# 1. Marco teórico conceptual

## a. Los estereotipos

En esta investigación se comprenden los estereotipos como visiones, imágenes o percepciones generalizadas, simplificadoras y reductoras, y de veracidad cuestionable sobre los atributos, características y roles de personas que pertenecen a grupos particulares, siendo estos grupos aquellos que son concebidos como “problemáticos” para los valores predominantes de una sociedad (Shoenfeld, 1942, en González, 1999). Por lo tanto, son creados por grupos dominantes y coartan la libertad de los otros, sus comportamientos y derechos. Están sujetos a ideologías discriminatorias y buscan justificar las desigualdades entre las personas de distintos grupos, ejerciendo control sobre los sujetos estereotipados (Quin y McMahon, 1997), pudiendo conllevar un reconocimiento prejuicioso y dañino, que encerraría un trato discriminatorio y un intento de mantener y dar justificación a los sentimientos de superioridad y autoafirmación de un grupo frente a otro (González, 1999; Moya y Puertas, 2008). Aunque los estereotipos pudieran no ser negativos, producen efectos negativos al no tomar en consideración la particularidad de las personas (Cook, Cusack, Dickens, 2010).

Las dimensiones de los estereotipos se comprenden como un conjunto de juicios y creencias acerca de los atributos, características y roles de las personas que pertenecen a un grupo determinado. Por un lado, los juicios son opiniones valorativas que determinan lo bueno y lo malo, y no pueden considerarse conocimiento pues son un sesgo las reglas del método sociológico de Durkheim (2001). Por otro lado, las creencias son un componente que emerge en la vida social a partir de las relaciones, una realidad que se impone al individuo como miembro de una sociedad, que se supone como conocimiento verdadero y que requiere acción conjunta (Nocera, 2009). En otras palabras, los estereotipos son asignaciones arbitrarias que construyen al “otro” a partir de juicios y creencias sobre el grupo al cual pertenece.

## b. Estereotipos relacionados a las comunidades y mujeres migrantes

Si bien, los fenómenos de la migración y del racismo son completamente distintos, los autores Balibar y Wallerstein (1991), Wieviorka (2002) y Tijoux y Palominos (2015) señalan que en la sociedad contemporánea no se pueden entender por separado, porque las personas migrantes se han convertido en los nuevos sujetos del racismo. Wieviorka (2002) entiende por racismo “asociar características morales e intelectuales a personas de un grupo como
atributos naturales que permiten adoptar prácticas de inferiorización y exclusión” (pág. 13). El racismo implica que la historia individual y la cultura de las personas quedan neutralizadas, borradas, a favor de la fantasía del cuerpo colectivo, subsumida bajo el nombre de “raza” (Le Breton, 2002). Ahora, para entrar en la noción de estereotipos, vale señalar que una de las manifestaciones del racismo contemporáneo es la ausencia de contacto directo entre las partes (nacionales e inmigrantes), dando pie a la creación de prejuicios y estereotipos acerca de las personas inmigrantes o de la comunidad completa (Wieviorka, 2002; Wallerstein y Balibar, 1991).

Juliano (2000) señala que cuando las investigaciones sobre migración toman por sujeto a las mujeres migrantes, esto obliga a repensar todo el fenómeno, pues responde de manera bastante importante a determinantes de género. Así, entre los estereotipos más comunes está ser inculta, dependiente, analfabeta y pobre (Pérez, 2008). Otros estereotipos son considerarlas dulces y cariñosas, lo cual les da preferencia en trabajos de cuidado, aunque no implique una mayor remuneración (Moya y Puertas, 2008). También se encuentra el estereotipo de no cumplir su rol de madre al “abandonar el hogar” al migrar (Wagner, 2008).

Aunque algunos estereotipos parecen positivos las pone en riesgo, pues se sancionan los comportamientos supuestamente no apropiados de las mujeres, suprimiendo toda diversidad y complejidad de cada una (Wagner, 2008), considerándolas “desnaturalizadas” o “extrañas” (Pérez, 2008) o incluso dispuestas a recibir prácticas de dominación de empleadores, al suponer que pueden e incluso deben aguantar cualquier cosa con resignación (Pérez, 2008). Astles (s.f.) agrega que estos estereotipos se utilizan para justificar que estas mujeres son menos valiosas, y al ser estáticos, es difícil para ellas evadirlos o desafiarlos.

Finalmente nos acercamos conceptualmente a los estereotipos sobre mujeres que abortan a partir de Erviti, Castro y Sosa (2006). En su estudio, los autores se encontraron estereotipos tales como que la mujer es la única responsable del embarazo y que, en consecuencia, es un agente regulable y educable, por lo tanto, los médicos despliegan prácticas sancionadoras y con funcionalidad educativa, reproduciendo un rol de dominación y desigualdad de género que es legitimado por el Estado, concluyendo que la relación entre médicos y pacientes que acuden a abortar está mediada por una violencia simbólica generada de los primeros hacia las segundas (Erviti, et al, 2006).

## Metodología

En la búsqueda de comprender los estereotipos que tienen ciertos sujetos sobre otros, la investigación utilizó una estrategia metodológica de tipo cualitativa, pues ésta permite analizar de forma comprensiva la interpretación de la realidad que experimenta el/la investigado/a, desde su
punto de vista (Canales, 2006). El estudio tuvo un carácter exploratorio, por lo tanto, se buscó ir reconociendo los espacios para su posterior profundización. El estudio estuvo abierto a introducir elementos y categorías que en su diseño no fueron señalados en la medida en que se descubrieran en el transcurso del análisis.

Se utilizó como técnica la entrevista semiestructurada. Esta técnica permite tener acceso a los discursos de los sujetos estudiados desde sus propios ojos (Corbeta, 2003) exponiendo un yo social que expresa sus prejuicios, racionalizaciones y se sitúa en el discurso de los estereotipos (Alonso, 1994).

El estudio se realizó en dos Hospitales Públicos de la RM, estos son el HSJ y el HSBA. En ambos hospitales más del 50% de las atenciones por IVE fueron realizadas a mujeres migrantes<fnref n="1" />. El estudio es de caso, por lo tanto, la comprensión de las/os sujetos implica la adecuación al contexto y situaciones que posibilitan el acercamiento a sus particularidades (Taylor y Bodgan, 1994). Así, a partir de los discursos se estudiaron los juicios y creencias que tienen los Profesionales de la Salud Pública sobre las mujeres migrantes que abortan legalmente para caracterizar sus estereotipos.

El muestreo es teórico, pues se escogió una variedad de sujetos considerados clave para las categorías significativas de la investigación (Corbeta, 2003), en este caso, Profesionales de la Salud Pública que son miembros de los equipos IVE o participan del procedimiento de aborto legal en alguno de los dos hospitales señalados. Para llegar a las/os entrevistadas/os se utilizó la estrategia de bola de nieve, ya que trabajan en el mismo lugar y se conocen entre ellas/os. Finalmente, la muestra se compuso de la siguiente manera:

<table><thead><tr><td>Tipo de entrevistada/o</td><td>Hospital</td></tr></thead><tbody><tr><td>Médico ginecobstetra</td><td>HSJ</td></tr><tr><td>Médica ginecobstetra</td><td>HSJ</td></tr><tr><td>Psicólogo</td><td>HSJ</td></tr><tr><td>Psicóloga</td><td>HSJ</td></tr><tr><td>Trabajadora Social</td><td>HSJ</td></tr><tr><td>Trabajadora Social</td><td>HSJ</td></tr><tr><td>Matrona</td><td>HSBA</td></tr><tr><td>Matrona</td><td>HSBA</td></tr><tr><td>Matrona</td><td>HSBA</td></tr><tr><td>Médica ginecobstetra</td><td>HSBA</td></tr></tbody></table>

<footnote n="1">¹ Datos obtenidos a través de la solicitud a los hospitales San José y San Borja Arriarán por Ley de Transparencia</footnote>
La técnica de análisis de la información recopilada correspondió al Análisis de Contenido. Esta técnica consiste en un movimiento constante entre la producción de información, su interpretación y su análisis, pudiendo vislumbrar aquellas interpretaciones que no se anuncian de forma explícita por los hablantes (Andreu, 2002). Así, cuando se habla de estereotipos, los juicios y creencias que las/os profesionales estudiados dieron por sentado, fueron analizados como tales.

# Resultados

## 2. Las mujeres migrantes que se atienden por IVE

### a. Violencia institucional hacia las mujeres migrantes IVE

Las/os profesionales dan cuenta de una evidente violencia institucional hacia las mujeres migrantes que acceden a abortar legalmente, donde son “peloteadas” por supuesta falta de documentos para ser atendidas, lo cual puede llegar a frustrar el acceso al aborto. En sus hospitales constantemente hay comentarios violentos hacia ellas, que se atribuye a la “superioridad moral” que sienten las/os profesionales de la salud con respecto a ellas.

“(...) Y uno como funcionario de la salud, debería entonces, ayudar a esta pobre gente, que no sabe bien lo que quiere, a tomar buenas decisiones. Y en eso, pum, como que la moral se impone y, y empieza a pasar esto de que yo, como en este lugar un poquito más privilegiado, te tengo que decir a ti que hacer, porque tú no sabes.” (Psicólogo, 4 de diciembre de 2020).

Una profesional del HSBA cuenta que el caso que más le ha afectado emocionalmente fue la primera IVE de su hospital, donde se atendió a una mujer haitiana y sintió que la médica a cargo tenía un problema con ella por su nacionalidad, repercutiendo en un trato violento hacia ella. Así lo relata:

“Ay, el peor caso de la vida, el primer IVE que asistí, tuve la mala suerte de asistirla con una ginecóloga que es muy violenta (...) y ella tiene un problema heavy con... el trato hacia las pacientes, pero especialmente con las pacientes haitianas (...) esta paciente quería tener a su bebé, pero no podía porque no era viable, y me acuerdo que sufrió mucho maltrato de la doctora. Mucho, así como, golpes en las piernas, em, gritos, gritos hacia mí porque ella se sentía como frustrada porque el procedimiento no fue rápido (...) Entonces cuando la pasaron a la revisión, al legrado que le hacen, le pusieron por ese mismo catete un refuerzo, y eso se demora un poquito en hacer efecto. Pero la doctora estaba apurada y lo hizo altiro, sin que le hiciera esf... perdón, efecto el refuerzo, y la
paciente gritaba de dolor y de sufrimiento. Era como, eh... me acuerdo y me dan ganas de llorar. Un llanto desolador, te juro yo salí llorando de ese box. Llorando. Porque ella decía, lo único que decía "mi bebé". Entonces, fue muy, muy mala experiencia, me imagino para ella. (...) bueno no sé en verdad con esa doctora, pero no sé si hubiese sido tan cruel si no hubiese sido haitiana, la verdad. Porque no entendía, no quería abrir las piernas ¿cachay? como, la doctora sólo decía como "no coopera la paciente" ¿cachay?, yo decía como "cómo va a cooperar si siente dolor, esperemos que le haga efecto". Y ella así hizo la cuestión rápido nomas ¿cachay?, no, fue horrible, horrible.". (Matrona, 2 de diciembre de 2020).

Respecto a las mujeres migrantes que abortan por la tercera causal, las/os profesionales dan cuenta de que se les discrimina, cuestionando la credibilidad de sus relatos, aunque esto no implique un obstáculo para realizar la interrupción:

"(...) y lo otro es como, como a veces, a veces queda la sensación (...) como que me suena que esta historia no es real. (...) me da lata que las mujeres se sientan forzadas a tener que inventar historias pa' poder acceder como, como a la interrupción del embarazo ¿cachay? ". (Médica ginecobstetra, 9 de diciembre de 2020).

Tienen la sensación de que las mujeres migrantes tienen más naturalizado el aborto porque en sus países es legal desde hace más tiempo, por lo tanto, pareciera que no tienen tanto miedo de llegar al hospital a abortar, sino que son otras razones las que fundan este miedo, como la violencia institucional y la falta de documentación:

"la aceptación social del aborto en Chile está como bastante penada socialmente, entonces, me da la sensación que en otros países como hay menos, eh, sanción social, tienen menos estigma de llegar a consultar y poder hablar más abiertamente de que quieren interrumpir el embarazo.". (Médica ginecobstetra, 9 de diciembre de 2020).

## b. Es tener ahí el folclore mismo de Latinoamérica

Las/os profesionales, aunque con cierta reticencia, hicieron distinciones sobre las mujeres migrantes que abortan legalmente. Indicaban que las clasificaciones, cuando se hacían, eran generalmente negativas, y que ocurrían en todos los escalafones de la atención, repercutiendo en el trato o disposición que ofrecerán a la paciente

"(...) como, te lo digo, llega una paciente, la cachay altiro si es venezolana o no y decís "ah ya, sí, es miss venezuela" y te queday con eso. Y también adaptas
tu, tu actuar, por ejemplo si una paciente peruana llega gritando como llega gritando una venezolana, lo primero que hacís es examinarla porque seguramente está pariendo ¿cachay? por ejemplo, ese nivel de diferencia hay. (...) Entonces siento que nos adaptamos a qué nacionalidad tiene la paciente como de qué forma actuar rápido o no ¿cachay? como cuánto te urgís, al final". (Matrona, 2 de diciembre de 2020).

Las diferencias las consignan principalmente respecto a la nacionalidad de las pacientes, pero también en aspectos culturales, de acento y color de piel, y con las haitianas, particularmente idiomáticas. Estas diferencias han sido para las/os profesionales un desafío con el cual lidiar, sintiendo que no están preparadas/os para recibir este tipo de pacientes.

"para mí es un desafío el tener que lidiar con sus diferentes como arraigos culturales, que son para mí chocantes porque yo no estoy preparada para ello ¿cachay? (...) o sea, estoy acostumbrada a trabajar con mujeres de distinto color, con distinto, eh, no sé, cómo se llama, eh, acento ¿cachay? (risas) que para mí eso sería lo diferente, no, no hay una diferencia de positivo, negativo relacionado con su nacionalidad. O sea, no sé, hay muchas mujeres chilenas que son desgraciadísimas, con las que trabajo ¿cachay? (risas) ¿y tiene que ver la nacionalidad? No". (Matrona, 9 de diciembre de 2020).

## c. Venir y decidir abortar

Sobre las actitudes y disposiciones que tienen las mujeres migrantes que acuden a abortar, las/os profesionales perciben que tienen mucho miedo a que las señalen con el dedo, a que las juzguen porque van a "matar a sus guaguas", lo cual se contradice con las observaciones que señalaron respecto a que en sus países tienen menos sancionado el aborto.

"Siento que vienen con el que "te van a mirar raro", vienen con... tanto en la primera, segunda, tercera, porque tu dices, en la segunda "ya, va a morir mi hijo sí o sí, pero ¿cómo lo voy a interrumpir yo antes? estoy matando a una guagua" entonces, sobre todo en segunda o primera son más grandecitos ¿ya? tú lo puedes interrumpir en cualquier momento, entonces tú dices "ya ¿voy a matar a mi guagua?"". (Trabajadora social, 4 de diciembre de 2020).

Antes de constituida la causal, suelen no conocen la ley de aborto legal, entonces están más desinformadas de sus implicancias. En ese sentido, es difícil para las mujeres saber cuándo se le está faltando el derecho u obstaculizando el acceso, lo cual reafirma el miedo a acercarse al sistema de salud para ser atendidas.
### d. Migrantes IVE según causal

#### i. Causales uno y dos; riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal

Las/os profesionales dicen que está documentado que las mujeres afrocaribeñas, y particularmente las haitianas, tienen mayor propensión a sufrir hipertensión, diabetes, patologías, miomas, por ende, son más propensas a encontrarse en la causal uno que otras mujeres. Hay una asociación directa de la negritud con las mujeres haitianas.

#### ii. Causal tres; producto de una violación

Ciertos profesionales dicen que las migrantes no tienden a aparecer en ella, quizá por desconocimiento o por sus creencias religiosas, donde es la/el profesional quien debe "descubrir", a partir de signos físicos, que la mujer fue violada para constituirle la causal.

> "se ve mucho el maltrato físico en las pacientes haitianas, que llegan con quemaduras de cigarro, golpeadas, mucha violencia intrafamiliar, que son violadas por sus propias parejas, pero ninguna de ellas ha ido, nunca me ha tocado que digan "sabís qué, voy a abortar porque mi pareja me violó" ¿cachay? yo siento que hay una... hay una... como un miedo a pegarse a esa causal ¿cachay? o como que al final no sé, serán sus creencias, no lo sé, o el desconocimiento, cómo comprueban ellas que fueron violadas por la pareja o siquiera si lo han denunciado o no ¿cachay?" (Matrona, 2 de diciembre de 2020).

Una profesional en particular indica que le dificulta examinar a las mujeres en la tercera causal, puesto que éstas no colaboran, sobre todo las migrantes.

> "entonces muchas veces a este grupo de pacientes, ponte tú, cuesta mucho examinarlas. O sea, que una paciente que va por una tercera causal, a veces se ponga en posición ginecológica, eh, cuesta, de echo les cuesta sentarse en la camilla, acomodarse en la camilla, muchas veces nosotros eh, por ejemplo yo pido el acompañamiento de la Psicóloga y la Asistente Social, al momento de examinarlas porque muchas veces necesitan que haya alguien conteniéndolas al lado, es como una conversación previa, es como con harto, harto trabajo a veces, eh, que nosotros lo entendemos". (Médica ginecobstetra, 10 de diciembre de 2020).

Los casos de la causal tres dejaron a entrever una situación muy elemental para todas/os las/os profesionales: las mujeres migrantes están en una situación sumamente precarizada.
"todo resulta como muy, muy frustrante, y como te digo de verdad que yo creo que es peor con las pacientes que son migrantes porque tienen (énfasis) más problemas, esa es la sensación con la que yo me quedo, como, y que tú decís como, eh "si no hubiesen tenido que migrar, si no estuvieran en esta pobreza, no les hubiese pasado" ¿cachay?. Y como yo te digo, de verdad tú les solucionay el tema de a lo menos ya no tiene otro hijo, entonces, por lo menos podría, puede tener como más opciones de movilizarse". (Médica ginecobstetra, 9 de diciembre de 2020).

La precarización a la que apuntan tiene que ver principalmente con la inestabilidad económica, los bajos ingresos, la falta de redes y contactos a quienes acudir, la dependencia económica hacia las parejas que las violentan, el cuidado de los hijos, trabajos sumamente explotadores e irregulares, ser víctimas de trata. Estas situaciones hacen que se enfrenten a agresiones sexuales en la casa, en la calle, en horarios peligrosos, y que no puedan distraerse con el dolor que suscita lo vivido y que tengan que seguir con sus vidas.

"por ejemplo nos han tocado mujeres con estos relatos de "es que yo salía de mi trabajo a las 12 de la noche y me iba caminando porque no tenía plata pa tomarme el, el bus" entonces como que tú decís como "esto no le pasa a mi vecina, esto no le pasa a mi amiga" esto le pasa a esta señora porque por su precarización de situación migrante, de empleos como súper ilegales, de, de falta de recursos, entonces, eh me parece que nuestr... que como de la población migrante que nosotros atendemos, eh, como que tienen dobles vulnerabilidades, como, de temas económicos y también sociales, o sea, falta de redes (...) a quién acudir.". (Médica ginecobstetra, 9 de diciembre de 2020).

# 3. Mujeres migrantes IVE por nacionalidad

## a. Mujeres haitianas IVE

### i. La “barrera idiomática”

Las/os profesionales le dan suma importancia a la “barrera idiomática” que existe entre las mujeres haitianas y ellas/os como un factor que dificulta su atención. Pareciera que las haitianas son quienes tienen la culpa de *portar* desde su país tal “barrera idiomática”. Agregan que las haitianas se han ido chilenizando en la medida en que se acostumbran a hablar en español:

"Pero hay pacientes, por ejemplo, me pasa con las que hablan español, que yo logro sentir más su dolor porque lo saben expresar, y yo siento que la paciente haitiana tiene mucho miedo, porque desconoce todo, porque está más sola, entonces pone una barrera ante eso.". (Matrona, 2 de diciembre de 2020).
Esta "barrera idiomática" tiene diversas consecuencias. Causa frustración en las/os profesionales. Les gustaría poder comunicarse mejor con ellas para explicarles bien lo que está pasando, para entregar bien las instrucciones, darse a entender bien, pero no pueden sentir tanta empatía porque, como dicen, no se saben expresar:

"existe esta brecha idiomática, que al final igual ellas no siempre logran expresarse o uno con, no puede em, como formar esta relación paciente-matrona como de, no sé cómo explicártelo, pero a veces pasa que con una paciente enganchas tanto que, uno tiene una cuota de empatía para todas las pacientes, al menos así lo veo yo". (Matrona, 2 de diciembre de 2020).

Entonces sucede que se saltan criterios de tacto. Algunas/os profesionales indican que son ellas/os mismas/os los que no se dan a entender, gritan innecesariamente, se van al extremo:

"Pucha, onda, la, no sé, sienten que la paciente haitiana por ejemplo, como no habla bien español, eh, le tienen que gritar para que entienda. Entonces como "¡Ya! ¡Siéntese! ¡Levé! ¡Esto! ¡Chita!" Entonces, porque le hablan con palabras de, en creole, pero fuerte ¿cachay? es como rápido y brusco, entonces uno tiene que estar ahí siempre más lento, más despacio ¿cachay? como, siento que se desesperan un poco porque no les entiende y como quieren hacer el procedimiento rápido, se van al extremo.". (Matrona, 2 de diciembre de 2020).

La falta de comunicación lleva a las/os profesionales a realizar interpretaciones totalmente arbitrarias de las mujeres haitianas que atienden, y las derivan al psicólogo porque no entienden sus comportamientos, sus cantos, sus propias maneras de llevar el duelo y el dolor:

"(...) porque justamente no hay interés en comunicarse y, desde lo equipos, darse un tiempo pa' entender que es lo que pasa (...) Y claro, aparecen muchas veces como, qué sé yo, esta "no que la paciente dijo que quería matar a la guagua" o que no quería la guagua, o cualquier cosa, y uno va y ve, no, la paciente agitada, y claro pareciera que es súper difícil poder decir, como bueno, probablemente, en trabajo de parto, sin conocer el idioma, sin conocer el sistema, y sin sentirse acogida respecto del funcionario, probablemente pueda tener cierta presencia de angustia, ansiedad, miedo incluso, eh, o sea ahí es como, "bueno, ah no, algo le pasa, derivación al psicólogo".". (Psicólogo, 4 de diciembre de 2020).
## ii. Las haitianas generan conflicto en la atención – Son extrañas

Hay una serie de elementos que llevan a las/os profesionales a señalar que las haitianas configuran un conflicto en la atención en IVE. Cuesta atenderlas, explicarles, son cándidas, es excepcional cuando son colaboradoras, generan conflicto con el personal en la atención por sus expresiones raras, que los asustan a ellas/os y a otras pacientes:

> "ellas tenían como entre comillas muchos sonidos guturales o cantos y eso la gente no lo entendía y lo encontraba muy extraño y hasta como que lo patologízaba un poco, o sea, muchas veces, me acuerdo de una vez ya hace un par de años, eh, me hicieron una interconsulta a mí como psicóloga pero en general el equipo de como psiquiatría enlace por una mujer que había cantado durante su trabajo de parto, lo que pensaban que le había dado como una psicosis puerperal, de... cuando hablé con ella, que afortunadamente igual para mí, hablaba español, me decía que le dolía mucho y ella cantó Suavemente de Elvis Crespo y eso parece que al ginecólogo que la atendió le pareció muy extraño porque las mujeres chilenas entre comillas no hacen eso y finalmente era una respuesta súper, eh, acorde al momento que estaba viviendo, o sea, no había nada de patológico ahí. Entonces yo creo que esas diferencias en cuanto a lo cultural han chocado bastante y han terminado como en actos violentos que creo yo". (Psicóloga, 11 de diciembre de 2020).

## iii. Las haitianas son salvajes

Las/os profesionales describen las conductas de las mujeres haitianas de manera tal que las conciben como personas salvajes, más acercadas a lo “natural”; no confían en la medicina científica, como los anticonceptivos; en la atención prefieren sufrir el dolor y, por ende, se niegan a utilizar anestesia. Los cantos guturales parecieran responder a sus instintos salvajes. Son “cochinas”, no usan ropa interior, se expresan distinto:

> "Eh, como... haitianas sin ropa interior (énfasis), eh, tiradas en el suelo, creyendo que se van a morir, tú no entendiendo en verdad qué es lo que les pasa y luego entiendes que, que... ellas realmente creen que se van a morir en cada cosa que sienten, como que tienen mucho miedo a, me imagino yo que tiene que ser porque realmente en su país se mueren po' ¿cachay? entonces ellas cualquier dolor fuerte no lo comprenden como algo natural o no lo... no lo... o sea, eh, su comportamiento es súper salvaje, desde un punto de vista de cómo vivir el dolor." (Matrona, 9 de diciembre de 2020).

Sobre los cantos y gritos guturales hay quienes declaran que es su forma de expresarse y hay que aceptarlo, mientras que otras/os
profesionales lo ven como algo fuera de lugar, algo que afecta también a
otras pacientes que comparten sala con las haitianas.

"Eh, hubo mucho tiempo que a las pacientes haitianas no se les podía poner anestesia, por mucho que fuese GES y es una obligación y un derecho, eh, no había forma de contenerlas, de explicarles lo que estaba pasando. Había que hacer ingresar al marido para que el marido pudiera explicarle y eso era un tema súper complejo, em, porque los procedimientos usualmente no se hacen delante de un familiar, los espacios que nosotros tenemos son súper reducidos, las pacientes de los lados, se quejaban, se asustaban "¿qué estaba pasando con la otra?" que al lado no sé po.". (Matrona, 9 de diciembre de 2020).

v. Las haitianas no saben ser madres

Como se ha revisado en la literatura, es muy frecuente el estereotipo que
cataloga de “malas madres” a las mujeres migrantes. En esta oportunidad,
las/os profesionales creen que las mujeres haitianas no tienen apego directo
ni inmediato con sus bebés, supuestamente porque en Haití son tan pobres
que están acostumbradas a que se mueran, por lo tanto, para evitarse el
dolor del duelo, no se apegan de inmediato. Las/os profesionales
consideran que la estadía en Chile y el saber que sus guaguas ahora van a
vivir ha permitido que las mujeres haitianas aprendan a ser madres, se han
“chilenizando”.

"Eh, en el grupo de pacientes haitianas eh, a mi me da la impresión de que, bueno, no sé si lo conoces así, pero eh, en Haití la tasa de mortalidad neonatal, o la tasa de mortalidad infantil, es muy alta, de hecho alguna vez nosotros tuvimos una, una charla del cónsul haitiano, y hemos tenido otras charlas de personas que han hecho voluntariado en Haití, en que se, sabemos que en Haití muchas veces las familias ni siquiera inscriben a sus hijos hasta el segundo año, tercer año de vida, porque la mortalidad infantil hasta el segundo, tercer año es muy alta. Entonces, de hecho el apego que hay, o el concepto de apego que nosotros tenemos, es bastante diferente en ese grupo de población, entonces, creo que, que las pacientes del grupo, las haitianas sobre todo, es como que asumen esto, y como que dicen "ya", es como que algo que tenía que pasar, en el fondo en algún grado". (Médica ginecobstetra, 10 de diciembre de 2020).

vi Las haitianas viven en una sociedad machista

Las/os profesionales hacen una asociación muy concreta respecto a que las
mujeres haitianas provienen de una sociedad profundamente machistas, y a
pesar de migrar a Chile, no se han librado de tal, por ende, lo han
interiorizado. Esto se reflejaría en que sus maridos se comunican por ellas,
por lo que no se preocupan de aprender el idioma, o porque tienen que
pedirles permiso para utilizar anticonceptivos, entre otras cosas.

“Bueno, yo soy ginecóloga, atiendo principalmente, obviamente mujeres; eh, la cultura de la comunidad haitiana, es una cultura muy machista, entonces es una cultura donde las mujeres piden mucho permiso, están muy supervisadas por decirlo de alguna manera, por el marido.” (Médica ginecobestetra, 10 de diciembre de 2020).

b. Mujeres venezolanas IVE

i. Las venezolanas son más educadas

La característica que más destaca sobre las mujeres venezolanas es que tienen alto nivel de estudio, lo que facilita la comunicación con ellas en la atención médica; entienden lo que se les dice, les importa estar bien informadas, saben lo que quieren y lo que no. Asocian que su alto nivel cultural es la razón que las hace ser menos machistas y entender más de salud, a diferencia de mujeres de otras nacionalidades.

“(...) los venezolanos son súper educados, llegan la mayoría con educación terciaria ¿cachay? em... mucho más informados, exigiendo mucho más respecto de que tú le expliques qué es lo que está sucediendo. Al, al contrario como de las otras poblaciones en las que, la verdad es que se quedan con, con la nada que les dijiste y después andan preguntando”. (Matrona, 9 de diciembre de 2020).

Pero, al mismo tiempo, su alto nivel educativo es criticado. Son preguntonas, son exigentes, lo que molesta a las/os profesionales, menosprecian la salud pública porque estaban acostumbradas a la salud privada en Venezuela y no la utilizan por gusto, sino porque no tienen otra opción.

“ellos como que menosprecian un poco el servicio público, por esta misma condición en que ellos en algún momento eran personas de mejor pasar económico, y que de repente es como “pucha, me voy a ir a meter a un hospital”, como, ¿cachai? Entonces de repente prefieren, incluso servicios privados, servicios privados de regular baja calidad, que incluso pueden ser peores que un hospital público”. (Médica ginecobestetra, 10 de diciembre de 2020).

Que sean altamente educadas también permite, para las/os profesionales, tener una mejor conexión en la atención, más acercada a las chilenas, “más como nosotros”, a diferencia de otras nacionalidades, donde
las mujeres, o son retraídas y no hablan nada, o no comparten el idioma, y
por ende no se saben comunicar:

"con una paciente haitiana es distinto con, no es com... no era posible conversarlo, pero con una paciente venezolana sí ¿cachay?". (Matrona, 9 de diciembre de 2020).

"como te dije las venezolanas (...) verbalizan todo, todo, todo. Son muy curiosas, muy curiosas, preguntan mucho, son las más preguntonas, tanto como las chilenas". (Matrona, 2 de diciembre de 2020).

## ii. Las venezolanas son exageradas

Hay un estereotipo muy marcado de que las venezolanas son exageradas, teatreras, alaracas. Esto se basa en un juicio negativo en donde se percibe el sentir de las mujeres venezolanas, su sufrimiento, inferior, minimizado, lo que repercute en un mal trato.

"Yo siento que hay un estigma súper grande a nivel del servicio al menos. Pucha, por ejemplo, a las venezolanas, siempre se rumorea que son exageradas. Son como de teleserie ¿cachay? así como las reclamonas (...) a la paciente, no sé, venezolana es como "ya, ya, sí, tranquila, no pasa nada" ¿Cachay? minimizando el sufrimiento y cosas así.". (Matrona, 2 de diciembre de 2020).

## iii. Las venezolanas son religiosas

Existe la creencia de que las venezolanas son más religiosas que las chilenas y que otras latinoamericanas, lo cual repercute en una compleja situación cuando entran en una causal

"Venezolanas y colombianas son distintos, son como más, eh, no tie... eh, no tienen eh, te pueden contar las cosas más rápidas, pero también tienen un tema católico ¿ya? como un tema religioso, como "es que si yo me lo hago, quizás Dios no sé..." ¿ya? tienen como un tema más entre moral, no sé, religioso que, que les cuesta tomar la decisión ¿ya? porque son muy creyentes. Son muy creyentes.". (Trabajadora social, 4 de diciembre de 2020).

### a. Colombianas "son como las venezolanas, pero más tranquilas"

De lo poco se menciona a las mujeres colombianas es en relación a las mujeres venezolanas, asemejándolas. Son como las venezolanas en cuanto a un nivel sociocultural más alto que otras migrantes, en que las discriminan menos, que se pueden comunicar fácilmente con ellas en la atención, que
son creyentes, que conocen los métodos anticonceptivos, que tienen mayor personalidad, pero son más tranquilas que las venezolanas.

“igual van en disminución las colombianas, son más neutras, son parecidas a las venezolanas, pero... pero con menos, cómo se llama esto (...) son como más tranquilas, pero tienen un poco como el temperamento de las venezolanas”
(Matrona, 2 de diciembre de 2020).

## b. Peruanas “son reacias y sometidas”

Las/os profesionales creen que las mujeres peruanas son más reacias que otras mujeres, o derechamente más sumisas. Sometidas, no reclaman, no hablan, sólo afirman en la atención, no preguntan, son apartadas, no como las chilenas. Creen que no pueden ponerse anestesia.

“me pasa que son como medias reacias. Les cuesta mucho dejar que uno se acerque. Así como en la contención, como dices tú. Porque no se habla lo que sienten. Son de pocas palabras, generalmente. Sólo afirman y nada más po. Entonces es también como un choque cultural porque una como chilena a veces, al menos me pasa a mí que soy súper cálida y de piel y de contener (...) (Matrona, 2 de diciembre de 2020).

“Eh, por ejemplo las, eh, la cultura peruana, eh, la mujer es como más callada, más reservada, eh, le cuesta mucho más expresarse a diferencia por ejemplo de una colombiana (...) y quizá la peruana te contesta sólo lo que te vas preguntando como muy a secas entonces tienes que ir abordando de otras formas los casos.” (Trabajadora social, 4 de diciembre de 2020).

## b. Bolivianas “son como las peruanas pero más sometidas”

Así como a las mujeres colombianas las relacionan a las mujeres venezolanas, a las mujeres bolivianas las relacionan a las mujeres peruanas. Conciben que tienen las mismas características que las mujeres peruanas, pero con mayor énfasis, es decir, son más sometidas, más tímidas, sobre todo si provienen de lugares más rurales.

“Bolivianas, son también calladas, más, más tranquilas, como más, eh... sobre todo si son de partes más rurales de bolivia, que es como más lejanas, pero son como, les cuesta más expresarse. Son muy tímidas”. (Trabajadora social, 4 de diciembre de 2020).

# Conclusiones

El análisis de los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas dio luces de muchas conclusiones y reflexiones que señalaremos a
continuación. En primer lugar, y respondiendo a nuestra pregunta de
investigación, pudimos dar cuenta de que los estereotipos que las/os
profesionales de la Salud Pública tienen sobre las mujeres migrantes que
atienden para el procedimiento de aborto legal aluden a las nacionalidades
de las pacientes y al hecho de ser mujeres migrantes. En ese sentido, los
stereotipos coinciden con el imaginario que existe sobre las mujeres
migrantes en general, mientras que el procedimiento abortivo como tal no
influye sustancialmente en la generación de estereotipos sobre las mujeres
migrantes.

Nuestra segunda conclusión fue que las/os profesionales señalaban con mayor énfasis a las mujeres migrantes haitianas para estereotiparlas y diferenciarlas de las mujeres chilenas. Estas diferencias fueron siempre violentas y negativas. Al punto que podemos señalar que eran racistas, porque constantemente se remitían a minimizarlas e inferiorizarlas en comparación a las mujeres chilenas, ofreciendo una imagen ideal de las últimas, y señalando positivamente que las haitianas se estaban “chilenizando”, acercándose a un “ideal” como si las chilenas lo representaran. Con las otras comunidades migrantes las distinciones no llegan a ser tan constantes y radicales, aunque sí igual de violentas.

Como tercera conclusión encontramos que las mujeres venezolanas
fueron la segunda población más estereotipada, y en un principio, parecía
que tales atributos no eran negativos. Las señalaban como una excepción
dentro de las comunidades migrantes, pues facilitaban una buena
comunicación y entendimiento en su atención. Sin embargo, el estereotipo
contenía una inminente evaluación negativa. Ser altamente educadas las
volvía demasiado exigentes cuando deberían estar “agradecidas” de ser
atendidas. Se establecía una barrera que ellas como migrantes, por ser
migrantes, no podían atravesar. Por otro lado, denominar como exagerado
el sentir físico y emocional de una persona es un juicio violento e
inapropiado para profesionales de la salud, cuando su rol es ofrecer un
servicio de cuidados apropiados para que las personas no sufran tales
dolencias.

Cuando las mujeres migrantes son juzgadas porque participan,
porque no participan, porque hacen algo o no lo hacen, podemos
reconocer las sutiles manifestaciones del racismo institucional operando; la
negación de posibilidades de actuar, vivir, sentir, a través de barreras
burocráticas, apreciaciones personales negativas de las/os representantes de
la institución (Wieviorka, 2002), que coartan la libertad de las migrantes.

Como cuarta conclusión, en lo que respecta a los estereotipos de
las mujeres colombianas, éstos fueron referidos únicamente en asimilación
de las mujeres venezolanas, como si las colombianas en sí mismas no
tuvieran identidad. Esto pudiera pasar porque esta comunidad está más
normalizada en la Región Metropolitana, pasando más desapercibida
respecto a otras comunidades migrantes, lo que repercute en que no hay un mayor ejercicio de clasificación sobre ellas.

La cuarta conclusión refiere a las mujeres peruanas y bolivianas, a quienes les sucedía el mismo fenómeno; las asimilaban. Es importante dar cuenta que cuando mencionaban estereotipos sobre estas dos nacionalidades, no les tomaban mayor importancia ni parecían generar un conflicto en la atención. Mientras que, los estudios de Stefoni (2005) y Correa y Márquez (2015) muestran que, hace al menos una década, a las mujeres peruanas se les consideraba como “extrañas”, representaban la “otredad”, eran en Chile una comunidad altamente estigmatizada. Nuestro análisis nos permitió reconocer que, en este caso, la “otredad” que alguna vez hubo hacia las mujeres peruanas se trasladó a las mujeres haitianas, en coincidencia con lo que O’Ryan (2019) denomina como “haitianización de la migración”.

Nuestra quinta conclusión es que todos los estereotipos creados sobre las mujeres migrantes que abortan legalmente repercutían en el trato que se les ofrecía a lo largo de la atención IVE, de una manera diferenciada, negativa y racista. Cuando las/os profesionales interactuaban con ellas aparecía el maltrato, la discriminación, un rechazo a causa de su origen, su cultura, su modo de hablar. Esto era enfatizado con las pacientes haitianas, quienes se convertían un “cacho” para ellas/os porque no las comprendían. Así damos cuenta de las negligencias discriminadoras y racistas que había en la atención. A las pacientes IVE se les minimizó, se les trató de exageradas, se les maltrató, no esperaron que hiciera efecto la anestesia, no les explicaron los procedimientos en totalidad porque las creían “tontas”, les gritaron. En suma, se les inferiorizó por el hecho de ser migrantes. Y nunca se responsabilizaron a sí mismas/os de tales tratos. Señalaban haber oído o visto a “otras/os” decir ciertas cosas o ejercer malos tratos. Las responsabilidades terminaron recayendo incluso en las pacientes migrantes; éstas debían aprender el idioma para facilitar la atención, debían ser más como nosotros, y así los problemas disminuirían.

En vista de todo lo que hemos señalado, nuestra sexta conclusión es que, entre la tensión de ser mujer, ser migrante y acudir a abortar en el Sistema Público chileno, el “problema” que prima entre las/os profesionales es el estatus migratorio, el no ser chilena, el no ser como las chilenas, es decir, que fueran migrantes. Esto lo esclarecen los estereotipos que tienen sobre ellas, que se enfocan en sus nacionalidades y estatus migratorios, siempre de una manera negativa. A las/os profesionales no les gusta que vayan a abortar, no les gusta atenderlas, porque tienen que enfrentarse a “diferencias culturales” sobre las cuales “no están preparadas/os”. Damos cuenta entonces que no tiene nada que ver el procedimiento de aborto como tal al enjuiciarlas y maltratarlas, sino que se castiga a las mujeres migrantes por ser migrantes; los estereotipos vienen desde antes y son reforzados en su atención.
Podemos cerrar esta Memoria dando cuenta de que estudiar las/os estereotipos que tienen las/os profesionales de la salud sobre las mujeres migrantes que abortan, contribuye como un primer paso al conocimiento del espacio y acontecer que se da durante el procedimiento de aborto legal hacia esta población. Creemos prioritario seguir profundizando en el campo de las migraciones en Chile, un campo escasamente explorado y con una infinidad de áreas desde la cual se puede trabajar. Es necesario contribuir con una sociología crítica que se preocupe del acontecer de las comunidades migrantes, donde hay discursos y prácticas racistas que construyen realidades sobre estas personas y particularmente sobre determinadas nacionalidades migrantes. Por lo demás, en lo que respecta a mujeres migrantes y aborto legal es fundamental avanzar hacia nuevas investigaciones que permitan conocer la experiencia que estas mujeres han tenido en el proceso de atención, desde la perspectiva de ellas mismas, y así contrastar la experiencia de las/os profesionales chilenas/os con las pacientes migrantes racializadas. El estudio ofrece nuevas preguntas a resolver: ¿Cómo viven las mujeres migrantes que abortan legalmente la experiencia de aborto en el sistema público? ¿Cuáles son las claves para asegurar una atención plena a las mujeres migrantes que abortan legalmente?

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Protección de los derechos humanos en la detención y
expulsión de inmigrantes: Aportes del modelo europeo al
sistema migratorio chileno.

Glorimar Alejandra León Silva

Resumen

Chile refleja un incremento de sus flujos migratorios y, no obstante, la situación jurídica respecto de la protección de los inmigrantes es deficiente. Por otra parte, la Unión Europea (UE) como sistema refleja significativamente el desarrollo del derecho internacional, implementando una serie de normativas y directivas, cuyo contenido constituye un avance para la protección de los derechos de los migrantes. Por ello, en esta investigación nos planteamos la siguiente interrogante general: ¿Cómo pueden los principios del derecho europeo –emanados de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las directivas atingentes– inspirar a la legislación migratoria chilena para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes frente a la detención administrativa y la expulsión? Para brindar respuestas, nos proponemos identificar el aporte específico de la UE en la protección de los derechos humanos de los migrantes ante los procedimientos de detención administrativa y expulsión, mediante el estudio de los principios emanados del derecho europeo primario relativos a la progresiva protección de los derechos humanos de los migrantes: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y las directivas atingentes. Esta revisión permitirá extraer parámetros del modelo europeo que permitan mejorar el sistema migratorio chileno para hacerle más inclusivo, mediante el resguardo de los derechos de los migrantes.

**Palabras clave:** detención administrativa, expulsión, derecho europeo, migrantes, derechos humanos.

Introducción y antecedentes

El incremento global de la migración internacional<fnref n="1" /> se observa asociado a
múltiples formas de discriminación que experimentan los migrantes

<footnote n="1">¹ La OIM (2006) define la *migración internacional* como: “Movimiento de personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello han debido atravesar una frontera”. (p. 40)</footnote>
(Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2006; Crépeau, 2014). Este fenómeno no es de data reciente en Europa (Delaney, 2016). Por ello, en la Unión Europea (UE) se han implementado una serie de normativas y demás directivas<fnref n="2" />, destacándose la Directiva 2008/115/CE<fnref n="3" /> (Directiva Retorno) que regula la detención y expulsión de migrantes<fnref n="4" />. Esta normativa -junto a la jurisprudencia interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- puede importar un avance para la protección de los derechos de los migrantes en otras latitudes, dado que la UE como sistema constituye el reflejo más significativo en el desarrollo del derecho internacional (Carrera y Geyer, 2008; Gutiérrez, 2010).

A nivel latinoamericano, Chile se configura como uno de los países de la región en el que se ha intensificado el fenómeno migratorio, por ser percibido como país de destino (Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo [OMIBID] (2016) debido, entre otros aspectos, al fortalecimiento de su economía y estabilidad (Novoa, 2015)— instalándose como un tema de alto interés público (Instituto Nacional de Estadísticas y Dirección de Extranjería y Migración [INE y DEM], 2019). Sin embargo, en este país la situación jurídica en lo relativo a la protección de los inmigrantes es deficiente. Para el momento de la realización de este estudio, en este país se contaba con una legislación migratoria cuyo contenido no respondía a un enfoque de derechos humanos cónsono con los estándares internacionales, ni a la dinámica y realidad moderna de los flujos migratorios (Torrealba, 2013; Diaz, 2015; Diaz, 2016; Lara, Pincheira y Vera, 2014; Bassa y Torres, 2015; Comité de Derechos Humanos (CDH), 2014)<fnref n="5" />. Ello se traducía en un alto margen de

<footnote n="2">² La directiva, una vez adoptada a nivel comunitario, es incorporada (o traspuesta) de forma que adquiere rango de ley y son vinculantes para el Estado miembro en cuanto al resultado que debe obtenerse, pero las autoridades nacionales definen la forma y los medios (Mangas, 2019).</footnote>

<footnote n="3">³ Directiva 2008/115/CE, de 2008.</footnote>

<footnote n="4">⁴ Según la OIM (2006) expulsión es el “[a]cto de una autoridad del Estado con la intención y el efecto de asegurar la salida del territorio de ese Estado de una o varias personas (extranjeros), contra su voluntad”. (p. 26). La Directiva 2008/115/CE emplea el término *retorno* para referirse al proceso de vuelta de forma voluntaria o forzosa y emplea el término *expulsión* para referirse a la ejecución de la obligación de retornar. La Comisión de Derecho Internacional (CDI) define la expulsión como “un acto legal por el cual el Estado compele a un individuo o grupo de individuos de otro Estado a dejar su territorio”. (Kamto, 2006, p. 156). Aquí emplearemos ambos términos como sinónimos.</footnote>

<footnote n="5">⁵ El 11 de abril de 2021 se promulgó la nueva Ley de Migración y Extranjería, que reemplaza la Ley de extranjería de 1975. Esta nueva ley establece los deberes y obligaciones de los migrantes que arriben a Chile, pero aun es objeto de múltiples controversias en lo relativo a su aplicación y la gestión de la migración irregular. Para más información, véase: https://www.ciperchile.cl/2021/04/27/nueva-ley-de-migraciones-por-que-precariza-el-trabajo-y-la-residencia-de-los-migrantes-y-puede-promover-mas-ingresos-clandestinos/. También puede verse el informe de Amnistía Internacional:</footnote>

<footnote>https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/6685/2023/es/ En estudios, puede consultarse: Colmenares, Neida, & Abarca, Karelys. (2022). La migración a nivel local en</footnote>
diferencias entre la normativa vigente y los nuevos estándares internacionales en la materia, específicamente en la detención administrativa de inmigrantes durante los procedimientos de expulsión. Ello justificó su abordaje integral y riguroso, a través de las herramientas teóricas y bibliográficas que ofrece el estudio del derecho internacional de los derechos humanos, a fin de hacer propuestas congruentes con el estándar internacional. Por ello, la hipótesis planteada en este estudio ha sido la siguiente: las soluciones normativas de la UE podrían contribuir a generar un diseño normativo que -adaptado a la realidad chilena- ofrezca soluciones (Bassa y Torres, 2015), mediante la implementación de políticas ajustadas al enfoque de derechos humanos bajo una acometida integral y comprehensiva de la migración (Ceriani, 2009).

La revisión preliminar de la bibliografía académica desarrollada hasta ahora en relación con la detención y expulsión de inmigrante nos permite observar que, si bien se han desarrollado artículos científicos relacionados con la Directiva Retorno y su interpretación por parte de los órganos de la UE, tales estudios son puntuales y sin el abordaje profundo que promete la metodología científica propia de una investigación. En Chile tampoco se ha desarrollado un estudio de este tema bajo el enfoque aquí señalado: la búsqueda de un modelo migratorio que oriente a la legislación chilena en el manejo de la migración internacional con especial atención a la detención y expulsión de inmigrantes. Y, son precisamente estos aspectos los que hacen inédita esta propuesta.

Por todo lo anteriormente expuesto, nos planteamos la siguiente interrogante general: ¿Cómo pueden los principios del derecho europeo – emanados de la CDFUE y las directivas atingentes– inspirar a la legislación migratoria chilena para garantizar la protección de los derechos humanos de los inmigrantes frente a la detención administrativa y la expulsión?

Para ello, identificaremos el aporte específico de la UE en la protección de los derechos humanos de los migrantes en los procedimientos de detención y expulsión, mediante el estudio de los principios emanados del derecho europeo primario relativos a la progresiva protección de los derechos humanos de los migrantes: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) y las directivas atingentes<fnref n="6" />. Esta revisión, desde la perspectiva del derecho internacional, permitirá extraer parámetros del modelo europeo que permitan mejorar el sistema migratorio chileno.

Acotamos que esta investigación se enmarca en el campo del derecho migratorio y el derecho internacional de los derechos humanos, ya que aborda los aspectos legales y los estándares internacionales relacionados

<footnote>Chile. Desafíos, demandas y políticas en tiempos de pandemia*. *Si Somos Americanos*, 22(1), 164-192. https://dx.doi.org/10.4067/S0719-09482022000100164.</footnote>

<footnote n="6">⁶ Específicamente, la Directiva 2008/115/CE, de 2008 y la Directiva 2013/33/UE, de 2013; instrumentos que regulan la detención administrativa y expulsión de migrantes de la UE.</footnote>
con la protección de los derechos de los migrantes. Además, dialoga con el campo de las políticas migratorias, ya que propone medidas que podrían influir en la formulación de políticas más humanitarias y respetuosas de los derechos humanos de los migrantes.

## Metodología

En cuanto a sus aspectos formales y estructurales, esta investigación ha sido dispuesta en dos partes, aplicando el método francés para la redacción de textos jurídicos (Martínez, 2006; de Noblet, 2004; University of Essex, 2002). Ello nos permitirá una mayor sistematización de nuestro análisis y resultados, que serán presentados siguiendo la misma estructura dual. En consecuencia:

La parte primera, delimitada al derecho internacional – específicamente, el Derecho de la UE- abordará el estudio de la CDFUE, las directivas UE aplicables en temas de detención y retorno de migrantes, junto a la jurisprudencia interpretativa del TJUE. Este abordaje estará precedido de una revisión general del estándar de protección de los derechos humanos configurado en el Sistema Universal de Derechos humanos, a fin de fijar el marco mínimo dentro del cual debiera regularse la detención y expulsión de migrantes en la UE. Luego, el estudio de este marco normativo de la UE tendrá como norte extraer propuestas jurídicas aplicables al sistema migratorio chileno.

La parte segunda de la investigación está enfocada en el estudio del derecho chileno aplicable al ámbito migratorio: Constitución de la República de Chile (CPR), legislación migratoria y jurisprudencia emitida por máximos tribunales chilenos. En esta parte se evaluará la aplicación del estándar internacional estudiado en la primera parte de este estudio y su incorporación dentro del derecho migratorio chileno, demarcando brechas y formulando propuestas jurídicas plausibles. Tales propuestas han sido desarrolladas en la sección de conclusiones, mediante el análisis hermenéutico de los resultados presentados en la primera y segunda parte de este estudio, junto a la exposición de los principales hallazgos encontrados.

En este estudio se ha empleado el método dogmático-jurídico (Bernasconi, 2007; Lorenz, 2001), con el propósito de esclarecer el significado del derecho vigente (Navarro y Moreso, 1997; Peczenik, 2004); considerando comparativa y sistemáticamente las fuentes normativas, doctrinarias y jurisprudenciales desarrolladas tanto en la UE como en Chile respecto de los procedimientos de detención y expulsión de migrantes.

Bajo los parámetros antes descritos hemos de acotar que, en cuanto a su delimitación temporal, el estudio del derecho europeo se ha restringido al período comprendido desde 2008 hasta 2018. La razón subyacente radica en la promulgación en 2008 de la Directiva 2008/115/CE, de 2008
(Directiva retorno), que desde la fecha vino a unificar las legislaciones de los Estados miembros de la UE bajo el principio de mínimos<fnref n="7" /> en lo atingente a la detención y expulsión de migrantes. Este mismo período de tiempo ha sido demarcado respecto de la revisión de los criterios jurisprudenciales e interpretativos emitidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en cuanto a la interpretación y aplicación de la referida directiva.

En lo tocante al estudio del derecho migratorio chileno acotamos que la investigación ha sido desarrollada respecto de la legislación migratoria vigente en Chile desde 1975. Con respecto a la muestra jurisprudencial, esta ha sido acotada a aquella emanada de los máximos órganos judiciales en cuanto a las acciones de amparo, incoadas en el período comprendido desde 2009 hasta marzo del año 2018. Se han excluido aquellos amparos que no fueron llevados en apelación ante la Corte Suprema. La elección de este lapso temporal obedece a que, según los resultados obtenidos mediante el uso del motor de búsqueda de causas, durante este período se ha observado la mayor incidencia de fallos emitidos respecto de los amparos interpuestos frente a situaciones de detención administrativa y expulsión de inmigrantes. Asimismo, acotamos que el 11 de abril de 2021 entró en vigor la nueva legislación migratoria chilena: Ley 21.325, que derogó el DL 1.094 de 10975 vigente para el momento de la realización de este estudio.

## Análisis

La revisión preliminar del estándar configurado en el Sistema Universal de Derechos Humanos para la protección de los derechos y su aplicación de a los migrantes, nos permite observar que, pese a los avances logrados a nivel global respecto del reconocimiento de los derechos humanos, actualmente, la inmigración no es un derecho humano en sí mismo (Díaz, 2016; CDH, 1986; CDH, 1999). Como lo ha entendido Ferrajoli (2002) ello implicaría transformar en derechos de la persona “…los dos únicos derechos que han quedado reservados hasta hoy a los ciudadanos: el derecho de residencia y el derecho de libre circulación” (p. 117). No obstante, los esfuerzos siempre han tendido a exponer un conjunto de garantías mínimas que apuntan a evitar el trato inhumano al que son sometidos millones de migrantes. Los diversos instrumentos para la protección de los derechos humanos de las personas erigidos tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos

<footnote n="7">⁷ Con posterioridad a la promulgación de dicha directiva, surgieron otras normativas europeas relevantes en esta materia. Estas normativas abordan indirectamente aspectos relativos a la detención administrativa de inmigrantes, pero únicamente en el contexto de aquellos que son solicitantes de protección del Estado o refugiados, y solo se hará referencia a ellas cuando se trate la detención administrativa de inmigrantes con fines de expulsión, que es el enfoque de nuestro estudio</footnote>
(SUDH) como los sistemas regionales -Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y Sistema Europeo de Derechos Humanos (SEDH)- reconocen una amplia gama de derechos humanos a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, de lo cual también se colige su reconocimiento a favor de los migrantes. Y, aunque no se hace referencia a las múltiples situaciones de vulnerabilidad que afectan a estos colectivos (Ghosh, 2008), en la protección de los derechos de los migrantes<fnref n="8" />, observamos el siguiente estándar universal respecto de estos derechos:

* Derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: en estos instrumentos se patenta el deber de brindar un trato humano y digno durante la detención y expulsión de inmigrantes. En este ámbito universal la tortura está contenida en aquellas formas de violencia física o psicológica empleadas de forma a deliberada y que pretenden la obtención de una confesión o carta información o para humillar o castigar; mientras que, los malos tratos incluyen ciertas condiciones materiales de detención consideradas en conjunto o de forma aislada (Román, 2004). Esto reviste de interés porque según esta posición -y como lo reitera el relator especial Van Boven (2002)- las condiciones inapropiadas de detención constituyen una forma de tortura u otras formas de malos tratos e inhumanos. Y ello plantea el deber de los Estados de brindar protección a la salud, atención médica y sanitaria del detenido (Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes [CPT], 2009), junto a otras condiciones mínimas que deben asegurarse para prevenir cualquier forma de trato inhumano hacia los migrantes durante la detención administrativa (Comité Contra la Tortura [CCT], 2008). Ello se puede asegurar mediante visitas agendadas y periódicas o visitas ad hoc de urgencia a estos centros de detención (Ruiloa, 2005). En este ámbito también se regula el deber de los Estados de asegurar la aplicación del principio de no devolución frente a la expulsión. Se trata de un principio reconocido en los instrumentos universales ratificados por lo Estados que previene la exposición de los inmigrantes a cualquier riesgo de perder la vida o su integridad en los países de origen en caso de ser retornados a estos con la expulsión.

* Derecho a la vida privada y familiar: en tales instrumentos universales se precisa el alcance de este derecho y se consagra la obligación de los Estados de: a) evitar internamientos que dificulten el acceso de los miembros de la familia (CCT, 2008); b) reconocer por vías legales las relaciones familiares extramatrimoniales de madre natural e hija y de ésta y la familia de aquélla; c) autorizar interferencias solo en aplicación de una

<footnote n="8">⁸ Véase, Informe del CCPR en el que se enfatiza la reiterada vulneración de estos derechos durante la detención y expulsión de inmigrantes por parte del gobierno español (Naciones Unidas (2015b) párr. 15-19, 23).</footnote>
norma legal; d) permitir visitas de familiares del migrante irregular y tener contacto telefónico con ellos; e) conservar la unidad familiar de los migrantes detenidos evitando su separación (CPT, 2009); f) prohibir detención de niños y en particular si se trata de niños no acompañados o separados de su familia (CCT, 2008); g) dar prioridad a medidas alternativas a la privación de libertad y velar por el interés superior del niño (CCT, 2008).

• Derecho al debido proceso: en estos instrumentos se regula el deber de asegurar que los migrantes no sean sometidos, individual o colectivamente, a detención o prisión arbitraria (CCT, 2008), sino respetando las garantías del debido proceso. Ello implica que la privación de libertad debe ser una medida excepcional con un claro sustento legal. Tales parámetros se traducen en el deber de asegurar: tutela judicial efectiva, proceso justo y asistencia jurídica gratuita durante los procedimientos de detención y expulsión de inmigrantes.

El alcance de los anteriores instrumentos -en contextos regionales-
se puede dimensionar al revisar la jurisprudencia interpretativa del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), cuyo desarrollo ha permitido la
configuración de un corpus juris útil en la defensa de los derechos humanos
que asisten a los migrantes (Carrillo, 2004), específicamente durante la
detención administrativa y expulsión.

De los criterios desarrollados por la Corte IDH se configura un
estándar incardinado en el deber que tienen los Estados de asegurar a los
migrantes el trato humano que merece toda persona con irrestricto respeto a
su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales. Ello
implica asegurar condiciones mínimas de detención que sean compatibles
con su dignidad (Corte IDH, *Caso López Álvarez contra Honduras*, 2006, serie
C nº 141; Corte IDH, *Caso Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay*,
2004, serie C No. 112). Según lo ha reiterado esta Corte, el principio de
igualdad y no discriminación -revestido de carácter imperativo- impone
obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y
generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares (*Opinión
Consultiva OC-18/03*, 2003, serie A nº 18). Ello se traduce en el deber de
garantizar los derechos humanos de las personas, independientemente de su
estatus migratorio (Ventura-Robles, 2004). En este contexto, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado este deber de
los Estados con base en la *excepcionalidad de la privación de libertad* que,
respecto de la detención de migrantes, requiere mayor atención dado que
las infracciones migratorias no debieran revestir carácter penal (2010)<fnref n="9" />.

<footnote n="9">⁹ Sobre pronunciamientos emitidos en relación con migrantes por la Corte IDH, vease:
Corte IDH, *Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana* (2012, serie C nº 251); Corte</footnote>
En el ámbito europeo también se ha configurado un estándar con similares planteamientos desarrollados por parte del TEDH. Este tribunal regional también ha sostenido de deber que tienen los Estados de asegurar condiciones de privación de libertad dignas, de manera que no se someta al interesado a una prueba que exceda del nivel inevitable de sufrimiento inherente a cualquier detención (TEDH, *Caso Riad e Idiab contra Bélgica*, 2008, n° 29787/03 y n° 29810/03)<fnref n="10" />.

De lo anterior se colige que en al Sistema Universal de Derechos Humanos se ha configurado un estándar para la protección de los derechos humanos de los migrantes cuyos parámetros deben replicarse en los ámbitos regionales y al interior de los Estados parte tras la ratificación de tales instrumentos universales y la vinculatoriedad que se desprende de estas. Con este marco de referencia y siguiendo el esquema dual propuesto para la estructura de este estudio, a continuación, revisamos los resultados de la primera parte de este estudio.

# 1. Protección de los derechos de los inmigrantes frente a la detención administrativa y la expulsión en la Unión Europea

Una revisión del marco normativo configurado a nivel de la UE nos permite advertir que en la normativa europea atingente se configura la obligación de garantizar ciertos derechos humanos especialmente vulnerados en la detención y expulsión de inmigrantes. Acotamos que este marco jurídico es el resultado de una evolución histórica vinculada a la conformación de las comunidades europeas y a una serie de tratados constitutivos que modelaron lo que actualmente existe en este ámbito. Luego, en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos en estos tratados constitutivos, la opinión de la doctrina es dispar: Algunos opinan que los derechos humanos siempre estuvieron de alguna forma reconocidos en los tratados iniciales de las comunidades europeas (Pescatore, 1968; Mangas, 2008), en tanto que hay quienes afirman que fue a partir de la década de los setenta cuando tímidamente se empezó a plantear la cuestión de los derechos humanos<fnref n="11" />.

<footnote>IDH, *Caso Vélez Loor vs. Panamá* (2010, serie C n° 218); Corte IDH, *Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana* (2014, serie C n° 282).</footnote>

<footnote n="10">¹⁰ Otros pronunciamientos con criterios similares, TEDH, *Caso Riad e Idiab contra Bélgica* (2008, n° 29787/03 y n° 29810/03); TEDH, *Caso Líci contra Grecia* (2014, n° 69881/12); TEDH, *Caso De los Santos y De la Cruz contra Grecia* (2014, n° 2134/12 y n° 2161/12); TEDH, *Caso M.D. contra Grecia*. (2014, n° 56028/10); respecto de los centros de detención de Feres, Venna, Suflí y Filakio: TEDH, *Caso F.H. contra Grecia* (2014, n° 78456/11); TEDH, *Caso Herman y Serazadishvili contra Grecia* (2014, n° 26418/11 y n° 45884/11).</footnote>

<footnote n="11">¹¹ Sin avances desde el punto de vista legislativo, pero si con un notable impulso jurisprudencial, este tema se asoma tímidamente desde esta década (Sola, 2000).</footnote>
Sin embargo, aunque en la década de los cincuenta los intereses que motivaron la fundación de estas comunidades eran principalmente económicos, ello no implicaba que estos fuesen ignorados, ya que por más de 40 años el estatus de los derechos humanos fue reconocido por tratarse de principios generales del derecho<fnref n="12" />. Luego, tras el desarrollo jurisprudencial del entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas –hoy TJUE– en materia de presuntas violaciones de los derechos humanos<fnref n="13" /> se observa una mayor tendencia al reconocimiento de los derechos fundamentales dentro del marco normativo de la UE. Ello también se observa tras la revisión detallada de los diferentes tratados constitutivos de las Comunidades Europeas –El Acta Única Europea, Tratado de la Unión Europea, Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza y Tratado de Lisboa– (Espada, 1994; Fernández, 2002; Blázquez, 1999; Y Pérez de Nanclares, 2003; Sanz, 1998; Fernández, 2000; González, 2003). Por su parte, la CDFUE también contiene aportes valiosos para la defensa de los derechos humanos, aunque su texto no contiene un elenco de derechos, sino que solo se limita a reconocerlos (Gortazar, 2007). La vinculatoriedad de este instrumento se traduce en el deber –por parte de las instituciones de la UE y los Estados miembros– de respetar la CDFUE en el proceso de aplicación del Derecho de la UE (Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [FRA], 2014).

LA CDFUE contiene previsiones genéricas respecto de los asuntos de asilo e inmigración. Ello importó un hito histórico al regular en el segundo título disposiciones referente a las libertades y protección de migrantes en caso de devolución y expulsión. Al igual que lo observado en los subsistemas regionales, la dignidad humana forma parte de la esencia de los derechos consignados en la CDFUE (Sobrino, 2008). Ello permite esgrimir, a favor de los migrantes, el resguardo de los derechos sometidos a escrutinio en este estudio<fnref n="14" /> durante la detención administrativa y expulsión ejecutada por alguno de los Estados miembros (Fernández, 2002; Sobrino, 2008; Consejo de la Unión Europea, 2001; Santamaria, 2004; Moyse, 2006; López, 2008; Zabalo, 2005; Arrese, 2014; Y Pérez de Nanclares, 2008; Fennelly, 1999; Mangas, 2008a; Segado, 1999).

Por su parte, en las disposiciones de la Directiva Retorno se contemplan algunas generalidades que dan cuenta de su función armonizadora (Fajardo, 2009; Reig, 2015), así como previsiones relativas a la detención y expulsión de migrantes. Según esta directiva, los procedimientos de detención administrativa contemplados en esta normativa se aplican con el fin de preparar el retorno o para tramitar el proceso de expulsión de migrantes. La directiva señala que tales

<footnote n="12">¹² Véase por ejemplo el Tratado de la Unión Europea de 2007, artículo 6.3.</footnote>

<footnote n="13">¹³ En esta etapa 8véase, TJCE, *Caso Stork* (1959, C-1/58); TJCE, *Caso Nold* (1959, C-18-57).</footnote>

<footnote n="14">¹⁴ Recordemos que este estudio se enfoca en tres (3) derechos fundamentales: derecho a la integridad física, derecho a la protección de la familia y derecho al debido proceso.</footnote>
procedimientos solo proceden cuando exista una perspectiva razonable de
expulsión -lo que debe tramitarse en un plazo razonable- o cuando existe
riesgo de fuga (FRA, 2014; Lancha, 2013; Llesic, 2016). La referida
normativa también define: resguardo del principio de no devolución, límites
a los periodos de detención, causales de prórroga de esta y otros aspectos
relativos a la expulsión o retorno (FRA, 2014; International Commission of
Jurists, 2014). Sus previsiones se enfocan en la promoción del retorno
voluntario.

Ahora bien, en el espacio de la UE juega un rol importante la labor
realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sus
pronunciamientos adquieren relevancia respecto de la interpretación de la
Directiva Retorno y la tutela de derechos fundamentales (Mangas, 2008;
Von Bogdandy, 2010). Estos criterios han acotado que: a) la detención
penal no es compatible con el ámbito de aplicación de la Directiva Retorno;
b) la Directiva Retorno no excluye la posibilidad para los Estados
miembros de legislar sanciones penales para aquellos extranjeros que
permanecen en el territorio de manera irregular después de aplicárseles un
procedimiento de expulsión y que han reingresado en violación de una
prohibición de reentrada; c) la duración de entrada no puede ser mayor a 5
años, pudiendo exceder de este lapso si el nacional de un tercer país
representa una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o
la seguridad nacional; d) Las medidas de detención deben ser adoptadas
bajo proporcionalidad y razonabilidad.

Una revisión más detallada nos permite observar los siguientes
parámetros:

* Derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: la CDFUE recoge la prohibición de tortura y de las penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes bajo los mismos parámetros establecidos en el CEDH. Lo mismo ocurre respecto del principio de no devolución. Por su parte, la Directiva Retorno exige que el internamiento se realice en lugares especializados y bajo contadas excepciones. También regula el deber de asegurar la separación entre migrantes detenidos a la espera del retorno y los presos comunes. Asimismo, esta normativa europea define parámetros relativos a las condiciones mínimas de la detención, atención sanitaria de urgencia, tratamiento básico de enfermedades y especial cuidado de personas vulnerables. Ello da cuenta del deber que tienen los Estados miembros de asegurar el trato digno y humano, así como el respeto de los derechos fundamentales de las personas detenidas con fines de expulsión (Ribotta 2012; Lauterpacht y Bethlehem, 2003). En este contexto, el TJUE ha sostenido que la excepción respecto de la detención en centros especializados debe ser interpretada de manera restrictiva. En casos de prohibición de devolución, expulsión o extradición, este tribunal ha insistido en el deber de los Estados de suspender la ejecución del retorno
mientras la autoridad nacional competente examina la legalidad de esa
decisión (TJUE, *Casos Adala Bero, Regierungspräsidium Kassel y Ettayebi Bouzalmate, Kreisverwaltung Kleve*, 2014, C-473/13 y C-514/13; TJUE, *Caso Thi Ly Pham v Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik*, 2014, C/474/13; TJUE, *Caso Abdida*, 2014, C/562/13; TJUE, *Caso Y y Z*, 2012, C-71/11 y C-99/11; TJUE, *Caso A*, 2014, C-148/13, C-149/13, C-150/13; TJUE, *Caso Mehmet*, 2013, C-534/11). Ello implica un aporte jurisprudencial novedoso respecto de la interpretación de la normativa de la UE, en cuanto a la protección del derecho a la integridad personal de los migrantes, dignificando el trato que reciben durante los procedimientos de detención con fines de expulsión mediante: atención medica de urgencia, consideración de sus necesidades básicas, lugares de detención que aseguren su separación respecto de los presos comunes y que cuenten con condiciones mínimas (salubridad, iluminación, facilidades y servicios básicos), entre otros aspectos.

* Derecho a la vida privada y familiar: la CDFUE no define lo que debe entenderse por familia, ni las personas que la conforman y solo reconoce el derecho a la vida privada y familiar en los mismos términos que lo hace el CEDH. Empero, la Directiva Retorno ha supuesto un avance positivo, al garantizar: a) la unidad familiar respecto de sus integrantes presentes en el territorio del que se trate; b) acceso para los menores al sistema de enseñanza básica; c) protección del interés superior del niño (FRA, 2014; Fajardo, 2009; Ceriani, 2009; Molina, 2016). Mas valiosa ha sido la interpretación de esta normativa desarrollada por el TJUE, quien ha sostenido -en aras de asegurar la unidad familiar- que no se puede obligar al nacional de un tercer país a abandonar el territorio de la UE sin antes comprobar la existencia de una *relación de pendencia* entre ese nacional de un tercer país y el ciudadano de la UE (miembro de su familia). En este mismo orden de ideas, este tribunal ha entendido que las medidas de expulsión deben considerar los datos pertinentes de la vida familiar del nacional del tercer país en cuestión (TJUE, *Caso Comisión*, 1989, C-249/86; TJUE, *Caso Carpenter*, 2002, C-60/00; TJUE, *Caso Abdida*, 2014, C/562/13; TJUE, *Caso K.A. y otros*, 2018, C-82/16; TJUE, *Caso O. y S.*, 2012, C-356/11 y C-357/11). De este modo, la unidad familiar y la protección del interés superior del niño pasan a jugar un rol crucial en la adopción de medidas de expulsión. Y los Estados parte tienen el deber de comprobar - con la debida antelación- que, en la adopción de este tipo de medidas, no se vulneren estos derechos.

* Derecho al debido proceso: la CDFUE también reconoce este derecho. Además, tanto la Directiva Retorno como la Directiva Recepción contemplan el deber de ejercer un control judicial rápido de las medidas de detención cuando estas son acordadas por autoridades administrativas. Asimismo, estos controles judiciales deben ser realizados de forma periódica. La Directiva Retorno abunda en otras garantías del debido
proceso: a) derecho a interponer recurso contra la decisión de expulsión; b) derecho a la asistencia jurídica; c) derecho a contar con un intérprete y/o asistencia lingüística (Pérez, 2008; Kamto, 2010; Lancha, 2013; Vilariño, 2016). Por su parte, los criterios del TJUE han sido relevantes en lo tocante al tiempo de duración de la detención, con el propósito de prevenir que este tipo de medidas no se tornen arbitrarias o excesivas. Este tribunal ha acotado la duración de la detención a un período máximo de 18 meses. También ha enfatizado el deber de los Estados miembros de asegurar otras garantías del debido proceso como: a) el derecho a ser oído y expresarse respecto de la legalidad de la detención; b) el ejercicio de recurso con efectos suspensivos cuando la ejecución de la expulsión pudiera derivar en un perjuicio serio e irreparable; y, c) el deber de resguardar el principio de no devolución (TJCE, *Caso Kadzoev*, 2009, C-357/09; TJUE, *Caso Mahdi*, 2014, C-146/14; TJUE, *Caso Sagor*, 2012, C-430/11; TJUE, *Caso Z. Zh.*, 2015, C-554/13; TJUE, *Caso Gaydarov*, 2011, C-430/10; TJUE, *Caso Khaled Boudjilida*, 2014, C-249/13; TJUE, *Caso Achughbabian*, 2011, C-329/11; TJUE, *Caso M. G.*, N. R., 2013, C-383/13; TJUE, *Caso Mukarubega*, 2014, C-166/13). Con estos aportes jurisprudenciales se logra avanzar hacia una interpretación progresiva de la normativa europea aplicable en materia de detención y expulsión, lo que promueve el resguardo del debido proceso y previene la arbitrariedad en la detención de migrantes.

## 2. Protección de los derechos de los inmigrantes frente a la detención administrativa y la expulsión en Chile.

El artículo 5 inc. 2 de la Constitución de la República (CPR) regula la incorporación de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno<fnref n="15" />. De acuerdo con estas previsiones, los derechos humanos son reconocidos como limitantes de la soberanía estatal (Bertelsen, 1996). Asimismo, en la CPR se afirma la dignidad humana como el valor supremo<fnref n="16" /> y como principio jurídico, lo que constituye la columna vertebral básica de todo el ordenamiento constitucional chileno. En consecuencia, bajo la noción del *bloque constitucional de derechos* –entendido como *baremo de constitucionalidad* (Nash, 2012; Nogueira, 2015)– observamos el reconocimiento de los derechos asegurados directamente por la CPR como por el derecho convencional internacional ratificado y vigente, junto al derecho consuetudinario internacional y los principios de *ius cogens*

<footnote n="15">15 La incorporación de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico chileno es un tema controvertido doctrinalmente (Gaete, 1996; Ribera, 2007; Aldunate, 2010; Díaz, 2011; Bustos, 1984).</footnote>

<footnote n="16">16 Esta posición tiene una sólida acogida en la sentencia del TCCh, *Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos* (2003, rol nº 389-2003) considerando 17º.</footnote>
(Nogueira, 2015). Este carácter integrador de la CPR se traduce en el reconocimiento de los derechos humanos que asisten a los migrantes. Aunque en la CPR no se observa una mención expresa de la migración, de su contenido se deriva la garantía genérica de igualdad en el ejercicio de los derechos y corresponde al Estado el asegurar estos derechos de todas las personas (Vivanco, 2015).

Por su parte, la legislación migratoria chilena (vigente para el momento en el que se realizó este estudio, Decreto Ley 1.094 de 1975 (DL 1.094) ostentaba una serie de falencias, específicamente respecto de los derechos humanos de las personas migrantes durante los procedimientos de expulsión. Observamos que la referida ley era imprecisa respecto de la ponderación de razones y el carácter facultativo en la adopción de este tipo de medidas. Esta falta de precisión incidía negativamente en el resguardo de los derechos que le asisten a los inmigrantes. Como especie de paliativos contra estas falencias, desde el gabinete ejecutivo de gobierno se implementaron diversos programas y acciones de corte administrativo. El problema de estas iniciativas de corte administrativo reside en que no estuvieron –ni han estado– contenidas bajo una política explícita. Ello dificulta la coordinación interna, por una parte, y la adopción de una perspectiva común en la administración pública y en el país, por otra.

Ante ese panorama, la labor de los tribunales superiores de justicia chilenos ha jugado un rol importante en la defensa de los derechos que asisten a los migrantes, tras incorporar principios orientadores contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por Chile. En estos criterios judiciales se ha insistido en el deber de: a) verificar la comisión del delito migratorio, a los fines de proceder a la imposición de la medida de expulsión; b) procedencia del recurso interpuesto contra las prohibiciones de entrada<fnref n="17" /> con fundamento en la protección del núcleo familiar; c) asegurar la proporcionalidad y racionalidad de la medida, junto a su necesaria juridicidad y justificación.

Abundando en más detalles, observamos que:

* Derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: la CPR regula esta prohibición bajo la figura de *apremio ilegítimo* y no admite excepciones (Vivanco, 2015; Hofmann, 1999). Esta previsión también tiene una especial vinculación con el derecho a la salud, aunque tienen un reconocimiento diferenciado (Vivanco, 2015; Bulnes, 2001). Por su parte, el entonces vigente DL. 1.094 solo contenía parámetros inciertos respecto de la detención, sin mayores detalles al respecto. Esta normativa otorgaba mucha discrecionalidad a la autoridad migratoria competente en materia de expulsión (Dellacasa y Hurtado,

<footnote n="17">17 Los tribunales han acotado que las prohibiciones de ingreso solo se pueden dejar sin efecto por medio de un procedimiento administrativo previo, desestimando los recursos interpuestos contra las prohibiciones de entradas que no han sido previamente revocadas.</footnote>
2015). Otras falencias observadas: a) no regulaba los derechos del expulsado; b) no contenía referencia alguna al deber de resguardar el principio de non refoulement; c) No se regulaba lo relativo a las condiciones de salubridad de los centros de detención ni el deber de atención médica y en general, no contenía ninguna protección especial dirigida a grupos especialmente vulnerables como niños y mujeres migrantes (Villaverde, 2002; Lawson y Rodríguez, 2016; Ciriano, 2000; Carrasco, 2012; Arletazz, 2014). Ante estas falencias legales, la jurisprudencia de los máximos tribunales ha resultado primordial para garantizar los derechos de los migrantes frente a estos procedimientos del detención y expulsión. Estos criterios se decantan por: a) la obligación de proteger el derecho a la libertad personal del inmigrante en todas sus dimensiones; b) el deber de habilitar centros de detención destinados exclusivamente para migrantes (con espacio mínimo en celdas para permitir la movilidad e impedir el hacinamiento, camas para dormir, acceso a salas sanitarias, aseo personal, salidas periódicas al aire libre, iluminación adecuada y ventilación) (CA de Santiago, Marín y otros con Policía de Investigaciones, 2013, rol N° 351-2013; CS, Salina y otros con Policía de Investigaciones, 2011, rol N° 866-2011; CS, Candelo con Policía de Investigaciones, 2013, rol N° 1802-2013). Estos criterios permiten morigerar el desbalance ocasionado por las falencias presentes en la legislación vigente para el momento de la realización de este estudio. Su aplicación respecto del caso en concreto se traduce en el trato digno hacia los migrantes durante la detención y expulsión. No obstante, si bien estas sentencias vienen a incorporar el estándar internacional desarrollado en materia de detención y expulsión de migrantes revisado en la primera parte de este estudio, se hace patente la necesidad de ajustar la referida legislación e incorporar los aportes del modelo europeo en esta materia.

* Derecho a la vida privada y familiar: la CPR entiende que la familia es el núcleo de la sociedad y establece el deber del Estado de propender a su fortalecimiento, bajo los mismos términos contenidos en los diversos pactos internacionales suscritos por Chile (Del Picó, 2001; Domínguez, 2005; Corral, 1999; Vivanco, 2015; Cea, 2012; Herrero-Tejedor, 1994). No obstante, la legislación migratoria vigente para el momento de este estudio (DL 1.094) tampoco contenía referencias a la protección de este derecho (Lawson y Rodríguez, 2016; Aravena, 2013; Olea, 2013; Gómez, 1997; Torrealba, 2013; Díaz, 2012). No obstante, una vez más, las máximas cortes chilenas apuntan en sus criterios a privilegiar el vínculo familiar en atención a las circunstancias personales de la recurrente. Estos criterio apuntan a la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el interés superior del niño, bajo diversos argumentos: a) imposibilidad de propender a la separación física de los padres; b) amenaza de la libertad ambulatoria de los familiares del expulsado; c) desproporcionalidad de la medida; d) dependencia de los miembros de la familia respecto del expulsado; e) interferencia con el pleno desarrollo
emocional y social del niño (CA de Iquique, *Palta contra Ministerio del Interior y Seguridad Pública*, 2017, rol N° 139-2016; CS, *Salina y otros con Policía de Investigaciones*, 2011, rol N° 866-2011; CA de Arica, *Pérez con Intendencia Regional de Arica y Parinacota*, 2017, rol N° 196-2017; CA de Santiago, *Salazar y otros contra Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Jefatura de Extranjería y Policía Internacional de Investigaciones*, 2013, rol N° 550-2013; CS, *Tamayo con Policía de Investigaciones*, 2013, rol N° 2174-13. Al igual que en la sección anterior, acotamos que estos criterios permiten morigerar el desbalance ocasionado por las falencias presentes en la legislación vigente para el momento de la realización de este estudio. Pero se hace patente la necesidad de reformar la legislación en cuestión para propender al fortalecimiento del derecho a la vida privada y familiar de los migrantes en los términos contemplados en la CPR y demás instrumentos internacionales ratificados por Chile.

* Derecho al debido proceso: la CPR reconoce la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Ello se traduce en varias garantías: el derecho a la defensa jurídica, la debida intervención del letrado con asistencia jurídica gratuita y el derecho a que la jurisdicción se establezca en un proceso previo legalmente tramitado (Vivanco, 2015; Peña, 1997; Couture, 1993; Rivero, 1997; Hoyos, 1996; García y Contreras, 2013; Navarro, 2013). En el DL. 1.094 -vigente para el momento de la realización de este estudio- no se regulaban los plazos en el actuar de la autoridad migratoria, ni la legalidad de la sanción. Por el contrario, se contemplaba un sistema de infracciones con causales muy amplias, sin graduaciones en las sanciones, entregadas a la interpretación sin contrapesos de la administración migratoria, sin un debido proceso para su establecimiento, ni audiencia en la que el afectado pueda hacer descargos, y con escasos recursos para impugnarlas (Zagrebelsky, 2003; Dellacasa y Hurtado, 2015; Fries, 2013; Pierry, 1984). No obstante, han sido los tribunales de máxima instancia en Chile quienes han delimitado estas facultades tan amplias. Así, estos criterios han sostenido que: a) la detención administrativa solo puede ejecutarse bajo orden o decreto judicial emitido por autoridad facultada para ello; b) el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración debe sujetarse a la proporcionalidad y razonabilidad; c) Debe asegurarse el control judicial de la detención; d) debe asegurarse la celeridad procesal; d) se debe asegurar plazo de 24 horas para expulsión, contado desde la notificación respectiva; e) la expulsión debe estar apegada a la ley (CA de Santiago, *Marín y otros con Policía de Investigaciones*, 2013, rol N° 351-2013; CS, *Badaracco y familia con Departamento de Migración y Extranjería*, 2013, rol N° 5112-2013; CA de Santiago, Hashimoto *con Policía de Investigaciones*, 2011, rol N° 131-2011; CS, *Salina y otros con Policía de Investigaciones*, 2011, rol N° 866-2011; CS, *Inostrosa con Policía de Investigaciones*, 2012, rol N° 4000-2012). Una vez más, destacamos que estos criterios tienen el potencial de contrarrestar las deficiencias existentes
en la legislación en vigor durante el período de esta investigación. Sin embargo, se evidencia claramente la necesidad de reformar dicha legislación con el objetivo de promover la consolidación del derecho al debido proceso de los migrantes, siguiendo los términos establecidos en la Constitución Política de la República (CPR) y otros tratados internacionales ratificados por Chile.

## Resultados

El estándar desarrollado en el SUHD para la protección de los derechos humanos y su aplicación respecto de los migrantes nos permite observar que la inmigración no es un derecho humano en sí mismo: Aunque los derechos humanos han tenido avances globales, la inmigración no es reconocida como un derecho humano per se. No obstante, en este sistema se observan esfuerzos para establecer garantías mínimas y evitar tratos inhumanos a los migrantes. Tanto el Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) como los sistemas regionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y el Sistema Europeo de Derechos Humanos (SEDH), reconocen una amplia gama de derechos humanos para todas las personas, incluidos los migrantes. Ello incluye: a) Derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (cuyo reconocimiento implica brindar un trato humano y digno durante la detención y expulsión de inmigrantes), entendiendo que las condiciones inapropiadas de detención pueden ser consideradas formas de tortura o malos tratos. Además, los Estados tienen el deber de proteger la salud y atención médica de los detenidos y asegurar las visitas periódicas o ad hoc a los centros de detención pueden asegurar el cumplimiento de estas condiciones. Junto a esto, también se ha insistido en el deber que les impone el principio de no devolución frente a la expulsión, a fin de evitar riesgos para la vida o integridad del migrante en el país de origen; b) Derecho a la vida privada y familiar: que se traduce en la obligación de los Estados de evitar internamientos que dificulten el acceso de los miembros de la familia y asegurar la unidad familiar de los detenidos. En este ámbito se ha insistido en prohibir la detención de niños no acompañados o separados de su familia, priorizando su interés superior; c) Derecho al debido proceso: el deber de los Estados de evitar detenciones o prisiones arbitrarias se deriva del deber de asegurar el debido proceso durante la detención, entendiendo que esta tiene carácter excepcional. Ello implica además el deber de asegurar la tutela judicial efectiva, proceso justo y asistencia jurídica gratuita durante procedimientos de detención y expulsión de inmigrantes. La jurisprudencia interpretativa de tribunales regionales reitera los criterios antes referidos. Ambos tribunales argumentan el principio de igualdad y no discriminación, garantizando los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus
migratorio. Con estos parámetros en mente, nuestro estudio termina con
los siguientes resultados:

Respecto de los 3 derechos estudiados, observamos que en el ámbito de la
UE:

* Protección contra tortura y tratos inhumanos: La CDFUE y el CEDH comparten las mismas regulaciones respecto de la prohibición de la tortura y tratos crueles. La Directiva Retorno brinda más protección a los migrantes en este ámbito, al establecer condiciones especiales para la detención, con atención médica y cuidado a vulnerables. El TJUE respalda estas normas, asegurando dignidad y derechos de los detenidos.

* Derecho a la vida privada y familiar: La CDFUE y el CEDH reconocen vida privada y familiar bajo similares términos, sin definir lo que debe entenderse por "familia". La Directiva Retorno brinda mayor protección a la unidad familiar, acceso a la educación básica y protección de los derechos de la niñez. El TJUE enfatiza unidad familiar en medidas de expulsión, garantizando su respeto.

* Garantías del debido proceso: La CDFUE y las Directivas estudiadas aseguran el debido proceso. Bajo estas normativas, la supervisión judicial rápida y controles periódicos de detención son requeridos. La Directiva Retorno añade la posibilidad de interponer los recursos legales y el derecho a la asistencia jurídica. El TJUE brinda mayor protección a los migrantes al limitar el tiempo de detención, garantizando derechos justos y evitando arbitrariedad de la detención.

Tales planteamientos permiten configurar un estándar de protección
amplio de estos derechos que, bajos las particularidades antes descritas, se
conservan dentro de los parámetros establecidos en el SUDH respecto de la
protección de los migrantes en la detención y expulsión.

Respecto de los 3 derechos estudiados, observamos que en el ámbito
Chileno:

* Derecho a no ser sometido a tortura y tratos inhumanos: La CPR prohíbe la tortura y tratos inhumanos. No obstante, observamos que la normativa migratoria (vigente para el momento de la realización de este estudio, DL 1.094) carecía de claridad en cuanto a la detención y expulsión de migrantes. Esto permitía amplia discreción a la autoridad migratoria, sin regulación detallada sobre derechos y condiciones en la detención. La jurisprudencia ha desempeñado un papel esencial al establecer estándares que incluyen la protección de la libertad personal y condiciones dignas de detención, reduciendo el desequilibrio provocado por las falencias legales.
Sin embargo, se subraya la necesidad de reformar la legislación para incorporar los avances internacionales en este ámbito.

* Derecho a la vida privada y familiar: La Constitución chilena respalda a la familia como núcleo de la sociedad. No obstante, observamos que la normativa migratoria (vigente para el momento de la realización de este estudio, DL 1.094) carecía de referencias respecto de la protección de este derecho, lo que dejaba un vacío legal. La jurisprudencia chilena ha defendido la protección de la familia en situaciones migratorias, destacando la importancia del interés superior del niño y la unidad familiar. Aunque los tribunales han corregido en parte las deficiencias legales, es evidente la necesidad de ajustar la legislación para garantizar de manera sólida el derecho a la vida privada y familiar de los migrantes.

* Derecho al debido proceso: La Constitución chilena asegura la igual protección de la ley y el debido proceso. No obstante, observamos en la normativa migratoria (vigente para el momento de la realización de este estudio, DL 1.094) ciertas carencias, como falta de regulación de plazos y procedimientos claros en las medidas migratorias. La jurisprudencia de máximos tribunales ha establecido límites a la discreción administrativa, asegurando control judicial, proporcionalidad y celeridad procesal en las detenciones y expulsiones. Estos fallos han subsanado en parte las lagunas legales, pero se enfatiza la necesidad de reformar la legislación para garantizar de manera más sólida el debido proceso en la detención y expulsión de migrantes, de acuerdo con los estándares internacionales y la Constitución.

Por ello creemos que la incorporación de los aportes contenidos en el modelo migratorio europeo en temas de detención y expulsión significan un aporte respecto de las falencias observadas. Estos aportes se especifican con mayor detalle en la sección de conclusiones.

## Conclusiones

Tras el analizar el estándar presente en el modelo migratorio de la Unión Europea (UE) con respecto a la detención y expulsión de migrantes, junto con una revisión panorámica de otros subsistemas de protección de derechos humanos y su incorporación en el sistema migratorio chileno, se plantea la aplicación de los siguientes parámetros en el ámbito nacional chileno:

1º. En los procedimientos de detención administrativa y expulsión, se debe garantizar el trato humanitario y el respeto a la dignidad del migrante, salvaguardando su derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asimismo, se deben respetar sus derechos a la vida privada y familiar, y al debido proceso.

2º. Para asegurar lo anterior:
a) En relación con el derecho a no ser sometido a tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: se requiere asegurar el internamiento en lugares especializados y separados de presos comunes, garantizando condiciones de detención dignas y permitiendo visitas de organizaciones sin previa autorización.

b) En cuanto al derecho a la vida privada y familiar: se propone extender la protección jurídica a relaciones extramatrimoniales, adopciones y familias de acogida, brindar asesoría a niños y evitar la detención de menores no acompañados, prevenir la desintegración del núcleo familiar, y resguardar los principios de interés superior del niño, *non refoulement* y unidad familiar.

c) Respecto al derecho al debido proceso: se debe asegurar que la detención administrativa sea ordenada por autoridades administrativas o judiciales por escrito, y se debe permitir un control judicial rápido de legalidad, el derecho a ser oído, la posibilidad de interponer recursos, y se debe garantizar asistencia jurídica e intérprete.

Los principales hallazgos de este estudio revelan que el modelo migratorio de la UE ofrece parámetros valiosos para aplicar en el sistema migratorio chileno, especialmente en lo que respecta a la protección de los derechos humanos de los migrantes durante los procedimientos de detención y expulsión. Como posibles nuevas investigaciones se sugiere investigar el impacto y la eficacia de la implementación de estos parámetros en el sistema migratorio chileno, mediante una revisión de las políticas migratorias vigente en Chile, con el fin de evaluar su efectividad y posibles mejoras.

El presente estudio ha sido desarrollado durante la vigencia del DL 1.094. No obstante, el 11 de abril de 2021 se promulgó la nueva Ley de Migración y Extranjería, que reemplaza la Ley de extranjería de 1975. Ello plantea la necesidad de evaluar los aportes de esta legislación respecto del tema que aquí nos ocupa y las falencias que puede ostentar esta nueva legislación. También se puede revisar los aportes jurisprudenciales en la materia, tras la entrada en vigencia de la legislación antes mencionada. Asimismo, se podrían realizar estudios comparativos con otros países de la región para evaluar las diferencias y similitudes en los estándares de detención y expulsión de migrantes.

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# Migración irregularizada de mujeres residentes en Tarapacá: un análisis desde la reproducción social

Sius-geng Salinas Pérez

## Resumen

Este trabajo busca comprender críticamente las dinámicas migratorias irregulares por medio del análisis de la reproducción social de la teoría feminista marxista. Este acercamiento nos permite desde los propios relatos conocer cómo afecta la crisis de la reproducción social en el cotidiano de las familias migrantes. La metodología utilizada fue cualitativa por medio de un seguimiento etnográfico colaborativo de seis mujeres residentes en Iquique y Alto Hospicio, Chile. Los principales resultados obtenidos dan cuenta que la cotidianeidad de irregularización migratoria conlleva dinámicas específicas para la reproducción social. Se inicia con la decisión de migrar mediada por la reproducción social. Existe una precarización de la vida de las mujeres por falta de acceso a medios materiales para la reproducción social, la cual también favorece diferentes formas de violencia a las cuales se enfrentan, visibilizadas por medio de sus propios relatos.

**Palabras clave:** Migración irregularizada, Reproducción Social, Teoría feminista, Chile, Iquique

## 1. Introducción y antecedentes

Chile se ha convertido en un destino reciente de la migración internacional, su crecimiento y desarrollo económico son algunos de los factores de atracción migratoria (Canales, 2018). Se ubica en el tercer lugar de destino con más personas migrantes en América Latina, después de Brasil y Argentina (Red Jesuita con Migrantes Para América Latina y el Caribe [RJM-LAC], 2018). A su vez, la región de Tarapacá, cuya capital es Iquique, ubicada en el norte de Chile, presenta un 4,7% de la población a nivel nacional (Migración en Chile, 2022). Existe un grupo de la población migrante que se encuentra en situación migratoria irregular, debido a las políticas migratorias restrictivas que han implementado los gobiernos de Chile. Es importante mencionar que debido a la pandemia de COVID-19 estos aspectos han variado considerablemente, pero este trabajo no abordó.

En los últimos años ha existido un aumento de las políticas migratorias restrictivas por parte de los Estados, lo que ha traído como
consecuencia un aumento considerable de la migración irregular (De Genova, 2002; Mezzadra, 2005; Álvarez, 2016; Hidalgo, 2019; Stang, et al., 2020) Los estudios han intentado comprender esta cuestión desde la óptica de la seguridad y la forma en la cual las fronteras son vulneradas por las personas que, a pesar de las restricciones, las atraviesan de todas maneras (Hidalgo, 2019).

El crecimiento de personas irregularizadas en el mundo es en la actualidad un rasgo de los procesos globales (Hidalgo, 2019). Es difícil hablar de cifras concretas sobre la migración irregular, es complejo medirla. A pesar de esto, se estiman, por ejemplo, unos 12 millones en USA ((In)movilidad en las Américas, 2020). Respecto a los datos de migrantes en condición irregularizada en Chile, según estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones, (SERMIG) y datos de Policías de Investigación (PDI) en Chile al año 2022, 145,050 personas migrantes han ingresado por pasos no habilitados (Info Migra, 2023). Es complejo tener una cifra exacta de las personas que se encuentran irregularizadas en Chile.

Este trabajo analiza la migración irregularizada que es planteada por Liberona, (2020), y refiere tanto al cruce clandestino de fronteras, como la vida en esta condición, que son situaciones involuntarias a la persona en un marco jurídico determinado que produce la irregularidad administrativa y permanencia irregular en el país de destino. En este sentido, el concepto de irregularizado “da cuenta de una condición derivada del control estatal” (Álvarez Velasco, 2021, p. 32). La pregunta que guía esta investigación es ¿Cuáles son las dinámicas de reproducción social presentes en la migración irregularizada de mujeres? El objetivo de este trabajo es comprender la experiencia de mujeres de reproducción social de mujeres irregularizadas en Alto Hospicio e Iquique, Chile.

Respecto a la reproducción social encontramos estudios que ponen el foco analítico en el género, la migración y la reproducción social en Japón, y las implicancias que esto tiene en la teoría y la investigación (Truong, 1996). Por otra parte, encontramos planteamientos que sugieren que la migración se produce por medio de la reproducción social y socialización de la misma a través de grupos familiares (Canales, 2013). Un estudio reciente analiza las cadenas de cuidado en América Latina desde la reproducción social (Seijas, 2023). No obstante, poco se ha estudiado las dinámicas de reproducción social que ocurren en la migración irregularizada, es por esto que el trabajo aquí presentado propone aportar a un vacío existente entre la relación analítica de la migración irregularizada y la reproducción social desde la teoría feminista marxista.

El foco de esta investigación es la experiencia de las mujeres, basado en un fundamento epistemológico que ha desarrollado el feminismo a lo largo de los años (Contreras y Trujillo, 2017). Este trabajo plantea la necesidad de recuperar las experiencias de las mujeres migrantes, que fue negada e invisibilizada la construcción del conocimiento y la historia
(Cuenca, 2018). Para comprender la reproducción social en la migración irregularizada se debe considerar las distintas articulaciones en las relaciones que se establecer por el género, la clases junto a las dinámicas de reproducción y producción (Arruzza, 2016) tal como veremos en los casos estudiados. Visibilizando estas dinámicas que se vuelven funcionales para la acumulación del capital (Álvarez, 2016) y que son parte de una crisis de la reproducción social (Fraser, 2018; 2023).

Este escrito consta de una exposición teórica sobre la temática en cuestión, comenzando con un recorrido entre feminismo, género y migración, para luego abordar brevemente la teoría de la reproducción social, migración irregularizada y la relación existente entre ambos. Luego del abordaje teórico, se detalla la metodología: seguimiento etnográfico colaborativo basado en la participación de seis mujeres, que luego de ingresar a Chile en situación de tráfico de migrantes, residen en Iquique y Alto Hospicio. A continuación, se presentan los resultados, que abordan a) aspectos de la familia y la reproducción social, b) la irregularidad como condicionante para la violencia, y c) la reproducción, producción y trabajos precarizados, que serán expuestas desde sus propias voces. El texto finaliza con las conclusiones.

## 2. Feminismo, género y migración

Los feminismos han contribuido desde las ciencias sociales y políticas la comprensión de una realidad social compleja, su aporte principal ha sido integrar el género como categoría analítica en los estudios migratorios. En la década del noventa se comienza a plantear la migración como un proceso basado en el género (Hondagneu-Sotelo, 2011). Destacan planteamientos sobre cómo “las relaciones de género afectan todas las relaciones sociales, y son por tanto fundamentales en el modo en que se desarrolla la migración” (Bastia, 2009, p. 71). La literatura revisada da cuenta que las mujeres en los últimos años han generado una mayor visibilidad política y social (Gregorio Gil, 2012), lo anterior sumado al incremento de mujeres que migran (Gregorio Gil, 2012; Magliano, 2015).

La feminización de la migración da cuenta del cambio de rol que ocupan las mujeres en los flujos migratorios; de ser tradicionalmente la esposa, hija y, por lo tanto, dependiente y acompañante del hombre, a ser personas activas en los flujos migratorios y en varios casos el principal sostén de sus familias (Hernández y Boix, 2013). Luego la atención se centra en los mercados laborales a los cuales acceden las mujeres, la relación que existe con el trabajo remunerado y las relaciones familiares, la vida transnacional generacional y de género (Herrera, 2013). En definitiva, los estudios realizados sobre la migración y el género han pasado desde recuperar la experiencia de las mujeres a la integración del género en los estudios para dar pie a la interseccionalidad (Herrera, 2013). La
interseccionalidad es una apuesta teórica que proviene del feminismo negro para analizar las dinámicas de desigualdades. Es así como el término interseccional presenta usos y reflexiones múltiples (Vázquez, 2019). Su foco es dar a conocer las variadas dimensiones de opresión experimentadas por las mujeres y que se intersectan en la experiencia de ellas. Las dimensiones que se intersectan son el género, raza y clase (Crenshaw, 1989; Viveros, 2016), entre otras que pueden adicionarse en el análisis. Se han realizado estudios desde el análisis de la triple discriminación: mujer, migrante y trabajadora (Parella, 2003). Además, se ha integrado el análisis interseccional para comprender el fenómeno de la trata de mujeres (Neves, 2010). No obstante, la literatura aún es escasa sobre este tipo de análisis en las migraciones internacionales y, en menor medida, en América Latina (Viveros, y Gregorio Gil, C, 2014; Magliano, 2015). Los enfoques teóricos mencionados fueron apropiados para analizar la migración de mujeres, sin embargo, para este trabajo se propone analizar desde la teoría de la reproducción social, que entrega una riqueza de comprensión mayor al fenómeno en estudio.

## 2.1 La migración como un proceso de reproducción social

Sobre los estudios de la reproducción social y desde la antropología destacan aportes de la familia, el grupo doméstico y la reproducción social en sociedades globales (Grasmuck y Pessar, 1991; Hondagneu-Sotelo, 1994; Gregorio Gil, 1998; Pessar y Mahler, 2003). Estos estudios analizan “el carácter generizado de las instituciones y los procesos migratorios: el mercado laboral, las políticas migratorias y las estrategias de reproducción familiar” (Herrera, 2013, p. 35). Por otro lado, encontramos diversos estudios que revelan el papel de las mujeres en la sociedad capitalista contemporánea a través del análisis de reproducción social (Seijas, 2023).

La teoría de la reproducción social es uno de los aportes del feminismo marxista. Los primeros debates sobre esta cuestión comienzan en las décadas de los 70 y 90 (Arruzza, 2016, Seijas, 2023), que son retomados décadas después y tiene como principales exponentes a Bhattacharya, Arruzza, Ferguson, entre otras. Esta teoría, presenta las diversas discusiones que dan cuenta de la complejidad actual del capitalismo contemporáneo, para así integrar una mirada más amplia de las dinámicas sociales. La reproducción social se comprende desde la teoría unitaria cuya tesis explica que la opresión de género y racial “no corresponden a dos sistemas autónomos” (Arruzza, 2016, p. 5) al capitalismo. En el capitalismo ambos sistemas de opresión se han legitimado a través de la historia y han transformado las formas de relacionarnos (Arruzza, 2016). Por lo tanto, se diferencia de las teorías de los sistemas dobles o triples como la interseccionalidad. La teoría unitaria apuesta a comprender las condiciones sociales en una relación dialéctica en un sistema capitalista patriarcal.
Para la teoría de la reproducción social (TRS) la reproducción es entendida en la tradición marxista como un proceso de reproducción de la sociedad en su totalidad. En este sentido, los aportes de la teoría feminista-marxista nos indican que la reproducción social refiere al mantenimiento y la reproducción de la vida, diaria o generacionalmente (Arruzza, 2016, p. 14). Por ejemplo, la forma en la cual se desarrollan las tareas domésticas, en las que son cuerpos feminizados quienes principalmente llevan la labor de reproducir, en general, la vida de sus familias. Con todo, las actividades de la reproducción social son todas aquellas que permite y sustenta la vida de las personas sociales (Arruza, et al., 2019). Por tanto, es el capitalismo que con su división entre la producción y la reproducción sostiene la explotación de la clase trabajadora junto a la opresión de género y la racialidad.

Los aportes de la TRS intentan ir más allá de la explicación del trabajo doméstico. Por tanto, la reproducción social determina la forma del trabajo físico, emocional y mental requerido para la producción de la sociedad y la forma en la que se organiza (Arruzza, C., 2016). El concepto de reproducción social nos permite, comprender las relaciones entre el ámbito doméstico y la mercantilización de las condiciones de género en el ámbito productivo de las mujeres trabajadoras en relación a las políticas de bien estar implementadas (Arruzza, 2016) por los Estados. Con todo, busca explicar el “aspecto socio-reproductivo, estructuralmente conectado con la asimetría de género” (Arruzza, et al., 2019, p. 60). Por tanto, buscará analizar las transformaciones constantes y tensiones entre las dinámicas de producción y reproducción. Por otro lado, un elemento central para las teóricas de la reproducción social, es que el capitalismo se sostiene de las labores de reproducción social, principalmente realizadas por mujeres. Con todo, busca explicar la relación de la explotación de la clase trabajadora con la opresión de género y la racialidad. Se explica como la reproducción social es un papel fundamental para las sociedades capitalistas, esta no es valorada, y solo se expresa como un medio para producir diversos beneficios económicos y sociales (Arruzza, et al., 2019).

El trabajo de Canales (2013) posiciona a la migración como un proceso de reproducción, entendido como la migración reproduce la fuerza de trabajo en la sociedad. Así, encontramos en la literatura como la reproducción social conlleva a las mujeres migrantes a insertarse en el mercado laboral, principalmente a través de labores de cuidado y labores domésticas (Parella, 2003; Acosta, 2013a; 2013b; 2015; Leiva et al., 2017; Arruzza y Bhattacharya, 2020; Varela, 2020).

Por otra parte, Canales (2013) señala que la migración es un

Sistema de relaciones entre clases sociales que trasciende y
traspasa las fronteras nacionales, y que articula en un
mismo proceso las condiciones y dinámicas de la
reproducción social en los países de origen con las
condiciones y dinámicas de la reproducción social en los
países de destino (p. 22).

Por lo tanto, este planteamiento señala que la vinculación que se
genera para la reproducción social estará determinada no solo por la fuerza
de trabajo migrante, en este caso de mujeres, sino más bien tiene directa
relación con la “creciente participación en los trabajos y ocupaciones
propios de la reproducción social” (Canales, 2013, p. 25).

Para comprender la reproducción social es central develar que las
relaciones sociales son el marco que producen las relaciones de clase, que
impactan estas por medio de limitaciones (Arruzza, 2016). Las relaciones
de poder que allí se juegan son el género, la nacionalidad, racialización,
entre otras que tienen un rol fundamental para la acumulación del capital y
la reproducción social, que se expresa en contradicciones constantes
(Arruzza, 2016)

Esto nos permite comprender la forma que la acumulación del
capital “reproduce, transforma, renueva y mantiene las relaciones
jerárquicas y de opresión” (Arruzza, 2016, p. 3) en la migración
irregularizada, sin entender este mecanismo en términos netamente
económicos y automáticos. Por último, es importante enfatizar que el
trabajo reproductivo es invisibilizado a causa de una economía política que
conforman la crisis de la reproducción social (Fraser, 2018) como base para
la acumulación del capital. Una crisis estructural de las contradicciones
socio-reproductivas del capitalismo caníbal y que se expresa en la
reproducción social (Fraser, 2023). Aquello permite precisar sobre las
dinámicas de reproducción social presentes en la migración irregularizada y
comprender la posición que ocupan las mujeres en esta crisis.

## 2.2 Un acercamiento a la migración irregularizada

Para este trabajo hemos optado analizar la migración irregularizada
(Liberona, 2020; Liberona, et al., 2020), considerando diversos
planteamientos teóricos para este posicionamiento que serán revisados
brevemente en este apartado. Uno de los principales aportes para el análisis
y comprensión de las dinámicas migratorias “irregulares” y en este caso
irregularizadas es el del régimen global migratorio que se define como

Estructuralmente híbrido de ejercicio de la soberanía, en
cuya definición y en cuyo funcionamiento concurren los
Estados nacionales (...), formaciones ‘posnacionales’ como
la Unión Europea, nuevos actores globales como la
Organización Internacional para las Migraciones y
organizaciones no gubernamentales con finalidades
'humanitarias' (Mezzadra, 2005, pp. 147-148).

Este explica que las fronteras no se cierran, sino que establecen
diversas formas para la inclusión del trabajo migrante por medio de la
irregularidad (Mezzadra, 2012). Por otra parte, De Genova complementa
esta concepción al señalar que “los regímenes fronterizos y de migración
significan precisamente la politización de la elementalidad de
movimiento de los seres humanos sometiéndose al poder estatal” (Álvarez,
2017, p. 158), precisa además que la movilidad siempre está primero, y que
puede superar y desafiar a las autoridades fronterizas y control (Álvarez,
2017).

A través de este régimen es que se entiende el papel central que cumple la migración internacional en la economía global, determinando un acceso desigual en el movimiento de las personas (Stang et al., 2020). De esta forma, la irregularización de la migración es un mecanismo que establece jerarquías para el acceso de las personas a los países por medio de la irregularidad (De Genova, 2002), “que termina por instituirse como una característica del propio migrante, cuando en realidad es una construcción del Estado receptor, a partir de una compleja trama de acciones e inacciones” (Stang et al., 2020, p. 183).

Respecto a la política migratoria de Chile desde el año 2018 se han
presentado diversos cambios como el anuncio de una nueva ley de
migraciones, un proceso de regularización extraordinaria y diversos
cambios respecto a los visados junto a la implementación del Plan Frontera
Norte (Dufraix et al., 2020). Con todo, se precisa que existe un aumento de
los ingresos por pasos no habilitados (Dufraix et al., 2020).

La complejización de los estudios de la migración nos permite
prestar atención a dinámicas que han sido invisibilizadas, como es el caso
de la migración clandestina y en tránsito (Ramírez y Álvarez, 2009) y la
posterior problemática de “irregularidad” a la que se enfrentan las y los
migrantes. Esta forma de migrar ha sido identificada como una amenaza y
problemática de seguridad por parte de los Estados (Álvarez, 2009; 2011),
lo que según algunos autores estaría dando cuenta de una desigual
integración capitalista global (Harvey, 2000; Álvarez, 2009; 2011).

Para la configuración de la migración como una amenaza, los
Estados cumplen un rol fundamental, así es como insisten en la intención
de detenerla, bajo la idea de amenaza a la seguridad nacional (Álvarez, 2009;
2011). De esta forma, comienzan a reforzar los controles fronterizos y “el
impedimento a ingresos legales y documentados” (Álvarez, 2011, p. 9) para
migrar. Por otra parte, el régimen migratorio permite comprender que las
políticas migratorias que se basan en la gobernabilidad migratoria
(Mármora, 2003) se caracterizan por una mirada de administración y gestión
de las mismas, como también de apertura regulada (Stang et al., 2020). La
premisa central en la migración ordenada “ligada a la construcción de la migración irregular-ilegal como problema mundial que acarrea riesgos que deben prevenirse y combatirse” (Stang et al., 2020, p. 180), premisa adoptada por el gobierno de Sebastián Piñera.

En el marco de gobernabilidad migratoria, las migraciones realizadas por fuera de las disposiciones estatales se abordan por nociones de control y seguridad en el orden estatal, lo que conlleva vulneraciones de derechos para las y los migrantes (Hidalgo, 2019; Stang et al., 2020) irregularizados.

De Genova (2002) al respecto reflexiona sobre la producción socio histórica y política de la producción legal de la ilegalidad migrante, por medio de las prácticas legislativas fronterizas que han contribuido a generar condiciones para la ilegalización de migraciones específicas. De Genova (2002) argumenta que “la producción legal de ilegalidad de los migrantes de manera desproporcionada también se hizo inseparable de un relato de la especificidad histórica de su subyugación racial” (Álvarez, 2017, p. 5)

En este sentido, Hidalgo (2019) plantea que la producción de la irregularidad migratoria puede ser entendida como el resultado de dos formas de regulación que son características de las sociedades capitalistas modernas: la desigualdad y la exclusión. La desigualdad social es una de las consecuencias de la migración irregularizada que sigue manteniendo la explotación, relaciones de poder y subordinación, siendo esta forma de migrar, indispensable para la acumulación del capital (Álvarez, 2016). Por otra parte, la exclusión se vuelve legítima por medio de discursos y dispositivos de normalización (Achón, 2019) a través de procesos culturales para excluir a los migrante irregulares (Hidalgo, 2019) y, en este caso, irregularizados en la sociedad.

Con este panorama teórico hemos realizado un acercamiento a lo que se entiende por migración irregularizada. Para comprenderla encontramos diferentes aportes teóricos, el régimen global de gestión o control de las migraciones y gobernabilidad migratoria (Mármora, 2003; Mezzadra, 2005; Domenech, 2018; Stang et al., 2020). Esta conceptualización teórica nos permite estudiar el fenómeno como una consecuencia de la gobernabilidad migratoria en las personas y permite aportar a la visibilización de las condiciones a las que se enfrentan las y los migrantes en Chile.

## 3. Metodología

Este trabajo se realizó como tesis de postgrado del proyecto FONDECYT de iniciación n° 1117056, siendo parte de los resultados de éste. Para esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, ya que nos permite la profundización en el significado y la contextualización del fenómeno estudiado, otorgando riqueza interpretativa (Sampieri, et al., 2010). Se
realizó un seguimiento etnográfico que se basa en los planteamientos de varios autores (Stephen, 2012; Pompo, 2012; Meneses, 2019) quienes desde una metodología participativa plantean diferentes directrices para el quehacer investigativo. Meneses (2019) plantea la necesidad de establecer nuevas metodologías para el estudio de la migración clandestina, por otra parte, surge la estrategia de etnografía colaborativa, aquí tomamos la propuesta de Stephen (2012) quien señala que la colaboración genera intercambios adicionales por medio de conversaciones. En este mismo sentido, desde la investigación activista o colaborativa nos posicionamos en una relación basada en un compromiso político con un colectivo (Pombo, 2012). En la misma línea de este planteamiento metodológico es que las mujeres que participaron de este estudio en este texto se nombran colaboradoras, ya que su rol fue activo y de colaboración constante con el proceso de investigación y con temas político-sociales.

El periodo del trabajo de investigación fue de marzo a agosto de 2018. Las mujeres colaboradoras que participaron de esta investigación tienen edades entre los 22 y 52 años; viven en Iquique y Alto Hospicio de la región de Tarapacá desde hace tres a cinco años y son de nacionalidad colombiana, dominicana, cubana y ecuatoriana y que ingresaron por paso no habilitado. El levantamiento de la información se realizó por medio de relaciones de confianza con las mujeres, además en solicitar su consentimiento, en el que señalan su intención explícita de colaborar en esta investigación y que sus experiencias sean visibilizadas por medio del proceso investigativo. Se aplicó un consentimiento informado a cada entrevistada, aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile, a través del cual se resguarda la confidencialidad de las participantes.

Implementamos un acompañamiento psicosocial y jurídico, adaptado a las necesidades de las mujeres y a nuestras facultades como equipo. A pesar de la intención por parte de la investigadora de establecer un acompañamiento en base a sus necesidades, las limitaciones fueron diversas; como la dificultad de ubicarlas, dada su situación irregularizada, pues muchas veces no contestan sus teléfonos, concretar encuentros también llevaba bastante tiempo.

El acceso al campo fue realizado por medio de la organización AMPRO (Asamblea Abierta de Migrantes y Pro Migrantes de Tarapacá) a la cual la autora pertenece y participa. Se realizaron varios encuentros, de los cuales resultaron dos entrevistas en profundidad a cada mujer, llevadas a cabo en sus propias viviendas por la complejidad del tema abordado. En cuanto al análisis fue realizado a través de la categorización y subcategorización teórica y empírica que dieron los resultados que aquí se presentan.

La reflexión central que acompaña a esta investigación es la implementación de análisis y metodología feminista para la migración
femenina, prestando atención a cuestiones que no eran visibilizadas y que, gracias a los esfuerzos de diversas feministas, el día de hoy son un tema central para estudiar (Gregorio Gil, 2009; 2012; Gregorio Gil y Alcazár, 2014). Se propone para estudiar las experiencias de las mujeres migrantes tres aspectos, en este trabajo utilizaremos la recuperación de la enunciación y experiencia de las mujeres migrantes (Contreras y Trujillo, 2017) en la construcción de conocimiento.

Estos lineamientos nos desafían como investigadoras a incluir la dimensión epistemológica de enunciación, es decir, desde dónde se investiga, lo anterior como orientación de una praxis transformativa, lo cual llevaría a un dialogo hacia una praxis para la co-construcción de conocimiento (Contreras y Trujillo, 2017). En esta investigación, la reflexión junto a las experiencias y relaciones con mujeres migrantes en el trabajo activista ha sido un elemento fundamental para conocer la experiencia en un contexto migratorio y comprender dinámicas de reproducción social. Lo anterior, reconociendo mi posición como mujer e investigadora, que forma parte de las dinámicas de reproducción social, de manera diferenciada a las mujeres colaboradoras de este estudio.

# 4. Resultados

Los resultados expuestos en este apartado se abordan en tres puntos, a) aspectos de la familia y la reproducción social, b) la irregularidad como condicionante para la violencia, y c) la reproducción, producción y trabajos precarizados.

## 4.1 La familia y la reproducción social

Para el análisis de la migración irregularizada se utilizarán dos dimensiones desde la TRS, la familia y la neoliberalización de la reproducción social, que son tensiones que produce el capitalismo contemporáneo. Estas dimensiones son planteadas por Arruzza y Bhattacharya (2020) en base al planteamiento teórico de Vogel (2013). La familia es una de las “instituciones” centrales para que sea efectiva la reproducción social de la clase trabajadora (Arruzza y Bhattacharya, 2020) a través de la crianza, los cuidados y las labores domésticas, por ejemplo.

Se aprecia en los relatos de las mujeres el rol de la familia como un sostén emocional, pero también una “carga” económica para ellas. La necesidad de reproducir las condiciones de vida para su grupo familiar las lleva a tomar decisiones que nos permiten comprender la forma en la cual opera la opresión de género en el capitalismo global. Se identifica que la decisión de migrar se encuentra mediada por la necesidad de mantener a los hijos (as) y familias que quedan en el lugar de origen. Lo anterior como algo necesario para la reproducción social y proceso de producción y
acumulación del capital que se expresa en una tensión propia del capitalismo.

El proyecto para venir a Chile era yo venir aquí a trabajar y poder ayudar a mi mamá que está enferma y poder darle su platita cada mes y me gustaría obtener una casita para darle a ella y también para mí [...] La decisión también fue para poder luchar por nuestras hijas (Mayra, comunicación personal, mayo de 2018).

Podemos apreciar el rol multisituado que cumple la familia de Mayra en su decisión de migrar, por un lado su madre que queda en Ecuador, y por otro la lucha por el bien estar de sus hijas en Chile. Con todo, buscamos evidenciar la tensión entre mujer público/privado migrante y asignación de labores de cuidados que se estructura en la sociedad a partir de la exclusión por irregularización migartoria.

Ya no hay plata que alcance para nada en Colombia, los niños más grandes necesitaban más cosas, entonces decidí venirme para acá (Blanca, comunicación personal, agosto de 2018).

Me motivó a migrar, que tengo dos niños que hay que mantener, les quiero dar un futuro, tengo allá [en Cuba] dos sobrinitos y también quiero que tengan su futuro (Oloyumiyá, comunicación personal, agosto de 2018).

Existe una necesidad de mejorar las condiciones materiales para poder acceder a la reproducción social (Arruzza y Bhattacharya, 2020) de su grupo familiar. Podemos identificar que estas decisiones son parte de estrategias generadas para mantener la reproducción social (Canales, 2013; Álvarez, 2011) necesaria para la dinámicas de acumulación del capitalismo (Fraser, 2016). A pesar de lo anterior, las subjetividades de las mujeres se encuentran en un proceso de movilidad constante, y dan cuenta de la complejidad de las dinámicas migratorias actuales. En este sentido la contradicción entre la necesidad de trabajar y la reproducción social conlleva que las familias elaboren estrategias a fin de llegar a un nuevo lugar para habitar. En este sentido, se puede plantear como luchas por la reproducción social (Arruzza, et al., 2019). Se comprenden las tensiones existentes entre la acumulación del capital y la reproducción social de las familias migrantes. Por un lado, la condición producida de irregularidad migratoria a las mujeres, imbrican una serie de elementos de clase, nacionalidad, y género. En este contexto, la tendencia del capitalismo a canibalizar todo lo que esté a su paso, incluso la reproducción social (Fraser, 2023) no detiene la movilidad de las mujeres. Las mujeres dan
cuenta de subjetividades móviles, y a pesar de las limitaciones impuestas por el capitalismo y la producción de la irregularidad migratoria, las mujeres resisten desde sus lugares. En este sentido, persiste la movilidad como respuesta no solo económica, también de criar a sus hijos por sobre todo lo productivo, por tanto, hay deseos más profundos ligado a lo humano que permanecen ancladas en las esperanzas de las mujeres migrantes irregularizadas. En este sentido, las luchas por la reproducción social se expresan en el cotidiano, con la intención de criar y formar personas, por encima de los beneficios económicos o salariales.

Identificamos una relación directa entre la decisión de migrar y la crisis global de cuidados, esto como eje central para la reproducción social. Aquello se comprende en la necesidad imperiosa del capital por la acumulación ilimitada con un sustento de la reproducción social, que posibilita dicha acumulación. Esta relación conlleva crisis sostenidas y desestabiliza los procesos de reproducción social (Fraser, 2016).

En este caso, la desestabilización se relaciona con la crisis de cuidado junto a la mercantilización y neoliberalización de las labores de cuidados y domésticas. En este sentido es que se identifica en los relatos de las mujeres la necesidad de obtener un salario mayor al que obtenían en su país de origen.

Acá vivían unas amigas en Santiago, yo iba a ir para allá, yo les pregunté que cómo era y me dijeron que acá podía trabajar tranquila, que te van a tratar bien y por eso me vine para acá. Bueno todas las personas imaginan en tener su casa, tener su auto, no pagar arriendo, eso uno siempre se imagina (Blanca, comunicación personal, agosto de 2018).

Había personas de mi sitio que estaban aquí, entonces yo hablé con ellos y me dijeron ven para aquí, para Chile, que la cosa está buena, aquí tú ves que pegan los carteles diciendo que necesitan personas, aquí se gana bien (Katherine, comunicación personal, agosto de 2018).

A mí Chile siempre me gustó, porque tenía amistades que vivían en Valparaíso y en Santiago, nos enviaban fotos, se veía más bonito, porque decían el clima era bueno y también me decían que acá era buen sueldo, me decían que uno de los mejores sueldos era acá en Chile (Mery, comunicación personal, mayo de 2018).

En el relato de Blanca se aprecia que a pesar de los riesgos que significa el ingresar a Chile por paso no habilitado, se arriesga para completar su proyecto migratorio. Es por esto, que sostenemos que las luchas de las mujeres migrantes por la reproducción social, incluye el
bienestar humano como elemento fundamental, lo que se superpone las lógicas de la producción.

Me plantearon lo de Chile para venir unas amigas, porque me dijeron que allá solo pasas con el pasaporte, pero me dicen que es complicada la pasada, pero yo voy a arriesgarme (Blanca, comunicación personal, agosto de 2018).

Completar el proyecto migratorio es muy importante para las mujeres colaboradoras, pero al llegar a Chile y frente a la irregularización migratoria se encuentran con dificultades legales por su condición. En este sentido, precisar el rol de las madres migrantes y jefas de hogar nos permite analizar en estos casos que la migración no solo ocurre por condiciones materiales, sino también una proyección de bienestar familiar. Además de contrastar de sus expectativas al venir a Chile y sus experiencias cotidianas.

### 4.1.1 Acceso a la vivienda, un medio esencial para la reproducción social

Una de las problemáticas que enfrentan las mujeres por la irregularización es el acceso a la vivienda, un medio esencial para la reproducción social (Arruzza y Bhattacharya, 2020). Es importante precisar que no todas las familias, presentan las mismas condiciones para la reproducción social.

Los arriendos de viviendas en la ciudad de Iquique, Chile en el último tiempo han aumentado de manera considerable su valor, además, para poder acceder a ellos, los arrendadores solicitan un contrato de trabajo para acreditar el pago de este (Contreras et al., 2015), las mujeres colaboradoras no pueden acceder a este contrato de trabajo debido a su estatus migratorio.

Katherine atraviesa una compleja situación; el sueldo bajo y el endeudamiento la hacen vivir dos años con un hombre taxista que conoce el primer día que llega a la ciudad. Oloyumiyá se ve en una situación similar, arrienda una pieza a su empleador de ese momento, quien le descontaba de su sueldo el valor del arriendo, quedando para ella muy poco dinero. En otra situación es la de Blanca, quien debido a los altos precios de los arriendos en la ciudad, se ve obligada a vivir en una toma<fnref n="1" /> de terreno ubicada en la ciudad de Alto Hospicio. Asimismo, muchas veces no tienen otra opción que el endeudamiento con amigos o prestamistas, ya que la necesidad de mantener a sus hijos y completar el proyecto migratorio para obtener una mejor calidad de vida es mayor.

<footnote n="1">¹ Asentamiento informal de terreno, muchas veces en precarias condiciones.</footnote>
El hacinamiento y espacios pequeños son características de los arriendos habitacionales que pueden acceder como parte de la precarización de sus vidas.

No estoy acostumbrada a vivir en una pieza pequeña, a veces me encuentro así como que me voy a ahogar, ¡Dios! Así en cuatro paredes, allá son casas... tú sales y tienes tu cocina, tienes tu baño, tienes tu patio, tienes tu terraza, aquí no, lo único que tienes son cuatro paredes y el bañito y ya, ja ja... entonces por eso una también se siente más fatigada, más cansada (Mery, comunicación personal, mayo de 2018)

En el relato de Mery apreciamos cómo el hacinamiento al cual se ve enfrenta afecta en su cotidiano, generando un malestar generalizado en ella.

Yo vengo de vivir sola, de tener mi casa, pero bueno, malas personas si no eran, irrespetuosos tampoco, al contrario, de hecho, si mis niños han comido es porque ellos mismos les han ayudado, entonces el lugar estaba feo, pero había buenas personas (Oloyumiyá, comunicación personal, agosto de 2018).

El relato de Blanca señala diversas dificultades para acceder a un arriendo debido a sus altos valores, además se enfrenta a la negación a arrendar por tener en su grupo familiar a niños pequeños. Frente a este panorama debe habitar en una toma de terreno. En este lugar además vivió un desalojo por fuerzas especiales de Carabineros de Chile, episodio (Liberona y Piñones, 2020) que fue bastante complejo, como ella misma lo relata.

Nos fuimos a la toma porque no teníamos otra alternativa, tuvimos que vivir el desalojo que fue atroz, nos sacaron a la fuerza, tiraron gases (Blanca, comunicación personal, agosto de 2018).

A lo largo del acompañamiento realizado con las mujeres destacamos que la condición irregularizada conlleva diversas dificultades para acceder a los medios para la reproducción social, el acceso a la vivienda, la imposibilidad de acceder a un trabajo con un salario mayor, la pobreza en la cual las mujeres llegan a Iquique, además de diferentes procesos de exclusión. Por tanto, estas cuestiones inciden en los trabajos a los que pueden acceder, disminuyendo su calidad de vida
considerablemente. Lo anterior, en el centro de las dinámicas de opresión de género en el capitalismo contemporáneo. Con todo, destacamos una precarización de la vida de estas mujeres y sus grupos familiares donde las condiciones de vida se ven disminuidas, el hacinamiento es parte del cotidiano, a diferencia de lo que viven otras familias no migrantes y no irregularizadas. Es así como la migración irregularizada forma parte de la contradicción producción económica-reproducción social, siendo los migrantes protagonistas de la crisis de reproducción social, que los lleva a tener una vida precarizada y acceder principalmente a trabajos de cuidado y de reproducción social. Sin embargo, como hemos comentado la reproducción social no acaba con las condiciones marcadas por las dinámicas capitalistas, se desarrolla desde las resistencias en las mujeres migrantes irregularizadas, que nos permiten reconocer su protagonismo en los procesos de reproducción social.

## 4.2 La reproducción, producción y trabajos precarizados

Las mujeres colaboradoras accedieron a trabajos relacionados a la reproducción social en el ámbito privado y público, tales como labores domésticas en casas particulares, labores de cuidados de niños en casas particulares, aseo en hoteles, labores relacionadas con la venta de accesorios femeninos o teléfonos móviles y labores en servicios de comida como restaurantes.

> Yo salí a trabajar, trabajé una vez con una señora en el agro dos meses y no me pagó, y mi deuda iba corriendo y corriendo allá en Dominicana, los intereses... (Katherine, comunicación personal, agosto de 2018).

> Las señoras se aprovechaban de eso, de no tener mis papeles y me decían espérate aquel día y nada, y así me tenían y no me pagaban" (Mayra, comunicación personal, abril de 2018).

> También trabajé con una peruana en su casa haciendo aseo y tampoco me pagó, me pagó, pero a plazo me daba 50, después 70... a mí no me servía para mandar para allá (Katherine, comunicación personal, agosto de 2018).

> Trabajé en un restaurant, uno peruano, unas 3 semanas... no volví a trabajar más porque tuve problemas con la dueña, era muy exigente, se aprovechaba por no tener papeles (Mery, comunicación personal, mayo de 2018).

Respecto al ámbito productivo existe una necesidad por parte del capital, de explotar el trabajo vivo (Mezzadra, 2014; Varela, 2020), a cambio de condiciones de precarización, principalmente presentes en el mercado de
trabajo al que acceden las mujeres (Varela, 2020). Así, destacan bajos salarios y no pagos de estos (Leiva, S. y Ross, C, 2016; Leiva et al., 2017), malos tratos, intensificación de los tiempos y pésimas condiciones de trabajo y, en el caso de dos de las mujeres, la imposibilidad de dejar con alguien a sus hijos, por lo que deben llevarlos a sus lugares de trabajo.

Esta condición irregularizada además propicia la vulneración de sus derechos laborales (Hernández y Boix, 2013), el trabajo doméstico que es realizado por las mujeres contribuye con procesos de reproducción social por medio de la desigualdad social (Mora, 2008), naturalizando este trabajo como femenino y determinado de baja calidad (Ariza, 2000; Mora, 2008; Gregorio Gil, 2012; Aruzza, 2020). La constitución de la neoliberalización de la reproducción social provoca que sean mujeres migrantes quienes realizan labores de reproducción de forma remunerada (Stefoni, 2002; Arruzza, 2016), esto como reflejo del cambio que existe en “la división internacional del trabajo al mundo privado” (Stefoni, 2002, p. 122). La condición de irregularidad migratoria no permite que puedan acceder a un contrato de trabajo, que asegure un mínimo de cumplimento de derechos fundamentales para las mujeres trabajadoras como expresión de las contradicciones producción/reproducción. Estas dinámicas dan cuenta de la profundización de la crisis capitalista, que se alimenta de la opresión de género para su funcionamiento, requiere en todo momento el trabajo de reproducción social de las mujeres migrantes irregularizadas, sin otorgar el valor que este tiene (Arruza, et al., 2019).

### 4.2.1 La irregularidad como condicionante para la violencia y la reproducción social

Hemos podido apreciar a lo largo de los resultados, en este trabajo las mujeres colaboradoras se ven expuestas a diversas formas de violencia debido a su condición irregularizada. Además se precisa el papel protagónico y fundamental que tienen las mujeres migrantes irregularizadas en la reproducción social.

Mayra se ve enfrentada a una situación compleja en su relación, luego de una infidelidad por parte de su pareja se ve sometida a una serie de episodios de violencia por su condición migratoria.

> Él siempre me saca en cara, ¡No, si tú no trabajas, si tú siempre pasas en la casa y no haces nada, yo soy el que más trabajo! Entonces, él se aprovecha porque como no tengo papeles, no tengo mi familia y no tengo a nadie acá, entonces él saca eso de que él es más, me entiende...entonces él viene y empieza, ¡No pues, si la Mayra se va, no sabe dónde irse o a dónde se va a ir, entonces eso es lo que él tiene, me dice, ¡mira, si tú te
quieres ir, ándate tú, pero a mis hijos yo no te voy a firmar
ningún poder, porque mis hijos aquí se quedan conmigo!
¡Lárgate tú!, me dice (Mayra, comunicación personal, abril
de 2018).

Podemos identificar que la forma de relacionarse entre Mayra y su pareja mantiene y reproduce los roles de género heteronormativos en el ámbito privado, ya que ella es quien se hace cargo de las labores domésticas y de cuidado mientras que él, como “proveedor”, es quien trabaja de forma remunerada a través de un sueldo. Además, destaca que estas labores son menospreciadas y desvalorizadas por su pareja quien le menciona que no está haciendo “nada”.

Esta lógica responde a la forma histórica en la cual se ha visualizado la labor doméstica, como algo innato a la mujer, como un acto de “afecto” y “amor”, sin embargo, estas labores están reproduciendo las condiciones para la nueva clase trabajadora, tanto en labores de aseo, alimentación, pero también de cuidados y crianza de los niños, el mantenimiento de la familia como tal. El mantenimiento de la sociedad depende de la reproducción social que ejercen las mujeres migrantes, quienes se insertan al mercado laboral “informal” a fin de responder a las necesidades de sus hijos e hijas. El capitalismo desde el periodo industrial clásico ha reducido el rol de las mujeres a las tareas domésticas, que produce subordinación de la reproducción a la producción económica. En los hombres se expresa por la venta de su fuerza de trabajo para conseguir un salario, lo que estaría sobreponiéndose a una relación de poder con las mujeres que no tienen un salario (Fraser, 2016).

Bueno, allá en Ecuador dicen que las mujeres deben estar
en la casa y cuidar a los niños y ya. Entonces acá me
encontré que es diferente, acá dicen que no, que acá es,
que la mujer si está en la casa, igual es trabajo pa´ nosotras
(Mayra, comunicación personal, abril de 2018).

En estos extractos de entrevista sobre la cotidianidad de Mayra, la reproducción social está presente por la crianza que recibió, basada en la normalización de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. La mujer debe realizar las labores del hogar y crianza de los niños mientras el hombre trabaja. A pesar de que esta dinámica ya ha sido identificada en otros estudios, podemos destacar las particularidades de opresión y violencia que viven las mujeres irregularizadas.

Él siempre me saca eso, porque bueno, hemos discutido,
siempre le digo que yo, o sea solo para decirle a él,- ¡mira
que apenas están mis documentos, que yo me voy a ir!, ya?
Entonces él me dice ¿cómo te vas a ir, si tú tienes que
pedirme el poder para poder sacar a los niños? (Mayra,
comunicación personal, abril de 2018).

Las amenazas y manipulación son constantes por la misma condición, en las cuales se aprecia la relación de poder que su pareja establece hacia Mayra.

Yo no sé, me desaparezco con los niños. Pero él me dice -
¿cómo te vas a ir?- ¡te voy a poner abandono de hogar
porque te fuiste de la casa! [...] Me siento atrapada en esta
situación [...] él también que quieres que te metan presa y
se me complicó ¡Dios mío! y dije: 'voy a tener que soportar
esto'. Por eso me interesa hacer mis documentos, poder
trabajar y mantenerme con mi dinero (Mayra,
comunicación personal, abril de 2018).

Apreciamos en este sentido las dinámicas de violencia que se expresan en el ámbito privado de Mayra. La violencia de género estructural que se expresa en su cotidiano siendo la irregularización un agravante para la misma. En este sentido, su pareja establece una relación de poder por sobre ella, por su condición de mujer e irregularizada, amenazándole de llevarse a sus hijos.

Katherine al llegar a Chile, queda sin dinero por el pago que realizó a los coyotes que la trasladaron hasta Colchane (frontera de Chile y Bolivia). Al llegar a Iquique, Katherine se encuentra con un taxista, quien le ofrece apoyo para comunicarse con su familia en República Dominicana, luego de esto le ofrece ayuda y comienza a vivir en la casa de esta persona. Al pasar los meses, Katherine cumple un rol que históricamente ha sido realizado por las mujeres: el trabajo de cuidados, en este caso de un adulto mayor, madre del taxista quien le entrega ayuda. Frente a su situación, no tiene otra opción que mantenerse viviendo en este lugar y sostener la reproducción social de esa familia.

Yo quedé viviendo allá durante 2 años. Su mamá cayó en
cama porque le dio un paro, una trombosis, no sé una
enfermedad rara le dio... ... Me la entregó a mí y yo tuve
que hacerme cargo de ella. (Katherine, comunicación
personal, agosto de 2018)

Katherine se enfrenta a una relación de poder con el taxista, sin tener una relación amorosa con ella, la controla constantemente. Mientras vivió en este lugar tuvo que soportar actitudes como la prohibición de conocer amigas y de salir. Al tiempo cuando la persona que tenía a su
cuidado fallece, prefiere salir de esta situación y buscar otro lugar donde vivir.

Yo me quede aquí en Iquique.... (llora), y me quedé en la casa del señor, yo viví dos años en la casa, con su mamá, su sobrino y él. Su mamá cayó en cama, yo la cuidé, todo... hasta que su mamá murió y yo ya quise como independizarme (Katherine, comunicación personal, agosto de 2018).

En este sentido, la violencia es ejercida por la vulnerabilidad económica y política a la que se enfrenta Katherine. Esta violencia se alimenta del ámbito privado y público, pues posibilita que la violencia de género refuerce un sistema de poder jerárquico imbricado por el la nacionalidad, el género y la clase (Arruza, et al., 2020). Otra de las formas de violencia que evidenciamos, son las dificultades para acceder a servicios de salud. En el caso particular de Mery, a lo largo de su embarazo tuvo que soportar malos tratos de funcionarias de los servicios de salud, por motivos de género. Éstas le mencionan que las mujeres migrantes sólo se embarazan para obtener la nacionalidad chilena.

Incluso fui a un médico y me dijeron, no pero tú no perteneces aquí, tu perteneces a no sé dónde y yo ¡ah! ¡Ay Dios míol, la señora del consultorio me decía: '¿porque estás aquí?', me decían 'para qué quedan embarazadas acá, para hacer rápido sus papeles' (Mery, comunicación personal, abril de 2018).

De esta forma apreciamos que la irregularidad migratoria conlleva especificidades en la manera en la que se produce la reproducción social, se observan desigualdades y exclusión en el acceso cuestiones básicas para la misma, como es el caso de la vivienda y la salud. Por otra parte, este lazo entre ambas cuestiones propicia tipos de violencias de género específicas para esta población y que pudieron ser relevadas a través del relato de las mujeres colaboradoras.

## Conclusiones

La neoliberalización de las labores domésticas, así como la división sexual del trabajo conllevan a que las mujeres colaboradoras accedan a trabajos remunerados de reproducción social en el ámbito privado y público (Gregorio Gil, 2012; Arruzza y Bhattacharya, 2020; Varela, 2020). Es así como en el ámbito de producción se puede concluir que el capital transforma el sustento diario de la fuerza de trabajo por medio de la
mercantilización del trabajo de reproducción, externalizando estas tareas en el ámbito público y privado, no para ser asumida por el Estado, si no para ser privatizadas e incluidas en el circuito de producción de valor (Varela, 2020). Lo anterior a cambio de una precarización del trabajo, que es determinada por la irregularización migratoria de las mujeres que colaboraron en esta investigación, pero que también se puede observar con otros matices en las condiciones de reproducción de la clase trabajadora en general.

Esta investigación buscó generar un aporte teórico-empírico del conocimiento de la problemática local de la migración irregularizada en la región de Tarapacá, Chile, visualizando las dinámicas de desigualdad entre habitantes nacionales y migrantes, asimismo, se logró vislumbrar algunas de las dinámicas de reproducción social presentes. Pudimos precisar que existe una precarización de la vida de las mujeres como expresión de la crisis de la reproducción social, la que se pone de manifiesto con la imposibilidad de acceder a una vivienda digna que se expresa en desesperanza y un malestar generalizado en ellas.

Respecto a la reproducción de la violencia de género, se concluye que la migración irregularizada propicia violencias específicas, como es la violencia intrafamiliar, psicológica y también económica, amenazas constantes hacia la integridad de ellas y de sus hijos. En este sentido, se aprecia que la condición estructural de clase, género y nacionalidad agrava la violencia hacia las mujeres migrantes irregularizadas. Por otra parte, se evidenciaron además diferentes relaciones de poder y dominación mediadas por el género y la irregularización que se encuentran presentes en las experiencias de las mujeres y que determinaron dinámicas de reproducción social. Es el caso de la realización de las labores domésticas tanto de forma remunerada como no remunerada y de cuidados de niños como también de adultos mayores, donde son ellas quienes se responsabilizan de estas cuestiones que históricamente han sido labores realizadas por mujeres. Así, se pudo apreciar que los estilos de crianza y la cultura en el país de origen (que ellas mismas señalan), que recibieron las mujeres colaboradoras, están mediando y normalizando prácticas machistas y heteronormativas de reproducción social.

Se concluye que las dinámicas de reproducción social que se aprecian por medio de los datos etnográficos son parte de la crisis de reproducción en el capitalismo (Fraser, 2018) que se sostiene de los trabajos reproductivos remunerados y no remunerados de las mujeres migrantes irregularizadas. Finalmente, las luchas que se aprecian entre las lógicas productivas y reproductivas posicionan a las mujeres migrantes como protagonistas de la reproducción social. En este sentido, dan cuenta de la importancia de su trabajo remunerado y no remunerado para el sostenimiento y la reproducción de la sociedad en su totalidad. Estas luchas, se superponen a los beneficios económicos, y salariales de las
mujeres migrantes, en el centro se encuentra la formación de personas y que pudimos conocer a través de los relatos de las propias mujeres colaboradoras.

## Agradecimientos

Agradezco la labor en docencia y formación en investigación al programa de Magister en Relaciones Internacionales y Estudios Transfronterizos (INTE-UNAP), que permitió el desarrollo en mi formación como investigadora. Agradezco a Nanette Liberona quien ha acompañado mi proceso formativo y participó como guía de este trabajo. Agradecer a ANID, ya que este trabajo fue realizado con su financiamiento.

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Tercera parte

Aportes en Ciencias Sociales a los estudios
migratorios desde la región de Valparaíso
Discursos y experiencias de profesionales que trabajan con personas migrantes en municipalidades de la Región de Valparaíso, Chile.

Carolina Pinto Baleisan y Clément Colin*

## Resumen

El racismo institucional y la doctrina de defensa nacional frente a una “invasión” extranjera son elementos centrales en las políticas migratorias y en los discursos oficiales sobre la migración. En este marco, escasos son los estudios se interesan en cómo las administraciones locales aplican dichas políticas. Partiendo de esta constatación, el capítulo se interesa en los distintos discursos y experiencias de profesionales municipales de la región de Valparaíso acerca de su trabajo con personas migrantes en su comuna. Así, se dialoga con la exploración de emociones y sentimientos en el análisis de discursos sobre las migraciones. La metodología reposa en entrevistas en profundidad efectuadas a profesionales que atienden al público migrante en una de las 34 municipalidades de la Región de Valparaíso durante el año 2018. Los resultados evidencian diferencias en las formas en que los profesionales piensan y actúan frente a la llegada de migrantes según el contexto socio-territorial de la comuna, la organización administrativa del municipio y su orientación política. Además, a pesar de la verticalidad y universalidad de las políticas migratorias, algunas administraciones logran desarrollar experiencias de colaboración entre oficinas municipales e implementar así estrategias y políticas locales más pertinentes y contextualizadas. A partir de este trabajo, el capítulo contribuye en la comprensión de las formas en que se entienden, se piensan y se aplican las políticas migratorias nacionales a escala local, discutiendo a su vez la noción de sentimiento anti-inmigrante y racismo institucional.

## Introducción

En los últimos años, Chile ha conocido profundos cambios en su perfil migratorio, pasando de ser esencialmente un país de emigración a constituirse además como un país de destino para flujos migratorios de la región latinoamericana. Mientras en el año 2002 la población inmigrante representaba 1% de la población total, en 2017 correspondía a un 4%, y cuatro años más tarde, en el 2021, se duplicó, alcanzando el 8% de

<footnote>* Los autores agradecen el apoyo de los proyectos FONDECYT11190770 y PAI77170028</footnote>
población total<fnref n="2" />. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE 2022b), la población inmigrante se estima en 1.482.390 personas, siendo Venezuela, Perú y Haití los países de origen más representados. Durante los años 2010, el refuerzo de los flujos migratorios con destino a Chile, provocados principalmente por las crisis económicas, políticas y humanitarias en los países de origen, han planteado numerosos desafíos a la institucionalidad del país y afectan directamente a los gobiernos locales, los que se transforman en el primer punto de encuentro entre las personas migrantes y el Estado (Thayer et al 2020). Por otra parte, investigaciones han evidenciado una multiplicación de los discursos anti-migrantes en los medios de comunicación, alertando sobre sus impactos en las trayectorias y en la vida cotidiana de las personas migrantes que viven en Chile (Bonhomme y Muirhead 2022; Thayer Correa y Tijoux Merino 2022). Cabe señalar que la retórica anti-inmigrante reposa en imaginarios que van más allá de lo cotidiano y que tienen que ver con ideas, valores y representaciones ligadas a lo migrante, así como con los repertorios sobre la identidad y la nación chilena (Bonhomme 2022; Tijoux y Palominos 2015).

El racismo de Estado y la doctrina de defensa nacional frente a una “invasión” extranjera son elementos centrales en las políticas migratorias y en los discursos oficiales sobre la migración en Chile (Cociña Cholaky 2020; Stang et al 2020; Bonhomme 2022). En este marco, buena parte de la literatura reciente en estudios migratorios ha ahondado en la comprensión de las experiencias migrantes, es decir, cómo se viven las violencias y el racismo cotidianamente en el país. Otras investigaciones en cambio se han desplegado hacia la población local para buscar describir o comprender las expresiones de sentimiento anti-inmigrante. Aquí escasas son las iniciativas que han abordado los discursos y experiencias de profesionales que ejecutan las políticas migratorias desde el Estado: funcionarias, funcionarios y prestadores de servicios que trabajan en instituciones públicas y que tienen por rol aplicar dichas políticas dirigidas a personas migrantes, estando en contacto permanente con ellas. Menos aún hay estudios sobre profesionales que trabajan en los gobiernos locales, como son las municipalidades en Chile. Si bien estas personas tienen el mandato de abordar el fenómeno migratorio desde un mismo marco institucional nacional, desarrollan discursos y repertorios de acción específicos puesto, que sus experiencias se despliegan en realidades diversas, revelando a su vez que las representaciones sociales asociadas a las migraciones varían según los contextos socio-territoriales, administrativos y políticos en los que se construyen.

<footnote n="2">² La tasa de inmigración en Chile para el año 2021 se calculó en base al total de personas extranjeras residentes al 31 de diciembre del 2021 (INE 2022a) sobre el total proyectado de población nacional para ese mismo año (INE 2022b).</footnote>