<figure><img src="image_6.png" /><figcaption>Fotografía. Recorte de prensa del Diario el Llanquihue, 1972.</figcaption></figure>

Fuente: Diario El Llanquihue.

Aunque los actos de terrorismo perpetrados por grupos opositores se intensificaron en los últimos meses de la Unidad Popular, es innegable que también estos ocurrieron desde la asunción de Salvador Allende a la presidencia. De hecho, la violencia política por parte de la derecha fue constante durante todo el período, caracterizándose por la utilización de diversos métodos, que incluyeron tanto atentados como la destrucción de propiedades.

El atentado que reflejó los niveles de coordinación y se destacó por estar dirigido hacia una alta autoridad regional ocurrió en enero de 1972, cuando el Comando Rolando Matus intentó asesinar al Intendente de la provincia, Alfredo Fuchslocher. Mientras el líder del Partido Comunista volvía a Puerto Montt, un grupo de quince individuos con los rostros cubiertos lo interceptó y disparó en su contra, aunque fallaron en
todos los tiros, lograron herir en su lugar al chofer de Fuchslocher<fnref n="208" />. Este ataque dejó en evidencia la capacidad de los grupos paramilitares en la región para atentar contra autoridades de alto rango. De esta manera, sus objetivos no se limitaron únicamente a militantes de base de los partidos políticos, sino que también apuntaron a las cúpulas de la vía chilena al socialismo. A pesar de la ausencia de víctimas fatales, este acto sentó un precedente en la forma de actuar de estos grupos durante la coyuntura política de la época.

Las organizaciones de extrema derecha también llevaron a cabo ataques a inmuebles, principalmente mediante atentados incendiarios en las sedes de los partidos políticos de izquierda. Ejemplo de ello fue lo sucedido con la Casa del Pueblo y el comando del Partido Comunista en Puerto Montt. En el caso de la Casa del Pueblo, el ataque tuvo lugar en noviembre de 1970. Sobre este incidente, Alberto Mancilla recuerda:

> Uno de los hechos que cobró importancia, fue cuando se provocó el incendio de lo que había sido la sede de la Unidad Popular, teníamos una sede ahí en lo que es ahora Benavente con Pedro Montt. Nosotros teníamos una construcción que hicimos, que hizo la Unidad y yo trabajé en el comando electoral, y esa en una noche se incendió, la incendiaron, gente de derecha que hicieron un atentado con bombas<fnref n="209" />.

A pesar de que los peritajes realizados por Carabineros en conjunto con la Dirección de Investigaciones no lograron determinar la participación de algún grupo responsable en el incendio de la sede de la Unidad Popular en Puerto Montt, circuló la versión dentro de la localidad de que el siniestro no fue accidental, como señala Mancilla. Sin embargo, este hecho, que resultó desastroso para la militancia, no tuvo comparación con lo que sucedió posteriormente, cuando la sede del Partido Comunista fue atacada y quemada. La violencia de este ataque se reflejó en que, además de los daños materiales, el incendio cobró la vida de un militante del partido, su esposa y su hija de tan solo diez años. Las reacciones ante este suceso fueron inmediatas: el Comité Regional del partido afirmó que "era un atentado criminal, afirmando que la responsabilidad era del grupo Patria y Libertad"<fnref n="210" />.

En definitiva, este ataque, que indudablemente fue el más grave que tuvo lugar en la zona urbana, dejó en claro la planificación y

<footnote n="208">²⁰⁸Ibid.</footnote>

<footnote n="209">²⁰⁹Entrevista a Alberto Mancilla, realizada el 10 – 07 - 2020.</footnote>

<footnote n="210">²¹⁰Diario El Llanquihue, “Violento Incendio Consumió Sede del Partido Comunista”, Puerto Montt, 22 – 07 - 1972, pp. 1.</footnote>
capacidad de los grupos de extrema derecha para llevar a cabo ataques extremos contra el proyecto político de la Unidad Popular. Este acto violento no solo provocó daños materiales irreparables, sino que también cobró la vida de tres personas, lo cual marcó un punto de inflexión en la escalada de la violencia política que finalmente culminó con la instauración de la dictadura cívico-militar.

En resumen, durante los mil días de la vía chilena al socialismo en la Provincia de Llanquihue se buscó abordar problemas fundamentales en tres áreas clave: salud, vivienda y desempleo. Los proyectos implementados mostraron resultados positivos en el primer año, pero se enfrentaron a obstáculos como el desabastecimiento, las movilizaciones y la violencia, instigados por la derecha, la Democracia Cristiana y los grupos empresariales. A pesar de estas dificultades, los movimientos sociales como los trabajadores y estudiantes desempeñaron un papel crucial en la lucha por sus derechos; aunque estos y los avances en materia de bienestar social y de la experiencia política fueron abruptamente interrumpidos por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, seguido por la represión estatal a través de sus organismos, como se analizará en el siguiente capítulo.
# Capítulo II

## Organización, Seguridad Interna y Represión:
El CAJSI, el CIRE y la Fiscalía Militar de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena

Las palabras usadas para referirse a matarlas eran “Moneda” y “Puerto Montt”, “Puerto Montt” significaba morir en tierra y “Moneda” morir en mar”. Guillermo Beausire, ex agente de la DINA del Cuartel Terranova.

La trágica alborada del 11 de septiembre fue testigo de una confluencia histórica de las Fuerzas Armadas, que coordinadamente asumieron el control político-territorial mediante el copamiento y la supeditación de todas las provincias del país. En ese instante, los generales golpistas prosiguieron a manifestar su posicionamiento doctrinal mediante la instauración del Estado de guerra en contra del proyecto político y social forjado históricamente por la izquierda. En ese sentido, el General Augusto Pinochet mencionó durante el mismo día del golpe de Estado que “la resistencia marxista no ha terminado, aún quedan extremistas. Yo debo manifestar que Chile está en este momento en estado de guerra interna”<fnref n="211" />. Esta postura provocó un cataclismo sin precedentes y marcó un punto de inflexión en nuestra historia reciente, caracterizado no solo por la violencia y el uso sistemático del terror sino también, por el objetivo de sofocar el florecimiento y el auge de los movimientos sociales y partidos políticos de izquierda que avanzaban en nuestro país.

En esa línea, la intervención militar y el empleo de los Hawker Hunter sobre la Moneda simbolizaron el trágico desenlace de la vida democrática que había caracterizado a Chile durante medio siglo. Esta irrupción transformó al Estado de Derecho en uno represivo y autoritario que impuso su dominio durante diecisiete años<fnref n="212" />, alterando profundamente la vida cotidiana de la sociedad en su conjunto<fnref n="213" />, abarcando tanto las relaciones sociales y familiares como en el espacio público y los modos de hacer política<fnref n="214" />.

<footnote n="211">²¹¹Citado desde: Valdivia, V. “¡Estamos en Guerra, Señores!”, El Régimen militar de Pinochet y el “Pueblo”, 1973-1980”, en *Historia*, N° 43, 1, 2010, pp. 166-167.</footnote>

<footnote n="212">²¹²Garretón, M. *El proceso político Chileno*, Santiago de Chile, FLCSO, 1983, pp. 9</footnote>

<footnote n="213">²¹³Lechner, N. *Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y política*, Santiago de Chile, FLCSO, 1988, pp. 34.</footnote>

<footnote n="214">²¹⁴Ávila, M. “Dictaduras latinoamericanas y campos de concentración. Una reflexión filosófica necesaria”, en Pizarro, C. & Santos-Herceg, J (eds.) *Revisitar la catástrofe. Prisión*</footnote>
Con esa intención, los agentes golpistas instauraron una dictadura cívico-militar que centralizó todo el poder político, social, económico y represivo a través de un régimen de excepción. La concentración de éste sumado al ejercicio ilimitado del poder, otorgó a los gobernantes un control absoluto sobre los gobernados, lo que llevó a la abolición de todas las garantías y derechos fundamentales. Pero, para lograr su cometido, era necesario edificar las condiciones para efectuar un ataque a través de una dimensión reactiva-defensiva con el propósito de contener y eliminar la movilización social que durante la vía chilena al socialismo desafió la estructura política, social y económica del país y así, desarticular la experiencia revolucionaria para imponer el nuevo orden<fnref n="215" />.

Con el objetivo de imponer su autoridad absoluta, la Junta Militar<fnref n="216" /> implementó medidas extremas para controlar tanto el poder político como la sociedad. En primer lugar, disolvió el Congreso Nacional y prohibió todas las actividades de las organizaciones populares y partidos políticos, asegurándose de que el país estuviera bajo su control. Además, diseñó e implementó una política represiva brutal que buscaba desmantelar los núcleos de resistencia política y social, utilizando el Estado de Sitio y el toque de queda a su favor. Esta política incluyó el establecimiento de campos de concentración, torturas y exterminio en diferentes ciudades del país, utilizadas por los servicios de seguridad e inteligencia para perseguir, detener, asesinar y desaparecer a personas que apoyaron las transformaciones del Chile pre-dictarorial.

La puesta en marcha de esta misión tuvo como finalidad la destrucción de los avances de los sectores populares que ya estaban instalados en la esfera constitucional e institucional y también, en eliminar los aspectos socioculturales del acogimiento al socialismo. Para cumplir con este objetivo en tiempo récord, el método utilizado por el régimen fue la prisión, el exilio, la tortura y el asesinato<fnref n="217" />, mediante el uso de una fuerza “armada en terreno, que, junto con apertrecharse de la inteligencia necesaria respecto a la situación operativa que debía enfrentar, utilizara todo el arsenal y los métodos pertinentes para eliminar los obstáculos que todavía pudiera oponer el agónico Estado

<footnote>*Política en el Chile dictatorial*, Santiago de Chile, Ediciones Pehuén, 2016, pp. 140; Mc Sherry, P. *Los Estados depredadores: la Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2009.</footnote>

<footnote n="215">²¹⁵Salazar, G. *Historia de la acumulación capitalista*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2003, pp. 151-152.</footnote>

<footnote n="216">²¹⁶En un primer momento, la Junta Militar estuvo encabezada por el Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Armada José Merino y por el General Director de Carabineros César Mendoza.</footnote>

<footnote n="217">²¹⁷Salazar, G. *Villa Grimaldi (Cuartel Terranova) Historia, testimonio, reflexión*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2013, pp.58-59.</footnote>
tarea investigativa. Por último, el accionar de estos organismos fue mediante prácticas clandestinas, lo que aumenta la complejidad y difumina su operación real.

<figure><img src="image_7.png" /><figcaption>Cuadro. Organigrama de la represión en la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, 1973.</figcaption></figure>

Fuente: Elaborado en conjunto con Pablo Seguel en el marco de la Declaratoria como Monumento Histórico Nacional Sitio de Memoria Egaña Sesenta.

Aunque se presenten estas dificultades, es imprescindible considerar la actuación de estos organismos en los contextos locales para entender la dimensión territorial de la represión política en Chile. Por ese motivo, los siguientes pasajes serán evidencia de que los escenarios
lancales presentan características particulares que diferencian la
organización de la represión con el nivel metropolitano.

A partir de ese abordaje, el objetivo de este capítulo es presentar
las estructuras y funcionalidades de los organismos represivos que
operaron en la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena durante la
coyuntura dictatorial. En un primer momento, se expondrá la
importancia histórica y el rol del Comando de Área Jurisdiccional de
Seguridad de Interior – de ahora en adelante CAJSI - de la III Brigada
Aérea el Tepual, principal encargado de la administración territorial y
planificación de seguridad interior en la zona. En segundo lugar, se
analizará la labor del Comando de Inteligencia Regional – de aquí en
adelante solo CIRE -, encargado de ejecutar la represión política en toda
la jurisdicción. Finalmente, se detallará la función de la Fiscalía Militar de
la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, el brazo legal del régimen en
la zona.

Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad de Interior de
la III Brigada Aérea el Tepual.

Uno de los aspectos que ha sido escasamente explorado por la
historiografía nacional se refiere al desarrollo, la estructura, el
funcionamiento y la relevancia histórica de los CAJSI<fnref n="222" />; organismos que
tuvieron la responsabilidad de organizar y coordinar la represión en el
marco de las planificaciones de seguridad interior durante la dictadura
cívico-militar.

En ese sentido, para comenzar, es necesario resaltar que su
importancia en la historia reciente radica en dos aspectos fundamentales.
Por un lado, los CAJSI surgieron como espacios cruciales de
coordinación entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de orden
público<fnref n="223" />. Por otro lado, se convirtieron en las herramientas
fundamentales para el dominio político y el control coercitivo que el
régimen utilizó en todas las provincias con el objetivo de materializar "su
histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la Patria del

<footnote n="222">²²²A mí juicio, sugiero revisar el texto de Pablo Seguel sobre la organización de la represión en Chile: Seguel, P. *Soldados de la represión. Anticomunismo, seguridad nacional y contrasubversión en las Fuerzas Armadas chilenas, 1970-1975*, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2022.</footnote>

<footnote n="223">²²³Seguel, P. “La organización de la represión y la inteligencia en la dictadura militar chilena. Del copamiento militar del territorio al surgimiento de la Dirección de Inteligencia Nacional: Región Metropolitana, 1973-1977”, in *Izquierdas*, 49, 2020, pp. 773-774.</footnote>
yugo marxista”<fnref n="224" />. De esta manera, para cumplir con ese propósito, los altos mandos militares orientaron su enfoque ideológico hacia la guerra interna y para que esta disputa fuera plausible, el régimen aludió a la implementación de diversos esquemas administrativos, jurídicos y militares<fnref n="225" /> para subyugar a toda la sociedad, utilizando esta pieza, para desplegar eficientemente el monopolio de la fuerza a lo largo y ancho del país.

En términos generales, el papel desempeñado por este aparato se enfocó en dos tareas. Una de ellas se centró en la gestión político-territorial de las provincias, mientras que la otra se orientó en el desarrollo de acciones represivas localizadas y territorializadas mediante el uso de la inteligencia y la contrainteligencia en contra de los militantes de los partidos políticos de izquierda y de los movimientos sociales ubicados en sus respectivas jurisdicciones. Por tanto, su rol fue la administración y organización de la represión a través de todas las ramas castrenses y de orden público establecidas en las provincias a partir del golpe de Estado<fnref n="226" />, con la misión de planificar y ejecutar los objetivos de la Junta Militar en función de los escenarios geográficos, sociales e históricos de cada localidad; estableciéndose de ese modo, como uno de los principales elementos coactivos para comprender la dinámica del terrorismo de Estado en la historia reciente regional.

La creación de los CAJSI, en contraste con organismos como la Dirección de Inteligencia Nacional, se remonta a la década de los sesenta. Según lo expuesto por Seguel, durante este período las Fuerzas Armadas adoptaron la hipótesis de un conflicto subversivo y empezaron a implementar una lógica de planificación de seguridad interior. Esta evolución condujo a la creación de dos instrumentos jurídicos que dieron forma a una doctrina de contrainteligencia<fnref n="227" />.

El primero de estos instrumentos fue la *Ley de Seguridad Interior del Estado* de 1958, que facultaba al poder ejecutivo a declarar Estado de Emergencia en las zonas afectadas en caso de "calamidad interna"<fnref n="228" />. El

<footnote n="224">²²⁴Memoria Chilena. "Primer Comunicado de la Junta Militar – Bando 1 del 11 de septiembre de 1973". Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-92134.html [Fecha de consulta: 19 de enero de 2021].</footnote>

<footnote n="225">²²⁵Seguel, P. "Las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI): el dispositivo de seguridad nacional estratégico para el involucramiento de las FF.AA. en la represión estatal en Chile, 1938-1974", en *Revista Sudamericana*, 16, 2022, pp. 64.</footnote>

<footnote n="226">²²⁶Seguel, *La organización....*, op. cit., pp. 777.</footnote>

<footnote n="227">²²⁷Seguel, P. "Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional y Contrasubversión en Chile. Del copamiento militar del territorio al surgimiento y auge de la Dirección de Inteligencia Nacional, 1970-1975". Tesis de Magíster en Historia, Santiago de Chile, Universidad de Santiago de Chile, 2020, pp. 170.</footnote>

<footnote n="228">²²⁸Ley 12.927, Decreto 980, Santiago de Chile, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1958, pp. 10.</footnote>
segundo instrumento fue la Ley de Control de Armas y Explosivos de 1972, que permitía a las autoridades militares de las guarniciones presentes en los territorios realizar allanamientos sin la autorización del poder ejecutivo<fnref n="229" />. La relevancia de estas normativas radicó en que permitieron el desarrollo de una inteligencia estratégica y una planificación de la acción militar específicamente dirigidas a los escenarios de conflicto interno en situaciones de inestabilidad política y de excepción constitucional<fnref n="230" />. En consecuencia, el objetivo de estas normativas fue ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas tanto en términos de operatividad como de inteligencia, para hacer frente a un contexto de agitación política.

Para enfrentar las circunstancias imperantes, las Fuerzas Armadas desarrollaron a través del Estado Mayor Conjunto una serie de programas militares con el objetivo de fortalecer su presencia y acción en el territorio nacional. De todos ellos, el más destacado en el momento del golpe de Estado y la posterior ocupación militar en todas las provincias del país fue la modernización del *Plan de Seguridad Interior Ariete* a finales de la década de 1960. Este plan permitió la creación de una red de coordinación a nivel nacional mediante la implementación de las *Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior* (AJSI), las cuales, a su vez, establecieron los CAJSI. Estos creaban Estados Mayores Conjuntos conformados por todas las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones en su respectiva provincia<fnref n="231" />.

Siguiendo los trabajos de Valdivia, se plantea una hipótesis relevante sobre la militarización de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de la Unidad Popular<fnref n="232" />. Según esta hipótesis, el desarrollo de las AJSI y los CAJSI fue promovido por el gobierno de Salvador Allende mediante un decreto ley emitido en 1972. Este decreto reformó las Jefaturas de Plaza y las Áreas Jurisdiccionales<fnref n="233" />, otorgando a los organismos militares mayores facultades operativas y logísticas. Esta hipótesis sugiere que el gobierno de la vía chilena al socialismo buscaba fortalecer el aparato de seguridad y de contrainteligencia del Estado para enfrentar la creciente amenaza de grupos subversivos. Sin embargo, este

<footnote n="229">²²⁹Ley 17.798, Establece el Control de Armas, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 1972, pp. 4.</footnote>

<footnote n="230">²³⁰Seguel, *Fuerzas Armadas*..., op. cit., pp. 181.</footnote>

<footnote n="231">²³¹Seguel, *Fuerzas Armadas*..., op. cit., pp. 171.</footnote>

<footnote n="232">²³²Respecto a ello: Valdivia, V. *El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet. Chile, 1960-1980*. Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2003. Valdivia, V. "Chile: ¿un país de excepción? La Ley de Control de Armas y la máquina represiva puesta en marcha". En: Pinto, J. (ed.). *Fiesta y drama: nuevas historias de la Unidad Popular*, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2014, pp. 205-230.</footnote>

<footnote n="233">²³³Seguel, *Fuerzas Armadas*..., op. cit., pp. 172.</footnote>
proceso de militarización a su vez contribuyó a la consolidación del poder de estas instituciones y a su posterior intervención en la política nacional. Es así que el uso de los CAJSI como un instrumento restrictivo y de carácter hegemónico-militar se originó en el momento en que se pusieron en marcha las guarniciones militares con la finalidad de derrocar la vía chilena al socialismo. Para que el derrocamiento fuera viable en todo el territorio nacional, el alto mando militar se valió de los esquemas del *Plan de Seguridad de Interior Lautaro*<sup>234</sup>, que coordinó a todos los comandantes ubicados en las cabeceras provinciales para llevar a cabo el golpe de Estado de manera rápida, efectiva y organizada durante la madrugada del 11 de septiembre de 1973.

<table><caption>Tabla. CAJSI. 1973-1975</caption><thead><tr><td>CAJSI</td><td>Provincia</td><td>Destacamentos</td></tr></thead><tbody><tr><td>VI División de Ejército</td><td>Tarapacá</td><td>Arica, Pisagua, Iquique.</td></tr><tr><td>I División de Ejército</td><td>Antofagasta y Copiapó.</td><td>Tocopilla, El Loa, Antofagasta, Taltal, Chañaral, Copiapó, Freiriná, Huasco.</td></tr><tr><td>II División de Ejército</td><td>Coquimbo, Aconcagua, O'Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Maule, Linares.</td><td>La Serena, Elqui, Coquimbo, Ovalle, Combarbalá, Illapel, Petorca, San Felipe, Andes, Rancagua, Cachapoal, San Vicente de Tagua Tagua, Caupolicán, Santa Cruz, San Fernando, Cardenal Caro, Curicó, Mataquito.</td></tr><tr><td>Cuartel General Santiago</td><td>Santiago.</td><td>Santiago, Presidente Aguirre Cerda, Puente Alto, Talagante, Melipilla, San Antonio, San Bernardo, Maipo.</td></tr><tr><td>I Zona Naval</td><td>Valparaíso.</td><td>Valparaíso, Quillota, Isla de Pascua.</td></tr><tr><td>III División de Ejército</td><td>Ñuble, Concepción, Arauco, Biobío, Mallico.</td><td>Itata, San Carlos, Chillán, Bulnes, Yungay, Tomé, Talcahuano, Concepción, Coronel, Yumbel, Arauco, Lebu, Cañete, La Laja, Nacimiento, Mulchén.</td></tr><tr><td>II Zona Naval</td><td>Talcahuano</td><td>Talcahuano y Tomé.</td></tr><tr><td>División de Caballería</td><td>Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno.</td><td>Angol, Collipulli, Traiguén, Victoria, Curacautín, Lautaro, Imperial, Temuco, Pitrufquén, La Unión, Rio Bueno.</td></tr><tr><td>III Base Aérea</td><td>Llanquihue, Chiloé y Palena.</td><td>Puerto Varas, Maullin, Llanquihue, Calbuco, Ancud, Castro, Quinchao, Palena.</td></tr><tr><td>Cuartel General Coyhaique</td><td>Aysén.</td><td>Aysén, Coyhaique, General Carrera, Baker.</td></tr><tr><td>Región Militar Austral</td><td>Magallanes.</td><td>Ultima Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego.</td></tr></tbody></table>

Fuente: Seguel. 2020.

<footnote n="234"><sup>234</sup>Pérez, D. “La fronda militar: el 11 de septiembre”, en *Documento de Trabajo N°82*, Santiago de Chile, Instituto de Asuntos Públicos Universidad de Chile, 2006, pp.145</footnote>
Por lo tanto, con el objetivo de establecer un control total en el país, la Junta Militar optó por descentralizar sus funciones administrativas y militares, expandiendo completamente su estructura interna<fnref n="235" />. En este sentido, el mecanismo empleado por el alto mando para ejercer dominio sobre las jurisdicciones fue la implementación y posicionamiento de los CAJSI en las principales ciudades provinciales, con el propósito de asegurar y fortalecer la seguridad interior<fnref n="236" />. Para llevar a cabo esta ejecución, se utilizaron diversos elementos jurídicos que fueron empleados y/o establecidos el mismo día del golpe de Estado, situando al organismo dentro de los límites de la supuesta legalidad dictatorial, a través de decretos y bandos militares.

El primer instrumento empleado por la dictadura cívico-militar fue el Decreto N° 1.085 de la década de los cuarenta, el cual había sido previamente modificado durante el gobierno de Salvador Allende<fnref n="237" />. Estas modificaciones entraron en vigor cuando se declaró el Estado de Sitio<fnref n="238" />, permitiendo al régimen ejercer un control absoluto sobre la población. En consecuencia, su importancia radica en la creación de la figura de la Jefatura de Plaza, establecida como un “organismo dependiente de las Fuerzas Armadas encargadas de la ejecución de planes de Seguridad Interior”<fnref n="239" />.

Dicha figura, encabezada y dirigida por el oficial más antiguo del área, poseía la capacidad de “poner transitoriamente todas las fuerzas de la guarnición o de varias guarniciones, próximas unas de otras, bajo el mando del jefe del Ejército, Marina o Aviación, quien se denominará “Jefe de Plaza”<fnref n="240" />. Este último tenía la facultad de disponer de todos los dispositivos operativos y de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, condicionando así a los destacamentos militares de la jurisdicción “al concepto moderno de área jurisdiccional de seguridad interior, en la cual se agrupan varias guarniciones dependientes de una misma alta autoridad de las Fuerzas Armadas”<fnref n="241" />.

El segundo elemento jurídico que utilizó el régimen fue el Decreto Ley N°4, el cual estableció el Estado de Emergencia. Lo relevante es que concretó la descentralización del poder militar y administrativo en el

<footnote n="235">²³⁵Informe Policial N°7319/702, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, 2014, f. 1066.</footnote>

<footnote n="236">²³⁶Ibid.</footnote>

<footnote n="237">²³⁷Ministerio de Defensa Nacional, Decreto 245 sobre delegación de funciones de los jefes de plaza, que modificó el Decreto Supremo N° 1.085 de julio de 1940, Santiago, 8 de junio de 1972, Biblioteca del Congreso Nacional.</footnote>

<footnote n="238">²³⁸Junta de Gobierno de la República de Chile, Decreto Ley N°3 - Declara Estado de Sitio, Santiago, 11 de septiembre de 1973, Biblioteca del Congreso Nacional.</footnote>

<footnote n="239">²³⁹Ibid.</footnote>

<footnote n="240">²⁴⁰Decreto Supremo N°1.085, en Seguel, *Fuerzas Armadas*..., op. cit., pp. 173.</footnote>

<footnote n="241">²⁴¹Ibid.</footnote>
Comandante de la Plaza, designando a diversos oficiales como el alto mando de su respectiva jurisdicción y, por lo tanto, subdividiendo el país en CAJSI<fnref n="242" />. Por último, el *Bando N°16*, además de establecer el toque de queda, también confería amplios poderes a los CAJSI en lo que respecta a la toma de decisiones y emisión de órdenes. Este instrumento legal establecía que "los CAJSI de Provincias emitirán sus propios bandos con las instrucciones de acuerdo con la situación que se viva"<fnref n="243" />, lo que habilitó a los comandos para ejercer un control aún más directo sobre la población.

<figure><img src="image_8.png" /><figcaption>Ilustración. Distribución de los CAJSI por provincias. 1973-1977.</figcaption></figure>

Fuente: Seguel. 2020.

<footnote n="242">²⁴²Junta de Gobierno de la República de Chile, Decreto Ley N°4 – Declara en Estado de Emergencia las Provincias y Departamentos que indica, Santiago, 11 de septiembre de 1973, Biblioteca del Congreso Nacional.</footnote>

<footnote n="243">²⁴³Gallardo, B. "Bandos de la dictadura chilena de 1973 a 1980". Disponible en http://bandos1973.blogspot.com/2011/06/bnado-n-3-n4-n5-n6-11-de-septiembre-de.html [Fecha de consulta: 20 de enero de 2021].</footnote>
En ese contexto, el funcionamiento y la estructura interna de los CAJSI son abordados en el testimonio del Oficial ® Eugenio Covarrubias, proporcionado a la Policía de Investigaciones en el año 2014. Covarrubias detalla que estos centros estaban compuestos por:

(...) los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden instaladas en la zona, bajo el mando del oficial más antiguo de ellas, quien quedó como la autoridad máxima que ocupaba el cargo de jefe de Zona en Estado de Sitio, ejerciendo las facultades que el estatuto jurídico propio de la época le concedía bajo ese Estado de Excepción<fnref n="244" />.

Siguiendo esa línea, dado que los CAJSI estaban regulados a través de las planificaciones de seguridad interior, se ajustaron a ciertos esquemas jerárquicos y estructurales. En palabras del Ministro en Visita por causas de Violaciones a los Derechos Humanos, Álvaro Meza:

(...) estaban conformados por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden instaladas en la zona, bajo el mando del oficial más antiguo de ellas, quien quedó como la autoridad máxima que ocupaba el cargo de jefe de Zona en Estado de Sitio, ejerciendo las facultades que el estatuto jurídico propio de la época le concedía bajo ese Estado de Excepción<fnref n="245" />.

En consecuencia, la creación de los Jefes de Plaza, el surgimiento de las AJSI y los CAJSI, tal como se establecían en los decretos leyes, implicaba la conformación de una estructura jerárquica. Esta estructura estaba integrada por los comandantes en un Estado Mayor, liderado por el comandante más antiguo de la plaza, quien ejercía la máxima autoridad en el territorio y, por ende, ostentaba el cargo de comandante del CAJSI. El poder que detentaba este oficial desde la perspectiva coercitiva le confería la facultad de dictar bandos militares de acuerdo con las órdenes emanadas desde su autoridad y en función de la situación interna que se vivía en su área jurisdiccional. Esto implicaba que tenía el control sobre todos los elementos operativos y de inteligencia de los destacamentos militares y de orden público presentes en su zona de influencia.

<footnote n="244">²⁴⁴Informe Policial N°7319/702, op. cit.</footnote>

<footnote n="245">²⁴⁵Ibid.</footnote>
Lo anteriormente expuesto revela el mecanismo empleado en la planificación del golpe de Estado y el papel que asumió el aparato militar en etapas posteriores. A pesar de que la intención de los altos mandos era proporcionar instrumentos administrativos y coactivos para descentralizar su poder militar a través de las áreas jurisdiccionales, en la práctica, estos organismos fueron utilizados para consolidar el control sobre el territorio nacional y establecer su dominio en todas las provincias del país. Con el fin de alcanzar este objetivo, se trazaron estrategias militares y se recurrió sistemáticamente a la represión política contra hombres y mujeres que habían formado parte de las reivindicaciones socio-políticas durante la etapa de la vía chilena al socialismo.

En consecuencia, las responsabilidades de los CAJSI se centraron, según el testimonio del Oficial ® Eugenio Covarrubias, en "el funcionamiento y la seguridad interna de la provincia"<fnref n="246" />, orientadas en base a sus propias estrategias de seguridad. Es importante señalar que, si bien el alto mando institucional ejerció influencia en el desarrollo del organismo, la planificación y ejecución de las acciones contrasubversivas surgieron de las propias comandancias, adaptadas a las realidades locales.

En síntesis, los CAJSI desempeñaron funciones de índole política-administrativa, represiva, contrasubversiva y de inteligencia en cada localidad, coordinando las actividades de las Fuerzas Armadas. En este sentido, jugaron un papel esencial en la planificación y ejecución de la represión, permitiendo la organización coordinada de estas acciones y la ocupación militar de los principales centros urbanos y rurales del país<fnref n="247" />.

En resumen, tras el 11 de septiembre, el panorama represivo y administrativo del país se centralizó en los CAJSI ubicados en las cabeceras provinciales. Estos organismos se convirtieron en la máxima autoridad militar de su jurisdicción y estuvieron directamente subordinados a los altos mandos del régimen. Por lo tanto, pueden ser considerados como las equivalentes locales de las juntas militares o los cuarteles generales, que dirigieron y controlaron sus respectivos territorios durante el periodo dictatorial.

<footnote n="246">²⁴⁶Declaración Eugenio Covarrubias, “Informe Policial N°7319”, Expediente Causa 10.858-C. Episodio: Carlos Mascareña, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 382.</footnote>

<footnote n="247">²⁴⁷Seguel, Fuerzas Armadas..., op. cit., 175-776.</footnote>
Ilustración: Cuarteles generales de las Fuerzas Armadas y de orden público de Puerto Montt. 1970 1990.

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Georeferencia propia. Mapa perteneciente a la Comunidad de Vínculos

Ahora, en el contexto del control militar sobre la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, el CAJSI de la III Brigada Aérea el Tepual - de ahora en adelante solo CAJSI -, con sede en Puerto Montt, se destacó como el comando que ejerció su autoridad en todo el territorio. La elección de Puerto Montt como principal centro operativo y administrativo se basó en varias razones. En primer lugar, esto estuvo relacionado con la organización política y administrativa del país, ya que en el momento del golpe de Estado, Puerto Montt era la capital provincial. Además, desde un punto de vista estratégico-militar, la ciudad albergaba a los principales líderes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público, así como a los destacamentos más significativos de
toda la jurisdicción

En ese escenario, en la misma jornada del golpe de Estado se determinó que el Coronel de Aviación Sergio Leigh Guzmán sería designado como el Comandante del CAJSI y el "Jefe en Estado de Emergencia para la Provincia de Llanquihue"<fnref n="248" />. Conforme a lo dispuesto en esta medida, el Oficial ® Eugenio Covarrubias detalla que en el momento de la conformación de la Junta:

(...) trajo como consecuencia la aplicación de todas las normas legales pertinentes para esa situación, conmoción interna para Estado de Guerra, creándose en las ciudades cabecera de provincia los CAJSI y recibiéndose como jefe del CAJSI quien era el Oficial de mayor antigüedad, entonces el coronel de la Fuerza Aérea don Sergio Leigh Guzmán<fnref n="249" />.

De esta manera, el instrumento se compuso de los principales comandantes de las guarniciones de las Fuerzas Armadas y de orden en el territorio<fnref n="250" />, siguiendo las directrices del Plan de Seguridad de Interior Ariete. Según los testimonios de los oficiales de mayor rango en el organismo, el Estado Mayor del CAJSI estuvo bajo la dirección v el liderazgo del Comandante de la III Brigada Aérea y del Ala N°5 el Tepual, el Coronel Sergio Leigh Guzmán. Junto a él, formaron parte el Comandante del Regimiento de Infantería N°12 Sangra, el Coronel Rubén Rojas Román; el Prefecto de Carabineros de la Provincia de Llanquihue, el Teniente Coronel Eduardo Partarrieu Navarrete; el Comandante de la Estación Naval y Gobernador Naval de Puerto Montt, el Capitán de Fragata Osvaldo Schwarzenberg Stegmaier, y el Prefecto de la Dirección General de Investigaciones de Puerto Montt, el Prefecto Francisco Hormazábal Rojas<fnref n="251" />.

<footnote n="248">²⁴⁸Junta de Gobierno de la República de Chile, Decreto Ley N°4 – Declara en Estado de Emergencia las Provincias y Departamentos que indica, Santiago, 11 de septiembre de 1973, Biblioteca del Congreso Nacional</footnote>

<footnote n="249">²⁴⁹Eugenio Covarrubias, “Informe Policial N°1664”, Expediente Causa 10.81. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2010, f. 576.</footnote>

<footnote n="250">²⁵⁰Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 813.</footnote>

<footnote n="251">²⁵¹Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.858-C. Episodio: Carlos Mascareña, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 385.</footnote>
<figure><img src="image_10.png" /><figcaption>Ilustración: Estado Mayor del CAJSI de la III Brigada Aérea el Tepual. 1973-1974.</figcaption></figure>

Fuente: Elaboración propia en base a la Causa 10.872.

Resulta interesante resaltar que el CAJSI de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena se destacó como el único dirigido por la Fuerza Aérea en todo el panorama nacional. Esto contrasta con la mayoría de CAJSI que estuvieron bajo el liderazgo del Ejército, exceptuando las dos zonas navales. Este hecho podría estar relacionado con el papel de gran relevancia desempeñado por la III Brigada Aérea en la aviación del sur del país durante ese período. Además, es plausible plantear la hipótesis de que la selección del Coronel Sergio Leigh Guzmán como Comandante del CAJSI no solo obedeció a las disposiciones del Plan de Seguridad Interior Ariete y la creación del puesto de Jefe de Plaza<fnref n="252" />, sino también a su parentesco con una de las figuras clave en el complot militar: Gustavo Leigh Guzmán, quien era General en Jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar.

En relación al Coronel Sergio Leigh, este ocupó la posición de máxima autoridad militar y administrativa en los territorios que comprendían la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, siendo reconocido por sus subordinados como el "jefe supremo del área"<fnref n="253" /> debido a su estilo autoritario<fnref n="254" />, dominante, riguroso y severo²⁵⁵ durante

<footnote n="252">²⁵²Esto lo mencionamos de esta forma porque en algunas declaraciones de oficiales de la época, plantean que el oficial más antiguo de la plaza en el momento del golpe de Estado era el Comandante del Regimiento Sangra, Rubén Rojas Román y por tanto, él tuvo que haber ostentado el cargo del CAJSI.</footnote>

<footnote n="253">²⁵³Declaración de Carlos Tapia, Expediente Causa 44.305. Episodio: Abraham Oliva y Luis Espinoza, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 659.</footnote>

<footnote n="254">²⁵⁴Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872, *op. cit.*, f. 813.</footnote>
su período de mando<fnref n="256" />. Según relata el Oficial ® Carlos Tapia: “el poder que tenía lo aplicaba hacia abajo en forma dura, como Jefe de Zona ejerció un poder y mando absoluto”<fnref n="257" />. Como Comandante de la aviación, eligió rodearse exclusivamente de oficiales de la Fuerza Aérea en quienes depositaba plena confianza, estableciendo así un círculo cerrado de colaboradores a su alrededor<fnref n="258" />. Además, contó con la presencia de Federico O'elckers, quien ejerció como su mano derecha y secretario personal<fnref n="259" />.

Además, es crucial destacar que durante el período en que el Coronel Sergio Leigh ocupó el cargo de Comandante del CAJSI, se registró el más alto nivel de represión política en toda la extensión del régimen dictatorial, que inició el 11 de septiembre de 1973 y se mantuvo hasta la partida de Puerto Montt del general de la Fuerza Aérea. Este patrón de represión comenzó a disminuir después de que asumiera su sucesor, el general Juan Soler Manfredini, quien también pertenecía a la misma rama de las Fuerzas Armadas<fnref n="260" />.

Desde otra perspectiva, es posible observar que los demás comandantes de las Fuerzas Armadas y de orden público estaban subordinados al General del CAJSI. Esta dinámica quedaba patente en la manera en que se planificaban las operaciones durante las reuniones del Estado Mayor en la Intendencia. Según el testimonio del Oficial ® Carlos Tapia, “las decisiones que tomaba el General con los coroneles, eran absolutamente rígidas por un tema de carácter y rango que él ostentaba. Las reuniones eran muy estructuradas, en el estricto rigor de la palabra, con toda la verticalidad del mando”<fnref n="261" />.

El poder que ostentó el Comandante del CAJSI no se limitaba solo a su título militar, sino que también se extendía a las atribuciones que éste le confería. En particular, Leigh tenía el control absoluto de todas las Fuerzas Armadas en su área jurisdiccional<fnref n="262" />, lo que le otorgaba en la práctica, una posición de dominio. Según se establece en los expedientes judiciales: "en materia de seguridad interior, todas las instituciones quedan subordinadas al jefe del Comando, a través de los

<footnote n="255">²⁵⁵Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872, op. cit., f. 659.</footnote>

<footnote n="256">²⁵⁶Ibid.</footnote>

<footnote n="257">²⁵⁷Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872, op. cit., f. 813</footnote>

<footnote n="258">²⁵⁸Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.858-C. Episodio: Carlos Mascareña, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 386.</footnote>

<footnote n="259">²⁵⁹Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2011, f. 150.</footnote>

<footnote n="260">²⁶⁰Sin fuente, en Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T III, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2014, f.1238.</footnote>

<footnote n="261">²⁶¹Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872, op. cit., f. 659.</footnote>

<footnote n="262">²⁶²Ibid.</footnote>
comandantes de las diferentes unidades"<fnref n="263" />. En otras palabras, el Coronel estaba a cargo de todos los procedimientos en la provincia, con la capacidad de disponer a su merced de todos los elementos operativos y de inteligencia de las ramas armadas<fnref n="264" />.

El centro neurálgico desde el cual se ejerció este poder estaba ubicado en la Intendencia de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena. En este lugar se coordinó la represión, incluyendo la identificación de áreas conflictivas y la planificación de patrullajes. Según el testimonio de Lautaro Contreras, un Oficial ® del CAJSI, las oficinas donde se supervisaban las comunas y los departamentos del área jurisdiccional estaban situadas "en el segundo piso, en el costado sur de lo que hoy es el actual edificio de la Gobernación Provincial y en esa época, de la Intendencia, que tenía el acceso por calle Varas, al lado de lo que hoy es la Tesorería"<fnref n="265" />. Con respecto a las funciones del CAJSI, es fundamental resaltar que estas no se limitaron exclusivamente a las medidas coercitivas, sino que abarcaron también la gestión política-territorial. En este contexto, se expondrán los aspectos relacionados con la organización administrativa y la seguridad interna de la jurisdicción, haciendo hincapié en esta última área de responsabilidad.

<table><caption>Cuadro. Provincias, Departamentos y Comunas controlados por el CAJSI de la III Brigada Aérea el Tepual. 1973-1974.</caption><thead><tr><th>CAJSI</th><th>Jefe Militar</th><th>Provincias</th><th>Departamentos</th><th>Comunas</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="10">III Brigada Aérea el Tepual</td><td rowspan="10">Sergio Leigh Guzmán</td><td rowspan="4">Llanquihue</td><td>Puerto Varas</td><td>Puerto Varas, Fresia, Frutillar y Llanquihue</td></tr><tr><td>Maullín</td><td>Maullín y Los Muermos</td></tr><tr><td>Llanquihue</td><td>Puerto Montt y Cochamó</td></tr><tr><td>Calbuco</td><td>Calbuco</td></tr><tr><td rowspan="4">Chiloé</td><td>Ancud</td><td>Ancud, Quemchi y Dalcahue</td></tr><tr><td>Castro</td><td>Castro, Chonchi, Queilén, Quellón y Puqueldón.</td></tr><tr><td>Quinchao</td><td>Achao y Curaco de Vélez</td></tr><tr><td>Palena</td><td>Chaitén, Futaleufú, Palena y Corcovado</td></tr></tbody></table>

Fuente: Elaboración propia en base a la Causa 10.872.

En primer lugar, una de las responsabilidades fundamentales del CAJSI radicaba en llevar a cabo la gestión política del área territorial, lo

<footnote n="263">²⁶³Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.872, op. cit., f. 576.</footnote>

<footnote n="264">²⁶⁴Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872, op. cit., f. 659.</footnote>

<footnote n="265">²⁶⁵Declaración Lautaro Conteras, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2011, f. 162.</footnote>
que incluía la administración y organización del gobierno local. Dentro
de su amplio espectro de funciones, se destacaba la elaboración y
ejecución de políticas públicas, presupuestos y planes de desarrollo a
nivel provincial. Según el testimonio del Oficial ® Eugenio Covarrubias,
las atribuciones del "comando no se limitaban a las funciones propias de
un regimiento que cumple tareas de mando básicas, sino que también
desempeñaba el papel de Intendente de Llanquihue, Chiloé y Palena"<fnref n="266" />.
A juicio de otro oficial, describió que, al asumir el cargo, el Coronel
Sergio Leigh se percató del "caos" en la administración pública y se
propuso reestructurarla<fnref n="267" />. En pos de este objetivo, implementó diversas
modificaciones, incluyendo la designación de nuevos funcionarios, todos
pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el cargo de Médico
General de la zona fue ocupado por el Oficial de la Fuerza Aérea, Daniel
Cancino<fnref n="268" />.

En segundo lugar, desde una perspectiva represiva, el CAJSI centró sus esfuerzos en la planificación y ejecución de operaciones relacionadas con la seguridad interior. Para llevar a cabo esta tarea, empleó todos los recursos operativos a su disposición con el fin de identificar y detener a individuos que hubieran ocupado cargos o roles relevantes durante el gobierno de la Unidad Popular<fnref n="269" />. De manera más amplia, la misión del CAJSI, tal como lo describió el Ministro en Visita Álvaro Meza, abarcaba aspectos vinculados a la "administración y seguridad interior, incluyendo la emisión de Bandos, la orden de investigaciones sobre situaciones o personas específicas, la autorización de detenciones y allanamientos, la identificación de zonas de conflicto, la coordinación de patrullajes y el desarrollo de operaciones entre las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas"<fnref n="270" />.

En lo que respecta a la coordinación y la ejecución de
operaciones por parte de cada una de las Fuerzas Armadas en el marco
de los planes de seguridad interior, el Oficial ® Carlos Tapia detalló que
el Estado Mayor del CAJSI movilizó a todos sus agentes operativos e
inteligencia, asignándolos a misiones específicas relacionadas con los
objetivos a investigar y los límites geográficos de intervención<fnref n="271" />.

En este contexto, el Ejército, que estaba estacionado en el
Regimiento de Infantería N°12 Llanura Sandra, se organizaba en cuatro

<footnote n="266">²⁶⁶Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, *op. cit.*, 2012, f. 1042.</footnote>

<footnote n="267">²⁶⁷Declaración Hernán Tike, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de PuertoMontt, 2011, f. 303.</footnote>

<footnote n="268">²⁶⁸Declaración Juan Herrera, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de PuertoMontt, 2011, s/f.</footnote>

<footnote n="269">²⁶⁹Declaración Eugenio Covarrubias, en Expediente Causa 10.872, *op. cit*, 2012, f. 694.</footnote>

<footnote n="270">²⁷⁰Informe Policial N°7319/702, op. cit.</footnote>

<footnote n="271">²⁷¹Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, s/f.</footnote>
compañías en el momento del golpe. Estas eran la Plana Mayor y
Servicios, la Segunda Compañía Andina, la Tercera Compañía de
Fusileros y la Cuarta Compañía de Reserva<fnref n="272" />.

En este contexto, es importante destacar que las divisiones
clave para nuestro análisis incluyen, por un lado, la Segunda Compañía
del Regimiento. Esta unidad estaba bajo la dirección del Oficial Eugenio
Covarrubias, quien informaba directamente al comandante del
regimiento, el entonces Coronel Rubén Rojas Román<fnref n="273" />. La Segunda
Compañía contaba con seis funcionarios principales: el Teniente
Quintana Tepper, el Teniente Reyes, Eliecer Retamal Álvarez, Eduardo
Rodríguez Grandon, Olivares Herrera y Silva Balastra<fnref n="274" />. Su principal
tarea se centraba en la recopilación de inteligencia interna del ejército y
asuntos externos<fnref n="275" />.

Por otro lado, la Compañía de Fusileros, dirigida por el
Comandante de Escuadra Patricio Fuentes Brunetti<fnref n="276" />, se encargaba de
diversas actividades relacionadas con la seguridad interna de la ciudad.
Esto incluía la realización de rondas, la custodia del hospital base,
patrullajes y el cumplimiento de controles de toque de queda<fnref n="277" />. Su
principal enfoque estaba en la protección de las infraestructuras críticas
de la comuna<fnref n="278" />. Es importante mencionar que parte de este contingente
fue desplegado en Santiago para asegurar el perímetro del Estadio
Nacional durante el mes de septiembre de 1973²⁷⁹.

De esa manera, la tarea asignada por el CAJSI era investigar a los
movimientos y partidos de izquierda que estaban en la clandestinidad,

<footnote n="272">²⁷²Declaración Hugo Cordero, “Informe Policial N°4019/702”, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 658.</footnote>

<footnote n="273">²⁷³Declaración Patricio Lira, “Informe Policial N°4019/702”, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 663.</footnote>

<footnote n="274">²⁷⁴Declaración Eliécer Uribe “Informe policial N°2902/702”, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T V, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2015, f. 2205.</footnote>

<footnote n="275">²⁷⁵Declaración Luis Hormazábal, “Informe Policial N°4019/702”, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 671.</footnote>

<footnote n="276">²⁷⁶Declaración Edison Chávez, “Informe Policial N°4019/702”, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 651.</footnote>

<footnote n="277">²⁷⁷Declaración Pedro Fernández, “Informe Policial N°4019/702”, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 655.</footnote>

<footnote n="278">²⁷⁸Declaración Ernesto Subiabre, “Informe Policial N°4019/702”, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 654.</footnote>

<footnote n="279">²⁷⁹Declaración Patricio Fuentes, “Informe Policial N°4019/702”, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 661.</footnote>
con especial énfasis en sus posibles focos de resistencia situados en los perímetros urbanos de las comunas. En particular, se enfocaron en la organización, la estructura y la acción del Movimiento de Izquierda Revolucionaria como potencial instrumento subversivo en la jurisdicción.

En lo que respecta a la Fuerza Aérea, que tenía su base en el Aeropuerto El Tepual, su participación en asuntos de inteligencia se centraba en su Departamento Segundo, cuyas oficinas se encontraban en el edificio administrativo de la base. Este departamento estaba compuesto por varios funcionarios, entre los que destacaban un Sargento llamado Juan Ramón Nuñez Concha y un Capitán de nombre Jorge Espinoza Zanelli<fnref n="280" />. Además de su labor de inteligencia, la Fuerza Aérea también tenía funciones operacionales que incluían patrullar la ciudad durante el día, cuidar el área y los aviones en la base<fnref n="281" />. También llevaron a cabo patrullajes en la población Chiloé, donde residía personal de la Aviación<fnref n="282" />.

Así, tuvo la misma misión que el Ejército, pero su actividad se centró en las zonas rurales de la provincia, mediante el patrullaje en helicópteros sobre los fundos y el desmantelamiento de los sindicatos y movimientos campesinos que guíaron las tomas en la provincia.

Del mismo modo, para el caso de la Armada, ubicada en el Cuartel Marítimo de Puerto Montt, le correspondió vigilar las áreas costeras del Seno y del Estuario del Reloncaví, así como los bordes de playa y las islas de la provincia. El Oficial ® de la Armada Claudio Martí describe esta operación, mencionando que "se nos ordenaba embarcar en el Patrullero Cabo Odgers y trasladarnos a diversas islas de la jurisdicción, donde allanábamos casas en busca de armas de fuego"<fnref n="283" />.

Además, su Departamento Segundo de Inteligencia, conocido como Ancla II<fnref n="284" />, desempeñó un papel fundamental a partir del 11 de septiembre<fnref n="285" />. Una de sus funciones fue realizar labores de contrainteligencia mediante acciones de espionaje telefónico, como lo menciona el ex Marino Javier Cárdenas Vásquez:

<footnote n="280">²⁸⁰Declaración Sixto Ampuero Mancilla, "Informe policial 2101/220", Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T IV, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2016 f. 1747.</footnote>

<footnote n="281">²⁸¹Ibid.</footnote>

<footnote n="282">²⁸²Declaración Raimundo Duran, "Informe policial 2101/220", Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T IV, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2016, s/f.</footnote>

<footnote n="283">²⁸³Declaración Claudio Martí Villaroel, "Informe Policial 2101/220", Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2016, f. 1752.</footnote>

<footnote n="284">²⁸⁴Ibid.</footnote>

<footnote n="285">²⁸⁵Ibid.</footnote>
Un día fui llamado por el comandante de la Estación Naval, en ese entonces el Capitán de Fragata Osvaldo Schawarzenberg Stegmaier, quien me notifico que yo iba en representación de la Armada, en apoyo a un servicio muy especial que me iban a dar luego instrucciones, recalcándome que en todo momento debía ir con tenida N°1, es decir vestido de Marino impecable y que nunca deje de usarla en esas funciones. En ese mismo día, en horas de la tarde, fui trasladado en un jeep de la FACH, hasta el sector de las Antenas de Cardonal, donde al llegar me percaté que había un camión móvil de la FACH, donde recibí instrucciones operacionales de parte de un suboficial de la FACH, que vestía de uniforme, diciéndome que mi trabajo consistía en escuchar líneas telefónicas que se encontraban interceptadas, grabando e informado de cualquier novedad que fue de importancia. En esas funciones estuve alrededor de dos semanas, siempre cumpliendo mi trabajo con uniforme y en ese tiempo estuve acompañado de alrededor de ocho funcionarios además de mi persona, existiendo funcionarios de Carabineros, de la FACH y al parecer del Ejercito<fnref n="286" />.

Para agregar, en el caso de Carabineros, emplazados en sus destacamentos y unidades en la provincia, una de sus unidades fundamentales fue el Servicio de Inteligencia de Carabineros, cuyo jefe era el suboficial mayor Juan Saldivia Maldonado, y lo integraba el cabo Gregorio Oyarzun<fnref n="287" />. Siguiendo las palabras del ex oficial de Carabineros, Benjamín Villablanca, las funciones de este departamento dependían directamente de la Prefectura de Llanquihue y tenía como misión investigar los diversos hechos políticos de esa época, logrando descubrir en esa época la organización de las Juventudes Comunistas de la región y sus integrantes<fnref n="288" />.

Por lo tanto, la relación y la función que tuvo el Estado Mayor del CAJSI con el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, según el Oficial ® Héctor Sanhueza, se orientó a todo lo relacionado con la designación de:

(...) patrullajes, coordinar operaciones de allanamientos en zonas rurales o lugares apartados, es decir, todo lo que

<footnote n="286">²⁸⁶Declaración Javier Cárdenas, "Informe policial 2101/220", Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T IV, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2016, s/f.</footnote>

<footnote n="287">²⁸⁷Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 924.</footnote>

<footnote n="288">²⁸⁸Ibid.</footnote>
concierne a comandar la seguridad interior, a este respecto debo agregar que tanto Carabineros como Investigaciones, eran meros ejecutores de las órdenes y no debían intervenir en la planificación ni organización de estas acciones<fnref n="289" />.

Por otro lado, la relación entre la Dirección de Inteligencia Nacional y el CAJSI se centró en la emisión de órdenes de detención dirigidas a personas que desempeñaron cargos importantes durante el gobierno de la Unidad Popular hasta el 10 de septiembre de 1973²⁹⁰. Aunque no se cuente con evidencia de que la Dirección haya operado en la provincia, sí se estableció la presencia de un oficial de enlace entre ambos organismos. Este oficial era Lothal Hoebel de la Fuerza Aérea, quien tenía la responsabilidad de emitir órdenes de detención y designar a la unidad encargada de cumplirla<fnref n="291" />. Por consiguiente, la Dirección operaba en un nivel jerárquico superior en términos de represión y rendía cuentas únicamente a los altos mandos en Santiago. Un ejemplo concreto de estas acciones es descrito por el Oficial ® Eugenio Covarrubias, quien relata que el enlace de la Dirección le instruyó: "disponer la detención del jefe del aparato militar del Movimiento de Izquierda Revolucionario en la provincia de Llanquihue y Chiloé, cuyo nombre y apellido no recuerdo, de origen alemán, que era una persona muy conocida en Puerto Montt, el que fue detenido en el centro de Puerto Montt y conducido al Cuartel de la Policía de Investigaciones"<fnref n="292" />.

Además, el CAJSI empleó a oficiales de enlace para garantizar la ejecución de las órdenes represivas. El papel de estos oficiales consistía en servir como intermediarios entre los Comandantes y sus respectivos destacamentos y el Jefe de Zona. Cada oficial de enlace tenía la responsabilidad de supervisar la inteligencia de su guarnición y su función principal era coordinar la implementación de las órdenes impartidas por el Jefe de Zona<fnref n="293" />. De acuerdo con la descripción proporcionada por el Oficial ® Eugenio Covarrubias, los oficiales de enlace del CAJSI se dividían en cuatro áreas específicas: operaciones, inteligencia, personal e infraestructura<fnref n="294" />.

<footnote n="289">²⁸⁹Declaración Héctor Sanhueza, Expediente Causa 10.854-C. Episodio: Pelluco, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 680.</footnote>

<footnote n="290">²⁹⁰Declaración Eugenio Covarrubias, "Informe Policial N°7319", op. cit., f. 384.</footnote>

<footnote n="291">²⁹¹Ibid.</footnote>

<footnote n="292">²⁹²Ibid.</footnote>

<footnote n="293">²⁹³Ibid.</footnote>

<footnote n="294">²⁹⁴Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.872, op. cit., f. 1041.</footnote>
<figure><img src="image_11.png" /><figcaption>Cuadro: Departamentos del CAJSI de la III Brigada Aérea</figcaption></figure>

Fuente: Elaboración propia en base a la Causa 10.872.

Según el testimonio del Oficial ® Lautaro Contreras, el *Departamento de Operaciones* del CAJSI estaba compuesto por una unidad conjunta conformada por miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Dirección de Investigaciones<fnref n="295" />. La función principal de esta unidad era coordinar diversos operativos en distintos puntos de la ciudad<fnref n="296" />. Por ese motivo, los oficiales de este departamento centraban su labor en brindar apoyo a la Fiscalía Militar a través de las órdenes de investigación emitidas por el CAJSI y las órdenes de detención provenientes del tribunal militar<fnref n="297" />. Estas órdenes estaban principalmente relacionadas con el control de armamento, de acuerdo con el testimonio del oficial<fnref n="298" />.

*El Departamento de Inteligencia* del CAJSI tenía diversas funciones relacionadas con las operaciones de inteligencia y contrainteligencia en el ámbito de la seguridad interior. Uno de sus roles principales consistía en llevar a cabo el reconocimiento de las actividades que se desarrollaban dentro de su jurisdicción. Según lo mencionado por el Oficial ® Lautaro Contreras, la labor de este departamento implicaba analizar a diario la situación política, económica, cultural y delictiva de la zona. Posteriormente, presentaban un informe al Comandante del CAJSI cada mañana con el propósito de anticipar posibles incidentes que pudieran surgir<fnref n="299" />. De esta manera, el departamento tenía la capacidad de prever problemas potenciales y tomar medidas preventivas para asegurar la seguridad interna.

En segundo lugar, el Oficial ® de Carabineros Carlos Tapia, quien se desempeñaba como enlace, afirmó que otra de las misiones del

<footnote n="295">²⁹⁵Declaración Lautaro Conteras, Expediente Causa 10.872, op. cit.</footnote>

<footnote n="296">²⁹⁶Declaración Eugenio Covarrubias, "Informe Policial N°7319", op. cit., f. 384.</footnote>

<footnote n="297">²⁹⁷Declaración Lautaro Conteras, Expediente Causa 10.872, op. cit.</footnote>

<footnote n="298">²⁹⁸Ibid.</footnote>

<footnote n="299">²⁹⁹Ibid.</footnote>
Departamento de Inteligencia era investigar situaciones que pudieran afectar a personas específicas y detectar áreas de conflicto<fnref n="300" />. La orden para llevar a cabo estas investigaciones se asignaba en la Comandancia al Jefe de la Plaza, quien a su vez la transmitía a los enlaces que formaban parte del CAJSI<fnref n="301" />. Una vez que la unidad concluía la investigación, se emitía una orden al departamento de operaciones para proceder con la detención de las personas que hubieran tenido alguna implicación en el proyecto de la vía chilena al socialismo<fnref n="302" />.

Otra función clave que desempeñaban los enlaces de inteligencia era elaborar las pautas de preguntas utilizadas en los interrogatorios en los distintos centros de detención y tortura de la región. Tal como lo señala el Oficial ® Eugenio Covarrubias, las preguntas "se preparaban en el CAJSI y se entregaban al enlace correspondiente para que cumpliera la misión"<fnref n="303" />.

Por último, la función del departamento no se limitaba a abordar posibles focos de resistencia en la jurisdicción, sino que también asesoraba al Comandante del CAJSI en temas de inteligencia y gobierno interior<fnref n="304" />. Siguiendo a Eugenio Covarrubias, en torno al día "12 septiembre del año 1973, pasé a cumplir funciones como asesor en materias de inteligencia del CAJSI"<fnref n="305" />. Este asesoramiento enfatiza que su influencia no se limitaba a las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, sino que se extendía a otras áreas de la gestión política-militar.

El *Departamento de Personal* tenía como función principal la difusión de los decretos e instrucciones emitidos por el Estado Mayor del CAJSI a las demás unidades desplegadas en la provincia<fnref n="306" />. Según el relato de Eugenio Covarrubias, se actuaba a través de los oficiales de enlace, que transmitían las directrices a los oficiales de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Covarrubias, en particular, se desempeñó como enlace con el Ejército<fnref n="307" />. La finalidad táctica de esta coordinación era asegurar que las distintas ramas militares cumplieran con las órdenes de la Jefatura de la Plaza. Además de su tarea operativa, el departamento también tenía la responsabilidad de investigar a su propio personal para detectar posibles desertores o traidores del régimen. Así también, según

<footnote n="300">³⁰⁰Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2012, s/f.</footnote>

<footnote n="301">³⁰¹Declaración Eugenio Covarrubias, "Informe Policial 195", op. cit.</footnote>

<footnote n="302">³⁰²Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2012, f. 649.</footnote>

<footnote n="303">³⁰³Declaración Eugenio Covarrubias, "Informe Policial N°7319", op. cit.</footnote>

<footnote n="304">³⁰⁴Ibid.</footnote>

<footnote n="305">³⁰⁵Declaración Eugenio Covarrubias, "Informe Policial N°1664", op. cit.</footnote>

<footnote n="306">³⁰⁶Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 814</footnote>

<footnote n="307">³⁰⁷Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2011, f. 150</footnote>
el ex oficial, esta tarea se extendía incluso a la búsqueda de colaboradores para el servicio de inteligencia<fnref n="308" />.

La labor del *Departamento de Infraestructura* también incluía la elaboración de planes de contingencia en caso de emergencias, como sabotajes a la infraestructura crítica, resguardando el perímetro urbano y los servicios vitales de la comuna. Por ejemplo, el Oficial ® Carlos Tapia menciona que: “fui enlace entre la Segunda Comisaría (...) y la Prefectura (...) teniendo la misión de recorrer la ciudad y verificar que todos los servicios públicos funcionaran y tomar nota de cualquier hecho que pudiera suceder”<fnref n="309" />. Para ello, disponían de vehículos incautados a los servicios públicos de la ciudad, los cuales eran utilizados por los oficiales que siempre vestían de civil<fnref n="310" />.

Es importante destacar que estos departamentos no operaban bajo el liderazgo de un oficial de enlace que desempeñara el papel de jefe. En su lugar, cada uno de estos miembros del ejército trabajaba en todos los departamentos y se les asignaba misiones según lo ordenado por el CAJSI<fnref n="311" />, sin una estructura clara.

Además, es importante tener en cuenta que el rol de los enlaces no se limitaba exclusivamente a trabajar para esta organización, sino que continuaban desempeñando sus tareas y participando en sus respectivos destacamentos. Como señala Eugenio Covarrubias: “seguía cumpliendo mis funciones al interior del Regimiento, ya que era Comandante de la Compañía Andina (...) la función de enlace, no descartaba el contacto personal y acto que a lo menos una vez a la semana sostenía [reuniones] con el jefe del Comando o con cada uno de los demás comandantes, o cada vez que las circunstancias lo determinaran”<fnref n="312" />.

Por último, los oficiales que formaban parte del cuerpo de enlaces pertenecían a cada una de las Fuerzas Armadas y de orden público. El Capitán Eugenio Covarrubias Valenzuela representó al Ejército de Chile, siendo el encargado de la II Sección de Inteligencia y Comandante de la Compañía Andina del Regimiento de Infantería N°12 Sangra. El Comandante de Grupo Mario Jahn Barrera representó a la Fuerza Aérea<fnref n="313" />. El Teniente Carlos Tapia representó a Carabineros de Chile y el Detective Roberto Díaz Moya, quien estaba a cargo del Departamento de Informaciones y Policía Política de la Prefectura de

<footnote n="308">³⁰⁸Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2012, f. 1042</footnote>

<footnote n="309">³⁰⁹Declaración Carlos Tapia, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2012 f. 659.</footnote>

<footnote n="310">³¹⁰Declaración Lautaro Conteras, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2011, f. 162.</footnote>

<footnote n="311">³¹¹Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2012, f. 1042.</footnote>

<footnote n="312">³¹²Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.858-C, op. cit., 2013, f. 382.</footnote>

<footnote n="313">³¹³Respecto a Mario Jahn Barrera, este oficial llegó a ser uno de los principales operadores de la DINA, liderando la Subdirección Exterior del organismo y coordinando la Operación Cóndor.</footnote>
Puerto Montt, representó a la Dirección de Investigaciones de Chile<fnref n="314" />.

En resumen, el CAJSI se erigió como el principal órgano represivo-administrativo provincial durante los primeros años de la dictadura en Chile. Su estructura jerárquica y su coordinación con diversos organismos militares y de inteligencia le permitieron aplicar el terrorismo de Estado a lo largo de su territorio jurisdiccional. Mediante sus aparatos operativos y de inteligencia, como con sus departamentos, llevaron a cabo detenciones, interrogatorios y torturas contra militantes y activistas de la izquierda a partir de la doctrina de contrainteligencia. No obstante, el servicio también se sirvió operativamente de otros aparatos, como lo fue el Comando de Inteligencia Regional de la III Brigada Aérea el Tepual para poder desarrollar y aplicar su política, cuestión que revisaremos a continuación.

## El Comando de Inteligencia Regional de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena.

Con el fin de ejecutar las órdenes del CAJSI a través de sus enlaces, el órgano supremo de la jurisdicción creó un brazo operativo y una policía secreta conocida como el CIRE. Este organismo fue fundamental en la región debido a que se encargó de realizar acciones de represión clandestinas y encubiertas, como detenciones e interrogatorios bajo tortura a cientos de hombres y mujeres de toda la provincia desde el 11 de septiembre de 1973 hasta su absorción en 1977.

Es importante destacar que la calificación del servicio represivo ha sido objeto de discordancia en diversas investigaciones. Mientras que algunos lo han denominado como servicio, central, coordinadora o centro de inteligencia regional, para este trabajo consideramos que su nombre fue Comando de Inteligencia Regional. Esta denominación se basa en el testimonio del Oficial ® Eugenio Covarrubias, quien señaló que, "a mí por mi especialidad en inteligencia me tocó organizar el Servicio de Inteligencia del Regimiento, la Sección de Inteligencia del Regimiento: SIRE. También existía el CIRE, Comando de Inteligencia Regional compuesto por todas las Fuerzas Armadas; de todos ellos fui jefe, ya que era el oficial más antiguo"<fnref n="315" />.

Es importante tener en cuenta que, jerárquicamente, el CAJSI se situaba por encima del CIRE, ya que cumplían roles diferentes en la organización y ejecución de la represión. En palabras del ex enlace del CAJSI y Oficial ® del CIRE Roberto Díaz: "la existencia de estos aparatos es independiente, uno no contempla la desaparición del otro,

<footnote n="314">³¹⁴Declaración Eugenio Covarrubias, "Informe Policial 195", op. cit., 2011, f. 150.</footnote>

<footnote n="315">³¹⁵Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2012, f. 1042.</footnote>
son organizaciones que coexisten y cumplen funciones distintas"<fnref n="316" />. Es decir, aunque el CAJSI tenía sus propios departamentos dedicados a la seguridad interior, también se apoyó en los organismos de las ramas de las Fuerzas Armadas por lo que creó el CIRE como órgano operativo y clandestino del CAJSI<fnref n="317" />.

A la vez, es fundamental destacar que su conformación difirió de la del CAJSI, ya que no estuvo regulado legalmente, sino que se estableció de facto el mismo día del golpe de Estado. Según el Oficial ® Alfredo Miranda, este organismo comenzó a operar a partir del 11 de septiembre, con la participación de funcionarios de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden público. Así, el CIRE se constituyó como el principal elemento de coordinación operativa en la provincia, encargado de las operaciones de seguridad interior y de la aplicación del terrorismo de Estado.

Durante su periodo de funcionamiento, el servicio estuvo en manos de oficiales de Carabineros y/o del Ejército, especializados en inteligencia, contrainteligencia y contrasubversión. Estos eran los encargados de liderar el organismo como Comandante el CIRE. Entre los oficiales que ostentaron el cargo, se encontraban: el Mayor de Carabineros Caupolicán Arcos Albarracín, el Capitán del Ejército Eugenio Covarrubias Valenzuela, el Capitán del Ejército Ricardo Pfaff Moccocain y el Teniente de Carabineros Gerardo Aravena Longa<fnref n="318" />.

Este instrumento durante su existencia estuvo compuesto por oficiales y suboficiales de todas las ramas castrenses del área jurisdiccional, y su principal función fue coordinar y materializar las operaciones represivas que dictaminó el CAJSI. El ex funcionario del CIRE, Javier Olavarría, indica que cada rama armada tenía la obligación de disponer de activos para integrar el dispositivo y ejecutar operaciones en toda la región<fnref n="319" />. Sin embargo, es importante destacar que los oficiales y suboficiales de Carabineros tuvieron mayor poder y prominencia dentro de este, debido a que esta era la institución que mayoritariamente

<footnote n="316">³¹⁶Declaración Roberto Díaz, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f.670</footnote>

<footnote n="317">³¹⁷Los organismos de los cuales se sirvió el CAJSI para el caso del Ejército fue la Segunda Compañía conocida también como la Sección II de Inteligencia del Regimiento Sangra comandada por el oficial Eugenio Covarrubias, y por la Compañía de Fusileros dirigida por el oficial Patricio Fuentes. Para el caso de la Armada, fue el Departamento Segundo de Inteligencia, conocido como Ancla II; Para el caso de la Fuerza Aérea fue el Departamento Segundo. Por último, para el caso de Carabineros fueron las unidades del Servicio de Inteligencia de Carabineros encabezado por el oficial Juan Saldivia. Fuente: Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, Corte de Apelaciones de Puerto Montt.</footnote>

<footnote n="318">³¹⁸Informe Policial N°7319/702, op. cit.</footnote>

<footnote n="319">³¹⁹Declaración Javier Olavarría, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2011, f. 415.</footnote>
engrosaba las filas del organismo<fnref n="320" />.

La selección de los efectivos para cumplir funciones en los distintos departamentos de la policía secreta se llevaba a cabo mediante diferentes mecanismos en función de las necesidades y disposiciones del momento según los siguientes testimonios.

a) Designación por el Comandante del CIRE: Algunos efectivos eran seleccionados directamente por el Comandante del CIRE, como se evidencia en el testimonio del Oficial ® Luis Veas: "fui designado por el Mayor Caupolicán Albarracín para formar parte del CIRE durante el mes de septiembre"<fnref n="321" />.

b) Designación por el Comandante de su guarnición: En otros casos, los efectivos eran seleccionados por el Comandante de su destacamento militar. Por ejemplo, el testimonio del Oficial ® Tomas Kappes menciona que: "fui designado por el Comandante del Sangra, Coronel Rubén Rojas Román, para que por las tardes trabajara en el CIRE"<fnref n="322" />.

c) Designación por el Jefe en Estado de Emergencia: También existían situaciones en las que la designación de los efectivos estaba a cargo del Comandante del CAJSI. Siguiendo las palabras del Oficial ® Ricardo Pfaff: "en el 75 por orden del General de la Fuerza Aérea Juan Soler Manfredini e Intendente de Llanquihue, fui destinado al CIRE, que estaba integrado por seis funcionarios de carabineros y de la Fuerza Aérea"<fnref n="323" />.

Para implementar la dinámica represiva, el CIRE se activaba cuando el Comandante del CAJSI y/o la Fiscalía Militar ordenaban la persecución y detención de militantes pertenecientes a organizaciones políticas y sociales. En este proceso, el elemento coordinaba sus acciones con los destacamentos policiales del área jurisdiccional. Por lo tanto, el alcance de la policía secreta del CAJSI no se limitaba únicamente a Puerto Montt, sino que sus operaciones se extendían por toda la provincia. Con relación a este tema, el Oficial ® Benjamín Villablanca

<footnote n="320">³²⁰Ibid.</footnote>

<footnote n="321">³²¹Declaración Luis Veas, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 1016.</footnote>

<footnote n="322">³²²Declaración Tomas Kappes, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T III, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 1054.</footnote>

<footnote n="323">³²³Declaración Ricardo Pfaff, "Informe Policial N°4019/702", Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 885.</footnote>
destaca: "íbamos a otros lugares de la región a buscar detenidos"<fnref n="324" />. Esto demuestra que las operaciones no se restringían a un área geográfica específica, sino que abarcaban distintos lugares de la región en busca de personas a detener. Con el fin de llevar a cabo estas tareas, este Comando adoptó un enfoque descentralizado y sectorizado, siguiendo el esquema organizativo de la Dirección de Inteligencia Nacional. Para ello, dividió sus funciones en cuatro unidades principales: inteligencia, análisis, operaciones y banco de datos.

La función de la *Unidad de Inteligencia*, según el testimonio del Oficial ® Eugenio Covarrubias, se centró en “actividades de inteligencia, contrainteligencia y recopilación de información”<fnref n="325" />. Su enfoque principal fue investigar y realizar seguimientos de personas relacionadas con partidos políticos y movimientos sociales de izquierda<fnref n="326" />. Esta unidad se dedicaba a recabar información sobre el enemigo interno y era responsable de llevar a cabo investigaciones en este ámbito.

Sin embargo, según lo mencionado por Benjamín Villablanca, el campo de acción de la unidad no se limitaba exclusivamente a las personas de izquierda. También realizaban actividades de espionaje al interior de órganos del Estado, interceptando comunicaciones de las propias Fuerzas Armadas. En este sentido, siguiendo el recuerdo de Villablanca: “el CIRE tenía intervenida la compañía de Teléfonos, no sé quién emanó la orden, pero eso estaba en conocimiento del General Leigh, y es así como escuchábamos las conversaciones de los jefes o de otras personas, o incluso de oficinas de las propias instituciones de las Fuerzas Armadas”<fnref n="327" />. Esto demuestra que la unidad de inteligencia tenía un amplio alcance y abarcaba tanto a los posibles enemigos políticos como a las propias instituciones militares.

La *Unidad de Análisis* desempeñó un papel crucial en el procesamiento y examinación de las investigaciones llevadas a cabo por los funcionarios de inteligencia. Su principal objetivo era reconocer y comprender las actividades y estructuras de las organizaciones de izquierda que continuaban operando clandestinamente. Una vez que se obtenían conclusiones a partir del análisis de la información recopilada, estos informes eran entregados al Comandante del CIRE, a la Fiscalía Militar y/o al CAJSI. Estas instancias superiores evaluaban los informes y tomaban decisiones basadas en ellos para llevar a cabo acciones operativas, tales como detenciones, interrogatorios u otras medidas represivas. La unidad desempeñaba un papel fundamental en proporcionar información precisa y detallada que permitiera a las

<footnote n="324">³²⁴Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 924.</footnote>

<footnote n="325">³²⁵Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2012, f. 1042.</footnote>

<footnote n="326">³²⁶Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 924.</footnote>

<footnote n="327">³²⁷Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 926.</footnote>
autoridades tomar decisiones informadas y planificar las operaciones represivas de manera efectiva. Su labor consistía en analizar minuciosamente la información recopilada, identificar patrones, conexiones y amenazas, y brindar informes de inteligencia que sirvieran como base para las acciones operacionales.

Cuadro: Organigrama del CIRE. 1973-1976.

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

Fuente: Declaratoria como Monumento Histórico Egaña Sesenta.

La Unidad de Operaciones tenía la responsabilidad de ejecutar las órdenes dictadas por la Fiscalía Militar, lo que implicaba llevar a cabo detenciones e interrogatorios a aquellos individuos señalados como presuntos adversarios del régimen<fnref n="328" />. Según lo afirmado por el Oficial ® Roberto Díaz, dentro de las funciones de esta unidad se encontraba

<footnote n="328">³²⁸Declaración Luis Hormazábal, “Informe Policial N°4019/702”, op. cit.</footnote>
actuar como "ministros de fe" y supervisar los interrogatorios, con el objetivo aparente de asegurar que los detenidos no sean "vulnerados"<fnref n="329" />.

La *Unidad de Banco de Datos* tenía la tarea de recopilar y clasificar las declaraciones obtenidas durante los interrogatorios bajo tortura. Esta unidad, como expone el Oficial ® Benjamín Villablanca, se encargaba de recibir y despachar documentación, así como de elaborar fichas de los detenidos. Su función era mantener un registro exhaustivo de la información personal, antecedentes y supuestas actividades subversivas de los individuos considerados peligrosos para la seguridad de interior<fnref n="330" />.

Del mismo modo que lo planteamos en los pasajes anteriores, el CIRE llevaba a cabo sus operaciones de acuerdo a las disposiciones del CAJSI y las órdenes emitidas por la Fiscalía Militar. Según lo expresado por Roberto Díaz, ex miembro del servicio: "a veces llegaba una estafeta al Cuartel, llevando un sobre con la orden y me contactaba con el Fiscal para recibir sus instrucciones. Cumplía la orden apoyado, generalmente, por personal militar"<fnref n="331" />. Esta forma de proceder aseguraba que estas labores se mantuvieran en secreto y se llevaran a cabo de manera reservada. Cada grupo de trabajo operaba en compartimentos estancos y cerrados, lo que significa que los integrantes desconocían las instrucciones impartidas a los otros y la forma en que las cumplían<fnref n="332" />. Así pues, se mantenía un alto grado de hermetismo en lo que respecta a nombres y acciones<fnref n="333" />.

El Detective ® Javier Olavarría revela que los funcionarios de la institución gozaban de un nivel de autoridad superior incluso a los efectivos regulares que custodiaban los centros de detención, ya que tenían la libertad de entrar y salir sin restricciones. En sus propias palabras, "los efectivos del CIRE podían entrar a los diversos lugares, ya que no se tenía control en el acceso de ellos"<fnref n="334" />. Esto les otorgaba un amplio margen de maniobra para llevar a cabo sus tareas sin ser vigilados o cuestionados en sus acciones.

Es importante destacar que, si bien gran parte de los ex funcionarios del CIRE negaron la utilización de la tortura durante sus declaraciones a la Policía de Investigaciones entre 2011 y 2021, existen testimonios que contradicen estas afirmaciones. El Oficial ® Benjamín Villablanca admitió que los detenidos eran sometidos a interrogatorios por los mismos funcionarios que los aprehendieron, y uno de los

<footnote n="329">³²⁹Declaración Roberto Díaz, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 1512.</footnote>

<footnote n="330">³³⁰Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 925.</footnote>

<footnote n="331">³³¹Declaración Roberto Díaz, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 759.</footnote>

<footnote n="332">³³²Declaración Javier Olavarría, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2011, f. 492.</footnote>

<footnote n="333">³³³Declaración Rafael Gaete, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 970.</footnote>

<footnote n="334">³³⁴Declaración Javier Olavarría, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2011, f. 490.</footnote>
métodos de apremio más comunes consistía “en tenerlos amarrados e introducir agua por sus narices a fin de que entregaran información”<fnref n="335" />. Además, Villablanca señaló que, cuando faltaba información por esclarecer, se les interrogaba “con las manos y se les tapaba la boca y echaba agua por la nariz, con cualquier cosa, jarro o algo así, se les aplicaba electricidad con magnetos”<fnref n="336" />. Estos testimonios revelan la existencia de prácticas de tortura utilizadas como método de obtención de información durante los interrogatorios llevados a cabo por la policía del Jefe de Plaza.

El organismo realizó sus actividades administrativas y logísticas en la Intendencia<fnref n="337" />. Sin embargo, en este edificio también se practicaron interrogatorios con la finalidad de que los interrogados firmaran las acusaciones elaboradas por la Fiscalía Militar. En palabras de Benjamín Villablanca:

> El Capitán Covarrubias y el Teniente Lautaro Contreras compartían oficina con un funcionario de la Policía de Investigaciones de apellido Díaz (...) Estas 3 personas compartían oficina en dependencias de la Gobernación la que tenía entrada por calle Varas, concurrían permanentemente a dicho lugar (...) Los interrogatorios se realizaban en otras dependencias de la gobernación<fnref n="338" />.

El CIRE llevaba a cabo interrogatorios bajo tortura en dos ubicaciones designadas por el CAJSI. El primero era el Cuartel de la Dirección de Investigaciones, donde se recopilaban y clarificaban antecedentes para la Fiscalía Militar<fnref n="339" />. El segundo lugar utilizado por el aparato era un centro de detención y tortura clandestino situado en la población Antonio Varas<fnref n="340" />. Siguiendo a Benjamín Villablanca, a este lugar: "se llevó la documentación y se siguió trabajando ahí, también se llevó detenidos (...) A mí me tocaba extender el documento y presentárselo al jefe Covarrubias, entonces si llegaba alguien a hacer una denuncia yo la recibía y él me ordenaba que extienda orden de detención y para que se la pasara a algún funcionario"<fnref n="341" />.

La dinámica descrita se mantuvo durante los primeros años del régimen militar, pero según el ex Fiscal Militar Rafael Gaete, comenzó a

<footnote n="335">³³⁵Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872 op. cit., 2013, f. 925.</footnote>

<footnote n="336">³³⁶Ibid.</footnote>

<footnote n="337">³³⁷Declaración Javier Olavarría, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2011, f. 414.</footnote>

<footnote n="338">³³⁸Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2015, f. 2486.</footnote>

<footnote n="339">³³⁹Declaración Luis Bravo, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2012, f. 655.</footnote>

<footnote n="340">³⁴⁰Declaración Ricardo Pfaff, "Informe Policial N°4019/702, op. cit., 2012, f. 885</footnote>

<footnote n="341">³⁴¹Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2015, f. 2486.</footnote>
decaer hacia finales de 1974, especialmente cuando el General Juan Soler estaba a cargo<fnref n="342" />. El CIRE continuó operando hasta 1977, momento en que fue absorbido por la Central Nacional de Informaciones. Sin embargo, la Central mantuvo su base de operaciones en la Intendencia, específicamente en el cuarto piso. Su nueva función consistía en responder a Santiago y también investigar los aparatos estatales de la provincia, realizando entrevistas quincenales con los Secretarías Regionales Ministeriales para conocer el funcionamiento de estas instituciones y reportar problemas y desacuerdos al Comandante Carlos Werner, quien enviaba oficios a los distintos ministerios<fnref n="343" />. Por último, según lo testificado por el Oficial ® Benjamín Villablanca, la Central estaba:

(...) integrada por las Fuerzas Armadas, inicialmente su jefe fue un capitán de la Fuerza Aérea, de apellido Hebel, que falleció en un accidente aéreo llegando al Tepual; luego un capitán del Ejercito que venía de Arica, de apellido Saldivia, que también falleció estando en servicio, en un accidente de tránsito, y luego estuvo un oficial de reserva del Ejército, don Carlos Werner Droppelmann, después don Oscar Bombal Soto, el que fue el último jefe hasta 1985³⁴⁴.

En resumen, el CIRE desempeñó un papel fundamental en la represión durante la dictadura cívico-militar en Chile. Este organismo se encargó de recopilar información, llevar a cabo labores de inteligencia y contrainteligencia, y coordinar operaciones de represión en su área de jurisdicción. A través de la implementación de métodos de interrogatorio y tortura, el CIRE obtuvo información para perseguir y detener a militantes y activistas de izquierda. Su rol operativo y su coordinación con otros organismos represivos sentaron las bases para la posterior actuación de la Fiscalía Militar en la persecución y detención de los opositores al régimen, tal como veremos a continuación.

## La Fiscalía Militar de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena.

Del mismo modo que hemos mencionado anteriormente, el CAJSI estableció sus propios aparatos operativos y de inteligencia con el objetivo de aplicar el terrorismo de Estado en todo su territorio. Sin embargo, para erradicar por completo el proyecto político surgido

<footnote n="342">³⁴²Declaración Rafael Gaete, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 972.</footnote>

<footnote n="343">³⁴³Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2015, f. 2488.</footnote>

<footnote n="344">³⁴⁴Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2011, f. 268.</footnote>
durante la coyuntura de la vía chilena al socialismo, la Fiscalía Militar de
la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena - de ahora en adelante solo
Fiscalía Militar -, se convirtió en el elemento central encargado de
perseguir, detener, interrogar y privar de libertad a los militantes y
activistas de izquierda, todo esto bajo el amparo de la supuesta legalidad
impuesta por el régimen dictatorial.

La principal razón por la cual se estableció este aparato fue
debido a que la Corte Suprema, además de colaborar de manera
constante con el régimen, no ejerció adecuadamente sus facultades de
supervisión establecidas por la Constitución de 1925³⁴⁵. Esta falta de
acción por parte del órgano provocó que, a partir del 11 de septiembre,
el Poder Judicial estuviera sujeto al *Procedimiento Penal en Tiempos de Guerra*,
establecido en el *Código de Justicia Militar* de 1944³⁴⁶. Este cambio permitió
a la Junta Militar tener un mayor control sobre el sistema de justicia y
facilitó la persecución y represión de los opositores políticos.

Bajo esta regulación, en caso de declararse el Estado de Sitio, los
tribunales de justicia ordinarios serían suspendidos y reemplazados por
las Fiscalías Militares y los Tribunales de Guerra. Según el artículo N°73
del Código, una vez designado un General en Jefe de un Ejército que
deba operar contra enemigos extranjeros o fuerzas rebeldes organizadas,
la jurisdicción de los tribunales militares en tiempos de paz cesará y dará
lugar a los tribunales del tiempo de guerra en todo el territorio declarado
en estado de asamblea o de sitio<fnref n="347" />. Esta disposición establecía el marco
legal para la transferencia de autoridad judicial durante situaciones de
emergencia y conflictos internos. De esa forma, el *Decreto Ley N°13*
aclaró el sentido, el alcance y la puesta en práctica del artículo antes
mencionado:

(...) es el de entregar a los Tribunales Militares del tiempo
de guerra el conocimiento y decisión de los procesos de la
jurisdicción militar iniciados en el territorio declarado en
Estado de Sitio (...) quedando sometidas a los Tribunales
Militares del tiempo de paz y con arreglo al procedimiento
militar de este tiempo el conocimiento y juzgamiento de las
causas que llevaban adelante, hasta su total terminación<fnref n="348" />.

<footnote n="345">³⁴⁵Constitución Política de la República de Chile de 1925, Artículo 86, Santiago de Chile, Biblioteca del Congreso Nacional.</footnote>

<footnote n="346">³⁴⁶Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago de Chile, 1996, pp.115.</footnote>

<footnote n="347">³⁴⁷Código de Justicia Militar, Artículo 73, Santiago de Chile, Biblioteca del Congreso Nacional.</footnote>

<footnote n="348">³⁴⁸Ministerio de Defensa Nacional; Subsecretaría de Guerra, Decreto Ley N°13 – Aclara sentido y alcance del artículo 73 delcódigo de justicia militar, Santiago, 17 de septiembre de 1973, Biblioteca del Congreso Nacional.</footnote>
De esta manera, los tribunales militares fueron investidos con amplios poderes para investigar los crímenes presuntamente cometidos por los militantes de izquierda, en su mayoría relacionados con la infracción de la seguridad interna. Para cumplir con esta tarea, la Junta Militar estableció la figura del Fiscal Militar en Tiempos de Guerra, quien sería designado por el Comandante del CAJSI. En ese contexto, el CAJSI estableció dos fiscalías militares que operaron en la Intendencia de manera paralela. Una de ellas estuvo a cargo de Carabineros, encabezada por los oficiales Eduardo Bravo y Alberto Ebensperguer, mientras que la otra fue dirigida por la Fuerza Aérea, representada por Carlos Olguín y Rafael Gaete<fnref n="349" />.

La principal función de la Fiscalía Militar consistía en iniciar y llevar a cabo los procesos judiciales por los delitos cometidos dentro del territorio bajo su jurisdicción, hasta someterlos al Consejo de Guerra correspondiente<fnref n="350" />. En términos generales, el ex Fiscal Militar Carlos Olguín describe que su labor comenzaba cuando llegaba un informe policial a la Intendencia, el cual era presentado al Comandante del CAJSI. Este dictaba una orden de proceso y el caso se remitía a la Fiscalía, donde se llevaba a cabo la investigación de los hechos denunciados. Luego, el Fiscal realizaba entrevistas y diligencias de investigación con la colaboración de los organismos militares<fnref n="351" />. En esencia, su papel procedimental implicaba tomar conocimiento de las denuncias presentadas y revisar los antecedentes recopilados por el CAJSI y el CIRE, que a su juicio, en su mayoría estaban relacionados con la tenencia de armas y la formación de grupos armados en oposición al régimen<fnref n="352" />. Con base en ello, el Fiscal Militar tomaba decisiones sobre el destino de los detenidos, ya sea su liberación o su traslado a la cárcel de Chin Chin<fnref n="353" />.

Sin embargo, este proceso no era completamente transparente, ya que en la práctica muchos hechos no eran investigados adecuadamente o las declaraciones eran obtenidas mediante tortura. Como resultado, las personas detenidas eran trasladados a campos de prisioneros políticos sin un proceso justo. Rafael Gaete, ex Fiscal Militar, señala que al ser convocado para participar en la Fiscalía Militar, se dio cuenta de que "cuatrocientas personas estaban presas en Chin Chin y

<footnote n="349">³⁴⁹Declaración Rafael Gaete, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 117.</footnote>

<footnote n="350">³⁵⁰Jarufe, J. "Los Consejos de Guerra tras el 11 de septiembre de 1973", en *Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados*, Santiago de Chile, Biblioteca del Congreso Nacional, 2015, pp. 3.</footnote>

<footnote n="351">³⁵¹Declaración Carlos Olguín, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, foja 404.</footnote>

<footnote n="352">³⁵²Ibid.</footnote>

<footnote n="353">³⁵³Declaración Benjamín Villablanca, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 925.</footnote>
algunas ni siquiera habían prestado declaración"<fnref n="354" />.

Una vez que se completaban las investigaciones en las que se acusaba a las personas de delitos como la Ley de Control de Armas, la Ley de Seguridad del Estado o la planificación del Plan Z, en algunos casos se llevaban a cabo los Consejos de Guerra. Estos consejos tenían la responsabilidad de escuchar la acusación presentada por la Fiscalía Militar, así como la defensa de los acusados. Además, evaluaban las pruebas y evidencias presentadas durante el juicio<fnref n="355" />. En resumen, estos consejos se constituían como la única instancia para juzgar los delitos que correspondían a la jurisdicción militar en tiempos de guerra<fnref n="356" />.

<figure><img src="image_13.png" /><figcaption>Cuadro: Fiscalía Militar de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena. 1973-1974.</figcaption></figure>

Fuente: Elaboración propia en base a la Causa 10.872.

<footnote n="354">³⁵⁴Declaración Rafael Gaete, Expediente Causa 10.872, op. cit., 2013, f. 118.</footnote>

<footnote n="355">³⁵⁵Jarufe, op. cit. pp. 2</footnote>

<footnote n="356">³⁵⁶Ibid.</footnote>
Cuadro. Consejos de Guerra iniciados por el CAJSI de la III Brigada Aérea el Tepual solo en el mes septiembre de 1973.

<table><thead><tr><td>Rol Causa</td><td>Contra</td><td>Delito</td><td>Fiscal</td><td>Secretario</td><td>Consejo de Guerra</td><td>Fecha de Inicio y Termino</td><td>Sentencia</td></tr></thead><tbody><tr><td>7-73</td><td>Osvaldo Sandoval Sandoval</td><td>Infracción Ley Control de Armas</td><td>Eduardo Bravo Elgueta</td><td>Hernán Sanhueza</td><td>Rubén Rojas Renato Valenzuela Eduardo Parterrieu Osvaldo Schawarzenberg Patricio Lira Fernando Roca</td><td>18 de septiembre de 1973 al 7 de octubre de 1973</td><td>Ocho años de presidio mayor en su grado mínimo</td></tr><tr><td>11-73</td><td>José Felmer Klenner y otros</td><td>Infracción Ley Control de Armas y Art. 248 del C.J.M</td><td>Eduardo Bravo Elgueta</td><td>Juan Moncada</td><td>Rubén Rojas Renato Valenzuela Eduardo Parterrieu Osvaldo Schawarzenberg Patricio Lira Fernando Roca</td><td>23 de septiembre de 1973 al 19 de octubre de 1973</td><td>Fusilamiento</td></tr><tr><td>13-73</td><td>Rubén Rival Muñoz y otros</td><td>Infracción Ley Control de Armas</td><td>Eduardo Bravo Elgueta</td><td>Hernán Sanhueza</td><td>Rubén Rojas Renato Valenzuela Eduardo Parterrieu Osvaldo Schawarzenberg Patricio Lira Fernando Roca</td><td>24 de septiembre de 1973 al 3 de octubre de 1973</td><td>Absueltos de la acusación</td></tr><tr><td>14-73</td><td>Celso Guerrero Luna</td><td>Infracción Ley Control de Armas</td><td>Eduardo Bravo Elgueta</td><td>Hernán Sanhueza</td><td>Rubén Rojas Renato Valenzuela Eduardo Parterrieu Osvaldo Schawarzenberg Patricio Lira Fernando Roca</td><td>20 de septiembre de 1973 al 19 de octubre de 1973</td><td>Cinco años de presidio menor</td></tr><tr><td>17-73</td><td>Alejandra Sanzana Otey y otros</td><td>Infracción a los Bandos N°23 Y 38</td><td>Eduardo Bravo Elgueta</td><td>Hernán Sanhueza</td><td>Rubén Rojas Renato Valenzuela Eduardo Parterrieu Osvaldo Schawarzenberg Patricio Lira Fernando Roca</td><td>22 de septiembre de 1973 al 6 de diciembre de 1973</td><td>Resuelve por unanimidad absolver de la acusación</td></tr><tr><td>18-73</td><td>Rodemil Herrera González</td><td>Ofensas a las FF.AA.</td><td>Eduardo Bravo Elgueta</td><td>Hernán Sanhueza</td><td>Rubén Rojas Renato Valenzuela Eduardo Parterrieu Osvaldo Schawarzenberg Patricio Lira</td><td>2 de septiembre de 1973 al 20 de octubre de 1973</td><td>Sesenta y un días de presidio</td></tr></tbody></table>

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de la Fuerza Aérea.
Para cerrar, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y finales de 1974, bajo el liderazgo del Comandante Sergio Leigh y posteriormente del Coronel Juan Soler, se llevaron a cabo un total de cincuenta consejos de guerra, según la información proporcionada por el Ministerio de Defensa Nacional de la Fuerza Aérea<fnref n="357" />.

En síntesis, la Fiscalía Militar desempeñó un papel central en la persecución y represión de opositores políticos durante la dictadura en Chile. Esta entidad, conformada por fiscales militares designados por el Comandante del CAJSI, tuvo la tarea de investigar, acusar y llevar a juicio a aquellos individuos señalados como enemigos del régimen. A través de un procedimiento opaco y muchas veces basado en la tortura y la falta de garantías legales, la Fiscalía Militar procesó a numerosas personas, acusándolas de delitos como tenencia de armas, infracción a la Ley de Seguridad del Estado y participación en grupos armados. Las acciones de los organismos tratados, contribuyeron al clima de temor y represión que se extendió por todo el país, marcando un ocaso a las reivindicaciones políticas bajo una metodología clara de eliminación del enemigo interno a partir del copamiento militar.

<footnote n="357">³⁵⁷Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, Tomo I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2010, s/f.</footnote>
# Capítulo III

## Copamiento Militar, Represión Política y Violaciones a los Derechos Humanos en Puerto Montt.

> "Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile asentados en las Provincias de Llanquihue y Chiloé, declaran su adhesión más absoluta a esta decisión histórica adoptada por los altos mandos institucionales".

Coronel Sergio Leigh Guzmán,
*Puerto Montt, 11 de septiembre de 1973.*

Cuando la madrugada del 11 de septiembre envolvió a Puerto Montt, la serenidad se vio súbitamente quebrada por la inesperada presencia de las primeras unidades militares en movimiento, que recorrían las principales calles de la ciudad. El claro indicio de la intervención de las Fuerzas Armadas y de orden público en contraposición al gobierno de la Unidad Popular se hizo notorio con la retirada del personal de Carabineros, quienes habían mantenido una custodia constante en la entrada de la Intendencia Provincial. En ese preciso momento, se dio paso al copamiento militar, esfumándose la democracia y dando apertura a la represión.

En los minutos siguientes, dos Hawker Hunter despegaron desde la Base Aérea El Tepual, iniciando su travesía con rumbo a la capital. Simultáneamente, el General Sergio Leigh comunicó a todas sus fuerzas que debían acuartelarse en el Ala N°5 en las próximas horas, en espera de nuevas instrucciones<fnref n="358" />. Con esto, la calma se desvaneció por completo, y el quiebre democrático se volvió inminente. Mientras tanto, cuando los tanques apuntaban directamente hacia La Moneda, una tanqueta militar y dos jeeps se posicionaron frente a la Intendencia. En ese momento, los cinco líderes militares de la jurisdicción oficializaron su apoyo al golpe de Estado, exigiendo la renuncia de Salvador Allende y el fin de la vía chilena hacia el socialismo<fnref n="359" />.

A partir de este preámbulo, este capítulo se dedica a explorar cómo las Fuerzas Armadas y de orden público tomaron el control de la provincia, al mismo tiempo que destaca el mecanismo utilizado por el régimen para desmantelar el proyecto político y social que se había

<footnote n="358">³⁵⁸Cavallo, A. & Serrano, M. "Las vigilas de Allende, Pinochet, Merino y Leigh", en Las 24 horas que estremecieron a Chile, *suplemento de reportajes de Diario La Tercera*, Santiago de Chile, Archivo Salvador Allende, 2013, pp.22.</footnote>

<footnote n="359">³⁵⁹Soto, W. *Puerto Montt una historia negada*, Puerto Montt, Talleres FAT, 2013, pp.45.</footnote>
desarrollado durante el gobierno de izquierda. Con este propósito, hemos dividido el capítulo en dos secciones. En primer lugar, se examinará la dinámica del copamiento militar en la jurisdicción, detallando los objetivos y mecanismos implementados por el CAJSI. En segundo lugar, abordaremos las violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con los asesinatos ocurridos en el territorio actual de la Provincia de Llanquihue.

## ¡Las tanquetas apuntan hacia la Intendencia Provincial!: El copamiento militar en Puerto Montt.

En esta sección, nuestro objetivo es presentar la dinámica empleada por el CAJSI para ejecutar el golpe de Estado en Puerto Montt y sus áreas rurales circundantes. Por un lado, detallaremos los mecanismos que se llevaron a cabo, como los acuartelamientos, los movimientos de tropas y sus misiones relacionadas con la seguridad interna. Por otro lado, evidenciaremos la metodología aplicada para la persecución y represión política hacia los militantes de la izquierda, así como la colaboración por parte de civiles con los organismos de inteligencia.

El cambio en el escenario político se ejecutó a través de los primeros movimientos de tropas, cuya planificación era conocida únicamente por los altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. Como resultado, la gran mayoría de los soldados convocados para el acuartelamiento desconocían los eventos que estaban ocurriendo en el país, a pesar de ser conscientes de que un golpe de Estado era inminente. Mientras estos se dirigían hacia sus unidades, un grupo significativo de efectivos comenzó a notar los primeros desplazamientos de las patrullas militares por las calles de Puerto Montt. La exaltación entre estos uniformados era evidente. El Carabinero ® Juan Ojeda relató cómo, al salir de su casa para dirigirse a la Segunda Comisaría de Puerto Montt, presenció el paso de un autobús de la Fuerza Aérea, momento en el que el conductor le dijo: "suba, mi cabo, ahora somos gobierno"<fnref n="360" />.

En otro aspecto, los funcionarios que ya se encontraban desplegados en las calles de la ciudad, realizando labores de vigilancia y buscando refuerzos en todas las direcciones, habían sido previamente apostados y acuartelados en sus respectivos destacamentos. Estos hombres fueron los primeros en recibir la noticia de la ejecución del golpe militar y se les asignaron misiones para las próximas horas. Como lo relata el Oficial ® José Argomedo: “Para el 11 de septiembre de 1973,

<footnote n="360">³⁶⁰Declaración Juan Ojeda, Expediente Causa 10.854-C. Episodio: Pelluco, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2011, s/f.</footnote>
despertamos a las cinco hrs, orden de levantarse, tomar nuestro
equipamiento básico de combate y reunirnos con los soldados en el patio
principal. De allí fuimos distribuidos a distintas tareas, en diferentes
sectores de la ciudad”<fnref n="361" />.

Siguiendo esa línea, el mandato del CAJSI era claro: todos los hombres que habían realizado el servicio militar debían formar parte del golpe. Como resultado, el mismo día comenzó a operar la Cuarta Compañía de Reservistas del Regimiento Sangra, la cual estaba compuesta exclusivamente por soldados que habían completado recientemente su servicio militar<fnref n="362" />.

El acuartelamiento se extendió incluso a los hogares de aquellos soldados que tenían el día libre. En ese momento, se les proporcionaron instrucciones que debían seguir y se les entregó armamento para enfrentar la situación de guerra interna. Esto se ilustra en las palabras de Edgardo Zurita, funcionario ® de la Base Naval de Puerto Montt, quien menciona: “el día 11 de septiembre, me fueron a buscar a mi casa, donde en el mismo lugar me hicieron entrega de un fusil M-16 y que todo se me explicaría en la base”<fnref n="363" />. Además, estos llamados a la puerta venían acompañados de amenazas dirigidas a las fuerzas regulares, advirtiéndoles que enfrentarían las consecuencias de desobedecer una orden superior si no cumplían con las instrucciones. Lo mismo, pero en palabras del Suboficial ® Carlos Cayupel: “llegó a mi casa una patrulla militar, compuesta por un civil y dos uniformados, quienes me ordenaron que debía presentarme en el Regimiento ese mismo día, sin darme mayor información, haciendo presente que se me indicó que si no me presentaba, me debía atener a las consecuencias”<fnref n="364" />.

<footnote n="361">³⁶¹Declaración José Argomedo, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, Tomo I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2010, s/f.</footnote>

<footnote n="362">³⁶²Informe Policial N°2827/00702. Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, Tomo II, 2013, s/f.</footnote>

<footnote n="363">³⁶³Declaración Edgardo Zurita, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T IV, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2016, f. 1758.</footnote>

<footnote n="364">³⁶⁴Declaración Carlos Cayupel, Expediente Causa 44.305. Episodio: Abraham Oliva y Luis Espinoza, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 750.</footnote>
<table><caption>Cuadro. Contingente total de Puerto Montt. 1973</caption><thead><tr><th>Institución</th><th>Dotación</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="4">Ejercito</td><td>Contingente Base</td><td>157</td></tr><tr><td>Contingente en Servicio Militar</td><td>3</td></tr><tr><td>Acuartelados y Licenciados</td><td>185</td></tr><tr><td>Estudiantes Secundarios (Premilitar)</td><td>582</td></tr><tr><td></td><td><strong>Total</strong></td><td><strong>927</strong></td></tr><tr><td rowspan="2">Fuerza Aérea</td><td>Oficiales</td><td>31</td></tr><tr><td>Cuadro Permanente</td><td>22</td></tr><tr><td></td><td><strong>Total</strong></td><td><strong>53</strong></td></tr><tr><td rowspan="2">Armada</td><td>Oficiales</td><td>3</td></tr><tr><td>Oficiales y Suboficiales de Mar</td><td>79</td></tr><tr><td></td><td><strong>Total</strong></td><td><strong>82</strong></td></tr><tr><td rowspan="6">Carabineros</td><td>Primera Comisaria de Puerto Varas y destacamentos dependientes</td><td>115</td></tr><tr><td>Segunda Comisaria de Puerto Montt y sus destacamentos dependientes</td><td>154</td></tr><tr><td>Tercera Comisaria de Maullín y sus destacamentos dependientes</td><td>46</td></tr><tr><td>Cuarta Comisaria de Calbuco y sus destacamentos dependientes</td><td>35</td></tr><tr><td>Quinta Comisaria de Puerto Montt y sus destacamentos dependientes</td><td>64</td></tr><tr><td>Destacamentos dependientes de la Tenencia de Frutillar</td><td>23</td></tr><tr><td></td><td><strong>Total</strong></td><td><strong>437</strong></td></tr><tr><td rowspan="3">Investigaciones</td><td>Prefectura de Puerto Montt</td><td>12</td></tr><tr><td>Comisaria de Puerto Montt</td><td>12</td></tr><tr><td>Inspectoría de Ferrocarriles de Puerto Montt</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td><strong>Total</strong></td><td><strong>26</strong></td></tr><tr><td colspan="2"><strong>Total contingente durante el año 1973: 1525 efectivos</strong></td><td></td></tr></tbody></table>

Elaboración propia. Fuente: Causa 10.872

Por otro lado, una vez que se efectuó el acuartelamiento, a los soldados se les comunicó en los mismos destacamentos que se estaban produciendo diversos movimientos militares en todo el país. Siguiendo la declaración del Oficial ® Edgardo Zurita:

(...) una vez en el recinto de la Armada, se nos hizo formar a todo el contingente, indicándonos que se había iniciado un pronunciamiento militar y que el General Augusto
Pinochet, se tomaría el gobierno, dándonos la posibilidad que aquellos que no estuvieran de acuerdo con lo que estaba aconteciendo, podía abandonar sus filas y retirarse a su domicilio sin tener algún tipo de represalia, y el resto del personal debía permanecer en las filas, desconociendo si alguien se restó posteriormente, pero durante la formación nadie salió adelante<fnref n="365" />.

Aunque el golpe militar fue comunicado a las fuerzas regulares el mismo día de su ejecución, parece ser que en las zonas rurales cercanas a Puerto Montt, esta información era conocida por los funcionarios policiales. Esta hipótesis se debe a que todo el contingente de la Tenencia de Fresia, junto con sus destacamentos dependientes, estuvo acuartelado varios días antes del bombardeo a La Moneda. Este hecho es relatado por José Castillo, Carabinero ® de la Tenencia de Fresia, quien menciona: "esos días nos acuartelaron, como cuatro días antes del 11, eso significa que uno no puede salir del cuartel (...) en todo caso a partir de esa fecha uno como personal de tropa no podía hacer ningún comentario, puesto que hubiese sido motivo para ser considerado un peligro para la institución y fusilado como ocurrió a nivel país"<fnref n="366" />.

Bajo estas circunstancias, el acantonamiento tuvo una duración aproximada de un mes, aunque en las zonas rurales este período fue mucho más prolongado. Esta última medida, ordenada por el CAJSI, se debió a que en dichas áreas se encontraban numerosos asentamientos y organizaciones campesinas, convirtiéndose en el foco principal de atención de la política de la Jefatura de Plaza. Los Carabineros de Tegualda se vieron afectados por estas condiciones, como relata el funcionario ® Juan Montecinos: "para el golpe militar, estuvimos cuatro meses así, sin poder salir, incluso los casados estábamos acuartelados en primer grado, se dormía en el mismo retén"<fnref n="367" />.

En ese sentido, el reclutamiento de tropas para esta jurisdicción se llevó a cabo de manera rápida y efectiva, debido a la subordinación institucional de las Fuerzas Armadas, quienes acataron sin cuestionamientos las planificaciones y directivas establecidas por el CAJSI, tanto antes como durante la ejecución del golpe. Desde esa perspectiva, no se registraron deserciones ni oposiciones armadas por parte de los oficiales en los primeros meses. Incluso, uno de nuestros informantes, quien tenía veintiún años en ese momento, menciona que

<footnote n="365">³⁶⁵Declaración Edgardo Zurita, Expediente Causa 10.872, op. cit., f. 1758.</footnote>

<footnote n="366">³⁶⁶Declaración José Castillo, Expediente Causa 44.305. Episodio: Abraham Oliva y Luis Espinoza, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 759.</footnote>

<footnote n="367">³⁶⁷Declaración Juan Montecinos, Expediente Causa 44.305. Episodio: Abraham Oliva y Luis Espinoza, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, s/f.</footnote>
existían funcionarios que apoyaban la vía chilena al socialismo, pero que después de la sublevación armada se unieron a las filas de la represión. Él relata: “El Teniente Navarro siempre nos resguardaba en las marchas en apoyo a la Unidad Popular, tiraba dos bombas lacrimógenas hacia la marcha de la derecha, y una para la izquierda, sin embargo, después se dio vuelta la chaqueta, convirtiéndose en un conocido torturador”<fnref n="368" />.

Una vez establecida esta primera planificación, la misión inicial de los funcionarios golpistas fue llevar a cabo tareas relacionadas con la seguridad interna para imponer el control militar en toda la provincia. Sin embargo, la forma en que esto se llevó a cabo difería de las experiencias ocurridas en otras partes del país, donde los militares se enfrentaron a diversos focos de resistencia en los barrios o en las fábricas. En este caso, la dinámica fue completamente distinta, ya que las fuerzas de izquierda locales carecían tanto de capacidad organizativa como militar para oponerse al golpe. Como lo expresa un ex dirigente del Movimiento de Acción Popular Unitaria: “En la época referida no teníamos capacidad armada, nada de nada, menos aún preparación para sostener un enfrentamiento armado con fuerzas regulares. Lo más cercano que llegamos fue tal vez leer los libros del Che Guevara”<fnref n="369" />.

Así, dado que los militares tomaron el control total de la jurisdicción sin encontrar oposición, el método para su resguardo se basó en patrullajes y la protección de infraestructuras clave. Para llevar a cabo estas tareas, el Comandante del CAJSI ordenó a los efectivos operativos del CIRE que confiscaran los vehículos de los servicios públicos durante la tarde del 11 de septiembre<fnref n="370" />. En ese tiempo, el Oficial Eugenio Covarrubias fue asignado para llevar a cabo esta operación y relata: “la primera misión que me correspondió cumplir fue dirigirme hasta las instalaciones de Vialidad para requisar determinada cantidad de camiones y camionetas”<fnref n="371" />. A cada uno de los efectivos encargados de estas misiones se les entregó equipamiento de combate, como un fusil SIG con ciento veinte tiros y un revólver<fnref n="372" />. Es interesante destacar que antes del golpe de Estado, se les exigía a los soldados del regimiento devolver los casquillos de las balas para tener un registro, pero cuando ocurrió el golpe, solo interesaba que llegara el armamento a la sala de armas<fnref n="373" />.

<footnote n="368">³⁶⁸Entrevista.</footnote>

<footnote n="369">³⁶⁹Declaración, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2011, s/f.</footnote>

<footnote n="370">³⁷⁰Diario El Llanquihue, “Cinco Bandos ha emitido la jefatura de zona emergencia”, en Expediente Causa 10.819: Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2010.</footnote>

<footnote n="371">³⁷¹Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2012, f. 1042</footnote>

<footnote n="372">³⁷²Declaración Estardo Gallegos, Expediente Causa 10.854-C, op. cit.</footnote>

<footnote n="373">³⁷³Declaración Fernando Concha, “Informe Policial N°1664”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2010, f. 579.</footnote>
Por un lado, los patrullajes se desarrollaban en turnos, asignando a cada institución armada la responsabilidad de vigilar una arteria o un sector específico de Puerto Montt, como las poblaciones Modelo, Pichi Pelluco, Mirasol, Libertad, entre otras<fnref n="374" />. Durante estas operaciones, se llevaron a cabo detenciones, principalmente por infringir las disposiciones del toque de queda<fnref n="375" />, trasladando a los detenidos a las unidades policiales<fnref n="376" />. Por ejemplo, el Oficial ® del Ejército Víctor Silva relata: “debíamos recorrer [calle] Urmeneta a fin de poner orden y velar para que la población se fuera a su casa dando cumplimiento al toque de queda”<fnref n="377" />.

Además, durante todo el período del golpe, las fuerzas desplegadas en la ciudad tenían la crucial misión de proteger los servicios públicos fundamentales ante posibles acciones de grupos de izquierda. Siguiendo las directrices del CAJSI, se establecieron puntos estratégicos que requerían un resguardo especial, como la Intendencia, la plaza de armas, el hospital y la estación de ferrocarriles. En este contexto, el Oficial ® del Ejército, Fernando Concha, relata que fue asignado al Hospital Regional de Puerto Montt, desempeñando esa tarea durante varias semanas<fnref n="378" />. Asimismo, el Carabinero ® José Soto nos cuenta que su responsabilidad consistía en: “realizar la vigilancia de la Intendencia y de todos los puntos neurálgicos de la ciudad”<fnref n="379" />.

El proceso de ocupación militar en Puerto Montt se llevó a cabo de manera rápida y coordinada, logrando el control total de la comuna para el 12 de septiembre. Sin embargo, en las zonas rurales la situación fue diferente, a pesar de la falta de resistencia activa. Debido a la escasez de personal en las Tenencias y Retenes, fue necesario reforzarlas con efectivos del contingente base de Puerto Montt<fnref n="380" />. Estas unidades también desempeñaron un papel represivo durante los primeros meses de la dictadura cívico-militar, especialmente la Tenencia de Fresia, bajo el mando del Teniente René Villarroel, conocido como Juan Metralla. Este apodo se originó en su propensión a disparar para infundir miedo en las personas<fnref n="381" />, y era ampliamente conocido por su postura abiertamente anti-marxista. El Oficial ® Héctor Sanhueza relata que: “el Teniente

<footnote n="374">³⁷⁴Ibid.</footnote>

<footnote n="375">³⁷⁵Ibid.</footnote>

<footnote n="376">³⁷⁶Declaración Humberto Rocha, Expediente Causa 10.858-C. Episodio: Carlos Mascareña, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, s/f.</footnote>

<footnote n="377">³⁷⁷Declaración Víctor Silva, Expediente Causa 10.858-C. Episodio: Carlos Mascareña, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, s/f.</footnote>

<footnote n="378">³⁷⁸Declaración Fernando Concha, “Informe Policial N°1664”, op. cit.</footnote>

<footnote n="379">³⁷⁹Declaración José Soto, Expediente Causa 10.854-C. Episodio: Pelluco, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 615.</footnote>

<footnote n="380">³⁸⁰Declaración Carlos Cayupel, Expediente Causa 44.305, op. cit.</footnote>

<footnote n="381">³⁸¹Declaración José Castillo, Expediente Causa 44.305, op. cit., 2012, f. 534.</footnote>
Villarroel era hombre de confianza del Coronel Leigh, mantenían una relación directa (...) el General Leigh le ordenó asumir una operación importante en Fresia”<fnref n="382" />.

Para llevar a cabo esta importante operación, la Tenencia de Fresia recibió refuerzos de soldados del Ejército y de la Fuerza Aérea, además del apoyo de dos helicópteros militares<fnref n="383" />. Según relata el Suboficial ® Carlos Cayupel, fueron trasladados desde el Regimiento sin tener información sobre su destino y llegaron, en su caso, junto a una escuadra a la localidad de Fresia, específicamente a la Tenencia de Carabineros de esa ciudad, donde fueron recibidos por el Teniente René Villarroel<fnref n="384" />. En el mismo sentido, el Oficial ® José Castillo expone:

(...) días después del 11 de septiembre, llegaron agregados a la tenencia cinco uniformados del Ejército de Chile, de los que recuerdo uno tenía apellido CAYUPEL, y otro de apellido PERALTA que estaban a cargo de un militar de apellido HEINZ, al parecer oficial, todos del Regimiento N° 12 Sangra; y cinco de la Fuerza Aérea, de quienes no recuerdo mayores datos, los cuales iban a reforzar la dotación<fnref n="385" />.

La estrategia utilizada para llevar a cabo el copamiento implicó el allanamiento de los fundos campesinos del norte de la provincia<fnref n="386" />. Para su ejecución, no se requirió un extenso despliegue de operativos de inteligencia del CAJSI, ya que los propios Carabineros de la Tenencia habían elaborado previamente un plano con la ubicación de todos los fundos campesinos, así como los nombres de las personas que vivían en ellos<fnref n="387" />. Durante las operaciones, incluso, los militares y los carabineros intercambiaban uniformes para evitar ser reconocidos<fnref n="388" />.

A partir de entonces, se desató una represión que se caracterizó por la persecución constante y sistemática de militantes políticos, líderes de partidos y miembros de organizaciones sociales que se oponían al nuevo régimen. Los primeros en ser convocados por el CAJSI fueron los altos funcionarios y líderes políticos de la Unidad Popular en Puerto

<footnote n="382">³⁸²Declaración Hernán Sanhueza, Expediente Causa 10.851-C. Episodio: Lintz, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 681.</footnote>

<footnote n="383">³⁸³Declaración Gregorio Maldonado, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2011, f. 72.</footnote>

<footnote n="384">³⁸⁴Declaración Carlos Cayupel, Expediente Causa 44.305, op. cit.</footnote>

<footnote n="385">³⁸⁵Declaración José Castillo, en Expediente Causa 44.305, op. cit., f. 435.</footnote>

<footnote n="386">³⁸⁶Declaración José Ule, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, Tomo I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2010, s/f.</footnote>

<footnote n="387">³⁸⁷Ibid.</footnote>

<footnote n="388">³⁸⁸Declaración José Castillo, en Expediente Causa 44.305, op. cit., f. 432.</footnote>
Montt, acusados de actos de terrorismo. Un comunicado emitido por las Fuerzas Armadas llamaba a estas personas a presentarse en el Regimiento Sangra antes de las siete de la tarde, advirtiendo que, de no hacerlo, se tomarían medidas en su contra. Entre los nombres mencionados se encontraban Luis Espinoza Villalobos, Manfredo Riesco, Gerardo Garcés, Sixto Reyes, Felix Verbken, Rubén Lara, Alex Jiménez y Juan Leonhardt<fnref n="389" />.

Uno de nuestros testimoniantes, quien fuera dirigente regional, relata con detalle cómo se enteró de los movimientos de tropas y las medidas que su partido tomó para enfrentar esta situación. Según sus palabras:

> Me entero porque llega un amigo de la compañía de
teléfonos que me estaba llamando y yo no contesté el
teléfono en la noche y me fue a buscar a las seis de la
mañana para decirme que los militares se estaban tomando
las calles de Puerto Montt. Entonces yo salí y me fui
inmediatamente al partido y le conté a los que estaban hay
en el partido que mejor era volver a las casas porque yo me
di cuenta que la situación era seria. Después vino las
comunicaciones por radio, la toma de radios y los Bandos
militares que empezaron a salir. Entonces, de lo que me
preocupé solamente siendo el Secretario General del
MAPU OC era cuidar la integridad de los militantes para
que no sufrieran con esto, porque nosotros no estábamos
en condiciones de enfrentar una situación de guerra como
la que se creó<fnref n="390" />.

Otro líder, detenido durante los allanamientos llevados a cabo por oficiales del CIRE y fuerzas regulares, relata la experiencia de su detención y el objetivo de estas acciones. Según sus palabras, los allanamientos tenían como objetivo principal la captura de los principales dirigentes de los partidos políticos de la vía chilena al socialismo, entre ellos él mismo:

> Yo caí preso el 13 de octubre de 1973, detenido por un
grupo de sesenta soldados, integrado por fuerzas conjuntas
de las Fuerzas Armadas. en la casa de mi hermano (...)
actualmente fallecido, en población Teniente Merino de
esta ciudad; ahí me rodearon, me escapé y fui detenido
nueve horas más tarde, por una patrulla mucho más

<footnote n="389">³⁸⁹Diario El Llanquihue, "Cinco Bandos ha emitido la jefatura de zona emergencia", op. cit.</footnote>

<footnote n="390">³⁹⁰Entrevista.</footnote>
numerosa en la calle donde está el Liceo Naciones Unidas en la población Libertad, en la casa de mi primo (...) que vive actualmente en Bariloche. Mi apresamiento no fue casual, pues dada mi condición de dirigente político era uno de los más buscados por el nuevo régimen, siendo trasladado hasta la 2º Comisaria de Carabineros de Guillermo Gallardo<fnref n="391" />.

En ese mismo sentido, otro de nuestros entrevistados recuerda lo traumático y violento que fue su detención:

> El allanamiento desde luego fue muy violento, delante de toda mi familia que era campesina y de muchos niños, yo pertenezco a una familia de ocho hermanos, yo soy el mayor, y bueno, la verdad es que fue bastante traumático, vivía con mi madre y todos mis hermanos. Desde luego, comenzaron a buscar armas ante mi madre y ante todos mis hermanos menores, y luego, me llevaron al vehículo que me trasladaría a la Tenencia de Los Muermos<fnref n="392" />.

Estos allanamientos no solo se llevaron a cabo con el objetivo de buscar y capturar a individuos específicos, sino que también involucraron redadas en las poblaciones. Estos operativos, realizados por los servicios de inteligencia, tenían como propósito detener a una gran cantidad de personas. Un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quien experimentó uno de estos allanamientos en la población 18 de Septiembre de Puerto Montt, relata cómo fue detenido en su propia casa. Según su testimonio: "Los servicios de inteligencia cuando fueron a mi casa, preguntaron por mi nombre y me dicen que estaba detenido por extremista. Entraron varios compadres y no me pude negar. Eran todos civiles, y andaban haciendo un círculo de detención para detener una cantidad grande de gente, fue una redada"<fnref n="393" />.

La represión se extendió a varios lugares de la provincia, incluyendo los sectores cercanos al Lago Llanquihue, donde muchas personas fueron detenidas y llevadas a diversos centros de torturas. Un testimonio concreto es el de un residente de un asentamiento cercano a la Colonia de Tres Puentes en Ensenada. Él relata que fue detenido por un grupo de seis militares en su propio hogar y luego trasladado en un jeep hasta Puerto Montt, donde sufrió torturas por parte de los

<footnote n="391">³⁹¹Declaración, Expediente Causa 10.872, op. cit.</footnote>

<footnote n="392">³⁹²Entrevista.</footnote>

<footnote n="393">³⁹³Entrevista.</footnote>
soldados<fnref n="394" />.

Asimismo, la persecución de militantes de izquierda se extendió a las islas cercanas al Seno del Reloncaví. En este contexto, un profesor, quien era militante del Partido Socialista y director de la escuela en la Isla Huar, vivió en carne propia los efectos de esta represión. En sus propias palabras, relata su experiencia:

> Yo estaba haciendo clases en la Isla Huar. Bueno, estaba en la sala de clases y llegan los carabineros, y me dicen: “le traigo una mala noticia, pero debe ser una equivocación pero no sé cómo decírtelo”, y le digo: “dime nomás que cosa”, y me dijo: “tengo una orden de detención contra ti” y le dije: “será po”. Entonces, fui a donde una de las profesoras y le dije: “mira me van a llevar detenido, aquí están las llaves de la escuela y quédate a cargo”, y me llevaron, estaba lloviendo. Después tomamos la lancha y cuando llegamos a Puerto Montt, me subieron a una micro y me llevaron al Cuartel de Investigaciones<fnref n="395" />.

En efecto, la represión también se extendió a los familiares de las personas más buscadas en la jurisdicción. La esposa de un militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y parte del grupo condenado a muerte por un Consejo de Guerra, vivió en carne propia la persecución de las fuerzas policiales en las horas posteriores al 11 de septiembre. Ella relata su experiencia de la siguiente manera:

> Yo me quedé en la casa [de un primo de mi esposo], en la madrugada del 12 llegaron varios vehículos militares y rodearon la casa, entraron a patadas y a gritos dentro de la casa, reunieron a todos en el living varios militares hablaban a gritos al mismo tiempo lo que asustaba mucho a los niños. los niños lloraban y gritaban agarrados de la ropa de los adultos y nos paralizaban porque instintivamente tratábamos de protegerlos. Pusieron a [el primo de mi esposo] y a mí de rodillas, gritaban varias cosas a las cuales no alcanzábamos a responder, finalmente nos levantaron brutalmente y nos sacaron de la casa, nos hicieron subir a un camión del ejército donde ya estaban otros detenidos. Nos subieron a golpes y nos hicieron acostarnos en el piso, un soldado nos apuntaba constantemente con una

<footnote n="394">³⁹⁴Declaración, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T III, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, s/f.</footnote>

<footnote n="395">³⁹⁵Entrevista.</footnote>
ametralladora<fnref n="396" />.

La situación de los militantes que intentaron escapar de Puerto Montt y refugiarse en otras áreas de la región fue compleja, ya que en algunos casos fueron capturados por los propios habitantes de esos lugares. Un militante, por ejemplo, fue llamado a presentarse en la Intendencia, pero decidió mantenerse prófugo hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, su escape fue interrumpido cuando fue detenido por pobladores del sector de Río Puelo. Él recuerda de la siguiente forma: “fui detenido por pobladores del sector de Río Puelo. Entre dos campesinos a caballo me detuvieron, uno me puso un cuchillo en la espalda, me amarraron las manos en la espalda, al otro día llego un helicóptero a medio día con una tropa militar”<fnref n="397" />.

Otro aspecto importante que destacar es el caso de aquellas personas que, al momento del golpe de Estado, se encontraban en otras ciudades del país. Muchas de ellas fueron detenidas y sometidas a torturas en esos lugares para luego ser trasladadas a Puerto Montt. Una estudiante de enfermería vivió esta experiencia traumática. Estaba embarazada de un mes y medio y tenía una orden de detención en su contra. Con el objetivo de escapar, decidió huir hacia Santiago, pero fue capturada por miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional en la capital. Durante su detención, sufrió torturas y posteriormente fue trasladada en un Bus Tas Choapa hasta Puerto Montt<fnref n="398" />.

Además de dirigirse hacia adultos, la represión también se extendió a adolescentes y estudiantes de los diversos colegios de la ciudad que eran militantes de izquierda. Estos jóvenes, para expresar su descontento frente a las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas realizaron diversas acciones de resistencia. Uno de ellos relata su experiencia al regresar al Instituto Comercial de Puerto Montt el 13 de septiembre, donde, en un acto de rechazo a la dictadura, junto con otros compañeros, bajaron la bandera a media asta. Esta acción determinó que el 17 de septiembre fuera detenido por el Ejército mientras se encontraba en la esquina de Quillota con Antonio Varas, siendo trasladado a la Segunda Comisaría de Carabineros de Guillermo Gallardo<fnref n="399" />.

Otro estudiante, quien fue detenido en marzo de 1975, también

<footnote n="396">³⁹⁶Declaración, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2010, s/f.</footnote>

<footnote n="397">³⁹⁷Informe Estambul N°003E-2013, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, s/f.</footnote>

<footnote n="398">³⁹⁸Informe Estambul N°003E-2013, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T III, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2016, s/f.</footnote>

<footnote n="399">³⁹⁹Declaración, Expediente Causa 10.858-C. Episodio: Carlos Mascareña, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 130.</footnote>
relata su experiencia durante aquel período:

(...) llegó una camioneta blanca con seis o siete miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Servicio de Inteligencia Militar, todos hombres armados. Esto fue en calle Guillermo Gallardo, donde se ubicaba antiguamente el colegio San Javier. Yo estaba en el tercer piso, era dirigente del centro de alumnos de ese colegio, miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y tenía tan solo 15 años. El inspector general Ciro Smith Andrade irrumpió en la sala y me dijo "vaya inmediatamente con todos sus útiles escolares a la portería"<fnref n="400" />.

Por otro lado, la metodología utilizada para recopilar información y llevar a cabo la represión se basó en diferentes aspectos. Por un lado, se obtenía información a través de interrogatorios en los numerosos centros de detención y tortura de la comuna. Sin embargo, lo que destacó fue la colaboración de civiles con los organismos de seguridad y los servicios de inteligencia. En una ciudad pequeña como Puerto Montt, donde la mayoría de los habitantes se conocían entre sí, esta colaboración se volvió más evidente, especialmente entre los grupos políticos de la izquierda y de la derecha. Los sectores de la población afiliados a la derecha no solo proporcionaron información, sino que también participaron activamente en los operativos y detenciones. Por ejemplo, se reportaron casos en los que personas como Jaime Gaete, dirigente de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus, fueron vistos vistiendo uniforme militar durante los allanamientos en las poblaciones de Puerto Montt<fnref n="401" />.

Dentro de la colaboración entre civiles y represores, también se destacó la participación de importantes empresarios de la provincia que denunciaron hechos de gran gravedad. Estas acciones estuvieron motivadas, en parte, por la presencia de sindicalistas en sus empresas, lo que exacerbó las tensiones y conflictos entre empleados y empleadores que surgieron durante el gobierno de la Unidad Popular. Un ejemplo de esto es el caso de un ex militante de las Juventudes Socialistas de Puerto Varas y miembro del Sindicato Único de Trabajadores de Varmontt. Esta persona fue denunciada por su jefe, Claudio Niklitschek, propietario de la empresa, por su supuesta participación en actos vandálicos, como derribar una antena de Radio Turismo de Puerto Varas y atentar contra

<footnote n="400">⁴⁰⁰Declaración, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T V, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2017, f. 2475.</footnote>

<footnote n="401">⁴⁰¹Declaración Jaime Gaete, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T V, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2017, f. 2476.</footnote>
la casa del empresario<fnref n="402" />. En la misma línea, un ex trabajador de la Barraca Sanz en Angelmó, relata cómo, mientras se encontraban reclamando solo porque:

(...) no teníamos overoles ni guantes para trabajar. Nuestro jefe, Rubén Ibaceta nos engañó diciéndonos que iríamos a la inspección del trabajo, pero fuimos llevados hasta la gobernación en conjunto con el presidente del sindicato maderero y otros. Hay nos encontramos con una gran cantidad de militares quienes con la punta de sus fusiles nos golpeaban las costillas<fnref n="403" />.

Es importante señalar que en general no hubo colaboradores directos por parte de los partidos políticos y organizaciones de izquierda con la represión. Sin embargo, según un testimonio, un miembro de la dirección del Movimiento de Acción Popular Unitaria facción Garretón, fue el único militante de los partidos de izquierda que se convirtió en informante del CIRE. Según él, esta persona colaboró identificando casas de personas vinculadas a la Unidad Popular que fueron detenidas, y se vestía como militar para ayudar en los arrestos. Después de eso, no se supo más de él<fnref n="404" />.

En las zonas rurales, la colaboración entre los dueños de fundos y las unidades policiales fue más evidente, especialmente debido a las expropiaciones realizadas por la reforma agraria hacia los latifundistas locales. Según el Carabinero ® José Castillo, la información que recibían provenía principalmente de personas que se consideraban amigos de Carabineros y que denunciaban a otras personas, a menudo por motivos de enemistad personal<fnref n="405" />. Un caso destacado que ilustra esta colaboración entre civiles y Carabineros es el del Teniente René Villaroel, quien era conocido en Fresia y recibía visitas de amigos que eran propietarios de fundos<fnref n="406" />. Sin embargo, el mayor colaborador con la represión fue la familia Rehbien Carrillo, quienes, según el relato, desempeñaron un papel activo en la represión. En palabras del Oficial:

(...) La familia Rehbien visitaban diariamente la Tenencia, incluso un par de días después del 11, donó un televisor a la

<footnote n="402">⁴⁰²Entrevista.</footnote>

<footnote n="403">⁴⁰³Declaración, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T III, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 1135.</footnote>

<footnote n="404">⁴⁰⁴Declaración, Expediente Causa 10.872, op. cit., f. 687.</footnote>

<footnote n="405">⁴⁰⁵Declaración José Castillo, Expediente Causa 44.305. op. cit., f. 537.</footnote>

<footnote n="406">⁴⁰⁶Declaración Alejandro Salazar, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2013, f. 977.</footnote>
tenencia y ropa de cama, incluso una estufa a gas (...) La señora de Rehbien -Luisa Carrillo- pasaba casi diariamente para dejarle cosas al Teniente, quien constantemente llegaba a la Tenencia a denunciar nuevos hechos<fnref n="407" />.

Cabe resaltar que hubo casos en los cuales civiles colaboraron activamente en acciones operativas junto a las Fuerzas Armadas, así como en la prestación de servicios para llevar a cabo las acciones represivas. Estas colaboraciones se manifestaron en la detención de personas por el simple hecho de escuchar determinadas emisoras de radio, como menciona un testimoniante, quien fue detenido por personas del servicio de seguridad que acompañaban a Luis Rehbien<fnref n="408" />. Además, el Carabinero ® Gregorio Maldonado señala que había personal civil que colaboraba con Carabineros después del golpe militar, como los choferes Juan Oyarzun González y un señor de apellido Oyarzo Altamirano, cuya función era trasladar a los carabineros a diferentes lugares<fnref n="409" />.

En resumen, durante la dictadura cívico-militar en la provincia de Llanquihue, se llevó a cabo una represión sistemática y violenta contra militantes políticos, organizaciones sociales y opositores al régimen. Esta represión se originó a partir de la coordinación y ejecución del copamiento militar en la zona. Los mecanismos empleados revelan una trama compleja en la cual no solo participaron las Fuerzas Armadas y de orden público, sino también civiles que se alineaban con los intereses del régimen. Estos mecanismos abarcaron no solo la persecución, arresto y tortura, sino que también alcanzaron niveles de terror inimaginables, incluyendo el acto de segar vidas, tal como lo revisaremos en el siguiente apartado

## Violaciones a los Derechos Humanos:
Los asesinatos en la Provincia de Llanquihue.

Según la Red de Informática de Instituciones de Derechos Humanos de Chile, la violación del derecho a la vida se produce cuando el Estado perpetra la muerte o desaparición de una persona, infringiendo así el artículo tres de la Declaración Universal, que garantiza que "todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona"<fnref n="410" />. Este tipo de violencia se manifestó a través de ejecuciones

<footnote n="407">⁴⁰⁷Declaración José Castillo, Expediente Causa 44.305. op. cit.</footnote>

<footnote n="408">⁴⁰⁸Declaración, Expediente Causa 10.872. Episodio: Cuartel de la PDI, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2011, f. 129.</footnote>

<footnote n="409">⁴⁰⁹Declaración Gregorio Maldonado, Expediente Causa 44.305. Episodio: Abraham Oliva y Luis Espinoza, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2012, f. 559.</footnote>

<footnote n="410">⁴¹⁰Red de Informática de Instituciones de Derechos Humanos de Chile, op, cit.</footnote>
ordinarias y administrativas, casos de muertes con desaparición en
presuntos enfrentamientos, actos de tortura, homicidios premeditados,
fallecimientos en manifestaciones, abusos de poder y actos de violencia
innecesaria, así como detenciones seguidas de desaparición. Según datos
oficiales, se estima que alrededor de tres mil doscientas veintinueve
personas fueron víctimas de la política estatal entre el 11 de septiembre
de 1973 y el 11 de marzo de 1990, siendo estas asesinadas o
desaparecidas. En el caso de la Provincia de Llanquihue, estas acciones
afectaron principalmente a personas sin afiliación ni participación
política, seguidas en términos numéricos por simpatizantes del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del Partido Socialista y del
Partido Comunista. Para comprender la intensidad de los homicidios
perpetrados por el CAJSI, es necesario ubicarnos en la administración
del General Sergio Leigh (1973-1975), ya que durante este periodo se
llevaron a cabo la mayoría de los asesinatos en el territorio.
Posteriormente, la incidencia de estos actos disminuyó tras su salida
como Jefe en Estado de Sitio, aunque ello no implicó que dejaran de
ocurrir hasta el fin de la dictadura cívico-militar. Es importante destacar
que una parte significativa de estos crímenes se dirigieron hacia personas
jóvenes, con edades comprendidas entre los dieciocho y los veinticinco
años. Este grupo fue el más vulnerable a las violaciones de Derechos
Humanos que culminaron en su muerte.

A partir de los datos mencionados, el objetivo principal de esta
sección es destacar los diferentes casos de violaciones a los derechos
fundamentales que están directamente relacionados con la muerte, y que
de alguna manera reflejan la política represiva implementada por el
CAJSI en la zona. Para lograr este propósito, se dividirá en dos
categorías: los asesinatos cometidos contra personas afiliadas a
organizaciones y partidos políticos, y las violaciones a los Derechos
Humanos que resultaron en la muerte de víctimas sin afiliación política.
<figure><img src="image_14.png" /><figcaption>Ilustración. Gráfica de personas ejecutadas por año</figcaption></figure>

Fuente: Infografía Violaciones a los Derechos Humanos cometidas por la Dictadura cívico-militar chilena.

<table><caption>Tabla. Nombre de personas asesinadas por la dictadura cívico-militar en la Provincia de Llanquihue.</caption><tr><td>Jorge Melipillan Aros</td><td>Mario Cárcamo Garay</td></tr><tr><td>René Argel Marilican</td><td>José Barría Barría</td></tr><tr><td>Dagoberto Cárcamo Navarro</td><td>Francisco Avendaño Bórquez</td></tr><tr><td>Carlos Mansilla Coñoecar</td><td>José Felmer Klenner</td></tr><tr><td>José Mancuñan Maldonado</td><td>Abraham Oliva Espinoza</td></tr><tr><td>Adolfo Arismendi Pérez</td><td>Luis Espinoza Villalobos</td></tr><tr><td>Oscar Arismendi Medina</td><td>Pedro Bahamondes Rogel</td></tr><tr><td>Mario Torres Velásquez</td><td>Hugo Maldonado Ulloa</td></tr><tr><td>José Mañao Ampuero</td><td>Santiago Soto Muñoz</td></tr><tr><td>Carlos Mascareña Diaz</td><td>José Altamirano Navarro</td></tr><tr><td>Carlos Iturra Gómez</td><td>Miguel Riquelme Solís</td></tr><tr><td>José Paredes Trujillo</td><td>Francisco Leutun Miranda</td></tr></table>

Fuente: Informe Rettig

## Represión hacia el proyecto político de la Era de los Cambios en Chile en la Provincia de Llanquihue.

Este apartado se enfoca exclusivamente en analizar las estrategias utilizadas por las fuerzas represivas locales para poner en peligro la vida de individuos afiliados a partidos políticos de izquierda y movimientos sociales en la Provincia de Llanquihue. Con el objetivo de comprender mejor este proceso, se presentarán dos casos de homicidios
políticos.

## Persecución, Represión y Montaje: Episodio Fundo el Toro.

**Oscar Arismendi Medina**

46 años, Obrero Agrícola
Dirigente del Sindicato Campesino del Asentamiento "El Toro"
Militante del Partido Socialista

**Mario Torres Velásquez**

33 años, Linotipista
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

**Mario Cárcamo Garay**

26 años, Técnico Agrícola
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

**José Barría Barría**

23 años, Obrero Agrícola
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

**Francisco Avendaño Bórquez**

20 años, Profesor Normalista
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

**José Felmer Klenner**

20 años, Estudiante de Agronomía
Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Se ha establecido que los inculpados formaban parte de un grupo armado que tenía por objetivo atacar los retenes y cuerpos de Carabineros, especialmente del sector de Fresia y otros sectores rurales, para de esta manera hacer salir a los efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros a los lugares atacados donde serían aniquiladas estas fuerzas en terreno. Las otras unidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros, serían atacadas a su vez en forma simultánea por los grupos paramilitares urbanos. Este ataque sistemático formaba parte del denominado "Plan Z" de que estaban en conocimiento de los servicios de seguridad. Los inculpados ya nombrados se reunieron en el Asentamiento El Toro para iniciar la
lucha armada. Tenían armas y explosivos y planeaban asaltar a la Tenencia de Fresia. [Por ese motivo] el Consejo de Guerra resolvió por unanimidad condenar a los acusados a la pena de muerte, por la responsabilidad que les cabe como autores del delito de traición contemplados en el artículo 248 N°2 del Código de Justicia Militar.

Consejo de Guerra de la Provincia de Llanquihue y
Chiloé, 17 de octubre de 1973.

En esta sección, presentaremos la planificación, organización y ejecución de la represión política dirigida a las familias campesinas que residían en el Fundo El Toro, ubicado en la comuna de Fresia. Esta acción culminó en la trágica pérdida de la vida de seis hombres, quienes fueron condenados a fusilamiento por el Consejo de Guerra de la Fiscalía Militar. A lo largo de los siguientes pasajes, detallaremos la persecución sufrida por los campesinos del fundo, desde las etapas iniciales hasta el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona. Posteriormente, exploraremos el proceso de detención de estas personas en los centros de detención y tortura de Puerto Montt, así como su subsiguiente paso por el Tribunal Militar y, finalmente, el trágico asesinato llevado a cabo por el CAJSI en las instalaciones de la Base Aérea de Chamiza.

El Asentamiento el Toro fue un espacio de gran importancia en la disputa socio-política protagonizada por el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria durante el proceso de reforma agraria en contra de la hegemonía del latifundio en la Provincia de Llanquihue. Dada la intensa situación política que rodeaba la zona, este lugar se convirtió en escenario de un constante acecho por parte del régimen luego del 11 de septiembre. Por ese motivo, cuando se implementó el control militar en la zona, un caso de hostigamiento constante por parte de los agentes policiales fue la experiencia del dirigente campesino del Fundo El Toro y militante del Partido Socialista, Oscar Arismendi. Según relatan su familia, Arismendi, al enterarse de la situación, comenzó a esquivar los controles policiales. Sin embargo, en un momento en que se dirigía hacia su hogar, fue interceptado por el Jefe de la Tenencia de Carabineros de Fresia, el Teniente René Villarroel.

Este último lo amenazó, mencionándole que: “pronto te voy a pescar y te voy a llenar de balazos”<fnref n="411" />. En ese instante, Arismendi se

<footnote n="411">⁴¹¹Declaración, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 61.</footnote>
dirigió rápidamente a la casa de una de sus hijas, quien relata que al momento en que su padre llegó a su hogar, estaba:

(...) muy asustado, ya que me contó que en el trayecto se había topado con el Teniente de Carabineros René Villarroel, de la Tenencia de Fresia, quien le había manifestado que se cuidara por que le llegó su hora y que se fuera de inmediato a su casa o si no le iba a llenar el trasero a balazos y que lo esperara allí<fnref n="412" />.

Por consiguiente, con la llegada de la Junta Militar al poder, las familias campesinas que residían en este espacio recibieron información de lugareños sobre un posible allanamiento planeado por los Carabineros de Fresia. Ante esta advertencia, los campesinos decidieron refugiarse en los montes cercanos, mientras que las mujeres optaron por permanecer en el asentamiento<fnref n="413" />. Posteriormente, durante la noche del catorce de septiembre, se materializó la llegada de los Carabineros, quienes estaban acompañados por civiles, precisamente expropietarios o dueños de fundos que vestían uniformes de oficiales. Al no encontrar a los campesinos, se retiraron del lugar<fnref n="414" />.

En el mismo lapso en que se desarrollaban estos hechos y en medio de la convulsión generada por el derrocamiento de la Unidad Popular, las comunicaciones entre los militantes de izquierda se vieron afectadas, lo que provocó un sentimiento de incertidumbre sobre lo que podría suceder. Mario Torres, al enterarse de los sucesos en el país, decidió trasladar a su familia a la casa de un pariente, pero él mismo optó por dirigirse hacia Puerto Montt con el fin de obtener más información sobre la situación<fnref n="415" />. En su camino, se encontró con otros compañeros que llegaron al día siguiente a la residencia de otro militante en la ciudad de Llanquihue. Entre los que se reunieron allí junto a Mario Torres estaban José Felmer, Mario Cárcamo y Francisco Avendaño. Según relata la persona que los recibió: "se hospedaron en mi casa durante tres días, hasta el día dieciséis, cuando, al ver que la situación estaba relativamente tranquila, decidieron continuar su viaje hacia el Asentamiento el

<footnote n="412">⁴¹²Declaración, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 98.</footnote>

<footnote n="413">⁴¹³Declaración, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 101</footnote>

<footnote n="414">⁴¹⁴Declaración, “Informe Policial N° 595”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 131.</footnote>

<footnote n="415">⁴¹⁵Corte de Apelaciones de Puerto Montt, “Oficio P-N° 700-2008”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, s/f.</footnote>
Toro"<fnref n="416" />. Finalmente, este grupo llegó a su destino durante la tarde del 19 de septiembre, con el objetivo de refugiarse en el lugar<fnref n="417" />.

Durante el mismo período, comprendido entre el 11 y el 20 de septiembre de 1973, el CAJSI de la IV División, con sede en Valdivia, recibió información sobre la existencia de células guerrilleras en su jurisdicción. Asimismo, el oficial a cargo de la Tenencia de Carabineros de Fresia, René Villarroel, reportó al Jefe de la Plaza sobre la presencia de un supuesto grupo subversivo que planeaba atacar su destacamento<fnref n="418" />. Según el mismo oficial, se constató que los campesinos estaban siendo instruidos militarmente en una escuela de guerrillas dirigida por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y que el Asentamiento el Toro de Fresia era su centro operacional<fnref n="419" />. Como resultado de esta información, el Comandante del CAJSI ordenó a sus departamentos la planificación del asalto y el desalojo del asentamiento, involucrando a parte de sus unidades operativas y de contrainteligencia, las cuales se desplegaron de inmediato en la comuna para llevar a cabo el análisis y la preparación.

La responsabilidad de llevar a cabo esta misión fue asignada al Oficial Eugenio Covarrubias. Su tarea consistió en analizar las condiciones geográficas y topográficas a las que se enfrentaría el contingente de las Fuerzas Armadas al momento de "enfrentarse" con las fuerzas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Siguiendo el relato del Oficial ® Covarrubias:

> El terreno donde se ubicaba el fundo era mayormente plano, con una primera parte sinuosa. A continuación, a una distancia de entre cincuenta y cien metros, comenzaba un cerro boscoso característico de la cordillera de la costa. Este cerro era en parte impenetrable debido a su densa vegetación. Entre la zona llana y el cerro había una extensión de aproximadamente veinte hectáreas, y era en este lugar donde se encontraba el asentamiento. En el lugar había dos galpones construidos en madera, la típica madera de establos que formaban una 'L'. El vértice de la 'L' se orientaba al oeste. No había viviendas, se trataba de un lugar que si lo ocupaban las familias, su instalación era

<footnote n="416">⁴¹⁶Declaración, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f.95.</footnote>

<footnote n="417">⁴¹⁷Declaración, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, s/f.</footnote>

<footnote n="418">⁴¹⁸Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f. 576.</footnote>

<footnote n="419">⁴¹⁹Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2013, f. 1942.</footnote>
precaria<fnref n="420" />.

Basándose en estas consideraciones, se planificó el despliegue del operativo militar teniendo en cuenta la forma en "L" de los galpones del asentamiento. Covarrubias explica que en la organización de la operación, dividió a los funcionarios militares en diferentes puntos de despliegue. A la Armada se le asignó la posición en el vértice "L" del asentamiento, con la misión de impedir cualquier posibilidad de fuga por parte de los campesinos. El Ejército tenía la responsabilidad de resguardar la entrada principal del predio. Carabineros, por su parte, se encargaría de ingresar al fundo por el costado oeste de los galpones. Por último, la Fuerza Aérea debía estar ubicada en el lado oeste del despliegue en caso de que no se pudiera contener la situación. Para ello, el CAJSI coordinó la movilización de un contingente de cien hombres, apoyados por helicópteros y varios vehículos militares<fnref n="421" />, y se encargó de establecer los lugares a los que se llevaría a los detenidos<fnref n="422" />. En base a esta planificación, se estableció una zona de acción y se fijó la fecha para la ejecución del asalto: la madrugada del 20 de septiembre de 1973.

Dado que esta misión tenía un carácter altamente confidencial, las altas autoridades de las Fuerzas Armadas y de Orden Público informaron a los equipos operativos sobre la operación con tan solo un día de anticipación a su ejecución. En base al relato del Carabinero ® Luis Lopetegui, él recibió la notificación acerca de la operación el 19 de septiembre. En consecuencia, en la madrugada de la fecha del ataque, fue recogido y conducido hacia el Regimiento Sangra:

(...) en ese lugar, había personal del Ejército, de la Fuerza Aérea y nosotros éramos el único personal de Carabineros que se veía en ese momento nos pasaron pasta de zapato, para pintarnos la cara y mimetizarnos, luego de esto formamos una caravana partimos luego supe a un sector rural cercano a la localidad de Fresía, donde llegamos en vehículo hasta cierta parte, luego nos formaron nuevamente y nos dividieron por grupos, quedando a cargo de un Oficial, quienes nos hicieron avanzar por el bosque y los matorrales en hilera, llegando hasta un punto donde nos ordenaron desplegarnos en un sector, quedando ocultos entre el matorral del lugar, esperando que amanezca y la llegada

<footnote n="420">⁴²⁰Ibid.</footnote>

<footnote n="421">⁴²¹Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f, 577.</footnote>

<footnote n="422">⁴²²Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f, 597.</footnote>
de unos helicópteros<fnref n="423" />.

Cuando el contingente llegó al lugar y se preparó para el enfrentamiento con la supuesta guerrilla<fnref n="424" />, se presentaron ante el oficial coordinador operacional e de inteligencia de la misión, Eugenio Covarrubias. Este oficial asignó a cada unidad una zona de acción específica y se mantuvo en comunicación por radio para asegurarse de que cada unidad estuviera en su posición previamente designada en la planificación<fnref n="425" />.

Bajo este preludio, durante el día 20 de septiembre, mientras las familias desayunaban, observaron cómo un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevolaba el asentamiento, lanzando bombas sobre las praderas, provocando fuertes explosiones. Este incidente dio a entender a los vecinos que se estaba produciendo un enfrentamiento<fnref n="426" />. Las familias que residían cerca del asentamiento también se vieron sobrecogidas al escuchar las explosiones de las bombas y al observar desde las rendijas de sus ventanas cómo el helicóptero apuntaba con sus ametralladoras<fnref n="427" />. Este acto sirvió como señal para que el contingente militar se desplegara<fnref n="428" />. Siguiendo el relato del Carabinero ® Luis Lopetegui: "Se nos ordenó avanzar hasta el claro del campo con vista a un galpón y una casa que había en el lugar"<fnref n="429" />. A continuación, los miembros de las Fuerzas Armadas realizaron una demostración de fuego con todas sus armas, lo que obligó a quienes se encontraban dentro de una barraca a salir con las manos en alto<fnref n="430" />.

Mientras tanto, otra parte del contingente comenzó a allanar las casas de las familias. Su objetivo era, en primer lugar, tratar de detener a varias personas de su interior. Como consecuencia, algunos intentaron huir en diferentes direcciones, pero fueron detenidos por el personal que custodiaba el perímetro<fnref n="431" /> bajo el mando del Oficial Edinson Chávez<fnref n="432" />. El Oficial ® Eugenio Covarrubias relata que, al ingresar a las barracas, encontraron a mujeres que aparentemente eran las esposas de los

<footnote n="423">⁴²³Declaración Luis Lopetegui, “Informe Policial N° 291/00703”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2009, f. 423.</footnote>

<footnote n="424">⁴²⁴Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f, 576.</footnote>

<footnote n="425">⁴²⁵Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f, 596.</footnote>

<footnote n="426">⁴²⁶Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f, 596.</footnote>

<footnote n="427">⁴²⁷Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2008, f. 68.</footnote>

<footnote n="428">⁴²⁸Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit., f.96.</footnote>

<footnote n="429">⁴²⁹Declaración Luis Lopetegui, “Informe Policial N° 291/00703”, op. cit.</footnote>

<footnote n="430">⁴³⁰Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f. 576.</footnote>

<footnote n="431">⁴³¹Ibid</footnote>

<footnote n="432">⁴³²Declaración Edinson Chávez, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2008, f. 152.</footnote>
campesinos<fnref n="433" />. Una de ellas menciona que fueron llevadas hasta un cerco, donde los militares "nos tuvieron todo el día de pie (...) y como a las seis de la tarde nos dejaron regresar a la casa"<fnref n="434" />.

En segundo lugar, los efectivos comenzaron a registrar cada rincón del asentamiento. Un residente explicó que los militares "revisaban minuciosamente cada centímetro del campo"<fnref n="435" />. Esta búsqueda se vio reforzada por los helicópteros que arrojaban bombas en los bosques circundantes, además de realizar un reconocimiento aéreo exhaustivo del sector vecino. El objetivo de esta operación, en palabras de Eugenio Covarrubias, era "buscar y seleccionar toda la información que se encontrara para las instituciones", lo que incluía la recuperación de documentos relacionados con el funcionamiento, primeros auxilios, seguridad y procedimientos<fnref n="436" />.

Desde otra arista de la operación, al instante en que el fundo quedó rodeado, todos los hombres son detenidos por parte del contingente militar. Una de las hijas de Oscar Arismendi recuerda que en el momento en que escuchó las explosiones, su padre salió de su casa y recibió la orden de tirarse al suelo<fnref n="437" />. Prácticamente todos los hombres que salieron de sus hogares experimentaron la misma situación al ser detenidos por los militares. Por esa razón, fueron conducidos a un galpón donde sufrieron maltratos durante todo el día<fnref n="438" />, además de ser sometidos a un proceso de identificación y elaboración de la lista de detenidos<fnref n="439" />. En ese lugar, fueron recibidos por funcionarios de las Fuerzas Armadas, junto con el Teniente René Villarroel, quien era responsable de llevar a cabo torturas y dar órdenes en ese sitio<fnref n="440" />. Uno de estos hombres relata su experiencia en este lugar, donde el Jefe de la Tenencia de Fresia: "me cogió la polera y la tiró hacia arriba, cubriéndome la cara, me ataron las manos a la espalda con pita. Pensé: este me va a pegar, y así fue, comenzó a golpearme con golpes de puño y me dieron culatazos en la espalda"<fnref n="441" />.

Incluso, algunos vecinos que no residían en el fundo también fueron víctimas de la operación. Uno de ellos recuerda que mientras estaban mientras estaban ensillando sus caballos, divisaron dos helicópteros militares que sobrevolaban el sector a muy baja altura y se

<footnote n="433">⁴³³Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit.</footnote>

<footnote n="434">⁴³⁴Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2008, f. 67.</footnote>

<footnote n="435">⁴³⁵Carta Notarial, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Notaria Publica de Santiago Enrique Morgan Torres, 2008, s/f.</footnote>

<footnote n="436">⁴³⁶Declaración de Eugenio Covarrubias, "Informe Policial N°1664", op. cit.</footnote>

<footnote n="437">⁴³⁷Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2008, f. 67.</footnote>

<footnote n="438">⁴³⁸Ibid.</footnote>

<footnote n="439">⁴³⁹Declaración Eugenio Covarrubias, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f. 597.</footnote>

<footnote n="440">⁴⁴⁰Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit. f. 67.</footnote>

<footnote n="441">⁴⁴¹Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f. 580.</footnote>
dieron cuenta de que les estaban apuntando con una ametralladora montada en un trípode desde una distancia de aproximadamente cien metros. En ese momento, escuchó disparos que pasaron muy cerca de él, por lo que se tiró del caballo. Cuando cayó al suelo, inmediatamente fueron rodeados por efectivos militares, quienes comenzaron a golpearlo con las culatas de sus fusiles en el estómago y la espalda, además de propinarle patadas, mientras le preguntaban por el paradero de supuestas armas<fnref n="442" />.

Todos los campesinos presentes en ese lugar fueron brutalmente golpeados. Según relatos, los soldados los agarraban del cabello, los levantaban a media altura desde el suelo donde estaban tendidos, y otros les propinaban patadas en el pecho<fnref n="443" />. Si esto no fue suficiente, uno de ellos relata que: “me flagelaron, golpearon, insultaron, y por tanto golpe perdí toda mi dentadura, mi cabeza quedó con feroces tutumas, habiéndome reventado los oídos y quedé orinando sangre, teniendo evidencias hasta el día de hoy del daño causado”<fnref n="444" />. Durante este tormento, los campesinos también eran sometidos a interrogatorios por parte de los militares, quienes les hacían preguntas sobre el paradero de supuestas armas y sus afiliaciones políticas. Con relación a esto, otro de ellos señala que los militares: “afirmaban la existencia de armas (...) y que además preguntaban por la existencia de un polígono de entrenamiento de tiro, cosa totalmente falsa e inexistente”<fnref n="445" />. Al finalizar el ataque al fundo, los militares decidieron dividir a los hombres en tres grupos.

Según el testimonio de uno de los campesinos, el primer grupo fue dejado dentro del galpón que se encontraba en el mismo asentamiento. Durante todo ese tiempo, fueron sometidos a torturas constantes por parte de los militares y los carabineros<fnref n="446" />. El segundo grupo fue amarrado a árboles y sufrieron golpe tras golpe por parte de los militares<fnref n="447" />. Por último, el tercer grupo, compuesto por las cuatro personas que se encontraban de paso y habían pernoctado en el asentamiento, junto con Oscar Arismendi, José Barria Barria y Sergio Ángulo Cárdenas, fueron dejados boca abajo afuera del galpón mientras los efectivos los apuntaban con sus armas<fnref n="448" />, a la vez que el Teniente René Villarroel caminaba sobre sus torturados cuerpos<fnref n="449" />.

<footnote n="442">⁴⁴²Declaración, “Informe Policial N° 595”, op. cit.</footnote>

<footnote n="443">⁴⁴³Declaración, “Informe Policial N° 595”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 133.</footnote>

<footnote n="444">⁴⁴⁴Declaración, “Informe Policial N° 595”, op. cit.</footnote>

<footnote n="445">⁴⁴⁵Ibid.</footnote>

<footnote n="446">⁴⁴⁶Declaración, “Informe Policial N° 595”, op. cit.</footnote>

<footnote n="447">⁴⁴⁷Carta Notarial, Expediente Causa 10.819, op. cit.</footnote>

<footnote n="448">⁴⁴⁸Declaración, “Informe Policial N° 595”, op. cit.</footnote>

<footnote n="449">⁴⁴⁹Declaración, Expediente Causa 10.819 op. cit., f. 62.</footnote>
Cuando concluyó la operación, el primer y segundo grupo fue trasladado a la Tenencia de Fresia. El Oficial ® de Carabineros, Rene Villarroel, relata que todos estos hombres fueron retenidos en el patio del retén y posteriormente se les ordenó presentarse a firmar día por medio en la guarnición<fnref n="450" />. Sin embargo, una de las personas detenidas menciona que después de presentarse en el destacamento y firmar algunos documentos, quedó en calidad de detenido y fue trasladado al Cuartel de Investigaciones, donde fue vendado y golpeado<fnref n="451" />.

Para el caso del otro grupo, este fue embarcado en un helicóptero militar esposados, vendados y casi inconscientes aproximadamente a las cinco de la tarde. Sin embargo, tal como nos comenta uno de los testigos, antes de ser subidos, el Teniente René Villarroel:

(...) conminó a OSCAR ARISMENDI tenderse en el suelo, le saca la venda de los ojos y le ordena que mire hacia atrás diciéndole: "¿Quién es el personaje que está detrás mío?, ¿si tiene armas? y ¿Dónde están las armas?", Oscar responde: "es don (...) siempre ha sido vecino mío y no tiene armas", dicho esto, VILLARROEL le hizo un disparo al lado de la cabeza, en la tierra, el que rebotó reventando boca, nariz y oídos, quedando muy mal y perdiendo el conocimiento<fnref n="452" />.

Cuando el helicóptero y la caravana militar se retiraron, las familias comenzaron a regresar a sus hogares. Una mujer señala que al ingresar a sus casas, las encontraron "todas revueltas, ya que los militares buscaban armamento, cosa que nunca encontraron, ya que mi padre era un simple campesino"<fnref n="453" />. Además, agrega que "los militares nos rompieron nuestros humildes enseres y botaron toda nuestra comida"<fnref n="454" />. Otro campesino nos relata de manera similar que "allanaron su casa y, además, robaron todo el dinero que tenía en un cajón del velador"<fnref n="455" />.

Durante el traslado hacia Puerto Montt, los efectivos militares ataron a los campesinos con sogas en sus manos y pies, mientras los golpeaban y amenazaban bajo las órdenes del Teniente René Villarroel, quien les advertía que serían fusilados al momento de aterrizar<fnref n="456" />. Según

<footnote n="450">⁴⁵⁰Declaración René Villarroel, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2009, s/f.</footnote>

<footnote n="451">⁴⁵¹Declaración, Expediente Causa 10.819 *op. cit.*, f. 224.</footnote>

<footnote n="452">⁴⁵²Declaración, "Informe Policial N° 595", *op. cit*.</footnote>

<footnote n="453">⁴⁵³Declaración, Expediente Causa 10.819, *op. cit.*, f. 67</footnote>

<footnote n="454">⁴⁵⁴Carta Notarial, Expediente Causa 10.819, *op. cit*.</footnote>

<footnote n="455">⁴⁵⁵Declaración, Expediente Causa 10.819, *op. cit.*, f. 579.</footnote>

<footnote n="456">⁴⁵⁶Ibid.</footnote>
consta en un oficio de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en ese mismo momento, Oscar Arismendi, casi inconsciente debido a las torturas sufridas, fue colgado del helicóptero, rozando su cuerpo con los árboles de los bosques que sobrevolaban<fnref n="457" />.

Finalmente, los efectivos de las Fuerzas Armadas aterrizaron en la loza de la III Brigada Aérea El Tepual. Una vez que los detenidos fueron bajados, los condujeron a un hangar de la base, donde fueron sometidos a torturas por parte de funcionarios de la Fuerza Aérea. Según el testimonio de uno de los sobrevivientes, en estas instalaciones sufrieron golpes de pies y puños, culatazos con armas, todo mientras permanecían atados<fnref n="458" />. Esta situación de tortura se prolongó durante aproximadamente dos días.

Durante el primer día de detención, esta misma persona recuerda:

(...) nos dieron duro, estábamos de pie, atados con las manos a la espalda, de cara a una pared, que tenía una media muralla de cemento, con las piernas separadas, entonces pasaba alguien, nos cogía una de las piernas y la tiraba hacia atrás, esto nos hacía perder equilibrio y golpearnos contra la pared, pero a veces caíamos y nos golpeábamos el rostro contra esa semi muralla<fnref n="459" />.

La misma persona menciona que al segundo día, los funcionarios de la Fuerza Aérea les trajeron un jarro con agua y una hallulla, pero con las manos atadas les resultó imposible servirse<fnref n="460" />. Al finalizar su estancia en este lugar, fueron subidos a un vehículo militar con los ojos vendados y trasladados al Cuartel de la Dirección de Investigaciones de Puerto Montt, donde continuaron siendo interrogados y torturados, esta vez a manos del CIRE.

Los campesinos permanecieron en este recinto durante un período de doce días, con intervalos en los que fueron llevados al Centro Clandestino del CIRE, donde fueron sometidos a torturas constantes por parte de los oficiales Caupolican Arcos, Roberto Díaz, Pedro Messen, Javier Olvarria y el Teniente Navarro<fnref n="461" />. Según consta en un oficio de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, uno de los oficiales responsables de infligir estos tormentos durante todo ese tiempo fue el Teniente René Villarroel. Él personalmente se encargaba de llevar a cabo las torturas y

<footnote n="457">⁴⁵⁷Corte de Apelaciones de Puerto Montt, “Oficio P-N° 700-2008”, op. cit.</footnote>

<footnote n="458">⁴⁵⁸Declaración, “Informe Policial N° 595 op. cit., f. 142.</footnote>

<footnote n="459">⁴⁵⁹Ibid.</footnote>

<footnote n="460">⁴⁶⁰Ibid.</footnote>

<footnote n="461">⁴⁶¹Declaración Gerardo Oyarzo, “Informe Policial N°595”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 132.</footnote>
tratos inhumanos y degradantes, ya que tenía conocimiento de que los prisioneros estaban supuestamente planeando "algo" en contra de los puestos de control en la zona<fnref n="462" />.

Mientras tanto, las familias, desesperadas por no saber el paradero de estas personas, comenzaron a buscarlos en varios centros de detención. Por ejemplo, la familia de Oscar Arismendi, después de realizar preguntas, finalmente descubrió que el dirigente campesino se encontraba en el Cuartel de la Dirección de Investigaciones. Sin embargo, se les prohibió visitarlo, ya que se encontraba en calidad de incomunicado. Como lo relata una de sus hijas: "Solo nos permitieron llevarle ropa limpia, pero en cambio, nos entregaban ropa sucia, la cual estaba muy manchada de sangre y mostraba signos evidentes de golpes"<fnref n="463" />. De acuerdo con esto, una de ellas menciona que la ropa que les entregaron dejaba en claro las condiciones en las que fue tratado su padre, destacando que:

(...) estaban algunas veces con rajaduras, pero lo que más llamaba la atención era que los botones eran arrancados con género, presumiendo que era producto del maltrato que era objeto, muy sucia, sobre todo la ropa interior, ya que los calzoncillos estaban con excrementos llegando a la conclusión que ni siquiera era llevado al baño para hacer sus necesidades, agregando que las camisas siempre estaban ensangrentadas, especialmente a la altura del estómago y el cuello, lo que nos hacía suponer que estaba herido<fnref n="464" />.

Dado que los funcionarios de Investigaciones no proporcionaban alimentos, los propios detenidos se apoyaban en actos de resistencia mutua. Esto se evidencia en el testimonio de una de las personas detenidas en la operación, quien relata que, mientras estaba en una celda incomunicado, otro detenido llamado Manuel Brito llegó. Este hombre recuerda esto claramente porque Manuel, al ser natural de Puerto Montt, recibía comida de su familia todos los días y la compartía con él<fnref n="465" />. En el mismo sentido, las familias de algunos prisioneros que no eran de la zona recibieron ayuda de personas cercanas para entregarles alimentos. La madre de Mario Torres recuerda que:

(...) la única persona cercana a la familia que acompañó

<footnote n="462">⁴⁶²Corte de Apelaciones de Puerto Montt, "Oficio P-N° 700-2008", op. cit.</footnote>

<footnote n="463">⁴⁶³Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit.</footnote>

<footnote n="464">⁴⁶⁴Declaración, Expediente Causa 10.819 op. cit., 2009, f. 563.</footnote>

<footnote n="465">⁴⁶⁵Declaración, "Informe Policial N° 595 op. cit., f. 141.</footnote>
a mi hijo Mario, cuando estaba detenido, era una sobrina de mi esposo, de nombre Erica STOCKMANN TORRES, quien vivía en esta ciudad y tenía una fuente de soda en el centro de la ciudad. Debido a esto, ella se preocupó de visitar a Mario, por ello le llevaba comida y ropa en los lugares donde estuvo detenido<fnref n="466" />.

Luego de su paso por el Cuartel de la Dirección de Investigaciones, los detenidos fueron trasladados a la cárcel de Chin Chin. En ese momento, otra persona que también estaba detenida allí compartió celda con algunas de las personas que habían sido arrestadas en el Fundo El Toro. En relación a esto, él menciona que los detenidos estaban muy preocupados por las posibles penas a las que podrían enfrentarse. Él trató de tranquilizarlos, diciéndoles que no les sucedería nada, ya que a los militares los consideraba muy cobardes. Por ejemplo, menciona que a él le habían hecho simulacros de fusilamiento varias veces, pero nunca ocurrió nada. Sin embargo, después de unos días, se enteró dentro de la cárcel de que los campesinos habían sido fusilados<fnref n="467" />. Otro testimonio importante es el del ex jefe de la Comisaría de Investigaciones de Ancud quien, al igual que ellos, estaba detenido en la cárcel. Él expone que los campesinos recibieron apremios ilegítimos en ese lugar.

(...) mientras me encontraba en la cárcel de Chin Chin, se nos ordenó a los detenidos políticos que debíamos formarnos en un patio interior del recinto penitenciario, en ese lugar se nos ordenó que debíamos formarnos de cuatro en fondo y por ningún motivo podíamos volver la vista hacia atrás, de lo contrario seríamos severamente castigados. En un momento me di cuenta que en la primera fila del grupo había un joven, quien con alguna artimaña miró hacia atrás, reconociendo a los jóvenes que posteriormente fueron fusilados, dentro de los cuales se encontraba FELMER, CÁRCAMO, AVENDAÑO y otros que no recuerdo. Es necesario agregar que recuerdo ese mismo día en horas de la noche, que llegó personal militar a buscar a los jóvenes que habían llegado durante el mediodía, siendo llevados hasta dependencias internas de Gendarmería, donde recuerdo que un militar le dio un golpe con su fusil a

<footnote n="466">⁴⁶⁶Declaración, “Informe Policial N° 595”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 128.</footnote>

<footnote n="467">⁴⁶⁷Declaración, “Informe Policial N° 372”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2009, f. 459.</footnote>
uno de los jóvenes y éste, quedó tendido en el suelo, por
lo que fue necesario llevarlo de regreso a su celda, por
medio de una camilla improvisada. Todos estos hechos
yo los pude ver, por medio de una ventana que había en
mi celda, que daba a en forma perpendicular a las
oficinas internas de Gendarmería<fnref n="468" />.

Por estos motivos, este grupo de personas se encontraba en
condiciones físicas deplorables debido a las torturas sufridas desde el
momento del allanamiento. Un hermano de Mario Torres recuerda que
cuando lo visitó se dio cuenta de que "estaba muy torturado y me pidió
que le llevara medicamentos y ropa, pero sobre todo que buscara ayuda
en Santiago para sacarlos de la cárcel"<fnref n="469" />. Es evidente que ninguno de los
detenidos recibió atención médica, pero es necesario destacar que fueron
cuidados por otros presos políticos, como Luis Gallardo, quien estuvo
junto a Francisco Avendaño y "lo ayudó con sus heridas causadas por las
torturas que sufrió"<fnref n="470" />.

Cuando se iniciaron los trámites para el Consejo de Guerra en
contra de las personas del Asentamiento El Toro, la defensa fue asignada
por el Comandante del CAJSI, Sergio Leigh. Él decidió que el abogado
comunista Hugo Ocampo sería el encargado de representarlos en el
tribunal de guerra. El sábado 13 de octubre, el auditor de la Fiscalía
Militar permitió que el abogado revisara el expediente en el que se
acusaba a las siguientes personas de planificar el Plan Z: Mario Torres
Velásquez, José Cárcamo Garay, José Felmer Klenner, Francisco
Avendaño Bórquez, Oscar Arismendi Medina, José Barría Barría, José
Benedicto Rain, Waldemar Oroz, Juvenal Sánchez Guarda y Sergio
Ángulo. La acusación solicitaba la pena de muerte para los seis primeros
y penas de prisión para los demás<fnref n="471" />. Según una declaración de Hugo
Ocampo ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en 2008, al
revisar el expediente, este constaba de al menos dos tomos, cada uno con
aproximadamente doscientas páginas, donde:

(...) constaté que existían numerosas contradicciones en
las declaraciones de los reos, lo que hacía imposible una
defensa sería en común de todos ellos, menos por un
solo abogado; estimé que por lo menos debería haber

<footnote n="468">⁴⁶⁸Declaración, “Informe Policial N° 1881”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 357.</footnote>

<footnote n="469">⁴⁶⁹Declaración Víctor Torres, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, s/f.</footnote>

<footnote n="470">⁴⁷⁰Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit.</footnote>

<footnote n="471">⁴⁷¹Ibid.</footnote>
un defensor para cada uno de los reos, con proposición de pena capital<fnref n="472" />.

El día del juicio en el Tribunal Militar<fnref n="473" />, los miembros de este se informaron de los detalles a través de una reunión llevada a cabo por la mañana. Según el testimonio del Oficial ® del Ejército Patricio Lira, al llegar se les proporcionó información verbal sobre la situación de los detenidos, principalmente que "se les imputaban los medios de pruebas y otros antecedentes generales de los hechos, globalizando toda la información"<fnref n="474" />. En este sentido, el consejo se llevó a cabo en cuatro etapas de acuerdo con las normas establecidas por el Código de Justicia Militar.

En la primera etapa del juicio, la Fiscalía Militar presentó su acusación a través de las declaraciones de testigos que implicaban a las personas en la supuesta formación de una escuela de guerrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en el asentamiento<fnref n="475" />. Según consta en el acta del Consejo de Guerra, la acusación contra los imputados era que formaban parte de un grupo armado en actividades destinadas a atacar retenes y cuerpos de Carabineros, especialmente en el sector de Fresia y otras zonas rurales. Además, se menciona que este enfoque estaba relacionado con el llamado "Plan Z", que era conocido por los servicios de seguridad de las Fuerzas Armadas<fnref n="476" />. La Fiscalía Militar utilizó como medio probatorio el informe de inteligencia realizado por el Oficial Eugenio Covarrubias durante el mismo día del allanamiento<fnref n="477" />. En el juicio, se presentaron pruebas ante los vocales del

<footnote n="472">⁴⁷²Declaración Hugo Ocampo, Expediente Causa 10.819, T I, op. cit., 2008, f. 106.</footnote>

<footnote n="473">⁴⁷³El Consejo de Guerra fue convocado por el CAJSI. Según el decreto, el juicio sería realizado a las 15:30 horas, en la sala de conferencias del segundo piso de la Intendencia, convocándose como vocales a varios oficiales de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, siendo en este caso, al Coronel Rubén Rojas Román, al Capitán de Fragata Osvaldo Schwarzemberg, al Mayor Patricio Lira y al Comandante de Escuadra Fernando Roca, siendo integrado por el consejo auditor de la Fuerza Aérea, representado por el Comandante de Escuadrilla Patricio Rodríguez. Jefatura de zona en estado de sitio Llanquihue y Chiloé, "Decreta Consejo de Guerra N°11-73", Expediente Causa 10.819: Episodio: Fundo el Toro, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2009, s/f.</footnote>

<footnote n="474">⁴⁷⁴Declaración Patricio Lira, "Informe Policial N° 2345", Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2009, f. 703.</footnote>

<footnote n="475">⁴⁷⁵Entre ellos destacan María Luisa Carrillo – ex dueña del fundo -, Gabriel Mejías Leyton, Jaime Serra García, Herrera René Villaroel Sobarzo, Fernando Concha Giordano, Edison Chávez Gallardo, Francisco Alarcón Castro, José Ule Guinao y Carlos Berrios Rodríguez.</footnote>

<footnote n="476">⁴⁷⁶Fiscalía Militar de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, "Consejo de Guerra N° 11.17", Expediente Causa 10.819: Episodio: Fundo el Toro, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2009, s/f.</footnote>

<footnote n="477">⁴⁷⁷Este informe concluyó – según el CAJSI – que los guerrilleros "se dejaron caer en ese sector desde el 29 de junio, aproximadamente, para realizar instrucción premilitar</footnote>
consejo, incluyendo el informe de inteligencia del CAJSI que afirmaba haber encontrado armas y explosivos en el Asentamiento El Toro y sus alrededores<fnref n="478" />. El fiscal Eduardo Bravo solicitó la pena de muerte para los detenidos<fnref n="479" />, invocando la aplicación retroactiva del Decreto Ley N°5, el cual aumentaba severamente las penas establecidas en la Ley N°17.798 sobre el control de armas<fnref n="480" />. Sin embargo, a pesar de la presentación de estos medios de prueba, los vocales del consejo no tuvieron acceso visual a los mismos, como lo indica el testimonio del Oficial ® del Ejército Patricio Lira en su declaración a la Policial de Investigaciones en el año 2012. Según él: “A su pregunta, en orden si nos exhibieron armamento, respondo que no, yo no vi armamento”<fnref n="481" />.

En la segunda etapa del juicio, Hugo Ocampo, el abogado defensor, recuerda que en "un momento dado me hicieron ingresar a la sala y el presidente del Consejo me habló: "Puede Ud. Leer su defensa, señor abogado", lo cual cumplí, tardando unos quince minutos en leer las tres carillas de que esta se componía"<fnref n="482" />. Su defensa comenzó con que el alegato de la Fiscalía Militar contradecía "la norma del artículo N° 11 de la Constitución Política vigente y el inciso 1° del artículo 18 del Código Penal"<fnref n="483" />, y luego "terminada esta lectura me ordenaron que me retirara, lo que hice"<fnref n="484" />.

En la tercera etapa del juicio, la tarea de los vocales era pronunciarse sobre si las personas imputadas eran culpables o inocentes de los delitos que se les atribuían. Según el testimonio del Comandante ®

<footnote>obligando a todos los asentados a participar bajo la amenaza de muerte con la cooperación del jefe del asentamiento”. En ese sentido, el mismo informe resalta que las familias campesinas fueron amenazadas de muerte en caso de que denunciaran estos actos; que existía permanente tráfico y posesión de diferentes armas y explosivos; que bajo amenaza de muerte sabían los domicilios de representantes de las FF.AA. especialmente del Regimiento Sangra; que preparaban un asalto a la Tenencia de Fresia para aniquilar al personal y apoderarse del armamento y por último, buscaban asesinar al Teniente René Villarroel. Eugenio Covarrubias, “Informe de Inteligencia del allanamiento al Asentamiento el Toro”, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2009, s/f.</footnote>

<footnote n="478">⁴⁷⁸Las armas que detalla el informe de inteligencia eran dos pistolas marca Walther calibro 9 mm, una pistola marca Flavia de entrenamiento, un revólver calibre 22 mm, dos cuchillos, un revolver marca Smith & Wesson, un rifle marca Walther, dieciséis tiros calibre 9 mm, ocho tiros calibre 22 mm, doscientos tiros calibre 22 mm, cien tiros calibre 7,62 mm, tres tiros calibre 7,62 mm a fogueo, diez tiros calibre 7 mm, un cartucho 30 mm y un cartucho 45 mm, un cajón de granadas de fabricación casera, un cajón de dinamita, un rollo de mecha y una caja de detonantes N°16. Ibid.</footnote>

<footnote n="479">⁴⁷⁹Declaración Patricio Lira, “Informe Policial N° 2345”, op. cit.</footnote>

<footnote n="480">⁴⁸⁰Declaración Hugo Ocampo, Expediente Causa 10.819, T II, op. cit., 2009, f. 572.</footnote>

<footnote n="481">⁴⁸¹Declaración Patricio Lira, “Informe Policial N° 2345”, op. cit.</footnote>

<footnote n="482">⁴⁸²Declaración Hugo Ocampo, Expediente Causa 10.819, T II, op. cit., 2009, f. 572.</footnote>

<footnote n="483">⁴⁸³Declaración Hugo Ocampo, Expediente Causa 10.819, T I, op. cit., 2008, f. 107.</footnote>

<footnote n="484">⁴⁸⁴Declaración Hugo Ocampo, Expediente Causa 10.819, T II, op. cit., 2009, f. 572.</footnote>
de la Gobernación Naval de Puerto Montt, Osvaldo Schwarzenberg, los antecedentes presentados por la fiscalía: "nos permitieron concluir que los hechos narrados eran verosímiles y graves"<fnref n="485" />.

En la última etapa del juicio, el Oficial ® del Ejército, Fernando Roca, relata que el Coronel Rubén Rojas Román informó al Comandante Sergio Leigh sobre el veredicto y que después de una conversación privada, se dio a conocer la condena<fnref n="486" />. La sentencia dictaminó la pena de muerte para las primeras seis personas mencionadas anteriormente, mientras que las demás recibieron penas menores<fnref n="487" />. El método determinado para la ejecución fue el fusilamiento, siguiendo los protocolos establecidos en esa época<fnref n="488" />. Según las declaraciones del abogado defensor, se concluye que en este proceso de gran gravedad, "los procesados no tuvieron un justo proceso, no se les otorgó garantías para que tuvieran una defensa adecuada e idónea, se infringieron normas Constitucionales y legales para condenarlos, y el procedimiento solo sirvió para justificar la aplicación de las penas que se ejecutaron"<fnref n="489" />.

Luego de recibir el fallo del Consejo de Guerra, los condenados regresaron a la cárcel para pasar sus últimos días de vida. Durante el día previo a su fusilamiento, algunos familiares tuvieron la oportunidad de estar con ellos. La hermana de José Felmer relata que su madre viajó a Puerto Montt y pudo pasar tiempo con su hijo horas antes de su ejecución, "con la tremenda impotencia de no poder hacer nada por evitar no tenerlo nunca más"<fnref n="490" />. De manera similar, la hermana de Francisco Avendaño cuenta cómo ella y su hermana viajaron a la ciudad al enterarse de la noticia, visitando a su hermano en la cárcel por última vez antes de que fuera fusilado al día siguiente<fnref n="491" />. Estos encuentros fugaces ofrecieron tener un último contacto con sus seres queridos, aunque no lograron mitigar la trágica realidad que les esperaba.

Desde otra perspectiva, el oficial designado para coordinar los preparativos del fusilamiento fue Fernando Roca<fnref n="492" />. Se eligió la Base

<footnote n="485">⁴⁸⁵Declaración Osvaldo Schwarzenberg, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T II, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2009, s/f.</footnote>

<footnote n="486">⁴⁸⁶Declaración Fernando Roca, "Informe Policial N° 2345", op. cit.</footnote>

<footnote n="487">⁴⁸⁷Ibid.</footnote>

<footnote n="488">⁴⁸⁸Declaración Osvaldo Schwarzenberg, Expediente Causa 10.819, op. cit.</footnote>

<footnote n="489">⁴⁸⁹Declaración Hugo Ocampo, Expediente Causa 10.819, T I, op. cit., 2008, f. 107.</footnote>

<footnote n="490">⁴⁹⁰Declaración, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 109.</footnote>

<footnote n="491">⁴⁹¹Declaración, "Informe Policial N° 595", Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 129.</footnote>

<footnote n="492">⁴⁹²Según lo explica el Oficial ® Fernando Roca, para llevar a cabo su misión expone que revisó "los reglamentos que disponían las preparaciones para tales efectos, que recuerdo señalaban que se debía designar un médico y paramédico, para constatar el fallecimiento, asistencia religiosa, designar el pelotón de fusilamiento y confeccionar los banquillos que se iban a ocupar". Respecto a ello, los médicos elegidos fueron los oficiales de la Fuerza</footnote>
Aérea de Chamiza de la Fuerza Aérea como el lugar para llevar a cabo esta ejecución. La elección de este lugar se basó en su discreción y seguridad. Desde la perspectiva de los oficiales, existía el temor de posibles intentos de rescate, por lo que se dispuso la presencia de soldados camuflados en los alrededores del lugar, dispersos entre la vegetación<fnref n="493" />.

Es así que durante la madrugada del 19 de octubre de 1973, los detenidos fueron trasladados a la Base Aérea de Chamiza<fnref n="494" />. En ese lugar, se les hizo sentar en bancos, con las manos, el pecho y las piernas atadas<fnref n="495" />. Además, se les vendó los ojos y se les colocó un disco de tiro rojo en el pecho<fnref n="496" />. Según el testimonio del ex funcionario de Gendarmería, Carlos Ovando, uno de los detenidos solicitó no ser vendado, y Ovando consultó al oficial a cargo, quien le permitió dejarlo sin venda<fnref n="497" />. Una vez que el pelotón de fusilamiento se posicionó para la ejecución, José Felmer les dijo a los soldados que eran inocentes de los cargos que se les imputaban<fnref n="498" />.

En consecuencia, los fusileros abrieron fuego, causando la muerte instantánea de estos hombres. Después de la ejecución, los médicos encargados tuvieron la tarea de verificar la muerte de cada uno de los fusilados, confirmando su fallecimiento y determinando que no era necesario un tiro de gracia<fnref n="499" />. Finalmente, los cuerpos de las víctimas fueron sepultados en el cementerio municipal de Puerto Montt<fnref n="500" />. Sin embargo, el proceso de sepelio estuvo marcado por un fuerte resguardo policial y no se realizó una ceremonia fúnebre, como había sido estipulado por el CAJSI. Además, en las semanas posteriores, el camposanto seguía bajo vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas. Es necesario agregar que algunas de las familias de los asesinados se enteraron del fusilamiento a través de la Radio Vicente Pérez Rosales, que transmitió el respectivo bando militar para que las familias retiraran las pertenencias en el Regimiento Sangra<fnref n="501" />. Sin embargo, en algunos

Aérea, Carlos Herrera Polini y Daniel Cancino. Por otro lado, la asistencia religiosa estuvo en manos del capellán Ibacache; y el pelotón de fusilamiento estaba compuesto por una escuadra de cinco a seis hombres de cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de orden al mando de un oficial. Declaración Fernando Roca, "Informe Policial N° 2345", op. cit.

<footnote n="493">⁴⁹³Declaración Carlos Ovando, "Informe Policial N° 291/00703", op. cit</footnote>

<footnote n="494">⁴⁹⁴Carta Notarial, Expediente Causa 10.819, op. cit.</footnote>

<footnote n="495">⁴⁹⁵Declaración Carlos Ovando, "Informe Policial N° 291/00703", op. cit.</footnote>

<footnote n="496">⁴⁹⁶Declaración Carlos Herrera, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T II, Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, 2010, f. 969.</footnote>

<footnote n="497">⁴⁹⁷Declaración Carlos Ovando, "Informe Policial N° 291/00703", op. cit</footnote>

<footnote n="498">⁴⁹⁸Ibid.</footnote>

<footnote n="499">⁴⁹⁹Ibid.</footnote>

<footnote n="500">⁵⁰⁰Carta de Leonel Ibacache a Familia Avendaño. Expediente Causa 10.819, op. cit.</footnote>

<footnote n="501">⁵⁰¹Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit., f. 90.</footnote>
casos, cuando las familias acudieron al lugar para buscar a sus seres queridos, los militares les prohibieron el acceso<fnref n="502" />.

En base a los antecedentes recados, solo el cuerpo de José Felmer fue entregado de inmediato para su traslado a su ciudad natal. Su madre y hermana solicitaron una audiencia con el Comandante Sergio Leigh, quien autorizó el traslado y éste se materializó, siendo en todo momento custodiado por personal militar hasta Chiloé<fnref n="503" />. En el caso de Oscar Arismendi, su familia se enteró de su muerte quince días después<fnref n="504" />. Su hija menciona que al perder su rastro, el Alcaide les concedió una audiencia y les comunicó que había sido condenado por un Consejo de Guerra y se encontraba muerto. Un Teniente de Gendarmería les informó que un sacerdote había estado presente en su última noche y les dejó algunas pertenencias a su nombre. Fue esta persona quien les indicó dónde estaba sepultado su padre<fnref n="505" />. Sin embargo, lo único que obtuvieron de inmediato fue la ropa ensangrentada que había sido testigo de su sufrimiento y agonía<fnref n="506" />. La familia no tenía certeza de si el cuerpo que les entregaron correspondía realmente al de su padre. Posteriormente, solicitaron la exhumación del cuerpo para trasladarlo a Fresia. Las autoridades militares les entregaron una urna metálica sellada<fnref n="507" />. A pesar de esto, todas las familias expresan su profunda incertidumbre acerca de si los cuerpos entregados son realmente los de sus seres queridos<fnref n="508" />.

También es importante destacar que las familias continuaron siendo acosadas por el Teniente René Villarroel. Una de las hijas de Oscar Arismendi relató que mientras asistía a una institución educativa en la localidad de la Isla, un día Villarroel llegó acompañado de un grupo de militares. Durante una conversación, insinuó que se estaba formando un grupo terrorista en el fundo y que todos estaban en peligro de ser atacados por estas personas<fnref n="509" />; y que él:

(...) había logrado exterminar a un grupo subversivo, que se estaba preparando para atacar a las personas de esta localidad y por los detalles que contó, me pude dar cuenta que esa gente se trataba de nosotros, de mi

<footnote n="502">⁵⁰²Declaración, Expediente Causa 10.819 *op. cit.*, f. 87.</footnote>

<footnote n="503">⁵⁰³Declaración, Expediente Causa 10.819, *op. cit.*, f. 109.</footnote>

<footnote n="504">⁵⁰⁴Declaración, Expediente Causa 10.819, *op. cit.*, f. 61.</footnote>

<footnote n="505">⁵⁰⁵Ibid.</footnote>

<footnote n="506">⁵⁰⁶Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit., f. 62.</footnote>

<footnote n="507">⁵⁰⁷Declaración, Expediente Causa 10.819 op. cit., f. 63.</footnote>

<footnote n="508">⁵⁰⁸Ibid.</footnote>

<footnote n="509">⁵⁰⁹Declaración, Expediente Causa 10.819, *op. cit.*, f. 68.</footnote>
familia, de mi padre y las otras familias que vivían con nosotros, lo cual era absolutamente falso<fnref n="510" />.

Del mismo modo, el Teniente siguió patrullando los asentamientos incluso después del fusilamiento, proclamando que él había "limpiado" la zona de los supuestos miristas. Esta persistente intimidación, junto con el acoso constante por parte de la familia Rebhien Carrillo, finalmente, obligó a todas las familias a abandonar el Asentamiento El Toro. En última instancia, es importante destacar que las investigaciones posteriores, tanto judiciales como policiales, han concluido de manera contundente que las afirmaciones iniciales y las acusaciones eran completamente infundadas y falsas<fnref n="511" />. En ese momento, las denuncias fueron presentadas por Laude Vera, Luisa Carrillo y Evaldo Rebhien. Cabe mencionar que Carrillo y Rebhien eran los antiguos propietarios del asentamiento antes de que fuera expropiado por la Corporación de Reforma Agraria debido a su improductividad<fnref n="512" />.

Resulta evidente una estrecha relación entre el Jefe de la Tenencia de Fresia y estas personas, como lo afirmó el Suboficial ® de Carabineros de dicho destacamento, José Carrillo, quien declaró: "El teniente mantenía una amistad con las personas que eran dueñas de fundos, como uno de apellido Rebhien, que frecuentaba la Tenencia"<fnref n="513" />. Además, podemos agregar que según un testimoniante, el Teniente era padrino de uno de los hijos de la familia de los ex dueños del fundo<fnref n="514" />. En resumen, esta violencia fue el resultado de una colaboración entre el CAJSI, la Tenencia de Fresia y la familia Rebhien Carrillo. En cuanto a esta última, el desencadenante de la represión contra los campesinos de El Toro se puede rastrear hasta las demandas presentadas por los campesinos durante el proceso de reforma agraria. Sin embargo, tras el golpe de Estado, los latifundistas que habían perdido sus propiedades vieron al régimen como un aliado esencial para frenar las aspiraciones sociales de las familias campesinas mediante la represión. Además de los

<footnote n="510">⁵¹⁰Ibid.</footnote>

<footnote n="511">⁵¹¹Poder Judicial, “Ministro Álvaro Mesa dicta acusación por detención ilegal, secuestro, torturas y homicidios de ejecutados por orden de consejo de guerra”. Disponible en https://www.pjud.cl/noticias-del-poder-judicial/-/assetPublisher/kV6Vdm3zNEWt/content/ministro-alvaro-mesa-dicta-acusacion-pordetencion-ilegal secuestro-tortura-y-homicidios-de-ejecutados-por-orden-de-consejo-de-guerra [Fecha de consulta: 20 de febrero de 2021].</footnote>

<footnote n="512">⁵¹²Declaración, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2008, f. 91</footnote>

<footnote n="513">⁵¹³Declaración, Expediente Causa 10.819. Episodio: Fundo el Toro, T I, Corte de Apelaciones de Puerto Montt, 2009, f. 432.</footnote>

<footnote n="514">⁵¹⁴Declaración, Expediente Causa 10.819, op. cit., 2009, f. 564.</footnote>