## 3.2. Descripción de la experiencia.

De vez en cuando hay que hacer
una pausa
contemplarse a sí mismo
sin la fruición cotidiana.
Examinar el pasado
rubro por rubro
etapa por etapa
baldosa por baldosa
y no llorarse las mentiras
sino cantarse las verdades.
Pausa.

Mario Benedetti.
Poemas de Otros (1973-1974).

En el año 2009, el CESFAM San Pedro forma el Consejo Local de Salud, producto del trabajo de un programa de diplomado de gestión participativa en salud realizado por el equipo. Desde entonces se han realizado a la fecha diversas experiencias de diagnósticos comunitarios impulsados por el CESFAM y el Consejo Local de Salud, los que fueron implementados los años 2009, 2012, 2015, 2016, 2019 y 2022. La valiosa información recopilada en estas experiencias basadas en la participación de la comunidad permite identificar una serie de problemáticas, que permiten identificar la siguiente secuencia de trabajo.

**a.- Alerta comunitaria.** La llegada de la pasta base y la cocaína fue visibilizada en el diagnóstico comunitario realizado el año 2012, contando con evidencias de sus efectos a nivel comunitario, afectando especialmente a un grupo de adolescentes de entre 11 a 15 años, de una forma que era desconocida hasta entonces en la comunidad rural. A partir de esta situación, dirigentes y líderes se ven consternados debido al surgimiento del narcotráfico, el hurto, los asaltos, hechos de violencia. Predomina el temor, la desesperanza y desconfianza en las recursos comunitarios e institucionalidad. Los actores comunitarios locales no saben cómo actuar en este nuevo escenario rural, el cual que se asemeja más a las realidades de los barrios urbanos vulnerables y se dista mucho de la ruralidad hasta entonces conocida. La primera reacción es entonces a replegarse
y a protegerse en los espacios de confianza que brindan seguridad personal y familiar.

**b.- Primer intento de respuesta organizada.** Frente a la situación descrita, los representantes comunitarios abordan inicialmente la problemática desde un enfoque de seguridad pública policial, diseñando estrategias que apuntan al aumento del control policial del consumo y tráfico de drogas. Complementariamente, desde el CESFAM y desde el Consejo de Salud se impulsa la integración comunitaria, la visibilización de los recursos locales y la recuperación de espacios públicos e historia local, para contribuir la recuperación de la moral de la población y su tejido social.

**c.- Una nueva mirada.** Así entonces, en el Diagnóstico Comunitario del 2016 y tras un par de años de insistir en el control policial, se constata que esta acción punitiva presentó resultados con muy bajo impacto, en comparación con la línea del trabajo comunitario. Por lo tanto, el consumo de drogas continua como problemática priorizada. Desde Trabajo Social del CESFAM se facilitó un taller de grupo de discusión para elaboración de un árbol de problemas, desde la perspectiva metodológica del marco lógico, lo que aportó un análisis crítico de la realidad.

<figure><img src="image_22.png" /><figcaption>Figura 2. Grupo de Discusión.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo institucional.
La aplicación del árbol de problemas permitió observar el ánimo comunitario de escudriñar en las causas profundas de la problemática y reconocer responsabilidades. Se identifica el problema central, se profundiza en busca de sus causas y se identifican efectos. El resultado obtenido es presentado en la siguiente imagen.

<figure><img src="image_23.png" /><figcaption>Figura 3. Resultado aplicación árbol de problemas.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo Institucional.

d.- Contrastación de las hipótesis diagnósticas con las prácticas comunitarias. Una vez finalizado el diagnóstico, se distingieron los resultados obtenidos a nivel local y comunal, y se trabajó en contrastar las hipótesis diagnósticas planteadas por el árbol de problemas con las prácticas comunitarias observadas. Esta etapa recibió los aportes académicos provenientes de Alumnas de Tra-bajo Social de la Universidad de Valparaíso por medio de prácticas profesionales de Caso, Comunidad y Tesis de Licenciatura. A continuación, se describen| los principales hallazgos de este proceso por cada una de las hipótesis planteadas respecto a las causas del problema central identificado: "La familia no cumple su rol protector".
- Apoyo familiar desarticulado: Se identifica en el terri-
torio el funcionamiento institucional de dos jardines
infantiles, una escuela de lenguaje, tres establecimien-
tos de enseñanza básica, un liceo agrícola, un hogar de
protección, una delegación, un centro de salud muni-
cipal, dos organizaciones sociales no gubernamentales
y tres programas sociales de administración municipal.
Al inicio de la experiencia se observa trabajo en red
a nivel de información y cooperación, pero no existe
una instancia local de coordinación e integración en
la línea de infancias y adolescencias, pese a trabajar
con la misma población beneficiaria. En consecuen-
cia, se identificó el Centro de Salud y la Escuela muni-
cipal como instituciones claves para liderar el trabajo
en red, dado que la estabilidad laboral de sus equipos
permite desarrollar procesos a largo plazo.

- Padres jóvenes: Esta línea no fue profundizada, debido a que la evidencia comunitaria no lo identificó como un factor relevante, en comparación con otros.

- Desconocimiento del desempeño del rol de madre y padre: Se apreció que las personas a cargo de la crianza de NNA presentaban dificultades para establecer normas y límites en el contexto familiar, y para enfrentar conductas propias de la etapa de desarrollo de la niñez e infancia, por lo que tienden a evadir el abordaje de comportamientos de indisciplina. En ocasiones, expresan desconocimiento de cómo hacerlo y temor a ser acusados de vulneración de derechos y enfrentar una denuncia ante tribunales, en el caso que replicaran el modelo de crianza proveniente de la ruralidad tradicional que se les aplicó en su propia infancia, en donde la persona adulta es la autoridad y se espera que NNA deben obedecer mediante premio y castigo. Se evidencia que desconocen como desempeñarse respecto a la crianza conforme el enfoque de derechos de NNA y que no cuentan con información accesible, oportunamente y comprensible. En este escenario quienes crían se repliegan, tienden a externalizar las responsabilida-
des parentales en los establecimientos educacionales o distraer a NNA mediante “pantallas” y en el peor de los casos dejar hacer. Se constata que hay necesidad de formación respecto a la crianza, con alta valoración del acompañamiento técnico-profesional.

- Importancia de los bienes materiales: Se observó que hay un modelo de sociedad de consumo que impone comunicacionalmente en las familias de San Pedro, un modelo de progreso, éxito y felicidad basados en la tenencia de bienes materiales, entre los que destacan el vestuario y aparatos tecnológicos de comunicación. A ellos se intenta acceder a la brevedad posible, habitualmente mediante el endeudamiento, para lo cual el mercado ofrece múltiples alternativas con escasos filtros respecto a las reales capacidades económicas de las personas y hogares.

- Padres trabajan la mayor parte del día: Se sospecha que un porcentaje importante de las personas adultas responsables de la crianza de NNA trabajan tiempo completo. Al ser consultados las madres, padres y apoderados de un establecimiento educacional de enseñanza básica local, respecto con quién permanecían los alumnos y las alumnas en casa después del horario de clases, un número importante de apoderados(as) indicaron que permanecían solos o a cargo de una vecina. Resulta un tema difícil de indagar, dado que pone a la defensiva a las personas consultadas, por temor a la sanción profesional y/o legal. En un contexto de ruralidad tradicional, la ausencia de madre y padre durante el día por motivos laborales es compensada por la presencia de la familia extensa conglomerada en un mismo sitio. En la nueva ruralidad los clanes familiares son menos comunes, sustituidos por familiar nucleares, monoparentales, jefatura de hogar femenina responsable única de la crianza, siendo en consecuencia el clan familiar reemplazado por vecinas, amigas, las extensiones horarias en establecimientos educacionales, y en el peor de los casos, sin compensación, que-
dando NNA sin cuidado directo ni acompañamiento
de una persona adulta durante el día.

e.- Manos a la obra. Tras el ejercicio inicial de reflexión y la contrastación empírica realizada, se impulsa desde Trabajo Social del CESFAM desde fines del 2017, una primera tarea estratégica de articulación de los actores locales institucionales y comunitarios. Desde la institucionalidad se conforma la red local intersectorial de infancia y adolescencia, con la cual se elaboró una propuesta estra- tégica conjunta de trabajo con NNA de la localidad. Las líneas de trabajo fueron las siguientes:

- Identificación de grupos u organizaciones comunitarias para la población infanto-juvenil, con el fin de conocer la oferta de organizaciones y talleres para NNA de San Pedro, y conocer actores del intersector relacionados con población infanto-juvenil.

- Trabajo en red vinculante entre instituciones que desarrollen sus funciones en torno a la NNA, que permita formalizar el trabajo intersectorial coordinado para población infanto-juvenil.

- Ampliar la oferta de actividades que promuevan la protección y prevención de estilos de vida sana, por medio del conocimiento de los intereses de los NNA pertenecientes a la localidad, junto con la gestión de espacios de carácter comunitario para la realización de actividades con NNA.

- Participación Infantil-Juvenil en instancias permanentes de participación infantil y juvenil a nivel local y en proyectos participativos que contemplan NNA.

- Oferta de Educación Media en San Pedro con enfoque técnico-profesional.

Adicionalmente, durante los años 2018 y 2019 se implementó un programa de apoyo a la crianza, consistente en talleres socioeducativos para madres, padres y apoderados de NNA de los establecimientos educacionales de San Pedro. En esas instancias se abordaron las temáticas de roles parentales, crianza respetuosa con
enfoque de género, salud, huertos familiares y comunitarios, pre-
vención del consumo de drogas, alimentación saludable, educación
y tecnología. En su implementación se utilizó el método dialogante
de educación para adultos de Jani Vella, basado en el enfoque de
la Educación Popular de Paulo Freire. La iniciativa contó con la
activa colaboración de instituciones y programas de la red local y
comunal, con una alta valoración de madres, padres, apoderadas y
apoderados, considerados pertinentes y necesarios para las familias
de la localidad.

En lo que respecta al ámbito comunitario, se trabajó en motivar
a dirigencias y líderes para considerar en sus programas de trabajo
acciones de promoción de NNA y replicarlas en espacios vecinales
de los talleres de apoyo a la crianza. Sin embargo, la réplica vecinal
fracasó por nula asistencia de interesadas.

Mientras tanto, en el ámbito vecinal se incorporó a niñas y ni-
ños en calidad de beneficiarios(as) en actividades festivas como cele-
bración del día del niño y navidad. Sin embargo, no son incluidos en
las instancias de financiamiento de iniciativas comunitarias. Durante
ese periodo se puso fin al trabajo local de Senda Previene, por lo
que los talleres de batucada y circo que se realizaban a esa fecha, no
cuentan con monitor por falta de financiamiento y los implementos
permanecen sin uso y guardados en una bodega. El taller de batu-
cada es asumido por una persona de la comunidad con recursos
autogestionados. La batucada es expulsada del centro comunitario
local, a causa de reclamos de vecinos por contaminación acústica
Producto de sus ensayos. Las sedes vecinales permanecen cerradas
la mayor parte del tiempo, celosamente cuidadas ante el temor que
se estropee el mobiliario y equipamientos que hay en su interior. Ma-
yoritariamente son facilitada para actividades iniciadas y conducidas
por personas adultas.

Respecto a la integración institucional y la comunidad, frente a
la contundente evidencia comunitaria y con el objetivo de motivar
y sensibilizar a las y los dirigentes vecinales respecto a la inclusión
de NNA, se incorporó a personas claves al trabajo de la red insti-
tucional. Sin embargo, no se logró permear las barreras adultocen-
tristas de las organizaciones vecinales. Desde el ámbito político, el
plan estratégico fue presentado al alcalde de Quillota de la época Sr.
Luis Mella, enfatizando la necesidad de dotar a San Pedro de una
oferta de enseñanza media técnico-profesional, dada la detección de dificultades de adaptación de adolescentes de familias vulnerables de San Pedro, que presentaban alto riesgo de desertar del sistema escolar. Además, se argumentó la importancia de habilitar un espacio comunitario para la acogida y el desarrollo de actividades para adolescentes. Sin embargo, hasta el término del periodo no existió una contrapropuesta alcaldía al respecto. En la actualidad, no se ha presentado a la nueva autoridad municipal la estrategia definida, debido al proceso de rearticulación en que se encuentra la red.

**f.- La pandemia.** Entre los años 2020 y 2022 y debido al confinamiento obligatorio ocasionado por la pandemia por Covid-19, no fue posible realizar acciones en la red que contribuyeran a concretar la estrategia local definida. Asimismo, durante esos años cambiaron los equipos de la mayoría de las instituciones y programas participantes de la red y a nivel comunitario también se produjo una renovación de las dirigencias vecinales, situaciones de cambio que también afectaron los avances posibles de realizar durante ese período.

**g.- La postpandemia.** En el año 2023, es posible rearticular el trabajo de la red de infancias y adolescencias, desde Trabajo Social del CESFAM y la Delegación Municipal de San Pedro, definiendo como foco retomar el plan estratégico existente. El año 2024 se retoma el trabajo de apoyo a la crianza, sumando el componente de la promoción de la participación social de adolescentes. Para su concreción, a principios de año el CESFAM San Pedro y la Batucada Tempo de Festa presentan en forma conjunta un proyecto al Programa de Fomento de la Participación Social en APS, y se adjudican seis millones de pesos para ejecutar la iniciativa "Participación social adolescente y apoyo a la crianza, una estrategia de la red local de San Pedro, Quillota". La iniciativa pretende contribuir a mejorar el desfavorable contexto que dificulta el adecuado desarrollo de las potencialidades y capacidades de niños, niña y adolescentes a nivel local, debido a las inequidades que les afectan.

Al momento de la elaboración de este capítulo, se desarrolla la respectiva propuesta que contempla la capacitación de la red de NNA de San Pedro, la conformación de un consejo local de adolescentes liderada por el grupo de batucada y la banda escolar, para impulsar la participación social efectiva de NNA. Otro desafío en
desarrollo es la habilitación de un espacio comunitario de bienestar
adolescente donde puedan acceder espontáneamente a recreación,
educación, capacitación y diversas actividades de interés. Paralela-
mente, durante el segundo semestre se retomarán los talleres de
apoyo a la crianza para personas adultas responsables en los estable-
cimientos educacionales. En consecuencia, la presente experiencia
no termina, sino que cierra un ciclo de trabajo e inicia otro nuevo,
con la intención de usar los aprendizajes de lo andado y recoger
nuevos conocimientos para mejorar la práctica en favor de NNA de
San Pedro en el contexto de transición desde la ruralidad tradicional
hacia una nueva ruralidad.

4. Análisis de la experiencia

Mirando la presente experiencia desde el Modelo de Atención Integral en Salud y desde el enfoque familiar, puede afirmarse que la localidad de San Pedro enfrenta una crisis, al igual que la enfrentan las personas en su ciclo vital o las familias en sus distintas etapas, dado que se encuentra experimentando un proceso de transición entre la ruralidad tradicional y la “nueva ruralidad” en emergencia. Este contexto de cambio genera altos grados de incertidumbre en las personas involucradas, en parte porque casos como el descrito constituyen fenómenos relativamente nuevos, para los que se cuenta con escasas referencias que orienten el proceso de transformación. La incertidumbre resultante puede justificarse en los niveles de conciencia del proceso que se vive, dado que instintivamente las personas involucradas intuyen que algo está cambiando, pero no existe certeza de cuándo termina y de cómo terminará. En síntesis, se enfrenta la incertidumbre con la costumbre.

Se aprecia un prejuicio negativo hacia el proceso de cambio,
pues fácilmente se evidencian las consecuencias negativas del mis-
mo, especialmente el daño al tejido social construido por las perso-
nas adultas, a los valores locales del bien común y a la confianza en
lo público. En cambio, no se identifican oportunidades. Este am-
biente de inestabilidad comunitaria afecta especialmente a NNA,
debido a la etapa del ciclo vital en que se encuentran, la que requiere
de entornos sociales que le brinden seguridad, estabilidad y oportu-
nidades para desarrollar sus capacidades e identidades. En cambio,
en la coyuntura actual NNA enfrentan un doble proceso de cambio
e incertidumbre, en donde los referentes tradicionales de crianza
son cuestionados, mientras que los nuevos modelos de crianza con
enfoque de derecho no se han instalado lo suficiente como para
ofrecer directrices claras y amigables. En consecuencia, se aprecia
un vacío en la formación de NNA que deja espacios vulnerables
ante las amenazas del medio.

Desde la perspectiva de la promoción de salud y la participa-
ción social, la experiencia realizada identifica que NNA en la si-
tuación inicial alcanzaba niveles de participación de tipo simbólica,
decorativa y manipulada, alcanzando escasamente, el nivel de roles
designados pero informados, conforme las categorías aportadas por
Hart. Desde esa perspectiva, se considera que el trabajo de la red ha
avanzado hasta el nivel de información y consulta planteado por el
autor. Uno de los principales obstáculos para alcanzar niveles su-
periores de participación de NNA, es el tipo de cultura de partici-
pación ciudadana existente a nivel local. Al igual como le sucede a
las madres y padres respecto a la crianza y el enfoque de derechos,
similar situación enfrenta las dirigencias vecinales y encargados de
grupos, que entienden la necesidad y lo positivo de la participación
de NNA, pero no cuentan con las herramientas metodológicas para
concretarlo. No obstante, se identifican algunos nuevos liderazgos a
nivel comunitario que están dispuestos a avanzar hacia niveles supe-
riores de participación de NNA.

Desde enfoque del bienestar y la promoción de salud, la expe-
riencia permite identificar componentes de la ruralidad tradicional
que son factores protectores y recursos comunitarios que pueden
contribuir a vivir con un mayor nivel de seguridad este proceso. En-
tre ellos se encuentran afecto, apoyo, confianza, preocupación por
el bien común e interés por lo público. Estos recursos comunita-
rios inmateriales pueden ser los pilares que sostengan un proceso
de sana transición de la ruralidad tradicional hacia la nueva rurali-
dad; y que permitan desprenderse de algunas prácticas tradicionales
dañinas y adquirir nuevas herramientas para lograr una adecuada
adaptación, sin perder la esencia de la ruralidad y ofrecer entornos
promotores de la salud y bienestar para el desarrollo de las personas,
especialmente de NNA.
Desde el punto de vista de los determinantes sociales la expe-
riencia hace visible que las condiciones en que NNA se desarrollan,
presentan barreras y obstáculos provenientes de sus contextos fa-
miliares y rurales, tales como el aislamiento geográfico, el adulto
centrismo, la falta de oportunidades, a las que suman algunas de tipo
estructurales, como las condiciones de vivienda, recreación, educa-
ción, capacitación y medioambiente a las que pueden acceder. Des-
de el trabajo intersectorial, se aprecian esfuerzos a nivel de políticas
y programas públicos para abordas las determinantes sociales de la
salud. Sin embargo, no han logrado el impacto esperado, en parte
debido a la atomización con que se trabaja en el territorio.

Con todo, el trabajo de la red local de San Pedro ha aportado una mirada estratégica a largo plazo, recogiendo las particularidades de la realidad local, en este caso de la transición de la ruralidad tradicional hacia la nueva ruralidad, intencionando la articulación de los esfuerzos en vistas a un objetivo común. La propuesta ha tenido alcances locales y el trabajo en red ha alcanzado niveles de intercambio de información y cooperación, enfrentando algunos retrocesos en el nivel de coordinación debido a la pandemia. Aún queda pendiente la integración, la cual depende de decisiones políticas institucionales, hacia las cuales se ha avanzado pese al receso pandémico. Con ello, se evidencia la necesidad de una política local de infancia y adolescencia, que establezca criterios comunes e impulse el trabajo en red en los territorios.

5. Aprendizajes de la experiencia

La experiencia sistematizada ha confirmado la necesidad im-
periosa de abordar el trabajo con niñas, niños y especialmente con
adolescentes, atendiendo a que son una población altamente vul-
nerable debido a la etapa de desarrollo vital en que se encuentran
y por la rápida transformación del contexto rural en que viven.
Las escuelas y centros de salud municipales presentan condiciones
institucionales, como la estabilidad laboral, que les pueden trans-
formar en agentes de desarrollo local, favorables para liderar ini-
ciativas a largo plazo en favor de NNA, pero para ello es necesario
contar con políticas que faciliten el trabajo en red intersectorial
para la promoción del bienestar de NNA en el ámbito familiar y comunitario, que se refleje en programas con recursos necesarios para el trabajo de los equipos, de lo contrario sólo puede ser interpretada como una declaración de buenas intenciones apoyadas en la buena voluntad de las personas que conforman la red. La presencia de la academia en el espacio local fortalece la iniciativa, al aportar recurso humano calificado, metodologías, marcos de referencia, visión objetiva y juicio informados. Este vínculo de cooperación inserto en procesos de largo plazo se convierte en un recurso con el potencial necesario para desarrollar acciones con sentido profesional y comunitario que busca impulsar cambios sociales relevantes.

Respecto al rol de la comunidad en cuanto a la promoción del bienestar de NNA, es necesario hacer el enlace entre la iniciativa de la red intersectorial y el ámbito comunitario vecinal. Debe contemplarse acompañamiento y capacitación de líderes y dirigencias comunitarias en un proceso que facilite la inclusión de las necesidades, interés y problemas de NNA a nivel local, para crear estrategias de participación y acogida en los espacios vecinales que les permita dar el paso necesario para compartir el poder. Finalmente, debe reconocerse que el vínculo entre Trabajo Social y esta experiencia impulsada desde el sector salud, se inscribe directamente en los Principios Éticos del Trabajo Social, los que según las FITS (2018) corresponden a reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, promoción de los derechos humanos, promoción de la justicia social, promoción del derecho a la autodeterminación, promoción del derecho a la participación, respeto por la confidencialidad y la privacidad de las personas, tratar a las personas como un todo, uso ético de la tecnología y las redes sociales, e integridad profesional. Estos principios coinciden plenamente con el enfoque familiar y comunitario implementado actualmente en la Atención Primaria de Salud. En ese marco, Trabajo Social está llamado a ser uno de los pilares en el desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud, dado que es un campo laboral favorable para los procesos participativos que da la oportunidad de explorar campos poco frecuentes, como en este caso el de infancia y adolescencia en un contexto rural en proceso de cambio, y posibilita el desarrollo de liderazgo profesional al interior de los equipos interdisciplinarios,
con una mirada histórica y estratégica, más allá de las coyunturas,
permitiendo avanzar en concretar las prioridades de acción plantea-
das por la comunidad.

Referencias bibliográficas

Arnstein, S. (1969). *A Ladder Of Citizen Participation*. Journal of the American Planning Association, 35: 4, 216 — 224.

Castañeda, P. (2024). *Propuestas metodológicas para Trabajo Social en intervención social y sistematización. Cuaderno Metodológico*. Escuela de Trabajo Social, Universidad de Valparaíso.

Cecchini, S., Holz, R. y Soto De La Rosa, H. (coords.). (2021) *Caja de herramientas. Promoviendo la igualdad: el aporte de las políticas sociales en América Latina y El Caribe* (LC/TS.2021/55), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL.

FITS (2018) *Declaración Global de los Principios Éticos del Trabajo Social*. International Federation of Social Workers, https://www.ifsw.org/declaracion-global-de-los-principios-eticos-del-trabajo-social/

FLACSO (2015). *Informe Técnico para el Diseño de Plan de Trabajo para reorientación de Programas de Salud Pública*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Hart, R. (1993). *La participación de los niños: de una participación simbólica a una participación auténtica*. Ensayos Innocenti N°4. UNICEF.

MINSAL/OPS (2012). *Orientaciones para la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria*. Subsecretaría de Redes Asistenciales. División de Atención Primaria. Ministerio de Salud. Organización Panamericana de la Salud.

MINSAL (2014). *Orientaciones para Planes Comunales de Promoción de la Salud*. Ministerio de Salud. http://web.minsal.cl/sites/default/files/orienplancom2014.pdf

MINSAL (2024). *Programa Salud Integral Adolescentes y Jóvenes*. Ministerio de Salud. https://www.minsal.cl/programa-salud-integral-adolescentes-y-jovenes/

OMS (2009) *Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud*. Organización Mundial de la Salud, 62ª Asamblea Mundial de la Salud.

OMS (2024). *Preguntas más frecuentes [Informativa]*. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions [10-07-2024].
OPS (1986). *Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud*. Primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud. Oficina Panamericana de la Salud.

OPS (2019). *Estrategia y Plan de Acción sobre la Promoción de la Salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030*. Oficina Panamericana de la Salud.

OPS (2024). *Determinantes sociales de la salud*. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/temas/determinantes-sociales-salud [13-07-2024].

OPS/OMS (2024). *Documento Conceptual: Intersectorialidad*. Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud

Saavedra, R. (2024). Antecedentes históricos de San Pedro. Comunicación personal 23.08.2024

UNICEF (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Organización de las Naciones Unidas.

UNICEF Uruguay (2021) *Características ¿Qué cambios y conductas son esperables en la adolescencia?* Ficha de Trabajo N°1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

UNICEF Uruguay (2024) *¿Qué es la adolescencia?* Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://www.unicef.org/uruguay/crianza/adolescencia/que-es-la-adolescencia#:~:text=La%20adolescencia%20es%20una%20etapa,y%20el%20desarrollo%20de%20fortalezas.

UNICEF (2024) *La primera infancia importa*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. https://www.unicef.org/es/la-primerar-infancia-importa.
## Contextos Sociales y Políticos
de la Ruralidad en la Región
del Biobío: Reflexiones para la
intervención social

Juan Saavedra Vásquez<fnref n="1" />

<figure><img src="image_24.png" /><figcaption>Figura 1. Plantaciones forestales. Cerro Kimün. Región del Bio-Bío.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

<footnote n="1">1 Trabajador Social y Licenciado en Trabajo Social. Universidad de Valparaíso. Magister en Desarrollo Humano Local y Regional. Universidad de La Frontera. Doctor en Ciencias Humanas. Universidad Austral de Chile. Académico e investigador Departamento de Ciencias Sociales, Universidad del Bío-Bío. Correo: juan.saavedra@ubiobio.cl https://orcid.org/0000-0002-9188-8126</footnote>
# 1. Introducción

En este ensayo con fines de divulgación, se abordan algunas claves relativas a las prácticas de intervención social que conllevan el sello de la ruralidad. Estos aspectos podrían ser considerados en la generación de las prácticas específicas desarrolladas en estos lugares del país. Desde una perspectiva enunciativa e histórica de la intervención social, los contextos territoriales son relevantes al momento de comprender cuales son los alcances de los dispositivos de intervención (Saavedra, 2019). Por ello, se proponen cuatro categorías de análisis para la contextualización de estos procesos, tomando como referencia la región del Biobío, en el centro sur de Chile. La elección de esta zona geográfica no resulta trivial para esta revisión, pues se trata de la tercera región más poblada del país y uno de los núcleos más significativo desde el punto de vista productivo, cultural y político. En esta región, no solo se expresan importantes actividades económicas y de servicios, sino que además se contiene el área metropolitana del Gran Concepción con más de un millón de habitantes al año 2024. Sin embargo, aun cuando este carácter urbano resalta entre otras zonas del país, es necesario detenerse en las raíces históricas de este territorio, las cuales profundizan su rasgo distinutivo de ruralidad. En Chile, dicha noción se configura en oposición a la idea de lo urbano (Greene y De Abrantes, 2021), aspecto que subordina la vida social que aflora en los parajes rurales. Esto pasa por miradas modernizantes que desdeñan las prácticas tradicionales del campo, lo que se traduce en paternalismos institucionales desmedidos y que incluso, en su faz más negativa, alcanza la sospecha política sobre aquellos colectivos de estas zonas que han interpelado al Estado por mayor justicia territorial (Pareja-Arellano, 2020).

La convivencia de modos de vida tradicionales del campo se tensiona con el extensivo uso forestal del territorio y las demandas de justas reivindicaciones territoriales de las comunidades mapuche. Estos escenarios plantean desafíos tanto para la formación como para la práctica del Trabajo Social, como también del modo en que es posible sistematizar dichas experiencias. Este capítulo también busca contribuir al debate sobre lo rural en el Trabajo Social, en tanto es un asunto que es necesario profundizar tanto en la formación
como en los debates profesionales. Siguiendo a Nuñez (2020), para Trabajo Social lo rural trata de un contexto relacional que le permite encontrarse con caracteres culturales que visibilizan la organización familiar y comunitaria de raíz campesina. Atendiendo la centralidad de la categoría intervención en la configuración contemporánea del Trabajo Social (Saavedra, 2019), es relevante plantear estas reflexiones sobre elementos clave a considerar en este tema. Por ello, en la presente contribución, se proponen ideas que pueden favorecer el debate sobre la intervención social situada en territorios rurales de alta complejidad. Este capítulo comienza abordando algunas consideraciones sobre la ruralidad en Chile y en el Biobío, para centrarse posteriormente en cuatro categorías propuestas para examinar la intervención en los contextos territoriales específicos. Para elaborar este capítulo, se realizó una revisión bibliográfica, considerando estudios de ruralidad, particularmente centrados en la región del Biobío. Una vez obtenida esta información, se ordenaron ideas en cuatro grupos categorizados como claves para la intervención. La propuesta se cruza con las fuentes censales e históricas disponibles.

## 2. Antecedentes conceptuales

La ruralidad de Chile ha sido observada desde diversas perspectivas históricas, sociales y culturales. Estos abordajes coinciden en los cambios que se han manifestado con fuerza a partir de las significativas migraciones campo-ciudad verificadas desde principios de siglo XX. Los Censos de población aplicados a partir de 1950 en adelante son ilustrativos al respecto. Las dinámicas demográficas y socioeconómicas han sido marcadas por el desplazamiento de los antiguos habitantes del campo hacia centros urbanos, lo que ha dejado atrás una población rural más envejecida y pobre (Pareja-Arellano et al, 2024). Rodríguez et al (2016) señalan además que esta reducción de la ruralidad se relaciona con un aumento de la feminización de esta población, implicancias de género que conllevan su mayor vulnerabilidad en un contexto de alta inequidad en el acceso a las oportunidades. A partir de esta constatación, la situación de los territorios rurales del país muestra ciertas continuidades en su estructura socioeconómica y demográfica, en el marco de un país
cuya matriz de desarrollo empuja a la población hacia los medianos y grandes núcleos urbanos (Napadensky-Pastene y Orellana-McBri-de, 2019).

Con todo, es innegable la relevancia cultural y socioeconómica de la ruralidad en el Chile del siglo XXI. Siguiendo a Rodríguez-To-rrent et al. (2018), el mundo rural chileno mantiene su presencia material y simbólica, aun cuando ha sido modificado por las agendas gubernamentales neoliberales de las últimas décadas. Bengoa (2015) da cuenta del proceso de fragmentación de las antiguas haciendas a partir de la década de 1960, mientras se produce el desplazamiento de la agricultura tradicional hacia una avasalladora presencia de la industria forestal extractiva, matizada por otras actividades como el turismo rural (Castañeda y Rebolledo, 2020). Cabe destacar que la economía rural en la actualidad se define por la dependencia de las actividades agrícolas semi-industrializadas y la ya mencionada explo-tación forestal a gran escala. Estos sectores productivos han experi-mentado incertidumbres debido a la volatilidad de los mercados de la madera y los riesgos asociados al cambio climático (Veas y Chia, 2020). Vega y Ortiz (2020) señalan que estas actividades generan empleo y sostienen a muchas comunidades rurales, aunque con se-veras dificultades en la materialización del bienestar social y la pro-yección de futuro. Esto desalientan las posibilidades de desarrollo en estos territorios, agravados por datos de baja productividad y el inestable acceso a mercados relevantes a nivel global.

De acuerdo con Gana-Núñez y Orellana (2024), entre 2000 y 2017 se produce un declive importante de población en las comu-nas rurales del centro-sur de Chile. En este mismo sentido, el Ob-servatorio de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile señala que al año 2035, las personas mayores de 60 años duplicarán a la población menor de 15 en las zonas rurales Esto ha sido explicado habitualmente por los flujos de migración de jóvenes hacia las ciudades en busca de mejores oportunidades educativas y laborales. Sin embargo, nuevos estudios señalan que factores como el cambio climático y el extractivismo están incidiendo en la deci-sión de abandonar estos territorios (Uribe-Sierra y Mansilla-Quiño-nes, 2022). Por ello, las nuevas actividades productivas rurales, como ocurre con el turismo rural, no han sido suficientes para contener los procesos migratorios de la población juvenil que ha nacido en
estos territorios y que sigue desplazándose hacia las áreas urbanas en busca de mejores oportunidades para sus proyectos de vida.

De acuerdo a Casas et al (2023), los principales problemas de la ruralidad en América Latina son desigualdad, migración, dependencia agrícola, deficiente gobernanza territorial, y falta de sostenibilidad ambiental. Con todo, la ruralidad en Chile muestra peculiaridades que lo diferencian de otros países de América Latina. En este sentido, Martínez y Pérez (2017) destacan que desde 1990, Chile ha implementado diversas políticas para mejorar las condiciones de vida de la población campesina. Sin embargo, ya concluyendo el primer cuarto del siglo XXI, aún persisten indiscutibles disparidades en los indicadores de desarrollo entre las zonas rurales y urbanas del país.

La región del Biobío, por ejemplo, refleja estos contrastes an- tes mencionados. El Censo de Población y Vivienda de 2017 indica que, del total regional, un 13,6% de la población reside en comunas rurales. Esta medición permite inferir la tendencia a la disminución constante de la población joven en áreas rurales de esta región, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de dichas comu- nidades en el largo plazo. A partir de datos del INE (2018), la dis- minución en su población rural regional puede ser descrita en la migración hacia las áreas urbanas de Concepción y Los Ángeles. A pesar de lo anterior, para las estadísticas económicas del país, Biobío sigue siendo una región clave para la producción agrícola y forestal.

La visión sociohistórica de la ruralidad de esta región registra dos procesos históricos importantes. El primero, si bien es de carácter nacional, es la Reforma Agraria entre los años 1960 y 1970. Esta reforma tuvo un impacto continuo en la estructura social rural del Biobío, resultando clave para el reordenamiento tanto demográfico como productivo de sus territorios. Sin embargo, concordando con Valdez y Foster (2015), los efectos de la Reforma Agraria han sido revertidos en décadas posteriores, particularmente con la fuerte presencia de la industria forestal. El segundo proceso alude al modo en que se implementan las políticas de desarrollo rural postdictadura en el Biobío. Estas han buscado integrar de mejor modo a las comunidades rurales en el proyecto de desarrollo nacional, marcado por la presencia de este territorio en los mercados internacionales de materias primas, como la producción de madera. En Biobío, se han generado inversiones en infraestructura, educación y salud en
comunas con un fuerte componente de población rural, sin embargo, persisten problemas relevantes en términos de desigualdad y acceso a servicios básicos, particularmente en la provincia de Arauco. En esta misma zona de la región del Biobío, la producción forestal es particularmente significativa, con propiedad directa o indirecta de grandes extensiones de plantaciones de especies no-autóctonas como pino radiata, cuya producción abastece tanto al mercado interno como a la exportación.

# 3. Claves para contextualizar la intervención social en el Biobío rural

## 3.1.- Un mundo rural ideacional, presente en la iconografía cultural del centro sur de Chile.

La ruralidad no sólo refiere a cuestiones materiales sino también representacionales e ideacionales. La comunicación política y el marketing son estrategias utilizadas por las gubernamentalidades para conducir estrategias de mercado efectivas, cuyo propósito es potenciar la imagen-producto de un determinado territorio. Fiestas costumbristas realizadas en las comunas de Hualqui y en Yumbel refuerzan esta imagen del campo idealizado, la cual sido reforzada en los contenidos de la educación formal de los niveles básico y medio. En el caso de Biobío, las tradiciones rurales generan un efecto contextual en tres sentidos que son interesantes para la definición situacional de la intervención: a) un conjunto de prácticas cuyo reservorio es asumido o asignado a comunidades delimitadas espacialmente (Ej. Yumbel, Santa Juana), b) como un activo productivo que caracteriza al territorio (Ej. Laja- San Rosendo), y c) como una ideación de una disputa simbólica con la ciudad progresista (Ej. Asociaciones de rodeo del Biobío).

En esta aproximación cultural, son interesantes los elementos aportados por Aguirre et al (2017), a propósito de un estudio sobre infancia y ruralidad. Este estudio, llevado a cabo en la región del Biobío, refiere como la infancia y las personas adultas residentes en estos territorios se distinguen de los espacios urbanos, a propó-
sitos de valores y prácticas culturales. De todas formas, las autoras advierten de la mayor vulnerabilidad de las personas residentes más jóvenes de los sectores rurales, aspecto cultural que debe ser considerado en los diseños de estrategias de intervención.

## 3.2. Un territorio rural despojado y en permanente disputa.

En el Biobío rural, la contextualización de la intervención social necesita considerar el conflicto por el territorio ancestral del pueblo mapuche. La historia de estos territorios es marcada en el llamado Proceso de Pacificación de la Araucanía por la fundación de la Provincia de Arauco en 1852, la cual es incorporada al ámbito administrativo de la región del Biobío en la implementación de la regionalización durante la década de 1970. Desde comienzos del siglo XXI, se observa una intensificación de las acciones de reivindicación territorial y la consecuente irrupción policial-militar en la zona. Por un lado, en los medios de comunicación masivos se busca evidenciar una alta conflictividad, particularmente en la provincia de Arauco. Por otro, el rezago material agravado por la violencia ejercida desde actores policiales y empresariales predisponen la persistente desconfianza en las comunidades mapuche sobre las agendas de intervención pública.

En Biobío, Trabajo Social requiere considerar este aspecto, pues parte importante de la región del Biobío se ubica sobre el extenso territorio histórico del pueblo mapuche. El despojo más que centenario complejiza los escenarios para el despliegue de programas de intervención social en esta zona del país. Esto configura un escenario que obliga a los equipos profesionales a comprender la complejidad de esta situación, en tanto no sólo reviste cuestiones sobre la relación profesional con la comunidad, sino además los alcances de la cosmovisión de este pueblo originario. Esta condición contextual está presente en los municipios rurales de la región con una alta población mapuche, como por ejemplo ocurre con Contulmo, Los Álamos y Tirúa, entre otros.

Del mismo modo, para los procesos de intervención en sectores rurales del Biobío, la consideración del conflicto entre la gu
bernamentalidad y el pueblo mapuche también se expresa en las esferas culturales y lingüísticas. Como señala Huenchucoy (2020), Trabajo Social debe incorporar las ritualidades en procedimientos de intervención. Esto implica que los tiempos destinados a las acciones deben adecuarse al encuadre de protocolos y formas de esta cosmovisión, por ejemplo, en la promoción de la participación local.

### 3.3. La agricultura tradicional reemplazada por la explotación forestal a gran escala.

Las consideraciones del contexto territorial rural del Biobío no pueden esquivar la profunda transformación económica ocurrida en la segunda mitad del siglo XX. En efecto, la tradicional producción agrícola es reemplazada por la explotación forestal. Aguayo (2015) indica que la Reforma Agraria buscó independizar al pequeño agricultor, mediante la modernización de sus procesos de producción. Sin embargo, esta misma autora considera que la violencia de la Dictadura y la profundización neoliberal resultan claves para la instauración de un modelo agroexportador, asociado a la extensa utilización del territorio de la región para plantaciones forestales. Comunas como Los Ángeles, Mulchén, Quilleco y Curanilahue, de pasado productivo ligado al mundo agropecuario, en la actualidad son parte de un amplio stock de espacios geográficos dedicados a la explotación forestal.

Este aspecto requiere de consideraciones para los procesos de intervención, en especial los de corte comunitario. Dada la naturaleza de la actividad forestal, la demanda de empleo por hectárea de plantación es relativamente baja. Por ejemplo, CORMA (2015), señaló que los principales perfiles laborales para esta industria son los trabajadores directos de predio, los choferes y operarios de maquinarias. Con ello, se reduce el potencial de articulación de estos perfiles requeridos por la industria forestal con aquellos actores sociales localizados en los territorios donde se emplazan las plantaciones forestales, atendiendo la movilidad laboral. Esto tiene implicancias para el ejercicio de profesiones como Trabajo Social en las zonas rurales de regiones como Biobío. Las posibilidades de realizar socio-educación, planeamiento local del territorio y de fortalecimiento
de la participación en organizaciones sociales está limitado por las características de estas formas de empleo. Para los procesos de intervención social, las zonas aledañas a grandes plantaciones forestales representan una complejidad en el diseño de estrategias y herramientas territoriales, derivado de esta condición laboral-productiva que implica una menor densidad del tejido social.

### 3.4. Un mundo rural amenazado por eventos climáticos extremos.

El incremento de riesgo por desastres, principalmente de origen hidrometereológico, es uno de los escenarios de mayor dificultad en la ruralidad de Biobío. Lo anterior, nuevamente está relacionado con la explotación intensiva forestal en esta región lo que, sumado a las características morfológicas de la geografía del territorio, incrementan el potencial de peligro para las comunidades que habitan estas zonas. En las últimas décadas, tres tipos de situaciones catastróficas han afectado fuertemente las comunas rurales. Por un lado, la extensa sequía que ha sufrido la macrozona sur del país desde el año 2010, que sólo se ha atenuado a propósito de eventos importantes de lluvias ocurridos en las temporadas 2023-2024. Comunas como Quilaco, Yumbel, Tucapel, entre otras, tienen una alta dependencia de suministro de aguas subterráneas. Otras, como Santa Juana y Nacimiento, presentan un severo estrés hídrico, aun cuando se encuentran en el área de la cuenca del río Biobío. La situación no solo afecta a la pequeña producción agrícola sino a otras producciones campesinas, como la apicultura desarrollada en Santa Bárbara. El consumo humano y de animales en estas comunas rurales no ha logrado ser totalmente garantizado, lo que genera tensión en estas comunidades. Esto puede llegar a motivar nuevos desplazamientos de la población joven hacia comunas urbanas (Vollrath et al, 2022).

Los eventos extremos de origen climático han observado efectos severos en las zonas rurales de la región del Biobío. Esto se refleja, por ejemplo, en las inundaciones producidas en las cuencas del río Biobío (Ej.1952, 1984, 2006) que han afectado las localidades rurales ribereñas. Otros fenómenos como tornados y trombas mari-
nas se observan con mayor frecuencia en la zona centro-sur que en
otras del país (Ej. Los Ángeles, 2019). Sin embargo, los incendios
forestales constituyen el riesgo más relevante, atendiendo la enorme
cantidad de hectáreas plantadas con especies altamente inflamables,
como el pino radiata, las cuales se encuentran cercanas a poblados
y viviendas en sectores rurales. Los incendios de sexta generación
(mega-incendios) producidos en 2012, 2017 y 2023 en Biobío, se en-
cuentran entre los desastres más relevantes de la historia reciente de
Chile. Las afectaciones en las plantaciones forestales han sido seve-
ras, con costos financieros y pérdidas de vidas humanas, como ocu-
rrió en la zona rural de Santa Juana en 2023. Los daños financieros
también fueron extensos. Cabe señalar que una parte importante de
los predios explotados no son de propiedad de las grandes empresas
forestales sino de pequeños parceleros. Además, es importante in-
dicar que estos desastres conllevan la pérdida de patrimonio natural
asociado a bosques y fauna nativa.

4. Reflexiones finales

La ruralidad en Chile ha experimentado significativos cambios
a lo largo de las últimas décadas, moldeada por factores económi-
cos, demográficos y culturales, siendo la región del Biobío afectada
por muchas de estas transformaciones. La comprensión de las cuá-
tro claves propuestas en este capítulo contribuye al desarrollo de
nuevas prácticas de intervención social situadas en la configuración
rural que caracteriza a esta región.

Cuando se alude a que la ruralidad es parte de la situación de
intervención, se refiere a una figura de tridimensionalidad de com-
ponentes, que en conjunto constituyen la forma representativa de
un problema, que es delimitado temporal y espacialmente. Estos
elementos son la alteridad, la pluralidad y la territorialidad. La alte-
ridad, siguiendo a Lévinas (1987), implica la aproximación al cono-
cimiento de los sujetos en situación de intervención sin procurar su
dominación o captura simbólica. La pluralidad alude a la imposibi-
lidad de concebir individuos aislados, sino más bien sujetos inter-
conectados, con plexos relacionales, aunque necesariamente debe
considerar que “nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva
o vivirá" (Arendt, 2019). El tercer componente es el que interesa al momento de concluir este capítulo. La situación de intervención social es al mismo tiempo contextualizada y condicionada por su territorialidad. Esta refiere a la potencialidad del espacio geográfico de producir diversas escalas culturales, demográficas y productivas (Trucco, 2024); constituir un lugar de transformación y movilización para los cambios sociales (Herrera y Herrera, 2020) y específicamente en Trabajo Social, reconocer una vinculación del poder con la categoría territorio (Saravia y Panez, 2022).

En este sentido, para profesiones como Trabajo Social, el contexto territorial resulta relevante en el diseño de sus estrategias e instrumentos de intervención social. Para este capítulo, se han colocado las referencias de caso en torno a la región del Biobío, dado que el territorio en estudio ha experimentado cambios en su economía a partir del proceso social y político visualizado en las zonas rurales desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.

Productivamente, la zona rural del Biobío ha pasado desde las agriculturas tradicionales a la explotación forestal a gran escala. Esta transformación fue impulsada inicialmente por la Reforma Agraria de las décadas de 1960 y 1970, implementada por políticas neoliberales impuestas por la Dictadura y consolidada finalmente por los gobiernos de la Concertación. A partir de la institucionalidad y la acción política tanto intra y extra-institucional, se ha fragmentado la organización espacial latifundista y en su lugar, se ha promovido la expansión de la industria forestal. Este proceso alteró la estructura socioeconómica y las prácticas culturales de las comunidades rurales y como consecuencia, los datos demográficos indican que la población rural está disminuyendo debido a la migración de jóvenes hacia áreas urbanas en busca de mejores oportunidades educativas y laborales. Esto está acrecentando las problemáticas a las cuales debe responder la intervención social en estos territorios.

En síntesis, pensar en intervención social en la ruralidad de Biobío requiere abordar varios desafíos complejos. Estos incluyen conflictos territoriales con el pueblo mapuche, tensiones generadas por la explotación forestal y el impacto de potenciales desastres de origen climático. Se sugiere repensar la formación profesional específica de profesiones como Trabajo Social, para la cual la in-
tervención social constituye su principal referente categorial. Entre
otras posibilidades, es importante integrar la cosmovisión del pue-
blo mapuche en los procedimientos de intervención, por ejemplo,
incorporando los protocolos y ritualidades comunitarias en estos
procesos. Por otro lado, una baja densidad del tejido social se amal-
gama con características del empleo en la industria forestal, lo que
limita la acción colectiva frente a procesos de planificación territo-
rial y de fortalecimiento de la participación en organizaciones socia-
les. Finalmente, cuando la intervención social mira la territorialidad
con sentido de precisión analítica y metodológica, se deben miran
las particularidades de lugares como el Biobío rural. La ocurrencia
de eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones e in-
cendios forestales, aumentan la vulnerabilidad de las comunidades
rurales, demandando estrategias de intervención social que aborden
estos riesgos e integren los saberes acumulados por las comunidades
locales frente a estas situaciones.

Referencias bibliográficas

Aguirre-Pastén B., Gajardo-Tobar A. y Muñoz-Madrid L. (2017). Construcción de identidad de la niñez en contextos de ruralidad en la comuna de Concepción, Chile. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 15 (2), 893-911. https://doi.org/10.11600/1692715.x.1520722112016.

Aguayo, B. (2015). Peasant economies, forestry industry and fi-
res: socio-natural instabilities and agriculture as means of re-
sistance. *Ambiente & Sociedade*, 18(1), 93-114. https://doi.or-
g/10.1590/1809-4422asoc720v1812015esp

Arendt, H. (2019). *Condición humana*. España: Tusquets Editores.

Bengoa, J. (2015). *Historia rural de Chile central. Tomo I. La construcción del Valle Central de Chile*. Santiago de Chile: LOM

Casas, E., Meneses, A. y Ospina Ortiz, M. (2023). Nueva ruralidad y política pública en Latinoamérica. *Bitácora Urbano Territorial*, 33(2), 225-240. https://doi.org/10.15446/bitacora.v33n2.105816

Castañeda, P. y Rebolledo, M. (2020) Nueva ruralidad, agricultura campesina y turismo rural en zonas turísticas lacustres del sur de Chile. Estudio de caso. *Revista Pensamiento y Acción Interdisciplina-
ria, 6(2), 10-30. http://doi.org/10.29035/pai.6.2.10

CORMA (2015). Fuerza laboral de la industria forestal chilena 2015 – 2030. Santiago de Chile: CORMA.

Gana-Núñez, A. y Orellana, A. (2024). Despoblamiento rural en Chile: análisis de tendencias demográficas a escala local. Urbe. *Revisita Brasileira de Gestão Urbana*, 16. https://doi.org/10.1590/2175-3369.016.e20230281

Greene, R., y De Abrantes, L. (2021). Ni urbano ni rural: lo ‘citadino’ como tipología para pensar la ciudad no metropolitana. *EURE*, 47(141). http://doi.org/10.5281/zenodo.3633775

Herrera, L. A. y Herrera, L. (2020). Territorio y territorialidad: Teorías en confluencia y refutación. *Universitas*, 32, 99-120. https://doi.org/10.17163/uni.n32.2020.05

Huenchucoy, L. (2020). 'Epu xoy kvmvn; Tuwvn ka kvpalme Trabajo Social mu'. Dos miradas del saber; tuwvn y kvpalme en el Trabajo Social. *Utopía y praxis latinoamericana: revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social*, (88), 123-135. http://doi.org/10.5281/zenodo.3633775

INE (2018). *Resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda 2017*. Instituto Nacional de Estadísticas.

Lévinas, E. (1987). *Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad*. España: Ediciones Sígueme.

Martínez, A. y Pérez, C. (2017). Transformaciones en la ruralidad chilena: Análisis comparativo en el contexto latinoamericano. *Revista Chilena de Estudios Rurales*, 29(1), 77-95.

Napadensky-Pastene, A. y Orellana-Mcbride, A. (2019). Metropolización y organización funcional de sistemas urbanos intermedios. Gran La Serena, Concepción y Puerto Montt. *Bitácora Urbano Territorial*, 29(1), 65-78. https://doi.org/10.15446/bitacora.v29n1.67325

Núñez, L. (2020). Propuesta de intervención de trabajo social territorial con comunidades rurales de chile central en contexto de globalización. *Revista Pensamiento y Acción Interdisciplinaria*, 6(2), 87-103. http://doi.org/10.29035/pai.6.2.87

Pareja-Arellano, N. (2020). Discurso actual de la prensa escrita chilena frente al conflicto Estado/pueblo mapuche: Un análisis crítico sobre la visión que difunden periódicos chilenos. *Discurso & Sociedad*, (4), 905-929. http://www.dissoc.org/es/ediciones/v14n04/DS14%284%29Pareja.pdf

Pareja-Arellano, N., Sandoval-Obando, E. y Riquelme-Brevis, H. (2024). Etnia y ruralidad como ejes de la desigualdad social en la Araucanía (Chile) actual. *Papeles De Población*, 29(118), 177-207.
https://doi.org/10.22185/24487147.2023.118.32

Rodríguez, C., Fawaz, J. y Muñoz, J. (2016). Transformaciones demográficas y del mercado del trabajo en el espacio rural chileno. *Mundo Agrario*, 17(36). https://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/article/view/MAe032/7768

Rodríguez-Torrent, J. C., Mandujano-Bustamante, F. y Vargas-Callegari, R. (2018). Ruralidad, conservación y justicia territorial. Legitimidades desiguales en la Patagonia Norte chilena. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 35, 155-181. https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2018.n35-10

Saavedra, J. (2019). Intervención social como dispositivo discursivo. *TS Cuadernos De Trabajo Social*, (17). https://www.tscuadernos-detrabajosocial.cl/index.php/TS/article/view/144

Saravia, F. y Panez, A. (2022). Constelación espacial de conceptos para Trabajo Social: ambiente, lugar, territorio y paisaje. *Trabajo Social*, 24(2), 241-266. https://doi.org/10.15446/ts.v24n2.97954

Trucco, I. (2024). La territorialidad en el enfoque de los distritos industriales. Una revisión teórica-metodológica desde la periferia. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 33(1), 16-30. https://doi.org/10.15446/rcdg.v33n1.96167

Uribe-Sierra, S. E., y Mansilla-Quiñones, P. (2022). Estudos do despovoamento rural no Chile: abordagens para um quadro analítico da ecologia política latino-americana. *Revista Brasileira de Estudos De População*, 39, 1-23. https://doi.org/10.20947/s0102-3098a0208

Valdés, A. y Foster, W. (2015). *La reforma agraria en Chile: Historia, efectos y lecciones*. Santiago de Chile: Ediciones UC

Veas, C. y Chia, E. (2020). Nuevas determinantes para comprender los alcances de la ruralidad: representaciones del cambio climático en la agricultura familiar campesina. *Boletín de Estudios Geográficos*, (113), 111-132. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/beg/article/view/3865

Vega, P. y Ortiz, S. (2020). Ruralidad y desarrollo económico en Chile: Comparaciones regionales y latinoamericanas. *Revista de Economía Rural*, 33(2), 56-78.

Vollrath, A., Arrate, A., Madariaga, P. y Pulgar, C. (2022). *Sequía y calidad de vida en zona urbano-rural según grupos vulnerables y profesionales de salud. Ciencia y Enfermería*, 28. https://doi.org/10.2939/ce28-2scac40002
Otras fuentes:

Observatorio del Envejecimiento PUC. (2024, abril 11). *Para 2035, mayores de 60 años duplicarán a la población más joven en zonas rurales*. En: https://observatorioenvejecimiento.uc.cl/para-2035-mayores-de-60-anos-duplicaran-a-la-poblacion-mas-joven-en-zonas-rurales/
<figure><img src="image_25.png" /></figure>
# Sistematización “De la Puebla a la Mesa”: Patrimonio Agroalimentario y Comercialización online en tiempos del COVID-19

Hans Beltrán Martínez<fnref n="1" />

<figure><img src="image_26.png" /><figcaption>Figura 1. Canasta “De la Puebla a la Mesa”.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

<footnote n="1">1 Trabajador Social. Magíster en Gerencia Social, Universidad de La Frontera. Có-digo ORCID: 0000-0003-1497-0836</footnote>
# 1. Presentación

El presente capítulo presenta los resultados de un proceso de sistematización titulado "De la puebla a la mesa: patrimonio agroalimentario y comercialización online en tiempos del COVID-19", la que fue presentada para la obtención del grado de Magíster en Gerencia Social en la Universidad de La Frontera, Temuco, Chile. Quien suscribe, trabajó en conjunto al equipo de la ONG CETSUR Temuco, con el colectivo "Mesa comunal de mujeres rurales de la región de La Araucanía", en adelante "la mesa"; y con curadoras de semillas pertenecientes a las mesas que funcionan específicamente en ocho comunas de la región, las que corresponden a Carahue, Lumaco, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, Toltén, Los Sauces, Saavedra y Pitrufquén. Este colectivo, a modo de contextualización, surge en junio del año 2001 impulsado por el entonces Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), actualmente Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) y con el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO).

El objeto de la formación de este colectivo de mujeres rurales, fue capacitar, visibilizar y acercar a la estructura de oportunidades a las mujeres rurales del país, quienes a la fecha no eran consideradas por las políticas públicas tanto a nivel nacional como local. Actualmente, este colectivo se encuentra conformado en 28 comunas de la región de La Araucanía y en 2 localidades. En su mayoría son productoras de hortalizas, confeccionan textilería mapuche, producen distintos agroelaborados y son curadoras de semillas. El trabajo en la mesa, les ha entregado muchas herramientas como, por ejemplo, empoderamiento, adquirir conocimientos sobre sus derechos, capacidad de producción, tener independencia económica y ser visibles frente a los gobiernos locales y a nivel nacional. Es un colectivo relevante principalmente por la feminización del trabajo campesino.
<figure><img src="image_27.png" /><figcaption>Figura 2. Mujer hortalicera.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

Como equipo CETSUR, en conjunto a las mesas de mujeres rurales mencionadas previamente, se constató que tras la llegada de la pandemia del COVID-19 y la aplicación de las respectivas medidas de restricción sanitaria, se imposibilitó el comercio ambulante que ellas ejercían con regularidad en sus comunas, perdiendo su principal fuente de ingreso y autonomía económica. Frente a ello, surgió la idea de desarrollar comercialización vía online en sus comunas, por medio de una canasta compuesta por los distintos productos de su puebla "huerta". Así se generó la propuesta titulada "De la Puebla a la mesa". Para el financiamiento, se postuló un proyecto al fondo "Chile de todos y todas 2020" financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

## 2. Marco conceptual

### 2.1. Gerencia social.

La gerencia social entrega una perspectiva diferente a los procesos de intervención, dado que rompe la lógica establecida de la
gerencia pública, en la que son los expertos quienes generan solu-
ciones para la población. De esta forma, la gerencia social busca la
solución de problemáticas sociales de manera participativa, incorpo-
rando a quienes forman parte del problema, promoviendo un desa-
rrollo sostenible que permita la generación de un elemento clave, el
valor público (Moore, 1998). El valor público dota a la gerencia so-
cial de enfoque estratégico, que pondera una respuesta participativa
a la ciudadanía, brindando confianza y legitimidad a intervenciones
sociales y/o servicios (Kelly et al., 2002). A diferencia de la gerencia
tradicional, la gerencia social busca un dialogo permanente con las
personas, co-construyendo soluciones y alternativas a los problemas
sociales, generando sostenibilidad y el desarrollo de una ética de
compromiso social (Kliksberg, 1993; Moore, 1998).

El trabajo con las bases es entendido como *bottom-up*, ya que surgen alternativas de solución en conjunto con quienes son afectados por el problema; por el contrario, la lógica de la gerencia tradicional *top-down* plantea que son los expertos quienes deben proponer las soluciones, modelo de diseño y de dirección de políticas que aleja a la ciudadanía de decisiones y del ejercicio de la democracia propiamente tal. La gerencia social se caracteriza principalmente por dar respuesta a los problemas relevantes de las y los ciudadanos, genera nuevas oportunidades y promueve la democracia, ciudadanía, participación y capital social (Licha, 2002; Sulbrandt, 2002). Además, en cuanto al modelo de evaluación, la gerencia social plantea la elaboración de indicadores de resultado por sobre los de proceso, ya que lo relevante en la ejecución de un proyecto o programa es el impacto, que finalmente se traduce en el beneficio para la ciudadanía (Aedo, 2005).

## 2.2. Buen Vivir.

América Latina ha sido una de las regiones del mundo desde
la cual siempre se ha hecho resistencia al modelo de desarrollo oc-
cidental impuesto, principalmente desde la perspectiva de pueblos
originarios y sectores rurales populares (Acosta, 2015). Esta resis-
tencia se ve plasmada en la praxis, en el discurso y en el actuar de
algunos colectivos que intentan reivindicar los conocimientos an-
cestrales orientados a formas sustentables de desarrollo (González, 2018), que han quedado rezagadas en el conocimiento general de las comunidades o espacios locales, producto del dominio de la lógica de desarrollo occidental. Lewis (citado en Bretón, 2013) situó entre las décadas de 1950 y 1980 del siglo XX un periodo en el que lo ético, homologado en América Latina con lo indígena, fue asimilado a lo atrasado, por ende, lo contrario al desarrollo.

El impacto ecológico sufrido por la implementación de un modelo de modernización, no solamente impactó de manera negativa al sector más vulnerable, sino que también a los propios productores, quienes en desconocimiento de la magnitud de los cambios en el área agropecuaria y en el ecosistema en general, y pese a aumentar significativamente sus capitales, comenzaron a destruir el mismo territorio que habitaban (Rizo-Mustelier et al., 2017). La visión de desarrollo capitalista que discrepa a la abordada en algunos espacios locales de América Latina (Vanhulst, 2015; Escobar, 2010), generando que algunos grupos conciban distintos paradigmas como legítimos, como por ejemplo, la visión del Buen Vivir, Küme mongën en mapuzungun y Sumak Kawsay en quichua, un modelo alternativo de entender el desarrollo, arraigado a los saberes ancestrales y a las cosmovisiones indígenas, orientado al derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, armónico, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir, explicitando además que ésa es la finalidad última del desarrollo (Bretón, 2013; Correa y Falconi, 2012; De la Cuadra, 2015; Narváez y López, 2012; Ramírez, 2010; Vanhulst, 2015).

El Buen Vivir es un concepto que abarca una multitud de aspectos, ya sean físicos, espirituales y materiales, por lo tanto, multidimensional, no lineal, pero históricamente construido. Destacan como elementos claves en su concepción, la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas; junto con convivir en paz y armonía con la naturaleza (Caria y Domínguez, 2016). Esta perspectiva da espacio a que las libertades, y potencialidades, tanto a nivel individual como colectivo, se amplíen a modo de lograr que las diversas identidades colectivas alcancen su objetivo de vida deseable (Bretón, 2013; Rist et al, 2010). Cabe distinguir cuatro elementos básicos que constituyen el discurso del Buen Vivir: (a) la idea de armonía con la naturaleza; (b) la reivindicación de la cosmovisión y principios de
los pueblos marginados/subordinados; (c) el Estado garante de la
satisfacción de las necesidades básicas (como la educación, la salud,
la alimentación y el agua), de la justicia social y de la igualdad; y (d) la
democracia como modelo político a seguir. "Además hay dos líneas
de fondo transversales: el Buen Vivir como paradigma crítico de la
modernidad eurocéntrica (antropocéntrica, capitalista, economicista
y universalista) y como nuevo proyecto político intercultural" (Van-
hulst, 2015, p. 4).

## 2.3. Nueva ruralidad.

La ruralidad en Chile ha sufrido transformaciones significativas en las últimas décadas, principalmente producto de la promulgación de derechos sociales, tecnología, globalización, reorientación productiva, incremento de economías no tradicionales y el ingreso de la mujer rural al mundo laboral (Castro, 2012). Desde una mirada tradicional, la ruralidad contemplaba que quienes habitaban este sector se dedicaran casi en exclusividad a actividades agropecuarias dominadas en su mayoría por una oligarquía con mucha influencia decisional. En su mayoría desarrollaban actividades regidas por ciclos naturales que influyeron a la constitución de una cultura específica y en el trabajo por temporadas. Lo anterior, sumado a la dispersión territorial de la población y aislamiento con los sectores urbanos, dificultaba el acceso a servicios básicos y a los avances en materia de derechos sociales (Gómez, 2003). Como consecuencia del rezago frente a lo urbano, importantes flujos migratorios cambiaron la dinámica del mundo rural. Lo urbano ofrecía mayores fuentes de empleo, principalmente ligadas a la industrialización, legislación social protectora, provocando mejora de los niveles de vida y la posibilidad de acceder a educación formal. Por su parte, las sociedades rurales han presentado cambios estructurales, debidos en buena parte al modelo de desarrollo global que día a día conecta a sectores que antes habían estado aislados. Estos cambios plantean la necesidad de analizar lo rural de distinta forma y, en esta medida, que las definiciones y estrategias del desarrollo rural sean necesariamente readecuadas a dichas modificaciones (Norma, 2001). La nueva ruralidad, contempla que asentamientos que antes se encontraban aislados, ac-
tualmente, puedan dialogar entre sí y que también lo hagan con dis-
tintas instituciones, ya sean públicas o privadas. Este fenómeno co-
menzó a gestarse en los años 90, periodo postdictadura en Chile, en
el que el Estado consolidó un modelo de mercado neoliberal. Este
modelo provocó que las estrategias rurales que antes eran impulsa-
das por el Estado, pasaran a ser impulsadas por el mercado (Kay,
2009). Con estas nuevas estrategias, la agricultura familiar campesina
o AFC, pasó a un segundo plano, muchos habitantes del mundo ru-
ral migraron y migran a espacios rurales en los que pueden obtener
mejores salarios y más oportunidades de movilidad social. Como
resultado, cambios demográficos, económicos e institucionales. En
el ámbito demográfico, una reducción de la población, en espectro
económico, diferentes tensiones provocadas por las demandas del
mercado y la producción tradicional del campesinado, y en el ámbito
institucional se están han generado cambios en la articulación social
(Castro, 2012; Pérez, 2001).

La Nueva Ruralidad se sustenta en cuatro líneas principales: Desarrollo de actividades rurales más allá de la puebla y huerta; Flexibilización y feminización del trabajo rural; Mayores interacciones del mundo rural con el urbano y creciente migración y población flotante campo-ciudad (Kay, 2009). Teniendo en cuenta lo anterior, el mundo rural trasciende a lo agropecuario actualmente, manteniendo un intercambio constante con lo urbano, en la provisión tanto de alimentos como también de una gran cantidad de bienes y servicios. Pese a este intercambio constante, que pudiera bien haber empoderado al mundo rural, este desafortunadamente continúa adaptándose pasivamente en función de factores exógenos; la agricultura, por ejemplo, en su mayoría se adapta y depende de las demandas del mercado industrial urbano (Norma, 2001). Es por esto que cada vez es más frecuente observar grandes extensiones de monocultivos y la instalación de empresas transnacionales que, dotadas de grandes tecnologías, producen en suelo chileno gracias a tratados de libre comercio internacionales una gran cantidad de frutas y hor talizas, dando la impresión de una modernización del espacio rural, sin embargo, aún existen sectores campesinos pobres, coexistiendo en el espacio rural, la modernidad con espacios marginados del desarrollo en toda su amplitud (Castro, 2012). De esta forma, la existencia de una Nueva Ruralidad implica idear cambios basados en la
experiencia campesina y originaria de los territorios que incorpore a
las mujeres como nuevas protagonistas, contemplando además nue-
vas relaciones de poder y producción, que involucren el contexto
histórico, social y cultural del espacio rural (Bengoa, 2003).

2.4. Desigualdad de género en el mundo rural.

Las distintas miradas que generalmente son utilizadas para
hacer referencia a la teoría de género dan como entendido el he-
cho concreto y/o punto común, el reconocimiento tácito de una
subordinación social y política de las mujeres, que como conse-
cuencia simboliza una gran cantidad de diferencias entre un género
y otro, diferencias que se construyen mediante distintas prácticas,
ideas, planteamientos, teorías y discursos. La principal institución
socializadora es la familia, ya que continúa siendo el centro social
y el espacio en el que se desarrollan muchas de las características
y cualidades de las personas (Astellarra, 1990). Junto con la familia,
la formación educacional también constituye un punto clave en la
formación de conductas sociales. Así entonces, una educación que
desde muy temprana edad hace diferencias notables y basadas en
estereotipos entre oficios y profesiones para hombres y mujeres, que
conllevan diferencias y brechas de salarios que han sido persistentes
pese a todos los cambios sociales vividos (PNUD, 2019; Selamé,
2004). Conjuntamente, las mujeres que participan del mercado labo-
ral se enfrentan a una doble jornada, por una parte, a la del trabajo
remunerado y por otra a las tareas domésticas y de cuidado que no
son remuneradas (Bonan y Guzmán, 2007; Córdova, 2011; Selamé,
2004). Desde esta perspectiva, no bastaría, por ejemplo, considerar
la pobreza del hogar de manera global o sólo por ingresos, sino que
resulta clave precisar y considerar la distribución interna de ingresos
de sus individuos; así, una mujer sin ingresos propios, pese a que
viva en una morada no considerada pobre, presenta altos niveles
de vulnerabilidad (Córdova, 2011). Esta perspectiva de género, pre-
senta similitudes y diferencias entre el mundo urbano y el mundo
rural, consecuencia clara del modelo neoliberal que reproduce el
patriarcado, consolidando prácticas de producción agrícola que fue-
ron expandidas por todo el país, lo que ha provocado un continuo
de desigualdades para las mujeres. Afortunadamente, desde fines de
los años 90, comenzaron a surgir distintas políticas orientadas al
trabajo de la mujer rural, desde las políticas de diversidad y del con-
cepto de interseccionalidad se comenzaron a tomar en cuenta las
desigualdades de las mujeres rurales desde una perspectiva distinta,
que necesariamente tomó en cuenta sus cualidades, potencialidades
y situaciones de vida (Expósito, 2012).

Con distintas iniciativas, tanto de organizaciones no gubernamentales (ONGs) como por parte del Estado, algunas mujeres rurales pudieron comenzar capacitaciones y/o espacios de comercialización a generar ingresos propios mediante fondos concursables, y por lo tanto, la generación de cierta autonomía económica. Pese a que pudiera ser considerado un acontecimiento beneficioso para las mujeres rurales integrarse al mundo laboral remunerado, en ocasiones, con suma frecuencia, son violentadas por sus parejas, ya que se pone en cuestión la responsabilidad doméstica, considerando que con trabajo la mujer pasa menor tiempo en el hogar. Sin embargo, cuando la mujer genera ganancias y lleva además de buena forma las labores del hogar, no existen problemas con su pareja (Caraciolo y Foti, 2010). La autonomía económica, va de la mano con la generación de empoderamiento, entendido para el contexto de esta experiencia como “aquel tipo de poder alternativo en el que se reconstruye la equidad entre los géneros y las clases y se modifican las relaciones patriarcales de poder” (Alberti, 2004, citado en Aguayo y Hinrichs, p. 135, 2015). La igualdad de género no solamente es un paradigma enfocado en mejorar la justicia entre los sexos, sino que busca generar efectos favorables en ámbitos como el desarrollo y la equidad para la población en su conjunto (Córdova, 2011).

## 2.5. Curatoría de semillas.

Las comunidades o grupos campesinos afectados por el deterioro de sus territorios delimitan distintas formas de manifestación para proteger sus conocimientos ancestrales o, por el contrario, ceden frente a la presión del mercado neoliberal y mediante políticas públicas intentan integrarse al sistema de mercado. Sin embargo, algunas prácticas culturales cotidianas están siendo resignificadas
como resistencia frente al desarrollo impulsado por el Estado. Es
bajo este preámbulo que “surge el rol de las mujeres en la agricultu-
tura tradicional, rescatando conocimientos ancestrales en torno a la
semilla, no como objeto o producto, sino para potenciar su valor
vinculado con su uso, su origen y el saber que entraña” Pérez (como
se citó en Soto et al., 2014, p.82). Las redes de semillas locales y de
intercambio entre comunidades rurales, se fortalecen mutuamente
como respuesta a la erosión provocada en los territorios producto
de la Revolución Verde (Vera et al., 2015). El oficio de curatoría de
semillas contempla actualmente una perspectiva que va más allá de
la propia agricultura, es una práctica más bien cultural, porque invo-
lucra saberes ancestrales y un patrimonio colectivo entendido como
patrimonio cultural intangible (Celis et al., 2011). Las curadoras de
semillas son las conocedoras, principalmente gracias a la praxis y
enseñanzas generacionales, de técnicas de conservación, historia de
las semillas y de las particularidades que debe tener el espacio en el
que se desarrolla cada una (Montealegre, 2012; Aguayo y Hinrichs,
2015). “Es por estas circunstancias que las curadoras de semillas
emergen hoy como sujetos políticos inspirados en sus tradiciones
culturales para mantener como patrimonio colectivo de los pueblos
y culturas del mundo, las semillas y las agriculturas que las acogen”
(Celis et al., 2011, p.25).

La preservación de semillas resulta fundamental para la susten-
tabilidad de los sistemas productivos y el Buen Vivir de los espacios
 locales. Una de las costumbres principales utilizadas por las curado-
 ras de semillas es el Trafkintu, actividad ancestral mapuche en la que
 se intercambian tanto semillas como otros productos. En el caso de
 las semillas, el intercambio tenía y tiene actualmente para algunas
 personas el objeto de preservar las semillas y cuidarlas por genera-
 ciones, en el entendido que el pueblo mapuche poseía una relación
 metafísica con su entorno, desenvolviendo de manera estratégica
 un proceso de simbiosis natural-cultural, una filosofía particular y
 además característica de los pueblos originarios del territorio actual-
 mente chileno, comprendiendo que la tierra es fuente de alimenta-
 ción y, por lo tanto, se le debe respeto y cuidado a ella (López et al,
 2017). “La experiencia de traer al presente la práctica del Trafkintu,
 nos da a entender que existe una débil membrana entre la memo-
 ria y el olvido y que el ejercicio que se hace sobre el recordar, es el
que ordena, traza, es el que permite volver a recomponer prácticas sociales y otorgarle un sentido en el presente” (Colipán, 2008, p.7).

## 3. Marco Metodológico

Esta experiencia de sistematización se enmarcó en el modelo propuesto por Castañeda (2014) que plantea seis puntos fundamentales en su desarrollo, los que corresponden a: Contextos de la experiencia de sistematización; Marco teórico; Marco metodológico; Análisis de los elementos recabados; Reflexiones, aprendizajes y conclusiones del proceso; y, Bibliografía. Complementariamente, desarrolla cuatro postulados esenciales: No hay teoría sin práctica. No hay práctica sin teoría. No hay sistematización sin práctica. No hay sistematización sin teoría. Desde la perspectiva de quien suscribe, este modelo seleccionado permite involucrar, en primer lugar, a los actores objetos del proceso y su contexto, en este caso las mesas comunales de mujeres rurales y las curadoras de semillas, argumentando y estableciendo parámetros, mediante la teoría de base, que permitan orientar y delimitar el marco en que se desarrollará la sistematización. Es el vínculo entre experiencia y teoría lo que generará posteriormente los aprendizajes y conclusiones del proceso.

### 3.1. Objetivos de la sistematización.

#### Objetivo general.

Analizar la experiencia del proyecto "De la puebla a la mesa" ejecutado en 8 comunas de la región de La Araucanía a fin de generar un aporte desde el Trabajo Social a las economías locales de mujeres rurales durante la crisis del COVID-19.

#### Objetivos específicos.

a. Caracterizar a la población objetivo del proyecto, considerando la influencia del género, la ruralidad, manejo tecnológico y conocimientos en materia sanitaria en contexto de la pandemia COVID-19.
b. Describir el proceso de intervención mediante la perspectiva de
la población objetivo.

c. Analizar críticamente los resultados del proyecto, mediante la opinión de la población objetivo y el rol del Trabajo Social.

3.2. Delimitación de sistematización.

Para realizar un análisis pertinente de la información recabada
se establecieron los siguientes sub-ejes:

*Sub-Eje 1:* Características de la población objetivo, abordada desde la ruralidad en ámbito individual, familiar y comunitario.

*Sub-Eje 2:* Características de comercialización, infraestructura y manejo sociosanitario y tecnológico de la población objetivo.

*Sub-Eje 3:* Valoración del proceso de intervención desde la perspectiva de la población objetivo.

*Sub-Eje 4:* Análisis crítico de los resultados del proyecto desde la perspectiva de la población objetivo.

3.3. Colectivos participantes.

La Mesa de Mujeres Rurales de la región de La Araucanía es una organización social que nace en junio del año 2001, surge como una propuesta impulsada por el antes llamado Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), actualmente Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SERNAMEG) y la Organización de las Na-ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En un primer momento, el proyecto se tituló “Mesa de trabajo mujer rural: una experiencia de participación y coordinación entre el Estado y la Sociedad Civil”, esta iniciativa buscaba principalmente visibilizar, organizar y potenciar la participación e incidencia de las mujeres rurales en las políticas públicas nacionales. Actualmente este colectivo se encuen-tra constituido en 28 comunas y dos localidades en la región de La Araucanía representando un aproximado de 700 mujeres rurales in-dígenas y no indígenas. Para el presente proyecto, se seleccionó a 8 comunas de la región (Carahue, Lumaco, Nueva Imperial, Teodoro
Schmidt, Toltén, Los Sauces, Saavedra y Pitrufquén), dado que tienen más años de conformación, por lo cual desarrollan un trabajo más consolidado a diferencia de las otras mesas de la región.

Dentro de las principales características que poseen las mujeres que integran las mesas comunales, destaca el hecho que necesariamente pertenecen a sectores rurales dentro de sus comunas, son mujeres que desarrollan oficios tradicionales como la cestería, agroec laborados, textilería y producción de hortalizas, entre otros. En su mayoría son mujeres que promedian sobre los 60 años de edad y no tienen formación técnica o profesional: sin embargo, poseen un amplio bagaje en oficios tradicionales y conocimientos agroecológicos.

### 3.4. Proceso de levantamiento de la información.

Para el proceso de levantamiento de información de la presente sistematización, se utilizó entrevista semiestructurada y aplicación de encuestas. Considerando la emergencia sanitaria, estas técnicas fueron aplicadas vía remota. A modo de complementariedad, se utilizaron fuentes secundarias, principalmente publicaciones de ONG CETSUR, entre ellas: *Mesa mujeres rurales. Una experiencia de empoderamiento sociopolítico* (2019), III Edición Manual para el Diálogo de Saberes. *Revitalizando el mapuzugun, a través de los saberes de la huerta de mujeres mapuche, maestras y aprendices curadoras de semillas* (2019), *Curadoras de semillas. El arte de conservar las semillas de los pueblos* (2013). Estas fuentes permitieron triangular información y así otorgarle mayor sustento al análisis y reflexiones generadas a partir de la sistematización.

La primera etapa de levantamiento de datos consistió en la aplicación de una entrevista a modo de diagnóstico, realizada a las representantes de cada una de las mesas comunales contempladas en el proyecto, la cual buscó comprender el presente en que se encontraban las mujeres producto del cambio psicosocial provocado por la pandemia. Posteriormente, se aplicó un diagnóstico tecnológico-sanitario a fin de evaluar los conocimientos de las socias respecto del manejo de tecnología como el uso de computadores, celulares, comercialización online, entre otros; y finalmente, identificar que conocimientos tenían respecto de medidas de prevención sanitaria en materia de COVID-19.
### 3.5. Modalidad de análisis de datos.

Para el análisis de la información recabada durante el desarrollo del proyecto, se utilizó el software atlas-ti para el análisis de las entrevistas semiestructuradas; esto a modo de obtener algunas conceptualizaciones claves y/o transversales que planteasen las entrevistadas. En cuanto al análisis de la información obtenida por encuestas, se utilizó el software estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), que permitió la generación de gráficos y porcentajes significativos para el desarrollo del diagnóstico y posteriores conclusiones del proyecto. Conjuntamente, se realizó triangulación de información con textos referentes a la Mesa de Mujeres Rurales e informantes clave.

### 3.6. Consideraciones éticas en el acceso y uso de la información que se presenta en la sistematización.

Las consideraciones éticas son uno de los aspectos más relevantes dentro de los procesos de generación de conocimientos, incluyendo a la sistematización; principalmente por el manejo y posterior difusión de información recabada mediante las entrevistas a beneficiarias y/o informantes. Previo a la ejecución de este proyecto existió un dialogo constante con las integrantes de las mesas, presentándose como ventaja que el equipo de CETSUR trabajaba con estos colectivos hace bastantes años, por lo que existe un vínculo de confianza con las profesionales. Desde un inicio se les indicó a las beneficiarias que se realizaría una sistematización del proyecto, explicando en primer lugar qué es una sistematización y señalando que la información obtenida mediante entrevistas sería analizada de manera general y no por casos particulares.

Otro punto significativo fue la pertinencia cultural, concepto que hace referencia al cómo respetamos y nos comunicamos con personas de un contexto determinado, con una cultura y características propias, esto sin pasar a llevar sus protocolos y costumbres. Finalmente, se realizó la devolución de la información a las beneficiarias del proyecto a modo de responsabilidad y compromiso ético
por parte del equipo, este acto es fundamental ya que permitió mantener las confianzas con las beneficiarias y transparentar los análisis generados, cerrando así un ciclo de sistematización que involucró a las personas desde la gestación del proyecto a su final.

## 4. Descripción de la experiencia

El equipo ejecutor del proyecto liderado por la Trabajadora Social Sandra Parra Riquelme, se caracterizaba por propender hacia el empoderamiento de los colectivos y la autonomía económica de las mujeres rurales, propósitos que durante la última década habían tenido avances significativos en la población objetivo del proyecto. Principalmente, en cuanto a independencia económica es clave el rol que se ejerce desde la disciplina del Trabajo Social como coordinación de proyecto, pues se articuló a colectivos del medio rural con un alto índice de vulnerabilidad frente a los desafíos e incertidumbre social que proponía la pandemia. Desde mi perspectiva como Trabajador Social, fue complejo en ese momento convivir con el asistencialismo que la política pública del nivel central proponía e imponía, fomentando que perpetuasen en tiempos de crisis las asimetrías de género y de desigualdad, ya que en la mayoría de los casos de las mujeres con las que se trabajó durante esta experiencia debieron dejar sus emprendimientos y labores que les permitían tener autonomía económica en el hogar. Durante este proceso, fue clave el rol empoderador que propone la disciplina del Trabajo Social, educando en cuanto a derechos, entregando herramientas y siendo un soporte emocional para la población objetivo durante los meses de crisis. De esta manera, la comercialización de la canasta no buscaba solamente generar ingresos, sino hacer valer la autonomía decisional que tienen las mujeres rurales en los territorios y no perder la cohesión social que habían generado durante décadas de trabajo y lucha por sus derechos.

La intervención comenzó en primer lugar, con la capacitación mediante metodología remota durante dos semanas a las mujeres rurales sobre el manejo de plataformas web como zoom, whatsapp y meet. Esto era clave para realizar reuniones de coordinación y generar comunicación permanente con el equipo CETSUR durante
la ejecución del proyecto. Se tomó la decisión metodológica de capacitar a 3 mujeres por mesa, que tuviesen mayores conocimientos respecto a tecnologías de uso remoto a fin de optimizar tiempo, y que ellas pudiesen posteriormente transmitir en el espacio local los conocimientos obtenidos a las otras integrantes de las mesas. Para ello se acordó un periodo de dos semanas, principalmente por la pronta necesidad de generar ingresos que tenían las mujeres. Posteriormente, se aplicó una encuesta vía online a las socias capacitadas, dado que la aplicación presencial de instrumentos fue imposible, debido a la prolongada cuarentena existente en la comuna de Temuco, sede de la ONG CETSUR. La encuesta buscó conocer en qué condiciones sociosanitarias se encontraban producto de la pandemia. Esto permitió obtener información relevante respecto del presente que se vivía en el medio rural, que en su mayoría quedó aislando producto de las medidas sanitarias tomadas desde el nivel central y también por la escasa información que se manejaba en los territorios respecto a protocolos y desconocimiento de medidas preventivas frente al virus.

Tras la aplicación de la encuesta, se hizo un análisis estadístico de las características y recursos con los que contaban las mesas, con esa información se pasó a la elaboración de la canasta, que fue diferente en cada una de las comunas, pues dependiendo del territorio tenían diferentes hortalizas de huerta y agroelaborados; permitiendo que cada canasta tuviese la identidad del territorio. Mediante el fondo adjudicado se compraron los insumos y materiales necesarios para su confección, como madera, palas, rastrillos y elementos de protección personal. La realización del seguimiento de este proceso fue permanente durante los seis meses que duró el proyecto, en un principio vía remota y posteriormente presencial a medida que las cuarentenas bajaron su intensidad, dependiendo del Plan Paso a Paso dictaminado por el Ministerio de Salud. Durante ese proceso se rescata el compromiso tanto de las beneficiarias como del equipo profesional de continuar con la ejecución del proyecto, aun frente a la incertidumbre que desencadenaba el virus COVID-19.

El proceso de comercialización de la canasta se llevó a cabo en espacios públicos y privados que las mesas habían logrado gestionar con el pasar de los años. Un punto significativo en la comercialización de la canasta fue el paso de la comercialización individual, que
generalmente realiza cada una de las socias con sus propios productos, a una comercialización conjunta en la cual cada una de las beneficiarias aportó productos para la confección de la canasta y así posteriormente dividir los ingresos, esto generó en las mujeres un cambio cognitivo sobre la importancia de la asociatividad. Se realizó difusión de la comercialización de la canasta mediante redes sociales y espacios de comunicación locales por parte de las mismas mujeres. Esto permitió que más personas pudiesen conocer su trabajo indispensable para la soberanía alimentaria de los territorios. Quienes compraron la canasta agradecieron esta iniciativa ya que el asistir a un supermercado o un espacio de mayor concurrencia estaban más propensos al contagio y además sabían que estaban comprando productos saludables y propios de su territorio. Durante la etapa final, se realizaron evaluaciones de satisfacción hacia las beneficiarias respecto al resultado del proyecto y se ejecutó un seminario online en el cual se dieron a conocer los aprendizajes y resultados obtenidos durante el proceso de intervención.

<figure><img src="image_28.png" /><figcaption>Figura 3. Comercialización de canastas.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.
# 5. Análisis de la experiencia

## 5.1. Análisis desde los referentes conceptuales y los aportados directamente por la experiencia.

Como primer referente conceptual abordado por la experiencia, la gerencial social fue el foco durante la gestación y desarrollo del proyecto, enfocado en su objetivo final que es la creación de valor público. Durante la experiencia, la participación constante de las beneficiarias permitió que ellas se sintieran parte fundamental en el desarrollo de las distintas etapas, tomaron responsabilidades, aprendieron nuevos conceptos y herramientas digitales, visualizando así su potencial y valorando el trabajo que desarrollaron en un momento tan complejo para la sociedad. En este sentido, la perspectiva de intervención que propone la gerencia social consigue generar vínculos significativos de las personas beneficiarias con los resultados directos del proyecto, porque a diferencia de otras lógicas de intervención como el asistencialismo, por ejemplo, las personas beneficiarias no esperan pasivamente los resultados, sino que deben ser parte activa en todo momento, con perspectiva crítica y propositiva.

<figure><img src="image_29.png" /><figcaption>Figura 4. Mujeres beneficiarias en puebla.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.
Ahora bien, esta actitud de vinculación constante con el proyecto se vio incentivada porque el proyecto abordó dos temáticas clave para las socias de las mesas, que son el concepto de Buen Vivir o kume mongen en Mapudungun y el de la curatoría de semillas, estas temáticas son transversales a los modos de vida de las beneficiarias, ya que sin manejar ellas estas conceptualizaciones de manera teórica, las abordan en la práctica desde muchas generaciones, manteniendo características de un modo de vida que depende de los ci-clos naturales, del clima y de la naturaleza en sí misma, para así curar semillas ancestrales, generar alimentos, elaborar artesanías y otros subproductos. Su modo de vida que ha sufrido transformaciones que plantea la nueva ruralidad, fenómeno conceptual del cual son parte las beneficiarias, en este caso particular, la nueva ruralidad trae consigo la dependencia constante del mundo urbano y el cambio en la estructura de poder y derechos en los grupos familiares, y fue du-rante la pandemia y desarrollo de este proyecto donde se pudieron vislumbrar como, por ejemplo, la carencia de fuentes oficiales de información, el aislacionismo, la nula mantención de infraestructura básica como electricidad y suministro de agua potable, estaciones médico rural sin funcionarios, etc.

Conjuntamente, el nuevo desafío que surgió para las beneficiarias fue el de cambiar el rol de empoderamiento que habían conseguido, perdieron su autonomía económica, sufrieron una sobrecarga laboral no remunerada ya que las escuelas cerraron, viéndose imposibilitadas de ejercer un modo de vida que por años llevaban forjando frente a la desigualdad de género constante que porfía en el medio rural. Por lo anterior, resulta clave para el desarrollo de estos proyectos, conocer a la población objetivo más allá de los análisis someros que generalmente se realizan producto de la falta de tiempo, recursos, etc.; y comprender modos de vida que permiten superar la barrera de los proyectos sin trascendencia o de la intervención asistencialista, haciendo posible que el Trabajador/a Social sea parte de un fenómeno de transformación en pos de una sociedad más justa.
## 5.2. Análisis de la experiencia y aprendizajes para el equipo responsable, colectivos participantes y para Trabajo Social.

Para el equipo de profesionales de la ONG CETSUR fue una experiencia inédita. Desde su gestación el trabajo de la ONG se desarrollaba en terreno, en contacto permanente con personas. Esta experiencia de crisis permitió analizar nuevas perspectivas tanto a nivel personal como profesional, buscando nuevas herramientas para gerenciar vía remota y aun así mantener un vínculo con las beneficiarias pese a la costumbre del visitarse en terreno y compartir constantemente. El aislacionismo provocado por las cuarentenas, vislumbró la soledad en la cual se encontraban muchas de las beneficiarias, que pese a estar con sus familias, no tenían ya con quien compartir sus problemas o alegrías ya que la instancia de reunión de las mesas comunales era aprovechada para distender más allá del foco productivo que las reunía. Fue durante el tiempo de pandemia donde la contención emocional fue una de las principales necesidades manifestadas por las beneficiarias. Es en este sentido, que el Trabajo Social cumple un rol fundamental en los procesos de intervención, tanto a nivel individual, familiar y colectivo, ya que más allá del rol planificador y ejecutor de proyectos e iniciativas, desde mi perspectiva, somos profesionales que entregan contención y hemos incorporado los conceptos claves de empatía y búsqueda de justicia social, por ello no es posible ignorar o pasar por alto a un/a usuario/a que requiera liberar un sentimiento oprimido, pues mucho de nuestro trabajo es buscar soluciones a problemáticas que afectan a quienes no tienen voz.
<figure><img src="image_30.png" /><figcaption>Figura 5. Mujeres en tareas comunitarias de preparación de alimentos.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

Mucho de lo desarrollado en este proyecto no hubiese sido posible sin esta mirada, la del entender, empatizar y contener. Frente a ello, es clave como innovación atreverse a proponer y brindar educación a los territorios, siendo una disciplina transformadora. En el caso de esta experiencia fue entregar herramientas básicas de alfabetización digital para una población mayor de 60 años que no tiene el bagaje tecnológico otorgado por la educación formal e informal actual. Este pequeño trabajo generó cambios profundos en la manera en que las mujeres hasta el día de hoy se vinculan con sus cercanos y con el medio en general. Desde este mismo punto de vista, los colectivos participantes profundizaron su relación de confianza con la ONG CETSUR, relación de años que ha permitido el apoyo mutuo en periodos de necesidad, como la gestación conjunta de este proyecto y el aunar fuerzas en la defensa del patrimonio cultural inmaterial, las semillas tradicionales, los derechos de las mujeres del medio rural y el propender el avance hacia la conceptualización del Buen Vivir, intereses comunes entre las personas del territorio y un equipo de profesionales que gracias a su trabajo han generado procesos de cambio mediante sus demandas e ideas. Un ejemplo claro de ello es el cambio que ha tenido el Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (INDAP), que actualmente desarrolla programas enfocados en mujeres y, paradójicamente, avanzan hacia retornar la mirada al pasado, al conocimiento ancestral, para que desde ahí se generan nuevas políticas públicas que respeten los territorios y que aborden las necesidades desde las perspectivas de quienes los habitan.

Referencias bibliográficas

Acosta, A. (2015). El Buen Vivir como alternativa al desarrollo. Algunas reflexiones económicas y no económicas. *Política y Sociedad*, 52(2), 299-330. https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2015.v52.n2.45203

Aedo, C. (2005). *Evaluación del impacto*. Manuales de la CEPAL (47). http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/7/24337/lcl2442e.pdf.

Aguayo, E. e Hinrichs, J. S. (2015). Curadoras de semillas: entre poderamiento y esencialismo estratégico. *Revista Estudios Feministas*, 23, 347-370. https://doi.org/10.1590/0104-026X2015v23n2p347

Astellarra, J. (1990). *Participación política de las mujeres*. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Siglo XXI Editores España.

Bengoa, J. (2003). 25 años de estudios rurales. *Sociologías*, (10), 36-98. https://www.scielo.br/j/soc/a/Lssb6xPFB8CQ3GnBs-8cX6NG/?format=pdf&lang=es

Bonan, C., y Guzmán, V. (2007). *Aportes de la teoría de género a la comprensión de las dinámicas sociales y los temas específicos de asociatividad y participación, identidad y poder*. Documento de trabajo.

Bretón, V. (2013). Etnicidad, desarrollo y ‘Buen Vivir’: Reflexiones críticas en perspectiva histórica. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, (95), 71-95. https://doi.org/10.18352/erlacs.9231

Caracciolo, M. y Del Pilar, M. (2010). *Las mujeres en la economía social y solidaria: experiencias rurales y urbanas en Argentina*. UNIFEM.

Caria, S. y Domínguez, R. (2016). Ecuador’s buen vivir: A new ideology for development. *Latin American Perspectives*, 43(1), 18-33. https://www.jstor.org/stable/24574845

Castañeda, P. (2014). *Propuestas Metodológicas para Trabajo Social en Intervención Social y Sistematización*. Universidad de Valparaíso. https://repositoriobibliotecas.uv.cl/items/3deea66b-b638-4329-
aa50-a7cc9491651e

Castro, A. (2012). Familias rurales y sus procesos de transformación: estudio de casos en un escenario de ruralidad en tensión. *Psicoperspectivas*, 11(1), 180-203. https://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol11-Issue1-fulltext-172

Celis, C. P., Thomet, M., Peralta, C. y Pérez, I. (2011). *Curadoras de semillas. El arte de conservar las semillas de los pueblos*. Ediciones CETSUR.

Colipán, B. (2008). *El Trafkintu como práctica cotidiana y de recomposición de la memoria colectiva*. http://www.futawillimapu.org/pub/Trafkintu.pdf

Córdova, M. (2011). La Medición del Progreso y del Bienestar. Propuestas desde América Latina. *Polis* (Santiago), 10 (29), 465-470. https://www.scielo.cl/pdf/polis/v10n29/art20.pdf

Correa, R. y Falconí, F. (2012). Después de “Río + 20”: Bienes ambientales y relaciones de poder. *Revista de Economía Crítica* 2(14), 257-276. https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/512

De La Cuadra, F. (2015). Buen Vivir: ¿Una auténtica alternativa post-capitalista?. *Polis. Revista Latinoamericana*, 14, (40), 7-19 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000100001.

Escobar, A. (2010). Latin America at a crossroads: alternative modernizations, postliberalism, or post-development?. *Cultural studies*, 24(1), 1-65. https://doi.org/10.54118/controver.vi197.789

Expósito, C. (2013). ¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género en España. *Investigaciones Feministas*, 3, 203-222. https://doi.org/10.5209/rev_INFE.2012.v3.41146

Gómez, S. (2003). Seminario Internacional *El mundo rural: transformaciones y perspectivas a la luz de la nueva ruralidad*. Valdivia.

González, M. (2018). Agroculturalidad y patrimonio cultural: una mirada desde el patrimonio bio-cultural. *Míssões: Revista de Ciências Humanas e Sociais*, 3(1),132-153. https://revistamissoesch.scielo.org.br/missoes/article/view/37

Kay, C. (2009). Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal: ¿una nueva ruralidad? *Revista mexicana de sociología*, 71(4), 607-645. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-2503200900040000

Kelly, G., Mulgan, G. y Muers, S. (2002). *Creating public value*. Cabinet Office.

Kliksberg, B. (1993). Gerencia Social: Dilemas gerenciales y experiencias innovativas. en B. Kliksberg *Pobreza: Un tema Imposterga-
ble Nuevas respuestas a nivel mundial. Fondo de Cultura Económica, pp. 91-108.

Licha, I. (2002). *Gerencia social en América Latina: enfoques y experiencias innovadoras*. Idb.

López, M., Valenzuela, A. y Carrasco, C. (2017). Propuesta Simbiótica Natural-Cultural en Territorio Mapuche de Arauco. *Investigaciones Geográficas*, (54), 61-84. https://doi.org/10.5354/0719-5370.2017.48042

Montealegre, J. (2012). *Aportes de los custodios de semillas a la conservación de la agrobiodiversidad para la alimentación en Risaralda*. Tesis doctoral. Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia.

Moore, MH (1998). *Gestión de estratégica y creación de valor en el sector público*. Editorial Paidós.

Narváez, F. y López, M. (2012). Aproximaciones a la noción mapuche de Küme Mogñen: Equilibrio necesario entre el individuo, su comunidad y la naturaleza. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, 15(2), 575. https://www.medigraphic.com/pdfs/epsicologia/epi-2012/epi122l.pdf

Norma, G. (2001). ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/CLACSO

Pérez, E. (2001). Una nueva ruralidad en América Latina. En: *Hacia una nueva visión de lo rural*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/CLACSO. Págs.17-29.

PNUD. (2019). *Una década de cambios hacia la igualdad de género en Chile (2009-2018): Avances y Desafíos*. Santiago Chile. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de: https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/womens_empowerment/un_a-decada-de-cambios-hacia-la-igualdad-de-genero--2009-2018-.html

Ramírez, R. (2010). Socialismo del Sumak kawsay o biosocialismo republicano. En: *Los nuevos retos de América Latina: Socialismo y Sumak Kawsay*. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Senplades, Ecuador. pp 55-76. https://dhls.hegoa.ehu.eus/documents/4960

Rist S., Delgado, F. y Escobar Vásquez, C. (2010). *El desarrollo endógeno sustentable como interfaz para implementar el Vivir Bien en la gestión pública boliviana*. AGRUCO. CAPTURED. PLURAL.

Rizo-Mustelier, M., Vuelta-Lorenzo, D. R., y Lorenzo-García, A. M. (2017). Agricultura, Desarrollo Sostenible, Medioambiente, Saber Campesino y Universidad. *Ciencia en su PC*, (2), 106-120. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181351615008

Selamé, T. (2004). *Mujeres, Brechas de Equidad y Mercado de Trabajo*.
Oficina Internacional del Trabajo.

Soto, D., Mancilla N. y Valenzuela, V. (2014). Trafkintu: curadoras de semillas defendiendo la soberanía alimentaria. *Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales* (16), 76-93. https://doi.org/10.17141/letrasverdes.16.2014.1244

Sulbrandt, J. (2002). *Introducción a la gerencia social*. Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social INDES.

Vanhulst, J. (2015). El laberinto de los discursos del Buen Vivir: entre Sumak Kawsay y Socialismo del siglo XXI. *Polis. Revista Latinoamericana*, 14(40), 233-261. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000100012.

Vera, M., Gallardo, A. y Broccoli, A. (2015). Proceso de valorización de saberes y agregado de valor a la biodiversidad local: la Casa de Semillas de Quili Malal, Argentina. *V Congreso Latinoamericano de Agroecología-SOCLA*.
<figure><img src="image_31.png" /></figure>
## Asistencia Judicial Gratuita y Servicio Social en territorio mapuche: Sistematización de una experiencia rural en la década de 1990

Guillermo Davinson Pacheco.<fnref n="1" />

<figure><img src="image_32.png" /><figcaption>Figura 1. Personas usuarias esperando atención en Consultorio Jurídico de Padre Las Casas, 1995.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

<footnote n="1">1. Asistente Social, Universidad de La Frontera. Doctor en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, Universidad de Los Lagos, Chile. Departamento Trabajo Social, Universidad de La Frontera. Correo: guillermo.davinson@ufrontera.cl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2850-891X</footnote>
# 1. Atención jurídica gratuita: Las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ)

La pobreza material de los mapuche ha sido una condición permanente desde la anexión al Estado Chileno, y para la década de 1990 al 2000 siguió estando presente. En ese marco, los mapuche vivencian con especial rigor, situaciones de pobreza y exclusión social (Hopenhayn y Bello, 2001), y por ello acudían en busca de soluciones a sus principales necesidades jurídicas a través de entidades que no implicaran costos. Por ende, las entidades gubernamentales eran una opción de atención gratuita. En esa línea destacaban, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) que desde 1993 comenzó a ser una de las más importantes; y las Corporaciones de Asistencia Judiciales (CAJ), creadas en 1981 y que para esta zona del país correspondía a la jurisdicción del Bio-Bio. En el caso de la CONADI, a pesar de los esfuerzos realizados por la unidad jurídica de la Sub Dirección Nacional, por satisfacer los requerimientos de la demanda jurídica de la población mapuche, este objetivo no ha sido posible lograr (Aylwin, 2000). No obstante, una relación de los casos atendidos entre los años 1998 y 1999, refiere que sobre quien recae mayoritariamente la atención de población mapuche en cuanto atención de justicia fue la Asistencia Jurídica Gratuita, institucionalidad denominada popularmente como las “Corporaciones judiciales” y las personas mas longevas, las referían como el “Colegio de Abogados”.

Así entonces, las estructuras llamadas a asumir principalmente con esta función de apoyar asesorar y patrocinar en procesos judiciales a vastos sectores rurales, campesinos y mapuche eran las Corporaciones de Asistencia Judicial, en adelante CAJ, entidades que cumplían un rol destacado a la hora de representar y defender a los sectores vulnerables en materia de justicia, a pesar de las limitaciones institucionales, en recursos humanos, técnicos e infraestructura de estos servicios.<fnref n="2" /> En ese marco, este artículo se propone como objetivo

<footnote n="2">² Corporaciones de Asistencia Judicial son entidades de derecho público, con patrimonio propio y sin fines de lucro cuya misión es entregar asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos. La CAJ Biobío, fue creada mediante la Ley 17.995 del 08 de mayo del 1981.</footnote>
tivo sistematizar la experiencia de intervención en asistencia judicial gratuita a la población mapuche en la década de 1990, destacando sus desafíos y aprendizajes. Metodológicamente, la información fue recopilada a través de la observación participante, toda vez que el autor fue funcionario del consultorio analizado por 11 años; registrando parte de estos procesos en los cuadernos de trabajo diario. Se complementó con estadísticas e informes emanados del Consultorio de Padre Las Casas a la oficina central de la CAJ Temuco que posibilitan la presente sistematización.

En ese entonces la IX región - hoy Región de La Araucanía- fue seleccionada como zona piloto de la Reforma Procesal Penal (2000) y fue testigo de primera fuente de algunos cambios de las CAJ dada las nuevas funciones que debía compartir con los otros entes del renovado sistema judicial. No obstante, las Corporaciones continuaron siendo reconocidas por la comunidad como una plataforma de acogida a sus demandas cuando requerían de apoyo legal. Al caracterizar la Asistencia Judicial Gratuita destacaba que estos estamentos en su gran mayoría, operaban en base al esfuerzo de sus profesionales y administrativos(as), que desarrollaban habitualmente una labor anónima, sin muchos recursos financieros y técnicos, debiendo complementarse con otros organismos del Estado para cumplir sus objetivos. Aún más, eran y han sido fundamentales a la hora de mantener una alternativa de solución a los sectores vulnerables, y con amplia cobertura en los sectores rurales dado los convenios de operación con municipios alejados. Específicamente las CAJ servían de espacio de práctica profesional para los futuros(as) abogados(as), - quienes como estudiantes de Derecho en su fase terminal - debían permanecer en estas entidades atendiendo la población que recurre a solicitar atención legal. Sobre este último punto señalar que los equipos de estudiantes atendían parte importante de la población que acudía a estos servicios y declaraban estar sometidos a un control académico de parte de sus casas de estudios, ya que el control funcional lo ejercía la CAJ. La tramitación judicial por parte de postulantes era también un factor al momento de evaluar resultados, pues comparativamente la atención brindada por estas entidades versus los servicios que otorgan profesionales del sector privado, que contaban con experiencia y medios, se entendía que incidía en la resolución final de una causa.
La Corporación de Asistencia Judicial se manifestaba en cada
comuna a través de un Consultorio, el cual era atendido por un equi-
po profesional compuesto por abogado y asistente social, sumando
en contadas ocasiones con secretaria. Se sumaban los y las estudian-
tes de derecho que eran los “postulantes”. Para efectos prácticos,
las referencias en la denominación de los vecinos eran los “Consul-
torios” o bien como la “Corporación”. También en la revisión de
servicios jurídicos en esta década, es preciso mencionar a otro actor
en el territorio y refiere a las Universidades tanto públicas como pri-
vadas, que a través de las carreras de Derecho desarrollaban similares
funciones que las Corporaciones de Asistencia Judicial. Cabe men-
cionar que en este decenio asociado al fenómeno de la proliferación
de carreras de Derecho en universidades privadas surgieron una serie
de centros de atención al público adscritos a estas casas de estudios,
dirigidos a otorgar atención legal. No obstante, siguieron siendo los
Consultorios de las Corporaciones de Asistencia Judicial los que en
definitiva les correspondía absorber el mayor número de causas a
tramitar. Los servicios judiciales gratuitos bajo la figura de las Corpo-
raciones de Asistencia Judicial, tienen por misión -según información
de esa época - entregar asistencia jurídica social gratuita a las perso-
nas de escasos recursos. Para ello cuentan con 156 consultorios fijos,
72 Oficinas de atención, 19 consultorios móviles, Centros de Media-
ción en Iquique, Valparaíso, Concepción, Temuco y Puerto Montt; y
Centros de Atención a Víctimas de delitos violentos en Viña del Mar,
Talcahuano y Temuco que en total cubren 285 comunas del país.<fnref n="3" />

Las limitaciones de recursos materiales a las que hemos hecho
alusión, muchas veces empañaban la calidad y vocación de servicio
profesional de quienes atendían a la población indígena, que resi-

<footnote n="3">3 Según información de esa época: Son Corporaciones de Derecho Público relacionadas con el Ministerio de Justicia a través de sus Consejos Directivos, que son presididos por el Secretario Regional Ministerial de Justicia, de la región que cubre la respectiva Corporación:</footnote>

<footnote>Corporación de Asistencia Judicial del Norte: con jurisdicción en las regiones Primera y Segunda.</footnote>

<footnote>Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso: con jurisdicción en las regiones Tercera, Cuarta y Quinta.</footnote>

<footnote>Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana: con jurisdicción en las regiones Sexta, Séptima, Metropolitana, Duodécima y provincia de San Antonio.</footnote>

<footnote>Corporación de Asistencia Judicial del Biobío: con jurisdicción en las regiones Octava, Novena, Décima y Decimoprimería. Fuente: (Ministerio de Justicia de Chile).</footnote>
dentes en zonas rurales, imposibilitaba visitas domiciliarias, avisos, traslados y notificaciones a dichas áreas. Estas limitantes de la CAJ en algunas ocasiones, contradictoriamente terminaban lesionando los derechos indígenas, toda vez que estos grupos se veían obligados a un largo itinerario de consultas, a incomprensibles y extenuantes procedimientos, a confusos comparendos y citas a tribunal. Lo anterior conllevaba en la mayoría de los casos a resultados adversos, soluciones no esperadas y a veces años de demora en la resolución de estos procesos.

## 2. Consultorio CAJ: Servicio Social y población mapuche

Los Consultorios estaban generalmente ubicados en dependencias municipales, facilitadas sin costo por las alcaldías; donde atendían abogados(as), asistentes sociales y postulantes, tramitaban causas de personas que teóricamente debían ser vecinos(as) de la jurisdicción comunal donde estaba instalado dicho Consultorio. En el caso de la IX región, estos órganos dependían de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío (Concepción) y como tales eran responsables del recurso humano, como de los patrocinios de las tintas causas que se desarrollaban. La condición de vecino(a) y por ende usuario(a) del sistema no era corroborada, dada la imposibilidad de aquello, y con mayor razón con los sectores rurales, donde en ocasiones los límites comunales son desconocidos para las personas residentes. La infraestructura física, vale decir, las oficinas de estos Consultorios Jurídicos eran aportadas por los municipios principalmente, lo que posibilitaba el uso de recintos para estos fines bajo figuras de comodatos o convenios de colaboración interinstitucional. En ocasiones, estas dependencias eran con uso compartido, por ello, bastaba un letrero con el horario y días de atención para distinguirse de otras unidades o programas municipales que utilizaban las mismas dependencias, situación que agregaba una complicación más para la población usuaria respecto del manejo de información sobre los días y horarios de atención.

Como suele ser habitual en la administración gubernamental en Chile, los Consultorios con mayor cantidad de profesionales se
ubicaban en las ciudades que contaban con mayor población que, por ende, era potencialmente usuaria de este tipo de servicios. En consecuencia, los y las habitantes rurales sufrían estas brechas de acceso a servicios. Si bien la CAJ exhibía presencia rural a través de los municipios, la frecuencia de atención era menor respecto de las ciudades capitales regional y provincial respectivamente. En cuanto al personal, lo más habitual en las comunas rurales, era encontrar Consultorios con un solo abogado(a) que cumplía todas las funciones: técnicas y administrativas. Es decir, debía atender con los aspectos logísticos de abrir y cerrar las oficinas. Asimismo, pero siendo los menos, existían consultorios con varios funcionarios(as). Entre los primeros, el abogado o la abogada, era nombrado(a) como Abogado(a) Jefe del Consultorio, sobre quien recaía toda la responsabilidad del buen funcionamiento de estas oficinas. En aquellos consultorios donde se contaba con una dotación de personal más completa podía constarse con otros(as) abogados(as) aparte del Abogado(a) Jefe.

En consecuencia, existía una disparidad en cuanto a cobertura y calidad de atención entre los consultorios CAJ, diferencia que obedecía, principalmente, a la disponibilidad de recursos y también se relacionaba con las demandas y necesidades de atención de parte de las comunidades rurales. En términos de perfil técnico profesional, se trataba de equipos que estaban en posesión de los títulos requeridos (abogados, asistentes sociales). También los equipos de estudiantes en práctica cumplían con el nivel académico y en algunos casos, el personal contaba con especialización en materias de gestión pública; pero no lo eran en ruralidad o en pueblos originarios. Otra dificultad operativa, consistía en que en la gran mayoría de los consultorios jurídicos de la IX Región no contaba con horarios de funcionamiento que posibilitaran la atención diaria permanente, en jornadas completas y regulares. No era posible asegurar una continuidad en los servicios prestados, dificultad que obedecía a que la dotación de recursos humanos correspondía a contrataciones por media jornada. Además, debían acomodar esa jornada parcial a los horarios en que tenían disponible el recinto donde operaban.

Respecto a la atención al público, los horarios eran un factor muy importante, pues las personas usuarias eran atendidas en día y horario de funcionamiento de dicha oficina. Por norma general, los días de atención se producía una larga fila de vecinos(as), señal
inequívoca de que se estaba atendiendo en la oficina CAJ. También evidenciaba la alta demanda que existía por este tipo de servicio. Estas personas podían ser clasificados en dos grandes categorías, “los citados”, es decir quienes contaban con hora de atención fijada y los de “demanda espontanea”, que acudían por hora y de haber posibilidad de recibir atención ese mismo día.

### 3. Procesos de intervención de Servicio Social: Consultorio Jurídico de Padre Las Casas

Los y las profesionales asistentes sociales se integran a estos equipos con el objetivo de promover y apoyar la materialización de las demandas de grupos vulnerables, en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia. Todo lo anterior en contexto de una década de los primeros gobiernos post dictadura, con expectativas respecto de un giro hacia la perspectiva de derechos en las políticas públicas. Algunos elementos del proceso de intervención profesional se pueden describir como sigue:

#### 3.1. Acciones a nivel informativo y de orientación inicial.

En este tipo de servicios donde los horarios eran acotados y prevalecía una escasa disponibilidad de horas profesionales se producía una alta demanda de atención por parte de la población usua-ria. En ese marco, era bastante normal que primara la aglomeración, congestión y el desorden del público en la antesala de las dependen-cias a la espera del inicio de las jornadas de trabajo. En caso de no existir el recurso administrativo, asumía el o la profesional asistente social con las funciones de realizar este primer contacto en la aten-ción al público y organizaba la jornada de funcionamiento y los pro-cedimientos administrativos asociados. Así, en este momento inicial el o la profesional recibía a los usuarios(as), entregaba orientación básica y ordenaba turnos de atención acorde a la segmentación de los requirentes según situación y avance en su tramitación. En el caso de usuarios(as) citados(as), era posible subcategorizarlos, en los “nuevos ingresos” que eran atendidos por asistente social y Aboga-
do Jefe; y aquellos que acudían dado que estaban siendo atendidos y eran denominados como “causas”, esta última expresión usada para identificar a todas aquellas personas cuyos requerimientos ya estaban siendo tramitados por el Consultorio a través de los distintos postulantes o profesionales. Como un aspecto anecdótico de la cotidianidad en el proceso de atención, podemos señalar que la gran mayoría los vecinos y vecinas que acudían a este servicio, asumían que todos quienes ejercían como funcionarios(as) en dicha oficina eran abogados(as). Por ende, era completamente normal, que se realizaran consultas por determinados abogados, no obstante, estos podían ser postulantes o asistentes sociales de dicha repartición.

## 3.2. Evaluación de población usuaria. Entrevista socioeconómica.

En el aspecto técnico, esta etapa del proceso de atención que denominaremos de admisibilidad e ingreso de nuevos casos al sistema, era abordada y resuelta por el equipo profesional de asistentes sociales. Mediante una entrevista inicial aplicaban un formulario para estos efectos, determinando que solicitantes correspondiesen al perfil para recibir atención por la institución, paso necesario para determinar el cumplimiento de los requisitos requeridos para hacerse merecedores de la atención gratuita por parte de la CAJ. Se debía presentar la documentación habitual para la caracterización socioeconómica familiar. En casos en que las personas usuarias no contaban con documentación y/o registros específicos, existía la opción de una comunicación directa del profesional asistente social, con contrapartes de los departamentos sociales de los municipios, que certificaban la situación del usuario(a). Al carecer de todo soporte documental para la caracterización socioeconómica, la información válida se obtenía de la entrevista y se aplicaba como criterio decisional los montos de los recursos económicos involucrados según la naturaleza de la prestación que se requería y eso permitía definir si se configuraba situación de carencia de recursos. Por ejemplo, el valor aproximado de la propiedad urbana o rural a regularizar, en caso de ser eso el objeto de la tramitación o asesoría jurídica solicitada. Solo en ocasiones excepcionales se complementaban estas téc-
nicas de indagación (entrevista, revisión documental, otras fuentes internas) con visitas domiciliarias por parte del profesional asistente social. Recordar que no se contaba con movilización institucional y las viviendas se encontraban alejadas, generalmente en sectores rurales con difícil acceso. Cabe señalar que el ámbito de acción de la CAJ se refiere a causas de naturaleza civil, laboral y familia (derechos fundamentales), y no así causas de otras ramas del derecho, tales como causas penales u otras; salvo casos excepcionales en que así se decidiera.

<figure><img src="image_33.png" /><figcaption>Figura 2. Atención Abogada Jefe a usuaria. Consultorio Jurídico de Padre Las Casas, 1995.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

## 4. Asistencia Socio Jurídica

Es posible resumir un conjunto de acciones propias de la intervención profesional del Servicio Social en un escenario dinámico, carenciado, multifuncional e intercultural. Entre estas se cuentan:
## 4.1 Mediación familiar y vecinal.

- Apoyar, conducir y materializar los procesos de mediación familiar y vecinal o resolución colaborativa y extrajudicial de conflictos de los usuarios(as) que requerían de este tipo de intervención en el consultorio jurídico.

- Activar y potenciar redes de apoyo familiares y comunitarias para un mejor resolver de los casos, o para factibilizar la continuidad de la concurrencia de las personas atendidas, a veces con ayudas sociales desde la propia Municipalidad. Cabe recordar que a inicios de los '90 eran otros escenarios en cuanto a procedimientos y tecnología de soporte, por tanto, llevar a cabo estos procesos implicaba para las personas usuarias múltiples traslados desde localidades rurales a la ciudad, en locomoción colectiva, con horarios limitantes y por caminos en mal estado; además de tener que resolver estadía y alimentación mientras estaban "en el pueblo", muchas veces en condiciones climáticas adversas.

## 4.2. Seguimiento.

- Monitoreo, supervisión y seguimiento a los acuerdos generados por los usuarios(as) a nivel interno (consultorio) y lo mismo en cuanto al cumplimiento de algunas sentencias particulares a nivel externo (tribunales).

## 4.3. Informes Sociales y redacción de informes técnicos.

- Elaboración de Informes Sociales para algunas causas tramiadas en los tribunales, como también para otras instituciones que se relacionaban a la tramitación general de los usuarios(as).

- Redactar las minutas de acuerdo entre las partes intervinientes en distintos procesos, para revisión de los abogados.

- Manejo de archivos, registros y estadísticas propias del funcionario.
namiento general del consultorio y de los procesos que se desarrollaban, en forma semanal y mensual.

- Elaboración de material de difusión, especialmente la información dirigida a sectores rurales que presentaban brechas de acceso a la información, dado que no llegaba folleterías y muchos de esos residentes tenían dificultades para leer o interpretar lo que se difundía en lenguaje técnico legalista.

### 4.4. Acciones de representación de usuarios(as).

- Participar como profesional en la actuación de determinados procesos judiciales, como es el caso de *Curador ad Litem*.

### 4.5. Comunicación y difusión.

- Difundir a nivel comunal en distintas instancias, servicios, y organizaciones el sistema de atención judicial gratuita del consultorio, enfatizando horarios, coberturas y disposición profesional. La inexistencia de redes sociales y Ley de Transparencia obligaba a un constante proceso de difusión.

La intervención profesional de los y las asistentes sociales, en este ámbito de Asistencia Judicial Gratuita, en territorios con alta ruralidad con presencia de comunidades mapuche y otras familias campesinas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, en un marco institucional con carencias de recursos; adquiere particularidades para la labor del profesional, como las que se señalan a continuación en los siguientes apartados:

## 5. Servicio Social documental e impreso

Muchos de los servicios públicos en esta década comenzaban a advertir las profundas transformaciones que en materia de procesos en la gestión vendrían con la modernización en el acceso a información y digitalización que experimentaba el país. El sector justicia en
su expresión material, en ese tiempo previo a reformas procesales,
era uno de los más atrasados en esta materia. Las CAJ no escapaban
a este derrotero, lo que se veía agravado por la falta de recursos ma-
teriales y financieros para avanzar en este ámbito. Un aspecto que se
mantenía en estas instancias y que era valorado positivamente era la
atención personalizada y donde Servicio Social debía desplegar sus
herramientas de primera entrevista con los potenciales usuarios(as).

En el caso mapuche, seguía imperando en la institucionalidad gubernamental la premisa de que estas personas eran “sujetos objeto” de asistencia social y no sujetos de derechos. Así, la pobreza de estos sectores, las brechas educacionales y de acceso a nacientes tecnologías, con su consecuente dificultad para interactuar con estas estructuras institucionales era de complejidad. En estos sectores rurales se daba la otra premisa que dificultaba la eficiencia y eficacia en la tramitación de sus causas muchas veces procesos largos y complejos, y que guarda relación con “la constancia en el proceso”. Esta formalidad necesariamente documental y de gestión que se requería a los usuarios(as), era fomentada por las policías, iglesias y diversas institucionalidades de apoyo comunitario como ONGs, que les ayudaban a concretar trámites. En caso de conflictos asociados formalizaban esta acción de “dejar una constancia”, que adquiría en algunos casos la funcionalidad de resolver problemas vecinales y familiares, o servir de evidencia en procesos judiciales. En el caso de las Corporaciones de Asistencia Judicial, en materia de gestión documental, las diversas constancias que solicitaban los usuarios(as) y por la propia naturaleza de los procedimientos; obligaban a los equipos de asistentes sociales a contar con materiales e insumos de apoyo tales como, talonarios especiales, formularios con copia (químico autocopiativo o con calco), informes pre poblados y otros materiales que podían ser entregados y fotocopiados cuando el usuario o la usuaria lo solicitaba.

6.- Asistentes sociales: Jueces y Ministros de Fe

Consecuencialmente, la casi nula penetración de los medios
informáticos en los sectores rurales y específicamente mapuche, su-
mado a las dificultades del Estado para prestar atención en dichas
zonas, obligaba a una dependencia con la institucionalidad jurídica al momento de zanjar diversos conflictos. Pero, mucha de la con- flictividad no era materia de tribunales o era posible resolver con la mediación - que siempre se había realizado- pero que no estaba for- malizada a la estructura normativa de ese momento.<fnref n="4" /> Así entonces, los Consultorios jurídicos de las CAJ, muchas veces actuaban en el imaginario de las personas como “tribunales” y/o “jueces” o eran asumidos como “ministros de fe” en el caso de su personal. Más allá que las instalaciones no correspondían a un Juzgado, ni tampoco estaban vecinas o aledañas, era común el percibir esta idea en los usuarios(as). De esta manera las oficinas de CAJ en los municipios constituían para este segmento de la población un primer acerca- miento y acceso concreto al sistema de justicia, siendo por tanto un importante soporte para las familias y comunidades.

Los y las asistentes sociales en la primera entrevista, muchas veces zanjaban o resolvían problemas o conflictos complejos y de larga data para la población usuaria, pero que desde el punto de vista normativo revestía solo generar un trámite determinado o docu- mentación específica. Así sin mediar más solemnidades que la pre- sencia del asistente social, espacio en la oficina para que estuvieran las partes y máquina de escribir para sistematizar los acuerdos, era posible que se resolvieran los asuntos. Por cierto, era imprescindi- ble que cada parte quedara con su respectiva copia de los acuerdos, debidamente firmados ya que el documento era el respaldo y “const- tancia” por excelencia. No imperaba esta abrumante normativiza- ción o regulación mediante leyes y sanciones, de la vida cotidiana del ciudadano(a) como es en la actualidad, sino más bien, que la noción de derecho que en ese entonces se establecía:

> que el derecho es un conjunto de normas que no necesariamente son aquellas positivas y legitimadas por la autoridad sino también aquellas que tienen que ver con la

<footnote n="4">4 En Chile, la mediación entra en vigencia en 1996 como un plan piloto en la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana y en la CAJ en Valparaíso. Sin embargo, el Ministerio de Justicia en 1997 comienza a elaborar un proyecto de ley que crea los Tribunales de Familia, esto en respuesta a los problemas de familias en crisis y a la adecuación de la legislación de menores a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Fuente: Jannet Fuentealba Rollat).</footnote>
práctica y las costumbres que se van dando en los seres humanos en sus vidas para superar los conflictos que surgen de sus relaciones sociales, en tal sentido; todos somos actores del Derecho, somos sujetos de derechos y obligaciones a lo largo de nuestra vida y en diferentes campos. (Cox et al., 1987, p.48).

## 7. Clasificación socioeconómica y la atención inicial como indicador de gestión

La clasificación socioeconómica de las personas usuarias de los Consultorios CAJ era responsabilidad del profesional asistente social. Ayer y hoy, por razones de todos conocidas, los mapuche presentaban indicadores de pobreza, implicando en lo administrativo que cumplían con el perfil exigido, y los hacía grupo prioritario de atención. Esta condición de pobreza y las brechas territoriales, educacionales y de acceso a servicios, obligaba a este segmento poblacional a concurrir exclusivamente a los sistemas gubernamentales gratuitos. En cuanto a procedimiento y manejo de la información, los datos consignados en los formularios, más allá de un registro de acceso, posibilitaba conformar las bases estadísticas del número de atenciones y los diferentes ámbitos que constituían los medios de verificación del cumplimiento de los planes o metas de trabajo. Por otro lado, la clasificación socioeconómica era un paso imprescindible para acceder a la atención profesional del abogado. En algunos casos, pieza fundamental para priorizar cuando concurrían usuarios(as) de un mismo grupo familiar y se debía decidir a nivel institucional a quien se debía representar en la gestión. También era una acción necesaria para, según fuera el caso, fundamentar que se configuraba lo requerido administrativamente para proceder a otorgar el denominado "privilegio de pobreza", que en los hechos era un documento habilitante para tramitar de forma gratuita ante tributales. Estos procesos de clasificación, que coincidía con la atención inicial, generaban a nivel estructural una distorsión, dado que, para efectos estadísticos, en esos años, se contabilizan estas atenciones iniciales como un indicador de gestión propiamente tal. Es decir, que era posible exhibir en las estadísticas "número de atenciones
(iniciales) como casos" siendo esto último una alteración. <fnref n="5" />

## 7.1. Plataforma gubernamental de atención judicial.

Este periodo enfrentaba la creciente privatización de la agenda gubernamental en distintos ámbitos y la administración de justicia no escapaba a estas lógicas propias de un modelo de Estado Subsidiario. En ese marco, proliferaba en algunos sectores de la administración política que los derechos de los indígenas eran debidamente resguardados desde el ámbito gubernamental, mediante estas trami-taciones y asesorías. Sin embargo, como parte del trabajo de los pro-fesionales del Servicio Social de las CAJ, en muchas de las acciones posteriores de seguimiento o reingreso a los consultorios jurídicos comenzaban a ponerse en duda la efectividad de estas asesorías. Las universidades a través de sus propios consultorios instalaban una va-riable de medición también al respecto. Asimismo, comenzaba a ha-cerse evidente, en muchos de los litigios, que la contraparte privada exhibía altos niveles de competitividad, eficiencia y dinamismo. En ese marco, los trámites de las personas indígenas evidenciaban esca-sas posibilidades de éxito en sus gestiones. Muchos(as) de los y las postulantes debían enfrentar en tribunales a contrapartes cuyas ofi-cinas contaban con elevados niveles de preparación jurídica, medios técnicos y dedicación - en algunos casos - exclusiva para el cliente que demandaba y por ende cancelaban sus servicios profesionales.

## 7.2. Operativización del “legalingüismo”.

La atención profesional a la población usuaria de los consulto-rios jurídicos era posible segmentarla en dos grandes ámbitos en lo que respecta al plano de la comunicación. Por un lado, la que ma-terializaba el Servicio Social que debía establecer una comunicación inicial y más cercana en la entrevista de trabajo. En otra vereda, se apreciaban dificultades de comunicación evidenciando dificultades a

<footnote n="5">5 Un caso, es un procedimiento que demanda tiempo y es una delegación a un postulante, que tramitará dicha carpeta y por ende pasado un tiempo podrá entregar resul-tados o delegarlas a otro postulante que lo reemplace.</footnote>
la hora de establecer una efectiva comunicación entre el recurrente indígena y el prestador de asesoría en justicia (abogados, receptores, alumnos(as) en práctica). No obstante, se señalaba que estas dificultades están erróneamente calificadas como problemas de analfabetismo, lo cual haría a los y las indígenas sujetos pasivos(as) del proceso jurídico. Es desde la práctica del derecho y sus códigos comunicacionales, una barrera concreta, donde se fomentan mayóritariamente estas brechas de comunicación, las cuales muchas veces son advertidas no tan solo por la población mapuche. La dificultad que el lenguaje de las leyes reviste para el ciudadano común y lo cual en algunos casos adquiere connotaciones exacerbadas por parte de los y las profesionales en institucionalizar las dificultades de temas que en su aplicación son definitivamente simples. Práctica recurrente y ampliamente difundida en algunos sectores rurales donde las explicaciones en lenguaje apropiado y comprensible, sobre determinados trámites y/o gestiones de las personas indígenas son inexistentes por parte de los prestadores de servicios jurídicos.<fnref n="6" />

## 7.3. Tramitación gratuita o semi gratuita.

Muchos de los consultorios jurídicos emplazados en el territorio mapuche, constataban que para la población mapuche que habitaba el sector rural y debía desplazarse a los centros urbanos donde funcionaban los estamentos de justicia, es con el transcurso del tiempo un trámite oneroso para ese usuario(a) y su familia. Los equipos de Servicio Social garantizaban una atención gratuita que en los hechos no era del todo efectivo. Así, se debía recurrir, a costear

<footnote n="6">6 Sobre esta singular práctica, que para estos efectos podemos definirla como “legalingüismo”; a partir del interés de ciertos sectores profesionales por consolidar este tipo de comunicaciones con la población mapuche, lo cual la expone a constantes desinformaciones y por ende a trámites incomprensibles e infructuosos. Sobre este particular, es completamente aplicable la observación hecha por la lingüista mapuche Elisa Loncón, (1995) acerca de las hegemonías lingüísticas, las cuales - en este caso - son parte importante de las hegemonías políticas que se establecen a partir del idioma y que contribuyen a aislar y dominar a los pueblos indígenas. Para efectos de adaptar este concepto seguiremos hablando de “legalingüismo como una expresión del dominio legal que a través de la lengua especializada en las leyes se utiliza con propósitos de desinformación a los sujetos que no son adiestrados en la temática. Y que constituye en algunos casos una barrera infranqueable del conocimiento, incluso para profesionales del área” (Davinson, 2000: 185).</footnote>
aspectos que muchas veces no contemplan los servicios antes men-
cionados y que para el prestador de justicia podían ser considerados
como mínimos, no así para el recurrente indígena, quienes no pue-
den costear gastos como pasajes, traslados, alimentación, fotoco-
pias, etc. No es de sorprender entonces que muchos(as) usuarios(as)
rurales, frente a casos puntuales optaba por abandonar estas pla-
taformas gubernamentales. Generalmente por razones de apremio
en la solución a su problema que sumado a la lentitud del sistema
conlleva al desistimiento de la gestión. En la menor de las veces
a la contratación de servicios profesionales particulares, lo cual es
onerosísimo para el presupuesto indígena, a tal punto de tener que
vender sus animales y tierras perjudicando su escaso patrimonio. Así
queda "en claro que el sistema de justicia y muchas instituciones del Estado
estructuran su sistema de funcionamiento pensando en que existe solo un tipo de
población, aquella que vive la rutina urbana de funcionario con remuneración
que le permite atender todas sus necesidades, o al menos las principales" (Hilda
Llanquinao, comunicación personal, 2005).

8. Indicadores invisibilizados del componente indígena

Las CAJ en su misión de entregar asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos, es una entidad pública y como tal sus procesos también han de ser públicos. En esa lógica, median- te procesos estadísticos, tanto a nivel de los consultorios como de toda la Dirección Regional se procedía a sistematizar la información del número y ámbitos que materializaban cotidianamente. En ese marco el sistema para efectos de medición de gestión respecto a población mapuche operaba con indicadores cuantitativos. No exis- tía en este esquema enfoques socio-estadísticos de tipo cualitativos. En el caso del consultorio de Padre Las Casas, para efectos de cal- cular números de sujetos indígenas, al igual que muchas entidades del sector justicia, utilizaban el criterio del apellido paterno o ma- terno como indicador de etnicidad a la hora de aproximar a estas estadísticas mensuales. Aspecto que en otras realidades instituciona- les comenzaba a ser superada. En ese marco, las universidades que eran otros actores sociales que prestaban gratuidad, no asumían con
otros indicadores de medición étnica y donde el déficit en informes técnicos, sistematización, u otros sobre problemáticas indígenas era inexistente. Añadir que, en ese momento, muchos de los procesos técnicos eran realizados sin conectividad y manualmente a la hora de registrar y sistematizar la información que emanaba de los procesos de atención a las personas usuarias. Asimismo, precisar que un consultorio promedio contaba con profesional asistente social, pero en la gran mayoría no contaba con este recurso. Las instalaciones en muchos casos eran dependencias municipales facilitadas para estos efectos donde primaban escasas condiciones administrativas para atención de público. Los procesos, eran realizados con máquinas de escribir mecánicas, mismas que tipeaban el papel proceso los distintos postulantes.

**8.1. Diversidad cultural ausente en la prestación de justicia.**

En algunos foros académicos, muchos(as) profesionales del sector justicia, se reunían en torno a los resultados que se esperaban principalmente en todo este proceso reformista encabezado por los primeros gobiernos democráticos. Desde el Servicio Social de ese entonces, también se sistematizaba y las experiencias desde la praxis eran referidas en eventos académicos, tal como sucedió en el XII Congreso Internacional Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos en el tercer milenio, (Arica, 2000), en donde fue presentada la ponencia: "La gratuidad en la atención a la población indígena: Un elemento a discutir desde la práctica" que apuntaba a dar a conocer dichas problemáticas desde esta plataforma de la gratuidad jurídica.<fnref n="7" />

Una de las principales conclusiones, seguía siendo, que pese a los esfuerzos que se encontraba realizando el Ejecutivo, en miras a transformar el sistema de justicia, un aspecto no abordado en la atención jurídica, indistintamente donde se preste -sea gubernamental o privada- es la cultura de las personas y grupos que deben ser representados. No se contemplaban modalidades técnicas que se

<footnote n="7">7 Guillermo Davinson, (2000) ponencia fue publicada en las Actas de dicho congreso que más tarde aparecerían en Milka Castro (comps.) *Derecho consuetudinario y pluralismo legal: Desafíos en el tercer milenio*.</footnote>
adecuen a las condiciones socioculturales de los y las indígenas re-
currentes de justicia. Fenómeno por lo demás generalizable a otros
segmentos del aparato gubernamental respecto a este tema a la hora
de interactuar con población indígena. La importancia que adquiere
para el mundo indígena, que sus particularidades sean consideradas
en la cadena jurídica, es desde el pasado y en la actualidad, una de-
manda expresada en diversas instancias y formas. Conscientes que
no asumir estos temas, es complejizar aún más esta equiparidad jurí-
dica que entre sociedad indígena y no indígena se espera establecer.

Al respecto - y sobre este mismo tema - en muchas instancias
de atención jurídica para indígenas, se supone equivocadamente que
una preparación técnica sobre determinadas legislaciones acerca de
materia indígena habilita al prestador de justicia - llámese abogado
preferentemente - juez u otro, a comprender el fenómeno o proce-
so de los pueblos indígenas. Con ello se subentiende que elemen-
tos centrales de la cultura indígena, tales como la cosmovisión, su
organización, y lengua no son abordados y no se incorporan en la
comunicación de los elementos jurídico-técnicos que en esa relación
se deben establecer como mínimo. En tal sentido - lo habitual, - es
un dominio por parte del prestador de justicia de códigos de infor-
mación, estrategias y formas de intervenir que no contemplan y en
muchas ocasiones - lejos de prestar una solución efectiva - dificultan
el motivo inicial del recurrente de justicia. Sobre el particular, cabe
señalar que, en muchas ocasiones, un conflicto en algunas personas
indígena reditúa en la comunidad y llega al sistema jurídico, revis-
tiendo una connotación distinta a la que percibe o entiende el pres-
tador de justicia.

La presencia de un conflicto en las familias de una comunidad indígena, en algunas ocasiones no es un hecho puntual, aunque para el prestador de justicia es una situación eminentemente técnica. No obstante, el conflicto trasladado a la situación social en la comunidad indígena reviste implicaciones mucho más complejas. Pues una determinada solución desde el punto de vista occidental puede generar una cadena concomitante de otros conflictos, por cuanto estas organizaciones y/o comunidades se estructuran sobre patrones culturales basados en redes familiares que se entrelazan en distintos planos de la vida comunitaria. Además, por la naturaleza sensible de las problemáticas, muchas veces se requería de una continuidad
en la atención, lo que se veía dificultado por la rotación de personal abogados(as) en especial cuando eran alumnos(as) en práctica. Por lo tanto, para los usuarios(as) era desgastante y desmotivador tener que volver a contar su historia a nuevos(as) funcionarios(as), y el propio cambio de persona, les da una percepción de retroceso o empezar de nuevo cada vez. En este escenario los y las profesionales de Servicio Social eran ese elemento de continuidad, y muchas veces, los que debían acoger y manejar los reclamos y molestias de parte de la población usuaria ante todas estas evidentes fallas en este sistema.

## 9. Consideraciones finales

La experiencia de intervención en asistencia judicial gratuita a la población mapuche en esta década, destacando los desafíos y aprendizajes es posible dimensionarla, en el marco de un contexto donde existió un consenso que el Estado chileno enfrentaba múltiples requerimientos por parte de las organizaciones indígenas de reconocimiento a los derechos que estos pueblos demandaban. Se constataba que la población mapuche no controlaba los elementos claves para asegurar su sobrevivencia cultural y económica, básicamente el derecho a la identidad, la propiedad de la tierra, el territorio y por cierto a la autodeterminación. También se advertía la fragilidad de los instrumentos jurídicos para una efectiva solución a las problemáticas que demanda la población indígena. Las condiciones históricas de pobreza de este pueblo originario, lo enfrentaba a la situación de acudir a servicios gratuitos de atención jurídica, donde los consultorios de las Corporaciones de Asistencia Judicial desempeñaban un rol significativo para paliar esta necesidad de atención especializada. El mundo rural e indígena en el caso de esta región de Chile, eran los usuarios(as) preferentes de este tipo de servicios.

Los consultorios contaban con profesionales asistentes sociales, que en el marco de sus procesos de intervención debían cumplir una serie de acciones multifuncionales, entre las que destacan el ser parte importante de los procesos de mediación vecinal, acuerdos extrajudiciales e incluso referentes decisionales en los contextos rurales como autoridades resolutivas en la conflictividad. La experiencia de intervención en asistencia judicial gratuita con población
mapuche generó un trabajo multidisciplinario con esos(as) otros(as) profesionales que concurren en este ámbito. También, los asistentes sociales se constituían en pieza clave para el sector justicia en lo que respecta al apoyo y desempeño a los procesos administrativos y estadísticos de las distintas unidades operacionales de este tipo de servicios. En este plano fueron desafíos y aprendizajes que pocas veces son destacados desde la disciplina. Los procesos de intervención profesional continuaban en el área de la difusión y promoción de los derechos de estos sectores vulnerables, conformándose en agentes significativos a la hora de ejercer estos roles en la capacitación vecinal y comunitaria. Agregar que los y las profesionales del Servicio Social, se conformaban en pieza clave de la operatoria de este sistema al calificar socioeconómicamente a la población usuaria y determinar el ingreso a todo el entramado jurídico, contribuyendo a la generación de derechos y acceso a la justicia.

Por ultimo y no por ello menos importante, la intervención de Servicio Social, presentaba un claro ejercicio en la función de educador popular, sobre todo en este tipo de instancias altamente normativizadas, donde proliferaba un “legaligüismo” debiéndose desde el Servicio Social, operacionalizar para sectores rurales, mapuche y vulnerables este tipo de prácticas institucionalizada que imperaban en ese momento histórico. Como propuestas de mejoras se debe contribuir a la visibilización de las particularidades culturales del componente indígena frente a la uniformidad del sistema jurídico nacional. Priorizar equipos técnicos especializados en los ámbitos interculturales. Sobre todo, visibilizar la población mapuche a través de sistema de registros que consideren la identidad étnica de sus usuarios y usuarias. Evitar formulas impositivas respetando los acuerdos vecinales indígenas como prácticas válidas de justicia.

Referencias bibliográficas

Aylwin, J. (2000). *Ley Indígena: Avances y obstáculos para su materialización en el territorio Mapuche (1994-1997)*. Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera.

Bengoa, J. (1999). *Historia de un Conflicto: El Estado y los Mapuche en el siglo XX*. Planeta.
Cox, S., Fuentes M, y Molina R. (1987). *Derechos y Espacios locales*. Centro Canelo de Nos. pp. 47 -50

Davinson, G. y Tereucan J. (1997). La situación de las personas y comunidades mapuche en su relación con la Asistencia Judicial gratuita. *Revista Pentukun* 1(7), 33-45. https://bibliotecadigital.ufro.cl/?a view&item=1586

Davinson, G. (2000). El Estado chileno, la justicia y su relación con los pueblos indígenas. En M. Castro (Ed.), *Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal: Desafíos para el tercer milenio* (pp. 181-190). Universidad de Chile.

Fuentealba, J. (2004). *La mediación* [en línea]. http://www.colegioabogados.cl/revista/13/articulo3.htm

Hopenhayn, M. y Bello, A. (2001): *Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y el Caribe*. Santiago. CEPAL.

República de Chile (1993). *Ley 19.253 Sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas*. Ministerio de Planificación y Cooperación. https://bcn.cl/2eu0o

República de Chile (1981). *Ley 17.995. Confiere personalidad jurídica a los servicios de asistencia jurídica que se indican en las regiones que se señalan*. Ministerio de Justicia. https://bcn.cl/2kh4j
# CAPÍTULO 8

## Trabajo Social Rural en La Araucanía: Experiencias desde una ONG mapuche

Julio Tereucán Angulo.<fnref n="1" />

Guillermo Davinson Pacheco.<fnref n="2" />

### 1. Presentación

Una década crucial en lo que respecta a la vida política de Chile, lo constituye el decenio comprendido entre 1985-1995 y donde el Servicio Social que se desarrolló en el ámbito de los Organismos No Gubernamentales (ONGs) revistió una serie de acciones que persisten en la actualidad en muchos de los procesos de formación profesional de esta disciplina. El primer quinquenio, fue marcado por el esfuerzo colectivo de lucha contra la dictadura y posteriormente entre 1990 a 1995 por consolidar la naciente democracia. En ese marco, las ONGs articularon en el quinquenio del fin de la dictadura un trabajo de fortalecimiento de los procesos de participación política; en tanto, con el advenimiento de la democracia para darle sentido al crecimiento con equidad y donde los equipos de estas institucionalidades no gubernamentales estaban marcados por lo que

<footnote n="1">1. Asistente Social, Universidad de La Frontera. Doctor en Antropología Social. Universidad Iberoamericana, México. Departamento Trabajo Social, Universidad de La Frontera. Correo: julio.tereucan@ufrontera.cl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2249-3737</footnote>

<footnote n="2">2. Asistente Social, Universidad de La Frontera. Doctor en Ciencias Sociales en Estudios Territoriales, Universidad de Los Lagos, Chile. Departamento Trabajo Social, Universidad de La Frontera. Correo: guillermo.davinson@ufrontera.cl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2850-891X</footnote>
hoy llamamos interdisciplinariedad, pero en donde no siempre esta-
ba delimitado un rol de los /las asistentes sociales, sino más bien la
acción profesional enmarcada en determinados objetivos.

La institucionalidad del Estado coaptada por la agenda dicta-
torial, generó un espacio en la Sociedad Civil, que fue asumido por
estos referentes colectivos que, utilizando las figuras legales de ese
entonces, conformaban diversos Organismos No Gubernamenta-
les, cuyo objetivo era el bien social, desde una perspectiva promo-
cional, fortaleciendo el tejido social, marcando así una diferencia
valórica y metodológica respecto de los programas sociales de go-
bierno centrados en lo asistencial. En el sur de Chile, en la región
de La Araucanía, se concentró una importante cantidad de estas
ONGs, dado por los altos índices de pobreza del país y por ser el te-
rritorio histórico del Pueblo Mapuche. Esta etnia como la reconoce
la Ley indígena chilena, concentraba, para 1992 cerca del 50 % de su
población en esta macrozona que comprende las regiones del Bio-
Bio; La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; siendo Temuco - distante
a 700 kilómetros al sur de Santiago - la capital administrativa de La
Araucanía. En este contexto, surge una sociedad de profesionales
mapuche, que bajo el nombre de Sociedad Mapuche Lonko Kila-
pan, quien desarrolló un trabajo relevante desde una óptica cultural
particular, aunque con directrices diferenciadas en el período en re-
ferencia. En tal sentido, el propósito de este ensayo es recuperar la
memoria del Trabajo Social con referencia al rol profesional del asis-
tente social en el trabajo directo con comunidades mapuche rurales
de la región de La Araucanía. El contexto de reflexión se sitúa desde
la práctica de los autores, rescatando y categorizando el accionar de
los y las profesionales asistentes sociales en el trabajo directo con
comunidades mapuche rurales de la región de La Araucanía, dado
que no existía un perfil del cargo asociado a esta profesión, sino más
bien una construcción del accionar desde la mirada de la formación
recibida, la autoformación y la experiencia a partir del contacto con
la realidad empírica de trabajo.
## 2. Contexto de una década del Fin y Post-dictadura

Durante la dictadura, los mapuche son invisibles como grupo prioritario en las políticas del Estado. Éste se encargará de finalizar la división de las comunidades indígena, al punto que el censo de 1982 no contempló categorías para determinar la población indígena del país. El Acuerdo de Nueva Imperial en 1989, reafirma a las organizaciones indígenas que manifiestan su voluntad de participar en la democratización del país. En ese marco, la recuperacióndemocrática en 1990 propició, no exento de dificultades, una nueva relación del Estado chileno para con los pueblos indígenas. El primer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia<fnref n="3" /> y seguidamente la promulgación de la Ley Indígena (1993) fijan un itinerario – para la época – de mucho optimismo en la relación que el Estado mantendría con sus pueblos indígenas. Lo anterior, no obstante, no ocultaba una serie de indicadores socioeconómicos que este pueblo presentaba para ese momento histórico del país, los que se detallas a continuación:

**2.1- Pobreza.** Según los resultados del Censo de 1992 (INE, 1992), la población indígena en Chile era de 998.385 personas, de las cuales 928.060 se autoidentifica como mapuche. En los '90, en las entonces regiones VIII, IX y X, las que pueden considerarse como territorios ancestrales del pueblo mapuche, vivían un total de 337.676 mapuche de 14 y más años de edad, las que representaban un 36.4% del total nacional; cifra que puede ser cuestionada por las diversas complejidades censales de 1992. No obstante, respecto a indicadores de pobreza estos claramente son deficitarios para los mapuche, ya que el índice de pobreza indígena al año 1996 alcanza un 35,1% versus un 22,7% de la población no indígena; los años de escolaridad alcanzaban a 7,3 y se presentaba un analfabetismo de un 10%; el salario promedio era de $152.751.- versus $228.454.- de la

<footnote n="3">³ La Concertación de Partidos Por la Democracia – fue desde 1990 hasta 2010 – la coalición gobernante en Chile, y estaba integrada por un amplio espectro político que incluía demócrata cristianos, radicales, socialistas, socialdemócratas, liberales, sectores de la izquierda cristiana, humanistas y el Partido Por la Democracia..</footnote>
población no indígena; y según la Encuesta CASEN, un 72,2% de
la población económicamente activa declaraba tener un contrato de
trabajo (MIDEPLAN, 1996), lo que indica que se había iniciado ya
en los años '80 la migración más acelerada a los sectores urbanos, la
proletarización y el trabajo como asalariados y empleados, en des-
medro de la actividad agrícola, dada la fuerte atomización de los
predios mapuche en los sectores rurales.

**2.2.- Educación universitaria.** Entre 1991 a 1995 la pobreza era condición generalizada de los mapuche que lograban acceder a las universidades. En la regularidad debían contar con apoyo externo, ya sea proveniente de la oferta de los servicios gubernamentales o beneficios estudiantiles de las propias casas de estudios para residencias, hogares y alimentación, como también la entregada por organismos no gubernamentales, iglesias y entidades filantrópicas. El ingreso a las universidades era objetivo central de las demandas indígenas de la época. Primaba el esfuerzo en las redes familiares, en primer término; seguido por el apoyo asistencial que atendía a la población en situación de pobreza o necesidad manifiesta. Territorialmente, los universitarios(as) mapuche provenían mayoritariamente de los sectores urbanos. Para el quinquenio 1991-1995, los y las postulantes de este sector fueron un 64.54%, sobre los 35.45% del sector rural (Bello et al., 1997; Bello, 2004). Este último ámbito era significativo, considerando el contexto de un creciente fenómeno migratorio campo-ciudad y evidenciando una situación de mayor marginalidad de la población rural.

**2.3.- Salud.** Los ámbitos en ese entonces correspondían a medicina tradicional mapuche; medicina occidental y medicina popular y eran, aparentemente excluyentes. Sin embargo, la población mapuche recurría a ellos en forma simultánea y alternada. Prevalecía una dependencia hacia el sistema oficial de salud y en lo doméstico, muchas debían ser soluciones caseras. El sistema de salud privado era inaccesible para este segmento poblacional. Diversas acciones se canalizaron a través de las ONGs, en función del mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres del campo y la ciudad, fundamentadas en el deterioro de la salud a causa de la falta de recursos estatales y el auge de la inalcanzable medicina privada. Surgieron propuestas de un mejoramiento de la salud al mapuche, a través del aprovechamiento de los recursos tradicionales y del fomento
del autocuidado. Se realizaron investigaciones y rescate del manejo
de plantas medicinales (ONGs CET, Trafkin, Instituto Indígena y
PAS) y formación de Monitores o Promotores de Salud (ONGs
Policlínico Metodista, CET, Fundación Instituto Indígena, Trafkin,
y Proyecto Interinstitucional Maquehue (posteriormente GEDES).<fnref n="4" />

**2.4.- Agricultura.** A partir de la década de los ochentas, los cultivos agrícolas tradicionales pierden rentabilidad, y para aquellos escasos suelos de mejor calidad y condiciones climáticas favorables que no pueden ser orientados a lo forestal, la alternativa es la agricultura de exportación en los rubros hortofrutícolas. El cambio económico productivo significó también un grave problema económico para el campesinado, que tradicionalmente habían vendido su fuerza de trabajo a los fundos aledaños a sus predios. La actividad forestal tiene un patrón de empleo muy diferente a la agricultura, y las grandes empresas operan con subcontratistas, y cuentan con empleados permanentes que trasladan a cada sitio de trabajo; o que se traduce en pérdida de puestos de trabajo para la mano de obra local (Briceño et al., 2017). Esta pérdida de fuentes de trabajo se tradujo en una emigración constante desde aquellas comunas donde las plantaciones forestales ocuparon parte importante de espacio rural (Henríquez, 2013). No obstante, los territorios indígenas mantuvieron una participación de relativa importancia en sectores productivos tradicionales, donde la agricultura continuaba siendo uno de los ejes que marca cierta identidad económica en las familias mapuche, a pesar de la diversificación laboral en lo urbano. Dentro de estos cambios cabe mencionar también el incremento de la acción del Estado con poblaciones indígenas a partir de los años '90, en donde existió una política pública subsidiaria y de transferencia de recursos tendientes a recudir las condiciones de pobreza e indigencia que resultan de los análisis a partir de las encuestas de caracterización socioeconómica nacional. Estos procesos de cambios impactaron no solamente los aspectos económicos, especialmente aquellos vinculados a la actividad agrícola, sino también a una dinámica de interrelación mayor de los espacios rurales y urbanos, y por ende una serie de transformaciones que caben analíticamente dentro del concepto de nueva ruralidad (Briceño et al., 2017).

<footnote n="4">4 CET correspondía al Centro de Educación y Tecnología; PAS al Programa de Acción Social del Obispado de Temuco; GEDES a Gestión y Desarrollo</footnote>
**2.5.- Ley Indígena.** A partir de los años '90, y con el regreso a la democracia en el país, se establece una nueva relación entre el Estado chileno y los Pueblos Indígenas de Chile, compromiso que se había establecido en el llamado Acuerdo de Imperial (1989) entre el candidato a la presidencia Patricio Aylwin y los Pueblos Indígenas. Uno hito importante fue la promulgación en 1993 de la ley N°19.253 y la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). El cuerpo legal se considera un avance en términos de la legislación creada en la dictadura; no obstante, es insuficiente al menos en tres aspectos: a) el reconocimiento real del carácter pluriétnico del país, al incorporar la expresión “etnias indígenas”, desprovista de los derechos políticos que entrañaba la expresión “Pueblo” contenida en la propuesta hecha por el movimiento indígena en el Congreso de 1991; b) la base territorial necesaria para el desarrollo, y c) los mecanismos de participación política de las comunidades indígenas en la toma de decisiones (Oyarce, et al., 2012).

**3. Servicio (Trabajo) Social en las ONGs de La Araucanía**

En esta década que hemos asumido como parámetro de referencia, recordar que los y las profesionales asistentes sociales se titulaban de carreras universitarias de Servicio Social; y esta otra denominación para referirse a estos profesionales, era respecto a los titulados(as) de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que eran Trabajadores(as) Sociales. En ese entonces, no revestía complejidad en el campo profesional esta situación; y de hecho en la actualidad prima la denominación de Trabajadores(as) Sociales, dado que a mediodos del 2005 se inició un proceso de cambios que contempló el nombre de la profesión. Este cambio asume el legado del acervo disciplinario y que no implica desentenderse del origen de esta profesión en Chile en los inicios del siglo XX.<fnref n="5" /> En ese marco, nos

<footnote n="5">5 Las causas se atribuyen principalmente, a una medida impulsada por el Colegio Profesional de la orden, respecto de la Ley 20.054 que restituye en rango universitario a Trabajo Social y las Carreras de Servicio Social y por ende el título de Asistente Social, en los Institutos Profesionales.</footnote>
referiremos en adelante como Asistentes Sociales y Trabajadores(as) Sociales indistintamente, considerando esta salvedad nominal.

**3.1.- Asistentes Sociales: profesionales de terreno y oficina.** Los distintos programas que las ONGs implementaban en los territorios donde debían desarrollar sus objetivos, consideraba implícitamente una constante relación de trabajo entre la institucionalidad y las comunidades respectivas, sean estas urbanas y/o rurales. Esta premisa de cambios sociales que se avecinaban y luego que había que implementarlos, debía ser fruto de la relación directa con las personas, dirigentes y organizaciones. En ese marco, los y las profesionales asistentes sociales, formados en esta zona, provenían principalmente de la Universidad de La Frontera, institución que desde 1982 contaba con un Plan de Estudios para la Carrera de Servicio Social, que duró hasta 1997. Los y las profesionales del Trabajo Social que recibieron su formación en ese periodo de fines de los '80 vivieron una transición, ya que recibieron contenidos curriculares de políticas sociales orientadas por el modelo neoliberal que visualiza al Estado con un rol subsidiario, delegando/compartiendo funciones, concesionando prestaciones, y aplicando un enfoque de superación de la pobreza asistencialista, enfatizando prestaciones y subsidios monetarios. Estas herramientas se ponen a prueba en la transición hacia un modelo más promocional que permeó las políticas sociales con el advenimiento de los gobiernos de la Concertación Por la Democracia, posteriores a la Dictadura.

Desde este punto de vista, el desempeño en ONGs también permitió a los y las profesionales adquirir conocimientos y herramientas metodológicas complementarias a su formación universitaria, para enfrentar de mejor manera los desafíos profesionales de esta transición a la democracia, que en los hechos también implicó una transición metodológica hacia otro enfoque en el ejercicio de la profesión. La percepción de los y las asistentes sociales aún con resabios de las antiguas "visitadoras" en los equipos multidisciplinarios, aportaban esa base de "confianza", al ser profesionales que se caracterizaban por la técnica de la visita domiciliaria, por ser cercanos a las familias, conocer sus dinámicas y también por conocer de trámites (para acercar ayudas sociales a familias) y apoyo a las organizaciones.
**3.2.- Servicio Social y la privatización.** Uno de los fundamentos del quehacer profesional del Servicio Social de ese entonces, consistía mayoritariamente en hacer frente a uno de los fenómenos más desconocidos - incluso para la academia - y atemorizantes para ese momento, como era la privatización de diversas prestaciones sociales. Era notorio un consenso tácito en los y las asistentes sociales por "entregar conocimientos" ante las transformaciones de las entidades gubernamentales, muchas de ellas impensables para la población que migraba hacia esta naciente corriente de privatización. La educación, salud, previsión, por citar las más significativas en la vida de las personas, eran enfrentadas con resistencia por los y las asistentes sociales de las ONGs, las que utilizando los espacios que otorgaba la institucionalidad del Estado para otras acciones específicas, aprovechaban de generar acciones que "alfabetizaban" a dirigentes y representantes de las organizaciones respecto de las negatividades de dichas medidas. Estas experiencias con espacios para desarrollar un Trabajo Social más promocional y orientado a la transformación que ofrecían las ONGs, para estudiantes en práctica y profesionales egresados, implicaba también un desafío ya que la formación académica en las universidades no enfatizaba mucho ese enfoque. Una fortaleza de los y las asistentes sociales era su orientación al trabajo en terreno y su preparación para incursionar en los agrestes contextos rurales donde se desempeñaban, coloquialmente estaban dispuestos a trabajar "metiendo los pies en el barro".

**3.3.- Capacitación para la autogestión.** Las políticas sociales del último quinquenio de la dictadura, no discriminaban por condición étnica y con el avenimiento democrático, el foco consistía en integrar a los desposeídos al crecimiento que se aseguraba era posible alcanzar. Así entonces, específicamente, para con el Pueblo Mapuche estos fueron en ambos quinquenios considerados como "sujetos objetos de asistencia social" y no como sujetos de derechos. En ese marco, los esfuerzos se dirigían a generar instancias de capacitación que dotaran de herramientas para una autogestión, entendida esta como una base que posibilitaría mas tarde a las personas y comunidades interactuar con la Política Pública. Así, proliferaban, jornadas de capacitación, donde se trabajaban las escuelas de dirigentes y/o líderes; promotores de todo tipo y, por cierto, y quizás uno de los aspectos centrales, el de formar ciudadanos que
conocieran a plenitud la operatoria del Estado, su normativa y re-
cursos, lo que había sido negado hasta ese entonces por la dictadura.
En los inicios de los 90, con el primer gobierno democrático post
dictadura se introducen cambios en la institucionalidad pública y en
la oferta de programas sociales ya que, manteniendo prestaciones
monetarias, subsidios y focalización (Ficha CAS), surgen nuevos
servicios tales como el Fondo Nacional de Solidaridad e Inversión
Social FOSIS, con lineamientos de promoción social, formación de
d dirigentes, autogestión y financiamiento para iniciativas grupales y
comunitarias, que de alguna forma recogen las metodologías y enfo-
ques de las ONGs de los '80.

Este cambio en la institucionalidad pública, sumado al hecho
de que algunas ONGs, o sus fuentes de financiamiento, dejan de
operar en Chile post dictadura implica que las ONGs dejan de ser
el principal ámbito de la promoción social. Así también, se abren
nuevos espacios laborales para profesionales del área social en las
municipalidades y toda la red de servicios públicos, surgiendo la
modalidad de contratación a honorarios que es la vía por la cual se
“agranda” el Estado para asumir estas nuevas tareas profesionales.
Existen hitos relevantes en este cambio de escenarios profesionales
para el trabajo en las comunidades rurales, como es el caso de la
creación de Direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO) en
las Municipalidades (Ley de Plantas Municipales 1993 - 1994), con
lo que se implementan diversos programas, y se fortalece el trabajo
municipal mediante convenios con FOSIS; CONADI, etc. En la
puesta en marcha de esta nueva institucionalidad pública, un aporte
técnico muy relevante proviene precisamente de asistentes sociales
formados(as) o con experiencia de desempeño en el ámbito de las
ONGs.

**3.4.- Multiplicidad de diagnósticos.** Una de las herramientas técnicas más utilizada fueron la elaboración de diagnósticos; tastros o líneas de base para las más diversas temáticas; procesos y estructuras que se hacía necesario e imprescindible materializar para las acciones del primer gobierno democrático. Era un esfuerzo técnico por abordar de manera integral la estructura, operación y normatividad del Estado, y por ende generar los nuevos cuadros técnicos que debían justamente manejar la plataforma gubernamental que se resistía al cambio por los resabios de la dictadura en la
estructura estatal. Junto con esta resistencia al cambio, hay que tener presente que este cambio de paradigma post dictadura, es un proceso lento ya que implicó cambios legales, creación de ministerios, servicios, etc. Un ejemplo de ello es la implementación de la Ley Indígena y la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). En La Araucanía, algunos ejemplos de este tipo de trabajos, en el sector, productivo, servicios, y educacionales, eran desarrollados por asistentes sociales de ONGs <fnref n="6" />.

## 4. Sociedad Mapuche Lonko Kilapan y el Trabajo Social con las comunidades mapuche

En 1986 se creó con el nombre de Sociedad Mapuche Lonko Kilapan, un organismo de carácter no gubernamental conformada por profesionales y técnicos mapuche, cuyo objetivo era contribuir al desarrollo productivo de las familias y comunidades mapuche, el fortalecimiento sociocultural de las mismas, y generación de procesos de autogestión (Inaipil, 1992). Uno de los desafíos inmediatos de la Sociedad Mapuche Lonko Kilapan al momento de su creación, era la autogestión en términos de financiamiento, para lo cual las agencias internacionales fueron el referente principal, destacándose la Cooperación de países tales como Alemania, Noruega, Holanda y Estados Unidos. El mecanismo de acceso a financiamiento fue mediante proyectos de dos o tres años de duración que enfatizaban principalmente el componente económico productivo. El trabajo de la ONG era exclusivamente con comunidades mapuche de las actuales comunas de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún y Nueva Imperial.

<footnote n="6">⁶ Catastro de las potencialidades silvoagropecuarias de la Comuna de Carahue en la IX región de Chile, Programa de Desarrollo Campesino Gobierno de Holanda, 1993; *Estudio de Diagnóstico y propuestas de mejoramiento de los servicios Jurídicos para Indígenas*, elaborado por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS de Santiago y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 1995; *Diseño de una escuela Nacional de Capacitación para dirigentes mapuche de Chile*, Sociedad Profesional Mapuche Lonko Kilapan de Temuco y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Temuco, 1995; *Investigación sobre las Bases para el diseño de una Política de Genero y Capacitación de la Mujer Mapuche*, Sociedad Mapuche Lonko Kilapan y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Temuco, 1995; *Investigación del diseño de un programa de salud intercultural para Indígenas. Bases para una propuesta de un Seguro Indígena*. Fundación de Desarrollo Educacional La Araucanía y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 1996.</footnote>
Este escenario se configura prioritariamente en los años ochenta, ya que con la llegada de la democracia en los años '90, paulatinamente este financiamiento fue desapareciendo y los programas del Estado pasaron a jugar un rol significativo en el quehacer institucional.

Los y las profesionales y técnicos asociados al trabajo de la ONG en referencia, eran preferentemente del ámbito agropecuario y antropológico, siendo escasa la presencia de trabajadores sociales, trabajadoras sociales o asistentes sociales en ese entonces; lo cual no era diferente en otras instituciones del mismo tipo en la región. La incorporación de asistentes sociales en las ONG estuvo dada específicamente en la función de organización comunitaria y la reconstitución del tejido social mapuche en las comunidades, fuertemente estancado por la dictadura militar. A ello se sumaba la atención de casos en diversas materias que involucraba tanto los niveles individual como familiar. En el caso de la Lonko Kilapan, además requería que los y las profesionales fuesen de origen mapuche.

La labor profesional en la Lonko Kilapan se circunscribía al componente comunitario preferentemente, pero las especificades del trabajo en las comunidades implicaba que además de las competencias profesionales, también fuese necesario adquirir nuevas prácticas al ser dupla, generalmente junto con un profesional o técnico del ámbito productivo. En este sentido, el conocimiento de prácticas agrícolas, de horticultura, de sanidad animal, entre otras, eran actividades comunes en las cuales se tenía que complementar con la especificidad social de la profesión. A este trabajo organizacional inicial, se agregó el técnico metodológico en la formulación de proyectos para el financiamiento internacional, pasando a ocupar uno de los roles prioritarios para los procesos de autogestión financiera, como asimismo la sistematización del desarrollo de los proyectos que se enviaban a las entidades financiadoras.

La relación con las personas, familias y comunidades conllevaba inicialmente generar las empatías y las confianzas necesarias, ya que tantos años de dictadura habían mermado esas confianzas de las personas, y agregaba también riesgos no tan solo para ellos, sino también para los equipos profesionales con los cuales trabajaban. La condición de mapuche ayudaba mucho a estos procesos, lo cual también había que demostrarlo en el trabajo directo con las comunidades y en la transparencia de las actividades e información.
Del mismo modo, no era factible aplicar solamente procesos técni-
cos aprendidos en la formación universitaria, sino que se requería
reconceptualizarlos en el contexto cultural que se trabajaba, por lo
exigía aprender y diferenciar las formas de organización existentes
en las comunidades, los roles y funciones de los líderes tradicionales
y los dirigentes, los tiempos y espacios de trabajo, los mecanismos
de comunicación, las formas de relaciones económicas existentes,
las dinámicas del parentesco, el uso del *mapudungun*<fnref n="7" /> y el castella-
no como medios de diálogo, las lógicas culturales de entender la
dinámica mapuche, las divisiones del trabajo en las familias, y las
prácticas culturales asociadas a la dinámica de vida de las familias y
comunidades.

Lo anterior implicaba un proceso continuo de aprendizaje, que
resultaba también en una práctica constante para la efectividad del
trabajo profesional, ya que muchas veces la desconfianza estaba la-
tente cuando se trataba de hacer los vínculos entre las familias con
los espacios institucionales del Estado chileno. Un ejemplo fue la
postulación a subsidios de vivienda rural del Servicio de Vivienda y
Urbanismo [SERVIU], donde en un primer año de promoción sola-
mente se logró que tres familias postularan. En los años siguientes,
estas postulaciones aumentaron considerablemente, al observar que
no se arriesgaban a perder sus tierras si postulaban a este beneficio,
o que les cobrarían la casa de igual manera. Cabe señalar, que la
posibilidad de que un o una asistente social pudiese “atender”, sig-
nificó un espacio importante para las personas, ya que básicamente
podían acceder a las municipalidades e invertir un tiempo impor-
tante con escasos resultados. En este sentido, de atender dos o tres
casos individuales los días lunes, posteriormente hubo que destinar
más de un día para esta actividad, continuándose el trabajo directo
en las propias comunidades cuando correspondía ir a trabajar otros
componentes del quehacer de la institución, volviéndose la atención
social una acción recurrente. Los temas de salud, previsión, legales,
educacionales, de herencias, de vivienda y casos sociales más com-
plejos eran los tópicos que implica el Trabajo Social de caso.

Al Trabajo Social se unía con más fuerza el trabajo cultural, no
en el sentido de promover lo que significaba ser mapuche, ya que

<footnote n="7">7 Idioma del pueblo mapuche</footnote>
eso estaba en los cimientos de las personas, familias y comunidades; pero sí la revitalización de prácticas que por los tiempos vividos habían perdido vigencia en algunos sectores. El trabajo artesanal con las mujeres mapuche, la recuperación de prácticas como el *palín*<fnref n="8" />, el *we xipantu*<fnref n="9" />, *trafkintu*<fnref n="10" />, entre otros, pasaron a ser elementos comunes de las planificaciones anuales con las comunidades, en donde no solamente se pensaba desde lo económico, sino también en áreas sociales y culturales, gestándose espacios para jornadas anuales de capacitación de liderazgos, gestión organizacional, vinculación e información sobre temas de relevancia para el mundo mapuche, las articulaciones con instancias comunales, y pensar los procesos de desarrollo en las comunidades desde los contextos propios, disminuyendo la lógica de la transferencia tecnológica y, por ende, el “enseñarles a ser campesinos a campesinos”, esto implicó también la recuperación de prácticas culturales de trabajo productivo, que se complementaba con los otros conocimientos no mapuche.

La profesionalización del Trabajo Social en ONGs como la Lonko Kilapan desde los años '90 tuvo un giro importante a la gestión de financiamiento nacional, especialmente con la nueva institucionalidad que se implementaba destacándose en sus primeros momentos el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Las competencias desarrolladas en formulación proyectos permitió acceder a propuestas de trabajo anuales, pero en donde el diseño de estrategias metodológicas del trabajo adquirían una especial relevancia, dado que el cambio principal era el asumir un rol de asesor de las comunidades, siendo los propios beneficiarios quienes recibían los fondos y la toma de decisiones sobre las inversiones a realizar, tal es el caso del Programa Entre Todos del FOSIS. La extensión del trabajo por ende también se amplió territorialmente a comunas como Curarrehue, Melipeuco, Lonquimay, Galvarino, Saavedra, entre otras.

Por otro lado, nuevas formas de organización social económica comenzaron a emerger como alternativas de trabajo y de poten-

<footnote n="8">8 Juego tradicional mapuche.</footnote>

<footnote n="9">9 Año nuevo mapuche</footnote>

<footnote n="10">10 En mapudungun implica la reunión de grupos o comunidades con el objetivo de intercambiar en el marco valorativo de la cultura (semillas, plantas, saberes, etc)</footnote>
ciación de la autogestión de las comunidades, en donde el sistema cooperativo aparece como una alternativa viable, que además era apoyada en esos momentos como línea del Instituto de Desarrollo Agropecuario [INDAP]. Es así como se forma la Cooperativa Meli Mapu, que reunía a cuatro territorios con los cuales la institución había tenido un trabajo permanente. En un primer momento operó con ello un financiamiento internacional para inversión, formalización de la cooperativa, capacitación, mecanismos de articulación de los territorios y la generación de competencias para la administración de la cooperativa. En un segundo momento, toda la gestión de la cooperativa incluyendo los recursos económicos fueron traspasados a esta en la idea de fomentar los niveles de autogestión de los territorios.

En este nuevo escenario, el Trabajo Social no tuvo un giro radicalmente distinto a lo que se venía desarrollando, probablemente lo que disminuyó fue la atención de Caso Social, por los requerimientos de tiempos que involucraba el trabajar en terreno en muchas comunas. No obstante, sí se complejizó el quehacer profesional, por lo que la categorización de funciones implicó además del trabajo directo con las comunidades, la planificación y gestión técnica de propuestas, coordinación de equipos de trabajo, evaluaciones de procesos, diseños metodológicos, y generación de diagnósticos comunitarios que permitiesen en conjunto con las comunidades la focalización de los recursos acorde a las necesidades y requerimientos que las propias comunidades definían con la asesoría institucional. Por otro lado, se implementaron nuevas áreas de trabajo como las asesorías en investigaciones focalizadas para programas y proyectos en el contexto indígena, especialmente en diagnósticos rurales participativos, estudios regionales y nacionales en los temas de mujeres indígenas, dinámicas socioculturales del desarrollo, potencialidades productivas de determinados rubros productivos, desarrollo artesanal indígena y canales de comercialización internacional, entre otros temas que desde la institucionalidad pública se requerían para la implementación de programas y proyectos regionales. En este sentido, el quehacer de investigación y asesoría especializada fueron nuevas competencias que recibieron un activo reconocimiento como labor profesional.
# 5. Elementos conclusivos

La reflexión del Trabajo Social desde la experiencia situada permite dimensionar los múltiples roles y funciones que como actores profesionales tenemos en el contexto rural, y específicamente con comunidades mapuche en este caso. La complejización del quehacer profesional no solamente obedeció a los requerimientos de funcionamiento institucional, en este caso de una ONG Mapuche, sino que también el holismo que acompaña a este quehacer, y en donde los sujetos y comunidades también demandan nuevas competencias que no necesariamente la academia era el artífice de este conocimiento y capacidades.

Ciertamente hoy en día las transformaciones societales, institucionales, de formación, de complementación profesional en el quehacer del Trabajo Social nos sitúa en otro contexto, pero no podemos obviar ciertos ámbitos de la intervención social con comunidades mapuches que deben estar presentes, y un referente principal es la consideración de la cultura como elemento central en la gestión del desarrollo, ya que existe un no conocimiento de las comunidades mapuches como sujetos “distintos” por parte de profesionales del área social, lo cual no facilita los procesos de gerencia social que pudiesen aplicarse desde las instituciones del Estado o de la sociedad civil. La cultura muchas veces se considera como formas “culturales” o “folclóricas” y la interculturalidad básicamente como un mecanismo de relación con la diversidad o desde una óptica funcional con la diversidad cultural, sin disminuir las desigualdades y las asimetrías que ello provoca.

El proceso de intervención social en lo organizacional es dirigido bajo la lógica de las instituciones, y las comunidades se ven forzados a aceptarlo bajo esta lógica, generándose un juego contextual en donde se visualiza al Estado como un dador de beneficios. La comunidad pasa a ser el espacio territorial en donde viven las familias, obviándose que al interior de las mismas conviven estructuras de organización que responden a las lógicas culturales de actuación, y que son absolutamente necesarias de comprenderlas para dirigir una intervención social más efectiva y sustentable en resultados. Aprender sobre la cultura de una comunidad mapuche resulta ser un elemento
relevante para un Trabajador o Trabajadora Social, pero quizás igual de relevante es aplicar criterios profesionales y metodológicos para entender las realidades de intervención, lo cual puede ser un componente de mayor efectividad en los procesos de gestión del desarrollo con comunidades indígenas mapuches del sur de Chile.

El Trabajo Social desde la experiencia plasmada en este texto, permite rescatar la memoria de cómo se fue construyendo un quehacer profesional en el trabajo directo con las comunidades mapuches de La Araucanía, inicialmente con un rol muy tradicional aprendido en la formación universitaria, pero que necesariamente debió transformarse acorde a los requerimientos de la realidad. Las herramientas metodológicas propias del Trabajo Social fueron componentes esenciales, pero que necesariamente requirió aprender y aprehender del otro y de los otros y sus formas de comprender y significar su realidad. La acción diagnóstica y de investigación son elementos claves para Trabajo Social, como también lo es la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad para comprender desde lógicas profesionales distintas un quehacer situado, y que sus efectos e impactos contribuyan efectivamente a procesos de desarrollo comunitario.

Referencias bibliográficas

Acuerdo de Nueva Imperial (1989). https://www.conadi.gob.cl/storage/image/repositorio-historico/2.-Acuerdo-NuevaImperial_1dic1989.pdf

Bello, A.; Willson, A.; González, S. y Marimán P. (1997): *Pueblos indígenas, educación y desarrollo*. Centro de estudios para el desarrollo de la Mujer. Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de La Frontera.

Bello, A. (2004): Intelectuales indígenas y universidad en Chile: conocimiento, diferencia y poder entre los mapuche en *Intelectuales y Educación Superior en Chile: De la Independencia a la Transición Democrática 1810-2001*, Robert Austin (Ed.). CESOC.

Briceño, C., Tereucán, J. y Hauri, S. (2017). Ingreso y empleo en la población mapuche rural y pobre en cuatro regiones del sur de Chile. *TS Cuadernos de Trabajo Social*, (16), 76-98. https://www.tscuadernosdetrabajosocial.cl/index.php/TS/article/view/140
Henríquez, L. (2013). Cinco décadas de transformaciones en La Araucanía Rural. *Polis. Revista Latinoamericana*, 12 (34), 147-164 http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682013000100008

INE (1992) Resultados Censo Población y Vivienda 1992. Instituto Nacional de Estadísticas.

Inaipil, L. (1992). Desarrollo autogestionario mapuche. En: *Sociedad y Cultura Mapuche: El cambio y la resistencia cultural*. Sociedad Mapuche Lonko Kilapan (Ed.).

MIDEPLAN (1996). *Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Pueblos Indígenas*. Ministerio de Planificación División Social. Departamento de Información Social

Oyarce, A. M., Pedrero, M. M., Carvone, M., Coliqueo, P., y Melin, M. (2012). Desigualdades territoriales y exclusión social del pueblo mapuche en Chile. Situación en la comuna de Ercilla desde un enfoque de derechos. *Santiago: Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) and Alianza Territorial Mapuche (ATM).*

República de Chile (1993) Ley N°19.253 establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Ministerio de Planificación y Cooperación. https://bcn.cl/2f7n5
<figure><img src="image_34.png" /></figure>
# CAPÍTULO 9

## Trabajo Social en la pesca artesanal: Una experiencia profesional en caletas del Sur de Chile

Carolina Villegas Aguilar.<fnref n="1" />

<figure><img src="image_35.png" /><figcaption>Figura 1. Escuela de Emprendimiento y Fortalecimiento Organizacional para la Pesca Artesanal Chiloé, Año 2004.</figcaption></figure>

Fuente: Archivo personal.

<footnote n="1">1. Asistente Social y Licenciada en Servicio Social. Universidad de Valparaíso.</footnote>
# 1. Presentación

El propósito de este capítulo es relevar por medio de un proceso de sistematización, el aporte de Trabajo Social en los procesos de asesoría técnica para el desarrollo de comunidades de pescadores artesanales en sectores rurales, que fueron realizados entre los años 2003 y 2005 por la autora en su rol profesional de asistente social en las regiones de Los Ríos y Los Lagos; y que estuvieron orientados a la formación de habilidades, entrega de conocimientos y facilitación de procesos participativos para la toma de decisiones colectivas, vinculadas con los procesos de extracción, procesado y venta de productos del mar, realizados de forma colectiva, a través de sus organizaciones.

Dicha experiencia, formó parte de un proceso de fortalecimiento organizacional y productivo del sector pesquero artesanal de las comunas de Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Maullín, Hualaihué y Chiloé, definido como prioridad política y de gestión por la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile CONAPACH de la época, de acuerdo al requerimiento de sus dirigentes asociados y ante la constatación de la necesidad introducir nuevas habilidades y herramientas a una actividad productiva, en donde se desarrolla la labor extractiva de productos del mar desde tiempos pretéritos, en condiciones precarias e inseguras, tanto para los pescadores como para quienes consumen los productos. Por tanto, la actividad se enfrenta a importantes desafíos presentes y futuros en su labor, junto con requerir espacios de mejora en la gestión de las actividades que realizaban "de la playa hacia afuera", como la comercialización de los productos del mar extraídos, buscando obtener mejores precios.

La experiencia profesional sistematizada se realizó al alero de la mencionada Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile CONAPACH, organización constituída en Valparaíso el 7 de agosto de 1990 por los sindicatos de pescadores artesanales de todo el país, que reinicia una larga historia sindical, que se remonta a la creación de los primeros sindicatos de pescadores artesanales hacia 1920 en el norte y centro del país. Con posterioridad a 1990, se incorporan las cooperativas de pescadores artesanales y las aso-
ciaciones gremiales, las que, según la Dirección del Territorio Ma-
rítimo, alcanzan en el año 2023 a 120 mil personas y poseen una
flota de 15.294 embarcaciones. En este contexto, la misión de la
CONAPACH es representar a los pescadores artesanales de Chile,
resguardar sus derechos y contribuir al mejoramiento de sus condi-
ciones de vida.

La organización, de representación nacional, ha realizado una
labor de permanente defensa del carácter de “bienes comunes” de
los recursos marinos y de la obligación del Estado de administrarlos
sustentablemente y con respeto a los derechos de las Comunidades
Costeras. Desde esta lógica, CONAPACH propicia que la pesca se
desarrolle de forma responsable, que se elimine de forma progres-
siva el uso de artes de pesca no selectivas como el arrastre, que se
regule bajo el criterio precautorio de las cuotas globales de captura.
Por otra parte, realiza acciones para contribuir a la creación del área
de reserva artesanal de las cinco millas y a la eliminación total de las
perforaciones en el país.

Asimismo, apoya el establecimiento de áreas de manejo y ex-
plotación de recursos bentónicos, como un sistema de coadminis-
tración que permite la explotación racional de los recursos bajo
administración de las organizaciones de pescadores artesanales; es-
timula y defiende la unión y el fortalecimiento de las organizaciones
sindicales de la Pesca Artesanal y el constante perfeccionamiento
profesional, intelectual y cultural de sus asociados, participando in-
ternacionalmente en el Foro Mundial de Pescadores Artesanales, el
Foro Mundial de Pueblos Pescadores y el Colectivo Internacional
de Apoyo a la Pesca Artesanal, por el resguardo de los derechos de
las comunidades costeras, el acceso a los recursos pesqueros y la
soberanía alimentaria.

En el año 1991, CONAPACH dio origen a la Corporación para la Educación, Desarrollo e Investigación de la Pesca Artesanal de Chile CEDIPAC institución de derecho privado sin fines de lucro, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de la Pesca Artesanal, a través de la entrega de investigación, educación y asesoría técnica y que es la responsable de la gestión operativa de los siguientes proyectos que contaron en su implementación con la participación de Trabajo Social: Escuela Sindical de Liderazgo y Emprendimiento de la Pesca Artesanal SERCOTEC X
Región (Año 2004); Programa de Fortalecimiento Organizacional, SERCOTEC X Región (Años 2003-2004); Programa Pro-Empresaria X Región de Los Lagos SERNAM- SERCOTEC X Región (Año 2004) ; Escuela Sindical de Liderazgo y Emprendimiento para la Pesca Artesanal SERCOTEC X Región (Años 2004 – 2005); y, Programa de Nivelación de Estudios Básicos y Medios CHILECALIFICA, X Región (Año 2005). En este marco, el presente capítulo tiene por objetivo sistematizar los desempeños profesionales de Trabajo Social realizados durante los años 2003 a 2005, a través de la implementación de proyectos orientados al fortalecimiento socioproductivo de las organizaciones de la Pesca Artesanal en el sur de Chile, vinculadas a la CONAPACH.

## 2. Marco conceptual

Tomando como referencia la información aportada por la Subsecretaría de Pesca SUBPESCA, dependiente del Ministerio de Economía, la pesca artesanal se entiende como una actividad pesquera extractiva realizada por personas naturales o jurídicas compuesta por pescadores que operan en forma personal, directa y habitual, pudiendo desarrollar la actividad en embarcaciones de hasta 18 metros de eslora y 50 toneladas de registro grueso (TRG). Tanto pescadores como sus embarcaciones deben inscribirse en el Registro Pesquero Artesanal (RPA) que lleva el Servicio Nacional de Pesca, el que le da la facultad para operar sobre especies determinadas, bajo una o más categorías y en una región en particular, con la excepción del régimen de zonas contiguas. Al año 2023, el RPA posee un registro de cerca de 92.000 pescadores artesanales y más de 12.750 embarcaciones a nivel nacional. Según la SUBPESCA (2024), el acceso a los recursos pesqueros se organiza asignando las primeras cinco millas marítimas son reconocidas como Área de Reserva para la Pesca Artesanal. Dentro de esa superficie, la primera milla marítima está reservada desde el límite norte del país hasta el límite sur de la isla de Chiloé, para el uso exclusivo de embarcaciones de menos de 12 metros de eslora. La pesca artesanal se rige por el régimen general de acceso, el que se complementa con varios sistemas especiales, dependiendo de la situación del recurso o su forma de administra-