# Desterrar los silencios y el olvido. Dictadura y Terrorismo de Estado en la Provincia de Llanquihue (1973-1975)

Sebastián Carreño

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Sebastián Carreño. Desterrar los silencios y el olvido. Dictadura y Terrorismo de Estado en la Provincia de Llanquihue (1973-1975). Manuel Loyola. Ariadna Ediciones, 1, 2024, Manuel Loyola, 978-956-6276-06-7. 10.26448/ae9789566276067.85. hal-04463328

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Sebastián Carreño Ramos

DESTERRAR LOS
SILENCIOS
Y EL OLVIDO

Dictadura y Terrorismo de Estado
en la Provincia de Llanquihue.

La Represión en el Cuartel de la Dirección de
Investigaciones de Puerto Montt (1973-1975)

Ariadna
ediciones
Desterrar los silencios y el olvido

Dictadura y Terrorismo de Estado en la Provincia de Llanquihue.

La Represión en el Cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt
(1973-1975).
Desterrar los silencios y el olvido

Dictadura y Terrorismo de Estado en la Provincia de Llanquihue.

La Represión en el Cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt
(1973-1975).

Sebastián Andrés Carreño Ramos

ISBN: 978-956-6276-06-7

Santiago de Chile

Primera edición, diciembre 2023

Gestión editorial: Ariadna Ediciones

http://ariadnaediciones.cl

https://doi.org/10.26448/ae9789566276067.85

Portada: Matías Villa

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# Índice

<table><tr><td>Dedicatoria</td><td>7</td></tr><tr><td>Agradecimientos</td><td>9</td></tr><tr><td>Prólogo</td><td>11</td></tr><tr><td>Introducción</td><td>19</td></tr></table>

Capítulo I. Un tiempo de revoluciones: Transformaciones políticas, sociales y económicas en la Provincia de Llanquihue...35

Capítulo II. Organización, Seguridad Interna y Represión: El CAJSI, el CIRE y la Fiscalía Militar de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena...83

Capítulo III. Copamiento Militar, Represión Política y Violaciones a los Derechos Humanos en Puerto Montt...121

Capítulo IV. Industrialización del Terror: Centros de Prisión y de Torturas en Puerto Montt...195

Capítulo V. El Núcleo del Terrorismo de Estado: El Cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt...225

Conclusiones...255

Bibliografía...261
Dedicatoria

Dedico los siguientes pasajes a las personas valientes y olvidadas,
A aquellas cuyas voces intentaron silenciar,
a las que lucharon por la justicia y la libertad.
Dedico este libro como un tributo a su memoria.

Que estas páginas no solo cuenten y rememoren la historia,
sino que también honren su legado y nos recuerden
la importancia de la verdad, y la lucha contra el olvido.

A las Agrupaciones de Derechos Humanos que mantienen viva la llama de la esperanza,
gracias por su incansable lucha, que inspira a generaciones presentes y venideras.

Que estas palabras sean un homenaje sincero, a todos aquellos que sufren la represión
y el dolor, que su memoria siempre sea recordada, y que nunca más se vuelva a repetir
el terror.
Agradecimientos

Cuando escribo estas palabras, mi corazón se llena de emociones y recuerdos al reflexionar sobre el arduo camino de cuatro años de investigación que ha culminado en la realización de esta obra. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que han sido parte esencial de este viaje, cuya colaboración y apoyo inquebrantable han sido determinantes para que esta investigación vea la luz.

Deseo iniciar estos agradecimientos con un profundo reconocimiento a todas las Agrupaciones de Derechos Humanos de nuestra zona. Sus historias, sus luchas, pero también sus heridas, han tejido la esencia misma de esta obra. Sin su apoyo incalculable, su experiencia invaluable y el tesoro de material acumulado a lo largo de los años, este trabajo sería apenas una sombra de lo que representa hoy. Agradezco sinceramente a Irma Alvarado, Alfredo Argel y Ramón Zambrano por su contribución desinteresada y su compromiso con mi trabajo. Su dedicación ha enriquecido esta obra de manera que excede el poder de las palabras.

Con profundo agradecimiento, deseo reconocer a la Corporación Egaña Sesenta. Gracias a su apoyo, esta obra pudo transformarse en un libro. Sin su colaboración y respaldo, este proyecto no habría sido posible. Quiero expresar mi gratitud de manera especial a René Droppelmann, Carlos Soto, Alfredo Cardemil y Alberto Mancilla. Su contribución ha sido esencial, y mis palabras nunca podrán expresar completamente la profundidad de mi agradecimiento.

Quiero expresar mi sincero agradecimiento al equipo del Plan de Gestión de Egaña Sesenta por haberme invitado a desarrollar el Archivo Egaña Sesenta. Su valioso aporte y su constante determinación en apoyarme para no desfallecer me han enseñado que el acto de investigar el pasado no se limita únicamente al trabajo de fuentes, sino que, ante todo, implica un compromiso con nuestras comunidades. Mis agradecimientos se dirigen a Javier Smith, Trinidad Oviedo, Berta Camaaño, Claudio Saldivia y Simón Sierraña.

Me detengo a expresar mi gratitud hacia la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral, por haberme brindado una formación académica, con un enfoque especial en el estudio de nuestro pasado reciente, y, lo que es aún más relevante, por inculcarme la importancia del compromiso político al momento de estudiar nuestro pasado. Quiero reconocer de manera especial a mi guía en el proceso de Tesis, Robinson Silva, así como a Yerko Monje.

Quiero agradecer a Johanna Guala del Instituto de Derechos Humanos por abrirme los ojos a la profunda falta de conocimiento que existe acerca de nuestro pasado reciente. Asimismo, deseo expresar mi
agradecimiento al Equipo Técnico de Declaratoria como Monumento Histórico Nacional de Egaña Sesenta, con quienes colaboramos para que el Estado reconozca y valore el patrimonio de memoria de nuestra región. Mi reconocimiento se dirige a Ricardo Neira, Sandra Ranz, Pablo Seguel y Carolina Mansilla.

Agradezco también al Servicio del Patrimonio y al Gobierno Regional de la Región de Los Lagos por su valiosa contribución financiera a este libro. Además, deseo expresar mi gratitud por la colaboración a Comunidad Vínculos, Tamara Casanova de la Oficina Parlamentaria del Senador Fidel Espinoza y de Mauricio Cocha, quienes desempeñaron un papel fundamental en la postulación de este proyecto.

Por último, deseo expresar mi profundo agradecimiento a mi familia: a mis hermanos, a Soledad, pero sobre todo a mi madre, quien fue una testigo fiel de todo el esfuerzo que implicó este camino. Ella me acompañó con tazas de café en las largas noches en las cuales estas páginas cobraban vida. Gracias, Madre, por tu apoyo inquebrantable.
Prólogo

La historia reciente entendida en cuanto historiografía, refiere a
la delimitación de un objeto de investigación, la generación de cierto
horizonte epistemológico desde donde construir el objeto histórico, un
marco teórico desde donde efectuar un análisis de este y la identificación
de determinadas metodologías de producción de información. En cuanto
campo, surge en relación con lo político y lo social, aportando con la
instalación de agendas investigativas y posicionando ciertas temáticas
como relevantes para una determinada sociedad. La historia reciente
como campo intelectual y como perspectiva historiográfica en América
Latina tiene un amplio desarrollo en Argentina, Brasil y Uruguay. Por su
contexto de origen, su agenda de investigación se relacionó con el
accionar de las dictaduras de seguridad nacional, el accionar represivo de
las mismas, los movimientos de Derechos Humanos y las militancias
políticas y sociales.

En el caso argentino –el de mayor desarrollo- se estructuró un
campo de estudio en torno al presente cruzado por la problemática de
los Derechos Humanos y la represión ejercida por las dictaduras militares
del siglo XX. En un segundo momento, la investigación historiográfica
fue impulsada por la convergencia de políticas públicas de memoria y de
Derechos Humanos y la existencia de organizaciones de la sociedad civil
que posicionaron la relevancia de dicha agenda no exenta de tensiones.
Como señala Elizabeth Jelin “este campo, además, se mantiene y
alimenta en un diálogo productivo (aunque no siempre línea y pacífico)
con las políticas públicas, con los actores y movimientos sociales y con el
campo de la creación artística”<fnref n="1" />.

Hace unos años observaba que, en el caso chileno, el desarrollo
historiográfico del pasado inmediato se ha posicionado respecto a los
aportes de la historia política y de la historia social, lo que ha redundado
en un reposicionamiento de la política llevada adelante por actores
colectivos en los procesos de la historia reciente. La problemática de las
militancias, las generaciones y los movimientos sociales han copado la
agenda investigativa de los historiadores abocados al estudio del
presente. Sin embargo, no se observa un campo de investigación
estructurado en torno a las temáticas propias de la historia reciente
revisadas en el cono sur, tales como la memoria, las prácticas represivas

<footnote n="1">¹ Jelin, E. Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión. La construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales. *Estudios Sociales*. 27, no. 1, 2003, pp. 91-113.</footnote>
de las dictaduras de seguridad nacional, los recintos de detención y
tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones<fnref n="2" />.

Uno de los efectos indirectos en Chile del desacople entre la acción del Estado en materia de memoria y la acción de las organizaciones de la sociedad civil ha implicado la puesta en un segundo plano de una investigación crítica sobre el accionar represivo de la dictadura cívico-militar y de las organizaciones de resistencia política y social. El grueso de la investigación sobre esta temática ha sido impulsado por la investigación periodística y la producción artística, quedando relegado en un segundo plano los aportes propios desde las ciencias sociales con enfoque histórico. La estructuración de un campo de la historia reciente en Chile vinculado a una agenda investigativa relacionada en torno al accionar represivo de la dictadura cívico-militar es reciente y ha evidenciado el aporte de nuevas generaciones de cientistas sociales e historiadores.

En los últimos años se ha evidenciado el aporte de diversas
investigaciones periodísticas, históricas y judiciales que han permitido
avanzar en el estudio de la dictadura cívico-militar en diversas
direcciones, aportando a la construcción de diversas narrativas sobre el
accionar represivo. La «demanda social de conocimiento», en los
términos planteados por Marina Franco y Florencia Levín no se ha
articulado a una agenda de investigación propia desde el campo de la
historia reciente<fnref n="3" />. Este crecimiento de la «demanda social de
conocimiento» en torno a la dictadura, la podemos identificar en una
serie de trabajos que van en diversas direcciones, tanto desde la óptica
testimonial de víctimas y sobrevivientes, pasando por las perspectivas
psicosociales de la violencia política, el terrorismo de Estado y la
producción artística.

Este trabajo de Sebastián Carreño se inscribe en el empeño colectivo que da cuenta del surgimiento de una nueva generación de profesionales que, al alero de los esfuerzos institucionales desarrollados, por ejemplo, por la Universidad Austral y la Universidad de Santiago de Chile, han buscado potenciar el despliegue de investigaciones académicas insertas en las demandas y urgencias de la sociedad civil. No puedo dejar de señalar este elemento diferenciador como uno de los principales rasgos de este cometido, ya que el trabajo desarrollado por Carreño fue un aporte fundamental para que el Estado protegiera, en calidad de

<footnote n="2">² Seguel, P. Soldados de la represión. Anticomunismo, contrasubversión y seguridad nacional en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2022.</footnote>

<footnote n="3">³ Franco, M. y Levin, F. Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción.
Buenos Aires: Paidós, 2006.</footnote>
Monumento Nacional, el recinto del Cuartel de la Policía de Investigaciones ubicado en Egaña N°60, en la ciudad de Puerto Montt<fnref n="4" />.

El surgimiento en Chile de la protección de sitios de memorias como parte de las medidas de reparación simbólica es una expresión de las obligaciones estatales de verdad, justicia, reparación y promoción de las garantías de no repetición de las violaciones a los Derechos Humanos. Es una tendencia más reciente dentro de las políticas públicas de memoria y Derechos Humanos<fnref n="5" />. No obstante, esto ha permitido potenciar los esfuerzos de la sociedad civil para preservar el patrimonio de memoria y Derechos Humanos que se vincula con el pasado nacional reciente y dar curso institucional a investigaciones como esta.

En este sentido, *Desterrar los silencios y el olvido: Dictadura y Terrorismo de Estado en la Provincia de Llanquihue. La Represión en el Cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt (1973-1975)*, se constituye en una investigación que tiene una relevancia sociopolítica – por su aporte invaluable a la protección del sitio de memoria Egaña 60- pero, sobre todo, desde el punto de vista disciplinar, que es lo que quiero destacar.

Este libro sugiere una temporalidad propia en relación con la especificidad de las dinámicas políticas, sociales y culturales desarrolladas por los actores en el territorio de la región de Los Lagos. Lo anterior no solo es una clave de análisis de las dinámicas de lucha y desarrollo de los movimientos sociales en la región y de los procesos reivindicativos desarrollados para la ampliación de la reforma agraria, el derecho a la vivienda, las luchas gremiales del movimiento sindical y las luchas reivindicativas del movimiento estudiantil. También lo es desde el punto de vista de los actores y burocracias estatales abocadas al desarrollo de la represión estatal a través de las dinámicas de copamiento coactivo del territorio, que nos permiten rastrear una función permanente del Estado en regímenes democráticos y autoritarios.

Esta investigación muestra cómo la reforma agraria fue apalancada por procesos estatales que imprimieron un impulso «por arriba» a la política de distribución de la tierra y la manera en cómo la dinámica reivindicativa del movimiento sindical agrario tomó ese impulsado llevado adelante por el gobierno de la Democracia Cristiana y lo radicalizó «desde abajo», generando tensiones sociopolíticas que intentaron ser resueltas institucionalmente y que están en el corazón del

<footnote n="4">⁴ Decreto N°1 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del 30 de enero de 2023, que declara Monumento Nacional, en categoría de Monumento Histórico, el Sitio de Memoria ex Cuartel de la Policía de Investigaciones Egaña 60, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.</footnote>

<footnote n="5">⁵ Seguel, P. Las políticas de protección patrimonial de Sitios de Memoria en Chile, 1996-2018. Aproximaciones desde un campo en construcción. *Persona y Sociedad*, 32 (1), 2018, pp. 63-97.</footnote>
agotamiento de la política de la política de «promoción popular» impulsada por la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva (1965-1970). En otras palabras, nos muestra cómo desde la política gubernamental se construyó una estructura de oportunidades políticas que los actores tomaron en el territorio para el desarrollo de acciones colectivas, reivindicativas y de solidaridad que complejizan y matizan la identificación de las motivaciones de los actores en el territorio. Elocuente de ello es cómo los actores sociales, tomando los dos principales hitos de política gubernamental del periodo (la Ley de Sindicalización Campesina y la Reforma Agraria), desarrollan repertorios de movilización social que se amplían desde el horizonte reivindicativo hacia formas de movilización por solidaridad (como lo expresa en las movilizaciones de los trabajadores agrarios del Fundo Los Melis a comienzos de 1970).

El posicionamiento del espacio agrario como un lugar de la contienda política en el territorio es una clave interpretativa de la estructura social y de poder, mostrando cómo la política agraria y el campo se constituyen en el espacio de la confrontación sociopolítica en la provincia. Tanto los patrones de fundo, los actores del Estado (representantes de los Poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial) y sociales (gremios de trabajadores) se posicionaron mediante el conflicto en los territorios. Es decir, en otra clave interpretativa, cómo el poder político al retornar a su fundamento social mediante el conflicto resitúa la dinámica de la confrontación desde los espacios de representación política hacia los espacios de producción y reproducción social.

Paralelamente, el mismo modo de desarrollo de un patrón de acumulación de riqueza potenció una manera de poblamiento del territorio que, con posterioridad al mega terremoto que azotó la zona sur del país en 1960, propició una crisis habitacional sin parangón en la región. Situación que ante la pasividad de la respuesta estatal generó desde la sociedad una respuesta desde la acción colectiva que presionó al Estado para una solución que se disipó en el tiempo, presionando a los actores a una radicalización. Al movimiento social a través de acciones colectivas de ocupación de terreno y al Estado, a través de la represión y la criminalización como lo fue la masacre de Pampa Irigoin.

La elección del Presidente Salvador Allende generó en la región una estructura de oportunidades políticas que se fue progresivamente ampliando a partir de una interacción entre las políticas públicas impulsadas por el Poder Ejecutivo y las reivindicaciones y demandas regionales. Así, por ejemplo, las medidas del gobierno como el Plan de Emergencia Nacional que incorporaba el Programa de Suplementación Alimenticia, el Plan Extraordinario de Vacunación y la campaña de
prevención de diarreas infantiles, fue complementado en la región con medidas sociales sentidas como el desarrollo de una política habitacional para hacer frente al problema de la vivienda y campañas de invierno para llevar a las familias materias primas fundamentales como la leña (Operación Leña).

La investigación muestra cómo la oposición al Gobierno del Presidente Allende, conformada inicialmente por el Partido Nacional, comienza tempranamente a desarrollar acciones de violencia política a través del Comando Rolando Matus y el Frente Nacionalista Patria y Libertad para, posteriormente, sumar a la Democracia Cristiana. Esa coalición opositora entre movimientos terroristas de extrema derecha (comando Rolando Matus y Patria y Libertad), partidos políticos (Partido Nacional y Democracia Cristiana), sumará, hacia mediados de 1972 a gremios de profesionales, comerciantes e importantes personalidades de la región a desarrollar acciones de violencia política contra el Gobierno. En otras palabras, la investigación muestra cómo la violencia política desde la sociedad civil tiene conexiones con la violencia desarrollada con posterioridad por la dictadura cívico-militar a través de los dispositivos burocráticos y legales desarrollados por el Estado.

Hasta este punto la investigación se desarrolla en sintonía con los esfuerzos que otros investigadores han efectuado para mostrar la manera en cómo lo político con lo social se interrelacionan para dar cuenta de la crisis política de la Unidad Popular. Lo hace de una manera en que nos permite entender el modo cómo estas tensiones se expresan en el territorio y el escenario de la región. No obstante, este trabajo de investigación historiográfica da un giro que lo diferencia de sus predecesores y que lo hacen posicionarse como un aporte que abre caminos a nuevas indagaciones.

La investigación sobre la manera en que se estructura la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de la Tercera Base Aérea (CAJSI III Base Aérea) plantea una interrogante que no sólo tiene repercusiones en Puerto Montt y las Provincias de la Región de Los Lagos, sino que para el conjunto del país. Siguiendo la hipótesis investigativa que trabajamos en 2019 para la declaratoria del Sitio de Memoria Egaña N°60, en *Soldados de la represión. Anticomunismo, contrasubversión y seguridad nacional en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975* presenté una clave de análisis de la represión estatal que situaba en las CAJSI una pieza clave para entender la sistematicidad, despliegue regional y vinculación de la violencia dictatorial con la sociedad civil, que tendría en las regiones una explicación en relación con la dinámica nacional. Sebastián tomó esa misma hipótesis, pero la aplicó a nivel regional mostrando con creces cómo este dispositivo de represión es una pieza estratégica para entender la violencia política desarrollada por la
dictadura cívico-militar en los territorios, permitiendo entregar evidencia contundente sobre la organización de las burocracias de defensa y orden público para el desarrollo de la represión estatal.

De lo anterior y de la propia investigación de Sebastián Carreño se muestra que la represión dictatorial estuvo regida por un modelo de planificación centralizada a nivel nacional a través de las Planificaciones de Seguridad Interior desarrolladas para las CAJSI, pero que la ejecución de esta se desarrolló a escala regional con amplias atribuciones para los Comandantes de cada CAJSI. Si bien a nivel nacional existieron criterios generales, estos no fueron más que trazos generales de cómo debía coparse militarmente el territorio nacional, por lo que el grueso de la iniciativa fue adoptada a nivel regional por el Estado Mayor de la CAJSI y las decisiones adoptadas por su Comandante, en este caso el General de Aviación Sergio Leigh Guzmán, hermano de Gustavo Leigh Guzmán, General del Aviación, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile y miembro de la Junta Militar de Gobierno hasta su destitución en 1978. La investigación de Carreño muestra que Sergio Leigh participó directamente en las decisiones de cómo proceder en las ejecuciones de las víctimas de la dictadura en los primeros años del régimen y también en cómo encubrirlas bajo la figura de los falsos enfrentamientos por Ley de Fuga. Pese a ello y la evidencia que muestra esta investigación, Sergio Leigh Guzmán es uno más de los militares que murió en la impunidad judicial.

Por ello, esta investigación es un aporte invaluable no sólo a la memoria, a la reconstrucción de la verdad sobre las violaciones a los Derechos Humanos, sino que también muestra con evidencia que los historiadores y los investigadores profesionales podemos contribuir a los procesos de justicia actualmente en curso ya que podemos dar consistencia documental a presunciones de investigación de jueces y policías que, por el foco de sus labores, no buscan articular cadenas de hechos en contexto, sino solo acreditar pruebas de responsabilidades individuales en violaciones particulares de Derechos Humanos. En otras palabras, la investigación académica profesional puede mostrar macroprocesos de criminalidad que de estar consideras por jueces en su mérito, podrían constituirse en pruebas para los procesos judiciales en curso como ha sucedido en Argentina y Uruguay a través de la figura de los peritos de contexto.

Esta investigación no sólo es un aporte disciplinar, es un aporte a la justicia, a la memoria y la democracia. La represión, las violaciones a los Derechos Humanos necesitan de agentes que las cometan y que causen espanto. Y como señala Alberto Harambour, "el espanto está satisfecho cuando deja de causar espanto. Cuando se naturaliza. Y para la naturalización se necesitan hombres armados y periodistas, lo mismo que
historiadores y abogados (...) El deseo de exterminar a un grupo social solo es plenamente comprensible para perpetradores y cómplices (...) La tarea de explicarse la voluntad genocida es interminable, siempre inconclusa, y tiene como necesidad la recuperación de la humanidad, es decir, de la historicidad de las y los deshumanizados”<fnref n="6" /> ... Pero también, necesita de los rostros de los perpetradores, sin caer en la reducción de la generalización de una banalidad del mal, de la obediencia debida y de los puntos finales que buscan el olvido como una forma de impunidad.

Dr. (c) Pablo Seguel

Historiador y sociólogo

Becario doctoral ANID folio N°21211316

<footnote n="6">⁶ Harambour, A. “Prólogo”, en Alonso, J. Selk´nam, Genocidio y Resistencia”, Santiago de Chile, Ediciones Catalonia, 2019.</footnote>
Introducción

Desde las sombras de un pasado represivo, emerge una voz potente y resonante de víctimas y sus familias, cuyo anhelo es develar la verdad y alcanzar la justicia ante los atroces crímenes de lesa humanidad perpetradas por la dictadura cívico-militar. A través del dolor y el sufrimiento, pero sobre todo con valentía, las Agrupaciones de Derechos Humanos han trabajo sin descanso para contribuir a la conciencia colectiva de rechazo hacia las acciones represivas y asegurar que estas jamás se repitan. En medio de ese esfuerzo colectivo, el antiguo edificio de la Policía de Investigaciones de Chile situado en Puerto Montt se alza como un testigo silencioso de los horrores del pasado.

Dentro de sus muros, operó la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt y los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ejecutando una política represiva que dejó un trágico legado de secuestros, prisiones, interrogatorios y torturas, representado y graficando la máxima expresión de terrorismo de Estado en la zona. Sin embargo, en la actualidad, gracias al incansable trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos, este espacio de dolor y sufrimiento se ha transformado en un símbolo de reparación simbólica y de memoria histórica. Es por esa razón, que con cada paso en este proceso de metamorfosis, el edificio se convierte en un sitio de memoria, que resuena con las voces oprimidas de hombres y mujeres que sufrieron en carne propia la brutalidad de ese pasado represivo.

En la Provincia de Llanquihue se alzan diversas organizaciones que luchan incansablemente por preservar la memoria, la historia y romper el velo del olvido. Entre ellas destacan la *Agrupación de Ex Presas y Presos Políticos Salvador Allende* y la *Agrupación de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos de Puerto Montt*. Estas fuerzas confluyen en la *Corporación Egaña Sesenta*, compartiendo el objetivo de construir un Sitio de Memoria que sea testigo vivo de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el ex edificio de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt y en toda la Provincia de Llanquihue durante el régimen militar<fnref n="6" />.

Este incansable empeño se erige como un pilar indeleble en la batalla por la verdad y la justicia, persiguiendo que las víctimas no sean olvidadas y que sus experiencias no se desvanezcan en los abismos del tiempo. Por esa razón, los siguientes pasajes se convierten en un eslabón en la cadena esfuerzos, contribuyendo a dilucidar la verdad y a tejer parte

<footnote n="6">⁶A mi parecer, es fundamental mencionar y destacar que la persona que lidera y guía a la Corporación Egaña Sesenta en este proyecto es Ricardo Neira, arquitecto de la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas de la Región de los Lagos.</footnote>
del tapiz de una memoria histórica que repudie toda forma de agresión y abogue inquebrantablemente por los Derechos Humanos.

Es así que estas páginas, producto de una ardua labor que se inició en el año 2019, cuando Robinson Silva, en ese entonces Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, me extendió la invitación para formar parte del Proyecto del Sitio de Memoria Egaña Sesenta y me presentó a Johanna Guala del Instituto de Derechos Humanos. En aquel momento, confieso que carecía de todo conocimiento sobre los sucesos que habían acontecido a este territorio. A lo largo de esta travesía, tuve el privilegio de conocer a personas valiosas, incluyendo a Ricardo Neira de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, Sandra Ranz, Carolina Mancilla y Pablo Seguel del Consejo de Monumentos Nacionales y a Begoña Olivares y Francia Jammet de la Unidad de Memoria del Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. Juntos, trabajamos incansablemente en la investigación y desarrollo de la *Declaratoria como Monumento Histórico Nacional del Sitio de Memoria Egaña Sesenta*, mientras yo, paralelamente, me embarcaba en la escritura de mi tesis de pregrado bajo la guía de Robinson. En ese aquel, el pasado de este lugar se revelaba difuso y complejo de abordar desde la historiografía, Sin embargo, ambos objetivos se cumplieron: presenté mi memoria y el Estado, de manera oficial, reconoció al edificio Egaña Sesenta como un Monumento Histórico<fnref n="7" /> y creo, firmemente, que este libro representa parte de la síntesis de todos esos esfuerzos conjuntos<fnref n="8" />.

Es por ese motivo que este trabajo adquiere una enorme relevancia para la historia local, abarcando no solo Puerto Montt, sino también la Provincia de Llanquihue y la Región de Los Lagos. Hasta el de hoy, la mayoría de la producción historiográfica se ha centrado exclusivamente en el periodo de la colonización alemana a mitad del siglo XIX, analizado desde una perspectiva colonialista y estatista<fnref n="9" />. Esta línea

<footnote n="7">⁷Consejo de Monumentos Nacionales. “CMN aprueba solicitud de declaratoria del ex cuartel de la política de investigaciones de Puerto Montt como sitio de memoria”. Disponible en: https://www.monumentos.gob.cl/prensa/noticias/cmn-aprueba-solicitud-declaratoria-ex-cuartel-policia-investigaciones-puerto-montt. [Fecha de consulta: 01 de mayo de 2023].</footnote>

<footnote n="8">⁸Además, una de las motivaciones fundamentales para la creación de este libro radica en el lamentable acto de plagio perpetrado por el Dr. Jorge Weil de la Universidad de los Lagos. Sin escrúpulos, se apropió de mi tesis de pregrado para incluirla en su “propio” libro titulado: "Los Derechos Humanos en la Provincia de Llanquihue, 1973-1990". No solo eso, sino que también hizo uso indebido de los recursos públicos provenientes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.</footnote>

<footnote n="9">⁹La perspectiva de la subalternidad nos ofrece una concepción de estatismo, un término acuñado por Ranajit Guha. Según Fontana, esta construcción historiográfica ha dado un papel principal a la vida y al papel del Estado, quien asume por nosotros y para nosotros</footnote>
ha dejado en la sombra otros procesos históricos cruciales, como el que
aborda este estudio: el periodo que va desde la implementación de la
reforma agraria hacia la dictadura cívico-militar. En ese sentido, es
fundamental recuperar y reconfigurar esta parte valiosa de nuestra
historia, que ha sido marginada y merece ser revisada con una mirada
crítica y renovada.

En otro orden de ideas, cabe señalar que el conocimiento sobre
la represión ha sido abordado desde una perspectiva centralista en el
contexto nacional, lo que ha generado discursos e interpretaciones
históricas que proyectan una imagen de una historia homogénea y
centralizada. En este enfoque, se han ignorado y marginado otras
experiencias locales, lo que limita nuestra comprensión de la complejidad
y diversidad de los procesos históricos<fnref n="10" />. Es esencial ampliar el espectro
de análisis y dar voz a las experiencias y los sujetos que han sido
excluidos de la narrativa oficial, para construir una historia nacional de
mayor complejidad.

A partir de este contexto, la presente investigación tiene como
objetivo arrojar luz sobre tres cuestiones considerables. En primer lugar,
se propone indagar en las sombras de la época que abarca desde el golpe
de Estado hasta finales de 1975, profundizando en la comprensión de la
función de las burocracias coactivas y su papel en la organización de la
represión; la forma en que se produjo el copamiento militar; la
cooperación de civiles con el terrorismo de Estado; y las violaciones a los
Derechos Humanos que se produjeron en la zona, centrándose en el rol
de los centros de detención y tortura, así como en los asesinatos
perpetrados por las Fuerzas Armadas y de orden público en la actual
Provincia de Llanquihue.

En segundo lugar, daremos una atención especial a los
acontecimientos ocurridos en el Cuartel de la Dirección de
Investigaciones de Puerto Montt, debido a su destacada importancia en
la ejecución de las dinámicas represivas. Este edificio desempeñó un
papel fundamental en la coerción política, convirtiéndose en un elemento
clave para comprender a fondo el periodo en cuestión.

Por último, se abordará territorialmente el periodo de
transformaciones sociales, políticas y económicas, marcadas por la

ciertas coyunturas históricas dignas de ocupar, dejando de lado otros procesos históricos que ocurrieron en otras épocas. Fontana, J. “Ranahit Guha y los subaltern studies”, en Fontana, *Las Voces de la Historia y otros estudios Subalternos*, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 14. No obstante, hay historiadores que han buscado cambiar este paradigma, como lo es el trabajo de Rudy Carrasco. Carrasco. R. *Melipulli Astillero Principal del Reloncavi 1750-1850. Historia del antiguo Puerto Montt*, Puerto Montt, Ediciones 4 Colinas, 2018.

<footnote n="10">¹⁰Vergara, Á. "Historia y Descentralización". Disponible en http://www.elquintopoder.cl/trabajo/historia-y-descentralizacion/, 26/03/2012. [Fecha de consulta: 05 de agosto de 2020].</footnote>
implementación de la reforma agraria y el proyecto de la vía chilena al socialismo. Se prestará especial atención al papel desempeñado por los actores involucrados en la región, como la militancia de los principales partidos políticos de izquierda (Partido Socialista, Partido Comunista y Movimiento de Acción Popular Unitaria), así como a los movimientos sociales, como las federaciones Por la Razón o la Fuerza y Lautaro, los pobladores (con énfasis en Pampa Irigoin) y los estudiantes, representados por la Federación de Estudiantes de Llanquihue.

De esa forma, el objetivo general de esta investigación es conocer las violaciones a los Derechos Humanos desarrolladas en la Provincia de Llanquihue, a través del abordaje del testimonio y la memoria de las personas que fueron reprimidas por el accionar terrorista del Estado durante el transcurso de la dictadura cívico-militar en Chile.

Para resolver este objetivo, presentaremos los siguientes objetivos específicos: Primero, identificaremos a través del ejercicio de la memoria, tanto individual como colectiva, las experiencias vividas en términos represivos durante el periodo de la dictadura cívico-militar en la Provincia de Llanquihue. Segundo, determinaremos la función del Cuartel de la Dirección de Investigaciones como enlace de los órganos de acción e inteligencia de la dictadura cívico-militar para llevar a cabo acciones de terrorismo de Estado y de represión política. Por último, indagaremos en las características locales de la reforma agraria y del movimiento campesino, del movimiento poblador y el desarrollo de la Unidad Popular, como elementos fundamentales de cambio en los procesos de transformaciones sociales, políticas y económicas en la Provincia de Llanquihue.

Está más que decir que la dinámica de la represión política en ese territorio está estrechamente ligada al paradigma nacional impuesto en ese periodo. Sin embargo, nuestra hipótesis sugiere que esta política represiva también tuvo una lógica territorial específica que sistemáticamente violó los Derechos Humanos de los militantes de los partidos políticos de izquierda y los activistas de los movimientos sociales. Esta lógica se refleja en la organización de la represión y en los dispositivos locales de las Fuerzas Armadas que surgieron tras el golpe de Estado y que operaron implacablemente durante todo el régimen para llevar a cabo acciones de terrorismo de Estado.

Para lograr una comprensión adecuada de las categorías de análisis, abordaremos diferentes perspectivas teóricas de los conceptos claves relacionados, como represión, terrorismo de Estado, centros de detención y tortura y Derechos Humanos.

La violencia generada durante el período dictatorial se entenderá como un cambio significativo en el ejercicio de la política estatal, ya que su objetivo es someter y organizar a los individuos que coexisten en el
territorio. Este fenómeno será abordado en esta investigación como *represión*<fnref n="11" />. Según la perspectiva de Kalyvas, la represión puede surgir a partir de diversos grupos durante momentos de quiebre político e institucional, o incluso en ausencia de estos, como un elemento para establecer un nuevo orden político<fnref n="12" />. Desde esta óptica, Weber plantea que la violencia puede ser vista como una relación social que busca modificar la voluntad de uno o varios individuos, de acuerdo con los intereses de quienes ejecutan la acción coercitiva<fnref n="13" />.

Por ese motivo, la represión puede ser considerada como una de las estrategias que los Estados y sus burocracias utilizan para coordinarse en contra de aquellos individuos o grupos que se oponen al orden social, político y económico establecido. Según González Callejas, la represión implica el uso o la amenaza de la coerción en diferentes grados, por parte de los gobiernos, con el objetivo de debilitar la resistencia de los opositores reales o potenciales frente a la voluntad de las autoridades<fnref n="14" />. Es comprensible que a medida que el Estado recurre al ejercicio de la violencia, ya sea en forma normativa<fnref n="15" /> o simbólica<fnref n="16" />, también establece límites y condiciones para su aplicación. Esto implica que el Estado no opera fuera de los marcos legales, sino dentro de ellos, ya que es el propio Estado el que establece y regula las normas y los grados de legitimidad para el uso de la violencia en beneficio de la sociedad en su conjunto. De esta manera, el Estado ejerce el monopolio legítimo de la violencia, tanto física como simbólica.

Según Brodeur, la violencia y la represión se materializan a través de los órganos institucionales que han sido designados para llevar a cabo funciones coactivas, como la defensa, la administración del delito y la seguridad interna de una sociedad específica<fnref n="17" />. En este sentido, la represión se distingue de la violencia en el hecho de que se trata del uso deliberado de medios coercitivos y coactivos por parte de las instituciones estatales, con el propósito de alcanzar un objetivo

<footnote n="11">¹¹Quisiera mencionar que parte de la teoría presentada corresponde al aporte de Pablo Seguel en su proyecto de tesis de Magister en Historia de la Universidad de Santiago de Chile: Seguel, P. "La Dirección de Inteligencia Nacional. La Policía Política de Augusto Pinochet Ugarte (1973-1977). Pre Proyecto de Tesis Magister en Historia Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, Universidad de Santiago de Chile, 2019.</footnote>

<footnote n="12">¹²Kalyvas, S. *La lógica de la violencia en la guerra civil*, Madrid, Akal, 2010.</footnote>

<footnote n="13">¹³Weber, M. *Los tipos de Dominación. Economía y sociedad*, México D.F, Fondo de la Cultura Económica, 2014.</footnote>

<footnote n="14">¹⁴González, E. *Asalto al poder. La violencia política organizada y las ciencias sociales*, Madrid, Editorial Siglo XXI, 2017, pp. 398.</footnote>

<footnote n="15">¹⁵Weber, op. cit.</footnote>

<footnote n="16">¹⁶Bourdieu, P. *Violencia simbólica y luchas políticas. Mediaciones pascalianas*, Barcelona, Anagrama, 1999.</footnote>

<footnote n="17">¹⁷Brodeur, J. *Las caras de la policía*, Buenos Aires, Prometeo, 2011.</footnote>
determinado. Además, la represión se encuentra sujeta a una evaluación constante en términos de su eficacia e instrumentación.

Efectivamente, en el contexto de la bipolaridad mundial y la
Guerra Fría, la visión de la guerra interna contra la subversión comunista
fue un factor determinante en la lógica de la represión en América
Latina. La *Doctrina de Seguridad Nacional* desempeñó un papel fundamental
en la formación ideológica de las élites militares en la región, influenciada
por las experiencias de los ejércitos europeos<fnref n="18" /> y la planificación de la
doctrina de guerra revolucionaria francesa en África<fnref n="19" />. Esta representó
un cambio significativo en la ideología que respaldó las violaciones a los
Derechos Humanos durante el período dictatorial, y este pensamiento
persistió en la represión de la experiencia socio-política de los individuos.
A través de esta doctrina, se buscó alinear a las Fuerzas Armadas con el
objetivo de combatir al enemigo interno, en este caso, el comunismo,
asignándoles la tarea de garantizar la supervivencia de la nación y la
estabilidad institucional, lo que implicó la justificación y legitimación de
la represión en nombre de la seguridad nacional²⁰.

Asimismo, la Doctrina de Seguridad Nacional se basó en la
construcción de un "enemigo interno", que fue conceptualizado y
representado como una amenaza para la seguridad y estabilidad del
Estado. Según Foucault, esta acción se enmarca en el concepto de
biopoder, ya que se crean ciertos sujetos que representan una supuesta
amenaza a la seguridad biológica interna, lo que el filósofo denomina
como el racismo de Estado<fnref n="21" />. El surgimiento de estas bases se sostiene
entonces en el objetivo de proteger la vida nacional mediante un proceso
de exclusión, donde una parte de la población es alejada y excluida,
generando una fractura en la sociedad. Este proceso construye el terror
de Estado, que da lugar a una violencia sistemática e institucional
destinada a aniquilar al sujeto o grupo de sujetos que se perciben como
una amenaza para la seguridad biopolítica de la nación

Esta imposición se vincula al ejercicio del poder estatal que es la
represión, y que puede ser entendido a comienzos de la modernidad
como el terrorismo de Estado.

<footnote n="18">¹⁸Alegría, A. “La violencia de campo y la emergencia de los sitios de memoria en Chile”, en Pizarro, C. & Santos-Herceg, J (eds.) *Revisitar la catástrofe. Prisión Política en el Chile dictatorial*, Santiago de Chile, Ediciones Pehuén, 2016, pp. 154.</footnote>

<footnote n="19">¹⁹Gutiérrez, C. *La contrasubversión como política*. Aportes para el estudio de la doctrina de guerra revolucionaria francesa y su impacto en las FF.AA. de Chile y Argentina durante la guerra fría*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2018</footnote>

<footnote>20Valdivia, V. ""Todos juntos seremos la historia: Venceremos". Unidad Popular y Fuerzas Armadas", en Pinto, J (eds.), *Cuando hicimos historia: la experiencia de la Unidad Popular, Santiago de Chile*, LOM Ediciones, 2005, pp. 178.</footnote>

<footnote n="21">²¹Foucault, M. *Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1975)*, México D.F, Fondo de la Cultura Económica, 2000, pp. 222</footnote>
La International Coalition of Sites of Conscience plantea que el terrorismo de Estado se caracteriza por ser un régimen de dominación política que se sustenta en la difusión del terror en la sociedad en general. Este tipo de terrorismo se distingue por implementar de manera sistemática y masiva una política represiva criminal a través de las propias estructuras estatales<fnref n="22" />. Desde una perspectiva socio-jurídica, George señala que el terrorismo de Estado es una forma de organización política que, amparándose en la legitimidad de sus acciones, utiliza clandestinamente y al margen de la ley los mismos métodos que las células terroristas, con el objetivo de infundir miedo en la población civil<fnref n="23" />. Una manifestación clara de este tipo de terrorismo es la desaparición forzada y el asesinato de personas, que constituye una flagrante y generalizada violación de los Derechos Humanos<fnref n="24" />.

Otra característica del terrorismo de Estado es que todos los poderes de este, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial, quedan subordinados a un grupo autoritario que utiliza la violencia y el terror como herramientas para imponer un nuevo orden social<fnref n="25" />. Esta dinámica busca consolidar su acción y legitimar su poder<fnref n="26" /> a través de la aplicación sistemática de métodos represivos. El propósito es reorganizar la sociedad mediante prácticas clandestinas que afectan a toda la sociedad<fnref n="27" />, convirtiéndola en víctima indiscriminada e inerte frente a la violencia ejercida<fnref n="28" />.

Hannah Arendt destacó que una característica distintiva del terrorismo de Estado es la utilización constante de campos de concentración y exterminio. Según Arendt, estos lugares representan el centro neurálgico de la metodología del terror en regímenes autoritarios. En los campos de concentración y exterminio, se borran los límites entre la vida y la muerte, la individualidad y la despersonalización, lo humano y lo inhumano. Estos espacios son utilizados como herramientas para mantener la continuidad del poder autoritario, generando un clima de terror y sometimiento en la población<fnref n="29" />.

<footnote n="22">²²International Coalition of Sites of Conscience. Disponible en https://www.sitesofconscience.org/en/home/ [Fecha de consulta: 30 de octubre de 2020].</footnote>

<footnote n="23">²³George, G. *Western State Terrorism*, Nueva York, Wiley, 1991, pp. 30.</footnote>

<footnote n="24">²⁴Padilla, E. *La memoria y el olvido: Detenidos Desaparecidos en Chile*, Santiago de Chile, Ediciones Orígenes, 1995, pp. 21.</footnote>

<footnote n="25">²⁵Moulian, T. *Chile actual. Anatomía de un mito*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2002, pp. 185.</footnote>

<footnote n="26">²⁶Padilla, *op. cit.*, pp. 10.</footnote>

<footnote n="27">²⁷Garretón, M. *El proceso político Chileno*, Santiago de Chile, FLACSO, 1983, pp. 139.</footnote>

<footnote n="28">²⁸Águila, G. "La represión en la historia reciente argentina: perspectivas de abordaje, conceptualizaciones y matrices explicativas", en *Contenciosa*, N°1, 2012, pp.6.</footnote>

<footnote n="29">²⁹Arendt, H. "Les techniques de la science sociale et l'étude des cams de concentration", en *Auschwitz et Jérusalem*, Paris, 1993, pp. 203.</footnote>
Pilar Calveiro señala que los campos de concentración en América Latina tenían como objetivo principal la exterminación, pero antes de llevar a cabo ese acto final, era necesario transformar a las personas que eran detenidas en estos lugares<fnref n="30" />. Esta transformación comenzaba con la privación de sentido y la deshumanización, donde los prisioneros eran sometidos a condiciones extremas de sufrimiento y tortura. En este sentido, la tortura y la violencia extrema eran utilizadas como mecanismos para doblegar a los prisioneros, sometiéndolos a un proceso de deshumanización y destrucción de su identidad. De esta manera, el acto de conseguir información quedaba en un segundo plano, siendo la lógica central la de eliminar cualquier forma de oposición y destruir la capacidad de resistencia de los individuos.

Los centros de detención y tortura, entonces, tenían como objetivo destruir la experiencia política y subjetiva de las personas que pasaron por ellos. Se buscaba desarrollar un proceso de vaciamiento en el cual los individuos perdieran su identidad y se sometieran a una subjetivación impuesta por el régimen autoritario<fnref n="31" />. Este proceso de vaciamiento implicaba una pérdida de sí mismos, donde los prisioneros eran despojados de su autonomía y su capacidad de acción política. La tortura y las prácticas terroristas llevadas a cabo en los campos de concentración eran utilizadas como herramientas para lograr este propósito. Es importante destacar que esta relación entre ideología, vida y terror se enmarca dentro de un contexto de Estado de excepción, donde se justifica el uso de métodos extremos de represión en nombre de la seguridad y estabilidad del Estado. Bajo esta lógica, se establece una dictaminación por parte del Estado que permite la aplicación de estas prácticas represivas y la vulneración sistemática de los Derechos Humanos<fnref n="32" />.

La principal consecuencia de las prácticas mencionadas, son los atropellos a los Derechos Humanos. Por tanto, es necesario comprender su importancia y las secuelas que provocó la represión política en el Chile dictatorial.

En ese sentido, la relevancia, significación y la trascendencia de los Derechos Humanos se expresa como una de las consecuencias directas de las atrocidades que el mundo presenció durante la primera mitad del siglo XX, simbolizándose y materializándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos durante el año 1948.

<footnote n="30">³⁰Calveiro, P. *Poder y Desaparición. Los campos de concentración en Argentina*, Buenos Aires, Colihue, 2008, pp.57.</footnote>

<footnote n="31">³¹Ávila, M. “Dictaduras latinoamericanas y campos de concentración. Una reflexión filosófica necesaria”, en Pizarro, C. & Santos-Herceg, J (eds.) *Revisitar la catástrofe. Prisión Política en el Chile dictatorial*, Santiago de Chile, Ediciones Pehuén, 2016, pp. 139.</footnote>

<footnote n="32">³²Ibid.</footnote>
El quiebre de la integridad humana en su más amplio sentido histórico, físico y simbólico durante la Segunda Guerra Mundial desafió la perspectiva predominante del modelo iusnaturalista, el cual tendía a excluir y limitar los derechos inherentes a la posición social de los individuos. Como resultado, los Derechos Humanos surgieron como una construcción de la modernidad, caracterizados por su universalismo, pragmatismo y su naturaleza atemporal<fnref n="33" />.

Por lo tanto, los Derechos Humanos pueden ser definidos como las expectativas normativas que garantizan la inclusión jurídica de todas y cada una de las personas en la sociedad mundial, asegurando así un acceso universal a la justicia<fnref n="34" />. En este contexto, el debate filosófico y jurídico revela que la dignidad humana es el principio fundamental y fundacional de los Derechos Humanos. En consecuencia, podemos afirmar que estos son la concreción y manifestación de la dignidad humana, posicionándose como una especie de "primus" lógico y ontológico que prevalece sobre cualquier otro derecho<fnref n="35" />.

La dignidad resalta que los Derechos Humanos son inherentes y no pueden ser suprimidos o arrebatados. Como bien señala Nikken, los Derechos Humanos no dependen del reconocimiento por parte de los Estados ni son concesiones otorgadas por ellos. Además, estos derechos no están condicionados por la nacionalidad de una persona ni por la cultura a la que pertenezca<fnref n="36" />. En esa línea, la base de la inherencia de estos se sustenta en ciertos marcos generales que los adoptan:

1. Estado de derecho: Los Estados tienen la responsabilidad de proteger los Derechos Humanos y, por lo tanto, no pueden violarlos<fnref n="37" />. Esto implica que el ejercicio del poder debe estar sujeto a reglas que incluyan mecanismos de protección y garantía de los Derechos Humanos, situando al Estado en una posición subordinada.

2. Universalidad: Los Derechos Humanos son inherentes a la condición humana, lo que significa que todas las personas son titulares de estos derechos y no pueden ser objeto de ofensas o menoscabos basados en diferencias de regímenes políticos, sociales o culturales.

<footnote n="33">³³Neves, M. "La fuerza simbólica de los derechos humanos", en *Cuadernos de Filosofía del Derecho*, 27, 2004, pp. 149.</footnote>

<footnote n="34">³⁴Neves, op. cit., pp. 151.</footnote>

<footnote n="35">³⁵Marín, M. "La dignidad humana, los Derechos Humanos y los Derechos Constitucionales", en *Revista de Bioética y Derecho*, N°9, 2007, pp. 3.</footnote>

<footnote n="36">³⁶Nikken. P. "El concepto de Derechos Humanos", en Instituto Interamericano de Derechos Humanos (eds.), *Antología básica en Derechos Humanos*, San José, Subdirección de Operaciones Educativas, 1994, pp. 12.</footnote>

<footnote n="37">³⁷Corte Interamericana de Derechos Humanos, La expresión leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en *Serie A*, N° 6, pp. 22.</footnote>
3. Transnacionalidad: Al ser inherentes y universales, los Derechos Humanos no dependen de la nacionalidad de una persona o del territorio en el que se encuentre. Estos derechos se portan por sí mismos, trascendiendo las fronteras estatales y su soberanía.

4. Irreversibilidad: Los Derechos Humanos no pueden ser revocados, ya que son normas supraestatales. Las decisiones de los Estados no pueden revertir o anular estos derechos una vez reconocidos.

5. Progresividad: Dado que los Derechos Humanos no dependen del reconocimiento de un Estado en particular, es posible ampliar el ámbito de protección hacia derechos que previamente no gozaban de la misma atención<fnref n="38" />.

A pesar de la existencia de un marco jurídico y simbólico, es evidente que las violaciones a los Derechos Humanos han sido palpables a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, tanto en Chile como en todo el mundo. Según la Red de Informática de Instituciones de Derechos Humanos de Chile, estas violaciones ocurren cuando:

(...) atentan contra los derechos fundamentales del hombre, en cuanto miembro de la humanidad, que se encuentran definidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que son realizadas por el Estado -directa, indirectamente o por omisión- al amparo de su poder único. De esta manera, el Estado anula su finalidad esencial y provoca la inexistencia del Estado de derecho. El sujeto o hecho de la violación a los Derechos Humanos, es un agente del Estado, un funcionario público; persona o grupo de personas, que cuentan con la protección, consentimiento o aquiescencia del Estado. En cambio, si el Estado lo pone a disposición de la justicia ordinaria y no le brinda defensa, se entenderá como un delito común<fnref n="39" />.

En ese sentido, es fundamental destacar que las violaciones a los Derechos Humanos son perpetradas principalmente por el Estado a través de sus aparatos represivos, y no por grupos o individuos de manera aislada. La evidencia histórica y jurídica demuestra que durante el periodo dictatorial en Chile se llevaron a cabo violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Estas violaciones han sido ampliamente

<footnote n="38">³⁸Nikken, op. cit.</footnote>

<footnote n="39">³⁹Red de Informática de Instituciones de Derechos Humanos de Chile, *Glosario de definiciones operacionales de las violaciones a los derechos humanos*, Santiago de Chile, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, 1991, pp. 13.</footnote>
documentadas en los informes oficiales como el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocido como Informe Valech, y el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig.

Ahora, con respecto a nuestro enfoque historiográfico, se fundamenta en la valiosa contribución de la historia del tiempo presente, que además de situarse en el estudio de nuestro pasado reciente, otorga una centralidad a las fuentes testimoniales vivas, es decir, a las voces de las personas que fueron testigos y protagonistas de procesos históricos que aún resuenan en el presente. Por tanto, la propuesta es ir más allá del relato fáctico positivista y superar la ilusión de objetividad del historiador y la supuesta neutralidad axiológica. En su lugar, abogamos por un compromiso ético y político que nos obliga a reflexionar sobre nuestras prácticas y métodos<fnref n="40" />. Esto implica no solo la reconstrucción de los hechos históricos, sino también la visibilización de las consecuencias humanas de la violencia política y la creación de un espacio de reflexión y memoria colectiva<fnref n="41" />.

En ese sentido, la memoria se entiende como la facultad que poseen los individuos para traer al presente y hacer permanente el recuerdo<fnref n="42" />. Este proceso está estrechamente relacionado y conlleva una necesaria convergencia, e incluso una preeminencia ineludible, con la noción de experiencia y la conciencia. La capacidad de recordar de manera ordenada y perdurable es lo que permite el registro de la experiencia<fnref n="43" /> y confiere significado al pasado, enmarcándolo en contextos que le otorgan sentido<fnref n="44" />. Estos conceptos han sido desarrollados por destacados autores como Julio Aróstegui, Marina Franco, Florencia Levín y Elizabeth Jelin, quienes han profundizado en la importancia de la memoria como una herramienta fundamental para la investigación del pasado.

Franco y Levín sostienen que el valor de la memoria surge del ejercicio colectivo de recordar, lo que se conoce como memoria colectiva<fnref n="45" />. Según Halbwachs, solo es posible recordar cuando se recupera la posición de los acontecimientos pasados en marcos de

<footnote n="40">⁴⁰Flier, P. *Dilemas, apuestas y reflexiones teórico metodológicos para los abordajes en historia reciente*, Ciudad de la Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Universidad Nacional de la Plata, 2014, pp. 7.</footnote>

<footnote n="41">⁴¹Jelin, E. *Los trabajos de la memoria*, Madrid, Siglo XXI Editores, 2002, pp. 19-20.</footnote>

<footnote n="42">⁴²Aróstegui, J. "Retos de la memoria y trabajos de la historia", en *Revista de Historia Contemporánea*, 3, 2004, pp. 18.</footnote>

<footnote n="43">⁴³Aróstegui, J. *La historia vivida. Sobre la historia del tiempo presente*, Madrid, Alianza Editorial, 2004, pp. 157.</footnote>

<footnote n="44">⁴⁴Jelin, E. *op. cit.*, pp. 30.</footnote>

<footnote n="45">⁴⁵Franco, M. & Levín, F. *Historia reciente, perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires, Editorial Paidós, 2007.</footnote>
memoria colectiva, lo que implica la presencia social dentro de la individualidad<fnref n="46" />. Por lo tanto, las personas que tienen memoria y recuerdan siempre están ubicadas en contextos grupales y sociales específicos<fnref n="47" />. Es imposible recordar o recrear el pasado sin apelar a estos contextos. Es así que el uso del recuerdo de las víctimas de la represión política es esencial para conocer y reconstruir parte de ese pasado reciente. Las organizaciones de Derechos Humanos. han destacado la importancia de la memoria no solo como valor histórico y de rememoración, sino también como una reivindicación social y política<fnref n="48" />.

Desde otra vereda, en este estudio, nos enfocamos en analizar la organización de la represión en Chile desde una perspectiva de historia social. Para comprender esta compleja realidad, es fundamental tener en cuenta las transformaciones que experimentó la sociedad chilena durante un periodo crucial de su historia, que va desde la reforma agraria hasta el golpe de Estado. Siguiendo las ideas de Thompson, es importante entender que las clases sociales no son entidades fijas, sino relaciones humanas en constante evolución. La clase surge cuando individuos con experiencias similares se unen y comparten una identidad que está determinada por las relaciones de producción. Esta identidad de clase se expresa en términos culturales a través de la consciencia<fnref n="49" />.

No obstante en este trabajo, no solo nos centraremos en los elementos primordiales de la historiografía marxista británica, sino que también exploraremos los postulados de la nueva historia social chilena, en particular la perspectiva de Gabriel Salazar. Salazar propone una novedad teórica para la disciplina: el desarrollo de una reconstrucción histórica de la experiencia del pueblo desde ellos mismos, es decir, una historia social que surja desde abajo del sistema de dominación y que se centre en la óptica "real" de las clases populares. Esta perspectiva trata sobre "sí mismos y por sí mismos, revelando su alma social"<fnref n="50" />. Sin embargo, es importante destacar que no podemos desconocer la vinculación entre sociedad y política. Para Grez, al estudiar los movimientos populares es necesario dar cuenta de la relación compleja y dinámica entre lo político y lo social<fnref n="51" />. Especialmente, es necesario explorar las relaciones entre lo social y la política para entender cómo una clase o un conglomerado social se construye a sí mismo a través de

<footnote n="46">⁴⁶Halbwachs, M. *La memoria colectiva*, Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila. 2013, pp. 170.</footnote>

<footnote n="47">⁴⁷Jelin, op. cit., pp. 19-20.</footnote>

<footnote n="48">⁴⁸Aróstegui, "Retos de la memoria..., op. cit., pp. 15.</footnote>

<footnote n="49">⁴⁹Thompson, E. *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, Barcelona, Critica, 1963, pp. 28.</footnote>

<footnote n="50">⁵⁰Salazar, G. *La historia desde abajo y desde adentro*, Santiago de Chile, Taurus, 2013, pp. 14.</footnote>

<footnote n="51">⁵¹Grez, S. "Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin política incluida? A propósito de dos miradas a la historia social (Chile, siglo XIX), en *Política*, 44, 2005, pp.26.</footnote>
sus anhelos, peticiones, luchas, instituciones, propuestas y proyectos. Por tanto, la formación de la clase obrera es un hecho de historia política y cultural tanto como económica<fnref n="52" />.

Es relevante destacar que la metodología utilizada en esta investigación se basa en la historiografía, una disciplina que se centra en la interpretación de la experiencia y la reconstrucción del pasado a partir de fuentes primarias como archivos escritos, testimonios y prensa. En este sentido, esta investigación se sustenta en el valioso trabajo de recolección y preservación de fuentes llevado a cabo por las organizaciones de Derechos Humanos de la zona. Su contribución ha sido de inestimable valor para el desarrollo de este estudio.

Las fuentes primarias que hemos recopilado para nuestra investigación son un tesoro invaluable. Se trata de archivos judiciales inéditos que contienen las investigaciones efectuadas por los ministros en visita extraordinaria Leopoldo Vera y Jorge Pizarro en las causas 10.819, 10.851, 10.854, 10.858, 10.860, 10.863, 10.865, 10.867, 10.868, 10.872 y 10.876, así como la causa 44.305. Estas investigaciones detallan con crudeza y precisión los horrores de la represión política en la Provincia de Llanquihue durante la dictadura cívico-militar: aplicación de tormentos, asesinatos y otras formas de violencia inimaginables. Son fuentes que nos permiten reconstruir el pasado desde una perspectiva interpretativa y, lo más importante, dar voz a las víctimas y sus familias.

Las fuentes que se presentan aquí incluyen oficios, sentencias y exhortos criminales de varios tribunales de Chile, como la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y Rancagua, el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, y los Juzgados de Letras de Puerto Varas, Castro y Ancud, así como del 34° Juzgado del Crimen de Santiago. Estas fuentes abarcan el período comprendido entre 2009 y 2018 y proporcionan información crucial no solo sobre lo sucedido en el ex Cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt, sino también sobre la represión en general en esta región. Entre los corpus de pruebas recogidos de los expedientes judiciales mencionados, se encuentran informes policiales que contienen interrogatorios, declaraciones y fotografías, producto del trabajo de varias brigadas de la Policía de Investigaciones, incluyendo la Brigada Investigativa de Delitos contra los Derechos Humanos, la Brigada de Homicidios de Puerto Montt y Chillán, la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Varas y Viña del Mar, la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de Rancagua, y el Laboratorio de Criminalística Regional de Puerto Montt. Además, esta documentación contiene hojas de vida de las Fuerzas Armadas, manifiestos y mandatos de la Jefatura de Personal y de la Jefatura

<footnote n="52">⁵²Ibid.</footnote>
Nacional de Extranjería y Policía Internacional desde 1973 hasta 2010. En general, esta información se centra principalmente en peritajes e interrogatorios realizados por la Policía de Investigaciones, lo que es importante porque refleja la experiencia y las acciones tanto de los agentes del Estado como de las víctimas.

También contamos con investigaciones internas, información de suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas y de orden público. En primer lugar, los archivos de Carabineros de Chile provienen de la Prefectura de Chiloé N°26, Primera Comisaría de Ancud, Prefectura de Cautín N°22, Quinta Comisaría de Pitrufquén, y la Prefectura de Antofagasta, Cuarta Comisaría de Tocopilla, que abarcan desde 1973 hasta 2017. En segundo lugar, del Ejército de Chile, principalmente archivos del Regimiento de Infantería Sangra, Estado Mayor General del Ejército, hojas de vida institucionales y del III Juzgado Militar de Valdivia que poseen información desde el golpe de Estado hasta el 2003. En tercer lugar, oficios y sumarios llevados a cabo por la Armada de Chile: Secretaría General de la Armada que datan del año 1973 a 1974. En cuarto punto, oficios y Bandos de la Jefatura de la Fuerza Aérea de Chile principalmente de 1973 hacia 1975. En este sentido, estas fuentes contienen información valiosa sobre las ramas castrenses, las organizaciones represivas y de inteligencia de la Provincia de Llanquihue, que se encuentran en los diferentes tomos de los expedientes judiciales mencionados.

Finalmente, es importante destacar que esta investigación cuenta con informes del Ministerio de Justicia y del Servicio Médico Legal que incluyen los protocolos de Estambul realizados en personas que fueron torturadas entre 1973 y 1975 en el ex Cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt. Esta fuente de información es esencial para comprender los métodos de tortura utilizados durante ese período y las consecuencias que tuvieron sobre los ex prisioneros políticos.

Una vital fuente de información para esta investigación son las entrevistas a través del recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado. Con el objetivo de obtener y recopilar información de manera más cercana y flexible, se han establecido pautas semiestructuradas. Las personas que han entregado sus testimonios son seis hombres y una mujer que sufrieron torturas y fueron prisioneros políticos en la Provincia de Llanquihue. Todos ellos tienen edades comprendidas entre los setenta y cinco y los ochenta y cinco años. Es importante destacar que, durante el periodo comprendido entre 1967 y 1973, estas personas ejercieron un importante liderazgo en distintos ámbitos, siendo dirigentes campesinos, participantes en movimientos de pobladores, miembros de la Federación de Estudiantes de Llanquihue, trabajadores, militantes y dirigentes políticos de partidos como el Partido Comunista,
Partido Socialista, Movimiento de Acción Popular Unitaria y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Por último, en este texto se han utilizado archivos de prensa como fuentes de información. En particular, se ha recurrido principalmente al Diario El Llanquihue entre 1960 y 1973, así como al *Periódico El Porteño* durante los meses de enero a septiembre de 1972. El Diario El Llanquihue es el medio de comunicación más destacado de la provincia, por lo que contiene información valiosa sobre los acontecimientos durante el gobierno de la revolución en libertad y hasta el final del gobierno de la Unidad Popular. Por otro lado, el Periódico El Porteño fue un semanario escrito por el Partido Socialista en Puerto Montt durante los meses mencionados, y constituye otra fuente relevante para esta investigación. Ambas fuentes se encuentran disponibles en el Archivo Nacional y en el Archivo Histórico del Museo Juan Pablo II de Puerto Montt.

De esta forma, es importante destacar que se protegerá la privacidad de las víctimas al referirse a las prácticas represivas mediante la exclusión de su nombre y apellido en la cita, especialmente cuando se trate de la descripción de torturas sexuales y de tratos inhumanos, crueles o degradantes. En cambio, en lo que respecta a los perpetradores, se mencionará el nombre del agente responsable de las violaciones de los Derechos Humanos, ya que las sentencias corresponden a un acto oficial de verdad y justicia del Estado<fnref n="53" />.

Así, este informe presenta una visión detallada de la experiencia local durante el periodo de 1967 a 1975 en la Provincia de Llanquihue y Chiloé, abordando los cambios y rupturas que ocurrieron en el país y las consecuencias de la implementación de la mecánica represiva. Se incluyen cinco capítulos que exploran diferentes aspectos de este periodo.

En el primer capítulo del informe se abordará el contexto político, social y económico de la Provincia de Llanquihue durante la coyuntura que va desde la implementación de la reforma agraria de la Democracia Cristiana hasta el periodo de la vía chilena al socialismo. Se buscará identificar las particularidades locales de los procesos históricos, prestando especial atención a las dinámicas de los partidos políticos influyentes y a las formas de expresión de los movimientos sociales.

El segundo capítulo se centrará en las estructuras y las funciones de los organismos represivos que operaron en la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena durante la dictadura cívico-militar en Chile. Se explicará en detalle la importancia histórica del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad de Interior de la III Brigada Aérea el Tepual,

<footnote n="53">⁵³Seguel, P. "La Dirección de Inteligencia Nacional..., op. cit.</footnote>
que se encargó de la administración territorial y desarrolló las planificaciones de seguridad de interior. También se describirá el rol del Comando de Inteligencia Regional, que ejecutó la represión política en toda la jurisdicción, y la función de la Fiscalía Militar de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, que fue el brazo legal del régimen en la zona.

En el primer apartado del tercer capítulo, se explorará cómo las Fuerzas Armadas y de orden público tomaron el control de la provincia. Esto incluirá el análisis de las estrategias utilizadas por el régimen para asegurar su dominio sobre la población, incluyendo la implementación de la Ley de Seguridad del Estado, la presencia de agentes secretos, la militarización de la vida cotidiana y la represión de cualquier tipo de disidencia política. En el segundo apartado, se examinarán los mecanismos y objetivos de la Jefatura de Plaza, que fue el principal instrumento del régimen para imponer su control en la provincia. Se abordarán temas como la coordinación con otras fuerzas militares y de seguridad, la planificación de operaciones, la represión política y la eliminación de opositores políticos. Finalmente, se profundizará en las violaciones a los Derechos Humanos que tuvieron lugar en la Provincia de Llanquihue durante la dictadura, especialmente en cuatro casos de asesinatos.

El cuarto capítulo busca conocer en detalle la estructura y funcionamiento de los centros de detención y tortura en la ciudad de Puerto Montt durante la dictadura cívico-militar en Chile. Se hará especial énfasis en la identificación de los distintos tipos de centros de detención y tortura, así como en las características de cada uno de ellos y las violaciones a los Derechos Humanos que allí se cometieron. Además, se detallarán los servicios que operaban en estos lugares y su relación con el régimen dictatorial.

El último capítulo de la investigación se centrará en el Cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt y se dividirá en cuatro categorías. En la primera categoría, se buscará comprender cómo un destacamento de fuerzas de orden público se convirtió en un centro de detención y tortura. En la segunda categoría, se ilustrará cómo las personas que estuvieron allí experimentaron la prisión política. En la tercera categoría, se detallará el repertorio de torturas que se llevaron a cabo en el sitio. Y en la cuarta y última categoría, se enfatizará en las formas en que las víctimas resistieron al terrorismo de Estado.
# Capítulo I

## Un tiempo de revoluciones:
Transformaciones políticas, sociales y económicas en la
Provincia de Llanquihue.

> “Nuestros ojos libres se abren hoy a nuevos horizontes”
> 
> Ernesto Guevara.

El análisis de los procesos políticos, sociales y económicos que esculpieron y dieron forma a la agenda de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país hallan sus cimientos en la filosofía de la historia hegeliana. A través del prisma dialectico de la razón, Hegel concibe la historia como un constante movimiento, una contienda entre consciencias en búsqueda de reconocimiento mutuo, personificadas en la relación amo y esclavo<fnref n="54" />. En ese sentido, la dialéctica de la historia se teje en el entramado evolutivo del espíritu humano, que primero emerge como tesis, representando el mundo tal como es, pero que a través de la antítesis, aspira a su liberación y transformación.

Para el caso chileno, la configuración estructural del sistema apenas experimentó cambios significativos hasta el segundo tramo del siglo XX. Es por esa razón, que la negación del orden establecido se manifestó a través de disputas sociales y transformaciones económicas que gestaron la formación de una nueva realidad a partir de la década de los sesenta. De acuerdo con Kojéve, esta revolucionaria transformación del mundo solo puede materializarse mediante la supresión dialéctica, es decir, la no aceptación global del estado presente de las cosas<fnref n="55" />.

Desde la perspectiva marxista<fnref n="56" />, la antítesis que floreció en este período puede ser interpretada como una lucha de clases. Estos cambios emergieron de los conflictos entre la burguesía y el proletariado, en una dinámica dialéctica que se materializó en la década de los sesenta. En este momento crucial, ocurrieron cambios estructurales que reconfiguraron el panorama político y social del país, dando espacio y voz a una conciencia crítica y revolucionaria que aspiraba a superar las desigualdades y establecer una sociedad más justa. Según las palabras de Garcés, este instante es el “resultado de largas luchas populares, que se remontan a

<footnote n="54">⁵⁴Kojéve, A. *La dialéctica del amo y el esclavo en Hegel*, Buenos Aires, Editorial Leviatán, 2006, pp. 15.</footnote>

<footnote n="55">⁵⁵Kojéve, op. cit., pp. 16</footnote>

<footnote n="56">⁵⁶Marx, K. & Engels, F. *El manifiesto comunista*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1970, pp. 5.</footnote>
mediados del siglo XIX, cuando (...) ya se había planeado la necesidad
de una transformación profunda de la sociedad chilena”<fnref n="57" />.

A partir de esta figura, es posible comprender el contexto
chileno como un proceso dialéctico en el que la tesis, encarnada en la
lucha de clases, da origen a la antítesis, simbolizada en la transformación
social y económica que tomó forma a partir del mencionado periodo.
Desde esa reflexión, en el presente capítulo exploraremos la evolución de
las transformaciones políticas, sociales y económicas que tuvieron lugar
desde la ejecución de la reforma agraria hasta los momentos finales de la
vía chilena al socialismo en la Provincia de Llanquihue.

Con el propósito de destacar las características distintivas de
estos procesos históricos, nos centraremos en las dinámicas de los
partidos políticos y los movimientos sociales que dejaron su huella en la
escena provincial. En la primera sección, examinaremos el desarrollo de
la reforma agraria y el movimiento campesino, desentrañando su
trascendencia en la metamorfosis social y económica de la provincia.
ahondaremos en la experiencia del movimiento de pobladores, prestando
una atención especial a la violencia desencadenada en su contra por parte
de la Democracia Cristiana en Pampa Irigoin. Por último, indagaremos
en los proyectos políticos, sociales y económicos que la Unidad Popular
implementó en la zona, así como en los métodos empleados por los
organismos opositores para socavar el gobierno local.

El Movimiento de Campesinos y la Reforma Agraria en la
Provincia de Llanquihue.

En esta sección, ahondaremos en las características locales que
rodearon la implementación de la reforma agraria y la evolución del
movimiento campesino en la Provincia de Llanquihue. Para comprender
este contexto exploraremos tres aspectos de relevancia crucial. En un
primer plano, examinaremos la pasividad que caracterizó a la política
agraria durante la época de la revolución en libertad y el surgimiento
espontáneo del movimiento campesino. En una segunda etapa,
indagaremos la intensidad y la creciente influencia de la reforma, así
como las contiendas agrarias que se avivaron en el marco de la vía
chilena al socialismo. Por último, analizaremos los episodios de violencia
política que conmocionaron a la región en esa coyuntura.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la Provincia de
Llanquihue se caracterizaba por su naturaleza agraria. Conforme a las

<footnote n="57">⁵⁷Garcés, M. “Chile: El Movimiento Popular, la Unidad Popular y el Golpe”. Disponible en http://www.puntofinal.cl/552/movimiento.htm [Fecha de consulta: 05 de septiembre de 2020].</footnote>
observaciones de Sánchez, la población total ascendía a ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y un habitantes, de los cuales un cincuenta y ocho por ciento residía en áreas rurales<fnref n="58" />. Dentro de este escenario, la tenencia de la tierra seguía las pautas del sistema latifundista, lo que acarreaba una sociedad estratificada en la que las familias campesinas se encontraban subordinadas a las directrices y decisiones de los propietarios de la tierra.

Este sistema, que había perdurado por más de cuatrocientos años en Chile, no solo abarcaba una dimensión productiva y económica, sino que también moldeaba la estructura de la sociedad rural, consolidándose como la institución de mayor duración en la historia nacional<fnref n="59" />. Siguiendo las reflexiones de Bengoa, este sistema sentó los cimientos de la sociedad criolla, un entorno compuesto por terratenientes, dueños de tierras, campesinos, trabajadores, mestizos y una amalgama de mestizajes raciales<fnref n="60" />. Además, esta misma estructura perfiló las relaciones sociales mediante un sistema de estratificación de poder y niveles de ingresos que generaron tensiones de larga data<fnref n="61" />.

En este trasfondo, Hernán Navarro, antiguo líder campesino de la comuna de Los Muermos, evoca el siguiente testimonio que pone de manifiesto esta sumisión, mencionando que: “El campesino siempre fue tremendously dominado, era dominación sin contrapeso (...) donde el patrón de fundo de esos años cometía un sometimiento muy grande hacia las personas que vivían en sus fundos”<fnref n="62" />. Estas formas de sumisión a las que se hace alusión se evidenciaron en diversas situaciones recurrentes en el ámbito agrícola, como los bajos salarios, los despidos injustificados y la expulsión de los habitantes.

En este sistema, resaltó la particularidad de que todas las prestaciones sociales eran dirigidas exclusivamente por los propietarios de la tierra. Además, estos mismos ejercían las funciones políticas y judiciales, manteniendo una autoridad paternalista sobre el campesinado<fnref n="63" />. Por ese motivo, esta problemática ocupó un lugar central en el debate institucional del sistema político chileno desde mediados de la década de los treinta, dejando su huella en las discusiones de diversos

<footnote n="58">⁵⁸Sánchez, F. “Política nacional, conflictos locales. Los propietarios agrícolas de la provincia de Llanquihue y la movilización rural en la Reforma Agraria Chile”, en *Revista Austral de Ciencias Sociales*, N°23, 2012, pp. 105.</footnote>

<footnote n="59">⁵⁹Bengoa, J. *Historia Social de la Agricultura chilena, Tomo II: Haciendas y Campesinos*, Santiago de Chile, Ediciones Sur Colección Estudios Históricos, 1990, pp. 12.</footnote>

<footnote n="60">⁶⁰Bengoa, J. *Historia de la Agricultura Chilena. Tomo I: El poder y la subordinación*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 1988, pp. 72.</footnote>

<footnote n="61">⁶¹Bengoa, Ibid.</footnote>

<footnote n="62">⁶²Entrevista a Hernán Navarro, realizada el 10 – 08 – 2020.</footnote>

<footnote n="63">⁶³Kay, C. *El sistema señorial europeo y la hacienda latinoamericana*, México D.F, Serie Popular Era, 1980, pp. 63.</footnote>
actores y estableciendo las reformas del espacio agrario como un punto de clivaje en el sistema político<fnref n="64" />.

El clímax de este debate alcanzó su punto más álgido cuando el sistema latifundista se vio confrontado por desafíos de naturaleza económica, social y política durante el siglo XX. Problemas como la escasa y poco eficiente explotación de las tierras agrícolas, la presión demográfica sobre el territorio y la limitada adopción de tecnología en el sector agrícola contribuyeron a una recesión productiva en la economía. En este contexto, el Estado no logró contrarrestar efectivamente esta situación en relación con la demanda de alimentos, lo que resultó en un aumento de las importaciones de productos alimenticios y generó inestabilidad y especulación en los productos agrícolas<fnref n="65" />.

Además, estas condiciones socioeconómicas evidencieron la histórica brecha de desigualdad entre los propietarios y los campesinos. Según Bengoa, durante la década de los sesenta, el núcleo campesino constituía el sector más marginado de la sociedad, dado que "la mayoría no sabía leer ni escribir (...) ni ejercer su carácter de ciudadanos; basaba sus acuerdos en acuerdos verbales con sus patrones y sin aplicación de la legislación laboral"<fnref n="66" />. En cuanto al desafío político, según Chonchol, residía en la necesidad de involucrar al sector proletario rural en el diálogo político a nivel nacional, una demanda planteada por el movimiento social liderado por diversos grupos políticos urbanos<fnref n="67" />.

De esta manera, en la segunda mitad del siglo XX, la necesidad de abordar la cuestión agraria adquirió relevancia. En consecuencia, la administración de Jorge Alessandri implementó la llamada “reforma macetero”, que no logró generar cambios significativos. Sin embargo, es durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, cuando se inició un proceso de disolución del sistema latifundista a través de la aplicación de políticas dirigidas a promover una tenencia de tierra más equitativa y productiva<fnref n="68" />, conocido como reforma agraria<fnref n="69" />.

<footnote n="64">⁶⁴Avendaño, O. *Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile*, 1946-1973, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2017.</footnote>

<footnote n="65">⁶⁵Huerta, M. *Otro agro para Chile. Historia de la Reforma Agraria en el proceso social y político*, Santiago de Chile, Chile América CESOC, 1989.</footnote>

<footnote n="66">⁶⁶Bengoa, J. "Educación campesina y reforma agraria en Chile", en Proposiciones, 15, 1988, pp. 162.</footnote>

<footnote n="67">⁶⁷Chonchol, J. "Razones económicas, sociales y políticas de la Reforma Agraria", en Delgado, O (eds.), *Reformas agrarias en América Latina: procesos y perspectivas*, México D.F., Fondo de la Cultura Económica, 1965, pp. 103.</footnote>

<footnote n="68">⁶⁸Mellafe, R. "Prologo", en Garrido, J. Guerrero, C. & Valdés, M. (eds.), *Historia de la reforma agraria en Chile*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1988, pp. 29.</footnote>

<footnote n="69">⁶⁹La reforma agraria se enmarcó en un proceso de distribución de la propiedad de la tierra mediante la ejecución de una serie de normativas que intervinieron a las relaciones sociales y al sistema de propiedad. Para Galjart, el método aludió a la implementación de políticas públicas, decretadas por la administración estatal y presionadas por la vereda</footnote>
Este proceso, tal como se señaló, se caracterizó por ser un mecanismo impulsado por el Estado, en lugar de ser el resultado de la movilización social. Esta dirección se basó en la provisión de asistencia educativa y apoyo técnico a los campesinos<sup>70</sup>. En línea con el análisis de Touraine, se destaca que las transformaciones en la estructura socio-agraria en América Latina no surgieron de forma autónoma por parte del movimiento rural, sino que fueron implementadas a través de acciones e iniciativas políticas originadas en las áreas urbanas y dentro del sistema político en general<sup>71</sup>, y no necesariamente por un contexto revolucionario que le precediera<sup>72</sup>. En este sentido, Touraine sugiere que el proceso estuvo influenciado por una heterogeneidad estructural. Esto implica que, a pesar de que el Estado incentivó la participación de los campesinos en la transformación, estas acciones estuvieron encauzadas por las decisiones del sistema político, lo que otorgó al Estado un rol central en la evolución y ejecución de la reforma<sup>73</sup>.

Partiendo de esta premisa, podemos afirmar que durante la gestión de Eduardo Frei, la reforma agraria se distinguió por el papel fundamental que el Estado desempeñó como promotor y garante del desarrollo del movimiento campesino. Esto se llevó a cabo a través de la promulgación de leyes fundamentales como la Ley de Reforma Agraria N°16.640 de 1967<sup>74</sup> y la Ley de Sindicalización Campesina N°16.625<sup>75</sup>. De esta forma, se sentaron las bases para un nuevo paradigma en la relación entre el Estado y la población rural.

Con el objetivo de reducir la concentración de tierras, la Democracia Cristiana implementó una serie de medidas normativas. Concretamente, se estableció un límite máximo de ochenta hectáreas para la propiedad de la tierra, lo que evitó la acumulación excesiva en manos de unos pocos. Además, se prohibió la subdivisión y venta de propiedades sin autorización estatal, así como la participación de

<footnote>social, que implicaron “transformaciones sustanciales, no sólo en los modos de vida de las zonas rurales y en la estructura de la economía, sino que también en la estructura del poder y de la organización social” construyendo nuevos marcos de justicia y de bienestar. En: Galjart, B. “Estructuras de poder y reforma agraria”, en Delgado, O (eds.), *Reformas agrarias en América Latina: procesos y perspectivas*, México D.F, Fondo de la Cultura Económica, 1965, pp. 179-180.</footnote>

<footnote n="70">⁷⁰Chonchol, *Razones económicas...*, op. cit.</footnote>

<footnote n="71">⁷¹Touraine, *A. Actores Sociales y Sistemas Políticos en América Latina*, Santiago de Chile, Ediciones PREALCOIT, 1987, pp. 171.</footnote>

<footnote n="72">⁷²Tinsman, H. *La tierra para el que la trabaja. Género, Sexualidad y movimiento campesino en la Reforma Agraria chilena*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2009, pp. 9-10.</footnote>

<footnote n="73">⁷³Touraine, op. cit., pp. 196.</footnote>

<footnote n="74">⁷⁴Touraine, op. cit., pp.171.</footnote>

<footnote n="75">⁷⁵Partido Demócrata Cristiano, “El programa para la Reforma Agraria”, en Delgado, O. (Eds.), *Reformas agrarias en América Latina: procesos y perspectivas*, México D.F, Fondo de la Cultura Económica, 1965, pp. 580.</footnote>
sociedades y corporaciones en la propiedad agrícola. También, se introdujo la posibilidad de expropiar terrenos mal aprovechados o simplemente inutilizados, con el propósito de redistribuirlos de manera equitativa bajo la responsabilidad del Estado.

Con el fin de cumplir sus propósitos sociales, el proyecto contempló la asignación de tierras a más de cien mil campesinos, bajo el emblemático lema de "la tierra para quien la trabaja". Mediante esta iniciativa, se buscó proporcionar nuevas oportunidades de justicia y bienestar social al expropiar terrenos improductivos y redistribuirlos entre aquellos que efectivamente los cultivaran. Al mismo tiempo, la reforma abordaba un enfoque económico orientado a acelerar la producción y el crecimiento agrícola para atender la creciente demanda tanto en los mercados internos como en los externos. De esta manera, se aspiraba a lograr un equilibrio en el ámbito rural, impulsando así el desarrollo económico del país y mejorando las condiciones de vida de las personas que residían en estas áreas.

A pesar de ello, la implementación de esta reforma durante el gobierno de Eduardo Frei no tuvo repercusiones en los predios agrícolas de la Provincia de Llanquihue, donde únicamente se registraron tres expropiaciones a fines de la década de los setenta<fnref n="76" />. Según la opinión de Federico O'elckers, uno de los líderes de los propietarios rurales: "la reforma parte con Eduardo Frei, y en la provincia de Llanquihue no se tocó. Incluso el mismo Eduardo Frei manifestó que la Ley de Reforma Agraria no estaba hecha para esta zona"<fnref n="77" />.

Aunque el propósito principal de la ley era redistribuir tierras para lograr una mayor justicia social, es posible comprender por qué no se aplicó en esta región a través de tres hipótesis. En primer lugar, se sugiere que el gobierno otorgó seguridad política y económica a los empresarios locales debido a la relevancia de la industria lechera<fnref n="78" />. En segundo lugar, tampoco se puede descartar que las organizaciones gremiales del agro sureño ejercieron presión sobre el gobierno de la Democracia Cristiana para limitar el alcance de las expropiaciones<fnref n="79" />. Por último, en ese momento, la movilización campesina era incipiente y no se centraba en disputas por la propiedad de la tierra, sino en abordar los problemas dentro de los fundos. Aunque estas condiciones estuvieran presentes, los campesinos participaron en experiencias de negociación

<footnote n="76">⁷⁶Sánchez, F. “La criminalización de la protesta en el sur austral de Chile. Los propietarios agrícolas en la Provincia de Llanquihue en la Reforma Agraria de la Unidad Popular, 1970-1973”, en *Cuadernos de historia*, N°48, 2018, pp. 134.</footnote>

<footnote n="77">⁷⁷Entrevista a Federico O'elckers, en Sánchez, *Política..., op.cit.*, pp. 34.</footnote>

<footnote n="78">⁷⁸Sánchez, *Política..., op.cit.*, pp. 106.</footnote>

<footnote n="79">⁷⁹Sánchez, *La criminalización..., op.cit.*, pp. 133.</footnote>
colectiva incentivadas por la Ley de Sindicalización, el principal mecanismo de aprendizaje político de esa época.

En este sentido, es crucial comprender que la *Ley de Sindicalización Campesina* desempeñó un papel fundamental en el avance del movimiento durante este proceso. Sumando a que esta legislación también contribuyó a la formación de la organización campesina desde una perspectiva gubernamental. De hecho, como menciona Bengoa en su análisis, resulta sorprendente:

(...) observar que esta estructuración estaba calcada sobre el sistema administrativo del país. Los sindicatos serían comunales, esto es, ubicados en la dimensión administrativa más pequeña, el municipio. Las federaciones serían provinciales, ubicándose en el nivel administrativo correspondiente a las intendencias; y las confederaciones tendrían nivel nacional, de modo de relacionarse adecuadamente con el aparato administrativo central del Estado<fnref n="80" />.

Considerando este escenario, la sindicalización emergió como un elemento crucial para la región, erosionando de forma progresiva la supremacía del latifundio mediante la movilización social. De ese modo, el mismo Hernán Navarro subraya que esta política se convirtió en "el eje del proceso de liberación campesina y también el eje de la reforma agraria"<fnref n="81" />. Es por ese motivo que la creciente presión social y política ejercida por los sindicatos rurales, tal como apunta Sánchez, provocó que la reforma agraria se consolidara como el núcleo de la política provincial durante el mandato democratacristiano<fnref n="82" />.

En la Provincia de Llanquihue, fue la propia Democracia Cristiana la que asumió el liderazgo, en contraste con otras regiones del sur del país donde el Movimiento Campesino Revolucionario ocupaba un papel preponderante en la lucha. Así, uno de los sindicatos más influyentes en ese periodo fue el Sindicato 15 de Octubre, dirigido por activistas y simpatizantes de la revolución en libertad<fnref n="83" />. A través de esta forma de organización, los campesinos sindicalizados lograron obtener mejoras en sus condiciones laborales, convirtiéndose en el epicentro de la acción política y de la disputa social.

No obstante, la situación y las demandas experimentaron un cambio sustancial en los primeros meses de 1970, debido al viraje hacia

<footnote n="80">⁸⁰Bengoa, *Educación campesina...*, op. cit., pp. 166</footnote>

<footnote n="81">⁸¹Entrevista a Hernán Navarro, realizada el 10 – 08 – 2020.</footnote>

<footnote n="82">⁸²Sánchez, *Política...*, op. cit., pp. 108</footnote>

<footnote n="83">⁸³Entrevista a Hernán Navarro, realizada el 10 – 08 – 2020.</footnote>
la izquierda. Según rememora Hernán Navarro, esto dio lugar a un nuevo contexto y contenido en las reivindicaciones:

> Cuando surge entonces la Democracia Cristiana, lo primero que se hace es que se trata de suavizar el panorama a través de las disputas por los despidos y por las condiciones de trabajo. Una vez que ya entramos al gobierno de la Unidad Popular, ya entramos a otra cosa, porque se produce una masificación en la organización campesina. Porque indudablemente los sindicatos ya eran más fuertes, y ya no se centró solo a pelear por una reivindicación salarial que era muy importante, sino también por otras condiciones más dignas para los campesinos, por lo que el tema ahora era la tierra<fnref n="84" />.

De acuerdo con la visión de Touraine, esta evolución tuvo lugar como consecuencia de la influencia que el Estado ejerció sobre el movimiento campesino, lo cual a su vez motivó a este último a adoptar un papel más activo y central en las dinámicas sociales y políticas<fnref n="85" />. Esta dinámica se convirtió en uno de los factores que favoreció su desarrollo, ya que no solamente representó una forma de sindicalización, sino también actuó como el "factor de ruptura del orden social tradicional en el campo y un medio de participación para un sector social hasta entonces completamente marginado"<fnref n="86" />. En otras palabras, cuando el gobierno coordinó los núcleos rurales, estos experimentaron un proceso progresivo tanto por su propia estructuración como por la influencia de partidos políticos y organizaciones de orientación izquierdista, dando lugar a una modernización inducida hacia finales de la década de 1960⁸⁷. Esto conllevó una transformación profunda en el modo de vida y en las interacciones sociales en el ámbito rural, lo que permitió a los campesinos organizarse y tomar parte activa en la esfera política.

La crítica hacia la reforma agraria implementada durante el gobierno de los demócratas cristianos se centró en la pasividad de esta. Esta reforma únicamente logró redistribuir tierras para veintiocho mil unidades agrarias, lo que resultó en la expropiación de tres millones cuatrocientas mil hectáreas al finalizar el periodo. Sin embargo, en términos porcentuales, solo se expropió el trece por ciento de la superficie destinada a fines agropecuarios, beneficiando únicamente a un

<footnote n="84">⁸⁴Ibid.</footnote>

<footnote n="85">⁸⁵Touraine, op. cit.</footnote>

<footnote n="86">⁸⁶Gómez, S. & Echenique, J. *Agricultura Chilena. Las dos caras de la modernización, Santiago de Chile*, FLACSO, 1988, pp. 45</footnote>

<footnote n="87">⁸⁷Touraine, op. cit.</footnote>
rango de entre el cinco y el diez por ciento de los campesinos de todo el país. A partir de los primeros dos grupos políticos y sociales mencionados, el entorno rural comenzó a experimentar agitación debido a la problemática agrícola. Esta no solo abarcaba los sueldos y las condiciones laborales, sino también en la posesión de tierras. El movimiento sindical organizado presionaba desde su base social para que el Estado y el sistema político implementaran el programa reformista de Eduardo Frei. Esto iba en contraposición a la política de modernización rural que, aunque buscaba aumentar la productividad en el espacio rural, no abordaba la demanda de acceso y control de la tierra por parte de los trabajadores agrícolas y campesinos.

## Afiliación sindical de trabajadores en la Provincia de Llanquihue, 1971

<table><thead><tr><th>Federación</th><th>Por la Razón o la Fuerza</th><th>Lautaro</th><th>Comunas Agrarias</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">Sindicatos</td><td>Bernardo O'Higgins</td><td>Luis Emilio Recabarren</td><td>Trabajo y Progreso</td></tr><tr><td>Arturo Prat</td><td>Unidad Social Caupolicán</td><td>Los Volcanes</td></tr><tr><td>Manuel Rodríguez</td><td>Salomón Corvalán</td><td>El Campesino</td></tr><tr><td>Hernán Mery José Miguel Carrera</td><td>Patria Nueva</td><td></td></tr><tr><td>15 de Octubre</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Presidente Balmaceda</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Afiliados</td><td>1.739</td><td>1.357</td><td>S/A</td></tr></tbody></table>

Fuente: Sánchez, 2017

Esta dinámica se hizo más evidente en febrero de 1970, cuando se ocuparon veintitrés fundos en protesta por el despido injustificado de un trabajador agrario del Fundo Los Melis<fnref n="88" />. Por otro lado, el campo se convirtió en un terreno de contienda sociopolítica, como se evidenció en los conflictos sindicales en la provincia y en la participación del Regidor Luis Espinoza. Este desempeñó un papel fundamental al establecer,

<footnote n="88">⁸⁸Sánchez, Política..., op.cit., pp. 112.</footnote>
activar, conectar y coordinar diversos sectores campesinos con el objetivo de desestabilizar al gobierno a nivel local<fnref n="89" />.

Conforme el movimiento campesino ganaba fuerza, también surgían grupos patronales en oposición a sus demandas. En la provincia de Llanquihue, tanto la Asociación de Agricultores de Llanquihue como la Federación de Empleadores Agrícolas de Llanquihue se mostraban en contra de las reivindicaciones de los campesinos. Estos organismos atribuían la organización y acciones del movimiento campesino a la Democracia Cristiana, sosteniendo que el gobierno de Eduardo Frei había sido excesivamente pasivo frente a las huelgas agrícolas y las ocupaciones de tierras, debido a la participación de "agitadores profesionales", en especial del Regidor socialista Luis Espinoza<fnref n="90" />. A pesar de esto, es relevante destacar que en gran medida, los propietarios rurales en Llanquihue no recurrieron a la violencia física para enfrentar las demandas del movimiento campesino, como ocurría en otras zonas del país. En lugar de ello, se enfocaban en estigmatizar la movilización rural y en atribuir la falta de acción ante los conflictos en el ámbito rural al gobierno de la Democracia Cristiana, los cuales involucraban paros y ocupaciones de tierras<fnref n="91" />.

En resumen, la falta de respuesta por parte del gobierno a las demandas tanto de los propietarios agrícolas como de los campesinos tuvo implicaciones electorales para el partido, perdiendo un importante respaldo en el ámbito rural. Mientras tanto, el movimiento campesino logró establecer una estrategia de acción vinculada a la izquierda política, recibiendo apoyo de sectores que compartían sus demandas. Los propietarios rurales, en contraste, dirigieron sus críticas hacia las ocupaciones de tierras y las adjudicaron al gobierno demócrata cristiano.

El arribo de Salvador Allende a la presidencia de Chile en 1970 supuso un profundo cambio en la política nacional, particularmente en el sector agrícola de la Provincia de Llanquihue y otras zonas rurales del país. La narrativa de lucha de clases que se estableció en el contexto de la vía chilena al socialismo condujo a una radicalización en el ámbito agrícola, evidenciada por el surgimiento de ocupaciones y bloqueos de propiedades por parte de trabajadores del campo. En el primer mes de su presidencia, surgieron diversas ocupaciones de predios, como las llevadas a cabo por el Sindicato Patria Joven de los Tatillos en el Fundo El Manzano en la región de Purranque, y en el Paraguay de Centinela en la Comuna de Frutillar, específicamente en el Fundo El Retamo. Al mismo tiempo, el Fundo La Esperanza fue tomado por el Sindicato Patria Joven y Manuel Rodríguez. Estas acciones se originaron principalmente debido

<footnote n="89">⁸⁹Ibid.</footnote>

<footnote n="90">⁹⁰Ibid.</footnote>

<footnote n="91">⁹¹Sánchez, *La criminalización..., op.cit.*, pp. 138.</footnote>
a conflictos entre los trabajadores y los propietarios agrícolas, centrados en asuntos salariales y condiciones laborales. Resulta relevante mencionar que durante los meses de noviembre y diciembre de 1970, se reportaron dieciocho ocupaciones de predios, una cifra que se igualó a la cantidad registrada entre marzo y septiembre del mismo año<fnref n="92" />.

Definitivamente, se puede argumentar que la participación de los campesinos en la esfera política chilena estuvo fuertemente vinculada al triunfo de la Unidad Popular. El gobierno de Salvador Allende representó una oportunidad concreta para abordar las demandas históricas del movimiento campesino. Un ejemplo que respalda esta idea es el aumento significativo en las ocupaciones ilegales de predios agrícolas: en 1969, solo se registró una ocupación, pero para 1970, especialmente después de las elecciones, este número creció a cincuenta y dos. La cifra se disparó aún más en 1971, alcanzando ciento treinta y cuatro ocupaciones. Esto claramente ilustra la estrecha conexión entre la movilización en las áreas rurales, la promoción de la reforma agraria por parte de la izquierda y el conflicto político en la provincia<fnref n="93" />.

Al concluir el periodo, la administración de Allende había expropiado un total de trescientas sesenta y cuatro mil novecientas noventa y una hectáreas de tierra, lo que equivale aproximadamente a la mitad de las áreas agrícolas de la región. Las áreas más radicalizadas en relación con la reforma fueron Fresia y Frutillar, encabezadas por el Partido Comunista y el Partido Socialista, mientras que la Democracia Cristiana también tuvo una presencia significativa en el escenario político<fnref n="94" />. En síntesis, el movimiento campesino había logrado ejercer una influencia de gran envergadura en la política nacional, especialmente en el marco de la vía chilena hacia el socialismo promovida por el gobierno.

El episodio de la huelga provincial de marzo de 1971 resulta fundamental para comprender la dinámica política y social que se estaba desarrollando en la provincia durante el gobierno liderado por la izquierda. Esta movilización campesina tenía como objetivos recuperar tierras para la reforma agraria y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Aunque el gobierno respaldaba estas demandas, también se encontraba bajo presión por parte de los empresarios agrícolas y el poder del gobierno anterior, quienes se oponían a las ocupaciones ilegales de fundos y demandaban una respuesta más enérgica ante las demandas de los trabajadores. En este contexto, la Unidad Popular adoptó una postura singular: respaldaba las demandas de

<footnote n="92">⁹²Klein, E. *Antecedentes para el estudio de conflictos colectivos en el campo, 1967-1971*, Santiago de Chile, ICIRA, 1972.</footnote>

<footnote n="93">⁹³Sánchez, *La criminalización..., op.cit.*, 138.</footnote>

<footnote n="94">⁹⁴Sánchez, *Política..., op.cit.*, pp. 112.</footnote>
los campesinos, pero al mismo tiempo utilizaba la Ley de Seguridad Interior del Estado para reprimir a los líderes sindicales democratacristianos, quienes, aunque no promovían el socialismo, su influencia fue igualmente radical<fnref n="95" />.

Además, el gobierno se esforzaba por mantener conexiones con los empresarios agrícolas para asegurar el abastecimiento de alimentos. Esta relación entre el gobierno liderado por el Partido Socialista y los empresarios agrícolas fue ambivalente, ya que el gobierno necesitaba garantizar cierta estabilidad y producción en el sector agropecuario para llevar a cabo sus políticas sociales y económicas, como el plan de proporcionar un litro de leche diario. Sumado a que debemos agregar el impacto de la masacre de Pampa Irigoin, que empeoró aún más la relación entre la Democracia Cristiana y los partidos de izquierda. En este ambiente de tensiones y desequilibrios, la huelga de marzo de 1971 marcó un momento crucial en la política rural de la provincia y consolidó la movilización campesina como una fuerza política influyente en la lucha por la reforma agraria y la justicia social en Chile.

En ese contexto, la Corporación de Reforma Agraria desempeñó una función crucial en la resolución de conflictos en el entorno rural. Según el testimonio de José Vargas, quien fuera funcionario de la corporación, nos comenta que su rol consistía en:

(...) ordenar un poco la reivindicación campesina por tierra, entonces lo que se hizo fue definir cuáles eran los fundos y en qué condiciones estaban de ser expropiados. Además de ordenar un poco la petición de los campesinos para que esto se haga de forma tranquila y organizada de acuerdo a la Ley de Reforma Agraria. Hay hubo una toma en Fresia ligada al Movimiento de Izquierda Revolucionaria donde yo participé buscando un arreglo con aquellos para buscar una solución a la toma del fundo, como trabajé también en varios conflictos para buscar una solución negociada a la toma o a la actividad que desarrollaban los campesinos en ese tiempo<fnref n="96" />.

Otro aspecto interesante a destacar es cómo durante ese mismo período, el movimiento campesino experimentó una evolución y estableció nuevas alianzas políticas, alejándose de la Democracia Cristiana y acercándose a partidos de izquierda como el Movimiento de

<footnote n="95">⁹⁵Sánchez, Política..., op.cit., pp. 116.</footnote>

<footnote n="96">⁹⁶Entrevista a José Vargas, realizada el 08-08-2020.</footnote>
Acción Popular Unitario. Estos partidos tenían una postura más confrontativa en las disputas campesinas, lo que podría explicar por qué se produjeron más ocupaciones de tierras y acciones en regiones donde estas fuerzas tenían mayor influencia, como el Partido Socialista en Fresia. Paralelamente, la formación de organizaciones campesinas a través de la educación y capacitación del campesinado desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento del movimiento y en el estímulo de la participación activa de los campesinos en la lucha por la tierra. Según lo recordado por José Vargas, quien mencionó que su contribución como militante consistía en “iniciar jornadas de educación y capacitación del campesinado, y en ese sentido a partir de ese proceso, se inicia la formación de la organización, que tuvo la función de invitar a los campesinos a que se organizaran y participaran en un proceso de reivindicación de tierras”<fnref n="97" />.

Desde otra perspectiva, es innegable que la violencia política en las zonas rurales experimentó un aumento sin precedentes durante el gobierno de Salvador Allende. Ejemplificando esta situación, los terratenientes en la región de la Araucanía, temerosos de perder sus privilegios y tierras, se involucraron en una espiral de violencia que abarcó desde amenazas hasta el uso de armas de fuego. Estas acciones provocaron reacciones tanto por parte del movimiento como de los propietarios agrícolas, quienes se organizaron en grupos como el Comando Rolando Matus para salvaguardar sus intereses. Este enfrentamiento llegó a niveles críticos, al punto de que se discutió la posibilidad de una intervención militar para detener los avances sociales<fnref n="98" />.

Aunque la violencia política en las áreas rurales no era un fenómeno nuevo en Chile, durante la administración de Allende se produjo un aumento significativo de estas prácticas<fnref n="99" />, generando un ambiente de inestabilidad y confrontación en el entorno rural. La creación de grupos paramilitares por parte de los propietarios agrícolas, liderados por organizaciones como Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus, intensificó la escalada de violencia.

Estos grupos, llevaron a cabo ataques armados contra los campesinos que estaban movilizados, contribuyendo al aumento de la hostilidad. Uno de los incidentes más trágicos en la provincia fue el asesinato de tres campesinos y las graves heridas sufridas por otros seis en el Fundo Mirador, un ataque perpetrado por miembros de Patria y

<footnote n="97">⁹⁷Ibid.</footnote>

<footnote n="98">⁹⁸Correa, M. Molina, R. & Yáñez, N. *La Reforma Agraria y las tierras mapuches*. Chile 1962-1975, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2005, pp. 176.</footnote>

<footnote n="99">⁹⁹Valdivia, V. *Nacionales y gremialistas: el “parto” de la nueva derecha política chilena, 1964-1973*. Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2008.</footnote>
Libertad en colaboración con un propietario de la Asociación de Agricultores de Llanquihue<fnref n="100" />. Un testimonio adicional que arroja luz sobre esta situación es una persona que vivió en el Fundo El Toro de Fresia. En sus palabras: “El Toro (...) se generó originalmente mediante una “toma”, pues, estaba abandonado ese terreno, si bien pertenecía a un señor Evaldo Rebhein Neumann, él lo tenía botado. (...) en varias oportunidades los jóvenes Antonio y Luis Rebhein Carrillo, hijos de Evaldo, me dispararon sin herirme”<fnref n="101" />. En retrospectiva, este período se vio marcado por la presencia de la violencia política en el entorno rural. La aparición de grupos paramilitares y los trágicos sucesos que tuvieron lugar en diversas áreas de la provincia durante el gobierno de Allende pusieron en tabla los riesgos y obstáculos que acompañaron los cambios políticos y sociales.

Estos acontecimientos dejaron una profunda huella en el conflicto agrario de la provincia y sirvieron como preámbulo de la represión que la dictadura cívico-militar desataría contra los campesinos en los años por venir. Resulta significativo resaltar que, a pesar de las constantes amenazas y ataques dirigidos hacia los campesinos, los propietarios agrícolas mantenían un acceso privilegiado a la justicia, lo que les brindaba la capacidad de explorar formas más extremas de acción política sin tener que enfrentar las consecuencias legales de sus acciones<fnref n="102" />, evidenciándose de esta manera, la asimetría legal y las desafiantes dinámicas de poder que moldearon el conflicto.

En resumen, la reforma agraria en el sur de Chile, particularmente en la provincia de Llanquihue, se desarrolló como un proceso intrincado y diverso que involucró a una variedad de actores sociales y políticos, acompañado de tensiones y resistencias. El papel crucial del movimiento campesino, liderado por la Democracia Cristiana, fue determinante en la lucha por la tierra y la mejora de las condiciones de vida de las familias campesinas, logrando avances notables en el acceso a la propiedad. Sin embargo, esta reforma también enfrentó una sólida oposición de los terratenientes, quienes recurrieron a la violencia política y a la criminalización de la protesta social para preservar el status quo del sistema latifundista. No obstante, este curso de la historia experimentó un quiebre abrupto con el golpe de Estado de 1973, que

<footnote n="100">¹⁰⁰Sánchez, F. "Violencia Política en la Provincia de Llanquihue durante la reforma agraria de la Unidad Popular, 1970-1973", en *Atenea*, 518, 2018, pp. 93.</footnote>

<footnote n="101">¹⁰¹Declaración "J", *Causa 10.872*, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2011, f. 125.</footnote>

<footnote n="102">¹⁰² Declaración, *Causa 10.872*, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, *Corte de Apelaciones de Puerto Montt*, 2011, f. 125.</footnote>
puso fin tanto a la experiencia democrática en Chile como al proceso de
reforma agraria, junto con otros cambios sociales en curso en la región.

De la Marginalidad a la Organización:
El Movimiento de Pobladores de Puerto Montt.

Este ápice nos introducirá al proceso de lucha y persistencia emprendido por los habitantes de Puerto Montt en respuesta al desafío habitacional, el cual se intensificó tras el devastador terremoto de 1960. Inicialmente, exploraremos las secuelas de este cataclismo en la comunidad y la respuesta tanto de las autoridades locales como estatales frente a esta crisis. Posteriormente, examinaremos la evolución del *movimiento de los sin casa* en la comuna, resaltando las ocupaciones de terrenos en la década de los sesenta y el surgimiento de un movimiento organizado en los años setenta. Sin embargo, es importante señalar que la lucha de los pobladores no transcurrió sin enfrentar represión, situación que ilustraremos al narrar los acontecimientos ocurridos en Pampa Irigoin, donde el gobierno de la Democracia Cristiana empleó medidas violentas para reafirmar su control en dicha coyuntura. Finalmente, examinaremos el establecimiento de las relaciones sociales y políticas entre los pobladores y el gobierno de la Unidad Popular, lo que permitió la creación de un nuevo paradigma habitacional en la comuna.

La desigualdad económica y social que permeaba en la sociedad chilena se tradujo en un sinnúmero de problemas para los pobladores. Estos desafíos surgieron como resultado de complejas dinámicas de reubicación poblacional, el incremento demográfico, la rápida urbanización y un crecimiento económico insuficiente a lo largo del tiempo. Estas problemáticas se manifestaron de manera más evidente cuando la cuestión social emergió como una preocupación imperante para el Estado<fnref n="103" />. Sin embargo, a pesar de tal contexto, las políticas públicas implementadas no lograron generar resultados sustanciales. Como corolario de ello, un gran número de personas se vieron situadas históricamente en la periferia de las urbes, siendo etiquetados como “los pobres y marginales de la ciudad”. Para aquellos que vivían esta experiencia cotidiana, esta categorización no solo reflejaba una realidad individual, sino que englobaba a una comunidad de individuos que compartían idénticas condiciones: una búsqueda constante de mejores oportunidades, la construcción de viviendas en condiciones precarias y la vivencia en situaciones de extrema pobreza.

<footnote n="103">¹⁰³Garcés, M, *Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago 1957-1970*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2002, pp. 64.</footnote>
En la segunda mitad del siglo XX, la acción popular se erigió como una fuerza de significativa relevancia en respuesta a la evidente situación de deterioro social en la que se encontraba gran parte de la población chilena. Por esa razón, el Estado adoptó una perspectiva orientada hacia compromisos político-electorales y comenzó a desarrollar estrategias destinadas a abordar el complejo tema de la vivienda. A manera de ejemplo, surgieron la Corporación de la Vivienda y el Plan Nacional de Vivienda, que tuvieron por finalidad la erradicación de los asentamientos informales y la construcción de habitaciones adecuadas<fnref n="104" />.

Sin embargo, estas estrategias encontraron un obstáculo en la Provincia de Llanquihue durante la tarde del 22 de mayo de 1960, cuando el suelo de la zona centro sur del país fue sacudido por un sismo de proporciones inimaginables, marcando así el registro del terremoto más poderoso jamás registrado por la humanidad.

Puerto Montt no quedó exento de los efectos catastróficos de dicho fenómeno, que en las horas subsiguientes desató una devastación palpable, causando daños materiales y humanos de magnitudes sin precedentes en todas las áreas afectadas. El impacto de este terremoto fue tan grande, que alrededor del setenta por ciento de la ciudad presentaba compromiso de destrucción. La cifra de fallecidos fluctuó entre sesenta y ochenta personas; y Puerto Montt en ese entonces, tenía una población de treinta y seis mil habitantes. Si bien la cifra es reducida, el daño urbano fue considerado cómo el mayor de todos<fnref n="105" />.

<figure><img src="image_4.png" /><figcaption>Fotografía: Sector de Angelmó luego del terremoto de 1960.</figcaption></figure>

Fuente: Puerto Montt con historia.

<footnote n="104">¹⁰⁴Valdés, T. "El movimiento de pobladores: 1973-1985. La recomposición de solidaridades sociales", en *Revista FLACSO*, 1987, pp.268.</footnote>

<footnote n="105">¹⁰⁵Sánchez, S, *Puerto Montt*, Puerto Montt, Corporación Cultural de Puerto Montt, 2004, pp. 115.</footnote>
El detrimento urbano que azotó la región tuvo consecuencias devastadoras en la vida de las personas y en el tejido social y económico de la ciudad. La destrucción masiva de infraestructuras como el puerto y la estación de ferrocarriles, así como los severos daños estructurales sufridos por el hospital de Puerto Montt, ilustran la magnitud del desastre<fnref n="106" />. Sin embargo, el mayor impacto se produjo en el ámbito habitacional, con la pérdida masiva de hogares en la ciudad, lo que provocó una crisis de vivienda sin precedentes y agravó aún más los retos de las políticas habitacionales preexistentes en la región. En consecuencia, se hizo imperativo implementar políticas y planes habitacionales que permitieran la reconstrucción de las viviendas dañadas y la edificación de nuevas residencias para aquellos que lo habían perdido todo en la catástrofe. La situación de emergencia exigía soluciones rápidas y eficientes, pero también sostenibles y adaptadas a las necesidades específicas de la región y sus habitantes. Así, el deterioro urbano no solo dejó un rastro de destrucción material, sino que también tuvo un impacto profundo en la calidad de vida de las personas, su bienestar general y sus perspectivas de desarrollo a futuro. Siguiendo a Vásquez:

> Una vista ocular tanto al centro de la ciudad como a los barrios Modelo, Costanera y Angelmó, dan una muestra de lo que fue la violencia del terremoto en Puerto Montt. Un 80% de las casas habitacionales y locales comerciales resultaron afectados, quedando muchas inhabitables<fnref n="107" />.

Las estimaciones realizadas por Sergio Soza revelan la magnitud del problema. Por un lado, más de tres mil residencias requerían una reconstrucción urgente y, por otro lado, aproximadamente veinticinco mil personas quedaron sin refugio, viéndose forzadas a habitar en albergues temporales, carpas de emergencia o en viviendas que estaban al borde del colapso<fnref n="108" />. La destrucción de hogares desencadenó una crisis social inédita en la comuna, resultando en una considerable cantidad de personas marginadas y en situación de calle. Esta situación fue alarmante,

<footnote n="106">¹⁰⁶Sánchez, S. "El Terremoto de 1960", en *Agenda del sesquicentenario de Puerto Montt. Efemérides de la provincia fotografia, crónica, documentos, toponimia, cuentos, y la historia fundacional de Melipulli*, 2003, pp.51.</footnote>

<footnote n="107">¹⁰⁷Vásquez, J. "El Puerto Montt de los años 60", 2004. Disponible en http://www.diarioelllanquihue.cl/site/apg/reportajes/pags/20040203235012.html [Fecha de consulta: 10 de abril de 2021].</footnote>

<footnote n="108">¹⁰⁸Vera, V. "Los pobladores de la ciudad de Puerto Montt: Una mirada descentrada sobre la ocupación del espacio sureño a través del diario El Llanquihue. (1960-1960)". Tesis de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Valdivia. Universidad Austral de Chile, 2016, pp. 42.</footnote>
ya que la carencia de vivienda y la exclusión social dieron lugar a una
crisis humanitaria de proporciones considerables en la comuna. Cabe
resaltar que la emergencia no solo evidenció la vulnerabilidad de las
viviendas y la falta de planificación urbana, sino que también subrayó la
imperante necesidad de políticas públicas integrales que aborden la
cuestión de la vivienda y la protección social en situaciones de crisis. A
raíz de este episodio, resurgió un nuevo grupo social: los pobladores,
quienes a su vez dieron pie a otro fenómeno, las migraciones<fnref n="109" />.

Durante el terremoto, estas dinámicas que ya estaban presentes
en el devenir local se volvieron aún más notables. La respuesta inmediata
a la destrucción fue la migración de una gran cantidad de familias
provenientes de localidades cercanas y del archipiélago de Chiloé, en
busca de mejores oportunidades. Esto generó un proceso migratorio
importante en la historia reciente de la ciudad, que aumentó el índice
demográfico en casi un cincuenta por ciento durante la década de los
sesenta<fnref n="110" />. Un estudio realizado por Bengoa en Pampa Irigoin, concluye
que de una muestra de cuarenta y nueve personas, diecinueve se
desplazaron desde Chiloé a Puerto Montt y diecinueve provenían de
sectores rurales cercanos a la ciudad<fnref n="111" />. La causa de este proceso
migratorio fue la ayuda nacional e internacional que Puerto Montt
recibió para su reconstrucción, principalmente gracias a la acción de las
Fuerzas Armadas y organismos como el Comité de Abastecimiento y los
Estados Unidos; transformando a Puerto Montt en un enclave político-
administrativo y comercial de las provincias circundantes<fnref n="112" />.

Como resultado de los continuos desplazamientos y la
destrucción de los servicios comerciales y urbanos, se produjo un
colapso en la infraestructura de la ciudad, lo que se convirtió en un
problema de envergadura para la comuna. Esta situación generó un
desequilibrio entre la oferta y la creciente demanda generada por el
aumento demográfico, lo que acarreó una problemática significativa en el
espacio urbano, incluida la carestía de viviendas<fnref n="113" />. Un informe del
Diario El Llanquihue destacó en 1969 que "la demanda de vivienda para
personas de bajos recursos ha aumentado considerablemente en los
últimos tiempos, probablemente debido al desplazamiento de personas
de otros lugares hacia la provincia, y en particular hacia Puerto Montt"<fnref n="114" />.

<footnote n="109">¹⁰⁹Vera, *op. cit.*, pp. 44.</footnote>

<footnote n="110">¹¹⁰Vergara, A. “Un acontecimiento histórico: Puerto Montt 1969”. Tesis de Licenciatura en Historia, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 1994, pp.10.</footnote>

<footnote n="111">¹¹¹Bengoa, J. *Pampa Irigoin: lucha de clases y conciencia de clases*, Santiago de Chile, Centro de estudios socioeconómicos, 1971, pp. 19.</footnote>

<footnote n="112">¹¹²Vera, *op. cit.*, pp. 41</footnote>

<footnote n="113">¹¹³Vera, op. cit., pp. 46.</footnote>

<footnote n="114">¹¹⁴Diario El Llanquihue, citado desde Vergara, Un acontecimiento..., op. cit., pp. 12.</footnote>
En resumen, los desplazamientos y la devastación de los servicios urbanos originaron una seria dificultad para la comuna, exacerbando la escasez de viviendas y la situación de vulnerabilidad en el entorno urbano. Esta problemática se intensificó aún más debido al crecimiento poblacional, lo que aumentó la presión sobre los servicios y la necesidad de viviendas.

Dichas problemáticas no fueron pasadas por alto y se convirtieron en una preocupación destacada para las autoridades locales. En respuesta, los líderes comunales emprendieron diversas estrategias con el objetivo de mitigar la escasez de empleo y vivienda. Estas estrategias abarcaron desde la formación de listas de trabajadores<fnref n="115" />, la promoción de la autoconstrucción, hasta la implementación de la Operación Sitio. Esta última, en particular, fue una medida que:

(...) contemplaba la entrega de sitios urbanizados, algunos incluían una instalación sanitaria mínima, y en otros casos una mediagua u otro tipo de vivienda económica, sin embargo lo que primó fue el acceso a la tierra, dejando la vivienda bajo la modalidad de autoconstrucción<fnref n="116" />.

A pesar de los esfuerzos desplegados por las autoridades locales, los pobladores no lograron encontrar una solución adecuada a sus problemas a través de la vía institucional y asistencialista de la revolución en libertad. De hecho, como resaltó el senador Julio Von Mühlenbrock en una sesión en el Senado en 1969: "En Puerto Montt hay alrededor de veinticinco mil personas cesantes y cuarenta mil pobladores sobre el ripio, sin aceras, sin alcantarillado, sin agua y sin luz"<fnref n="117" />. Las respuestas pasivas del gobierno, combinadas con la persistente problemática del desempleo y la carestía de viviendas, impulsaron a los sectores más vulnerables a buscar de manera autónoma soluciones a sus apremiantes necesidades a través de la acción popular<fnref n="118" />. Esta iniciativa impulsó a los pobladores a afrontar la escasez de viviendas por sí mismos, generando a través de la organización social y la acción colectiva, sus propios mecanismos para abordar la situación.

Desde una perspectiva central, la toma de la Victoria en Santiago se erigió como un punto de inflexión que inauguró un movimiento social entre los pobladores, colocando en el epicentro de sus demandas y

<footnote n="115">¹¹⁵Diario El Llanquihue, citado desde Vera, op. cit., pp. 47.</footnote>

<footnote n="116">¹¹⁶Vera, op. cit., pp. 52.</footnote>

<footnote n="117">¹¹⁷Diario El Llanquihue, citado desde Vergara, Un acontecimiento..., op. cit., pp. 13.</footnote>

<footnote n="118">¹¹⁸Cortés, A. "El movimiento de pobladores chilenos y la población La Victoria: ejemplaridad, movimientos sociales y el derecho a la ciudad" en *EURE*, 119, 2014.</footnote>
reivindicaciones la problemática habitacional de las clases populares. Esta iniciativa emergió como un vehículo de manifestación y movilización, destinado a visibilizar las condiciones de precariedad habitacional en los conventillos y poblaciones callampas, y a exigir soluciones tangibles mediante la toma de terrenos.

Según el análisis de Espinoza, lo crucial desde la perspectiva de la autonomía y el desarrollo social es:

(...) la solidaridad de los más diversos sectores de la vida nacional con los ocupantes de los terrenos de La Feria fue un hecho nuevo, expresión de la vinculación. En este caso se estableció una diferencia entre la acción asistencial hacia los pobres y el apoyo activo a ellos en pro de una solución a su situación. Estas muestras solidarias, a la par que ponían el problema de los pobres de la ciudad en primer plano, legitimaba la ocupación de terrenos<fnref n="119" />.

La conformación de una conciencia social entre los pobladores planteó una tesis contundente: la ocupación de terrenos era una herramienta legítima para ejercer presión sobre el Estado y conseguir cierto grado de autonomía. En este contexto, la toma de la Victoria se convirtió en el momento crítico que definió el rumbo del movimiento poblador. De acuerdo con Garcés, los pobladores demostraron al Estado que si este no proporcionaba viviendas para los más desfavorecidos, ellos mismos tomarían la iniciativa y, con sus propios recursos, construirían sus hogares y comunidades<fnref n="120" />.

Por otro lado, la respuesta estatal durante la administración de Jorge Alessandri no cumplió con las expectativas. Aunque se implementaron medidas para abordar la problemática de la vivienda, estas no lograron abordar la demanda estructural subyacente, lo que resultó en un incremento en la participación en las organizaciones sociales. Sin embargo, el enfoque hacia el problema habitacional experimentó un cambio drástico cuando la Democracia Cristiana se involucró en la lucha por la vivienda, incorporando a los pobladores dentro de su estructura mediante una perspectiva asistencialista.

La Promoción Popular se destacó como su método de acción principal, impulsando una red organizativa a través de apoyo financiero y

<footnote n="119">¹¹⁹Espinoza, V. *Para una historia de los pobres de la ciudad*, Santiago de Chile, SUR Ediciones, 1988, pp. 257.</footnote>

<footnote n="120">¹²⁰Garcés, M, “Los años de la Unidad Popular: cuando los pobladores recreaban las ciudades chilenas”, en Pinto, J (eds.), *Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2014, pp. 54.</footnote>
la creación de juntas vecinales y grupos comunitarios. Estas entidades se
diseñaron para canalizar la participación y abordar las necesidades
económicas de los pobladores. En ese teatro, el paradigma asistencialista
dio lugar a la Operación Sitio, que promovía la autoconstrucción de
viviendas populares. Aunque esta política no generó resultados
sustanciales, fortaleció la dinámica popular al consolidar la organización
de los pobladores. Estos no solo se beneficiaron del Estado, sino que
también desarrollaron prácticas de negociación desde dentro de la
institucionalidad existente. De este modo, la toma de terrenos emergió
como un recurso cada vez más empleado por los pobladores para
reivindicar sus derechos y abordar las necesidades que el Estado no
lograba atender de manera adecuada.

En el caso de Puerto Montt, la convergencia de factores como la ineficacia de las políticas públicas, el desempleo y la escasez de viviendas, catalizó una serie de ocupaciones de terrenos, asentamientos espontáneos y tomas ilegales de propiedades privadas y fiscales, estableciendo la dirección del crecimiento urbano de la ciudad entre 1960 y 1970¹²¹. A pesar de contar con el respaldo político del Regidor socialista Luis Espinoza y otros protagonistas, esta dinámica popular se desplegó de manera autónoma<fnref n="122" />, recurriendo a sus propios mecanismos para abordar su condición de pobreza y legitimando la ocupación de terrenos como una alternativa válida. Sergio Alvarado destaca y detalla esta experiencia al afirmar que:

(...) como no había practicamente donde vivir, empezó a
suceder una presión, se formaba comité, como hoy día,
se nombran comités de allegados, antes se decía comités
de los sin casa, porque era una realidad y de acuerdo a
eso nosotros trabajamos, formando organización para
buscar las soluciones y como no se daban las soluciones
había que hacer en nuestra forma, o sea, en eso se
dirigían las tomas de terreno, pero era con el fin de
solucionar el problema habitacional<fnref n="123" />.

En los años 1968 y 1969, la ciudad experimentó un notable aumento en la incidencia de las tomas de terrenos, especialmente en la tercera terraza de la urbe. Según Vergara, este sector se distinguía por ser un lugar de marginalidad urbana, fuera del radio tradicional de la ciudad.

<footnote n="121">¹²¹Vergara, *Un acontecimiento...*, op. cit., pp. 12</footnote>

<footnote n="122">¹²²Vera, op. cit., pp. 25.</footnote>

<footnote n="123">¹²³Entrevista a Sergio Alvarado, citado desde Vergara, *Un acontecimiento...*, op. cit., pp. 12</footnote>
Esta expansión territorial generó importantes desafíos en términos de accesibilidad, integración y aspectos urbanísticos<fnref n="124" />.

La acción emprendida por los pobladores dio lugar al primer acto masivo de toma de terrenos en Puerto Montt, específicamente en la zona alta de la ciudad, que luego sería conocida como población Libertad<fnref n="125" />. Este evento estableció un precedente y sirvió como motivación para que otras familias siguieran su ejemplo y tomaran posesión de terrenos privados. Un caso ilustrativo fue la ocupación de un terreno en la ladera de la cárcel de Chin Chin por cuarenta y ocho familias, a pesar de que este terreno estaba destinado originalmente para la construcción de las oficinas de Correos y Telégrafos por parte del Estado. En una situación similar, noventa familias se adueñaron de una propiedad del Servicio Agrícola y Ganadero ubicada en la población Manuel Rodríguez, en las proximidades del río Lobos<fnref n="126" />. Sin embargo, la toma más significativa y de mayor trascendencia por sus implicaciones futuras tuvo lugar el 3 de junio de 1968, cuando trescientas veinte familias ocuparon el terreno de Rociel Irigoin<fnref n="127" />.

El terreno conocido como Pampa Irigoin estaba ubicado en la zona alta de Puerto Montt y aparentemente carecía de un perímetro de protección evidente. A simple vista, este terreno pantanoso de baja calidad agrícola, con poca vegetación y presencia de piedras, a veces era utilizado por animales de la Feria Osorno S.A.<fnref n="128" />. En tres ocasiones durante los años 1968 y 1969, el movimiento de los sin casa ocupó este sitio. La primera ocupación ocurrió a principios de junio de 1968, en un momento en el que el propietario estaba en proceso de negociar la venta del espacio al Ministerio de la Vivienda.

Es relevante destacar que esta toma inicial no fue completamente ilegal. De acuerdo con Soto, un grupo de alrededor de cien personas había entregado al propietario una suma de ciento veinte escudos como anticipo para adquirir un espacio habitable. Sin embargo, Rociel Irigoin, aprovechando la legislación de "loteos brujos", tuvo que devolver la totalidad del dinero a los pobladores<fnref n="129" />. Al sentirse engañados, los pobladores tomaron la decisión de ocupar el terreno como su nuevo hogar permanente, marcando su posesión colocando una bandera de Chile en el sitio<fnref n="130" />.

<footnote n="124">¹²⁴Vergara, *Un acontecimiento...,* op. cit., pp. 20.</footnote>

<footnote n="125">¹²⁵Vera, *op. cit.*, pp. 30.</footnote>

<footnote n="126">¹²⁶Soto, *W. Pampa Irigoin. Historia de una matanza en Puerto Montt*, Puerto Montt, Editorial La Minga, 2018, pp. 22.</footnote>

<footnote n="127">¹²⁷Ibid.</footnote>

<footnote n="128">¹²⁸Soto, *W. Pampa Irigoin...,* op. cit., pp. 24.</footnote>

<footnote n="129">¹²⁹Ibid.</footnote>

<footnote n="130">¹³⁰Ibid.</footnote>
No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias de esta masiva se hicieran sentir. El Intendente de la provincia, Bartolomé Palacios, argumentó que la toma era totalmente ilegal y ordenó a las fuerzas de Carabineros que custodiaran y vigilaran constantemente la zona de los hechos<fnref n="131" />. A pesar del continuo hostigamiento por parte de las autoridades locales, los pobladores llevaron a cabo una segunda toma el 4 de octubre de 1968, la cual fue desalojada por orden del Ministerio del Interior dos días después. La intervención de las fuerzas de seguridad se caracterizó por un nivel de violencia excesiva, en la que los efectivos hicieron uso de sus carabinas mientras lanzaban bombas lacrimógenas. Los pobladores, en un acto de desesperación por enfrentar la represión, utilizaron palos y piedras como medios de defensa. Al finalizar la jornada, se contabilizaron aproximadamente treinta heridos, lo cual ilustra con claridad la brutalidad de los acontecimientos y el grado de violencia involucrado en la operación de desalojo<fnref n="132" />.

<figure><img src="image_5.png" /><figcaption>Fotografía. Toma de Pampa Irigoin.</figcaption></figure>

Fuente: Diario El Calbucano

Finalmente, según lo mencionado por Vergara, la tercera toma se llevó a cabo bajo la dirección de un movimiento de pobladores mucho más

<footnote n="131">¹³¹Ibid.</footnote>

<footnote n="132">¹³²Ibid.</footnote>
estructurado. Este colectivo estaba conformado por un comité de los sin casa, respaldado por líderes comunales y vecinales de otros asentamientos cercanos, y contaba con el respaldo político del Regidor Luis Espinoza. Por lo tanto, el 4 de marzo de 1969:

(...) las familias llegaron con palos, nylon y todo tipo de materiales para construir provisoriamente una mediagua o un “ruco”. La gente empezó a llegar de noche, con termos de café y agua caliente para la amanecida. Los sitios se fueron asignando a medida que llegaron los pobladores, eran todos de doce por veinticinco metros, los últimos sitios que se entregaron fueron los que limitaban con la [carretera] Panamericana<fnref n="133" />.

Los pobladores estaban conscientes de que su toma era considerada ilegal por las autoridades, lo que les llevaba a temer que podrían ser desalojados en cualquier momento por la fuerza policial, tal como había ocurrido previamente. Debido a esta preocupación, las primeras familias que se instalaron en Pampa Irigoin establecieron un sistema de alarma que consistió en un objeto de metal que sonaba como una campana al ser golpeado. Esta estrategia resultó efectiva para alertar a los pobladores sobre la aproximación de un contingente policial. Y efectivamente, la situación que temían se materializó. Después de algunos días, el Mayor de Carabineros Rolando Rodríguez se acercó al lugar para solicitar a los pobladores que abandonaran el sitio, alegando la necesidad de llevar a cabo un censo. En este proceso, el Regidor Luis Espinoza actuó como intermediario. Es plausible que esta acción se llevara a cabo con la intención de determinar la cantidad de pobladores presentes en el lugar, con miras a planificar los recursos policiales requeridos para un eventual desalojo. Además, en los días subsiguientes, uno de los promotores de la toma, Luis Espinoza, fue detenido por la Dirección de Investigaciones, bajo cargos de violar la Ley de Seguridad Interior del Estado, dejando a cientos de familias sin respaldo político. Finalmente, el 8 de marzo de 1969, Rociel Irigoin documentó en el libro de novedades de la guardia de la Segunda Comisaría de Llanquihue la ocupación ilegal de un terreno de su propiedad, registrando así la situación en los registros oficiales<fnref n="134" />.

Las trágicas consecuencias de la ocupación de Pampa Irigoin se manifestaron de manera implacable cuando las autoridades movilizaron sus fuerzas represivas contra los pobladores. La intervención, orquestada

<footnote n="133">¹³³Vergara, *Un acontecimiento...*, op. cit., pp. 18.</footnote>

<footnote n="134">¹³⁴Vergara, *Un acontecimiento...*, op. cit., pp. 19.</footnote>
por el Intendente subrogante de la provincia, José Pérez, y el Ministro del Interior Edmundo Pérez, contó con la colaboración de comandantes de Carabineros provenientes de Osorno, Valdivia y Chiloé. Un contingente compuesto por cincuenta y nueve efectivos, bajo el mando del Coronel Alberto Apablaza y el Mayor Rolando Rodríguez, junto con un grupo de doscientos diecisiete hombres, irrumpió con violencia en el asentamiento durante la madrugada del 9 de marzo de 1969¹³⁵. Mediante el uso de bombas lacrimógenas y fuego, las fuerzas policiales incendiaron las modestas viviendas construidas por los pobladores, desencadenando el caos y la destrucción. Los residentes de la toma, superados en número y con sus hogares en llamas, se vieron forzados a huir a medio vestir en busca de seguridad. La brutal represión tuvo un resultado devastador, cobrando incluso vidas humanas, como la de un bebé que falleció debido a la inhalación del humo tóxico<fnref n="136" />.

A pesar de la brutalidad empleada por la policía en el desalojo, los pobladores se mantuvieron firmes y enfrentaron a los funcionarios con palos y piedras. En un momento crítico, un poblador alertó a los habitantes de los campamentos Manuel Rodríguez, Ampliación Manuel Rodríguez y Libertad, quienes acudieron al lugar para apoyar y defender a sus compañeros, tratando de repeler la acción de Carabineros<fnref n="137" />. Sin embargo, la situación rápidamente se volvió caótica cuando los policías, superados en número, comenzaron a disparar indiscriminadamente, hiriendo y matando a varios ocupantes del terreno. La violencia alcanzó tal grado que algunas de las balas incluso impactaron en las viviendas de las poblaciones vecinas. Lamentablemente, el resultado de esta trágica situación fue la pérdida de once vidas humanas y alrededor de veinte personas heridas. Estos heridos fueron trasladados de urgencia al hospital de Puerto Montt, donde también quedaron bajo custodia policial en calidad de detenidos<fnref n="138" />.

La masacre dejó profundas secuelas y llevó a la Intendencia a reconocer su responsabilidad en este trágico suceso, adoptando medidas inmediatas para abordar la situación. Se redactó un acta en la que se comprometían a buscar un terreno para realojar a las familias desalojadas, proporcionar viviendas de la Corporación de la Vivienda a las viudas, reemplazar a los efectivos de Carabineros por miembros de la Fuerza Aérea y autorizar la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familias<fnref n="139" />. El funeral de las víctimas tuvo lugar el 11 de marzo, en un

<footnote n="135">¹³⁵Vergara, A. “Revisiting Pampa Irigoin: Social Movements, Repression, and Political Culture in 1960s Chile”, en *RadicalHistory Review*, 124, 2016, pp. 30.</footnote>

<footnote n="136">¹³⁶Vergara, *Revisiting Pampa...*, op. cit., pp. 48.</footnote>

<footnote n="137">¹³⁷Vergara, *Un acontecimiento...*, op. cit., pp. 20.</footnote>

<footnote n="138">¹³⁸Vergara, *Revisiting Pampa...*, op. cit., pp. 49.</footnote>

<footnote n="139">¹³⁹Vergara, *Un acontecimiento...*, op. cit., pp. 22.</footnote>
contexto en el que la noticia de la masacre ya había conmocionado a todo el país, generando una ola de repudio hacia la acción policial y el Ministerio del Interior. En un gesto de solidaridad con las víctimas y sus familias, cerca de quince mil personas se congregaron en la localidad, participando en una marcha que recorrió los barrios más empobrecidos de Puerto Montt y culminó en el cementerio de la ciudad. Importantes líderes políticos, entre ellos Salvador Allende, se unieron a la marcha, expresando su apoyo y solidaridad con la causa y condenando enérgicamente la violencia empleada por las autoridades en el desalojo<fnref n="140" />.

El impacto de la masacre fue tan profundo que desencadenó un significativo debate político y provocó manifestaciones a lo largo de todo el país. Como resultado, se estableció una comisión especial en el Congreso con el propósito de investigar las responsabilidades del gobierno en la matanza de Pampa Irigoin. Mientras que la izquierda atribuyó la responsabilidad al gobierno y, en particular, al Ministro del Interior, Edmundo Pérez<fnref n="141" />, argumentando que el desalojo no había sido respaldado por una orden judicial. En contraste, la Democracia Cristiana defendió enérgicamente la actuación de la policía en este hecho, sosteniendo que

(...) la inversión del gobierno y el compromiso con los programas de vivienda hacían que las tomas de terreno fueran completamente ilegítimas e innecesarias. El senador de la Democracia Cristiana Patricio Aylwin argumentó que las personas que habían “provocado” la ocupación tenían la verdadera responsabilidad política, legal y moral de lo que había sucedido en Pampa Irigoin<fnref n="142" />.

La dolorosa pérdida de vidas de los pobladores conmovió tanto a la comunidad local como a nivel nacional, destacando las múltiples dificultades que enfrentaban innumerables familias que carecían de tierras y viviendas propias. De acuerdo con Monje, a partir de este punto, la problemática de la vivienda comenzó a ser abordada con mayor profundidad tanto en los principales medios de comunicación locales como en las sesiones parlamentarias<fnref n="143" />.

<footnote n="140">¹⁴⁰Vergara, *Revisiting Pampa...*, op. cit., pp. 50.</footnote>

<footnote n="141">¹⁴¹Por estos hechos, Edmundo Pérez Zujovic, fue asesinado por un comando del Vanguardia Organizada del Pueblo: Ver: Bonnassiolle, M. "Violencia política y conflictividad social durante el gobierno de la Unidad Popular. El caso de la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), 1970-1971", en *Diálogos*, 16, N°1, 2015.</footnote>

<footnote n="142">¹⁴²Vergara, *Revisiting Pampa...*, op. cit., pp. 50.</footnote>

<footnote n="143">¹⁴³Monje. *op. cit.*, pp. 72.</footnote>
Si bien es innegable que los mecanismos de lucha de los movimientos populares se desarrollaron de manera autónoma en comparación con los rurales, también es cierto que con el transcurso del tiempo, se volvió cada vez más evidente una conexión sólida entre los partidos políticos y las organizaciones de izquierda con los pobladores. Durante el gobierno de la Democracia Cristiana, esta conexión se consolidó, y el Partido Socialista comenzó a trabajar activamente con los pobladores en sus demandas sociales. Un ejemplo elocuente de esta colaboración fue el respaldo político brindado por Luis Espinoza a los pobladores de Pampa Irigoin. Incluso en su campaña para obtener un escaño en la Cámara de Diputados, Espinoza transmitía un lema radial que resaltaba la relevancia de tomar posesión de las propiedades, aludiendo que "entre tomar una propiedad y no tomarla, es mejor tomarla"<fnref n="144" />.

Es innegable que los motivos detrás de las tomas de terrenos se mantuvieron consistentes hasta el trágico 11 de septiembre de 1973. No obstante, durante la época de la vía chilena al socialismo, las relaciones entre la izquierda política y los pobladores se fortalecieron y se volvieron fraternales, basadas en sus objetivos sociales y políticos compartidos. René Droppelmann, ex militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria, confirma esta estrecha colaboración al recordar que: "las tomas eran interesantes porque había una suerte de solidaridad entre los que construían sus casas con nosotros, y cada cual iba meta clavo, hombres, mujeres y vamos armando casas"<fnref n="145" />.

Sin embargo, es fundamental resaltar que el movimiento popular continuó empleando la toma de terrenos como una estrategia de lucha y presión ante el gobierno para abordar los problemas de vivienda. En este contexto, podemos identificar dos formas principales de conexión durante este período: el proceso de tomas de terrenos y la construcción de viviendas.

Es importante destacar, en primer lugar, que en comparación con la efervescencia de las tomas de terrenos en 1968 y 1969, estas se volvieron menos comunes debido al temor arraigado en la población después de los eventos en Pampa Irigoin. Sin embargo, durante el gobierno de la Unidad Popular, las ocupaciones de terrenos resurgieron debido al establecimiento de nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad, en respuesta a la responsabilidad que las clases populares locales asumieron con las luchas enmarcadas en la vía chilena al socialismo. En este sentido, es interesante destacar cómo algunas tomas, aunque surgieron desde la base social, evidenciaron la conexión entre los

<footnote n="144">¹⁴⁴Diario El Llanquihue, “Clima político en Llanquihue”, Puerto Montt, 18 – 03 – 1969, pp. 3.</footnote>

<footnote n="145">¹⁴⁵Entrevista a René Droppelmann realizada el 24 – 07 – 2020.</footnote>
partidos políticos y los movimientos populares. Por ejemplo, el mismo René Droppelmann recuerda que "junto a los compañeros del partido, nos organizábamos con los pobladores, recuerdo que en una ocasión, nosotros y ellos tomamos la ladera de Padre Harter"<fnref n="146" />.

En segundo lugar, siguiendo la investigación de Monje, el proceso de construcción de viviendas continuó a través de mecanismos de autoconstrucción<fnref n="147" />, dando lugar a la formación de poblaciones como Pichi Pelluco y Manuel Montt. Este enfoque, entre otros aspectos, pone un énfasis en la importancia de la disciplina y el orden en las tomas de terreno. En este sentido, Rubén Contreras, militante del Partido Socialista, resaltó la organización de las tomas<fnref n="148" />. La edificación de estas viviendas se llevó a cabo con el respaldo de partidos políticos y estudiantes de secundaria, quienes brindaron asistencia física en esta labor. La Corporación de Servicios Habitacionales, dirigida en ese momento por el arquitecto Juan Leonhardt, desempeñó un papel crucial al proporcionar los materiales necesarios para la construcción, incluyendo madera, clavos, planchas de zinc y ventanas, entre otros recursos<fnref n="149" />.

Por último, es de vital importancia destacar que a pesar de la limitación de recursos, la problemática habitacional se convirtió en una prioridad tanto para el gobierno local como para la militancia de los partidos políticos de izquierda. Es necesario mencionar que se esforzaban por encontrar una solución a los problemas de vivienda, incluso en medio de las diversas tomas ilegales de terrenos, ya fueran privados o públicos. En este contexto, las autoridades locales se esforzaron por evitar la represión y buscar soluciones a través de la adquisición de terrenos para que los pobladores pudieran construir sus viviendas, o reubicándolos en otras áreas. La lógica subyacente consistía en establecer una relación entre las dinámicas populares y el Estado, y buscar soluciones a corto plazo.

Sin embargo, todas estas iniciativas se vieron abruptamente interrumpidas por el golpe militar que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973, el cual tuvo un impacto significativo en el desarrollo urbano y habitacional de la región. Este quiebre político y social desarticuló las acciones y proyectos que se estaban llevando a cabo para abordar la problemática habitacional. La dictadura cívico-militar impuso una nueva dinámica de poder que restringió las posibilidades de participación y acción colectiva de los movimientos populares. Además, se produjo una represión sistemática que limitó las actividades de los partidos políticos y

<footnote n="146">¹⁴⁶Ibid.</footnote>

<footnote n="147">¹⁴⁷Monje. op. cit.</footnote>

<footnote n="148">¹⁴⁸Entrevista a Rubén Contreras, realizada el 07 – 07 – 2020.</footnote>

<footnote n="149">¹⁴⁹Entrevista a René Droppelmann realizada el 24 – 07 – 2020.</footnote>
de las organizaciones de base, lo que tuvo un impacto negativo en los esfuerzos por resolver la cuestión habitacional.

En resumen, el movimiento de pobladores en Puerto Montt surgió como respuesta a la crisis causada por el terremoto de 1960 y la falta de medidas efectivas por parte del Estado. Las tomas de terrenos se convirtieron en una estrategia de supervivencia para la población, pero también desencadenaron represión y tragedias, como la masacre en Pampa Irigoin. La Unidad Popular buscó establecer vínculos más sólidos entre la izquierda política y los pobladores, trabajando en soluciones habitacionales. Sin embargo, el golpe militar en 1973 interrumpió este proceso y cambió drásticamente el panorama político y social de la región.

## La Vía Chilena al Socialismo en la Provincia de Llanquihue.

En esta sección, adentraremos nuestro análisis en las particularidades de la coyuntura de la vía chilena hacia el socialismo en la Provincia de Llanquihue. Inicialmente, abordaremos la contienda presidencial de 1970, caracterizada por la pluralidad de posturas políticas que rivalizaban por el poder en la región. A continuación, se conocerán los proyectos políticos, sociales y económicos implementados por la coalición de la Unidad Popular en dicha localidad, subrayando su trascendencia en la dinámica de la población local y discerniendo cómo tales transformaciones contribuyeron a la consecución de una configuración societal más equitativa. Adicionalmente, examinaremos el surgimiento de los movimientos sociales, en particular el de los trabajadores y estudiantes, quienes luchaban por sus derechos y desempeñaron un rol activo en la construcción de una sociedad más justa. De igual manera, exploraremos los mecanismos y acciones empleados por los organismos patronales, gremiales y la Democracia Cristiana para desestabilizar al gobierno, evaluando el efecto de estas tácticas en la creación de un clima de inestabilidad y agitación política en la provincia. En la etapa conclusiva de nuestro análisis, narraremos los incidentes de violencia política que dejaron su huella en la urbe de Puerto Montt, inmersos en la secuencia de crecientes tensiones que desembocaron en el clímax del golpe de Estado en 1973 y en la consiguiente consolidación del régimen dictatorial.

El teatro político a finales del decenio de los sesenta se caracterizó por la pugna entre los proyectos societales que definirían los límites del Chile pre-revolucionario. En un escenario paralelo, mientras la Democracia Cristiana experimentaba la erosión de su respaldo político, la izquierda trazaba y construía la vía chilena al socialismo, un proyecto que se puede entender como un proceso histórico de transición y disputa que
alcanzó su apogeo durante la década del setenta en Chile. Durante este
período, diversas circunstancias llevaron a una parte de la sociedad a
abrazar la idea de que lo "políticamente correcto era ser partidario de la
revolución"<fnref n="150" />. Esto condujo a una experiencia sin precedentes que se
diferenció de las revoluciones socialistas conocidas como los socialismos
reales del siglo XX. A lo largo del año 1970, no hubo una irrupción
violenta de la sociedad para tomar el control político, social y económico
en un Estado centralizado. En cambio, después de que Salvador Allende
y la Unidad Popular<fnref n="151" /> ganaran las elecciones de ese año, se propuso un
tránsito pacífico hacia ella. Como señaló Tomas Moulian, la vía chilena
se caracterizaba por buscar transformaciones profundas en la esfera de la
producción, modificando la propiedad, sin tomar el poder mediante una
revolución política convencional, y al mismo tiempo, negando pero
también superando en la práctica la teoría bolchevique<fnref n="152" />.

Verónica Valdivia destaca que el proyecto de la vía chilena al
socialismo representaba una transición del modelo anterior, el cual
sostenía que era posible alcanzar el socialismo desde la institucionalidad
burguesa existente. Esta nueva propuesta buscaba socializar los medios
de producción y financieros, e integrar a los trabajadores en la gestión de
los mismos, sin recurrir a la violencia para destruir el aparato estatal<fnref n="153" />.
En esencia, la revolución a la chilena planteaba la idea de construir un
camino pacífico hacia el socialismo, en consonancia con la hipótesis de
coexistencia pacífica forjada por los comunistas en su XX Congreso. En
lugar de destruir las estructuras estatales mediante la violencia política, el
objetivo era lograr cambios substantivos en el largo plazo a través de la
acumulación de fuerzas y la subordinación del sistema de producción.
Este proyecto histórico representa una experiencia única en la historia de
las revoluciones socialistas del siglo XX, caracterizada por su enfoque
pacífico y su búsqueda de transformaciones profundas en la esfera de la
producción.

<footnote n="150">¹⁵⁰Pinto, P. “Hacer la revolución en Chile”, en Pinto, J (eds.), *Cuando hicimos historia: la experiencia de la Unidad Popular*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2005, pp. 10.</footnote>

<footnote n="151">¹⁵¹La alianza de la Unidad Popular estaba conformada originalmente por diversos partidos políticos, entre los cuales se encontraban el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Social Democrático, el Movimiento de Acción Popular Unitaria y la Agrupación de los Partidos de Izquierda. Posteriormente, en 1971, se unieron a la alianza el Partido Izquierda Radical y la Izquierda Cristiana. En 1973, una parte del MAPU decidió conformar el MAPU-OC y unirse al proyecto político de la Unidad Popular.</footnote>

<footnote n="152">¹⁵²Moulian, T. “La vía chilena al socialismo: Itinerario de la crisis de los discursos estratégicos de la Unidad Popular”, en Pinto, J (eds.), *Cuando hicimos historia: la experiencia de la Unidad Popular*, Santiago, LOM Ediciones, 2005, pp. 35.</footnote>

<footnote n="153">¹⁵³Valdivia, V. “Todos juntos… op. cit., pp. 183.</footnote>
Es así que el Chile de la década de los sesenta brindó la oportunidad de planificar su propia experiencia pre-revolucionaria, gracias a una serie de situaciones que llevaron a la sociedad a girar hacia la izquierda del espectro político. Uno de estos factores radicó en que los partidos de izquierda jamás habían conseguido acceder al poder ejecutivo, convirtiendo a este periodo, en un momento clave para disputarlo mediante procesos electorales. Además, la polarización política y social existente en el país, agravada por la creciente desigualdad económica y el descontento popular, crearon un ambiente propicio para el surgimiento de una alternativa política que cuestionara el sistema imperante. Entre estos factores se encontraba:

(...) el fracaso de las alternativas menos radicales para solucionar los crónicos problemas económicos y sociales del país: La estanflación: la dependencia del capital, la tecnología y las empresas extranjeras, y la marginalidad, un problema que la mayoría de los chilenos identificaba con la oleada de migrantes rurales que cambiaban los barrios suburbanos en poblaciones, sin hogares dignos o trabajos decentes. Además del orgullo de Chile por su democracia formal, muchos de sus ciudadanos se sentían excluidos de toda participación política significativa que no fuera la concurrencia a votar<fnref n="154" />.

En el complejo escenario político de la época, la izquierda desempeñó un papel fundamental en el giro que se avecinaba, alzando su voz crítica contra la Democracia Cristiana. Un ejemplo claro de esto fue el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, que no dudó en criticar a la revolución en libertad. Desde su perspectiva, esta última encarnó un “nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capital nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la cesantía y la represión violenta contra el pueblo”<fnref n="155" />.

Adicionalmente, la influyente clase trabajadora, que había forjado su desarrollo mediante sus contiendas y pugnas a lo largo de la historia chilena, había sido relegada por las administraciones anteriores. Este sector se articulaba en sindicatos y estaba adherido a la Central Única de Trabajadores, entidad que contabilizaba más de quinientos mil

<footnote n="154">¹⁵⁴Winn, op. cit., pp. 34.</footnote>

<footnote n="155">¹⁵⁵Unidad Popular. “Programa básico del gobierno de la Unidad Popular”.</footnote>

<footnote>Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7738.html [Fecha de consulta: 10 de agosto de 2019].</footnote>
afiliados en 1970¹⁵⁶. En este contexto, la izquierda chilena, particularmente el Partido Comunista y el Partido Socialista, arraigados en la relación con las masas obreras desde sus inicios, unieron sus esfuerzos para enfrentar las próximas elecciones. Es en ese sentido que el proletariado encontró en la Unidad Popular un espacio donde podía lograr sus aspiraciones y tener un papel activo en la política estatal. En esencia, en la década de los setenta, los partidos políticos de orientación izquierdista se erigieron como protagonistas primordiales en la contienda por el cambio social y la revolución, ponderando el papel determinante de la clase obrera y del pueblo<fnref n="157" />.

Otro factor de trascendencia fue el desarrollo y el éxito de la Revolución Cubana, que ejerció un impacto significativo en la política latinoamericana, en especial en Chile. Tal como señala Julio Pinto, el triunfo de los guerrilleros cubanos pareció convertir a la revolución social en una propuesta tangible y cercana para los pueblos de América Latina, sacándola del terreno de lo utópico<fnref n="158" />. Esta realidad constituyó uno de los principales motivos que llevaron a Salvador Allende a asegurarse el segundo lugar en las elecciones presidenciales de 1958 y 1964, consolidándose como un actor político de relevancia en la escena nacional. En ese sentido, Fidel Castro y el Movimiento 26 de Julio, en particular, defendieron de manera enérgica la premisa de que "la revolución es posible, que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberación de los pueblos"<fnref n="159" />. Esta visión, arraigada en la creencia de que la transformación social a través de la revolución era una posibilidad real y que cambios de gran envergadura eran factibles, se propagó por toda la región, estimulando a diversos sectores políticos y sociales a emprender búsquedas de alternativas para el cambio y la transformación.

De esta manera, resulta innegable que los sucesos previamente aludidos dejaron una huella profunda tanto en las agrupaciones de orientación izquierdista como en un amplio espectro de la sociedad que abrazó la posibilidad palpable de una revolución. Este contexto dio forma, en el ámbito político-electoral, a una tercera alternativa vía “dominada por los ascendentes partidos de izquierda y no por los desfallecientes radicales, y su programa no era uno de reformas moderadas, sino de transición democrática al socialismo”<fnref n="160" />.

<footnote n="156">¹⁵⁶Winn, op. cit., pp. 34.</footnote>

<footnote n="157">¹⁵⁷Garcés, *Construyendo...*, op. cit., pp. 72.</footnote>

<footnote n="158">¹⁵⁸Pinto, op. cit., pp. 9.</footnote>

<footnote n="159">¹⁵⁹Castro, F. "Segunda Declaración de la Habana". Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191016113426/Segunda_declaracion_de_La_Habana.pdf [Fecha de consulta: 31 de julio de 2020].</footnote>

<footnote n="160">¹⁶⁰Winn, op. cit., pp. 37.</footnote>
En el contexto de la Provincia de Llanquihue, también se manifestó una intensa polarización ideológica y una participación política activa en los distintos sectores durante la campaña presidencial de 1970. El testimonio de Alberto Mancilla, quien ocupará el cargo de Gobernador en la comuna de Maullín, arroja luz sobre la época, evidenciando que “en esos tiempos, la vida política era muy rica y muy llena de acontecimientos, prácticamente no había un chileno que no tenga una tendencia que se debatía en todos los espacios”<fnref n="161" />. Así, a raíz del creciente nivel de politización, el escenario electoral adquirió un carácter altamente competitivo, destacándose particularmente entre las fuerzas cohesionadas bajo el estandarte del socialismo. Tal como resalta José Vargas, ex líder del Movimiento de Acción Popular Unitaria, en el caso de la derecha prevalecía una sensación de tranquilidad en relación a las elecciones de 1970, pues confiaban ciegamente en su victoria y sostenían la convicción de haber asegurado el triunfo<fnref n="162" />.

Así, en medio de ese aparente clima de tranquilidad, la campaña electoral se desarrolló con una estrategia basada en grandes movilizaciones lideradas por los partidos que formaban la coalición que apoyaba la candidatura de Salvador Allende. Estas concentraciones masivas tenían como objetivo invitar a la comunidad a respaldar al candidato de la Unidad Popular<fnref n="163" />. Este apoyo obtenido durante la campaña fue significativo y generó un amplio respaldo en los sectores populares de la sociedad. Lucio Villarroel, quien tenía dieciocho años en aquel momento, recuerda con especial énfasis la recepción que tuvo Salvador Allende al finalizar su recorrido por todo el país en tren:

> Cuando el compañero llegó a Puerto Montt, en ese tiempo había un famoso quiosco como un caracol en la plaza, y allí estuvo el compañero Allende con su discurso. Yo cabro joven, entusiasmado y estaba arriba del quiosco, había cualquier gente y una de las cuestiones que siempre recuerdo y recalcó que esas movilizaciones eran de mucha alegría, de mucha fiesta, me acuerdo que participaban aquí en Puerto Montt y una de las formas baratas de fletes que había eran los famosos caracoles y la mayoría de los compañeros carretoneros, ornamentaron sus carretones y salieron con sus carretones y hicieron una marcha en apoyo al compañero Allende. Hicieron como una especie de desfile y pasaron por delante del quiosco. Cualquier

<footnote n="161">¹⁶¹Entrevista a Alberto Mancilla, realizada el 10 – 07 – 2020.</footnote>

<footnote n="162">¹⁶²Entrevista a José Vargas, realizada el 08- 08- 2020.</footnote>

<footnote n="163">¹⁶³Ibid.</footnote>
quantity of carretones with the companies; passing by and going through your apoyo to the partner Allende. It was this feeling that led you to participate in a compromise that was very strong and much more than a personal difference.

Lucio Villarroel destaca que, desde la perspectiva de la comunidad local, la campaña electoral se experimentó como una festividad, un periodo de júbilo y expectación en pos de una transformación nacional. The project of the vía chilena hacia the socialismo se alineaba of a way to be congruent with this dinámica, and, by consequence, the participation of the popular masses was inserted in this context of aspirations for fundamental changes. In the Province of Llanquihue, the proposal of the United Popular logró captar a a quantity significativa of votes, since it was the party of Jorge Alessandri, leader of the opposition in terms of numerical. These logros situated in the second position to a candidate of orientation, distinguished him in the territorial race, historically, had already been a favorite to the right, so that in the secondthesis reflected a change of importance for fundamental changes in the inclinación política of the electors hacia el ámbito of the right's position.

Al conocerse los resultados a nivel nacional que proclamaron a Salvador Allende como vencedor, Alberto Mancilla evoca: "hadía mucha alegría, la gente se fue a las calles, mucha alegría, mucha gente bailando en la calle, en las plazas, se hacían fiestas en los barrios y los dirigentes hacían pasos triunfales por las calles"<fnref n="166" />. Para aquellos que habían trabajado arduamente en la campaña electoral, the triunfo era aún más emotivo. En el comando electoral, conocido as la Casa del Pueblo, the nerves were building up a flower of hearts during the day 4 of September. Since then, while being announced the results and having said clara the tendency in favor of Allende, the lugar explotó en júbilo. Rubén Contreras, one of the presenters, said así: "during the day 4 we were allready the nerves, too, while being announced the results and having said clara in the Casa del Pueblo, we are happy with the alegría, ya que era una tendencia clara and ya no había nada que hacer"<fnref n="167" />.

<footnote n="164">¹⁶⁴Entrevista a Lucio Villarroel, realized in 1975 – 2020.</footnote>

<footnote n="165">¹⁶⁵Según los datos entregados por Urzúa, during the elections of 1958 in the Province of Llanquihue the ganador of the candidate in the Partido Liberal Jorge Alessandri. For the last comics of 1964 the ganador was Eduardo Frei. Por último, para 1970, the winner was theodor Frei, F. Historia Política de Chile y su evolución electoral desde 1810 a 1992, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1992.</footnote>

<footnote n="166">¹⁶⁶Entrevista a Alberto Mancilla, realized in 2007 – 2020.</footnote>

<footnote n="167">¹⁶⁷Entrevista a Rubén Contreras, realized in 1980 – 2020.</footnote>
A partir de ese momento, los sectores opuestos a la candidatura de Allende adoptaron una postura cada vez más radical con el propósito de bloquear su acceso a la Presidencia. La facción de derecha, por su parte, estableció negociaciones con la Democracia Cristiana en un intento de impedir que la Unidad Popular llegara al poder ejecutivo<fnref n="168" />. Incluso el ala conservadora de los socialcristianos, liderada por Eduardo Frei, respaldó esta estrategia, a pesar de las manifestaciones públicas de apoyo a la Unidad Popular por parte de Radomiro Tomic. Este escenario generó una notable división interna en el partido, dado que la decisión de respaldar a Allende ponía en riesgo la cohesión del mismo<fnref n="169" />.

De manera simultánea, los opositores concibieron un plan de golpe de Estado en colaboración con altos mandos del Ejército y la Marina, bajo el liderazgo de Roberto Viaux. Este grupo contó con respaldo financiero y logístico proporcionado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Dicho plan, denominado *Plan Alfa*, tenía como objetivo infundir tensiones en el panorama político chileno para minar el avance de la corriente izquierdista<fnref n="170" />. En este contexto, el acontecimiento más sobresaliente fue el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider. La finalidad de este acto era imputar la responsabilidad a las fuerzas de extrema izquierda, con el fin de obstaculizar la ratificación de Allende en el Congreso a través de una intervención militar<fnref n="171" />. Trágicamente, durante la ejecución de esta operación, el General Schneider fue asesinado, lo que expuso la vinculación de segmentos de extrema derecha con este suceso. Sin embargo, a pesar de estas tensiones y amenazas, el 24 de octubre de 1970, la Democracia Cristiana confirmó el triunfo de Salvador Allende a través de una votación en la cual ciento treinta y cinco votos respaldaron a Allende, treinta y cinco a Alessandri y ocho se manifestaron en blanco. Con este resultado, Salvador Allende se convirtió en el Presidente Electo de Chile, y se abría paso a la implementación de la vía chilena al socialismo.

Esta resolución en medio de todo este complot fue acogida con un gran entusiasmo en todo el país. Las muestras de respaldo a la Unidad Popular no tardaron en manifestarse, y en la provincia, los partidarios celebraron el triunfo obtenido. En Puerto Montt, tuvo lugar un destacado festival en la plaza de armas, convocando a una multitud que se deleitó con la música y las expresiones artísticas de la ciudad y sus

<footnote n="168">¹⁶⁸Winn, op. cit., pp. 46.</footnote>

<footnote n="169">¹⁶⁹Valenzuela, E. "El MAPU y el rol transformador de las élites iluministas: Revolución, Pragmatismo y Disidencia". *Revistade Ciencia Política*, 21, N°2, 2011, pp. 189.</footnote>

<footnote n="170">¹⁷⁰Valdivia, *Todos juntos...*, op. cit., pp. 185</footnote>

<footnote n="171">¹⁷¹Loveman, B. & Lira, E. *Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de Reconciliación Política 1932-1994*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2000, pp. 322.</footnote>
alrededores<fnref n="172" />. De acuerdo a lo expresado por José Vargas, la victoria, fue un "logro las reivindicaciones históricas de los pobres y los trabajadores, que veían en la Unidad Popular una posibilidad real de mejorar su calidad de vida y participación ciudadana, tal y como se había prometido en la campaña"<fnref n="173" />. El respaldo masivo reflejó la aprobación de vastos segmentos de la sociedad que ansiaban un cambio y confiaban en que el nuevo gobierno cumpliría con sus promesas de justicia social y transformaciones profundas. En este escenario de victoria, las cúpulas de los partidos políticos del nuevo gobierno se congregaron en el Club Radical, donde se designó a Alfredo Fuchslocher del Partido Comunista como el nuevo Intendente de la provincia. A él se encomendó la responsabilidad de implementar el plan del gobierno popular hasta mediados de 1972¹⁷⁴.

Efectivamente, el gobierno local recién elegido se enfrentó a una provincia con problemas crónicos y desafíos difíciles de superar. Desafortunadamente, las políticas públicas implementadas por las autoridades anteriores naufragaron o nunca lograron ser implementadas de manera efectiva por lo que, estas debían ser asumidas con urgencia. Alberto Mancilla, miembro del nuevo gobierno, explicó de manera concisa la situación: "sin duda había muchas iniciativas, buscábamos mejorar todo, pero había más iniciativas que posibilidades de financiamiento"<fnref n="175" />. En medio de los desafíos financieros y la herencia de problemas no resueltos, el gobierno local trabajó para llevar a cabo políticas que beneficiaran a la población, enfocándose en la salud, la vivienda y la lucha contra la cesantía<fnref n="176" />.

La visión del ejecutivo de priorizar la solución de los problemas más urgentes de la comunidad reflejó su compromiso con una política social orientada a beneficiar a las capas más postergadas de la sociedad, especialmente a las clases populares. Para el gobierno local, la atención a las zonas rurales fue de suma importancia, ya que estas áreas enfrentaban desafíos similares a los de las zonas urbanas, pero a menudo carecían de servicios y recursos adecuados. Como resultado, el gobierno local enfocó sus esfuerzos en la implementación de políticas sociales que tuvieran un

<footnote n="172">¹⁷²Diario El Llanquihue, “Fiesta popular en la Plaza de Armas: Unidad Popular celebro toma de mando presidencial de Salvador Allende”, Puerto Montt, 4 – 11 - 1970, pp. 7.</footnote>

<footnote n="173">¹⁷³Entrevista a José Vargas, realizada el 08-08-2020,</footnote>

<footnote n="174">¹⁷⁴Alfredo Fuchslocher asumió la Intendencia hasta mayo de 1972, siendo reemplazado por Oscar Ramos de su mismo partido, autoridad que mantuvo su cargo hasta el día del golpe de Estado, y quien luego fue echo desaparecer por parte de las Fuerzas Armadas.</footnote>

<footnote n="175">¹⁷⁵Entrevista a Alberto Mancilla, realizada el 10 – 07 – 2020.</footnote>

<footnote n="176">¹⁷⁶Diario El Llanquihue, “Cesantía provincial problema principal”, Puerto Montt, 10 – 11- 1970, pp. 7.</footnote>
impacto directo en la vida de las personas, especialmente aquellas que vivían en condiciones precarias.

La salud, en especial la protección de la infancia, se convirtió en una de las áreas prioritarias para el gobierno local. La provincia de Llanquihue enfrentaba una situación alarmante con una tasa de mortalidad infantil de ciento noventa por cada mil niños y niñas, lo que la ubicaba como una de las más afectadas a nivel nacional<fnref n="177" />. Ante esta situación, el ejecutivo se comprometió a implementar políticas sociales que pudieran hacer frente a este problema de manera efectiva. Una de las medidas más significativas fue el Plan de Emergencia Nacional, que incluía tres campañas simultáneas: el Programa de Suplementación Alimenticia, el Plan Extraordinario de Vacunación y una campaña de prevención de diarreas infantiles<fnref n="178" />. Estas iniciativas representaron un compromiso político sin precedentes por parte del gobierno, que se enfocó en brindar un mejor bienestar social para la población infantil de la provincia. Los resultados fueron notables, ya que la implementación de estas iniciativas permitió enfrentar las altas tasas históricas de mortalidad infantil y mejorar la calidad de vida de cientos de niños y niñas, así como de sus familias.

El programa del "medio litro de leche" fue un ejemplo emblemático del compromiso del gobierno local en la lucha contra la desnutrición infantil en la Provincia de Llanquihue. Esta política no solo se centró en los sectores urbanos, sino que también se extendió a las zonas rurales, lo que demostró el esfuerzo del gobierno por abarcar todas las áreas de la provincia y atender las necesidades de los niños y niñas en todo su territorio. El éxito de esta iniciativa fue destacado incluso por el principal medio de comunicación local de oposición al gobierno, el Diario El Llanquihue. El periódico resaltó que "se cumplió el programa de leche para escolares de 1ero a 6to año básico. El reparto del vital artículo se hizo desde las bodegas de la Junta Provincial de Auxilio escolar a todas las escuelas, tanto urbanas como rurales"<fnref n="179" />.

Otro de los mayores desafíos en la provincia fue la escasez de vivienda. Por esa razón, el gobierno provincial puso en marcha varios planes habitacionales para abordar este problema, liderados por el ambicioso Plan 20.000/70 del ejecutivo. La implementación de estos planes estuvo a cargo de la Corporación de la Vivienda y la Corporación de Servicios Habitacionales, organismos encargados de prestar asistencia

<footnote n="177">¹⁷⁷Diario El Llanquihue, “En conferencia de prensa, dijo el Intendente: “invertiremos esfuerzos en desarrollar nuestra producción agropecuaria y industrialización””, Puerto Montt, 6 - 11 - 1970, pp. 4.</footnote>

<footnote n="178">¹⁷⁸Ibid.</footnote>

<footnote n="179">¹⁷⁹Diario El Llanquihue, “Programa de medio litro de leche se ha cumplido con toda normalidad por Junta de Auxilio”, Puerto Montt, 6 – 01- 1971, pp. 6.</footnote>
técnica y entregar todos los materiales necesarios para la construcción, con la intención de que estas fueran edificadas por las mismas familias mediante la autoconstrucción<fnref n="180" />.

Una cuestión crucial en los programas sociales fue la lluvia, que durante los feroces embates de invierno se convertía en un grave obstáculo para los hogares de los habitantes de la provincia. En respuesta a este contexto climático, se implementó la Operación Invierno, que invirtió en la reparación de las cunetas de calles, calzadas, ripiado de calles, nivelaciones de calzadas y arreglos de veredas para evitar inundaciones<fnref n="181" />. También se repararon viviendas a cargo de Corporación de Servicios Habitacionales<fnref n="182" />. Este programa tuvo que ser ampliado cuando, a mediados de 1971, comenzaron a aparecer los síntomas del desabastecimiento debido al acaparamiento y a la escasez de leña, una materia prima vital para esta zona. Para su solución, las autoridades pusieron en marcha la "Operación Leña", organizando el transporte de madera desde los asentamientos madereros hasta las casas<fnref n="183" />. De esta manera, las políticas de vivienda se desarrollaron dentro de los márgenes del escenario local, buscando soluciones con recursos limitados pero siempre focalizadas hacia las clases populares y su participación directa en la construcción de la vía chilena al socialismo.

Por último, el reto más complejo que debió afrontar la provincia fue la cesantía, una situación que requería una solución urgente. Para abordar este desafío, fue esencial vincularlo con la cuestión habitacional. Los programas mencionados en el párrafo anterior adquirieron una importancia significativa al involucrar la absorción de la desocupación mediante la contratación de obreros para el desarrollo de políticas habitacionales y la construcción de infraestructura en la provincia.

En este sentido, la Unidad Popular se enfocó en ofrecer trabajo y contribuir a la solución del problema. Para superarlo, se dejó de lado la mecanización en las obras de urbanización y se priorizó la participación humana<fnref n="184" />. Como resultado, los obreros tuvieron trabajo asegurado por más de un año<fnref n="185" /> y cuando se finalizaban las faenas, la Intendencia

<footnote n="180">¹⁸⁰Diario El Llanquihue, “Normalmente marcha ejecución de Plan Habitacional en la Zona”, Puerto Montt, 30 – 12 - 1970, pp.5.</footnote>

<footnote n="181">¹⁸¹Diario El Llanquihue, “Se está poniendo en práctica el plan de trabajo de invierno en poblaciones”, Puerto Montt, 2 – 04 - 1971, pp. 10.</footnote>

<footnote n="182">¹⁸²Diario El Llanquihue, “Con buen tiempo siguen trabajos Operación Invierno”, Puerto Montt, 25 – 04 - 1971, pp. 6.</footnote>

<footnote n="183">¹⁸³Diario El Llanquihue, “Autoridades programan la “Operación Leña””, Puerto Montt, 15 – 07 - 1971, pp. 7.</footnote>

<footnote n="184">¹⁸⁴Ibid.</footnote>

<footnote n="185">¹⁸⁵Ibid.</footnote>
redistribuía a los trabajadores a otras tareas<fnref n="186" />, evitando que quedaran desocupados. Gracias a esta dinámica, se logró una estabilidad laboral en el corto y mediano plazo para los trabajadores. El éxito de estas medidas fue evidente, como lo destacó el Diario El Llanquihue: "El problema de la cesantía se está absorbiendo rápidamente con las medidas tomadas, en el sentido de contratar al máximo de trabajadores en las distintas reparticiones públicas y empresas privadas. En estos momentos, los obreros se están desempeñando en distintas labores, como jornaleros, carpinteros, concreteros, enfierradores, encastilladores de madera y operadores"<fnref n="187" />.

La manera en que se enfrentaron estos desafíos en la provincia resultó en logros destacables, ganándose así un amplio respaldo popular durante el primer año de gobierno y fortaleciendo la política de la vía chilena al socialismo. En este contexto, las palabras de Alberto Mancilla rememoran lo siguiente:

> Había mucha alegría en la gente, mucha alegría, participaba todo el mundo. Había una gran organización, se trabajaba mucho, todo el país se puso a trabajar, los índices de producción, todos subieron. Había trabajo de calle, mucho trabajo de campo, con muchos buenos resultados, yo creo que el chileno medio, los pobres chilenos de ese tiempo, vieron una gran luz de esperanza<fnref n="188" />.

La esperanza y el optimismo no solo se percibían en las políticas gubernamentales implementadas, sino también en la emergencia de una creciente demanda de cambios por parte de los movimientos sociales. Esta irrupción estuvo estrechamente relacionada con la victoria del 4 de septiembre, ya que a partir de ese momento, surgieron con fuerza en la provincia diversas manifestaciones y luchas sociales. Estas abarcaban no solo a campesinos y pobladores, sino también al ámbito sindical y estudiantil. Es así que, tal como plantea Peter Winn, la coyuntura de la vía chilena al socialismo se caracterizó por la presencia de dos tipos de revolución que, aunque compartían una misma finalidad, diferían en su enfoque metodológico. En primer lugar, estaba la revolución desde arriba, liderada por los partidos políticos de la Unidad Popular quienes buscaban generar cambios sociales y económicos graduales dentro del marco institucional, llegando incluso al límite de lo legalmente permitido.

<footnote n="186">¹⁸⁶Diario El Llanquihue, "Harán redistribución de obreros del Plan de Emergencia", Puerto Montt, 13 – 03- 1971, pp. 5.</footnote>

<footnote n="187">¹⁸⁷Diario El Llanquihue, "Un total de 1.540 cesantes se ha contratado a través de Intendencia, Puerto Montt, 12 – 03 - 1971, pp. 6.</footnote>

<footnote n="188">¹⁸⁸Entrevista a Alberto Mancilla, realizada el 10 – 07 – 2020.</footnote>
Por otro lado, la revolución desde abajo era encabezada por los movimientos sociales y el Movimiento de Izquierda Revolucionario y se manifestaba a través de la toma de fábricas, terrenos urbanos y rurales, acciones que, aunque formalmente ilegales, eran socialmente justas<fnref n="189" />.

En ese sentido, un importante número de trabajadores pertenecientes a sindicatos se enfrentaron a sus empleadores en busca de soluciones para su precaria situación laboral. Aunque estas movilizaciones utilizaron principalmente la toma como forma de resistencia, tenían diferentes enfoques políticos y objetivos finales en sus pliegos de peticiones. En general, estas luchas sindicales comenzaron con demandas básicas, como el pago de salarios atrasados o el cese de despidos injustificados. Algunas de estas movilizaciones buscaron presionar a los empleadores a través de la paralización de los recintos para lograr cambios inmediatos, tal como ocurrió en el caso de los empleados del Hotel Colina, quienes tomaron la oficina central de la empresa para que aceptara sus demandas<fnref n="190" />. Sin embargo, otras luchas sindicales evidenciaron un trasfondo más profundo y apuntaron a la participación directa de los trabajadores en la administración de las empresas, como sucedió con los obreros de la Sociedad de Construcciones y Operaciones Agropecuarias y los trabajadores de la Compañía de Teléfonos<fnref n="191" />.

Es posible afirmar que la irrupción del movimiento estudiantil de la zona fue explosiva y su impacto resultó aún mayor que el del movimiento sindical. Los jóvenes encontraron en la Federación de Estudiantes de Llanquihue un espacio para unir sus posturas políticas, convirtiéndola en uno de los centros de representación más disputados por los partidos políticos y movimientos sociales de la época. La elección que definiría su rumbo se llevó a cabo en noviembre de 1971, enfrentando a listas del Partido Nacional, la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, resultando en la victoria de la izquierda. El movimiento estudiantil no solo fue relevante en la coordinación del estamento estudiantil, sino que también se extendió a otras causas, como la construcción de viviendas en el sector de la tercera terraza<fnref n="192" /> y, especialmente, en la lucha por abrir en Puerto Montt la sede de la Universidad de Chile. Sobre este acontecer, Lucio Villarroel lo recuerda de la siguiente manera:

<footnote n="189">¹⁸⁹Winn, *op. cit.*, pp.</footnote>

<footnote n="190">¹⁹⁰Diario El Llanquihue, "Trabajadores del Hotel Colina ocuparon las dependencias de la Administración", Puerto Montt, 24 – 12 – 1970, pp. 7.</footnote>

<footnote n="191">¹⁹¹*El Portño*, "En SOCOAGRO le están poniendo el hombro", Puerto Montt, 24 – 02 – 1972, pp. 7, "Telefónicos Ganan la Pelea", Puerto Montt, 19 – 02 – 1972, pp. 4.</footnote>

<footnote n="192">¹⁹²Diario El Llanquihue, "Trabajos voluntarios programó FEDELLAN", Puerto Montt, 13 – 05 – 1972, pp. 7.</footnote>
Nosotros como estudiantes veíamos que hacían falta un lugar que acercara más la posibilidad de los estudiantes de llegar a la universidad, porque aquí en ese tiempo, estaba el tren y los buses que eran una forma más barata, más económica de acercarse hacia los centros de decisión que en este caso es Santiago donde estaban concentradas las universidades. Me acuerdo que primero llegó la Universidad de Chile a Osorno. Entonces aquí se sintió una especie de frustración porque a Puerto Montt no se le tomó en cuenta, y claro, ahí abrieron los temas algunos cabros jóvenes dirigentes y dijeron bueno, habrá que pelearla nomas y ese fue uno de los objetivos<fnref n="193" />.

La petición de abrir una sede universitaria en la ciudad fue recibida con gran entusiasmo por parte de los campesinos y trabajadores locales. Un comunicado de los Comités de la Unidad Popular de la comuna de Maullin destacó la importancia del hecho, señalando que se lograría ampliar la matrícula universitaria a nivel nacional y se brindaría la oportunidad de estudiar a los hijos de los trabajadores y campesinos que no podían enviar a sus hijos a otras provincias<fnref n="194" />. A través de diversas movilizaciones y negociaciones por parte de los sectores políticos con la casa de estudios, finalmente se abrió tres carreras en la sede universitaria: educación general básica, una mención en matemáticas y otra en lenguaje<fnref n="195" />. Este logro significó un avance significativo en la democratización del acceso a la educación superior en la zona y un paso importante en la lucha por la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la sociedad. La apertura de estas carreras abrió nuevas posibilidades para los jóvenes de la región, permitiéndoles acceder a una formación universitaria sin tener que desplazarse a otras ciudades, lo que contribuyó a fortalecer el desarrollo educativo y social de la comunidad.

La época en que se desarrollaron las victorias reivindicativas en Llanquihue también estuvo marcada por intensos conflictos políticos. A diferencia de otros sectores del país donde la oposición estaba liderada por la derecha o el empresariado, en Llanquihue la Democracia Cristiana se erigía como la principal fuerza política contraria. Las disputas entre ambos partidos eran notables durante la coyuntura, con la Unidad Popular acusando a los funcionarios de la ex Falange Nacional de falta de colaboración con el gobierno y de estar anclados en sus posiciones,

<footnote n="193">¹⁹³Entrevista a Lucio Villarroel, realizada el 15 – 07 – 2020.</footnote>

<footnote n="194">¹⁹⁴Diario El Llanquihue, “Sub-sede Universidad de Chile en Puerto Montt dispone de 150 vacantes para 1972”, PuertoMontt, 24 – 02- 1972, pp. 2.</footnote>

<footnote n="195">¹⁹⁵Ibid.</footnote>
mientras que los demócratas cristianos denunciaban la irresponsabilidad del gobierno para enfrentar los problemas y su falta de autoridad<fnref n="196" />.

Es posible situar el origen de este conflicto en la masacre de los pobladores de Pampa Irigoin. Este suceso orientó la rivalidad y el debate político antagónico durante toda la coyuntura. Así, los líderes más destacados de esta pugna fueron, por el lado de la izquierda, el Intendente y Luis Espinoza, y por la otra vereda, su presidente provincial, Jaime Moraga, y el alcalde de Puerto Montt, Sergio Elgueta. En sus acaloradas discusiones, la culpabilidad de los sucesos de marzo de 1969 era un tema recurrente<fnref n="197" />. Esta situación de conflicto político exacerbado contribuyó a la tensión y complejidad durante todo el contexto.

Estas disputas no se limitaron al ámbito político, sino que se filtraron en la sociedad<fnref n="198" />. Un ejemplo de ello fue la creación de la Confederación de Estudiantes Democráticos de Puerto Montt, que buscaba dividir a la Federación de Estudiantes de Llanquihue<fnref n="199" />. Esta maniobra tuvo éxito, y parte de los estudiantes se opusieron a la Unidad Popular. El paro de octubre es un ejemplo claro de esta división, ya que los alumnos de la subsede de la Universidad de Chile apoyaron a los transportistas en huelga y expresaron su defensa de la libertad de trabajo y los principios democráticos<fnref n="200" />. Esta segmentación de los movimientos sociales y las divisiones dentro de ellos preocuparon al gobierno, ya que estas fisuras permitieron que las fuerzas opositoras encontraran oportunidades para infiltrarse en sectores cercanos a la vía chilena al socialismo. Esta situación generó desconfianza hacia el gobierno en la opinión pública y complicó la capacidad del gobierno para mantener la cohesión y avanzar en su programa de transformación social.

<footnote n="196">¹⁹⁶Diario El Llanquihue, “Ambiente de agitación política pre electoral”, Puerto Montt, 15 – 01 – 1971, pp. 7.</footnote>

<footnote n="197">¹⁹⁷Diario El Llanquihue, “Luis Espinoza replica a Frei”, Puerto Montt, 26 – 06 – 1971, pp. 1.</footnote>

<footnote n="198">¹⁹⁸Es cierto que la división de los movimientos sociales también se evidenció a nivel nacional, como fue el caso del sindicalismo minero y la división en la Federación de Trabajadores del Cobre, en el contexto de la Unidad Popular. La división de la Federación y el conflicto en El Teniente fueron utilizados por la oposición y los medios de comunicación para criticar al gobierno, acusándolos de incapacidad para resolver los conflictos sociales y de interferir en la autonomía sindical. Ver: Gaudichaud, F. “Construyendo “Poder Popular”; El movimiento sindical, la CUT y las luchas obreras en el periodo de la Unidad Popular”, en Pinto, J (eds.), Cuando hicimos historia: la experiencia de la Unidad Popular, Santiago, LOM Ediciones, 2005, pp.92.</footnote>

<footnote n="199">¹⁹⁹Diario El Llanquihue, “Coordinador de Educación se refiere a la marcha estudiantil”, Puerto Montt, 14 – 09 – 1972, pp. 2.</footnote>

<footnote n="200">²⁰⁰Diario El Llanquihue, “Alumnos de subsede de U. de Chile adhieren al paro”, Puerto Montt, 13 – 10 – 1972, pp. 1.</footnote>
En ese contexto, en una comunidad que comenzaba a sentir los efectos del desabastecimiento de productos básicos, las acciones de las autoridades se pusieron en marcha. La leña, un bien esencial crucial para los hogares en el sur del país, fue el primer producto en escasear. Ante este hecho, los funcionarios del ejecutivo iniciaron una investigación para determinar la causa de la repentina desaparición de la leña, y descubrieron que existían grandes partidas almacenadas en los predios rurales de la provincia, donde ciertos productores acaparaban y ocultaban el producto. Ante esta situación, la Intendencia tomó medidas inmediatas y procedió a requisar toda la madera de los productores involucrados en el boicot<fnref n="201" />.

Sin embargo, después de este suceso, es posible que los agentes detrás de la operación empezaran a actuar de manera más sigilosa para evitar ser descubiertos. La prensa local, por su parte, dejó de registrar información sobre quiénes estaban detrás del desabastecimiento o dónde se escondían los productos. Esta la falta de transparencia contribuyó a aumentar la incertidumbre y la desconfianza en la población respecto a las razones detrás del desabastecimiento y las acciones de algunos productores.

Por ese motivo, la desaparición de bienes esenciales ya era un síntoma exasperante a mediados de 1972, pues tal como lo advirtió El Llanquihue:

> Alrededor de cincuenta artículos han desaparecido del comercio. Entre ellos (...) cigarrillos, fósforos, aceite comestible, leche en polvo y condensada, fideos, conserva de todas las clases, harinas, sal (...) además de medicamentos (...) si esta situación continúa el problema alcanzará caracteres catastróficos<fnref n="202" />.

Los mecanismos utilizados por la fuerza opositora resultaron extremadamente exitosos, creando un escenario desfavorable para el gobierno e incluso desabasteciendo el comercio de productos que eran abundantes en la zona, como los pescados y los mariscos<fnref n="203" />. A pesar de los esfuerzos de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios ubicadas en las poblaciones de la provincia, así como la colaboración con la Intendencia, el acaparamiento de productos y el mercado negro alcanzaron niveles cuantiosos. Estas acciones impactaron negativamente

<footnote n="201">²⁰¹Diario El Llanquihue, “Requisición de toda la madera en poder de los productores de la zona”, Puerto Montt, 13 – 06 – 1971, pp. 7.</footnote>

<footnote n="202">²⁰²Diario El Llanquihue, “Se agrava el desabastecimiento en el comercio de Puerto Varas”, Puerto Montt, 17 – 03 – 1972, pp. 9.</footnote>

<footnote n="203">²⁰³Diario El Llanquihue, “Escasez de artículos de consumo provoca alarma en la Provincia”, Puerto Montt, 20 – 03 – 1972, pp. 9.</footnote>
en la calidad de vida de la comunidad y afectaron seriamente a los sectores más vulnerables, quienes se vieron imposibilitados de acceder a los productos a precios justos debido a la especulación en el mercado negro. Los esfuerzos del gobierno para garantizar el bienestar social y el abastecimiento adecuado se vieron socavados por las acciones de la fuerza opositora, lo que generó un clima de descontento y desestabilización en la región.

Los organismos opositores llevaron la atmósfera de desestabilización a las calles de la provincia, dividiendo no solo a los movimientos sociales, sino a toda la sociedad en general. La primera de muchas marchas opositoras se registró en los primeros días de abril de 1972, liderada por la Democracia Cristiana y respaldada por el Partido Nacional, logrando atraer a una gran cantidad de personas. En ese momento, los socialcristianos tenían un poder abrumador<fnref n="204" />, coordinando a todo el espectro político opositor y guiando los enfrentamientos de la época. Con el tiempo, esta colaboración pasó de concentraciones en las calles a la paralización completa del comercio en la zona<fnref n="205" />. El paro de los camioneros fue quizás el evento que marcó el comienzo del declive del proceso de deslegitimación del gobierno. El periódico local El Llanquihue informó que "se efectuó en dos oportunidades una impresionante concentración de máquinas en la Panamericana, a partir de la Feria de Osorno hacia Puerto Varas. Se calcula que en la mañana hubo una concentración de 500 y en la tarde, desde las 15 horas, empezaron de nuevo a estacionarse 700 vehículos"<fnref n="206" />.

José Vargas recuerda cómo esto impactó en la comunidad en general:

> Yo creo que el paro de camionero es la culminación del proceso que venían realizando y de la unidad que se produce en los sectores pudiente, de los partidos y del comercio y del sector agrario, no puedo decir industrial, salvo las lecheras. Se organizaron de tal manera que llevaron al paro de camioneros que fue una cosa

<footnote n="204">²⁰⁴Según el Diario El Llanquihue, los organismos gremiales más importantes de la zona eran la Confederación de la Producción y del Comercio de la Provincia de Llanquihue; el Frente Nacional de la Actividad Privada; la Confederación del Comercio Detallista de la provincia; la Cámara de Comercio Minorista de Puerto Montt; Cámara de Comercio e Industrias, Asociación de Hoteles, Restaurantes y Similares de la Provincia; Asociación de Pequeños Agricultores de Llanquihue; Federación de Empleados Agrícolas y Asociación de Agricultores de la Provincia. Diario El Llanquihue, "Paro total del Comercio y la Producción en Puerto Montt y la zona desde hoy", Puerto Montt, 13 – 10 - 1972, pp. 1.</footnote>

<footnote n="205">²⁰⁵Diario El Llanquihue, "Total fue cierre del Comercio en Puerto Montt", Puerto Montt, 22 – 08 - 1972, pp. 7.</footnote>

<footnote n="206">²⁰⁶Diario El Llanquihue, "Con motivo del paro: impresionante concentración de vehículos del transporte terrestre en lapanamericana", 10 – 10 - 1972, pp.2.</footnote>
nacional, y en la provincia fue muy fuerte. Y yo creo
que eso culminó con el golpe posteriormente. Ósea se
crearon las condiciones para eso, por el
desabastecimiento era muy grande y no había como
desde el punto del gobierno y desde el ciudadano de
enfrentar una situación de escasez como la que se
produjo. La idea de ellos dio algunos resultados creando
el caos de una situación de desgobierno y
desabastecimiento y atentados para ir creando las
condiciones de que este gobierno no podía continuar²⁰⁷.

Como Vargas destaca, el paro de los camioneros dejó en claro la colaboración entre las estructuras patronales y partidistas en los últimos días de la Unidad Popular. Junto a ellos, también se unieron los profesionales de la salud, los medios de comunicación como El Llanquihue y, especialmente, la Municipalidad de Puerto Montt, que en ese momento estaba dirigida por la Democracia Cristiana. Estos grupos de presión fueron los impulsores del debate político, el boicot contra el gobierno y, en última instancia, condujeron la oposición a través de la aglutinación y, al mismo tiempo, la división de la comunidad provincial hasta el día del golpe de Estado. Su colaboración desempeñó un papel significativo en la creación de un ambiente adverso que finalmente llevó al derrocamiento del gobierno de Allende.

Para finalizar, la violencia política urbana que se manifestó en la provincia de Llanquihue durante el período de la Unidad Popular guarda similitudes con lo ocurrido en otras partes del país. En este contexto, se registraron diversas acciones a lo largo de la coyuntura, algunas de las cuales culminaron incluso en la pérdida de vidas humanas. De acuerdo con las investigaciones de la época y los testimonios consultados, los responsables de estos actos fueron, en una primera instancia, grupos de extrema derecha vinculados al Partido Nacional y, en un segundo momento, miembros paramilitares de Patria y Libertad. Estas acciones reflejan la postura de estos grupos, los cuales buscaban sembrar el terror en la sociedad y crear las condiciones propicias para derrocar la vía chilena al socialismo por cualquier medio disponible. Además, sus acciones contaron con el respaldo de medios de comunicación como El Llanquihue, que difundieron sus argumentos a lo largo de 1972 y hasta finales de septiembre de 1973 en sus páginas.

<footnote>207Entrevista a José Vargas, realizada el 08-08-2020.</footnote>