clasista del FRAP y cuya línea política se había transformado en una verdadera contención al “terrorismo ideológico” del PC y la “burocracia” socialista.<fnref n="679" />

Con distintos matices e intensidades en su crítica, las corrientes izquierdistas al interior del pensamiento socialista apuntaron contra lo que consideraban un lenguaje conciliador y una estrategia de poder equivocada en el FRAP. Más allá de la coyuntura de las elecciones presidenciales y del debate sobre las vías para alcanzar el poder, el debate giró en torno al potencial revolucionario de las fuerzas allendistas y la capacidad del FRAP para impulsar transformaciones estructurales en una eventual alianza con sectores burgueses e “independientes”. Para las corrientes críticas, la temprana apertura del FRAP a las fuerzas centristas y los llamados del PC a radicales y democratacristianos constituían una concesión política, que en el plano social se traducía en una nueva alianza con sectores regresivos y reacios a cualquier medida revolucionaria.

Pese a que el Comité Central realizó una verdadera purga en toda su estructura a partir de 1961, los preparativos para el XX Congreso, a realizarse en la ciudad de Concepción a inicios del año 1964, no estuvieron ajenos a la polémica. En enero de 1964 *Izquierda* describía entre los problemas de cara al torneo una autocrítica insana y mal intencionada que corría el riesgo de transformar al PS en una “organización de rostros enojados y hostiles”.<fnref n="680" /> Ejemplo de la animosidad fue el voto político del Regional Santiago Sur, que además de criticar la falta de definiciones de izquierda en la campaña presidencial propuso como “sugerencia” al voto político que “la vía electoral no elimina las posibilidades de tomar el poder por la violencia. El pueblo debe organizarse tanto para las elecciones como para aprovechar cualquier coyuntura que se presente favorable para la conquista del poder”, y agrega que “la campaña popular no es un vehículo para ganar votos. Es también un medio de agitación y un movimiento de masas con un programa de clase, siempre a la ofensiva”.<fnref n="681" />

En el congreso, el informe de Ampuero reconoció la existencia de tendencias fraccionales que hicieron de la democracia interna terreno férril para la división y las “influencias extrañas”. En particular, acusó la presencia de grupos influenciados por la disputa chino-soviética, “el embrujo de las acciones guerrilleras” e ideas trotskistas que pretendían fundar un tercer partido obrero a costa del FRAP.<fnref n="682" /> En una entrevista posterior, Ampuero se refirió a estos “revolucionarios de fuente de soda”

<footnote n="679">⁶⁷⁹ Tito Stefoni, “¿Hacia dónde va la campaña Allendista?”, *Polémica* 8, 15 de julio de 1963.</footnote>

<footnote n="680">⁶⁸⁰ “El PS marcha a la toma del poder”, *Izquierda* 14, 14 de enero de 1964.</footnote>

<footnote n="681">⁶⁸¹ Partido Socialista (Regional Sur), “Voto político”, *Boletín de información política* 1, noviembre de 1963, 4-7.</footnote>

<footnote n="682">⁶⁸² Raúl Ampuero, *1964: año de prueba para la revolución chilena*, Santiago, Editorial Prensa Latinoamericana, 26-29.</footnote>
como tendencias dominadas por el infantilismo de izquierda y cuyo fin era desacreditar la conducción política frapista, introduciendo en el movimiento popular una “mezcolanza de concepciones románticas fraguadas al margen de la realidad política, y un afán por desencadenar ‘procesos revolucionarios’”.<fnref n="683" /> Finalmente, el Congreso zanjó el desacuerdo respecto a las vías de acceso al poder señalando que el FRAP tenía posibilidades reales de conquistar la Presidencia de la República en las próximas elecciones, además, se expulsó del partido a los sectores críticos a esta posición. En este sentido, la instancia mantuvo la dicotomía discursiva entre la violencia de masas en un sentido retórico y la acción sistémica y parlamentaria, sin lograr legitimar esta posición frente a los sectores izquierdistas.<fnref n="684" />

Los trabajos de campaña habían acercado a los movimientos de izquierda fuera del FRAP con Salvador Allende, quien invitó a dirigentes trotskistas y líderes sindicales como Clotario Blest para solicitar sus apoyos formales al XX Congreso de Concepción.<fnref n="685" /> Pese a estos acercamientos, una parte de la izquierda radical vio a las disidencias socialistas como una oportunidad para que el FRAP y particularmente el PS avanzarán hacia posiciones revolucionarias. Por ejemplo, *El Gallo Rojo*, mensuario del Movimiento Revolucionario Comunista, estimaba que las incidencias socialistas podían transformarse “en la crisis más positiva del movimiento revolucionario”, y que de su desenlace dependía “si la lucha actual por el poder los trabajadores ha de tomar un contenido revolucionario o ha de hundirse en un oportunismo puramente electoralista”.<fnref n="686" /> Una vez terminado el congreso, el periódico destacó la existencia de una oposición de nuevo tipo conformada por las seccionales expulsadas y en vías de constituir un “nuevo Partido Socialista Revolucionario” con la intención de formar un polo que eventualmente podría forzar al PS a tomar definiciones revolucionarias, apelando principalmente al ala izquierda que se mantuvo dentro de la organización en torno a Clodomiro Almeyda y Salomón Corbalán.<fnref n="687" />

La publicación, que pasó a ser dirigida por Stefoni después de su salida del partido en junio de 1964, se refería a un grupo de militantes de las seccionales de Talca, Coquimbo y a grupos juveniles de Santiago y Concepción que fueron expulsados durante el torneo. Después del congreso los militantes que fueron arrojados o abandonaron de forma

<footnote n="683">⁶⁸³ “Las revoluciones y las fuentes de soda”, *Izquierda* 16, 7 de marzo de 1964.</footnote>

<footnote n="684">⁶⁸⁴ Casals, *El alba de una revolución... op. cit.*, 112.</footnote>

<footnote n="685">⁶⁸⁵ Palieraki, *op. cit.*, 86.</footnote>

<footnote n="686">⁶⁸⁶ “Crisis del Partido Socialista: crisis del oportunismo en la campaña”, *El Gallo Rojo* 2, segunda quincena de febrero de 1964.</footnote>

<footnote n="687">⁶⁸⁷ “Partido Socialista: un congreso más”, *El Gallo Rojo* 3, primera quincena de marzo de 1964.</footnote>
voluntaria la organización se abocaron a la formación de nuevos partidos y
movimientos con la intención de unir a las desperdigadas fuerzas de
“izquierda revolucionaria” reclamando el sentido clasista, el contenido
insurreccional y revolucionario del PS y la política del Frente de
Trabajadores. Uno de estos grupos, conformado por los militantes de la
FJS, ingresó a la Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM) reclamando
contra el entregismo de la directiva ampuerista, el viraje del PS hacia las
tesis de la vía pacífica y el desencuentro evidente entre el lenguaje
revolucionario y la práctica electoral-parlamentaria.

En una declaración final firmada por, entre otros, Miguel Henríquez, Andrés Pascal Allende y Bautista Van Schowen bajo el título ¡Insurrección socialista!, el grupo habló directamente a las bases del PS acusando que el revisionismo y la conciliación se habían tomado la dirección del partido, relegando el poder obrero y la revolución al “rincón de los sueños utópicos y ultraizquierdistas”. El grupo denunció la falta de democracia interna, el uso de la “fraseología” revolucionaria con el fin de contentar a las bases y la ratificación de un “programa y una orientación propicia a un pacto con la burguesía radical, (que) aplaudió la trayectoria revisionista del Comité Central y evitó plantear la autodefensa popular creando la organización armada de las masas para enfrentar la contra revolución gorila con algo más que declaraciones, votos de protesta o discursos parlamentarios”.<fnref n="688" /> Para este grupo, era impensable una entrega pacífica del poder por parte de las clases antagónicas, sosteniendo, en cambio, que las condiciones políticas chilenas habían demostrado a través de la amplia movilización social producida por la campaña presidencial de Allende que las condiciones ya estaban maduras para escalar la movilización popular a nuevos estadios.

Para el grupo en la VRM, el Partido Socialista había capitulado en su
afán de transformar el régimen, sancionando un programa presidencial que
en lo medular mantenía la “democracia capitalista” sin afectar las
estructuras del Estado burgués, llegando inclusive a asumir un compromiso
de respeto a la ley y la institucionalidad burguesa durante la campaña
presidencial. En esta línea, el manifiesto acusó a la directiva de haber
remplazado el programa de un Gobierno de trabajadores “por un
‘Gobierno no socialista’ y que corresponde, sociológicamente, a una simple
forma política de izquierda socializante, grata a la burguesía ‘laica, masónica
y socialista’, como rezan los votos Radicales con extraña unanimidad”.<fnref n="689" />

En mayo de 1964 las secciones expulsadas de Coquimbo y Talca, el
Movimiento Revolucionario Comunista, la Oposición Socialista de
Izquierda y el Grupo Socialista Revolucionario de Santiago llamaron al

<footnote n="688">⁶⁸⁸ Vanguardia Revolucionaria Marxista, ¡Insurrección Socialista!, Imprenta Entre Cerros, 1964, p. 2.</footnote>

<footnote n="689">⁶⁸⁹ *Ibid*., 3.</footnote>
resto de las fuerzas de izquierda a formar un nuevo Partido Socialista Revolucionario. En su manifiesto, el grupo apoyó la candidatura de Salvador Allende reconociendo que el movimiento de masas que apoyaba la postulación del FRAP era, por su composición de clase y objetivos políticos, de "indudable naturaleza revolucionaria". Sin desligarse del todo del tronco teórico socialista, el grupo declaró en sus definiciones iniciales que "al democratísimo pequeño burgués de la dirección del movimiento popular que se obstina en la conservación de la república burguesa parlamentaria oponemos la República Democrática de Trabajadores", y luego agrega:

> Asumimos la responsabilidad de organizar la corriente revolucionaria que surge espontáneamente en el seno del movimiento popular. Esta corriente tomará forma concreta en los comités revolucionarios de la campaña, en la gradual transformación de los comités allendistas en organismos vivos políticamente, en organismos que critiquen, orienten y sostengan la campaña. Solo así el pueblo elevará su nivel político, se integrará como elemento y no como un instrumento dócil de la dirección burocrática y anti revolucionaria. Solo los trabajadores mismos conquistaran su emancipación; solo su organización de clase es garantía de ir hasta el fin.<fnref n="690" />

De esta confluencia de fuerzas emergió el Partido Socialista Popular, reuniendo a Oscar Waiss, Tito Stefoni, algunas de las corrientes purgadas por Ampuero y grupos de origen trotskista provenientes del Partido Obrero Revolucionario de Humberto Valenzuela.<fnref n="691" /> El nuevo partido dio su apoyo formal a la candidatura a través de una carta abierta dirigida personalmente a Allende, donde reclamaron un lugar en el Comité Nacional de Campaña y proyectaron algunas de las tesis y diagnósticos enunciados durante las décadas anteriores en defensa del Frente de Trabajadores. Insistiendo en los diagnósticos sobre la dinámica de las clases sociales en Chile y en la imposibilidad de impulsar un cambió revolucionario exclusivamente por la vía de las elecciones y el Parlamento, el PSP insistió en que "la construcción de un poder político revolucionario es la herramienta insustituible de la revolución" y continua: "no queremos para el gobierno popular el destino de Marmaduke Grove, de Jacobo Árbenz o Joao Goulart. Lucharemos incansablemente contra todos aquellos que

<footnote n="690">⁶⁹⁰ *Llamado a la formación de un Partido Socialista Revolucionario*, s/i, Imp. Fco. Javier 261, s/f, 1.</footnote>

<footnote n="691">⁶⁹¹ Álvarez Vergara, *op. cit.*, 49.</footnote>
pretendan adormecer al pueblo llamándolo a confiar en la fuerza del
'legalismo' demo burgués”.<fnref n="692" />

Otro grupo de escindidos unidos bajo el nombre de Unión
Revolucionaria Marxista (URM) publicó en junio de 1964 su propio análisis
de lo ocurrido en Concepción. Para este grupo, los hechos resultaron
demostrativos de que cualquier intento por cambiar el “reformismo
solapado” al interior del PS derivaría en la expulsión de los opositores,
dando por finalizada la etapa de disputa ideológica al interior del partido.
Según la URM, el grupo centro izquierdista que había asumido la dirección
abandonó la política clasista y la vocación de masas gestada por los cuadros
revolucionarios del socialismo durante la década de 1950. En desmedro de
la política revolucionaria, el PS habría caído en el “galimatías tercerista y en
la tontería del socialismo y sus vigorosas caracterizaciones”, abandonado la
esencia del Frente de Trabajadores al aceptar pactos sindicales y acuerdos
electorales con el PDC y el PR, clausurando el “camino revolucionario en el
plano de la acción concreta”.<fnref n="693" />

En un tono muy similar al de la Oposición Socialista liderada por
Waiss, la declaración cuestionó el electoralismo frapista y su tendencia a
defender “el axioma” de la vía pacífica pasando por alto la insurgencia
revolucionaria latente de las masas y la resistencia cierta de la
“contrarrevolución” frente a un eventual Gobierno de izquierda. Para la
URM, el FRAP estaba dilapidando la opción de “asestar el mazazo
definitivo a la reacción y sus aliados” al obviar que el camino revolucionario
chileno debía andarse en “dos pies”. En este sentido:

No son los votos ni los fusiles separadamente, los que entregan o
confirmen el triunfo del proletariado. La verdad es que mientras la
victoria electoral confirmaría que la voluntad mayoritaria del
pueblo ha sido ganada para los objetivos revolucionarios, el fusil -
simbólicamente la fuerza- y el adecuamiento de las organizaciones
para el combate en la defensa de la definición electoral, o en la
toma del poder en ultimo termino representan efectivamente la
justa salida política de este momento histórico.<fnref n="694" />

El lenguaje de los grupos escindidos fue en términos generales la
reclamación de los valores revolucionarios y las proyecciones movilizadoras
de la línea política socialista. Desde la protesta interna hasta la ruptura total
con el PS, estos sectores evidenciaron el mismo discurso clasista, igual

<footnote n="692">⁶⁹² “Carta abierta del Partido Socialista Popular a la candidatura presidencial de Salvador Allende”, *El Gallo Rojo* 4, junio de 1964.</footnote>

<footnote n="693">⁶⁹³ Unión Revolucionaria Marxista, *A los militantes del Partido Socialista, a los revolucionarios y a todos los militantes del movimiento popular*, s/i, Impresora Delta, junio de 1964, 2.</footnote>

<footnote n="694">⁶⁹⁴ *Ibid.*, 3.</footnote>
diagnóstico sobre la dinámica de las clases sociales y un discurso crítico de la institucionalidad democrática muy similar al expresado en los días que, mientras aún formaban parte del PS, criticaron al Comité Central y las directivas frapistas. Sin embargo, la ruptura con la organización dio pasó a versiones más radicales que, sin abandonar la campaña presidencial, propusieron opciones parainstitucionales y derechamente armadas. Una vez fuera de la organización estos sectores no tuvieron problemas en proponer nuevos métodos para el desarrollo de la campaña e insistir en desarrollar “el poder revolucionario” que permitiese incluir efectivamente al movimiento de masas al cuadro del proceso transformador chileno.

La primera consecuencia de la radicalización partidaria fue el faccionalismo y la configuración de un nuevo polo revolucionario donde las escindidas fuerzas socialistas tuvieron una gravitación central.<fnref n="695" /> Algo muy distinto sucedió con el PS, que después del congreso continuó firme en su política y discurso alineado con los principios frapistas, influido ciertamente por la posibilidad real de alcanzar la presidencia en las elecciones de septiembre. A penas terminado el torneo de Concepción, el FRAP logró una nueva victoria sistémica en la elección complementaria de Curicó eligiendo al militante socialista Oscar Naranjo, aumentando las expectativas sobre la candidatura y generando cierto optimismo en torno a las opciones presidenciales de Allende.

Los resultados de la elección complementaria de marzo reconfiguraron el escenario político rumbo a las elecciones presidenciales. Ante el triunfo de la izquierda, la DC giró su discurso de campaña hacia el anticomunismo y la defensa del régimen democrático ante un eventual Gobierno del FRAP, insistiendo en el carácter dicotómico de las opciones de “Revolución en Libertad” y “Revolución con Dictadura”. Los partidos liberal y conservador decidieron por su parte apoyar la candidatura democratacristiana en desmedro de la postulación del radical Julio Duran, presentando a Frei como la única alternativa democrática frente a un posible Gobierno marxista. Finalizada en los hechos la alianza del PR con la derecha, el FRAP intentó sin éxito sumar los apoyos radicales a la candidatura de Allende, insistiendo en llamar a sus bases con posterioridad a la decisión radical de perseverar en la candidatura de Julio Duran.<fnref n="696" />

Frente al binomio discursivo democracia/dictadura propuesto por los partidos de derecha y la DC, el PS respondió instalando el dilema entre capitalismo y socialismo apelando a la reconfiguración de las fuerzas políticas después del Naranjazo. Tras el apoyo liberal y conservador a Frei, el PS caracterizó la candidatura democratacristiana como una extensión de

<footnote n="695">⁶⁹⁵ Tanto el PSP como el grupo de la VRM proveniente de la FJS fueron fuerzas fundamentales en la fundación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en 1965.</footnote>

<footnote n="696">⁶⁹⁶ Casals, *La creación de la amenaza... op. cit.*, 312-318.</footnote>
la derecha, insistiendo en su compromiso con la continuidad del régimen y
su incapacidad para impulsar cualquier tipo de transformación que atente
contra los intereses representados en su candidatura. En palabras de Carlos
Altamirano: “Democracia Cristiana, derecha e imperialismo aparecen
unidos. Usando el mismo lenguaje, agitando la misma bandera raída del
anticomunismo. Defendiendo las mismas condiciones de oscurantismo, de
privilegios y de injusticia”.<fnref n="697" />

Sin embargo, los socialistas insistieron en las perspectivas
democráticas de la transformación impulsada por el FRAP manteniendo la
tónica radical del discurso partidario en función de los límites del régimen
democrático. Como se indicó en el tercer capítulo, frente a la interpelación
democratacristiana el PS insistió en los afanes democratizadores del
programa frapista en respuesta a quienes advirtieron rasgos “totalitarios” en
la postulación allendista. En este sentido, el discurso socialista fue enfático
en señalar las perspectivas pacíficas y legales del proceso revolucionario
propuesto por la izquierda y su programa. Al respecto, Raúl Ampuero en su
discurso de cierre al pleno socialista de mayo de 1964, señalaba que el
movimiento popular “ha aceptado un camino de acuerdo con las
condiciones chilenas”. Y agrega:

Todas sus energías las está entregando en esta lucha y, usando de
las reglas del juego de una democracia formalista y tradicional,
busca hacer los cambios reales que abran la perspectiva hacia la
construcción de una sociedad más justa. Un camino legal, pero
revolucionario porque alterará las estructuras básicas en que se
cimentan nuestras relaciones de producción. Sabemos que el
socialismo es un proceso. Queremos llegar al socialismo, pero no
buscando el camino brusco y violento. Queremos un proceso con
plena y consciente participación de las masas.<fnref n="698" />

Tras la victoria de Eduardo Frei en la elección presidencial las voces
oficiales lanzaron la consigna “una política socialista para el movimiento
popular”, planteando como tarea inmediata del partido proyectar los poco
más de 977.000 votos logrados por Allende en una composición
parlamentaria equivalente en las elecciones legislativas de marzo de 1965.
En este sentido, Mario Garay llamó a superar los errores de la campaña
proclamando la oposición “irreductible” del PS al nuevo gobierno y la
necesidad de corregir el “no haber esclarecido suficientemente ante las
masas el carácter reaccionario del PDC, su natural compromiso con las

<footnote n="697">⁶⁹⁷ Carlos Altamirano, “El verdadero dilema”, *Arauco* 53, junio de 1964, 4.</footnote>

<footnote n="698">⁶⁹⁸ Raúl Ampuero, “Mensaje del Partido Socialista al Pueblo de Chile”, *Arauco* 52, mayo de 1964, 5.</footnote>
fuerzas regresivas del imperialismo y la burguesía nacional, debemos ahora esforzarnos obstinadamente en señalar la política derechista, anti popular y de sujeción a los intereses del imperialismo que Frei iniciará el próximo 4 de noviembre”.<fnref n="699" />

La derrota de Allende operó un efecto demostrativo para los sectores opositores dentro y fuera de partido, afirmando los discursos críticos hacia el PDC, las elecciones y la dirección “conciliadora” del PS frente a los partidos burgueses. Raúl Ampuero, en su rol de Secretario General, apuntó que las elecciones se perdieron por los poderosos intereses oligárquicos comprometidos con la DC, la propaganda anticomunista y “la inaudita deficiencia de los mecanismos electorales”, y agregó:

> Es posible que en los medios populares las reacciones políticas sean variadas y no falten quienes pretendan resolver los problemas de nuestra estrategia con fórmulas simplistas. Descarto, desde luego, a quienes propician la revolución para mañana en la tarde; fuera de ignorar las razones de por qué se abstienen de hacerla, pienso que solo constituyen un pequeño grupo de ideólogos sin confianza en las masas.<fnref n="700" />

Entre estos “ideólogos” estaba Oscar Waiss quien solo unos días después de las elecciones publicó el folleto *Basura teórica y traición política*, donde repasó los hechos de la división, criticó el comportamiento de la “burocracia socialista” durante la campaña presidencial y reivindicó la línea “socialista revolucionaria” ahora seguida por el PSP. Para Waiss, la derrota de Allende se debía fundamentalmente a haber negado el carácter de clase del movimiento allendista y otorgar “personalidad popular” a la candidatura democratacristiana, inaugurando una etapa de retroceso social y electoral propiciado por la misma izquierda. El gran problema fue la comunión de intereses entre ambas candidaturas, que proponían “reformas estructurales sin revolución, es decir, arrebatar privilegios importantes al capital extranjero y a la oligarquía dentro de los márgenes normales del régimen burgués capitalista”, y continua:

> Las dos tenían apoyo de sectores reaccionarios, que esperaban hacer ganancias de pescadores en el rio revuelto de las promesas electorales. Las dos rivalizaron en tranquilizar al electorado asegurando el más irrestricto respeto a las leyes fundamentales de la república. No se ve ahora, entonces, la razón para que muchos

<footnote n="699">⁶⁹⁹ Mario Garay, “Una línea política para el movimiento popular”, *Izquierda* 28, primera quincena de septiembre de 1964.</footnote>

<footnote n="700">⁷⁰⁰ Raúl Ampuero, “La hora de la simulación”, *Arauco* 56, septiembre de 1964, 4.</footnote>
trabajadores no esperen, con fe y entusiasmo, el cumplimiento de las promesas del señor Frei. A esos trabajadores nadie les dijo que no podían hacer cambios de estructura sin revolución socialista. Esos trabajadores van a hacer su propia experiencia, y esa etapa no puede evitarse con manifiestos o declaraciones. Solo aventureros sin escrúpulos podrían pensar en la ofensiva en tales momentos; solo imbéciles extremistas hablarían de una revolución para 'mañana en la tarde'.<sup>701</sup>

Waiss llamó a aventar a las directivas del FRAP y sustituirlas por cuadros más jóvenes, cuestión que hizo eco al interior de la tienda socialista generando nuevos movimientos fraccionales y organizaciones autoconvocadas. Mientras el Comité Central preparaba el partido para las elecciones de marzo, dos regionales santiaguinos de la FJS publicaron un manifiesto exigiendo poner punto final a la política de “capitulación y derrotismo” y recuperar la esencia revolucionaria del Frente de Trabajadores. En este sentido, hicieron un llamado “a todos los militantes, organismos seccionales y regionales del país a defender de la manera más enérgica la integridad del socialismo revolucionario.” Y continúa:

> Camaradas: declaremos el estado de emergencia revolucionaria dentro de nuestro Partido. Exijamos el enjuiciamiento político de la actual dirección partidaria. Exijamos un balance honesto, franco y revolucionario de lo ocurrido. Exijamos una política que abra realmente las vías de la conquista del poder por los trabajadores. Exijamos un Congreso Nacional Extraordinario al más breve plazo.<sup>702</sup>

El ambiente crítico fue progresivamente tomándose el debate partidario, y con él, se extendió una vez más un discurso rectificador y a favor de rescatar las perspectivas de masas y la política revolucionaria del FT. Aniceto Rodríguez, al ser consultado sobre el nuevo cuadro político y los métodos acordes para alcanzar el poder, apuntó que “la izquierda ha idealizado en exceso el régimen democrático burgués abandonando una posición de vigorosa crítica a lo falsamente representativo del sistema”, llamando a pensar nuevas formas organizativas capaces de hacer frente al “espejismo” de la política de promoción popular impulsada por los democratacristianos.<sup>703</sup> En una línea similar, una nota de la redacción

<footnote n="701"><sup>701</sup> Oscar Waiss, *Basura teórica y traición política*, Santiago, El Gallo Rojo, 1964, 27.</footnote>

<footnote n="702"><sup>702</sup> Federación Juvenil Socialista, *A los militantes del Partido y la Juventud Socialista*, s/i, Imprenta entre cerros, 21 de octubre de 1964, 2.</footnote>

<footnote n="703"><sup>703</sup> “El gran debate de la izquierda”, *Izquierda* 30, primera quincena de noviembre de 1964.</footnote>
aparecida en *Arauco* convocaba a rescatar la autonomía política e intelectual que daban una fisonomía particular, no dogmática y heterodoxa a la ideología del PS en desmedro de la vía pacífica. Haciendo eco del testamento político del recientemente fallecido comunista italiano Palmiro Togliatti, la nota llamó a rescatar el tradicional sentido “creador” de la ideología y a la actualización de la política socialistas de acuerdo con las nuevas realidades sociales. Al respecto, concluía: “el PS debe comprender que la hora actual le es potencialmente favorable, siempre que sepa transformarse en una realidad actuante orgánica e ideológicamente”.<fnref n="704" />

Una opinión mucho más crítica fue la expresada por el escritor Manuel Espinoza Orellana<fnref n="705" /> a través de las páginas de *Arauco*, para quien los partidos del FRAP llevaban décadas combatiendo en el terreno electoralista y llevando al movimiento popular a través de los marcos institucionales de la democracia burguesa. En este aspecto, la campaña de 1964 se caracterizó por haber “diluido” la confrontación de clases en el colaboracionismo y por “desfigurar” la política de Frente de Trabajadores. Para Espinoza, la convivencia del PS “en un medio burgués en el que ha compartido las tácticas de las agrupaciones políticas de la pequeña burguesía, significan un largo trecho en la acumulación de errores que es necesario extirpar”. En este sentido:

> La coexistencia permanente dentro de este largo periodo junto a instituciones seudodemocráticas y constitucionalistas ha contribuido a debilitar las perspectivas revolucionarias de nuestra acción. Y era lógico que así fuera, el peso de la constitucionalidad y del democratisimo pequeño-burgués se ha transformado en un volumen gaseoso que nos ha traspasado a todos agigantando la imagen de una mentalidad jurídico-constitucionalista ‘sui-generis’ (...) Nos han obligado a reconocer un sentimiento jurídico-constitucionalista imperante en la mentalidad del chileno, que le hace respetar las instituciones impuestas por la burguesía. Que ante esta realidad nosotros propiciamos y pretendemos realizar cambios de fondo dentro de la legalidad y del derecho burgués. Somos unos revolucionarios constitucionalistas. Y cuando teóricamente expresamos un pensamiento correcto en torno a nuestra doctrina marxista, y un enfoque serio del momento histórico mundial, nos apresuramos a añadir que no obstante nuestras ideas, nosotros sabemos que en Chile ‘las condiciones no

<footnote n="704">⁷⁰⁴ “El testamento político de Togliatti y el Partido Socialista de Chile”, *Arauco* 57, octubre de 1964, 22.</footnote>

<footnote n="705">⁷⁰⁵ Fue dirigente sindical de la compañía de seguros de Valparaíso, articulista regular de la revista *Arauco*, director del Instituto Chino-Chileno de Valparaíso y escritor de novelas y crítica literaria.</footnote>
están dadas' para proyectar una acción que conteste con nuestro
lenguaje. No hay que asustar a la burguesía.<fnref n="706" />

Para Espinoza, Chile se había transformado en un sujeto de prueba
de las tesis y formulaciones de la vía pacífica, señalando la existencia de una
“idiosincrasia” constitucionalista que caracterizó la revolución chilena como
un proceso ascendente de toma de conciencia por medio de la agitación en
suceivas campañas electorales, que culminarían con la elección presidencial
de Allende. Siguiendo este razonamiento, el movimiento popular habría
decidido dar la batalla en el campo de la democracia burguesa, claudicando
en la misión “revolucionaria” de “derrocar a la burguesía y demoler las
estructuras capitalistas, instaurando un gobierno democrático de
trabajadores”. Y continúa: “hemos salido de otra elección presidencial y
podemos decir que hay pruebas suficientes para demostrar que nuestro
camino hacia el socialismo, con todas las características nacionales propias,
no puede dejar de mano lo fundamental, la lucha irreconciliable entre las
dos fuerzas sociales que el sistema capitalista genera: burguesía y
proletariado”.<fnref n="707" />

En diciembre de 1964 se realizó el Pleno Nacional sin la presencia de Raúl Ampuero. Durante el torneo se profundizó la crítica al rol y posiciones del partido, y se instaló una tendencia que apuntó a recuperar las proyecciones políticas del Frente de Trabajadores. El informe del Comité Central fue decidor sobre este punto, al postular que la elección presidencial fue perdida, en gran parte, por no llevar adelante una política revolucionaria inspirada en una justa interpretación de la línea socialista. Según el informe, la campaña presidencial extravió “la concepción de que el movimiento popular constituía una alternativa rotunda, diametral y violentamente diferente de las que propiciaba la burguesía a través de sus fórmulas”. Y agregó que “las grandes masas, junto con anhelar cambios, buscan alternativas claras para producirlos; abominan de la componenda y de la conciliación; no entienden los llamados a las fuerzas que hasta ayer eran rotundamente adversarias”.<fnref n="708" />

Además, el documento realizó una dura crítica contra lo que
consideró una serie de concesiones discursivas orientadas a ocultar el
contenido marxista leninista de la candidatura, con el fin de no levantar
resquemores y atraer a sectores que por la naturaleza misma del
movimiento popular allendista se oponían a la candidatura presidencial del
FRAP. Con estas concesiones, la directiva socialista habría capitulado frente

<footnote n="706">706 Manuel Espinoza Orellana, “¿Cuál es el camino a seguir?”, *Arauco* 57, octubre de 1964, 13-14.</footnote>

<footnote n="707">⁷⁰⁷ Manuel Espinoza Orellana, “Violencia burguesa y violencia revolucionaria”, *Arauco* 58, noviembre de 1964, 65.</footnote>

<footnote n="708">⁷⁰⁸ Chelen, *Trayectoria del socialismo..., op. cit.*, 166.</footnote>
a las presiones de la derecha al negarse a imprimir una “conducción revolucionaria” a la campaña. En este aspecto, el informe señala:

> Tenemos que empezar por reconocer que los resultados electorales significan una negación con respecto a los procedimientos tácticos y el estilo político que se ha estado usando. En buenas cuentas, reconozcamos que esos resultados han echado por la borda las formas tradicionales y el espíritu que han presidido las acciones de izquierda. Esos resultados nos indican que de nada sirven las indefiniciones, las vacilaciones, las duplicidades, las conciliaciones, que más que un paso atrás y dos adelante, significan un retroceso en muchos pasos y reiniciar una ruta que deviene en confusión, desarme ideológico y desaliento para las grandes masas asalariadas. Lo afirmamos rotundamente, camaradas del Pleno, si algo ha caducado y ha sido desahuciado a la luz de los resultados de esta elección es la supuesta política de unidad nacional, que se traduce en una beligerancia limitada y condicionada con respecto a los enemigos seculares de la clase obrera.<fnref n="709" />

Resulta interesante constatar en estos debates las diferentes posibilidades interpretativas respecto del Frente de Trabajadores. Mientras el sector oficial lo reivindicó como política oficial del FRAP señalando la exclusión de los partidos burgueses de la alianza, los sectores críticos e incluso algunos escindidos reclamaron su ausencia en función de la falta de una “dirección revolucionaria” y una estrategia de masas. Si en 1947 una de las intenciones de la conferencia programática fue dotar al partido de un cuerpo doctrinario común y acabar con las tendencias fraccionales que aún persistían en la colaboración gubernativa, en 1964 el mismo cuerpo doctrinario fue la causa de los debates, las disputas y los enfrentamientos al interior del PS. En este sentido, las distintas corrientes internas reclamaron la mantención y/o recuperación de la línea política del PS aduciendo su “justeza” y contenido eminentemente socialista, transformándola en el eje de la discusión interna los años posteriores.

El debate interpretativo en torno a la política socialista versó principalmente sobre la colaboración con fuerzas representantes de la burguesía, y respecto al tipo y contenido de la movilización social a impulsar por los partidos populares en línea con el objetivo general de la izquierda: alcanzar el poder político y construir el socialismo. De esta forma, no es cierto que la justa aplicación de la línea política del Frente de Trabajadores rechace de plano cualquier esfuerzo electoral o la acción

<footnote n="709">⁷⁰⁹ *Ibid*., 164.</footnote>
parlamentaria, por el contrario, esta debía ser dotada de contenido revolucionario y ejercida de forma independiente, sin conciliaciones ni componendas con los sectores “reaccionarios y regresivos”. En resumen, la recuperación de la línea política socialista implicaba cancelar “las experiencias que significaron reconocer hegemonía de los partidos de la burguesía en el movimiento popular”, animando en cambio “una violenta y permanente beligerancia con respecto a los partidos tradicionales que, de una u otra forma, defendían el estado de cosas existente: la institucionalidad, la legalidad, el juego político, la componenda bastarda, la indefinición, etc.”<sup>710</sup>

Sin embargo, también es necesario considerar las características que tuvo el desarrollo de la campaña presidencial para comprender el tono de la polémica. Por una parte, Allende se vio obligado, en parte por la campaña anticomunista, a moderar el discurso revolucionario y a apoyarse en las definiciones de carácter programático, apareciendo más cercano al reformismo que al lenguaje revolucionario reclamado por la izquierda socialista. Por otra, las características progresistas y el programa reformista de la DC, el cual también se presentó con un lenguaje revolucionario, extendió la idea de una comunión de intereses entre los candidatos del FRAP y el PDC. Por último, los sucesos de la elección complementaria de Curicó al provocar el reordenamiento de las fuerzas políticas de derecha detrás de la candidatura de Frei obligaron, desde el punto de vista electoral, al acercamiento del FRAP y de Allende en particular, al Partido de Izquierda Radical, el mundo católico y a los sectores medios en un intento por contrarrestar el nuevo escenario abierto tras el *Naranjazo*. Todo lo anterior, sin duda, también contribuyó a que al interior del PS se instalará la idea de la “traición” al contenido revolucionario del Frente del Trabajadores durante el desarrollo de la campaña presidencial.

La derrota electoral de 1964 inauguró un nuevo proceso de definiciones, esta vez, orientadas a la recuperación de la pureza ideológica de la línea política socialista. El Frente de Trabajadores se transformó en los años siguientes en una orientación política práctica, que impuso fines e incluso actitudes para la movilización social y el trabajo de masas. Después de las elecciones, la crítica a la experiencia “electorera” y conciliadora asumió el discurso de la recuperación ideológica promovida por las directivas que sucedieron a Ampuero, insistiendo en desmarcarse de la vía pacífica, agudizar los antagonismos de clase y dinamizar la acción partidaria. Como parte de este proceso, el PS modificó sus principios orgánicos con el fin retórico de adaptar la estructura partidaria a los nuevos horizontes estratégicos, la renovada política de masas y el alcance continental de la política antiimperialista promovida por la Tricontinental y la OLAS.

<footnote n="710">710 *Ibid*., 165.</footnote>
## 5.2 El PS a la izquierda de la izquierda: recuperación ideológica y radicalización discursiva. 1965-1967

La crítica al trabajo electoral sostenido por el FRAP reclamó la actualización de los métodos, estrategias y discursos políticos que habían caracterizado a la izquierda tradicional desde 1956. El debate en torno a los resultados de la elección presidencial de 1964 dio cuenta de una revitalizada crítica al electoralismo y una evaluación negativa sobre las posibilidades de alcanzar el poder por medio de los caminos institucionales y burgueses, haciendo del fenómeno divisionista una realidad que no fue exclusiva del socialismo. La discusión respecto de las vías y métodos revolucionarios alcanzó al Partido Comunista, a los sectores de izquierda y a las juventudes del Partido Radical y de la Democracia Cristiana, que vivieron durante la segunda mitad de la década sus propias escisiones.

La discusión del PS después de 1964 versó sobre algunos aspectos previamente levantados por las facciones de izquierda socialista a inicios de la década, reavivando el debate sobre las proyecciones del Frente de Trabajadores y un juicio crítico de la política seguida por el partido en el FRAP. Pese a la actitud autocrítica asumida por el Comité Central después de las elecciones, el debate dio cuenta de un divorcio irreconciliable entre la línea política y las orientaciones de la directiva ampuerista. En este contexto, las voces críticas comenzaron a exigir la recuperación de la línea política, atendiendo a sus proyecciones clasistas y revolucionarias, a exigir la revisión exhaustiva de los principios orgánicos, y una actualización de la estructura partidaria de acuerdo con los métodos y objetivos estratégicos del Frente de los Trabajadores.

El análisis del fracaso electoral dio paso a una revisión de la política socialista que explicó las derrotas electorales de la izquierda en 1958 y 1964 como consecuencia directa de una práctica tradicionalmente institucionalizada y transaccional. Este diagnóstico evidenció abiertamente el divorcio entre las posiciones teóricas revolucionarias y discursivamente rupturistas, y la política institucionalizada y formalista sostenida invariablemente desde el Frente Popular. Tomando como hecho probatorio del fracaso la elección de Eduardo Frei, el llamado fue a romper la dinámica tradicional del partido en términos prácticos y discursivos, renovando la crítica hacia el parlamentarismo y el desprecio por la institucionalidad burguesa en su conjunto. Después del fracaso, el PS y el movimiento popular debían “romper con el ritualismo de la democracia burguesa”, “faltarles el respeto a los falsos sacramentos detrás de los cuales se ocultan
los intereses de la clase dominante” y entablar “una ofensiva al margen de la institucionalidad”.<fnref n="711" />

La administración democratacristiana fue caracterizada como un Gobierno de fuertes tendencias progresistas, sin embargo, comprometido con la oligarquía y el imperialismo. Frente a este cuadro, en el PS se instaló la necesidad de agudizar los antagonismos de clase basados en los principios teóricos y prácticos del Frente de Trabajadores. Para Manuel Espinoza, una correcta aplicación de la política socialista “descarta toda posibilidad de colaboración parlamentaria en el actual Estado burgués”, y en cambió, propone la dinamización del proceso revolucionario desde el movimiento de masas y por fuera de la institucionalidad, descartando de plano cualquier posibilidad de un tránsito pacifico al poder. Al respecto, el mismo autor escribía en la revista *Arauco*:

> No cabe pues una estrategia de oposición parlamentaria en el actual estado burgués. No cabe pues una estrategia de oposición legislativa al Partido Socialista. Su estrategia de oposición política y de denuncia deberá plantearla y proyectarla desde el seno mismo del movimiento popular. Cada parlamentario un activista; cada dirigente un activista, actuando todos permanentemente en los organismos de masas; denunciando los falsos manejos del gobierno, y colaborando revolucionariamente en los proyectos de beneficio popular. ¿Hay que construir casas para el pueblo? Colaboremos nosotros con el gobierno, conduciendo a los pobladores a la toma de terrenos, donde se construirán sus habitaciones. Conduzcamos a los campesinos a tomar la tierra para hacer efectiva reforma agraria. Llevemos a los obreros a la toma de fábricas y condúzcamelos a la generación de una revolucionaria huelga general.<fnref n="712" />

La oposición intransigente propuesta por Ampuero después de las elecciones parlamentarias de 1965 fue percibida como una medida insuficiente y reflejo de un institucionalismo excesivo por la cada vez más numerosa oposición interna. En este contexto, durante el mes de mayo se realizó un congreso autoconvocado del que participaron al menos tres comités regionales, reuniendo a las autodenominadas “bases revolucionarias” con la intención de acusar la crisis de dirección, responder las acusaciones sobre tendencias antipartido y exigir un congreso general en

<footnote n="711">711 Hugo Zemelman, “Toma de posiciones frente al momento político”, *Arauco* 60, enero de 1965, 37.</footnote>

<footnote n="712">⁷¹² Manuel Espinoza Orellana, “El socialismo chileno frente a una encrucijada”, *Arauco* 60, enero de 1965, 23.</footnote>
el más corto plazo posible. Para el grupo, la crisis del PS se debía a "la
rebelión de las bases sindicales y juveniles en contra de un Comité Central
que escamotea la aplicación práctica de la línea oficial del Partido, para
adherir —soterradamente— a la táctica electorera y evolucionista del
PC".<fnref n="713" />

Los autoconvocados acusaron la actitud reformista, contrarrevolucionaria y cobarde de la directiva ampuerista al prohibir cualquier manifestación o huelga reivindicativa durante la campaña, argumentando "no asustar a la derecha" ni "instigar a un golpe de Estado", reduciendo la combatividad del movimiento popular con la promesa de que una vez alcanzado el Gobierno se procedería a dar solución a las demandas de las organizaciones gremiales y sindicales.<fnref n="714" /> Pese a que el congreso fue finalmente convocado para junio de 1965, Carlos Altamirano y Hugo Zemelman marcaron el tono del divorcio entre la directiva y los sectores opositores al abandonar las instancias de discusión previas al torneo, aduciendo la falta de garantías y posibles intervenciones de la directiva en las comisiones. En resumen, se instaló en las bases opositoras una actitud que exigió la renovación de las directivas como paso previo para la recuperación del sentido original de la política de FT, otorgando renovada vigencia al dilema planteado por el PSP una década atrás: Revolución Socialista o Miseria.

En su informe al XXI Congreso, Ampuero criticó la excesiva sensibilidad de algunos sectores frente a la derrota, y lamentó "la propaganda derrotista de los disidentes, el apoyo que encuentran en la prensa reaccionaria y el desaliento que inculcan en ciertos sectores de las bases" impidiendo el despliegue completo de la organización durante la campaña. No obstante, el Secretario General también criticó los intentos personales de Allende por atraer al PR y moderar el discurso de la campaña, proyectando una falsa imagen de la coalición popular en la opinión pública. Más allá de estos hechos puntuales, Ampuero presentó una crítica similar a las corrientes de izquierda al señalar que el gran error del periodo fue dar a la DC personería de aliado eventual en labores de oposición al Frente Democrático, empujados por la insistente inclinación del PC a buscar alianzas en el campo de la burguesía nacional escudado en las tesis de la vía pacífica.<fnref n="715" />

El congreso significó el recambio de la directiva y la derrota de la
línea ampuerista. En este sentido, los acuerdos e informes apuntaron el

<footnote n="713">⁷¹³ Bases Socialistas Revolucionarias, *La burocracia socialista destruye el partido*, Santiago, Ediciones Frente de Trabajadores, 1965, 7.</footnote>

<footnote n="714">⁷¹⁴ *Idem*.</footnote>

<footnote n="715">⁷¹⁵ Informe del Secretario General del Partido Socialista al XXI Congreso General Ordinario, 9. (Documento mecanografiado, disponible en la colección de la Biblioteca Clodomiro Almeyda)</footnote>
carácter regresivo del Gobierno democratachristiano, fortalecieron el discurso antiimperialista y la crítica sistémica a la institucionalidad y la democracia burguesa. La tesis política redactada por Adonis Sepúlveda señaló el agotamiento de la colaboración con sectores burgueses, de la estrategia electoral y la tendencia reformista, señalando el comienzo de una nueva etapa caracterizada en lo internacional por una renovada agresividad del imperialismo norteamericano sobre Cuba y los movimientos insurgentes en todo el continente; y en lo nacional por el reflujo político del movimiento de masas después de las elecciones de 1964.

Para Sepúlveda, la victoria de la DC en las presidenciales y la elección parlamentaria de marzo abrían un escenario inédito, donde el movimiento popular debía hacer frente a un Gobierno que, con objetivos distintos, fue capaz de movilizar a sectores tradicionalmente de izquierda en torno a un programa que en muchos casos concordaba con la propuesta frapista. El objetivo inmediato del PS, por lo tanto, era recuperar la presencia y la confianza del movimiento de masas que se había volcado libremente en Eduardo Frei, y lograr una respuesta orgánica a la política de promoción popular y sindicalización agraria promovida por el Gobierno. En este sentido, la apuesta fue introducir desde abajo un elemento catalizador de las contradicciones entre el Gobierno y su contingente popular, impulsando una política “que no solo acompañe al poblador para la conquista del pilón y de la ampolleta; o con el campesino para que organice su sindicato legal, sino que provoque y desarrolle en ellos una aspiración de poder y una reacción cada vez más violenta contra sus explotadores, sean éstos su patrón o el gobierno demócrata cristiano que ampara esa explotación”.<fnref n="716" />

El documento señaló que la estrategia “descarta de hecho la vía electoral como método para alcanzar nuestro objetivo de toma del poder”,<fnref n="717" /> sin embargo, tal declaración no implicaba sustraerse de las elecciones. Utilizando el ejemplo del partido bolchevique y la experiencia leninista, Sepúlveda puso fin a la dicotomía entre insurreccionalismo y electoralismo expresando que la nueva estrategia seguiría la “Vía Revolucionaria”, que en la práctica, implicaba la utilización de todos los métodos y medios “que la lucha revolucionaria haga necesarios”. Y agrega: “la insurrección se tendrá que producir cuando la dirección del movimiento popular comprenda que el proceso social, que ella misma ha impulsado, ha llegado a su madurez y se disponga a servir de partera de la revolución”.<fnref n="718" /> En consecuencia, la tesis política reveló una ruptura discursiva con la política “reformista” sostenida desde 1956, reclamando un cambio

<footnote n="716">⁷¹⁶ “El Partido Socialista en la revolución chilena (Tesis política del XXI Congreso)”, Arauco 79, agosto de 1966, 34.</footnote>

<footnote n="717">⁷¹⁷ *Ibid*., 35.</footnote>

<footnote n="718">⁷¹⁸ *Ibid*., 36.</footnote>
cualitativo en el estilo de conducción política y una nueva orientación hacia el movimiento de masas y la agitación revolucionaria desde la tribuna parlamentaria, el movimiento sindical y en cada campaña electoral. Lo anterior implicaba imprimir un discurso rupturista, clasista y revolucionario a cada una de las instancias con presencia socialista, incluido el FRAP, donde el congreso reconoció abiertamente las diferencias tácticas con el PC.<fnref n="719" />

En los medios partidarios, el congreso fue presentado como un acto de reafirmación de la personalidad política e ideológica del partido, destacando la recuperación de las orientaciones del Frente de Trabajadores, su política de clase y sus perspectivas antiimperialistas. En este sentido, el XXI Congreso imprimió un aire de rectificación política y modernización de la labor partidaria, consolidando la crítica a las directivas precedentes, a la excesiva institucionalización del partido y a la actitud puramente “electorera” en desmedro del lenguaje revolucionario y la política de masas.<fnref n="720" /> Pese a los aires renovadores, el torneo sancionó mantener la unidad popular en torno al FRAP y los partidos de izquierda, y en rescatar el sentido original de la política socialista insistiendo en las condiciones regresivas del PR y el Gobierno democristiano, los límites de la institucionalidad burguesa y el descarte de la vía pacífica a luz de los acontecimientos nacionales e internacionales.<fnref n="721" />

El discurso socialista después del congreso reasumió la impronta de masas y sus afanes dinamizadores del proceso político social chileno en oposición al reformismo democratacristiano. Lo anterior implicaba agudizar las contradicciones del Gobierno a través de los antagonismos de clase, intentando imprimir un sentido revolucionario a cada reforma estructural propuesta por la DC. Para el nuevo Secretario General Aniceto Rodríguez, los objetivos reformistas del Gobierno y su relación con elementos oligárquicos, católicos e imperialistas demostraban el agotamiento institucional chileno y las tendencias regresivas y antisocialistas de la Democracia Cristiana. En lo internacional, Rodríguez reafirmó el sentido autónomo y libertario de la política socialista, destacando la libertad doctrinaria y el derecho que cada pueblo tiene para decidir, de acuerdo con sus particularidades y lejos de cualquier tendencia internacional “monocentrista”, sus propios derroteros para la liberación nacional.<fnref n="722" />

La afirmación de la “personalidad ideológica” del socialismo chileno en lo nacional e internacional reactivó las opciones paraestatales, el discurso

<footnote n="719">⁷¹⁹ “Un contenido de clase para el FRAP”, *Las Noticias de Última Hora*, 1 de julio de 1965.</footnote>

<footnote n="720">⁷²⁰ “El XXI Congreso del PS”, *Las Noticias de Última Hora*, 30 de junio de 1965.</footnote>

<footnote n="721">⁷²¹ “Resumen de resoluciones XXI Congreso General Ordinario del Partido Socialista”, *Arauco 66*, julio de 1965, 25.</footnote>

<footnote n="722">⁷²² Héctor Suarez, “Socialismo fijó en Panimavida su nueva ruta”, *Las Noticias de Última Hora*, 1 de julio de 1965.</footnote>
rupturista y un nuevo diagnóstico sobre el imperialismo en América Latina que repercutió en la evaluación del proceso político interno y relevó una vez más el sentido nacional de la ideología. Ante este escenario, el PS se propuso “canalizar la lucha verdadera contra el subdesarrollo y la penetración imperialista en Chile, como la más auténtica expresión de un gran movimiento revolucionario, nacionalista y antiimperialista, que aglutine a todos los chilenos que deseen sacudirse de los lastres —que se hacen día a día más provocativos y casi permanentes— del imperialismo de afuera y sus cipayos de adentro”.<fnref n="723" /> Con la experiencia cubana, la doctrina Johnson y la política norteamericana del *Big Stick* como telón de fondo, el PS se puso del lado del internacionalismo proletario sin comprometer su autonomía política ni adscripción internacional. No obstante, el congreso insistió en promover un nuevo espacio de coordinación antiimperialista y socialista exclusivamente latinoamericano.

Las nuevas definiciones sobre política nacional e internacional del PS revelaron una vez más las diferencias con el PC sobre el estilo, contenido y conducción del FRAP. La divergencia versó una vez más sobre los alcances de la alianza popular, el papel de la burguesía progresista y la posibilidad de abrir la alianza hacia los sectores con “conciencia progresista” que apoyaron a Eduardo Frei. Después de las elecciones, el XIII Congreso comunista de octubre de 1965 insistió en la vigencia de la “vía no violenta” y en la necesidad de sumar al conjunto de los sectores progresistas a la alianza frapista, incluyendo a grupos democratacristianos y católicos.<fnref n="724" /> En tanto, el PS insistió en relevar los desacuerdos tácticos y llamó a los dirigentes comunistas a iniciar un dialogo que apuntase a superar las divergencias entre ambos partidos populares.<fnref n="725" /> A través de un documento firmado por Aniceto Rodríguez, los socialistas reconocieron las diferencias a la hora de evaluar el carácter social de la DC, su Gobierno y el escenario internacional como puntos fundamentales de una desavenencia práctica evidente.

La carta insistió en el carácter regresivo de la DC y descartó de plano cualquier colaboración con los sectores progresistas dentro del Gobierno o fuera de él, realizando una fuerte crítica al etapismo y al programa de “apaciguamiento” de la lucha de clases impulsado por el PC. Al respecto, el documento señaló que las condiciones nacionales eran favorables para impulsar un cambio revolucionario, por lo que el PS declaraba el agotamiento definitivo de la política de asimilación del programa y los objetivos de la clase obrera a las “formas, mecanismos y aspiraciones de la burguesía”. Y agregaba:

<footnote n="723">⁷²³ “El XXI Congreso del PS: vitalidad y acción”, *Arauco* 66, julio de 1965, 2.</footnote>

<footnote n="724">⁷²⁴ Luis Corvalán, “Seguir avanzando con las masas”, *Documentos del XIII Congreso general del Partido Comunista de Chile* 1, 1965, 7-67.</footnote>

<footnote n="725">⁷²⁵ “Intervención del Secretario General del Partido Socialista, camarada Aniceto Rodríguez, Unidad Socialista-Comunista: cimiento del movimiento popular”, *Ibid.*, 16-25.</footnote>
Queremos establecer en la lucha diaria y permanente la alternativa: Democracia Cristiana burguesa o socialismo. Separar la lucha de los trabajadores en etapas: la primera, por el inmediato fortalecimiento del régimen democrático capitalista, aun considerando todas las medidas progresistas que ella pueda implicar y, la segunda, la lucha por el socialismo, postergada para un tiempo indefinido, la estimamos una política de apaciguamiento social que en el fondo significa no querer romper la actual correlación de fuerzas entre el mundo socialista y el imperialismo, lo que concretamente se traduce en una postergación de las aspiraciones revolucionarias de nuestro pueblo en beneficio de una supuesta pérdida de los niveles alcanzados por aquellos que han logrado avanzar más que nosotros. No aceptamos esta línea de supeditación que nos coloca en situación de peones de un tablero en el cual sus estrategas no nos consideran ni les interesa en particular nuestro destino.<fnref n="726" />

Influido por la Conferencia Tricontinental y las perspectivas abiertas por la próxima conferencia de la OLAS, el discurso socialista insistió en discutir “nuevos caminos”, formas de acción y conducción política para el FRAP. Al lenguaje, tradicionalmente antiburgués y clasista, se sumó una nueva arista directamente vinculada con las dinámicas “continentalizadoras”. El XXI Congreso inauguro un momento de definiciones que afectaron al PS en al menos dos asuntos importantes. Por una parte, el torneo convocó a una Conferencia Nacional de Organización (CNO) para el año siguiente, con la intención de reestructurar orgánicamente al partido en función de la política “revolucionaria” aprobada en el congreso; por otra, la nueva directiva instaló el Frente de Trabajadores como una orientación práctica irrenunciable, zanjando la discusión sobre la política de alianzas para colocar en el centro del debate el problema de las vías o formas de lucha. Las nuevas orientaciones exigían combinar la acción parlamentaria, electoral y sistémica con la opción paraestatal, de masas y clandestina, reflejando la influencia de los sectores de izquierda y la instalación de un nuevo diagnóstico sobre la revolución chilena y latinoamericana al interior del PS.

La adopción de nuevos principios orgánicos obedeció al marco discursivo e interpretativo del leninismo, incluyendo los conceptos del centralismo democrático, el internacionalismo proletario y la promoción de una estructura partidaria de cuadros que se extendió por el discurso socialista. En la práctica, los principios ideológicos, técnicos y políticos del

<footnote n="726">726 Aniceto Rodríguez, “Al Partido Comunista de Chile en su XIII Congreso General Ordinario”, *Arauco* 77, junio de 1966, 58.</footnote>
autoproclamado rol marxista de la organización debieron convivir con la tradicional práctica institucional y sistémica. En este aspecto, durante la segunda mitad de la década el PS afrontó un debate que evidenció la dicotomía entre las exigencias orgánicas de la ideología marxista y la estrategia continental cubana y las necesidades organizativas propias del tradicional trabajo electoral, parlamentario y sindical sostenido por los socialistas de modo invariable desde su fundación.<fnref n="727" />

Junto con el discurso rupturista emergió un nuevo estilo de conducción partidaria, abierto a un conjunto de acciones “dinamizadoras” del proceso político como las huelgas, tomas y corridas de cerco sin dejar de perseverar en la conquista de espacios institucionales. La nueva “vía revolucionaria” legitimó la presencia institucional del partido presentando los cargos representativos y las campañas electorales como una tribuna para la agitación programática y revolucionaria, lo que derivó en un viraje discursivo a todo nivel hacia el lenguaje rupturista como línea política oficial. Las caracterizaciones sobre la revolución chilena también fueron objeto de revisión, tendiendo a una radicalización del diagnóstico sobre la acción imperialista y los sectores regresivos nacionales que instaló la perspectiva estratégica de la violencia como un estadio inevitable en el desarrollo del proceso de liberación nacional.

Los documentos en torno a la CNO son decidores del aire actualizador y recuperacionista del torneo, insistiendo en la necesidad urgente de superar la contradicción insostenible entre la política revolucionaria y la conformación tradicional del Partido. Los objetivos y métodos sancionados en el XXI Congreso exigían una reestructuración orgánica que permitiese superar años de colaboración entre clases, electoralismo y reformismo de acuerdo con las favorables condiciones de lucha por el socialismo en Chile y todo el Tercer Mundo. En este aspecto, la convocatoria apuntaba que “los objetivos revolucionarios distantes a la generación fundadora se pusieron a la orden del día”, señalando que en Chile, “no hay solución real para los problemas del retraso, la miseria y la dependencia, sino a través de un desplazamiento de las clases poseedoras y el ascenso al poder de los trabajadores convertidos en clase gobernante”.<fnref n="728" />

Las nuevas orientaciones orgánicas siguieron el modelo de los partidos marxistas, tendiendo a la centralización de la toma de decisiones, la promoción del centralismo democrático en desmedro del asambleísmo, la limpieza del padrón de militantes pasivos y la subordinación de los “cuerpos auxiliares” como la brigada parlamentaria, universitaria y sindical a las orientaciones directas de la directiva. Sin embargo, el fin principal

<footnote n="727">727 Rosenkranz y Pollack, *op. cit.*, 49-52.</footnote>

<footnote n="728">728 Partido Socialista, *Conferencia nacional de organización*, Santiago, Imprenta Aleph, junio de 1966, 8.</footnote>
esgrimido por el Comité Central fue conciliar las orientaciones revolucionarias del Frente de Trabajadores con una práctica militante y una organización partidaria acorde, que en palabras de Aniceto Rodríguez se resumía en la consigna de "un partido de cuadros realizando una política de masas".<fnref n="729" />

En lo ideológico, el PS se definió en función de sus objetivos como una organización marxista-leninista, clasista, revolucionaria y representativa de los intereses históricos de los trabajadores manuales e intelectuales. Las resoluciones del torneo insistieron en la necesidad de un "partido de acción" y vanguardia, orientado a la "la transformación violenta de la sociedad capitalista chilena" y en franca beligerancia "contra el orden establecido y las clases que defienden ese orden".<fnref n="730" /> renovando el desprecio por la institucionalidad y extendiéndolo a la Iglesia, el Ejército y la policía.

En línea con estas definiciones, el PS se abrió a pensar formas orgánicas que le permitiesen actuar tanto en el plano de la legalidad como en el de la ilegalidad, insistiendo en el carácter inevitable del enfrentamiento con la burguesía y el imperialismo. En este aspecto la conferencia resolvió:

> No puede haber una forma inmutable de organización del Partido. Sin embargo, el carácter y objetivos del socialismo determinan su estructura básica. Tanto la lucha en el seno de las masas, como la acción contra ese orden capitalista exigen determinadas características. Llevada a la practica la condición esencialmente revolucionaria del Partido significa organizarse propiamente para el trabajo ilegal y oponer a la represión la organización y acción en el nuevo terreno. No podría tener el Partido una organización para la acción en el medio democrático y otra para la ilegalidad (debe ser una adaptación y no una nueva organización).<fnref n="731" />

Las definiciones de este periodo obligaron a explicitar el papel de las elecciones y la acción institucionalizada en el nuevo esquema organizativo, definición que se hizo urgente considerando la proximidad de las elecciones municipales fijadas para abril de 1967. Al respecto, para Adonis Sepúlveda "la vía electoral es un camino falso para conquistar el poder, pero nunca hemos dicho que las elecciones sean un vehículo que no deba utilizarse por los partidos revolucionarios cuando estos así lo estimen" y agrega: "estimamos que hay que liquidar el electoralismo demagógico y democratoide que hasta la fecha se ha presentado entre nosotros como un

<footnote n="729">⁷²⁹ Partido Socialista, "Intervención del Secretario General del Partido, Camarada Aniceto Rodríguez, en el acto inaugural de la conferencia de Organización", *Resoluciones de la primera conferencia nacional de organización*, Santiago, 1967, 14.</footnote>

<footnote n="730">⁷³⁰ "Resoluciones sobre principios básicos de organización", *ibid.*, 19.</footnote>

<footnote n="731">⁷³¹ *Ibid.*, 25.</footnote>
fin en sí mismo, para transformar las luchas electorales, mientras
preparamos nuevas condiciones, en un vehículo de agitación y propaganda
que fomente la insurgencia revolucionaria del pueblo”.<fnref n="732" /> En una dirección
similar, Aniceto Rodríguez declaraba: “pensamos que para la compleja
realidad chilena no existe propiamente un antagonismo entre ambos
caminos (electoral y revolucionario) pero, también, los socialistas
comprendemos que no es posible seguir cifrando esperanzas infundadas en
simples procesos electorales”.<fnref n="733" />

Las definiciones del periodo dan cuenta de un fenómeno particular: la aparición de un discurso que desprecia cada vez más las estructuras políticas vigentes sin claudicar en la acción parlamentaria, el electoralismo y, en general, la inserción del PS en el sistema político formal a través de su participación en todos los espacios y mecanismos institucionales. La radicalización discursiva configuró una nueva tensión entre la política revolucionaria y el ejercicio institucional de la política, virando el lenguaje partidario hacia opciones parainstitucionales y rupturistas sin que esto implicase abandonar las prácticas propias del régimen democrático representativo.

Por el contrario, los medios partidarios insistieron en las perspectivas revolucionarias de la práctica parlamentaria y electoral, dando continuidad a la lógica formalista e institucionalizada del PS bajo un discurso cada vez más rupturista, que llevó el lenguaje de la insurrección y la revolución a los espacios tradicionales de la democracia burguesa. En este aspecto, analizando el resultado de las elecciones municipales de 1967, la revista Arauco comentaba que “el éxito del Partido Socialista ratifica su línea combativa y su posición intransigente en la lucha contra la reacción, el imperialismo y la mentira sistemática de la Democracia Cristiana.” y continua:

Al mismo tiempo confirma la exactitud de su posición teórica y
política: el PS participa en el juego del sistema democrático-
parlamentario, y defiende y utiliza las libertades públicas, en la
medida que él ha sido conquistado y ampliado por el movimiento
obrero; pero su acción democrática, electoral y parlamentaria, la
subordina a su finalidad socialista y revolucionaria. El Partido
Socialista no es reformista; es revolucionario y, por eso, agita
simultáneamente la realización de reformas que extiendan la
democracia y los beneficios sociales y económicos de los
trabajadores junto a su organización y educación política, enfiladas
hacía la conquista del poder y el establecimiento de un régimen

<footnote n="732">⁷³² “Estrategia del PS: combate de masas”, *Punto Final* 18, diciembre de 1966, 11.</footnote>

<footnote n="733">⁷³³ “Una vía revolucionaria para Chile”, *Punto Final* 11, septiembre de 1966, 3.</footnote>
Cómo se mencionó en el capítulo precedente, el discurso socialista durante la década de 1960 se nutrió de los valores, lenguajes y experiencias de la Revolución cubana y su proyecto continental. Las nuevas caracterizaciones sobre el fenómeno imperialista y los alcances continentales de la lucha por la independencia permearon el discurso partidario, que vinculó el proceso emancipador chileno a la suerte de la revolución latinoamericana. Alineados con las tesis promovidas por La Habana, después de 1966 los socialistas discutieron respecto de los alcances tácticos y estratégicos de las formas insurreccionales y paraestatales en el marco de la nueva “vía revolucionaria” propuesta por el XXI Congreso. Discursivamente, la discusión estratégica asumió un tono militar que reconoció el enfrentamiento armado como un estadio inevitable del proceso de emancipación antiimperialista latinoamericano. No obstante, en Chile la penetración imperialista aún se expresaba por medio de la intervención económica y política a través de la DC y la Alianza para el Progreso, descartando momentáneamente formas más “agudas” de lucha.

La radicalización retórica y la asimilación de la estrategia continental cubana en el discurso partidario no fueron unánimemente aceptados, generando nuevos desencuentros y expulsiones. El año 1967 fue particularmente expresivo de las posiciones enfrentadas al interior del PS, evidenciando la divergencia de opiniones entre un sector cada vez más abierto al discurso insurreccional y quienes estimaban la enunciación de estas prácticas como una artimaña puramente discursiva y carente de todo realismo. En tanto, el PR reanudó los acercamientos con el FRAP haciendo resurgir, esta vez desde el sector vinculado a Raúl Ampuero, imputaciones contra la directiva aduciendo el abandono del sentido clasista del FT. Por último, la cercanía del PS con Cuba le granjeó severas críticas desde la derecha y el Gobierno, quienes además de apoyar las acciones legales contra Carlos Altamirano exigieron a los socialistas clarificar su compromiso democrático e institucional.

En julio de 1967 los senadores Raúl Ampuero y Tomas Chadwick fueron expulsados del partido, junto con ellos se suspendió la militancia de 6 diputados quienes hicieron llegar una serie de críticas a la directiva durante el pleno nacional. Acusando reiterados actos de indisciplina y un “personalismo enfermizo”, el Comité Central respondió diciendo que el grupo no esgrimió “ningún problema político, nada sustantivo en lo

<footnote n="734">734 “Derrota de la Democracia Cristiana en las elecciones del 2 de abril”, *Arauco* 8, abril de 1967, 2.</footnote>
doctrinario, ni reflejaron inquietudes teóricas en la pugna interna”.<fnref n="735" /> En una línea similar, Aniceto Rodríguez defendió la transformación orgánica y el proceso de esclarecimiento ideológico impulsados por su directiva, asegurando que el PS se ubica “a la izquierda de la izquierda” y con la personalidad de una “auténtica vanguardia revolucionaria” frente al problema de la revolución chilena y latinoamericana.<fnref n="736" />

Los documentos del ampuerismo filtrados por *El Mercurio* apuntaron a Salvador Allende como articulador de una nueva política de conciliación con el PR, acusaron la ineficiencia del comité nacional de la OLAS, criticaron la retórica guerrillera al interior del PS y acusaron una serie de argucias reglamentarias para controlar el próximo congreso del partido. El propio Allende, en una carta dirigida a Ampuero, desmintió las acusaciones que lo vincularon con el radicalismo y ofreció retirarse de la vida pública —y de una eventual candidatura— en pro de evitar una nueva escisión, no obstante, defendió las perspectivas antiimperialistas de la política socialista en línea con las reuniones de La Habana. Al respecto, Allende expresó que sobre el problema de la guerrilla en el continente “no puede sino sustentarse una sola posición”. Y agrega:

> Si los intereses imperialistas y las oligarquías criollas coaligadas a ellos no son lo suficientemente fuertes como para cerrar las vías legales, resulta viable la vía pacífica interna. Tal es, hasta hoy, el caso de Chile. Pero si se opone la brutalidad oficialista —que cada hora pierde más su fachada de formalismo democrático para caer sin recato en el gorilismo primitivo— la resistencia armada revolucionaria tiene que surgir contra la violencia reaccionaria. Y Ud. bien sabe que tras este proceso se encuentra el imperialismo, cada vez más decidido, como lo comprueban sus actitudes internacionales de todo orden, tanto respecto a América Latina como de Asía y África. El Vietnam, Cuba y Santo Domingo con sus crímenes y la guerra del cercano oriente exhiben con trágica frialdad las características de esta hora.<fnref n="737" />

Para Raúl Ampuero, la directiva socialista tenía “dos cabezas” representando “una curiosa alianza entre un grupo infantilista de izquierda, que querría hacer la revolución, pero que carece de capacidad organizativa y de ascendiente político para hacerla, y otro grupo con alguna influencia en

<footnote n="735">⁷³⁵ “PS reafirma línea del Frente de Trabajadores”, *Las Noticias de Última Hora*, 19 de julio de 1967.</footnote>

<footnote n="736">⁷³⁶ Aniceto Rodríguez, “Hemos procedido con firmeza y cordura”, *Las Noticias de Última Hora*, 21 de julio de 1967.</footnote>

<footnote n="737">⁷³⁷ “Para salvar la unidad del PS. Allende ofreció retirarse de la vida política”, *Las Noticias de Última Hora*, 21 de julio de 1967.</footnote>
la opinión pública, pero que jamás intentará realizarla”.<fnref n="738" /> El senador crítico abiertamente el divorcio entre las palabras y los hechos, acusando a los dirigentes del PS de proyectar la imagen de un “tigre de papel”, olvidando que “la revolución no es una mera ‘técnica’ militar, independiente del espacio y el tiempo, sino un proceso social”.<fnref n="739" /> Ampuero, uno de los principales responsables de la política de Frente de Trabajadores, no negaba que el proceso revolucionario pudiese adquirir las características de un enfrentamiento, sin embargo, discrepó de la tendencia a pensar la guerrilla como técnica y estrategia insustituible para el proceso revolucionario continental.

Raúl Ampuero, Oscar Núñez, Tomas Chadwick y otros expulsados del PS fundaron el Partido Socialista Popular, reivindicando los valores del “internacionalismo revolucionario” y la antigua crítica ampuerista a la imitación mecánica y a la importación de tesis políticas foráneas. Pese a fundar una nueva organización, el exjefe socialista acusó que el debate sobre la estrategia antiimperialista continental había roto con la tradición internacional libertaria e independiente de los vaticanos ideológicos que había caracterizado al PS. Para Ampuero, la discusión estratégica de la izquierda estaba dominada por dos fórmulas —la electoral y la guerrillera— igual de mecanicistas y esquemáticas. En noviembre de 1967, en vísperas de un nuevo congreso del PS, el senador expresaba:

> Nosotros no hablamos de utilizar la 'vía electoral' para llegar al poder, sino de participar en las elecciones como una de muchas formas de lucha: otras serán las huelgas, los movimientos populares de opinión, las acciones sindicales, la organización de los campesinos, y en cierto momento puede ser incluso la acción armada. Nadie puede pronosticar cuales van a ser los caminos que seguirán los pueblos en marcha hacia un destino colectivo más justo.

> Ahora, en cuanto a las guerrillas, lo que hemos criticado es la tendencia a suponer que es la única forma de lucha armada, en circunstancias que ella constituye una táctica militar que no excluye otras formas de lucha. La revolución soviética, que acaba de celebrar su medio siglo fue una insurgencia masiva, una insurrección popular. En otras partes, como Argelia, por ejemplo, la lucha por el socialismo tuvo la forma de una guerra de liberación contra los franceses, una guerra anticolonialista. De manera que la guerrilla en la forma esquemática en que algunos

<footnote n="738">⁷³⁸ “Ampuero pronostica: PR no apoyará al FRAP”, *Punto Final* 34, primera quincena de agosto de 1967, 6.</footnote>

<footnote n="739">⁷³⁹ *Ibid*., 7.</footnote>
apologistas de ella la plantean en Chile, nos parece una simplificación en el orden militar, como la vía electoral es también una simplificación en el orden político.<fnref n="740" />

La estrategia antiimperialista promovida por la OLAS permeó el discurso, los diagnósticos y tesis políticas del PS, abriendo la política del Frente de Trabajadores hacia nuevas perspectivas de movilización. No obstante, el comité nacional de la OLAS fue una instancia de solidaridad más bien declaratoria y con poco trabajo práctico ante las divergentes opiniones frapistas respecto de los alcances de la organización. Esto no evitó que el discurso socialista defendiera e hiciese suyas las conclusiones de la política continental, llegando a adherir formalmente a las mismas durante el Congreso General de Chillan en noviembre de 1967. El discurso partidario comenzó a discutir oficialmente la estrategia insurreccional, las perspectivas armadas de la revolución latinoamericana y el agotamiento de la vía institucional. Sin embargo, los socialistas no abandonaron la lógica institucional ni terminaron de desligarse de la vilipendiada tradición republicana.

El antiimperielismo tomó un rol protagónico en el discurso partidario, que proclamó una oposición activa frente a la “yanquización” del proceso libertador global. En palabras de Salvador Allende, América Latina vivía una ebullición revolucionaria frente a la cual el imperialismo se “sitúa a la ofensiva o a la defensiva, según las circunstancias, pero siempre dentro de la gran línea de cerrar todos los caminos que conduzcan a nuestra liberación”. Para el senador, los métodos y el camino a seguir en la revolución chilena dependían directamente de la acción que el imperialismo y la reacción asumiesen frente al proceso, por lo que el movimiento popular podía practicar el electoralismo y el parlamentarismo mientras estos no estuvieran totalmente clausurados.<fnref n="741" />

Particularmente ejemplificador de esta política fue la acusación constitucional presentada por el PS contra la corte suprema en octubre de 1967, después del desafuero al senador Carlos Altamirano por sus dichos sobre la lucha armada en América Latina. Desde el espacio legislativo, la brigada parlamentaria acusó al máximo tribunal de trabajar al servicio de las clases dominantes, tergiversar la legislación chilena en favor de sus intereses e intentar censurar a la izquierda revolucionaria. En sus fundamentos políticos, el documento redactado por el Comité Central insistía en que “mientras subsista el actual régimen no solo utilizaremos todos los resortes

<footnote n="740">⁷⁴⁰ Partido Socialista Popular, *Ampuero ahora. 50 preguntas y 50 respuestas de actualidad*, s/i, Santiago, 1968, 28.</footnote>

<footnote n="741">⁷⁴¹ “Dice Allende: El camino a seguir dependerá de la acción imperialista”, *Punto Final* 35, segunda quincena de agosto de 1967, 7.</footnote>
que él nos brinda para denunciar sus incongruencias, para desenmascarar
sus mitos y mostrar sus injusticias y arbitrariedades, sino que exigiremos
que las autoridades y los Poderes constituidos se mantengan dentro de la
órbita de sus atribuciones y no se excedan del rol que se les ha
encomendado". Y agregaba:

Por eso no existe incompatibilidad entre esta acusación constitucional y la aseveración de que la justicia actúa al servicio de la clase dominante. El Ejecutivo y hasta el propio Parlamento son —en gran medida— también instrumentos de esa clase y tratan de favorecerla la mayor de las veces en desmedro de los intereses de la mayoría de los trabajadores. Pero esto no significa que el pueblo debe resignarse y soportar que se cometan toda clase de tropelías hasta que él conquiste el poder. Por el contrario, la lucha de clase es permanente. Por un lado, los empresarios, los terratenientes, los monopolios, el gran capital nacional y extranjero procuran acrecentar su influencia y cercenar los derechos de las masas. Por el otro, éstas combaten a los sectores privilegiados para arrancarles nuevas conquistas y mayor bienestar. Por un lado, los Poderes Públicos tratan de restringir las libertades populares y de recurrir a la violencia para defender a la minoría. Por el otro, la clase trabajadora exige cada vez con mayor intransigencia el respeto y la ampliación de las libertades ya alcanzadas y resiste el uso de la violencia reaccionaria. Si las clases poseedoras y las autoridades que las representan no tuvieran ningún freno, hace tiempo que habrían suprimido las garantías individuales y las libertades públicas que, a pesar de todas sus limitaciones, el pueblo está interesado en preservar.<fnref n="742" />

La radicalización discursiva del PS hacia opciones parainstitucionales y rupturistas entró en su punto más álgido con la adopción de la estrategia continental cubana. Sin embargo, la asimilación estratégica de la violencia en sintonía con la política continentalizadora se limitó a señalar la necesidad de “dinamizar” la acción partidaria, un discurso solidario y defensivo de los procesos de insurrección e insurgencia armada en todo el mundo, y una lectura del proceso político continental que destacó la “guerra de liberación” como un estadio superior e inevitable, aunque no inmediato, de la revolución en Chile y América Latina. Prácticamente en paralelo a esta trayectoria de radicalización discursiva, el FRAP y el PR vivieron nuevos acercamientos. Ambos partidos negociaron para conformar la mesa del

<footnote n="742">742 “Acusación constitucional del Partido Socialista contra la Corte Suprema”, *Diario de Sesiones del Senado. Sesión ordinaria* 12, 24 de octubre de 1967.</footnote>
Senado en diciembre de 1966 y en junio de 1967 el PR dio su apoyo a la socialista María Elena Carrera en las elecciones para suceder al fallecido senador Salomón Corbalán.

El Partido Radical, por su parte, vivió su propio proceso de izquierdización. Un sector progresista y abierto a un entendimiento permanente con la izquierda marxista se hizo con la dirección del partido en junio de 1967, introduciendo el lenguaje del marxismo y algunos elementos discursivos típicamente de izquierda en el vocabulario radical que reavivaron el debate respecto de la política de alianzas en la izquierda frapista.<fnref n="743" /> Luis Corbalán, atendiendo al viraje radical, llamó al agrupamiento de los partidos populares con la pequeña burguesía revolucionaria ligada al Partido Radical y la Democracia Cristiana. Reconociendo en estos sectores “concepciones socialistas diferentes” a las del FRAP, el Secretario General del PC insistió en que en Chile y todo el continente “surge la posibilidad del entendimiento del proletariado revolucionario con los sectores revolucionarios de la pequeña burguesía, la posibilidad de atraer a las capas medias a la lucha por los cambios, tras la necesidad de poner en marcha, en cada país, la revolución antiimperialista y antifeudal”.<fnref n="744" />

El discurso socialista fue intransigente a la hora de rechazar una eventual colaboración con el PR, haciendo del debate sobre la “burguesía progresista” un tópico polémico para el FRAP. El problema de incluir al radicalismo en la combinación de izquierda tuvo su punto más alto en la definición de un candidato para las elecciones complementarias por la agrupación de Biobío, Malleco y Cautín en noviembre de 1967. Mientras el PC propuso apoyar al candidato radical Alberto Baltra, el PS se negó a sustentar una candidatura que, en su lectura, no representaba una plataforma antiimperialista, antioligárquica y de oposición al Gobierno. Pese a no existir un acuerdo entre las fuerzas del FRAP, el PC junto al Partido Social Demócrata se plegaron a la candidatura radical aduciendo que esta representaba “una sólida plataforma antiimperialista, antifeudal y antioligárquica”.<fnref n="745" />

Hugo Miranda, presidente del PR pidió formalmente el apoyo socialista a la candidatura de Baltra insistiendo en que su intención no era la de reeditar la formula del Frente Popular, liberando al PS de compromisos políticos posteriores tal y como sucedió con el apoyo radical a la senadora Carrera.<fnref n="746" />

<footnote n="743">⁷⁴³ Casals, *El alba de una revolución... op. cit.*, 171-172.</footnote>

<footnote n="744">⁷⁴⁴ Luis Corbalán, *Unión de las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas de América Latina*, Imp Horizonte, Santiago, 1967, 9.</footnote>

<footnote n="745">⁷⁴⁵ “PR Proclama hoy a su candidato”, *Las Noticias de Última Hora*, 3 de noviembre de 1967.</footnote>

<footnote n="746">⁷⁴⁶ “Miranda analiza proyecciones de la candidatura de Baltra”, *Las Noticias de Última Hora*, 5 de noviembre de 1967.</footnote>
El PC hizo lo propio al señalar durante su declaración de apoyo al candidato que “los postulados antiimperialistas, antifeudales, antioligárquicos y democráticos indicados corresponden a los planteamientos que el FRAP ha venido, por su parte señalando en su programa”.<fnref n="747" /> En entrevista con *Las Noticias de Última Hora*, el candidato radical insistió en las perspectivas antiimperialistas y antioligárquicas de su candidatura señalando que una nueva combinación de centro izquierda no implicaba reeditar el Frente Popular “sino abrir la perspectiva a un Gobierno Popular para 1970 que cuente con el apoyo de los obreros, campesinos y trabajadores intelectuales”.<fnref n="748" />

La negativa del PS ante las tratativas para ampliar la alianza de izquierda incluyendo a la burguesía progresista fue tajante. Para el senador Carlos Altamirano, la inclusión del PR tenía un fin puramente electoral y no ofrecía una verdadera solución a los problemas nacionales, en su opinión “ya no caben fórmulas hibridas, hipócritas o asexuadas en política. Todas han fracasado estrepitosamente: o se está por el capitalismo con todas las reformas que se quieran bajo la tutoría yanqui; o se está con el socialismo y la lucha emancipadora de los pueblos latinoamericanos”.<fnref n="749" /> En este contexto, el XXII Congreso realizado en noviembre de 1967 concitó especial atención en los medios de izquierda, atentos a las definiciones tácticas, estratégicas y electorales de un socialismo cada vez más radicalizado en sus posiciones y discurso político.

Las instancias preparatorias del torneo dieron cuenta del ánimo mayoritario en favor de las posiciones más radicales. En este sentido, trascendieron a través de la prensa las posiciones del Congreso Regional de Santiago liderado por Clodomiro Almeyda, cuyas resoluciones reiteraron su completa adhesión a las perspectivas estratégicas de la OLAS y la lucha armada señalándolas como política oficial del PS. La política “no armada”, incluidas las elecciones y la practica parlamentaria, quedaban subordinadas al inevitable choque armado contra el imperialismo y las burguesías nacionales, señalando que el Frente de Trabajadores “constituyó la fase decisiva en el proceso de radicalización política del Partido en su lucha en contra del colaboracionismo de clases. Que esa lucha se prolonga y enriquece en la estrategia de la lucha armada continental, que pasa a ser la política oficial del Partido”.<fnref n="750" />

La opinión extendida entre los personeros socialistas como Carlos Altamirano, María Elena Carrera y Aniceto Rodríguez presentó al congreso

<footnote n="747">⁷⁴⁷ “Señala el PC: Postulación de Baltra coincide con el FRAP”, *Las Noticias de Última Hora*, 8 de noviembre de 1967.</footnote>

<footnote n="748">⁷⁴⁸ “Proyecciones de una candidatura”, *Las Noticias de Última Hora*, 16 de noviembre de 1967.</footnote>

<footnote n="749">⁷⁴⁹ “Altamirano explica porque PS no apoya a Baltra”, *Las Noticias de Última Hora*, 17 de noviembre de 1967.</footnote>

<footnote n="750">⁷⁵⁰ “Posición Socialista”, *Las Noticias de Última Hora*, 4 de noviembre de 1967.</footnote>
como un momento de consolidación del proceso de recuperacioncita iniciado después de 1964. Los documentos de la convocatoria insistieron con mayor encono en las tendencias regresivas y antinacionales del Gobierno democratacristiano, el compromiso imperialista de la burguesía criolla y la inminencia del enfrentamiento armado a escala continental. En este aspecto, el diagnóstico inicial apunto a que en Chile ya no cabían soluciones intermedias “o se rompe la estructura y la institucionalidad burguesa para darle forma a una república socialista o continuamos asimilados al sistema imperante, sin posibilidades y sin destino”.<fnref n="751" /> Los acontecimientos parecieron favorecer el animó revolucionario. El 23 de noviembre, solo un día antes de la sesión inaugural, un masivo paro nacional de la CUT término con 5 huelguistas muertos en enfrentamientos con carabineros y militares. Mientras que en los círculos socialistas seguía resonando la muerte de Ernesto Guevara en octubre de ese año, cuya imagen adornó el presídium del torneo acompañado con las palabras de Fidel Castro “El deber de todo revolucionario es hacer la revolución”.

Los posibles contendores de Aniceto Rodríguez al cargo de Secretario General, Carlos Altamirano y Clodomiro Almeyda, dieron rápidamente su apoyo a la reelección del jefe socialista aduciendo que los problemas principales a tratar por el congreso eran de orden táctico, estratégico y práctico. El informe presentado por Rodríguez insistió en algunas de las posiciones sancionadas en Linares dos años antes señalando la necesidad de una política de cuadros con sentido de masas y la dinamización de la acción partidaria en los espacios sindicales, campesinos y poblacionales. Respecto al polémico asunto de la vía institucional, el documento señalaba que “no podemos generalizar la bondad de las elecciones ni el Parlamento burgués”, y agregaba que el PS “tendrá que combinar, por un tiempo prudente, las formas legales e ilegales de lucha preparando cada vez mejor a sus cuadros para aligerar el camino y adecuando sus estructuras internas para afrontar con éxito toda coyuntura revolucionaria que debemos tesoneramente apresurar”.<fnref n="752" />

Más allá del viraje estratégico hacia la vía armada, el PS se inclinó por un plan de acción capaz de crear y acelerar las condiciones para la toma del poder, instaurar un Gobierno popular y construir una sociedad socialista. Como principal orientación, el torneo insistió en la necesidad en clarificar los aspectos teóricos y prácticos de una política orientada a agudizar las contradicciones sociales mediante acciones concretas en el mundo campesino y el espacio sindical. No obstante, la adhesión formal a la política y resoluciones de la OLAS fue el motivo de las actualizaciones más

<footnote n="751">⁷⁵¹ “El PS llama a Congreso General”, *Las Noticias de Última Hora*, 13 de noviembre de 1967.</footnote>

<footnote n="752">⁷⁵² “Tácticas para la conquista del poder en el centro del congreso del PS”, *Las Noticias de Última Hora*, 25 de noviembre de 1967.</footnote>
importantes del debate y discurso político socialista. Al respecto, las tesis discutidas Chillan situaron la posición internacional como un aspecto básico de la política del PS, relevando el carácter global de la disputa entre las fuerzas populares nacionales y el imperialismo capitalista. En este sentido, el PS fundamentó una posición latinoamericana en línea con las resoluciones de la OLAS y tercermundista de acuerdo con la OSPAAAL, adhiriendo formalmente a sus postulados orgánicos, estratégicos, tácticos y políticos. Lo anterior implicó reconocer como hecho objetivo que la revolución chilena "se encontraba indisolublemente con el proceso continental y mundial de la lucha de clases".<fnref n="753" />

La asimilación de estas tesis obligó a definir el rol de la violencia revolucionaria en el proceso emancipador chileno y latinoamericano, clarificándolo en las definiciones internas del PS. En este aspecto, los socialistas insistieron en su tradicional vocación latinoamericana, su independencia respecto de las internacionales en su versión soviética y "socialdemócrata", y la promoción de esfuerzos antiimperialistas comunes. El diagnóstico sobre la dinámica social latinoamericana tampoco cambió sustancialmente, indicando la falta de dinamismo de las burguesías y las clases dominantes, y la necesidad de impulsar simultáneamente las tareas democrático-burguesas con las de la revolución socialista. No obstante, las perspectivas militares abiertas por la experiencia cubana y su diagnóstico sobre la acción imperialista contribuyeron a modificar el clásico esquema de la revolución latinoamericana. El proceso emancipador "no puede darse sino en términos armados. No se trata de revoluciones simultaneas, sino de un periodo histórico de luchas hasta lograr la victoria total".<fnref n="754" /> Al respecto, las resoluciones sobre política nacional agregaban:

> Los acontecimientos vividos en América Latina los últimos años, como consecuencia directa o indirecta de la gesta cubana, progresivamente ha continentalizado el proceso revolucionario, en la medida que el imperialismo ha ido acentuando su coordinada estrategia mundial contrarrevolucionaria para oponerla a los movimientos populares liberadores. A esa coordinación reaccionaria y agresiva, que encuentra múltiples expresiones en los planos económico, cultural y militar, los pueblos latinoamericanos y sus vanguardias más representativas han respondido legítimamente con los transcendentes principios de la OLAS, que ha venido a reiterar, en la época contemporánea, la decisión

<footnote n="753">⁷⁵³ "El Partido Socialista en la lucha mundial y continental por el socialismo", *Punto Final* 42, suplemento, 22 de noviembre de 1967, 10.</footnote>

<footnote n="754">⁷⁵⁴ "Acuerdo sobre situación internacional", 7. (Documento mecanografiado disponible en la colección del la Biblioteca Clodomiro Almeyda)</footnote>
unitaria y armada de los próceres y libertadores que ayer forjaron
la independencia política de nuestros pueblos.<fnref n="755" />

Pese a la invocación de la violencia como un elemento central en el esquema de liberación continental, la lucha armada en sus distintas formas fue siempre mencionada en el marco de una estrategia global para América Latina y el Tercer Mundo. La lucha armada no fue propuesta como una tarea prioritaria ni inmediata, el socialismo tampoco avanzó decididamente en preparar a la organización para cumplir con dicha función. El enfrentamiento fue señalado como un estadio superior e inevitable, más no inmediato, ligado a la hipotética agresividad de una estrategia imperialista que se oponía con distintas intensidades al ascenso del movimiento popular en el continente. Al respecto, la tesis presentada por el regional Santiago Sur y utilizada como base de las resoluciones del congreso, señalaban que la lucha de clases en América Latina exigía distintas tácticas violentas, escalonando la lucha a través de las etapas de resistencia activa y lucha armada, donde la última “comprende una sucesión o combinación de las etapas de la guerrilla, la insurrección y la guerra revolucionaria. Cada etapa tiene sus particulares características y por lo tanto, sus tácticas específicas”.<fnref n="756" />

El esquema sobre la revolución chilena propuesto por el PS asimiló formalmente una concepción militar y escalonada de las formas de lucha. No obstante, el movimiento popular chileno se encontraba aún en la fase de resistencia activa, de acuerdo con la cual los esfuerzos partidarios debían “orientar a las masas en el uso de la violencia” promoviendo huelgas ilegales, ocupaciones y protestas callejeras en el entendido de que la agudización del enfrentamiento entre el movimiento popular y las burguesías nacionales desencadenarían las fases subsiguientes.<fnref n="757" /> La radicalización alcanzó a la política de alianzas y de pactos electorales, que pese a estar “subordinados” a la estrategia general antes descrita, tenían plena vigencia en la política partidaria. El PS ratificó los principios clasistas del FT, negándose a una nueva combinación con el PR y restándose de apoyar a Baltra en las elecciones. Frente a la propuesta comunista, el PS pretendió sumar a los sectores descontentos de la DC y el PR sin tener que pactar con dichos partidos. Además, intentó dar nuevos bríos a la alicaída sección nacional de la OLAS señalando la necesidad de sumar a los sectores independientes de izquierda y grupos organizados con sentido

<footnote n="755">⁷⁵⁵ “Resoluciones sobre política nacional”, *Punto Final* 46, suplemento a la edición, 16 de enero de 1968, 6.</footnote>

<footnote n="756">⁷⁵⁶ “Política nacional. Tesis aprobada en el Congreso regional Santiago Sur y aprobada en el Congreso General de Chillan como base para la resolución política”, 4. (Documento mecanografiado, disponible en la colección de la biblioteca Clodomiro Almeyda)</footnote>

<footnote n="757">⁷⁵⁷ *Idem*.</footnote>
revolucionario y antiimperialista, ampliando el FRAP hacia la izquierda en un amplio "Frente Revolucionario de Trabajadores."

El XXII Congreso consolido el viraje radical del PS. Fue una instancia que formalizó las adscripciones internacionales del partido, haciendo propias las resoluciones de la OSPAAAL y la OLAS. La adscripción a la política continental puso fin a la orfandad de orientaciones prácticas para impulsar la línea del Frente de Trabajadores fuera de la dinámica electoral y parlamentaria. A cambio, el PS hizo suyos los métodos y tesis políticas de la OLAS para explicar y proyectar el proceso social latinoamericano, consolidando el viraje discursivo hacia posiciones más radicales. No obstante, el proceso chileno seguía presentando condiciones para llevar adelante las formas de la democracia parlamentaria, permitiendo conjugar, al menos en lo discursivo, la vocación rupturista con la tradicional práctica institucional del partido.

El recurso de la violencia y el viraje hacia posiciones abiertamente rupturistas no restó al PS de la acción sistémica, que por el contrario, se comprometió a dar un “nuevo contenido” a las contiendas electorales. A esta nueva perspectiva obedeció la “abstención activa” en las elecciones complementarias, llamando a sus militantes a abstenerse de apoyar la candidatura radical de Baltra, y a sus dirigentes a explicar, en terreno, las perspectivas de esta política. Las elecciones “deben tener un objetivo táctico concreto que sea consecuente con la estrategia global, en que la lucha armada juega un papel siempre presente”, por eso “los socialistas estiman que no deben ir siempre a toda elección, sino que concurrirán a aquellas en las que puedan divulgar su programa y objetivos tácticos”.<fnref n="758" />

La radicalización del socialismo chileno y su viraje hacia una “vía revolucionaria” mantuvo el Frente de Trabajadores como línea oficial, sin embargo, agregó nuevas dimensiones estratégicas y prácticas en sintonía con el discurso global de la política internacional cubana y la “Doctrina OLAS”. Según Clodomiro Almeyda, los cambios en la situación latinoamericana después de la revolución en Cuba reclamaban la configuración de una estrategia de resistencia continental y armada a la estrategia imperialista desplegada en Playa Girón y la invasión de Santo Domingo, en la que La Habana ejercía de líder informal en un nuevo frente revolucionario y antiimperialista latinoamericano.<fnref n="759" /> La asimilación de la violencia en la estrategia de poder obedeció tanto a la formalización de los valores de la OSPAAAL y la OLAS en los principios partidarios, como a la agudización progresiva del discurso radical al interior de la colectividad. La

<footnote n="758">758 Manuel Cabieses, "Una línea para la revolución", *Las Noticias de Última Hora*, 28 de noviembre de 1967.</footnote>

<footnote n="759">759 "La OLAS y la crisis política en América Latina", *Estudios Internacionales* 3-4:1, octubre 1967-marzo 1968, 427-442.</footnote>
estrategia global antiimperialista interpretó el discurso radical y la reclamación socialista por alejar la práctica partidaria del electoralismo y el formalismo, no obstante, en los hechos el viraje discursivo permitió al PS perseverar en los “métodos pacíficos”.

El discurso socialista denotó la influencia de la estrategia antiimperialista transformando al Frente de Trabajadores en la versión chilena de la política tricontinental y latinoamericana promovida por La Habana. Después de Chillan, el PS endureció su diagnóstico sobre el Gobierno democratacristiano señalándolo como fascista y dictatorial, acusando la “ofensiva reaccionaria contra los trabajadores” como justificación para sostener la estrategia de resistencia activa en un contexto de conflictividad social ascendente. En un nuevo viraje discursivo, los parlamentarios y documentos oficiales del PS exaltaron el carácter represivo del régimen y su vinculación al imperialismo señalándolo como un apéndice de los intereses norteamericanos en el país. Si bien la política socialista tuvo algunos chispazos de realización práctica en el mundo campesino y sindical, la práctica de la “vía revolucionaria” siguió principalmente el camino de las elecciones y el Parlamento.

En este sentido, la adscripción a la estrategia antiimperialista global agudizó las ya radicalizadas lecturas socialistas sobre el proceso político nacional y latinoamericano. Al carácter regresivo de la alianza entre burguesías nacionales e imperialismo norteamericano se sumó una nueva percepción sobre este último, ubicándolo como “gendarme armado” del orden capitalista y el predominio burgués en América Latina. Lo anterior, además de instalar las perspectivas de un enfrentamiento armado como política oficial y transversalmente aceptada, cambió las perspectivas electorales del PS. Adhiriendo a la OLAS como “estado mayor de la revolución latinoamericana”, la política socialista apuntó a la configuración de un Frente Único Antiimperialista que, con el FRAP como espina dorsal, incluyese a los “revolucionarios auténticos” y a los sectores disconformes de la DC y el PR.<fnref n="760" />

No obstante, la radicalización discursiva debió convivir con nuevas jornadas electorales y presiones externas. Las elecciones parlamentarias de 1969 y las perspectivas de ampliar al FRAP hacia el resto de las fuerzas comprometidas con un programa de transformaciones relegaron el sentido clasista y las perspectivas armadas del Frente de Trabajadores a un segundo plano. Los socialistas siguieron participando de las elecciones y terminaron aceptando la incorporación del PR y pequeños grupos de centro e izquierda a una nueva combinación de Unidad Popular, que rompía de hecho con

<footnote n="760">⁷⁶⁰ “El Partido Socialista contra el reformismo”, *Punto Final* 46, suplemento a la edición, 16 de enero de 1968, 1-6.</footnote>
algunas de las posiciones más intransigentes del PS. No obstante, la discusión evidenció prontamente divergencias respecto de la conducción y los alcances del nuevo referente de izquierda.

Después de décadas agitando una política de unidad con los sectores progresistas, el PC logró incluir al radicalismo y a un nuevo sector católico de izquierda critico de la experiencia democratacristiana. Si bien el discurso radical no amainó, el PS justificó el viraje aduciendo que la fase de resistencia activa no excluye al movimiento popular de las elecciones, y que la reconfiguración de las fuerzas políticas tampoco clausuraba las perspectivas armadas del proceso revolucionario nacional. Sin embargo, en los hechos el PS afrontó una nueva elección presidencial detrás de un programa de reformas estructurales donde los espacios de la política formal ocupaban un lugar central en la estrategia de transición pacífica al socialismo. La elección de Salvador Allende como presidente de la República en 1970 fundó una nueva tensión al interior del PS, que insistió en un discurso revolucionario y antisistémico que chocó con las lógicas de la práctica electoral y parlamentaria. La radicalización discursiva transformó cualitativamente el diagnóstico sobre el proceso político chileno y latinoamericano, tensionando al PS entre las perspectivas institucionales y de masas de su estrategia política en medio de una coyuntura crítica para la experiencia partidaria: ser Gobierno.
## 6. ¿Qué hacer con la revolución? El Partido Socialista en el Gobierno

En primer lugar, nosotros queremos decir: que estamos en el Programa de la UP por su desarrollo y su aplicación consecuente. Pero estamos en esta línea para avanzar y para cumplir. Queremos que este proceso se vaya haciendo irreversible hacia el socialismo, para llegar al fin del periodo del compañero Allende con las banderas del socialismo flameando en este país.<fnref n="761" />

Nosotros representamos el viento de la historia, nosotros representamos las grandes banderas de los pueblos oprimidos que junto al nuestro están en la lucha, que nosotros hoy día, ayer y mañana, estamos en esta batalla, que más que la batalla del Partido Socialista es la batalla del pueblo de Chile, y más que la batalla del pueblo de Chile, es la batalla de la liberación continental latinoamericana, es la batalla de los pueblos del mundo por constituir una nueva sociedad.<fnref n="762" />

La organización de la Unidad Popular en octubre de 1969 significó la reconfiguración de la alianza de izquierda bajo la combinación política propuesta por el Partido Comunista, mientras que la opción de un “Frente revolucionario de Trabajadores” propuesta por los socialistas quedó sepultada. Durante los años de la Revolución en Libertad no solo el radicalismo viró hacia posiciones de izquierda, la Democracia Cristiana en el Gobierno sufrió una serie de tensiones respecto de la profundidad de las reformas impulsadas, gestando un polo rebelde que fue clave en la configuración de un sector cristiano y revolucionario. La movilización social impulsada por el Gobierno de Frei y las expectativas generadas en torno a las transformaciones alentaron un proceso de izquierdización extendido al sistema de partidos que tendió a la descomposición del centro político acercando, con distintas intensidades, al Partido Radical y a sectores de la Democracia Cristiana al FRAP.

En 1969, los radicales consolidaron su viraje izquierdista aprobando un programa de reformas que coincidía en varios puntos con las propuestas

<footnote n="761">⁷⁶¹ “El partido está siempre luchando por las causas más avanzadas, duras y definidas”, *Boletín del Comité Central del PS* 23, julio 1972, 7.</footnote>

<footnote n="762">⁷⁶² Carlos Altamirano, “Sobre la acusación constitucional a la Corte Suprema decidida por el partido”, *Boletín del Comité Central del PS*, 25 agosto de 1972, 9.</footnote>
del FRAP, mientras que el PDC vivió una escisión liderada por facciones de izquierda y militantes de las juventudes, quienes exigieron profundizar las reformas del Gobierno y avanzar en la construcción de un régimen socialista-comunitario. Después de las elecciones parlamentarias de marzo de 1969, donde el FRAP obtuvo casi el 30% de los votos, el PC —que obtuvo su mejor resultado hasta el momento con poco más del 16%— insistió en la unidad con la “burguesía progresista” señalando la necesidad de superar los márgenes de la alianza socialista-comunista para derrotar a una derecha en vías de recuperación electoral y evitar un Gobierno de continuidad democratacristiana.<fnref n="763" /> El PS, que había logrado poco más de un 12% de los votos, terminó por aceptar la ampliación de alianza suscribiendo junto al FRAP una invitación a la que respondieron positivamente el PR, el grupo de escindidos del PDC reunidos en el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), y los pequeños Partido Social Demócrata (PSD) y Acción Popular Independiente (API).

Pese a los acercamientos con el centro, el PS no modificó su lectura respecto de los radicales. Las conclusiones del pleno realizado en julio de 1969 apuntaban que la ideología del PR “se define por la defensa de la sociedad burguesa”, negando “el legítimo derecho de los trabajadores de buscar otros métodos de lucha como la violencia revolucionaria”. No obstante, reconocieron en el viraje del radicalismo una nueva actitud de la burguesía progresista, ahora alineada con algunas de las transformaciones propuestas por las “fuerzas revolucionarias” del FRAP. En este sentido, el llamado socialista fue a configurar un Frente Revolucionario en el que tenían cabida “todos los partidos, organizaciones y personas abiertamente comprometidas en la lucha antiimperialista y que están por la substitución del régimen capitalista por una sociedad socialista”.<fnref n="764" /> El PS resaltó el compromiso programático por sobre cualquier divergencia, sin embargo, insistió en imprimir un carácter revolucionario, clasista y antiimperialista a la prematura campaña presidencial, impulsando la integración de grandes contingentes populares “a un movimiento social y político que trascienda lo simplemente electoral para orientarse hacia la liberación definitiva del pueblo de Chile”.<fnref n="765" />

El discurso socialista ratificó los acuerdos y las perspectivas estratégicas sancionadas en Chillan, apelando vagamente a las condiciones de la revolución chilena y a la subordinación de los sectores centristas a la dirección y al programa revolucionario para justificar el pacto con los radicales. La ampliación del frente de izquierda no estuvo exenta de

<footnote n="763">⁷⁶³ Álvarez, op. cit., 216.</footnote>

<footnote n="764">⁷⁶⁴ “Conclusiones del pleno nacional del Partido Socialista, celebrado los días 11, 12 y 13 de julio de 1969”, *Boletín del Comité Central del PS* 2, agosto-septiembre 1969.</footnote>

<footnote n="765">⁷⁶⁵ “¡El socialismo al poder!”, *Boletín del Comité Central del PS* 2, agosto-septiembre 1969.</footnote>
polémica, siendo criticada como una expresión de la vieja política de frentes electorales agitados por la izquierda tradicional. Para Manuel Cabieses, articulista de la revista *Punto Final*, la temprana apertura de la coyuntura presidencial demostraba la supervivencia de la antigua lógica frontepopulista bajo un renovado discurso revolucionario y antiimperialista que desconocía la caducidad de las formas electorales como instrumento para acceder al poder. La crítica apuntaba contra el electoralismo de la izquierda tradicional, que habría adoptado las elecciones como una estrategia general que en los hechos subordinaba cualquier opción revolucionaria al resultado de las urnas.<fnref n="766" /> En una posición distinta, Mario Garay del PSP, llamó a abandonar los sectarismos y la rigidez doctrinaria para afrontar un proceso de unidad con el centro que ya en 1968 se vislumbraba inevitable. No obstante, la nueva alianza debía estar condicionada a la toma del poder y no a la mera “participación” de la izquierda en el Gobierno como sucedió durante el Frente Popular, asegurando la transformación de las “bases materiales de la sociedad, las relaciones de propiedad y construir el socialismo”.<fnref n="767" />

Frente a las elecciones presidenciales de 1970, el PS intentó imprimir un sentido revolucionario a la campaña, planteando que la unidad debía practicarse desde la base y generando un entendimiento capaz de desbordar las direcciones partidarias, configurando un discurso abiertamente crítico de la experiencia reformista de Frei y explícito a la hora de plantear las metas socialistas de la candidatura de izquierda. La proyección de los acuerdos de Chillan situó la campaña presidencial como un espacio de acumulación de fuerzas y movilización de masas, insistiendo en que la agudización del enfrentamiento entre las reivindicaciones populares y el cada vez más represivo régimen burgués empujarían naturalmente la movilización popular hacia formas superiores de lucha. Con tal fin, los socialistas convocaron a una conferencia programática bajo la consigna “Unidad para la lucha por la conquista del poder y por la construcción del socialismo” para octubre de 1969, en un intento por generar orientaciones prácticas sobre estos asuntos.<fnref n="768" />

Pese a que las lecturas sobre la realidad represiva del régimen burgués y la caducidad de las elecciones se mantuvieron vigentes en el discurso partidario, la Unidad Popular asumió un lenguaje distinto. La política comunista de amplias alianzas tuvo un éxito tal que llegó a barajarse la posibilidad de un amplio bloque popular conformado por el PDC, el PR y el FRAP que corría el riesgo de dejar completamente aislados a los

<footnote n="766">⁷⁶⁶ Manuel Cabieses, “Chile: el voto o el fusil”, *Punto Final* 73, suplemento a la edición, 28 de enero de 1969.</footnote>

<footnote n="767">⁷⁶⁷ Mario Garay, *La Cuestión de la Unidad*, Santiago, s/i, 1968, 29.</footnote>

<footnote n="768">⁷⁶⁸ “Conferencia Nacional del Programa del Partido Socialista. Octubre 1969”, *Boletín del Comité Central del PS* 2, agosto-septiembre 1969.</footnote>
socialistas en su “Frente Revolucionario”. Pese a que esta opción fue
desechada por comunistas y democratacristianos, las posiciones del PC
respecto de la vía no armada y la revolución por etapas fueron las que
finalmente permearon el discurso unitario. Lejos de precipitar
simultáneamente las transformaciones de la fase democrático-burguesa y la
revolución socialista, la UP se propuso crear condiciones que permitiesen,
en palabras de Salvador Allende, “abrir la puerta al socialismo”. El
programa básico de la UP buscaba la profundización del proceso reformista
iniciado por la Revolución en libertad, proponiendo una serie de medidas
democratizadoras del régimen político y de alto contenido social, y una
serie de modificaciones al régimen jurídico y de propiedad con carácter
“antioligárquico, antiimperialista, antifeudal y antimonopólico”.<fnref n="769" />

Lejos de agitar la estrategia del Frente Revolucionario y de adherir a
sus perspectivas armadas, la UP proyectó el etapismo comunista al plantear
como objetivo principal del programa crear condiciones favorables para la
construcción de un nuevo régimen socialista a través de las instituciones y
lógicas del régimen democrático. La UP apuntó a superar el régimen
económico-social existente a través de un nuevo Estado popular,
aprovechando los instrumentos institucionales, constitucionales y la
legalidad vigente para impulsar las transformaciones estructurales
necesarias. En este sentido, el programa ofreció un “camino democrático
hacia un socialismo democrático” con una fuerte orientación personalista y
electoralmente pragmática, que relevo la figura del candidato presidencial y
las perspectivas de un gobierno de coalición por sobre los discursos
izquierdistas del PS y otros grupos.<fnref n="770" />

Las perspectivas electorales, pacíficas y legales de la UP configuraron
un problema mayor para las líneas estratégicas abiertamente rupturistas. La
redacción del programa en 1969 sintetizó las ambigüedades sin ofrecer una
solución tajante a las mismas, sin embargo, obligó a los socialistas a
definirse sobre el rol del aparato administrativo y de la democracia burguesa
en el proceso revolucionario chileno. Ante las constantes interpelaciones de
la DC y la derecha, el PS relegó las perspectivas “agudas” de lucha a un
segundo plano sin abandonarlas, apareciendo episódicamente durante la
campaña distintas posiciones al respecto. El Comité Central imprimió un
sentido de esclarecimiento ideológico y educación política a la campaña,
promoviendo un “estilo de conducción” que se limitó a un discurso crítico
del reformismo de Frei y de agitación revolucionaria.<fnref n="771" /> No obstante,
algunos dirigentes insistieron en el carácter instrumental del régimen

<footnote n="769">769 Faúndez, *op. cit.*, 175-181 y Torres, *op. cit.*, 314-320.</footnote>

<footnote n="770">⁷⁷⁰ Peter Winn, *La revolución chilena*, Santiago, LOM, Santiago, 2013, 39-45.</footnote>

<footnote n="771">⁷⁷¹ “La lucha de clases debe jugar un papel principal en la campaña presidencial”, *Boletines del Comité Central del PS* 4, enero-marzo de 1970.</footnote>
democrático y la legalidad burguesa, utilizada siempre según la conveniencia de las clases dominantes. Al respecto, Clodomiro Almeyda insistió en el carácter inevitable del enfrentamiento, al señalar que para los sectores conservadores “la lesión de los valores que para ellos son la base del actual orden social justifican el empleo de la violencia” y agrega:

> De manera que tomar en cuenta, tomar conciencia de que nuestra flamante democracia vale para la extrema derecha solo cuando le es favorable y no para cuando le es adversa, no constituye sino el más elemental deber de una fuerza que actúa en política como lo es el Partido Socialista. Cuando éste ha sostenido que la pugna política mundial y continental tiende hacia la violencia, esta solo constatando un hecho objetivo. Y cuando en su quehacer político tiene presente esa circunstancia y no cae en el idealismo de creer que nuestras luchas políticas son versallescas y de que todos están dispuestos a jugar limpio, no hace sino comportarse racionalmente.<fnref n="772" />

Pese a las discusiones episódicas sobre el papel de la violencia, los medios socialistas se abocaron por completo a la coyuntura electoral y a las perspectivas transformadoras de un Gobierno de la Unidad Popular. La elección fue presentada como un enfrentamiento de caracteres históricos entre una opción capitalista y autoritaria representada por Alessandri, una alternativa reformista y continuista encarnada por Tomic, y la apertura de un proceso genuinamente “transformador y dinámico” con Salvador Allende. *Las Noticias de Última Hora*, en vísperas de la elección presidencial, insistían en señalar que un Gobierno de la UP “no representa amenazas para el pueblo chileno ni para la nación, significa solo el término del predominio centenario del poder los ricos. Representa la primera posibilidad de que el pueblo se abra verdaderamente el camino al poder. Significará independencia económica y el asentamiento real de la soberanía de Chile y el termino de la dependencia extranjera”.<fnref n="773" />

Los resultados de la elección dieron el triunfo a Salvador Allende con el 36% de los votos, venciendo por un estrecho margen de 40.000 sufragios al candidato de la derecha Jorge Alessandri. Las elecciones demostraron la difícil correlación de fuerzas y anunciaron las dificultades del nuevo Gobierno para lograr mayorías parlamentarias. La Democracia Cristiana, que obtuvo un 28%, se transformó en un actor clave para la estrategia de la Unidad Popular, enfocada a la configuración de una mayoría

<footnote n="772">⁷⁷² Clodomiro Almeyda, “El socialismo y la violencia”, *Las Noticias de Última Hora*, 27 de julio de 1970.</footnote>

<footnote n="773">⁷⁷³ “Proceso definitorio”, *Las Noticias de Última Hora*, 4 de septiembre de 1970.</footnote>
social y política capaz de impulsar el programa revolucionario desde el Estado y el Parlamento. Al respecto, *Última Hora* resaltó la visita de Radomiro Tomic a Salvador Allende después de los comicios, destacando las convergencias entre el nuevo Gobierno y los sectores de “izquierda cristiana” como reflejo de una conciencia mayoritaria en favor del proceso transformador que iniciaba.<fnref n="774" />

La intención de la UP era transitar al socialismo por la vía de la institucionalidad vigente, lo cual constituía el sello distintivo de la experiencia chilena, primera en el mundo en que los partidos marxistas alcanzaban el poder mediante las elecciones. La correlación de fuerzas en el Parlamento y la estrategia de la izquierda obligaban a la negociación y al ejercicio institucionalizado de la política, tópicos particularmente conflictivos para el socialismo durante toda su trayectoria. Con la llegada de Allende a la presidencia, el PS enfrentó una serie de interrogantes que lo llevaron a polemizar respecto de las características del nuevo Gobierno, la profundidad y velocidad de las transformaciones y el rol de las fuerzas antagónicas en el proceso. El tópico de la legalidad y el respeto a la constitución configuraron un problema mayor para la reflexión socialista, tradicionalmente tajante a la hora señalar los límites de la institucionalidad y denunciar las ficciones del régimen democrático burgués. El PS afrontó desde el Gobierno la espinosa cuestión de los limites institucionales a la hora de impulsar una política revolucionaria que, de acuerdo con sus propias definiciones, debía tarde o temprano superar el formalismo y desbordar los márgenes de la formalidad. ¿Qué hacer con la revolución? Parece ser la pregunta más importante del debate socialista durante los tres años siguientes.

La mayoría relativa alcanzada por la izquierda en las elecciones presidenciales exigía, al igual que en 1958, la ratificación del resultado electoral en el Congreso Pleno. Desde el alessandrismo se propuso desconocer el resultado, extendiendo una invitación al PDC para votar en bloque contra la ratificación de Allende. Finalmente, la DC condicionó sus votos al “Estatuto de garantías constitucionales”, documento que buscaba impedir eventuales arbitrariedades contra las libertades públicas, el derecho de enseñanza y la ley de partidos políticos, y que fue aceptado por la UP y el propio Alessandri como salida política a la inusualmente extendida coyuntura presidencial. Para el PS, estos hechos demostraban que el triunfo electoral no había resuelto el problema de la toma del poder ni mucho menos derrotado la resistencia de las fuerzas tradicionalmente regresivas: la burguesía y el imperialismo.

El informe de Adonis Sepúlveda al pleno de octubre 1970 es decidor respecto de este punto. Alcanzada la presidencia correspondía iniciar la

<footnote n="774">⁷⁷⁴ “El desafío de la historia”, *Las Noticias de Última Hora*, 6 de septiembre de 1970.</footnote>
conquista del poder y la construcción del socialismo, no obstante, el
derrotero de la revolución chilena debía ser capaz de cumplir con estas
tareas “partiendo desde las actuales estructuras de carácter capitalista”.
Según el informe, el desafío era mayúsculo considerando la heterogénea
composición social de la Unidad Popular y los límites del aparato
administrativo para impulsar medidas genuinamente revolucionarias.
Alcanzada la presidencia no bastaban los decretos para quebrar la estructura
del régimen capitalista, por lo que la acción partidaria estaría enfocada a
“Crear aceleradamente las condiciones para cambiar, durante el ejercicio de
este gobierno, el carácter capitalista del sistema vigente para transformarlo
en un régimen socialista”. Y agrega: “concretamente, la alternativa para el
Partido Socialista es la siguiente: Ahora o nunca”.<fnref n="775" />

El socialismo se propuso en durante la presidencia de Allende
realizar las distintas transformaciones sociales y reformas políticas que
permitiesen hacer “irreversible” el proceso revolucionario. En términos
concretos esto implicaba profundizar la reforma agraria, ampliar la base
social de apoyos del Gobierno y avanzar hacia la incorporación de hecho
del movimiento popular organizado al ejercicio del poder a través de la
naciente área nacionalizada de la economía. Logrados estos objetivos,
correspondería la legalización del nuevo Estado Popular, formalizando la
incorporación masiva de los trabajadores al poder mediante una nueva
constitución y una asamblea popular. La realización de este punto crucial
dependía fundamentalmente “de la movilización de masas y de su
incorporación al poder en la vida misma”, por lo que el llamado fue a
buscar con urgencia “caminos y conductos o mecanismos para que el
pueblo sea en la práctica conductor de su destino, ese mismo pueblo será la
fuerza invencible que institucionalizara su derecho a ser poder”.<fnref n="776" /> El
informe no cambió los diagnósticos respecto de la burguesía ni del
imperialismo, sectores que después del 4 de septiembre aún conservaban su
poderío financiero y controlaban parte del aparato administrativo. Al
respecto, Sepúlveda señaló que “no debemos olvidar que estamos haciendo
una revolución social” y que la práctica de la legalidad burguesa no
clausuraba la lucha de clases, la que tendería a agudizarse “en la misma
medida que avancemos en la conquista del poder económico y político”.<fnref n="777" />

Durante enero de 1971 se realizó el XXIII Congreso del PS en la
ciudad de La Serena. El torneo, que contó con la presencia de Salvador
Allende, estaba llamado a definir las principales orientaciones del partido en
el Gobierno. La radicalización discursiva y la “recuperación” política

<footnote n="775">⁷⁷⁵ “El gobierno popular y las tareas políticas del partido”, *Boletín del Comité Central del PS* 7, septiembre-noviembre de 1970, 8.</footnote>

<footnote n="776">⁷⁷⁶ *Ibid*., 10.</footnote>

<footnote n="777">⁷⁷⁷ *Ibid*., 11.</footnote>
iniciada a mediados de la década de 1960 no evitaron que los socialistas formaran una nueva alianza con el PR. Tampoco se restaron de los procesos electorales, privilegiando esta vía por sobre las perspectivas estratégicas de la movilización de masas y el trabajo clandestino, llegando inclusive a aceptar un inédito compromiso de garantías constitucionales presionados por la DC. En este contexto, el torneo estuvo dividido entre la continuidad de Aniceto Rodríguez y un sector liderado por el senador Carlos Altamirano, representantes de dos alternativas de conducción política del Gobierno. Para Altamirano, quien a la postre fue elegido Secretario General, el triunfo de la UP abría un cuadro de clara división política y social entre “los que están por cambios estructurales y los que no aceptarán esos cambios, defendiendo sus intereses por la fuerza de las metralletas”.<fnref n="778" /> Este cuadro exigía al PS replantear sus tareas frente al Gobierno y transformarse en un agente dinamizador del proceso social y un catalizador de las transformaciones.

Las operaciones para desconocer la elección de Allende en el congreso, el estatuto de garantías constitucionales y la acción de grupos armados de ultraderecha instalaron una percepción sobre la institucionalidad y las clases antagónicas que fue leída como una radicalización de su papel regresivo, señalando la necesidad estratégica de dar un “salto cualitativo” que permitiese derrotar definitivamente a las clases comprometidas con el orden. Para estos sectores, la toma del poder pasaba necesariamente por la transformación en un sentido socialista del aparato administrativo y del sistema económico, donde el movimiento de masas alrededor del Gobierno adquirió un papel fundamental. Al respecto, el propio Altamirano señalaba que el Gobierno de la UP debía impulsar una política de masas “que deberá promover los cambios de estructura política, social y económica que el país ha exigido a través de su mayoría soberana” y agrega:

> Y ello no será posible ni manteniendo el aparato estatal burgués con su secuela de corrupción y vicios enquistados en una burocracia desmesurada, un aparato policial orientado a la represión del pueblo, un Parlamento conservador y obstrucciónista y un sistema judicial clasista, ni enfrentando esta realidad con nuestras viejas formas partidistas. Los partidos de izquierda han vivido toda una existencia política aceptando sin protestas el juego electoralista, parlamentario y burgués.
> 
> La nueva coyuntura histórica nos plantea un extraordinario

<footnote n="778">778 Carlos Altamirano, “El Partido Socialista y la Revolución Chilena. Enero de 1971”, Víctor Farías (ed.), *La izquierda chilena (1969-1973)*, Santiago, Centro de Estudios Públicos, 2000.</footnote>
desafío, que debemos aceptar y resolver exitosamente: la revolución chilena solo será posible en la medida que las vanguardias de la clase trabajadora sepan revolucionarse a sí mismas, se incorporen sin temores a las masas populares y encuentren en ellas el dinamismo, la orientación y la fuerza que harán posible la conducción del pueblo chileno hacia la construcción del socialismo. El sectarismo partidista y el apego a las tradiciones del orden burgués son los grandes enemigos de la revolución.<fnref n="779" />

Las resoluciones políticas del congreso caracterizaron los primeros meses del Gobierno como un periodo de agudización de las contradicciones entre el poder de las masas y el poder de la burguesía, destacando como objetivo principal del periodo “afianzar el gobierno, dinamizar la acción de las masas, aplastar la resistencia de los enemigos y convertir el proceso actual en una marcha irreversible hacia el socialismo”.<fnref n="780" /> El congreso reafirmó el sentido clasista de la revolución chilena, destacando la importancia de la unidad socialista-comunista para hacer frente a las contradicciones de clase aún vigentes al interior de la UP mediante el cumplimiento del programa y la movilización del contingente popular organizado. Las conclusiones y resoluciones dan cuenta de un momento de actualización discursiva, proyectando las perspectivas estratégicas desarrolladas durante la década anterior a las labores de gobierno. Si bien Allende insistió en su discurso a la sesión inaugural del torneo en las perspectivas legales y pacíficas del proceso chileno, las conclusiones reavivaron el lenguaje despreciativo de la institucionalidad burguesa y un tono principista enfocado al cumplimiento del programa revolucionario como objetivo principal.<fnref n="781" />

El PS ratificó las adhesiones internacionales y los planteamientos antiimperialistas suscritos en 1967. El informe sobre política internacional redactado por Walterio Fierro poco antes del congreso destacó las transformaciones de la estrategia imperialista norteamericana en el continente después de la Alianza para el Progreso, caracterizada por la intervención militar directa, el sabotaje encubierto a través de la CIA y la promoción de “dictaduras gorilas” con la finalidad de contener el ascenso de los movimientos populares en América Latina. El afán continental seguía estando vigente, sin embargo, las perspectivas abiertas por la revolución chilena cambiaron el peso específico del PS en el plano

<footnote n="779">⁷⁷⁹ *Idem*.</footnote>

<footnote n="780">⁷⁸⁰ “Resolución política del XXIII Congreso”, *Boletines del Comité Central del PS* 9, enero-febrero de 1971, 4.</footnote>

<footnote n="781">⁷⁸¹ “El Partido Socialista llama al pueblo de Chile”, *Boletines del Comité Central del PS* 9, enero-febrero de 1971, 20-22.</footnote>
continental. Según el informe de la comisión internacional, el éxito de la revolución chilena pasaba por el cumplimiento del programa, la incorporación efectiva de las masas al poder y “la correlación de fuerzas internacionales que impidan al imperialismo yanqui intervenir abierta o encubiertamente para bloquear o torcer el curso del proceso revolucionario en nuestro país”. Al respecto, el documento señalaba “podemos sostener que las peculiaridades que se dan en el proceso político y social chileno no hacen de esta experiencia un proceso aislado, desconectado del contexto político latinoamericano y mundial”. Y concluye: “nuestra experiencia, con todo lo singular que ella aporta al proceso revolucionario mundial, debe insertarse en el camino de la liberación latinoamericana para que junto a Cuba socialista constituya una base de apoyo permanente a los pueblos explotados”.<fnref n="782" />

El congreso significó una actualización de la línea política, que comenzó a insistir en la participación protagónica y autónoma de las masas como garantes del cumplimiento del programa y elemento defensivo del proceso frente a una oposición —interna y externa— cada vez más beligerante. Pese a que esto no redujo la importancia del espacio parlamentario ni sacó la práctica partidaria de la legalidad, configuró una actitud que tendió a tensionar los límites de la institucionalidad desde la acción político-sistémica y la movilización social. La afirmación del contenido de clase y la centralidad del programa también se reflejó en la actitud aliancista del PS, reacio a la negociación con la DC y abierto a la colaboración con sectores de la izquierda extraparlamentaria. Las definiciones del PS plantearon la divergencia con el PC y el propio Allende, interesados en mantener puentes con la DC y una movilización popular disciplinada acorde a la estrategia de impulsar las transformaciones en el marco de la legalidad.

El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, político democratacristiano de larga trayectoria y ministro del Interior durante el gobierno de Frei a manos de un comando de la ultraizquierdista de la Vanguardia Organizada del Pueblo en junio de 1971 tendió a la polarización de las fuerzas políticas. Después del atentado la DC viró hacia la oposición comenzando a colaborar en labores parlamentarias y pactos electorales con el Partido Nacional. Pese a que los democratacristianos insistieron en que su oposición era de carácter “progresista” y autónoma de la derecha, el discurso de la DC reclamó contra el estado de agitación y eventuales restricciones del Gobierno a las libertades públicas, dando origen a un distanciamiento progresivo de la UP y sus partidos. La nueva posición del PDC fue criticada por los sectores progresistas favorables a la agenda

<footnote n="782">782 Walterio Fierro, “Comisión política internacional”, *Boletines del Comité Central del PS* 8, diciembre de 1970, 16.</footnote>
transformadora del Gobierno, quienes terminaron saliendo del partido fundando la Izquierda Cristiana, movimiento que a la postre integraría las filas de la UP.<fnref n="783" />

El pleno del PS en agosto de 1971 abordó la nueva situación política, destacando su ascendente conflictividad y la agudización de las maniobras opositoras contra el Gobierno. Ante la escalada de la “burguesía y el imperialismo”, el PS propuso “acelerar la gestión revolucionaria iniciada el 4 de noviembre” para alcanzar “la plenitud del poder político y reivindicar para el pueblo las fuentes de producción fundamentales, sentando las bases materiales necesarias para la construcción de la sociedad socialista”.<fnref n="784" /> El emergente discurso maximalista del PS, sin embargo, apuntó fundamentalmente a la aceleración del proceso dentro de los contornos propuestos por la UP. El pleno exigió acrecentar el número de empresas nacionalizadas y bajo control de sus trabajadores, aumentar la cantidad de hectáreas expropiadas en el campo y terminar con las trabas jurídico-institucionales que impedían el desarrollo del proceso. Para el PS “ha llegado el momento de adecuar jurídicamente a la institucionalidad chilena a las transformaciones revolucionarias que están remodelando nuestra sociedad”.<fnref n="785" /> Pese al discurso movilizador y a las perspectivas de masas planteadas en el torneo de La Serena, el pleno fue enfático en llamar a la disciplina popular condenando “las acciones espontaneicistas de masas, expresadas en tomas inorgánicas e indiscriminadas de industrias y fundos, las que si bien contienen un fondo de justicia reivindicativa frente a una explotación centenaria, perturban el desarrollo de la política del gobierno en áreas de su actividad”.<fnref n="786" />

Hacía finales de 1971 el Gobierno enfrentaba una situación compleja. El proceso de nacionalizaciones y la promesa de no utilizar la fuerza en contra del pueblo generó una ola de tomas de terreno, ocupaciones de empresas y expropiaciones agrícolas que se había vuelto difícil sino imposible de controlar por parte de las organizaciones de masas afectas al Gobierno. Además, el reagrupamiento de la oposición en una alianza informal liderada por el PDC y el PN significó sonados reveses electorales para la UP, derrotada en las elecciones complementarias de julio de 1971 y enero de 1972. En tanto, el agotamiento del paquete de medidas económicas iniciales comenzó a mostrar los primeros síntomas de desabastecimiento, y con él, aparecieron también las primeras manifestaciones callejeras contra la administración de Allende.

<footnote n="783">⁷⁸³ Luis Corvalán Márquez, “Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre”, Santiago, Editorial USACH, 2019, 145-148.</footnote>

<footnote n="784">⁷⁸⁴ “Pleno nacional del Partido Socialista”, *Boletines del Comité Central del PS* 15, agosto de 1971, 2.</footnote>

<footnote n="785">⁷⁸⁵ *Idem*.</footnote>

<footnote n="786">⁷⁸⁶ *Ibid*, 3.</footnote>
En marzo de 1972 el Congreso aprobó una enmienda constitucional presentada por el PDC, la cual buscaba controlar los términos y condiciones del proceso de nacionalizaciones impulsado por el Gobierno. Debido a la trascendencia de la legislación, el Ejecutivo utilizó su poder de veto iniciando una serie de negociaciones con la DC que no llegaron a buen puerto. Una vez fracasado el acuerdo, una declaración conjunta de la DC y el PN sostuvo el derecho del Parlamento a rechazar el veto presidencial por mayoría simple de votos. La compleja situación legislativa proyectó el conflicto político como un choque entre poderes del Estado y entrampó la labor del Gobierno mediante el bloqueo parlamentario, situación que se agudizó en la medida que la DC y el PN asumieron posiciones comunes en el plano legislativo. La estrategia institucional de la Unidad Popular comenzó a chocar con la lógica inflexible de las negociaciones parlamentarias, entrampando las opciones legislativas del proceso a partir de ese momento.<fnref n="787" />

La agudización del conflicto político entre el Gobierno y la oposición, el recrudecimiento de la crisis económica y el bloqueo de la iniciativa legislativa del Ejecutivo endurecieron las posiciones socialistas, quienes comenzaron a rechazar con mayor encono las tendencias reformistas, la negociación con sectores de la burguesía y la burocratización del proceso derivada de su ritmo legalista e institucional. El discurso se abrió una vez más hacia el movimiento de masas, señalando la incorporación masiva de los trabajadores al poder como la clave para la defensa del Gobierno, la irreversibilidad del proceso y la conquista del poder. El pleno de febrero de 1972 fue el encargado de plantear rectificaciones a la estrategia del partido frente a los primeros síntomas de crisis gubernativa. Adonis Sepúlveda, Secretario General subrogante durante la reunión plenaria, señalaba que el periodo estaba caracterizado por una agudización de la lucha de clases expresada en la intensidad y coordinación de las acciones opositoras. Para el senador, la beligerancia de la derecha exigía profundizar y acelerar el proceso revolucionario hasta volverlo irreversible. Para que esto ocurra era necesaria la participación “real y efectiva de las masas en todos sus niveles y en todos los aspectos de la vida económica, política y social de Chile”. Y agrega:

> Esta movilización debe expresarse no solo en el desfile callejero, en arrebatarle la calle a los momios y pijes fascistas, sino que también en una acción permanente de las masas por el control de la distribución de los productos alimenticios, en la lucha contra la especulación, en los trabajos voluntarios para elevar la producción,

<footnote n="787">787 Julio Faúndez, *Democratización, desarrollo y legalidad. Chile. 1831-1973*, Santiago, Ediciones UDP, 2011, 216-220.</footnote>
en el impedir el abuso de los arriendos, en una vigilancia revolucionaria de todos los mandatarios destacados por los partidos de la Unidad Popular en la gestión administrativa.<fnref n="788" />

El largo informe presentado por Sepúlveda al pleno realizó una detallada explicación de la estrategia seguida por el PS en 18 meses de gobierno, constatando la agudización de la lucha de clases como el principal elemento del periodo. Además, reconoció una serie de problemas derivados de las particulares condiciones de la revolución chilena. Conquistado el aparato administrativo, la UP habría logrado hacerse con una herramienta del poder burgués, evidenciado las contradicciones entre los objetivos socialistas perseguidos por los partidos populares y el carácter clasista del Estado. El carácter de clase del Estado fue apuntado como la limitante principal de la acción del Ejecutivo, determinando las características generales del proceso de transformación. Dirigiéndose principalmente a los sectores izquierdistas, Sepúlveda insistió en que “debemos ser conscientes de lo que podemos exigirle al gobierno y que no le podemos exigir”, señalando que “ahora que el Estado burgués está encabezado por la Unidad Popular no le podemos pedir al gobierno que destruya este Estado burgués, porque es parte de él, sino que cree condiciones para la destrucción de ese aparato”.<fnref n="789" /> Y agrega:

> ¿Qué lecciones sacamos de nuestra experiencia? Es necesario utilizar al máximo, ‘sacarle el jugo’ a la actual institucionalidad, ‘exprimir’ sus posibilidades arrinconando a la burguesía dentro de su propia telaraña legal, haciéndola sufrir el peso de las instituciones creadas a su ‘imagen y semejanza’. Ellos crearon la ley de seguridad interior del estado, pues, que la sufran, aprobaron una ley de reforma agraria, pues, que la aguanten; otorgaron instrumentos legales para expropiar o intervenir empresas, que lloren ahora si se aplican masivamente; concentraron en el Presidente de la República la política exterior, bueno, que se quejen de rabia cuando éste lleva adelante una política internacional independiente y de desafío al imperialismo.<fnref n="790" />

El control de una parte del aparato administrativo del Estado, la agudización de la lucha de clases entre el proletariado organizado y una burguesía cada vez más sediciente y rebelde frente a la legalidad, y los

<footnote n="788">⁷⁸⁸ “Pleno Socialista: Profundizar la revolución con participación del pueblo”, *Las Noticias de Última Hora*, 18 de marzo de 1972.</footnote>

<footnote n="789">⁷⁸⁹ Partido Socialista, “Informe del Comité Central al pleno de Algarrobo”, Víctor Farías (ed.), *op. cit.*, 1924.</footnote>

<footnote n="790">⁷⁹⁰ *Ibid.*, 1926.</footnote>
cambios en la correlación de fuerzas entre las clases sociales producto de las
medidas impulsadas por el Gobierno hacían de la situación una coyuntura
revolucionaria en pleno desarrollo y aún por resolverse. Según el informe, la
resolución de esta coyuntura en favor de los trabajadores y la revolución
socialista pasaba, necesariamente, por la profundización y aceleración del
proceso desde el Ejecutivo y con la participación masiva de los
trabajadores. Apoyados en la creciente conciencia de clase, la ascendente
organización del movimiento popular y las germinales expresiones de
“democracia social” surgidas en el seno del movimiento popular
organizado, la posición del PS fue la de incorporar a este contingente “en
todos los medios de decisión”, o en otras palabras “que sea la masa la que
dirija y participe en las acciones, pero esta participación no puede estar
limitada por el sectarismo. Se trata de la participación de los trabajadores
como clase, y por tanto, sin exclusiones de ninguna naturaleza dentro de su
marco. *Trabajador que participa es trabajador que apoya a la revolución*.”.<fnref n="791" />

El pleno delineó una doble estrategia. Por un lado, el Ejecutivo debía persistir en las realizaciones que la institucionalidad y la lógica transaccional del régimen democrático permitan, insistiendo en la ampliación de las conquistas y la aplicación intensiva de los instrumentos legales disponibles en orden a acelerar las expropiaciones y profundizar la participación de los trabajadores. Por otro, el PS debía propiciar la unidad desde la base, por encima de todo sectarismo y en función de incluir a las masas en el proceso. Lo anterior implicaba actuar por fuera de los límites partidarios, ampliando la base social de apoyos a todos aquellos sectores comprometidos y favorables a los cambios, valiéndose de las organizaciones populares ya constituidas —comités de la UP, sindicatos, gremios, federaciones estudiantiles, etc.— y las nuevas expresiones de organización colectiva —comités de administración, sindicatos campesinos, juntas de aprovisionamiento— para hacer frente a los distintos problemas y coyunturas del Gobierno, como la administración de la propiedad social, la expropiación agrícola y el control del desabastecimiento y la especulación de precios.

En este contexto, los socialistas viraron hacia posiciones aún más
tajantes a la hora de rechazar negociaciones legislativas con el PDC para
destrabar el curso del Gobierno, relevaron los límites de la institucionalidad
burguesa señalando al Parlamento como una “trinchera reaccionaria” y
exigieron con mayor enconó continuar con la marcha del Gobierno,
señalando que el PS “no se prestará para el juego de las transacciones del
Programa de la Unidad Popular. Al revés, su voluntad y toda su fuerza de
partido arraigado en las masas trabajadoras constituyen la mejor garantía de

<footnote n="791">⁷⁹¹ *Ibid*., 1953. Las cursivas son del original.</footnote>
una profundización del proceso de cambios revolucionarios”.<fnref n="792" /> La resistencia creciente de las fuerzas regresivas desde el Parlamento y las trabas puestas por instituciones como la Contraloría General de la República y el Poder Judicial al proceso de nacionalizaciones creaban un inmovilismo que resultaba peligroso para la supervivencia misma del proceso. En este sentido, la propuesta del PS fue un plebiscito que lograse destrabar la situación de empate social a la que había llegado la revolución chilena, buscando “una definición de los chilenos entre los que están por los cambios y los que quieren impedirlos”.<fnref n="793" /> La posición socialista chocó con la estrategia del PC y del propio Allende, aún abierta a buscar acuerdos con la DC, aunque sean parciales, tratando de evitar que la oposición actuase en bloque y de destrabar las perspectivas legales de realización del programa.

A mediados de 1972 el conglomerado de Gobierno se reunió para dirimir las flagrantes divergencias entre los dos partidos más importantes de la UP, divididos entre una perspectiva legalista, negociadora y favorable a una consolidación de las conquistas ya logradas en el proceso, y otra, partidaria de la aceleración y profundización de este. La reunión se decidió por la propuesta del PC, compartida por el PR y la API, en orden a mejorar la situación económica, consolidar la administración del sector productivo ya nacionalizado y limitar la ampliación del área nacionalizada de la economía con la inclusión de 91 nuevas empresas estratégicas. Además, la reunión resolvió iniciar una nueva negociación con la DC, orientada a destrabar la discusión respecto del veto presidencial, evitar un enfrentamiento entre poderes del Estado y salvar el camino formal para las transformaciones. Pese a una serie de informaciones iniciales positivas respecto de las negociaciones, estas finalmente fracasaron.

El fracaso de las negociaciones planteaba el final de la vía legalista de la Unidad Popular. Según la oposición, después de aprobado el proyecto al Ejecutivo le quedaban como opciones promulgar la reforma constitucional o llamar a plebiscito. Terminadas las conversaciones entre la UP y la DC, esta última oriento su acción hacia una coordinación formal con la derecha en labores de oposición, la que finalmente término en una Confederación Democrática, alianza electoral abierta a todos los partidos opositores al Gobierno. Además, el fracaso de las negociaciones coincidió con un aumento de las acciones desde la Contraloría y los Tribunales de Justicia que tramitaron distintos recursos favorables a los propietarios afectados por los decretos de requisición y expropiación. En resumen, con el fracaso de las negociaciones se agudizaron las distancias políticas entre Gobierno y oposición, las divergencias en el seno de la UP y el conflicto entre los

<footnote n="792">⁷⁹² “Pleno del Partido Socialista”, *Las Noticias de Última Hora*, 18 de marzo de 1972.</footnote>

<footnote n="793">⁷⁹³ “Problemas, peligros y salidas para el proceso”, *Posición* 7, 30 de mayo de 1972.</footnote>
distintos poderes del Estado, poniendo nuevas trabas a la estrategia legalista y formal del Gobierno.<fnref n="794" />

La nueva situación política después del fin de las negociaciones no clausuró las distancias y divergencias entre socialistas y comunistas a la hora de comprender el proceso político. Según Orlando Millas, ministro de Hacienda y miembro de la Comisión Política del PC, la correlación de fuerzas había cambiado desfavorablemente para el Gobierno y el movimiento popular producto de errores políticos y económicos “que podemos resumir como transgresiones al programa de la Unidad Popular”. Cabría entonces, “poner el acento en la defensa del Gobierno Popular, en su mantenimiento y en la continuidad de su obra” para lo cual “deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a algunas capas y determinados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos”.<fnref n="795" /> Para Millas, la coyuntura exigía como tarea fundamental salvaguardar la hegemonía social de la clase obrera en la alianza con los sectores sociales comprometidos con el programa antiimperialista, antimonopólico y antioligárquico, formula que por lo demás, había llevado a Salvador Allende a la presidencia de la República. Para lograr lo anterior, se hacía indispensable terminar con las desviaciones “ultraizquierdistas”, la indisciplina de sectores del movimiento popular esmerados en tomas y expropiaciones indiscriminadas, y la dualidad estratégica al interior de la UP, cuestiones que solo contribuían a aislar a la clase obrera de sus aliados potenciales, ahora alineados con la derecha y las tendencias sediciosas.

La respuesta socialista vino de Arnoldo Camú, miembro de la Comisión Política, asesor de Salvador Allende y uno de los más destacados dirigentes de la facción chilena del Ejercito Liberación Nacional. Para Camú, la propuesta del ministro implicaba un cambio de estrategia en el movimiento popular derivada de una errónea apreciación sobre las fuerzas sociales en disputa. La propuesta del PC fue criticada por ponderar la estrategia de la izquierda en función de las fuerzas enemigas, obviando que la tarea principal es la de unir a las grandes masas del proletariado detrás del movimiento social dirigido por la Unidad Popular. Para Camú “dificilmente se podría decir que esta tarea esta cumplida en Chile como para poner por encima de esta tarea y contradictoriamente a ella otras tácticas conducentes a la ‘captación’ o ‘neutralización’ de la pequeña o mediana burguesía y otros sectores medios y pequeños burgueses”. En este sentido, la estrategia de sumar o neutralizar a las capas medias resistentes al proceso por medio de concesiones no solo resultaría en un error estratégico, sino también en una

<footnote n="794">⁷⁹⁴ Faúndez, *op. cit.*, 238-239.</footnote>

<footnote n="795">⁷⁹⁵ Orlando Millas, “La clase obrera en las condiciones del Gobierno Popular”, *El Siglo*, 5 de junio de 1972.</footnote>
transgresión y una “dilación impermissible” al cumplimiento del programa y el objetivo de poder planteado por la izquierda.<fnref n="796" />

El PS no signó grandes esperanzas en las negociaciones con la DC, sin embargo, el fracaso de las tratativas sirvió como una demostración de las lecturas sobre la burguesía, su legalidad y sus posiciones frente al proceso revolucionario. En este aspecto, Adonis Sepúlveda acusaba a la oposición parlamentaria de haberse salido de legalidad violando “claras y terminantes disposiciones constitucionales que le dan prerrogativas y facultades al presidente de la República”.<fnref n="797" /> La DC habría dado pruebas suficientes de su alineación con las fuerzas regresivas y contrarrevolucionarias, criticando la aplicación de leyes y disposiciones del Ejecutivo que en muchos casos fueron creadas o utilizadas por el Gobierno de Frei en un sentido “reformista” y “burgués”. La actitud de la oposición en el Parlamento y las presiones recibidas por el Ejecutivo desde Contraloría y la Corte Suprema reafirmaron las críticas contra la institucionalidad, la que fue percibida como una estructura clasista, resistente a la transformación y a la voluntad popular mayoritaria, sin que esto significase abandonar los espacios de la democracia formal. En este aspecto, Sepúlveda insistió en presentar cada proyecto de ley enviado por el Ejecutivo como un paso más dentro del proceso de consolidación revolucionaria y en transformar a cada elección en una verdadera demostración de fuerzas entre revolucionarios, reformistas y reaccionarios.

Los socialistas insistieron en la “inclusión de las masas al poder” y en la necesidad de acelerar el cumplimiento del programa como manera de hacer frente con éxito a la “ofensiva reaccionaria” sostenida desde el Parlamento, los Tribunales de Justicia y la Contraloría. Para Iván Núñez, articulista permanente del semanario *Posición*, el programa de la UP que originalmente se proponía la doble tarea de cumplir con la fase democrático-burguesa de la revolución y preparar las condiciones para la transición al socialismo debía actualizarse. El cuadro político después de las negociaciones haría aparecer de un modo “cada vez más nítido que la revolución chilena debe ser un proceso ininterrumpido” y que esta debe “profundizarse poniendo como centro de gravedad las tareas socialistas y planteándose como condición ineludible la conquista del poder por el proletariado”. Para Núñez, los hechos habrían demostrado la prescripción de las tesis etapistas de la revolución e instalado la necesidad de precipitar las tareas socialistas para salvaguardar la continuidad y el éxito del proceso. Al respecto, escribió:

<footnote n="796">⁷⁹⁶ Arnoldo Camú, “Ganar, en primer lugar, a las fuerzas revolucionarias”, *Posición* 12, 4 de julio de 1972.</footnote>

<footnote n="797">⁷⁹⁷ “El partido está siempre luchando por las causas más avanzadas, duras y definidas”, *Boletín del Comité Central del PS* 23, julio 1972, 5.</footnote>
Los porfiados hechos han demostrado que, tal como lo plantea el PS a través de su línea del Frente de Trabajadores, la revolución chilena o se plantea como socialista o deja de existir como revolución (...) en suma, no solo por respeto a la letra del programa de la UP sino por imperativo del proceso concreto este debe ser interpretado y cumplido como el programa para la revolución socialista. Lo contrario es reubicar en Chile en frustraciones reformistas, y con ello, abrir el paso al triunfo de la contrarrevolución.<fnref n="798" />

Pese a estas definiciones, los socialistas insistieron en utilizar la institucionalidad, pero dotándola de un nuevo significado. En julio de 1972 el partido resolvió presentar una acusación constitucional contra la Corte Suprema, el fin político del proyecto era terminar con el bloqueo institucional, y demostrar las tendencias reaccionarias y los intereses de clase representados en las instituciones del régimen capitalista. La acusación fue presentada como una acción contra un poder burgués que en los hechos defiende “la existencia del latifundio, la propiedad privada de grandes fábricas, industrias y monopolios, es decir, el sistema semicolonial y retardatario que se consigna en sus viejos códigos”.<fnref n="799" /> En palabras de Carlos Altamirano, el bloqueo institucional al Gobierno y la intromisión de los Poderes Judicial y Legislativo en la labor del Ejecutivo son una expresión más de la lucha de clases en curso, superando lo meramente formal y jurídico para transformarse en los hechos en “un problema ideológico, en un enfrentamiento de intereses, en una lucha muy seria en que está de por medio el interés de la clase obrera, los campesinos chilenos de la patria, y por otro, el interés de los reaccionarios, de los latifundistas, de los viejos monopolistas chilenos, del imperialismo”.<fnref n="800" />

La acusación constitucional marcó un precedente en la actitud socialista frente a la legalidad y la institucionalidad, señalando el carácter irremediablemente burgués del aparato administrativo aún controlado por los partidos populares. Los distintos procesos administrativos y judiciales, la oposición parlamentaria y la coordinación de las fuerzas opositoras en el plano electoral y social resultaban expresiones del carácter clasista del Estado y el compromiso institucional con el orden capitalista, a penas magullado por las conquistas del Gobierno de la UP. El discurso de oposición, destinado a deslegitimar la legalidad del Ejecutivo también

<footnote n="798">⁷⁹⁸ Iván Núñez, “El programa de la Unidad Popular es compromiso revolucionario”, *Posición* 14, 19 de julio de 1972.</footnote>

<footnote n="799">⁷⁹⁹ “Acusación constitucional contra la Corte Suprema”, *Boletín del Comité Central del PS* 24, segunda quincena de julio de 1972, 1.</footnote>

<footnote n="800">⁸⁰⁰ Carlos Altamirano, “Sobre la acusación constitucional a la Corte Suprema decidida por el partido”, *Boletín del Comité Central del PS* 25, agosto de 1972, 2.</footnote>
contribuyó decisivamente a la consolidación de este diagnóstico, que señaló al Parlamento, los Tribunales y la Contraloría como “trincheras institucionales de la burguesía”. Ante este este cuadro, los socialistas se decidieron una vez más por la profundización y aceleración del proceso mediante la inclusión de las masas al poder. No obstante, en esta ocasión el partido se abrió hacia las distintas expresiones de Poder Popular más allá de los limites partidarios y la dirección de la UP, señalando al movimiento social organizado como el elemento clave para dirimir la lucha de clases y el bloqueo institucional. Insistiendo en las tradicionales tesis de la revolución en los países dependientes, el PS propuso precipitar el proceso revolucionario, asegurando su continuidad e irreversibilidad mediante la inclusión, de hecho y “desde abajo”, del movimiento popular organizado en el curso del Gobierno.

## 6.1 ¡Avanzar sin transar! Movilización de masas y Poder Popular en defensa del Gobierno y la revolución

El Poder Popular fue uno de los tópicos fundacionales del programa de la UP. No obstante, su definición programática estuvo lejos de ser unívoca, haciendo referencia a la participación ampliada y organizada de las bases sociales en el Gobierno; un instrumento de transformación del sistema de poder y los medios de producción; y el germen de un nuevo Estado generado a partir de la movilización popular. Pese a que la pluralidad del concepto obedece tanto a las divergencias al interior de la izquierda como a la falta de un debate sistemático sobre el mismo, en términos generales el Poder Popular fue visto como un agente dinamizador de la red de organizaciones y bases sociales afectas al Gobierno y sus partidos, las que estaban llamadas a ampliar su penetración y radio de acción social dentro del marco institucional y las labores de gobierno. Esta visión tomó distancia de las nociones clásicas propuestas por el marxismo-leninismo, que vinculaban la idea del poder popular a las experiencias del comunalismo y el consejismo, y a la generación de un poder paralelo y antagónico del aparato estatal burgués. Por el contrario, para la Vía Chilena al Socialismo el Estado burgués, controlado por los partidos populares, era el aparato fundamental y dirigente de las transformaciones, subordinando al movimiento popular organizado a sus orientaciones.<fnref n="801" />

En términos específicos, el Poder Popular tomaba forma en los miles de Comités de la Unidad Popular organizados durante la campaña, los cuales estaban destinados a representar a la izquierda en los territorios, defender el resultado electoral en caso de ser necesario y posteriormente

<footnote n="801">⁸⁰¹ Hugo Cancino, *Chile. La problemática del poder popular en el proceso de la Vía Chilena al Socialismo. 1970-1973*, Aarhus, Aarhus University Press, 118-132.</footnote>
educar a los trabajadores. Sin embargo, la ausencia de tareas concretas los hizo desaparecer casi por completo después de las elecciones. El modo práctico por el que el Gobierno impulsó este tipo de poder bajo su objetivos fue mediante el área nacionalizada de la economía, donde el sistema de consejos administrativos transformó radicalmente las practicas gerenciales y verticalistas preexistentes. Estas experiencias fueron inicialmente limitadas a las empresas que formaban parte del área de propiedad social (APS) y los marcos de acción institucional propuestos por el Gobierno. No obstante, las expectativas abiertas por el triunfo de Allende generaron un movimiento que desbordó con creces los limites inicialmente impuestos a la participación de los trabajadores, refrendado en el alto número de expropiaciones agrícolas, tomas de sitio e industrias fuera del plan económico y sin autorización del Gobierno. Una parte importante del movimiento popular, de hecho, actuó fuera del alcance y con total autonomía de las directrices de la UP.<fnref n="802" />

El autoproclamado rol de vanguardia del PS y su espacio en el Gobierno influyeron en el papel que los socialistas asignaron al movimiento popular en su estrategia después de 1970, abogando por la inclusión efectiva de los trabajadores al poder a través de los grupos afectos a los partidos y organizaciones de masas de la UP. No obstante, ante el recrudecimiento de la situación política a finales de 1971 el discurso partidario comenzó a asumir un tono distinto. Junto a la política de hacer irreversible el proceso revolucionario, emergió la idea de promover un gobierno obrero parcial en la producción y las organizaciones territoriales, llamando a la inclusión del movimiento de masas sin distinciones partidarias a labores de gobierno para la defensa de las conquistas ya logradas y la aceleración del proceso revolucionario. Con la entrada del movimiento popular organizado al aparato estatal el PS pretendía consolidar el proceso, buscando generar “cambios efectivos en las relaciones de producción que hagan imposible una vuelta al pasado. Esto significa el principio del cambio del carácter del Estado”.<fnref n="803" /> Los socialistas plantearon que ante una reacción en ascenso solo quedaba la ofensiva: “consolidar lo hecho hasta ahora es importante, pero siempre que al mismo tiempo aumentemos la velocidad de nuestras conquistas. De contrario, corremos el riesgo de consolidar una situación desfavorable”.<fnref n="804" />

El discurso movilizador tomó mayor protagonismo después del fracaso de las negociaciones sostenidas entre la UP y la DC. Ante el cierre de la salida institucional, el PS abogó por “otros caminos” para seguir

<footnote n="802">⁸⁰² Frank Gaudichaud, *Poder Popular y Cordones Industriales. Testimonios sobre el movimiento popular urbano, 1970-1973*, Santiago, LOM Ediciones, 2004, 13-55.</footnote>

<footnote n="803">⁸⁰³ “Pensamiento del Partido en las Jornadas de El Arrayan”, *Boletín del Comité Central del PS* 19, enero-febrero 1972, 28.</footnote>

<footnote n="804">⁸⁰⁴ *Idem*.</footnote>
adelante con los objetivos socialistas del programa, evidenciando
nuevamente las divergencias al interior de la izquierda. En julio de 1972 las
provinciales del Biobío del PS, MIR, MAPU, IC y el PR se reunieron junto
a 139 organizaciones sociales, sindicales y campesinas en la ciudad de
Concepción para fundar una Asamblea del Pueblo. Si bien no hubo una
lectura homogénea respecto de los fines y principios de la asamblea, el PC y
el propio Allende se apresuraron en condenar una reunión que
aparentemente estaba fundando un poder paralelo al esquema institucional.
Solo el MIR llamó a la creación de un poder popular alternativo mediante la
conformación de consejos territoriales permanentes y la clausura del
Parlamento, el que debía ser reemplazado por una asamblea popular al más
breve plazo.<fnref n="805" /> Los representantes del PS señalaron que la asamblea debía
orientarse a ampliar las bases de apoyo del presidente Allende, y que la
creación del poder popular no podía ser alternativo ni antagónico al
Gobierno, por el contrario, contribuiría a complementar su gestión. En este
aspecto: "pretender que esa asamblea haya querido o quiera erigirse en un
poder paralelo es un grave infantilismo en quienes lo pudieran preconizar o
una falta de imaginación y confianza en el pueblo en quienes desde su
propio seno la atacan".<fnref n="806" />

El PS reivindicó su posición a la izquierda de la UP, señalando que solo afianzando la alianza entre los sectores explotados y los partidos populares la izquierda podrá “arrastrar a su lado a grandes sectores de las capas medias que ahora vacilan, pues no tienen seguridad de como continuara el proceso y esto los desorienta y muchas veces los entrega en manos del enemigo”.<fnref n="807" /> La reivindicación izquierdista del PS reorientó su política hacia las expresiones populares independientes y fuera de los márgenes de acción del Gobierno, reivindicando las tomas de fundos, industrias y la multiplicación de las organizaciones sociales autónomas como expresiones de poder. En este sentido, el apoyo de las masas se consigue “planteando en forma simultánea tareas democrático-burguesas y tareas socialistas. Esto se ha visto en forma irrefutable en el caso de la requisición de empresas, de la defensa de las industrias intervenidas y en la movilización masiva de los trabajadores cuando se trata de impedir su devolución”.<fnref n="808" />

El discurso izquierdista relevó como tarea principal la dinamización del proceso, una política de masas y el reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias —dentro y fuera de la UP— en torno al PS. Los medios partidarios insistieron en recuperar el sentido de vanguardia y la política de

<footnote n="805">⁸⁰⁵ Corvalán Márquez, *Los partidos políticos... op. cit.*, pp. 263-268</footnote>

<footnote n="806">⁸⁰⁶ Erich Schnake, "La Asamblea del Pueblo", *Posición* 17, 8 de agosto de 1972.</footnote>

<footnote n="807">⁸⁰⁷ “La burguesía contra el Partido Socialista”, *Ibid*.</footnote>

<footnote n="808">⁸⁰⁸ “Izquierdismo: una posición ideológica”, *Posición* 20, 29 de agosto de 1972.</footnote>
masas para hacer frente a la resistencia de la burguesía y el imperialismo, y
también, para corregir las orientaciones reformistas en el seno de la UP. El
modelo de la autogestión obrera, las experiencias del comunalismo y la
autodefensa coparon el debate partidario en la búsqueda de modelos y
salidas alternativas al complejo cuadro político del país, relevando
experiencias como la Comuna de París y las perspectivas de la acción
directa como justas expresiones de resistencia y poder popular. Respecto de
las organizaciones de masas, los socialistas promovieron su funcionamiento
autónomo de las directivas del UP y libre de las trabas administrativas del
Gobierno, apostando por un nuevo estilo de conducción que relevó las
tareas políticas por sobre el control administrativo de las mismas. La
preocupación del partido viró hacia las recientemente creadas Juntas de
Abastecimiento y Control de Precios (JAP), centros de madres, juntas de
vecinos, comités de vigilancia y cordones industriales, señalando la
necesidad de integrar y coordinar la acción de estas organizaciones a todo
nivel. En este sentido, *Posición* justificaba la nueva política señalando que los
socialistas:

No estamos propiciando el espontaneísmo por principio o a
ciegas, sino reconociendo una verdad válida para todos los
procesos revolucionarios, y es que las direcciones y los cuadros del
partido son, por su número relativamente escaso incapaces de dar
origen o de manejar el conjunto enorme de iniciativas que nacen
del seno mismo de la masa, que tendrá que desplegar energías
inauditas para llevar a cabo la tarea histórica que todavía hay que
cumplir: reglamentar y planificar la vida económica en beneficio
de las propias masas y quitar el poder de hacer daño que aún
conservan los capitalistas (...) hacen falta menos esquemas y
muja más preocupación por la realidad. La única exigencia es
que realmente sean organismos representativos de los
trabajadores. Creemos que los partidos de la UP deben ser los
animadores de este movimiento que se ha iniciado en diversas
partes del país y que creemos está destinado a tomar gran vuelo.
En todo caso, nuestro Partido Socialista asume en esta tarea un rol
principal.<fnref n="809" />

La crisis económica, los problemas de abastecimiento y una
sensación generalizada de amenaza en contra de la propiedad privada
sirvieron para radicalizar la oposición de gremios y sectores de la clase
media, grupos cada vez más convencidos de que el Gobierno representaba
una amenaza totalitaria y antidemocrática. La situación fue aprovechada por

<footnote n="809">⁸⁰⁹ “A grandes males, grandes remedios”, *Posición* 18, 22 de agosto de 1972.</footnote>
los partidos de oposición, llevando la confrontación política y la movilización hasta su punto más agudo con la paralización prácticamente total de los gremios bajo su influencia en octubre de 1972. En el Congreso las bancadas del Partido Nacional y la Democracia Cristiana agudizaron el bloqueo parlamentario y la utilización de las herramientas legales para trabajar la acción del Ejecutivo, destacando el carácter inconstitucional, ilegal e ilegítimo del Gobierno. Lo que inicialmente fue un conjunto de demandas económicas y gremiales del transporte y el comercio adquirió rápidamente las dimensiones de un pliego puramente político, exigiendo el retorno del Estado de derecho, frenar las nacionalizaciones y poner fin al trabajo de las organizaciones de masas ligadas a la distribución y la producción. Con el pasar de los días se sumaron federaciones estudiantiles, asociaciones empresariales y colegios profesionales, extendiendo la protesta por todo el país en un paro general orientado a derribar el Gobierno.<fnref n="810" />

El Gobierno se valió de la legalidad decretando zonas de emergencia y utilizando a las FF. AA. en labores de orden público. *La Nación*, cuyo director era el histórico militante socialista Oscar Waiss, destacaba que el paro no obedecía a aspiraciones económicas, correspondiendo a “una pieza más de la maquinaria sediciosa, montada con escrupulosidad y cuidado por los que manejan estas ‘situaciones’”.<fnref n="811" /> La hipótesis de la sedición fue aceptada unánimemente por los partidos de la UP, que llamaron a sus militantes al trabajo voluntario y pidieron duras sanciones judiciales contra los instigadores y organizadores del movimiento, argumentando que sus motivaciones no eran otras que precipitar la intervención de las Fuerzas Armadas para derribar al Gobierno legalmente constituido.<fnref n="812" /> La respuesta a la paralización gremial vino principalmente desde el movimiento de masas. Las empresas nacionalizadas no dejaron de trabajar y muchas industrias se abstuvieron de sumarse al paro ante la opción de que los trabajadores reanudaran autónomamente las faenas. Las JAP y otras organizaciones de masas abrieron al público los comercios cerrados logrando palear, en parte, el desabastecimiento y el acaparamiento de artículos de primera necesidad. En su apoyo se articularon comités de vigilancia y se fortaleció la relación entre las organizaciones de la producción y la sociedad civil, dando vida a los Comandos Comunales, encargados de suplir los distintos rubros paralizados y mantener al país funcionando pese a las movilizaciones.<fnref n="813" />

<footnote n="810">⁸¹⁰ Manuel Antonio Garretón y Tomas Moulian, *La Unidad Popular y el conflicto político en Chile*, Santiago, CESOC, 1993, 114-126.</footnote>

<footnote n="811">⁸¹¹ “Huelgas Políticas”, *La Nación*, 13 de octubre de 1972.</footnote>

<footnote n="812">⁸¹² “El pueblo y sus partidos responderán al plan golpista de la derecha”, *Las Noticias de Última Hora*, 17 de octubre de 1972.</footnote>

<footnote n="813">⁸¹³ Gaudichaud, *op. cit.*, 34.</footnote>
Para hacer frente a los problemas de abastecimiento y transporte el PS llamó a multiplicar la creación de Comandos Comunales. La idea fue coordinar los esfuerzos de las organizaciones de base generando nuevas formas de colaboración orientadas a superar problemas concretos de distinto nivel, algunos estructurales como la producción industrial y el comercio, y otros muchísimo más cotidianos como la locomoción colectiva y el abastecimiento de enceres básicos. La gravitación del movimiento social organizado fue fundamental para sostener al Gobierno y mantener la actividad productiva, transformándose en una experiencia ejemplificadora de la “iniciativa creadora” y democrática del movimiento popular. La movilización de octubre fue para los socialistas una verdadera primavera proletaria, destacando el ingenio y el impulso creativo de las organizaciones sociales para hacer frente a los problemas diarios planteados por la paralización gremial.

El PS aprovechó la coyuntura para exigir nuevas requisiciones, multiplicar el número de organizaciones de masas y cumplir con mayor fuerza el programa de la Unidad Popular y sus tareas socialistas. Frente a la agudización de la lucha de clases, el “Poder Obrero” apareció como el elemento fundamental para dirimir el conflicto, por lo que los socialistas apoyaron la toma de industrias y la autogestión en las labores de abastecimiento y supervigilancia del comercio. Hacia finales de octubre de 1972, cuando el paro mostraba sus primeras señales de agotamiento, un manifiesto firmado por los representantes sindicales, campesinos e industriales del PS exigió al Gobierno expropiar todas las empresas paralizadas, cortar los contratos con los transportistas en huelga y organizar la economía con un sentido de clase, poniendo el énfasis de la producción en el APS y las industrias tomadas de hecho. El manifiesto cerraba diciendo que “el país no se ha detenido porque los trabajadores han desbaratado los planes de la burguesía y el imperialismo”.<fnref n="814" />

El paro fue leído como una coyuntura ejemplificadora del diseño político de la oposición, su desprecio por la legalidad y el compromiso total de la DC con la derecha. Además, resultó clarificador respecto de las falencias del trabajo de la UP en el plano social y del potencial movilizador de la izquierda frente a futuros enfrentamientos de mayor envergadura. Una vez finalizada la paralización, la orientación fue “ crear las bases del poder obrero” multiplicando la formación de Comandos Comunales. La fundamentación de esta política fueron las dificultades del Gobierno para coordinarse con las distintas organizaciones sociales afectas a la UP, y la incapacidad de dirigir a las organizaciones formadas independientemente y las empresas espontáneamente tomadas. Los socialistas acusaron al

<footnote n="814">⁸¹⁴ “Para avanzar hay que destruir el poder burgués”, *Las Noticias de Última Hora*, 24 de octubre de 1972.</footnote>
Gobierno de no promover mecanismos efectivos de participación obrera ni mantener canales de comunicación fluidos con el movimiento popular, dando muestras de “una gran falta de confianza en la masa” y de las pugnas internas entre tendencias “reformistas y revolucionarias” al interior de la UP. Para resolver estos problemas y hacer frente a una inminente contraofensiva de la oposición, no bastaba con nuevas concesiones a las clases medias ni con el control de las instituciones creadas por la burguesía, por el contrario, se debía crear una organización capaz de enfrentar con éxito y desde la base una nueva arremetida contra el Gobierno y el proceso en su conjunto, tal y como sucedió durante la paralización de octubre.<fnref n="815" />

El nuevo viraje hacia la política de masas obedeció a un diagnóstico sobre la situación política y la dinámica de clases sociales después del paro. Por una parte, quedaba probada la intención de la derecha y el PDC de derrocar a Salvador Allende mediante la articulación de un frente político con amplias perspectivas movilizadoras en las clases medias y sectores populares, utilizando los poderes del Estado aún bajo su control, y sin escrúpulos a la hora de romper la legalidad. Por otra parte, la práctica insurreccional de grupos terroristas de derecha, los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas y la ascendente ola de atentados y violencia callejera instalaban en el horizonte un enfrentamiento con costos sociales inevitables. Frente a este cuadro, los socialistas optaron por la articulación de un masivo movimiento de clase que sirviera como base de sustentación social al Gobierno, permitiéndole prescindir de los sectores medios, responder a nuevas tentativas sediciosas, seguir avanzando en el cumplimiento del programa y asegurar la irreversibilidad del proceso.

Sin hablar directamente de un poder paralelo, la intención de multiplicar los comandos comunales obedeció a la necesidad de crear una capacidad administrativa, económica y política independiente del Estado y de las formas “burguesas” de administración pública, comercio, producción y gestión empresarial. Lo anterior significaba promover el desarrollo de lógicas y practicas socialistas —economía planificada, horizontalidad administrativa y autogestión territorial— para crear en los hechos las bases de un nuevo poder, capaz de reemplazar y prescindir del formalismo del Estado y las orientaciones políticas de la UP. Indudablemente, esta política fue también un intento por recuperar en alguna medida el control político de un movimiento cuyo “espontaneísmo” desbordaba con creces a las organizaciones de masas y directivas políticas de la UP.

La orientación hacia el movimiento social organizado y el desarrollo del poder popular relevaron la importancia del área de propiedad social, las organizaciones de base y las actividades industriales y agrícolas controladas

<footnote n="815">⁸¹⁵ “Crear desde ahora mismo las bases del poder obrero”, *Boletín del Comité Central del PS* 29, primera quincena de diciembre de 1972, 12.</footnote>
autónomamente por los trabajadores. Estas formas de poder tenían su expresión más notable en el área de propiedad social, orientada a cumplir con los objetivos antimonopólicos y antiimperialistas del gobierno mediante la requisición de empresas estratégicas y la nacionalización de los recursos naturales. Este sector de la economía era, por sus características y objetivos, cualitativamente distinta en su administración y desarrollo a las viejas empresas estatales, destacando el sistema de autogestión y planificación desde la base como factores esenciales para el desarrollo de las metas “socialistas” del gobierno.

En este contexto se desarrolló durante noviembre de 1972 el encuentro de trabajadores del APS. En su discurso inaugural, el presidente de la CORFO, ex ministro de Hacienda y militante socialista Pedro Vuskovic insistió en los factores cualitativos y los alcances políticos de este sector económico, bajo control obrero e inspirado en criterios distintos a los de la vieja propiedad estatal capitalista. En palabras de Vuskovic, el área social es “la avanzada en la transformación socialista de la economía chilena”,<fnref n="816" /> destacando la importancia productiva del sector, pero también, el desarrollo de toda una “cultura proletaria” surgida por la iniciativa obrera al alero de la nueva propiedad. Obras de teatro, la publicación de novelas y poemarios obreros, funciones ambulantes de cine y la organización de conjuntos folclóricos en los lugares de trabajo también resultaban expresiones ejemplificadoras de este nuevo tipo de protagonismo popular empujado por el Gobierno. No obstante, el aspecto más destacado fue la respuesta de este sector a los problemas surgidos con la paralización gremial de octubre. Durante la movilización el área social habría demostrado la potencialidad de los trabajadores, quienes por encima de las trabas administrativas y técnicas “se hicieron cargo y fueron capaces de mantener el funcionamiento de la economía chilena”.<fnref n="817" />

Las FF. AA. cumplieron con su rol constitucional en las zonas de emergencia, siendo incluidas al gabinete durante la crisis con el fin explícito de afianzar la autoridad, el orden público y agregar un elemento “jurídicamente neutral” al Gobierno. Pese a que los institutos armados sostuvieron su subordinación a la autoridad legalmente constituida, también es cierto que abundaban los rumores golpistas y que eran frecuentes las interpelaciones políticas a la oficialidad. En este sentido, la inclusión de los militares al gabinete reforzó el discurso constitucionalista y legalista, sin embargo, los objetivos del PS en el Gobierno no variaron. Según Carlos Altamirano, la inclusión de las FF. AA. debía ser “un instrumento que,

<footnote n="816">⁸¹⁶ Pedro Vuskovic, “Las empresas del área social deben ser expresión del poder del pueblo”, *Las Noticias de Última Hora*, 22 de noviembre de 1972.</footnote>

<footnote n="817">⁸¹⁷ Pedro Vuskovic “Superar viejas estructuras”, *Las Noticias de Última Hora*, 23 de noviembre de 1972.</footnote>
sumado al potencial de combate del proletariado, asegure la continuidad y
profundización del proceso revolucionario”.<fnref n="818" />

La presencia de oficiales en el gabinete, incluido el comandante en
jefe del Ejército Carlos Prats, daba nuevas proyecciones al enfrentamiento
social en los espacios institucionales. En este sentido, Walterio Fierro,
destacó como la agudización del enfrentamiento entre clases había roto el
normal funcionamiento de los poderes del Estado en torno a intereses
sociales e ideológicos enfrentados. Ante este cuadro, las FF. AA. cumplirían
una función de puente entre el campo de la legalidad manejado por el
movimiento popular —el Ejecutivo, el aparato administrativo y la naciente
área social— y el campo institucional controlado por la burguesía —el
Parlamento, el Poder Judicial y la Contraloría—, determinando “los limites
dentro de los cuales podrá moverse la acción administradora y de
gobierno”.

Y agrega: Serán ellas —las FF. AA.— las que concederán la fuerza pública que permita el cumplimiento oportuno de las decisiones de los tribunales, sea cual fuere el contenido, más o menos político (o de clase), de tales decisiones. En la medida que las Fuerzas Armadas se han identificado con su condición respetuosa de la legalidad y la institucionalidad, y en la medida, también, que esta institucionalidad y legalidad ha pasado a ocupar, una vez más, el primer plano de la confrontación de clases, recibirán ellas la presión creciente de la burguesía y el imperialismo por restaurar su dominio perdido, y de las masas por avanzar resueltamente en las transformaciones revolucionarias. A fin de cuentas, será la lucha de masas, entonces, el factor decisivo que permitirá endilgar, más temprano o más tarde, el proceso revolucionario nuestro por el sendero más recto hacia el socialismo.<fnref n="819" />

Afianzado el carácter “legal” del Gobierno con la presencia militar
en el gabinete, las divergencias al interior de la izquierda tomaron un
renovado protagonismo frente a las elecciones parlamentarias de marzo de
1973. El paro evidenció que comunistas y socialistas insistirían hasta el final
en sus concepciones estratégicas, agudizando el debate entre las opciones
de consolidar el Gobierno o profundizar el socialismo. La opción
promovida por el PC consistía en delimitar el área social de la economía y
fortalecer la producción ya nacionalizada, corregir los errores de dirección y

<footnote n="818">818 Carlos Altamirano, “Drástico castigo contra los responsables del intento golpista”, *Las Noticias de Última Hora*, 8 de noviembre de 1972.</footnote>

<footnote n="819">819 Walterio Fierro, “La lucha de clases y el campo de la legalidad”, *Las Noticias de Última Hora*, 20 de noviembre de 1972.</footnote>
persistir en atraer a los sectores de clase media para lograr la formación de una mayoría social favorable a los cambios. Mientras que el PS insistió en su concepción estratégica de terminar con el dominio del imperialismo, los monopolios, el latifundio e iniciar la construcción del régimen socialista. En la práctica, avanzar al socialismo significaba extender el área de propiedad social y liquidar inmediatamente el latifundio, pero también, incluir definitivamente a las masas con la perspectiva de construir "por debajo y encima de esta institucionalidad caduca" una "organizada movilización de masas, con la perspectiva de constituir un auténtico poder popular que sirva de respaldo al gobierno revolucionario de Salvador Allende".<fnref n="820" />

En una carta dirigida al Secretario General del PC, Carlos Altamirano insistió en el papel protagónico de la clase obrera, señalando que la posición del PS rechazaba todo entendimiento con los grupos sociales antagónicos y cualquier transacción que signifique afectar el ritmo ascendente de la lucha revolucionaria de las masas. El Secretario General socialista señaló la necesidad de "abrir paso a una nueva institucionalidad", capaz de impulsar las transformaciones revolucionarias que el Estado burgués capitalista se había demostrado impotente de realizar. Para Altamirano, "el gobierno de la UP solo tendrá sentido revolucionario en la medida que deje de apoyarse exclusivamente en dicha institucionalidad", volviendo imperativa la constitución de "gérmenes del poder obrero". En este sentido, "la participación e intervención directa de los trabajadores debe constituir el pilar fundamental para hacer irreversible el proceso, sentar las bases del poder popular, cambiar las relaciones de producción, iniciar la planificación socialista y educar política, técnica y administrativamente a las masas".<fnref n="821" />

Para Altamirano, los trabajadores debían “vanguardizar” a otros sectores de masas, dirigiéndolos por sobre los obstáculos de la legalidad burguesa que entrampaban la marcha del proceso. En consecuencia, el PS propuso la creación de organismos independientes al poder constituido, que “nacen no dependientes del gobierno como tampoco en contra del gobierno, toda vez que ellos nacen para ayudar el proceso revolucionario, y el gobierno constituye hoy una palanca fundamental que impulsa ese proceso”.<fnref n="822" /> Las definiciones en torno a un poder popular independiente y la prioridad por una estrategia de masas rompían con el esquema de poder planteado por Allende y el PC, en el que el movimiento de masas estaba delimitado principalmente a las empresas nacionalizadas y las organizaciones afectas al Gobierno. Sin embargo, las definiciones favorables al desborde institucional y al ejercicio informal del poder no

<footnote n="820">⁸²⁰ Carlos Altamirano, “Una batalla más en esta gran guerra de clases”, *Boletín del Comité Central del PS* 32, febrero de 1973, 8.</footnote>

<footnote n="821">⁸²¹ “El PS contesta a los compañeros del PC”, *ibid.*, 21.</footnote>

<footnote n="822">⁸²² *Ibid.*, 22.</footnote>
fueron posiciones excluyentes del PS. Después de octubre, el MAPU y la IC radicalizaron sus lecturas y vivieron sus propias discrepancias con el Gobierno, mostrándose favorables a la tesis de desbordar la institucionalidad mediante la configuración de un poder popular independiente. Lo propio hizo el MIR, que apoyó explícitamente a los candidatos del PS y la IC al Parlamento ante la convergencia de opiniones respecto al poder popular.

Los resultados de la elección, aunque favorables para el oficialismo que subió su representación parlamentaria, mantuvieron el cuadro general de la crisis y significaron el fin de la presencia militar en el gabinete. El 44,23 % obtenido por la UP seguía siendo insuficiente para destrabar el transito legislativo del Gobierno sin recurrir al PDC, mientras que el 55,49 % obtenido por la Confederación de la Democracia (CODE) seguía siendo insuficiente para destituir desde el Parlamento al presidente Allende. El PS, que pasó de 14 a 28 diputados y eligió a sus cincos senadores obtuvo menos votos que en las elecciones municipales, sin embargo, logró afirmarse como la primera fuerza de izquierda en el Parlamento y las más votada de la UP con un 18,37 %. Comentando las elecciones, Altamirano destacó que los resultados cerraban el camino electoral a la derecha para derrocar al Gobierno desde el Parlamento, por lo que se esperaba un aumento de la beligerancia y la acción sediciosa. Lo anterior, dejaba intacto el objetivo de cumplir el programa, la tarea de crear el poder obrero y abrir el paso a una nueva institucionalidad.<fnref n="823" />

Las resoluciones del pleno de marzo abordaron el cuadro político después de las elecciones y profundizaron las posiciones respecto del poder popular, explicitando la radicalizada posición socialista frente al Gobierno. Aduciendo la necesidad de defender el proceso revolucionario, el PS se abrió explícitamente hacia las organizaciones paraestatales y clasistas, señalando que el mejor camino para consolidar al Gobierno y defender sus conquistas era superar la fase democrático-burguesa iniciada por la UP e impulsar las tareas socialistas desde el movimiento de masas y el aparato administrativo. Considerando la experiencia de octubre, la propuesta fue “encontrar la adecuada correspondencia entre el uso del poder de gobierno y de la fuerza de las masas” y el “desarrollo acelerado de todas las formas de poder popular”, planteando que la participación de estas organizaciones “aseguran el desarrollo del poder popular alternativo a la institucionalidad burguesa pero no al gobierno. Sin depender del gobierno, el poder popular surgido desde la base lo complementa”.<fnref n="824" />

En este aspecto, el desarrollo del poder popular fue orientado principalmente al control y dirección independiente de las actividades

<footnote n="823">⁸²³ “Entre la espada y la pared los que buscan la guerra”, *Posición* 41, 22 de marzo de 1973.</footnote>

<footnote n="824">⁸²⁴ “Resolución política del pleno del Partido Socialista”, *Posición* 44, 7 de abril de 1973.</footnote>
económicas y productivas en manos del Estado, con miras a “ejercer plenamente el poder de decisión política que hoy radica en los mecanismos de la institucionalidad burguesa”.<fnref n="825" /> El 19 de abril de 1973 el Partido Socialista celebró sus 40 años de vida en la política chilena con un acto masivo en el Estadio Nacional y una reunión solemne de su Comité Central en el Teatro Municipal de Santiago. Los discursos dieron cuenta del ambiente radicalizado, la vigencia de las perspectivas de vanguardia y las tareas de masas. En esta línea, el discurso de Adonis Sepúlveda fue expresivo de las expectativas sobre la resolución del proceso revolucionario al señalar que, cerradas las opciones parlamentarias y derrotado el paro patronal de octubre, la burguesía preparaba una nueva arremetida que clausuraba las perspectivas pacíficas para la resolución del conflicto social en curso. En este contexto:

> La única política correcta está basada en radicalizar la lucha de clases; comprometer a los demás partidos de la Unidad Popular con la política de nuestro partido; producir en los hechos la dirección socialista del proceso; darle al área de propiedad social un carácter dominante en la ciudad y en el campo; transformar la participación en organización, administración, gestión y dirección de los trabajadores tanto de las unidades productivas como del Gobierno y, consecuentemente, del poder; poner a la altura de las circunstancias al Partido Socialista fortaleciendo su lucha ideológica y estratégica de Frente de Trabajadores, como una herramienta de ruptura de la actual formación social y económica y de la captura del poder popular revolucionario sobre la base de la aplicación profunda del programa de la UP, que inevitablemente nos llevara al socialismo.<fnref n="826" />

El cuadro de crisis institucional, bloqueo parlamentario y la emergencia de nuevas huelgas en el sector minero instalaron en el PS la perspectiva de un enfrentamiento decisivo contra la burguesía y el imperialismo, abriendo una nueva etapa de la lucha de clases en torno a la dicotomía “socialismo o fascismo”. En el periodo posterior a las elecciones de marzo, la acción opositora insistió en llamar a huelgas y a acusar la ilegalidad del Gobierno desde Parlamento. Mientras que la Contraloría se declaró incompetente para destrabar el conflicto entre poderes surgido a propósito del proyecto de reforma constitucional presentado por la DC,

<footnote n="825">⁸²⁵ Idem.</footnote>

<footnote n="826">⁸²⁶ Adonis Sepúlveda, “El Partido ha sido y es venero de las inquietudes y ansias revolucionarias de las generaciones de ayer y de hoy”, *Boletín del Comité Central del PS* 34, abril de 1973.</footnote>
sumando un nuevo revés institucional para el Gobierno y su estrategia legalista. En este contexto, se instalaron con fuerza en la UP el discurso contra la guerra civil, el compromiso irrestricto con el programa y la perspectiva de la movilización masiva para hacer frente a una inminente insurrección contra Allende. Además, la difícil situación institucional y el fracaso de los canales legales para dirimir el conflicto instalaron a las FF. AA. como un contingente político clave para decidir el proceso en favor del Gobierno o la oposición.

La salida de las FF. AA. del gabinete inició un deterioro de las relaciones entre el Gobierno y los institutos armados. La oficialidad insistió que su presencia en las labores ministeriales socavaba el principio de unidad y disciplina interna, cuestión que fue considerada por Allende para no insistir en el nombramiento de militares al gabinete. Las FF. AA. se instalaron como un contingente político en disputa que fue convocado desde la oposición, que acusó la existencia de grupos armados nucleados en torno a las organizaciones de masas afectas a la UP, y también desde el Gobierno y sus partidos, que insistieron en el rol constitucional y el origen popular de los uniformados.<fnref n="827" /> El 29 de junio de 1973 el regimiento blindado N.° 2 dirigido por el Teniente Coronel Roberto Souper intentó tomar el palacio de La Moneda. El ataque fue instigado por miembros de Patria y Libertad con la pretensión de sumar a otros sectores disconformes de las FF. AA. en la tarea de derribar al Gobierno. El ataque, que fue repelido por el General Prats y motivó la petición de estado de sitio por parte del Ejecutivo, terminó por confirmar para el PS la ruptura total del Estado de derecho y del régimen burgués.

Carlos Altamirano acusó que el frustrado golpe fue agitado por la oposición desde el Parlamento y el Poder Judicial, dejando a la institucionalidad burguesa irremediablemente dañada con el fin de derribar al Gobierno de Allende. Refiriéndose a los cursos de acción después del *Tanquetazo*, Altamirano pidió al Gobierno actuar sin contemplaciones con los responsables del movimiento y señaló la “obligación de atenderse a la nueva legalidad surgida como producto genuino de las profundas transformaciones sociales y económicas del país, y como fruto forzado de la conducta ilegitima y sediciosa de los grupos reaccionarios”.<fnref n="828" /> Después de la asonada el enfrentamiento se tomó la lógica del partido, el que asumió una posición beligerante frente a la oposición, acusándola de buscar la ilegalidad del Gobierno desde el Parlamento e intentar que las FF. AA. interviniesen en favor de los intereses burgueses y en contra de Allende. Después del 29 de junio la vía institucional fue totalmente descartada en el discurso

<footnote n="827">⁸²⁷ Garretón y Moulian, *op. cit.*, 135-144 y Valenzuela, *op. cit.*, 137-173.</footnote>

<footnote n="828">⁸²⁸ Carlos Altamirano, “Deberes y derechos del pueblo chileno en la hora actual”, *Boletín del Comité Central del PS* 36-37, junio-julio 1973, 4.</footnote>
socialista, que a llamó a consolidar el proceso de facto apoyado en las
organizaciones de masas. En una posición completamente opuesta, el
propio Allende se encargó en insistir en el carácter del Gobierno al señalar
que el proceso chileno

Tiene que marchar por los cauces propios de nuestra historia,
nuestra institucionalidad, nuestras características, y por lo tanto el
pueblo debe comprender que yo tengo que mantenerme leal a lo
que he dicho, haremos los cambios revolucionarios en pluralismo,
democracia y libertad, lo cual no significa ni significará tolerancia
con los anti demócratas, tolerancia con los subversivos y
tolerancia con los fascistas.<fnref n="829" />

La invocación en el Congreso de la ley de control de armas y el
allanamiento de empresas ocupadas, locales de la CUT y hasta el
Cementerio Metropolitano por parte de personal militar fue leída por el PS
como la preparación de las condiciones que desencadenarían la guerra civil
mediante el enfrentamiento de las FF. AA. con los obreros. Ante la
amenaza, el deber de la clase trabajadora en su conjunto era no permitir
“por motivo alguno, la vuelta atrás en la historia de la patria”.<fnref n="830" /> La evidente
fractura de las fuerzas militares y el rechazo del Parlamento al estado de
sitio solicitado por el Gobierno terminaron de transformar las percepciones
respecto de las FF. AA. y la oposición, y mientras el Partido Nacional
declaró que los institutos armados no estaban obligadas a obedecer un
Gobierno ilegítimo e inconstitucional, los socialistas llamaron abiertamente
a la desobediencia de los suboficiales y soldados ante a una próxima
intentona golpista: “no solo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que
signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas
contra el Gobierno de los Trabajadores —sus hermanos de clase—, sino de
oponerse activamente. Estamos seguros de que este criterio patriótico,
nacional y revolucionario, prevalecerá”.<fnref n="831" />

Durante los tres años de Gobierno de la Unidad Popular el Partido
Socialista paso de la vía institucional a intentar el desborde de ese camino,
motivado por la crítica situación parlamentaria y el bloqueo de la acción del
ejecutivo. Desde la perspectiva del PS, la vía chilena al socialismo había
demostrado desde temprano que la sola acción institucional no bastaba, y

<footnote n="829">⁸²⁹ “Palabras pronunciadas por el presidente de la República, Compañero Salvador Allende Gossens ante el pueblo reunido en la plaza de la constitución, 29 de junio de 1973”, *Textos de Salvador Allende* (1973), Biblioteca Clodomiro Almeyda, 2016, 425.</footnote>

<footnote n="830">⁸³⁰ “Repulsa socialista a toda acción tendiente a desencadenar una guerra civil”, *Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados*. Sesión 21, 24 de julio de 1973.</footnote>

<footnote n="831">⁸³¹ Carlos Altamirano, “Discurso a los trabajadores de los cordones industriales”, Farías (ed.), *op. cit.*, 4805.</footnote>