los Tuxtlas, en detrimento de la antigua villa y alcaldía de Santiago (Medel y Alvarado 1993, I, 178-179).</footnote>

<footnote n="7">⁷ ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos. Cabe precisar que José Aurelio García desempeñaba para entonces la función de administrador de rentas del cantón de Tuxtla y que el juez primero de paz ante el cual el acta de venta fue suscrito era Procopio de la Cabada, un pariente cercano al Lic. Manuel de la Cabada.</footnote>

<footnote n="8">⁸ Manuel Riveroll también figura entre los testigos de la compra de los terrenos municipales de San Andrés en 1839.</footnote>

<footnote n="9">⁹ ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos.</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ El compromiso de compra de terrenos por los vecinos de Santiago Tuxtla al coronel Ruiz, fechado del 5 de julio de 1838, mencionaba que dichos terrenos lindaban al suroeste y oeste con las tierras de Elvira, propias del Sr. Lic. Manuel Antonio de la Cabada (ACAM, exp. 332, Santiago Tuxtla, Restitución). En una relación de ranchos y haciendas de la jurisdicción de Los Tuxtlas, establecida por el Alcalde mayor Francisco Javier Solache en 1776, estas tierras de Elvira eran mencionadas como propiedad de la familia Tapia, o Pérez de Tapia, “caciques de San Andrés” (Archivo General de la Nación -en adelante AGN-, Hospital de Jesús, 121, exp. 27, ffs. 6-13 v., cit. por García de León 2011, 797).</footnote>
1993, 1,175). Finalmente, en julio de 1850, el coronel Ruiz donó al pueblo de San Andrés, representado por José Aurelio García, M. A. de la Cabada, L. Minquiz y A. Herrera, una extensión de terreno de 1.5 sitio de ganado mayor (aproximadamente 2 635 hectáreas) ubicada en terrenos accidentados al norte de la cabecera municipal, ampliando el común del pueblo hasta una superficie total cercana a las 29 mil hectáreas.<fnref n="11" />

<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>Figura 1. Configuración de la propiedad agraria en San Andrés Tuxtla hacia 1850</figcaption></figure>

Fuente: SIG Sotavento IRD-CIESAS

Elaboración: Eric Léonard

<footnote n="11">¹¹ ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos.</footnote>
La corporación municipal asumió la administración de los terrenos, encargándose de recaudar entre los vecinos las sumas adeudadas al coronel Ruiz y al licenciado de la Cabada. En 1852, el ayuntamiento comisionó a los Sres. Manuel María Palacio, José María Palacio y José Aurelio García para que elaboraran un reglamento con el fin de regular el uso de las tierras y fijar las cuotas para su acceso. Sin embargo, el actuar de los comisionados parece haberse limitado a "dejar absoluta libertad a propios y extraños para explotar [las tierras], tanto en la apertura de labores como en el corte de maderas y la cría de ganado".12 De tal suerte que la gestión de los terrenos fue "turbada continuamente en particular por las disensiones que se suscitaban y ventilaban en los Juzgados con motivo de los daños causados en las sementeras por el ganado que vagaba libremente",13 un argumento que sería ampliamente publicitado por los partidarios del reparto de los terrenos comunales en las décadas siguientes.

> *La extensión del dominio agrario de la élite comercial: el control de las cofradías y de su proceso de desamortización*

Es probable que en la regulación de las tensiones por el acceso y el uso de las tierras municipales, la existencia de amplios terrenos administrados por diferentes cofradías jugara inicialmente un papel importante. Desde el siglo XVII, existía en la región un cierto número de cofradías dedicadas al culto de la Virgen o de algún santo y formalmente avocadas a obras pías. En el curso del siglo XVIII, los bienes de estas cofradías aumentaron en forma notable, como consecuencia de las reformas borbónicas que procuraban incrementar el control de las cajas de comunidad y la fiscalización de los pueblos, motivando la transferencia de parte de los dineros

<footnote n="12">12 “Sobre la Sociedad Agrícola de San Andrés Tuxtla”, ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos.</footnote>

<footnote n="13">13 Artigas (1896, 4). Mendoza García (2011, 80-81) subraya el hecho que los ayuntamientos hallaban en las multas impuestas a los daños de ganado por los daños provocados a las sementeras en terrenos municipales una fuente nada desdeñable de ingresos.</footnote>
y ganados de las comunidades hacia las arcas de las cofradías (Lavrín 1990; Tanck de Estrada 2002). Hacia 1792 existían en Los Tuxtlas no menos de nueve cofradías (Martínez Domínguez 1976). Las tres principales, Nuestra Señora del Carmen de Catemaco, Nuestra Señora del Rosario en Santiago y el Santísimo Sacramento en San Andrés, habían visto su capital ampliarse con la donación de varios miles de hectáreas por parte de los herederos de Cortés y la de centenares de cabezas de ganado por la gente de razón y los indios de los pueblos. Una parte importante de estos terrenos estaba arrendada a ganaderos y agricultores y generaban rentas sustanciales que podían ser empleadas para financiar las actividades comerciales y productivas de sus miembros en un contexto de auge de la producción comercial de algodón.

El hecho es que, en el momento de la creación de los tres municipios de la jurisdicción de Los Tuxtlas, las cofradías poseían considerables extensiones de tierras y generaban rentas de consideración, cuando los ayuntamientos carecían de fundo legal y de propios para alimentar sus arcas. Según la estadística elaborada por José María Iglesias, en 1831, San Andrés contaba para entonces con tres cofradías que disponían de un capital total de 4 300 pesos, por solamente 800 por parte del ayuntamiento (Iglesias 1831, 119). Estas instituciones tampoco escapaban al control de las élites empresariales locales, como lo comprueba el libro de cuentas de la cofradía del Carmen de Catemaco de 1836, que indica que el mayordomo y administrador de sus bienes era Manuel Sinta, un miembro destacado del comercio de San Andrés; éste había sucedido en el puesto a José Aurelio García, el mismo que representaría el pueblo en 1839, en ocasión de la compra de sus tierras al coronel Ruiz.<fnref n="14" />

La ley de desamortización del 25 de marzo de 1856 y la constitución de 1857 fueron muy rápidamente aprovechadas por la élite comercial para apropiarse las tierras y los ganados de las cofradías. La ley de 1856 imponía la venta de estos bienes en almoneda pública,

<footnote n="14">¹⁴ “Cuenta de Cargos y Bienes de la Cofradía de N. Señora del Carmen y Ánimas del Purgatorio a cargo de Manuel Sinta, desde 15 de agosto de 1836”, Archivo Parroquial de San Andrés Tuxtla (en adelante APSAT). En esta fecha, los ingresos de dicha cofradía sumaban 3 875 pesos y 4 reales anuales, es decir más de cuatro veces el presupuesto del ayuntamiento.</footnote>
acordando un derecho de tanto a los arrendatarios y dejaba a los ayuntamientos un papel rector en la organización de la subasta. Si en el municipio de Santiago, la desamortización de las tierras de la Virgen del Rosario parece haber dado lugar a una operación de rescate a favor de los campesinos que las labraban,<fnref n="15" /> las cosas se encaminaron de manera distinta en Catemaco y San Andrés. En febrero de 1861, “los indios de la villa de San Andrés Tuxtla” pidieron en carta al presidente de la república la rescisión del remate de cerca de 4 400 hectáreas y de los ganados de la cofradía de la Virgen del Carmen de Catemaco que había sido realizado a favor de cuatro arrendatarios de la misma; argumentaban que la adjudicación no debió haber procedido por tratarse de tierras de indígenas y denunciaban detrás de la operación la mano del administrador de rentas de San Andrés, José Aurelio García, quien había sido un operador central de la gestión de la cofradía durante el decenio de 1830 (véase *supra*).<fnref n="16" />

La cofradía del Santísimo Sacramento presentaba características distintas: sus tierras se ubicaban al sur el río Grande de Catemaco, cuyo caudal, casi infranqueable durante la mitad del año, dificultaba la evacuación de las cosechas por las rutas comerciales usuales; es probable que este relativo aislamiento había propiciado la instalación de agricultores mestizos e indígenas quienes, desde por los menos la década de 1840, se dedicaban al cultivo clandestino del tabaco, objeto de un monopolio estatal que no sería abolido sino hasta las reformas de 1856. Organizados en una Sociedad Agrícola de Comoapan, estos colonos denunciaron las partes más fértils de las tierras del Santísimo, sin que la élite comerciante de San Andrés manifestara señas de interés en tomar su control (Léonard 2007).<fnref n="17" /> Entre los miembros de esta sociedad se encontraban personajes que jugarían ulteriormente un papel destacado en el proceso de

<footnote n="15">¹⁵ En operación del 13 de octubre de 1856, el Sr. José Erasmo Castellanos denunció los terrenos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y obtuvo su adjudicación en 2 500 pesos. Acto seguido, se comprometió a alquilarlas a los vecinos del pueblo de Santiago por un arrendamiento anual de 150 pesos, equivalente al 6% del valor de la propiedad (ACAM, exp. 332, Santiago Tuxla, Restitución, cit. por Jiménez Marce 2010, 112).</footnote>

<footnote n="16">¹⁶ AGN, Bienes nacionalizados, vol. 563, exp. 92/128-136, 1861.</footnote>

<footnote n="17">¹⁷ Sobre el proceso de surgimiento de Comoapan en tanto congregación de agricultores y entidad territorial autónoma con respecto a la cabecera municipal de San Andrés Tuxtla, ver Palma (2002, 78-81).</footnote>
fraccionamiento de las tierras municipales, como Celso y Manuel Ortiz, o Luis y Octaviano
Carrión. Sin embargo, al igual que en Catemaco, parece ser que porciones importantes de las
tierras del Santísimo Sacramento fueron rematadas a notables de San Andrés, como la familia
Palacio, quien ocupaba un lugar central en el gobierno municipal y la gestión de las tierras
comunales, y en 1858 habría adquirido el fondo que posteriormente sería conocido como la
hacienda de Matalapan, uno de los mayores latifundios de la zona, con más de 4 600 hectáreas
en 1920 (ver figura 2) (Medel y Alvarado1993, II, 155).

La ruptura del pacto de gobernanza en torno al común municipal: desamortización y disolución del poder municipal (1880-1910)

Las disputas por las tierras municipales

El segundo punto de atención de la élite que administraba las tierras municipales a través del control del ayuntamiento fue sustraer dicha propiedad del alcance de las leyes de desamortización. Con este fin fue registrada legalmente en 1861 una "Sociedad Agrícola de San Andrés Tuxtla", de carácter formalmente mercantil, integrada por 74 personas, misma que se declaró "propietaria legal"<fnref n="18" /> de los terrenos del pueblo -el cual para entonces contaba con unas cuatro a cinco mil familias. Durante el cuarto de siglo siguiente, la Sociedad Agrícola ejerció la gestión de las tierras compradas al coronel Ruiz, y las recaudaciones operadas para su explotación se confundieron con los recursos que generaba la tesorería municipal, al grado que durante largos periodos, la administración municipal y la de la Sociedad se confundieron, tanto en la práctica cotidiana como en las denuncias de sus opositores. El hecho es que los

<footnote n="18">¹⁸ Según la denuncia publicada en *El Correo del Sotavento* del 15 de junio de 1884, en el momento más álgido del conflicto por el reparto de los terrenos comunales, citado por Jiménez Marce (2010, 110).</footnote>
apellidos Palacio, Riveroll, Miravete, Sinta, Cabada y Cadena forman una larga letanía en los
documentos que mencionan a los apoderados de la Sociedad Agrícola, los alcaldes y tesoreros
municipales, los jefes políticos y los administradores de rentas del Estado en el cantón,<fnref n="19" />
atestiguando del dominio que tuvieron los intereses asociados al control de los terrenos
comunales sobre el gobierno político del municipio y del cantón.

El desempeño de los representantes de la Sociedad Agrícola fue una fuente inacabable
de disgustos y de quejas en amplios sectores de la sociedad local. Motivos centrales de
descontento eran el canon impuesto "por el uso de extraños" y "el cobro de cantidades a
diversos títulos, de cuyo monto e inversión [los directivos] jamás han rendido cuentas".<fnref n="20" /> Las
mayores críticas provenían de un grupo de cultivadores de caña de azúcar o de tabaco, que
buscaban resguardar las inversiones (infraestructuras de riego y transformación de la cosecha)
que habían realizado en tierras del pueblo y se veían sometidos al pago de arrendamientos a la
Sociedad Agrícola. Estos agricultores y pequeños empresarios, muchas veces, habían comprado
a otros usuarios los derechos de cultivo que poseían sobre tierras propicias a sus actividades:
"[ciertos] agricultores, que sin tener fincas poseían un terreno de años atrás, muy superior en
extensión [a los del común de los usuarios], y en el que tenían anualmente sus siembras de
tabaco, conteniendo en el mismo terreno galeras y trenes necesarios al cultivo. A estos [...]
debía sin embargo respetárseles en una posesión que habían comprado parcialmente y a grandes
costos a otros poseedores".<fnref n="21" />

<footnote n="19">¹⁹ Ver al respecto el listado de los funcionarios públicos del cantón publicado por Medel (1993, III, 75-78). Entre 1860 y principios de la década 1880, el estratégico cargo de jefe político del cantón fue ocupado casi sin interrupción por miembros del consejo de administración de la Sociedad Agrícola, tales como los Palacio (José María, en 1860; Manuel María, 1866-67 y 1872-73; Manuel Antonio, 1883-84), Arcadio Cadena (1877-78), Pedro Sinta (1879-80), Ramón García Miravete (1882) o Joaquín P. Riveroll (1883); Juan P. Cabada asumió por su parte el mismo cargo de jefe político en 1880-1881. Estos actores ocuparon casi sin interrupción el puesto de alcalde durante la década de 1870.</footnote>

<footnote n="20">20 Testimonio recogido por la Comisión local agraria de San Andrés (“Sobre la Sociedad Agrícola de San Andrés Tuxtla”, ACAM, exp. 25, Loc. San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos).</footnote>

<footnote n="21">²¹ “Memoria y Documentos de la Junta Divisionista de San Andrés Tuxtla”, en Artigas (1896, 7-8).</footnote>
Entre éstos, destacaban finqueros, dueños de trapiches y destilerías de aguardiente instalados en los terrenos comunales, como Feliciano Carrere, Santiago Rousseau, Manuel Villa o Gabriel Artigas, propietario además de un aserradero movido por corrientes de agua que provenían del común municipal (Medel 1993, I, 346).

Tras la expedición del decreto estatal 152 del 17 de marzo de 1869, que emplazaba los ayuntamientos a fraccionar sus terrenos en un plazo de seis meses, la pugna entre estos empresarios y los partidarios de la Sociedad Agrícola tomó un giro radical. En 1870 se formó un "Círculo Divisionista de San Andrés", mismo que interpuso en 1873 un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de Veracruz para que las tierras administradas por la Sociedad Agrícola fueran reconocidas como comunales y se impusiera su reparto entre los vecinos del municipio (Jiménez Marce 2010, 112-113). El fallo fue favorable al partido divisionista, pero la Sociedad Agrícola apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia, argumentando que "los individuos que contribuyeron a la compra [de las tierras] no ascendieron a 500; que de ellos ni la quinta parte fueron indígenas, que se les expropiaba de los terrenos mandándolos repartir entre más de 6 mil familias que no habían contribuido para la adquisición".<fnref n="22" /> Para financiar dicho recurso legal, los apoderados de la Sociedad levantaron dos suscripciones sumando 14 reales por familia. El Juzgado de Distrito solicitó informe al respecto al ayuntamiento. "Pero como quiera que la mayor parte de los munícipes que ocupaban asientos en las bancas municipales, y aún el mismo personal de la jefatura de cantón eran miembros de la titulada Sociedad y, por consiguiente, suscriptores del ocurso de petición, [...] sólo 4 miembros de la representación municipal no conformes con el informe que se rindió, levantaron entonces su voz."<fnref n="23" />

Acto seguido la Sociedad Agrícola publicó un nuevo reglamento que buscaba afianzar su control sobre los agricultores, condicionando sus derechos de cultivo al pago de sumas que

<footnote n="22">²² ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos, fjs 194, 281, *cit*. por Jiménez Marce (2010, 113).</footnote>

<footnote n="23">²³ ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos, fs. 194, 281.</footnote>
cubrieran el “rescate” de sus tierras y su demarcación: “Enseñoreados en los puestos municipales esos mismos señores [...] impusieron gravámenes de numerario destinados al pago de la contribución al estado y al municipal por los terrenos como finca rústica, pretendiendo con este hecho robustecer sus imaginarios derechos de propiedad”.<fnref n="24" /> Aunque la Sociedad fue obligada a derogar este reglamento, la oposición entre los dos bandos se mantuvo a punto de extrema tensión a lo largo del decenio de 1870.

Se formaron, efectivamente, dos bandos o agrupaciones con tendencias opuestas: al que o la que trabajaba por el reparto de los terrenos y otro que pretendía permanecer en comunidad y por lo mismo contrario al reparto. A esta agrupación pertenecía la población indígena, explotada por determinados individuos que se enriquecieron y la otra agrupación la integraban las gentes acomodadas y los extranjeros.<fnref n="25" />

Este testimonio indica que, para la década de 1870, la configuración del escenario político local diferenciaba claramente dos grupos: por un lado, el de los “comuneros” indígenas asociados a los comerciantes de algodón, con los cuales estaban ligados por relaciones personalizadas de habilitación productiva; y por otro lado, un grupo de nuevos empresarios, productores de tabaco y caña de azúcar, grupo cuya expansión estaba limitada por el régimen de propiedad comunal y el control económico ejercido por los comerciantes tradicional sobre el campesinado indígena. Las elecciones municipales y el control de ayuntamiento constituían un objeto central de la confrontación entre ambos bandos, al grado de llegar a confrontaciones sangrientas:

<footnote n="24">²⁴ “Testimonio del administrador de rentas del Estado y encargado del Registro Público ante la Comisión Local Agraria”, en ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos; y Jiménez Marce (2010, 113).</footnote>

<footnote n="25">²⁵ “Memorándum que presenta el señor Antonio Solana a la Comisión Local Agraria, con motivo de la solicitud de tierras que han presentado varios individuos de Soyata y Tilapan del excantón de Los Tuxtlas”, en ACAM, exp. 171, dotación de ejidos, 25/01/1921. Un momento revelador de este clivaje político parece haber sido el pronunciamiento de adhesión al Plan de la Noria de Porfirio Díaz, suscrito en diciembre de 1871 por un grupo de agricultores del municipio de San Andrés, en el que figuraban figuras prominentes de la congregación tabaquera de Comoapan (familias Ortiz, Carrión y Mantilla), así como miembros de la élite tradicional (familias Cabada y Sinta) (Medel 1993, I, 270-274). Varios de los firmantes del pronunciamiento tuvieron un papel político protagónico en el ámbito regional a partir del advenimiento del régimen porfirista, con la nominación del coronel Celso Ortiz al puesto de jefe político del cantón en 1876, y sobre todo a partir de la década de 1880.</footnote>
Ambas agrupaciones luchaban, puede decirse que ferozmente, por el triunfo de las elecciones del Ayuntamiento [...]. Aún se recuerdan con horror la luchas políticas del año 78, en que a primeras horas de la noche del día 7 de julio uno de los directores del movimiento indígena disparó su revolver contra otros de los que presidían al grupo partidista del reparto de tierras y como en aquel año gobernaban autoridades opuestas a éste, por mucho tiempo quedó impune el asesinato.<fnref n="26" />

*Cambios económicos y ruptura del pacto de gobernanza en torno a las tierras comunales*

El desenlace de la disputa por las tierras comunales se debió tanto a presiones de parte del poder ejecutivo estatal, ocupado a partir de 1884 por Juan de la Luz Enríquez, un liberal convencido, como a una transformación radical de las estructuras económicas que sostenían la administración del común municipal. El sistema de habilitación de los productores de algodón por la élite comercial de la Sociedad Agrícola tuvo una edad de oro entre los años 1860 y 1875, cuando cobró mayor auge el desarrollo de la industria textil de Córdoba-Orizaba y la Guerra de Secesión provocaba el desplome de la producción norteamericana de algodón (Chávez y Florescano 1965). Al final de ese periodo el cantón de Los Tuxtlas aportaba alrededor de la mitad del algodón producido en la región Sotavento y casi un décimo de la producción nacional.<fnref n="27" /> Para ese entonces llegaron a funcionar tres despepitadoras, más una hiladora industrial, construida en 1840 en terrenos comprados por una Compañía de Hilados y Tejidos de San Andrés al coronel Ruiz en los altos dominando la ciudad (Ibíd., 99; Medel 1993, I, 383; ver la figura 1).

Sin embargo, esta época de bonanza conoció un fin abrupto a partir de los últimos años de 1870 cuando la producción regional de algodón inició un prolongado y definitivo proceso

<footnote n="26">²⁶ Ibíd.</footnote>

<footnote n="27">²⁷ 2 086.7 toneladas, sobre una producción de 4 019.6 toneladas en el Sotavento en 1873 (Blázquez 1986, IV, 1809); mientras que la producción total del país se elevaba a 22 728.6 ton. en 1875 (Keremitsis 1992, 78).</footnote>
de desplome, pasando de dos mil toneladas en 1873 a 1 080 toneladas cinco años más tarde, 350 toneladas en 1885 y apenas 244 toneladas en 1890 (Blázquez 1986, IV, 1809 ss). Esta evolución corresponde a la reorientación de la estrategia de abastecimiento en materia prima de las fábricas textiles de Puebla y Orizaba hacia la cuenca algodonera de La Laguna de Torreón, al norte del país, recién comunicada por el ferrocarril tanto con las fábricas del México central como con el mercado norteamericano. El mayor impacto se hizo sentir en los dispositivos de financiamiento a la producción campesina, que se estructuraban alrededor de la demanda de los obrajes de Puebla y Córdoba y de la intermediación de los comerciantes de San Andrés. Éstos fueron confrontados a un agotamiento del sistema de anticipos sobre la cosecha que había permitido su consolidación como grupo hegemónico regional desde mediados del siglo XVIII (Léonard 2007).

El desplome algodonero contrastaba con la expansión de los cultivos de tabaco y caña de azúcar. La producción de tabaco conoció un crecimiento promedio anual del 8.5% entre 1870 y 1905, pasando de 1 500 a 5 190 quintales en 1885, 10 114 quintales en 1895 y 18 400 quintales a fines del periodo, y llevando para entonces la región a participar con el 20% en la cosecha nacional; la producción de azúcares y aguardientes aumentó en forma paralela, pasando de un volumen acumulado de 2 793 quintales en 1870 a 6 156 quintales en 1878, 7 050 quintales en 1885 y 7 950 quintales en 1890 (Blázquez 1986, IV, 1809 ss).<fnref n="28" /> Un factor clave en la expansión del sector tabaquero fue la implicación de casas europeas de negocio en el financiamiento de los empresarios tuxtlecos quienes, a su vez extendieron créditos a un número creciente de pequeños y medianos productores.<fnref n="29" />

<footnote n="28">²⁸ En 1886-1887 el cantón de Los Tuxtlas contaba ya con 14 fábricas artesanales de puros, 16 destilerías de aguardiente y 41 trapiches de panela (Blázquez 1986, IV, 2602 y anexos).</footnote>

<footnote n="29">²⁹ En el curso de las décadas de 1880 y 1890 se instalan en San Andrés varios representantes de casas europeas de negocio de tabaco, entre los cuales destacan Ernest Leoni y Richard Erasmi, comisionados por una firma de Londres; Adolf Wissman y Herbert Rebel, ambos ciudadanos holandeses; Alfred Wolkening, Herman Osmers y Herman Simon, que están ligados a casas comerciales de Hamburgo y Bremen; o también el empresario suizo Lucien Grobet (Medel 1993, I, 391-395).</footnote>
La combinación de esos factores sugiere que, a principios de la década de 1880, la alianza de intereses entre los miembros la Sociedad Agrícola y el campesinado indígena en torno a la regulación clientelar del acceso a la tierra y las habilitaciones productivas se estaba quebrantando. La capacidad de los dirigentes de la Sociedad para resistir los embates de los nuevos empresarios agrícolas y del gobierno del estado contra la propiedad comunal estaba considerablemente mermada.<fnref n="30" /> En 1881, un nuevo ayuntamiento, encabezado por figuras del Círculo Divisionista, solicitó al gobierno del estado "imponer judicialmente perpetuo silencio a los individuos de la titulada Sociedad y exigirles la rendición de cuentas de las cantidades que han cobrado [...] desde la época de la cotización general que se hizo para cubrir el precio de la compra".<fnref n="31" /> Cuatro años más tarde, en febrero de 1885, el gobernador Enríquez convocó una junta conciliatoria entre los dos bandos en la ciudad de Orizaba, en ocasión de la cual, tras varias sesiones de discusión, el principio del fraccionamiento de los terrenos del común municipal fue adoptado.

*El reparto de los terrenos municipales: la reconstrucción del pacto de gobierno entre las élites locales y la disolución del poder municipal*

Una Junta Divisionista fue instalada el 29 de abril siguiente, en la que los dos partidos se repartían con equidad los puestos de responsabilidad: en nombre del Círculo Divisionista, Pedro J. Sinta<fnref n="32" /> y Gabriel C. Artigas y por parte de la Sociedad Agrícola, su director, Joaquín P.

<footnote n="30">³⁰ Estas circunstancias de cambio económico-productivo hacen eco a las que describe Emilio Kouri (2004) para otro caso, sumamente conflictivo, de desamortización y privatización de terrenos comunales: el de Papantla, en el norte del mismo estado de Veracruz.</footnote>

<footnote n="31">³¹ "Sobre la Sociedad Agrícola de San Andrés", ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos.</footnote>

<footnote n="32">³² Este último debió cambiar de bando, pues figuraba en los años 1870 entre los miembros de la Sociedad Agrícola.</footnote>
Riveroll<fnref n="33" />, y Manuel Ortiz, hermano del coronel Celso Ortiz. Entre los componentes medulares del compromiso suscrito en Orizaba figuraba la validación de las posesiones ejercidas por los miembros de la élite económica: los dueños de fincas que tenían derecho al reparto las conservarían con la condición de pagar por el excedente de tierras que tuvieran con respecto de la superficie asignada a cada beneficiario dependiendo de su localización (entre 6.25 y 12.5 hectáreas según las congregaciones); asimismo, los posesionarios de tierras que no estaban incluidos en el padrón de beneficiarios podrían comprar a la Junta los terrenos correspondientes, con el fin de financiar los trabajos de medición y deslinde. Por lo demás, el reparto debía incluir a todos los responsables de familia y sus hijos mayores, a quienes se distribuirían por sorteo lotes de igual valor. La Junta abrió un plazo de cinco semanas para que se inscribieran los vecinos del municipio, padrón que arrojó un total de 2 827 candidatos a “accionistas” (Artigas 1896, 5).

El deslinde se concluyó el 31 de octubre de 1886, tras 14 meses de labores. Para mayor eficacia, las operaciones técnicas fueron organizadas a nivel de las congregaciones correspondientes a la subdivisión oficial del municipio. El único “partido” que manifestó resistencia fue Xoteapan, ubicado en terrenos accidentados, donde los habilitadores de algodón y tabaco no intervenían.<fnref n="34" /> En los partidos de Calería, Ranchoapan y Sihuapan, donde se encontraban las tierras más fértiles y cercanas a la ciudad de San Andrés, la decisión de reconocer los derechos de posesión de los dueños de grandes fincas, con el motivo de sufragar las operaciones de la Junta, llevó a reducir considerablemente el tamaño de los lotes atribuidos al común de los beneficiarios:

<footnote n="33">³³ J. P. Riveroll era una persona clave en la dirección de la Sociedad y había ocupado sucesivamente los puestos de alcalde (1874-1875), administrador de rentas del estado (1876-1878) o jefe político del cantón de Los Tuxtlas (1883). Su hermano, Ramón P. Riveroll, era para entonces diputado en la Asamblea Nacional.</footnote>

<footnote n="34">³⁴ Esta situación acredita la idea que las presiones sociales y políticas a la desamortización fueron más fuertes en aquellos lugares que representaban mayor interés para el desarrollo de producciones comerciales. Los vecinos de Xoteapan mandaron una “comisión” a la ciudad de México y a Xalapa, la capital del estado, para solicitar que no se dividieran sus tierras. En palabras de R. Artigas (cit., 8), los comisionados regresaron “convencidos de la conveniencia del reparto”.</footnote>
por la bondad de sus terrenos, se presentaron pretensiones imposibles de obsequiar; muchos accionistas se disputaban un mismo sitio. [...] A los accionistas poseedores de una pequeña extensión de terreno tabaquerio que quedaban muy reducidos para hacer cualquier otra siembra que no fuese la del tabaco, se les concedió el derecho de obtener otra acción complementaria en terreno lejano e inculto, y de ese derecho hicieron uso todos los que creyeron conveniente a sus intereses (Artigas 1896, 9).

En estos partidos, al final, muchos accionistas no recibieron más que lotes de 1.5 hectáreas y derechos por reclamar en terrenos ubicados en partes periféricas del municipio, a veces a más de 10 kilómetros de su congregación. En contraste, la Memoria publicada diez años después por Gabriel Artigas, el tesorero de la Junta, rindió cuentas de más de 3 500 hectáreas afectadas en forma de “aplicaciones” a vecinos del municipio (2 600 hectáreas en total) y de fincas vendidas a dueños exteriores a la comunidad (alrededor de mil hectáreas), la mayor parte en las tierras más codiciadas.35 A esas superficies, había que agregar 32 acciones (198 hectáreas) de tierras tabaqueras de primera calidad que la Junta decidió donar a Celso Ortiz en reconocimiento de los servicios conciliatorios que había prestado en ocasión del acuerdo de Orizaba, donde había negociado como “apoderado de los indios de San Andrés”. En total, estas superficies sumaban más de la cuarta parte de la superficie repartida por la Junta Divisionista. La desigualdad de trato en las partes más pobladas entre dueños de fincas y “comuneros” explica que 500 títulos, de un total de 3 194 documentos emitidos –fuera de las aplicaciones– no fueran recogidos por sus propietarios: es muy probable que éstos consideraron inútil reclamar la adjudicación de los “sobrantes de terreno” que se les asignaban en las partes más

<footnote n="35">35 Entre los beneficiarios de aplicaciones, la Memoria menciona a Fernando y Octaviano Carrión, con 157 y 160 hectáreas respectivamente; Manuel Palacio y Ángel Rodríguez con 192.5 hectáreas cada uno; Rafael Solana con 150 hectáreas; Zenón Figueroa con 144.5 hectáreas; Salvador W. Cabada con 106 hectáreas; Manuel Turrent con 70 hectáreas. Todos formaban parte de la élite tabacalera. Figuran igualmente en esa lista los compradores de fincas Santiago Rousseau (hacienda azucarera La Constancia, en Ranchoapan, de 255 hectáreas, adquirida por $1 200); los herederos de Francisco Carrere (hacienda azucarera de Sihuapan, comprada en 1 800 pesos); así como un buen número de comerciantes españoles instalados en la región desde la primera guerra de independencia cubana (Damián González; Eusebio Suárez, Manuel Elías) por sumas cercanas a los 200 pesos.</footnote>
alejadas e incultas del municipio, donde los costos de acceso y explotación de la tierra resultaban disuasivos.<fnref n="36" />

Más aún, el área efectivamente objeto del repartimiento distaba mucho de cubrir la superficie de 16.5 sitios de ganado mayor que el ayuntamiento pensaba haber adquirido entre 1839 y 1850: al concluir sus trabajos, la Junta Divisionista había repartido solamente 11 sitios (14 mil hectáreas). Según el Vocal Tesorero de la Junta, Gabriel Artigas, esta diferencia se debía a una declaración errónea del vendedor de los terrenos (Artigas 1896, 7). El mismo Artigas, sin embargo esperó diez años y varias demandas de vecinos de San Andrés para publicar las memorias y cuentas de la Junta Divisionista. Ocho meses después de dicha publicación, en febrero de 1897, se formó una Junta dirigida por Hipólito Gerezano para solicitar al ayuntamiento y al gobierno del estado “la inmediata medición y repartimiento” de terrenos vacantes ubicados en las faldas del volcán San Martín y que se encontraban en posesión de Artigas.<fnref n="37" /> Todavía en octubre de 1912, esta misma agrupación escribía al Secretario de Gobernación para denunciar “los abusos e irregularidades cometidos por los encargados de la división, dejando de repartir una gran parte de los terrenos que desde entonces quedaron maliciosamente ocultos”. Solicitaban que se procediera a medir nuevamente las porciones de terreno “que por olvido, impericia, dolo o cálculo quedaron proindivisos, asegurándole que estos terrenos, que hoy no tienen dueño legal, los posee y utiliza, sin título alguno el señor Gabriel C. Artigas”.<fnref n="38" /> Como lo veremos adelante, la administración municipal hizo lo necesario

<footnote n="36">³⁶ En mayo de 1906, un litigio oponía herederos de accionistas que no habían recogido sus acciones al ayuntamiento de San Andrés, el cual pretendía vender a Félix E. Loperena, vecino de Veracruz, un total de 59 acciones amparando una superficie de 362.5 hectáreas en los partidos de Tilapan, Soyata, Tehuantepec, San Martin y Calería Alta. Los herederos se quejaban de que “el ayuntamiento [siempre] se les ponen trabas para entregarles el mencionado título”; éste argumentaba que, al haber transcurrido 18 años desde la emisión de los documentos, los reclamantes habían perdido sus derechos por prescripción y la entrega de la tierras debía realizarse mediante pago, ya no de la cuota de 10 pesos originalmente establecida por la Junta Divisionista, sino del valor de mercado de los terrenos (Archivo General del Estado de Veracruz -en adelante AGEV-, Secretaria de Gobernación y Justicia, Tierras, exp. 48, c. 440).</footnote>

<footnote n="37">³⁷ A parte de su presidente, esta Junta estaba integrada por Francisco Villegas, Longinos Mantilla, Salvador y Celso Torres, Tiburcio Tenorio, Ignacio Oliveros, José María y Pedro Cosme y Mauricio Toto. Llama la atención en esta lista la ausencia de cualquier apellido identificado con los de la élite empresarial local.</footnote>

<footnote n="38">³⁸ AGN, Gobernación, Periodo Revolución, vol. 1, exp. 19, fs 1-18.</footnote>
para que las investigaciones requeridas no se llevaran a cabo. Lo cierto es que, en 1921, el heredero de Gabriel Artigas figuraba en los registros como el mayor propietario de tierras, con una superficie declarada de cerca de 44 mil hectáreas (figura 2).

Disueltos los intereses vinculados al control de la producción campesina de algodón, la élite comercial tradicional y el nuevo empresariado agrícola habían logrado construir un consenso para adueñarse de una parte considerable de las mejores tierras. A partir del reparto de los terrenos municipales, la rivalidad entre los empresarios tuxtlecos dejó de expresarse en el campo político, y más específicamente en el las elecciones municipales, para trasladarse al mercado de las tierras distribuidas. Mediante diversos procedimientos y formas institucionales que detalló en otros trabajos (Léonard 2007 y 2011), las parcelas adjudicadas por la Junta Divisionista fueron acaparadas en muy poco tiempo por un puñado de operadores representativos del nuevo empresariado. En el curso del primer decenio del siglo XX, a raíz de la financiación del dispositivo de control de la producción tabaquera y de su posterior crisis, durante los años 1908-1909, la propiedad agraria conoció una nueva y última fase de concentración: hacia 1920, un reducido grupo de ocho propietarios, dueños de superficies mayores a 500 hectáreas, poseía el 60% de las tierras que habían integrado el antiguo común municipal. Una mayoría de los jefes de familia del municipio, un total de 1 828 personas, laboraban como arrendatarios de estos grandes propietarios, y sólo 503 de los más de 3 000 titulares de una cédula de la Junta Divisionista parcela permanecían en posesión de una parcela (Ibíd.).

La desamortización del común municipal fue la culminación de un proceso de desvinculación entre la propiedad corporativa y el control del poder político municipal que se extendió a lo largo de veinte años. Desde la creación de los cantones por la Constitución política del estado de Veracruz, en 1825, el cargo de jefe político había representado un instrumento de control de los ayuntamientos por el poder ejecutivo. Sin embargo, fue hasta la restauración de
la República, en 1867 y la Ley orgánica de administración interior del estado de Veracruz de 1873, cuando se crearon los instrumentos institucionales que permitieron afianzar dicho control.

La ley de 1873 eliminó el sistema de elección directa de los jefes políticos a favor de su nombramiento por el gobernador (García Morales 1990, 62-63), a la vez que extendía sus atribuciones, hasta entonces centradas en la supervisión del orden civil y el control de las fuerzas de seguridad pública (policía rural y guardia nacional), a la supervisión de los gobiernos municipales, en particular de sus cuentas y sistemas de recaudación.

Figura 2. Situación de la propiedad agraria en el municipio de San Andrés Tuxtla hacia 1920
<figure><img src="image_11.png" /></figure>

Fuente: SIG Sotavento IRD-CIESAS

Elaboración: Eric Léonard

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

Principales propiedades hacia 1920

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

[ ] = 100 Has]

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

Vía de ferrocarril

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

Principales caminos

<table><thead><tr><td>Número</td><td>Nombre de los predios</td><td>Propietario</td><td>Superficie (Has)</td></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>San Martín</td><td>Francisco Artigas</td><td>43 911</td></tr><tr><td>2</td><td>Hacienda El Laurel</td><td>Sociedad Juan Cabada y Hermano</td><td>14 979</td></tr><tr><td>3</td><td>Hacienda de Comoapan</td><td>Octaviano Gumersindo Carreón</td><td>5 324</td></tr><tr><td>4</td><td>Hacienda Matalapan</td><td>Luis G. Palacios</td><td>4 606</td></tr><tr><td>5</td><td>Hacienda Tilapan</td><td>Antonio Solana</td><td>3 199</td></tr><tr><td>6</td><td>Predios Tehuantepec, Ranchoapan y Palzoquiapan</td><td>Manuel Turrent</td><td>2 072</td></tr><tr><td>7</td><td>Cerro de las Iguanas y Caravaca</td><td>Joaquín D. Carreón</td><td>1 232</td></tr><tr><td>8</td><td>Haciendas Sihuapan y La Victoria</td><td>Compañía de Tabacos de San Andrés</td><td>637 + 2 843</td></tr><tr><td>9</td><td>Diversos</td><td>Rafael Escalera</td><td>617</td></tr><tr><td>10</td><td>Hacienda Matacapan</td><td>Fernando Carreón</td><td>537</td></tr><tr><td>11</td><td>Fincas Laguna Encantada y Agoyota</td><td>Luis Villa Michaud</td><td>508</td></tr><tr><td>12</td><td>Finca Matacapan y predio Olotepec</td><td>Alberto Turrent</td><td>439 + 2 225</td></tr><tr><td>13</td><td>Predio Sesecapan</td><td>Pablo Morando</td><td>318</td></tr><tr><td>14</td><td>Finca La Constancia</td><td>Alfred Wölkening</td><td>220</td></tr></tbody></table>

A pesar de los cambios legales que reforzaban la tutela del ejecutivo estatal sobre los gobiernos municipales, la relación de los jefes políticos del cantón de Los Tuxtlas establecida por Medel (1993, III, 75-78) refleja el dominio que tuvieron, hasta bien entrada la década de 1880, los miembros de la Sociedad Agrícola de San Andrés sobre los procesos de designación de los funcionarios cantonales –y por lo tanto sobre las jerarquías territoriales en un ámbito regional
marcado por la rivalidad entre la villa de Santiago, antigua cabecera de alcaldía mayor, y el
centro comercial de San Andrés. Esta misma relación evidencia también la pérdida de este
control a partir de 1886, cuando el gobernador Enríquez procedió a nombrar actores externos a
la sociedad tuxtleca (o radicados por varios años fuera de la región) para ocupar la jefatura
política. La pérdida de los recursos económicos y políticos que derivaban de la regulación del
acceso a las tierras del común municipal, aunada a la pérdida de control sobre los procesos de
nominación de los jefes políticos y el manejo de sus propias cuentas resultó en la disolución
efectiva del poder político que, durante medio siglo, había detentado el ayuntamiento de San
Andrés.

El intento de restauración comunal y los conflictos por el poder municipal:
la pugna por el control del reparto de tierras (1920-1930)

La polarización de la estructura agraria municipal no parece haber constituido un factor mayor
de movilización social y militar durante el conflicto armado revolucionario. Si bien la región
constituyó una zona de fricción entre facciones revolucionarias antagónicas a lo largo de la fase
más álgida de acciones militares –entre el golpe de estado huertista de marzo 1913 y noviembre
de 1918–, los protagonistas no procedieron a ocupaciones de propiedades. Estas facciones
estaban constituidas, por un lado, por agrupaciones del bando liberal constitucionalista local,<fnref n="39" />
y por otro, por guerrillas afiliadas inicialmente a las tropas zapatistas de Pedro A. Carbajal,<fnref n="40" />
las cuales habían hecho de las tierras ribereñas del río San Juan su principal centro de

<footnote n="39">³⁹ Las figuras principales del grupo liberal constitucionalista local durante el decenio de 1910 fueron, en su vertiente militar, Primitivo R. Valencia, Guadalupe Antele y Tomás Patraca y, en su representación política, Andrés Pérez Cadena, José María Figueroa y Manuel Azamar (Delgado 2009; Medel 1993, II, 46).</footnote>

<footnote n="40">⁴⁰ Tras la muerte de Carbajal, en noviembre de 1914, las guerrillas zapatistas fueron lideradas por Benjamín Balboa, en la zona de las haciendas azucareras de Cuautotolapan, Chacalapan y El Laurel, y por Raúl G. Ruiz, en las tierras bajas de Santiago Tuxtla (Medel 1993, II, 82-85).</footnote>
operaciones. Alfredo Delgado (2009, 377) describe la oposición entre estos dos grupos como expresión de un clivaje entre

dos tipos de reivindicación y proyectos socioculturales: uno de corte “serrano”, autonomista y comunal [el de los liberales tuxtlecos]; el segundo portado por ciertos grupos indígenas y, sobre todo, afromestizos, más comprometidos con la lucha contra el sistema de producción ganadero y agroexportador de la zonas bajas. Las reivindicaciones de tipo territorial [...] están en el centro de los procesos de movilización y clientelización del primer grupo, mientras que aparecen matizadas por lazos y afinidades de tipo cultural entre los “jarochos” de las llanuras.

Coincidiendo con el cuartelazo huertista, la inauguración del ramal de ferrocarril entre San Andrés Tuxtla y la estación El Burro (Juan Rodríguez Clara), en marzo de 1913, agregó un ingrediente a los recursos materiales y simbólicos que estaban en juego en la oposición entre esas facciones. A lo largo de este periodo, esos grupos armados combinaron una afiliación cambiante entre las grandes facciones políticas nacionales y prácticas de bandolerismo.

Sin embargo, los brotes recurrentes de violencia armada,<fnref n="41" /> no dieron lugar a una inestabilidad política que modificara radicalmente la estructura del poder en San Andrés. Con la implantación del aparato militar carrancista en todo el Sotavento veracruzano, entre septiembre y noviembre de 1914, la situación política quedó zanjada a favor de un *statu quo* que propició la permanencia de representantes del sector empresarial en el ayuntamiento municipal, bajo la supervisión de jefes políticos designados por el mando militar. Apellidos característicos del antiguo orden político siguieron poblando las relaciones del quehacer político municipal (Medel 1993, II), como los de Rafael P. Cadena, presidente de la junta de administración civil entre 1915 y 1916, y de su sustituto en el puesto, Lorenzo Moreno, quien

<footnote n="41">⁴¹ Entre ellos, el asalto al cuartel de las guardias rurales y a la sucursal del Banco Mercantil de Veracruz en San Andrés Tuxtla, en nombre de la rebelión orozquista, en febrero de 1912 (Medel 1993, I, 546-549; Delgado 2009, 371), la toma militar de la plaza de San Andrés por la tropas constitucionalistas al mando del general Antonio Portas y del mayor Primitivo R. Valencia, el 7 de agosto de 1914 (Medel 1993, II, 47-55), y el asalto y saqueo del palacio municipal de Santiago Tuxtla por la guerrilla zapatista de Raúl G Ruiz, el 9 de agosto de 1916. En varias ocasiones, entre 1916 y 1918, partidas que se reivindicaban del zapatismo asaltaron la línea de ferrocarril entre San Andrés y la Estación El Burro (Ibíd.).</footnote>
fue mantenido en su cargo por el gobernador Aguilar, a pesar del recurso de revocación
promovido por el cabildo en mayo de 1917;<fnref n="42" /> posteriormente, en ocasión de los comicios
legislativos de 1918, otros representantes de la élite local y del partido aguilarista serían
electos: Luís Carrión para la diputación federal y Bernardo Peña para el congreso constituyente
local (Ibid., 170).<fnref n="43" />

Entre 1915 y 1919, tanto el gobierno municipal como los diputados estatales y federales
obraron con empeño –y con el evidente respaldo del gobierno estatal– para obstaculizar la
iniciativa de restitución de tierras promovida por la agrupación que representaba Hipólito
Gerezano en nombre de los vecinos de San Andrés. En abril de 1915, se había conformado un
Comité Particular Ejecutivo, emanado de la misma agrupación de vecinos, para formular una
solicitud de restitución de las tierras “vacantes” que estaban en posesión del licenciado Gabriel
Artigas. Después de dos años de trámites, el gobernador Aguilar confió la integración del
expediente técnico al ingeniero Carlos Rousseau, procedente de una de las prominentes familias
de terratenientes de la ciudad;<fnref n="44" /> en septiembre de 1919, tras dos años más de dilaciones,<fnref n="45" /> éste
dictaminó que “no hay nada por restituir, dado que la tierra que se dice faltar, es que no ha

<footnote n="42">⁴² Medel (1993, II, 122-133) presenta el conflicto en el seno del cabildo como resultando de un pleito de personas entre el alcalde electo y algunos de los ediles. Llama la atención que el grupo de “mediadores” impuesto por el gobernador Aguilar -que finalmente fallaría a favor del mantenimiento del alcalde depuesto- estaba compuesto por figuras de la élite local: Ángel Cadena (juez primero municipal), Luís G. Carrión y el Dr. Bernardo Peña, estos dos últimos también dirigentes del partido aguilarista en la región.</footnote>

<footnote n="43">⁴³ En una nota dirigida al gobernador Aguilar, el 20 de febrero de 1918, el mayor Primitivo R. Valencia, una de las principales figuras del ala radical del movimiento revolucionario regional, denunciaba la “absorción política” de los terratenientes por el nuevo orden constitucional y que “fueran como representantes genuinos del pueblo al seno de la Representación Nacional o a la Legislatura de nuestro Estado [...] verdaderos representantes de aquella casta privilegiada [...], para ver de lograr se cuidara de los intereses no de los desheredados indígenas, sino de las inmensas extensiones de tierras que pertenecen a unos cuantos señores emparentados los más con el señor Diputado, como lo son Fernando y Octaviano Carrión” (AGEV, Secretaría de Gobierno, Sección Fomento, Serie Agricultura, c. 45, exp.2, 1918).</footnote>

<footnote n="44">⁴⁴ La familia Rousseau, dueña de la hacienda azucarera *La Constancia*, había sido una de las principales beneficiarias de la venta de fincas por la Junta Divisionista en 1886 (véase *supra*).</footnote>

<footnote n="45">⁴⁵ Entre julio de 1916 y marzo de 1918, varios oficios de información dirigidos por la Comisión Local Agraria del estado al presidente municipal de San Andrés o al diputado Luís Carrión quedaron sin respuesta «no obstante haberle dirigido varios telegramas» («Se informa sobre el expediente de restitución de ejidos a San Andrés Tuxtla y congregaciones circunvecinas», 29/05/1925, en Archivo del Registro Agrario Nacional, Xalapa -en adelante ARAN-, exp. 827, San Andrés Tuxtla, Dotación).</footnote>
existido, sino que fué un error de estimación en la superficie [comprada en 1839 por el ayuntamiento]".<fnref n="46" />

## *El auge del Partido Rojo Sanandrescano y el inicio del reparto agrario: ¿un proyecto de restauración comunal?*

A pesar de la permanencia de miembros de la élite empresarial en la cúpula de la representación política local, el periodo carrancista vio desarrollarse una contestación radical dentro del movimiento constitucionalista tuxtleco. En oposición al *statu quo* político impuesto por el gobernador Aguilar y los jefes militares carrancistas, se organizó a partir de 1916 un movimiento que agrupaba a los sectores más radicales del constitucionalismo regional.<fnref n="47" /> Estos sectores confluyeron en la formación del Partido Rojo Sanandrescano, que contendió sin éxito contra los representantes del aguilarismo en las elecciones municipales de septiembre de 1917,<fnref n="48" /> las legislativas de 1918 y nuevamente en las municipales de noviembre de 1919.

Las cosas cambiaron con la rebelión obregonista de 1920. La agitación política que ya sacudía el ámbito local a finales de 1919 desembocó en la movilización de grupos armados zapatistas y villistas en la zona cañera ubicada al sur del municipio de San Andrés (en torno al ingenio de Cuautotolapan), movilización a la que se sumaron elementos del Partido Rojo Sanandrescano. El dos de mayo de 1920, los insurgentes tomaron la plaza de San Andrés y

<footnote n="46">⁴⁶ *Ibid*.</footnote>

<footnote n="47">⁴⁷ Entre ellos destacan las figuras de Primitivo R. Valencia, Guadalupe Antele, dirigente de una guerrilla campesina en las inmediaciones de la congregación de Tehuantepec a partir del cuartelazo huertista, Andrés Pérez Cadena, Arcadio Patrarca, Manuel Azamar (quien tomará la dirección de la Comisión local agraria a partir de 1922), Francisco J. Moreno y Juan J. Torres.</footnote>

<footnote n="48">⁴⁸ En esta ocasión y ante el descontento provocado por el mantenimiento autoritario del alcalde anterior, Lorenzo Moreno, en abierto desprecio por el ayuntamiento electo, la cúpula aguilarista emprendió cooptar uno de los fundadores y líderes del Partido Rojo, Arcadio Patrarca. Este, electo y muy rápidamente enfrentado a los otros integrantes del cabildo municipal, fue destituido un año después de ocupar la alcaldía a iniciativa del diputado aguilarista local Bernardo Peña (Medel 1993, II, 177).</footnote>
destituyeron el consejo municipal aguilarista electo a fines del año anterior; acto seguido, procedieron a nombrar una junta de administración civil integrada por las figuras del Partido Rojo que habían contendido sin éxito en las pasadas elecciones (Medel 1993, II, 187-197). En los comicios electorales que siguieron, en julio y agosto del mismo año, los grupos que habían apoyado el pronunciamiento de Obregón se llevaron el conjunto de los mandatos: el coronel Adalberto Tejeda como gobernador del estado y dos figuras del Partido Rojo como diputados, Andrés Pérez Cadena para la legislatura federal y Primitivo R. Valencia para el congreso local. A partir de esta fecha y durante el siguiente decenio, los dirigentes del Partido Rojo pasaron a integrar el complejo político y militar formado a la sombra del poder de Tejeda, complejo cuyo modo de regulación fundamental descansaba en el control del proceso de reparto agrario en las zonas rurales, y cuyo modo de gobernanza se apoyaba en la integración funcional entre milicias campesinas, ayuntamientos municipales y gobierno estatal, en torno a las coordinaciones asumidas por una nueva organización política: la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz.

A principios de los años veinte, en Veracruz como en una mayoría de los estados del país, el reparto agrario representaba un reto para la legitimación de las nuevas autoridades políticas y la construcción de compromisos con los poderes económicos regionales. Bajo el gobierno de Cándido Aguilar (1917-1920), algunos municipios que eran escenarios de fuertes disputas por la tierra habían beneficiado de dotaciones agrarias.<fnref n="49" /> Sin embargo, las resoluciones de esta época generalmente habían abarcado superficies reducidas, destinadas a un número limitado de beneficiarios; algunas de ellas incluso habían sido revertidas.<fnref n="50" /> Una dimensión poco explorada de las negociaciones relativas a la manera en que se habían de llevar las acciones

<footnote n="49">⁴⁹ Fue así como, en la cuenca del Papaloapan, pueblos como Tlacotalpan, Cosamaloapan, Chacaltianguis y Tesechoacán recibieron restituciones de ejidos entre 1918 y 1921 (Velasco Toro 2003, 354 y ss.; Sagahón 2005); de igual modo, en el Istmo veracruzano el pueblo de Chinameca recibió tierras ejidales en 1919 (Velázquez 2005).</footnote>

<footnote n="50">⁵⁰ Como ocurrió en Oteapan, donde la restitución de 400 hectáreas otorgada en 1918 fue revocada un año después por el presidente Venustiano Carranza (Velasco Toro 2003).</footnote>
agrarias refiere al tipo de relaciones políticas que, a través del reparto agrario, se aspiraba a fomentar entre los municipios, los gobiernos estatales y el Estado federal. La constitución de 1917 había ratificado las dos reivindicaciones fundamentales de los movimientos armados campesinos, mismas que estaban reunidas en el lema "Tierra y Libertad": la satisfacción de las demandas de tierra de las familias rurales y la restauración del "municipio libre"-cuyos límites territoriales se confundían frecuentemente con los de los antiguos pueblos de indios-como base de la organización político-territorial. Uno de los retos de la legitimación y la perennización de los poderes surgidos del periodo revolucionario, tanto en el nivel nacional como regional, radicaba en la resolución de este dilema: ¿cómo satisfacer las demandas agrarias de los pueblos, sin revitalizar con ello las estructuras autónomas de poder que descansaban en la propiedad corporativa de las tierras?<fnref n="51" />

El Veracruz de Tejeda se distinguió en el panorama nacional por haber sido escenario de un intento original de respuesta a esta pregunta. Durante sus dos periodos de gobierno (1920-24 y 1928-31), Tejeda hizo del reparto agrario un eje principal de su proyecto de reconfiguración del sistema de gobernanza política nacional. Este proyecto apuntaba a construir un régimen socialista en un marco federalista que dejaría una amplia autonomía a los estados de la federación y los municipios (Fowler-Salamini 1979; Ginzberg 2000). En un estado tan vasto y fragmentado en términos de estructuras políticas y productivas como el de Veracruz, la alianza con un movimiento campesino organizado y unificado era la condición para que Tejeda se afianzara como gobernador y personaje político nacional (Falcón y García Morales 1986). Para ello, apoyó a la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz (LCAEV) en su

<footnote n="51">⁵¹ El objetivo de no restaurar organizaciones comunales legitimas explica en gran medida que las acciones agrarias hayan privilegiado el procedimiento de *dotación* -mediante el cual el Estado delegaba derechos a grupos de campesinos cuya existencia estaba supeditada a su reconocimiento por la autoridad pública-, sobre la *restitución* - que implicaba el reconocimiento de derechos territoriales anteriores a la constitución del Estado. A nivel nacional, entre 1916 y 1960, sólo el 17% de las solicitudes de restitución fueron satisfechas por el 79% de los trámites de dotación -21 289 dotaciones por solamente 214 restituciones, es decir el 1% del total de acciones agrarias (Sanderson 1984, cit. por Nugent y Alonso 1994, 229).</footnote>
estrategia por convertirse en una organización política capaz de tomar el control de los
ayuntamientos y, a través de ellos, impulsara el reparto agrario.

Apenas investido como gobernador, Tejeda convocó elecciones municipales
extraordinarias (decreto del 6 de diciembre de 1920) e hizo uso amplio de la facultad que le
otorgaba el mismo decreto de nombrar juntas de administración civil en los municipios donde
los comicios no garantizaban la instalación de “autoridades legítimas”, recurriendo donde fuese
necesario a la suspensión de los ayuntamientos electos (Florescano Mayet 1990, 69). En los
meses ulteriores, las corporaciones municipales fuero dotadas con nuevos recursos en materia
política –con las mediaciones asumidas por la LCAEV a nivel estatal–, institucional –con la
capacidad efectiva de formar Juntas municipales de conciliación y arbitraje en materia agraria
(Fowler-Salamini 1979) – y militar –con el apoyo del gobierno estatal a la constitución de
milicias armadas a partir de los comités agrarios.<fnref n="52" /> La administración tejedista alentó asimismo
los ayuntamientos a hacer uso de la Ley Federal de Tierras Ociosas, promulgada en 1920, que
los proveía con un recurso jurídico para imponer a los propietarios contratos de arrendamiento
que permitían la implantación de comités agrarios;<fnref n="53" /> asimismo, las corporaciones municipales
fueron habilitadas para proceder al reconocimiento administrativo de los núcleos de población
así constituidos y al registro de los demandantes de tierra (Ibid.).

Con estos instrumentos, la política tejedista daba paso a la restauración de gobiernos
municipales capaces de fusionar los poderes de regulación agraria, política y militar –a través
de la organización y la coordinación de las milicias campesinas, una prerrogativa que recuerda
a la que habían tenido los ayuntamientos durante los primeros 50 años de vida independiente,

<footnote n="52">⁵² Falcón y García Morales (1986, 127 y ss.) insisten en el papel de la Guardia Civil del Estado, creada por Aguilar en 1917, que Tejeda logró independizar de la Jefatura de operaciones militares en Veracruz para hacer de ella un instrumento de su proyecto de apoyo a las organizaciones agraristas y los ayuntamientos que éstas controlaban.</footnote>

<footnote n="53">⁵³ En julio de 1926, la LCAEV logró consolidar el arsenal jurídico a manos de los ayuntamientos veracruzanos con la promulgación de la Ley 297 de arrendamiento forzoso. Dicha ley declaraba sujetas a arrendamiento para utilidad pública todas las tierras de más de 50 hectáreas, propiedades de unidades agroindustriales, proyectos de colonización o de concesiones petroleras, que permanecieran sin cultivar durante dos años consecutivos; los campesinos podían solicitar directamente a las autoridades municipales hasta 10 hectáreas de tierra irrigada y pagar una renta no mayor de 4% de su valor al mismo ayuntamiento.</footnote>
con la instalación de las Guardias nacionales. Esta política tuvo un campo de expresión privilegiado en el centro de la entidad veracruzana (Baitenmann 1997; Falcón 1977; Fowler-Salamini cit.; Núñez 2005; Skerritt 1989). En el Sur del estado, en cambio, tuvo un impacto desigual y muy localizado en torno a los principales centros de poder político y económico: la cuenca media del Papaloapan (Fowler-Salamini cit.; Sagahón 2005), la ciudad de Acayucan (Ochoa 2000, 134-38) y, sobre todo, Los Tuxtlas (Léonard 2004; Léonard y Velázquez 2009).

En las elecciones de 1921, el Partido Rojo vio confirmado y reforzado sur control sobre el gobierno municipal. Paralelamente, la cuestión agraria se convirtió en el tema principal de acción política, tanto dentro del partido como en la gestión municipal. En los primeros meses de su gobierno, Tejeda comisionó a dos figuras del Partido Rojo, Primitivo Valencia y Juan Rodríguez Clara –quienes habían sido compañeros suyos en la Primera División del Este del ejército constitucionalista– a organizar comités agrarios, en San Andrés y en la zona del ingenio de Cuautotolapan respectivamente (Ciruelo Torres 2010, 483). En 1922, Manuel Azamar, quien fungía como presidente del Comité Agrario Ejecutivo de San Andrés, fue electo presidente municipal para el bienio 1922-1924. Pero el momento clave de consolidación del grupo agrarista a la cabeza política del municipio y de la región se dio con su movilización en contra de la rebelión del general de la Huerta, entre diciembre de 1923 y marzo de 1924. Éste beneficiaba del apoyo de una parte importante del aparato militar veracruzano, en particular el del general Guadalupe Sánchez, el comandante de la plaza de Veracruz. Bajo la convocatoria de Valencia y Azamar, el Partido Rojo y la Liga Tuxtleca de Comunidades Agrarias habrían logrado movilizar 900 hombres armados entre las milicias campesinas para tomar el control del espacio rural y finalmente, el de las cabeceras municipales de Santiago Tuxtla, San Andrés y Catemaco (Medel 1993, II, 220-224; González Morales 1994, 62).<fnref n="54" />

<footnote n="54">⁵⁴ En ocasión del levantamiento delahuertista, las guerrillas agrarias habrían contado con 18 mil campesinos armados en todo el estado de Veracruz (Falcón 1977, 110).</footnote>
Esta movilización era una respuesta a las dotaciones provisionales de tierras otorgadas en el curso de 1923 por el gobernador Tejeda a la ciudad de San Andrés y a 13 congregaciones del municipio. El 3 de febrero de 1922, ya bajo la administración del Partido Rojo, el ayuntamiento de San Andrés había vuelto a dirigir a la Comisión Local Agraria y al gobierno del estado una solicitud de restitución, concerniente esta vez al conjunto de los 16.5 sitios de ganado mayor adquiridos por la municipalidad entre 1839 y 1850. Esta solicitud hacía eco a otras, de la misma índole, que, desde junio de 1921, habían formulado varios poblados ubicados en terrenos que habían sido del común municipal.<fnref n="55" />

En resolución del 19 de mayo de 1923, el gobernador Tejeda consideró que “la solicitud de San Andrés Tuxtla, así como las de todas las Congregaciones que constituyen el Municipio del mismo nombre debían resolverse en el mismo expediente, para evitar que se dividiera la continencia de la causa y que se produjeran resoluciones contradictorias tratándose de la misma restitución”,<fnref n="56" /> procediendo a dotar en forma provisional la ciudad y las 13 congregaciones referidas.<fnref n="57" /> Esta decisión reflejaba el peso que había adquirido el complejo político que se había estructurado en torno al ayuntamiento municipal y sus ramificaciones en el ejecutivo estatal – el aparato de la LCAEV y la diputación local, de la que Valencia era el titular. Las elecciones de 1924, durante el último año de la gubernatura tejedista, confirmaron el dominio total del Partido Rojo Sanandrescano sobre el escenario político regional: mientras Rafael Pérez Cadena, uno de los fundadores del partido, tomaba las riendas del ayuntamiento, Primitivo Valencia y Francisco J. Moreno, dos de sus principales activistas agrarios, ocupaban los curules de los congresos federal y estatal (Medel 1993, II, 231-232).

<footnote n="55">⁵⁵ Estas congregaciones eran las once que habían sido “cabeceras de partido” en el momento del reparto por la Junta Divisionista (Axochío, Cerro Amarillo, Calería, Ohuilapan, Pizapam, Ranchoapan, Soyata, Tehuantepec, Tepancan, Tilapan y Xoteapan), más Sihuapan y Texalpan.</footnote>

<footnote n="56">⁵⁶ *Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz*, nº 131, 2 de noviembre de 1926, 8.</footnote>

<footnote n="57">⁵⁷ El dictamen provisional de restitución declaraba “nulas las adjudicaciones y enajenaciones de las tierras que constituyeron el común de la villa de San Andrés Tuxtla hechas por la Junta Divisionista” basándose en la consideración de que la cédulas y boletas entregadas por dicha Junta no representaban títulos de propiedad y que, por tanto, las ventas de tierras amparadas por estos documentos no tenían validez jurídica (*Ibid*.).</footnote>
Existen pocos testimonios acerca de las relaciones concretas que las autoridades municipales mantuvieron con los pueblos concernidos por la restitución de tierras. En particular ignoramos qué grado de autonomía los comités agrarios locales tuvieron en la administración de las tierras ocupadas. Su participación en el combate a la sublevación delahuertista sugiere una adhesión formal al proyecto de restauración del común municipal. Pero el resurgimiento de tensiones y conflictos internos en torno a la administración de las tierras a partir de 1926, indica que el ayuntamiento dirigido por Azamar ejercía una fuerte injerencia en el funcionamiento de los comités agrarios locales.

## Las impugnaciones al “ayuntamiento agrario” y la fractura del agrarismo local

La fuerza y unidad que había demostrado el Partido Rojo empezaron a declinar a partir de 1925, con el fin del mandato estatal de Tejeda y la investidura del general Heriberto Jara (dic. 1924-nov. 1927), quien encarnaba una línea política favorable a un pacto con los sectores de la agricultura empresarial y del comercio. En las elecciones municipales de septiembre 1925, el Partido Rojo Sanandrescano sufrió una división entre un ala moderada, impulsada por Jara, y su facción agrarista radical, representada por Valencia, Moreno, Azamar y Juan Jacobo Torres; éste último fue derrotado por el candidato moderado Roberto E. Calzada. Para entonces, las relaciones entre los radicales tuxtlecos y el ejecutivo estatal se habían tensado en forma considerable, a raíz de denuncias formuladas por los diputados Valencia y Moreno en contra el gobernador Jara. Se degradarían aún más en vísperas del cambio de administración municipal, a finales del mismo mes de septiembre, con el asesinato de Moreno por elementos de la Guardia civil del estado en pleno palacio de gobierno en Xalapa.
En octubre de 1926, el presidente de la República, Plutarco Elías Calles revocó la resolución de restitución de tierras a favor de la ciudad de San Andrés y de sus trece sujetos, para dotar cada uno de éstos con ejidos independientes. Este fallo le negaba a la cabecera municipal la capacidad para recibir tierras propias, ya sea en modalidad de dotación o de restitución.<fnref n="58" /> Con esta decisión, el ejecutivo federal le restaba formalmente al ayuntamiento municipal la capacidad para intervenir en la gestión de las tierras de reparto y fraccionaba las instancias de gobierno agrario entre las diferentes localidades agraciadas por la resolución presidencial (ver la figura 3).

Este mismo año 1926, mientras el ayuntamiento dirigido por Calzada seguía una línea acomodaticia con las autoridades estatales y federales, la lucha agraria tomó un curso violento, en particular en la zona tabacalera, donde las milicias de la Liga Tuxtleca de Comunidades Agrarias tuvieron enfrentamientos armados con partidas del ejército movilizadas en defensa de los propietarios cuyas tierras habían sido ocupadas por comités campesinos. El conflicto más largo y violento ocurrió en Comoapan, sede de la hacienda de Octaviano G. Carrión, donde, en mayo de 1927, una intervención militar destinada a desalojar vegas tabacaleras ocupadas por campesinos de la Liga dejó un saldo de varios agraristas muertos. Un año antes, una primera comisión militar había sido rechazada por los campesinos de Comoapan con el argumento de que “Gustavo Palacios [el secretario de la Liga en la región] y Manuel Azamar les dijeron que ellos tenían autorización del presidente municipal de San Andrés, el Sr. Roberto E. Calzada [de

<footnote n="58">⁵⁸ *Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz*, n° 131, 2 de noviembre de 1926. El fallo de la Presidencia reconocía la validez de los títulos de propiedad entregados por la Junta Divisionista en 1886 y consideraba que el expediente integrado por las autoridades de San Andrés no demostraba que las dos terceras partes de los vecinos concernidos por el reparto de 1886, o sus causahabientes, hubieran pedido la nulidad del fraccionamiento (Art. 2° de la Ley del 6 de enero de 1915). Finalmente, dictaminaba que «la referida ciudad de San Andrés Tuxtla, continúa siendo un centro comercial de relativa importancia en toda la región y en cuanto a su industria, se advierte una mejoría por el hecho de haber aumentado el número de factorías, por todo lo cual se demuestra que el lugar solicitante no reúne los requisitos que establece [el] Reglamento Agrario, y que por tanto, no tiene derecho para intentar la acción entablada» acorde a lo establecido por el Art. 1° del Reglamento Agrario (*Ibíd.*, 10).</footnote>
cultivar estas tierras]".<fnref n="59" /> Tres meses más tarde, en octubre de 1926, el mismo alcalde informaba al ingeniero Hurtado, delegado de la Comisión Nacional Agraria en San Andrés, que no había dado permiso de siembra ni celebrado contrato de arrendamiento con nadie, a pesar de las facultades que la Ley 297 de arrendamiento forzoso del estado de Veracruz le otorgaban.<fnref n="60" />

En las elecciones federales de 1926, Primitivo Valencia, candidato a la diputación por el Partido Rojo, perdió ante el pretendiente del Partido Socialista Veracruzano de Obreros y Campesinos apoyado por Jara y el ayuntamiento. Durante la campaña, los presidentes municipales vecinos de Santiago Tuxtla y Lerdo de Tejada, así como "agricultores y pequeños comerciantes de San Andrés Tuxtla" habían solicitado al Presidente Calles y al gobernador Jara que se pusiera fin a "los atropellos cometidos por gente armada, llamándose agraristas y soliviantados por el diputado Primitivo Valencia, hombre nefasto para aquella región" (Sánchez Aguilar 2000, 93).

La violencia culminó en el año 1927. En los primeros días de enero, un grupo armado de vecinos de San Andrés irrumpió en el palacio municipal, con la anuencia de los elementos de la Guardia civil del estado y depuso por la fuerza el ayuntamiento dirigido por Calzada (Medel 1993, II, 245-248), al parecer por mantener una actitud demasiado tibia hacia sus antiguos compañeros del Partido Rojo. Después de la matanza de campesinos de la Liga en Comoapan, en mayo, el ingeniero Hurtado informaba al jefe del Departamento técnico de la Comisión Nacional Agraria que "fuera de la Ciudad de San Andrés Tuxtla, se carece completamente de garantías, pues existe un antagonismo muy marcado entre los vecinos

<footnote n="59">⁵⁹ "Parte militar del teniente del 2º Regimiento de Caballería, Augusto Facha Gardida, a su superior, Gral. de Brigada José María Dorantes, Jefe del Sector con asiento en la Cd. de San Andrés Tuxtla, 13 de julio de 1926", en ACAM, exp. 629, Comoapan, Dotación de Ejidos.</footnote>

<footnote n="60">⁶⁰ ACAM, exp. 629, Comoapan, Dotación de Ejidos. En junio de 1926, en un correo al Secretario de Gobernación, los campesinos de Comoapan se quejaban de que, al solicitar al presidente municipal Calzada la aplicación de la Ley 297, éste había protestado «no conocer la Ley relativa y su reglamentación, suspendió los procedimientos, ofreciéndonos le haría una consulta al C. Gobernador y pedir ejemplares de la Ley», los cuales le fueron enviados semanas después por la administración estatal, sin producir más efecto (AGEV, Secretaría de Gobierno, CLA, c. 2).</footnote>
sindicalizados [con la Liga de Comunidades Agrarias de Los Tuxtlas] y los no sindicalizados”.<fnref n="61" />

Finalmente, en noviembre del mismo año, Andrés Pérez Cadena, ex-presidente municipal, fundador del Partido Rojo y miembro de su ala radical, fue asesinado en circunstancias turbias que denunció su amigo Primitivo Valencia (Medel, 1993, II, 268).

Con la deposición de Heriberto Jara, a finales de 1927, y la vuelta de Tejeda a la gubernatura del estado, el movimiento agrarista volvió a beneficiarse con un acceso privilegiado a los recursos políticos, entre ellos el control del ayuntamiento y el apoyo de la Guardia civil de Veracruz. Acto seguido, los procesos de dotación de tierras recibieron un nuevo impulso.<fnref n="62" /> Sin embargo, el cambio de contexto político a nivel estatal no resultó en un alivio de las tensiones locales sino que, por el contrario, se fueron evidenciando fracturas en el seno del movimiento agrarista, y el ayuntamiento se convirtió nuevamente en un objeto principal de pugna violenta.

Desde los inicios del decenio, dos figuras habían dominado el Partido Rojo Sanandrescano y el escenario político local: por un lado, Manuel Azamar Fermán, un dirigente campesino que había fincado su estrategia de poder en el dominio del dispositivo de gobierno agrario y político local, a través de la Liga Tuxtleca de Comunidades Agrarias y del Comité ejecutivo agrario municipal; y por otro, Primitivo R. Valencia, mayor del ejército constitucionalista y figura de la lucha contra el huertismo, quien había orientado su trayectoria política hacia la proyección en los ámbitos estatal y federal y la consolidación de sus relaciones con personajes claves del aparato militar revolucionario (entre ellos, Tejeda y el general Jesús Aguirre). A partir del segundo mandato de Tejeda en el gobierno estatal, la oposición entre los dos hombres se fue profundizando, hasta alcanzar un grado extremo en ocasión del pronunciamiento escobarista de marzo de 1929. Retrospectivamente, podemos relacionar esta

<footnote n="61">⁶¹ ACAM, exp. 328, Texalpan, Dotación de Ejidos.</footnote>

<footnote n="62">⁶² Después de la dotación otorgada al pueblo de Chuniapan, en 1926, la congregación de El Laurel recibió su ejido en febrero de 1928, y Comoapan el suyo en 1929, mientras que nuevos comités formulaban solicitudes de dotación: El Huidero a fines de 1927, Bodegas de Totoltepec, Mata de Caña y Cebadilla el año siguiente.</footnote>
oposición con dos proyectos divergentes de construcción política: el de Azamar, de corte autonomista, centrado en el control de los dispositivos de regulación del acceso a las tierras a partir del ayuntamiento; el de Valencia, de corte socialista y orientado a la integración a redes políticas e institucionales de alcance nacional.

El estallido formal del antagonismo entre estas dos figuras del agrarismo local coincide con el desarrollo de tensiones internas al municipio, que se expresan en dos esferas de relaciones político-territoriales: la primera involucra el gobierno municipal y opone las congregaciones recientemente dotadas con tierras al binomio Ayuntamiento/Comité ejecutivo agrario municipal; la segunda, micro-local, pone en juego los comités agrarios de los ejidos recientemente formados y ciertos barrios o rancherías sujetos a su autoridad. Estas tensiones tienen por motivo común la distribución de los derechos de uso de los recursos ejidales (tierras, pastizales, bosques) y la legitimidad de las autoridades implicadas en esta distribución. Llama en particular la atención una serie de denuncias realizadas por grupos de campesinos, a nombre del comité ejidal o de congregaciones sujetas a una cabecera ejidal, acerca de la intromisión del ayuntamiento o del Comité ejecutivo agrario presidido por Manuel Azamar.<fnref n="63" /> Estas denuncias muestran muchas similitudes con las que describe Baitenmann (1997) para la misma época en el centro de la entidad veracruzana, acerca de la gestión discrecional de las dotaciones de tierra por las autoridades municipales a favor de sus clientelas locales.

<caption>Figura 3. Creación de ejidos y la conflictividad agraria en Los Tuxtlas entre 1925 y 1930</caption>

<footnote n="63">⁶³ Entre 1930 y 1932 Azamar parece haber cumulado las dos funciones de presidente de la Junta de administración civil y presidente del Comité ejecutivo agrario de San Andrés.</footnote>
<figure><img src="image_16.png" /></figure>

Fuente: SIG Sotavento IRD-OESAS

Elaboración: Éric Léonard

Fue así como, en abril de 1927, los ejidatarios de Tepancan, reunidos en asamblea general, habían acordado “por toda mayoría desconocer [...] la Federación de campesinos donde es Secretario General el señor Manuel Azamar [...] dado la explotación que el señor Azamar viene haciendo a las clases proletarizadas”.<fnref n="64" /> El motivo de la resolución era que la familia de Estanislao Baxín, jefe de guerrillas de la zona de Tepancan y miembro del Comité dirigente de la Liga Tuxtleca, acaparraba las tierras del ejido, arrendándolas a particulares y vendiendo árboles para cortes de madera. Quejas similares emanaban de varios ejidos. En marzo de 1928, los ejidatarios de Texalpan mandaron un telegrama al Presidente de la República para informarle que los terrenos que les habían sido entregados por dotación “fueron arrendados por don Manuel Azamar [a los antiguos propietarios, Ignacio Villegas, la Sucesión Rafael Escalera y la propia Sucesión Francisco Artigas], sin que hallamos (sic) recibido nosotros ningún dinero

<footnote n="64">⁶⁴ ACAM, exp. 328-b, Tepancan.</footnote>
por dicho arrendamiento”.<fnref n="65" /> Resulta esclarecedor en este caso que los campesinos de Texalpan recurrieran al Presidente de la República y no al gobernador del estado, apoyo inquebrantable de la Liga Tuxtleca y de su dirección, como había sido la costumbre en los años anteriores.

Otra serie de quejas alude a la concesión de permisos de corte de madera (los expedientes agrarios no precisan la fuente de dicha concesión) a miembros destacados de la antigua élite agraria y comercial. Es así como en 1927 los campesinos de San Juan de los Reyes, en el municipio de Santiago, denunciaban el corte de 300 durmientes para el ferrocarril por parte del antiguo propietario de sus tierras, Liborio Merlín. En otro caso, Juan Jacobo Torres, el todavía Presidente de la Junta de Administración Civil de San Andrés, embargó en septiembre de 1929 26 trozas de cedro que Antonio Solana, dueño de la hacienda de Tilapan, había cortado en las tierras del ejido del mismo nombre con la anuencia de la Liga de Comunidades Agrarias.<fnref n="66" />

Un tercer grupo de demandas concernía grupos de campesinos radicados en congregaciones sujetas de los ejidos recientemente creados, que solicitaban segregarse de su cabecera para que les fuera reconocida una dotación propia de tierras. Encontramos tales reivindicaciones en el poblado de Texcaltitan con respecto de la cabecera ejidal de Xoteapan;<fnref n="67" /> entre los campesinos de Chuniapan de Abajo que formaban una congregación sujeta al pueblo “de arriba” dentro del ejido de Chuniapan;<fnref n="68" /> o en las aldeas de Mata de Caña y de Bodegas de Totoltepec con respecto “de la congregación y ejido de Soyata”.<fnref n="69" />

<footnote n="65">⁶⁵ ACAM, exp. 328, Texalpan, Dotación de Ejidos.</footnote>

<footnote n="66">⁶⁶ AGEV, Sec. de Gobierno, Sección Fomento y Agricultura, c. 10, exp. 1, 1927 y 1929.</footnote>

<footnote n="67">⁶⁷ ARAN, exp. 140.</footnote>

<footnote n="68">⁶⁸ ACAM, exp. 185, c. 116.</footnote>

<footnote n="69">⁶⁹ “Informe del Ing. Segundo Maldonado al Delegado de la CNA en el Estado”, en ACAM, exp. 739. El Ingeniero Maldonado precisaba al respecto que “los vecinos de Mata de Caña están conformes con la dotación definitiva de ejidos que se les dio, y que sólo desean [...] se les demarque la parte de tierras ejidales que corresponden sólo a Mata de Caña para poder cultivarlas debidamente, y evitar divergencias con los demás ejidatarios de la congregación de Soyata”. Dos años después, en octubre de 1930, Felipe Obil, vecino del mismo poblado se quejaba ante la CLA de los abusos cometidos por el comité agrario administrativo de Soyata, solicitando “que sea destituido el presidente agrario, y ya sea se fraccionen dichos ejidos tomando en cuenta el elevado cobro que hace a los citados vecinos [de Mata de Caña por el cultivo de sus tierras] y que prohibáseles la explotación de maderas..” (Ibid.).</footnote>
Estas denuncias eran muy semejantes a las que habían sido dirigidas a la Sociedad agrícola y a la corporación municipal en los años 1870 y 1880. En esta ocasión, las muestras de disidencia fueron reprimidas con diligencia y de manera radical. En abril de 1929, Manuel Azamar en tanto jefe del Comité Ejecutivo Agrario municipal, informó el Delegado de la CNA en el estado de Veracruz "que los comités agrarios [de Tepancan y de Texalpan] se quitaron (sic) por haber tomado armas contra el gobierno [...] y se nombró nuevo comité".<fnref n="70" />

La formulación del último informe de Azamar indica que la disidencia de los comités agrarios de los dos ejidos había llegado mucho más allá del conflicto político-administrativo con la cúpula del movimiento agrarista. En marzo de 1929, el pronunciamiento del general González Escobar, al que se había sumado en Veracruz el general Jesús Aguirre, estremeció la zona. De manera difícilmente comprensible si consideramos sus lazos históricos con el gobernador Tejeda y la LCAEV, Primitivo Valencia, entonces nuevamente diputado federal, adhirió a la sublevación y movilizó en su apoyo a diferentes guerrillas campesinas de la región –es de suponer que, entre ellas, figuraban las milicias de la zona de Tepancan y Texalpan. Perseguido por grupos armados leales al Comité Ejecutivo Agrario del municipio, Valencia, herido, fue capturado y fusilado a las orillas de la ciudad de San Andrés a manos del jefe de la policía municipal "por orden de un alto funcionario a quien estorbaba" (Medel 1993, II, 267), que evidentemente contó para este cometido con la anuencia del coordinador de las guerrillas leales, Manuel Azamar.

No terminó con ello el conflicto en torno al control del ayuntamiento y de las tierras entregadas en dotación. En agosto 1930 Manuel Azamar, presidente del consejo municipal electo en septiembre del año anterior, y Juan Jacobo Torres se enfrentaron para la diputación estatal. Recién investido, Torres pugnó desde la Legislatura local para deponer al ayuntamiento y sustituirlo por una Junta de Administración Civil. No pude encontrar los motivos de su

<footnote n="70">70 ACAM, exp. 328.</footnote>
denuncia, pero fueron lo suficientemente fundamentados para que, en diciembre del mismo año,
la Legislatura mandara a San Andrés una comisión encargada de investigar los cargos contra la
corporación municipal. La denuncia no procedió, pero cuatro meses después, el primero de abril
de 1931, durante una estancia en San Andrés, Torres fue asesinado por un amigo cercano al
secretario del ayuntamiento, Guillermo Álvarez.<fnref n="71" /> El crimen parece haber precipitado la
destitución del ayuntamiento, el 9 de junio del mismo año, en un ambiente estatal tenso por las
crecientes discrepancias entre el gobernador y el ejecutivo federal (Ginzberg 2000, 700).

Conclusiones: el canto del cisne del proyecto comunal tuxtleco

Con los asesinatos de Valencia y de Torres quedó aparentemente zanjado el conflicto interno
al movimiento agrarista tuxtleco y saldado el dominio de su vertiente autonomista/comunalista
sobre el poder municipal. No obstante la destitución pronunciada en junio de 1931, la lista
presentada por el Partido Rojo y Liga Tuxtleca de Comunidades Agrarias volvió a triunfar en
los comicios municipales de septiembre siguiente. En realidad, esta victoria no fue sino un canto
del cisne al que las grandes recomposiciones del poder posrevolucionario nacional, entre 1932
y 1935, pusieron un término definitivo. La reconstrucción del poder agrario del ayuntamiento
de San Andrés Tuxtla había dado paso a las mismas derivas y los mismos abusos que habían
marcado la simbiosis entre la Sociedad Agrícola y la corporación municipal medio siglo antes.
Pero a diferencia de lo ocurrido entre los años 1850 y 1880, la municipalidad no conoció un
periodo de prolongada estabilidad durante la fase de transición postrevolucionaria: entre 1917
y 1931, el ayuntamiento de San Andrés solo operó como tal durante breves lapsos, en 1917-18,
1922-24 (tiempo del primer mandato tejedista), 1926-27 y 1930. Durante la mayor parte de ese

<footnote n="71">71 Guillermo Álvarez había sido presidente de la Junta de Administración Civil de San Andrés a partir de noviembre de 1927, inmediatamente después de la deposición del gobernador Jara, y durante todo el año 1928.</footnote>
periodo, las autoridades municipales fueron representadas por presidentes interinos o juntas de administración civil designadas por el mando militar o el ejecutivo estatal, ya sea a consecuencia de la inestabilidad y los cambios políticos registrados a nivel de la entidad, o por los conflictos internos al movimiento agrarista local.

La perennidad del proyecto comunal de Azamar y sus partidarios estaba condicionada por el éxito de la estrategia de conquista del poder nacional desarrollada por Adalberto Tejeda. La estrella de éste empezó a palidecer en 1931, cuando el gobierno de Abelardo Rodríguez ordenó el desarme de los comités campesinos, una decisión que fue fuertemente resistida en Veracruz pero que fue finalmente aplicada en el curso del año 1932 (Falcón 1977, 110ss). A finales del mismo año, Tejeda emprendió el rompimiento con el PNR y su candidato oficial, Lázaro Cárdenas, para competir en las elecciones presidenciales de 1934 bajo la bandera del Partido Socialista de las Izquierdas, recientemente constituido con el apoyo de amplios sectores de la LCA (Fowler-Salamini 1979, 158-163; Ginzberg 2000). A la postre, la oposición entre los dos principales líderes surgidos de la corriente agrarista del movimiento constitucionalista resultó ser también un choque entre dos proyectos de organización campesina y de reparto agrario. La victoria de Cárdenas definió un rumbo radicalmente distinto para la política agraria nacional y su realización en el Sotavento de Veracruz.

Con la llegada en el poder central de Lázaro Cárdenas, la política agraria operó como un instrumento de reconfiguración de las estructuras sociales y productivas y de incorporación de las comunidades campesinas a un proyecto unificado de Estado-nación, planeado y manejado de manera centralizada. A partir de 1935, el reparto agrario se volvió tarea de una administración centralizada, que dejaba un papel marginal a los ayuntamientos y los gobiernos estatales, para establecer un vínculo de relación directa y vertical entre ella y los pueblos. Coincidentemente con el debilitamiento de la LCAEV, que había asumido una postura contraria a la Confederación Campesina Mexicana de Cárdenas, los años de 1934 a 1940 fueron escenario
de múltiples insurrecciones micro-locales por parte de los anexos ejidales hacia sus cabeceras, con el fin de llevar a cabo procesos de segregación territorial y de dotación agraria independiente<sup>72</sup> (Léonard 2004). Esta dinámica fue apoyada por la renovación del personal político encargado de la organización de los comités campesinos y la gestión de los trámites agrarios: en 1935, Manuel Azamar fue nominado para ocupar un cargo en la administración federal en la Ciudad de México, y la dirección del Comité Ejecutivo Agrario cayó en manos de Enrique López Huitrón, un maestro de escuela oriundo de Michoacán, el estado natal de Cárdenas (Ibíd.).

Con el nuevo impulso al reparto agrario y su extensión a los márgenes del espacio municipal, la política cardenista condujo a una reconfiguración radical de la trama político-territorial en la que habían descansado hasta entonces las pugnas por el poder local y el control de los mecanismos de asignación de los derechos de acceso a la tierra. El reparto cardenista condujo en Los Tuxtlas a la construcción de una multiplicidad de nuevas comunidades, cuyos principios de regulación agraria y sociopolítica eran proporcionados, validados y garantizados por el Estado central. Con ello se dio una conclusión definitiva al proyecto comunal tuxtleco.

<footnote n="72"><sup>72</sup> Es así como Mata de Caña y Los Mérida solicitaron su separación del ejido Soyata, mientras los pueblos de El Huidero, Bezuapan y Eyipantla hicieron lo propio con respecto de la cabecera de Comoapan; lo mismo pasó con los comités locales de Pueblo Nuevo y Los Naranjos, que solicitaron una dotación independiente de la cabecera de Tehuantepec (hoy Tulapan); con Texcaltitan, que reclamó separarse de la tutela de Xoteapan; o con Chuniapan de Abajo, que pidió su segregación del ejido de Chuniapan (ACAM, exp. 739 y 2023; ARAN, exp. 140 y 2850). Con excepción de Texcaltitan, todos estos pueblos consiguieron en los años siguientes una dotación propia o, en el caso de Chuniapan de Abajo, su erección como ejido independiente.</footnote>
Archivos

Archivo de la Comisión Agraria Mixta de Veracruz (ACAM)

Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV)

Archivo General de la Nación, México (AGN)

Archivo Municipal de San Andrés Tuxtla (AMSAT)

Archivo Parroquial de San Andrés Tuxtla (APSAT)

Archivo del Registro Agrario Nacional-Xalapa (ARAN)

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