independencia y sancionar una constitución. En efecto, en el frente interno, la intensificación del conflicto entre la postura centralista de Buenos Aires y la confederal de Artigas acabó en un quiebre definitivo en 1814, a partir del cual el caudillo oriental comienza a expandir sus influencias sobre los territorios del Litoral.

A esto se sumaban las derrotas que el ejército del Norte había sufrido en Vilcapugio y Ayohúma, en 1813, la pérdida definitiva del Alto Perú y la caída de Alvear como Director Supremo, en 1815, que termina la primera experiencia constitucional rioplatense (cfr. Ternavasio; 2009:87-90). En el plano internacional, la situación no era menos desesperante; el período estuvo marcado por el repliegue definitivo de las tropas napoleónicas en la península y el regreso, en 1814, de Fernando VII al trono español, quien resuelve comenzar acciones militares para responder a la insurgencia de los movimientos autonomistas hispanoamericanos, deja sin efecto la Constitución de Cádiz y restaura el Antiguo Régimen (cfr. Ternavasio; 2021:29-36 y Costeloe; 2010:82-112).

De hecho, existían fuertes sospechas de que una de las expediciones militares españolas al mando del General Pablo Morillo sería destinada a la reconquista del Río de la Plata y de las posibilidades de un pacto entre las coronas española y portuguesa. En 1814, con la caída de Napoleón, los Borbones vuelven también al trono francés y el Congreso de Viena, reunido en octubre de ese año, comienza a reestablecer las fronteras europeas, revitalizando las antiguas monarquías.

El clima reinante de incertidumbres y de conflictos actuales y potenciales pareció menguar las posibilidades de alcanzar la independencia en el Río de la Plata. Esto motivó que la élite rioplatense tuviera que analizar diferentes posibilidades a la hora de debatir acciones políticas o determinar el régimen político para el nuevo Estado. A partir de la compilación realizada por Ávila, Dym y Pani (2013), es posible mejorar nuestro acercamiento a los textos de las independencias americanas y sus significados entre 1776 y las primeras décadas del siglo XIX. En un sentido amplio, es posible sostener que las declaraciones de independencia constituyeron un acto político que expresaba la voluntad de formación de un Estado libre e independiente e
intentaban fundarse sobre los principios del derecho de gentes europeo. La obra de referencia en estos asuntos era la del suizo Emmerich de Vattel, *Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains*, de 1758.

Por su parte, Pilar González Bernaldo entiende que la situación de las independencias dio "primacía a la política sobre el derecho" (2016:246), ya que, para los nuevos Estados, la necesidad de su reconocimiento por las potencias imperiales europeas, condujo a un desplazamiento en el lenguaje del derecho natural y de gentes hacia una concepción positiva del derecho internacional. Esta primacía de la política puede percibirse en las acciones políticas y estrategias diplomáticas pergeñadas por las élites de los nuevos cuerpos independientes para encontrar su lugar en el concierto internacional. Al respecto, Marcela Ternavasio (2021) propone analizar, por ejemplo, que la posibilidad de adoptar una forma de gobierno monárquica para el Río de la Plata estaba ligada al intento de desactivar la mencionada y probable expedición contrarrevolucionaria, así como hacer más factible el reconocimiento del nuevo Estado frente a las recientes alianzas de las coronas europeas. De ahí que la autora sostenga que, entre 1814 y 1820, "la historia política es inescindible de la dimensión internacional" (234-5). De esta forma, creemos que los componentes ideológicos de los conflictos entre las facciones centralista y federalista, o entre los partidarios de la monarquía y de la república, deben ser analizados teniendo en cuenta los procesos de realineamientos geopolíticos del período.

En este contexto, el Congreso General Constituyente de 1816 comienza sus sesiones en la ciudad de Tucumán, el día 24 de marzo de ese año para finalizarlas el 11 de febrero de 1820 en Buenos Aires, sin la presencia de los pueblos del Litoral que, bajo la influencia de Artigas, se encontraban dentro de la denominada "Liga de los Pueblos Libres". Artífice de la Declaración de Independencia y de la sanción de una constitución en 1819, este congreso adopta la denominación de *Provincias Unidas en*
*Sud-América*<fnref n="170" /> y en sus sesiones, así como en la prensa porteña de esos años, se abordó de forma abierta, por primera vez, el problema sobre la forma de gobierno (cfr. Souto; 2016). Con la restauración monárquica de Fernando VII, la Revolución se ve envuelta en una encrucijada que exigía definiciones: o se volvía a la sumisión a la metrópoli o se procedía a una definición formal de independencia. Finalmente, el Congreso Constituyente declara la independencia el 9 de julio de 1816 y, a principios de 1817, se traslada a la ciudad de Buenos Aires para cumplir con el dictado de una constitución. El debate constituyente que se abre en la ciudad de Tucumán lo hace, entonces, sobre la dificultosa herencia de pensar un sujeto de imputación soberana y de articularlo con un orden político que, como derivación del problema anterior, no se mostraba tampoco nítidamente.

En cuanto a la titularidad de la soberanía, el congreso reafirma como argumento legitimador de la Revolución, el principio del iusnaturalismo moderno, cuando se expresa enfáticamente en el Acta de la Declaración de la Independencia, que "es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de nación libre" (ACA, I, 217-8). A raíz de ello, los pueblos son llamados a concertar un nuevo pacto, cuya expresión jurídica sería la constitución. Ésta debería ser capaz de ordenar el caos surgido a partir de la Revolución y evitar la disgregación mediante la institución de una autoridad central<fnref n="171" />.

La articulación entre una soberanía popular ascendente, el iusnaturalismo moderno y la experiencia revolucionaria francesa arrojó, encima de las discusiones

<footnote n="170">170 La amplitud del nombre que toma el Congreso hace referencia a las Provincias Unidas del Río de la Plata, sólo que, en el contexto de 1816, no estaba tan claro quiénes eran los sujetos políticos que conformaban esa denominación. Por un lado, las provincias del Alto Perú estaban representadas en el Congreso, aunque se encontraban bajo dominio realista y eran representadas simbólicamente por diputados electos en el Río de la Plata. La Banda Oriental y el Paraguay no enviaron representantes, al igual que los pueblos del litoral que se encontraban dentro de la Liga de los Pueblos Libres (cfr. Goldman; 2007:177, Entín; 2016:11-12).</footnote>

<footnote n="171">171 Así lo expresa el *Redactor* del Congreso de la sesión del 25 de marzo de 1816: "Es forzoso persuadirse de una verdad, que es un dogma político dictado por la razón, y sancionado por la experiencia. Divididas las provincias, desunidos los pueblos [...] rotos los lazos de la unión social, inutilizados los resortes todos para mover la máquina que dio algunos pasos hacia nuestra libertad, pero retrogradó sucesivamente al impulso de las pasiones [...] negándose alguno al reconocimiento de una autoridad común, que fijase sus deberes, y terminase de un modo imponente sin querellas" (ACA, I, 182-3).</footnote>
que aquí analizamos, un manto de sospecha y desconfianza sobre el ideal igualitario, lo que, por otra parte, había sido advertido ya por Monteagudo en sus *Observaciones Didácticas*: "Pero no confundamos la igualdad con su abuso: todos los derechos del hombre tienen su término moral cuya mayor transgresión es un paso a la injusticia y al desorden"<fnref n="172" />.

Si retomamos el planteo de Hannah Arendt, el ciclo revolución-libertad comenzaba por el momento negativo de la liberación y se cerraba con la fundación de la libertad política cuando la sanción del texto constitucional marcara la apertura temporal a lo que la autora llamaba un *novus ordo saeclorum*. Pero, si bien la liberación podía ser condición de la libertad política, difícil es sostener que el tránsito entre la primera y la segunda sea una relación necesaria (cfr. Arendt; 2012:37). Los hombres que se reunían en torno al Congreso del '16 mostraban su convicción de que el atribulado momento revolucionario se extendía demasiado, mientras se demoraba la llegada del orden constitucional. De esta forma, el *Manifiesto del Congreso de las Provincias Unidas* del día 1 de agosto de 1816 establece cabalmente el objeto de "fijar límites a la revolución, abrir los senderos del orden, restablecer la armonía, sofocar aspiraciones, acallar los resentimientos y querellas de los pueblos, y consolidar la unión de las partes dilaceradas" (Mabragaña; 1910:100).

Al analizar las discusiones constitucionales del segundo lustro revolucionario, podremos ver que el debate sobre la forma de gobierno después de la independencia, se desarrolló en dos frentes simultáneos. Por un lado, en el seno del Congreso Constituyente de 1816 y, por otro, en la prensa periódica. En efecto, en el período, circularon varios periódicos, tales como *El Observador Americano*, *El Independiente*, *La Crónica Argentina* o *El Censor*, que discurrían y analizaban las formas de gobierno experimentadas en Europa y Estados Unidos y disponibles en la teoría política, y resumían y adaptaban ideas de pensadores políticos europeos. Podían, además, tomar partido por una forma de gobierno específica e, incluso,

<footnote n="172">¹⁷² Gaceta de Buenos Aires, 21 de febrero de 1812 (Monteagudo; 1915:84).</footnote>
interpelar a los diputados reunidos en el Congreso<sup>173</sup>. Esta escena conformaba un verdadero "momento constitucional", noción que, como hemos adelantado en la introducción de este trabajo, podemos imputar al académico Bruce Ackerman.

Fueron varios los dilemas a los que tuvo que hacer frente el Congreso de 1816, empero el más profundo fue el de articular la noción concreta de la soberanía plural de los pueblos con la noción general y abstracta de la soberanía de la nación (Verdò; 2006:514). La dificultad radicaba en que el concepto de nación remitía a una unidad mayor que debía establecer una forma de gobierno y con ella, la reposición de la obediencia política. Pero, además, una unidad política englobante y superior exigía ciertas cuestiones que permanecían indeterminadas: un centro común de autoridad política, el monopolio de los recursos fiscales y de una fuerza pública capaz de asegurar la paz interior y la defensa exterior, la determinación de un territorio unificado.

Natalio Botana, por su parte, identifica tres círculos en los que la independencia se jugaba simultáneamente (cfr. Botana; 2016:15). Es decir, el Congreso de Tucumán se abocó, en términos generales, a resolver tres problemas fundamentales en el debate que intentaba delinear un nuevo orden institucional, en un contexto local signado por la guerra y, en el internacional, por una geopolítica que, a partir del Congreso de Viena, volvía a poner en el centro de la escena el principio de legitimidad monárquico. El primero de esos círculos refiere al individuo y a los derechos individuales; el segundo a la construcción de una unidad política o Estado soberano; el tercero, finalmente, refiere a la mayor o menor centralización de dicha unidad, es decir a las relaciones políticas entre los territorios internos y aquella unidad política mayor. En este apartado, analizaremos especialmente los debates sobre la forma de gobierno y las estrategias institucionales disponibles e imaginadas para el naciente Estado soberano que perseguía, además, el reconocimiento del resto de las naciones americanas y europeas.

<footnote n="173">173 Así, *El Observador Americano* espetaba: "Proseguid vuestros trabajos, ilustres depositarios de los derechos, y del poder de la América del Sud, y dadnos cuando antes una constitución", 23 de septiembre de 1816, 7687.</footnote>
Ello era complementado por la guerra, las modificaciones del tablero geopolítico internacional, la inestabilidad política y la disgregación interna, lo que, en conjunto, generó un debate en el seno del Congreso respecto de la factibilidad de una constitución o si era preferible que éste diera continuidad al carácter provisorio que habían adoptado las experiencias políticas desde mayo de 1810. De hecho, es posible designar al conjunto de estas experiencias como "provisoriato" (Verdó; 2006:522), a partir del carácter provisional que adoptaron los primeros textos de organización de los poderes públicos, desde el Reglamento de la División de Poderes de 1811 redactado por el Deán Funes (cfr. Seco Villalba; 1943:35-41), pasando por el Estatuto de 1815, hasta la propia revisión que hace el Congreso de 1816 de dicho Estatuto<fnref n="174" />. Así, el diputado por Mendoza, Godoy Cruz, se convierte en portavoz de quienes coincidían en que, dadas las condiciones generales del país, "resistían la oportunidad de la constitución permanente" (ACA, I, 305).

No escapaban a estos representantes las dificultades que podrían derivarse de establecer, paradójicamente, una constitución rígida de difícil modificación, en un contexto dinámico e inestable. De esta forma, el *Redactor* podía referirse a la constitución preguntándose: "¿Podría cimentarse esta obra majestuosa en el piélago de tantas convulsiones, divisiones e inquietudes intestinas?" (278). Por su parte, el diputado Chorroarín se mostraba también partidario del "provisoriato", sosteniendo una postura que no podía ocultar su cercanía a la visión británica de la constitución. En efecto, este diputado defendía que "para dar al país la constitución permanente era necesario consagrarse primero a la reforma y preparación conveniente de las costumbres en que debía apoyarse" (306). De esta forma, la constitución, en tanto producto del paso del tiempo y la reforma de las costumbres, podría ser la norma fundamental que termine conservando esas costumbres adquiridas; mientras tanto, los estatutos, decretos y normas previsionales, podrían ser suficiente para gobernar.

<footnote n="174">174 Somos conscientes de que esta reducida enumeración no agota todos los documentos (estatutos y reglamentos) surgidos antes de la constitución de 1819. Para una enumeración completa, puede consultarse la compilación ya citada *Estatutos, Reglamentos y Constituciones Argentinas* (cfr. también Seco Villalba; 1943).</footnote>
Una perspectiva diferente fue defendida por los diputados Zavaleta y Pacheco de Melo, quienes sostuvieron "que el país, cualesquiera que fuesen sus circunstancias presentes debía ser constituido" (306). En 1819, la pluma del Deán Funes reforzaba en un nuevo *Manifiesto*, que acompañaba el texto constitucional, los esfuerzos del Congreso por "[A]batir el estandarte sacrílego de la anarquía y la desobediencia", ya que "las santas máximas de la libertad servían de escudo a los desórdenes" (ERCA, 147). El tono general del Congreso estaría, entonces, marcado por el llamado que aquél realizara en el decreto que secundaba el *Manifiesto* del 1 de agosto. Éste comenzaba con un vaticinio: "fin a la revolución, principio al orden" (Mabragaña; 1910:110)<fnref n="175" />. En pocas palabras, se trataba de inocular en el Estado naciente los anticuerpos para detener el "virus revolucionario" que "se incrementa con su continua acción y se nutre y vigoriza de lo que destruye" (101).

Asociada, como mencionamos, la soberanía popular y los modernos derechos naturales al desorden y la disgregación, el debate ideológico en torno al Congreso buscará responder nuevamente a la pregunta por la reposición de la obligación política. La respuesta a esa pregunta será imaginada como lo que, en leguaje aristotélico, podríamos denominar una especie de punto medio entre un exceso y un defecto, identificados éstos con la anarquía y el despotismo, respectivamente (cfr. Botana; 2016:160). Ese punto medio se acercará al ideal clásico del gobierno mixto y a sus desarrollos teóricos e históricos posteriores para sugerir que el orden y la unidad podían ser beneficios más ligados a una monarquía temperada a la inglesa, antes que a un régimen republicano. En este capítulo, analizaremos los debates y publicaciones en torno a las actividades del Congreso de Tucumán y la constitución de 1819.

Aquí, nos interesa mostrar, particularmente, cómo las estrategias del constitucionalismo y algunos postulados teóricos del liberalismo europeo pudieron articularse en la recepción rioplatense de las ideas políticas, para dar lugar a un

<footnote n="175">175 El decreto, de fecha 3 de agosto de 1816, estaba firmado por José Ignacio Thames y Juan José Paso, a la sazón, presidente y secretario del Congreso, respectivamente. La misma frase, con una ligera modificación, aparece en el número 15 del *Redactor* con fecha 17 de diciembre del mismo año: "fin a la revolución, principio del orden" (ACA, I, 261).</footnote>
original experimento constitucional que, entendemos, intentaba conciliar formas
superpuestas de la soberanía en un entramado institucional mixto de carácter
aristocrático, acreedor de cierta imagen de la tradicional constitución histórica
británica y de la antigua república romana.

1. República y monarquía. Definiciones y redefiniciones en la era de las Revoluciones

Como hemos visto en el capítulo anterior, apenas desatado el acontecimiento
revolucionario en el Río de la Plata, los hombres de esa generación de 1810
identificaron al primer ensayo autonomista como republicano. La "República" no
designaba un régimen específico, sino que era identificada, por Moreno y
Monteagudo, como un depósito semántico opuesto al despotismo que podía
promover la autoinstitución y, sin abandonar un inapelable compromiso con la
igualdad, extraía su legitimidad de una voluntad general, cuya concreción empírica
resultaba dificultosamente imaginable.

En poco tiempo, el derrotero revolucionario, como un eco de la experiencia
francesa, irá asociando semánticamente la república al desorden y la disgregación.
Por otra parte, había sido no la monarquía, sino la forma particular de la monarquía
borbónica española, la que fuera identificada como una variante del despotismo. El
modelo monárquico temperado por las leyes con el que Montesquieu describiera a la
monarquía británica en un famoso capítulo de *Del Espíritu de las Leyes*, podía proveer
—y así fue entendido— un exitoso ejemplo que asociaba la estabilidad con la
libertad. Como veremos, este modo particular de concebir y practicar la convivencia
humana, así como sus divulgadores europeos, no pasaron desapercibidos para los
hombres de la independencia. Así, por ejemplo, el periódico titulado *El Observador
americano*, publicado entre agosto y noviembre de 1816, dedicaba su sección de
"Política" a resumir y divulgar las ideas políticas del pensador gascón sobre la
clasificación, principios y naturaleza de las formas de gobierno.
En cuanto a la forma de gobierno, la independencia podía dar lugar a repúblicas electivas que abrevaban en modelos históricos como la república romana o las repúblicas renacentistas italianas, las Provincias Unidas de los Países bajos, la Francia revolucionaria y la experiencia federativa de los Estados Unidos (cfr. Sábato; 2018:5). En segundo lugar, la independencia podía dar lugar a la monarquía que, como forma de gobierno, reponía el principio de legitimidad histórico de la herencia y de los privilegios corporativos. No obstante, si retomamos los recaudos metodológicos previamente aludidos de la historia conceptual, es menester tener en cuenta que los conceptos políticos fundamentales se vieron envueltos, en la centuria que va aproximadamente, de 1750 a 1850 —y que Koselleck denominaba *Sattelzeit*—, en un proceso de mutaciones semánticas. En otras palabras, es posible sostener que, conceptos como, por ejemplo, el de "nación", "democracia", "revolución", "república" son "términos viajeros" (Nicolet; 1982:16), en tanto pueden alojar a lo largo de sus usos históricos, sentidos diversos. Por este motivo, creemos pertinente comenzar aludiendo a cierto debate conceptual que, entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, envuelve a las dos formas de gobierno disponibles en la era de las independencias.

Entre el 6 y 16 de julio de 1791 se publican tres cartas en las páginas del periódico *Le Moniteur* de París de una pequeña controversia entre Thomas Paine y Emmanuel-Joseph Sieyès en torno al concepto de "República". A partir de dichos escritos, es posible observar que, en términos generales, tanto Paine como Sieyès, se oponen a pensar el republicanismo dentro del universo teórico del humanismo cívico, tradición cuyas ideas se habían extendido ampliamente a lo largo del siglo XVIII en Francia<fnref n="176" />. Como observamos en el capítulo anterior, esta tradición —prevista por Rousseau y

<footnote n="176">¹⁷⁶ Como señala María Luisa Sánchez Mejía, durante la época revolucionaria aparece en Francia un renovado interés por las reflexiones de los clásicos y por el republicanismo clásico. En 1796, Sismondi escribe sus *Recherches sur les constitutions des peuples libres* donde refiere un capítulo entero a "Des républiques d'Italie dans le Moyen Âge". En 1797 aparece una nueva traducción de la *Política* de Aristóteles y en 1799, una nueva edición de las obras de Maquiavelo (cfr. Sánchez Mejía; 2003:196). A ello habría que agregar la publicación, en 1748, de *Del Espíritu de las Leyes* y el hecho de que Rousseau haya sido el mayor *best seller* a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y durante la primera década revolucionaria (cfr. *supra* Barny; 1974:62)</footnote>
Montesquieu para espacios geográficos limitados<fnref n="177" />— giraba alrededor del concepto de virtud política: “es ésta el resorte que mueve al gobierno republicano” (Montesquieu; 2007:21). Dicha virtud se entendía como “el amor de las leyes y la patria” (65). Es decir, una entrega del ciudadano al bien público, incluyendo la defensa de la República con la propia vida. Pero también, en una república, la virtud es un sentimiento que inspira el amor por la igualdad, lo que Montesquieu llamaba “frugalidad” (74).

Como es sabido, Montesquieu introduce una nueva tipología de las formas de gobierno, en comparación a las realizadas por sus antecesores. A diferencia de Maquiavelo, el pensador de la Brède introduce una nueva forma, además de las repúblicas y principados. Al igual que los clásicos, vuelve a la tripartición de las formas de gobierno, pero incluye una forma que los antiguos ubicaban como la corrupción del gobierno monárquico: la tiranía. Montesquieu la llama “despotismo”, que se da cuando “uno solo gobierna según sus voluntades y caprichos” (49).

En *Del Espíritu de las Leyes*, la república se define porque la soberanía está en manos del pueblo, pero la diferencia en la extensión de dicha soberanía marca dos formas que puede adquirir la república: la aristocracia, cuando la soberanía está en manos de algunas familias y la democracia, cuando la soberanía está en manos del pueblo en su conjunto (cfr.48-52; Bobbio; 2014:122-137 y Goldzinck; 2011:83-91). La república es, entonces, una forma de gobierno que exige desprendimiento. Por ese motivo, la virtud es un “sentimiento” (Montesquieu; 2007:73); sólo así puede estar presente desde el primer hombre de Estado al último ciudadano. Puede amarse a la patria, en tanto ésta sea sentida como cosa de todos y para ello, es exigible una relativa igualdad de todos. La virtud exige también, el desprendimiento de sí mismo y

<footnote n="177">¹⁷⁷ Así, por ejemplo, en el *Espíritu de las Leyes* se lee: “Está en la naturaleza de una república tener sólo un pequeño territorio; sin esto, no puede subsistir” (Montesquieu; 2007:166). En un pequeño texto anterior a *Del Espíritu de las Leyes*, titulado *Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence*, Montesquieu ya había expresado la misma opinión, cuando analizaba las causas de la caída de la república, en el capítulo IX: “mientras el dominio de Roma estuvo limitado a la Italia, la república pudo subsistir fácilmente [...] Pero cuando las legiones atravesaron los Alpes y el mar, la gente de guerra, que estuvo obligada a permanecer durante muchas campañas en los países que eran sometidos, perdieron poco a poco, el espíritu de ciudadanos” (Montesquieu; 1968:79).</footnote>
de los intereses personales, principalmente de la ambición de riquezas, en favor de
las leyes y del bien general. La república posee, pues, para Montesquieu —y, como
vimos, para Moreno y un primer Monteagudo—, un indisoluble compromiso con la
igualdad, esto es, en cuanto a la forma de la sociedad, ésta se pensaba democrática.

En este punto, creemos que vale la pena aclarar cierta dualidad semántica propia
del concepto de "democracia", ya que éste puede hacer referencia, por un lado, a una
forma de gobierno y, por otro, a una forma de sociedad cuyo rasgo principal es el
sustrato igualitario que constituye el fundamento de lo social. Que la sociedad se
pretenda igualitaria, no es algo que haga referencia al régimen político, sino a la
forma que había adquirido la sociedad posrevolucionaria y a la que, más tarde,
Tocqueville apelará con el concepto de "igualdad de condiciones" (Tocqueville;
2012:31). Este fenómeno, conocido sólo por los modernos, advino como "resultado de
una lucha para destruir el principio de una jerarquía fundada en el nacimiento" (Lefort
en Roldán; 2007:4). La democracia como forma social podrá aceptar modos
diferentes de articulación institucional y ser compatible con formas de gobierno
distintas, como la monarquía y la república. Este punto, según veremos más adelante,
no escapó de las reflexiones de Benjamín Constant ni de Juan Bautista Alberdi. Por su
parte, la democracia como forma de gobierno era algo que los antiguos atenienses
ya conocían y practicaban y, por el carácter asambleario que ésta revestía, no existía
la necesidad de distinguir entre titularidad y ejercicio del poder político, ya que el
propio pueblo reunido poseía la autoridad suprema (cfr. Sartori; 1992:34).

Ahora bien, si retomamos el debate previamente aludido, el distanciamiento de las
teorías del humanismo cívico<fnref n="178" /> es perceptible a través de las limitaciones que este
cuerpo de ideas muestra para traducirse como el fundamento filosófico de un
complejo institucional que sostuviera la construcción de una república en un gran
país. De esta forma, Paine se preocupa por diferenciar su idea de república, tanto del

<footnote n="178">178 El denominado "humanismo cívico", usualmente relacionado al modelo clásico del republicanismo no constituye una escuela de pensamiento específico, sino más bien, un cuerpo de ideas que apunta a la revalorización y fomento de la *vita activa* como una forma de vivir en la *polis* a partir del ejercicio de la virtud cívica, entendida como participación en los asuntos públicos (Cfr. por ejemplo, Skinner; 2003, Pocock; 2002 y Ovejero, Martí y Gargarella; 2004.</footnote>
modelo holandés como de las ciudades italianas, para entenderla, en línea con la
reciente constitución norteamericana de Filadelfia, "simplemente como un gobierno
por representación" y "fundado sobre los principios de la Declaración de Derechos"
(Paine en Sieyès; 2003:166).

En 1792, aparece la segunda parte de los *Rights of Man* que redactara Thomas
Paine y que estaría, prácticamente, dedicada a atacar a la monarquía como una forma
legítima de gobierno. Este pensador de origen británico fundaba y sostenía sus ideas
políticas radicales en la igualdad natural de derechos de los seres humanos, verdad
que, por otra parte, Jefferson plasmó como "autoevidentes" en la Declaración de
Independencia de las colonias del Norte. El principio igualitario de la nueva sociedad
democrática —que, como vimos, puede resultar un prominente argumento en favor
del autogobierno— negaba la posibilidad de pensar la soberanía en sentido
patrimonial, esto es, no era posible atribuirla como un activo de una parte de la
sociedad o de un individuo particular.

Por tanto, sólo la república podía considerarse un gobierno legítimo, en tanto nace
del consentimiento de los gobernados: igualdad, derechos y consentimiento
formaban los vértices del triángulo republicano que venía a reemplazar la legitimidad
hereditaria. De acuerdo a este autor, la república no es una forma particular de
gobierno, ésta se define por dos elementos. Por un lado, el objeto según el cual es
instituido el gobierno: el bien público o la cosa pública. La república es, desde esta
perspectiva, un criterio de gobierno orientado al bien común. Por otro lado, Paine
remarca su natural oposición a la monarquía, ya que ésta última se define por otorgar
"un poder arbitrario a una persona individual" (Paine; 2008:230)<fnref n="179" />. Esta persona, al
ejercer dicho poder, persigue el propio interés antes que la *res publica*. La República,
pues, no se define por adquirir una disposición particular de las magistraturas, sino
principalmente, por un radical rechazo del principio hereditario (cfr. 231). Este punto

<footnote n="179">179 La definición más completa que Paine realiza de la república aparece en el capítulo tres de sus *Rights of man* y dice: "Aquello que es llamado una *república* no es ninguna *forma particular de gobierno*. Se caracteriza enteramente por el propósito, asunto u objeto por el cual el gobierno debe ser instituido, y por el cual debe ser utilizado, RESPUBLICA, los asuntos públicos o el bien público; o, traducido literalmente, la *cosa pública*" (Paine; 2008:30).</footnote>
diferencia a Paine de otros pensadores como Sieyès, Constant o el propio Rousseau,
quienes consideraban que república y monarquía podían convertirse en elementos
miscibles.

Ahora bien, por más que la república no refiriera a una forma específica de
organizar los poderes del Estado, la rigurosa igualdad en la que ésta se fundaba
exigía que no fuera violado el principio básico del consentimiento (directo o
indirecto) y que remitía originariamente a una constitución, de la cual se derivaban las
instituciones políticas, así como los procedimientos de revisión y de legislación
ordinaria. De ahí que la república es, en el fondo, democrática y Paine haya
identificado sólo dos modos en que aquella pueda manifestarse: la democracia en su
forma simple o directa o bien, bajo la forma representativa (cfr. Urbinati; 2006:227-
233). Repúblicas eran, propiamente, Atenas y los Estados Unidos, a los que el propio
Thomas Paine caracterizaba como "la única república real en carácter y en la práctica
que existe actualmente" (Paine; 2008:231).

De esta manera, Paine criticaba a quienes defendían la inviabilidad de una
república de gran extensión<fnref n="180" />, sosteniendo que éstos "confundían, en primer lugar,
el interés del gobierno con la forma de gobierno, ya que la res-publica se
corresponde con cualquier extensión territorial y poblacional" (231). En todo caso, lo
que no puede recrearse actualmente, no es la república en sí misma, sino la forma
que adquirió en la antigüedad: una democracia simple en la que no se conocía el
principio de la representación.

<footnote n="180">180 Como hemos mencionado, Thomas Paine mantuvo una fuerte disputa con Edmund Burke, contra cuyas *Reflexiones* dirige principalmente los *Rights of Man*, ya que Burke se había erigido a sí mismo como un defensor de la monarquía temperada británica y como crítico de la Revolución Francesa. A este autor acusa, entre otras cosas, de confundir democracia con representación. La democracia era una forma de encuentro de la masa del pueblo que promulgaba las leyes. A medida que se fue incrementando la población y las extensiones territoriales de los cuerpos políticos, mientras permanecía desconocido el principio de la representación, aquellos degeneraron "compulsivamente" hacia las monarquías y aristocracias, pero "habiéndose comprendido finalmente el sistema representativo como en la actualidad, no hay razón para creer que estas formas de gobierno, ahora llamadas monárquicas o aristocráticas, pudieran alguna vez, haber tenido lugar" (Paine; 2008:229-30). Sin embargo, la crítica de Paine estaba dirigida, al menos en este punto, también a *Del Espíritu de las Leyes* de Montesquieu quien, como vimos, hacía incompatible al gobierno republicano con un territorio extenso y lo dejaba en claro en el capítulo 16 del libro VIII de su monumental obra.</footnote>
Es inevitable, en este punto, no percibir la sintonía entre los *Rights of Man* de Thomas Paine<fnref n="181" /> y los papeles de *El Federalista*. En este conjunto de artículos publicados en tres periódicos de la ciudad de Nueva York por Hamilton, Madison y Jay, entre 1787 y 1788, es el segundo de estos padres fundadores quien abiertamente busca dejar en claro qué es un gobierno republicano, en los números X y XXXIX:

"[...] podemos definir una república, o al menos dar este nombre a un gobierno que deriva todos sus poderes directa o indirectamente de la gran masa del pueblo y que se administra por personas que conservan sus cargos a voluntad de aquél, durante un período limitado o mientras observen buena conducta. Es esencial que semejante gobierno proceda del gran conjunto de la sociedad, no de una parte inapreciable, ni de una clase privilegiada de ella" (*Federalista*, 2012:159).

Madison creía también que los obstáculos señalados por Montesquieu podían ser superados para establecer un régimen republicano en un gran territorio, es decir, éste último no implicaba, necesariamente, sacrificar la libertad política. Para ello, la extensión territorial debería combinarse con el sistema de la representación, la división de poderes y los pesos y contrapesos en un sistema federal —lo que analizaremos a lo largo de este capítulo. Además, Madison diferenciaba —al igual que Paine— la república, en tanto gobierno representativo, de la democracia pura o simple, entendida ésta última como una combinación de gobierno directo, pequeño territorio y un reducido número de ciudadanos. En los estrechos límites que ocupaban las democracias griegas, habría sido impensable, aclara Madison en el *Federalista* LXIII, que cualquier forma de gobierno representativo pudiera haber resultado exitosa (cfr. 270). Es decir, la democracia se presentaba en la antigüedad como un modelo prácticamente necesario a causa de la escueta distancia física que separaba a los ciudadanos (cfr. Urbinati; 2006:224).

<footnote n="181">¹⁸¹ Cabe aclarar que, si bien Thomas Paine nace en Inglaterra, emigra a Pensilvania en 1776, año en que también publica el influyente panfleto *Common Sense* en favor de la independencia de las trece colonias británicas de Norteamérica. Posteriormente, se muestra admirador del evento revolucionario francés y viaja a Francia, donde se integra plenamente a la vida política francesa volviéndose miembro de la Convención, en 1792. Su alineación con el sector girondino le provoca persecuciones por parte del Jacobinismo y, después de un breve período en la cárcel, vuelve a los Estados Unidos.</footnote>
El problema fundamental de esta antigua forma de gobierno directo ejercido por el pueblo era la incontenible tendencia hacia los peligros del espíritu sectario, en el que el partido más débil o los sujetos menos favorecidos por el número se veían sacrificados al interés de la mayoría. Este problema, al que se agregaban las frecuentes turbulencias de las asambleas populares, las volvía "incompatibles con la seguridad personal y los derechos de propiedad" (*Federalista*, 2012:39). De ahí que Madison haya considerado a la república como el "remedio que buscamos" (39), ya que las instituciones representativas se presentaban como condición esencial que permitiera hacer de un gobierno con fundamento en la soberanía popular, una forma estable de gobierno, compatible con los derechos privados.

De esta manera, la extensión territorial no era simplemente un obstáculo que los modernos debían superar para pergeñar un buen gobierno, sino al contrario, era un prer requisito para lograr una exitosa implementación de las instituciones representativas. Desde otro punto de vista, es posible sostener que, en la postura madisoniana, el gran territorio era una forma de controlar el problema de las facciones en que, según las cortas experiencias de las democracias antiguas, recaía el gobierno popular (cfr. Sheehan; 2009:168).

Podemos observar hasta aquí, que, tanto para Paine como para Madison, la república es un régimen representativo que se sostiene, en última instancia, en la soberanía popular y se opone a la monarquía o a la inclusión de otra forma de legitimidad política que no sea la popular<fnref n="182" />. Si volvemos la mirada al mundo galo, la monarquía no es necesariamente excluyente con un sistema representativo, lo que sí es incompatible con un gobierno representativo es su variable absolutista. El poder concentrado en una única o en muy pocas manos es algo que pertenece al pasado y no puede reclamar ya legitimidad alguna. De esta forma, Emmanuel-Joseph Sieyès intentará —dirigiéndose principalmente a Thomas Paine— aclarar la confusión en la

<footnote n="182">182 Cabe aclarar que las coincidencias de estos dos padres fundadores acaban aquí, ya que Paine —como adelantamos en el primer capítulo— fue muy crítico del gobierno mixto, principio que, si bien puede remontarse a la antigüedad clásica, será tenido fuertemente en cuenta por los papeles de *El Federalista* para el diseño constitucional de la unión.</footnote>
que caen republicanos y monárquicos sosteniendo que no se trata de identificar
monarquía con absolutismo para luego oponerla al régimen representativo.

En principio, el abate Sieyès coincide con Paine en que todo régimen legítimo
deb debe ser representativo: "sostengo que toda constitución en la que la representación
no es su esencia, es una falsa constitución" (Sieyès; 2003:168). Empero, lo que
diferencia monarquía de república es la conformación del Poder Ejecutivo. Si éste es
ejercido por un consejo nombrado por el pueblo o por una asamblea legislativa, se
habrá formado una república. Si, en cambio, el Ejecutivo es ejercido por un solo
individuo de rango superior, puesto por encima de los ministerios o departamentos
de la administración, representando la unidad estable del gobierno, estamos frente a
una monarquía. En este caso, el monarca aparece exento de responsabilidad política,
por lo que sus ministros deben hacerse responsables de sus decisiones frente al
pueblo. Que esta magistratura sea electiva o hereditaria, es una cuestión de segundo
orden. Así resume el abate, la diferencia entre ambos sistemas: "Aquello que los
monárquicos realizarían a través de la unidad individual, los republicanos lo harían a
partir de un cuerpo colegiado" (169).

Sieyès adelanta aquí algunos temas que serán centrales en las preocupaciones de
un liberal como Benjamín Constant, tales como la conformación del Poder Ejecutivo o
el rol del monarca, pero, sobre todo, la libertad política compatible con diferentes
formas de gobierno (república y monarquía) e, incluso, la monarquía pudiendo
ofrecer mejores garantías a las libertades individuales que la república (cfr. Sánchez
Mejía; 2003:201).

No obstante, la propia marcha de los eventos revolucionarios irá develando una
trayectoria alejada de las proyecciones del abate. Si bien la primera constitución
francesa del 3 de septiembre de 1791 ponía como titular del Poder Ejecutivo al
monarca, la abolición de la monarquía inclinaba "la batalla de las dos legitimidades"
(Gauchet; 1995:55) para el lado de una asamblea que se asumía como representante
de la nación, en detrimento de la legitimidad histórica de la realeza. Sin la posibilidad
de una vuelta atrás después de este punto, la gramática constitucional del liberalismo
se orientará siempre a proponer la división del Poder Legislativo.

En suma, la monarquía à la Sieyès era más una "república coronada" (Sánchez Mejía; 2003:205) antes que una monarquía hereditaria de Antiguo Régimen, es decir, un régimen unipersonal, caracterizado por lazos —más o menos— directos de consanguineidad entre los sucesivos herederos al trono. De hecho, en la historia de las teorías sobre las formas de gobierno, la voz "monarquía" no siempre hizo referencia a la sucesión dinástica o familiar del poder regio<fnref n="183" />.

Esta idea, que nos remite directamente a las teorías monarquistas que a fines del siglo XVI cristalizan en torno al principio del derecho divino al trono, derivado de Dios y transmitido directamente al monarca, es, como se señala en el *Diccionario de Política* dirigido por Norberto Bobbio, una de las formas más recientes de la institución monárquica (cfr. Bobbio y Mateucci; 2005:998-1003). De hecho, en la monarquía romano-bárbara y feudal, el monarca era designado a través de una elección, aunque la misma recayera en general, sobre los miembros de unas pocas familias. Según el autor de la entrada<fnref n="184" />, la herencia al trono se fue estableciendo paralelamente a la construcción de los regímenes absolutistas, a medida que el papel del rey y del Estado fue ensanchándose progresivamente con el desarrollo de un ejército y una burocracia que demandaban un sistema de organización centralizado.

Para repasar los argumentos que sedimentaron la habitual imagen que poseemos de la monarquía, y a la cual se enfrentó la Revolución moderna, creemos necesario reponer el texto de Ernst Kantorowicz, *Los dos cuerpos del rey*. Allí, el autor sostiene que la idea de un *King that never dies* era lo que daba soporte a la continuidad de la

<footnote n="183">¹⁸³ En el caso de la monarquía española, la ley de sucesión a la corona, conocida como "Ley Sálica", fue establecida por Felipe V en 1713, después de la Guerra de Sucesión. Aunque intentaba imitar a la ley de sucesión francesa que excluía completamente a las mujeres del derecho de sucesión al trono, la española había fijado que las mujeres podían heredar el trono en caso de no haber herederos varones en la línea principal (hijos) o lateral (hermanos y sobrinos) (cfr. Ternavasio; 2015:49). Para el caso británico, la sucesión a la corona se regía por el *Act of Settlement* de 1701, por medio de la cual se pretende evitar la vuelta al trono de los partidarios católicos de Jacobo II. Para ello, se dispone que todos los monarcas debían pertenecer a la iglesia de Inglaterra (cfr. Bianchi; 2009:155-6).</footnote>

<footnote n="184">¹⁸⁴ La entrada "monarquía" del mencionado Diccionario pertenece a Paolo Colliva.</footnote>
comunidad política, garantizada a través de la continuidad simbólica de la figura del rey (cfr. Kantorowicz; 1957:317-331).

Puesto de otro modo, el monarca encarnaba la unidad del cuerpo político y la continuidad o permanencia de un monarca garantizaba la estabilidad de ese cuerpo político. Para explicar esto, Kantorowicz recurre a la diferenciación entre el cuerpo natural del rey, esto es, su cuerpo mortal y material —y, por lo tanto, temporalmente finito— y el cuerpo político del rey, invisible, elidido de las corrupciones del tiempo, "más amplio y largo que el cuerpo natural", y rodeado de "fuerzas misteriosas que reducen, o incluso remueven, las imperfecciones de la frágil naturaleza humana" (9). Ambos cuerpos constituyen una unidad indivisible, al menos, mientras se mantenga la existencia del cuerpo natural. A la muerte de éste, el cuerpo político migrará hacia otro cuerpo natural para investir simbólicamente al próximo rey. Así, a través de la inmortalidad del cuerpo político del rey y de la sucesión de cuerpos naturales es garantizada la perdurabilidad del poder monárquico. La perpetuidad, entonces, del cuerpo político del rey y la continuidad de la dinastía real son mutuamente dependientes; de allí el fuerte impacto que tendrá la acefalía de la monarquía hispana después de las abdicaciones.

Que el derecho real al trono se adquiera por nacimiento y a través de la descendencia sanguínea o, dicho de otra forma, garantizar de algún modo y por la sangre la continuidad del cuerpo natural del rey fue un recurso que permitió a las dos grandes monarquías occidentales (Francia e Inglaterra) acabar con dos formas de *interregno* que amenazaban la estabilidad de la monarquía. En primer lugar, un "pequeño interregno" que se daba entre el acceso al trono y la coronación del nuevo rey. Esto presentaba, por otra parte, el problema de si el rey ya podía actuar como tal antes de ser coronado, esto es, si el acto de la coronación era simplemente un ritual formal (que viene a manifestar con claridad algo que ya estaba, esto es, el poder en manos del rey) o, si bien poseía un carácter institucional mediante el cual se otorgaban los derechos regios. En segundo lugar, un "gran interregno", aquél que se da entre la muerte del cuerpo natural del rey y la elección de su sucesor. Así, la
legitimación del monarca provenía de la dinastía, ya que la "casa" permitía reivindicar
"que el cuerpo natural del rey nunca moría" (336)<fnref n="185" />.

Si giramos la vista a los teóricos más conspicuos de las formas de gobierno, la
monarquía no debe ser necesariamente hereditaria. Como sabemos, en el *Segundo
Tratado sobre el Gobierno Civil*, Locke desarrolla un sistema de gobierno que hace
del Poder Legislativo el poder supremo del Estado y del Ejecutivo, un subordinado de
aquel. Así, sostiene Locke que el Legislativo "es el poder supremo mientras subsiste
el gobierno" y que el Poder Ejecutivo, confiado a una persona, "se halla subordinado
claramente a este último y es responsable ante él, pudiendo ser transferido y
desplazado a voluntad" (Locke; 2015:212-3). Este pensador inglés define la monarquía
como aquella forma de gobierno en que la facultad de hacer las leyes, está en manos
de un solo hombre e identifica dos variables: "si dicho poder está vinculado a él y sus
descendientes", la monarquía será hereditaria, mientras que "si es solamente
mientras viva, y a su muerte el poder de nombrarle sucesor vuelve a los miembros de
la sociedad" (198), se tratará de una monarquía electiva.

No obstante, la distinción que más preocupaba a Locke era entre monarquía
moderada y absoluta, y lo que diferenciaba a las primeras de las segundas era que,
en aquellas, el poder legislativo y el ejecutivo "se encuentran en manos distintas"
(219). Si bien el concepto de power suele ser ambiguo en Locke porque es utilizado
para designar tanto una función como un órgano (cfr. Varela Suances-Carpegna;
2013:1), este autor se negaba a confiar en las mismas personas, la tarea de hacer y
ejecutar las leyes. Básicamente, porque en este caso, las leyes podrían realizarse

<footnote n="185">¹⁸⁵ En una línea de argumentación emparentada con la propuesta de Kantorowicz, Manuel García Pelayo realiza un extenso análisis sobre el concepto de "corona" en distintas épocas, para entenderla como un símbolo que ha permitido agrupar distintos intentos de transpersonalización del poder político, en tanto permite fundamentar el orden en algo que trascendiera a su propio portador. De esta forma, retoma una distinción entre la corona exterior o visible, un símbolo utilizado para la coronación de un monarca y, por otro lado, la corona invisible, una institución inenajenable, indivisible y perpetua. A partir de este análisis histórico que parte desde la antigüedad para llegar hasta la Baja Edad Media, el autor muestra cómo la corona fue concebida en tanto entidad jurídico-política diferente a la persona física del rey, hasta que a partir de la Alta Edad media, la corona se muestra como un centro jurídico ideal de integración que incorpora el conjunto de los factores constitutivos de la comunidad (monarca, estamentos, pueblo, territorio, lealtades), a la que tanto el rey como los estamentos deben lealtad (cfr. García Pelayo; 1968; 13-64).</footnote>
según los intereses particulares de quienes las ejecutan, los cuales pueden resultar contradictorios con los del resto de la comunidad.

En el caso de las "comunidades políticas bien ordenadas" (Locke; 2015:208), el poder legislativo debe tener en cuenta a la totalidad de quienes forman la comunidad política, por lo que generalmente se encuentra en manos de varias personas, esto es, una asamblea. Promulgada la ley, los legisladores pueden separarse, estando sujetos ellos mismos a la norma. Por este motivo, no es necesario que las reuniones del legislativo sean continuas. Por el contrario, el ejecutivo, al ser un poder "permanente" (209) y exija un ejercicio sin interrupción, puede estar atribuido a una única persona.

El caso de Rousseau resulta paradigmático porque en su ya famosa nota al pie del capítulo 6, en el libro II de *El Contrato social*, deja en claro que la monarquía puede ser republicana, definiendo a la República como "todo Estado regido por leyes, cualquiera que sea su forma de administración" (Rousseau; 2014:288). La monarquía es compatible con la república bajo la condición de que el gobierno y el soberano no se confundan, es decir, lo particular (Poder Ejecutivo) con lo general (voluntad general). Para Rousseau, ello implica una necesaria división de poderes: por un lado, el Poder Ejecutivo a cargo del gobierno (magistrados) que puede ser ocupado por un monarca y cuyas funciones son la administración y ejecución de las leyes. Por otro lado, un poder legislativo que sólo puede recaer en el pueblo. El gobierno posee solamente la potestad de realizar actos particulares que no son de incumbencia del soberano, ya que los actos de este último son leyes y, por tanto, generales.

Como hemos adelantado, además de Paine, Sieyès o Madison, otros teóricos ponían en entredicho el sentido de "república" heredado del humanismo cívico. Tal es el caso de Benjamín Constant y Germaine de Staël, quienes tuvieron también, un activo rol en la política y en el clima intelectual de su época como los principales representantes del conocido "Grupo de Coppet"<fnref n="186" />. Exactamente el 5 pradial del año

<footnote n="186">¹⁸⁶ El denominado "Grupo de Coppet", formado alrededor de la figura de Germaine de Staël realizaba reuniones de carácter informal de contenido teórico y literario. Sus reuniones se desarrollaron entre la Revolución Francesa y la Restauración. El nombre del grupo deviene del lugar donde se desarrollaban las reuniones, el castillo de Coppet, en Suiza, que pertenecía a Jacques Necker quien, por otra parte, había sido el anterior ministro de finanzas de Luis XVI y era el padre de de Staël. A sus reuniones asistieron asiduamente</footnote>
III (24 de mayo de 1795), Benjamín Constant llega a París acompañado por Germaine de Staël y ambos se incorporan a ese debate que estaba rediseñando el contenido semántico del concepto de "república". La llegada a Francia se da poco más de un año después de la reacción de Termidor que acaba en la caída de Robespierre, después de la cual se instaura la Convención Termidoriana, hasta que la constitución del año III instituye, en abril de 1795, el Directorio.

Constant comienza a adquirir importancia como publicista con una serie de publicaciones de carácter panfletario. La primera de ellas —y ya mencionada en este trabajo, *De la force du gouvernement*— le brinda la fama de tomar una *position centriste* (Raynaud en Constant; 2013a:18 y Todorov; 1997:75), ya que en dicha publicación, Constant realiza una férrea defensa del régimen republicano del Directorio<fnref n="187" />. Caracterizados por una alta fragilidad política, dos Directorios se sucederán en Francia entre 1795 y 1799 que se verán amenazados por partida doble; desde la izquierda, por los restos del radicalismo *motagnard* y desde la derecha, por los *emigrés* que habían comenzado su regreso a Francia, después de la caída de Robespierre. El período directorial posee, para Constant, una importancia crucial para encauzar la Revolución. A tal punto que sostiene que "[E]l momento actual es uno de los más importantes de la revolución. El orden y la libertad están de un lado, la anarquía y el despotismo del otro" (Constant; 2013a:33)<fnref n="188" />.

<footnote>intelectuales como Schlegel, Jean de Sismondi, von Humboldt, Chateubriand y, por supuesto, Benjamín Constant. El grupo tuvo un rol importante en el desarrollo de las letras románticas en el continente europeo (cfr. Hofman y Rosset; 2005). En cuanto a la relación con Germaine de Staël, ésta y Constant se conocen en 1794, en Lausana, donde comienzan una relación que va más allá de lo intelectual. Para una biografía de Constant, puede consultarse Wood; 1993.</footnote>

<footnote n="187">187 Los primeros folletos que inauguran la carrera pública de Benjamín Constant son *De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s'y rallier*, aparecido en mayo de 1796, publicación que tendrá una segunda tirada en junio de ese año. El segundo folleto se publica el 30 de marzo de 1797 y se titula *Des Réactions politiques*. Finalmente, en mayo de ese mismo año, aparece *Des effets de la Terreur*, donde el autor hace pública su polémica con Adrien de Lezay-Marnesia, quien sostenía que el Terror había contribuido a afianzar la república (cfr. más adelante, cap. V).</footnote>

<footnote n="188">188 La república directorial que surge tras el régimen del Terror, oscila en una dinámica en la que enemigos internos y externos, amenazaban en forma constante la continuidad del régimen. Así, el Directorio tuvo que arreglárselas con rivalidades internas y con la victoria en las urnas de los partidarios de la contrarrevolución, a lo que responde con fuertes medidas. Para una lectura más amplia sobre la historia del período, cfr. Soboul, 1972 y 1981:111-134, Rudé; 2004:197-218 y Vovelle; 2000:57-69.</footnote>
En 1798, Germaine de Staël redacta sus *Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la révolution et des principes qui doivent fonder la république en France*<fnref n="189" />. En este texto, se dedica a analizar la constitución del año III y señalar sus falencias<fnref n="190" />. Los principales aportes de este escrito pasan por proponer dos cámaras legislativas, una formada por elección libre y otra por miembros vitalicios dotados de importantes propiedades que formará un poder moderador, que la escritora denomina "cuerpo conservador" (de Staël; 1906:165) y cuyo objetivo era básicamente garantizar la sustentabilidad de la gran república: "asegurar, a través de una barrera invencible, la estabilidad de las bases constitucionales de la república y de los principios de la Revolución" (165). Su función moderadora pasaba por defender a la república contra las disposiciones de la primera cámara que podían poner en peligro todo el sistema.

El poder ejecutivo, por su parte, tendría derecho a voto y participaría en la elaboración de las leyes. La propuesta original de un nuevo poder suponía modificar el esquema tripartito de división de poderes establecido por Montesquieu en su célebre capítulo sexto del libro XI de *Del Espíritu de las Leyes*. Benjamín Constant, quien en ese momento permanecía muy cercano a Mme. De Staël, tomará la idea de un nuevo poder que garantice la sustentabilidad del mecanismo estatal, bajo el principio de que, para asegurar las libertades individuales, era menester evitar los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. A esta nueva rama del Estado, la denominará "poder neutro o preservador", en sus *Fragments*.

Aproximadamente, entre 1800 y 1803, Constant comienza la redacción de un tratado cuyo título adelanta los objetivos de la obra: *Fragments d'un ouvrage abandonné sur la possibilité d'une constitution républicaine dans un grand pays*<fnref n="191" />. En

<footnote n="189">¹⁸⁹ Aunque redactado en 1798, el texto se publicaría por primera vez en 1906.</footnote>

<footnote n="190">¹⁹⁰ El problema fundamental de la constitución de 1792 es que proponía un Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil, formado por un consejo de 24 miembros designados por el Legislativo. Las dificultades operativas se volvieron muy marcadas y hacían a este consejo dependiente de la Asamblea, la que a su vez se volvía un poder muy lento, ya que toda ley para su promulgación final debía ser sometida a referéndum. Este problemático mecanismo constitucional acabó en la formación del *Comité de Salut Publique* y la hegemonía de Robespierre (cfr. Sánchez Mejía; 2003).</footnote>

<footnote n="191">¹⁹¹ Cabe aclarar que el editor de dicha obra en español decidió titularla *Una Constitución para la República de los modernos* (cfr. Constant; 2013b). La profunda inestabilidad política de la época atentará contra la publicación de la obra y nunca aparecerá en vida del autor. Dado que esta obra nunca fue publicada en vida</footnote>
estos escritos, Constant señala lo que la tipología de los regímenes políticos
establecida en los primeros libros de *Del Espíritu de las Leyes* impide ver, esto es,
una salida republicana para un país con la extensión y población que tenía Francia a
fines del siglo XVIII. La cuestión que se imponía al pensamiento y la acción política era
una novedad en el mundo europeo, la de la viabilidad de una república para un gran
país como sustituto de una monarquía inmemorial como la francesa (cfr. Goldzinck;
2011:256). El propio Constant reconocía la novedad histórica de este proceso de
descomposiciones y reconstrucciones de estructuras políticas, jurídicas e
institucionales cuando sostenía en *De la Force*, que "la historia no nos ofrece ningún
ejemplo de una república de 25 millones de hombres" (Constant; 2013a:76).

A diferencia de su compañera, las reflexiones de Constant darán mucho más
espacio a la gramática constitucional que demandaba una sociedad moderna. A la
propuesta de un poder preservador realizada por su mentora intelectual y política,
Constant agrega que éste debía ser "lo que es el poder monárquico en Inglaterra, con
las diferencias exigidas por la naturaleza del sistema republicano" (221). De esta
forma, el poder neutro —que en reflexiones posteriores estará ocupado por un
monarca—, en los *Fragments* se conformaría por un consejo, una suerte de tribunal
constitucional que tomaría como funciones las prerrogativas reales británicas (como
el veto y la posibilidad de disolver las asambleas legislativas). Como vemos, desde
esos primeros días en territorio francés, las cavilaciones de estos dos personajes
estarán centradas en determinar "cuáles son las condiciones de posibilidad de la
realización del ideal democrático de igualdad y libertad en un gran Estado moderno"
(Chopin; 2002:14).

<footnote>por el autor, tampoco recibió un título definitivo por parte de éste y, al ser abandonada, se convirtió en los
*Fragmentos de una obra abandonada...* (escritos por Constant entre, aproximadamente, 1796 y 1805). En 1991
aparece una edición ordenada de los manuscritos de Constant realizada por Henri Grange y, en 2005, se
incluye una nueva edición en las *Oeuvres Complètes de Constant*, ordenada por María Luisa Sánchez Mejía y
editada por Max Niemeyer Verlag con el título de *De la possibilité d'une constitution républicaine dans un
grand pays (1799-1803)* (cfr. Grange en Constant; 1991:9-30). Las obras completas de Benjamín Constant,
editadas por Max Niemeyer, constan de más de 30 volúmenes a los que hemos podido acceder en la
*Bibliothèque Nationale de France* gracias a una beca *Saint-Exupéry* otorgada por la embajada francesa en
Argentina y el Ministerio de Educación de la Rep. Argentina.</footnote>
Podemos sostener que los esfuerzos de Germaine de Staël y Constant se orientaban a salvar los principios revolucionarios, lo que, en ese momento histórico, estos autores entendían, implicaba la defensa de la república como medio de "terminar la revolución", según la expresión de Michel Troper (2006) si entendemos la idea de "terminar" como concreción antes que eliminación. El propio Constant lo volcó por escrito en *De la Force* con las siguientes palabras, persiguiendo, no simplemente el fin del vértigo revolucionario, sino fundamentalmente, la consumación de sus principios: "deseo ardientemente ver terminarse la Revolución, porque ésta no puede ser más que funesta a la libertad y es una de mis razones para desear ardientemente también, la consolidación de la República" (Constant; 2013a:34).

Tanto Constant como de Staël concuerdan con Sieyès en que la república está ligada a una forma colegiada en el ejercicio del poder ejecutivo. Probablemente, la ratificación de un ejecutivo colegiado era una forma de transparentar una persistente desconfianza que los girondinos de Termidor sostenían frente a la unipersonalidad del poder, identificada simultáneamente con el despotismo de los Borbones y con el de Robespierre, cuya actuación a la cabeza del Comité de Salud Pública desembocó en la administración de un régimen de terror revolucionario. Mme. De Staël nos facilita un indicio de esta desconfianza cuando, en sus *Des Circonstances*, sostiene que existen tres principios que no pueden ser evitados sin salir del gobierno republicano. Uno de ellos es "la división del poder ejecutivo en varios miembros" (de Staël, 1906:182), porque, en Francia, todo hombre que estuviera a la cabeza del gobierno "querría convertirse en rey" (182).

Ahora bien, como la desconfianza en el ejecutivo no suponía la confianza en las asambleas legislativas, la constitución del año III dividirá este segundo poder en dos cámaras, una para proponer leyes y otra para aprobarlas o rechazarlas (el Consejo de los Quinientos y el de los Ancianos, respectivamente). A este ejecutivo, de Staël le atribuirá las funciones que, en Constant, encontraremos como facultades del poder neutro. Así, sostenía de Staël que "le falta al Directorio un veto suspensivo [...] le
falta el derecho de disolver el Consejo de los Quinientos y de convocar a una nueva
elección popular" (176).

Constant, por su parte, también reconocerá, aunque de manera retrospectiva —
recordemos que el Directorio estuvo vigente entre 1795 y 1799 y los *Fragments* fueron
redactados aproximadamente entre 1800 y 1803— que las desgracias institucionales
no provinieron "del carácter colegiado del poder ejecutivo, sino de la imposibilidad
de frenar de forma constitucional la deriva del poder legislativo" (Constant;
2013b:99)<fnref n="192" />. Esto es, el problema del Directorio no radicaba en el principio de su
composición, sino en que no podía recurrir al veto suspensivo ni a la disolución de las
asambleas legislativas.

Dicho de otra forma, un ordenamiento institucional estable debía ser capaz de
moderar tanto las iniciativas del Poder Ejecutivo, como las del Poder Legislativo. En
referencia a este último, Constant interpretaba a través de una herencia lockeana que
"el poder legislativo es evidentemente el primero de todos en rango y dignidad" (30)
y ello porque el poder legislativo es la expresión de la instancia suprema que es el
pueblo. Empero, es también, "el más errático en sus movimientos, el más
imprevisible en sus resultados" y tiene, por tanto, "una necesidad más perentoria de
ser contenido y mantenido dentro de límites precisos" (105).

Por otra parte, Constant diferenciaba en sus *Fragments* —al igual que Locke—,
entre una monarquía hereditaria y una electiva. Coincidía, además, con Sieyès en
denominar "monarquía" a un régimen en que el poder ejecutivo sea confiado a un
solo hombre, pero negaba su posibilidad para la Francia posterior al 9 termidor. Sin
embargo, era, antes que sus propias virtudes, *la force des choses* (Constant; 2013a:52)
la que imponía un gobierno republicano. Ello no implicaba, sin embargo, seguir el
modelo norteamericano que, sin perjuicio de haber tenido éxito en establecer una

<footnote n="192">¹⁹² Más adelante se referirá en forma extensa a la constitución del año III: "La primera constitución que puso fin a aquel período de despotismo y delirio seguía sin limitar suficientemente al poder legislativo; no establecía ningún contrapeso contra sus excesos, no consagraba ni el indispensable veto del poder ejecutivo ni la posibilidad no menos indispensable de disolver las asambleas representativas, ni siquiera garantizaba, como lo hacen algunas constituciones americanas, los más sagrados derechos de los individuos contra el expolio de los legisladores" (Constant; 2013b:139).</footnote>
autoridad duradera prescindente de un criterio de legitimidad histórica, su imitación
debía ser descartada para la república francesa. Sostiene Constant que "este ejemplo
no tiene nada que ver con nosotros" (Constant; 2013b:57)<fnref n="193" /> y su punto de vista había
sido predicho por Sieyès, quien espetaba que los efectos de intentar realizar el
sistema norteamericano en suelo francés terminarían por "alterarlo todo", ya que "es
extranjero a la Francia, que debe ser un Estado uno" (Sieyès; 1789:19)<fnref n="194" />.

Ahora bien, si a juicio de Constant, la república se imponía por las propias
condiciones históricas, es porque, en principio, este autor había heredado de
Montesquieu una visión de la monarquía según la cual, el elemento que definía a esta
última forma de gobierno no consistía en el gobierno de uno solo, sino en la
presencia de cuerpos intermedios que, en función de antiguas leyes fundamentales
moderaban la prerrogativa real<fnref n="195" />. En una monarquía —según la obra cumbre de
Montesquieu—, los cuerpos intermedios, tales como el clero y la nobleza, suponen
"canales medios por los que corre el poder" (Montesquieu; 2007:44). En otras
palabras, la monarquía se caracteriza por integrar elementos aristocráticos en la
organización de las magistraturas, cuyo rol es fundamental porque evitan un
desborde de la prerrogativa (del espacio del gubernaculum) sosteniendo y afirmando
las leyes fundamentales del Estado. De lo contrario, la monarquía resbala hacia el
despotismo. Podemos advertir, pues, que Montesquieu posee, al igual que Jovellanos,
una visión jurisdiccional de la monarquía; ésta es, por definición, un sistema
moderado.

<footnote n="193">¹⁹³ Según Constant, la constitución de la Unión ha podido implementar un ejecutivo unipersonal, principalmente por las ventajas geográficas que le otorgaba su posición continental. Los Estados Unidos no se encontraban rodeados por otras naciones ni poseían conflictos bélicos considerables como la Francia revolucionaria. Por otra parte, la unidad que demandaba Francia hacía imposible generar una federación como el caso de las ex colonias británicas. Centralizar el poder ejecutivo en una sola persona, podría significar una recaída en el despotismo.</footnote>

<footnote n="194">¹⁹⁴ De hecho, eso mismo establecía el decreto del 25 de septiembre de 1792, promulgado cuatro días después del decreto de abolición de la monarquía: "La convención Nacional declara que la República francesa es una e indivisible", sentencia que posteriormente se convertirá en el artículo 1 de la constitución de 1795 (cfr. Arancón; 1989:23).</footnote>

<footnote n="195">¹⁹⁵ En efecto, según Montesquieu, “[L]os poderes intermedios subordinados y dependientes constituyen la naturaleza del gobierno monárquico [...] El poder intermedio subordinado más natural es el de la nobleza” (Montesquieu; 2007:44). El concepto de “poderes intermedios” hace referencia a los cuerpos jurídicos y políticos propios del Antiguo Régimen (Parlamentos, jurisdicciones señoriales y eclesiásticas), así como a los órdenes sociales (nobleza, clero).</footnote>
En base a este principio que aparecía en *Del Espíritu de las Leyes*, Constant afirmaba que “[U]n rey no puede existir sin nobleza” (Constant; 2013a:84). No obstante, el rol de la nobleza francesa había sido desde antaño corrompido y acabó abandonando su función moderadora para convertirse “en un ornamento brillante pero sin propósito definido, [...] no era más que el vestigio indefinible de una sistema ya casi aniquilado” (Constant; 2013b:15)<fnref n="196" />. Consciente de la incompatibilidad entre los privilegios hereditarios de una minoría y una sociedad moderna fundada en la universal igualdad formal de los seres humanos, Constant reconoce la función que Montesquieu otorgaba a la nobleza, al sostener que, en los gobiernos despóticos, las instituciones hereditarias son útiles porque pueden constituir “un refugio y una defensa”, creando “una especie de neutralidad” (8). Si Francia había decidido prescindir de las instituciones hereditarias, sería necesario redactar una “constitución excelente” (8) porque la igualdad puede resultar, a su vez, un terrible componente del despotismo.

Si acaso existía algún ejemplo histórico que había hecho de la nobleza hereditaria una institución compatible con la libertad, era, a ojos de Constant —y de Montesquieu—, la monarquía inglesa. El modelo inglés sobrevuela muchos de los textos de este autor quien, en manifiesta admiración por dicho sistema templado, aseguraba que “siempre que se habla de la monarquía, la idea de Inglaterra acude a la mente de los amigos de la libertad” (55). El modelo inglés se encuentra siempre en la mira de Constant cuando redacta sus *Fragments*. No obstante, su admiración a dicho modelo no es ciega porque tiene en cuenta la imposibilidad de trasplantar las instituciones de una monarquía hereditaria a un régimen republicano, cuyo fundamento descansa en el principio de la elección de los gobernantes. Para este autor, se trata, entonces, de imaginar cómo puede ser posible mantener la función que ejercía la nobleza hereditaria en una monarquía y adaptarla a un gobierno

<footnote n="196">¹⁹⁶ Exactamente la misma frase aparece en el capítulo IV de la edición de 1815 de los *Principes de Politiques*. [...] *elle était le souvenir indéfinisable d'un système à demi détruit* (Constant; 1997:345), así como también en el capítulo 12 del Libro X de la versión de 1810. En lo que fue una práctica muy habitual en Benjamín Constant, este autor toma un extenso párrafo del capítulo quinto del libro I de sus *Fragments* y lo reproduce textualmente en los *Principes*.</footnote>
republicano. Lo que se traducirá en una permanente propuesta de dividir el legislativo en dos cámaras.

Según Marcel Gauchet, es justamente en este punto donde estriba la originalidad del pensamiento de Benjamín Constant. Este último ha sido capaz de integrar parte del núcleo central de las críticas monárquicas a la Revolución, basadas en la legitimidad del principio hereditario, modificarlas e incorporarlas a una constitución republicana, al mismo tiempo que rechazaba el Antiguo Régimen. De esta manera, los esfuerzos de Constant estuvieron orientados a incorporar "en el interior de un sistema fundado sobre la representación, un elemento derivado de la antigua visión monárquica del poder" (Gauchet en Constant; 1997:34) a partir, principalmente, del omnipresente ejemplo británico.

La admiración que Constant dedicaba a las instituciones de esa isla al otro lado del canal de La Mancha se asentaba en el convencimiento de que allí la libertad y la estabilidad conviven a partir de la neutralización del poder regio, no de su desaparición (cfr. Constant; 2013b:55-61). En Francia, por el contrario, la Revolución había creado una gran inestabilidad política que ahora heredaba la República. La conclusión de Constant era que para que ese horizonte no acabara en un nuevo fracaso, una constitución republicana, fundada sobre la elección, debía incorporar en sus instituciones una instancia que resguardara las dimensiones de eminencia y permanencia que, en una monarquía, se atribuían a la persona del monarca (cfr. Gauchet en Constant; 1997:35). Para decirlo de otro modo, si bien el régimen republicano genera, en principio, ciertas incompatibilidades insuperables con una monarquía, su puesta en práctica y garantía de estabilidad pasaba por comprender que algunas de sus disposiciones no podían ser republicanas (cfr. Grange en Constant; 1991:37).

2. El debate político rioplatense frente al desafío del orden en la primera década de la Revolución

2.1. Un viraje intelectual: nuevos problemas y nuevas lecturas
El desarrollo teórico de este apartado se orienta en la confianza de que es posible establecer cierto parangón entre la realidad del Soberano Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sud América de 1816, y la Francia termidoriana. El imperativo de consumar la Revolución, que podemos identificar como la tarea histórica del liberalismo francés (cfr. Rosanvallon; 2015), aspiraba a la superación de una ecuación que se resumía en términos del desorden o la tiranía.

En palabras de Marcel Gauchet, se abría la pregunta de si era posible una conciliación entre los principios de la libertad y los de una autoridad política eficaz que se sostuviera en el tiempo (cfr. Gauchet en Constant; 1997:31). Esto es, garantizar, simultáneamente, el orden y la libertad. Para hacer frente a este objetivo, la constitución política se alzaba como un medio para solucionar una situación marcada por una grave crisis institucional, como se afirmaba en el *Redactor* del Congreso del 24 de diciembre de 1816: "Una constitución [...] es la única áncora que podía libertarnos en la tormenta que amenaza" (ACA, I, 267). Difícilmente podríamos extraer de esta cita del *Redactor*, la evidencia de una lectura de Benjamín Constant. Empero, nos permite al menos, dar cuenta de dos contextos (el rioplatense y el francés) que, si bien diferentes, abundan en paralelismos a partir de los cuales es posible avizorar un marco sensible a la posterior lectura y recepción del lausanés.

La constitución, que Funes identificaba como un "pacto social que determina la forma de su gobierno, asegura la libertad del ciudadano, y abre los cimientos del reposo público" (ERCA, 156)<fnref n="197" />, debía consolidar un compromiso que protegiera al nuevo Estado de las convulsiones políticas derivadas del proceso revolucionario, así como sostener su presencia en el concierto de las naciones. Nuevamente, constitución y emancipación son, como hemos indicado, dos momentos necesariamente simultáneos, ya que la primera era el acto mediante el cual se concretaba la segunda (cfr. Portillo Valdés; 2016:52).

<footnote n="197">¹⁹⁷ Nuevamente, es posible identificar que la constitución se interpretaba bajo una óptica contractualista que ya estaba presente en Moreno, como la expresión jurídica del pacto social que funda la sociedad política.</footnote>
En un mundo en el que persistían ciertos privilegios heredados, los pueblos del ex virreinato continuaban invocando derechos particulares que provenían del antiguo régimen hispanocolonial (cfr. Chiaramonte en Sábato; 2003:107). Esta postura de los pueblos, que respondía a la visión localista y plural de la soberanía, se enfrentaba constantemente al principio unitario de la soberanía de la nación que pretendía encarnar el Congreso en tanto representante de aquélla. La tensión se vuelve explícita en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, este último acusaba a quienes "eructando derechos de los pueblos", olvidaban "que hay un Congreso en que los han depositado por la unión de sus representantes" (ACA, I, 267). Así, *El Redactor* se preguntaba, en enero de 1816, si la constitución podría cumplir el rol de un "poderoso dique que contuviese el torrente de las disensiones que nos devoran" (278). La idea de "dique" aparece, significativamente, en muchas ocasiones dentro de las discusiones del Congreso<fnref n="198" /> y, traída del mundo físico, alude principalmente, al acto de oponer resistencia. En este caso, una doble resistencia, frente a los palpables desbordes democráticos, por un lado, pero también, a la amenaza del despotismo que, como enseñaba Constant, podía estar en manos de uno, o de una asamblea (cfr. Constant; 1997:321).

Si bien —como vimos en el capítulo anterior—, los derechos habían cumplido un rol central en el andamiaje argumentativo que permitió legitimar la ruptura del vínculo con la metrópoli, la búsqueda de un orden constitucional hará que aquella centralidad se desvanezca progresivamente, reorientando algunas lecturas e inclinando a algunos actores revolucionarios hacia nuevos horizontes teóricos. El caso de Bernardo de Monteagudo es, en este sentido, paradigmático. Aunque este personaje no formaba parte del Congreso Constituyente de 1816, sí tuvo un papel importante en el *Redactor de la Asamblea del Año XIII*, teniendo a su cargo la redacción de las actas de ese primer congreso constituyente y, además, nunca

<footnote n="198">¹⁹⁸ También se la puede encontrar, por ejemplo, en las transcripciones de las sesiones del 24 y 25 de marzo de 1816: "¿Qué dique más poderoso podía oponerse a este torrente de males políticos que amenazaban absorber la patria...?" (ACA, I, 183); "[...] la instalación del Congreso Nacional, así para satisfacer los ardientes votos de todas las provincias de la unión, como para poner con este lleno de autoridad legítima un poderoso dique a los inminentes males que amenazan suplantarlos" (185).</footnote>
abandonó una activa presencia en la prensa. Como identifica Silvana Carozzi, es posible registrar en este autor, un giro intelectual mediante el cual se abandona paulatinamente una posición igualitaria radical, para acercarse a cierta literatura política de cuño británico más moderada (cfr. Carozzi; 2017:273-279).

El abandono del original fulgor democrático por parte de Monteagudo, para virar hacia preocupaciones orientadas al orden social, puede percibirse ya desde principios del año 1812, cuando comienza a publicarse *El Grito del Sud*<fnref n="199" />. En este periódico, conviven una inclinación de tipo republicana, ligada a la evocación de unos derechos a partir de los cuales se construye el gesto legitimador de la ruptura revolucionaria con algunas críticas al pensamiento rousseauiano, al que se caracteriza como "delirante sistema" por proponer que "las ciencias eran menos útiles que perjudiciales al linaje humano"<fnref n="200" />.

Esta postura de desconfianza frente a la Ilustración que Rousseau adoptaba en su *Discurso sobre las Ciencias y las Artes* no parecía apropiada a unas latitudes en donde la ignorancia sobre unos derechos había dado pábulo a la esclavitud que aceptaban los rioplatenses. Para Monteagudo, la ilustración, que sería llevada a cabo por la élite, se tornaba evidente en un contexto en el cual imperaba la necesidad de contar con un medio a partir del cual pudiera expresarse la voluntad general: la opinión pública. Esta acción ilustrada era propuesta como un objetivo en las *Observaciones Didácticas* que Monteagudo había comenzado a publicar en 1812. Por su parte, *El Grito del Sud*, en el mismo año, insistía en los perjuicios de aquel *Primer Discurso* del ciudadano de Ginebra: "me he constituido de probar que sus principios en el determinado caso que queda expuesto sobre ser rigurosamente absurdos, precipitarían, si se adoptasen, nuestra ruina"<fnref n="201" />. Esta tarea de fomentar la ilustración,

<footnote n="199">¹⁹⁹ Como hemos mencionado anteriormente, este periódico, que circuló entre el 14 de julio de 1812 y el 2 de febrero de 1813, fue el principal órgano de expresión de las ideas revolucionarias de la Sociedad Patriótico Literaria. Si bien existen ciertas dudas sobre el hecho de que la dirección de este órgano de prensa haya estado a cargo de Bernardo de Monteagudo, es de presumir que tuvo un importante rol en su redacción, ya que se trataba no sólo del secretario de aquella asociación, sino del propietario de una de sus plumas más enérgicas (cfr. Carozzi; 2017:231-3).</footnote>

<footnote n="200">²⁰⁰ Ambas citas corresponden a *El Grito del Sud*, 28 de julio de 1812, 71</footnote>

<footnote n="201">²⁰¹ *El Grito del Sud*, 14 de enero de 1812, 59.</footnote>
puesta a cargo de la *Sociedad Patriótica*, es a la que el propio Monteagudo se refiere como un "seminario de la ilustración" (Monteagudo; 2009:243) en la *Oración Inaugural* que este revolucionario pronuncia el día 13 de enero de 1812.

Otra crítica que aparece en las páginas de *El Grito del Sud* posee ciertos paralelismos con las vertidas por Edmund Burke en sus *Reflexiones sobre la Revolución Francesa*. Como podemos recordar, este *whig* irlandés se refería a los derechos, en su versión francesa, como abstractos axiomas metafísicos o matemáticos. Así, es posible leer en el periódico *rioplatense*: "Dejemos de inculcar tanto por ahora sobre algunos principios generalísimos, que sin diestra modificación y muy experimentados conocimientos no pueden ajustarse, como abstractamente se concibieron a la ribera del lago de Ginebra..."<fnref n="202" />. Dos números más adelante, el periódico insiste enfáticamente con esta postura al sostener que

> "Hasta ahora no se le ha presentado para que se ilustre, sino el pacto de Juan Jacobo Rousseau. Esta obra por excelente y aún magistral que sea, contiene muchas ideas abstractas, que el pueblo es casi imposible llegue a comprenderlas, y también hablando sin preocupación, no estamos ciertos si las bellas reglas que da el autor teóricamente, tienen la misma belleza en la práctica [...], tememos que es necesario [...] tomar por modelos otros pueblos"<fnref n="203" />

Monteagudo es, también, el autor de una serie de artículos aparecidos en la *Gaceta Ministerial*, entre el 6 de noviembre de 1812 y el 18 de agosto de 1813 que, bajo el rótulo de *Reflexiones*, testimoniaban la lectura del pensamiento moderado de Edmund Burke. En estos artículos, Monteagudo cita, además, a partidarios de una monarquía temperada por las leyes, como Jacques Necker y al propio Burke, en búsqueda de argumentos que contribuyan a hacer que "desaparezcan para siempre los síntomas anárquicos"<fnref n="204" />. Dejaba asimismo en claro el rioplatense, su desconfianza a los derechos del hombre y a las consecuencias a las que llevan sus abusos, aludiendo a las palabras del pensador irlandés: "Por cuya razón, hablando

<footnote n="202">²⁰² *El Grito del Sud*, 6 de octubre de 1812, 150.</footnote>

<footnote n="203">²⁰³ *El Grito del Sud*, 20 de octubre de 1812, 170.</footnote>

<footnote n="204">²⁰⁴ *Gaceta Ministerial*, 21 de julio de 1813, 498.</footnote>
Mr. Burke de los derechos abstractos del hombre, decía con su profundidad acostumbrada, el pequeño catecismo de los derechos del hombre se aprende pronto y las pasiones sacan las consecuencias"<fnref n="205" />.

Es posible apreciar también, en esas Reflexiones de la Gaceta Ministerial, la dirección sobre la cual hay que orientar la mirada y buscar las pautas de los modelos de organización institucional; allí aparece una amplia ponderación de la constitución que adoptaron los americanos del Norte y que fueron, al fin y al cabo, quienes vieron nacer los modernos derechos naturales que Jefferson había caracterizado como "verdades evidentes". Esa evidencia era la constitución histórica que los norteamericanos habían heredado del dominio británico, conservaron luego de su independencia y de la que, por otro lado, los rioplatenses carecían. Monteagudo la relataba con admiración cuando se refería a la joven nación del Norte en estos términos: "sus costumbres, sus habitudes, y los límites de su fortuna, todas estas grandes circunstancias que determinan el genio de una nación, existían antes de su declaración de derechos"<fnref n="206" />.

Poco tiempo antes, en un artículo de *El Independiente*, Manuel Moreno enunciaba este argumento atribuyendo el éxito de la organización institucional norteamericana a la herencia política británica para lamentarse luego por el estado en que estaban nuestras provincias al brotar la Revolución<fnref n="207" />. El genio de la nación del Norte se hallaba en sus hábitos y costumbres, antes que en una declaración de derechos. Fue por este motivo, como interpreta Marcel Gauchet, que los norteamericanos redactan una constitución política en 1787 pero no elaborarán su propio *Bill of Rights* hasta 1791, mientras que los franceses comienzan por establecer una Declaración de Derechos antes que una constitución: "Los franceses poseen un Estado y aspiran, antes que nada, a la libertad individual [...] Los americanos, tienen, por el contrario, la libertad, pero no disponen de un Estado constitucional" (Gauchet; 1995:11).

<footnote n="205">²⁰⁵ Gaceta Ministerial, 4 de agosto de 1813, 506.</footnote>

<footnote n="206">²⁰⁶ Gaceta Ministerial, 28 de julio de 1813, 501.</footnote>

<footnote n="207">²⁰⁷ Cfr. *El Independiente*, 13 de marzo de 1815, 173-4</footnote>
No obstante, la pluma de Monteagudo no se orienta únicamente a ponderar las buenas costumbres que, en la nación del Norte, precedieron a las normas. Su análisis hace notar las bondades del sistema institucional diseñado en aquella constitución, reparando principalmente en la figura del Poder Ejecutivo y de un gobierno fuerte, la bicameralidad del Congreso y la independencia del Poder Judicial<fnref n="208" />. El camino de estabilidad inaugurado por la originalidad del texto de Filadelfia y el éxito editorial de los textos críticos de la Revolución francesa frente al vértigo revolucionario de los acontecimientos posteriores a 1789 parecían persuadir a Monteagudo de la inviabilidad de un modelo republicano radical apoyado principalmente en la filosofía de Rousseau.

En los artículos de la *Gaceta Ministerial* (1812-1813), es posible advertir un giro hacia posturas más moderadas en el lenguaje político de Monteagudo y en las fuentes filosóficas que lo inspiran, y sus preocupaciones están orientadas a la reposición del orden y obediencia políticos, contra cuya garantía parecía atentar el lenguaje de los derechos. Si bien el problema de la obligación política como única garantía de la consistencia de la institución estatal ya había sido manifestada por Monteagudo en un anterior (y célebre) artículo del *Martir o Libre* donde expresaba la necesidad de imponer una rousseauiana dictadura, es en estos nuevos artículos del año doce donde es posible confirmar el "giro realista" (Carozzi; 2017:273) de Monteagudo que, una década más tarde, acabará en un abierto manifiesto en favor de la monarquía constitucional en la *Memoria sobre los principios políticos que seguí en la administración del Perú y acontecimientos posteriores a mi separación*, aparecida en Quito el 17 de marzo de 1823.

La postura monarquista será promovida por este actor político desde el Ministerio de Guerra y Marina y la Sociedad patriótica de Lima, como una suerte de expiación de sus originarias posturas republicanas, que, en la *Memoria*, suelen ser referidas como

<footnote n="208">²⁰⁸ "Las leyes que emanan de aquel Congreso tienen, como las del Parlamento de Inglaterra, la gran ventaja de anunciar a la Nación al voto reunido de las dos Cámaras, y de presentar así un carácter de madurez, y de reflexión que invoca más respeto, y hace más segura la obediencia" (*Gaceta Ministerial*, 4 de agosto de 1813, 504).</footnote>
"democráticas", en referencia quizás, a una visión republicana de procedencia francesa. El propio Monteagudo hace explícito su giro ideológico de la siguiente forma:

"Mis enormes padecimientos, por una parte, y las ideas demasiado inexactas que entonces tenía de la naturaleza de los gobiernos, me hicieron abrazar con fanatismo el sistema democrático. El *Pacto Social* de Rousseau y otros escritos de este género, me parecía que aún eran favorables al despotismo. [...] Para expiar mis primeros errores, yo publiqué en Chile en 1819, el *Censor de la Revolución*; ya estaba sano de esa especie de fiebre mental, que casi todos hemos padecido" (Monteagudo; 2009:117).

Intenta Monteagudo, en este escrito, mostrar la inadaptabilidad de las ideas democráticas en el Perú, adelantándose, de alguna forma, a ese "llamado a la realidad" (Romero; 2007:134) que será la consigna de la Joven Generación que, en 1837 y, como veremos luego, comenzará a reunirse en el Salón Literario de Marcos Sastre y que Esteban Echeverría plasmaría en la *Ojeada Retrospectiva* redactada en 1846²⁰⁹. En efecto, es a partir de la observación de la realidad social del Perú que Monteagudo desaconseja la simple aplicación de principios doctrinarios abstractos sin antes examinar la constitución moral del pueblo, el grado de su ilustración, la forma en que se distribuye la riqueza o las relaciones entre las clases que constituyen la sociedad peruana (cfr. Monteagudo; 2009:120).

Mirando a nuestras sociedades, Monteagudo se convence de dejar definitivamente atrás su primitivo rousseauismo, así como intentar imitar la constitución norteamericana para asumirse partidario de un gobierno constitucional fuerte —no democrático— capaz de garantizar el orden interno y sostener la independencia del

<footnote n="209">²⁰⁹ Creemos que es posible leer la *Memoria* de Monteagudo como un puente hacia la mirada "socialista" del *Dogma* en que esa joven generación estatuyera su credo ideológico y en la *Ojeada* redactada por Echeverría. Este mismo autor, principal promovedor de las reuniones del grupo, redactaba, de esta manera, los objetivos que estos jóvenes se habían propuesto: "No salir del terreno práctico, no perderse en abstracciones, clavar el ojo de la inteligencia en las entrañas mismas de nuestra sociedad, es el único modo de hacer algo útil a la patria" (Echeverría; 2007:108). Como sostiene Elías Palti, esta Joven Generación, más allá de los matices ideológicos de sus miembros, incorporaría un "principio de realidad" (Palti; 2009:33) ausente en el legado revolucionario de Mayo y pondría su atención en las características peculiares del medio social y cultural local.</footnote>
Estado. Además, se refiere a la libertad civil, no ya como un bien de la comunidad, sino como una forma de "independencia individual" (Monteagudo; 2009:136), cuya garantía descansaba en la ilustración popular, el poder censorio de la imprenta y la atribución a la Cámara de Representantes de las iniciativas legislativas sobre los impuestos.

El giro ideológico que Monteagudo comienza a mostrar a partir del año doce —y que hemos identificado como un progresivo abandono del lenguaje de los derechos—, significó también el ingreso discursivo al Río de la Plata de una nueva visión antropológica concebida a partir de las pasiones que, como ha mostrado Beatriz Dávilo, habilitaron un puente hacia el lenguaje de la utilidad (cfr. Dávilo; 2011). De esta forma lo hacía explícito Monteagudo, cuando sostenía que “[los seres humanos] sólo son sensibles a la prosperidad pública cuando ésta asegura la suya, y que sólo temen la ruina de sus semejantes, porque temen la propia, y porque ven frustrado el cálculo de las pasiones”<fnref n="210" />.

Creemos que Monteagudo se coloca aquí como heredero de cierta literatura occidental que, impulsada por los textos de Thomas Hobbes desde el siglo XVII, consolidará, durante las dos centurias siguientes, la creencia de que la institución y el funcionamiento de lo social deben pensarse a partir de las pasiones naturales humanas, y no en contra de las mismas. Pierre Rosanvallon, por su parte, identificará aquí una "nueva ciencia de la política" que será pensada como "un arte combinatoria de las pasiones" (Rosanvallon; 2006:24) porque su objeto es articular o compensar las pasiones humanas, de modo tal que la sociedad pueda funcionar. De ahí que el estudio de las pasiones o de la naturaleza humana sea fundamental para proponer la forma idónea en que deben ser gobernados los seres humanos<fnref n="211" />.

<footnote n="210">²¹⁰ *Gaceta de Buenos Aires*, 27 de diciembre de 1811 (Monteagudo; 1915:20).</footnote>

<footnote n="211">²¹¹ Este giro reflexivo que busca disputar a la filosofía antigua y medieval ciertas concepciones antropológicas puede percibirse en una amplia literatura filosófica política. Thomas Hobbes parecía convencido de que, para pensar el problema de la institución de lo social, era necesario comprender primero al ser humano y su naturaleza. Dicha preocupación se inscribía claramente en su obra más importante, ya que el primer libro del *Leviatán* (1651) está dedicado al estudio de las pasiones e inclinaciones de los individuos en el estado de naturaleza. El mismo giro reflexivo se encuentra en autores como John Locke, cuyo *Segundo Tratado sobre el gobierno civil* (1689) sostiene al principio del segundo capítulo, que "para comprender bien en qué consiste el</footnote>
Este nuevo lenguaje de lo social centrado en las pasiones permite poner en práctica ciertos mecanismos estratégicos que tienden a aprovechar las pasiones en lugar de reprimirlas. Este tema formará parte de las inquietudes que llevarán, en el siglo XX, al teórico Albert Hirschmann a enunciar el "principio de la pasión compensatoria" de la siguiente manera: "¿No será posible discriminar entre las pasiones y combatir el fuego con fuego: utilizar un conjunto de pasiones relativamente inocuas para compensar otro conjunto más peligroso y destructivo?" (Hirschmann; 2014:44). Probablemente Hirschmann expresó de esta manera lo que antes Monteagaudo intuía, aunque no lo hubiera manifestado con rigurosidad lógica. La propuesta de Hirschmann supone que es posible diferenciar entre pasiones dañinas y otras benignas o, al menos, inocuas, a partir de las cuales es posible neutralizar o compensar las primeras. Desde esta óptica, lo que a Hobbes le permite pensar la paz es la puesta en práctica de un mecanismo compensatorio a través de un esquema pactista que incluye tanto una forma de asociación, como de sujeción. La obediencia se garantiza, entonces, a partir de una pasión que puede ser utilizada en beneficio de la sociedad, el temor, y que, a la vez, compensa con aquellas pasiones naturales que inclinan a los hombres a la guerra, como el orgullo, la vanagloria o el ansia de riquezas<fnref n="212" />.

En el caso de los discursos de la élite intelectual rioplatense, es posible apreciar que conviven diferentes retóricas políticas, aunque no sin ciertas tensiones. Por un lado, el discurso sobre los derechos pierde progresivamente fuerza ilocutoria, en la medida en que se hacen cada vez más patente las dificultades en fundar un orden

<footnote>poder político y para remontarnos a su verdadera fuente, será forzoso que consideremos cuál es el estado en que se encuentran naturalmente los hombres" (Locke; 2015:119). En 1677, Baruch de Spinoza espetaba en contra de aquellos que en el pasado habían elogiado "una naturaleza humana que no está en ninguna parte" y concebían "a los hombres, no como son, sino como ellos quisieran que fuesen" (Spinoza; 2015:341). David Hume, por su parte, planteaba, desde su famoso tratado, que era necesario marchar "hacia la naturaleza humana misma" a través del camino de "la experiencia y la observación" (Hume; 2011:15), y dedicaba el segundo libro de la obra al estudio de las pasiones humanas. El propio Jean Jacques Rousseau planteaba también, de la siguiente manera, el objetivo de su *Contrato Social* (1762): "Quiero averiguar si, en el orden civil, puede haber alguna regla de administración legítima y segura, tomando a los hombres tal como son y las leyes tal como pueden ser" (Rousseau; 2015:261).</footnote>

<footnote n="212">²¹² Para ser más exactos, Hobbes sostiene que "las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable, y la esperanza de obtenerlas mediante el trabajo" (Hobbes; 1992:105).</footnote>
político estable, merced a los conflictos entre las diferentes unidades político administrativas que habían quedado de la disolución del Virreinato (cfr. Dávilo; 2011:154) y las dificultades para reinstalar la obligación política. Por otro lado, una visión pesimista de la naturaleza humana ganaba terreno mientras aumentaba la desconfianza sobre el futuro político de la Revolución.

El periódico *El Independiente*, editado por Manuel Moreno213, mostraba ese desencanto cuando afirmaba que "la causa más justa que jamás ha sostenido pueblo alguno viene a eclipsarse por los desaciertos de los mismos que están empeñados en ella" y remitía a la intriga, el egoísmo, la insubordinación, la ignorancia de los deberes y la "desenfrenada licencia"214 que se habían instalado en la sociedad rioplatense.

Esta imagen pesimista puede advertirse también en un periódico que Felipe Senillosa imprimió durante un muy breve tiempo y tituló *Los amigos de la Patria y la juventud*. Allí, el editor se refería a las pasiones humanas señalando la "absoluta imposibilidad de que estas se sujeten siempre a la razón"215. Este periódico que se proponía "ilustrar a la juventud"216 promovía principalmente los deberes marciales tomando como ejemplo el ejército romano a partir de la recuperación de extractos de una pequeña obra de Montesquieu, titulada *Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence*217, lo cual parece sugerir que tempranamente ciertos hechos podían leerse en el espejo de la caída del Imperio Romano. Así, mientras se llamaba con un ciceroniano estoicismo a "infundir una buena moral, corregir las pasiones, rectificar la razón", el editor del periódico no parecía reparar en la contradicción de afirmar a partir del principio de utilidad —y en el mismo número— que "el premio y el castigo han sido de todo tiempo y serán

<footnote n="213">213 Cabe aclarar que, en el Río de la Plata, circularon dos periódicos con este nombre. El primero de ellos, dirigido por Manuel Moreno contiene 13 números y un prospecto, publicados entre el 10 de enero de 1815 y el 11 de abril de ese mismo año. El segundo, dirigido por Pedro Agrelo, llegó a publicar 17 números entre el 15 de septiembre de 1816 y el 5 de enero de 1817.</footnote>

<footnote n="214">214 Ambas citas pertenecen a *El Independiente*, 17 de enero de 1815, 60.</footnote>

<footnote n="215">215 *Los Amigos de la Patria y la juventud*, febrero de 1816, 77-8.</footnote>

<footnote n="216">216 *Los Amigos de la Patria y la juventud*, suplemento al N° 1, 42.</footnote>

<footnote n="217">217 De hecho, el primer número del periódico se abre con una traducción del primer párrafo del segundo capítulo de la obra de Montesquieu (cfr. *Los Amigos de la Patria y la juventud*, 29 y Montesquieu; 1968:32).</footnote>
siempre los dos resortes principales de las acciones del hombre”<fnref n="218" />. Además, en el mismo número, el editor aprovechaba a divulgar las ideas conservadoras del británico Edmund Burke, al que caracterizaba como un “célebre político”, distinguiendo los conceptos de mudanza y reforma.

El principio de utilidad, según lo entiende Jeremy Bentham, concibe la naturaleza humana como sujeta a dos pasiones rectoras: el placer y el dolor<fnref n="219" />, y sobre éstos se funda todo un sistema que encuentra en la legislación, es decir, en la ley, la fuerza capaz de contener o premiar a los seres humanos. De esta forma, este principio entiende a cada ser humano como un individuo racional cuyas acciones son el resultado de un cálculo entre beneficios y perjuicios y se orientan a maximizar los primeros o, al menos, a reducir o alejarse de los segundos. Como señala Beatriz Dávilo, para el ambiente rioplatense, en este sistema, la ley adquiere un carácter central porque permite reorientar las conductas tanto individuales como colectivas sacando provecho de aquellas pasiones estructurales de la naturaleza humana mediante la organización de un sistema de compensaciones y castigos que permitiera sacar las mayores ventajas públicas de esa naturaleza egoísta de los seres humanos (cfr. Dávilo; 2011:134-6).

Esta nueva forma de comprender las subjetividades políticas será el marco, según creemos, que permitirá observar la constitución de un imaginario político susceptible de recibir, cada vez más, el impacto de la Modernidad liberal. Seguir el derrotero que proponía un lenguaje centrado en las pasiones antes que en los derechos habilitaba a abandonar la pretensión de seres humanos ilustrados y conscientes de sus derechos para fundamentar la obediencia en el hecho de que "el probable perjuicio de la obediencia sea menor que el probable perjuicio de la resistencia, ya que, si se considera la comunidad entera, su deber de obedecer llega sólo hasta allí donde llega su interés" (Bentham; 1985:111). Así, el lenguaje de la utilidad permitía fundar el

<footnote n="218">²¹⁸ Ambas citas corresponden a *Los Amigos de la Patria y la juventud*, abril de 1816, 94-7.</footnote>

<footnote n="219">²¹⁹ Sostiene Bentham en *Los principios de la moral y la legislación*: "La naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos: el dolor y el placer. Sólo ellos nos indican lo que debemos hacer, así como determinan lo que haremos [...] Nos gobiernan en todo lo que hacemos" (Bentham; 2008:11)</footnote>
orden sobre un nuevo supuesto: en que el intercambio de la felicidad por la
obediencia, llegaría a ser un trato justo. Ahora bien, si es cierto que el utilitarismo
implica esta ruptura señalada por Beatriz Dávilo, es necesario tener en cuenta
también que otras visiones encarnadas en ideas y doctrinas seguían vigentes en la
sociedad rioplatense, generando contextos de visiones e ideas encontradas.
Podemos remitirnos para ilustrar este punto al hecho de que, como veremos más
adelante, una vez fundada la Universidad de Buenos Aires, aparecerá una cátedra
desde donde se divulgarán los principios del utilitarismo, que no estará exenta de
resistencias dentro incluso, de la misma universidad.

El nuevo lenguaje de lo político, a nuestro entender, puede apreciarse de forma
privilegiada en la retórica pública de Monteagudo. En un artículo intitulado *Pasiones*,
es posible observar cómo este revolucionario insiste en el uso del nuevo lenguaje
político para pensar a las pasiones como el eje a partir del cual construir el orden
político. Allí, sus líneas no pueden ocultar la deuda intelectual con las obras de
pensadores europeos del siglo XVIII que el historiador estadounidense Jonatan Israel
ubicó dentro de lo que denominó "Ilustración radical" (Israel; 2015)<fnref n="220" />. Nos referimos
a autores como Helvecio o el barón de Holbach<fnref n="221" />. Así, prosigue Monteagudo:

> "Todas las pasiones pueden contribuir a la felicidad de un Estado, si su fuerza se dirige a conciliar la voluntad de los individuos con sus deberes: el peligro no está en el impulso, sino en la dirección que se les da [...] Sé que las pasiones producen grandes virtudes, y que éstas se forman fácilmente, cuando aquellas se dirigen con prudencia. Al gobierno toca mover este

<footnote n="220">220 Según es definida por Israel, la ilustración radical fue la responsable de establecer los cimientos igualitarios y democráticos en el mundo moderno. De esta forma, podría definirse muy ampliamente, como un movimiento ideológico que responde a una serie de principios básicos: democracia, igualdad sexual y racial, libertad individual en el estilo de vida, libertad completa de pensamiento, expresión y prensa, erradicación de la autoridad religiosa del sistema legislativo y educativo y separación total de la Iglesia y el Estado (Israel; 2015:7-8)</footnote>

<footnote n="221">²²¹ El texto de Monteagudo publicado en la *Gaceta de Buenos Aires* del 10 de enero de 1812 comienza así: "Si las leyes del movimiento nivelan en lo físico el gran sistema de la naturaleza, las pasiones determinan en el orden moral la existencia, el equilibrio o la ruina de los Estados" (Monteagudo; 1915:35). Helvecio, en su *De l'esprit sostiene que "las pasiones son en la moral, aquello que, en lo físico, es el movimiento"* (Helvecio; 1758:297) y previamente, en la misma obra, había defendido que "si el universo físico se encuentra sometido a las leyes del movimiento, el universo moral no lo está menos a las del interés" (53).</footnote>
Este artículo, publicado el 10 de enero de 1812, convivía aún con imágenes republicanas. Ello lleva a Silvana Carozzi a sostener que este actor político plantea una doble salida respecto del problema de las pasiones o, más exactamente, se mueve en dos registros intelectuales diferentes. Por un lado, es posible advertir una "terapia pedagógica" dirigida a despertar una conciencia racional y patriótica, particularmente en la élite, con el fin de erradicar las consecuencias perjudiciales de las pasiones. Por otro lado, a medida que pasa el tiempo, su mirada estará puesta sobre las mayorías sociales, en quienes conviene menos "expulsar los vicios individuales" que "sacar de ellos cierto partido general" (Carozzi; 2017:213). Monteagudo parece proponer que, sobre las pasiones, es posible desarrollar tanto los vicios que pueden destruir el indefinido orden social que emerge, como las virtudes que podrían sostenerlo. De hecho, ambos puntos de vista aparecen en la edición del 10 de enero de la *Gaceta*, sin que su autor repare en dicha contradicción, mientras expone un horizonte de pensamiento utilitarista y que, si bien en última instancia remiten a la filosofía británica, están leídas aquí en fuentes francesas<fnref n="223" />.

<footnote n="222">²²² *Gaceta de Buenos Aires*, 10 de enero de 1812 (Monteagudo; 1915:35-8). El parecido con el *Sistema de la Naturaleza* del barón de D'Holbach es notorio: "La política debería ser el arte de regular las pasiones de los hombres y de dirigirlas hacia el bien de la sociedad [...] Las pasiones [...] pueden ser retenidas por las leyes y dirigidas por el gobierno, quien posee el imán justo para hacerlas actuar. La educación o el hábito las desarrollan y modifican, y el gobierno las dirige a los objetos que crea de interés hacérselos desear a los sujetos que a él se encuentran sometidos. Así como se renuncia al vano proyecto de destruir las pasiones de los corazones de los hombres, se las dirige hacia objetos útiles para ellos mismos y para sus asociados. Que la ambición reciba honores, títulos, distinciones y poder, cuando sirva útilmente a su patria" (D'Holbach; 1770:108-114). Curiosamente, podemos encontrar en Benjamin Constant un pasaje similar, cuando este lausanés afirma que "la ambición es compatible con mil cualidades ingeniosas: la probidad, el coraje, el desinterés, la independencia" (Constant; 1997:365). Esta frase aparece en la edición de 1815 de los *Principes*, cuando Constant argumentaba a favor de la elección indefinida de los miembros de las asambleas representativas, como una suerte de recompensa al mérito y a cargos legislativos que no debían ser rentados.</footnote>

<footnote n="223">²²³ Cabe recordar que Monteagudo podía leer el inglés y el francés. En el embargo realizado a sus bienes personales que éste actor sufriera a causa del proceso de 1815, aparecieron en su pequeña biblioteca obras como las *Reflexiones de la Revolución en Francia* de Edmund Burke en inglés, los *Tratados de legislación civil y penal* de Bentham en francés y las *Reflexiones o sentencias del duque de la Rochefoucault* en español (cfr. Fregeiro; 1879:145-6).</footnote>
Devaluada, entonces, la confianza en el potencial pedagógico con el cual el primer
republicanismo revolucionario en el Río de la Plata había intentado recuperar los
antiguos ejemplos de Esparta y Roma, la élite rioplatense parecía ahora inclinarse a
no hacer de los seres humanos, individuos virtuosos, sino que, al menos, lo
parecieran, pudiendo estimular en ellos, pasiones como el interés o la gloria. Y es
que, si la teoría republicana clásica gira en torno al concepto de virtud cívica, esta
tradición filosófico-política no puede escindir al buen gobierno de la constitución
moral de sus habitantes. El desengaño de Monteagudo pasaba por constatar que
estas latitudes "carecían de hombres virtuosos para fomentar auténticas repúblicas"
(Lomné en Fernández Sebastián; 2009:1267). Esta decepción llevará a Monteagudo,
según entendemos, a recurrir al principio de la pasión compensatoria que, como
mostramos previamente, conceptualizaba Albert Hirschmann y que consistía en
plantear, a partir de una tarea manipuladora, que ciertas pasiones más benignas
pueden servir para neutralizar otras más destructivas. En el caso de Monteagudo,
dicha tarea será confiada a una pasión que mueve al patriotismo y que este actor
introduce explícitamente en el primer número del año 1812 de la *Gaceta*, en un
artículo intitulado *Patriotismo: "esa virtuosa ambición de la gloria"*<fnref n="224" />.

Durante todo el mes de enero su redacción insistirá en activar la virtud guerrera: en la edición del día 17 hace referencia al "carácter de un espíritu firme y enérgico"; en la del 24 sostiene que "la energía y el entusiasmo son los que han llenado los anales de la LIBERTAD triunfante" y exhorta a los ciudadanos ilustrados a fomentar "este furor virtuoso contra los agresores de nuestros derechos" para terminar el 31 del mismo mes apelando "a la sangre y fuego americanos hasta que no quede un tirano sobre la tierra". La aplicación de este mecanismo compensatorio orientado a la consecución de ventajas sociales consiste en que una pasión, la ambición de la gloria —cuya ventaja es que lleva a obrar con energía—, sería capaz de neutralizar a otras pasiones que atentaban contra la Revolución, como el egoísmo o el espíritu de facción. Ahora bien, cabe recordar que, en los lenguajes siempre mezclados de

<footnote n="224">224 *Gaceta de Buenos Aires*, 3 de enero de 1812 (Monteagudo; 1915:28).</footnote>
nuestros publicistas, la gloria monteagudeana no aparece simplemente como una
pasión del mundo privado. Esta suele aparecer en el sentido republicano de una
entrega a lo público que, en su concreción empírica, implica la negación misma del
individuo (cfr. Carozzi; 2017:246).

Un importante tratamiento se otorga también al problema de las pasiones en el
*Redactor de la Asamblea del Año XIII* que, como hemos indicado, debe gran cantidad
de sus páginas a Bernardo de Monteagudo. La prosa comienza evocando principios
generales, en un estilo característico de la pluma del tucumano, para remontarse
luego, a "nuestra revolución" que, como la historia de la libertad o de las antiguas y
modernas repúblicas, no "prueban otra cosa que las leyes a que está sujeto el gran
sistema de la naturaleza"<fnref n="225" />. Luego de una referencia, que nuevamente remite a la
obra de D'Holbach, para recordarnos, que tanto el mundo físico como el moral se
encuentran sometidos a las mismas leyes generales, el autor se explaya sobre el
furor revolucionario y sostiene que "las pasiones violentas son desde luego el resorte
exclusivo de una empresa osada".

A lo largo del texto que da cuenta de las sesiones de la Asamblea, se irán
repitiendo extractos orientados a agitar los espíritus e incentivar a los legisladores a
fomentar "la pasión de la gloria", puesto que "las virtudes redentoras de la
humanidad, no son sino modificaciones del amor a la gloria"<fnref n="226" />. Monteagudo parecía
encontrar la forma de conciliar un análisis de la naturaleza humana y de las pasiones
individuales con el bienestar general. Para ello, resultaba necesario activar una
pasión compensatoria, el amor a la gloria, que ya resonaba también en sus primeros
artículos en la *Gaceta*: "el que no tenga esa virtuosa ambición de la gloria, dulce
recompensa de las almas grandes, no puede ser patriota"<fnref n="227" />. Esto no sólo muestra
que "el interés comenzaba a penetrar la política" (Dávilo; 2011:137), sino que acercaba,
además, la pluma de Monteagudo al poema *La Fábula de las Abejas* que Bernard de

<footnote n="225">225 Redactor de la Asamblea del Año XIII, 27 de febrero de 1813, 12.</footnote>

<footnote n="226">226 Redactor de la Asamblea del Año XIII, 14 de agosto de 1813, 157.</footnote>

<footnote n="227">227 *Gaceta de Buenos Aires*, 3 de enero de 1812 (Monteagudo; 1915:28).</footnote>
Mandeville publicara casi un siglo antes, en 1714, y en donde sostenía que los vicios privados derivan en el bienestar y en virtudes públicas<fnref n="228" />.

La cercana relación entre la gloria y la virtud del patriotismo que Monteagudo establece en sus artículos puede advertirse asimismo en la literatura filosófica dieciochesca. En la ya célebre *Enciclopédie* publicada por Denis Diderot y Jean Le Rond D'Alembert, la entrada FANATISME, redactada por Alexandre Deleyre, define dicho concepto como "un celo ciego y apasionado, que nace de las opiniones supersticiosas" y como "el efecto de una falsa conciencia que abusa de las cosas sagradas, que subyuga la religión a los caprichos de la imaginación y a los desórdenes de las pasiones" (Deleyre en Diderot y D'alembert; 1756: VI, 393). No obstante, el autor agrega casi al final de la entrada, que existe también un *fanatisme du patriote*. Habría pues, "una clase de fanatismo en el amor de la patria" sin el cual "no es posible producir nada grande", ya que "este celo exagerado, que, agrandando los objetos, infla las esperanzas y saca a la luz prodigios increíbles de valor y constancia" (401).

Que la masa del pueblo no posee las luces ni la constitución moral requerida para hacer una república posible es una idea que podemos percibir, además, en el pensamiento de Simón Bolívar. De hecho, el libertador solía divulgar esta visión en cartas, discursos y proclamas desde los inicios de la gesta revolucionaria. Así, por ejemplo, Bolívar dejaba en claro su pesimismo en la oración inaugural del Congreso de Angostura (1819), documento que suele ser referido como el "Discurso de Angostura": "Uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud" (Bolívar; 2009:124). Sin embargo, el libertador siempre se inclinó por ordenamientos políticos de carácter republicano<fnref n="229" />; no son pocos, de hecho, los escritos en los que Bolívar desestimaba la

<footnote n="228">²²⁸ En el texto de Mandeville es posible leer, por ejemplo: "Tales eran las bendiciones de aquel Estado;/ sus crímenes para hacerlo grande;/ y la Virtud, que de la política/ había aprendido mil astucias/ fue, por su feliz influencia/ Forjó amistad con el Vicio: y desde entonces/ el peor de toda la multitud/ algo hacía por el Bien Común" (Mandeville; 2010:69)</footnote>

<footnote n="229">²²⁹ El propio Simón Bolívar lo dejaba en claro en el discurso que acompañaba el proyecto constitucional para Bolivia (1826): "Véase la naturaleza salvaje de este continente, que expele por sí sola el orden monárquico; los</footnote>
adopción de formas monárquicas defendiendo que los americanos "preferirían las repúblicas a los reinos"<fnref n="230" /> (81). Aguilar Rivera encuentra aquí, una paradoja, ya que, si bien Bolívar mantuvo de pie su opción por la construcción de una extensa comunidad política republicana, se percataba, al mismo tiempo, de la falta de virtud de los habitantes de la América del Sud (cfr. Aguilar Rivera; 2012:145).

Carentes de virtud —según la perspectiva del libertador—, los destinatarios del proyecto republicano bolivariano llevaban a confrontar una dificultad central, la posibilidad de que la república no sea más que una forma o "cáscara vacía" (Lomné en Fernández Sebastián; 2009:1268) en ausencia de un *ethos* sustancial que pudiera llenarla de contenido cívico. Ello llamaba a activar la empresa de dotar moral y políticamente a quienes debían habitar la república de las condiciones necesarias para la realización del proyecto republicano (cfr. Guerrero; 2005:48)<fnref n="231" />. Mientras tanto, el régimen político estaría sostenido sobre la virtud de los mejores, y los individuos deberían confiar la conducción de lo público en manos de unos pocos virtuosos e ilustrados o, inclusive, de uno solo. En síntesis, la república *à la* Bolívar, "es una sociedad pública en cuya conducción y sostenimiento concurre únicamente la voluntad de una élite virtuosa [...], para la realización de la utilidad de todos o, en lenguaje clásico, la búsqueda del bien común" (Guerrero; 2005:58).

<footnote>desiertos convidan a la independencia. Aquí no hay grandes nobles, grandes eclesiásticos..." (Bolívar; 2007:125). Curiosamente, aparece luego, la expresión "[N]o hay poder más difícil de mantener que el de un príncipe nuevo" (125) y que nos remite a los primeros capítulos de *El Príncipe* (I-VII) en que Maquiavelo relata las dificultades de los principados nuevos adquiridos por las armas, la virtud o la fortuna (cfr. Maquiavelo; 2014:5-27). Esto no quiere decir que Bolívar haya dejado de lado el pensamiento monárquico; como se verá más adelante, el repertorio ideológico constitucional al que Bolívar recurría no estaba exento de ciertos principios provenientes de un pensamiento monárquico moderado de cuño liberal, representado principalmente por Benjamín Constant.</footnote>

<footnote n="230">²³⁰ Así, por ejemplo, en la "Carta de Jamaica" del 6 de septiembre de 1815, se manifestaba en contra de la democracia, el federalismo y la monarquía mixta inglesa. En general, puede notarse en todo el texto un fuerte impacto del pensamiento de Montesquieu. Tal es el caso de la mención del tamaño del territorio al preguntarse sobre las diferencias entre las repúblicas y los reinos y —uno de los argumentos que más inclinan a Bolívar a desestimar la monarquía— la creencia de que los Estados de gran extensión territorial como los americanos, tienden al despotismo (cfr. Bolívar; 2009:66-84).</footnote>

<footnote n="231">²³¹ En una carta fechada el 15 de junio de 1823 en Guayaquil que Bolívar envía a José Rafael Arboleda, puede percibirse esta preocupación: "De suerte, que si un nuevo sistema de penas y castigos, de culpas y delitos, no se establece en la sociedad para mejorar nuestra moral, probablemente marcharemos al galope hacia la disolución universal" (Bolívar; 2009:203). Como vemos, Bolívar recurre aquí al pensamiento utilitarista, tal como lo había hecho previamente Bernardo de Monteagudo. Sobre las relaciones entre Bentham y Bolívar, cfr. Schwartz y Rodríguez Braun, 1992.</footnote>
Si bien esta especie de república que surge de la imaginación política de Bolívar, y que se diferenciaría tanto, según Guerrero, de la república de los antiguos como de la de los modernos, implica el sometimiento de todos a la voluntad del más virtuoso, se diferencia empero del despotismo, por el fin que persigue la asociación. Mientras que el fin del despotismo es la utilidad particular del déspota, esta tercera forma de república persigue la utilidad pública (bien común). La república pergeñada por Bolívar transgrede, por un lado, la tradición republicana clásica cuando no demanda del ciudadano un rol activo en su comunidad. Por otro lado, transgrede la república de los modernos en el sentido de que la ciudad mantiene preeminencia ontológica respecto de los individuos, ya que el despliegue de lo particular sólo es posible en el espacio definido por la construcción política que significa la república

Hemos apelado a la figura de Simón Bolívar para finalizar este apartado porque entendemos que es posible encontrar importantes similitudes entre sus itinerarios intelectuales y los de Bernardo de Monteagudo con quien, por otra parte, Bolívar mantuvo una estrecha relación política entre 1822 —después de que aquél fuera obligado a emigrar del Perú— y la muerte del rioplatense, en 1825. En efecto, ambos actores terminaron proponiendo formas políticas sustentadas en la virtud de los mejores y desconfiaron por estos años abiertamente del potencial explosivo que podía transportar el lenguaje de los derechos sobre unas masas que se mantuvieron en la ignorancia por trescientos años de dominación hispana.

Por otra parte, es posible apreciar en las ideas de Simón Bolívar a las que hemos brevemente aludido, los dos grandes rasgos con los que Gargarella identifica a la vertiente conservadora del constitucionalismo hispanoamericano: el perfeccionismo moral y el elitismo político (cfr. Gargarella; 2008:85-106 y 2016:31-7). En el primer caso, el autor se refiere con esa denominación a la postura según la cual existen concepciones del bien objetivamente más valiosas que otras, según las cuales los individuos deben orientar sus vidas. Empero, paralelamente, los perfeccionistas morales asumían que la mayoría de los habitantes carecían de las virtudes necesarias para alinear sus comportamientos en función de las pautas morales exigidas.
De esta manera, corresponde a las élites intelectuales que, en tanto que los mejores, deben asumir la autoridad pública, comprometerse con la defensa de las pautas morales más valiosas y la tarea ilustrada de regeneración moral de la población, lo que, en el discurso de Bolívar, tomaba cuerpo en la forma de un Poder Moral. En efecto, esta propuesta es presentada en el discurso brindado frente al Congreso de Angostura en febrero de 1819 y, si bien fue rechazada por este último, el poder moral vendría a complementar la división tripartita de poderes y estaría conformado por dos cámaras con incidencia en cuestiones de moral y en la primera educación<fnref n="232" />.

## 2.2. Entre la monarquía y la república, o los dilemas del espíritu de moderación

Cuando el Congreso de Tucumán toma finalmente la decisión de redactar una constitución vuelve, de alguna forma, sobre su punto de partida, ya que colocaba nuevamente en primer lugar, la discusión "sobre la forma de gobierno más adaptable a la constitución del país" (ACA, I, 238), lo que parecería mostrar cierta persistencia de influjos de una constitución histórica sobre la política, como había comenzado a plantear Monteagudo (Burke mediante). A ello se agregaba, un debate de carácter técnico sobre principios de derecho constitucional o bien, lo que podemos denominar, la gramática constitucional a implementar. Este último punto no era menor, ya que en él radicaba el trabajo más importante de la constitución: convertirse en "el escudo legítimo contra el despotismo que provoca la anarquía, y el remedio contra la anarquía, que, a su vez, provoca al despotismo" (322-23).

Sobre el zócalo de estos dos fantasmas omnipresentes, los diputados del Congreso creían que en el equilibrio que se generase a partir de un diseño institucional adecuado, se encontraría la clave para alejar ambos miedos. A esto,

<footnote n="232">²³² "Meditando sobre el modo efectivo de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y la guerra nos han dado, he sentido la audacia de inventar un Poder Moral, sacado del fondo de la oscura antigüedad, y de aquellas olvidadas leyes que mantuvieron algún tiempo la virtud entre los griegos y los romanos" (Bolívar; 2009:143). El poder moral se compondría de un cuerpo bicameral conformado por cuarenta miembros y un presidente y se denominaría "Areópago": la primera cámara sería una especie de poder censor y la segunda, debía controlar la educación de los niños hasta 12 años (cfr. 148-155). En el proyecto constitucional para Bolivia de 1826 la idea del Poder Moral será reformulada en una cámara legislativa.</footnote>
Montesquieu denominaba un gobierno moderado, y para establecerlo, sería necesario "combinar poderes, temperarlos, hacerlos actuar y ajustarlos, darle contrapeso a uno para colocarlo en una situación en que pueda resistir al otro. En resumen, es necesario hacer un sistema" (Montesquieu; 2012:265). De esta forma, la libertad política —así como había enunciado Montesquieu— sólo puede encontrarse en un gobierno moderado233, esto es, sería resultado de una específica disposición o entramado institucional. Dos tipologías podían, para Montesquieu, cumplir estos requisitos: la república y la monarquía. La moderación es, por tanto, condición de posibilidad de la libertad política.

El "espíritu de moderación"234 que Montesquieu requería para el legislador iba más allá de imaginar un sistema de pesos y contrapesos. Así como el Redactor buscaba la forma de gobierno que mejor convenía al país, el *nomothetes* montesquiano es aquél con la inteligencia sociológica necesaria para conocer las leyes que corresponden a cada pueblo, según su historia, aspecto físico, clima y costumbres, esto es, que se derivan del orden físico y moral, lo que Montesquieu solía denominar "la naturaleza de las cosas" (Montesquieu; 2007:29). De aquí que a cada pueblo puedan convenirle formas de gobierno diferentes: "el gobierno más conforme a la naturaleza es aquel cuya disposición particular se relaciona mejor con la disposición del pueblo para el cual ha sido elegido" (34). Recordemos que el objeto de *Del Espíritu de las Leyes*, no consistía —contrariamente a los pensadores del contrato social— en enunciar una teoría abstracta sobre la esencia de la naturaleza humana, sino indagar las causas físicas y morales concretas (históricas) de las sociedades, es decir, identificar las regularidades o relaciones que dan origen a las instituciones políticas. En otras palabras, explicar la legalidad subyacente a los fenómenos humanos (políticos, sociales, económicos), a la diversidad de sociedades humanas y sus gobiernos y, a partir de allí, identificar las condiciones de posibilidad de la libertad política y civil

<footnote n="233">233 Recordemos uno de los pasajes célebres del Libro XI de *Del Espíritu de las Leyes* en que Montesquieu afirmaba: "La libertad política sólo se la encuentra en los gobiernos moderados" (Montesquieu; 2007:204).</footnote>

<footnote n="234">234 Con cierto tono aristotélico, sostuvo Montesquieu que "el espíritu del legislador debe ser el de la moderación. El bien político, como el bien moral, se encuentra siempre entre dos límites" (2007:707).</footnote>
(cfr. Spector; 2010:23-38)<fnref n="235" />. El impacto de estas ideas en el Río de la Plata es muy difícil de ocultar; haciéndose eco de las mismas, *El Observador Americano* advertía que “[L]a forma de gobierno debe congeniar con la localidad, con el clima, con el espíritu, con el carácter, con las habitudes, con la extensión de la nación”<fnref n="236" />.

Ahora bien, aunque la retórica política pudiese ser abierta a la convivencia de diversas referencias conceptuales, el despotismo y la anarquía, en las discusiones del Congreso, se oponen al orden de la ley y a la unidad (cfr. Saguir; 2020:57). Como hemos comentado previamente, Montesquieu no pensaba al despotismo como una forma degenerada de la monarquía y desprovista de forma propia, sino que lo había convertido en una tipología específica con su naturaleza y principio. Así, el despotismo era una forma en que uno solo gobernaba y el resorte que movía al gobierno era el miedo que los gobernados tenían a un gobierno sin límites, esto es, sin instituciones ni leyes fijas<fnref n="237" />.

<footnote n="235">235 Sería posible sostener que las preocupaciones científicas y filosóficas de Montesquieu son paralelas; aunque, entendemos, en un momento en que el conocimiento científico de la naturaleza, aún no se ha independizado de la filosofía natural. En su texto sobre Montesquieu, Carmen Iglesias presenta a este pensador como el introductor de un nuevo método en el que historia, sociología y política se encuentran estrechamente conectadas. Heredero de la nueva visión del universo físico mecanicista que había instaurado la física matemática, construida a partir de los aportes de Galileo, Descartes, Newton y Leibniz, Montesquieu aplica esta nueva mirada al mundo de los fenómenos políticos y sociales realizando una descripción, clasificación y sistematización de las instituciones políticas y sus causas (cfr. Iglesias; 2005). Por intentar trasladar el nuevo método científico a la indagación de las cuestiones políticas y sociales, Louis Althusser considera a Montesquieu como el fundador de la ciencia política y entiende que el principal aporte del método introducido por el pensador gascón consiste en una nueva teoría de la ley, o un pasaje de la ley-comando a la ley-relación. En efecto, en sus indagaciones, Montesquieu entiende el concepto de ley, no como un mandato imperativo, sino como una relación susceptible de un estudio científico, es decir, una "relación necesaria" entre dos términos variables. Las leyes son relaciones inmanentes a los fenómenos que componen un universo mecanicista. En otras palabras, según Althusser, Montesquieu entiende que es posible aplicar a materias de política y de historia, una categoría newtoniana de ley (cfr. Althusser; 2008:28-42).</footnote>

<footnote n="236">236 *El Observador Americano*, 9 de septiembre de 1816, 7674. Cabe agregar que los textos que contenían ideas filosófico-políticas del siglo XVIII e, inclusive, del XIX eran algo bastante habitual y es posible encontrar en este tipo de estudios, amplias descripciones sobre la geografía y su relación con las costumbres de un pueblo. De hecho, sería posible sostener, que forman parte del impulso inicial de la construcción de una nueva ciencia política al punto que el propio Alexis de Tocqueville se vio obligado a comenzar *La democracia en América* con una descripción geográfica del territorio de los Estados Unidos. Si volvemos a nuestras latitudes, es habitual encontrar frases del tenor de la aparecida en el periódico citado. Por ejemplo, el Redactor del Congreso insistía en el asunto citando al abate Barthélemy para mostrar que "el mejor gobierno para los pueblos es el que se acomoda a su carácter, a sus intereses, al clima que habitan" (ACA, I, 235).</footnote>

<footnote n="237">237 Para un análisis más amplio sobre el concepto de "despotismo" desde sus fuentes, puede consultarse Bobbio; 2014:138-146 y Spector;2010:105-120.</footnote>
Como hemos visto en el capítulo I, esta visión del despotismo otorgó una clave interpretativa para designar a la monarquía hispánica en la *Gaceta* del año diez. En poco tiempo, el concepto será utilizado para designar la concentración del poder y el abuso de la autoridad en las experiencias políticas criollas (cfr. Souto; 2016:14)<fnref n="238" />. La anarquía, por su parte, refiere a la disgregación del territorio y la disolución de la unidad política que puede ser causada por el despotismo de los gobiernos locales que, prefiriendo su propia independencia, generan un caos opuesto a la unidad que se persigue, lo que el *Redactor* del Congreso llama el "caos de un interregno perpetuo" (ACA, I, 205).

De esta forma, es decir, cuando cada uno "quisiera ser independiente", el Congreso encuentra "la fuente de todas las turbaciones, de las revoluciones frecuentes" y la dislocación de los derechos de los pueblos, quienes los pierden con "un ídolo a quien adoren postrados" y que "abusa de la libertad sin ley" (205). Ahora bien, como también enseñaba Montesquieu, el despotismo no era sólo una forma específica de régimen, sino que podía ser considerada, además, como la amenaza constante que pesa sobre toda forma de gobierno (cfr. Spector; 2010:105): "es una experiencia de todos los tiempos; todo hombre que tiene poder se ve impulsado a abusar de él, y llega hasta donde encuentra límites" (Montesquieu; 2007:204). En suma, a la constitución correspondía, entonces, moderar esa tendencia a abusar del poder.

<footnote n="238">238 Para dar un ejemplo, podemos recurrir al uso del concepto que realiza Pazos Silva en *El Censor*, siempre en el marco de su conflicto con Monteagudo. En efecto, para el primero, Monteagudo y su grupo jacobino representan el riesgo de un nuevo despotismo. De esta forma, Pazos escribe: "¿Deberemos sustituir al despotismo gubernativo bajo el cual hemos vivido encorvados por tantos años un despotismo popular...?" (*El Censor*, 21 de enero de 1812, 48). En el siguiente número, Pazos, buscando defenderse todavía de las críticas de intolerante y faccioso perpetradas por su oponente, espeta lo siguiente en contra de este grupo de "espartanistas" liderado por Monteagudo que podemos identificar como representantes de un republicanismo igualitarista y del modelo del ciudadano-soldado: "El copista indiscreto de la antigüedad [...] grita sin cesar que nosotros solo debemos ser felices con la felicidad de Esparta. Esto repiten con un tono de suficiencia sus prosélitos, y el espartanismo es en poco tiempo la secta favorita de una porción de botarates" [...] "Si alguna vez obtienen el poder es para presentar a los pueblos la imagen del despotismo más espantoso que vieron jamás", para luego preguntarse, "¿Una ciudad comerciante en el siglo XIX podrá prosperar con las leyes de Licurgo?" (28 de enero de 1812, 54). Según Silvana Carozzi, en este debate, aparece la primera crítica a la versión rioplatense del modelo republicano "jacobino" o igualitarista o, visto desde otra perspectiva, el primer debate en estas latitudes, entre la república "densa" y la nueva república comerciante que representa Pazos Silva (cfr. Carozzi; 2017:183-190).</footnote>
Por su parte, el reclamo de derechos por parte de los pueblos era frecuentemente caracterizado como el "sistema de una libertad mal entendida" (ACA, I, 183). Esto llevó al editor de *El Observador Americano* a sentir la necesidad de dejar en claro el concepto de "libertad política" y, para ello, transcribe prácticamente una definición que aparece en *Del Espíritu de las Leyes*, cuando publica que la libertad "no es otra cosa, que la facultad de hacer todo lo que la ley no prohíbe, y de omitir todo lo que la ley no prescribe"<fnref n="239" />.

Para Montesquieu, la libertad política nunca se define como licencia, esto es, no se identifica con poder hacer lo que se quiere. Esto último sería algo propio de las democracias antiguas, regímenes en los que "se ha confundido el poder del pueblo con la libertad del pueblo" (Montesquieu; 2007:203). Puesto en otros términos, el escritor de *La Brède* denunciaba aquí, la necesidad de no confundir libertad con autogobierno. En suma, este era el principal problema de los antiguos que, además, otros pensadores como Benjamín Constant identificaron también al comparar una libertad de los antiguos con una de los modernos —y que más adelante analizaremos con mayor detenimiento. Esta confusión podía ser la base de males como un "despotismo electivo"<fnref n="240" />, según la expresión que utilizará Thomas Jefferson cuando analizaba los defectos de la constitución de Virginia, es decir, la transgresión real o potencial de libertades individuales por parte de una mayoría opresora electiva que pudiera ser ejercida desde el legislativo o el ejecutivo.

<footnote n="239">²³⁹ *El Observador Americano*, 26 de agosto de 1816, 7662.</footnote>

<footnote n="240">²⁴⁰ Nos referimos a sus *Notes on Virginia*, en donde Jefferson sostenía con argumentos muy parecidos a los del capítulo VI del Libro XI de *Del Espíritu de las Leyes*, la necesidad de que los tres poderes del Estado se encuentren divididos en manos separadas y balanceados unos con otros. La frase completa dice lo siguiente: "Un despotismo electivo no era el gobierno por el que luchábamos, sino uno que no solo debía basarse en principios libres, sino en el que los poderes del gobierno debían estar tan divididos y equilibrados entre varios órganos de la magistratura, de manera que nadie pudiera trascender sus límites legales, sin ser eficazmente controlados y refrenados por los demás" (Jefferson; 2004:326). Claramente, ésta era una idea ampliamente difundida entre los defensores de la constitución federal; Madison expresa en el número XLVII de *El Federalista*, las mismas opiniones, esto es, que la acumulación de los tres poderes del Estado en las mismas manos equivalen a la definición misma de tiranía. Allí Madison defiende el principio de separación de poderes que había adoptado la constitución de la Unión, en contra de los antifederalistas. La disputa se encuentra aquí en cómo interpretar el principio de separación de poderes. Mientras Madison, guiando su argumento por el análisis de la constitución británica que había realizado Montesquieu, defiende el principio de pesos y contrapesos, y no uno de división funcional de los poderes (*cfr.* *El Federalista*; 2012:204-9). La cuestión de la división de los poderes, será analizada más adelante en este capítulo.</footnote>
Retomando el análisis de Montesquieu, éste establecía por los motivos identificados una diferencia entre independencia y libertad; ésta última, aunque es acreedora de diversas definiciones en *Del Espíritu de las Leyes*<fnref n="241" /> es, en el fondo, un sentimiento. En principio, la libertad se entiende siempre como libertad bajo la ley y "no puede consistir más que en poder hacer lo que se debe querer" (203), es decir, no se trata de una libertad simplemente negativa, sino que la libertad puede interpretarse como poder hacer aquello que es legítimo querer, o bien, aquello que se tiene derecho a hacer (cfr. Rosler; 2016:48). Montesquieu completa la frase agregando que la libertad también implica "no estar obligado a hacer lo que no se debe querer" (Montesquieu; 2007:203), ya que una orden de este tipo no provendría de la ley, sino de una voluntad particular que nos obligara a actuar *contra u extra legem* (cfr. Jaume; 2010:111).

Por este motivo, la libertad se identifica con la seguridad, más específicamente, con "la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que cada uno tiene de su propia seguridad" (Montesquieu; 2007:205). Esto es, la confianza derivada de la ley y de las instituciones políticas de que ningún individuo sería obstaculizado arbitrariamente en hacer lo que las leyes permiten por ningún otro individuo ni por los poderes del Estado. Creemos que aquí comienza cierto corrimiento de la forma en que es pensada la libertad, y que *El Observador Americano*, parece notar. Ésta se desliza del pueblo soberano al ámbito del legislador que determina cuáles son los ámbitos de libertad, los derechos y sus alcances y obligaciones (cfr. Dávilo; 2011:155). La presencia de Montesquieu en la discusión de la comisión encargada de elaborar el proyecto de constitución se mostrará en evidencia en la redacción del artículo CXIII, que finalmente formará parte del texto constitucional: "Ningún habitante del Estado

<footnote n="241">²⁴¹Montesquieu no ofrece una definición unívoca de la libertad política (cfr. Kévorkian; 2010:60 y Spector; 2010:168-174), sino que se refiere a ella en numerosos pasajes de su obra. De esta forma, en el libro XI, en que Montesquieu analiza el vínculo existente entre la libertad y las instituciones políticas, este pensador francés brinda algunas definiciones de la libertad; sostiene, por ejemplo, que "la libertad política no consiste en hacer lo que uno quiere (...) es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten" (2007:203). Luego agrega que la libertad significa "que nadie esté obligado a hacer las cosas a las que la ley no lo obliga, y a no hacer aquellas que la ley no permite" (204). Más adelante, en el libro XXVI repite que "la libertad consiste en no poder ser obligado a hacer algo que la ley no ordena" (609)</footnote>
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe"
(ERCA, 138)<fnref n="242" />.

Además, creemos que la libertad comienza a ser pensada de forma "territorial"
(Audard; 2009:125), ya que la misma se despliega en el territorio de la sociedad civil y
de sus múltiples interacciones. La libertad individual es algo que debe ser protegido
frente a cualquier interferencia externa no legítima, principalmente de alguno de los
poderes del Estado, de ahí que se confunda con la seguridad —como preveía
Montesquieu<fnref n="243" />—, esto es, sobre la libertad de disponer de nuestra propia persona,
la posesión y uso de nuestros bienes. Otro claro ejemplo de la diferencia entre
autogobierno y libertad podemos encontrarlo en un extenso análisis del concepto de
libertad que aparece en *El Independiente* de Manuel Moreno, quien, como se sabe,
residió en Londres entre 1811 y 1812, desde donde redacta la famosa biografía y
encomio de su hermano Mariano Moreno, *Vida y Memorias de Mariano Moreno*.

El artículo al que hacemos referencia se basaba en los *Principios de Filosofía Moral y Política* del británico William Paley para diferenciar entre la libertad política y civil.
Mientras la primera se identificaba con "la independencia de la nación", la segunda refería a los derechos del ciudadano que "consisten en el libre uso de sus propiedades y de su industria, en ser protegido por la autoridad general"<fnref n="244" />. La libertad civil es, pues, la del ciudadano, entendida como un derecho inalienable a la

<footnote n="242">242 Podemos agregar que la redacción de ese artículo se mantendrá prácticamente intacta al ser incorporada más adelante, en el artículo 19 de la constitución de la Confederación Argentina de 1853. En este segundo artículo, puede percibirse, además, el impacto del liberalismo británico de John Stuart Mill. El mencionado artículo 19 establece: "Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Confederación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe" (ERCA, 201). En efecto, en la primera parte de la redacción, puede percibirse el principio de daño enunciado por Stuart Mill, según el cual, las personas son tan libres de actuar, siempre que sus acciones no causen daño a otros: "La libertad de un individuo queda así bastante limitada por la condición siguiente: no perjudicar a un semejante"; "donde quiera que haya daño o peligro de daño, para un individuo o para el público en general, el caso no pertenece ya al dominio de la libertad y pasa al de la moralidad o al de la ley" (Stuart Mill; 1980:71 y 95; cfr. Kévorkian; 2010:149-160 y Jones & Claeys; 2011:295:318).</footnote>

<footnote n="243">243 Cabe agregar aquí, que el pasaje aludido a *El Observador Americano* continúa así: "Désenos un sistema de administración política, que impida las frecuentes turbaciones de la anarquía: que nos asegure la entera libertad de nuestra persona, y de nuestros bienes; de hablar a nuestros conciudadanos y explicarles nuestras opiniones por el órgano de la pluma; de no poder ser juzgados por el arbitrio, y voluntad de nuestros jueces, sino por los términos precisos de la ley; de no ser violentados en el asilo de nuestras casas..." (El Observador Americano, 26 de agosto de 1816, 7662).</footnote>

<footnote n="244">244 *El Independiente*, 21 de febrero de 1815, 128 y 130</footnote>
propiedad, la seguridad y la imparcialidad ante la ley que habían sido garantizados por el Decreto de seguridad individual de 1811 (cfr. Entín en Goldman; 2021:84). De ahí que el periódico haya notado la importancia de una administración imparcial de la ley, ya que, en última instancia, "la libertad estriba casi enteramente en el manejo de los jueces"<fnref n="245" />.

En este punto, el periódico da en la tecla al tocar un tema que tampoco pasó desapercibido en los autores europeos. Si volvemos a los argumentos que brindaba Montesquieu, este autor entendía la libertad como el sentimiento u opinión que cada uno tiene de su propia seguridad. De ahí también que haya advertido que dicha opinión se fundamenta en dos pilares: la independencia del poder judicial —como dejaba en claro en su descripción de la constitución británica al sostener que “[T]ampoco hay libertad si el poder de juzgar no está separado del poder de legislar y del de ejecutar” (Montesquieu; 2007:205)<fnref n="246" />— y en el llamado principio de inocencia que se convertiría más tarde, en uno de los fundamentos del derecho penal liberal: "Cuando la inocencia de los ciudadanos no está segura, la libertad tampoco lo está" (241). Montesquieu entendía que "las formalidades de la justicia son necesarias a la libertad" (707). De esta forma, expresaba uno de los objetivos principales del liberalismo político, esto es, generar formas institucionales que puedan proteger las libertades individuales, de ahí la importancia brindada al derecho y la legislación.

<footnote n="245">²⁴⁵ *El Independiente*, 21 de febrero de 1815, 128 y 130.</footnote>

<footnote n="246">²⁴⁶ Si bien Montesquieu describe al poder judicial como un tercer poder, estrictamente, en Inglaterra, nunca se había llegado a concebir la justicia como un tercer poder. Si desde el punto de vista teórico, este principio pudo haber sido enunciado por este autor, desde el punto de vista institucional, aparecerá con el constitucionalismo norteamericano (cfr. Bianchi; 2009:152). Como sostuvo Frederic Maitland, mientras más atrás se va en la historia inglesa, más difícil es encontrar órganos específicos de administración de la justicia, ya que las mismas asambleas realizaban tareas legislativas y judiciales (cfr. Maitland; 105-164). Recordemos que, en una monarquía, la fuente de justicia es la corona y a ella corresponde la administración de la misma, lo que se realiza a través de funcionarios y tribunales que directa o indirectamente derivan su poder del rey. De esta forma, los jueces no constituyen una función completamente independiente del monarca (cfr. Bianchi; 168-170). No obstante, según describe Blackstone, la independencia judicial resulta neurálgica del sistema constitucional británico. Si bien corresponde a la corona nombrar a las personas encargadas de la administración de la justicia ordinaria, no pueden ser removidos a discreción por aquélla: "En esta existencia distinta y separada del poder judicial en un cuerpo peculiar de hombres, nombrados, ciertamente, pero no removibles a discreción por la corona, consiste la principal conservación de la libertad pública" (Blackstone; 1893;178[269]).</footnote>
Nos encontramos, de esta manera, sobre los presupuestos teóricos del Estado de
derecho, lo que, en términos generales, se entiende como un Estado en el que los
poderes públicos estén regulados por normas jurídicas generales (leyes
fundamentales o constitucionales) y sean ejercidos en el ámbito de las leyes por las
cuales son regulados (cfr. Bobbio; 2012:18). No obstante, los presupuestos teóricos
del Estado de derecho no simplemente apuntan a limitar a los poderes públicos
mediante mecanismos jurídicos y constitucionales, sino que presuponen también, una
“transformación de la concepción de la libertad” (Audard; 2009:182), ya que la
libertad humana —como lo había enunciado Montesquieu— no tiene valor más que
dentro del marco de la ley; fuera del mismo, es simplemente una facultad de acción.
Esta idea que remite a la libertad gótica británica, puede encontrarse formulada
previamente en John Locke. Para este pensador,

[...] "la finalidad de la ley no es suprimir o restringir la libertad, sino lo contrario: protegerla y ampliarla [...] De lo que se trata es de que cada cual tenga libertad para disponer, como bien, le parezca, de su persona, de sus actos, de sus bienes y de todo cuanto le pertenece, sometiéndose a lo que ordenan las leyes bajo las cuales vive" (Locke; 2015:151-2)

Al definir la libertad como seguridad o como la opinión que se tiene de su propia
seguridad, Montesquieu concebía a la libertad como libertad bajo la ley, pero ésta no
solamente protege a los individuos unos de otros, sino principalmente de los abusos
de poder, ya que los gobernantes se encuentran ellos mismos sometidos a las leyes.
De esta manera, Montesquieu reaviva la crítica que Locke realizaba a Filmer y
Hobbes, porque entendía la necesidad de limitar el poder de la autoridad política,
más allá del derecho natural. La libertad es, primeramente, protección del ciudadano
contra los abusos de poder de quienes detentan la autoridad pública, antes que la
protección de los ciudadanos unos de otros (cfr. Spector; 2010:171-2)

Al incluir las citas de los periódicos analizados, hemos tratado mostrar que,
tempranamente, aparecen en el Río de la Plata, ciertas preocupaciones por sugerir
modelos de construcción de formas estatales que aseguren las libertades
individuales y que, agregamos, se profundizarán en la década siguiente. Estas sugerencias ideológico-políticas derivaban, en última instancia, de las representaciones, a veces leídas, a veces conocidas empíricamente, del mundo anglosajón y de lo que, en inglés, suele conocerse como el *rule of law*. Una forma de la convivencia que nace en Inglaterra a partir de la *Bill of Rights* de 1689 y el *Act of Settlement* de 1701, que consagrarán los derechos del Parlamento frente al monarca e inspirará las declaraciones francesa y norteamericana.

La particular experiencia constitucional inglesa del *rule of law* retoma, como hemos venido mostrando, temas medievales para asegurar la igualdad de los ciudadanos ingleses frente a la ley y resistir las arbitrariedades en caso de que éste perjudique los derechos legales. En esta tradición, el derecho se encuentra por encima del gobierno. Esto sólo es posible garantizando la independencia de los jueces respecto del poder político que conservan e interpretan el derecho remitiéndose a los principios generales del *common law*, éste funciona como un conjunto de reglas suprajurídicas o fundamentales (constitución) que legitiman las leyes, esto es, a las que tanto el legislador como el juez o el Estado, deben someterse. Tal es el sentido de la expresión "reino de la ley".

La idea prusiana del *Rechtsstaat* encierra, en cambio, otros sentidos. En este segundo caso, se afirma la impersonalidad del poder estableciendo como soberano, al Estado, una instancia superior que sintetiza y supera, tanto al monarca como a los ciudadanos. Según esta doctrina, el Estado debe perseguir sus fines sólo a partir de las formas jurídicas y garantizar las libertades jurídicas, pero éstas no son concebidas como preexistentes, sino como concesiones del Estado que, de esa forma, se autolimita. De ahí que, en esta tradición, no existe un derecho de resistencia, como sí en la británica, según recuerda Locke en su *Segundo Ensayo*<fnref n="247" />.

Esa forma de libertad en el marco de la ley impulsada por la Constitución de Inglaterra fue analizada ampliamente en Libro XI de *Del Espíritu de las Leyes*, donde ese país quedará asociado argumentativamente de tal forma a la libertad política,

<footnote n="247">²⁴⁷ Cfr. Bobbio y Matteucci; 2005:340-2; Matteucci; 2010:162-3; Audard; 2009:214-7.</footnote>
que el pensador de *La Brède* acabará por sentar las bases de una larga tradición de admiración a dicha constitución (cfr. Roldán; 2004:123) y que, en el debate que analizamos, posee un importante capítulo, al punto tal de "haber servido de legisladora al universo"<fnref n="248" />.

A continuación, trataremos el tema dividiendo el enfoque en dos partes. En la primera, analizaremos la cuestión de la búsqueda de la mejor forma de gobierno que tiene lugar en los dos frentes previamente mencionados: el Congreso y la prensa periódica. En la segunda parte, trataremos de analizar los fundamentos filosóficos que abonaron la discusión sobre la organización y articulación de los poderes del Estado.

### 2.2.1. La forma de gobierno

Hemos visto previamente, que autores como Thomas Payne eran capaces de proponer modelos de legitimidad alternativos a la monarquía a partir de los principios de igualdad universal en los seres humanos, de los derechos individuales y del consentimiento, expresado en un poder constituyente. Sobre estos elementos, Payne hacía de la república la única forma de gobierno legítima. En pocas décadas, que podemos ubicar entre fines del siglo XVIII y principios del XIX, el concepto de república rebasará los límites impuestos por el pensamiento antiguo, acompañando el impulso de las revoluciones atlánticas. Pensadores como Payne, Madison y Constant —al menos este último, durante el período directorial— podían proponer una república para gobernar en territorios extensos con poblaciones numerosas.

En la primera década de la Revolución en el Río de la Plata, la república podía ser algo esquivo o, como sostuvo Natalio Botana, un "genio de dos cabezas" (2016:72); uno miraba hacia el pasado haciendo uso del lenguaje de la virtud y otro miraba hacia el porvenir, a la república liberal, más preocupada por instituir constitucionalmente derechos y garantías y un gobierno moderado a partir de la división de poderes, lo

<footnote n="248">²⁴⁸ *El Independiente*, 22 de septiembre de 1816, 7741.</footnote>
que, de acuerdo a las categorías previamente presentadas de Aguilar Rivera,
podemos llamar "república epidérmica".

Ambos dialectos de la república pervivirán en el período que analizamos y, en ciertos casos, buscarán enhebrarse con el principio de legitimidad hereditario de la monarquía. Podemos agregar, que este fenómeno no pertenece únicamente al Río de la Plata; ya la constitución de Cádiz había conjugado la república y la monarquía al proponer una monarquía moderada que, bajo el principio de la división de poderes, hiciera al monarca titular del Poder Ejecutivo y a la nación española de la soberanía. Otro documento monárquico del período, lo constituye la ya aludida *Charte* de 1814 que, si bien colocaba la soberanía en la persona del rey, hacía a éste titular del poder ejecutivo al tiempo que dividía al legislativo en dos cámaras, una de diputados con legitimidad democrática y una de pares vitalicios nombrados por el monarca.

Si volvemos a los debates que se daban en el Río de la Plata, la mayoría de las voces se mostraban a favor de una monarquía moderada<fnref n="249" /> (cfr. Botana; 2016:132), opción preferida por los partidarios de la unidad política o bien, por las posiciones centralistas, ya que los debates no solamente incluyeron una disputa por la forma de gobierno entre la república y la monarquía moderada, sino, también, la antinomia derivada de la forma de concebir la soberanía: centralismo o federalismo /confederacionismo. En la prensa, la defensa de la forma republicana de gobierno estará a cargo de *La Crónica Argentina*, editada por Vicente Pazos Kanki. Este periódico defiende la implementación de la forma republicana buscando rebatir el pesimismo antropológico y la ausencia de virtud cívica con la que los defensores de la monarquía tendían a mirar el componente sociológico mayoritario en estas provincias, actitud que, como hemos visto, acompañará tanto a Bolívar como a Monteagudo en sus últimos años, para adquirir mayor énfasis en la generación del treinta y siete. Así, en *La Crónica*, puede leerse:

<footnote n="249">²⁴⁹ Para un análisis pormenorizado de las opciones sostenidas por cada representante provincial, cfr. Souto; 2016.</footnote>
"Los que dicen que otra clase de constitución no conviene con nuestras costumbres, nos hacen la injuria más horrenda, porque vienen a decir en sustancia: 'los pueblos del Río de la Plata son viciosos, corrompidos, inmorales. Sus moradores jamás serán frugales, ni buenos ciudadanos. Sus habitudes anteriores lo prohíben...'"<fnref n="250" />

El Independiente de Manuel Moreno era un periódico dedicado a promover la independencia e instruir a sus lectores sobre las ventajas y defectos de las formas de gobierno, que manifestaba su preferencia por la "unidad republicana"<fnref n="251" />. De hecho, en el número cuatro, aparece un artículo en donde se ridiculiza a un presunto grupo aristocrático de porteños al que se denomina "aristócratas en camisa", y que se oponía a la forma popular de gobierno<fnref n="252" />. Allí también, se explicaba que en la sociedad rioplatense no habían podido surgir grandes fortunas que introdujeran fuertes desigualdades y se la caracterizaba como propietaria de una frugalidad de facto que —tal como enseñaba Montesquieu—, era propia de una república democrática.

El argumento de la carencia de una constitución histórica proclive a la opción de gobierno republicana o, expresado de otra forma, la falta de costumbres cívicas, tuvo gran extensión, según hemos visto. Por ejemplo, es retomado también por *El Observador Americano*, periódico que se cuenta entre los defensores de la forma de gobierno monárquica y cuyo responsable era Manuel Antonio Castro, quien se mostraba escéptico de que la república sea una garantía de orden político por el solo "poder de la constitución"; debía considerarse también, "al genio del pueblo, a la localidad, y a otras mil circunstancias, que deben concurrir a sostenerla"<fnref n="253" />. Entre los números cuatro a siete, este periódico defenderá la postura según la cual, la forma que conviene a estas provincias es una monarquía temperada, y rechazará explícitamente la posición aparecida en *La Crónica Argentina*. Empero, para Castro, la monarquía no sólo estaba justificada como la mejor forma de gobierno porque la

<footnote n="250">²⁵⁰ *La Crónica Argentina*, 9 de noviembre de 1816, 6360-1</footnote>

<footnote n="251">²⁵¹ *El independiente*, 13 de marzo de 1815, 172.</footnote>

<footnote n="252">²⁵² *Cfr.* *El Independiente*, 24 de enero de 1815, 79-83. Aunque este artículo haya sido atribuido en ocasiones a Monteagudo, según Enrique de Gandía, pertenece a Manuel Moreno (*cfr.* 20).</footnote>

<footnote n="253">²⁵³ *El Observador Americano*, 16 de septiembre de 1816, 7680.</footnote>
extensión del territorio y la diversidad de climas de estas provincias no se ajustaban
a las pequeñas dimensiones que habían tenido históricamente las repúblicas, sino
que, además, es posible encontrar en las páginas del periódico, ciertos temores que,
si bien se muestran en el marco de una argumentación doctrinaria, se nutren de las
experiencias revolucionarias locales y extranjeras. Cabe mencionar que, si bien el
periódico abunda en citas de autores europeos como Rousseau, Helvecio o Filangieri,
no es posible encontrar muchas de Montesquieu y, paradójicamente, es en los
primeros libros de *Del Espíritu de las Leyes* donde pueden encontrarse los
argumentos centrales que el periódico extrae para los resúmenes que publica a largo
de sus distintos números sobre la teoría de las formas de gobierno. Este dato nos
resulta interesante porque puede mostrar, según creemos, la existencia, de una
suerte de clima de ideas en el que ciertos principios teóricos relativos a las formas de
gobierno o a la relación, por ejemplo, entre territorio y forma de gobierno eran
adoptados como verdades compartidas entre un grupo considerable de la élite
ilustrada.

De esta forma, el periódico manifiesta una enérgica opinión "contra la absoluta democracia, ya indivisible, ya federal"<fnref n="254" />. Continuando la polémica entre ambos periódicos, *La Crónica* volverá a responder en el número 22, que se ha pensado la monarquía en oposición a la democracia absoluta, pero que, así como la primera podía moderarse, también podía moderarse la democracia, para agregar luego que ninguna monarquía se ha introducido mediante el consenso y que la idea "es extremadamente ridícula" y "está en contradicción con las doctrinas de los mejores políticos"<fnref n="255" />.

Esto contribuye a mostrar, entendemos, la persistencia de cierta desconfianza
hacia la república, que no podía disociarse aún de esa "absoluta democracia" que se

<footnote n="254">254 *El Observador Americano*, 14 de octubre de 1816, 7705.</footnote>

<footnote n="255">255 *La Crónica Argentina*, 22 de octubre de 1816, 6343-47. Este periódico dedicó muchos de sus números a la negativa de la forma monárquica y, particularmente, de la propuesta de una monarquía inca. Así, el 22 de septiembre, el periódico podía referirse a este monarca como "un Rey de burlas, hechura de nuestra irreflexión y del capricho, un rey que lo sacan de una choza, o del centro mismo de la plebe, no es bueno sino para adornar un romance o para la comedia" (6307)</footnote>
remontaba hasta el mundo clásico griego, a las leyes que Solón había dado a los atenienses. Esta forma que había sido restituida, aunque por corto tiempo, por las experiencias revolucionarias inglesa y francesa, había tenido como resultado, en ambos casos, sendos fracasos, lo que impulsaba a asociar esta forma a la anarquía. Y es que, el concepto de democracia, aún durante la segunda mitad del siglo XVIII, evocaba una forma simple de gobierno en la cual "el pueblo, como un cuerpo único, posee la soberanía" (Diderot y D'Alembert; 1995:22), esto es, una forma de gobierno en que las funciones ejecutivas son llevadas a cabo por el pueblo en su conjunto. Fue Madison quien, como hemos adelantado, en el número X de *El Federalista*, diferenció democracia de república, entendiendo por la primera una sociedad reducida en tamaño y población cuyos ciudadanos se reúnen para administrar personalmente el gobierno, mientras que la república, entendida como un régimen representativo, es presentada como un remedio a los problemas de la democracia, esto es, de las asambleas<fnref n="256" /> (cfr. *El Federalista*, 2012:39). Esta cuestión no pasó inadvertida en el debate de la constitución de 1819, como lo dejaba en claro Gregorio Funes en el *Manifiesto* que acompañaba el texto constitucional:

> "Una asamblea numerosa de hombres, por la mayor parte ignorantes, divididos por opiniones, por principios, por intereses, y agitados por todo lo que fermenta al derredor de sí, no puede producir leyes sabias. [...] si esto fuese posible en pequeños pueblos, no lo sería en los vastos estados" (ERCA, 157).

Entendemos que, en general, en el pensamiento constitucional de los siglos XVIII y XIX ha habido dos autores que realizaron un tratamiento especial al problema que las asambleas presentaban en las sociedades modernas; nos referimos a James Madison y Benjamín Constant. Respecto de Madison, nos resulta interesante recuperar lo vertido previamente en este capítulo sobre este americano del Norte y el rol de *El*

<footnote n="256">²⁵⁶ Un mes antes de publicar en *El Correo de Nueva York* lo que luego sería al número X de *El federalista*, Madison envía una carta a Jefferson, fechada el 24 de octubre de 1787. En este texto privado, Madison ya adelantaba algunas de las ideas que aparecerían en el artículo periodístico. La carta puede consultarse en Ketcham; 2006:77-82).</footnote>
*Federalista* en el período del proceso de ratificación del texto constitucional de la Unión, elaborada por la Convención Federal de los Estados Unidos, en 1787.

La constitución de la Unión adoptaba un sistema representativo federal para reemplazar el confederal en el que habían quedado las colonias británicas después de su independencia. De hecho, esta constitución es innovadora en varios sentidos; no sólo por ser la primera constitución codificada, sino porque en su articulado establece dos creaciones institucionales destinadas a perdurar en los siglos venideros y a extenderse más allá de las fronteras del país que estaba naciendo allí. La primera de ellas es la figura de un presidente a cargo de un poder ejecutivo unipersonal y, en segundo lugar, el Estado federal o Federación que, tal como advierte el historiador José Carlos Chiaramonte (cfr. 2016), es necesario diferenciar de la Confederación, aunque, en el Río de la Plata, los dos términos tenderán a utilizarse con cierta equivocidad a lo largo del siglo XIX. En parte, por la indefinición de la propia naturaleza política de las denominadas "provincias", cuerpos políticos que estuvieron abiertos a diversas posibilidades, tales como convertirse en Estados independientes o bien, formar parte de una entidad política superior que las englobase.

A su vez, esta segunda opción podía incluir, también, diversas posibilidades. De ahí que Chiaramonte considere apropiado referirse a "tendencias federales" (145), que podían suponer una unión confederal como alianzas interprovinciales. Por su parte, el concepto de confederación, al que ya aludía Montesquieu (cfr. 2007:175), hace referencia a una forma política más antigua que asociaba Estados independientes, los cuales decidían unirse por alguna razón (por ejemplo, la defensa frente a algún agresor externo mayor), sin que esto afectara —o disminuyera— su carácter soberano, motivo por el cual, continuaban siendo sujetos de derecho internacional. Bajo esta forma, se habían organizado las ex colonias de América del Norte después de su independencia de Inglaterra, a partir de la firma de *Los Artículos de la Confederación y la Unión Perpetua* y hasta la sanción de la mencionada constitución de Filadelfia.
En el Río de la Plata, encontramos esta forma de organización después del fracaso de la constitución centralista de 1826, entre la firma del *Pacto Federal* de 1831 y la sanción de la constitución de 1853. Diferenciada de la confederación, la fórmula de la Federación hace referencia a la creación de un nuevo actor internacional, es decir, un poder central que posee jurisdicción sobre los habitantes de cada uno de los Estados miembros, en todo aquello que establece la constitución. Así, la forma que toman las ex colonias del Norte a partir de 1787 es la del Estado federal (cfr. Chiaramonte; 2016).

Ahora bien, Madison veía a la constitución federal como una herramienta para hacer frente a los principales problemas que él encontraba en su época (cfr. Gargarella; 2016:14-15) y que estaban poniendo en jaque a la confederación: las facciones<fnref n="257" />. Después de la independencia, la mayoría de las ex colonias había optado por legislaturas unicamerales en las que comenzaban a tener cada vez más participación las facciones, definidas como grupos mayoritarios o minoritarios que, movidos por el impulso de una pasión común, actuaran de forma adversa a los derechos de los demás ciudadanos o a los intereses de la comunidad considerada en su conjunto (cfr. *El Federalista*, 2012:36).

El desafío institucional, según Madison, se reducía, entonces, a confrontar institucionalmente el efecto negativo de estos grupos que podían tomar el control de una legislatura y dar fuerza de ley a lo que en realidad era el producto de intereses parciales y se impusieran sobre los derechos de las minorías. Madison tomaba aquí al federalismo y el factor de la extensión territorial como herramientas llamadas a jugar

<footnote n="257">²⁵⁷ Después de la independencia, muchas de las colonias se encontraban en una difícil situación económica y política, y no existía aún una organización política común, sino una débil confederación. El problema que percibe Madison es que distintos grupos de ciudadanos que habían quedado endeudados a partir de la guerra de independencia o habían perdido sus bienes, comienzan a reclamar un remedio a su situación. Esto da lugar a la formación de facciones y a que muchas legislaturas comenzaran a ser controladas por grupos de deudores. De ahí que Madison se haya preocupado particularmente por este tema: "El entusiasmo por el papel moneda, por la abolición de las deudas, por el reparto de la propiedad, o a favor de cualquier otro proyecto disparatado o pernicioso, invadirá menos fácilmente el cuerpo entero de la Unión" (*El Federalista*, 2012:41). Para ampliar esta cuestión, pueden consultarse los diversos trabajos de Roberto Gargarella que analiza la propuesta madisoniana como un modelo de constitucionalismo contramayoritario, opuesto al radicalismo constitucional, *cfr*. Gargarella; 2008, 2016 y 2021:63-93. *Cfr*. también Rodríguez Rial; 2016:169-189; sobre la cuestión específica de las facciones en Madison, *cfr*. Epstein; 1992:59-81 y Botana; 2005:86-91. Para una visión del marco histórico de la convención constituyente y la ratificación posterior, *cfr*. Morgan; 2013:129-156.</footnote>
un rol importante a fin de diluir o bloquear la amenaza que las facciones significaban en la vida institucional (cfr. Sheehan; 2009:167-8); si acaso alguna de ellas podría multiplicar sus influencias en sus Estados de origen, no podrían propagarlas hasta la legislatura federal. La representación, el bicameralismo y una adaptación del gobierno mixto constituían los dispositivos que, agregados a los anteriores, buscaban prevenir los desbordes de la soberanía popular porque se pensaban capaces de suavizar el espíritu de partido y contraponerse a las constituciones estaduales (cfr. Gargarella; 2008:12-13).

Como vemos, Madison tampoco podía separar su postura en defensa de la constitución federal de una imagen crítica sobre la democracia asamblearia de la antigua Grecia. Atacar a esta forma de democracia que identificaba como "pura", era una manera de desacreditar los regímenes estaduales porque una legislatura unicameral podía interpretarse como un modelo a escala de una asamblea, reproduciendo sus vicios. Y aquí, el problema de las facciones queda atado al de las pasiones y, por tanto, al de la naturaleza humana. Madison lo dejará en claro en el artículo LV de *El Federalista*, cuando asegure que "[E]n todas las asambleas muy numerosas cualquiera que sea la índole de su composición, la pasión siempre arrebata su cetro a la razón" (236).

No obstante, y a partir de una concepción antropológica negativa, Madison entendía que las facciones no podían suprimirse porque ello implicaría condenar las libertades básicas; las facciones "tienen su origen en la naturaleza del hombre" (37), esto es, en la pluralidad de opiniones y facultades de unos seres humanos que, en el fondo, son codiciosos e interesados. De ahí que no sea posible suprimir las causas de la formación de las facciones, "el mal sólo puede evitarse teniendo a raya sus efectos" (38). De esta forma, Madison reconoce que la pluralidad no puede extirparse de las sociedades modernas, empero tampoco el principio del gobierno popular. Por este motivo, corresponde a las instituciones adecuadas, canalizar constitucionalmente los intereses sectoriales en función de producir un relativo equilibrio entre ellos. Esto es lo que Madison, en su carta a Jefferson, llamó *the great*
*desideratum in Government:* modificar la soberanía de modo que ésta sea suficientemente neutral entre diferentes partes de la sociedad con el fin de impedir que una parte pueda invadir los derechos de otra (cfr. Ketcham; 2006:82). A partir de este convencimiento, la república madisoniana ya no se concentraría, como en la tradición del humanismo cívico, en promover la virtud, sino en neutralizar los efectos de los conflictos de intereses o, puesto de otra forma, garantizar la convivencia de diferentes concepciones del bien.

En la primera década de la Revolución rioplatense, el problema de las facciones ha tenido una atención particular por su relación siempre latente con la cuestión de la disolución del cuerpo político. Previamente hemos analizado a partir de las ideas de Monteagudo, los conflictos generados por las pasiones —a las que, por otra parte, ya el Deán Funes había caracterizado, tempranamente, como "esos eternos enemigos del bien público"<fnref n="258" />. En *El Independiente*, por ejemplo, si bien se reconoce que existen "nobles pasiones", como el heroísmo, que hacen grandes a las repúblicas, se imputa al egoísmo y al espíritu de provincialismo, la promoción de las facciones, ese "enemigo irreconciliable de la libertad"<fnref n="259" />. En parte por la persistencia de un imaginario heredado de la monarquía católica que hacía reposar la estabilidad del cuerpo político sobre los valores de la unidad y la armonía, los actores del período parecían tener dificultades para administrar el disenso y asociaban las facciones a la disolución de los vínculos políticos de la comunidad.

Empero, así como Madison había previsto en el federalismo, un dispositivo capaz de anular los efectos nocivos de los grupos de interés, en el sur americano, existía cierta desconfianza a la propuesta de la constitución estadounidense. En primer lugar, la república en América del Norte fue perfectamente compatible con la esclavitud. En segundo lugar, el federalismo —por más que este concepto siempre haya estado recubierto de cierta equivocidad— era motivo de fuertes discrepancias, y no sólo en el Río de la Plata. Fue, de hecho, el propio Bolívar quien tempranamente

<footnote n="258">²⁵⁸ Gaceta de Buenos Aires, 20 de noviembre de 1810, 628.</footnote>

<footnote n="259">²⁵⁹ *El Independiente*, 31 de enero y 17 de enero de 1815, 98 y 61, respectivamente.</footnote>
remarcaba tal peligro, asociando, en el Manifiesto de Cartagena de 1812, el fracaso de
la constitución venezolana de 1811 a dos causas: la adopción del sistema federal que
denominó "el más opuesto a los intereses de nuestros nacientes Estados" (Bolívar;
2009:14), por un lado, y la atribución de derechos a quienes aún no se hallaban en
aptitud de ejercerlos, por otro. Así lo resume Bolívar:

[...] "lo que debilitó más al Gobierno de Venezuela fue la forma federal que adoptó, siguiendo las máximas exageradas de los derechos del hombre, que autorizándolo para que se rija por sí mismo, rompe los pactos sociales y constituye a las naciones en anarquía" (Bolívar; 2009:13)<fnref n="260" />

Años más tarde, Monteagudo coincidirá con Bolívar en su *Memoria*, cuando sostenga que "el furor democrático, y algunas veces la adhesión al sistema federal, han sido para los pueblos de América la funesta caja que abrió Epimeteo" (Monteagudo; 2009:117).

Si retomamos las páginas de *El Independiente*, el problema del sistema federal es analizado en los números nueve y diez, en un artículo redactado por el propio Monteagudo. Caracterizada como "absurda" y "contraria a sus mismos fines"<fnref n="261" />, la confederación es rechazada por su mayor debilidad respecto de la república, vale decir, por no parecer apta para responder a las exigencias prácticas de un escenario de guerra, pero no escapa tampoco al editor, la cuestión de la aduana porteña. En segundo lugar, derivado del argumento anterior, el periódico manifestaba su desconfianza respecto de que la federación fuera apta para lograr eso que Botana denominó la "reducción a la unidad" (cfr. 2016) a la construcción de un centro de poder y una autoridad común capaz de sostener el orden, imponer los tributos con que debe contribuir cada miembro y administrar el comercio exterior. Si las colonias del Norte habían podido optar por el sistema federal, fue porque ya gozaban de una

<footnote n="260">260 La constitución venezolana de 1811 fue uno de los primeros textos constitucionales del mundo hispánico. Al respecto, *cfr*. Thibaud en Annino y Ternavaso; 2012:35-54.</footnote>

<footnote n="261">261 *El Independiente*, 13 de marzo de 1815, 172.</footnote>
respectiva independencia, de costumbres e instituciones propias; los pueblos del sur,
en cambio, "eran regidos por la sola mano de los Virreyes"<fnref n="262" />.

Claramente, el federalismo era asociado con el desorden interno y la incapacidad
para coordinar políticas comunes, pero también podía ser leído como una forma de
someter a las élites a los "deseos incontrolados del gran número" (Gargarella;
2008:103). El federalismo implicaba una instancia de descentralización de las
decisiones y de ampliación de la participación política a mayorías que no parecían
preparadas para ello, lo que podía afectar negativamente la calidad de las decisiones
políticas (cfr. 119-120).

En el debate de Tucumán, el diputado Serrano, en julio de 1816, se mostró a favor
del federalismo, aunque rápidamente cambia de opinión para manifestar que por "las
circunstancias del país, la necesidad de orden y la unión" (ACA, I, 237) creía
conveniente la monarquía temperada. Fue principalmente, el diputado Anchorena
quien sostuvo la defensa de una federación de provincias (cfr. 244), sobre el
argumento de que un gobierno monárquico no sería practicable por las grandes
diferencias físicas de todo el territorio y por los hábitos de sus habitantes.

No deja de ser notable que el mismo argumento haya sido utilizado por Castro
desde las páginas de *El Observador Americano*, para sostener una propuesta
radicalmente diferente: en la edición el 28 de octubre, se dice que el influjo de los
variados climas del extenso territorio y la variedad de hábitos de los pobladores
llevaría a los pueblos a generar distintas constituciones que no podrían unirse en un
sistema federal<fnref n="263" />. Defensor de la monarquía moderada, el periódico recuerda
enfáticamente que "las formas rigurosamente populares están en manifiesta
contradicción con la posición física, y con las relaciones morales de nuestro país"<fnref n="264" />.

Entendemos aquí que se muestran claramente dos cuestiones: la primera, que el
federalismo activaba las alarmas de la disgregación territorial y la anarquía, si bien
no entre diferentes facciones, entre los pueblos llamados a constituir una unidad

<footnote n="262">²⁶² *El Independiente*, 13 de marzo de 1815, 175.</footnote>

<footnote n="263">²⁶³ Cfr. *El Observador Americano*, 28 de octubre de 1816, 7719.</footnote>

<footnote n="264">²⁶⁴ *El Observador Americano*, 22 de septiembre de 1816, 7688.</footnote>
mayor. La segunda, el periódico parecía dar prioridad argumentativa a los presupuestos doctrinarios a partir de los cuales *Del Espíritu de las Leyes* definía una confederación como una unión de repúblicas de pequeñas dimensiones que suponía, además, una alianza fundamentalmente defensiva entre estados políticamente homogéneos.

En síntesis, como ha observado Beatriz Dávilo (cfr. 2011:153-4), el debate sobre las formas de gobierno que hemos analizado estuvo marcado por los polos de la anarquía y el orden y giró en torno a tres tópicos: la cuestión de las pasiones y la naturaleza humana, el entorno geográfico y socio ambiental y las costumbres. A partir de estos elementos se tendía a creer que los valores políticos para sostener la república estaban ausentes; de ahí que la mayoría de las voces se hayan convencido de que la mejor forma de procesar y ordenar la contienda de facciones políticas demandaba la reposición de la obediencia a una autoridad suprema que sólo podía garantizar la unidad política, "esa cualidad importante de las monarquías" (ACA, I, 376). Quizás podemos preguntarnos en este punto si no comienza a mostrarse a partir de esta coyuntura, la disyuntiva que formará parte de los problemas planteados más tarde por la Generación del treinta y siete: si bien la experiencia podía mostrar la necesidad de adaptar las normas al contexto, el contexto rioplatense no parecería ser buen zócalo para la construcción política de un Estado moderno. Quizás Juan Bautista Alberdi, reflejando aquellas convicciones que acabamos de citar del *Redactor* del Congreso, restituía esta convicción, cuando en sus *Bases*, afirmaba la necesidad de que "el nuevo régimen contenga algo del antiguo" (Alberdi; 1993:72).

Sin embargo, la unidad monárquica —entiéndase por ello, la indivisibilidad de la soberanía encarnada en la figura de un monarca que trascienda los intereses parciales de sus miembros—, por sí misma, podía llevar al despotismo. La ventaja que brindaba una monarquía moderada, en relación a las preocupaciones de la época, es que podía garantizar la libertad, moderando dos excesos, tanto "el espíritu de extrema igualdad" como el "despotismo de uno solo" (Montesquieu; 2007:155), a
través de dos mecanismos: la representación, mediante la cual los ciudadanos delegaban su poder político, y los cuerpos intermedios.

Montesquieu consideraba que el problema de la democracia de los antiguos estaba en la propia naturaleza de esta forma de gobierno: un poder sin controles en manos del pueblo y sin la existencia de contrapoderes o instituciones capaces de contener el poder popular. Benjamín Constant, por su parte, sostuvo más tarde algo similar al decir que "la organización política de todas las repúblicas griegas era defectuosa" (Constant; 2013b:91), básicamente, porque éstas no conocían el principio de separación de los poderes políticos; las distintas funciones del Estado estaban mezcladas y no se confiaban a depositarios específicos.

Había sido la república romana la que, mediante la incorporación de una institución de espíritu aristocrático, el senado, contribuyó a moderar la democracia (cfr. Montesquieu; 2007:90-1) y los excesos populares. Fue justamente cuando este equilibrio se quebró que la república acabó hundiéndose en el mar de la historia: "Pero cuando el Pueblo pudo dar a sus favoritos una formidable autoridad en exceso, toda la sabiduría del Senado se volvió inútil, y la República se perdió" (1968:80). Montesquieu parece, entonces, haber adaptado ciertas instituciones que fueron modeladas en la república romana a grandes reinos con monarquías pluralistas, esto es, que, si por un lado descansaban en la unidad del mando del monarca, por otro, éste estaba limitado por estamentos nobiliarios y cuerpos intermedios con diferentes jerarquías heredados de las sociedades feudales.

Montesquieu otorga un rol fundamental a estos cuerpos intermedios subordinados porque éstos actúan limitando la concentración de poder en manos del monarca, en tanto funcionan como una especie de dique de resistencia que el autor cataloga como un "depósito de las leyes" (46), ya que éstos son un mecanismo de pervivencia de las leyes fundamentales del reino. Pero, por otro lado, son capaces de canalizar las sediciones y los riesgos de desbordes populares (cfr. 90-1 y Spector; 2010:92-105). Esto hace a la monarquía "el Estado más fijo, la Constitución más inquebrantable" (Montesquieu; 2007:90).
Es posible advertir que, para Montesquieu, la monarquía, en su forma pura, constituye un gobierno moderado, es decir, que hace posible la libertad política, en la medida en que persisten ciertos cuerpos y jurisdicciones nobiliarias que, por el deseo de conservar sus propios privilegios, obstaculizan la arbitrariedad del monarca y moderan simultáneamente los excesos populares. De esta forma, Montesquieu continuaba el camino de Locke en tanto se oponía a la doctrina de la soberanía absoluta, pero, además, actualizaba el principio clásico del gobierno mixto según el cual la estabilidad del cuerpo político requiere conciliar los intereses de los distintos grupos sociales. La democracia parecía no adaptarse, a ojos de Montesquieu, al pluralismo que caracteriza las sociedades modernas: sociedades geográficamente amplias, compuestas por una amplia variedad de cuerpos y grupos sociales (Audard; 2009:201).

En el Río de la Plata, el periódico *El Independiente* de Pedro José Agrelo, que entre septiembre de 1816 y enero de 1817 abogaba por adaptar el sistema inglés de gobierno al Río de la Plata, traducía un extracto de la obra de Jean Louis De Lolme, en donde podía leerse que para "hacer estable la constitución de un Estado es de absoluta necesidad limitar el poder legislativo"<fnref n="265" />. En el caso de la nación inglesa, del que Montesquieu sostenía que "la república se esconde bajo la forma de la monarquía" (Montesquieu; 2007:105), no respondía a una forma pura de gobierno, sino que podría ser catalogado como un "género híbrido" (Guariglia; 2017:91), que fue capaz de balancear en el Parlamento, los intereses de la nobleza terrateniente y de la burguesía a fin de preservar la libertad política, y ponía —según la descripción de Montesquieu— el poder ejecutivo en manos del monarca, dividiendo el legislativo en un cuerpo de nobles y en otro de representantes del pueblo, cada uno con sus "asambleas y sus deliberaciones aparte, puesto que tienen visiones e intereses separados" (Montesquieu; 2007:209).

De esta forma, la nación inglesa había logrado balancear intereses sociales diversos y opuestos al interior del Parlamento, haciendo de éste, no un órgano

<footnote n="265">²⁶⁵ *El Independiente*, 1 de diciembre de 1816, 7803.</footnote>
simple (una asamblea única), sino un órgano complejo, compuesto de dos cámaras que representaban diversas posiciones sociales, Lores y Comunes, y que, gracias al choque de fuerzas y contrafuerzas entre ellas, y al rol moderador de la primera, la constitución es un sistema dinámico que "se conserva por una forma de autorregulación" (Kévorkian; 2010:61).

En el Río de la Plata, las virtudes de esa "mezcla feliz" (Voltaire; 2014:26), como Voltaire denominaba a la constitución británica, flotaron en el aire desde principios de la Revolución. Como señala Dávilo, Inglaterra constituyó, para la élite porteña, al menos durante las dos primeras décadas de la Revolución, un modelo social y político a imitar, que encontró en la prensa un medio de difusión privilegiado (cfr. Dávilo; 120-6). Así, por ejemplo, en estos años "pre-librescos" (Myers; 2004:166), las novedades de la opinión pública y de la política inglesas aparecían en muchos periódicos que circulaban en el ámbito rioplatense, tales como *El Español* de Blanco White. Por su parte, *El Censor* de Pazos Kanki difundía ya desde 1812 artículos de la prensa británica, como la *Morning Chronicle*, en una sección titulada "Papeles ingleses".

Algunos periódicos fueron también importantes difusores de obras de estudiosos y divulgadores de la constitución inglesa. Tal es el caso, como mencionamos previamente, de *El Independiente* de Agrelo, desde cuyas páginas se transcribían pasajes de la obra del ginebrino Jean Louis De Lolme, titulada *Constitution de l'Angleterre* y aparecida por primera vez, en francés, en 1771. Otro importante estudioso de la constitución británica fue William Blackstone, cuyos *Commentaries of the Laws of England* tuvieron un gran éxito en Inglaterra, al punto de haberse realizado ocho ediciones en vida del autor, y que, *El Censor* —editado primero por José Antonio Valdez y luego por Camilo Henríquez— no olvidaba citar<fnref n="266" />.

<footnote n="266">266 La Constitution de l'Angleterre de De Lolme y Del Espíritu de las Leyes de Montesquieu han sido dos de las obras que más contribuyeron en los debates de teoría y derecho constitucional de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Ambos autores pusieron el acento en la originalidad de un sistema único en que la libertad política era resultado de un desarrollo histórico de unas instituciones que no se repetían en otra geografía del mundo moderno. En cuanto a la obra de De Lolme, aparece en idioma francés, por primera vez, en Amsterdam, en 1771. Otras ediciones en el mismo idioma se repetirán en esa misma ciudad, así como en</footnote>
Desde la prensa, entonces, se contribuyó ampliamente a la divulgación de algunos de los tópicos más significativos de la constitución inglesa, tales como el juicio por jurados, que quedaría consagrado en el artículo CXIV de la constitución de 1819 o bien, la libertad de prensa, uno de los derechos "primordiales" del pueblo inglés, que "asegura todos los otros"<fnref n="267" />. No obstante, los acercamientos rioplatenses al mundo anglosajón trascendían los límites del modelo diagramado a través de la prensa y de la literatura política. Además, cabe mencionar el rol de los vínculos sociales rioplatenses con los círculos de comerciantes extranjeros. Particularmente, y sin que podamos dejar de lado la posición geopolítica y económica de Inglaterra en la época, los comerciantes ingleses compartieron numerosos espacios de sociabilidad con la élite rioplatense. Esto permitía a esta última, entrar en contacto, no sólo con los valores políticos ingleses, sino también culturales, como el vestir, el gusto musical, los comportamientos sociales, etc. (cfr. Dávilo; 2011:175-180)<fnref n="268" />. Como explica Pilar González Bernaldo, los círculos de comerciantes eran clubes burgueses que se desarrollaban en el seno de la población extranjera para promover intereses comerciales ligados a la exportación. El caso de la "Sala Comercial Inglesa" es significativo porque, desde su fundación en 1810, contaba con una sala de lectura donde se podía acceder a periódicos locales, pero también a los principales diarios europeos (cfr. González Bernaldo; 2008:125-7).

### 2.2.2. La constitución

Bélgica, Suiza y Francia. La primera edición en idioma inglés apareció en la ciudad de Londres, bajo el título *The Constitution of England; or, an Account of the English Government; in which it is compared with the Republican Form of Government and occasionally with the Other Monarchies in Europe*; edición, por otra parte, revisada y ampliada en comparación a la original en francés (cfr. De Lolme; 2007:X-XXI). Respecto de William Blackstone, este jurista inglés fue el más influyente del siglo XVIII. Sus *Commentaries*, que hemos ya citado en oportunidades previas, fueron publicados por primera vez en distintas ediciones, entre 1765 y 1769. *El Censor* incluye una cita de esta obra en su edición del 27 de noviembre de 1817 que hace referencia a las elecciones parlamentarias, pp. 7240-2.

<footnote n="267">²⁶⁷ El artículo CXIV de la constitución de 1819 sostenía que "[E]l cuerpo legislativo cuidará de preparar y poner planta el establecimiento del juicio por jurados en cuanto lo permitan las circunstancias" (ERCA, 138-9). La cita utilizada sobre la libertad de prensa corresponde a *El Independiente*, 13 de octubre de 1816, 7759.</footnote>

<footnote n="268">²⁶⁸ Sobre la transmisión de hábitos, valores y modelos a partir de los espacios de sociabilidad compartidos entre la élite porteña y los comerciantes ingleses, puede consultarse la contribución de la autora realizada a la compilación *Resonancias Románticas* a cargo de Batticuore, Gallo y Myers; 2005:135-149.</footnote>
En el apartado anterior, hemos podido ver que ciertas preocupaciones rioplatenses relacionadas a los potenciales excesos de la democracia forman parte de tópicos y discusiones constitucionales que aparecían también en otras geografías y en las que se reconocía una sociología política compleja y buscaba proponer estrategias constitucionales a fin de institucionalizar los conflictos derivados de la diversidad de facciones. Para ello, este constitucionalismo intentaba trasladar esos intereses sociales existentes a la arena política, en el marco de regímenes representativos, lo que se pensaba, podía evitar la emergencia de leyes opresivas mediante instancias de neutralidad política. En otras palabras, las instituciones de la libertad que defiende el liberalismo clásico pueden ser pensadas como una protección contra los riesgos del despotismo democrático (cfr. Audard; 2009:196), empero, también contra los riesgos de concentración del poder en manos del príncipe. Veamos ahora cómo estos valores sociales y políticos fueron plasmados en la primera constitución rioplatense.

En la sesión del 11 de agosto de 1817, el Congreso Constituyente nombra una comisión integrada por los diputados Bustamante, Serrano, Zavaleta, Paso y Sáenz a fines de redactar un proyecto de constitución. Éste fue presentado al Congreso el 25 de mayo de 1818 y, a fines de julio de ese año, comenzó la discusión sobre el texto producido. En la sesión del 07 de agosto, en que se discutía el artículo tercero sobre la conformación del poder legislativo, la comisión redactora dejaba en claro que, sin desatender "las sólidas lecciones de la experiencia combinada con los cálculos más profundos sobre las pasiones humanas, y los medios más capaces de precaver sus efectos", se habían tomado como fuentes las constituciones "de Inglaterra, y de Estados Unidos, modelos verdaderamente dignos de imitarse en todo pueblo libre" (ACA, I, 369).

El texto constitucional se legitimaba en la nación, aunque su composición no se aclaraba en el mismo, esto es, si la misma refería a un conjunto de comunidades políticas preexistentes o bien, a un conjunto de individuos de acuerdo a la tradición iusnaturalista que inaugura Thomas Hobbes. La soberanía de la nación aparecía allí,
fundamentalmente, como la expresión de una voluntad unificadora (cfr. Botana; 2016:150). En cierta forma, este deseo de unidad hacía a la constitución heredera de elementos monárquicos, lo que, por otra parte, se veía reflejado también en un poder ejecutivo unipersonal. En efecto, proponer una soberanía de carácter unitario podría llevar más eficazmente a la estabilidad buscada y evitar la disgregación como efecto de los potenciales daños del lenguaje de los derechos, eso que Castro había llamado anteriormente "libertades mal entendidas"; como hemos visto, este articulista, siguiendo a Montesquieu, ubicaba a la libertad en el marco de la ley. Y es que el lenguaje de los derechos naturales, al proponer un estándar o parámetro trascendente a la autoridad política, "siempre pueden invocarse para poner en cuestión un orden positivo" (Palti; 2018:135). Como ha sostenido Leo Strauss, la emergencia del derecho natural presupone "la duda respecto de la autoridad" (Strauss; 2013:136).

La constitución adoptó diversas estrategias orientadas a garantizar la gobernabilidad. En principio, la representación se consolidó como un recurso tendiente a limitar el ejercicio de los derechos (cfr. Dávilo; 2011:166) y, por otro lado, comenzó a proyectarse como la estructura básica de todo gobierno. Si bien la soberanía recaía sobre la nación, las libertades políticas fueron restringidas prácticamente a dos: la elección de los representantes y la libre expresión de opiniones por medio de la prensa<fnref n="269" />. Simultáneamente, en el plano social, la constitución demostró una significativa preocupación por garantizar el sentimiento personal de la seguridad individual, sancionando que ningún individuo sería arrestado sin pruebas, que la propiedad es un derecho sagrado e inviolable e, incluso, que “[L]a casa de un ciudadano es un sagrado”<fnref n="270" /> (ERCA, 139).

<footnote n="269">²⁶⁹ Así lo establecía el artículo CVIII de la constitución: "Al delegar el ejercicio de su Soberanía constitucionalmente, la Nación se reserva la facultad de nombrar sus Representantes, y la de ejercer libremente el poder censorio por medio de la prensa" (ERCA, 138).</footnote>

<footnote n="270">²⁷⁰ La cita corresponde al artículo CXIX de la constitución de 1819. Este artículo fue tomado del art. 4 del decreto de Seguridad Individual del 23 de noviembre de 1811 (cfr. ERCA, 27). La expresión también apareció en el art. 163 de la constitución venezolana de 1811 (cfr. Seco Villalba; 1943:66-7). Los demás artículos a los que aludimos de la constitución de 1819 son el CXVI "Ningún individuo podrá ser arrestado sin pruebas..." y el CXXIII, "Siendo la propiedad un derecho sagrado e inviolable..." (ERCA, 139).</footnote>
Desde fines de agosto de 1818, tuvo lugar la discusión sobre la organización y división de los poderes, particularmente, la composición del poder legislativo. Este punto posee un especial interés para nosotros porque fue concebido como la clave de bóveda del edificio constitucional<sup>271</sup>. Siguiendo el ejemplo de las constituciones inglesa y estadounidense, se afirmaba que la "división del cuerpo legislativo asegura la permanencia de la Constitución" (ACA, I, 369).

La discusión se nutrió de aportes teóricos propios de las doctrinas de la separación de poderes y de la teoría del gobierno mixto que, diseñada desde la antigüedad por Aristóteles, Polibio y pensadores de la república romana, como Cicerón, fue recuperada en el siglo XVIII gracias a los comentarios de Montesquieu y De Lolme sobre la constitución británica, con un fuerte impacto en las discusiones de *El Federalista* y en la propuesta monárquico-parlamentaria de Benjamín Constant. De hecho, sería posible sostener que el gobierno mixto, tan criticado por Thomas Hobbes, "es la clave para entender los desarrollos del constitucionalismo" (Matteucci; 2010:158) y, además, el hilo conductor de la historia constitucional inglesa desde, al menos, finales del siglo XVI en adelante, a partir de autores como John Locke y William Blackstone. Sobre estos antecedentes, las propuestas de organización de los poderes que podemos encontrar en los autores mencionados podrían definirse como regímenes mixtos, ya que buscaban articular instituciones con diferentes legitimidades de origen (popular y hereditaria). Ello justificaba, por ejemplo, el bicameralismo, en donde una de las cámaras legislativas, de carácter aristocrático —y que muchas constituciones optaron por denominar Senado—, se orientaba a diluir la voluntad de una cámara con legitimidad popular. Se pensaba así, que esto podría mejorar la calidad de las decisiones a partir de la adición de instancias de revisión o, al menos, de esa forma era pensado en el debate: "habiendo

<footnote n="271"><sup>271</sup> En este aspecto, la constitución daba preeminencia al poder legislativo. Este principio es constitutivo del modelo constitucional liberal posrevolucionario que preconizaba Benjamín Constant: "el poder legislativo es evidentemente el primero de todos en rango y dignidad" (Constant; 2013b:30). Este pensador lausanés bebía de las aguas de la antigua tradición británica de la supremacía del Parlamento que Locke enunciaba, como vimos, en su *Segundo Tratado*.</footnote>
dos cámaras, al pasar la proposición de la una a la otra, ya se sujeta a un examen a que presiden distintas miras, distintas pasiones, distintos ojos" (ACA, I, 370).

Los temores generados por la soberanía popular, que la monarquía parecía ser capaz de moderar, se traducían, en términos institucionales, en la intención de diagramar estrategias para prevenir los excesos del poder legislativo (cfr. Dávilo; 2011:159), en tanto era el órgano que representaba el elemento democrático. Así lo observaba el diputado Anchorena cuando expresaba la necesidad de "evitar los desvíos y arbitrariedades del poder legislativo, tanto más temible que el ejecutivo" (ACA, I, 232). Esta alocución hacía patente la cercanía entre los temores de un sector de la élite rioplatense y los del liberalismo francés, según lo había expresado también Benjamín Constant, ya desde el período termidoriano.

Como adelantamos páginas atrás, Benjamín Constant se preocupó por analizar los riesgos en los que podían recaer las asambleas democráticas, de ahí la necesidad de "preparar medios infalibles para prevenir sus desviaciones" (Constant; 1997:338). En sus *Principes* de 1815, en donde Constant definía una constitución monárquico-parlamentaria, identificaba que estos riesgos eran fundamentalmente dos. Por un lado, una tendencia innata a la multiplicación de las leyes y, por otro lado, la posibilidad siempre latente de que una facción mayoritaria pudiera tomar el control de una asamblea y lesionar derechos de las minorías; tal como este pensador consideraba, había ocurrido con los jacobinos y la Asamblea Nacional. Al determinar la causa de los vicios en los que incurren las asambleas, entiende que éstos nacen del amor propio del representante: "la necesidad de actuar y el placer que encuentra en creerse necesario" (Constant; 2010:85). El diseño constitucional del Parlamento debía procurar, entonces, evitar esos vicios propios de las asambleas, tales como que "una minoría bien unida, que posee la ventaja del ataque, que asusta o seduce, argumenta o amenaza a su vez, tarde o temprano domina a la mayoría" (Constant; 1997:341).

Los remedios pergeñados por Constant consistían en mecanismos constitucionales tales como el bicameralismo, el veto y la facultad de disolución de las asambleas por parte de un poder neutro. La forma de encarar el problema de