# Trabajo Social Rural y en Zonas Extremas.
## Sistematización de Experiencias y Reflexiones desde el Chile Profundo

Patricia Castañeda, Loreto Castillo, Agnnes Dobson, Ana María Salamé, Julio Tereucan

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Patricia Castañeda, Loreto Castillo, Agnnes Dobson, Ana María Salamé, Julio Tereucan. Tra-bajo Social Rural y en Zonas Extremas. Sistematización de Experiencias y Reflexiones desde el Chile Profundo. Manuel Loyola. Ariadna Ediciones, 1, 2025, 978-956-6276-57-9. 10.26448/ae9789566276579.137 . hal-05117590

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Trabajo
Social
Rural
y en Zonas
Extremas

RED CHILENA DE TRABAJO SOCIAL Y SISTEMATIZACIÓN

Sistematización de experiencias
y reflexiones desde el Chile profundo

Ariadna
ediciones

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UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
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# Trabajo Social Rural y en Zonas Extremas

Sistematización de Experiencias y Reflexiones desde el Chile Profundo
Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización.

Comité Editor

Patricia Castañeda Meneses. Universidad de Valparaíso.

Loreto Castillo Collado. Universidad Arturo Prat.

Agnnes Dobson Soto. Universidad de Magallanes.

Ana María Salamé Coulon. Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización.

Julio Tereucan Angulo. Universidad de La Frontera.

Publicación adscrita a la conmemoración de los 100 años de Trabajo Social en
Chile y América Latina, 1925-2025.

Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización

www.trabajosocialsistematizacion.cl

ts-sistematizacion@utem.cl

Los autores agradecen a Ediciones Facultad el apoyo
y acompañamiento en la edición de esta obra.
# Trabajo Social Rural y en Zonas Extremas

## Sistematización de Experiencias y Reflexiones desde el Chile Profundo

Publicación adscrita a la conmemoración de los
100 años de Trabajo Social en Chile y América Latina.
1925-2025.

Comité Editor

Patricia Castañeda Meneses
Loreto Castillo Collado
Agnnes Dobson Soto
Ana María Salamé Coulon
Julio Tereucan Angulo

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## Trabajo Social Rural y en zonas extremas.

Patricia Castañeda Meneses, Loreto Castillo Collado, Agnes Dobson Soto,
Ana María Salamé Coulon, Julio Tereucan Angulo (editores)

## Ediciones Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de La Frontera

*Sometido a proceso de evaluación mediante referato externo*

Av. Francisco Salazar 01145, Casilla 54-d, Temuco

Decano: Dr. Luis Nitrihual Valdebenito

Director Departamento Trabajo Social: Dr. Julio Tereucan Angulo

Coordinadores Ediciones: Luis Abarzúa Guzmán, Cristian Alister Sanhueza

Santiago de Chile, mayo 2025

Primera edición

ISBN: 978-956-6276-57-9

### Ariadna Ediciones

ariadnaediciones.cl/

https://doi.org/10.26448/ae9789566276579.137

Portada, diseño y diagramación: Matías Villa Juica.

Imagen de portada: Estudiantes Elena Peters Miranda, Norma Sierpe Cáceres y Gloria Vitoria Ruiz en actividad de reconocimiento de terreno. Práctica de Gran Estada. Esc. de Servicio Social de Temuco. U. de Chile. Sector Roble Huacho, camino a Huichahue, Temuco, Provincia de Cautín, 1952. Archivo personal. Prof. Elena Peters Miranda.

Obra bajo Licencia Creative Commons

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Ariadna Ediciones postula y/o indexa su producción en Repositorio ANID (solo proyectos con folios FONDECYT u otras agencias de financiamiento chilenas), Book Citation Index (sólo en inglés), ProQuest, OAPEN, ZENODO, HAL Archives Ouvertes, DOAB, Digital Library of the Commons, SSOAR, Open Library (Internet Archive) Catalogue du Système Universitaire de Documentation (SUDOC, Francia); UBL (Universidad de Leipzig).
# Indice

11 | **Prólogo**

13 | **Presentación**

## SISTEMATIZACIÓN Y TRABAJO SOCIAL RURAL EN CHILE

21 | **Capítulo 1.**
Sistematización de la trayectoria profesional de Trabajo Social Rural en el agro chileno 1925-2025.

Patricia Castañeda Meneses y Ana María Salamé Coulon.

61 | **Capítulo 2.**
Trabajo Social Municipal como Agente de Desarrollo de la Economía Social y Solidaria en sectores rurales: Sistematización de la experiencia de la Feria de Mujeres Indígenas Rurales de Alto Loa y Calama Rural apoyadas por el Departamento Andino de la Municipalidad de Calama.

Arturo Bruno Villanueva.

77 | **Capítulo 3.**
El valor de los cuidados rurales en el Valle de Aconcagua: La experiencia de Trabajo Social en el apoyo técnico a cuidadoras y cuidadores de personas con dependencia.

Pamela Canabes Herrera y Lorena Manosalva Morales.

97 | **Capítulo 4.**
Infancias y Adolescencias en la Nueva Ruralidad de San Pedro de Quillota.

Alvaro Castillo Cuevas.
121 | **Capítulo 5.**

Contextos Sociales y Políticos de la Ruralidad en la Región del Biobío: Reflexiones para la intervención social.

Juan Saavedra Vásquez;

137 | **Capítulo 6.**

Sistematización “De la Puebla a la Mesa”: Patrimonio Agroalimentario y Comercialización online en tiempos del COVID-19.

Hans Beltrán Martínez.

163 | **Capítulo 7.**

Asistencia Judicial Gratuita y Servicio Social en territorio mapuche: Sistematización de una experiencia rural en la década de 1990.

Guillermo Davinson Pacheco.

185 | **Capítulo 8.**

Trabajo Social Rural en La Araucanía: Experiencias desde una ONG mapuche.

Julio Tereucan Angulo y Guillermo Davinson Pacheco.

203 | **Capítulo 9.**

Trabajo Social en la pesca artesanal: Una experiencia profesional en caletas del Sur de Chile.

Carolina Villegas Aguilar.

225 | **Capítulo 10.**

Entre mingas y saberes: Trabajo Comunitario y Atención Primaria de Salud en la Isla Grande de Chiloé.

María Paz Martínez Rubio y Mabel Díaz Alarcón.
SISTEMATIZACIÓN Y TRABAJO SOCIAL
EN ZONAS EXTREMAS DE CHILE

253 | **Capítulo 11.**

Trabajo Social y Zonas Extremas de Chile.

Patricia Castañeda Meneses, Loreto Castillo Collado, Agnnes Dobson Soto y Ana María Salamé Coulon.

279 | **Capítulo 12.**

Interculturalidad en Trabajo Social: Autoetnografía sobre experiencias con comunidades aymara del norte de Chile.

Simi Jiménez Carrasco.

311 | **Capítulo 13.**

De la dependencia del gas a la elaboración de propuestas para la diversificación de la Matriz Energética en Magallanes.

Sistematización de la experiencia de una trabajadora social en la aplicación de una evaluación ambiental estratégica (EAE), como instrumento para la toma de decisiones en materia energética en la Patagonia Austral.

Agnnes Dobson Soto.

333 | **Capítulo 14.**

Reflexión sobre la labor de Trabajo Social en la Pampa Fueguina: Nueve años de ejercicio en el Programa Médico Social de la comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego.

Pamela Mancilla López.

347 | Nómina de pares evaluadores(as).
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# Prólogo

En el marco de los cien años de Trabajo Social en Chile y América Latina, la Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización se suma a esta importante conmemoración a través de la publicación del presente libro titulado *Trabajo Social Rural y en Zonas Extremas. Sistematización de Experiencias y Reflexiones desde el Chile Profundo*. De esta forma, este esfuerzo editorial colegiado busca hacer llegar en forma simbólica la centenaria conmemoración profesional a todas las zonas rurales y extremas del país, en donde se construye un Trabajo Social fuertemente enlazado a los ciclos de la naturaleza, respetuoso de las costumbres identitarias de las comunidades rurales, campesinas e indígenas, preocupado por proteger las condiciones de sustentabilidad ambiental y atento a los vertiginosos cambios contemporáneos que afectan a los estilos de vida y trabajo ancestrales.

Así entonces, la presente publicación reconoce el valioso vínculo que Trabajo Social posee con el mundo rural y con las zonas extremas del país, y que ha sido construido laboriosamente a lo largo de diez décadas, a partir de la fundación de la primera escuela profesional en el año 1925. Desde las preocupaciones iniciales en torno a las necesidades sociosanitarias de un país predominantemente rural; el desempeño profesional ha sido incorporado progresivamente a organismos públicos, municipios, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, proyectos sociales y consultoras; y se ha desplegado en forma transversal en torno a la calidad de vida de familias y comunidades, buscando acoger con pertinencia y oportunidad los dolores y esperanzas de los territorios agrarios y las zonas alejadas del centro del país.

Para la Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización, este libro representa la segunda publicación realizada bajo su responsa-
bilidad editorial y le permite continuar en sus esfuerzos en torno al fortalecimiento de la Sistematización como significativo repertorio teórico metodológico, que contribuye en la generación de conocimientos especializados para Trabajo Social a partir de sus propios aprendizajes y experiencias. En esta ocasión, la especial dedicación a las zonas rurales y extremas dota a la publicación de una diversidad geográfica, cultural y social desde donde emergen saberes, metodologías y estrategias que constituyen repertorios profesionales especializados para dichos territorios; y que han sido construidos en directa relación con los esfuerzos colectivos que realizan las comunidades en torno a prácticas de apropiación, ajuste y resistencia, que permiten la creación y la resignificación de las expresiones culturales identitarias de un Chile profundo, muchas veces olvidado y desplazado frente a políticas públicas altamente estandarizadas y dedicadas preferentemente al mundo urbano.

Expresamos nuestro especial agradecimiento al Departamento de Trabajo Social de la Universidad de La Frontera en la persona de su Director Dr. Julio Tereucán Angulo, por el valioso respaldo entregado a la Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización, que ha hecho posible la realización de este nuevo proyecto editorial.

Comité Editor

Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización
Iquique, Valparaíso, Temuco, Villarrica y Punta Arenas.

Otoño del 2025.
# Presentación

La Sistematización constituye una estrategia de generación de conocimientos para Trabajo Social, que busca valorar las reflexiones y los saberes profesionales que surgen desde sus propios desempeños; junto con permitir su conformación como saber distintivo identitario. Para contribuir en este esfuerzo colectivo, la Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización ha realizado la presente convocatoria en torno al Trabajo Social realizado en zonas rurales y extremas, con el fin de concretar una publicación especializada en formato de libro electrónico, que rescata y comunica aprendizajes académicos y profesionales provenientes de diversos contextos geográficos del país

El libro ha sido organizado en dos apartados temáticos, lo que permite revisar en forma específica los temas de la convocatoria y sus principales aportes para la profesión. Así entonces, en el primer apartado denominado *Sistematización y Trabajo Social Rural en Chile* se presentan diez capítulos vinculados al desempeño profesional en contextos rurales. El marco temático es aportado por el Capítulo 1 *Sistematización de la trayectoria profesional de Trabajo Social Rural en el agro chileno 1925-2025* de las autoras Patricia Castañeda Meneses y Ana María Salamé Coulon, que expone los resultados de una sistematización sobre la trayectoria del Trabajo Social Rural en el agro chileno desde sus años fundacionales hasta la actualidad, revisando los desempeños profesionales en los principales hitos de la historia agraria chilena sucedidos en los últimos cien años, los que corresponden a Complejo latifundio/minifundio; Reforma Agraria; Contrarreforma Agraria y Acumulación por Despojo; Modernización Agraria, Nueva Ruralidad y Problemáticas Socioambientales.

Los siguientes capítulos del primer apartado, refieren a la sistematización de experiencias y a reflexiones profesionales organizadas
geográficamente de norte a sur, permitiendo apreciar los aportes que realiza Trabajo Social en las zonas rurales a lo largo del país. Así entonces, el Capítulo 2 *Trabajo Social Municipal como Agente de Desarrollo de la Economía Social y Solidaria en sectores rurales: Sistematización de la experiencia de la Feria de Mujeres Indígenas Rurales de Alto Loa y Calama Rural apoyadas por el Departamento Andino de la Municipalidad de Calama* del autor Arturo Bruna Villanueva, presenta los resultados de una sistematización de experiencias, cuyos resultados constatan aprendizajes relevantes para Trabajo Social, que trasciende a la feria como espacio acotado de compra, venta y reventa de productos; para valorarla como un espacio multicultural que permite realizar un trabajo constante sobre la cultura local y la economía social y solidaria en las zonas rurales de la comuna.

El Capítulo 3 *El valor de los cuidados rurales en el Valle de Aconcagua: La experiencia de Trabajo Social en el apoyo técnico a cuidadoras y cuidadores de personas con dependencia*, de autoría de Pamela Canabes Herrera y Lorena Manosalva Morales, realiza un análisis respecto a las complejidades que acompañan la realización de cuidados a personas que presentan dependencia en localidades rurales, tarea se encuentra condicionada por aspectos geopolíticos, estructurales, culturales y de género. En ese marco, Trabajo Social contribuye al desarrollo y optimización de capacidades remanentes en las personas, guiada por el enfoque de derechos y justicia social, aportando al abordaje de los desafíos de contexto que esta realidad presenta y cooperando en la entrega de herramientas para aumentar el bienestar social en salud. El Capítulo 4 *Infancias y Adolescencias en la Nueva Ruralidad de San Pedro de Quillota* del autor Alvaro Castillo Cuevas, presenta los resultados de una sistematización de experiencias de trabajo comunitario realizado en el CESFAM San Pedro de Putupur en la comuna de Quillota, que tuvo por objetivo identificar y describir las particularidades del proceso del abordaje intersectorial de las determinantes sociales priorizadas participativamente por la comunidad que afectan a niños, niñas y adolescentes de la localidad rural, en un contexto de transformación de la ruralidad tradicional hacia la nueva ruralidad. La experiencia confirma la necesidad de abordar el trabajo con niñas, niños y especialmente con adolescentes, dada su condición altamente vulnerable debido a la etapa de desarrollo vital en que se encuentran y por la rápida transformación del contexto rural en que viven.
A continuación, en el Capítulo 5 *Contextos Sociales y Políticos de la Ruralidad en la Región del Biobío: Reflexiones para la intervención social* del autor Juan Saavedra Vásquez, se propone una reflexión para las prácticas de intervención social, tomando como referencia la región del Biobío, enfatizando la importancia de la ruralidad desde una perspectiva histórica, social y cultural; junto con proponer la observación de las tradiciones simbólicas de la ruralidad, el conflicto territorial, el cambio de la matriz productiva y la vulnerabilidad de estos territorios al cambio climático como claves para la intervención social en el Biobío rural. El Capítulo 6 *Sistematización "De la Puebla a la Mesa": Patrimonio Agroalimentario y Comercialización online en tiempos del COVID-19* del autor Hans Beltrán Martínez, presenta los resultados de la sistematización de la experiencia del equipo de la ONG CETSUR, la que en el marco de las medidas restrictivas por pandemia COVID-19 desarrolló una propuesta de circuitos cortos de comercialización local para poner en valor y comercializar vía online los productos de curadoras de semillas e integrantes de ocho mesas comunales de mujeres rurales de la región de La Araucanía en contexto de pandemia, mediante la iniciativa canasta "De la puebla a la mesa", la cual incluía hortalizas, frutas de estación, agroelaboreados, hierbas medicinales, semillas y plantas. Los aprendizajes de la experiencia indican la importancia de conocer a la población objetivo más allá de los análisis instrumentales; y comprender modos de vida que permiten superar las barreras de proyectos sin trascendencia o asistencialistas, haciendo posible que Trabajo Social sea parte de un fenómeno de transformación que aporte a la conformación de una sociedad más justa.

El Capítulo 7 *Asistencia Judicial Gratuita y Servicio Social en territorio mapuche: Sistematización de una experiencia rural en la década de 1990* del autor Guillermo Davinson Pacheco, presenta los resultados de una sistematización de la experiencia realizada en el Consultorio Jurídico en la Comuna de Padre Las Casas de la región de La Araucanía durante la década de 1990, donde Trabajo Social formó parte de equipos interdisciplinarios que atendieron las necesidades sociojusticas de la población rural y mapuche. Sus resultados contribuyen a preservar las acciones profesionales desarrolladas en un contexto histórico vinculado con la transición a la democracia y a la reinstalación del Estado de Derecho. El Capítulo 8 *Trabajo Social Rural en La*
*Araucanía: Experiencias desde una ONG mapuche*, de los autores Julio Tereucan Angulo y Guillermo Davinson Pacheco, busca recuperar la memoria de Trabajo Social en torno al rol profesional en comunidades mapuche rurales, ejercido desde un organismo no gubernamental entre los años 1985 y 1995. Esta experiencia permite realizar un proceso reflexivo en torno a la práctica de los autores y releva sus aprendizajes profesionales obtenidos en dictadura y proyectados a los años de transición democrática, a través de aportes en la formulación e implementación de programas, estrategias y metodologías profesionales diseñadas y validadas acorde a las necesidades y requerimientos de las propias comunidades mapuche.

En el Capítulo 9 *Trabajo Social en la pesca artesanal: Una experiencia profesional en caletas del Sur de Chile* de la autora Carolina Villegas Aguilar, que expone los resultados de una sistematización de los desempeños profesionales de Trabajo Social en proyectos de fortalecimiento socioproductivo, realizados con organizaciones de pescadores artesanales de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, que buscaron entregar conocimiento y dar un sentido en la dinámica grupal, organizacional y comunitaria, para que la labor extractiva de los pescadores artesanales adquiriera valor agregado y aportara a la economía local de comunidades costeras rurales, así como al crecimiento regional y nacional, de cara al mar y sus riquezas. Para finalizar este primer apartado temático, se presenta el Capítulo 10 *Entre mingas y saberes: Trabajo Comunitario y Atención Primaria de Salud en la Isla Grande de Chiloé* de las autoras María Paz Martínez Rubio y Mabel Díaz Alarcón, que expone los resultados de un proceso reflexivo elaborado en torno a un diálogo profesional que revisa la experiencia de Trabajo Social en Atención Primaria de Salud en la comuna de Curaco de Vélez en Chiloé.

El segundo apartado denominado *Sistematización y Trabajo Social en Zonas Extremas de Chile* presenta un conjunto de cuatro capítulos que exponen en forma específica esta temática. El Capítulo 11 *Trabajo Social y Zonas Extremas de Chile*, de las autoras Patricia Castañeda Meneses, Loreto Castillo Collado, Agnnes Dobson Soto y Ana María Salamé Coulon, aporta el marco temático que revisa los aportes de Trabajo Social en los territorios alejados del centro del país, donde confluye la posición de frontera, la presencia de comunidades originarias, el potencial de reservas naturales y el bajo nivel de de-
sarrollo socio-económico, inversión pública y privada, conectividad e infraestructura, condiciones que afectan directamente la calidad de vida de su población. A continuación, se presentan los capítulos que constituyen el apartado, organizado por zonas extremas norte y austral. Así entonces, el Capítulo 12 *Interculturalidad en Trabajo Social: Autoetnografía sobre experiencias con comunidades aymara del norte de Chile* de la autora Simi Jiménez Carrasco, aporta reflexiones profesionales sobre la intervención de Trabajo Social con pueblos indígenas desde un diseño autoetnográfico, que permite comunicar su desempeño realizado en el Programa Especial de Salud para Pueblos Indígenas implementado por el Servicio de Salud de Arica desde un relato testimonial y crítico.

El Capítulo 13 *De la dependencia del gas a la elaboración de propuestas para la diversificación de la Matriz Energética en Magallanes. Sistematización de la experiencia de una trabajadora social en la aplicación de una evaluación ambiental estratégica (EAE), como instrumento para la toma de decisiones en materia energética en la Patagonia Austral* de la autora Agnnes Dobson Soto, expone los resultados de una sistematización de experiencia de aplicación de criterios de una Evaluación Ambiental Estratégica en la propuesta de matriz energética para Magallanes al 2050. Los aprendizajes obtenidos develan los aportes de Trabajo Social en la aplicabilidad de la metodología de Evaluación Ambiental Estratégica en cualquier escenario de planificación social y ambiental, como así también reconoce la contribución de la identificación de factores críticos de decisión, para la proyección y ejecución de acciones profesionales en una intervención directa y/o indirecta, de corto, mediano y alto alcance.

Finalmente, el Capítulo 14 *Reflexión sobre la labor de Trabajo Social en la Pampa Fueguina: Nueve años de ejercicio en el Programa Médico Social de la comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego* de la autora Pamela Mancilla López, presenta los resultados de un proceso de descripción y reflexión autobiográfica en torno al desempeño profesional de Trabajo Social en la pampa fueguina, en el marco del programa médico-social del municipio de Primavera. Los resultados obtenidos indican que el desempeño profesional en una zona extrema y rural de Chile es invaluable y por eso debe permanecer en el tiempo en los distintos territorios, Sobre todo, cuando estos conforman su propia cultura y tradiciones, y sienta las bases para el desarrollo de la
conciencia crítica que congrega al espíritu de trabajo y movilización constante respecto de las estrategias de acción en torno al desarrollo de las comunidades, la promoción de los derechos humanos y la justicia social.

Así entonces, la presente publicación conmemora cien años de historia profesional a través de un recorrido por la hermosa y estremecedora geografía nacional conformada por las zonas rurales y las zonas extremas del país; con el fin de rescatar y comunicar el acervo de Trabajo Social construido en torno a su labor custodia respecto de la identidad, los valores, la memoria y la cultura de un Chile profundo, que perdura en los rostros, sueños y esperanzas de sus habitantes.
# SISTEMATIZACIÓN Y TRABAJO SOCIAL RURAL EN CHILE

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>Figura. Huerta campesina.</figcaption></figure>

Fuente: Ana María Salamé C.
<figure><img src="image_10.png" /></figure>
# CAPÍTULO 1

## Sistematización de la trayectoria profesional de Trabajo Social Rural en el agro chileno 1925-2025

Patricia Castañeda Meneses<fnref n="1" />

Ana María Salamé Coulon<fnref n="2" />

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>Figura 1. Antigua vivienda campesina en Araucanía Andina.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

<footnote n="1">1. Trabajadora Social y Licenciada en Trabajo Social. Universidad de Valparaíso, Chile. Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Barcelona, España. Académica, investigadora y sistematizadora. Escuela de Trabajo Social. Universidad de Valparaíso. Correo: patricia.castaneda@uv.cl ORCID https://orcid.org/0000-0002-4676-5872</footnote>

<footnote n="2">2. Trabajadora Social. Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Ciencias de la Educación. Universidad de Barcelona, España. Coordinadora Académica. Red Chilena de Trabajo Social y Sistematización. Correo: ana.salame@ufrontera.cl ORCID https://orcid.org/0000-0001-6650-7507</footnote>
# 1. Presentación

Tengo un mundo ultraterreno, más allá del universo,
que te quiero mostrar.

Nuestro mundo trascendente, que llevamos en el alma,
no se vende hermano mío, a la ciencia oficial.

Joe Vasconcellos.

"Hijo del sol luminoso".

Congreso.

Álbum *Viaje por la cresta del mundo*. EMI, 1981.

La trayectoria de Trabajo Social en el agro chileno entre los años 1925-2025, puede ser definida a partir de sus desempeños históricos asociados a la intervención social con carácter asistencial y promocional desarrollada con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades a través de estrategias socioeducativas sanitarias y ambientales; junto con el desarrollo de acciones de orientación socio jurídica, gestión social, trabajo en redes interinstitucionales, intersectoriales y comunitarias, alfabetización rural y protección de los recursos naturales (Castañeda, 2024). Desde este contexto profesional, se ha buscado contribuir en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la población campesina, asumiendo las particularidades que los hitos de la historia agraria han representado para los territorios rurales del país.

En este marco, el presente capítulo tiene por objetivo exposer los resultados de un proceso de sistematización temática sobre la trayectoria del Trabajo Social Rural en el agro chileno, la que presenta sus primeros antecedentes a partir de sus años fundacionales, y se despliega a través de las décadas, asumiendo diversos contextos de desempeño. Se busca rescatar los aportes especializados realizados por la profesión en los territorios que sostienen los procesos de desarrollo local, regional y nacional directamente desde sus recursos naturales, desde sus actividades productivas y desde su población; y que son frecuentemente invisibilizados por las coberturas, urgencias y demandas de los sectores urbanos del país. El capítulo ha sido organizado con la presentación del apartado metodológico que comunica las principales decisiones y pro-
cedimientos seleccionados para la realización de la sistematización. A continuación, se exponen los resultados obtenidos a partir de la descripción de los principales hitos de la historia agraria chilena y los respectivos aportes profesionales de Trabajo Social realizados en cada uno de ellos; para finalmente plantear los principales aprendizajes y reflexiones profesionales obtenidas en el proceso de sistematización realizado.

## 2. Metodología

*Volver a los diecisiete, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente.*

Violeta Parra.

*“Volver a los diecisiete”.*

Álbum *Las últimas composiciones*. RCA Víctor, 1966.

Se realizó un proceso de sistematización temática, entendida como un proceso de reflexión y análisis sobre un tema de interés colectivo de Trabajo Social, respecto del que se busca visibilizar los principales aprendizajes aportados por la experiencia, en vistas a generar nuevos conocimientos que fortalezcan el desempeño profesional (Castañeda, 2014). Metodológicamente, la información fue obtenida a partir de un proceso de revisión documental que abarcó artículos académicos, registros profesionales, seminarios de título y grado, informes de práctica profesional, informes de investigación, tesis, cuerpos legales, políticas sociales y documentos institucionales de diversas fuentes, los que permiten caracterizar las acciones de Trabajo Social en las zonas rurales del país realizadas durante sus diez décadas de desempeño. Los procesos de análisis fueron organizados a partir de los principales hitos de la historia agraria chilena sucedidos en los últimos cien años y que corresponden a Complejo latifundio/minifundio; Reforma Agraria; Contrarreforma Agraria y Acumulación por Despojo; Modernización Agraria, Nueva Ruralidad y Problemáticas Socioambientales. Cada hito describe los contextos históricos rurales que lo definen y los aportes específicos que ha realizado Trabajo Social en cada contexto sociohistórico. La validación de los resultados corresponde a triangulación temporal entre
contextos históricos rurales y desempeños profesionales analizados.
Los resultados obtenidos del proceso de sistematización se exponen
con fines de comunicación desde la modalidad de ensayo.

3. Resultados

3.1. Complejo latifundio/minifundio y Trabajo Social Rural.

Aprieto firme mi mano y hundo el ara'o en la tierra.
Hace años que llevo en ella. ¿Cómo no estar agota'o?
Vuelan mariposas, cantan grillos,
la piel se me pone negra, el sol brilla, brilla y brilla.
El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar.
"El arado".
Víctor Jara.
Álbum Víctor Jara, 1966.

En el año 1920, el Censo de Población caracterizaba a la pobla-
ción rural de Chile como aquellos habitantes agrupados en torno a
una localidad, pueblo, aldea, caserío, fundo o mineral, que reunían
menos de mil habitantes. La organización censal de las actividades
económicas identificaba a los rubros de caza y pesca; junto con
distinguir las faenas agrícolas vinculadas a agricultores, apicultores,
avicultores, carboneros, hortelanos, jardineros, lecheros, leñadores,
mantequeros, pastores, queseros y vinicultores. El mismo documen-
to informaba un total de población nacional de 3.754.723 habitan-
tes, de los cuáles 1.749.562 vivían en zonas urbanas, representan-
do un 46.60% del total; y 2.005.161 habitantes pertenecían a zonas
rurales, concentrando un 53.40% del total (Dirección General de
Estadística, 1925). En este marco histórico, territorial, productivo y
demográfico, se funda el 4 de mayo del año 1925 la primera escuela
de Servicio Social del país y de América Latina, con el respaldo de
la Junta Nacional de Beneficencia, institución antecesora del actual
Ministerio de Salud (Castañeda y Salamé, 2015a). La creación de la
escuela buscaba enfrentar los problemas sociales de un país pobre y
predominantemente rural, afectado por una alta tasa de mortalidad
infantil que alcanzaba a 256,5 muertes en menores de un año por mil nacidos vivos (Medina y Kaempffer, 2007) y con un importante nivel de analfabetismo que alcanzaba un 44% en las zonas agrarias (Dirección General de Estadística, 1925).

La ruralidad agraria de la época puede ser caracterizada desde el complejo latifundio/minifundio, estructura de propiedad distintiva de la zona centro sur del país, cuyos orígenes se remontan a las encomiendas y mercedes de tierra de la época colonial. El latifundio reflejaba una importante concentración en grandes haciendas de miles de hectáreas de extensión, en coexistencia con pequeñas propiedades menores a las cinco hectáreas, las que en su conjunto concentraban el 36% de la superficie total del territorio nacional (Marín, 1947). En este régimen de propiedad, los grandes terratenientes concentraban el 72,7% de la tierra productiva del país, y los pequeños propietarios concentraban el 1,4% de los recursos (Alaluf et al, 1969). En las grandes haciendas las faenas agropecuarias eran realizadas por el campesinado sin tierra, quienes vivían en condiciones de inquilinaje en los predios patronales, lo que les obligaba a realizar su trabajo en beneficio del propietario. Como contraparte, recibían acotadas regalías en vivienda, tierra para cultivo y talaje, siendo la entrega de dinero en efectivo una condición excepcional (Rivera, 1988). En este marco, el trabajo campesino se caracterizaba por permanentes exigencias definidas conforme las necesidades de siembra y cosecha, condiciones climáticas, demandas de producción o entregas de productos; y carecía de previsión social, seguridad laboral y organización sindical. Esta institución heredada desde los tiempos coloniales, generó una cultura rural de características feudales, siendo su principal expresión la plena obediencia del campesinado inquilino a las decisiones de los propietarios (Bengoa, 1984).

En el año 1929, la fundación de la Escuela de Servicio Social Elvira Matte de Cruchaga aportó una segunda unidad formativa especializada en el país, la que a partir de 1937 comenzó a desarrollar una línea de trabajo en torno al Servicio Social Rural, como respuesta a la solicitud de apoyo realizada por la Unión de Agricultores de Chile. Según Figueroa (1976), estas gestiones permitieron extender la labor profesional a los fundos cercanos a la ciudad de Santiago, llegando a abarcar un radio de acción de 73 fundos y 3.078 familias
para el año 1940, las que al final de la misma década alcanzaron un total de 200 propiedades agrícolas. Los objetivos de trabajo eran "elevar el nivel social, moral y cultural del trabajador agrícola, ayudando a éste y a su familia a vivir con dignidad humana y promover un mejor entendimiento entre éstos y los patrones" (Figueroa, 1976, p.61).

Según las evidencias aportadas por Marín (1947), Trabajo Social realizó importantes esfuerzos para visibilizar la precaria situación de la población rural en condiciones de inquilinaje y que se expresaba en un 30% de analfabetismo en la población adulta, 12% de mortalidad infantil, 80% de partos sin atención médica, 51% de viviendas insalubres o inhabitables, 75% de viviendas con un promedio de 6 personas ocupantes y un 25% de las viviendas con rangos promedio de 6 a 11 personas ocupantes. Así entonces, se señala la realización de estudios sobre la calidad de la alimentación campesina llevados a cabo por la Visitadora Jefe del Servicio Social de la Caja de Seguro Obligatorio Luisa Fierro Carrera y su equipo de profesionales (1935); junto con investigaciones realizadas por las visitadoras sociales Chela Cortés Jullian (1941) y Elisa Canessa (1943). Estas iniciativas permitieron establecer graves carencias alimentarias en la población campesina e identificar como efectos directos la desnutrición infantil, la mortalidad materna e infantil y el ausentismo laboral por agotamiento y enfermedad.

Respecto de la calidad de la vivienda campesina, estudios realizados por las visitadoras sociales Betty Woscoboinik (1940), Renéé Constant (1940), Chela Cortés Jullian (1941) y Elvira Bisqtiertt (1942) dieron cuenta de construcciones habitacionales precarias realizadas a partir de materiales tales como barro, totora y pisos de tierra apisonada, los que no ofrecían resguardos a sus moradores frente a las inclemencias del tiempo. Asimismo, se observó hacinamiento, insalubridad por espacios de la vivienda compartidos con animales de granja o ganado menor, presencia de vectores, espacios domésticos destinados a bodegas, carencia de agua potable, almacenamiento sanitario inadecuado de agua para consumo humano e inexistencia de servicios higiénicos, lo que ocasionaba problemas respiratorios e infectocontagiosos e importantes dificultades para efectuar las rutinas diarias de aseo personal y preparación de alimentos en condiciones sanitarias adecuadas. Como respuesta a estas
dificultades, la visitadora social María Rosario Araos (1945) planteó
la necesidad de aportes específicos de Trabajo Social en la realidad
rural, estableciendo la visita domiciliaria como la principal estrate-
gia socioeducativa para un desempeño profesional respetuoso con
la cultura rural, comprometido con la ideología, costumbres y tra-
diciones de la familia campesina y orientado a fomentar mejoras
materiales, sanitarias y morales en su calidad de vida. Consecuen-
temente, Quiroga (1946, p. 34) plantea que la finalidad del Servicio
Social Rural es "levantar el nivel social, espiritual, material y cultural
del campesino y su familia, ayudándole a vivir en forma compatible
con la dignidad humana, fomentando mejores relaciones con sus
patrones, autoridades locales y vecinales".

Las adversas condiciones de vida campesina se mantenían sin
variaciones a finales de la década de 1950, siendo verificadas por los
antecedentes presentados en la memoria de prueba para obtener
el título profesional de asistente social realizada por Codoh et al.
(1959), la que constata las problemáticas de desnutrición, precarie-
dad habitacional, bajos salarios, analfabetismo y apego a prácticas
agrícolas tradicionales, que conspiraban en contra del bienestar rural
para la población campesina. A partir de su experiencia, las autoras
proponen un concepto de Servicio Social Rural en los siguientes
términos:

"Los procedimientos por los cuáles se capacita a los cam-
pesinos, ya sea individual o colectivamente, para que aúnen
sus esfuerzos y propendan a la conquista de una comuni-
dad rural, con recursos proporcionales a sus necesidades
particulares, y al mismo tiempo que logren abastecer a un
sector urbano, también proporcional a sus posibilidades
productivas" (Codoh et al, 1959, pp.4-5).

Más tarde, Barra et al. (1963) desarrollan su trabajo de inves-
tigación para obtener el título de asistente social de la Escuela de
Servicio Social de la Universidad de Chile de Santiago, por medio
de la realización de una experiencia piloto de aplicación del Méto-
do de Organización de la Comunidad en la zona rural de Lampa,
asumiendo el equipo de estudiantes el incipiente rol de agentes de
cambio social como líderes profesionales. Los resultados obtenidos
validan como referentes del desarrollo comunitario en zonas rurales
la participación social, el trabajo interdisciplinario, la colaboración
interinstitucional y la necesidad de contar con tiempo y permanen-
cia prolongada en el lugar, para obtener el reconocimiento y la legi-
timación profesional en el medio campesino.

En este contexto histórico y específicamente en el tema indí-
gena, debe mencionarse que con la apertura de la Escuela de Servi-
cio Social de Temuco dependiente del Ministerio de Educación en
el año 1942, se visibilizó el Trabajo Social Rural con comunidades
mapuche. En la memoria de prueba para optar al título de asistente
social del Estado de la estudiante Olivia Montiel Haupt (1945), se
refieren como principales problemas sociales de las familias mapu-
che de las reducciones ubicadas en el sector rural de Metrenco, las
precarias condiciones materiales de vida, la modalidad colectiva de
la propiedad rural indígena, la carencia de medios de producción
agrícola, la ausencia de atención sanitaria, el consumo problemá-
tico de alcohol, el analfabetismo y el desconocimiento del idioma
español. Desde esta realidad local, se realizó la atención de casos
sociales individuales y de grupos; a través de los procesos de inves-
tigación, diagnóstico y tratamiento social. La aplicación de estos
procesos debió sortear las dificultades de accesibilidad, legitimidad
de la labor profesional y barrera idiomática, las que fueron enfren-
tadas con la realización de visitas domiciliarias y atención social en
el territorio, lo que permitió establecer confianza en el desempeño
de Trabajo Social a partir de sus resultados. Las principales tareas
profesionales realizadas correspondieron a motivar la regulariza-
ción de uniones de hecho en matrimonios civiles y la inscripción
civil de nacimiento de hijos e hijas, agilizar la atención médica de
situaciones graves en el Hospital de Temuco, implementar una
campaña antialcohólica en el sector e impulsar acciones socioedu-
cativas en torno a alimentación y nutrición, puericultura, conflictos
familiares y analfabetismo.
## 3.2. Reforma Agraria y Trabajo Social.

Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua,
Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma.
Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano,
Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana.
“Plegaria a un labrador”.

Víctor Jara.
Disco Sencillo. Sello DICAP, 1969.

Según el Censo de Población y Vivienda (Dirección de Estadísticas y Censos, 1964), en 1960 la población nacional alcanzaba un total de 7.374.115 habitantes, de los cuáles 2.346.055 vivían en zonas rurales, lo que representaba el 31,82% de la población total. El analfabetismo de personas adultas alcanzaba el 21% en las zonas rurales y representaba el 60.74% del total nacional y las actividades productivas extractivas vinculadas a agricultura, silvicultura, caza y pesca empleaban el 28% de la población económicamente activa. Frente a esta realidad rural, la Reforma Agraria representó una propuesta de cambio estructural de la propiedad de la tierra orientada a la modernización agraria, impulsada por la Alianza para el Progreso, la Iglesia Católica y los partidos políticos progresistas del país, y duramente resistida por los grandes propietarios rurales. La primera Ley Reforma Agraria N°15.020 se dictó bajo el gobierno de Arturo Alessandri Rodríguez y fue conocida como la “reforma del macetero” debido a los escasos efectos prácticos que generó su aplicación en el período 1962-1964. Su promulgación fue fundada en los diagnósticos sectoriales que indicaban el rezago agrícola en el marco del desarrollo nacional, situación expresada en el estancamiento de la producción agropecuaria respecto del ritmo de crecimiento de la población y en la importante subutilización de la tierra productiva del país; junto con el reconocimiento de la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo campesinas, especialmente en sus aspectos laborales, organizativos, sanitarios, habitacionales y educacionales (Suárez, 1972; Moreno, 2014).

Con la llegada al poder de Eduardo Frei Montalva en 1964, la aplicación de la ley vigente se intensificó, mientras en forma paralela se tramitó un nuevo cuerpo legal en la materia, promulgado en el
año 1967 como la Ley N°16.640, que tuvo por objetivos incorporar
a la propiedad de la tierra a 100.000 familias campesinas, mejorar
la situación productiva agraria y realizar una promoción social que
permitiese al campesinado integrarse plenamente a la vida social,
cultural, cívica y política del país; junto con fortalecer la sindicali-
zación campesina a través de la Ley N°16.625 dictada ese mismo
año (Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria
[ICIRA], 1970). El proceso reformista estaba a cargo de la Corpo-
ración de Reforma Agraria CORA, organismo público creado es-
pecialmente para estos fines en la Ley N°15.020 y dependiente del
Ministerio de Agricultura; y representó para las familias campesinas
el reconocimiento de los derechos de acceso a la tierra, asistencia
técnica, crédito agrícola preferente, comercialización y asociación
sindical de los trabajadores agrícolas, junto con los derechos sociales
de salud, educación y vivienda, en un marco de intervención integral
en las zonas reformadas (Castañeda, 2018).

El proceso fue diseñado a partir de las etapas de expropiación, constitución de los asentamientos campesinos y asignación de tierras (CORA, 1970). La primera etapa de expropiación era realizada por la Corporación de Reforma Agraria, que tomaba posesión de los predios y se hacía responsable de su administración, cautelando la entrega de la reserva al propietario, en los casos que correspon día aplicar dicho beneficio. La segunda etapa de constitución de los asentamientos campesinos fue estimada inicialmente en un plazo de tres años, período en que la CORA implementaba los procesos de asistencia técnica en aspectos productivos, tributarios, contables y de comercialización, junto con transferencias de materias primas, insumos y maquinaria agrícola. Estos procesos tenían como contra- parte las directivas de asentamientos, cooperativas campesinas y So- ciedades Agrícolas de Reforma Agraria SARA, las que funcionaban en los predios expropiados bajo responsabilidad del campesinado reformado.

De igual forma, se contemplaban acciones socioeducativas de
alfabetización campesina, formación cooperativa y organización
social de mujeres y jóvenes rurales. El propósito era traspasar pro-
gresivamente las funciones productivas a las organizaciones cam-
pesinas, con el fin de asignar las tierras al término del período de
asentamiento y proyectar una producción agropecuaria exitosa en
el mediano plazo. Esta expectativa estaba basada en los nuevos roles que proyectaba el proceso para el campesinado reformado, los que correspondían a empresarios y propietarios agrícolas a cargo de unidades agrícolas familiares, cuya producción estaría destinada a abastecer el mercado interno y cuya comercialización se encontraba respaldada por poderes compradores aportados por el Estado. En los hechos, este período de asentamiento campesino demostró la necesidad de extenderse en el tiempo, dado las dificultades asociadas a analfabetismo y cultura feudal que obstaculizaban a los campesinos el desempeño exitoso de los nuevos roles dentro de los plazos previstos inicialmente. En esta realidad, la respectiva Ley N°16.640 consideraba que las prórrogas podrían ser aplicadas por nuevos períodos similares, en vistas a la resolución óptima del proceso. Finalmente, la tercera etapa de asignación de tierras al campesinado reconocía modalidades de propiedad individual, colectiva a través de cooperativas de asignatarios de Reforma Agraria o en modalidad mixta, en donde se entregaba en propiedad individual a los asignatarios y se mantenían algunos recursos naturales y bienes en modalidad colectiva.

<figure><img src="image_12.png" /><figcaption>Figura 2. Asentamiento campesino asignado en propiedad mixta por la Corporación de Reforma Agraria. Comuna de Quillota, Región de Valparaíso, 1985.</figcaption></figure>

Fuente: Castañeda et al, 1985.
Durante el período del gobierno de Frei Montalva (1964-1970) se estima que fueron expropiadas un total de tres millones de hectáreas que beneficiaron a 30.000 familias campesinas en modalidad de asentamiento. Posteriormente, durante el gobierno de Salvador Allende Gossen (1970-1973) la Reforma Agraria se profundizó, sumando 6.800.000 nuevas hectáreas al proceso reformista. Esta situación fue impulsada por las ocupaciones de hecho de los predios agrícolas, las que fueron realizadas por organizaciones campesinas en algunas localidades y que se conocieron como “tomas de fondos”, las que forzaron la pronta toma de posesión de los predios ocupados por parte de la CORA con fines de regularización e integración formal al proceso (Cereceda y Barría, 1984).

Según Garlashi (1970) la participación de Trabajo Social en el proceso de Reforma Agraria se expresó a través de su inserción en la CORA, donde se consideraba una planta de 21 profesionales y se realizaron un total de 145 prácticas profesionales de diversas universidades en los predios agrarios reformados a lo largo del país. Se distingue una primera etapa entre los años 1963 y 1965 asociada a la selección y organización de asignatarios de tierras en las provincias de Santiago, O’Higgins, Cautín, Arauco y Osorno; y una segunda etapa entre los años 1965 y 1970 orientada a la alfabetización, cooperativismo, organización y seguridad social campesina. Complementariamente, Wettling (1969) definió los roles de Trabajo Social en el proceso reformista como impulsor de los cambios estructURALES A través de la concientización campesina; y colaborador en la adaptación del individuo a estos cambios y en su participación para lograr un mayor beneficio colectivo. Sobre esta base, se propuso promover el cambio de actitudes, creencias, tradiciones y conductas históricas del colectivo profesional para apoyar el proceso transformador, junto con revocar las normas tradicionales y las conductas rígidas precedentes, para facilitar la adopción de las nuevas categorías de juicios sin sufrir tensiones, sentimientos de culpa o pérdida de la integridad personal.

A partir de la memoria de prueba para optar al título de asistente social, Dávila et al. (1970), aportan antecedentes sobre el desempeño de los equipos de Trabajo Social en el contexto institucional de la CORA Zona I Arica, valles de Lluta y Azapa. Así entonces, indican que la labor profesional se desarrolla en forma
interdisciplinaria en la sección de Desarrollo Social, denominada inicialmente Desarrollo Campesino, siendo sus objetivos lograr un mayor desarrollo de la comunidad rural, a través de programas anuales de servicio social y orientación para el hogar. Específicamente, en el programa de servicio social se plantea capacitación de la familia campesina en seguridad social y en participación social, en vistas a ser parte activa de las organizaciones propias del asentamiento campesino. Los métodos aplicados corresponden a los de caso social, grupo y desarrollo comunitario, apoyados en las técnicas y procedimientos de visita domiciliaria, entrevistas individuales y grupales, encuestas, observación y reuniones de trabajo. A partir de su experiencia, reconocen que todo proceso educativo dirigido al campesinado debe ser “lento, gradual y continuado, para que conduzca a una real toma de conciencia”, por lo que se valoran positivamente las estrategias de inserción que impliquen compartir la vida cotidiana y las faenas campesinas en los predios reformados, las que permiten ganar la confianza de las familias del asentamiento y obtener el reconocimiento de los aportes del desempeño profesional frente a sus problemas y necesidades (Dávila et al., 1970, p.82).

Respecto del rol de Trabajo Social en los asentamientos campesinos, Araneda et al. (1971) plantean que se realizaba en el marco de un equipo interdisciplinario y desde la perspectiva del Método de Organización de la Comunidad, siendo sus principales preocupaciones el acompañamiento de las organizaciones provistas por el proceso reformista, tales como las directivas de asentamientos, cooperativas campesinas y sociedades agrícolas de Reforma Agraria SARA; a la vez de asesorar sindicatos campesinos, centros de madres y grupos juveniles rurales. Asimismo, se realizó capacitación sobre políticas agrarias y beneficios sociales, junto con participar en iniciativas de alfabetización campesina. Las acciones socioeducativas se inspiraban en los principios de Paulo Freire (1969), buscando superar una perspectiva urbana y paternalista, para poner de relieve los intereses y la realidad campesina desde una relación horizontal, concientizadora y liberadora, que valorara el esfuerzo propio y colectivo, en vistas a alcanzar una progresiva autonomía en la participación económica, social, cultural y política campesina.
Específicamente, las acciones profesionales realizadas con las mujeres campesinas de zonas reformadas ofrecieron como principal instancia de convocatoria grupal a los Centros de Madres, organizaciones funcionales responsables de procesos socioeducativos vinculados a la mejora de la salud materno infantil, formación en tareas domésticas y apoyo en el cuidado familiar, siendo reconocido como el principal espacio de sociabilidad entre las mujeres rurales. El marco patriarcal tradicional vigente no reconoció los aportes productivos a la subsistencia familiar realizado por el trabajo femenino agrícola a través de actividades tradicionales tales como mantención de huertas y chacras, crianza de aves y ganado menor, preparación y conservación de alimentos, recolección y guarda de semillas y frutos silvestres, y confección de artesanías, excluyendo a las mujeres campesinas de los procesos de transformación que se llevaban a cabo en el agro y considerando su participación en los aspectos de asignación de tierras exclusivamente en lógicas de herencia por línea paterna o en su calidad de cónyuges sobrevivientes (Inostroza et al., 1972; Castañeda, 2018; Castañeda y Rebolledo, 2018).

Con todo, puede sintetizarse que los principales aportes de Trabajo Social en la Reforma Agraria se realizaron en los procesos de alfabetización campesina, acompañamiento de la organización productiva y sindical, fortalecimiento de la participación social rural y formación en cooperativismo campesino, mediante acciones profesionales basadas en estrategias socioeducativas que buscaron ser pertinentes culturalmente al entorno rural en que eran desplegadas. Lo anterior contribuyó a consolidar el Método de Organización de la Comunidad como ámbito de desempeño especializado, validar la promoción social como nuevo saber distintivo y adoptar la definición de agente de cambio social como nuevo rol profesional (Castañeda y Salamé, 2014, 2015b).
### 3.3. Contrarreforma Agraria, Acumulación por Despojo y Trabajo Social.

Llueve, llueve y el Calle-Calle,
habla y habla en silencio,
llevándose a los muertos hacia el mar ...a navegar.

Nelson Schwenke y Marcelo Nilo

“Lluvias del Sur”

Dúo Schwenke y Nilo.

Álbum Schwenke y Nilo 1, Sello Alerce, 1987.

Para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Chile contaba con una población total de 8.884.768 habitantes, de los cuáles 2.209.631 vivían en zonas rurales y representaban el 25% de la población nacional (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 1970). A partir del aciago evento golpista, los procesos reformistas en el campo chileno se revirtieron en forma traumática, ocasionando como primera consecuencia acciones de represión política que afectaron directamente a campesinos y funcionarios de los organismos públicos a cargo de la Reforma Agraria. Según los datos recopilados por el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1996), sucedieron un total de 337 violaciones a los Derechos Humanos en el agro reformado, correspondiendo a 166 ejecutados políticos, 165 detenidos desaparecidos y 6 muertes a causa de torturas y malos tratos. En muchas ocasiones, los ajusticiamientos fueron realizados en los puentes o en las riberas de ríos y esteros, con el fin de hacer desaparecer rápidamente los cuerpos de las víctimas, por medio del curso de desembocadura de las aguas hacia el mar.

Estas acciones fueron realizadas por personal policial y civiles, las que generaron profundo temor en los espacios rurales y en ocasiones, impulsaron el abandono de las zonas reformadas por parte de familias afectadas por la represión. A modo de ilustración, los episodios de asesinatos de campesinos sucedidos en las localidades de Mulchén, Lonquén, Paine, asentamiento El Toro en la comuna de Fresia y en el Complejo Maderero Panguipulli, han sido reconocidos como lugares simbólicos asociados a la brutal represión que se ejerció con la población rural, constituyendo amenazas directas para la vida e integridad de los habitantes de las zonas reformadas
y abierto amedrentamiento para la organización política y sindical campesina, facilitando como consecuencia la imposición por la fuerza de las medidas de despojo que se realizaron a contar de esa fecha en el agro chileno.

<figure><img src="image_13.png" /><figcaption>Figura 3. Paseo Memoria Herida. Memorial dedicado a 38 campesinos ejecutados políticos. Sectores de Líquiñe, Curarrehue, Coñaripe, Pucón y Villarrica. Octubre, 1973. Puente Rodrigo de Bastidas. Río Toltén. Villarrica.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

Se estima que a septiembre de 1973 el Estado chileno administraba a través de la CORA un total cercano a diez millones de hectáreas de tierra reformada, lo que representó una oportunidad para las nuevas autoridades de facto, para realizar cuatro procesos complementarios de liquidación de estas propiedades, orientados conforme los criterios del nuevo modelo económico que se aspiraba a instalar en el país (Bellisario, 2013). El primer proceso de liquidación correspondió a la revocación de las expropiaciones realizadas por medio de ocupaciones irregulares o “tomas de fundo”, lo que representó la devolución de aproximadamente un tercio de la tierra reformada a los antiguos hacendados. El segundo proceso de liquidación correspondió a la asignación de predios a beneficiarios campesinos,
los que debían cumplir una serie de requisitos restrictivos, entre los que destacaba la ausencia de filiación sindical o política para ser considerados en el respectivo proceso de asignación, lo que definió las condiciones de entrega del segundo tercio de la tierra reformada y marginó de los beneficios a una amplia proporción de asentados. El tercer proceso correspondió a la entrega de tierras a profesionales del agro y privados, quienes no estaban considerados en los cuerpos legales originales como beneficiarios de la Reforma Agraria, y que fueron concebidos como un primer impulso de inversión capitalista en el agro; y finalmente, un cuarto proceso que asignó tierras a instituciones públicas y reservó propiedades para la creación del sistema de áreas silvestres protegidas. Los últimos dos procesos de liquidación se aplicaron sobre el tercer tercio de la tierra reformada, la que finalmente no llegó a las familias campesinas que habían sido definidas como sus beneficiarias originales. Años más tarde, los predios remanentes de estos procesos fueron licitados a capitales privados.

El efecto concadenado de estas medidas ocasionó un proceso progresivo de despojo del campesinado sobre los recursos naturales, ya que mediante el ejercicio de la violencia y la coacción se privó de manera permanente a individuos y comunidades de sus derechos adquiridos o reconocidos en su condición humana, con relación a predios, propiedades y derechos sociales, económicos y culturales (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR]/Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales [IEPRI], 2009). En este marco, el despojo agrario se expresó en los hechos en la revocación de los derechos campesinos definidos por ley, lo que ocasionó la pérdida de la tierra asignada a las comunidades campesinas, al ser retirada de parte del Estado la asistencia técnica comprometida, las líneas de crédito agrícola campesino y la comercialización preferencial de sus productos; junto con hacerse exigible el pago por concepto de compra de predios asignados y el pago de sus respectivos impuestos, creando un mercado de tierras agrícolas disponibles para inversiones agroindustriales, agropecuarias o forestales a partir de las acciones de remate y liquidación de bienes por insolvencia de los asignatarios campesinos de tierras reformadas (Castañeda, 2018). Asimismo, se produjo la pérdida de la calidad de la tierra indígena de comunidades mapuche por dictación de normativas que impulsaron la entrega de títulos de dominio individuales
sobre tierras comunitarias (Muñoz, 1999) y la cesión por parte del Estado de los derechos de agua a particulares a título gratuito y a perpetuidad (Mundaca, 2012).

Estos procesos de contrarreforma agraria y acumulación por despojo permitieron a la dictadura cívico militar propiciar las condiciones para implementar en forma diligente el modelo económico de libre mercado en el agro chileno (Castañeda y Salamé, 2021). Como consecuencia, el acceso a la propiedad agraria de parte de los grupos económicos y la pérdida de los predios por parte del campesinado reformado, permitió el desarrollo de procesos de encadenamiento productivo en la agroindustria y de sustitución de bosque nativo por plantaciones forestales, los que se han traducido en una marcada temporalidad del trabajo campesino y en la reorganización espacial de la población rural a partir de su desplazamiento a zonas urbanas o a villorrios campesinos, los que se constituyen en puntos clave de contratación de la mano de obra temporera requerida para las faenas productivas.

En este marco, Trabajo Social debió abandonar en forma abrupta sus procesos formativos y desempeños profesionales asociados al proceso reformista realizados hasta septiembre de 1973 y ajustarse traumáticamente a la nueva realidad agraria que se configuraba. Las instituciones responsables de los procesos de cambio, tales como la Corporación de Reforma Agraria CORA y el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria [ICIRA] iniciaron sus procesos de cierre definitivos. En consecuencia, se extinguieron las plazas profesionales con las que Trabajo Social había contribuido con los objetivos de transformación agraria planteados en la respectiva ley. En la academia, Trabajo Social debió enfrentar una amenaza permanente de cierre de la carrera, debido a la desconfianza de las nuevas autoridades por su posición de explícito compromiso con las necesidades y problemas del campesinado que había caracterizado los años precedentes. Por lo tanto, recibió profundos cuestionamientos a lo que habían sido sus desempeños en las zonas reformadas, debiendo en consecuencia abandonar forzosamente su interés por los temas rurales en los procesos de formación, en vistas a mantener su calidad de carrera universitaria. No obstante, se constata la realización de intervenciones profesionales en zonas reformadas con carácter excepcional (Castañeda, et al., 1985).
No obstante lo anterior, se fue conformando un desempeño
inédito y emergente definido a partir de los episodios de violacio-
nes a los Derechos Humanos sucedidos en el país en general, y en
los sectores rurales reformados en particular; en donde la Iglesia
Católica y otros credos, realizaron acciones que buscaron proteger
a las familias campesinas afectadas por la represión y por la pérdida
de sus medios de subsistencia. Destaca la labor del Departamento
Campesino del Comité Pro Paz que funcionó entre octubre de 1973
y noviembre de 1975, y que se preocupó de los detenidos desapa-
recidos de las zonas rurales de San Antonio, Melipilla, Isla de Mai-
po, Lonquén y Paine. Esta labor fue heredada por el Departamento
Campesino de la Vicaría de la Solidaridad, que funcionó entre los
años 1976 y 1983 y tuvo como objetivo paliar los problemas de
desintegración social, marginalidad y pobreza de las familias campe-
sinas, a través de programas de capacitación, asistencia social, jurídi-
ca y técnica. En ambas instituciones, Trabajo Social realizó impor-
tantes aportes desde su repertorio social especializado en torno a
sistemas de atención social y registro, asistencialidad y organización
social (Vicaría de la Solidaridad, 1991).

Esta respuesta inicial se fue multiplicando a lo largo del país en las diversas organizaciones solidarias o no gubernamentales que pudieron conformarse a partir de proyectos sociales y que contaron con equipos a cargo en los que participaron profesionales de Trabajo Social. Estas organizaciones focalizaron sus esfuerzos en la seguridad personal de las personas denunciantes, realizaron acciones asistenciales para enfrentar las múltiples necesidades básicas que surgían del desplazamiento rural y de la persecución política, y ofrecieron acompañamiento jurídico social en la búsqueda de protección y asilo para las víctimas de la represión y sus familias. Posteriormente, a partir de los aportes de la Cooperación Internacional, partidos políticos y compatriotas en el exilio, se llevaron a cabo proyectos específicos en diversas zonas rurales del país, que permitieron ofrecer atención al campesinado durante los años dictatoriales, en los ámbitos de alimentación, salud, producción agropecuaria de subsistencia, cultura, organización social, orientación sociojurídica y denuncia (Castañeda y Salamé, 2019, 2024).

En el marco de los registros de la época en torno a las expe-
riencias de Trabajo Social en organizaciones no gubernamentales
realizados por García-Huidobro et al. (1989), se reconoce el aporte a las familias rurales campesinas y a comunidades indígenas en diversas zonas del país, las que junto con recibir asistencia técnica para mejorar sus prácticas productivas y obtener mejores rendimientos, fueron acompañadas en la promoción de la organización comunitaria, en el rescate de la identidad cultural y en la recomposición del trabajo colectivo para la búsqueda de soluciones a problemas comunes. Asimismo, se destaca el trabajo profesional socioeducativo realizado a través de estilos solidarios y participativos, que buscó fomentar nuevos liderazgos por medio de relaciones de colaboración frente a las adversas situaciones de vida y trabajo que les aquejaban. Muchos de estos proyectos se realizaron en medio de acciones represivas efectuadas por los organismos de seguridad del régimen, las que en ocasiones influyeron directamente en la imposibilidad de cumplir con los objetivos planteados o en la decisión de abandono de los proyectos por parte de las personas participantes. Asimismo, las acciones de persecución política afectaron directamente a los equipos de trabajo, por medio de hostigamientos, amenazas a la vida personal o de sus familiares, allanamientos de los lugares de trabajo o en los sectores rurales en los que se desarrollaban los proyectos, detenciones ilegales, tortura, atentados y crímenes de diversa connotación.

Desde la perspectiva estatal, debe mencionarse que a partir de la década de 1980 y en el marco de la implementación de las políticas subsidiarias en el agro, se realizan los primeros procesos de licitación de proyectos de transferencia tecnológica y de acompañamiento a familias campesinas, convocando para su ejecución a agencias de desarrollo territoriales en las que se incorporó en forma puntual a profesionales de Trabajo Social para la implementación de los aspectos sociales y culturales definidos en los respectivos proyectos (Martinic y Walker, 1988). En este sentido, las nuevas orientaciones de las políticas sociales focalizadas invisibilizaron las particularidades de la ruralidad en la asignación de beneficios, por lo que las necesidades de las familias campesinas debieron competir por los escasos recursos disponibles en forma conjunta con los sectores urbanos en situación de pobreza, correspondiendo a Trabajo Social asumir los procesos de evaluación de beneficios en un contexto institucional abiertamente adverso (Ffrench-Davis y Stallings, 2001).
En consecuencia, la profesión aportó en la evaluación y asignación de los beneficios sociales subsidiarios, amparada precariamente por la legitimidad de su repertorio profesional asociado a la asistencia-lidad y que había sido desempeñado en forma distintiva a lo largo de cinco décadas a contar de esa fecha (Castañeda y Salamé, 2022).

### 3.4. Modernización Agraria, Nueva Ruralidad, Proble- máticas Socioambientales y Trabajo Social.

> Yo creo que es un insulto, creer que el viejo modelo, remendado con buen bilo, puede resultar correcto.

> Roberto Márquez
> “Ya quisieran por olvido”

> Illapu
> Álbum Vuelvo amor...vuelvo vida. EMI, 1992.

Las acciones impulsadas por la dictadura cívico militar consoli- daron un modelo de desarrollo nacional agroexportador basado en la explotación intensiva de los recursos naturales asociados principal- mente a la modernización de los sectores de agroindustria, forestal, vitivinícola, frutícola y hortícola. Esta dinámica se reflejó en la pro-gresiva concentración de la propiedad agraria por parte de grupos económicos y en la creciente presión sobre los recursos naturales para mantener los niveles de producción requeridos para sostener una rentabilidad favorable, conforme los compromisos adquiridos con los diversos mercados internacionales (Comisión Económica para América Latina y El Caribe [CEPAL], 2019). En forma conver- gente, el retorno a la democracia no modificó la estructura agraria ni mejoró las relaciones laborales ni la organización sindical agrícola, sino que los esfuerzos fueron dirigidos a la implementación de un conjunto de políticas públicas que buscaron mejorar infraestructura, conectividad, electrificación, acceso al agua potable, programas ha- bitacionales y coberturas en salud, educación y capacitación técnica para su población, en abierta compatibilidad con la profundización del modelo agroexportador (Valdés y Rebolledo, 2016).

Asimismo, en las últimas décadas se han sumado avances tec- nológicos e inversiones inmobiliarias que han modificado los terri-
torios rurales, desdibujando sus particularidades tradicionales frente al avance de los estilos de vida, contenidos y dinámicas propias del mundo urbano. Esta realidad ha permitido la formulación de una nueva conceptualización para definir al mundo rural contemporáneo, el que corresponde a Nueva Ruralidad y que se caracteriza por la desaparición de la definición binaria campo/ciudad frente a los avances de la urbanización en el mundo rural, las ocupaciones del territorio de carácter no agrícola, la creciente presencia de la tecnología, telecomunicación, informática y biotecnología vinculadas a cadenas agroproductivas y producción agrícola de vanguardia, y la incorporación de nuevos temas sociales y culturales asociados a pueblos indígenas, migraciones, protección del medio ambiente y género (Carton de Gramont, 2008). Adicionalmente, en los últimos años se ha manifestado una tendencia emergente de contraurbанизación denominada neo-ruralidad, que se constituye a partir de los procesos migratorios de sectores poblacionales urbanos que optan por abandonar las grandes ciudades y avecindarse en las localidades rurales (Méndez, 2014).

<figure><img src="image_14.png" /><figcaption>Figura 4. Parcelaciones con fines habitacionales en terrenos preferentemente agropecuarios. Comuna de Villarrica, 2024.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.
Esta situación recibió un importante impulso por las condiciones de confinamiento de la pandemia COVID-19 y por la consecuente habilitación del teletrabajo, creando una tendencia que ha generado habitantes neo-rurales que poseen prácticas y conductas propias de la ciudad y adoptan parcialmente las actividades y costumbres del campo, siendo sus principales temas de interés la crianza de su prole, el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida que puedan ofrecer a su grupo familiar (Vera et al, 2023). En síntesis, puede afirmarse que la ruralidad contemporánea nacional es diversa e incluye a la agroindustria, la explotación forestal, la economía agraria tradicional, las segundas residencias, las parcelas de agrado, las zonas turísticas, las áreas de conservación, los territorios de los pueblos indígenas y los territorios aislados, extremos y fronterizos (Bustos y Román, 2022), pluralidad que representa en la actualidad el 12,2% de la población nacional (INE, 2017).

En este marco de transformaciones, la atención específica a las necesidades sociales del pequeño productor y del campesino que sobrevivió a los años de despojo, ha sido definida desde las lógicas de licitaciones y convenios de organismos públicos con prestadores privados, asumiendo el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario INDAP un rol central en estas iniciativas (INDAP, 2022). Así entonces, a modo de ilustración puede mencionarse que a partir de 1992 se implementó el convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario y la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer INDAP-PRODEMU, que propone un Programa para la Mujer Rural y cuyos objetivos buscan el empoderamiento personal, el desarrollo organizacional, la gestión del emprendimiento y la capacitación en técnicas de manejo del rastro agrícola (PRODEMU, 2023). En 1996 se sumó el Programa de Desarrollo Local en comunidades rurales en situación de pobreza PRODESAL, que trabaja en alianza con municipios rurales del país para apoyar a la producción de la economía campesina; junto con el Programa de Turismo Rural de INDAP-Servicio Nacional de Turismo SERNATUR que ha convocado a más de 1.700 iniciativas de las zonas rurales en sus años de implementación. El año 2009 se creó el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) orientado a acoger las problemáticas y requerimientos de los pueblos indígenas en sus territorios; y se fortaleció la línea de comercialización campe-
sina apoyada con diversas iniciativas que incluyen la Expo Mundo Rural implementada a contar del año 1998, alianzas productivas entre pequeños productores con grandes empresas desde el año 2007, el sello Manos Campesinas a partir del año 2015 y la creación de las tiendas Mundo Rural y los mercados campesinos en diversas ciudades de Chile que iniciaron sus funciones en el año 2016.

En este entramado sectorial de organismos, convenios y recursos, el aporte de Trabajo Social ha resultado invisibilizado, debido a que el principal foco de atención de las acciones se centra en la producción agropecuaria, siendo desplazada la atención de los aspectos sociales a otros organismos, dado que la preocupación institucional busca impulsar incrementos significativos en los niveles de producción e ingreso campesino que les permita pasar a formar parte de cadenas proveedoras de recursos naturales, insulos, bienes y servicios en procesos capitalistas agrarios vinculados a los territorios rurales a los que pertenecen. La eventual participación en equipos interdisciplinarios sitúa los aportes profesionales en acciones asociadas al acompañamiento familiar y organizacional, gestión de beneficios sociales y asistencia jurídico social en temas de interés rural.

Desde la perspectiva de las políticas públicas, el aporte profesional de Trabajo Social en el medio rural se observa con mayor claridad. En efecto, a partir del retorno a la democracia la profesión focalizó su atención en la protección de la niñez campesina y en sus necesidades de habilitación de salas cunas y jardines infantiles en los períodos estivales de cosecha de la floricultura y la fruticultura, debido a la alta demanda por mano de obra femenina campesina para el desarrollo de dichas faenas temporeras (Calderón et al., 1994). Asimismo, el desarrollo de programas de salud rural y salud intercultural ha permitido la realización de acciones de educación en salud, visitas domiciliarias integrales y promoción de la participación en salud, considerando recursos y estrategias específicas para la atención de la población campesina e indígena (García-Huidobro et al., 2018).

Del mismo modo y teniendo presente el aumento progresivo de los índices de escolaridad de las nuevas generaciones rurales que impulsan procesos migratorios de la población joven hacia zonas urbanas, motivadas por la búsqueda de mejores oportunidades de
estudio y trabajo se han presentado fenómenos de despoblamiento y envejecimiento de las zonas rurales, los que se expresan en una disminución de la población rural chilena que alcanza un promedio estimado del 30% durante las últimas tres décadas (Uribe-Sierra y Mansilla-Quiñones, 2022). Estas situaciones convocan acciones profesionales de Trabajo Social orientadas a la creación y/o mantenimiento de vínculos significativos para la vejez rural, a través de la promoción de las organizaciones comunitarias y la conformación de clubes de personas mayores, grupos de trabajo o agrupaciones de iglesias que ofrezcan redes de contención, acompañamiento y prácticas de cuidado a las eventuales situaciones de soledad, dismovilidad o abandono que puedan presentarse en las zonas campesinas (Orostizaga, 2017).

Desde la perspectiva de las políticas de vivienda y habitabilidad rural vigentes, se han propuesto subsidios de vivienda y subsidios complementarios orientados a dotar a las viviendas de servicios, aportar al mejoramiento del entorno rural y optimizar el diseño arquitectónico habitacional para fortalecer las características locales del lugar en que se emplazan las viviendas. Los aportes de Trabajo Social en estas materias se focalizan en la organización de la demanda y en prestación de asistencia técnica en los procesos de postulación, asignación y recepción de los beneficios habitacionales disponibles. En esta tarea, la profesión ha reconocido la falta de pertinencia que afecta a las propuestas disponibles, dado que la alta estandarización de las ofertas habitacionales no reconoce las identidades económicas, climáticas, productivas, sociales y culturales de los diversos territorios rurales del país; y la organización de la demanda se enfrenta a importantes dificultades asociadas a la homologación de las necesidades, requisitos y procedimientos de los procesos de postulación y asignación de la vivienda rural a los criterios universales provistos por la realidad urbana nacional (Carrasco y Pinochet, 2003; Acevedo y Silva, 2012).

Adicionalmente, debe mencionarse que el año 2011 se dicta la Ley N°20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, cuerpo legal que impulsó la incorporación de profesionales de Trabajo Social en los equipos de empresas constructoras y consultoras a cargo de la implementación de Proyectos de Agua Potable Rural por medio del trabajo con Comités de Agua Potable
Rural constituidos bajo la Ley N°19.418 de 1995. La labor profesional que se realiza en este marco legal debe garantizar la ejecución del programa de capacitación y participación ciudadana definido para concretar la iniciativa en forma exitosa. El programa data de la década de 1960 y busca asegurar el abastecimiento de agua potable en los sectores rurales del país, independientemente del nivel de dispersión geográfica de su población. En el inicio de su implementación, el país alcanzaba en promedio 6% de cobertura, mientras que en la actualidad ofrece 100% de cobertura en las localidades rurales cuya población se encuentra totalmente concentrada y 60% en comunidades con dispersión parcial o total. Este programa se enlaza con la tradición de Trabajo Social de propiciar mejoras en las condiciones materiales de vida de la población de las zonas rurales para fortalecer sus indicadores sociosanitarios (Schuster y Tapia, 2017).

Desde la perspectiva de las políticas sociales, debe tenerse presente la preeminencia tecnocrática, focalizada y descentralizada vigente, que ha potenciado el rol de los municipios a nivel país, situándolos como instituciones claves para el desempeño de Trabajo Social, en atención a las oportunidades de enlace que representa entre las necesidades de la población, los recursos públicos y la gestión local en los territorios (González, 2006). Según datos censales, se estima que el 25,5% de la población nacional vive en comunas rurales, siendo clasificadas en esta calidad 263 de las 346 comunas del país, las que representan un 83% del territorio nacional (INE, 2017). En este marco, el desempeño profesional en los municipios rurales se ha orientado a contribuir en la implementación de programas sociales que aporten servicios oportunos y de calidad para su población, en las áreas de salud (Trigo, 2012), vivienda (Belmar, 2024), trabajo (Sainz y Tapia, 2010; Maureira, 2014), asociatividad (Bahamondes y Cárdenas, 2011) comercio (Bruna, 2022), consumo (Gutiérrez et al, 2002), y seguridad (Inostroza y Silva, 2006); enfrentando la inequidad en el acceso a los recursos y la baja rentabilidad social en la evaluación de nuevas iniciativas como las principales limitaciones estructurales que afectan la cobertura, el impacto y la eficiencia de la ejecución de programas sociales de responsabilidad o iniciativa municipal (Asociación de Municipios Rurales de Chile [AMUR]/ Oficina de Estudios y Políticas Agrarias [ODEPA], 2021).
Específicamente en el tema de la relación del Estado con los pueblos indígenas, en el año 1990 se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas CEPI, la que tuvo como objetivo proponer un anteproyecto de ley sobre pueblos indígenas, a través de un proceso que convocó a participar en su diseño a comunidades y organizaciones del país. El proceso culminó en el año 1991 en la ciudad de Temuco, con la proposición de un proyecto de ley para la protección, fomento y desarrollo de los indígenas y la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena [CONADI]. Sobre esta base, se promulgó en el año 1993 la Ley N°19.253 que concretó ambas iniciativas. Se suma a lo anterior la ratificación por parte del Estado de Chile, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes en el año 2008, que establece la protección y aplicación efectiva de los derechos de los pueblos de manera igualitaria. Los objetivos de la CONADI permiten la realización de convenios con municipios, para la implementación de acciones destinadas a la población indígena que respondan a las demandas de las comunidades a nivel local. En este marco institucional a nivel nacional y local, Trabajo Social ha contribuido como integrante de equipos interdisciplinarios a cargo de implementar acciones vinculadas al fortalecimiento de la organización social, postulación a fondos institucionales, promoción de derechos indígenas, realización de diagnósticos socioeconómicos, culturales y productivos, gestión de becas y beneficios, canalización de demandas y reivindicaciones sociales, gestión intersectorial e intervenciones socioeducativas con infancia, jóvenes, mujeres, familias y comunidades indígenas; desde los enfoques de pertinencia sociocultural, territorial y de género (Fuentes, 2004; Barraza et al, 2017; Rain et al, 2024).

En la actualidad, las directrices contemporáneas del desarrollo rural chileno se encuentran contenidas en la Política Nacional (Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio [COMICIVYT], 2020), formulada sobre la base de los datos censales del año 2017, los que presentan un porcentaje de población rural que alcanza al 12,2% del total de la población nacional; y los resultados de la encuesta CASEN del mismo año, que informó niveles de pobreza rural por ingresos de un 10% y pobreza rural multidimensional de 27,96%, situándose ambas cifras por sobre los referentes urbanos.
La política define ruralidad como la interrelación dinámica entre las personas, las actividades económicas y los recursos naturales; en territorios con densidad poblacional inferior a 150 (hab./km2) y con una población máxima de 50.000 habitantes, identificando como unidad básica de organización y referencia a la comuna. Su objetivo general corresponde a:

> "Mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en territorios rurales, generando las condiciones adecuadas para su desarrollo integral, a través de la adopción gradual, planificada y sostenida de un paradigma que concibe un accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos niveles, y que propicia sinergias entre iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil. De esta forma la política nacional de desarrollo rural espera contribuir a lograr un mayor equilibrio territorial en el país, potenciando particularmente el desarrollo sostenible de sus asentamientos poblados de menor tamaño" (COMICIVYT, 2020, p.17).

Los ámbitos de interés definidos en la política corresponden al bienestar social, para disminuir las brechas en el acceso a bienes y servicios; oportunidades económicas para mejorar el desempeño y dinamismo local; la sustentabilidad medioambiental, que permita valorar los espacios naturales y gestionar los riesgos; y la cultura e identidad a través de la valorización del patrimonio material e inmaterial. Específicamente, en el componente de bienestar social, se busca impulsar a la vivienda y servicios básicos, educación, salud, justicia, seguridad ciudadana, conectividad física y telecomunicaciones, pobreza, vulnerabilidad social y equidad, esparcimiento, deporte y actividad física; condiciones que se relacionan directamente con las características de la vida campesina y con los desempeños profesionales tradicionales de Trabajo Social en las zonas rurales. En los componentes relacionados con oportunidades económicas locales, sustentabilidad medioambiental y cultura e identidad, la profesión reconoce la manifestación de las principales tensiones y conflictos que afectan actualmente al medio rural y que demandan desempeños que busquen privilegiar la defensa socioambiental, la justicia
territorial, la participación social, la protección del patrimonio material e inmaterial y el fortalecimiento sociocultural de las comunidades locales.

En específico, debe mencionarse la creciente preocupación por las problemáticas ambientales, derivadas de la presión sobre los recursos naturales que han ejercido durante las últimas décadas los circuitos de producción agroindustriales y forestales ligados a la acumulación de capitales, los que han ocasionado erosión de los suelos, sobreexplotación y degradación de los recursos naturales, escasez hídrica, contaminación biológica y química, y pérdida de la biodiversidad y del patrimonio natural (Universidad de Chile, 2023). Sobre esta base, Castañeda (2024) plantea que la profesión transita hacia la conformación de un Trabajo Social ambiental, a partir de la resignificación de los aprendizajes distintivos aportados por su trayectoria histórica conformada desde la ruralidad, a la vez que aboga por el reconocimiento de las actuales preocupaciones socioambientales que afectan a las comunidades locales campesinas. En consecuencia, sus acciones buscan contribuir a la consolidación de las jerarquías de intervención ambiental asociadas a prevención, minimización, mitigación, reparación y compensación; siendo implementadas en las principales problemáticas ligadas a desastres y emergencias socioambientales, entre las que pueden identificarse megaincendios, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, aluviones, vientos huracanados y deslizamiento de tierras; las que ocasionan pérdida de patrimonio familiar, pérdida de empleos silvoagropecuarios, población desplazada climática, población atrapada climática, escasez y carestía de alimentos y efectos psicosociales en la población rural. En esta tarea, los saberes profesionales son convocados para aportar en la justicia ambiental que demanda el bienestar de las personas y los territorios afectados por contaminación, cambio climático o deterioro, degradación y sobreexplotación de sus ecosistemas. La experiencia desarrollada a la fecha demuestra el enorme potencial de la intervención socioambiental de la profesión, dado su avanzado manejo en los procesos socioeducativos y en el acompañamiento de la organización social desde los territorios.
4. Reflexiones Profesionales

Y sigo caminando calendarios,
y sigo dando vuelta en un reloj.

Sergio González.

“Y vuelta y vuelta”.

Congreso
Álbum Terra Incógnita. EMI Odeon, 1975.

Las profundas transformaciones que han afectado al agro chi-
leno a lo largo de diez décadas, reflejan las diversas concepciones
que han definido los modelos de desarrollo nacional en torno al
aporte de los recursos naturales; y reflejan los efectos directos que
cada implementación ha representado para los territorios agrarios y
para la población rural involucrada en dichos procesos. Para Trabajo
Social, los desempeños en las zonas rurales constituyen repertorios
dinámicos que se definen desde los aprendizajes históricos y se re-
significan a partir de los contextos y contingencias que se presentan
en los diversos ámbitos de interés profesional vinculados al agro.
No obstante, la preeminencia económico productiva conferida a los
recursos naturales tiende a invisibilizar la valía de los componentes
sociales y culturales presentes en las zonas rurales y perfila un de-
sempeño profesional definido tradicionalmente en torno a los pro-
blemas y necesidades sociales que afectan a los diversos sujetos y
territorios.

Desde la base de información aportada por el proceso de sis-
tematización realizado, se propone el siguiente cuadro síntesis, que
ilustra los principales hitos de la historia agraria y las principales
características que asumen las actorías rurales en el período 1925-
2025, componentes claves de los contextos sociohistóricos en que
se ha inscrito el desempeño del Trabajo Social Rural a lo largo de
las décadas.
<table><caption>Cuadro síntesis
Sistematización del desempeño profesional del trabajo social rural en el agro chileno, 1925-2025.
Hitos historia agraria/actorías rurales</caption><thead><tr><td>Actorías rurales Hitos historia agraria</td><td>Campesinado</td><td>Propiedad agraria</td><td>Rol del Estado</td><td>Modelos de desarrollo rural</td><td>Trabajo social rural</td></tr></thead><tbody><tr><td>Complejo latifundio/ minifundio</td><td>Inquilinaje</td><td>Hacienda</td><td>Benefactor</td><td>Abastecimiento del mercado interno</td><td>Asistencialidad sociosanitaria</td></tr><tr><td>Reforma Agraria</td><td>Asentamiento campesino Sociedad Agrícola Cooperativas Campesinas</td><td>Estado</td><td>Reformista, Garante de derechos campesinos</td><td>Modernización agraria</td><td>Promoción Social Alfabetización campesina Síndicalización campesina Organización campesina</td></tr><tr><td>Contrarreforma Agraria y acumulación por despojo</td><td>Trabajo temporero</td><td>Grupos económicos</td><td>Neoliberal Privatizador Subsidiario</td><td>Agroexportador</td><td>Asistencialidad socioeconómica focalizada. Protección de Derechos Humanos en Organizaciones no Gubernamentales.</td></tr><tr><td>Nueva Ruralidad</td><td>Diversidad de sujetos rurales y neorurales</td><td>Capitales Transnacionales</td><td>Neoliberal Regulador Subsidiario</td><td>Extractivista</td><td>Asistencialidad socioeconómica focalizada. Gestión Social Local. Trabajo Social Ambiental.</td></tr></tbody></table>

Fuente: Elaboración propia desde resultados de Sistematización
La síntesis realizada constata que el desempeño específico de Trabajo Social en zonas rurales se orienta desde los lineamientos definidos por el Estado y por las políticas de desarrollo rural vigentes en su oportunidad, siendo su principal prioridad la atención social de la población campesina. Esta misión ha sido realizada en forma permanente a lo largo de las décadas, aun atravesando períodos en los que ha debido enfrentar una abierta hostilidad a sus acciones profesionales. Actualmente, el desempeño profesional se encuentra asociado a políticas sociales formuladas desde una matriz de oferta y financiamiento definida desde el nivel nacional, que desconoce la condición de ruralidad y aporta acotadas bonificaciones a las zonas campesinas en los procesos de evaluación y asignación de beneficios. Con ello, la valorización del referente territorial rural es marginal y se asume como un dato de contexto. En consecuencia, a pesar de los esfuerzos realizados por Trabajo Social en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de la población campesina, la ruralidad se encuentra invisibilizada en el marco de un país que concibe el desarrollo dentro de los parámetros urbanos de incrementos en escolaridad, ingresos, consumo, digitalización y conectividad.

Desde la perspectiva del desarrollo rural, Trabajo Social ha quedado situado en el centro de la paradoja ocasionada por la importante inversión económica productiva que reciben los territorios rurales que sostienen el modelo agroexportador y la exigua inversión social del Estado y de las instituciones públicas respecto a las necesidades de sus habitantes. Esta paradoja se traduce en un rol profesional mediador que transita entre las tensiones generadas, por una parte, en la focalización de subsidios y transferencias basada en los sistemas selectivos de medición de la pobreza; y por otra, en la permanente demanda por beneficios y aportes que forman parte de las estrategias de subsistencia de las familias rurales que viven la situación de pobreza en su cotidianeidad. Como consecuencia, se reconoce la emergencia de las denominadas prácticas de resistencia, las que han redefinido los espacios rurales como zonas de sacrificio, al poner el acento en la depredación, contaminación y degradación de sus recursos naturales afectados por el modelo de desarrollo extractivista. Del mismo modo, se constata en los últimos años el aumento del malestar social, la conflictividad y la violencia en espacios rurales; lo que se traduce en crecientes demandas y reivindicaciones
por el acceso, manejo, recuperación o autonomía de los territorios
por parte de diversas actorías sociales, políticas e indígenas.

Finalmente a modo de conclusión, se constata que el proceso
de sistematización temática ha rescatado valiosos aprendizajes pro-
fesionales a partir de los aportes realizados en importantes hitos de
la historia agraria nacional sucedidos entre los años 1925 y 2025,
conformando una trayectoria distintiva que otorga plenas garantías
de aporte especializado a los desafíos rurales presentes y futuros,
desde un valioso acervo laboriosamente construido a lo largo de los
cien años de desempeño del Trabajo Social rural chileno.

Valparaíso/Villarrica. Verano del 2025

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Escuela de Servicio Social Dr. Alejandro del Río.
# CAPÍTULO 2

## Trabajo Social Municipal como Agente de Desarrollo de la Economía Social y Solidaria en sectores rurales: Sistematización de la experiencia de la Feria de Mujeres Indígenas Rurales de Alto Loa y Calama Rural apoyadas por el Departamento Andino de la Municipalidad de Calama

Arturo Bruna Villanueva<fnref n="1" />

<figure><img src="image_15.png" /><figcaption>Figura 1. Exposición de Mujeres Indígenas Rurales.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

<footnote n="1">1 Trabajador Social y Licenciado en Trabajo Social. Departamento Andino. I. Municipalidad de Calama. Región de Antofagasta. Correo: abruna@municipalidadcalama.cl</footnote>
# 1. Presentación

El interés de Trabajo Social por lo rural obedece a la necesidad de mayor profundización por parte de la disciplina en el tema y también mayor exploración del mismo, a fin de contar con oportunidades de diagnóstico e intervención especializadas de las problemáticas sociales en dichos espacios (Sepúlveda y Sánchez, s.f.). Por tanto, encauza la acción disciplinar como un elemento crucial debido a una variedad de principios, que abarcan desde la promoción de la justicia social hasta el respeto y la preservación de las naciones indígenas. Es así como la importancia de esta temática se encuentra en directa relación con diversos factores de relevancia en las zonas rurales, dentro de los que destacan los factores de carácter histórico y cultural, los cuales aportan antecedentes relevantes para las oportunidades de bienestar y desarrollo humano. Para la profesión, la intervención en zonas rurales representa una oportunidad para desarrollar una conciencia crítica y reflexiva que permita realizar prácticas emancipadoras, de tal forma que se constituya en un aporte al fortalecimiento y liberación de las personas indígenas en el marco de las condiciones opresivas del sistema (International Federation of Social Workers [IFSW], s.f.).

Ahora bien, esta decisión sobre la atención especial con las na-
ciones indígenas, no se puede ver aislada o propia del Trabajo Social,
sino que también va relacionada a la normativa vigente, ya que según
lo indicado por la Ley 19.253, Art 1, inciso tercero, se menciona que

> "Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación" (Ministerio de Planificación y Cooperación, 1993).

En este marco, la municipalidad de Calama ha implementado a partir del año 1995 el Departamento Andino, cuyo propósito busca
“contribuir a satisfacer las necesidades de las comunidades del área rural de los pueblos de la precordillera y de los sectores agrícolas de la comuna de Calama” (Municipalidad de Calama, 1995, p. 1). Como objetivo específico en la temática, el Departamento se plantea “apoyar el desarrollo del sector rural, respetando sus naturales creencias, idiosincrasia, condición de minorías étnicas y formas de vida” (Municipalidad de Calama, 1995, p. 1). La presencia de las naciones indígenas en la comuna de Calama es relevante. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas [INE] (2017), la población comunal alcanza a un total de 165.731 personas, de las cuáles 39.724 declaró pertenecer a algún pueblo indígena, lo que equivale a un 24,9% de la población (BCN, 2017). En virtud de ello, se establece como parte relevante del trabajo municipal, una atención indígena preferente, en razón del importante número de habitantes que habita en la zona.

La población indígena de Calama habita preferentemente en zonas rurales, las que se ubican en 10 localidades indígenas, las que corresponden a Chiu Chiu, Lasana, Caspana, Ayquina, Turi, Cupo, Toconce, Estación San Pedro, Taira y Conchi Viejo. Todas ellas forman parte de la comuna, pero se integran en un territorio único reconocido por sus habitantes como Lickana, entendida como una gran zona previa al establecimiento de las naciones, conformada por parte del norte andino de Chile y parte de territorios de países vecinos (Miranda, 2023). Teniendo presente estos antecedentes, el Departamento Andino desarrolla un trabajo permanente con los diferentes grupos que conforman las naciones indígenas, con especial atención por las mujeres indígenas rurales de Alto Loa y Calama rural, con quienes se ha organizado un trabajo organizacional que se orienta a promover el desarrollo en sus territorios tomando como base los productos agrícolas y artesanales locales. Es así que, a partir del año 2010, surge la iniciativa de establecer un trabajo en el ámbito de la economía familiar, por medio de la organización de una exposición de los productos producidos por 30 mujeres de las zonas rurales, instancia de funcionamiento mensual que está orientada directamente a favorecer la venta de los productos en el medio urbano, buscando alcanzar mejores precios para su producción local. En este trabajo entre la Municipalidad de Calama y las mujeres rurales, se realizan una serie de acciones de apoyo y de coordinación,
que han permitido mantener la iniciativa a lo largo de los años con el respaldo de la institucionalidad pública.

Desde la perspectiva del municipio, la actividad permite implementar el objetivo institucional en torno a “situar a las personas y al medio ambiente en el centro de la economía, poner fin a una economía basada en la extracción, el crecimiento, la competencia y el mercado, y luchar hacia sociedades colaborativas y resistentes que desarrollen y refuercen las alianzas y acciones estratégicas a través del trabajo conjunto” (Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, sf.).

A partir de estos antecedentes, el presente capítulo se plantea como objetivo sistematizar la experiencia de la feria de mujeres indígenas rurales de Alto Loa y Calama Rural apoyadas por Departamento Andino de la Municipalidad de Calama. Los aprendizajes obtenidos buscan enriquecer los procesos de Trabajo Social municipal, en su definición de agente de desarrollo de la economía social y solidaria en los sectores rurales del país.

## 2. Marco Conceptual

Los conceptos claves que orientan el trabajo del Departamento Andino se organizan en torno a mujeres indígenas, economía social y solidaria, y bienes y servicios con pertinencia cultural. Respecto a mujeres indígenas, el Centro de Estudios de la Mujer (Cedem, 2021), las reconoce desde la diversidad y valora su rol central dentro de sus comunidades o pueblos, relacionado principalmente con la preservación de la cosmovisión indígena. Su posición social, está inmersa en los principios de dualidad y complementariedad con el hombre, lo que permite un equilibrio en la naturaleza y en lo espiritual, facilitando la conexión con su territorio. Las mujeres indígenas son capaces de defender su tierra y mantener el conocimiento ancestral. De igual forma cumplen un rol fundamental en el desarrollo social, político y cultural de sus pueblos, a través de la transmisión de sus saberes tradicionales, revitalización del idioma, aporte en la soberanía alimentaria y cuidado de las semillas. destacan especialmente en el aporte de sus conocimientos en torno a la salud y al uso de plantas medicinales. De igual forma, Mora (2020) caracteriza a las mujeres
indígenas como mujeres que han tenido que vivir violencia a través de la criminalización y judicialización de sus demandas políticas te-rritoriales y medioambientales, la cual ha cobrado vidas de mujeres líderes, muchas encarceladas y enjuiciadas por oponerse al modelo económico extractivista imperante, por lo que la visualiza como de-fensora de sus derechos y voz que expresa a su nación, arriesgando su integridad física y hasta la vida si fuese necesario. Las mujeres indígenas son portadoras de su tradición y de su cosmovisión, con especial conocimiento espiritual del agua, los animales y las plantas; y cuya capacidad busca defender su identidad, lenguas, costumbres, sabiduría y su forma de comprensión del mundo.

En relación con la Economía Social y Solidaria, Piquinela (2020) define el concepto en los siguientes términos:

La Economía Social y Solidaria (ESS) se define como un movimiento político y social promotor de nuevas formas de producción, distribución y consumo, además de ser considerada como un sector de la economía. A partir de la puesta en práctica de una racionalidad económica que disputa sentidos con la capitalista, compone un campo de acción política que conforma tramas colectivas y produ-ce formas de vida basadas en la reapropiación colectiva de los medios de existencia. La conceptualización de su composición, por parte del campo académico, está con-formada por la consistencia de los diálogos y de las expe-riencias que se desarrollan: iniciativas, movimientos, redes y organizaciones, en las que confluyen saberes académicos y militantes (Piquinela, 2020, p.2).

Para Coraggio (2007) la economía social y solidaria es:

(...)un modo de hacer economía, organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, circu-lación y consumo de bienes y servicios no en base al moti-vo de lucro privado sino a la resolución de las necesidades, buscando condiciones de vida de alta calidad para todos los que en ella participan, sus familiares y comunidades,
en colaboración con otras comunidades para resolver las necesidades materiales a la vez que estableciendo lazos sociales fraternales y solidarios, asumiendo con responsabilidad el manejo de los recursos naturales y el respeto a las generaciones futuras, consolidando vínculos sociales armónicos y duraderos entre comunidades, sin explotación del trabajo ajeno (Coraggio, 2007, p.14).

Ahora bien, otros autores citados por Galán et al., (2018), definen la economía social y solidaria como “sistema socioeconómico, cultural y ambiental desarrollado de forma individual o colectiva a través de prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de la economía” (Askunze, 2007, p. 108), enmarcándola en lo que denominan economías transformadoras y las cuales tienen dos características que son “su orientación fuertemente crítica y decididamente transformadora respecto a las grandes estructuras y los modos de organización y de acción que caracterizan la economía contemporánea” (Razeto, 2000, citado en Pérez de Mendiguren et al., 2008, p. 10).

Asociado al concepto anterior, se propone el concepto de Bienes y Servicios con Pertinencia Cultural, que corresponde a las cosas corporales o incorporales que se desarrollan según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura a partir de las siguientes características (FAO, 2023).

(...) comprenden la inspiración estética, la identidad cultural, el sentimiento de apego al terruño y la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural... están estrechamente interconectados y a menudo están relacionados con los servicios de abastecimiento y de regulación (...) figuran entre los valores más importantes que las personas asocian con la naturaleza; es por ello fundamental comprenderlos.

Conforme lo anterior, los bienes y servicios con pertinencia cultural son aquellos que incorporan en su desarrollo el enfoque in-
tercultural; es decir, toman en cuenta las características particulares y únicas de las naciones indígenas en donde nacen dichos productos, incorporando en la creación de estos, características geográficas, ambientales, culturas (prácticas, valores y creencias) y la cosmovisión y concepción del desarrollo y bienestar que perciben en su cultura (Centro Nacional de Salud Intercultural, s.f.)

### 3. Marco Metodológico

El presente apartado da cuenta del marco metodológico en que se gesta la sistematización que versa sobre la experiencia de economía social y solidaria en torno a bienes y servicios con pertinencia cultural realizada por las mujeres indígenas rurales durante los años 2010 a 2023 en la comuna de Calama y que contó con el patrocinio institucional del Departamento Andino de la Municipalidad de Calama. En este marco, la sistematización es entendida como un proceso de generación de conocimientos desde la propia práctica social, que contribuye al rescate de saberes sociales aportados por la comunidad y saberes profesionales de trabajo social obtenidos desde sus propios desempeños (Castañeda, 2014).

El colectivo participante correspondió a 30 mujeres indígenas rurales de Alto Loa y Calama Rural que participan en las ferias men suales apoyadas por el Departamento Andino de la Municipalidad de Calama. Las técnicas de recolección de información con fines de sistematización utilizadas fueron revisión documental aplicada a registros del funcionamiento de la feria, tales como detalle de pro ductos, análisis de venta, nivel de producción y productos utilizados; revisión de documentos legales que enmarcan el funcionamiento de la feria y búsqueda bibliográfica de experiencias similares, que per mitan contribuir al análisis respectivo. En forma complementaria se aplicó observación participante de los procesos de conformación del grupo, dinámicas internas y expectativas en torno al funciona miento de la feria y sus proyecciones futuras.

La información recolectada se organizó sincrónicamente en apartados de descripción y análisis de la experiencia, a partir de los referentes conceptuales definidos, con el fin de realizar un proceso profesional reflexivo que permitiese visibilizar los aprendizajes
obtenidos en la experiencia. La validación de la información se desarrolló a través de la triangulación de técnicas. Respecto a las consideraciones éticas en el acceso y uso de la información se mantuvo estricta confidencialidad sobre los datos de las personas participantes y se aplicó anonimización a las situaciones particulares que formaron parte del proceso de análisis y presentación de los resultados.

## 4. Descripción de la experiencia

A continuación, se exponen las principales características de implementación y/o actividades que se han desarrollado para implementar la experiencia a lo largo de los años, siendo las siguientes:

**4.1.- Conformación de la mesa de trabajo:** En el año 2010, el Departamento Andino invita a mujeres indígenas de Alto Loa y Calama Rural a conformar una mesa de trabajo en torno a diversas necesidades que demandaban ser abordadas, al ser planteadas de manera directa por las mismas mujeres. Esta invitación se realizó a través de las mujeres atendidas en la unidad y por medio de dirigen- tes/as de las respectivas comunidades.

Es así como ese año, se conforma la primera mesa de trabajo denominada Mesa Municipal de la Mujer Rural e Indígena de la Comuna de Calama, cuya orgánica permite a sus integrantes resolver algunas problemáticas comunes y que correspondían a necesidad de espacios para el desarrollo de comercialización de sus productos, formación y capacitación en diversas temáticas y apoyo en acceso a servicios y beneficios públicos, entre sus principales temas de interes.

Como respuesta a estas inquietudes, el Departamento Andino de la Municipalidad de Calama considera de gran relevancia este grupo y en virtud de los objetivos de la unidad y la colaboración que debe realizar a favor de la comunidad, realiza la primera convocatoria a petición de estas mujeres, a fin de abordar las problemáticas grupales identificadas, priorizarlas conforme la competencia institucional de la municipalidad y establecer un plan de trabajo que permita ofrecer soluciones al respecto.

**4.2.- Identificar y priorizar las necesidades grupales:** Una vez conformada la mesa de trabajo se buscó identificar las princi-
pales necesidades que las mujeres reconocen desde sus situaciones
particulares y comunitarias. Es así como se realizó una secuencia de
reuniones orientadas a la definición y priorización de las necesidades
en las que se deseaba contar con apoyo desde la municipalidad, in-
cluyendo tanto las necesidades que habían sido informadas en otros
espacios, o las que surgieran de manera colectiva en estas reuniones.
Después de un periodo de trabajo apoyado en técnicas tales como
grupos focales y árbol de problemas, se identifican como principales
necesidades las siguientes:

- Generación de nuevos espacios de comercialización de sus productos adicionales a la Feria de la Provincia del Loa FEPLOA que funciona en forma regular durante el mes de marzo en la comuna.

- Realización de talleres de comercialización para emprendedoras y artesanas.

- Flexibilización de requisitos de acceso a formalización de las actividades comerciales.

- Realización de pasantías en otros lugares de la comu-
  na, a fin de conocer experiencias de emprendimiento.

- Capacitación en habilidades digitales, preparación de alimentos, normativas sanitarias, emprendimiento, entre otras.

- Compromiso de apoyo activo desde la municipalidad para cubrir las necesidades que surjan en el tiempo desde este colectivo.

Se concluyó que la necesidad más importante correspondía a
potenciar sus sistemas económicos, a través de la instalación de una
feria permanente que les permita mostrar y vender sus productos de
origen local.

4.3.- Planificar e implementar la feria: Una vez definida la principal necesidad del grupo respecto a poner en funcionamiento una feria para generar más espacios de comercialización de los productos en diversos lugares de la comuna, se comenzó por parte del Departamento Andino de la Municipalidad a diseñar su implementación y la forma en que esta iniciativa apoyaría a las mujeres para potenciar la venta de sus productos y el incremento de sus ingresos,
por medio de espacios que permitiesen un apoyo real en cuanto a su
logística y en su instalación.

Por tanto, se determinó una frecuencia de funcionamiento de
tres días por cada mes del año, con excepción de los meses de marzo
que es el mes aniversario de la comuna y se desarrolla la FEPLOA;
septiembre por desarrollarse la fiesta de Ayquina y diciembre por
las festividades navideñas. El funcionamiento de la feria compro-
metió el apoyo municipal por medio de la logística requerida para su
puesta en marcha y que consistía en toldos, mesas y sillas, las cuales
fueron adquiridas por fondos concursables a favor de este grupo.
Asimismo, se logró tener apoyo municipal en cuanto a la exención
del cobro de derechos, con el fin de no impactar en su crecimiento
local, basando esto en un artículo de la ley de rentas que lo faculta,
junto con facilitar apoyo en personal para la implementación men-
sual de la actividad.

4.4.- Funcionamiento organizacional independiente: Luego de 4 meses de trabajo durante su primer año de funcionamiento en el 2010, el grupo logró de manera incipiente la instauración institucional y comunal de la actividad, para posteriormente en el año siguiente, consolidarse como una actividad permanente. Luego de esta instalación y funcionamiento era necesario generar una independencia del grupo de mujeres rurales, que les permitiera tomar sus propias decisiones en torno a la organización, disposición y conformación de esta feria. Por lo tanto, la municipalidad estableció una relación de apoyo y colaboración, siendo la organización de mujeres rurales la que asume la dirección de la iniciativa en forma protagónica.

De esta forma, y luego de 12 años de funcionamiento regular,
en el año 2022 se estableció la figura de una mujer lideresa del gru-
po para permitir su organización interna y establecer una relación
directa de coordinación con el Departamento Andino. Esta mujer es
definida por sus pares con un tiempo determinado por ellas mismas
que va desde un semestre a un año, cuyo cargo de representación es
rotativo, en una modalidad de funcionamiento que hasta la fecha se
ha realizado de manera informal, dado que no se cuenta con perso-
nalidad jurídica por el momento.

4.5.- Acceso a proyectos para las propias mujeres: A partir del año 2017, el equipo del Departamento Andino ha acompañado
nuevas iniciativas que han permitido equipar y fortalecer a este gru-
po de trabajo. Así entonces, se han conseguido proyectos relacio-
nados a dos grandes iniciativas; las que corresponden por una parte
a la compra de toldos, sillas y mesas como parte del equipamiento
requerido por la feria, y por otro, en la compra de uniformes, para
que su vestimenta sea más identitaria como grupo.

5. Análisis de la experiencia

5.1. Análisis de la experiencia desde la Municipalidad de Calama como entidad patrocinante.

Teniendo presente el objetivo institucional en torno a “situar
a las personas y al medio ambiente en el centro de la economía,
poner fin a una economía basada en la extracción, el crecimiento, la
competencia y el mercado, y luchar hacia sociedades colaborativas y
resistentes que desarrollen y refuercen las alianzas y acciones estra-
tégicas a través del trabajo conjunto” (Foro Social Mundial de Eco-
nomías Transformadoras, sf.): puede afirmarse que la experiencia
constata que la organización de este espacio facilita comprender la
forma en que se gestan y operan los recursos e iniciativas locales en
favor de las mujeres. Además, permite al municipio desarrollar di-
versos aportes para apoyar el trabajo local como modelo económico
que se diferencia del modelo neoliberal predominante, evitando caer
en la dependencia o instrumentalidad de este grupo. En ese sentido,
la municipalidad tiene dentro de sus objetivos la aspiración que las
mujeres se desarrollen permanentemente, por lo que sus esfuerzos
se vuelcan con apoyos constantes para su promoción como desarro-
llo en sus economías sociales y solidarias.

De igual forma, considerando que la municipalidad cuenta con
el poder regulatorio en materia de comercio local, debido a sus fa-
cultades de fiscalización, autorización y control, se transforma en un
ente que entrega un importante apoyo al grupo de mujeres, toda vez
que, desde la revisión normativa y legal, puede aportar en la gestión
económica, tributaria y comercial de la feria, que incluye inclusive
suspender cobros y requisitos burocráticos para impulsar el creci-
miento de este grupo. Del mismo modo, es importante reconocer
como aprendizaje el cambio en la mirada institucional, con el fin
de cumplir con el objetivo establecido por ley que es “satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico (...) de las respectivas comunas” (BCN, 2016),
y evitar que la municipalidad se concentre en ejercer solamente roles
fiscalizadores, controladores o sancionadores.

5.2. Aprendizajes de la experiencia para el colectivo participante.

Para las mujeres indígenas y rurales de Alto Loa y Calama Ru-
ral, los aprendizajes les han permitido comprender la importancia
de la asociatividad para poder trabajar en torno a necesidades comu-
nes, dado que los resultados obtenidos demuestran que organizadas
pueden concretar objetivos más rápidamente frente a los organis-
mos públicos y privados. Con ello, es posible reconocer que sus
necesidades forman parte de un colectivo que presenta las mismas
problemáticas y necesidades, y que la búsqueda de soluciones se
puede agenciar de manera conjunta.

La experiencia ha hecho posible identificar el importante apoyo
que representa el municipio en la promoción del desarrollo econó-
mico y social a nivel local, especialmente cuando la incorporación
de los sectores rurales de la comuna en iniciativas económicas busca
cautelar las condiciones solidarias y promover la pertinencia cultural
de los bienes y servicios ofrecidos. Con ello, se hace posible la ge-
neración de espacios políticos de discusión y reflexión sobre temas
de interés para las mujeres rurales indígenas, en que se acogen sus
necesidades y sus propuestas de solución desde una posición de res-
peto hacia sus sistemas de valores, su cosmovisión y sus prácticas
ancestrales.
<figure><img src="image_16.png" /><figcaption>Figura 2. Feria como espacio solidario de promoción de la pertinencia cultural de los bienes y servicios ofrecidos.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

## 5.3. Aprendizajes de la experiencia para Trabajo Social.

En el marco de la experiencia sistematizada y tomando como referencia la propuesta conceptual de Coraggio (2007), es posible identificar como aprendizajes de Trabajo Social municipal en su rol de agente de desarrollo de la economía social y solidaria en los sectores rurales de la comuna de Calama, dos aspectos centrales. Por una parte, emerge un modo de hacer economía que se expresa a partir de un espacio de encuentro que pone en valor el intercambio de bienes y servicios con pertinencia cultural. Con ello, se concreta una organización asociada y cooperativa de la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios no en base al motivo de lucro privado sino a la resolución de las necesidades comunitarias, para las que se ofrecen productos confeccionados con mano de obra y materias primas locales, permitiendo un trabajo constante de fortalecimiento de la cultura andina desde la perspectiva municipal. Por otra parte, se propician mejoras en las condiciones de vida por medio de lazos sociales fraternos y solidarios, basados en el acervo cultural de las comunidades que busca ser resguardado para las generaciones futuras por medio de la iniciativa.
Asimismo, se destaca el rol de Trabajo Social como actor principal de la resignificación de aspectos que son considerados negativos y que se encuentran ligados a la economía social, dado que no se posicionan dentro de la informalidad jurídica y tributaria, pero que en su esencia son un espacio económico importante para los sectores más vulnerables. La profesión aporta dentro del municipio a entregar facilidades a la comercialización de los productos de las mujeres indígenas, haciendo posible la adecuación y superación de las barreras que la normativa formal representa para su actividad. En este sentido, la labor socioeducativa profesional les ha permitido comprender la normativa legal vigente y concretar propuestas de apoyo a su trabajo, para que pueda avanzar desde una feria con funcionamiento informal a una feria formalizada, apoyada en el cumplimiento de los mínimos que cada servicio exige. Con ello, se ha logrado exención en el pago de tributos municipales, pago mínimo del servicio de impuestos internos y apoyo en la autorización transitoria de parte del servicio de salud en caso de alimentos, lo que ha contribuido en forma decisiva al funcionamiento regular de la iniciativa. Todos estos elementos innovadores respecto de la norma vigente han sido investigados, determinados y abordados desde la mirada del Trabajo Social, con el ánimo de poder evitar fiscalizaciones y sanciones al colectivo de mujeres, lo que a la fecha se ha cumplido en forma permanente.

Desde la perspectiva del desarrollo y autodeterminación de las mujeres indígenas participantes de la actividad, Trabajo Social ha realizado un acompañamiento permanente que ha permitido potenciar sus procesos internos como organización y su autonomía en la toma de decisiones, con el fin de eliminar gradualmente la dependencia con la institucionalidad. Desde esa base, se confirma que Trabajo Social es una profesión directamente vinculada a los procesos de intervención social, cuyo rol se debe ir adecuando en forma dinámica a las necesidades del grupo, conforme se concreten avances en la autonomía de las decisiones que asuman y en la responsabilidad frente los problemas de gestión que enfrenten.

Finalmente, se confirma que Trabajo Social pone en valor esta actividad, la cual no puede ser concebida exclusivamente y en forma acotada como un espacio de compra, venta y reventa de productos; sino que constituye un espacio multicultural que permite la exposi-
ción de productos locales, confeccionados con mano de obra local y con materias primas de la misma zona, transformándole en un espacio único de esta naturaleza en la ciudad que permite un trabajo constante sobre la cultura local y la economía social y solidaria.

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# CAPÍTULO 3.

## El valor de los cuidados rurales en el Valle de Aconcagua: La experiencia de Trabajo Social en el apoyo técnico a cuidadoras y cuidadores de personas con dependencia.

Pamela Canabes Herrera<fnref n="1" />

Lorena Manosalva Morales<fnref n="2" />

<figure><img src="image_17.png" /><figcaption>Figura 1. Panorámica del Valle de Aconcagua.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal

<footnote n="1">1. Asistente Social y Licenciada en Servicio Social. Profesional Dirección Atención Primaria Servicio Salud Aconcagua. Docente Tutora Carreras de Medicina y Obstetricia y Puericultura. Universidad de Valparaíso. Campus San Felipe. Correo: pamela.canabes@gmail.com</footnote>

<footnote n="2">2. Asistente Social y Licenciada en Servicio Social. Profesional de Centro de Salud Familiar Dr. Segismundo Iturra de San Felipe. Docente Tutora Carreras de Medicina y Tecnología Médica, Universidad de Valparaíso. Campus San Felipe. Correo: lpmanosalvam@gmail.com</footnote>
# 1. Presentación

Los cuidados como concepto y función, han estado históricamente asociados al rol y tareas de la mujer y simbolizado en lo femenino. Tal es así, que incluso las carreras de salud, nacen como una “especificidad y profesionalización” de la tarea tradicional y generacionalmente atribuida al género femenino. Ello implica una serie de preceptos, mandatos, conductas que se espera desempeñe la mujer a lo largo del ciclo vital personal, familiar y social. Si a esta concepción y dimensión de por sí ya compleja, le agregamos que ello se da en territorios de ruralidad, aparece un mundo de aspectos a considerar para el cumplimiento esperado de esa función culturalmente asignada y perpetuada.

Dentro de la configuración de este escenario, es relevante señalar que el sector salud se encuentra desplazado a lo largo de los territorios, siendo una de las escasas redes institucionales disponibles en espacios rurales, posicionamiento que le impone enfrentar las complejidades de abordar la salud desde un enfoque biopsicosocial, como lo explicita el Modelo de Atención Integral con Enfoque Familiar y Comunitario, vigente para los prestadores públicos de salud. Como aproximación para este documento, hemos definido abordar los cuidados en el contexto de ruralidad, bajo el desarrollo del programa de atención a personas con dependencia, que se implementa a través de los equipos de salud de atención primaria, considerando todos sus dispositivos: Centros de Salud Familiar, Centros Comunitarios de Salud Familiar y Postas de Salud Rural.

En este documento se pretende entregar algunas nociones de los ámbitos de desarrollo y alcance que tiene ejercer cuidados en entornos rurales y de qué manera la profesión se aproxima a esa realidad e interviene técnicamente en ella, tributando al derecho a la salud como derecho humano fundamental e identificando las capacidades disponibles de las personas a nivel personal, familiar y comunitario.

El objetivo del presente documento, es analizar la experiencia de Trabajo Social desde la intervención en el contexto rural, desde el programa Dependencia Severa (MINSAL, 2014, 2018), identificando aquellos aportes de la disciplina en la contribución a mejores condiciones de salud y bienestar.
## 2. Sobre cuidados y ruralidad

### 2.1. ¿Qué significa Cuidar?

Para reflexionar respecto a los cuidados, es necesario revisar cómo se ha configurado esa noción. La historia en distintos contextos, ha cargado de vulnerabilidad e inferioridad la construcción moral, valórica y cultural de las mujeres, dándole ese sello a su identidad. El androcentrismo ha permeado muchas áreas del conocimiento basado en la hegemonía que ha caracterizado al sistema patriarcal, asignándoles al mamífero macho más atributos de toda índole que al mamífero hembra, permitiendo así el ejercicio de poder en todos los niveles: familiar, social, económico, político, cultural. Desde allí entonces, los roles de la esfera del hogar, lo reproductivo, lo “privado” pasan a ser desarrollados a lo largo del tiempo por la mujer.

Las investigaciones sobre cuidado y su relación con la ruralidad, son escasas, ya que tienden a centrarse en lo urbano. Sin perjuicio de ello, los esfuerzos de las indagaciones que relacionan ambas esferas, se centran en mostrar que el trabajo doméstico (en el que se integraban las tareas de cuidados) es principalmente no remunerado, realizado fundamentalmente por las mujeres, al interior de los hogares, constituyendo uno de los principales obstáculos para su participación en la esfera pública y para su consideración como ciudadanas plenas (Guizardi al.,2022). La socióloga italiana Balbo (1987) propone la noción de *doppia presenza* para dar cuenta de que las mujeres deben compatibilizar el trabajo doméstico y de cuidados con el trabajo remunerado, lo que provoca una sobrecarga laboral para ellas.

Es importante tener presente que lo rural en América Latina y el Caribe presenta como característica la diversidad de entornos ambientales, grupos culturales y sociales, actividades económicas, medios geográficos. En este contexto, la conceptualización de los cuidados tiene un recorrido propio ya que, en el escenario rural, existen actores diversos en los territorios: productores de agricultura familiar y campesina, empresas agrícolas, forestales, transnacionales, pueblos indígenas, comunidades ecológicas, por señalar algunos y ello hace que el uso y significado del espacio rural, tenga consecuencias propias.
En las investigaciones no se comienza a hablar de cuidados como concepto propiamente tal, ya que inicialmente son entendidos como uno de los distintos tipos de tareas no remuneradas y progresivamente empiezan a diferenciarse o relevarse en relación a otros tipos de trabajo no remunerado que se realizan en el marco del hogar. En este sentido, el cuidado presenta similitudes con el trabajo doméstico en tanto comparte su invisibilidad y su asociación con habilidades femeninas, pero se distingue por su componente relacional, afectivo y emocional (Carrasco et al., 2011). Asimismo, el cuidado no es por definición de carácter remunerado o no remunerado, sino que ello es producto de elecciones políticas, valoraciones culturales compartidas y sistemas de género (Batthyány, 2020).

Como lo señalan diversos autores y autoras, es frecuente que se otorgue un mayor valor socio-simbólico al cuidado familiar y comunitario que se sustenta en el imaginario de que el 'buen cuidado' es aquel que proveen las familias y en particular las mujeres (Mascheroni, 2023; Kunin, 2022). Esta caracterización también se manifiesta en la ruralidad, en general, hay un marcado "familismo" en las creencias sobre el cuidado. Cuidar es algo que las mujeres saben hacer naturalmente, y por tanto en las percepciones de las mujeres como de los varones, está arraigada la creencia de que los varones no saben cuidar como lo hacen las propias mujeres (Dantas y Bahia, 2008).

## 2.2. Configuración de la Ruralidad.

Sellos distintivos que caracterizan la ruralidad en los territorios, dicen relación con la dispersión geográfica, la baja concentración de habitantes, dificultades de acceso y la escasa disponibilidad de bienes y servicios, sean estos públicos o de ámbitos privados y considerando su número y/o variabilidad, por señalar los más comunes. Esta configuración de variables, exponen a sus habitantes, sobre todo la población joven, a abandonar los territorios prioritariamente rurales, buscando mejoras en ámbitos de educación y trabajo principalmente, emigrando a ciudades más urbanas o aquellas que cuentan con dichos bienes y servicios, lo que trae como otro aspecto inhariente a la realidad rural, el intermitente y/o escaso retorno posterior a los territorios de origen.
En el caso del Valle de Aconcagua, éste está compuesto por 10 comunas, de las cuales 80% corresponde a territorios definidos como rurales tanto en población como en dispersión geográfica. Su actividad productiva está asociada prioritariamente a la agricultura, considerando también labores de minería en su trayectoria tradicional. Este escenario ha ido mutando, dado que la producción en el aspecto agrícola ha tenido una enorme transformación al incorporarse el monocultivo en laderas de cerros para viñas y paltas, lo que modificó la naturaleza de los productos a generar, como también la relación entre pequeños y grandes agricultores, toda vez que el monocultivo en cerros ha implicado la distribución inequitativa del recurso natural más valioso: el agua.

Junto a la descripción anterior, también se presenta en la zona, el aumento progresivo de personas adultas mayores que residen en lugares rurales, agregándose la salvedad de comenzar a residir como familias unipersonales, situación que es nueva en la foto local. En términos de redes institucionales públicas, las que se encuentran presentes en los territorios rurales de Aconcagua son las Municipalidades y dentro de sus departamentos, los dispositivos de salud y educación que están distribuidos en las distintas localidades.

## 2.3. Cuidados Rurales e Interseccionalidad.

En el ámbito rural es más complejo diferenciar los procesos productivos y reproductivos de cuidados, ya que se presenta una imbricada interdependencia entre ambos; y su impacto en las mujeres es mayor dado que, muchas veces la actividad productiva cuando la hay, es en compañía de hijos e hijas, o se realizan en el hogar. Según Mascheroni, et al (2023):

> "Los estudios muestran que las actividades de reproducción que realizan las mujeres son diversas, pero en todos los casos, son ellas las que tienen la responsabilidad total de este trabajo no remunerado. En cambio, su participación en actividades productivas es muy heterogénea, y varía en función de las tareas a realizar, las formas en que se procura la mano de obra y la posición de clase del grupo
doméstico. La distribución de tareas se basa en una asimetría fundamental: mientras que cuando hay sobrecarga de trabajo productivo las mujeres participan de estas actividades, cuando hay sobrecarga de trabajo reproductivo, los varones no se involucran, lo cual provoca una sobrecarga invisible de trabajo para las mujeres que se expresa en mayor esfuerzo físico y prolongación de la jornada laboral” (Arizpe, 1986, p,61, citado en Mascheroni, 2023).

Conceptos como “cuidados informales”, “gesto de amor”, “responsabilidad de la dueña de casa o de la hija soltera”, “trabajo sin remuneración”, posicionan la gestión de los cuidados como una línea de acción que está fuera de las tareas remuneradas, desvalorizando su importancia y limitándola al espacio privado de la vida familiar, lo que imposibilita analizar sus alcances como proceso de reproducción de desigualdades y de normalización de patrones culturales históricos. Se mantiene la tendencia de desvalorizar el trabajo femenino en lo productivo e invisibilizar los trabajos domésticos, entre los que se identifica el de cuidados, por tratarse de una acción connatural al rol de género, que en los territorios rurales sigue siendo una generalidad vinculada a la responsabilidad femenina. Todos los trabajos en los mismos espacios y/o tiempos de desarrollo, haben compleja la diferenciación de las tareas, manteniéndose la sobrecarga de las mujeres y perpetuando la “naturalidad” de dicha situación, haciendo compleja y a veces innecesaria incluso, el abordar intervenciones para la acción propia de cuidar.

Cuando incorporamos estos análisis en la situación de mujeres cuidadoras de personas con dependencia severa en los espacios rurales, las complejidades se agudizan. El concepto de organización social del cuidado refiere a la configuración dinámica compuesta por la oferta y regulación de servicios de cuidado y la forma en que los hogares se benefician de ella (Esquivel, 2011; Esquivel et al., 2012). En el ámbito rural, esta organización está basada en la familia, y dentro de ella, las mujeres (abuelas, madres, hijas, hermanas, nueras, nietas) asumen el cuidado en general y en particular de personas con dependencia, pudiendo señalar que existe una muy escasa red (pública o privada) fuera el entorno familiar que contribuya en el desempeño de este rol. Este escenario se replica en Aconcagua, re-
produciendo las configuraciones simbólicas e históricas que asignan
a la mujer el desarrollo “natural” de esta función, lo que le impone
esta labor desarrollada muchas veces en solitario. También se replica
que el cuidado se hace extensivo a otros ámbitos como cuidado de
los animales, el huerto, otros miembros de la comunidad, por seña-
lar algunos.

Ante la escasa o nula presencia de otras áreas o actores de or-
ganización para cuidar, las mujeres dedican una importante cantidad
de horas de su diario quehacer a esta función, y en la ocasión en
que se adscriben a alguna actividad remunerada, como es la agrícola
temporera en el caso de Aconcagua, esta labor aumenta la carga de
responsabilidades. Cuando hablamos de interseccionalidad, hace-
mos alusión a la superposición de condiciones de vulnerabilidad que
afectan el quehacer de una persona. Desde este enfoque, las varia-
bles de interseccionalidad vinculadas a los cuidados rurales dicen re-
lación con: la inequidad en la distribución de recursos institucionales
entre urbanidad y ruralidad, la precariedad de las labores rurales re-
muneradas, los roles de género, escaso y mal acceso a servicios bá-
sicos, la reproducción de creencias y patrones culturales patriarcales
que diferencian tareas para “hombres y mujeres”.

## 2.4. Programa Dependencia Severa.

La situación de dependencia de un integrante de la familia, trae
consigo un impacto en la dinámica familiar, al modificar las relacio-
nes familiares, las tareas habitualmente desarrolladas para el cuidado
personal y de otros; y el cambio en los roles normalmente ejercidos
según la etapa del ciclo vital en que se encuentre tanto la persona
dependiente como su cuidadora o cuidador. En forma simultánea,
estos cambios producen alteraciones en la situación socioeconómi-
ca de la familia, debido a que el principal proveedor(a) del grupo
familiar se encuentra en situación de dependencia y/o porque la
situación de dependencia acarrea mayores costos, principalmente en
lo concerniente a gastos en salud y elementos de apoyo. Acompa-
nar y atender a las familias en este proceso, representa un desafío
para los equipos, ya que muchas veces la atención domiciliaria es la
alternativa de atención y por la complejidad de problemáticas so-
ciales involucradas, como determinantes en muchas ocasiones de la situación de discapacidad, la sobrecarga asociada y el impacto a nivel familiar y comunitario. Es así que las situaciones de salud abordadas requieren del abordaje integral por parte del equipo de salud y la necesaria integración dentro de la red local.

Desde el punto de vista de la bioética, los cuidados paliativos responden al principio de Equidad, en cuanto el acceso a ellos debe estar garantizado para quienes lo necesitan; al de Justicia, ante el deber de priorizar la oferta de sistema de salud, pues su postergación tiene efectos no sólo en la persona que padece la enfermedad, sino también en su cuidador o cuidadora; al de Dignidad, por reconocer el valor de cada persona, independiente de cuál sea su condición de salud, y el valor de la Compasión, pues es la conducta exigible al personal sanitario, ante el padecimiento de la persona y su grupo familiar. La Ética del Cuidado es el horizonte que debe orientar y guiar las acciones en beneficio de personas que padecen patologías que generan dependencia, en especial quienes están en etapa severa, que requieren acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida y enfrentar esta etapa vital de manera más compasiva.

Sin que sea explicita en la implementación del programa la vinculación con la cosmovisión indígena, el cuidado de la última etapa de la vida, sobretodo en personas que presentan distintos tipos de dependencia, presenta niveles de concordancia con el modo de vida de las culturas indígenas del territorio, que le asigna a las personas mayores particularmente la noción de sabiduría y enseñanza a las generaciones más jóvenes, dándole un lugar de respeto y validación a la edad y simultáneamente una validación a quien a través de los cuidados transmite la preservación de la cultura y del vínculo intergeneracional, radicando este rol altamente relevante en las mujeres. Junto a ello, lo que en salud indígena se conoce como el “buen morir” dice relación con concebir la última etapa de la vida como un tránsito a un estado de espiritualidad que trasciende el cese de la vida biológica.

En este marco, el Objetivo General del Programa corresponde a: Entregar una atención de salud integral a la persona con dependencia severa, cuidadora/or y familia, en su domicilio, potenciando su recuperación, rehabilitación y el acompañamiento a la persona dependiente y su entorno, en coordinación con la red de salud y la
red intersectorial de servicios. Los objetivos específicos del Programa son los siguientes:

- Atender de manera integral a personas que presentan dependencia severa y su cuidadora/or, considerando sus necesidades biopsicosociales y espirituales.

- Entregar a cuidadores y familias, las herramientas necesarias para asumir el cuidado integral de la persona con dependencia severa.

- Resguardar la continuidad y oportunidad de la atención en la red asistencial, a través realizando las coordinaciones y seguimiento pertinente en caso de referencia y contra referencia con otros niveles de atención de salud y con la red intersectorial.

- Mantener registro actualizado de personas dependientes y de las prestaciones realizadas hacia las personas y sus cuidadoras/es.

- Postular y validar la situación de dependencia en forma continua e informar cambios de cuidadoras/es y extinciones en plataforma MIDESO.

- Reconocer el rol de las y los cuidadoras/es de las personas con dependencia severa, entregándoles capacitación y acompañamiento en su rol.

En Aconcagua, el programa descrito presenta el siguiente panorama:

- A la fecha se encuentran identificadas y bajo intervención, 1007 personas, con dependencia leve, moderada y severa. De ese total 338 son hombres (34%) y 669 mujeres (66%).

- Sobre quienes ejercen los cuidados de las personas con dependencia, es posible establecer que existen 958 personas identificadas como tales por los equipos de salud, de las cuales 165 son hombres (17%) y 793 son mujeres (83%).

- Respecto del apoyo estatal monetario, del total de per-
sonas cuidadoras, sólo 302 cuentan con estipendio (31%).

- En cuanto al apoyo en ámbitos de salud, sólo 355 (37%) cuentan con examen de medicina preventiva vigente, siendo 261 (27%) personas quienes no presentan vigente dicho examen que está disponible en la red de atención primaria. Es importante señalar también que existen cuidadores y cuidadoras que ya cuentan con patologías confirmadas en atención, por lo que no se les aplican los exámenes de medicina preventiva descrito.

- Relevante también es señalar, que del total de personas cuidadoras, 249 son personas mayores (26%).

La intervención profesional de Trabajo Social, está vinculada en general y principalmente con las siguientes acciones técnicas más recurrentes:

**Asistencia.** Evaluación en domicilio mediante visita domiciliaria integral que define el plan de acción social para los grupos familiares. Realización y/o apoyo en IVADEC (Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad) vigente para acreditación de discapacidad.

**Facilitador/a.** Monitoreo de casos familiares susceptibles a presentar vulneración de derechos. Apoyo en el acceso a servicios o prestaciones de salud y otras instituciones. Apoyo técnico en la conformación de grupos de autoayuda.

**Gestión de Recursos.** Gestión técnica y administrativa para postulación a estipendio. Coordinación con redes locales (municipio, educación, ELEAM, otros dispositivos de salud) para la gestión de apoyos sociales. Caracterización de la población bajo control en el Programa de Atención Domiciliaria.

**Acompañamiento.** Coordinación y/o colaboración en capacitaciones a cuidadores/as. Presentación de temáticas específicas según necesidad en reuniones de equipo. Acompañamiento social para abordar crisis no normativa. Presentación de propuestas de intervención social al equipo interdisciplinario del programa.
## 3. Metodología

A continuación, se describirán los principales resultados obtenidos de la experiencia de sistematización ejecutado por el equipo de autoras. Particularmente, la metodología utilizada para lograr los resultados del presente manuscrito corresponde a una sistematización de experiencias (Castañeda, 2014). La técnica de recolección de información utilizada es la revisión documental, revisión de registro profesional en historial clínico. Para el análisis de los aportes identificados, se utilizó la metodología de revisión y análisis documental, revisión de intervenciones profesionales en historial clínico de Centros de Salud Familiar, con el objeto de levantar los hallazgos más significativos e identitarios de la profesión en el tema desarrollado en documento. El proceso de análisis de la información con fines de sistematización se realizó conforme el objetivo declarado por la sistematización, que en este caso corresponde al rol de Trabajo social en el marco de un programa de cuidados de personas en dependencia en contextos rurales.

<figure><img src="image_18.png" /><figcaption>Figura 2. San Vicente. Comuna de Calle Larga.</figcaption></figure>

Fuente. Archivo personal.
# 4. Resultados

## 4.1. Aporte de Trabajo Social a las Personas Cuidadoras en la Ruralidad.

Según la definición Global del Trabajo Social aprobada en la Asamblea General de la FITS (Federación Internacional de Trabajo Social) el 06 de Julio de 2014 en Melbourne, Australia:

> "El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. (FITS, 2014)

El Trabajo Social es una profesión práctica y una disciplina académica que reconoce que los factores históricos, socioeconómicos, culturales, geográficos, políticos y personales interconectados, sirven como oportunidades y/o barreras para el bienestar y el desarrollo humano, y busca mediante su intervención el reconocimiento de las capacidades de las personas situadas en sus contextos propios. Al abordar desde Trabajo Social los elementos diagnósticos las determinantes sociales y configuración geopolíticas involucradas en la realización de cuidados en territorios rurales, la intervención profesional en personas que ejercen dichos cuidados, se posiciona en la comprensión de la multidimensionalidad de los aspectos a considerar en esta realidad, y de la necesaria mirada integral y multidisciplinaria para acompañar a las personas y familias que atraviesan esta compleja crisis no normativa.
En el caso de la intervención profesional inserta en un equipo de salud, su sello distintivo dice relación con poner en contexto la patología que genera la dependencia en un entorno familiar, con trayectorias de hábitos de vida y de salud, con itinerarios terapéuticos transmitidos generacionalmente, situando la problemática en el espacio rural específico en el que se reproducen las complejidades descritas precedentemente respecto a acceso, dispersión geográfica, escasa oferta institucional pública y privada, áreas laborales limitadas, entre las principales. En ese sentido la dimensión social, familiar y comunitaria se constituye en el “ producto” profesional que se pone a disposición del trabajo conjunto para el levantamiento de la mejor intervención de atención integral que se tenga disponible en el territorio.

En este contexto, el apoyo y acompañamiento social a las personas que ejercen cuidados rurales, especialmente las mujeres, se configura en una intervención basada en el enfoque de género, en la búsqueda conjunta de alternativas de intervención, en la identificación y ofrecimiento de redes de apoyo, sean éstas formales o informales. La profesión en la dinámica de funcionamiento rural, se constituye en la manifestación de la “presencia” estatal-institucional, en tanto entrega información y/o acciones que traspasan lo meramente asistencial-clínico, poniendo la problemática de salud y sus consecuentes cuidados, en los ámbitos de determinación social con todas las tensiones y complejidades que ello implica.

Ahora bien, la intervención profesional rural conlleva las limitaciones propias del trabajo social en salud, que dicen relación con la multitarea, la sobrecarga profesional, la carencia de recursos complementarios (pero no menos importantes) como asignación de horas de vehículo para visitas y trabajo comunitario, recursos para realizar actividades comunitarias, y la escasa red institucional con la cual realizar coordinaciones para los planes de acción. El rol educador de la profesión genera líneas de comunicación que permiten la adaptación de las intervenciones técnico-sanitarias a la realidad de las cuidadoras y cuidadores, con el propósito de resguardar el acceso equitativo y oportuno a las prestaciones de salud y beneficios del intersector según sea el caso.
## 4.2. Cuidados urbanos y rurales.

De acuerdo a lo revisado y en base a la experiencia rural de la jurisdicción de Aconcagua, es posible establecer similitudes y diferencias entre los cuidados ejercidos en territorios urbanos, como rurales:

<table><caption>Tabla N°1. Comparación de Cuidados Urbanos y Rurales de Personas con dependencia.</caption><thead><tr><td>Características Cuidados Urbanos.</td><td>Características Cuidados Rurales.</td></tr></thead><tbody><tr><td>Ejercidos principalmente por mujeres.</td><td>Ejercidos principalmente por mujeres.</td></tr><tr><td>Red de servicios disponibles (servicios básicos, internet, telefonía, locomoción).</td><td>Escaso y/o mala red de servicios (servicios básicos, internet, telefonía, locomoción).</td></tr><tr><td>Diversidad de instituciones públicas.</td><td>Escasa presencia de instituciones públicas.</td></tr><tr><td>Diversificación de acceso a educación.</td><td>Educación formal básica y/o media en lugares específicos.</td></tr><tr><td>Diversificación de campo laboral.</td><td>Campo laboral reducido a agricultura y minería principalmente.</td></tr><tr><td>Presencia de red sanitaria (Centros de Salud Familiar, Hospitales, Centros Médicos, Clínica Privada).</td><td>Presencia de Red sanitaria de Atención Primaria (Centros de Salud Familiar: Centros Comunitarios de Salud Familiar, Postas de Salud Rural).</td></tr><tr><td>Caminos en regular o buen estado, diversidad de conectividad.</td><td>Escasa conectividad y regular o mal estado de caminos.</td></tr><tr><td>Diversidad de locomoción pública y privada.</td><td>Escasa o nula locomoción pública, en horarios fijos.</td></tr><tr><td>Paulatina incorporación de labores familiares compartidas.</td><td>Mantención de patrón cultural de labores familiares feminizadas.</td></tr><tr><td>Configuración de familias nucleares.</td><td>Mantención de familias extendidas con aumento de familias nucleares.</td></tr><tr><td>Mirada individualista de estilos de vida.</td><td>Mirada sociocéntrica de estilos de vida.</td></tr><tr><td>Redes de apoyo en ámbitos específicos.</td><td>Mantención de mirada comunitaria de funcionamiento social.</td></tr></tbody></table>

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de Sistematización.
Los cuidados rurales se caracterizan por contar con menor presencia de institucionalidad pública de apoyo, condiciones de trabajo más precarias y dispersión geográfica, que en el contexto urbano no se presentan, lo que contribuye al aislamiento y eventuales condiciones de vulnerabilidad. Estas condiciones desfavorables tienen un contrapeso significativo, que dice relación con la valoración de componentes vecinales y cuidados colectivos, que muchas veces cumplen los aspectos desfavorables descritos. Como contraparte, en el ámbito urbano, aun cuando existen mayores redes institucionales y/o sociales, predomina una mirada más individualista, que puede en si misma ser un factor de vulnerabilidad.

<figure><img src="image_19.png" /><figcaption>Figura 3. Posta de Salud Rural Río Blanco. Comuna de Los Andes.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

## 5.- Reflexiones Finales

En el escenario de carencias, precariedades y vulnerabilidades dadas en el contexto de ruralidad, sumado a nuestra realidad país donde las políticas públicas de bienestar y de apoyo al contexto de cuidados aún son incipiente e insuficiente, es que el rol del Trabajo
Social desde el ámbito de salud toma relevancia como agente promotor de cuidados, a través de acciones de acompañamiento, asistencia, facilitación y gestión de recursos (detalladas precedentemente) que contribuyan a un mejor-estar o bien-estar de las personas cuidadoras y sus núcleos familiares. Se mantiene, particularmente en territorios rurales, lo señalado por autores y autoras, en que la carencia de políticas públicas del cuidado reafirma el supuesto de que el cuidado es responsabilidad de las familias y las mujeres (Salva, 2013).

Los cuidados paliativos o los que se realizan a personas con dependencia, requieren de directrices y formación específica, como también de una cultura de atención compartida, corresponsabilidad para contribuir de manera coordinada, oportuna y efectiva en la atención del grupo familiar, aportando a la generación de una relación terapéutica para el mejor funcionamiento posible de la persona cuidadora y su grupo familiar.

El sentido de realidad que la disciplina aporta a planes de intervención para cuidadoras y cuidadores rurales de personas con dependencia, permite tener en consideración los entornos concretos en que se desenvuelve el diario vivir de las familias, adecuando indicaciones, gestión de recursos, así como también muchas veces acompañar y/o facilitar el acomodo o ajuste del funcionamiento familiar problematizando y/o invitando a la reflexión de nuevos roles y tareas que implica asumir los cuidados de un familiar o cercano significativo, donde la persona cuidadora se embarca en esta tarea sin tener preparación, ni relevo en esta labor y muchas veces de manera casi obligada por una responsabilidad moral y social, en desmedro de su propio desarrollo personal y/o laboral; patrón cultural que mantiene a las mujeres rurales en la disyuntiva entre la obligación y la satisfacción

Así también, el despliegue del Trabajo Social en los equipos multidisciplinario de salud, con especial énfasis en el Programa de Atención en Domicilio a Persona con Dependencia Severa en entornos rurales, permea y sensibiliza de una mirada humanizadora y compasiva hacia la persona cuidadora y su entorno, relevando la dignidad del rol, el derecho a ser cuidado y visibilizando las complejidades de hacer los cuidados de un otro en contextos adversos, tara que se da en muchos casos sin posibilidad alguna de eximición.

El despliegue de la práctica profesional en la transversalidad del ciclo vital en salud, ha permitido contribuir con una mirada so-
cio-crítica, aportando elementos teóricos-conceptuales, modelos de intervención y de abordaje terapéuticos para un manejo integral de las problemáticas de salud con foco en la persona, su grupo familiar y entorno comunitario. La disciplina en el contexto de los cuidados se transforma en un agente promotor de derechos, articulador de recursos, facilitador de procesos, nexo entre los prestadores de servicios y quienes los están requiriendo, resguardando también la atenta mirada al riesgo de situaciones de violencia o riesgo de ella, por la solitaria sobrecarga que viven las personas que cuidan, particularmente, las mujeres.

En el escenario actual sociodemográfico de nuestro país que apunta hacia el envejecimiento y con esto las probabilidades de personas con algún grado de dependencia lo que hace presumir que en mayor o menor medida requerirá de cuidados y/o acompañamiento, se esperaría que esta tarea no se mantenga solamente en la esfera de lo privado (vida familiar), sino que el ámbito público cobre un rol protagónico y de corresponsabilidad en dicha tarea, donde el Estado asuma de manera enérgica y concreta el desarrollo y aseguramiento de políticas públicas que consagran los cuidados como un derecho, con miras a disminuir brechas, resguardando la equidad y justicia social.

Por otra parte, en el ámbito societal, el análisis de la realidad rural de los cuidados, hace pensar también en la re-construcción de una mirada más colectiva y comunitaria de lo que queremos como sociedad. Recuperar la mirada sociocéntrica que alguna vez tuvo el entorno chileno y que aún tiene nicho en los territorios rurales, permitiría avanzar social y culturalmente hacia un carácter cooperativo del cuidado. Y en esa senda el aporte de la cosmovisión indígena existente en nuestro país, pudiera alumbrar esas reconstrucciones familiares, sociales y comunitarias.

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<figure><img src="image_20.png" /></figure>
## Infancias y Adolescencias en la Nueva Ruralidad de San Pedro de Quillota

Álvaro Ramiro Castillo Cuevas<fnref n="1" />

<figure><img src="image_21.png" /><figcaption>Figura 1. Infancias y Adolescencias en espacios públicos de San Pedro de Quillota.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo profesional.

<footnote n="1">1 Trabajador Social y Licenciado en Servicio Social. Universidad de Valparaíso. Diplomado en Promoción de Salud, Salud Familiar y Manejo de Desastres y Emergencias. Centro de Salud Familiar de San Pedro de Putupur, Quillota. Correo: acastillocuevas@gmail.com</footnote>
# 1. Presentación

A partir de la información diagnóstica aportada por el colectivo profesional de Trabajo Social de salud rural de la comuna de Quiñlota<fnref n="2" />, la ruralidad tradicional se caracteriza por medio de territorios extensos, dispersión geográfica en sus localidades y asentamientos, y amplios espacios de vegetación nativa. Posee una historia local de larga data, con un trazado que incluye desde los pueblos originarios, la Colonia, las repúblicas, la dictadura cívico militar y el retorno a la democracia. Se destaca como elemento central el tejido social, construido sobre la base de relaciones humanas estrechas, provenientes de la convivencia de familias extensas, que comparten un mismo domicilio; a lo que se suman las relaciones cara a cara, el conocimiento del territorio y sus habitantes, el interés por el bien común, la organización social y los avances logrados con gran esfuerzo. Su principal actividad económica corresponde a la agricultura, abarcando las modalidades desde pequeño agricultor hasta la agroindustria. En lo que respecta al uso del tiempo libre, destaca la permanencia de ritos de la religiosidad tradicional y recreación que mezcla música y deportes tradicionales y exportados con el infaltable "tercer tiempo"<fnref n="3" />. Históricamente, estas características han convivido con el aislamiento geográfico, la vida monótona, el consumo normalizado del alcohol, la escasez de espacios comunitarios, la violencia intrafamiliar, el machismo, la falta de oportunidades, las inequidades y la contaminación ambiental por agroquímicos y/o industrial.

Estas características de ruralidad tradicional se encuentran actualmente en transición hacia una Nueva Ruralidad, a partir de los efectos del cambio climático, la escasez hídrica, el envejecimiento de la población y la irrupción de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Asimismo, se observa la presencia inédita en los espacios rurales de consumo de pasta base y cocaína, narcotráfico,

<footnote n="2">2. Lysette Castizaga, Delegación Municipal del sector rural San Pedro; María Teresa Freire, CESFAM del sector rural de Boco; Katherine Paulsen, Centro de Salud Familiar del sector rural La Palma; Angélica, gestora cultural de la Delegación Municipal del sector rural San Pedro, y el autor del presente capítulo.</footnote>

<footnote n="3">3. Es el momento posterior a la práctica que se da en los deportes rurales como el fútbol, la rayuela y el rodeo, en que los integrantes comparten entre ellos y en el que es común la presencia del consumo de alcohol.</footnote>
robo doméstico y delitos violentos. Paralelamente, emergen nuevas demandas ciudadanas, tales como los enfoques de derecho y de género, importancia creciente de las causas medioambientales y las demandas por inclusión y respeto por la diversidad. Un componente importante de esta Nueva Ruralidad es la llegada de nueva población, entre los que destacan migrantes, habitantes de parcelaciones, conjunto de viviendas sociales y los asentamientos humanos precarios o en situación irregular (“tomas”). Tanto en las parcelaciones como en los asentamientos humanos precarios se produce una intervención severa del territorio, que implica la pérdida del suelo silvestre y agrícola, lo que modifica significativamente el paisaje.

Estos nuevos procesos de poblamiento modifican la población en número y características demográficas. Así, por ejemplo, mientras que por una parte las parcelaciones atraen población mayor de 65 años, inactiva laboralmente, con deterioro progresivo de la salud; por otra parte, los asentamientos humanos precarios y los procesos migratorios se relacionan con personas menores de 50 años, activas laboralmente y a cargo de población infantil y adolescente que se encuentran cursando sus estudios regulares. Este arribo de nuevas personas al territorio rural que posee predominantemente costumbres y estilos de vida urbana y sin vínculos significativos con lo local, se ha traducido en un menosprecio de los logros y avances de la comunidad, dando origen a prácticas en conflicto con la realidad rural, como lo es por ejemplo el uso de piscinas en una zona de sequía.

En este contexto se desarrolla la sistematización de la experiencia que sustenta el presente capitulo, el cual busca reflexionar y dar respuesta a algunas de las problemáticas que afectan a los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), en la zona rural de San Pedro de Quillota. En específico, se realiza una sistematización del proceso de participación y sus implicancias con el trabajo de la red intersectorial, enmarcado por la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud.

## 2. Marco Conceptual de la Experiencia

A continuación, se presentan los conceptos claves en que se inscribe la experiencia, que orientan los procesos de toma de deci-
siones y las lógicas de la práctica profesional. Desde la ruralidad, la salud valorada como uno de los bienes principales de las personas, lo que se expresa a través del saludo en la comunidad "buenos días vecino, ¿cómo ha estado la salud?" porque les permite trabajar y seguir funcionando en los roles tradicionales de varón proveedor y mujer cuidadora. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. A partir de este concepto, se validan diversas concepciones de la salud, las que consideran el importante aporte de los pueblos originarios a partir del enfoque de la salud intercultural. Asimismo, se reconoce que el bienestar en salud es una condición de vida positiva, que fomenta mejoras en la persona y a la que aspiran todos los individuos" (OMS, 2022). Para su logro se deben abordar el modelo de desarrollo económico; la distribución desigual de recursos; sistemas de salud y protección social frágiles y servicios públicos debilitados, la transformación digital; el crecimiento de la población en el marco de una urbanización sin planificar y con rápido desarrollo, junto con la innovación tecnológica incontrolada.

Asociado al concepto de salud, se encuentran los determinantes sociales de la salud (DSS), los que corresponden a las determinantes estructurales y las condiciones de vida que son causas de buena parte de las inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país. Se trata en particular de: la distribución del poder, los ingresos y los bienes y servicios; las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a la atención sanitaria, la escolarización y la educación; sus condiciones de trabajo y ocio; y el estado de su vivienda y entorno físico (Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, 2009). El enfoque de las DSS enfatiza el contexto familiar, el barrio, la sociedad en que vive cada persona y en especial de la distribución del poder y la riqueza en esa sociedad.

Adicionalmente, se refiere el concepto de Promoción de Salud, que busca proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma (Primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud, 1986). Con ello, se enfatiza en la importancia de la realización de las aspiraciones personales y de la capacidad de adaptación al contexto de vida; junto con recalcar que la promoción de salud es una mirada
positiva que destaca los recursos sociales y comunitarios que debe asumirse no sólo como una labor del sector salud, sino que una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad.

Sobre la base de estos referentes se constituye el Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS), estrategia con enfoque territorial que enfatiza la organización de la atención de salud a nivel de centro de salud para una atención resolutiva, digna y de calidad; y a nivel de red de centros de salud para garantizar la continuidad de la atención. Define el enfoque Familiar y Comunitario para las acciones de salud y orienta la prevención en los niveles individual, familiar y comunitario; junto con valorar el trabajo mancomunado con la red institucional y comunitaria para mejorar las condiciones que inciden en la calidad de vida de las personas y en consecuencia en su salud. El enfoque de la promoción de la salud es un pilar central del enfoque comunitario y la participación social una herramienta clave para el diseño y ejecución de programas de trabajo con pertinencias sociocultural (MINSAL, 2012).

La implementación del MAIS convoca un importante trabajo intersectorial impulsado desde salud, concebido como una intervención coordinada de instituciones representativas de más de un sector social, en acciones destinadas, total o parcialmente, a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida (FLACSO, 2015). La intersectorialidad tiene como propósito la coordinación de los distintos actores con el fin de alcanzar soluciones efectivas a los problemas identificados que afectan la salud de las personas, compartiendo liderazgos, recursos, líneas estratégicas, oportunidades y realizar una planificación conjunta (MINSAL, 2014).

Desde la perspectiva de la intervención realizada, se prioriza como concepto central la participación ciudadana, la que es entendida por el equipo profesional como un derecho ejercido por medio de un proceso en que las personas, grupos y comunidades se informan, opinan e intervienes a nivel local y/o nacional en la toma de decisiones de los asuntos públicos que le afectan; además colaboran y fiscalizan que la ejecución de actividades, programas y planes se realicen de acuerdo a la conveniencia del bien común<fnref n="4" />. Consider

<footnote n="4">4 Para este artículo se ha optado por construir una definición propia que emerge desde la experiencia y de la visión profesional.</footnote>
rando que los sujetos focalizados de esta experiencia son NNA, se destaca el aporte Hart (1993) basado en la escalera de participación ciudadana de Arnstein (1969), que propone un modelo de niveles de participación, enfocada en caracterizar el nivel de involucramiento de la infancia y adolescencia en actividades sociales situadas fuera de la familia, por miedo de proyectos realizados en ambientes escolares, comunitarios y en la vida pública. El detalle del modelo se expone en el siguiente cuadro.

<table><caption>Tabla N°1. Escalera de la Participación. Niveles y Grados de participación de niños, niñas y adolescentes. Hart (1993) basado en Arnstein (1969).</caption><thead><tr><th>Nivel</th><th>Grados</th></tr></thead><tbody><tr><td>8. Iniciada por los niños, niñas y adolescentes. Decisiones compartidas con los adultos(as).</td><td rowspan="5">Participación</td></tr><tr><td>7. Iniciada y dirigida por niños, niñas y adolescentes.</td></tr><tr><td>6. Iniciada por los adultos(as), decisiones compartidas con los niños, niñas y adolescentes.</td></tr><tr><td>5. Niños, niñas y adolescentes consultados(as) e informados(as).</td></tr><tr><td>4. Roles asignados a los niños, niñas y adolescentes, pero informados(as)</td></tr><tr><td>3. Participación simbólica.</td><td rowspan="3">No participación</td></tr><tr><td>2. Decoración.</td></tr><tr><td>1. Manipulación</td></tr></tbody></table>

Fuente (Hart, 1993). Ajuste del autor a lenguaje no sexista.

Hart señala que es necesario diseñar programas que maximicen la oportunidad de que NNA seleccionen su propia participación a su máximo nivel de habilidad, impulsando la responsabilidad de las personas adultas en promover su participación en la escuela, barrio y comunidad, por medio de iniciativas apoyadas o articuladas de la institucionalidad gubernamental o no gubernamental.

Los sujetos de la intervención en salud correspondieron a NNA. En específico la niñez es el periodo de todo ser humano
comprendido desde el nacimiento hasta los 18 años, con excepción que determinadas leyes se le reconozca antes la mayoría de edad (UNICEF, 1989). En general, los países establecen tres etapas de la niñez: primera infancia (0 a 5 años), infancia (6 a 12 años) y adolescencia (13 a 18 años) (Cecchini et al., 2021). En el caso de Chile, el programa Chile Crece Más específica tres etapas de la niñez: 0 a 2 años, de 2 a 4 años y 4 y más años. Para fines de atención de salud, para el Ministerio de Salud de Chile limita la infancia hasta los 10 años de edad (MINSAL, 2024). La infancia es una etapa del desarrollo determinante para la vida de una persona, dado que en la primera infancia se dan oportunidades de desarrollo a nivel cerebral que desaparecen a medida que se cumplen años de vida, por lo tanto, las condiciones del entorno en la niñez es clave (UNICEF, 2024). De aquí la importancia de contar con programas de apoyo a la crianza oportunos y accesibles.

En el caso de la adolescencia, para el sector salud es una etapa que abarca a todo ser humano comprendido entre los 10 y 19 años (MINSAL, 2024). La UNICEF (2021) identifica tres etapas en la adolescencia: adolescencia temprana de 10 a 13 años; adolescencia media entre los 14 y 16 años y adolescencia tardía de los 17 años hasta los 21 años aproximadamente. Se considera que una persona adolescente está en permanente transición: pasar de ser niño y depender del mundo adulto para todo, a ser joven y comenzar a hacerse cargo de su vida (UNICEF, 2024). Esta debe ser acompañada por las personas adultas que se dispongan positivamente al constante cambio propio de la adolescencia y que posibiliten progresivamente la toma de decisiones, el ensayo y error, la adquisición paulatina de responsabilidades y autonomía en contacto con los distintos mundos y contextos donde se desarrollarán.

## 3. Metodología

En el marco de la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud en el CESFAM de San Pedro de la comuna de Quillota y los aportes de Trabajo Social en el enfoque familiar y comunitario, en las acciones de promoción de salud, el fomento de
la participación social comunitaria, el acompañamiento al Consejo
Local de Salud, la realización de diagnósticos comunitarios y el tra-
bajo intersectorial; el presente capítulo se plantea como objetivo de
sistematización identificar y describir las particularidades del proce-
so del abordaje intersectorial de las determinantes sociales priori-
zadas participativamente por la comunidad que afectan a NNA de
la localidad rural, en un contexto de transformación de la ruralidad
tradicional hacia la nueva ruralidad.

Se presenta una sistematización de experiencias, entendida
como un proceso de generación de conocimientos desde la propia
práctica social, que contribuye al rescate de saberes sociales aportados por la comunidad y saberes profesionales de trabajo social
obtenidos desde sus propios desempeños (Castañeda, 2014). La
información recopilada tiene como referentes instancias dirigencias y líderes comunitarios parte del Consejo de Salud local, entre
las que destacan juntas de vecinos, clubes de personas mayores,
grupos de voluntariados. Asimismo, considera la participación de
instituciones locales tales como CESFAM, Delegación Municipal,
jardines infantiles, escuelas, hogar de protección, Liceo Agrícola,
organizaciones de beneficencia; junto con niñas y niños que se
desenvuelven en espacios de talleres comunitarios como Batucada, Circo, deporte, Banda de Guerra, establecimientos educacionales y sus respectivos padres, madres y apoderados (as), sumando
finalmente a los equipos de los diversos programas sociales que
trabajan en la localidad y estudiantes en práctica profesional y seminario de grado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad
de Valparaíso. Esta amplia definición de colectivos participantes
reconoce los aportes que ha realizado cada uno de ellos a la experiencia y que han permitido los avances que son referidos en este
capítulo.

Las técnicas de recolección de información con fines de sistematización correspondieron por una parte a revisión documental, la que abarcó los resultados de los diagnósticos comunitarios realizados en el período comprendido entre los años 2011 y 2022, los registros del diseño y ejecución de los programas anuales del Consejo Local de Salud del período 2011 a 2022, informes de prácticas profesional, normas técnicas ministeriales y actas de actividades oficiales. Por otra parte, se aplicaron entrevistas individuales y grupales a
miembros de la comunidad y a equipos de instituciones y programas sociales presentes en el territorio; y se realizó observación directa de las prácticas comunitarias en el área de la participación social, particularmente en torno a la dinámica de distribución del poder y del dinero.

El análisis de los datos posee un carácter de integración teórico práctico, y toma como referencia las normativas ministeriales y las hipótesis planteadas por los diagnósticos comunitarios con respecto a las prácticas comunitaria de los distintos colectivos involucrados en el trabajo local con NNA, con especial atención en las pautas de crianza y en la participación social como factores protectores frente a los peligros presentes en el tránsito de una cultura rural tradicional a una cultura de nueva ruralidad, principalmente por la exposición al consumo de drogas. La validación de la información se apoya en el proceso de continua retroalimentación con los colectivos involucrados y en la observación directa de las prácticas en el trabajo con infancias y adolescencias realizadas en espacios de trabajo con la red local y en el trabajo de grupo con líderes y dirigencias comunitarias. Por último, la información es triangulada por los registros de la atención de salud de caso con enfoque familiar de los programas del CESFAM, en los programas de salud mental, infancia y adolescencia. Cada instancia es una oportunidad que permite el análisis de la realidad conforme el marco de referencia, para desde allí confirmar o refutar las hipótesis de trabajo.

Se declaran como consideraciones éticas en la sistematización de la experiencia la confidencialidad de los datos personales y los resguardos para evitar la estigmatización social de la población adolescente y su relación con el consumo de drogas; junto con la superación de una mirada romántica de la ruralidad, asociada a candidez o “picardía” artificial, que desconocen los intrincados procesos que subyacen bajo la cultura rural tradicional, la que pone por sí misma fortalezas y debilidades, que se enfrentan a las amenazas y desafíos que plantea la transición hacia una nueva ruralidad para NNA.
# 3. Resultados

## 3.1. Antecedentes institucionales.

La localidad de San Pedro forma parte de los sectores históricos de la comuna de Quillota y posee características distintivas, asociadas a un centro urbano que creció y se consolidó en torno a la estación de tren que posee el lugar, y que se encuentra en servicios desde el año 1888⁵. Su carácter de poblado le ha permitido contar con servicios propios de una ciudad pequeña, incluyendo en algún momento de su historia el funcionamiento de una sala de cine. La estación de trenes y la plaza del pueblo son patrimonios locales destacados. Específicamente en lo referido a la atención en salud pública, los primeros antecedentes están ligados a las actividades realizadas hasta la década de 1960 en las dependencias de la Cruz Roja. Mas tarde, en 1967 se habilitó una Posta Rural, la que a contar de 1990 fue habilitada como Consultorio Rural. A partir del año 2009, el establecimiento se acreditó como Centro de Salud Familiar CESFAM y desde entonces organiza sus acciones sanitarias a partir del Modelo de Atención Integral en Salud MAIS. Su dependencia administrativa corresponde a la Red Municipal de Centros de Salud de Quillota y cuenta con un equipo de salud que alcanza a 34 funcionarios (as) para una población asignada de 5.869 personas. Destaca durante su gestión sanitaria la experiencia realizada el año 2009 en torno a peligros y alternativas asociadas al uso de plaguicidas en la ruralidad, la que fue liderada por la trabajadora social y directora del establecimiento Leyla Astorga Cárdenas; y que fue reconocida con el primer lugar nacional de Buenas Prácticas en Salud por la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, dando lugar a un intenso e innovador trabajo en la temática.

<footnote n="5">5 Información aportada por Rodrigo Saavedra Pérez, recopilador histórico y ex-cavador arqueológico, vecino de la localidad y conocedor de la historia de San Pedro de Putupur.</footnote>