# De la “guerra contraterrorista” al Congreso: El activismo político de los militares excombatientes en el Perú posconflicto

Carla Granados Moya

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Carla Granados Moya. De la “guerra contraterrorista” al Congreso: El activismo político de los militares excombatientes en el Perú posconflicto. La violencia que no cesa, Éditions de l'IHEAL, pp.200-218, 2023, 10.4000/books.iheal.10720. hal-04093163

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Carla GRANADOS MOYA

Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Historia de América Latina por la Universidad Pablo de Olavide. Cursó la Maestría de Antropología con Mención en Estudios Andinos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Máster en Historia del Mundo Hispánico en la Universitat Jaume I. Se desempeñó como historiadora militar en el Ejército del Perú (2012-2017). Actualmente es candidata al doctorado en Historia adscrita al Centre de Recherche et de Documentation sur les Amériques – CNRS UMR 7227 de la Université Sorbonne Nouvelle, formación que lleva a cabo gracias a las becas otorgadas por IPRA Foundation “Dorothy Marchus Senesh” (2018), Fondation Martine Aublet-Musée du Quai Branly Jacques Chirac (2019), Institut des hautes études de défense nationale (2020), Ministère des Armées de la República Francesa (2019-2020) y el Instituto Francés de Estudios Andinos (2021).

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C ap. 9

PART. III

Herencias y reconfiguraciones
de la violencia

DE LA “GUERRA
CONTRATERRORISTA”
EL CONGRESO: EL ACTIVISMO
POLÍTICO DE LOS MILITARES
EXCOMBATIENTES EN
EL PERÚ POSCONFLICTO

Carla GRANADOS MOYA
INTRODUCCIÓN

A la luz de los resultados obtenidos en las últimas elecciones parlamentarias en el Perú, en el que ocho militares excombatientes resultaron electos como congresistas de la república,² resulta necesario promover una nueva línea de investigación interdisciplinaria que aborde con rigurosidad la “cuestión militar” y de modo más específico el papel que los militares vienen ocupando en el escenario político peruano posterior al conflicto armado interno (1980-2000).³ Este esfuerzo académico debería conducirnos a asumir la difícil tarea de responder, desde una perspectiva histórica, cultural y social, a qué nos referimos hoy en día cuando hablamos de “lo militar” o “los militares” después del sangriento período de violencia fratricida que costó la vida de más de 69 mil peruanos. ¿Cuál es el lugar que ahora ocupan estos actores en el imaginario social y en la esfera pública peruana?

El retorno a la democracia supuso el inicio de un proceso de transformación, un quiebre generacional entre los miembros de las Fuerzas Armadas, así como un cambio de paradigmas en el pensamiento militar, cuyas características se encuentran pendientes de

estudio. Aún no se ha realizado, por ejemplo, un balance acerca del impacto que pudo haber ocasionado el conflicto armado interno en la cultura militar, y más ampliamente, en la formación de los nuevos miembros de estas instituciones en el presente. Sin embargo, a estos temas de interés académico que corresponden propiamente al ámbito castrense se suman otros que vienen alcanzando una mayor trascendencia más allá de los cuarteles, es decir, aquellos que están vinculados al protagonismo de los militares en el terreno de “lo civil”, un fenómeno hasta ahora ignorado por la academia. Se trata, pues, de la incursión y el activismo político de militares retirados y licenciados del servicio militar en la vida democrática del país.

Un activismo que se destaca, hoy en día, nada menos que por una creciente participación de los militares excombatientes,

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1- V. C. T., exsecretario de organización de la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú. Entrevista realizada el 15/07/2018.

2- El 26 de enero del 2020 se llevaron a cabo Elecciones Congresales Extraordinarias en el Perú. Estas se realizaron luego que, el 30 de setiembre del 2019, mediante Decreto Supremo No 165-2019-PCM, el presidente Martín Vizcarra, en amparo a la disposición contenida en el artículo 134 de la Constitución peruana, dispusiera la disolución del Congreso de la República.

3- "Conflicto armado interno" es la categoría jurídica establecida por la Comisión de la Verdad y Reconciliación para denominar al período en que el Estado peruano enfrentó la subversión promovida por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru entre 1980 y 2000. Esta definición continúa en disputa desde el ámbito jurídico, político, ideológico, etcétera. Para más detalles sobre estos debates, véase: Gurmendi [2019].
otrora principales actores del “conflicto armado interno”. Proceso que más bien resulta evocado desde las trincheras castrenses con el nombre de “guerra contraterrorista”. Y no precisamente para simplificar las dos décadas en las que se produjeron los enfrentamientos entre los miembros de las Fuerzas Armadas y las columnas “terroristas”, como podría comprenderse. Este define los márgenes de la cultura militar y la doctrina con la que miles de agentes de seguridad estatal (militares y policías) fueron formados para dar cumplimiento por aquel entonces al mandato supremo del Estado de “destruir” al “enemigo interno”. Paradigmas que, además de no haberse desmantelado al interior de los cuarteles incluso en el posconflicto, hubieron de impactar irremediablemente en sus subjetividades, lenguajes y, por ende, en su actuación política. Encuéntrese por ejemplo en el “terruqueo”, como forma de violencia política [Aguirre, 2011], su mayor expresión.

A diferencia entonces de las recientes intervenciones militares en América Latina que parecieron –al menos coyunturalmente– anunciar el retorno de los miembros de las Fuerzas Armadas en procesos democráticos tras varias décadas de aislamiento y sometimiento al poder civil,⁴ en el Perú “los militares” nunca desaparecieron de este ámbito y mucho menos del imaginario social. Los procesos electorales presidenciales llevados a cabo en los últimos veinte años, más precisamente desde que se dio por culminado el conflicto interno y recuperó la democracia en el país (2000), paradójicamente así lo demuestran. La figura de Ollanta Humala, teniente coronel del Ejército en situación de retiro y excombatiente de la “guerra contraterrorista” quien fue candidato en el 2006 y resultó electo como presidente en el 2011, encarna el más claro ejemplo.⁵ Por esa razón, cuando planteamos la necesidad de situar a “los militares” y en especial a los excombatientes de la reciente guerra interna en el centro de nuestro estudio es, porque nos interesa en el fondo poner en cuestión su aparente homogeneidad, revelar cuáles son sus disidencias, lugares de enunciación, demandas y, más aún, lo que ellos significan para la sociedad peruana en el presente.

Estas interrogantes nos llevan a proponer a modo de ensayo tres niveles de análisis. El primero, en torno a la necesidad de reescribir la actuación de “los militares” peruanos en la historia reciente. En particular, de cara a las sentencias y procesos de

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<footnote>4- A fines del 2019, la oposición que derrocó a Evo Morales como presidente de Bolivia contó con la adhesión de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, ello marcó un hito en la región tras varias décadas de sometimiento de los militares a sus respectivos sistemas democráticos.</footnote>

<footnote>5- Ollanta Humala, teniente coronel del Ejército en situación de retiro y excombatiente de la “guerra contraterrorista”, gobernó el Perú entre el 2011 y el 2016. Subió a la palestra política en el año 2000 junto con su hermano Antauro Humala tras declararse en rebelión frente al entonces Gobierno de Alberto Fujimori. Sobre esta figura política, véase: Panfichi [2006]; Cameron [2009].</footnote>
judicialización que por diversos delitos ocurridos —corrupción, peculado, violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, etcétera— durante el conflicto armado y el Gobierno dictatorial del expresidente Alberto Fujimori se vienen produciendo en las últimas décadas. Procesos en los cuales una numerosa cantidad de efectivos todavía se encuentran inmersos. El segundo apunta a problematizar las relaciones de alteridad entre los militares excombatientes, comprender su heterogeneidad a fin de romper acaso el mito del “espíritu de cuerpo” en tanto que, como veremos a continuación, el testimonio y la experiencia bélica de un miembro del alto mando no equivale a la de un soldado de tropa. Y, tercero, reflexionar cómo es que estas diferencias se ven reflejadas en la configuración que ahora como legisladores mantienen en el actual Parlamento peruano. Aspiramos con este aporte y sobre la base de evidencias empíricas revelar el punto de quiebre de sus fracturas internas, historiar e interpretar sus disidencias, en un intento por comprender el horizonte político de los militares excombatientes de la “guerra contraterrorista” en el posconflicto peruano.⁶

## REESCRIBIR LA HISTORIA DE LA GUERRA RECIENTE Y EL RÉGIMEN DICTATORIAL DE LOS NOVENTA

Como recordaremos, el conflicto armado interno tuvo sus inicios en la década de 1980, cuando las organizaciones comunistas Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se alzaron en armas en contra del Estado peruano con el propósito de subvertir el orden democrático e imponer un nuevo sistema de gobierno.⁷ En respuesta, el Estado intentó contener la violencia terrorista con sus fuerzas policiales. Sin embargo, ante su incontrolable expansión, decidió a fines de 1982 militarizar el conflicto, ordenando la inmediata movilización de las Fuerzas Armadas a las zonas declaradas en emergencia. Iniciados los enfrentamientos armados frente a los grupos subversivos, el conflicto logró expandirse desde Ayacucho (epicentro del conflicto) a los Andes sur centrales y posteriormente a la alta Amazonía peruana, abarcando hacia la década de los 90 casi todo el territorio nacional [Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, 2012].

Ante la incapacidad política para dirigir la “lucha contrasubversiva” y resolver los

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6- Entre el 2012 hasta principios del 2020, sostuvo innumerables entrevistas con militares retirados, especialmente con excombatientes de la "guerra contraterrorista" de diferentes grados y rangos.

7- Paradójicamente, la aparición de estas organizaciones comunistas y el inicio de su "lucha armada" se produjo en el contexto de la transición democrática en el Perú, es decir, justo después del fin de un largo período de Gobierno militar (1968-1980). Véase: Aguirre & Drinot [2018].
problemas que le dieron origen al conflicto como la desigualdad, la extrema pobreza e incluso la misma ausencia del Estado en diversas regiones del país, los Gobiernos de Fernando Belaunde (1980-1985) y Alan García (1985-1990) terminaron por encomendar principalmente al Ejército no solo la responsabilidad de la conducción del combate, sino también el gobierno interior de las zonas declaradas en emergencia [Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008, pp. 18, 24, 34].⁸ Ante este poderoso encargo, los militares de entonces tuvieron que alistarse para una guerra en su propio territorio con el mandato de destruir al “enemigo interno”. Hacia fines de la década de los ochenta, el paradigma de la “legítima defensa del Estado”, interiorizada al extremo por los militares como un deber absoluto, provocó el menosprecio de los principios del Estado de derecho. Se abrió así paso a una violencia desalmada, de terror contra terror, que se prosiguió en la década de los noventa.

En 1990, el expresidente Alberto Fujimori (hoy condenado a prisión por delitos de corrupción y lesa humanidad) asumía el Gobierno mediante elecciones democráticas y en medio del conflicto. Con un país en guerra, una economía en recesión, así como un aparato estatal caracterizado hasta entonces por su fragilidad democrática, el expresidente Fujimori encontró en estas condiciones de desgobierno la coyuntura “ideal” para llevar a cabo el golpe de Estado de 1992 con el apoyo del alto mando de las Fuerzas Armadas [Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008, pp. 457]. Con este funesto acto, Fujimori impuso un régimen dictatorial que se sostuvo hasta el año 2000 de la mano de su asesor Vladimiro Montesinos, un oficial retirado del Ejército quien fue el responsable de implementar y dirigir desde la sombra un complejo sistema de corrupción que involucró a todos los niveles del Estado, razón por la cual también hoy se encuentra en prisión. Por las características de este proceso que transcurrió entre 1990 y el 2000, este período de gobierno recibió, desde los medios de comunicación, el nombre de “dictadura fujimontesinista” [Burt, 2011].

A la luz de las sentencias judiciales por casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra contraterrorista” y el régimen dictatorial de Fujimori, e incluso de aquellos procesos que se encuentran aún en investigación, ha sido posible conocer con más detalle cómo es que Vladimiro Montesinos logró tomar el control de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, cómo obtuvo el respaldo de los altos mandos

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<footnote>8- De acuerdo con el Informe de la CVR, los gobernantes civiles adoptaron esta denominación cuando dieron paso a la militarización del conflicto, es decir, cuando abandonaron sus fueros y dejaron la conducción de esta lucha contra las organizaciones subversivas en manos de las Fuerzas Armadas.</footnote>
militares y sus subalternos, quienes no fueron exentos de sabotajes, sobornos, extorsión, tráfico de influencias, entre otras formas de coerción que fueron también aplicadas a diversas figuras políticas y empresariales en el ámbito civil.⁹ Dichas prácticas al interior de los cuarteles derivaron no solo en la sumisión por voluntad o por fuerza de las corporaciones militares en todos los niveles jerárquicos que finalmente fueron puestos al servicio del régimen; sino que, al tomar el control del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos comandó y encargó a los agentes de inteligencia la realización de operaciones de "guerra sucia" contra todo aquel que intentara oponerse al régimen. Organizó para ello grupos paramilitares de aniquilamiento como el famoso Grupo Colina, llegando incluso a hacer uso del Cuartel General del Ejército como máximo símbolo de poder para imponerse en el mundo castrense tras convertirlo en su "casa de gobierno" [Burt, 2011, pp. 258].¹⁰

De esta manera, la “guerra contraterrorista” bajo la dictadura
fujimontesinista giró hacia una nueva estrategia, no solo en la
conducción militar sino también en la política, por lo que se convirtió en
la “lucha por la pacificación”¹¹. Si bien este cambio de denominación
implicó un viraje político sobre la concepción del conflicto interno que
culminó con la victoria del Estado sobre las organizaciones subversivas
tras involucrar a la población civil en la derrota “terrorista”, tuvo un
doble propósito. Resultó en una campaña sicosocial producida por un
calculado sistema de operaciones de información que buscó manipular
los medios de comunicación y la opinión pública con el pretexto de la
pacificación nacional para perpetuarse en el poder.

Hasta este punto de la historia, existía una imagen generalizada acerca del unánime y rotundo respaldo de los miembros de las Fuerzas Armadas a la dictadura fujimontesinista. Sin embargo, pensamos que esta concepción ameritaría ser puesta en cuestión dado que estas instituciones castrenses con recurrencia homogenizadas poseen tres componentes: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea. Siendo así, no solo no tuvieron las mismas misiones en las operaciones bélicas llevadas a cabo durante la "guerra contraterrorista", sino que su actuación durante el régimen dictatorial fujimontesinista se produjo a distintos niveles e implicancias. Entre ellas existen, además de disímiles procesos históricos, abismales diferencias en cuanto a su cultura militar, su doctrina y

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9- Actualmente, estos procesos se encuentran a cargo
la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de
Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, y
antes del 2020 a cargo de la Sala Penal Nacional.

10- Ver, además: Jara [2019]; Uceda [2019].

11- Este cambio se puede observar más explícitamente en el Decreto Legislativo No 733, Ley de Movilización Nacional, promulgada el 8 de noviembre de 1991.
particularmente su conformación social. El Ejército, por ejemplo,
al ser responsable del ámbito terrestre y el que mayor cantidad
de efectivos posee, fue la institución que, como señalamos,
asumió la conducción militar del conflicto, por lo tanto, la que más
bajas humanas sufrió y produjo, así como el que más desgaste
institucional, logístico y moral soportó.

Sin embargo, si existen estas características dispares entre
las instituciones que integran las Fuerzas Armadas, aquellas se
refuerzan aún más en relación a la cantidad de efectivos que
la conforman. Se calcula que solo el Ejército durante la "guerra
contraterrorista" tuvo una fuerza en promedio de 60 mil efectivos
anuales, divididos en oficiales (10%), técnicos y suboficiales (12%),
y personal de tropa del servicio militar (67%), es decir, participó con
más de un millón de efectivos durante las dos décadas que perduró
la contienda.¹² De esta manera, cuando se habla de "los militares"
en las dos décadas de conflicto interno, habría que distinguir en
primera instancia los períodos del conflicto en que combatieron,
el poder que tuvieron en la toma decisiones, los que mayores
violaciones a los derechos humanos cometieron e incluso los
que mayores afectaciones sufrieron en su condición de personal
militar subalterno. Si se quiere, implicaría realizar un ejercicio de
humanización de "los militares", usualmente tratados e imaginados
como simples maquinarias de guerra o de la muerte, sin que ello
implique, por supuesto, redimirlos de sus
responsabilidades morales.

Por estas disparidades, creemos
que a "los militares" no solo los dividiría
el lugar que ocuparon durante la "guerra
contraterrorista" y el régimen dictatorial,
sino más aún las experiencias y disidencias
marcadas por un pasado común que
vienen poniendo de manifiesto y que
proponemos serían los catalizadores de
su comportamiento en el presente
político peruano. Los últimos procesos de
judicialización con relación a los "casos
emblemáticos" por violaciones a los
derechos humanos,¹³ así como la aparición
en la esfera pública de "otros" militares
invisibilizados y subestimados durante este
período, nos invitan a reescribir su actuación
en la historia reciente, como veremos a
continuación.¹⁴

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<footnote>12- Esta cifra ha sido estimada sobre la data publicada en diversas fuentes. Para más detalles, ver: Albarracín [2016]; Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú [2012, pp. 292]; y Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo e Instituto de Defensa Legal [2009, pp. 2].</footnote>

<footnote>13- Esta es una denominación oficial que emplea el Ministerio de Justicia, cuyas audiencias al mismo tiempo son televisadas y puestas a disposición del público a través del siguiente canal: [En línea] https://justiciatv.pj.gob.pe/casos-emblematicos/</footnote>

<footnote>14- El 31 de agosto del 2016, se dictó la sentencia de "La masacre de Accomarca" del 14 de agosto de 1985, en la cual 69 personas fueron muertas por efectivos del Ejército. El expediente judicial de este hecho permitió conocer los niveles de actuación de los militares como es el caso los soldados de tropa quienes fueron reclutados forzosamente como parte del servicio militar.</footnote>
DISTINGUIR LAS DISIDENCIAS Y LOS LUGARES DE ENUNCIACIÓN

La yuxtaposición de la “guerra contraterrorista” y la dictadura fujimontesinista, ocurridas entre las décadas de 1980 y 1990, generaron un ciclo de violencia fratricida, acaso la más catastrófica de toda la historia republicana tras ocasionar la muerte de más de 69 mil personas, y en total cerca de 227 mil víctimas por violaciones a los derechos humanos [Consejo de Reparaciones-Registro Único de Víctimas, 2018, pp. 34]. Desgarradoras cifras atribuidas, en primer lugar, a Sendero Luminoso, responsable del 54% de muertes y desapariciones; y, en segundo lugar, a los agentes de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Policía, Comités de Autodefensa y los grupos paramilitares causantes del 37 % [Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008, pp. 9].

Con el fin del régimen dictatorial fujimontesinista hacia los últimos años de la década de 1990, se dio por culminado el conflicto armado interno, abriéndose así una nueva etapa de retorno a la democracia en el Perú. ¿Pero qué pasó entonces con miembros de las Fuerzas Armadas que participaron de estos procesos en el contexto posterior del conflicto? ¿A dónde fueron a parar las historias de los militares protagonistas, testigos, partícipes o víctimas de este oscuro pasado?

Con el propósito de reconstruir el proceso de violencia ocurrida durante estas dos décadas de horror, el expresidente Valentín Paniagua, encargado de la transición democrática, dispuso en el año 2000 la conformación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo Informe Final fue entregado en el 2003 durante el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Como una forma de abrir paso a la verdad, la CVR realizó durante su mandato audiencias públicas a nivel nacional, fundamentalmente en las regiones que habían sido arrasadas por el conflicto, a fin de identificar a las víctimas y revelar in situ los niveles de violencia alcanzados. Producto de este encomiable esfuerzo se registraron cerca de 16 mil testimonios. No obstante, dichas audiencias privilegiaron el recojo de los testimonios provenientes de la población civil, mas no así el de los agentes de Seguridad del Estado y mucho menos de los miembros de las organizaciones subversivas. De este modo, tanto policías como militares quedaron, por así decirlo, fuera del amplio proceso de memoria, verdad y justicia frente a su tratamiento casi exclusivo bajo la figura de los perpetradores, aun cuando en innumerables casos también fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales no solo por parte de las organizaciones
subversivas sino por parte del propio Estado; afectaciones que aún
continúan pendientes de judicialización, como es el caso de los
soldados de tropa del servicio militar obligatorio.¹⁵

La categórica medida por parte de la CVR en torno a la búsqueda de la “víctima inocente”¹⁶, resultó entonces con la exclusión de los militares a contar su “verdad”, lo que además imposibilitó que ellos mismos afrontaran y confrontaran sus responsabilidades en audiencias públicas. Estas omisiones trajeron consigo serias y amplias controversias en la sociedad peruana, irresueltas hasta hoy. Una decisión que posteriormente los mismos miembros de la CVR reconocieron como error metodológico [Peru21, 2012].¹⁷

Si bien las Fuerzas Armadas, o lo que equivale decir su
personal en actividad, han demostrado en las dos últimas décadas
un comportamiento de sumisión ante el poder civil, es decir, a los
Gobiernos y autoridades políticas elegidas democráticamente, ello
no ha significado la despolitización de sus miembros.

Más allá de los estudios pendientes acerca del “trauma”, es
decir, el impacto de la experiencia bélica que pudo haber originado
la “guerra contraterrorista” (por los horrores vividos y producidos),
así como el régimen dictatorial fujimontesinista en las subjetividades

políticas de los militares, podemos
afirmar que ambos momentos históricos
ocasionaron serias escisiones al interior de
la corporación de efectivos de las Fuerzas
Armadas. No es de sorprender por ello que,
desde los intramuros de sus instalaciones,
se produzcan incluso hasta hoy los más
encendidos debates intergeneracionales
acerca de estos procesos, lo que desvirtúa
en cierto modo la creencia generalizada
respecto a la unánime postura negacionista
de los militares e incluso su apuesta a favor
del olvido. Contrario a lo que la opinión
pública pudiese esperar, los militares
no olvidan, aunque sus recuerdos no
necesariamente resulten los mismos. Existe
una creciente bibliografía producida por los
propios militares que da cuenta de estas
diferencias.¹⁸

En el caso particular de los oficiales,
estas tensiones suelen evidenciarse por

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15- La “leva” fue un procedimiento militar de reclutamiento forzado, provocó la pérdida de la libertad de miles de niños, adolescentes y jóvenes, mayoritariamente de origen e idiomas indígenas, iletrados y de extrema pobreza, el umbral para la violación sistemática de sus derechos fundamentales Véase: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos [1997]; Defensoría del Pueblo [1997, pp. 18].

16- Sobre esta categoría, véase: Robin & Delacroix [2017].

17- Cabe resaltar que la CVR estuvo conformada por once comisionados y un observador, entre ellos y un representante de las Fuerzas Armadas el teniente general FAP en retiro Luis Arias Grazziani, Véase: Comisión de la Verdad y Reconciliación [2003].

18- Véase: Gavilán [2019, 2012]; Segura [2019]; Freyre [2018]; Montoya [2008].
ejemplo entre los integrantes de una misma promoción militar.¹⁹ Más allá de sus sentidos de pertenencia e identidades definidas por las armas y servicios en los que fueron formados, estas distinciones no los dividen tanto como su experiencia de combate.²⁰ Existe, pues, un abismo de pasados casi irreconciliables entre quienes fueron combatientes durante la guerra interna y quienes no, por ejemplo. Por un lado, se encuentran los militares que fueron enviados al frente en los inicios de su carrera militar cuando ocupaban grados de oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), cuyas edades oscilaron entre los 22-27 años, y quienes hoy sostienen haber sido “sacrificados” en sus ascensos y vida familiar para “devolverle la paz al país”. Por otro lado, se encuentran aquellos que, aun teniendo la misma obligación, por diversas razones lograron exceptuarse de esta misión.

Los excombatientes de manera general sindican a los no combatientes de “haberse favorecido de los ascensos” que muchas veces les negaron o les correspondían por antigüedad.²¹ Refieren además que estos “otros” militares, que “no enfrentaron al terrorismo”, se “aprovecharon” de sus logros en combate y de los “beneficios que la dictadura fujimontesinista les ofrecía” a cambio de “sumisión y lealtad” al régimen. En el mismo sentido, manifiestan que mientras ellos “hacían la guerra” en las zonas rurales más inhóspitas y “olvidadas del país”, los políticos “aprovechaban la victoria militar sobre los terroristas en el campo” para aumentar su aprobación popular “en la ciudad” y perpetuarse en el poder.²²

Similares confrontaciones generacionales pueden observarse entre los relatos de militares que ocuparon puestos en el alto mando frente a los subalternos en el trascurso de aquellas dos décadas de horror, pues en muchos casos “los militares” no profesionales y de menor jerarquía resultaron sometidos a la guerra o a la dictadura por medio de la violación a sus derechos fundamentales, asesinatos, desapariciones, torturas, reclutamiento forzado, violaciones sexuales, etcétera, que, como señalamos específicamente, fue el caso de los soldados de tropa del servicio militar obligatorio [Theidon, 2004, pp. 121-122].

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19- Los miembros de las Fuerzas Armadas están divididos entre oficiales superiores y subalternos; técnicos y suboficiales; así como clases y soldados del servicio militar (sargentos, cabos y soldados).

20- Las armas y servicios son las especialidades militares. En el caso del Ejército se distinguen entre: infantería, caballería, artillería, ingeniería, intendencia, material de guerra, servicio jurídico, sanidad, veterinaria e incluso el servicio de inteligencia.

21- “La antigüedad” alude al “tiempo que un individuo permanece en la Fuerza Armada, o en una clase o categoría y que le confiere mando y ciertos derechos reglamentarios”. En la cultura castrense, “la antigüedad” define el estatus de sus miembros, es una marca de diferenciación inquebrantable en las relaciones de poder y prerrogativas que son ejercidas incluso si un militar es retirado.

22- Estas expresiones en comillas han sido recogidas durante innumerables entrevistas con oficiales excombatientes en situación de retiro, quienes me brindaron sus testimonios entre los años 2012 y 2018. El énfasis es mío.
Por estas fisuras, pensamos que cualquier intento de comprender las sutilezas del comportamiento político y las disidencias de los militares peruanos en el presente pasaría antes por el análisis de sus relaciones de alteridad, poder, jerarquías, experiencias militares e incluso por sus historias de vida. En otras palabras, identificar e interpretar su lugar de enunciación, cruzar el umbral hacia sus subjetividades militares.

LA CONFIGURACIÓN DE LOS
MILITARES EXCOMBATIENTES
EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Los resultados obtenidos en las últimas elecciones congresales extraordinarias 2020 confirman, una vez más, la continua inmersión de los militares peruanos en la vida democrática del país, en esta oportunidad y a diferencia del pasado –como lo señalamos– mediante la sorpresiva aparición de un número importante de excombatientes partícipes de la “guerra contraterrorista”. Ocho de los ciento treinta escaños que conformaron el Parlamento durante el período legislativo extraordinario 2020-2021 fueron ocupados por veteranos: dos oficiales superiores y seis licenciados del servicio militar, todos anteriormente efectivos del Ejército. Un hecho que vuelve a demostrar que ni la condición de militares en “retiro” o de “baja” del servicio activo, así como el historial bélico que pesa sobre sus hombros en calidad de excombatientes de la guerra interna, tal como ocurrió con la elección presidencial de Ollanta Humala en el año 2011, constituyeron limitantes en su activismo político, y menos aún les impidieron obtener un masivo respaldo popular.

Al contrario, al volver a la civilidad tras recuperar plenamente todos sus derechos fundamentales,²³ los militares retirados y en particular los excombatientes han encontrado en la política otro escenario para librar laluchas que quedaron pendientes durante la guerra interna y la dictadura fujimontesinista, aunque ello no suponga, al menos por ahora, la defensa de una misma trinchera política. Pues, si bien, en su reincorporación a la vida civil, estos mal llamados “exmilitares” no renuncien a la identidad militar y por ende “jamás” se sientan identificados bajo esa categorización,²⁴ este aparente sentido de pertenencia no borra en absoluto las jerarquías y disidencias que mantienen entre sí.

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23- Artículo 58: "El Oficial en situación de retiro ejerce, sin limitación alguna, los derechos y obligaciones consagrados en la Constitución Política del Perú" [Decreto Legislativo No 1143 que modifica la Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas]. Sobre el tema, véase: Donayre [2002]; Coordinara Nacional de Derechos Humanos [2010].

24- La condición de “exmilitar” no existe oficialmente en el Perú y menos aún en el imaginario castrense. “Un soldado jamás deja de serlo” como precepto de la doctrina castrense. Cuando este término es empleado por los líderes de opinión al momento de analizar el comportamiento de los militares retirados, los extraen de su lugar de enunciación, protagonismos y horizontes políticos.
Estas divergencias al interior de los excombatientes pueden apreciarse con mayor claridad en las posiciones políticas que adoptaron durante la pasada campaña electoral, así como en los diferentes roles que desempeñaron frente a sus bancadas, pero más aún en el emplazamiento y las relaciones de poder que vienen construyendo ya no como militares sino más bien como políticos. Bastó solo con observar la configuración que estos excombatientes mantuvieron en el Parlamento para poner en relieve las no tan delgadas líneas que los separan de sus agendas.

Mientras que, en un primer plano, se encontraban ubicados los excombatientes de mayor graduación, divididos en diferentes bancadas y siguiendo carreras políticas individuales, como es el caso del general de división EP (r) Otto Guibovich,²⁵ vocero de Acción Popular y del general de brigada EP (r) Daniel Urresti,²⁶ vocero de Podemos Perú. En el otro extremo, se situaron en cambio, y también distribuidos en diversos partidos, los seis licenciados del servicio militar que al homologárseles como parlamentarios representaron de forma colectiva los intereses políticos de quienes constituyeron numéricamente la mayor fuerza humana que soportó la guerra interna: la tropa. Es decir, se trató de un sólido grupo de parlamentarios que se han convertido en portavoces de aquellos excombatientes que ocuparon el nivel más bajo en el escalafón militar: sargentos, cabos y soldados.

"La tropa al Congreso" fue por ejemplo el lema de la estrategia política multipartidaria de la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú (CONLIFFAAP), una organización que fue fundada en el 2016 como plataforma de la lucha para la reivindicación de sus derechos como veteranos de la «guerra contraterrorista». A fin de conseguir su representación política en el parlamento durante la campaña electoral colocaron candidatos en casi todas las agrupaciones políticas asegurando la obtención de una mayor cantidad de escaños. Su distribución partidaria fue: Yeremi Espinoza representante por Lima y miembro de la bancada de Podemos Perú, Roberto Chavarría por Junín de Unión Por el Perú; Perci Rivas por Ayacucho de Alianza para el Progreso; Juan de Dios Huamán por Cusco del Frente Popular Agrícola del Perú, Freddy Llaulli por Junín de Acción Popular y Héctor Maquera por Tacna de Unión por el Perú.

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25- Ocupó el cargo de comandante general del Ejército (2008-2010). Sirvió en zonas de emergencia en la guerra interna a, llegando incluso a ser comandante del Batallón Contrasubversivo No 313 de Tingo María en 1991. Como parlamentario representa actualmente al departamento de Áncash e integra la bancada de Acción Popular, partido que ocupa la primera mayoría parlamentaria en la legislatura 2020-2021.

26- Fue ministro del Interior (2014-2015) en el Gobierno del teniente coronel (r) Ollanta Humala. En 1988, designado a la Base Contrasubversiva de Castropampa en Ayacucho. En torno a esta misión, se presume su vinculación con el asesinato del periodista Hugo Bustíos. No obstante, representa una de las figuras políticas de mayor popularidad, ocupó el primer lugar en la votación a nivel nacional en las últimas elecciones parlamentarias tras alcanzar cerca de medio millón de votos.
<figure><img src="image_12.png" /><figcaption>Figura 1. Propaganda electoral del licenciado del Ejército Carlos Chavarría, excombatiente de la “Guerra contraterrorista”</figcaption></figure>

Candidato al Parlamento en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, se convirtió en congresista por el período legislativo 2020-2021 con el partido Unión Por el Perú, cuyo líder fue el también excombatiente mayor del Ejército en situación de retiro Antauro Humala Tasso, condenado a prisión por los crímenes cometidos durante el Andahuaylazo del 2005.

FUENTE:

Chavarría R. [2020]. Afiche digital. Recuperado de https://www.facebook.com/Carlos-Chavarria-al-Congreso-107736844030902
Frente a esta configuración política entre los mismos excombatientes en el Parlamento, menciones aparte y no menos trascendentes merecen, por un lado, el papel mediático del mayor EP (r) Antauro Humala, pues este incluso desde la prisión continuó siendo la imagen política de la bancada de Unión Por el Perú, partido que abrazó la ideología de tendencia radical, militarista, etnonacionalista y antisistema que caracteriza al Movimiento Etnocacerista del cual es el máximo líder.²⁷ Por otro lado, se subraya la incursión política de Valeria Valer, quién integró la bancada de Fuerza Popular y que en calidad de hija del coronel EP (f) Juan Valer muerto en acción de armas durante la operación de rescate de rehenes “Chavín de Huántar” (1997) y uno de los primeros militares que recibió la categoría de héroe y mártir de la “guerra contraterrorista”– representó a los descendientes de los excombatientes caídos durante este proceso bélico y más ampliamente a los miembros de la “familia militar”.²⁸

De esta forma, oficiales y soldados excombatientes, y hasta sus descendientes, se han vuelto a reencontrar ya no en el teatro de guerra sino más bien en el Parlamento; una nueva escena que revela la búsqueda de representación política emprendida por estos actores desde que culminó el conflicto y que ahora tienen en sus manos como resultado del voto popular de una sociedad que aún tiende a simpatizar con posturas políticas autoritarias.

## REFLEXIONES FINALES

Este retorno de los militares excombatientes a la esfera pública

nos invita a repensar la noción de “soldados políticos” planteada por Dirk Kruijt [2003], ya no en el marco de dictaduras militares, sino más bien en el actual contexto democrático. Nos invita también a cuestionarnos en qué medida las disidencias producidas durante la guerra interna e incluso la postguerra se disputan ahora en el terreno de lo político, y en un sentido más amplio, a ponderar hasta qué punto la desmovilización militar no representó la desmovilización política. En palabras de Cecilia Méndez, lo que este nuevo escenario nos estaría evidenciando es que:

> **“Nunca más claro que la política, como planteó persuasivamente Foucault, invirtiendo el clásico aforismo de Clausewitz, no es el fin”**

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27- Como lo señalamos, Antauro se lanzó a la palestra política en el año 2000 junto a su hermano Ollanta, con quien además funda el Movimiento Etnocacerista. No obstante, a estos sucesos, al presente, se ha convertido en una de las figuras políticas más controvertidas y lo acompañan altos índices de popularidad al encarnar con su prédica antisistema los sentimientos de frustración que provienen de los sectores más excluidos de la sociedad peruana.

28- El ingreso de esta nueva figura pública en el Parlamento revela el enorme interés que las agrupaciones políticas vienen prestando por captar los votos de los excombatientes, pero además el de sus familiares que podrían multiplicarlos en miles.
de la guerra como pretendía la concepción jurídica clásica,
sino que es más bien “la continuación de la guerra por otros
medios”. [2013, pp. 413]

La victoria del Estado sobre las organizaciones subversivas no solo dejó un saldo de más de 69 mil muertos y cerca de 227 mil víctimas por violaciones a los derechos humanos, sino también una “generación perdida” de aproximadamente más de medio millón de militares excombatientes. La mayor parte de ellos, licenciados del Ejército que sirvieron como soldados de tropa del servicio militar obligatorio, convertidos brutalmente en combatientes de aquella guerra fratricida incluso antes de que se les hubiese reconocido sus derechos como ciudadanos peruanos debido a su origen étnico y pobreza extrema y que, al culminar la guerra, quedaron en absoluto abandono por parte del Estado. Ningún Gobierno en el período posconflicto priorizó la implementación de políticas públicas que atendieran la dimensión de los graves problemas sociales ocasionados en su condición de sobrevivientes de guerra. Apenas se optó por otorgarles condecoraciones que, más allá de ser únicamente “simbólicas” hasta la fecha, incluso no se han hecho efectivas a razón del complejo proceso de “calificación”.²⁹ Es más, la figura de la víctima militar nunca fue discutida en el Perú. Por ello, quizá sea imposible, como sugiere Toche [2008, pp. 281], abstraer a los militares y en especial a los excombatientes de la dimensión política, cuando “el sistema político se desenvuelve sin dar muestras de sostenibilidad debido a la extrema fragilidad de sus actores”. Este grupo social, otrora ignorado y olvidado, se encuentra excluido de los procesos de verdad, justicia, memoria e inclusive de las reparaciones,³⁰ ha encontrado ahora, y por la vía democrática, la posibilidad de acceder al poder como respuesta a un Estado que no logró prestar atención oportuna a sus demandas, y ante la indiferencia de una sociedad que muchas veces estando vivos los dio por “muertos”.

Desde las ciencias sociales “los excombatientes”, como categoría de análisis histórico, han venido siendo interpretados entre otras dimensiones de actuación como individuos poseedores de un determinado perfil social por los problemas que les aquejan en su reintegración a la vida civil, así como por las desventajas físicas, psicológicas y económicas producidas a consecuencia de su experiencia bélica [Alcalde, 2013, pp. 113-129]. Condiciones que, a gran escala, como lo

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<footnote>29- Ley No 29960, que modifica la Ley 29031, que a su vez instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente, publicada en el diario El Peruano el 12 de diciembre del 2012.</footnote>

<footnote>30- La “leva” durante la guerra expuso miles de adolescentes a la violación sistemática de sus derechos humanos. No obstante, este procedimiento de reclutamiento forzado fue excluido como afectación por el Consejo de Reparaciones. Véase: Consejo de Reparaciones-Registro Único de Víctimas [2018, pp. 51].</footnote>
señala Alcalde [2013], desencadenaron en países con antecedentes bélicos movimientos sociales de protesta, asociacionismo y un intensivo activismo que abrieron paso inclusive a nuevos conflictos y hasta convertirse en el germen de guerras civiles. Por tanto, la presencia de los militares excombatientes en el Parlamento peruano no debiera sorprendernos, mas sí desafiarnos intelectualmente en el ejercicio de tomar distancia –con propósitos metodológicos– de la dicotomía víctima-perpetrador, categorías que no solo nos han impedido comprender las líneas grises de las atrocidades producidas y cometidas durante el conflicto, sino también el avance de este fenómeno excombatiente en el Perú del posconflicto.

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