# Derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia

Tania Giovanna Vivas Barrera (Ed.) • Efrén Chávez Hernández • Jaime Cubides Cárdenas

André S. Dizdarevic • Iván Mauricio Gaitán Gómez • Rosa Elizabeth Guío Camargo

Alfonso Jaime Martínez Lazcano • Bernardo Pérez Salazar • Maguemati Wabgou

PÚBLICO 9
ALFONSO JAIME MARTÍNEZ LAZCANO. Abogado; investigador nacional nivel 1 del Conacyt; doctor en Derecho Público, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas y profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Director de la Revista Jurídica Primera Instancia y presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional, de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional y de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional. alfonso.martinez@unach.com

BERNARDO PÉREZ SALAZAR. Investigador docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia; miembro del grupo de investigación Criminalidad y Conflicto", en la línea Transformaciones del Poder Punitivo, vinculado al Centro de Investigaciones Sociojurídicas (Cisjuc) de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Docente de la cátedra de Conflicto y Posconflicto. Comunicador social de la Universidad del Valle; MA en Planificación del Desarrollo Regional del Institute of Social Sciences, La Haya (Países Bajos). bperezs@ucatolica.edu.co

MAGUEMATI WABGOU. Profesor del Departamento de Ciencias Políticas, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Integrante del Grupo de Estudios Afrocolombianos (GEA-CES); responsable del grupo Migraciones y Desplazamientos, UNIJUS. mwabgou@unal.edu.co o maguew1@gmail.com.

TANIA GIOVANNA VIVAS BARRERA. Abogada y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Derecho Público de la Universidad de Lyon 3 Jean Moulin, (Francia). Doctoranda en Derecho Público en la Universidad de Pau, Aquitania (Francia). Profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. tgvivas@ucatolica.edu.co.

EFRÉN CHÁVEZ HERNÁNDEZ. Académico de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y profesor de Derecho Comparado de la Facultad de Derecho, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). efren.chavez@unam.mx.

JAIME CUBIDES CÁRDENAS. Abogado, Universidad Autónoma de Colombia; especialista en Derecho Público de la misma Universidad; especialista y magíster en Docencia e Investigación con énfasis en Ciencias Jurídicas, de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Derecho de la misma Universidad; doctorando en Derecho en la línea de investigación de Derecho Constitucional, de la Universidad de Buenos Aires. Profesor e investigador de la Universidad Católica de Colombia. jacubides@ucatolica.edu.co

ANDRÉ S. DIZDAREVIC. Doctor en derecho internacional. Profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Sarajevo hasta 1992. Director del Institut des Droits de l'Homme de Lyon - IDHL de la Universidad Católica de Lyon (Francia).

IVÁN MAURICIO GAITÁN GÓMEZ. Polítólogo; magíster en Estudios Latinoamericanos; especialista en Seguridad, Defensa y Conflictos Armados. Egresado de la National Defense University (NDU), Center for Hemispheric Studies of Defense. Exfuncionario de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA); profesor de la Universidad Católica de Colombia y de otras universidades.

ROSA ELIZABETH GUÍO CAMARGO. Abogada; especialista en Derecho Administrativo; magíster en Derecho y candidata al Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia; becaria de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora en comisión de estudios de la Universidad Católica de Colombia.
Tania Giovanna Vivas Barrera (Ed.) • Efrén Chávez Hernández • Jaime Cubides Cárdenas
André S. Dizdarevic • Iván Mauricio Gaitán Gómez • Rosa Elizabeth Guío Camargo
Alfonso Jaime Martínez Lazcano • Bernardo Pérez Salazar • Maguemati Wabgou

Derechos humanos,
paz y posconflicto en Colombia

E

PÚBLICO 9

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

UNIVERSIDAD CATÓLICA
de Colombia

Vigilada Mineducación
Chávez Hernández, Efrén

Derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia / Efrén Chávez Hernández y otros ocho;

Tania Giovanna Vivas Barrera, editora.—Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2016

198 páginas; 17x 24 cm.—(Colección Jus público; no. 9)

ISBN: 978-958-8934-25-9 (digital)

ISBN: 978-958-8934-24-2 (impreso)

I. Título II. Serie III. Cubides Cárdenas, Jaime, IV. Dizdarevic, André S. V. Gaitán

Gómez, Iván Mauricio VI. Guío Camargo, Rosa Elizabeth VII. Martínez Lazcano, Alfonso Jaime VIII.

Pérez Salazar, Bernardo XI. Vivas Barrera, Tania Giovanna X. Wagbou, Maguemati

1. Derechos Humanos-Colombia 2. Paz-Colombia

Dewey 322. SCDD ed. 21

## Proceso de arbitraje

1er concepto

Evaluación: 8 de julio de 2016

2do concepto

Evaluación: 15 de julio de 2016

© Universidad Católica de Colombia

© Tania Giovanna Vivas Barrera (Ed.)
Efrén Chávez Hernández
Jaime Cubides Cárdenas
André S. Dizdarevic
Iván Mauricio Gaitán Gómez
Rosa Elizabeth Guío Camargo
Alfonso Jaime Martínez Lazcano
Bernardo Pérez Salazar
Maguemati Wagbou

Primera edición, Bogotá, D. C.

Octubre de 2016

## Dirección Editorial

Stella Valbuena García

## Coordinación Editorial

María Paula Godoy Casasbuenas

## Corrección de estilo

María José Díaz Granados

## Diseño de colección

Juanita Isaza

## Diagramación

Andrés Mauricio Enciso Betancourt

## Publicación digital

Hipertexto Ltda.
www.hipertexto.com.co
Bogotá, D. C., Colombia

## Impresión

Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.
Bogotá, D. C., Colombia

## Facultad de Derecho

Carrera 13 N° 47-49

Bogotá, D. C.

derecho@ucatolica.edu.co

## Editorial

Universidad Católica de Colombia

Av. Caracas 46-72 piso 5

Bogotá, D. C.

editorial@ucatolica.edu.co

www.ucatolica.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso previo del editor.

Hecho el depósito legal

© Derechos reservados
Todo tiene su tiempo,
y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora:
tiempo de nacer, tiempo de morir,
tiempo de matar, tiempo de curar,
tiempo de destruir y tiempo de edificar;
tiempo de hacer duelo y tiempo de edificar;
tiempo de callar y tiempo de hablar;
tiempo de guerra y tiempo de paz.

Del Eclesiastés
SOBRE LA SITUACIÓN DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

Tania Giovanna Vivas Barrera

Bernardo Pérez Salazar

Los delitos contra la vida, la libertad personal y la libertad sexual de las mujeres en el conflicto armado colombiano han sido objeto de denuncia y seguimiento por órganos intergubernamentales, agencias internacionales, las propias ramas del poder público en Colombia, organizaciones no gubernamentales (ONG), entre otras. Ciertamente, el número de víctimas por razón de sexo es usualmente reportado en los informes institucionales, debido en parte al incremento en el número de denuncias sobre violaciones tales como homicidios y ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado y desaparición forzada. Sin embargo, en el conflicto armado colombiano, hechos como la violación y la esclavitud sexual, coacción a la prostitución, embarazo, aborto y esterilización forzados siguen siendo modaldades graves de violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) contra las mujeres que permanecen invisibles. Demostrar cómo se han invisibilizado diferentes formas de delitos contra las mujeres, por su condición de género en el conflicto armado colombiano, es el propósito del presente capítulo.
Desde el inicio, cabe anotar que en los informes sobre la situación de violencia contra las mujeres en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2009) evidencia que “la violencia ejercida por todos los actores del conflicto interno sigue causando un impacto diferenciado y agravando la discriminación histórica que las mujeres colombianas han vivido”²⁵. La discriminación es la norma en el juego de la desigualdad; comúnmente, este se disputa en un terreno inclinado en el que quienes enfrentan la pendiente en su contra ven reducidas sus posibilidades de éxito en el juego de la vida. Si bien la discriminación no elimina fisicamente a nadie, sí cercena las oportunidades de lograr resultados distintos a la derrota.

<figure><img src="image_2.png" /><figcaption>Figura 1. La discriminación: norma básica en el juego de la desigualdad</figcaption></figure>

Ilustración Alejandro Ospina

Tomado de: García Villegas, Espinosa, Jiménez y Parra (2013, p. 11).

25 Entre los indicadores que permiten hacer seguimiento a la persistencia de la discriminación histórica de las mujeres se encuentra el reporte del *Gender Gap Index* (Índice Global de la Brecha de Género) elaborado por el Foro Económico Mundial. Pese a no incluir dentro de sus criterios la valoración de violaciones de derechos humanos, en su edición más reciente este reporte señala que en relación con la eliminación de la brecha salarial entre sexos, la protección en salud, niveles de supervivencia, de acceso a la educación y participación en política, Colombia descendió del puesto 35 en 2013 al 53 en 2014 (Foro Económico Mundial, 2015). Desde una óptica temporal, la evolución regional de 2006 a 2014 del índice indica la que la menor disminución absoluta en la brecha de género se observó en América Latina. En ese lapso, Colombia ha retrocedido visiblemente: para el 2006, fecha de la primera medición del *Gender Gap Index*, ocupaba el puesto 22, y como se señaló atrás, en el reporte de 2014 ocupó el puesto 53, probablemente debido a que otros países del mundo han avanzado más rápidamente que el nuestro en disminuir dicha brecha. Al respecto hay que destacar la ausencia de una política eficaz para superar la situación de discriminación sociocultural y política que enfrenta la mujer en Colombia, que releva al 51% de la población a una posición de desventaja e invisibilidad.
Esta metáfora fue propuesta John Roemer (1998), para referirse a

...aquellas condiciones desfavorables que determinan la suerte de ciertas personas, las cuales generalmente están por fuera de su control. Tales condiciones son las “circunstancias” en que se encuentran los genes, los antecedentes familiares, la cultura y, en general, el medio social. En su metáfora, Roemer señala que los jugadores de ambos equipos podrán ser igualmente talentosos y dedicados, pero los que tienen la pendiente a su favor gozan de mejores circunstancias y por eso siempre les quedará más fácil anotar un gol (García Villegas, Espinosa, Jiménez y Parra, 2013, p. 12).

Con ocasión de los diálogos sobre los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, resulta de importancia mayor analizar la situación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de las mujeres en el desarrollo del conflicto armado colombiano. Este capítulo tiene dos propósitos principales. El primero es iluminar la invisibilidad, el subregistro, la pobre respuesta humanitaria y penal gubernamental frente a estos crímenes que afectan a la mujer en el conflicto armado colombiano. El segundo es sistematizar una reflexión sobre la situación de las mujeres en el marco de conflicto armado colombiano, a la luz de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas contra ellas, incluyendo el homicidio, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y los distintos vejámenes en contra la libertad sexual de las mujeres, incluida la violación y esclavitud sexual, la coacción a la prostitución, el embarazo, el aborto y la esterilización forzados.

En relación con estos últimos crímenes de guerra y lesa humanidad, este capítulo también ofrece un balance preliminar de la situación actual de desprotección y desconocimiento de derechos humanos de las mujeres en relación con delitos de violencia sexual perpetrados en el marco del conflicto armado interno en Colombia, particularmente a partir de 2005, cuando se expidió el marco de justicia transicional establecido mediante la Ley 975 de ese año para la desmovilización colectiva de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

## Crímenes de guerra, DIH y protección de la mujer

El homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidas las personas corporales y las mutilaciones; el hecho de causar deliberadamente grandes
sufrimientos o atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos hu-
millantes y degradantes, la prostitución forzada, y los atentados graves contra la
integridad física o la salud mental de la persona protegida figuran entre las vio-
laciones graves que se consideran “crímenes de guerra”, desde los Tribunales de
Núremberg y Tokio (Sandoval, 2012) y la aprobación del Estatuto de la Comisión
de Derecho Internacional de las Naciones Unidas de 1950 (ONU, 1947).

En el caso colombiano, la protección de la población civil no combatiente y en especial de mujeres, y de niños, niñas y adolescentes (NNA), en el marco del conflicto armado interno está amparada por el denominado bloque de constitucionalidad, referido en la sentencia de la Corte Constitucional C-225 de 1995, en la cual se declara exequible la Ley 171 de 1994, que aprueba el Protocolo II de Ginebra. La aprobación de este protocolo se instauró luego de un largo y tortuoso debate, por cuanto este sustituyó la noción “absoluta” de soberanía según la cual la defensa de la soberanía estatal no conoce límites (Princips Legibus solutus est), por una concepción de soberanía “relativa”, en la cual los derechos de las personas se constituyen en los límites de los medios a disposición del gobernante que defiende la soberanía del Estado. Así, el Protocolo II se convirtió en uno de los referentes principales del mencionado bloque de constitucionalidad y, considerentemente, en un marco obligado para analizar los efectos, las implicaciones y las responsabilidades de los actores armados en la vulneración de derechos, y la participación de mujeres y NNA en el marco del conflicto armado colombiano.

Entre las garantías que ofrece el DIH para la protección de la población civil no combatiente en conflictos no internacionales, especialmente mujeres y NNA, se encuentran:

* La designación de zonas para la protección de mujeres en gestación, madres de niños menores de siete años y NNA menores de quince años, entre otros grupos poblacionales vulnerables, contra los efectos de la guerra.

* Garantizar el libre paso de víveres, ropa y medicamentos a población civil no combatiente y la aplicación de medidas preferenciales en favor de mujeres gestantes, madres de niños menores de siete años, y NNA menores de quince años en lo que respecta al acceso a atención y distribución de ayuda humanitaria.

* Protección a la población no combatiente y especialmente a mujeres y NNA contra cualquier forma de abuso o explotación sexual.
Como se verá en las siguientes secciones, al confrontar con el anterior listado de medidas que las partes en conflicto deben observar para garantizar la protección de población civil no combatiente y en particular a NNA y mujeres en el marco del conflicto armado interno como el colombiano, con facilidad se identifican numerosas infracciones contra esta población, particularmente en el periodo comprendido entre 1996 y 2005, que la Comisión Nacional de Memoria Histórica ha señalado como la más cruenta de las cinco décadas de conflicto armado en Colombia (CNMH, 2013).

Reiteradamente, se registra la práctica de confinar a comunidades en zonas en disputa entre Fuerzas Militares y grupos armados al margen de la ley, restringiendo o francamente impidiendo el ingreso de víveres indispensables para la subsistencia de los hogares, la distribución de los envíos de ayuda humanitaria, así como la realización de operaciones de atención a emergencias con carácter humanitario. Las mujeres gestantes, las madres y los NNA menores de siete años con frecuencia presentan problemas de nutrición, de acceso a asistencia médica y a protección contra los efectos de la guerra, particularmente en comunidades sometidas a confinamiento, desplazamiento forzado, al igual que en áreas de cultivos ilícitos sometidas a programas de aspersión aérea con herbicidas de amplio espectro en cumplimiento de campañas antinarcóticos.

Así mismo, hay un notable subregistro de denuncias de abusos y de violaciones sexuales de NNA, lo cual es indicio de que no hay ni siquiera garantías para la denuncia de los hechos y mucho menos para la protección y prevención de estos en las áreas de operaciones de las partes en conflicto. Para Amnistía Internacional, la ausencia de información precisa sobre el número de víctimas se debe esencialmente a la falta de una base de datos única (2012, p. 21), lo que finalmente potencia la impunidad, universalmente conocida en estos crímenes (p. 14).

La violencia sexual contra la mujer ya ha sido calificada por ONG nacionales e internacionales, según el reporte de ABColombia, Corporación Sisma Mujer y The US Office - Colombia (USOC) como una práctica sistemática, habitual y generalizada en el conflicto armado colombiano (2013, p. 7). Tal categorización se basa en la calificación de estos hechos por la Corte Constitucional de Colombia a través del Auto 092 de 2008. Los crímenes sexuales contra la mujer en Colombia —como ocurre en casi la totalidad de los conflictos armados internos— son invisibles, y esta situación responde al mismo criterio social y judicial; aun cuando
la mujer sea infractora de la ley, la invisibilidad ante los sistemas judiciales en América Latina permanece sea cual sea su posición, tanto víctima como víctima- ria (Casas, 2010, p. 65).

Finalmente, el temor al reclutamiento forzado de menores, especialmente de sexo femenino, por parte de los grupos armados al margen de la ley, para la rea- lización de tareas domésticas y la esclavización sexual, es una de las principales razones aducidas por los hogares que se desplazan forzosamente y abandonan sus pertenencias para evitar perder a sus hijos e hijas adolescentes.

## Homicidio y ejecuciones sumarias en el marco del conflicto armado interno

Según el Secretariado de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo (2015), 104 países del mundo actualmente ofrecen acceso a informa- ción desagregada por sexo sobre muertes violentas, lo que representa aproxima- damente el 50% de los Estados del globo. Como se observa en la figura 2, no hay disponibles estadísticas desagregadas sobre este tema en la mayoría de los países de África y el sur de Asia. Entre los países donde sí se cuenta con estos registros, las tasas más altas (más de 6 víctimas por 100.000 habitantes para el pe- riodo 2007-2012) se observan en la Federación Rusa, África del Sur, Guatemala, Honduras y Guyana. Con tasas altas (entre 3,0 y 5,9 víctimas por 100.000 habi- tantes) se encuentran la mayoría de los países de Europa Oriental y Kazakstán, al igual que México, Colombia, Venezuela y Brasil. En un nivel medio (entre 2,0 y 2,9 víctimas por 100.000 habitantes) se encuentran países como Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y Tailandia. A un nivel más bajo (entre 1,0 y 1,9 víctimas por 100.000 habitantes) se observan países como Estados Unidos de América, Finlandia, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Los Balcanes, Arabia Saudita, India y Asia Central. Finalmente, los países con tasas más bajas (menos de 1 víctimas por 100.000 habitantes) se encuentran Canadá, Europa Occidental, Turquía, Argelia, Yemen, Japón y Oceanía.
<figure><img src="image_3.png" /><figcaption>Figura 2. Homicidios femeninos: tasas-país por 100.000 mujeres, 2007-2012*</figcaption></figure>

Fuente: Secretariado de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo (GBAV) (2015).

Con base en fuentes locales, algunas de las cuales no son oficiales, el mismo Secretariado de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, relaciona información sobre las tasas de homicidios femeninos asociados a conflictos armados calculadas para el periodo 2007-2012 para una selección de país, tal como se aprecia en la figura 3.

Como se observa, las tasas de homicidios femeninos asociados a conflictos armados son visiblemente altas en los países que durante el periodo 2007-2012 experimentaron conflictos armados, y son extremadamente altas en el caso de conflictos en los cuales la población civil se encuentra expuesta directamente al conflicto armado, como sucedió, por ejemplo, en países como Libia, Somalia, Irak y Afganistán.

Para el caso particular de Colombia, según la Oficina de Coordinación Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA, 2015d, p. 26), pese al conflicto armado que vive el país, la violencia homicida está asociada a una interrelación compleja entre criminalidad organizada y grupos armados no estatales,

<footnote>* Las tasas de homicidios suministradas por esta fuente están calculadas sobre la base del subtotal de la población de sexo femenino durante el periodo.</footnote>
<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Figura 3. Homicidios de mujeres asociados a conflictos armados.
Tasas-país seleccionadas por 100.000 habitantes 2007-2012*</figcaption></figure>

enganchados en una competencia violenta por el control de economías y rentas ilegales. Según esta fuente, “aunque las causas de los homicidios son múltiples y no necesariamente están asociadas con el conflicto armado, los departamentos con mayores tasas de homicidios por cien mil habitantes están también entre los más afectados por el conflicto armado (Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Arauca, Chocó, Guaviare, Meta)” (p. 25).

La medición de homicidios y ejecuciones extrajudiciales en el escenario del conflicto interno armado colombiano enfrenta múltiples dificultades: los actores armados, tanto legales como ilegales, aprovechan el contexto de violencia generalizada para ocultar sus acciones y confundirlas con hechos violentos perpetrados por otros. Con frecuencia se recurre a prácticas como el homicidio selectivo

<footnote>* A diferencia de la figura 2, en esta figura las tasas representadas están calculadas sobre el total de la población y no únicamente sobre el subtotal de la población de sexo femenino. Fuente: elaboración propia con base en Secretariado de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo (GBAV) (2015). Las fuentes específicas citadas para estos países son: Colombia - CERAC, IISS, INMLCF; Paquistán - SATP, PIPS; Sudán, Ploughshares, ACLED, IISS; Yemen, IISS, Ploughshares; Sudán del Sur, IISS; Territorios palestinos, B'T Selem; Afganistán, UCDP; Irak, Ministry of Human Rights, Iraq Body Count; Siria, Syria Shuhada, Syrian Network for Human Rights, The Violation Documentation Center in Syria; Somalia, IISS, Elman Peace; Libia, Geneva Declaration Secretariat (documento no publicado).</footnote>
o la ejecución sumaria y las desapariciones forzadas, con el propósito principal de hacer más difícil el esclarecimiento del crimen o de enturbiar la resonancia de algún crimen en particular entre la multitud de hechos atroces. Desde una perspectiva judicial, la imposición del silencio a las víctimas y a los testigos por parte de los victimarios impide la denuncia, obstaculiza la investigación judicial y agrava la brecha entre lo ocurrido y lo conocido. Algunos estudios afirman que en el caso colombiano es posible que hasta tres de cada cuatro homicidios en el marco del conflicto armado hayan quedado por fuera de las estadísticas<fnref n="26" /> (CNMH, 2013, p. 33).

Como lo señalan las y los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica, no son menores las dificultades que enfrenta el propósito de establecer las dimensiones reales de la violencia producida por el conflicto armado en Colombia, y más aún en el caso de las mujeres. La resistencia oficial para reconocer la magnitud de la tragedia humanitaria que desencadenó el conflicto armado en Colombia condujo a una recolección y un procesamiento de información tardíos. Adicionalmente, problemas propios de la lógica y la dinámica de la guerra, tales como las mutaciones de los mecanismos de violencia utilizados por los actores armados, su entrecruzamiento y la extensión temporal y geográfica del fenómeno representan obstáculos metodológicos y logísticos formidables para la captura, el registro y la clasificación de los datos y la producción de información consistente y completa. Todo lo anterior incide para que gran parte de lo ocurrido no sea conocido o, en otras palabras, para que haya un subregistro estadístico sistemático de los hechos violentos asociados al conflicto armado colombiano. También refleja la eficacia de las estrategias de invisibilización y ocultamiento de delitos que han desplegado los actores armados.

Esta circunstancia ha llevado a que en el caso de las mujeres, haya enormes variaciones en los datos sobre muertes violentas asociadas al conflicto armado. Según el informe sobre la situación de las mujeres en Colombia en 2006, de la relatoría sobre los derechos de la mujer, luego de la visita *in loco* de la Comisión Interamericana en 2005, entre el 2003 y el 2006 se registraron 65.864 personas

<footnote n="26">26 Por ejemplo, las confesiones de los paramilitares en las versiones libres ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación contabilizaban 25.757 homicidios hasta el 1 de diciembre del 2012, lo que supera las cifras documentadas hasta ese momento. Tales confesiones ponen en evidencia el subregistro, más aún si se tiene en cuenta que muchos homicidios y otros delitos aún no han sido confesados por sus autores.</footnote>
víctimas de homicidio, de las cuales 5.395 fueron mujeres, indicando igualmente que solo 274 fueron perpetrados por grupos armados al margen de la ley (CIDH, 2006).

Por otra parte, para ONU Mujeres, hasta 2014 la cifra de víctimas de homi-
cidios en mujeres en el marco del conflicto armado sería del orden de 400.000
(ONU Mujeres Colombia, 2015). Aunque el reporte no informa sobre la fuente
que soporta este dato, su exuberante magnitud puede deberse a que se refiere
al número de víctimas afectadas por homicidios, tanto directas como indirectas
(sobrevivientes).

Por otro lado, según el estudio sobre *Mujeres, conflicto armado y justicia*, realizado por Dejusticia (Guzmán y Prieto, 2013), entre 2008 y 2011 la diferencia de informes de las entidades oficiales es palpable:

Los informes *Forensis*, del INML registran un total de 4.637 víctimas de homi-
dio en el marco de la violencia sociopolítica. De este total, 421 eran mujeres (9%),
4.202 eran hombres (91%); a la vez, de acuerdo con la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) entre los años 2008 y 2012 habrían sido
asesinadas 155.801 personas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. De
estas, 13.086 eran mujeres (8%) y 142.712 eran hombres (92%). De ser así, habría
una diferencia del orden de 150.000 en los homicidios registrados en el contexto del
conflicto armado colombiano para el periodo comprendido entre 2008 y 2011 (p. 41).

Sisma Mujer (2014), por su parte, basada en reportes de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV), señala que 59,5% de las víctimas totales del conflicto armado son mujeres, incluyendo en el dato total crímenes como el desplazamiento y la desaparición forzada, el secuestro, los accidentes con minas antipersonal y municiones abandonadas, el reclutamiento forzado por grupos armados al margen de la ley, hechos de violencia sexual y homicidio; en relación con estos últimos, reporta que el 46% de los casos son mujeres (Sisma Mujer, 2014).

Frente a estas notorias dificultades y deficiencias, en la actualidad una fuente
principal de información sobre víctimas del conflicto armado en Colombia es
la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de las Víctimas
(RNI), creada por el artículo 153 de la Ley 1448 del 2011, como un mecanismo
para garantizar la atención y la reparación efectiva de las víctimas.
La RNI reúne información reportada por víctimas del conflicto armado incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) sobre las violaciones de derechos. Con base esta fuente, se busca identificar y diagnosticar las circunstancias que ocasionaron y ocasionan daño a las víctimas reconocidas en la Ley 397 de 1997 (desplazamiento forzado), la Ley 418 de 1997 (convivencia y justicia), el Decreto 1290 de 2008 (reparación individual), la Ley 1448 de 2011 (víctimas y restitución de tierras) y las sentencias proferidas en el marco de la Ley 975 de 2005 (justicia y paz); además, agrega y contrasta datos de fuentes oficiales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación, el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonal, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento para la Prosperidad Social, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondelibertad y Unidad de Protección, observando en todos los casos su adecuación al artículo 3 de la Ley 1448 de 2011. Las bitácoras del conflicto armado de las organizaciones de derechos humanos son usadas en el proceso de valoración de las declaraciones de las víctimas, pero no constituyen fuente para alimentar el RNI. Todas las cifras suministradas por el RNI están sujetas a variación por el proceso de normalización y estandarización derivado de su implementación.

Dada la disparidad y gran variedad de fuentes, con el ánimo de aportar al proceso de clarificación de la magnitud de la afectación de los homicidios ocurridos con ocasión del conflicto armado sobre las mujeres, aquí se analizan y grafican los datos actualizados a noviembre de 2015 disponibles en el RNI sobre datos de homicidios declarados por víctimas registradas en el RUV de la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV).

Según esa fuente, en el periodo de 1995 a 2014, la sumatoria de los datos disponibles arroja un total de 669.493 homicidios registrados. Lo notable de los datos es que diferencia las víctimas directas e indirectas (figura 4).

La información anterior permite ofrecer un estimativo del número de víctimas del conflicto armado interno afectadas directamente por homicidios en el periodo 1995-2014, que asciende a 170.581 personas; y como víctimas afectadas indirectamente (sobrevivientes), a 489.912 personas. Así se confirma la magnitud del impacto de la violencia homicida sobre la población victimizada por el
conflicto interno armado. Queda pendiente establecer puntualmente si estos datos del RNI, que solo incluyen las denuncias de las víctimas, han sido contrastados con otros registros de información institucional.

Infortunadamente, la consulta realizada a la RNI en el marco de esta inves-
tigación no arroja datos desagregados por el sexo de las víctimas afectadas por
homicidios, de manera directa e indirecta. No obstante, algunas de las fuentes
citadas atrás estiman que aproximadamente el 8% de la víctimas directas de la
violencia homicida eran mujeres (Guzmán y Prieto, 2013, p. 41); eso significaría
que del total de 170.581 víctimas del conflicto armado directamente afectadas
por violencia homicida en Colombia entre 1995 y 2014, cerca de 13.700 serían
mujeres. Asimismo, con base en el estimativo de Sisma Mujer (2014), que seña-
la que el 46% de las víctimas del conflicto armado afectadas por el homicidio
serían mujeres, se infiere que del total de 669.493 víctimas del conflicto armado
afectadas por la violencia en el lapso referido, cerca de 308.000 serían mujeres.
Restando a esa cifra las 13.700 que serían víctimas directas de la violencia homi-
cida, se infiere una cifra de víctimas del conflicto armado afectadas indirectamen-
te por el homicidio del orden de 295.000 durante el lapso referido.

Aunque la magnitud de los homicidios femeninos asociados al conflicto ar-
mado es menor frente al número de homicidios masculinos, no sucede lo mismo
con el impacto de la muerte de esposos, padres e hijos en las vidas de las mujeres
y las niñas; esta dimensión de la violencia homicida permite apreciar la magnitud
del daño causado por este fenómeno, fuente de connoción al trasladar las cargas
sociales, familiares y económicas a la mujer, ahora líder y cabeza de familia.

Desplazamiento forzado

En el 2015, según el Índice Mundial de Desplazamiento Interno realizado por el
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC) del Consejo Noruego
para Refugiados, Colombia, con más de 6 millones de víctimas contabilizadas
entre 1995 y 2014, ocupa el segundo lugar en el mundo como país con mayor
número de desplazados internos por causa de la violencia; la deshonrosa lista es
encabezada por Siria con cerca 7.600.000 personas en situación de desplazamien-
to forzado. En tercer lugar se encuentra Irak, con aproximadamente 3.400.000
víctimas de este flagelo (figura 5).
<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Figura 4. Colombia: víctimas del conflicto armado afectadas directa e indirectamente por homicidios. Acumulado anual 1995-2014</figcaption></figure>

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas (2015).
<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Figura 5. Registros por país de población en situación de desplazamiento forzado, 2014</figcaption></figure>

NRC NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL

iDMC
International Development and Microfinance Council

The boundaries and names shown and the designations
do not imply official endorsement or acceptance by iDMC.

Fuente: tomado de Consejo Noruego para Refugiados (2015).

Como se aprecia en la figura 6, entre los diez países con mayor población acu-
mulada de personas en situación de desplazamiento forzado, que en su conjunto
aportan cerca del 80% de la población mundial que se encuentra en esta situa-
ción, figuran Siria, Colombia, Irak, Sudán, República Democrática del Congo,
Pakistán, Sudán del Sur, Somalia, Nigeria y Turquía. Como se señaló atrás, todos
son países afectados con conflictos armados que involucran potencias extranjeras
e historia de dominación colonial europea. En el hemisferio occidental, Colombia
es el único país que figura en la lista de los diez países con mayor población en
situación de desplazamiento forzado.

A continuación, algunas consideraciones adicionales necesarias para comprender el impacto del desplazamiento forzado en la vulneración de derechos humanos de mujeres colombianas víctimas del conflicto armado.

Según un estudio realizado por Dejusticia, “las cifras sobre desplazamiento forzado son tal vez las más accesibles. Esto se explica por la fuerte movilización social de esta población, pero también porque es un fenómeno más visible en la
<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Figura 6. Diez países con mayor población acumulada de personas en situación de desplazamiento forzado</figcaption></figure>

Fuente: tomado de Consejo Noruego para Refugiados (2015).

cotidianidad y difícil de ignorar por parte de las entidades estatales” (Guzmán y Prieto, 2013, p. 34). Y aunque no se adolece de carencia de registros desagregados por sexo, sí se observan incongruencias en las cifras divulgadas por las instituciones responsables de atender a las víctimas de este flagelo.

Según el informe de la situación humanitaria en Colombia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, 2015a), cerca del 50% de las víctimas de desplazamiento forzado por causa del conflicto armado en Colombia son niños, niñas y adolescentes. Además, históricamente el impacto del desplazamiento forzado en el sexo femenino ha sido mayor que en el masculino; desde 2011 a 2014 los registros de personas afectadas por el desplazamiento forzado de sexo femenino superan el 50% de los casos (figura 7)<fnref n="27" />.

<footnote n="27">27 Los datos desagregados por sexo del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) e Internal Displacement Monitoring Centre (IDCM) confirman que el desplazamiento forzado afecta más intensamente a mujeres que a hombres, dado que las mujeres y los niños son los primeros en ser desplazados; los hombres generalmente permanecen en el lugar de origen ya sea como combatientes, para proteger sus bienes y activos de su familia, situación que explica a su vez el alto índice de homicidios en hombres (NCR-IDCM, 2015, p. 65).</footnote>
<caption>Figura 7. Colombia: víctimas en personas en situación de desplazamiento forzado consideradas por género, 2011-2014</caption>

Expulsión (2014)

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

PD: Persona desplazada

Source: DPS/Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) by year of expulsion. Cutoff date: 31

December, 2014 report date: 01 August, 2015.

Rate per 100.000 inhabitants.

Fuente: OCHA (2015a).

Por su parte, el informe entregado en abril de 2015 por la Defensoría del Pueblo, que recoge a su vez la información registrada por la UARIV consolidada a 1 de febrero de 2015, señala que a esa fecha había reconocidas 6.039.515 personas como desplazadas por la violencia desde el 1995 en adelante; de estas, 3.084.954 son de sexo femenino, es decir, el 51% de la población registrada (Defensoría del Pueblo, 2015)<fnref n="28" />.

En el periodo de 2005 a 2011, de acuerdo con el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) manejado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), hubo un total de 1.626.350 personas desplazadas, de las cuales 842.288 son de sexo femenino (51,8%) y 784.062 son de sexo masculino (48,2%). Por otra parte, de acuerdo con el Sistema Institucional de Información sobre Desplazamiento, Conflicto Armado y Derechos Humanos (Sisdhes), de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), una de las ONG nacionales más serias en materia de desplazamiento forzado, entre 2005 y 2011 la población desplazada ascendió a 2.320.636. De ese total, 1.203.625 eran de sexo femenino

<footnote n="28">28 De acuerdo con los datos dispuestos en el sitio web de ONU Mujeres, entre 1995 y 2011, la violencia en el conflicto armado generó el desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres (cerca de 6% de la población total del país y el 51% del total de personas desplazadas) (ONU Mujeres, 2015). Por su parte, SISMA Mujer, en 2014, señaló que las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes desplazados forzadamente a causa del conflicto armado representan el 64% de víctimas de la población desplazada (SISMA Mujer, 2014).</footnote>
(51,9% del total) y 1.117.011 eran de sexo masculino (48,1% del total de desplazados) (Guzmán y Prieto, 2013, pp. 34-35). Finalmente, según la UARIV, en el periodo 2005 a 2012 hubo un total de 2.892.317 personas desplazadas. De estas, 1.492.334 son de sexo femenino (lo cual corresponde al 51,6% del total de la población desplazada) y 1.399.939 son de sexo masculino (48,4% de la población desplazada). Es decir, de acuerdo con estas fuentes, es probable que la magnitud de la población desplazada desde mediados de la década anterior en nuestro país se encuentre en el rango de entre dos y tres millones de personas, y no entre uno y dos millones como lo sugiere el RUPD.

Aceptando ese rango, es probable que el estimado de personas en situación de desplazamiento de sexo femenino en el periodo en consideración se encuentre en el orden de entre más de un millón y de un millón y medio de niñas, adolescentes y mujeres.

En cuanto a los principales actores generadores de desplazamiento forzado, es preciso reiterar las dificultades para su identificación precisa. Así, de acuerdo con los registros de la UARIV, en el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y diciembre de 2014, las víctimas de desplazamiento forzado asociado al conflicto armado manifestaron no tener suficiente información sobre la identidad de los responsables de estos eventos muchos de los casos. En 27% de los eventos reportados, el desplazamiento forzado se atribuye a enfrentamientos entre grupos insurgentes (FARC-EP; ELN), grupos armados posdesmovilizados (GAPD) y Fuerzas Militares. En 46% de estos, la responsabilidad se atribuye exclusivamente a grupos guerrilleros, y en 18% a organizaciones criminales denominadas Bacrim. Finalmente, en el referido periodo, 1% de los eventos de desplazamiento forzado se atribuyó a “autodefensas o paramilitares”.

Por su parte, según el registro de OCHA sobre eventos de desplazamiento masivo en el marco del conflicto armado ocurridos en el mismo lapso (noviembre de 2012 a diciembre de 2014), de los cuales fueron víctimas principales poblaciones indígenas (39%) y afrocolombianas (34%), los reportes de situación humanitaria señalan como responsables de estos a enfrentamientos entre Fuerzas Militares y FARC-EP en 34% de los casos; a enfrentamientos entre grupos insurgentes (FARC-EP; ELN), grupos armados posdesmovilizados (GAPD) y Fuerzas Militares, en 21% de los casos; a enfrentamientos entre ELN y GAPD en 8% de los eventos; a GAPD en el 20% de los casos; y finalmente a las FARC en 16% de los casos. El 50% de las víctimas de
estos eventos de desplazamiento masivo eran niños, niñas y adolescentes, y del total de población desplazada la mayoría era de sexo femenino (53%) (figura 8).

<figure><img src="image_9.png" /><figcaption>Figura 8. Colombia 2012-2014: generadores y víctimas de eventos de desplazamiento forzado masivo en el marco del conflicto armado interno</figcaption></figure>

Fuentes: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). Red Nacional de Información (RNI). Fecha de corte: 01 de Julio de 2015. Fecha de reporte: 16 de julio de 2015. Desplazamientos masivos OCHA Colombia. *Otros incluye enfrentamientos entre FARC - GAPD - FFMM - ELN

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

Fuente: OCHA (2015d).

Los efectos de la crisis humanitaria padecida por la población en situación de desplazamiento como consecuencia del conflicto armado en Colombia se aprecian con claridad al contrastar los niveles de los principales indicadores de calidad de vida del subgrupo de población desplazada ubicada en zonas urbanas con la de la población urbana del país, en su conjunto. Con base en datos aportados por la Encuesta de Goce Efectivo de Derechos (EGED) realizada por la UARIV en 2013 y 2014, al igual que por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE en 2014, el ejercicio arroja que en 2014 la proporción de hogares en situación de desplazamiento en zonas urbanas que se encuentra bajo la línea de pobreza monetaria es de 64%, en contraste con el 25% de los hogares urbanos del país en su conjunto. La brecha es aún más dramática para el indicador de pobreza extrema: mientras el 33% de los hogares en situación de desplazamiento ubicados en zonas
urbanas se encuentra en esta condición, apenas el 5% de los hogares urbanos clasifica en esta categoría (figura 9).

<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>Figura 9. Brechas de la calidad de vida de los desplazados en Colombia</figcaption></figure>

Fuente: OCHA (2015c)

La seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda es otro indicador que marca diferencias notorias para los hogares en situación de desplazamiento en zonas urbanas. Solo el 39% de los hogares en situación de desplazamiento ubicados en zonas rurales gozan del acceso a vivienda; en contraste, el 85% de los hogares urbanos disfrutan de este derecho, lo que mejora en gran medida su calidad de vida.

Como se ha señalado de manera reiterada, los hogares en situación de desplazamiento con frecuencia quedan en cabeza de una mujer sola, con dependientes y menores de edad a su cargo. Esta situación, sumada al empobrecimiento de estos hogares causado por el desplazamiento forzado, representa una carga desproporcionada para las mujeres y una desventaja difícilmente remontable para los niños, las niñas y los adolescentes que se ven afectados de manera permanente por la precariedad de su situación.
Desaparición forzada

El delito de desaparición forzada es reconocido como un delito de lesa humanidad<fnref n="29" />, que se inicia con la privación de libertad de las personas, encubriendo información o negando dicha privación de libertad, ocultando el paradero de la persona desaparecida, privándola así de recursos y garantías legales. A menudo la desaparición forzada es precedida de actos de tortura y puede derivar en ejecuciones sumarias, por lo cual se tipifica como un delito múltiple y continuado.

Un estudio sobre el fenómeno de la desaparición forzada en Colombia, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Usaid en 2009, remonta su antecedente directo a una práctica que se difundió ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial, dado que su carácter clandestino favorecía una mayor libertad de actuación a sus perpetradores, y la ausencia del *corpus mortis* les aseguraba la impunidad (Oacnudh y Usaid, 2009, p. 11). Su práctica también se hizo común en América Latina durante la década de los setenta bajo los regímenes autoritarios que dominaron los gobiernos de la región en aquel entonces.

Como sucede con los demás delitos asociados a conflictos armados que se analizan en este capítulo, generalmente se observa un subregistro sustancial de la desaparición forzada. La estigmatización comúnmente asociada a las víctimas de desaparición forzada, unida a la desconfianza en las autoridades de policía y judiciales en medio de atmósferas de temor, intimidación y terror, son factores que contribuyen a suprimir las denuncias de casos de desaparición forzada y a su consecuente subregistro.

Este fue el caso Colombia hasta el 2000. Hasta entonces, la mayoría de los casos conocidos en el país eran calificados como delitos de secuestro. Solo a partir de la Ley 589 de 2000 se tipificó la desaparición forzada como un delito autónomo y se dieron los primeros pasos para garantizar la defensa ágil de las víctimas

<footnote n="29">29 En un principio, la situación mundial de la desaparición forzada desde 1980 es seguida y vigilada por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y luego por el Consejo de Derechos Humanos; posteriormente, fue condenada por la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (Resolución A/RES/61/177 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 20 de diciembre de 2006), vigilada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas. A nivel interamericano, el crimen es censurado y condenado a través de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (adoptada el 9 de junio de 1994 y en vigor desde el 28 de marzo de 1996). Más recientemente, ha sido perseguida internacionalmente por la Corte Penal Internacional según el Estatuto de Roma (art. 7. 1. i.) como crimen de lesa humanidad.</footnote>
de este tipo penal y destinar medios para la búsqueda de personas desaparecidas. Por consiguiente, con anterioridad a esa fecha las estadísticas sobre el tema se manejaban de manera discreta por diversas entidades, con notorias disparidades entre las diversas fuentes, tal como se aprecia en la tabla 1.

<table><caption>Tabla 1. Comparativo de datos de personas desaparecidas, por instituciones.</caption><thead><tr><th>Instituciones</th><th>Total de personas desaparecidas</th><th>Periodo</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"><strong>Instituciones gubernamentales</strong></td></tr><tr><td>Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH</td><td>15.904*</td><td>1980-2005</td></tr><tr><td>Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Justicia y Paz</td><td>7.702</td><td>1985-2005</td></tr><tr><td>Vicepresidencia</td><td>4.177</td><td>1997-2005</td></tr><tr><td colspan="3"><strong>Organizaciones no gubernamentales</strong></td></tr><tr><td>Asfaddes</td><td>7.800</td><td>1977-2004</td></tr><tr><td>Cinep</td><td>2.193</td><td>1988-2006</td></tr><tr><td>Comisión Colombiana de Juristas</td><td>3.588</td><td>1996-2004</td></tr><tr><td colspan="3"><strong>Organizaciones internacionales</strong></td></tr><tr><td>CICR</td><td>3.600</td><td>1994-2005</td></tr></tbody></table>

Fuente: Oacnudh y Usaid (2009, p. 17).

Según el mismo informe de OACNUH y Usaid, en nuestro país históricamente la desaparición forzada puede periodizarse en dos etapas. La primera se inicia a principios de los años setenta con la remisión al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en 1973 del primer caso reportado en el país, y se prolonga hasta el inicio de la etapa más violenta del conflicto armado colombiano, a finales de los años noventa (Oacnudh y Usaid, 2009, p. 12). Durante este primer periodo, las desapariciones forzadas son esporádicas y se asocian a la intención de neutralizar la oposición de movimientos políticos contestatarios, ONG y presuntos miembros de la guerrilla. En esta etapa la responsabilidad principal de este delito se atribuye a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, con la colaboración de grupos de autodefensas o paramilitares, que se hace cada vez más visible a medida que avanza este periodo.

<footnote>* Cifra proveniente de la base de datos de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, procesada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.</footnote>
El comienzo de la década del 2000, que marca el inicio del segundo periodo con el acelerado incremento en el número de casos de desaparición forzada, coincide con la aprobación de la referida Ley 589 de 2000, la cual establece mecanismos específicos como una comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas, un mecanismo de búsqueda urgente, un registro nacional de desaparecidos y provisiones para la administración bienes de las personas desaparecidas y secuestradas.

Una característica predominante del fenómeno de la desaparición forzada en este segundo periodo es el cambio en la naturaleza de los perpetradores, repartándose muchos más casos de desapariciones atribuidas directamente a grupos de autodefensas o paramilitares que actúan con el consentimiento de cierros miembros de los cuerpos de seguridad del Estado (Oacnudh y Usaid, 2009, p. 13). La práctica de desaparición forzada durante este segundo periodo, que se extiende hasta el 2009, se caracteriza por su naturaleza sangrienta y deshumanizada<fnref n="30" />. Desde entonces, los nuevos casos de desaparición forzada han disminuido notablemente.

El referido registro de desaparecidos establecido por la Ley 589 de 2000 entró en funcionamiento en 2007, denominado Sistema de Información de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec). Es operado por el Instituto de Medicina Legal y registra tanto denuncias de desaparición de personas como de cadáveres sin identificación. Al respecto, conviene recalcar que se trata de un registro de personas desaparecidas, muchas de las cuales no necesariamente son víctimas de desaparición forzada (Guzmán y Prieto, 2013, p. 39).

En la figura 10 se aprecia la evolución del número total de casos de desapariciones y cadáveres ingresados sin identificación, registrados en Colombia por el Sirdec entre 2000 y 2015, desagregados por sexo de la víctima. Nuevamente conviene resaltar que aquí se encuentran incluidos registros de personas

<footnote n="30">30 Así lo constata el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "Los recientes testimonios de comandantes de grupos paramilitares desmovilizados brindados en el marco de las 'versiones libres' en el marco de la Ley 975, llamada de 'Justicia y Paz', ante la Fiscalía General de la Nación, han puesto de manifiesto una realidad poco conocida que rebasa las más terribles previsiones. Sin ánimo de exhaustividad, hechos aberrantes tales como descuartizamientos, personas crucificadas o quemadas vivas, amputación y mutilación de miembros que antecedieron, acompañaron o siguieron a desapariciones, son tan solo una muestra del grado de ferocidad de estos crímenes en el más absoluto menosprecio hacia el ser humano. [...] Los cuerpos de las personas desaparecidas fueron sepultados en fosas comunes e individuales a lo largo de todo el país, y muchos de ellos arrojados a los ríos, asegurando así la total desaparición —sin cuerpo no hay delito— y perpetuando la impunidad" (Oacnudh y Usaid, 2009, p. 14).</footnote>
desaparecidas, muchas de las cuales no necesariamente son víctimas de desapari-
ción forzada, sino que no hay información acerca de su paradero.

<figure><img src="image_12.png" /><figcaption>Figura 10. Colombia: registro anual de casos de personas desaparecidas y cadáveres ingresados sin identificación, desagregados por sexo
2000-2015</figcaption></figure>

Actualizado a: 2015-11-17 16:33

Fuente: Sirdec - IMLCF (2015).

Hecha esta advertencia, resulta llamativo el incremento continuo en el núme-
ro de casos de personas de sexo femenino registradas como desaparecidas a partir
de 2006, aparejado con la disminución de los casos de personas desaparecidas de
sexo masculino. Hay varios factores que pueden incidir en este comportamiento.
Por una parte, entre 2000 y 2006 había un ambiente desfavorable a la denuncia de
casos de desaparición forzada debido a que este periodo previo a la desmoviliza-
ción colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) coincide con una
de las etapas del conflicto armado con mayor intensidad de violencia sufrida por
la población civil. Otro factor tiene que ver con la puesta en funcionamiento del
Sirdec a partir de 2007, lo cual ha facilitado tanto el registro de denuncias como
la activación de los mecanismos de búsqueda. Aparentemente, uno de los efectos
de su funcionamiento ha sido disminuir el estigma previamente asociado a las
víctimas de desaparición en general. Además, el notable incremento de casos de
desaparición de personas de sexo femenino desde 2006 en adelante sugiere que,
con el tiempo, los casos de mujeres que deciden evadirse de contextos en los
cuales son vulneradas, muchas veces como respuesta a agresiones en su contra, comienzan a visibilizarse en los registros administrativos sobre el tema.

Por otra parte, de acuerdo con información aportada por el Estado colombiano en el marco de sus observaciones al proyecto de informe sobre Colombia realizado por la CIDH en 2013, según el Sirdec, entre 2000 y 2013 en Colombia había un registro total de 87.837 casos de personas desaparecidas, de las cuales 20.342 (23%) serían presuntas víctimas de desapariciones forzadas (CIDH, 2013, p. 72), tal como se refleja en la tabla 2.

<table><caption>Tabla 2. Colombia: registro de clasificación y estado de casos de personas desaparecidas 2000-2013</caption><thead><tr><th rowspan="2">Estado de los casos</th><th colspan="7">Clasificación de la desaparición</th></tr><tr><th>Aparecieron con vida</th><th>%</th><th>Aparecieron muertas</th><th>%</th><th>Continúan desaparecidas</th><th>%</th><th>Total</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reportes de personas desaparecidas sin información sobre su situación</td><td>17.944</td><td>20,4</td><td>2.692</td><td>3,1</td><td>46.853</td><td>53,3</td><td>67.489</td><td>77</td></tr><tr><td>Reportes de personas desaparecidas que se presume fueron forzadas</td><td>387</td><td>0,5</td><td>833</td><td>0,9</td><td>19.122</td><td>21,8</td><td>20.342</td><td>23</td></tr><tr><td>Total</td><td>18.331</td><td>20,9</td><td>3.525</td><td>4</td><td>65.975</td><td>75,1</td><td>87.831</td><td>100</td></tr></tbody></table>

Fuente: CIDH (2013, p. 72); cálculos propios.

Del total de personas registradas como desaparecidas en ese lapso, 18.331 (21%) aparecieron vivas, 3525 (4%) aparecieron muertas y 65.975 (77%) continuaban desaparecidas a la fecha de corte del informe (octubre de 2013). Del total de personas desaparecidas forzadamente de 2000 a 2013, el 94% (19.122 casos) continuaba desaparecidas.

A partir del establecimiento del Registro Único de Víctimas en 2011 y la sistematización de hechos victimizantes reportados por las víctimas incluidas en dicho registro, se dispone de una fuente independiente para contrastar los datos
del Sirdec. De acuerdo con esta nueva fuente, desde 1995 hasta 2014 hay un total acumulado de 111.449 víctimas de desaparición forzada, de las cuales 29.449 serían víctimas directas y 82.000 serían indirectas, es decir, familiares o dependientes de las personas desaparecidas, tal como se aprecia en la figura 11.

La observación de esta serie de datos confirma el gran incremento de víctimas directas registradas, particularmente en el lapso comprendido entre 2000 y 2003, en el cual el registro acumulado de víctimas directas prácticamente se duplicó, pasando de 10.580 a 20.181. Este registro resulta un buen indicador de la intensidad de la violencia dirigida hacia la población civil por parte los actores armados durante esta etapa del conflicto armado colombiano.

Infortunadamente, al momento de realizar la consulta de esta fuente en la elaboración de este capítulo no estaba disponible información desagregada por sexo de las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada. Otra investigación independiente (Guzmán y Prieto, 2013, p. 40), que consultó esta misma fuente a través de un derecho de petición a la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, obtuvo que entre 2006 a 2012 hay registros de 27.845 personas víctimas de desaparición forzada en total, de las cuales 3016 son de sexo femenino (10,8%) y 24.829 son de sexo masculino (89,2%). Hay inconsistencia con los datos totales de víctimas para el periodo 2006-2012 arrojados por esta misma fuente en la consulta realizada en noviembre de 2015 en el marco de la presente investigación. El cálculo obtenido para ese periodo es de un total de 17.811, de las cuales 5093 son víctimas directas y 12.718 son víctimas indirectas. Es de suponer que en este caso, las víctimas de sexo femenino serían la mayoría de las indirectas, mientras las de sexo masculino serían la mayoría de las víctimas directas, tal como se desprende de la siguiente conclusión extraída del libro de Guzmán y Prieto (2013):

> La desaparición forzada de un esposo, hijo o padre tiene graves consecuencias para las mujeres. Por una parte, generalmente ellas, en su calidad de madres y esposas, son quienes lideran los procesos de búsqueda. En este contexto, encuentran numerosos obstáculos, tales como: i) amenazas en su contra o en contra de sus familiares; ii) aquellos derivados de la necesidad de enfrentar cargas económicas inesperadas, pues deben asumir el rol de proveedoras en circunstancias traumáticas que pueden incluso dificultarles mantener un trabajo; y iii) los asociados a la dificultad de ocuparse
<figure><img src="image_13.png" /><figcaption>Figura 11. Colombia: víctimas de desaparición forzada acumuladas entre 1995-2014</figcaption></figure>

Fuente: elaboración propia con datos de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas (2015).

de sus hijos al mismo tiempo que buscan a los desaparecidos y adelantan procesos de exigibilidad de derechos (p. 40).
Esta inconsistencia en los datos suministrados por UARIV, basados en los reportes recolectados a través del RUV, pone de presente una vez más las dificultades que aún están por resolverse en la investigación sobre la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia. Si bien al finalizar la escritura de este capítulo no fue posible estimar con claridad la proporción de víctimas de sexo femenino en el total de víctimas directas e indirectas de la desaparición forzada asociadas al conflicto armado colombiano, sí es posible señalar la multiplicidad de daños que esta modalidad de violencia causa a los hogares afectados por ella y el impacto que tiene sobre las mujeres cabeza de esos hogares.

## Crímenes contra la libertad sexual de la mujer: violación y esclavitud sexual, coacción a la prostitución, y embarazo, aborto y esterilización forzados

Generalmente dirigida contra las víctimas en razón de su sexo, la violencia sexual en sus diversas manifestaciones se califica como crímenes de guerra y lesa humanidad y se encuentra entre los delitos más graves contemplados por el estatuto de derecho penal internacional. Entre sus numerosas modalidades se encuentran la violación y la esclavitud sexual, la coacción a la prostitución, y el embarazo, el aborto y la esterilización forzados. Paradójicamente, los perpetradores y máximos responsables de delitos de violencia sexual raramente son llamados a rendir cuentas ante las jurisdicciones competentes de orden nacional o internacional.

Como se verá más adelante, a pesar de los esfuerzos realizados por autoridades del Gobierno y la justicia, en la generalidad de los casos de violencia sexual no se dispone de pruebas conducentes y pertinentes para desvirtuar la presunción de inocencia de los presuntos autores y así vincularlos a procesos judiciales. Numerosos aspectos dificultan la investigación judicial de estos delitos, entre ellos, el subregistro o la ausencia de denuncia de los hechos debido a la estigmatización de las personas sobrevivientes por factores culturales y religiosos; la desconfianza de las víctimas y sus familiares en el sistema de justicia; la subvaloración y distorsión de los crímenes perpetrados por las autoridades encargadas de su reporte e investigación; la desinformación de las víctimas sobre sus derechos y los procedimientos existentes para hacerlos efectivos; el miedo justificado a las amenazas de retaliaciones contra quienes denuncien lo ocurrido; los limitados recursos destinados para la investigación de estos delitos, sumado a la escasa
<figure><img src="image_14.png" /><figcaption>Figura 12. Colombia: víctimas de delitos contra la libertad, e integridad sexual, acumulado entre 1995-2014</figcaption></figure>

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación de Víctimas (2015).

Una vez más, no se dispone de la desagregación de esta información por sexo de la víctima para esta fuente. Al respecto cabe advertir que las víctimas de esta clase de delitos no son exclusivamente de sexo femenino, aunque en el contexto de los conflictos armados la mayoría de los casos tienden a afectar principalmente a mujeres, adolescentes y niñas. Nuevamente se observa cómo a partir de finales de la década de los noventa, hasta mediados de la década del 2000, los reportes de víctimas de este tipo de violencia se incrementan de manera acelerada, con-firmando que este fue uno de los periodos del conflicto armado en los cuales se intensificó la violencia dirigida contra la población civil inerme.

A continuación se presenta una breve caracterización de los agentes respon-
sables de la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, así
como del uso de dicha violencia en diversos contextos y escenarios para el logro
de sus fines político-militares. Luego se analizan las principales manifestaciones
de este tipo de violencia utilizada en el conflicto armado para, enseguida, abordar
el tratamiento que ha recibido el tema de la violencia sexual y la protección de
los derechos de la mujeres en Colombia por parte de diversos agentes, entre ellos,
organismos del sistema internacional, del orden estatal y de organizaciones de la
sociedad civil y centros de investigación académica.

Agentes responsables de la violencia sexual en el conflicto armado interno en Colombia

Como se ha señalado, la violencia sexual, junto con los asesinatos selectivos, las masacres, el reclutamiento ilegal, el secuestro, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y el despojo son manifestaciones principales de la guerra sucia que se libró en nuestro país en la disputa por el control de poblaciones y territorios que marcó del conflicto armado colombiano entre finales de la década de los noventa y la primera mitad de la década del 2000. En ese momento, los grupos al margen de la ley se convirtieron en máquinas de guerra dedicadas a subordinar a sectores sociales, económicos e institucionales, a los cuales imponían adherión por vía de la intimidación con el propósito central de acumular poderío y reducir la vulnerabilidad de su aparato militar. La coexistencia en el territorio de estructuras estatales legales, fuerza pública y grupos armados ilegales de origen y naturaleza diversa desembocó en una tragedia humanitaria en la que las víctimas principales fueron grupos vulnerables de población civil ubicados en territorios periféricos.

En este contexto de disputa por el control territorial y de la población, todos
los agentes armados instrumentalizaron la violencia sexual para alcanzar objeti-
vos político-militares, entre ellos, la obtención de información, afianzar el avance
y control territorial, generalizar el amedrentamiento de la población, forzar el
desplazamiento masivo o agenciar retaliación y venganza. En ocasiones, las ac-
ciones de violencia sexual eran ejecutadas como manifestaciones de ferocidad
individual para obtener placer sexual o a manera de represión o silenciamiento
de este tipo de delitos por parte de miembros de los distintos grupos armados; en
otras, eran utilizadas tácticamente dentro de operaciones militares controladas.
Asimismo, en algunas oportunidades las víctimas de la violencia sexual eran indiscriminadas; en otras, las acciones se dirigían selectivamente contra personas específicas, generalmente mujeres señaladas de tener relaciones familiares o afectivas con un miembro o colaborador de algún grupo rival, o mujeres que se desempeñaban como líderes o promotoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones sociales, comunitarias o políticas, o mujeres que se negaban a tener relaciones sexuales o a ser explotadas sexualmente. Con frecuencia, la violencia sexual era utilizada como castigo y ejemplo dentro del orden arbitrariamente impuesto por los grupos armados, y como forma de humillación para quienes quebrantasen con su comportamiento público o privado los códigos de conducta impuestos de hecho por los grupos armados. En particular, en el caso de los paramilitares y las guerrillas se reporta la comisión de diversos delitos sexuales en el marco del reclutamiento forzado de niñas y mujeres, entre ellos la prostitución forzada y esclavización sexual, así como la coacción de trabajadoras sexuales para atender a miembros de esos grupos al margen de la ley (CIDH, 2006).

En un aparte del libro *Basta ya!* , del Centro Nacional de Memoria Histórica, dedicado a analizar la instrumentalización de la violencia sexual por los distintos grupos armados, se ofrece la siguiente caracterización general discriminada por grupo armado (CNMH, 2013, pp. 80-83):

• Guerrillas : la mayoría de episodios de violencia sexual reportados se re-
gistran en el contexto del cobro de pagos extorsivos a hogares campesi-
nos; del cautiverio por el secuestro extorsivo de civiles; y del abuso de
poder y jerarquía dentro la propia organización.

* Autodefensas Unidas de Colombia: * los actos de violencia sexual do-
cumentados se refieren con mayor frecuencia a ataques contra mujeres
en condición de liderazgo en las comunidades; actos realizados con la
intención de infligir daño afectivo a personas cercanas a integrantes de
grupos armados enemigos; actos dirigidos a castigar conductas conside-
radas transgresoras de sus códigos sociales de hecho; actos permitidos a
manera de recompensa para fomentar la cohesión dentro de sus filas y la
consolidación de identidades violentas.

* Grupos armados al margen de la ley con posterioridad a la desmovi-  
lización de las AUC: la utilización de la violencia sexual conocida en  
relación con estos grupos armados se ha relacionado con el ataque y  
*
amedrentamiento de defensoras de derechos humanos, lideresas de víc-
timas y reclamantes de tierras; la expansión de sus áreas de control terri-
torial y de la población; la sustitución o la supresión de la autoridad del
Estado en las regiones periféricas del país.

* *Fuerza pública:* la violencia sexual asociada a integrantes de la fuerza pública generalmente se registra en el contexto de operaciones coordinadas con unidades de las AUC; la retaliación en contra de personas y poblaciones rotuladas por su afinidad con grupos guerrilleros; y circunstancias de puesta en indefensión de sus víctimas mediante amenaza con arma de fuego<fnref n="31" />.

Caracterización de formas específicas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en Colombia

Para empezar, conviene señalar que en el contexto de la sociedad colombiana la violencia sexual no es una conducta exclusivamente observada en el marco del conflicto armado interno. Por el contrario, está arraigada en las diversas regiones del país en todas las franjas socioeconómicas y grupos ocupacionales. Es un fenómeno que se reproduce a través de mecanismos de discriminación y violencia estructural dirigida principalmente contra las mujeres, que se presenta de manera generalizada y silenciosa, y que se exacerba en los contextos de conflicto armado y desplazamiento forzado por la violencia.

En estos contextos particulares, la violencia sexual también ocurre de manera generalizada, frecuente y habitual, tanto en espacios públicos como privados, en formas específicas como el sometimiento arbitrario a códigos de conducta “de hecho”; la incorporación a filas de grupos armados al margen de la ley; la violación; los embarazos, abortos y esterilizaciones forzados; y la prostitución forzada y trata de personas, entre otras (Caicedo, 2009).

A continuación se presenta una breve descripción de los rasgos característicos
de las principales formas de violencia sexual registradas en el marco del conflicto

<footnote n="31">31 De acuerdo con información aportada por del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, durante el periodo 2008-2010 como resultado de un total de 219 exámenes médico-legales practicados por denuncias de violencia sexual atribuida a miembros de grupos armados, se encontró que el 39 % de los caos los agresores fueron identificados por sus víctimas como integrantes de la Policía Nacional; el 19 % como integrantes de las Fuerzas Militares; el 42 % restante fueron identificados como integrantes de grupos armados al margen de la ley (Corte Constitucional, 2015, p. 10).</footnote>
armado y el desplazamiento forzado en Colombia, según los resultados de la primera encuesta de prevalencia de violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano, realizada en 2010 entre mujeres de 15 a 44 años, sobre hechos registrados en el periodo comprendido entre 2001 y 2009, en una muestra representativa de municipios colombianos con presencia de grupos armados (Oxfam, 2010):

* *Sometimiento arbitrario a códigos de conducta "de hecho"*: mediante el uso de la fuerza o amenaza de ella, los grupos armados al margen de la ley imponen la observación de patrones de comportamiento y conducta social relacionados con el vestuario y la apariencia personal; el acceso a determinados escenarios, eventos y horarios; el control de la vida afectiva y de la sexualidad, e incluso de uniones forzadas. De acuerdo con la encuesta referida, esta fue la forma de violencia sexual reportada con mayor prevalencia para el periodo 2001-2009.

* *Incorporación a filas de grupos armados al margen de la ley*: de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre 2008 y 2012 se registraron un total de 2139 casos de reclutamiento forzado, de los cuales 1491 (70%) corresponden a hombres, y 648 (30%) a mujeres. Entre los métodos utilizados para reclutar mujeres se cuentan presuntas ofertas de empleo en buenas condiciones en servicios de vigilancia; regalos de ropa de marca; la seducción para obtener información de ellas, seguida de su posterior integración a estas organizaciones. También se registran prácticas como el secuestro de>jovencitas y su esclavización por parte de jefes guerrilleros (Sisma Mujer, 2011). Una vez incorporadas a los grupos armados al margen de la ley, las mujeres suelen ser sometidas a formas exacerbadas de control de la sexualidad por medio de códigos de disciplina y pautas de conducta que les niegan la posibilidad de escoger a sus parejas, e incluso les imponen formas de anticoncepción. Además, las funciones que les son asignadas en las filas de los grupos armados reproducen roles de género tradicionales, como la realización de labores de carácter "doméstico", que con frecuencia incluyen la imposición de actividades forzadas, como la esclavitud sexual. Entre los casos reportados de este tipo de violencia se describen situaciones en las que un grupo armado llega a una propiedad
y exige que sus miembros sean atendidos por las mujeres, o cuando estos grupos secuestran temporalmente a personas a quienes llevan hasta sus cuarteles, campamentos y otros lugares, con el fin de que se conviertan en su personal de servicio doméstico.

* *Violación*: refiere a actos de contacto sexual no consentido o forzado que pueden incluir o no penetración vaginal o anal, sexo oral, o penetración con objetos; el acto de forzar a tener relaciones o contactos sexuales a una persona sin su consentimiento empleando violencia o la amenaza de usarla en la acción<fnref n="32" />.

* *Embarazo forzado*: la acción de control sobre una mujer embarazada, cuya pretensión de dominio busca asegurarse la continuación de su embarazo o el nacimiento de su hijo en contra de la voluntad de la madre; este embarazo puede ser el resultado de una violación.

* *Aborto forzado*: el acto que tiene como finalidad la interrupción inducida de un embarazo contra la voluntad de la mujer.

* *Esterilización forzada*: la acción de planificación reproductiva producto de la obligación no consentida de la persona afectada.

* *Inducción y constreñimiento a la prostitución*: la acción o conjunto de acciones que involucran la obtención por imposición de servicios sexuales o el acceso a través de violación u otras formas de violencia sexual a cambio de las cuales la víctima o generalmente quien la controla recibe remuneración pecunaria.

## El tratamiento de la violencia sexual y los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado en Colombia, 2005-2015

Numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Belém do Pará de 1994 y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre

<footnote n="32">32 En Colombia se ha realizado una serie de estudios que miden la violencia sexual en contra de las mujeres, entre ellos: 1) la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005 de Profamilia, que indaga acerca de la violación en el ciclo vital de las mujeres, arroja un 6% de mujeres que fueron víctimas de violación por parte de personas diferentes a su compañero o esposo, y un 11,5% por el esposo o compañero; es de anotar que estos porcentajes no pueden ser sumados porque pueden existir mujeres que fueron violadas por el esposo o compañero y por personas diferentes a ellos; sumarlos implicaría distorsionar el porcentaje; 2) la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva en zonas marginadas de 2005 de Profamilia, que indaga acerca de la violación en el ciclo vital de las mujeres, arroja un 8,2% de mujeres que fueron víctimas de violación por parte de personas diferentes a su compañero o esposo, y un 13,2% por el esposo o compañero.</footnote>
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1995, reconocen que la violencia sexual constituye una manifestación aguda de prácticas discriminatorias de género generalizadas en la vida cotidiana. En consecuencia, comprometen los esfuerzos de los Estados a luchar para erradicar patrones, estereotipos y prácticas que subvaloran la condición femenina en todos los ámbitos sociales, desde las relaciones familiares y privadas, pasando por la esfera económica, laboral, política y educativa, hasta llegar a la administración de justicia. El propósito final es modificar los patrones que generan condiciones contextuales que propician y reproducen conductas de violencia sexual, explotación y esclavitud sexual contra la población femenina, especialmente en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado por la violencia.

Adicionalmente, la Convención de Belém do Pará establece entre los deberes prioritarios del Estado para con las mujeres víctimas de violencia el suministro de servicios especializados apropiados para su atención adecuada mediante entidades públicas y privadas, incluyendo refugios, servicios de orientación familiar, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores de edad.

En contraste con declaraciones anteriores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas de 2007, manifestó preocupación al constatar la baja utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia, así como por el maltrato que pueden recibir tanto las víctimas como sus familiares al intentar acceder a recursos judiciales, y su persistente desconfianza de que las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos perpetrados. Señala la CIDH que esta situación propicia la sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas en menoscabo de sus derechos humanos, y perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en los países del hemisferio americano.

Especialmente en contextos de conflicto armado y desplazamiento forzado por la violencia que afectan a las mujeres debido a la persistencia de prácticas estructurales y extendidas de vulneración de sus derechos, la CIDH señala que el deber de debida diligencia en materia de prevención exige de los Estados la producción de información estadística adecuada para vigilar la situación social, y específicamente el comportamiento de la violencia sexual, y alimentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas para el control de dicho fenómeno.
Al respecto, en su informe de 2009 sobre la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado interno en Colombia, la CIDH manifestó preocupación por el visible subregistro de los casos de violencia sexual, cuyas cifras son fragmentadas e incompletas, particularmente la ocurrida en el marco del conflicto armado interno. En informes anteriores, la CIDH ya había expresado especial consternación por la actitud discriminatoria hacia las mujeres indígenas y afrocolombianas en el contexto del conflicto armado colombiano, tanto por parte de perpetradores de violencia sexual pertenecientes a grupos armados como de autoridades públicas responsables de velar por la prevención, protección, sanción y reparación de estos delitos, lo cual agrava su vulnerabilidad, indefensión y exposición a todo tipo de infamias perpetradas en su contra por parte de los actores del conflicto.

La ausencia de respuesta por parte de las autoridades del Gobierno y la justicia para prevenir y controlar eficazmente este tipo de violencia se refleja en el referido incremento incontrolado de este que se deriva de los reportes de las víctimas, y va en detrimento tanto de los derechos de las víctimas, en su gran mayoría mujeres<fnref n="33" />, como de su reparación y garantía de no repetición.

No cabe duda de que la visible ausencia de condenas por delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano vulnera los derechos humanos fundamentales principalmente de las mujeres, en particular derechos como el reconocimiento de la dignidad humana de la persona; la autodeterminación consciente y responsable de su vida; la igualdad; la protección de la integridad física personal; la protección frente a la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud, el trato cruel, inhumano o degradante, y la discriminación; la identidad personal y la libre expresión; la intimidad; la verdad; el acceso a la justicia; al debido proceso; y de recibir reparación adecuada por el daño causado, entre otros.

<footnote n="33">33 Cifras registradas por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV), a 1 de mayo de 2014, reportan que 5110 personas manifestaron ser víctimas de delitos contra la integridad sexual entre 1985 y 2013, de las cuales cerca de 86% son mujeres. Según la entidad, el 21% de las víctimas reportaron edades entre los trece y veintiséis años. Las niñas hasta los doce años de edad representaron el 2,2% del total de víctimas y las mujeres mayores de veintiséis años ocuparon el 57,4% de la cifra general. Adicionalmente, de acuerdo con la entidad, al 1 de mayo de 2014 fueron reportados 2461 casos de tortura contra mujeres. Para ellas, estas torturas pueden comportar una connotación sexual en numerosos casos. Ver Red Nacional de Información (RNI), y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Registro Único de Víctimas (RUV).</footnote>
Al respecto, vale la pena detenerse para examinar un aspecto emblemático de la situación en relación con este tema en Colombia. Mediante Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional trasladó a la Fiscalía General de la Nación un documento reservado, con 183 casos de violencia sexual, algunos de ellos en el marco del conflicto armado interno del país, para que adelantara con celeridad las respectivas investigaciones penales. A la vez, invitó al procurador general de la nación a vigilar el desarrollo de los procesos investigativos y de restitución de derechos fundamentales a las víctimas<fnref n="34" />.

Según el Auto 009 de 2015, de la Sala Especial de Seguimiento de la provincia Corte, a marzo de 2013 la Fiscalía colombiana había obtenido apenas once sentencias condenatorias en los procesos del referido documento reservado<fnref n="35" />. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, informó que en los demás procesos habría 21 presuntos autores identificados en fase de acusación o de juicio; 66 investigaciones aún en fase preliminar; y 69 decisiones de archivo<fnref n="36" />.

Más aún, en el lapso trascurrido desde 2008, la Sala Especial de Seguimiento conoció numerosos casos de mujeres que denunciaron y declararon hechos de violencia sexual ante las autoridades competentes y luego fueron revictimizadas mediante hechos de índole sexual, presuntamente por perpetradores que buscarían coaccionarlas para abandonar sus causas y mantener los casos en la impunidad (Corte Constitucional, 2015, p. 87).

En el caso colombiano, la continuidad de la violencia sexual y sus impactos exacerbados se soporta sobre factores contextuales como la permanencia de la presencia de actores armados que persisten en utilizar la violencia sexual como arma de guerra en territorios donde se constata la ausencia o debilidad

<footnote n="34">34 Con posterioridad al Auto 092 de 2008, organizaciones nacionales e internacionales de mujeres han remitido a la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional cerca de 450 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado, que incluyen revictimizaciones sexuales crueles y degradantes (ver Auto 009 de 2015, p. 15).</footnote>

<footnote n="35">35 Unos meses después, en septiembre de 2013, la Fiscalía informó que investigaba 1164 casos de violencia sexual, cometidos presuntamente por miembros de grupos paramilitares, de los cuales 624 servirían de base para adelantar imputación de cargos a 34 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): 561 corresponderían a presuntas violaciones; 27 casos a prostitución forzada y esclavitud sexual, y 18 casos relacionados con actos degradantes cometidos contra mujeres y niñas. Ver "Los abusos que los 'paras' niegan" (Jiménez, 2013).</footnote>

<footnote n="36">36 Al respecto, en uno de los casos contenidos en el documento reservado trasladado a la Fiscalía mediante del Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional debió tutelar los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, entre otros, de mujeres afectadas por hechos de violencia sexual, por considerar que las autoridades judiciales que precluyeron las investigaciones no actuaron con debida diligencia (Corte Constitucional, 2015, p. 87).</footnote>
institucional para proteger a los grupos más vulnerables, a fenómenos de violencia sexual, entre ellos los perpetrados contra las mujeres y niñas que habitan esos territorios y especialmente aquellas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios y que presentan condiciones de discapacidad. En este tipo de contextos, la probabilidad de repetición y revictimización por violencia sexual es alta debido a la inexistencia de mecanismos eficaces para su control.

En el análisis de los factores que han contribuido a la invisibilización de la violencia sexual perpetrada por los grupos armados en el marco del conflicto armado, el Auto 092 de 2008 destaca, entre otros, la inexistencia de sistemas oficiales operantes de monitoreo y documentación de estos casos. Según constató la Corte en aquel momento, ello se debe a que los formatos de recolección de información y protocolos utilizados por la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la elaboración de informes de necropsia no facilitan la detección o verificación de si la víctima de homicidio lo fue además de actos de violencia sexual, ni desagregar los casos ocurridos en el contexto del conflicto armado.

Pese a la advertencia anterior, en el Auto 009 de 2015, la Sala Especial de Seguimiento a las decisiones de Auto 092 de 2008 constató que a 2013 las estadísticas oficiales en relación con la violencia sexual aún ofrecen apenas información incompleta sobre el número total de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, su perfil etario, su identidad étnica, su procedencia geográfica, la presencia de alguna condición de discapacidad en ellas, su nivel socioeconómico, ni el número de agresores que están siendo investigados, enjuiciados y sancionados por delitos de este tipo cometidos en el marco del conflicto armado. En esta ocasión, la Sala Especial señaló que en relación con casos de delitos sexuales resulta de interés disponer además de información adicional de contexto sobre aspectos como las afectaciones individuales, familiares, colectivas y sociopolíticas de la violencia sexual; los contextos socioculturales de la agresión; los eventos de revictimización y las circunstancias de modo, tiempo y lugar reiteradas o regulares de los ataques; y la identidad del grupo armado organizado al margen de la ley al cual pertenecían o pertenecen los agresores, entre otras variables.
Retos inmediatos para garantizar la reparación, la justicia y la no repetición de violaciones de derechos humanos y DIH contra las mujeres en Colombia

En síntesis, hasta el presente, el Estado colombiano no dispone de la institucio-
nalidad ni los mecanismos judiciales y extrajudiciales efectivos para enfrentar de
manera adecuada la sistematicidad y generalidad con la que se ha presentado la
violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado y el despla-
zamiento forzado, ni transformar los estereotipos de género que originaron toda
clase de actos de barbarie contra las mujeres. No obstante lo anterior, cabe reco-
nocer algunos avances alcanzados en los últimos años, particularmente a partir
de la creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas
(SNARIV) mediante la Ley 1448 de 2011. Dentro de ese marco, la Unidad de
Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) ha desarrollado la ya refe-
rida plataforma de información denominada Red Nacional de Información (RNI),
a través de la cual se busca soportar la migración y el intercambio de información
e interoperabilidad de los sistemas de información entre las instituciones que
conforman el SNARIV y otras que atiendan víctimas. Entre las capacidades que
el diseño de la RNI se propone desarrollar, se destacan las siguientes:

* Brindar insumos para caracterizar y focalizar a las víctimas a partir de un enfoque subdiferencial complementario que tenga en cuenta la etnia, el perfil etario y la presencia de discapacidades en las víctimas.

* Dimensionar los problemas que afectan a víctimas del conflicto armado, así como las respuestas que el SNARIV debe diseñar y ejecutar para la adecuada atención y reparación integral de las víctimas.

* Suministrar información a las entidades públicas del orden nacional y territorial para formular, implementar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral.

* Definir los mecanismos de coordinación entre las instituciones que conforman la RNI.

* Servir como fuente de consulta e insumo para los procesos de valoración y verificación de los hechos victimizantes denunciados por víctimas, entrellos, la violencia sexual.
Actualmente, las administraciones municipales utilizan el RNI para gestionar información sobre las víctimas dentro de sus jurisdicciones, verificando e ingresando información en tiempo real, lo cual constituye una capacidad tecnológica muy útil en ese nivel territorial. Pero aun así, el RNI no ha logrado soportar ejercicios interinstitucionales de planificación de proyectos conjuntos que respondan de manera coordinada, complementaria y subsidiaria a las necesidades y aspiraciones de atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Esto por cuanto las metas de los planes, programas y proyectos en las distintas entidades sectoriales del orden nacional generalmente se proponen a partir de líneas de base distintas entre sí, lo cual reduce la eficacia y el impacto de la intervención en términos de la atención que reciben los usuarios, e impide el logro de efectos acumulativos en la mitigación de las amenazas y la reparación de las víctimas.

Con todo, a pesar de estas limitaciones, cabe señalar aquí que una plataforma como el RNI presenta características deseables del tipo de sistema de información requerido para mejorar la gestión del ciclo de la política pública asociada a la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado, entre ellas, las mujeres sobrevivientes de actos de violencia sexual.

También es oportuno destacar aquí el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral que se desarrolla actualmente en el marco de la Ley 1448 de 2011, para atender, entre otras, las necesidades integrales de las víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Incluye componentes de apoyo emocional; atención general a las condiciones de salud relacionadas con la violencia sexual, entre ellas, emergencias médicas/psicológicas, traumas, intoxicaciones, así como los cuidados médicos específicos, tales como anticoncepción de emergencia, profilaxis de ITS y VIH, hepatitis B, integrupción voluntaria del embarazo (IVE), etc.; toma de evidencias forenses cuando sea necesario; aplicación de medidas de protección para las víctimas; tratamiento y rehabilitación a la víctima para su salud mental; orientación a nivel familiar; denuncia, reporte y documentación de la violencia sexual; activar las distintas redes de apoyo institucional, comunitario y familiar que permitan su atención integral; garantizar que las víctimas de violencia sexual no sean nuevamente vulneradas durante el proceso de atención, desde la institucionalidad.
Por otra parte, con el fin de complementar el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) con delitos sexuales ya establecidos en el derecho penal internacional, en 2014 el Congreso de la República promulgó la Ley 1719 por medio de la cual se tipifican en la legislación colombiana delitos como el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada y la desnudez forzada. Asimismo, se restringe de manera positiva la posibilidad de considerar o inferir la existencia de consentimiento de las mujeres víctimas respecto de los actos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, acogiendo el concepto de “violencia” contemplado en los elementos de los crímenes establecidos por la Corte Penal Internacional (CPI).

También, la nueva ley contempla como agravante de la conducta constitutiva de violencia sexual el ánimo de reпрimir o silenciar a las mujeres lideresas, reconociendo así que la violencia sexual contra las mujeres no solo está orientada a lesionar los bienes jurídicos de integridad y libertad sexual, sino también a lesionar o restringir el ejercicio de los derechos políticos. Además, atiende explícitamente numerosos compromisos contemplados en las convenciones internacionales referidas atrás en relación con la eliminación de la violencia contra la mujer, previendo la atención gratuita en salud para mujeres víctimas de violencia sexual, por el tiempo que sea necesario y sin previa declaración o denuncia de los hechos; la atención psicosocial para las mujeres víctimas y sus familias, brindada por personal idóneo, de manera continuada y desde la fase inicial de los procesos judiciales o administrativos; la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas, así como la promoción general de la equidad de género; la construcción de una base de datos unificada y coordinada interinstitucionalmente sobre la violencia sexual en Colombia; y la constitución de un comité especial de seguimiento a la implementación de la ley en materia de prevención y atención de hechos constitutivos de violencia sexual.

## Conclusiones

La invisibilidad y el subregistro de los crímenes calificados de lesa humanidad contra la mujer en el conflicto armado interno colombiano resultan ser una de las más importantes conclusiones del estudio realizado. Sin duda, la ausencia de inclusión del criterio de género al momento del registro de víctimas ha marcado
notablemente los últimos años el reconocimiento de víctimas por la UARIV; sin embargo, este criterio no da cuenta de los primeros años del conflicto y, en el caso de los crímenes contra la libertad sexual, están marcados por la ausencia real de denuncias que impide medir, proteger y reparar a las mujeres víctimas de esas violencias.

Solo para algunos delitos como el desplazamiento forzado se ha iniciado el reporte del triples discriminaciones —mujer + pobre + negra/indígena—. Efectivamente, el índice de mujeres expulsadas de las regiones más pobres y que pertenecen a los grupos históricamente discriminados en Colombia coíndice con las regiones expulsoras donde tradicionalmente se albergan grupos de indígenas y afrodescendientes, y que en los últimos años han sido los más referenciados como víctimas de desplazamiento forzado.

Sin duda, el conflicto interno colombiano ha reproducido la injustica social histórica que vive la mujer en el país; los actores del conflicto armado, incluidas las fuerzas armadas colombianas, han utilizado los canales de discriminación contra la mujer para violar sus derechos e impedir su denuncia. Los crímenes contra la libertad sexual de la mujer han pasado históricamente de una situación de injusticia social a ser un arma de guerra.

La ausencia de estudios del impacto diferenciado de los delitos estudiados podría dar lugar a una errónea interpretación de la magnitud de las violaciones en las mujeres. Efectivamente, las cifras de los homicidios, las ejecuciones extra-judiciales, la tasa de desaparecidos forzadamente permiten establecer un mayor nivel de violación en los hombres; sin embargo, el impacto que sobreviene sobre la mujer es aún mayor que el vivido por el hombre, pues quien sobrevive a las muertes, a los desplazamientos forzados y a las desapariciones es ella. Son las mujeres las que deben enfrentar la ausencia de apoyo, el desmembramiento de la familia y la situación de precariedad y vulnerabilidad. Por ello, naturalmente, aunque no suman como víctimas directas, reciben el más grande impacto de la violencia a largo plazo y serán las llamadas a liderar el posconflicto.

Pese a ser las sobrevivientes de la guerra, la atención suministrada a la mujer resulta, desde el punto de vista de justicia social, altamente precaria. Como pudiemos ver, la brecha de género aumenta año a año en el país, y esto refleja la ausencia de planes de atención que visibilicen a la mujer como líder del posconflicto;
pese a ser la población mayormente desplazada, no existe una política pública de atención como población prioritaria.

El objetivo final de presentar los resultados de este estudio sobre la divergente información del número y la calidad de las víctimas en las entidades públicas que llevan a cabo su registro, y la presentación de otras las fuentes distintas a las institucionales sobre la situación de violación de derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario en y contra la mujer, confiamos, provocará en los actores que han decidido sentarse a conversar sobre la paz, la búsqueda de eliminar las invisibilizaciones de los crímenes cometidos, la decidida búsqueda de incluir el criterio de género en los registros de víctimas, y la atención prioritaria del que se estima en este estudio como el grupo de víctimas mayormente afectado en el conflicto armado interno que vive nuestro país: las mujeres.