La negación de todo principio revolucionario contradecía su autonomía, culminando con la renuncia al mayor instrumento de la acción directa:

> "no es dueño de sí mismo, no puede accionar libremente contra la burguesía, no puede declarar una simple huelga (...) sin el visto bueno del procurador general de la nación; esto en los gremios anula toda aspiración revolucionaria (...) pierde su valor combativo como clase asalariada para convertirse en simple instrumento del estado".<fnref n="306" />

Para los sindicalistas los peligros de la personería jurídica se extendían hasta considerarla una trampa de la burguesía, preocupada por no repetir el auge de la lucha de clases al cual se había enfrentado entre 1917 y 1921. Por ello, denunciaban que "la burguesía reconoció la necesidad de dividir al proletariado e ideó varios métodos, siendo uno de ellos el seleccionar una pequeña cantidad de obreros a colocarla en situación más ventajosa de lo que goza la mayoría"; con salarios más elevados que la media "fácil es suponer que todo obrero que perciba ese sueldo no ha de tener mucha predisposición por la lucha y termine por alejarse de la organización y servir de puntal a los capitalistas".<fnref n="307" /> Otro riesgo percibido fue: "La Personería Jurídica impone un carácter legislativo a la organización obrera y le impone cierto respeto a las leyes del estado".<fnref n="308" />

En contraposición, la personería jurídica era la pieza fundamental e innegociable de los fundadores de la UF ya que sostenían que allanaba los acuerdos con la patronal y predisponía favorablemente al Estado, al convencerlo de la certeza de su vocación legalista y negociadora. Para estos sindicalistas, La Fraternidad había alcanzado para sus representados mejoras salariales y condiciones laborales superiores debido, en gran parte, a la aceptación de la personería jurídica. La consideración de LF como modelo a seguir implicaba que un sector del sindicalismo consentía el terreno legal, aunque pretendía desmentir que tal giro conllevara la pérdida de su autonomía frente al Estado. Lo guiaban consideraciones de tipo práctico. Por un lado: "Porque los ferroviarios estamos afectados a un servicio público, regido por leyes que debemos respetar, teniendo por diversas causas que recurrir ante el gobierno a reclamar su cumplimiento".<fnref n="309" /> Por otro lado, "estando fuera de la ley nuestros reclamos debemos hacerlos en forma individual, porque con nuestra organización al margen de la ley, las

<footnote n="306">³⁰⁶ "Personería Jurídica", *Unión Sindical*, 10 de junio de 1922.</footnote>

<footnote n="307">³⁰⁷ *Bandera Proletaria*, septiembre de 1922.</footnote>

<footnote n="308">³⁰⁸ "El despacho de la Mayoría", *Unión Sindical*, 17 de junio de 1922.</footnote>

<footnote n="309">³⁰⁹ "Objetivo inmediato y finalidad de las organizaciones obreras", *El Obrero Ferroviario*, N° 47 2da Época, 1 de agosto de 1922.</footnote>
empresas no atienden a sus representantes, mientras que con personería jurídica podremos hacerlo colectivamente”.<fnref n="310" /> Para sostener tal giro echaban en cara al gremio insignia del *sindicalismo*, el marítimo, el haber abandonado la confrontación directa con la patronal, con el agravante de tener en su federación a secciones con personería jurídica:

> "La FOM tiene dos seccionales adheridas con personería jurídica y que en todo momento se han portado tan revolucionariamente o tal vez más (...) ellas son: Centro de Maquinistas Navales y Capitanes de Cabotaje, Prácticos etc. (...) En lo que respecta de potencia a potencia es una mentira (...) Todos sabemos que el primer conflicto grande que sostuvo la FOM fue solucionado con la intervención del jefe de policía doctor Moreno, actual Ministro de guerra".<fnref n="311" />

Además, atribuían a las bases ferroviarias la pérdida de toda inclinación combativa como resultado de sucesivos fracasos huelguísticos: "esta misma mayoría no se encuentra dispuesta a tomar parte de ningún movimiento de fuerza (...) tiende día a día a hacerse más conservadora (...) están muy lejos de ser las vanguardias de los movimientos obreros".<fnref n="312" />

Los argumentos esgrimidos por el grupo de ferroviarios acaudillados por Tramonti, en clara alianza con LF y con no poca presencia de la Comisión Socialista de Información Gremial (CSIG), parecerían desmentir su adscripción en la corriente *sindicalista*. Por el contrario, sostenemos que profundiza tendencias que emergían con contradicciones en otros destacados dirigentes de esta corriente. La aceptación más o menos abierta de la legalidad burguesa, o sea, la institucionalización de los gremios, pero evitando la injerencia total del estado en sus filas, la permanente búsqueda de interlocutores en el Estado para presionar o equilibrar el poder patronal que implicaba la mediación recurriendo a actores gubernamentales, constituía un rasgo sobresaliente de las prácticas no asumidas o revestidas de fraseología revolucionaria de la FORA IX.

Entre los sindicalistas revolucionarios adscriptos a la USA hallamos a quienes no planteaban la tarea de preparar la inmediata revolución social pero se negaban de forma rotunda a aceptar la personería jurídica. Este rechazo adquiría modulaciones argumentales más acordes a las concepciones que describimos en el primer apartado. Entre ellos encontramos al conspicuo miembro de la FORA novenaria, Francisco Rosanova, además de dirigente de lo más caracterizado de su tendencia y fundador de la primera organización ferroviaria de disciplina sindicalista.

<footnote n="310">³¹⁰ Ibidem.</footnote>

<footnote n="311">³¹¹ *La Confraternidad Ferroviaria*, junio 1922.</footnote>

<footnote n="312">³¹² *La Confraternidad Ferroviaria*, septiembre 1922.</footnote>
Poco antes de formarse la USA afirmaba en 1920 en su carácter de secretario general de La Confraternidad Ferroviaria (LCF) que:

> "la Federación Ferroviaria declara, que así como está dispuesto a combatir toda legislación restrictiva, aceptaría complacido una legislación que facilite el desarrollo de la organización sindical obrera, que legalice y extienda las conquistas alcanzadas por las mismas, y que, por último ponga un límite al derecho ilimitado de explotación que hoy tiene el capitalismo".313

Un año después, en 1921, el mismo dirigente, tras demostrar su desconfianza hacia las propuestas de legislación ferroviaria impulsada por el parlamento argentino, exigía sin embargo que cualquier legislación se rigiera por la Convención de Washington, fundadora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) había suscripto (Caruso, 2014). Ahora bien, cuando la condición para aprobar la nueva legislación del trabajo ferroviario implicaba la imposición de la personería jurídica a LCF, dejaba en claro que no la aceptarían.314 Agregamos que Rosanova fue un habitual columnista de los principales periódicos de los ferroviarios, de su corriente y numen de la política de la FORA IX. En nuestro exhaustivo relevamiento de sus artículos en las prensas gremiales y *sindicalistas* no encontramos el menor atisbo de aceptación de la personería jurídica: cuando surge como problema inmediato, no duda en su repudio.

Los sectores *sindicalistas* más consustanciados con los avatares de la Revolución Rusa que alcanzaron fuerte predicamento en la USA se enrolaban en la Federación de Agrupaciones Sindicalistas Revolucionarias (FASR). Estos identificaron al grupo ferroviario del caudillo Tramonti como el resultado de "El desgraciado contubernio de la antigua Federación Ferroviaria en una entidad política reformista" y una verdadera "camarilla autoritaria".315 Intentaron diferenciarse aclarando que trataban de inculpar al *sindicalismo* de corporativismo sin objetivo revolucionario. Este objetivo desconoce la diferencia entre el "sindicalismo revolucionario que anhela la transformación económica y política de la sociedad presente y el otro sindicalismo mejorista, único y exclusivamente".316

Por un lado, el sindicalismo revolucionario y por otro, en oposición, sindicalismo reformista. En esa confrontación, la FASR encontraba aliados entre los libertarios pro bolcheviques y los denominados autónomos para

<footnote n="313">313 *La Confraternidad Ferroviaria*, agosto 1920.</footnote>

<footnote n="314">314 "La reglamentación del trabajo ferroviario. Dos observaciones de importancia", *El Obrero Ferroviario*, N° 97, 16 de mayo de 1921.</footnote>

<footnote n="315">315 *La Batalla Sindicalista*, 6 de marzo de 1922.</footnote>

<footnote n="316">316 Ibidem.</footnote>
divulgar su peculiar reinterpretación e impedir que los considerados reformistas y los partidos políticos se apoderen de las organizaciones obreras.

Las disputas entre los ferroviarios dejaban en evidencia distintas lecturas del sindicalismo revolucionario sobre la legislación obrera. Analizando el caso testigo de los debates surgidos por el reconocimiento estatal de los ferroviarios en el año de formación de la USA, hallamos tres posturas ante la legislación obrera y la personería jurídica.

Dirigentes de vasta influencia entre los ferroviarios como entonces Rosanova y Tramonti aceptaban la legislación obrera. El primero exigía que toda legislación resultara como imposición de la lucha de clases al derecho burgués, mientras que para el segundo su origen le es indiferente. Ambos se diferencian en el punto de la personería jurídica que Rosanova considera lesiva del espíritu revolucionario de la entera corriente a la cual Tramonti no encuentra objeción. Los sindicalistas, aún influenciados por el clima revolucionario de la primera posguerra, rechazaban en tándem la legislación obrera sin diferenciar por su procedencia estatal en consonancia con su confianza de la revolución en marcha.

### III

La intención estatal por regular las actividades obrero-patronales durante el gobierno de Alvear se tornó más insistente. Si bien durante su presidencia mantuvo niveles considerables de represión como la sufrida por los marítimos, se acercó a los ferroviarios y mantuvo puentes de negociación con otras organizaciones. Demostración que no abandonó los mecanismos de negociaciones informales ensayados por Yrigoyen, a la vez que propugnó con desigual éxito instituir nuevas leyes obreras. Luego de las huelgas generales contra la Ley de Jubilaciones de 1924 debió dejarla sin efecto. En 1925 intentó sancionar un Código de Trabajo para los marítimos que no obtuvo su aprobación por el rechazo a las cláusulas restrictivas y punitivas aplicadas a las organizaciones y representantes laborales. A pesar de que el Código Laboral para la marina mercante fracasó, llamó la atención que su aprobación pretendía incorporar a la legislación general: los Convenios Colectivos, una Ley de Asociaciones Profesionales, pautas de conciliación y arbitraje y tribunales exclusivamente de trabajo. Así reaparecía la exigencia de proveer una ley de asociaciones profesionales que gracias al reconocimiento legal de los sindicatos habilitara al Estado para imponer sus decisiones a la contraparte patronal (Garguin, 2000; Horowitz, 2015; Falcón y Monserrat, 2000; Gerchunoff, 2016).

En 1927, el gobierno buscó sancionar una Ley de Seguros de Accidentes de Trabajo que indefectiblemente reavivó los debates sobre el estatus legal de los gremios obreros. Los recurrentes intentos legislativos de Alvear evidenciaban con creciente dramatismo la necesidad de alguna
fórmula de reconocimiento estatal de los gremios obreros que fortalecieran
las bases de las nuevas prácticas legales. También ese mismo año, la UF
firmaba un convenio colectivo que podía presentarse como la confirmación
de la estrategia de aceptar la personería jurídica asumida de manera
temprana en oposición al resto del sindicalismo. Como hemos visto en el
apartado anterior, no faltaban antecedentes estatales que impulsaran la
legislación obrera ni la confrontación de puntos de vista alternativos en las
distintas corrientes del movimiento obrero pero la profundización
gubernamental de tales políticas ganaba espacio aún entre las posturas más
clásicas del sindicalismo revolucionario argentino.

Desde la particular óptica del sindicalismo revolucionario se exigía con
mayor urgencia definiciones decisivas sobre la personería jurídica. Si bien
no rehusaban los contactos oficiosos con representantes de los poderes
públicos, ni conversaciones con legisladores favorables a impulsar leyes
obreras más acordes a las exigencias sindicalistas, estas acciones contrastaban
con las declaraciones públicas y rechazos inspirados en textos considerados
canónicos con ambiciones anticapitalistas más pregonadas que
efectivamente promovidas.

En efecto, como veremos más adelante, esa situación quedaría
expuesta entre 1927 y 1930 en los encendidos debates entre dirigentes de
vasta trayectoria registrados en el órgano de difusión de la central obrera
sindicalista. Así, a fines de 1927 encontramos la inédita defensa pública del
secretariado de la USA y de connotados dirigentes de alguna fórmula de
reconocimiento legal sin excluir la personería jurídica. Asimismo, la cúpula
de la central obrera utilizó mecanismos asamblearios encaminados a
alcanzar respaldos. Más allá de los resultados de las asambleas y los debates
internos creemos consumada la aceptación de la necesidad del
reconocimiento estatal cuando a principios de 1930 es reclamada
oficialmente desde el órgano oficial de la USA sin generar oposición en sus
filas.

La principal confrontación entre visiones sindicalistas enfrentó a dos
polemistas cuyas intervenciones ordenaron los argumentos en torno a
ambos: Juan Pallas y Martín García. El primero fue un reconocido dirigente
linotipista de extensa trayectoria en la corriente que hasta la fecha
manifestaba rechazo o, al menos, desconfianza hacia la aceptación del
reconocimiento legal. El segundo, de previa militancia anarquista, destacado
dirigente de la Unión Obrera Provincial (UOP) en Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, cercano a los sindicalistas simpatizantes
con la Revolución Rusa, participó de la delegación oficial de la central
obrera sindicalista a la URSS para los festejos de su décimo aniversario,
miembro del CC de la USA que rechazaba los intentos de promulgación de
la personería jurídica. Entre ellos un puñado de polemistas tomaban partido
por una u otra postura reafirmando o clarificando los argumentos
esgrimidos. Otro núcleo de confrontación surgió entre la UOP de Córdoba
y el gremio de la madera que cuestionaban ambas el accionar del secretario general de la USA, Pascual Plescia<fnref n="317" />, por considerarlo el impulsor de la búsqueda de apoyos entre las organizaciones de la central obrera para adherir a la personería jurídica.

Los términos del debate entre Pallas y García se establecieron en los límites conceptuales del *sindicalismo* sin excluirse o acusarse de transgredir sus fronteras. Nunca se lanzaron el epíteto de traicionar algún precepto de la corriente que integraban salvo la mutua acusación de “teórico” que refería al rechazo a la figura del intelectual identificado por pertenecer a la burguesía. En cambio, compartían las premisas de la evolución de una historia de proyección universal que exigía generar y fomentar la estricta separación en campos irreductibles a las clases en pugna: el proletariado y la burguesía. Suponían que la clase obrera transitaba una etapa de ascenso histórico, tal como se encontró en su momento la burguesía ante la clase nobleza feudal. En idénticos momentos de “evolución histórica” las clases en ascenso encontraban la misma encrucijada: integrarse en los marcos institucionales de la vieja sociedad o mantenerse al margen. Ante las reformas del sistema jurídico del capitalismo reanimadas durante la inmediata primera posguerra, García, anticipando su postura, pregunta a sus lectores: “¿Por qué se pretende encarrilar los sindicatos obreros (...) por el camino de esa ‘legalidad’ jurídica que (...) ni la han pedido los trabajadores, sino que es de origen y mentalidad parlamentario burgués?”.<fnref n="318" /> Responde dando por sentado que los sindicatos y sus bases son intrínsecamente revolucionarias para, luego, cerrar filas en una definición que revoca cualquier ventaja en aceptar que:

> “El Estado legisla, por una mejora, después que los trabajadores han bregado tesoneramente para conquistarla. Y si eso es así, ¿no se ve a simple vista que la ley no tiene más objeto que matar la conquista obrera, reducirla a la mínima expresión ‘jurídica social’ y a la vez atar a la organización impidiéndole moverse?”.<fnref n="319" />

Ahora bien, si García encontraba un error estratégico en aceptar la personería jurídica, por el contrario, Pallas interpretaba que en cada oportunidad que “una expresión jurídica la burguesía le reconoció un derecho” ante lo cual entonces “estamos, en este caso, hoy ante un nuevo

<footnote n="317">³¹⁷ Destacado militante sindicalista revolucionario del gremio de la madera, secretario general de la USA desde junio de 1928 y fundador de la CGT como representante de la USA.</footnote>

<footnote n="318">³¹⁸ “Derecho jurídico obrero y derecho jurídico capitalista. A propósito del proyecto de ley sobre reconocimiento de los sindicatos”, *Bandera Proletaria*, N° 332, 1º de octubre de 1927.</footnote>

<footnote n="319">³¹⁹ Ibídem.</footnote>
hecho jurídico obrero reconocido por el derecho burgués: la organización sindical”.<fnref n="320" /> Sin medias tintas exige “no quedar fuera de la ley”.

Sin embargo, Pallas con intenciones retóricas exigidas por la polémica en algunos tramos de sus intervenciones públicas, sostuvo no avalar la personería jurídica con el objeto de evitar las mismas críticas que en su momento fueron dirigidas a los ferroviarios y por considerarla una institución burguesa opuesta a las instituciones obreras. A la vez que repudiaba a la UF y desestimaba las objeciones de García, exigía dejar de llamar personería jurídica a la ley debatida por entonces ya que lo considera “un abuso de lenguaje” porque “no está sometido a las mismas obligaciones de aquella, que si para los burgueses son una garantía de sus contratos, en el medio obrero resultan una inútil extorsión”. Con una argumentación que puede atribuir a teóricos de su corriente recalca que “nace de la necesidad del Estado reconocer la existencia positiva de una fuerza social que entra a dirimir cuestiones de honda repercusión económica” donde lo fundamental se encuentra en que “El Estado (...) al juzgar a los sindicatos obreros frente a los patrones, como personas colectivas capaces de contratar y hacer respetar compromisos” entonces existen y se los reconoce.<fnref n="321" />

El temor a las consecuencias de equivocar el camino del supuesto devenir histórico parcialmente confirmado por los avatares de la Revolución Rusa contrastaba con las propuestas reformistas de los gobiernos radicales. Los resultados favorables paulatinamente confirmados por los ferroviarios profundizaban las disensiones y azuzaban, quizás cada vez con menos dramatismo, los temores de las desviaciones reformistas y la consolidación de una capa burocrática en el *sindicalismo*. Así encontramos voces contrarias a la ley con incisivas advertencias para denunciar la deriva burocrática tomando a los ferroviarios como ejemplo. Según sus detractores, la consolidación de una burocracia en torno a la camarilla de Tramonti condujo a que “Indefectiblemente los ferroviarios contrarios a la dirección gremial son perseguidos y quienes desean ingresar a sus filas deben profesar y mantener lealtad a la UF en perjuicio de jamás ingresar”.<fnref n="322" /> La alternativa al “modelo ferroviario” suponía fomentar desde la acción directa hasta las bolsas de trabajo.

Otro tema de relevancia lo encontramos en los niveles de injerencia del Estado en las organizaciones obreras que perderían su autonomía. El capítulo tercero de la ley dice:

> “El Estatuto de la Asociación deberá expresar claramente: a) el domicilio central de la misma, b) sus propósitos dentro del artículo

<footnote n="320">³²⁰ “El reconocimiento de los sindicatos. Si estos tienen existencia la ley no puede desconocerlos”, *Bandera Proletaria*, N° 333, 8 de octubre de 1927.</footnote>

<footnote n="321">³²¹ Ibidem.</footnote>

<footnote n="322">³²² *Bandera Proletaria*, 29 de octubre de 1927.</footnote>
primero, c) el modo de formación y del destino de los recursos sociales, el modo de administrar esos recursos y la determinación de los subsidios previstos de esta ley”.<fnref n="323" />

Aceptar reformar los estatutos en el sentido descripto fue considerado la sumisión a la disciplina de una ley habilitada para inmiscuirse en la vida interna del sindicato al punto de exigir información precisa de la situación y devenir de la organización como el número de socios, detalle de todos los cargos electivos y administrativos, balance de los fondos, etc. En este punto, Pallas parece responder desde una postura más práctica ya que las obligaciones que detalla García son consideradas ya un hecho porque todos los sindicatos lo manifiestan públicamente: “En la actualidad, sin el reconocimiento legal de los sindicatos, el Departamento Nacional del Trabajo (DNT) conoce estos pormenores, envía por ellos a las sedes sindicales y ningún secretario tiene motivos para negárselos dado que son públicos”.<fnref n="324" /> Sin dudas, los informes y balances anuales así como los estatutos siempre eran debatidos en asambleas e impresos en folletos y en los principales periódicos de las instituciones de trabajadores y en la prensa comercial.

Para sindicalistas como García, que reivindicaba fines revolucionarios para su corriente, percibía como la amenaza más grave que “Toda modificación del estatuto social, requerirá la aprobación de las autoridades encargadas del reconocimiento de la personalidad jurídica, de acuerdo con las disposiciones de esta ley”.<fnref n="325" /> Ya que, si una organización requería por razones coyunturales incorporar una cláusula que sostuviera objetivos de índole revolucionarios no podría efectuarlos. La cláusula que disponía las causantes de pérdida del reconocimiento legal fueron redactadas con suficiente amplitud para castigar no solamente a las organizaciones autoproclamadas revolucionarias: “Queda igualmente excluida la asociación que se constituya, o actúa con propósitos contrarios a la moral o a las buenas costumbres, a las leyes o a la integridad Nacional”.<fnref n="326" /> También favorecía un nivel de disciplinamiento que advertía la posible transformación de los gremios en oficinas estatales por ende permanecen a merced del Estado que puede quitarle el reconocimiento. En este punto, la argumentación de Pallas toma un giro ramplón, ya que considera que la exigencia de aprobación de los estatutos por el DNT pretendía evitar el

<footnote n="323">³²³ “Derecho jurídico obrero y derecho jurídico capitalista. A propósito del proyecto de ley sobre reconocimiento de los sindicatos”, *Bandera Proletaria*, N° 332, 1 de octubre de 1927.</footnote>

<footnote n="324">³²⁴ “El reconocimiento de los sindicatos. Si estos tienen existencia la ley no puede desconocerlos”, *Bandera Proletaria*, N° 333, 8 de octubre de 1927.</footnote>

<footnote n="325">³²⁵ “Derecho jurídico obrero y derecho jurídico capitalista. A propósito del proyecto de ley sobre reconocimiento de los sindicatos”, *Bandera Proletaria*, N° 332, 1 de octubre de 1927.</footnote>

<footnote n="326">³²⁶ Ibidem.</footnote>
riesgo de convertirse en una asociación patronal o centro político que no debe gozar de la personalidad civil de un sindicato como exige la ley. Categóricamente afirmaba que nadie solicitaba la personería jurídica, sino el reconocimiento de la personalidad civil de las asociaciones obreras sin necesidad que modifiquen una palabra en sus estatutos.

En la misma línea argumental de Pallas otro articulista salió a su respaldo para afirmar que el Estado al fin reconocía el derecho obrero en sus instituciones parlamentarias. Con este último paso, la democracia aceptaba la existencia de las clases sociales cuando aceptaba la existencia de la clase obrera. También, declaraba a los gremios obreros, es decir, a la organización de una clase como asociaciones de bien público cuando antes solamente les dirigían leyes represivas. No negaba que los beneficios del reconocimiento legal aparejaban algunos controles estatales, aunque considerados menores y conocidos que no menoscababan el potencial revolucionario ni favorecía el desarrollo de burocracias. A nivel del mundo obrero tal reconocimiento del Estado cumpliría la función de impulso moral y el reconocimiento de la patronal reivindicado en cada pliego de condiciones.327 El autor creemos reforzaba los argumentos de Pallas intentando no transgredir el esquema conceptual sindicalista al insistir que todo marco legal derivaba de la lucha de clases incluyendo el reconocimiento estatal de los gremios.

El debate desatado por la inclusión de los gremios obreros en algún marco legal estatal se irradió a los principales gremios y las uniones provinciales que conformaban la USA denotando su crucial importancia. El periódico oficial de la central obrera publicó la declaración oficial de La Unión Provincial de Córdoba y registró el debate en el gremio de la madera que en ambos casos fueron contrarios al apoyo de lo que consideraban la aplicación de la personería jurídica.

El rechazo a la propuesta de la Comisión Directiva del gremio de la madera convertido en uno de los pilares de la USA (Camarero y Ceruso, 2015) nos confirma la intención de sus máximos dirigentes en avanzar en la búsqueda de una fórmula jurídica que legalizara a los gremios sin lesionar sus tradiciones antiestatales.328 Por lo cual, insisten al igual que Pallas, en desestimar los aspectos restrictivos a la autonomía de los sindicatos y los ya habituales aspectos punitivos de la ley. A los argumentos ya reseñados se agregaba la comparación de la situación legal que impedía a las mujeres administrar sus bienes modificado con la sanción de la ley pertinente en

<footnote n="327">327 “Existir con o sin ley. Pero conviene existir con ley”, *Bandera Proletaria*, N° 336, 29 de octubre de 1927.</footnote>

<footnote n="328">328 El fracaso de la propuesta favorable a la personería jurídica en el gremio de la madera fue resultado de la creciente oposición por parte de la militancia de origen comunista.</footnote>
1926.<fnref n="329" /> Sostenían que la personería jurídica para los gremios, como la sancionada personería civil para las mujeres, habilitaría a los sindicatos mantener propiedades y equipamientos, como una imprenta, sin recurrir a terceros (militantes) de confianza. Es decir, los gremios, como las mujeres, debían superar la condición jurídica de minoridad.<fnref n="330" /> En la misma línea argumental, a quienes se oponían a las propuestas de los dirigentes de la USA desde organizaciones políticas les dirigían las acusaciones antipolíticas acostumbradas, fundamentalmente la incompatibilidad entre la actividad gremial y la actividad política. Aunque, hemos visto que lograban la adhesión de aquellos que exigían con urgencia alguna fórmula de reconocimiento estatal con argumentos jurídicos quizá de escaso valor, pero con vivaces descripciones de los lazos entre los gremios y las instituciones gubernamentales.

La dirigencia de la USA impulsó la toma de posición sobre el reconocimiento legal en toda la central obrera. En la provincia de Córdoba destacaban que debían definir su posición ya que se estaba originado un debate en varias organizaciones importantes de la Capital Federal y del interior. Aún, más notable nos parece la afirmación a todas luces verdadera:

> “en esta ocasión destacados y conocidos militantes que ocupan puestos de responsabilidad en el movimiento sindical nacional, como el compañero Plescia, actual secretario general de la USA, han publicado amplias declaraciones en favor de la personería jurídica y luchan para que sus sindicatos la acepten, se acojan a ella y expresen su simpatía por la misma”.<fnref n="331" />

Hacia fines de 1927 la máxima dirigencia de la USA acepta la legislación tal como tradicionalmente proponían los sindicalistas por métodos extraparlamentarios, pero, de ahí en más, impulsan el reconocimiento estatal de la central junto a las organizaciones que la componen incluyendo la personería jurídica, como los ferroviarios y estatales, presentada argumentalmente como la consagración de derechos civiles. A la vez, más allá de su utilización circunstancial, la perspectiva de los derechos civiles o individuales contradecía la posición tradicional de esta corriente ideológica que rechazaba la noción de ciudadano y su armazón legal que por individualista negaba la tradicional perspectiva clasista. Definían las ventajas de alcanzar alguna modalidad de personería legal para

<footnote n="329">³²⁹ En septiembre de 1926, la Ley 11.357 sancionaba la ampliación de los derechos civiles a la mujer salvo puntuales restricciones para la mujer casada.</footnote>

<footnote n="330">³³⁰ “Industria del mueble trató de la capacidad civil de los sindicatos”, *Bandera Proletaria*, N° 334, 15 de octubre de 1927.</footnote>

<footnote n="331">³³¹ “Unión O. Provincial de Córdoba. Circular general a las entidades federadas sobre la personería jurídica para los sindicatos”, *Bandera Proletaria*, N° 336, 29 de octubre de 1927.</footnote>
obtener: mayores garantías para conservar, ampliar y administrar los bienes gremiales, alcanzar acuerdos y convenios colectivos con las patronales que debieran respetar y, quizá, abrigaban la ilusión de que un trato más benigno por parte del Estado reforzara su posición negociadora frente a los empleadores. A la vez, desdeñaban a sus críticos que señalaban los riesgos de iniciar un proceso de afianzamiento de una dirigencia burocratizada en las organizaciones obreras y en un gremialismo de estado.

El año 1930 sella el fin de la experiencia democrática del radicalismo cancelada el 6 de septiembre por el golpe militar del General Uriburu. También cierra el ciclo de la USA que con la mayor celeridad tras la asonada militar se fusiona con la Confederación Obrera Argentina (COA) para crear la Central General de Trabajadores (CGT). El sindicalismo revolucionario quizá ya sin oposición interna, en la medida que no enciende ningún debate interno ni mediar mecanismos de consulta, exige públicamente sin rodeos el reconocimiento legal de los gremios obreros.

En un texto editorial de *Bandera Proletaria* que por costumbre quedaba bajo el secretario general de turno, se rastreaba la “evolución” del trato del Estado y la burguesía (salvo la policía y en el interior del país), desde la represión a posiciones que incluían la aceptación de las estructuras gremiales en marcos legales más flexibles. Este proceso lo encuentran consolidado para los gobiernos radicales. Allí describen sin tapujos el acercamiento informal al poder ejecutivo nacional que con el segundo gobierno Yrigoyen quedaba “pendiente de sanción un proyecto de reconocimiento legal de los sindicatos”.332 La tajante definición que hasta la víspera despertaba ríspidos enfrentamientos, aunque no revela ningún procedimiento de consulta en la USA tampoco será contestada ni desafiada desde otros sectores, dirigentes o gremios adherentes.

## Conclusiones

En el presente texto repasamos las posturas adoptadas en el sindicalismo revolucionario argentino entre 1922 y 1930 desde una mirada que incluye a la corriente entera. En una etapa donde sus posicionamientos y organizaciones mostraban una aguda segmentación en sus propuestas prácticas e interpretaciones doctrinales en torno al reconocimiento legal de las organizaciones obreras por parte del Estado. Para cubrir la ambición de tomar al conjunto de la corriente sindicalista argentina, en esta pesquisa nos centramos en la Unión Sindical Argentina, en especial sus grupos dirigentes, y los ferroviarios de la UF expulsados en el congreso fundacional de la central obrera.

<footnote n="332">332 “La policía continúa siendo un instrumento incondicional del capitalismo”, *Bandera Proletaria*, N° 443, 8 de febrero de 1930.</footnote>
Presentamos los primeros resultados de un intento por rastrear el proceso histórico de una corriente fundamental del movimiento obrero argentino que, sin abandonar una discursividad revolucionaria, nada cohibía sus progresivos acercamientos al Estado hasta convertirse en una organización coherentemente reformista. Por ello, la búsqueda sin tapujos con argumentos propios de la dúctil doctrina *sindicalista* del aval legal en el seno del orden capitalista implicó una importante torsión en su cultura política. En la decisiva reorientación del *sindicalismo* a favor del reconocimiento estatal de sus organizaciones, debemos considerar como factor relevante que la UF gradualmente cosechaba los beneficios de la personería jurídica. Asimismo, el Estado demostraba una decisiva vocación de intervención en las relaciones laborales. Quienes diseñaban los fundamentos del andamiaje de la legislación laboral insistían públicamente en retirar sus cláusulas más represivas y en ampliar los organismos estatales para imponer políticas gremiales y sociales que definitivamente superaran la mera represión.

En 1922 la USA en bloque repudió y denunció en clave *sindicalista* la personería jurídica con los argumentos clásicos de los intelectuales de su espacio, pero también de sus sectores cercanos a la Revolución Rusa. Mientras desde la naciente Unión Ferroviaria de proclamada observancia *sindicalista*, la propiciaban solamente por sus potenciales resultados prácticos denostando su defensa en el plano teórico. Como resultado la naciente central obrera perdió de sus filas a la crecientemente poderosa organización de los ferroviarios.

En 1927 la USA favoreció la legalización de los gremios, aunque retomando y adaptando viejos conceptos y con vaivenes en su denominación para diferenciarse de los ferroviarios de Tramonti, confrontar a sus detractores internos y sumar adhesiones entre notables militantes. El Comité Central de la USA, en especial a través de su secretario general, impulsó un amplio debate en las filas de la organización publicitado ampliamente en su órgano de prensa. De esta forma buscaron nuevos respaldos e intentaron en distintas asambleas gremiales imponerla. Los peligros de burocratización, la intromisión estatal en los asuntos de los sindicatos y los riesgos de sanción por las actividades huelguísticas, que incluían la posibilidad de perder el reconocimiento legal al punto de su proscripción, quedaron relegados. Aunque momentáneamente tales esfuerzos no prosperaron, sin embargo, impusieron como estrategia el reconocimiento estatal en abierta clave legal.

Nos parece importante remarcar que el sindicalismo revolucionario argentino formó parte de una corriente organizativa con presencia a nivel internacional. En el devenir de las distintas organizaciones sindicalistas en sus respectivos marcos nacionales afrontaron algunos desafíos similares. En el periodo que nos convoca la década de 1920 fue notable el avance del intervencionismo estatal en la regulación de las relaciones laborales.
Tendencia que actuaba en regímenes políticos diversos desde la Italia fascista a las variantes democrático-liberales como los gobiernos del Partido Radical argentino. Las interacciones entre Estado y sindicalismo no fueron homogéneas. A modo de ejemplo un caso de caminos divergentes. Por un lado, el fascismo italiano tras una feroz represión asimiló al sindicalismo. En el caso argentino esta corriente obrera jamás simpatizó con el fascismo mientras nunca renegó de la Revolución Rusa a pesar del trato en la URSS al sindicalismo ruso. Para los años correspondientes a la presente investigación soportó episodios represivos mientras avanzaba hacia la progresiva aceptación de la legalidad articulada con la tenaz conservación de la autonomía organizativa frente a los partidos de izquierda. Esto representó un punto de inflexión en la cultura política sindicalista argentina que pasará del rechazo al reconocimiento oficial del Estado a exigirlo abiertamente al punto de tensar las bases doctrinales de la corriente. Creemos que avanzar en un marco comparativo de casos nacionales más amplio plantea un auspicioso panorama historiográfico.

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## Los autores

**Alejandro Belkin:** Profesor y doctor en historia, Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador posdoctoral, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Buenos Aires, Argentina. Mail: ambelkin@gmail.com.

**Walter L. Koppmann:** Doctor en Historia (UBA). Magister en Historia (UNSAM). Licenciado y Profesor en Sociología (UBA). Becario postdoctoral en el Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", Universidad de Buenos Aires-CONICET, Argentina. Mail: walter.koppmann@conicet.gov.ar

**Maricel Bertolo:** Licenciada en Ciencia Política (UNR) y Doctora en Historia (UBA). Directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Historia de las Mujeres y de Género (UNR). Rosario, Argentina. Mail: maricelbertolo@hotmail.com.ar

**Pablo Volkind:** Profesor y Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina. Mail: pvolkind@gmail.com.

**Cristian Aquino:** Profesor en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magister en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Buenos Aires, Argentina. Mail: ceaquino@gmail.com.
Con una marcada fraseología revolucionaria y obrerista de tintes libertarios, los primeros sindicalistas revolucionarios de Argentina provinieron del seno del Partido Socialista dirigido por Juan B. Justo, dentro del cual habían impugnado su creciente orientación electoralista y parlamentarista, bajo la influencia de las nuevas ideas que comenzaban a ganar terreno en el movimiento obrero francés e italiano. A comienzos del siglo XX, las intensas luchas sociales de Argentina catalizaron este proceso de diferenciación política, en el contexto de las primeras huelgas generales y las confrontaciones directas con el Estado y la clase dominante. Durante los años sucesivos, el sindicalismo revolucionario se desplegó como una corriente dinámica y dúctil dentro de un movimiento obrero de formación reciente, heterogéneo y con una alta fragmentación étnica.

El libro que aquí presentamos continúa y avanza sobre las indagaciones realizadas en el último período, aportando un conjunto de trabajos originales que examinan aspectos poco relevados sobre la corriente sindicalista revolucionaria criolla durante el período anterior al primer gobierno de Hipólito Yrigoyen (1916-1922), el mandato propiamente dicho y el momento posterior, ya bajo la presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922-1928). A partir de un cuidadoso trabajo de relevamiento sobre fuentes primarias, los capítulos indagan aspectos tales como: la formación política sindicalista previa a 1916; la militancia y organización en la industria maderera; la activación del sindicalismo revolucionario entre los trabajadores rurales; la vinculación del sindicalismo con el mundo del trabajo femenino; los posicionamientos y luchas dentro de la corriente en torno al proyecto estatal de personería jurídica para los sindicatos.

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